JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES DEL CIUDADANO

EXPEDIENTE: SM-JDC-7/2008

ACTOR: ROGELIO CAMARILLO MARTÍNEZ

AUTORIDAD RESPONSABLE: CONGRESO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ Y PRESIDENTE DE SU DIRECTIVA

MAGISTRADO PONENTE: RUBÉN ENRIQUE BECERRA ROJASVÉRTIZ

SECRETARIO: CELEDONIO FLORES CEACA

Monterrey, Nuevo León, a doce de noviembre de dos mil ocho.

VISTOS para resolver los autos del juicio para la protección de los derechos político-electorales SM-JDC-7/2008, promovido por Rogelio Camarillo Martínez en contra de la supuesta privación a sus derechos político–electorales consagrados en el artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ante la negativa del Congreso del Estado de San Luis Potosí a llamarlo a desempeñar el cargo de diputado local para el que fue electo, con el carácter de suplente, en sustitución del diputado propietario que fue inhabilitado; y

R E S U L T A N D O

I. Antecedentes. De las constancias que obran en el expediente en que se actúa, se desprende lo siguiente:

1. Imposición de sanción administrativa al actor. El veinticinco de octubre de dos mil cinco, la Contraloría Interna del Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, de la entidad en cita, resolvió el expediente número CI/05/05/2005, relativo a la responsabilidad administrativa atribuida al actor, por hechos ocurridos en el desempeño de sus funciones como Coordinador de Infraestructura de dicho municipio, imponiéndole como sanciones administrativas el pago de una multa por la cantidad de $1’770,046.62 (un millón setecientos setenta mil cuarenta y seis pesos 62/100 moneda nacional) y la inhabilitación para desempeñar empleo, cargo o comisión del servicio público por el término de diez años. Esta resolución fue notificada al promovente, mediante diligencia practicada el ocho de mayo de dos mil seis.

2. Registro de candidatos. El treinta de mayo de dos mil seis, se publicó en el Periódico Oficial de la entidad en cita, el registro formal y definitivo ante el Instituto Electoral local, de la lista de candidatos a Diputados por el principio de representación proporcional propuesta por el Partido de la Revolución Democrática, para contender en el proceso de elección de Diputados que integrarían la LVIII Legislatura del Congreso del estado en mención.

En la citada lista, el actor aparece con el carácter de suplente, acompañando en la fórmula a Roberto Cervantes Barajas, quien aparece como candidato a diputado propietario.

3. Integración de la LVIII Legislatura del Congreso del Estado de San Luis Potosí. El catorce de septiembre siguiente, se publicó en el referido medio oficial de difusión local, la integración definitiva de la legislatura precisada, que abarca el período comprendido entre el catorce de septiembre de dos mil seis y el catorce de septiembre de dos mil nueve.

En dicha integración, figuró la fórmula que conformaron Roberto Cervantes Barajas y el promovente, bajo el carácter de diputados propietario y suplente, respectivamente, ambos por el principio de representación proporcional.

4. Remoción del diputado propietario. El veinticinco de marzo de dos mil ocho, con motivo de un procedimiento de responsabilidad administrativa, Roberto Cervantes Barajas fue inhabilitado para ocupar empleos o cargos del servicio público por el término de diez años, por lo que fue separado del cargo de diputado que ocupaba.

5. Solicitud del actor para ocupar el cargo. Mediante escritos presentados los días ocho, diez y once de abril, ante el Presidente de la Directiva del congreso local en mención, el promovente solicitó su incorporación al cargo de diputado local para el que fue electo, con el carácter de suplente, ante la separación de su compañero de fórmula, Roberto Cervantes Barajas.

