AVANCES EN LAS MODIFICACIONES A LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA

El pasado 24 de noviembre, se publicó en la Gaceta Parlamentaria el proyecto de decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Esta ley, la cual está en estudio en la Cámara de Diputados, refleja los avances alcanzados en materia de derecho de acceso a la información, así como las bases mínimas que se plasmaron en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Entre los cambios más significativos, destacan:

El Comité de Transparencia tendrá las siguientes facultades y atribuciones:

  • Confirmar, modificar y revocar las determinaciones que en materia de ampliación de plazo de repuesta, clasificación de información y declaración de inexistencia o de incompetencia realicen los titulares de las áreas competentes.

  • Ordenar la generación de información que derivado de sus facultades, competencias y funciones deben tener en posesión o que previa acreditación de la imposibilidad de su generación, se funde y motive el por qué no se ejercieron dichas facultades. competencias o funciones.

  • Autorizar los plazos de reserva de la información; entre otras.

Plazos para la entrega de la información

Prevención; se deberá notificar al solicitante en el término de cinco días hábiles, contados a partir de la presentación de la solicitud para que, en un término de hasta 10 días desahogue los requerimientos solicitados.

Incompetencia; deberá notificarse al solicitante en el plazo de tres días hábiles posteriores a la recepción de la solicitud.

Información pública; cuando la información solicitada ya esté disponible al público en medios impresos, tales como libros, compendios, trípticos, registros públicos, en formatos electrónicos disponibles en internet o en cualquier otro medio, se deberá notificar al solicitante en el plazo de cinco días hábiles, el lugar y la forma donde podrá consultar la información.

Respuesta; salvo el caso anterior, el plazo de respuesta a la solicitud de información pública no podrá exceder de 20 días hábiles, procurando que sea en el menor tiempo posible.

Prórroga; podrá ampliarse el plazo de respuesta (20), hasta por 10 día más, siempre y cuando, existan razones fundadas y motivadas, las cuales deberán ser aprobadas por el Comité de Transparencia.

Medidas de apremio

El órgano garante nacional podrá imponer al servidor público encargado de cumplir con sus resoluciones, medidas de apremio para asegurar el cumplimiento de sus determinaciones, las cuales son: amonestación pública o multa de ciento cincuenta hasta mil quinientas veces el salario mínimo general vigente.

El incumplimiento será difundido en los portales de internet de los sujetos obligados. Las medidas de apremio de carácter económico no podrán ser cubiertas con recursos públicos.

Finalmente, es importante destacar que el Tribunal Electoral, bajo la premisa de máxima publicidad, continua en constante contacto con el órgano garante nacional a fin de transitar hacia el cumplimento que nos  impone la norma en materia de transparencia, derecho a la información y protección de datos personales.