JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES DEL CIUDADANO

EXPEDIENTES: SCM-JDC-402/2018

ACTOR: HIPÓLITO ARRIAGA POTE

AUTORIDAD RESPONSABLE: TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE GUERRERO

MAGISTRADO: HÉCTOR ROMERO BOLAÑOS

SECRETARIAS DE ESTUDIO Y CUENTA: MONTSERRAT RAMÍREZ ORTIZ1 Y NOEMÍ AIDEÉ CANTÚ HERNÁNDEZ

1. Con la colaboración de Jacquelin Yadira García Lozano.

Ciudad de México, veintinueve de junio de dos mil dieciocho.

Esta Sala Regional, en sesión pública de esta fecha, resuelve modificar la Resolución impugnada, para los efectos que se precisan, conforme a lo siguiente.

GLOSARIO

Actor o Promovente

Hipólito Arriaga Pote

Autoridad responsable o Tribunal local

Tribunal Electoral del Estado de Guerrero

Constitución

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Constitución local

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero

Convenio 169

El Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes2

2. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticuatro de enero de mil novecientos noventa y uno, el cual entró en vigor para México el cinco de septiembre de ese año.

 

Instituto Electoral o Instituto local

Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero

Juicio Ciudadano

Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano

Ley Electoral

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales

Ley de Medios

Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral

Ley Electoral local

Ley número 483 de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero

Resolución impugnada

Resolución emitida por el Tribunal Electoral del Estado de Guerrero el ocho de mayo del presente año, en el expediente del juicio electoral ciudadano TEE/JEC/046/2018, por el que determinó confirmar el Oficio 1054/2018 por el que se dio respuesta a la petición del Actor de registrar candidaturas indígenas.

Sala Regional

Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación correspondiente a la Cuarta Circunscripción Plurinominal, con sede en la Ciudad de México

ANTECEDENTES

De las constancias que integran el expediente, y de los hechos narrados por el Actor en su demanda, se advierte lo siguiente:

I. Solicitud de registro de candidaturas

1. Petición. El quince de marzo del presente año3, el Actor, ostentándose como Gobernador Indígena Nacional y representante de sesenta y dos lenguas maternas, presentó ante el Instituto local una petición de registro de candidaturas para Diputaciones federales, locales y regidurías4.

3. En adelante las fechas se entenderán referidas al año dos mil dieciocho, salvo precisión en contrario.

4. Visible en las fojas 273 a 278 del anexo único al presente expediente, mismo que fue remitido por la autoridad responsable.

2. Respuesta. El dieciséis de abril siguiente, el Presidente del Instituto local declaró la improcedencia de la solicitud presentada por el Actor y negó los registros de las candidaturas locales debido a que no habían cumplido con los requisitos constitucionales y legales para ello, ni a través de un partido político ni de una candidatura independiente.

II. Juicio electoral ciudadano

1. Demanda. Inconforme con la respuesta, el veintidós de abril siguiente, el Actor presentó demanda de juicio electoral ciudadano, la que fue radicada con la clave TEE/JEC/037/2018, del índice del Tribunal local5.

5. Visible en las fojas 226 y 227 del anexo único del expediente en que se actúa que fue remitido por el Tribunal local.

2. Resolución. El dos de mayo, la Autoridad responsable resolvió el juicio local6 y confirmó la respuesta, ya que, según sostuvo, para el registro de candidaturas era necesario que se hiciera por las vías constitucionales y legales, a través de los partidos políticos o mediante la forma independiente.

6. Visible en las fojas 298 a 319 del referido anexo.

III. Juicio Ciudadano

1. Demanda. En contra de lo resuelto por el Tribunal local, el siete de mayo siguiente, el Actor presentó su demanda de Juicio Ciudadano, la cual fue remitida con sus anexos a esta Sala Regional el ocho de mayo siguiente.

2. Recepción y consulta de competencia. El mismo día, el Magistrado Presidente por Ministerio de Ley formuló consulta de competencia a la Sala Superior de este Tribunal, por considerar que la demanda contenía temas de omisión legislativa y distritos electorales indígenas7.

7. Cuya actuación consta en la foja 119 del Cuaderno de Antecedentes número 80, del índice de esta Sala Regional, formado con motivo de dicha consulta de competencia.

3. Acuerdo de la Sala Superior. Mediante acuerdo plenario de quince de mayo, la Sala Superior determinó que la competencia para conocer del asunto correspondía a esta Sala Regional, toda vez que la pretensión del Promovente radicaba en torno al registro de candidaturas.

4. Turno. El diecisiete de mayo, el Magistrado Presidente ordenó integrar el expediente del Juicio Ciudadano, al que correspondió el número SCM-JDC-402/2018 y turnarlo a la Ponencia a cargo del Magistrado Héctor Romero Bolaños, para los efectos previstos en el artículo 19 de la Ley de Medios.

5. Instrucción. El día siguiente, el Magistrado Instructor radicó el expediente; el veintidós de mayo se admitió la demanda; y el veintinueve de junio se declaró el cierre de la instrucción, quedando los autos en estado de emitir sentencia.

RAZONES Y FUNDAMENTOS

PRIMERO. Jurisdicción y Competencia. Esta Sala Regional es competente para conocer y resolver el presente asunto, al tratarse de un juicio promovido por quien se ostenta como Gobernador Nacional Indígena, con el fin de registrar candidaturas a diputaciones e integrantes de los Ayuntamientos en el Estado de Guerrero, que considera que la determinación del Tribunal local genera una afectación a los derechos de los grupos que dice representar; tipo de elecciones que actualiza la competencia de este órgano jurisdiccional y entidad federativa sobre la cual ejerce jurisdicción.

Lo anterior, con fundamento en:

Constitución. Artículos 41, párrafo segundo, Base VI; y, 99, párrafo cuarto, fracción V.

Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Artículo 195, fracción IV, inciso b).

Ley de Medios. Artículos 79, párrafo 1; 80, párrafo 1, inciso f); y, 83, párrafo 1, inciso b).

Acuerdo INE/CG329/20178 de veinte de julio de dos mil diecisiete, emitido por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por el cual aprobó el ámbito territorial de las cinco circunscripciones plurinominales electorales federales en que se divide el país.

8. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de septiembre de dos mil diecisiete.

SEGUNDO. Procedencia. La demanda reúne los requisitos de forma, de procedencia y los presupuestos procesales previstos en la Ley de Medios.

a) Forma. En el caso, se presentó por escrito, en el que consta el nombre de quien promueve; domicilio para oír y recibir notificaciones, personas autorizadas para tal efecto; se precisó la Resolución impugnada y la Autoridad responsable, los hechos y los conceptos de agravio; además se ofrecieron pruebas y estampó la firma autógrafa correspondiente.

b) Oportunidad. Se tiene por satisfecho tal requisito, toda vez que la Resolución impugnada fue notificada en forma personal al Promovente el tres de mayo y la demanda fue presentada ante el Tribunal local el siete de mayo siguiente9, con lo que se cumple con el plazo de cuatro días previsto en el artículo 8 de la Ley de Medios.

9. Lo que consta en la foja 322 del Cuaderno Accesorio Único remitido por la Autoridad responsable, así como en la foja 7 del presente expediente, respectivamente.

c) Legitimación. El Actor es un ciudadano que acudió a la instancia previa ostentándose como Gobernador Nacional Indígena y representante de sesenta y dos lenguas maternas, con la pretensión de registrar candidaturas a diputaciones e integrantes de los Ayuntamientos en el Estado de Guerrero y en el caso, combate la resolución que recayó a su demanda.

Aunado a lo anterior, la Autoridad responsable reconoció al Actor el carácter con el que se ostenta; de ahí que se encuentre legitimado para presentar el presente juicio contra la determinación emitida en la instancia previa.

d) Interés jurídico. A juicio de esta Sala Regional, el Promovente cuenta con interés suficiente para combatir la Resolución impugnada, al considerar que no se satisfizo su pretensión de registrar candidaturas ante el Instituto local, lo que considera contrario al texto del artículo 2° de la Constitución.

Así, aun cuando no haga valer por sí sus conceptos de agravio, ni esgrima en la demanda que existe un agravio personal y directo en su contra, a juicio de esta Sala Regional cuenta con interés jurídico para impugnar la Resolución impugnada no solamente porque fue quien agotó la instancia previa, sino además en atención a lo dispuesto en la Jurisprudencia 27/2011, de rubro: COMUNIDADES INDÍGENAS. EL ANÁLISIS DE LA LEGITIMACIÓN ACTIVA EN EL JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES DEL CIUDADANO, DEBE SER FLEXIBLE10.

10. Visible en la Compilación 1997-2013, Jurisprudencia y Tesis en Materia Electoral, Jurisprudencia, Volumen 1, páginas 217-218.

Ello, porque el Promovente se ostenta como integrante de comunidades indígenas y combate la resolución que recayó a la demanda presentada por él para controvertir la diversa respuesta que se dio a su solicitud por parte del Instituto local respecto del registro de candidaturas de origen indígena en el Estado de Guerrero.

e) Definitividad. Se cumple con este requisito, dado que la Resolución impugnada es definitiva al tenor de lo que dispone el artículo 30 de la Ley adjetiva electoral local11 y por ende, no existe otro medio de impugnación que se deba agotar en forma previa a esta instancia jurisdiccional federal.

Al estar satisfechos los requisitos de procedencia, lo conducente es analizar el fondo de la presente controversia.

11. Ley número 456 del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado de Guerrero.

TERCERO. Controversia

I. Resolución impugnada.

La Autoridad Responsable resolvió confirmar la respuesta dada por el Presidente del Instituto local y sostuvo que no era dable acoger la pretensión del Promovente respecto de la solicitud de registro de las candidaturas que presentó.

Ello, porque en términos del artículo 35 fracción II de la Constitución, el registro de candidaturas ante la autoridad electoral corresponde a los partidos políticos, así como a la ciudadanía cuando se hace de manera independiente y se cumplen los requisitos y condiciones que determinan las leyes.

En ese tenor, a juicio de la Autoridad responsable, los medios constitucionalmente válidos para ejercer el derecho de ser votado serían:

a. El subsistema de usos y costumbres, específicamente para el ámbito municipal.

b. El subsistema de partidos políticos que se desarrolla en el artículo 41 de la Constitución.

c. El que corresponde a la institución de las candidaturas independientes.

El Tribunal local razonó que, aun cuando una persona se auto adscriba con el carácter de indígena, no es suficiente para acoger su pretensión, ya que se debe valorar el contexto fáctico y normativo, tal como señala la Sala Superior en la tesis aislada LIV/2015 de rubro: COMUNIDADES INDÍGENAS. LA AUTOADSCRIPCIÓN DE SUS INTEGRANTES NO IMPLICA NECESARIAMENTE ACOGER SU PRETENSIÓN12.

12. Visible en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 8, Número 17, 2015, páginas 69 y 70.

Por ende, para el Tribunal local los agravios resultaron infundados, al no existir violación a los derechos de ser votados de las personas indígenas cuyo registro fue solicitado por el Actor.

II. Síntesis de agravios.

Conforme a lo previsto en la jurisprudencia 3/2000, de la Sala Superior, de rubro: AGRAVIOS. PARA TENERLOS POR DEBIDAMENTE CONFIGURADOS ES SUFICIENTE CON EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR13, así como la jurisprudencia 2/98, de rubro: AGRAVIOS. PUEDEN ENCONTRARSE EN CUALQUIER PARTE DEL ESCRITO INICIAL14, se advierte que la pretensión del Promovente, es que se revoque la Resolución impugnada y que se analice su petición para efecto de que logre registrar las candidaturas a diputaciones e integrantes de los Ayuntamientos del Estado de Guerrero.

13. Visible en la Compilación 1997-2013 Jurisprudencia y tesis en materia electoral, Tomo Jurisprudencia, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, páginas 122-123.