6. Acto impugnado. El veintisiete de agosto del año en curso, el actor tuvo conocimiento del oficio sin número, de diecinueve de agosto de dos mil ocho, que le dirigió la Diputación Permanente del mencionado órgano legislativo local, en cuyos términos se expusieron los fundamentos y motivos tomados en cuenta por dicha autoridad, para no acceder a la petición señalada en el párrafo que antecede, acorde a lo siguiente:

"PROFR. ROGELIO CAMARILLO MARTÍNEZ

República No. 1207

Fracc. Himno Nacional

P r e s e n t e

Los que suscriben, en nuestro carácter de Presidente y Secretario de la Diputación Permanente actualmente en funciones, le comunicamos con fundamento en lo establecido por los artículos 6º, 11 fracción XVII y demás relativos y aplicables del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado, relacionado con el artículo 22 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, el acuerdo que recayó a sus peticiones formuladas a este Poder legislativo con fecha 10, 11 y 16 de abril del presente año, en los cuales, reitera la petición de que le sea contestado su libelo de fecha 8 del mismo mes y año, así como complementado con diversas manifestaciones la solicitud de su integración a esta Legislatura, a lo que le informamos lo siguiente:

Toda vez que se le notificó el pasado 16 de abril del presente año, el acuerdo tomado por esta Soberanía en sesión ordinaria celebrada el 10 de abril del año que corre, en el que se acordó su petición realizada el día 8 del mismo mes y año, en el que se le comunicó que este Poder Soberano no está en aptitud de acceder a su petitoria, en virtud del conocimiento que esta legislatura tiene, de que está pendiente de resolverse diverso juicio de amparo que conoce el H. Tercer Tribunal Colegiado y hasta en tanto no se reciba la sentencia emitida por dicha instancia se determinará lo conducente.

Por tal motivo, se da contestación a sus diversas peticiones, informándole que deberá estarse a lo proveído en la sesión ordinaria de fecha 10 de abril del presente año, en el sentido de que existe una resolución que lo inhabilita para ocupar un cargo o puesto en el servicio público por el término de diez años, sin que exista una medida cautelar que suspenda la ejecución de dicha sanción.

Este Órgano Parlamentario no pasa por alto la impugnación realizada en contra de dicho resolutivo, por lo que una vez que se reciba comunicado en el que se ordene la confirmación o la revocación de la sanción mencionada, se acordará lo que en derecho proceda.

POR LA DIPUTACIÓN PERMANENTE

DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO

DIP. JUAN PABLO ESCOBAR MARTÍNEZ

DIP. EFRAÍN GARCÍA ROSALES

PRESIDENTE

SECRETARIO"

II. Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales. No conforme con la resolución antes transcrita, el dos de septiembre siguiente, Rogelio Camarillo Martínez promovió juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, ante el Congreso de la entidad referida, señalando lo siguiente:

"AGRAVIOS

Por razón de método es menester examinar en primer término la procedencia de la presente acción de Protección de los Derechos Político Electorales, que se formula, en atención a los siguientes razonamientos, en el caso que nos ocupa es de explorado derecho por ese H. Tribunal en casos similares que la Ley Electoral del Estado de San Luis Potosí, no prevé recurso alguno, ante una violación de los Derechos Político electorales, por lo que constituye una excepción legal y manifiesta al principio de definitividad, que rige al enjuiciamiento mexicano, en tal virtud resulta competente para conocer y resolver el presente asunto esa Sala Superior del Tribunal Federal Electoral.

Por otra parte esa Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es competente para conocer y resolver estos medios de impugnación, con fundamento en los artículos 41, párrafo segundo, base VI, y 99, párrafo cuarto fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 184, 186, fracción III, inciso c) y 189, fracción I inciso f), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 4 y 83, párrafo 1, inciso b) de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, por tratarse de un juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, promovido por un ciudadano, para impugnar actos de un congreso local, que considera violatorio de su derecho político-electoral de ser votado, su consecuente derecho de ejercer el Cargo para el que resulto electo el hoy accionante es decir de Diputado electo a la LVIII Legislatura.