14. Visible en la Compilación 1997-2013, Jurisprudencia y Tesis en Materia Electoral, Jurisprudencia, Volumen 1, páginas 123-124.

Así, se tienen como agravios, los siguientes:

El Actor señala que se hizo una indebida valoración de pruebas en la instancia local, y al no analizarlas se transgredió lo dispuesto en los numerales 14, 16, 17, 41 y 42 de la Constitución.

Le causa agravio el razonamiento del Tribunal local respecto de los subsistemas en los que pueden hacerse las postulaciones de candidaturas, pues si bien es cierto que según el artículo 35 fracción II de la Constitución el registro de candidaturas corresponde a los partidos políticos y a quienes lo soliciten en la vía independiente, también lo es que la calidad que establece el numeral 2 apartado A fracción III de la misma Constitución permite el derecho a los pueblos y comunidades indígenas y sus integrantes, de votar y ser votados mediante la figura de los usos y costumbres.

Dicha figura fue instituida en la reforma constitucional de veintidós de mayo de dos mil quince, materializando el derecho de votar y ser votado, en ese tenor, el Promovente sostiene que el derecho de registrar candidaturas debe corresponder a la Gubernatura Nacional Indígena conforme con el citado artículo 2 párrafos segundo, tercero y cuarto de la Constitución, en donde se reconocen las autoridades propias de las comunidades indígenas y que su libre auto determinación se ejercerá en un marco constitucional y de autonomía que asegure la unidad nacional.

Afirma el Actor que el reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas se hará en las constituciones y leyes de los Estados y que deberá de tomarse en cuenta, además de los principios generales establecidos, criterios etno-lingüísticos y de asentamiento físico; de ahí que la Gubernatura Nacional Indígena como institución social, económica, cultural y política basada en usos y costumbres para salvaguardar los derechos políticos de la ciudadanía indígena, deba ser la encargada de registrar las candidaturas ante la autoridad electoral.

El Promovente precisa que en el artículo transitorio segundo de la aludida reforma se estableció que las legislaturas de las entidades federativas adecuarían sus respectivas constituciones, así como la legislación correspondiente en un plazo no mayor a ciento ochenta días a partir de la entrada en vigor del Decreto.

No obstante, el Promovente sostiene que el plazo de ciento ochenta días debió computarse desde el veintitrés de mayo de dos mil quince y en consecuencia, concluyó el diecinueve de noviembre de ese año, sin que se hubiera llevado a cabo la reforma en la Constitución local, por lo que la legislatura estatal incurrió en omisión legislativa y administrativa, ya que no garantizó el acceso a la justicia a los pueblos y comunidades indígenas ni mucho menos el derecho de votar y ser votados por usos y costumbres.

A juicio del Actor, la última reforma al artículo 11 de la Constitución local, que versa sobre los derechos de los pueblos indígenas y afroamericanos, fue hecha el veintinueve de abril de dos mil catorce, y en su fracción III se previó que los pueblos y comunidades indígenas tienen el derecho de elegir, de acuerdo con sus normas, procedimientos y prácticas, a las autoridades que les representen, garantizando que la ciudadanía indígena ejerza su derecho de votar y ser votada en condiciones de igualdad.

Del mismo modo afirma que, del precepto en cita, se desprende que tienen el derecho de acceder y desempeñar cargos públicos y de elección popular mediante la figura jurídica de usos y costumbres y no a través de los partidos, tal como se prevé en la parte final del artículo 116 fracción IV apartado e) de la Constitución.

Así, sostiene el Promovente, que según el artículo 2 apartado A, fracciones III y VII en relación con el numeral 116 fracción IV apartado e), ambos de la Constitución, se puede establecer que las personas indígenas eligen a sus representantes mediante la figura jurídica de usos y costumbres y no mediante los partidos políticos ni por candidaturas independientes, lo que implica que el legislador debe crear una nueva figura jurídica basada en usos y costumbres, haciéndose evidente que la Legislatura debe garantizar el debido acceso a los cargos de elección popular, mismos que se deben plasmar en el artículo 11 fracción III de la Constitución local, así como en la Ley Electoral local.

Por ende, el Actor considera que existe una omisión legislativa y administrativa que es absoluta, pues las normas no han sido actualizadas conforme con la reforma de veintidós de mayo de dos mil quince, en la que se mandató a las legislaturas de los estados para que adecuaran las normas a efecto de permitir que las comunidades y pueblos indígenas accedan a cargos públicos, pues la omisión legislativa debió cumplirse del veintitrés de mayo al dieciocho de noviembre de dos mil quince, fecha en que fenecieron los ciento ochenta días que establecía el transitorio segundo de dicha reforma.

Al no existir dicha modificación legislativa, se violan los derechos de los pueblos y comunidades indígenas y sus integrantes, de acceder a los cargos de elección popular, lo que demuestra la inconstitucionalidad del acto reclamado y la discriminación contra las personas indígenas por su condición social, origen étnico y opiniones, violentando su dignidad humana y el artículo 1° de la Constitución.

En ese sentido, para el Actor, al no modificarse el numeral 11 de la Constitución local, se deja de atender lo dispuesto por el artículo 1° de la Constitución, dado que las autoridades en el ámbito de sus respectivas competencias no promueven, respetan ni garantizan los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad ni progresividad, lo que, además, según sostiene, conculca el artículo 133 de la Constitución.

Así, para el Actor, el Tribunal local debió verificar su escrito inicial y demás documentación, la causa de pedir y sus argumentos, así como los documentos de los partidos políticos, ya que todos en conjunto les excluyeron, lo que vulneró su garantía de audiencia, legalidad y seguridad jurídica según los numerales 14, 16 y 17 de la Constitución.

El Promovente considera que el Tribunal local se limitó a señalar que no le asistía la razón, sin embargo, ni siquiera hizo una interpretación de la ley basada en el artículo 2 apartado A fracción III de la Constitución que explicara por qué no es procedente el registro de las candidaturas solicitadas, pues a la luz del artículo 16 de la Constitución debía explicar en detalle y de manera completa, todas las circunstancias y condiciones que determinaron su decisión para efectos de controvertirla.

Esto, porque la Autoridad responsable omitió valorar que el Instituto local solamente aplicó lo que le permite la ley, sin embargo, la legislatura estatal al no legislar ha inobservado las acciones descritas en el artículo 2 apartado A fracción III de la Constitución y por tanto, la instancia jurisdiccional local debió reparar las violaciones cometidas a las personas indígenas, pues son derechos humanos, además de que la función electoral se rige por el principio de certeza conforme con la supremacía constitucional.

Para el Actor, no se respetó el plazo otorgado por el Constituyente, y la Constitución no debe ser tomada como una mera declaración política al ser la norma fundamental de todo el ordenamiento jurídico.

En ese sentido, señala el Promovente que al tratarse de una omisión legislativa, la Sala Superior de este Tribunal es la competente para resolver el presente juicio y la Sala Regional no podría alegar que solamente se puede acceder a cargos públicos a través de los partidos o de las candidaturas independientes, pues como intérprete de la ley puede ordenar a la Legislatura local que modifique las normas estatales, y obligar al Instituto Electoral que se respete la parte proporcional a las personas indígenas en los cargos de elección popular a los que tienen derecho.

Así, alega que el órgano jurisdiccional debe reparar la violación a los derechos humanos ya que la reforma constitucional en la materia obliga a no disminuir los derechos, y el juzgador deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos según lo establece el artículo 1° de la Constitución.

En ese sentido, el Actor considera que esta Sala Regional debe asegurar el acceso de participar en los procesos políticos de los pueblos y comunidades indígenas y quienes los integran y ordenar a la Legislatura local que modifique la Constitución y las leyes secundarias, para garantizar que las mujeres y hombres indígenas ejerzan su derecho de votar y ser votados, pues la Autoridad Responsable no tuteló el derecho de acceso a la justicia de las personas indígenas.

Las comunidades indígenas cuentan con un sistema normativo no solamente interno sino externo en los procesos electorales, lo que tiene sustento en el artículo 2 apartado A fracción III de la Constitución, al tener derecho a votar mediante el sistema de usos y costumbres, mismo procedimiento que se llevará a cabo por el Instituto Nacional Electoral para los cargos de diputados federales y por el Instituto local de cada entidad federativa para el caso de diputaciones locales y regidurías indígenas, pues son esos organismos quienes emiten las constancias de validez o de mayoría.

También tienen derecho a elegir a sus autoridades municipales, tales como delegaciones, mediante la figura de usos y costumbres, lo que será tomado en cuenta como válido por el cabildo de acuerdo con la Ley Orgánica Municipal de cada estado.

No obstante, el Actor señala que la Autoridad Responsable hace una indebida interpretación y fundamentación al establecer que, de un análisis sistemático del marco normativo, se advierte que los únicos medios constitucionalmente reconocidos para ejercer el derecho a ser votado son los siguientes:

a. Subsistema de usos y costumbres específicamente para el ámbito municipal.

b. Subsistema de partidos políticos según el artículo 41 de la Constitución.

c. El de las candidaturas independientes.

A juicio del Actor, si bien es cierto que existen esas tres figuras, lo cierto es que en el proceso democrático indígena, las regidurías y diputaciones locales deben llevarse a cabo por el Instituto local y no por las presidencias municipales, pues para ello los tiempos electorales son los mismos que para los partidos políticos, y candidaturas indígenas e independientes deben tener un apartado en las leyes electorales con presencia indígena.

Ahora bien, no debe ser confundida la elección por usos y costumbres según la Ley Orgánica Municipal de cada entidad y las delegaciones indígenas, pues los cargos de elección popular se eligen a través de mecanismos y lineamientos previstos en la constitución y normas locales, lo que implica que cada vez que existan autoridades municipales indígenas deba existir una coordinación con el cabildo según el artículo 115 fracción III último párrafo, de la Constitución.

Por ello, el Promovente señala que es incongruente que la Autoridad Responsable exponga que el sistema mexicano no contempla el derecho de postulación indígena, por lo que debe otorgarse el registro de candidaturas indígenas de elección popular para los cargos de diputaciones y representaciones ante los Ayuntamientos que cumplan con lo previsto en la Constitución y legislación aplicable, de ahí que se les deje en estado de indefensión, porque se desconocieron los derechos indígenas y su evolución histórica.

El Actor sostiene que mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el catorce de agosto de dos mil uno, se reformó el artículo 115 de la Constitución, en cuyo artículo tercero transitorio se expuso que para establecer la demarcación territorial de los distritos electorales uninominales debería tomarse en consideración cuando fuera factible, la ubicación de los pueblos y comunidades indígenas para propiciar su participación política.

Así, expone que tanto el Instituto Nacional Electoral como el Instituto local tienen como facultades, delimitar la ubicación de los pueblos indígenas, realizando una nueva distritación y "remunicipalización" cuya obligación no solamente debería ser ejecutada por los institutos locales, sino por el Congreso de la Unión para modificar las leyes federales electorales, así como de las legislaturas locales para modificar las normas estatales, lo que no se ha realizado, y por lo tanto, se incurre en omisiones administrativas y legislativas.

Por tanto, según el Promovente no es dable afirmar que el sistema no tiene condiciones para que se otorgue registro a las candidaturas indígenas, pues debió llevarse a cabo una demarcación territorial desde el dos mil uno hasta el presente año, por lo que ya debieron haberse concluido los trabajos ordenados en la Constitución. De ahí que el derecho de votar y ser votados mediante la figura de usos y costumbres deba ser respetando la democracia participativa indígena.

Esto, porque si bien es cierto que los partidos pueden asegurar el acceso de los pueblos y comunidades indígenas a afiliarse a ellos y que así estén en aptitud de estar en sus postulaciones, en la realidad jurídica, los partidos políticos les han excluido, sin embargo, tales entidades tienen el deber de respetar los usos y costumbres indígenas en términos de la Constitución y por ende, también los partidos han incurrido en una omisión, por lo que es obligación del Estado Mexicano asegurar el acceso e inclusión de tales pueblos a pesar de no existir norma expresa, de conformidad con lo previsto en el artículo 2 apartado A fracción III inciso a) de la Constitución.

Así, a juicio del Actor, si las autoridades en sus respectivos ámbitos de competencia deben proteger los derechos humanos, se debe de incluir a las personas indígenas en los procesos electorales, ya que lo contrario implicaría vulnerar el artículo 1° de la Constitución.

El Actor expone que es incorrecto que la Autoridad Responsable considere que en de acuerdo al sistema normativo no es posible otorgar el registro de candidaturas indígenas, pues el Instituto local debió llevar a cabo las demarcaciones territoriales desde dos mil once hasta el presente año, y en ese lapso debieron concluir tales trabajos, para dar certeza a las poblaciones indígenas.

Ahora bien, el artículo 35 fracción II de la Constitución establece que las únicas figuras por las que puede competir la ciudadanía es a través de los partidos políticos o candidaturas independientes, sin embargo, con la publicación del referido Decreto se reformó el artículo 2 de la Constitución en donde se establece que la ciudadanía indígena puede elegir de acuerdo con sus normas y procedimientos y prácticas tradicionales a las autoridades o representantes para el ejercicio de sus formas propias de gobierno, lo que se lleva a cabo por medio de usos y costumbres.

En ese sentido, la forma de elección sería: a) partidos políticos; b) candidaturas independientes; c) candidaturas por usos y costumbres.

Bajo ese contexto el Actor considera que la forma de solucionar conflictos electorales de este tipo son las leyes en la materia según el artículo 8 numerales 1 y 2 del Convenio 169, en el que se habla del principio de libre autonomía.

La libre autonomía parte del principio de que los pueblos y comunidades indígenas pueden elegir a sus autoridades o representantes para el ejercicio de sus propias normas de gobierno, basado en sus propios sistemas normativos, cuyo ejemplo más notorio es el caso del juicio ciudadano SUP-JDC-9167/2011, en donde se obligó a la autoridad administrativa electoral local para que una comunidad indígena eligiera a sus autoridades conforme el sistema de usos y costumbres.

No obstante, ante la necesidad de incluir a las personas indígenas en las propuestas municipales, es menester que se prevea la figura de una regiduría indígena, de conformidad con el artículo 2 apartado A fracción III de la Constitución.

Así, el Constituyente de manera clara y precisa estatuye un número de distritos electorales para los pueblos y comunidades indígenas para elegir diputaciones locales y federales, además de un número de determinadas personas indígenas que ocuparían los cargos en regidurías en cada municipio de la entidad federativa, el derecho de participar en las contiendas electorales a través de usos y costumbres, pues también tienen derecho a la auto organización y auto determinación.

En esa tesitura, tanto el Instituto Nacional Electoral como el Instituto local tienen atribuciones para aprobar y emitir lineamientos, por lo que pueden válidamente garantizar el derecho de los pueblos indígenas en los que se respeten sus usos y costumbres, así como sus formas de gobierno, lo que se desprende de los artículos 78, 177 del Código local (sic) y en caso de que el Instituto local ejerza facultades delegadas se atenderá a lo dispuesto por la Ley Electoral.

Así, a juicio del Actor, en la Ley Electoral y la Ley Electoral local, no existe un apartado donde se establezca la manera en la que se elegirán los pueblos y comunidades indígenas y cuáles serán los requisitos y las formas de selección y postulación de las candidaturas o sus precampañas y campañas; tampoco existe un manual de operatividad de los pueblos indígenas, lo que viola el numeral 41 párrafo segundo fracción IV de la Constitución.

Esto, porque no existe por parte de los órganos electorales nacional ni local una reglamentación para las candidaturas indígenas y al no subsanar las deficiencias administrativas ni legislativas se vulneran los derechos de las personas indígenas en los procesos electorales, lo que es contrario al artículo 35 fracción VII de la Constitución en relación con el artículo 32 párrafo 2 inciso c) de la Ley Electoral.

El Promovente sostiene que el Instituto Nacional Electoral y el Instituto local, en suplencia de la queja, pueden subsanar las omisiones legislativas y proponer al poder legislativo la modificación de las leyes secundarias en materia electoral, en términos del artículo 71 fracción IV de la Constitución (iniciativa ciudadana con equivalencia de la lista nominal de electores).

En ese sentido, al tener los órganos electorales nacional y local la lista nominal de electores y el padrón de los pueblos y comunidades indígenas, se puede establecer que en la actualidad son más de diecisiete millones de indígenas en el territorio nacional, más trescientos mil residentes en el extranjero, lo que reúne más del porcentaje descrito en el artículo 71 de la Constitución.

Ello, porque el Actor considera que los órganos electorales tienen el deber de impulsar reformas legislativas tomando en cuenta a la población indígena.

En ese tenor, afirma que la Autoridad Responsable omitió valorar que si los órganos electorales los sometieron a dos figuras jurídicas, a través de los partidos políticos y las candidaturas independientes, el primer supuesto resulta improcedente porque al asociarse con partidos no se salvaguardan los sistemas normativos indígenas ni los usos y costumbres, ya que les someterían a los intereses de partido, lo que vulnera sus derechos humanos y les podría generar discriminación.

Por ende, deberían darse reformas constitucionales y modificarse las leyes secundarias, creando un apartado especial para las poblaciones indígenas y permitir que sean votados conforme con sus normas propias, tal como lo establece el Convenio 169 en su artículo 1°.

Esto, porque de someter a la población indígena al sistema de partidos se rompería su unidad colectiva y no decidirían ellos mismos, máxime que la forma de gobierno cambia según la etnia y sus propios usos y costumbres.

Ahora bien, el Actor señala que cada diputación o regiduría indígena debe velar por el cumplimiento de los rezagos y carencias que existen en los pueblos indígenas y promover la igualdad de oportunidades, estableciendo las políticas necesarias para garantizar la vigencia de sus derechos; así, los planes de desarrollo deben ser consultados con los pueblos indígenas y los tres niveles de gobierno deben establecer las partidas específicas para cumplir presupuestalmente con estas obligaciones.

En ese tenor, el Promovente considera improcedente el razonamiento del Tribunal local en cuanto a que los derechos de las personas indígenas solamente encuentran materialización en el ámbito municipal local, pues se deja de valorar lo que señala el artículo 2 apartado A fracciones III y VII de la Constitución, en donde se establece el derecho de votar y ser votados según sus prácticas y costumbres.

A su vez, la fracción VII de ese mismo artículo establece que las constituciones y leyes de los estados garantizarán los derechos de los pueblos indígenas en los municipios, con el fin de fortalecer sus tradiciones y normas, lo que se traduce en cargos de elección popular.

Así, sus derechos debieron ser tutelados por el Tribunal local, quien interpretó de manera restrictiva y desconociendo lo que indica el numeral 2 de la Constitución, además de que no valoró los documentos que presentó y emitió una resolución que no se centró en los agravios expuestos ni realizó diligencias para mejor proveer, dejando de lado lo que prevé el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintidós de mayo de dos mil quince.

Luego, el Actor considera que la Autoridad Responsable no valoró que los pueblos y comunidades indígenas gozan del más amplio derecho y que las autoridades tienen la obligación de promover, respetar y garantizar los derechos humanos, y que las normas procesales deben ser interpretadas de la forma que más garanticen los derechos humanos y en la Resolución impugnada no existió la tutela judicial de los indígenas, pues al pretender que su registro sea a través de los partidos políticos o de las candidaturas independientes se les deja en estado de indefensión.

Por ende, alega que debe permitirse el registro de las candidaturas indígenas que solicitó ante el Instituto local.

III. Precisión de la controversia.

La controversia en el presente juicio, consiste en determinar si la Resolución impugnada fue emitida conforme a Derecho y con base en ello debe ser confirmada o, si por el contrario, el sustento plasmado por el Tribunal local, en efecto causa un detrimento a los intereses del Actor y procede su modificación o revocación.

CUARTO. Análisis de agravios.

Atendiendo a la Jurisprudencia 4/2000, de rubro: AGRAVIOS. SU EXAMEN EN CONJUNTO O SEPARADO NO CAUSA LESIÓN15, de la demanda del Actor es claro notar que no solamente controvierte los argumentos de la Autoridad Responsable respecto del registro que pretendió hacer ante el Instituto local, sino que además, encamina motivos de lesión al considerar que existen omisiones legislativas que son contrarias a su pretensión de registrar candidaturas de origen indígena.

15. Consultable en la Compilación 1997-2013, compilación de Jurisprudencia y tesis en materia electoral, Tomo Jurisprudencia. Volumen 1, página 125.

No obstante lo anterior, es importante hacer notar que el Actor no hace valer una violación a su derecho individual de ser votado, por lo que la respuesta de sus correspondientes motivos de disenso se harán según el planteamiento de que existe una vulneración al derecho de registrar candidaturas que se origina con base en una aparente omisión legislativa.

Esto, porque el Actor señala que debe asegurarse normativamente el acceso de participar de los pueblos y comunidades indígenas en los procesos políticos y, en consecuencia, ordenar a la Legislatura local que modifique la Constitución y las leyes secundarias, para garantizar que las personas indígenas ejerzan su derecho de votar y ser votado, pues la Autoridad Responsable no tuteló el derecho a la justicia de las personas indígenas.

En efecto, el Promovente señala en un primer grupo de agravios, que el Tribuna local no valoró sus probanzas, sin embargo, al versar la controversia primigenia sobre puntos de Derecho, dada la suplencia que se ejerce en esta sentencia, es dable afirmar que la pretensión gira en torno a su inconformidad con los argumentos esbozados en la Resolución impugnada.

Sin embargo, esta Sala Regional está obligada a analizar la demanda del Actor en el tenor de aplicar la suplencia de las deficiencias y omisiones de la queja.

Al respecto, importa destacar que la suplencia de la queja opera en forma distinta tratándose de juicios promovidos por quienes integran o se auto adscriben originarios o pertenecientes de comunidades o pueblos indígenas, como ocurre en el caso concreto.

En este tipo de casos, la suplencia no se realiza a partir de un principio de agravio, sino de manera absoluta de conformidad con el artículo 23 párrafo 1 de la Ley de Medios; la Guía de actuación para juzgadores en materia de Derecho Electoral Indígena de este Tribunal, así como lo señalado en la Jurisprudencia 13/2008, de rubro: COMUNIDADES INDÍGENAS. SUPLENCIA DE LA QUEJA EN LOS JUICIOS ELECTORALES PROMOVIDOS POR SUS INTEGRANTES16.

16. Visible en la Compilación 1997-2013 de Jurisprudencia y tesis relevantes. Tomo Jurisprudencia, Volumen 1, páginas 225-226.

De esta manera, esta Sala Regional advierte que la verdadera pretensión del Promovente reside en que el Instituto local registre a las personas que postuló como candidatas indígenas para contender en diputaciones y sindicaturas.

En efecto, tal como lo reconoce la Autoridad Responsable, el quince de marzo, el Promovente solicitó al Instituto local que registrara a diversas personas en las candidaturas referidas.

Lo anterior ocasionó que el dieciséis de abril el Consejero Presidente del Instituto local declarara improcedente la solicitud del Actor, en virtud de que no se habían cumplimentado los requisitos constitucionales ni legales para el registro.

Adicionalmente, el Tribunal local resolvió confirmar la respuesta del titular del Instituto local a partir de los siguientes argumentos:

a) Que el derecho de solicitar el registro de candidaturas ante los órganos electorales se puede ejercer exclusivamente por tres vías:

 

a. A través de las postulaciones hechas por partidos políticos.

b. Solicitud de registros de candidaturas independientes.

c. Elecciones por usos y costumbres.

Ello, una vez que se hubieren cumplido los requisitos, condiciones y términos que determine la legislación aplicable.

b) Que el simple hecho de tener la calidad de indígena no otorga razones para conceder su petición de registrar candidaturas.

c) Que la autonomía consagrada en la Constitución para los integrantes de los pueblos y comunidades indígenas se refiere a la elección de representantes en los ayuntamientos, por lo que el denominado subsistema de usos y costumbres se encuentra circunscrito al ámbito municipal.

d) Que si bien es procedente el registro de candidaturas a través de acciones afirmativas indígenas dentro de los partidos, o mediante candidaturas independientes y para el caso de integrantes de los ayuntamientos por la solicitud de elecciones por usos y costumbres, el Actor debió hacer del conocimiento del Instituto local su pretensión de registrar candidaturas dentro de los plazos contemplados en la Ley Electoral local conjuntamente con toda la documentación y requisitos exigidos por la norma.

Con base en lo anterior, concluyó que el sistema electoral mexicano no contempla entre sus disposiciones que, por virtud de la auto-adscripción, se deba otorgar registro de candidaturas al cargo de diputaciones locales a quienes integran los pueblos y comunidades indígenas, sin cumplir los requisitos previstos en la normativa aplicable, por lo que no existía una vulneración al derecho de voto pasivo de las personas indígenas.

A fin de estar en aptitud de analizar los motivos de disenso hechos valer por el Actor en tanto a la vulneración de su derecho a postular personas indígenas para cargos de elección popular en el ámbito local, es menester insertar el marco jurídico aplicable, así como los precedentes y el contexto normativo relativo a la presente controversia.

1. Marco normativo.

a. Constitución Federal

i. Reforma de catorce de agosto de dos mil uno.

Los derechos de las y los integrantes de los pueblos y comunidades indígenas tomaron lugar en la Constitución por la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación en la fecha referida, cuyo proceso ante el constituyente permanente es el siguiente:

El siete de diciembre de dos mil, el entonces Presidente de México presentó una iniciativa para -entre otras cuestiones- modificar el artículo 4 de la Constitución con el fin de garantizar que los pueblos indígenas de México tuvieran acceso a las instancias de representación política, pues "[había] empeñado [su] palabra para que los pueblos indígenas se inserten plenamente en el Estado Mexicano, para garantizar que sean sujetos de su propio desarrollo y tengan plena participación en las decisiones del país"17.

17. Iniciativa presentada por Vicente Fox Quesada, visible en la dirección de internet http://sil.gobernacion.gob.mx/Archivos/Documentos/2000/12/asun_1221_20001207_742053.pdf, lo que se invoca como hecho notorio en términos del artículo 15 numeral 1 de la Ley de Medios, así como en lo dispuesto en la jurisprudencia XX.2o. J/24, de la Novena Época, emanada del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, de rubro: HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LOS DATOS QUE APARECEN EN LAS PÁGINAS ELECTRÓNICAS OFICIALES QUE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO UTILIZAN PARA PONER A DISPOSICIÓN DEL PÚBLICO, ENTRE OTROS SERVICIOS, LA DESCRIPCIÓN DE SUS PLAZAS, EL DIRECTORIO DE SUS EMPLEADOS O EL ESTADO QUE GUARDAN SUS EXPEDIENTES Y, POR ELLO, ES VÁLIDO QUE SE INVOQUEN DE OFICIO PARA RESOLVER UN ASUNTO EN PARTICULAR, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIX, Enero de 2009, pág. 2470, así como en la diversa tesis aislada I.3o.C.35 K (10a.), de la Décima Época, del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, de rubro: PÁGINAS WEB O ELECTRÓNICAS. SU CONTENIDO ES UN HECHO NOTORIO Y SUSCEPTIBLE DE SER VALORADO EN UNA DECISIÓN JUDICIAL, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXVI, noviembre de 2013, Tomo 2, pag. 1373.

En la exposición de motivos se reconoció la libre determinación y la autonomía de los pueblos indígenas, sin menoscabo de la soberanía nacional y siempre dentro del marco constitucional del Estado Mexicano, precisando que los procedimientos para la elección de las autoridades indígenas o sus representantes, y para el ejercicio de sus formas propias de gobierno, debían interpretarse en el sentido de ser complementarios y no excluyentes de los vigentes.

La propuesta fue:

Artículo 4. […]

Los pueblos indígenas tienen el derecho a la libre determinación y, como expresión de ésta, a la autonomía como parte del Estado Mexicano, para:

I. Decidir sus formas Internas de convivencia y de organización social, económica, política y cultural;

II. […];

III. Elegir a sus autoridades y ejercer sus formas de gobierna interna de acuerda a sus normas en los ámbitos de su autonomía, garantizando la participación de las mujeres en

condiciones de equidad;

IV. Fortalecer su participación y representación políticas de acuerdo con sus especificidades culturales;

[…]

Artículo 53. [...]

Para establecer la demarcación territorial de los distritos uninominales y las circunscripciones electorales plurinominales, deberá tomarse en cuenta la ubicación de los pueblos indígenas, a fin de asegurar su participación y representación políticas en el ámbito nacional.

[…]

Artículo 115. […]

X. En los municipios, comunidades, organismos auxiliares del ayuntamiento e instancias afines que asuman su pertenencia a un pueblo indígena, se reconocerá a sus habitantes el derecho para que definan, de acuerdo con las prácticas políticas propias de la tradición de cada uno de ellos, los procedimientos para la elección de sus autoridades o representantes y para el ejercicio de sus formas propias de gobierno interno, en un marco que asegure la unidad del Estado nacional. La legislación local establecerá las bases y modalidades para asegurar el ejercicio pleno de ese derecho.

Las Legislaturas de los Estados podrán proceder a la remunicipalización de los territorios en que estén asentados los pueblos indígenas, la cual deberá realizarse en consulta con las poblaciones involucradas.

[…] (sic)

Al respecto, el Senado aprobó el Dictamen correspondiente el veinticinco de abril de dos mil uno. En ese documento se reformó en su integridad el artículo 2 de la Constitución, recogiendo y enriqueciendo la iniciativa presentada por el titular del Ejecutivo, en el sentido de -entre otras cuestiones- reconocer el derecho de los pueblos y las comunidades indígenas a la libre determinación y, en consecuencia, a la autonomía para decidir sus formas internas de organización social, económica, política y cultural, así como para elegir a sus autoridades y ejercer sus formas de gobierno internas.

Además, se adicionó un párrafo a la fracción III del artículo 115 para que las comunidades indígenas, dentro del ámbito municipal, puedan coordinarse y asociarse en los términos y para los efectos que prevenga la ley; y, en los transitorios se estableció la obligación de que para la delimitación de los distritos electorales uninominales se tomara como referencia la ubicación de los pueblos y las comunidades indígenas.

Al día siguiente, la Cámara de Diputados y Diputadas aprobó el Dictamen correspondiente, precisando que se reconocía a la Nación en su conjunto y dentro de ella la particularidad indígena, así la autonomía quedaba entendida acorde con el orden constitucional vigente. Manteniendo, entre los derechos que conforman la autonomía, los de (i) decidir sobre sus formas de convivencia y organización social, económica, política y cultural, y (ii) de participación política, al alcanzar su reconocimiento como personas de interés público dentro del marco del municipio libre y elegir de acuerdo con su derecho tradicional sus formas propias de gobierno, así como los representantes para su ejercicio.

Una vez aprobado por las legislaturas locales, el Decreto de reforma a la Constitución fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el catorce de agosto de dos mil uno.

El texto final contenía la prohibición de la discriminación por motivos de -entre otros- origen étnico o nacional. Además, se precisó que el derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación se ejercería en un marco constitucional de autonomía y conforme a las disposiciones establecidas en las constituciones y leyes de las entidades federativas.

Quedó señalado que esa autonomía implica -entre otras cuestiones-: (i) decidir sus formas internas de convivencia y organización social, económica, política y cultural; (ii) elegir de acuerdo con sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales, a las autoridades o representantes para el ejercicio de sus formas propias de gobierno interno, en un marco que respete el pacto federal y la soberanía de los estados; (iii) elegir, en los municipios con población indígena, representantes en los ayuntamientos, según lo regulen las entidades federativas.

Señalando que las constituciones y leyes de los estados establecerían las normas correspondientes, incluyendo las respectivas a su reconocimiento como entidades de interés público. También, quedó establecido en un transitorio que, de ser factible, se debía tomar en consideración la ubicación de los pueblos y comunidades indígenas para establecer la demarcación territorial de los distritos electorales.

ii) Reforma de veintidós de mayo de dos mil quince

Esa reforma derivó de la iniciativa presentada en la Cámara de Diputados y Diputadas el primero de octubre de dos mil trece18, cuyo objetivo fue fortalecer los mecanismos de protección a los derechos político-electorales de la ciudadanía indígena que pertenezca a un pueblo o comunidad indígena y que se ha visto excluida de participar en los procesos electorales municipales, específicamente en diversos municipios regidos por el sistema de usos y costumbres o sistemas normativos internos, aclarando que no pretendió modificar el sistema electoral aludido. Así, se garantizaría el cumplimiento efectivo de la universalidad del sufragio. Lo que implicó proteger a las minorías, incluidas aquellas que conviven dentro de una comunidad indígena.

18. Por la diputada Eufrosina Cruz Mendoza, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Consultable en la Gaceta Parlamentaria, año XVI, número 3855-III, jueves (5) cinco de septiembre de (2013) dos mil trece, en la siguiente dirección de internet http://gaceta.diputados.gob.mx/, lo que se invoca como hecho notorio en términos del artículo 15 numeral 1 de la Ley de Medios, así como en lo dispuesto en la jurisprudencia XX.2o. J/24, y la diversa tesis aislada I.3o.C.35 K (10a.), citadas con anterioridad.

El Dictamen atinente fue emitido en forma positiva y aprobado por la Cámara de Diputados y Diputadas, señalando la necesidad de ampliar la participación política de hombres y mujeres indígenas en sus comunidades, regidas bajo los sistemas de usos y costumbres y crear las condiciones para que estén representadas y para atender una serie de recomendaciones emitidas por el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, en su 52° período de sesiones19. La Minuta correspondiente fue turnada al Senado.

19. Dictamen consultable en la Gaceta Parlamentaria, año XVII, número 4103-II, martes dos de septiembre de dos mil catorce, en la siguiente dirección de internet http://gaceta.diputados.gob.mx/ lo que se invoca como hecho notorio en términos del artículo 15 numeral 1 de la Ley de Medios, así como en lo dispuesto en la jurisprudencia XX.2o. J/24, y la diversa tesis aislada I.3o.C.35 K (10a.), citadas con anterioridad.

Por su parte, el Senado aprobó el Dictamen que le fue presentado, señalando que la reforma buscaba que el Estado reconociera el derecho de los pueblos y comunidades indígenas y sus integrantes, a Ia libre determinación y autonomía para decidir sus formas internas de convivencia y organización, así como el derecho humano de las personas con ciudadanía mexicana sin distinción de origen étnico o raza a Ia pluralidad, igualdad, respeto a Ia diversidad y Ia universalidad del sufragio, estableciendo de manera expresa que el sistema de usos y costumbres o sistemas normativos internos no podría ser contrario a los derechos humanos contenidos en la Constitución y en los tratados internacionales en Ia materia de los que el Estado Mexicano sea parte20.

20. Dictamen consultable en la Gaceta del Senado LXII/3PPO-61/51542, del jueves veintisiete de noviembre de dos mil catorce, visible en la siguiente dirección de internet http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/62/3/2014-11-27-1/assets/documentos/Dic_Puntos_Const_FRACCION_III_DEL_ARTICULO_2_CONST.pdf lo que se invoca como hecho notorio en términos del artículo 15 numeral 1 de la Ley de Medios, así como en lo dispuesto en la jurisprudencia XX.2o. J/24, y la diversa tesis aislada I.3o.C.35 K (10a.), citadas con anterioridad.

Una vez aprobada por las legislaturas de los estados y promulgada por el titular del Poder Ejecutivo Federal, el veintidós de mayo de dos mil quince, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma a la fracción III del apartado A de la Constitución, que consistió en precisar que en la elección de autoridades o representantes de quienes integran los pueblos y comunidades indígenas para el ejercicio de sus formas propias de gobierno interno, se debe garantizar que las mujeres y los hombres disfruten y ejerzan su derecho de votar y ser votados en condiciones de igualdad, así como accedan y desempeñen los cargos públicos y de elección popular para los que hayan sido electos o designados, en todos los casos sin limitar los derechos político- electorales de los y las ciudadanas.

Entonces para esta Sala Regional, la finalidad del constituyente permanente al reformar la Constitución -cuya publicación fue el catorce de agosto de dos mil uno-, fue señalar en forma expresa los derechos de los pueblos y comunidades indígenas y quienes las integran; en específico, que contuviera el derecho de autonomía, conformado -a su vez por entre otros- el derecho a la participación política para su gobierno interno, acotado por otros derechos contenidos en la propia norma fundamental y según lo regularan las entidades federativas correspondientes. Además, quedó establecido que, de ser posible, serían considerados para la distritación electoral.

Por su parte, la reforma -publicada el veintidós de mayo de dos mil quince- tuvo como fin establecer condiciones de igualdad dentro de las propias comunidades o pueblos indígenas, fortaleciendo el derecho de participación política, además de precisar que los sistemas normativos internos no podían ser contrarios a los derechos humanos, particularmente los político-electorales.

b) Tratados (Internacionales)

i) Convenio 169

El Convenio 169 contiene -en sus artículos 2 y 3.1- la obligación a los gobiernos de los Estados parte -como México- a proteger los derechos de los pueblos indígenas y garantizar el respeto a su integridad, incluyendo medidas que aseguren a quienes los integran gozar, en igualdad, de los derechos (incluyendo derechos humanos y libertades fundamentales) y oportunidades que la legislación nacional otorga a la demás población, sin obstáculos ni discriminación.

También obliga a los gobiernos a establecer los medios a través de los cuales los pueblos interesados puedan participar libremente, por lo menos en la misma medida que otros sectores de la población, y a todos los niveles en la adopción de decisiones en instituciones electivas y organismos administrativos y de otra índole responsables de políticas y programas que les conciernan, en atención al artículo 8.1 inciso b) del Convenio referido.

Asimismo, el artículo 8 establece que al aplicar la legislación nacional a los pueblos interesados deberán tomarse debidamente en consideración sus costumbres o su derecho consuetudinario, siempre que éstas no sean incompatibles con los derechos fundamentales definidos por el sistema jurídico nacional ni con los derechos humanos internacionalmente reconocidos.

ii) Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas21

21. Aprobada por la Asamblea General el (13) trece de septiembre de (2007) dos mil siete, siendo México uno de los adherentes.

La Declaración dispone -en sus artículos 1 y 2- que las y los indígenas, como pueblo o personas, tienen derecho al disfrute pleno de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales reconocidos en la Carta de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de Derechos Humanos y las normas internacionales de derechos humanos, en libertad e igualdad a los demás pueblos y personas.

Con relación a la libre determinación, el artículo 3 de esa Declaración establece que en virtud de ese derecho determinan libremente su condición política y persiguen libremente su desarrollo económico, social y cultural; por su parte, el artículo 4 señala que la autonomía o el autogobierno es para las cuestiones relacionadas con sus asuntos internos y locales; y el artículo 20.1 contiene el derecho a mantener y desarrollar sus sistemas o instituciones políticos, entre otros.

El artículo 5, textualmente dice:

Los pueblos indígenas tienen derecho a conservar y reforzar sus propias instituciones políticas, jurídicas, económicas, sociales y culturales, manteniendo a la vez su derecho a participar plenamente, si lo desean, en la vida política, económica, social y cultural del Estado.

El artículo 33 establece que los pueblos indígenas tienen derecho a determinar la estructura y a elegir integrantes de sus instituciones, de conformidad con sus propios procedimientos.

iii) Convención Americana sobre Derechos Humanos y criterios de la Corte Interamericana

En los artículos 1 y 2 de la referida Convención está el compromiso de los Estados parte -entre ellos México- a respetar los derechos y libertades en ese texto contenidos, sin discriminación, así como -en caso de que no existieran- adoptar medidas para garantizarlos.

Entre los derechos que el tratado en comento contiene, están los políticos y el de igualdad. El texto en cuanto a los derechos políticos es:

Artículo 23. Derechos Políticos

1. Todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y oportunidades:

a) de participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes libremente elegidos;

b) de votar y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores, y

c) de tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su país.

2. La ley puede reglamentar el ejercicio de los derechos y oportunidades a que se refiere el inciso anterior, exclusivamente por razones de edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental, o condena, por juez competente, en proceso penal.

Un caso en que la Corte Interamericana interpretó esos artículos es YATAMA vs. Nicaragua22. En ese asunto, precisó que el contenido de los derechos políticos es:

22. El caso se refiere a la responsabilidad internacional del Estado por la exclusión de la organización indígena YATAMA de participar en las elecciones municipales de 2000. Al respecto, la Corte Interamericana señaló que "la restricción de participar a través de un partido político impuso a los candidatos propuestos por YATAMA una forma de organización ajena a sus usos, costumbres y tradiciones, como requisito para ejercer el derecho a la participación política, en contravención de las normas internas […] que obligan al Estado a respetar las formas de organización de las comunidades de la Costa Atlántica, y afectó en forma negativa la participación electoral de dichos candidatos en las elecciones municipales de 2000. El Estado no ha justificado que dicha restricción atienda a un propósito útil y oportuno que la torne necesaria para satisfacer un interés público imperativo. […]" (párrafo 218).

196. La participación política puede incluir amplias y diversas actividades que las personas realizan individualmente u organizados, con el propósito de intervenir en la designación de quienes gobernarán un Estado o se encargarán de la dirección de los asuntos públicos, así como influir en la formación de la política estatal a través de mecanismos de participación directa.

197. El ejercicio de los derechos a ser elegido y a votar, íntimamente ligados entre sí, es la expresión de las dimensiones individual y social de la participación política.

198. Los ciudadanos tienen el derecho de participar en la dirección de los asuntos públicos por medio de representantes libremente elegidos. El derecho al voto es uno de los elementos esenciales para la existencia de la democracia y una de las formas en que los ciudadanos ejercen el derecho a la participación política. Este derecho implica que los ciudadanos puedan elegir libremente y en condiciones de igualdad a quienes los representarán.

199. La participación mediante el ejercicio del derecho a ser elegido supone que los ciudadanos puedan postularse como candidatos en condiciones de igualdad y que puedan ocupar los cargos públicos sujetos a elección si logran obtener la cantidad de votos necesarios para ello.

200. El derecho a tener acceso a las funciones públicas en condiciones generales de igualdad protege el acceso a una forma directa de participación en el diseño, implementación, desarrollo y ejecución de las directrices políticas estatales a través de funciones públicas. Se entiende que estas condiciones generales de igualdad están referidas tanto al acceso a la función pública por elección popular como por nombramiento o designación.

En ese sentido -sostuvo la Corte Interamericana- la obligación de garantizar el goce de los derechos políticos no solo implica la expedición de normativa que reconozca formalmente dichos derechos, sino requiere que el Estado adopte las medidas necesarias para garantizar su pleno ejercicio, considerando la situación de debilidad o desvalimiento en que se encuentran los integrantes de ciertos sectores o grupos sociales23; siendo que, la previsión y aplicación de requisitos para ejercitar los derechos políticos no constituyen por sí una restricción indebida a éstos, pero deben ser razonables de acuerdo a los principios de la democracia representativa24.

23. Corte IDH, Caso YATAMA Vs. Nicaragua, Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de (23) veintitrés de junio de (2005) dos mil cinco, Serie C No. 127, párrafo 201.

24. Caso citado en la nota anterior, párrafos 206 y 207.

Por su parte, al resolver el caso Chitay Nech y otros vs Guatemala25, la Corte Interamericana estableció que:

25. Corte IDH, Caso Chitay Nech y otros Vs. Guatemala, Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia de (25) veinticinco de mayo de (2010) dos mil diez, Serie C No. 212. El caso se refiere a la responsabilidad internacional del Estado por la desaparición forzada de Florencio Chitay Nech,por parte de agentes estatales, así como por la falta de investigación y sanción de los responsables; el señor era un indígena maya que resultó electo como concejal de un municipio guatemalteco y -derivado de desapariciones forzadas- asumió la alcaldía correspondiente.

107. …los derechos políticos consagrados en la Convención Americana, así como en diversos instrumentos internacionales propician el fortalecimiento de la democracia y el pluralismo político. En particular el derecho a una participación política efectiva implica que los ciudadanos tienen no sólo el derecho sino también la posibilidad de participar en la dirección de los asuntos públicos. Además se ha reconocido que el ejercicio efectivo de los derechos políticos constituye un fin en sí mismo y, a la vez, un medio fundamental que las sociedades democráticas tienen para garantizar los demás derechos humanos previstos en la Convención.

c) Criterios de este Tribunal Electoral

Con relación al derecho de autogobierno y de participación política, este Tribunal Electoral ha establecido -entre otros- los criterios descritos a continuación.

Fueron definidos los elementos del derecho al autogobierno en la Jurisprudencia 19/2014 de rubro COMUNIDADES INDÍGENAS. ELEMENTOS QUE COMPONEN EL DERECHO DE AUTOGOBIERNO26. Conforme a ésta, el derecho de autogobierno es una manifestación concreta de la autonomía, que se compone por: (i) el reconocimiento, mantenimiento y defensa de la autonomía de los pueblos para elegir a sus autoridades o representantes acorde con sus usos y costumbres, respetando los derechos humanos de sus integrantes; (ii) el ejercicio de sus formas propias de gobierno interno, siguiendo para ello sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales, a efecto de conservar y reforzar sus instituciones políticas y sociales; (iii) la participación plena en la vida política del Estado; y, (iv) la intervención efectiva en todas las decisiones que les afecten y que son tomadas por las instituciones estatales.

26. Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la

Por el nivel especial de protección que merecen, cualquier restricción a la autonomía debe ser estrictamente necesaria y razonable, conforme a la Tesis VIII/2015 de rubro COMUNIDADES INDÍGENAS. TODA RESTRICCIÓN DE SU AUTONOMÍA DEBE SER ESTRICTAMENTE NECESARIA Y RAZONABLE27.

27. Consultable en: Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 8, Número 16, 2015, páginas 47 y 48.

No obstante, el derecho para elegir de acuerdo con sus normas y prácticas tradicionales a las autoridades para el ejercicio de sus formas de gobierno interno, no puede establecer normas o prácticas discriminatorias contrarias a la Constitución y a los tratados internacionales de los que forma parte el Estado Mexicano, porque al hacerlo vulneraría algún derecho fundamental28.

28. Así lo determinó la Sala Superior en la resolución al cuarto incidente de incumplimiento en el expediente SUP-JDC-1640/2012.

Finalmente, este Tribunal Electoral ha remarcado la obligación de las autoridades de una entidad federativa de respetar la autodeterminación y sistema normativo de los pueblos indígenas, así como las elecciones hechas por la asamblea comunitaria, aunque en la legislación local no exista el reconocimiento expreso de ese sistema normativo, siempre que conste que las mismas se llevaron a cabo con base en el referido sistema y bajo los parámetros de regularidad constitucional. Ese criterio está contenido en la tesis LXXXV/2015 de rubro PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS. SUS SISTEMAS NORMATIVOS INTERNOS NO PUEDEN LIMITARSE, AÚN CUANDO LA LEGISLACIÓN LOCAL DESCONOZCA SU DERECHO A LA AUTODETERMINACIÓN (LEGISLACIÓN DE CHIAPAS)29.

29. Consultable en: Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 8, Número 17, 2015, páginas 109 y 110.

2. Caso concreto.

Bajo el contexto normativo relatado, a juicio de esta Sala Regional resulta indebido lo razonado por el Tribunal local al emitir la resolución impugnada, ya que pasó por alto que en el Estado de Guerrero existen previsiones constitucionales y legales respecto del acceso de personas indígenas a los cargos de elección popular. Se explica.

De conformidad con el artículo 2 de la Constitución, se reconoce la composición pluricultural de la Nación bajo el origen de los pueblos y comunidades indígenas, sustentados sobre la base de la descendencia de aquellas poblaciones que habitaban en el territorio actual del país al iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas.

En el texto constitucional se define a las comunidades integrantes de un pueblo indígena, como aquellas que formen una unidad social, económica y cultural, asentadas en un territorio y que reconocen autoridades propias de acuerdo con sus usos y costumbres.

Asimismo, se señala que el reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas se hará en las constituciones y leyes de las entidades federativas, las que deberán tomar en cuenta, además de los principios generales establecidos en los párrafos anteriores de este artículo, criterios etnolingüísticos y de asentamiento físico y se garantiza la libre determinación y autonomía para que, entre otras cuestiones:

- Decidan sus formas internas de convivencia y organización social, económica, política y cultural (fracción I).

- Apliquen sus propios sistemas normativos en la regulación y solución de sus conflictos internos, sujetándose a los principios generales de la Constitución, respetando las garantías individuales, los derechos humanos y, de manera relevante, la dignidad e integridad de las mujeres. Reservándose para la ley, el establecimiento de casos y procedimientos de validación por las y los jueces o tribunales correspondientes (fracción II).

- Elijan de acuerdo con sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales, a las autoridades o representantes para el ejercicio de sus formas propias de gobierno interno, garantizando que las mujeres y los hombres indígenas disfrutarán y ejercerán su derecho de votar y ser votados en condiciones de igualdad (fracción III).

Esta fracción, además establece como derechos:

- Acceder y desempeñar los cargos públicos y de elección popular para los que hayan sido electos o designados, en un marco que respete el pacto federal, la soberanía de los Estados y la autonomía de la Ciudad de México. En ningún caso las prácticas comunitarias podrán limitar los derechos político-electorales de los y las ciudadanas en la elección de sus autoridades municipales30 (fracción III).

30. Reformada mediante decreto publicado el 22 de mayo de 2015.

- Elegir, en los municipios con población indígena, representantes ante los ayuntamientos, para lo cual, las constituciones y leyes de las entidades federativas reconocerán y regularán estos derechos en los municipios, con el propósito de fortalecer la participación y representación política de conformidad con sus tradiciones y normas internas (fracción VII).

La interpretación literal de las fracciones I y II del artículo en cita deja ver que las personas indígenas cuentan con la más amplia protección respecto de sus formas de organización, convivencia, procedimientos electivos y de solución de los conflictos que puedan suscitarse al interior de sus comunidades y que en este último caso, tales derechos no son absolutos, dado que se deben respetar los derechos humanos, sobre todo el respeto a las mujeres.

Esto es, la Constitución protege el derecho de auto gobierno y los sistemas normativos internos en la elección de autoridades tradicionales, para lo cual, debe garantizarse la igualdad entre géneros.

Es importante precisar, que la segunda parte de la fracción III del artículo 2 de la Constitución, prevé el derecho de las personas indígenas para acceder y desempeñar los cargos públicos y de elección popular para los que hayan sido electos o designados, y que dicha previsión tutela la igualdad en el ejercicio de tales derechos.

En efecto, de una interpretación funcional de la norma constitucional se infiere que se busca la igualdad tanto en la obtención de los cargos públicos o en su desempeño, de lo que puede colegirse que la finalidad que persigue la norma es que no se despliegue acto alguno discriminatorio o atentatorio de tales derechos por el solo hecho de ser parte de una comunidad indígena, lo que en todo caso debe hacerse bajo el marco jurídico nacional.

Por ende, las personas indígenas tienen el pleno derecho de votar y ser votadas dentro de los cauces constitucionales y legales prescritos, en donde las normas deben establecer la igualdad de oportunidades y derechos.

No pasa desapercibido que la última parte de esta fracción alude a la integración de las autoridades municipales y se dispone que en ningún caso, las prácticas tradicionales para la elección de este tipo de cargos atentarán contra los derechos político electorales de las personas.

En sintonía con lo anterior, la fracción VII del artículo 2 de la Constitución establece el derecho de elegir, en los municipios con población indígena31, representantes ante los ayuntamientos, dotando a las entidades federativas de facultades para reconocer tales prerrogativas en el citado orden de gobierno para afianzar la participación política de las personas indígenas según sus usos y costumbres.

31. En este punto es importante traer a colación lo dispuesto en el artículo 115 fracción III, último párrafo de la Constitución, que señala que Los Municipios tendrán a su cargo diversas funciones y servicios públicos, para lo cual, los Municipios y las comunidades indígenas, podrán coordinarse y asociarse en los términos y para los efectos que prevenga la ley.

Como se desprende de lo anterior, el precitado artículo 2 de la Constitución tutela el reconocimiento de los derechos a las personas indígenas a la participación política y por tanto, al acceso y ejercicio de los cargos de elección popular, en un plano de igualdad con las demás personas, siempre y cuando se haga mediante las normas y procedimientos descritos en el pacto federal.

En las relatadas circunstancias, en el caso concreto, no existe una prescripción constitucional ni legal que contraríe el derecho de las personas indígenas de acceder, ostentar o integrar los cargos de elección popular, ya que en todo caso, las vías constitucionales o legales no hacen distinción entre la ciudadanía, por lo que los requisitos de acceso a las prerrogativas descritas en el artículo 35 fracciones I y II de la Constitución32 son generales.

32. "Artículo 35. Son derechos del ciudadano: I. Votar en las elecciones populares; II. Poder ser votado para todos los cargos de elección popular, teniendo las calidades que establezca la ley. El derecho de solicitar el registro de candidatos ante la autoridad electoral corresponde a los partidos políticos, así como a los ciudadanos que soliciten su registro de manera independiente y cumplan con los requisitos, condiciones y términos que determine la legislación..."

En ese tenor de ideas, el acceso de las personas indígenas debe hacerse en condiciones de igualdad, ya que las normas no distinguen entre el origen o etnia de la ciudadanía, y establecen una forma general de acceso a integrar los órganos del Estado.

Luego, si la Constitución protege el principio de libertad e igualdad, es inconcuso que la inclusión de personas indígenas es en todo caso, una tarea conjunta entre las instituciones, los partidos políticos y la propia ciudadanía.

En ese sentido se destaca que la Suprema Corte de Justicia de la Nación33 ha establecido con relación a la igualdad que se trata de un derecho humano que se configura por distintas facetas que, aunque son interdependientes y complementarias entre sí, pueden distinguirse conceptualmente en dos modalidades:

33. Al emitir la Tesis: 1a./J. 126/2017, de rubro: DERECHO HUMANO A LA IGUALDAD JURÍDICA. DIFERENCIAS ENTRE SUS MODALIDADES CONCEPTUALES, consultable en Semanario Judicial de la Federación, libro 49, Diciembre de 2017, Tomo I, página 119.

1) la igualdad formal o de derecho, que es una protección contra distinciones o tratos arbitrarios y se compone a su vez de la igualdad ante la ley, como uniformidad en la aplicación de la norma jurídica por parte de todas las autoridades, e igualdad en la norma jurídica, que va dirigida a la autoridad materialmente legislativa y que consiste en el control del contenido de las normas a fin de evitar diferenciaciones legislativas sin justificación constitucional o violatorias del principio de proporcionalidad en sentido amplio.

Las violaciones a esta faceta del principio de igualdad jurídica dan lugar a actos discriminatorios directos, cuando la distinción en la aplicación o en la norma obedece explícitamente a un factor prohibido o no justificado constitucionalmente, o a actos discriminatorios indirectos, que se dan cuando la aplicación de la norma o su contenido es aparentemente neutro, pero el efecto o su resultado conlleva a una diferenciación o exclusión desproporcionada de cierto grupo social o alguno de sus miembros, sin que exista una justificación objetiva para ello.

2) la igualdad sustantiva o de hecho, radica en alcanzar una paridad de oportunidades en el goce y ejercicio real y efectivo de los derechos humanos de todas las personas, lo que conlleva que en algunos casos sea necesario remover y/o disminuir los obstáculos sociales, políticos, culturales, económicos o de cualquier otra índole que impidan a las personas gozar y ejercer tales derechos.

La violación a esta faceta del principio surge cuando existe una discriminación estructural en contra de un grupo social o sus integrantes individualmente considerados y la autoridad no lleva a cabo las acciones necesarias para eliminar y/o revertir tal situación; además, su violación también puede reflejarse en omisiones, en una desproporcionada aplicación de la ley o en un efecto adverso y desproporcional de cierto contenido normativo en contra de un grupo social relevante o de sus integrantes.

Ahora bien, el Actor hace valer en esta instancia que los argumentos vertidos tanto por la Autoridad responsable como por el Instituto local, son contrarios al principio de igualdad y les discriminan en tanto que, desconocen el derecho de quienes integran pueblos y comunidades indígenas a ser postulados y ejercer cargos de elección popular, así como los acotan necesariamente a la inclusión en los partidos políticos o a través de la vía de las candidaturas independientes.

En concepto de esta Sala Regional tales restricciones colocan, de facto, a las personas indígenas en una condición de desventaja, ya que no se tomó en cuenta que en el Estado de Guerrero existe la tutela de tales derechos y por ende, correspondía a las autoridades en el ámbito de sus competencias hacer posible el acceso a su ejercicio.

En efecto, en el Estado de Guerrero encuentra cauce la previsión Constitucional del artículo 2 en el numeral 11 de la Constitución local que prevé el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas y afro mexicanos en el sentido de:

- Decidir sus formas internas de convivencia y de organización social, económica, política y cultural.

- Aplicar sus propios sistemas normativos en la regulación y solución de sus conflictos internos, con sujeción a lo dispuesto en el orden constitucional y legal.

- Elegir, de acuerdo con sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales, a sus autoridades políticas o representantes, y garantizar la participación de las mujeres en condiciones de equidad, estimulando su intervención y liderazgo en los asuntos públicos.

- Preservar y enriquecer sus lenguas, conocimientos y todos los elementos que constituyen su cultura e identidad; y,

- Acceder plenamente a la jurisdicción del Estado, tomando en consideración sus usos, costumbres y demás especificidades culturales, bajo la asistencia de traductores, intérpretes y defensores calificados para tales efectos.

A su vez, la Ley Electoral local prevé en su artículo 4 tercer párrafo, que en la aplicación de las normas electorales, se tomarán en cuenta de conformidad con el artículo 2 de la Constitución, los usos, costumbres y formas especiales de organización social y política de los pueblos indígenas y afromexicanos del Estado, siempre y cuando no se violen con ello los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad, rectores en el ejercicio de la función estatal de organizar las elecciones.

De igual modo, la Constitución local, en su artículo 37 fracción V dispone que los partidos políticos tienen como obligación registrar candidatos preferentemente indígenas en los lugares en donde su población sea superior al cuarenta por ciento, y garantizar la participación política de las mujeres conforme a sus usos y costumbres.

En correlación con lo anterior, el numeral 272 fracción II de la Ley Electoral local, prevé que cuando la población indígena de un distrito o municipio sea superior al cuarenta por ciento, tendrán derecho de preferencia para ser postulados a cargos de elección popular observando la equidad para los registros de las candidaturas a diputaciones e integrantes de ayuntamientos.

Como se desprende de lo anterior, no es posible afirmar que, como hizo el Tribunal local, en el sistema constitucional y legal aplicable no existía un reconocimiento de representación que acogiera a las personas indígenas, ya que los ordenamientos locales establecen que los institutos políticos tienen la obligación de incluirlas en sus procedimientos de selección interna de modo preferente, lo que no fue tutelado por la Autoridad responsable ni observado por el Instituto local.

Es decir, la norma reconoce el derecho de las personas indígenas, de participación dentro del esquema partidista a efecto de que sean registradas ante el Instituto local en un esquema de igualdad, para lo cual los partidos políticos deben implantar medidas efectivas que les permitan ser postuladas en forma preferente, en los lugares donde la población mayoritaria sea indígena.

No obstante, a fin de que lo anterior sea cumplido, es necesario que las autoridades electorales garanticen la tutela de tales derechos, a fin de que se haga efectivo el acceso a los procedimientos de selección y a la postulación de las personas indígenas, ya que solamente de esa forma puede verse materializado el derecho contenido en el numeral 2 de la Constitución.

En ese contexto, resulta incorrecto que, en la Resolución impugnada solamente se estableciera que las personas indígenas tenían la posibilidad de participar bajo el esquema de partidos políticos, pero no se precisara cuál sería la medida de protección que en su favor se estaría garantizando ante la previsión constitucional y legal.

Ello, porque se observa que, en la legislación del Estado de Guerrero, no se establecieron reglas que sirvieran de parámetros mínimos y específicos sobre la implementación de acciones afirmativas para la postulación de candidaturas que incluyeran a personas indígenas, siendo evidente que, aun contando con un marco regulatorio general al respecto e incluso una ley específica sobre el reconocimiento de los derechos de las personas indígenas34, las autoridades electorales locales no se acogieron a la norma en tanto dejaron de implantar o prever de manera efectiva alguna medida afirmativa que hiciera viable su participación en este proceso electoral local.

34. Al respecto, véase la Ley 701, de Reconocimiento, derechos y cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Guerrero publicada en el Periódico Oficial del Estado el ocho de abril de dos mil once. Consultable en la página electrónica del Instituto local: http://iepcgro.mx/PDFs/MarcoLegal/Leyes%20Locales/Ley%20N%C3%BAmero%20701%20de%20Reconocimiento,%20Derechos%20y%20Cultura%20de%20los%20Pueblos%20y%20Comunidades%20Ind%C3%ADgenas%20del%20Estado%20de%20Guerrero.pdf.

lo que se invoca como hecho notorio en términos del artículo 15 numeral 1 de la Ley de Medios, así como en lo dispuesto en la jurisprudencia XX.2o. J/24, y la diversa tesis aislada I.3o.C.35 K (10a.), citadas con anterioridad.

Así, resultaba relevante que, ante la obligación de garantizar la presencia de personas indígenas en las candidaturas locales, se estableciera bajo qué parámetros debe realizarse dicha inclusión en las candidaturas en la entidad, lo que no fue observado por el Instituto local ni tampoco fue materia de pronunciamiento por parte de la Autoridad responsable al emitir la sentencia impugnada.

Lo anterior no significa que en este momento (incluso desde la presentación de este Juicio ciudadano) sea posible variar las reglas de los procesos de selección interna de los partidos políticos; de las candidaturas independientes o bien implementar una vía alternativa para aplicar acciones afirmativas; pues ante lo avanzado del proceso electoral, no sería procedente llevar a cabo alguna modificación legislativa, toda vez que el artículo 105 párrafo tercero de la Constitución estipula expresamente que las leyes electorales federal y locales deberán promulgarse y publicarse por lo menos noventa días antes de que inicie el proceso electoral en que vayan a aplicarse, y durante el mismo no podrá haber modificaciones legales fundamentales.

No obstante, ello no conforma un obstáculo para que el Instituto local identificara lo antes señalado y tomara alguna decisión para que se llevaran a cabo medidas que permitieran avanzar en el reconocimiento de acciones afirmativas en favor de las personas indígenas, a fin de garantizar la participación e integración en los órganos de gobierno, en particular por cuanto hace a las diputaciones locales y a quienes integran los Ayuntamientos del Estado, así como la debida representación de las personas pertenecientes a dichas comunidades, lo cual tampoco fue observado por el Tribunal local.

Al respecto, debe reiterarse que, en el actual proceso electoral en Guerrero, no existen reglas que constituyeran una acción afirmativa indígena real35; lo que generó la ausencia de lineamientos que obligaran a los partidos políticos a realizar las postulaciones señaladas en determinadas posiciones de las listas de candidaturas del partido, según cada caso.

35. Pues en la Convocatoria para tal efecto, no existe disposición al respecto.

Es por ello que, el proceso de selección de candidaturas se desarrolló sin la implementación de lineamientos o pautas de acción que obligasen a los partidos políticos, órganos y autoridades vinculadas a llevar a cabo acciones concretas y efectivas para favorecer la postulación de personas indígenas y garantizar su acceso a los cargos públicos, así como la representación efectiva de las personas indígenas en los órganos de gobierno que se elegirán en la entidad.

Así, los órganos electorales locales no observaron las suficientes medidas, que colocaran a las personas indígenas en una posición de igualdad sustantiva, a fin de estar en las mismas condiciones respecto de los demás aspirantes a una candidatura –que no se encontraran en situación de vulnerabilidad-.

En ese sentido, el Tribunal local debió identificar esa situación de desventaja histórica y a partir de ella, garantizar que, en el caso de la designación de candidaturas a las diputaciones locales e integrantes de Ayuntamientos se establecieran medidas que contrarrestaran posibles actos discriminatorios indirectos en contra de las personas indígenas en el Estado de Guerrero, los que, como se ha dicho, se dan cuando la aplicación de la norma o su contenido es aparentemente neutro (en el caso la vía de candidaturas independientes o postulación por partidos políticos que informó el Instituto local y confirmó la Autoridad Responsable), pero el efecto o su resultado conlleva a una diferenciación o exclusión desproporcionada de cierto grupo social o alguno de sus miembros (las personas indígenas), sin que exista una justificación objetiva para ello, como en el caso acontece.

Ahora, como se ha dicho, desde la presentación del presente Juicio ciudadano y en este momento, las reglas no pueden ser modificadas; sin embargo, es necesario el reconocimiento de la necesidad de que la Legislatura local, los partidos políticos y el Instituto local como órgano encargado de organizar los comicios, implementen en los próximos procesos electorales a celebrarse en Guerrero, acciones afirmativas concretas en favor de las personas indígenas, que garanticen su participación política y su representación efectiva en los órganos de elección popular.

Así, lo esencialmente fundado de los agravios hechos valer por el Actor respecto de la inacción de las autoridades electorales locales sobre su petición de registro de candidaturas de personas indígenas se actualiza porque tanto la Autoridad Responsable como el Instituto local tenían la obligación de tutelar su derecho de voto activo en el ámbito de sus competencias, a fin de garantizar dicho ejercicio previo a la jornada electoral.

Así, al resultar esencialmente fundados los agravios descritos y suficientes para modificar el acto controvertido, con los alcances y para los efectos que se precisan enseguida, resulta innecesario el estudio de los demás argumentos planteados por el Promovente, ya que su finalidad es evidenciar lo correcto de que sean registradas para contender en el actual proceso electoral federal y local distintas personas que, según su dicho, son indígenas.

Sin embargo, como se ha establecido ya, lo avanzado del proceso electoral local y la prescripción prevista en el artículo 105 de la Constitución obliga a que los efectos protectores del presente fallo tengan consecuencias en el siguiente proceso.

QUINTO. Efectos.

Con base en los razonamientos expuestos previamente, este órgano jurisdiccional estima incorrecta la conclusión adoptada por el Tribunal local, por cuanto hace al proceso electoral que actualmente se desarrolla en el Estado de Guerrero, por lo que es necesario precisar los efectos que, según la argumentación de la presente ejecutoria, permitirán garantizar y proteger el derecho a ser votadas en igualdad de condiciones de las personas indígenas de la señalada entidad federativa en los próximos procesos electorales, de ahí que lo procedente sea modificar la sentencia controvertida para que las consideraciones de esta Sala Regional en torno a los referidos efectos formen parte de ella.

Lo anterior, para que dejen de regir los fundamentos y motivos plasmados en tanto a que no existe una vulneración al derecho de voto pasivo de las personas indígenas, en donde se expuso que tenían la posibilidad de participar a través de candidaturas postuladas por los partidos políticos o mediante la vía independiente o activando los mecanismos necesarios para participar mediante sus sistemas normativos internos.

Ello, al quedar demostrado que tal derecho sí les asistía, sin embargo la ausencia de medidas para hacerlo efectivo y la inacción de los partidos políticos y las autoridades electorales fue lo que ocasionó en todo caso, la merma aducida por el Actor.

Así, se procede a fijar los efectos de la sentencia, con fundamento en los artículos 17 y 99 de la Constitución y 6 de la Ley de Medios, y el contenido de la tesis XXVII/2003 de la Sala Superior de rubro: RESOLUCIONES DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. MODALIDADES EN SUS EFECTOS PARA PRESERVAR EL INTERÉS GENERAL.

A fin de establecer esquemas que ayuden a revertir en el ámbito electoral local la desigualdad en la representación indígena, se vincula:

1. Al Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero, para que, de acuerdo a su agenda legislativa y al menos noventa días antes del inicio del siguiente proceso electoral ordinario local, armonice su Constitución local y la legislación interna a la Constitución y tratados internacionales en materia de derechos indígenas, por cuanto hace a garantizar su acceso en condiciones de igualdad sustantiva a las candidaturas para los cargos de elección popular en la entidad, debiendo implementar acciones afirmativas a su favor, que coadyuven en la materialización de la participación efectiva de las personas indígenas en los aludidos cargos de elección popular.

Esto, sin que pase desapercibido que cuando se prevean medidas susceptibles de afectar directamente a los pueblos y comunidades indígenas, se debe involucrarlas lo antes posible en el proceso de decisión, según se desprende de los artículos 1 y 2 Apartado B, de la Constitución, en relación con el numeral 6 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, tal como se señala en la Tesis LXXXVII/2015 de la Sala Superior de este Tribunal, de rubro: CONSULTA PREVIA A COMUNIDADES INDÍGENAS. REQUISITOS DE VALIDEZ DE LA REALIZADA POR AUTORIDAD ADMINISTRATIVA ELECTORAL, CUANDO EMITA ACTOS SUSCEPTIBLES DE AFECTAR SUS DERECHOS36.

36. Consultable en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 8, Número 17, 2015, páginas 72 y 73.

2. A los partidos políticos que participen en el ámbito estatal, para que implementen medidas afirmativas en favor de las personas indígenas para los procesos de selección y designación de candidaturas a diputaciones locales e integrantes de los Ayuntamientos en el Estado de Guerrero, en procesos electorales próximos, y de haberlo contemplado ya en sus normativas internas, garanticen su cumplimiento para el efectivo acceso las personas indígenas interesadas en ser postuladas a una de las candidaturas referidas.

Esto es así, porque los partidos políticos son creados mediante bases constitucionales como entidades de interés público.

Así, conforme al artículo 41, párrafo segundo, base I de la Constitución, los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de los órganos de representación política y como organizaciones de ciudadanas y ciudadanos, hacer posible el acceso de éstas al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo.

Como entidad de interés público en aras de la consolidación democrática y el fortalecimiento de la participación política de toda la sociedad mexicana, se debe transitar de manera progresiva al establecimiento de mecanismos que favorezcan la inclusión de grupos vulnerables, como lo son las personas indígenas.

De esta manera, las autoridades administrativas y jurisdiccionales, así como los partidos políticos tienen la obligación de promover los derechos humanos de manera progresiva y gradual, y realizar todos los cambios y transformaciones necesarias en la estructura económica, social, política y cultural del país, de manera que se garantice que todas las personas puedan disfrutar de sus derechos humanos.

En este sentido, debe reconocerse la necesidad de que los partidos políticos también implementen mecanismos que aseguren de manera efectiva la inclusión y representación de personas indígenas.

Lo cual debe ser desarrollado para los siguientes procesos electorales a celebrarse en dicha entidad federativa.

3. Al Instituto local, para que:

3.1. En forma previa al inicio del próximo proceso electoral, realice los estudios concernientes e implemente acciones afirmativas en materia indígena para el caso de registro de candidaturas a diputaciones locales y Ayuntamientos, pudiendo apoyarse en buenas prácticas, tales como las emitidas en el ámbito federal37.

37. Al respecto, véase el Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se indican los criterios aplicables para el registro de candidaturas a los distintos cargos de elección popular que presenten los partidos políticos y, en su caso, las coaliciones ante los Consejos del Instituto, para el Proceso Electoral Federal 2017-2018 publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta de noviembre de dos mil diecisiete. Consultable en la página electrónica oficial: http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5506209&fecha=30/11/2017.

Así también, deberá verificar que los partidos políticos, atendiendo a lo señalado en el numeral anterior, implementen las acciones afirmativas y las hagan efectivas para que se permita consolidar el derecho en igualdad de las personas indígenas para participar en los procesos electorales de diputaciones locales e integrantes de los Ayuntamientos.

3.2 Durante el año dos mil diecinueve, realice en la entidad federativa una campaña de difusión de información respecto de los requisitos y el procedimiento que un pueblo o comunidad indígena debe llevar a cabo para elegir a sus autoridades internas a través, exclusivamente, de sus sistemas normativos internos.

3.3. Durante el año dos mil diecinueve, debe verificar y determinar, por los medios adecuados, la existencia histórica del sistema normativo interno de la comunidad indígena correspondiente.

Para tal efecto, la autoridad electoral local debe allegarse de información, mediante la propia comunidad y/o por información objetiva que pueda recopilar, así como generar procedimientos idóneos que le permitan obtener cualquier dato trascendental en torno a los usos y costumbres que rigen en dicha comunidad.

Por ejemplo, debe acudir a la realización de dictámenes periciales, entrevistas con los habitantes, informes de las autoridades municipales legales y tradicionales, con el objetivo de determinar la viabilidad de la implementación de los usos y costumbres de dicha comunidad para la elección de sus autoridades, así como constatar fehacientemente que la comunidad está inmersa en el marco normativo local que reconoce y regula los diversos aspectos de su cosmovisión.

En la realización de estas medidas preparatorias, la autoridad solo se encuentra constreñida a verificar que las y los integrantes de la comunidad en cuestión conservan ciertos usos y costumbres, o bien, reconocen autoridades propias elegidas mediante su sistema normativo interno.

De arrojar resultados que permitan verificar la existencia de un sistema normativo interno en la comunidad indígena en cuestión, la autoridad electoral debe proceder a realizar una consulta a fin de determinar si la mayoría de la población está de acuerdo en celebrar sus comicios de acuerdo a sus usos y costumbres.

Lo anterior, atendiendo los criterios contenido en las tesis XI/2013 y XII/2013 aprobadas por la Sala Superior de rubros: USOS Y COSTUMBRES. LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEBE VERIFICAR Y DETERMINAR LA EXISTENCIA HISTÓRICA DE DICHO SISTEMA EN UNA COMUNIDAD, así como USOS Y COSTUMBRES. REQUISITOS DE VALIDEZ DE LAS CONSULTAS EN COMUNIDADES Y PUEBLOS INDÍGENAS, PARA CELEBRAR ELECCIONES38.

38. Ambas consultable en: Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 6, Número 12, 2013, páginas 36 a 38.

2. Lo anterior, ya que los artículos 17 párrafo tercero; 41 y 99 constitucionales, y acorde con los principios de obligatoriedad y orden público, rectores de las sentencias dictadas por este órgano jurisdiccional, sustentados en la vital importancia para la vida institucional del país y con objeto de consolidar el imperio de los mandatos que contiene la Constitución, sobre cualquier ley y autoridad, tales sentencias obligan a todas las autoridades, independientemente de que figuren o no con el carácter de responsables, sobre todo, si en virtud de sus funciones, les corresponde desplegar actos tendentes a cumplimentar aquellos fallos.

Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 31/2002, de rubro: EJECUCIÓN DE SENTENCIAS ELECTORALES. LAS AUTORIDADES ESTÁN OBLIGADAS A ACATARLAS, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE NO TENGAN EL CARÁCTER DE RESPONSABLES, CUANDO POR SUS FUNCIONES DEBAN DESPLEGAR ACTOS PARA SU CUMPLIMIENTO.

Al haber modificado la Resolución impugnada, se determina que los órganos y autoridades vinculadas por este fallo, deberán remitir al Tribunal local original o copia certificada de las constancias relativas que demuestren el cumplimiento dado a lo descrito en la presente ejecutoria, en un plazo de tres días hábiles contados a partir del momento en que realicen cada uno de los actos ordenados.

De igual manera, deberán informar a dicho órgano jurisdiccional los actos tendentes al cumplimiento de la resolución que en esta ejecutoria fue modificada.

En mérito de lo expuesto y fundado, se

RESUELVE

PRIMERO. Se modifica la Resolución impugnada para los efectos precisados en esta sentencia.

SEGUNDO. Se ordena poner a disposición del actor y demás personas interesadas la síntesis de la presente sentencia, que se agrega como Anexo, misma que también se pone a disposición del Instituto local para efectos de que, por su conducto, se difunda ampliamente entre la población.

Notifíquese personalmente al Actor, para lo cual, toda vez que señaló domicilio fuera de la circunscripción de esta Sala Regional, gírese exhorto a la Sala Regional correspondiente a la Quinta Circunscripción Plurinominal de este Tribunal Electoral con sede en Toluca, con fundamento en los artículos 204 fracciones VI y XII de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 21 de la Ley de Medios, 109, 110 y 111 del Reglamento Interno de este Tribunal Electoral y el Acuerdo General 2/2014, a efecto de que, en auxilio de las labores de esta Sala Regional y por conducto del personal judicial adscrito a dicho órgano investido de fe pública, realice la notificación correspondiente; por oficio al Poder Ejecutivo del Estado por conducto del Gobernador de la Entidad, y al Congreso local; por oficio a los partidos políticos -nacionales con registro en el Estado y locales- por conducto del Instituto local; por correo electrónico, con copia certificada de esta sentencia, al Tribunal e Instituto locales; y por estrados a las personas interesadas. Lo anterior, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 26 párrafo 3, 27, 28, 29 párrafos 1 y 5, y 84 párrafo 2 de la Ley de Medios, así como 94, 95, 98 y 101 del Reglamento Interno del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Devuélvanse las constancias que correspondan y, en su oportunidad, archívese este asunto como definitivamente concluido.

Así lo resolvieron, por unanimidad de votos, la Magistrada y los Magistrados, ante la Secretaria General de Acuerdos quien autoriza y da fe.

Rúbricas.

 

Anexo.

Síntesis de la sentencia emitida en el Juicio ciudadano con la clave SCM-JDC-402/2018

Autoridad que resuelve: Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación

Fecha en que se resuelve: 29 de junio de 2018

Decisión: Modificar la sentencia emitida por el Tribunal Electoral del Estado de Guerrero que confirmó la respuesta que el Presidente del Instituto Electoral de dicha entidad dio al actor, respecto de su solicitud de registro de candidaturas a diputaciones locales y regidurías integradas con personas indígenas y postuladas con base en sus usos y costumbres (sistemas normativos internos).

¿Por qué acudió el actor ante esta Sala Regional?

Hipólito Arriaga Pote solicitó al Instituto Electoral de Guerrero que registrara distintas personas a candidaturas de diputaciones locales y sindicaturas en los ayuntamientos del Estado, a través de la vía que llamó "usos y costumbres", para que fueran elegidas en este proceso electoral.

El señalado Instituto consideró que no podía acceder a su petición porque esa vía no se encuentra establecida en la Constitución (Federal y Local) o en las leyes.

En contra de lo anterior, el actor impugnó ante el Tribunal Electoral del Estado de Guerrero, quien conoció de su demanda, y confirmó la respuesta que le había dado el Instituto.

Sin embargo, Hipólito Arriaga Pote inició un nuevo juicio, esta vez del conocimiento de esta Sala Regional porque consideró que, al resolver así, el Tribunal Electoral del Estado violentaba sus derechos político-electorales.

¿Qué reclamaba el Actor?

El Actor consideró que la decisión del Instituto que luego fue confirmada por el Tribunal local había afectado el derecho de ser votadas de las personas indígenas y de elegir representantes como grupo porque -a su decir- no era necesario presentar los requisitos exigidos a los partidos políticos o a las candidaturas independientes para poder participar como candidato o candidata.

¿Qué razones señaló esta Sala Regional para modificar la sentencia del Tribunal Electoral de Guerrero?

En la sentencia se destaca que nuestra Constitución contempla que las personas indígenas cuentan con la más amplia protección respecto de sus formas de organización, convivencia, procedimientos de elección y de solución de conflictos que puedan suscitarse al interior de sus comunidades y, que se deben respetar los derechos humanos.

La Constitución también contiene el derecho a la igualdad, y por tanto debe entenderse que las personas indígenas tienen el pleno derecho de votar y ser votadas -conforme a la constitución y las leyes-, para lo que las normas deben establecer la igualdad efectiva de oportunidades y derechos.

Así, en la sentencia se dice que limitar la postulación de las personas indígenas únicamente mediante partidos políticos o candidaturas independientes, les coloca -de hecho- en una condición de desventaja.

Para superar esa desventaja, en la sentencia se determina que son necesarias las siguientes acciones:

a. Los partidos políticos implementen medidas efectivas que permitan a las personas indígenas ser postuladas en forma preferente en los lugares donde la población mayoritaria sea indígena.

b. Las autoridades electorales garanticen la tutela de esos derechos.

c. Se establezcan reglas que compensen esa situación de desventaja (también llamadas acciones afirmativas) para la postulación de candidaturas que incluyan a personas indígenas.

Por lo anterior, se consideró que la sentencia del Tribunal Electoral de Guerrero debía modificarse, en tanto que no tomó en cuenta esos elementos.

¿Qué efectos tiene la resolución de esta Sala Regional?

Desde que el Actor presentó su demanda ante el Tribunal, y en este momento, no es posible variar las reglas de los procesos de selección interna de los partidos políticos, de las candidaturas independientes o bien implementar una vía alternativa para aplicar las acciones afirmativas descritas, porque ello generaría incertidumbre entre quienes participaron en el actual proceso electoral que inició desde el año pasado y porque la Constitución federal dice que cualquier cambio en materia electoral debe hacerse al menos noventa días antes de que inicie el referido proceso.

Por eso, esta Sala Regional consideró necesario establecer las consecuencias que tendría la sentencia a partir del siguiente proceso electoral, y por tanto determinó vincular a los Poderes Ejecutivo, Legislativo, autoridades electorales y partidos políticos en el Estado de Guerrero para que, previa consulta, lleven a cabo las acciones necesarias y tendentes a garantizar acciones afirmativas a favor de las postulaciones de las personas indígenas, de acuerdo a las reglas que se detallan en la sentencia misma, en su capítulo de "Efectos".