Ello en razón de que, ese órgano jurisdiccional estima que el presente juicio es improcedente, en atención a lo establecido en el artículo 99, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el numeral 79 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, por lo que el actor impugna un acto que sí corresponde a la naturaleza electoral, en atención a que, por una parte la Constitución Particular del Estado en su artículo 27 dice:

Artículo 27. Las prerrogativas de los ciudadanos potosinos se suspenden:

I.

II.

III.

IV. Por incapacidad legal declarada en sentencia firme que imponga como pena esta suspensión.

Artículo 46. Para ser diputado se requiere:

I.

II.

III. No haber sido condenado por sentencia firme por la comisión de delitos dolosos que hayan ameritado pena de prisión.

Precepto que relacionado con los artículos 108, 109 y 110 de la General de la Republica señalan y exigen que para la pérdida de derechos políticos es requisito sine qua non la existencia de una sentencia firme que imponga como pena la incapacidad legal para ejercer cargo público alguno es decir que exista sentencia firme que inhabilite al gobernado a votar y ser votado es decir electo y en consecuencia a no poder ejercer el cargo para el que resultó electo.

Circunstancia que como se advierte del capítulo de hechos en especie no se actualiza toda vez que, en el caso que nos ocupa y como está acreditado mediante la copia certificada de los periódicos oficiales del Estado de San Luis Potosí de fechas 30 de mayo y 14 de septiembre del año 2006 se acredita que, en fecha 30 de abril de 2006, el impetrante de la acción de protección de derechos político-electorales, quedó registrado ante el Consejo Estatal Electoral como candidato a diputado suplente en fórmula con el diverso candidato a diputado propietario Roberto Cervantes Barajas, en la lista de Candidatos a Diputados por el principio de Representación Proporcional, del Partido de la Revolución Democrática, a fin de integrar la Legislatura LVIII del H. Congreso del Estado de San Luis Potosí, por el periodo comprendido del año 2006 al 2009, correspondiéndole a la citada fórmula el número tercero a la lista registrada aquí reseñada, lista que fue dictaminada publicada en el Periódico Oficial del Estado de San Luis Potosí, hecho que se acredita con la copia fotostática certificada de dicho documento y que en fecha 14 de septiembre de 2006, fue publicado el Periódico Oficial del Estado, del que se desprende la integración definitiva de la LVIII Legislatura del Estado de San Luis Potosí, obrando en dicho libelo tanto relación donde los diputados electos por el principio de Mayoría Relativa como la de Diputados Electos por el Principio de Representación Proporcional, esta última donde bajo el número Ordinario identificado como 24, se encuentra la fórmula integrada por Roberto Cervantes Barajas como diputado propietario y como su suplente Rogelio Camarillo Martínez.

Y si bien es cierto el aquí accionante se encuentra sujeto a un procedimiento de responsabilidades de servidores públicos incoado en su perjuicio por el H. Presidente Municipal del Municipio de Soledad de Graciano Sánchez y el órgano de control interno del mismo, dicho procedimiento se encuentra sub judice pues como se ha examinado en el capítulo de hechos se encuentra pendiente de resolverse el juicio de nulidad 52/2007 del que, incluso contrario a lo esgrimido por el presidente de la mesa directiva del Congreso del Estado de San Luis Potosí, Diputado Juan Pablo Escobar ante el Juez tercero de distrito al dar cumplimiento a la sentencia amparista de que no ocupa el cargo por estar inhabilitado y estar pendiente la sentencia de amparo directo, que se pronuncie por el tercer tribunal colegiado del noveno circuito, el mismo ya emitió sentencia dentro del toca 191/2008 de su índice el cual fue concedido en el sentido de otorgar el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para el efecto de que valore la totalidad de las pruebas que el mismo ordena y que no hizo en la sentencia de origen el Tribunal Local de la legalidad para lo cual en cumplimiento a dicha sentencia amparista indebida e ilegalmente el Tribunal Estatal de lo Contencioso Administrativo del Estado, emite nueva resolución la cual fue puesta en conocimiento del aquí parte actora en fecha 13 de Agosto de 2008, la cual será impugnada nuevamente en acción de amparo y recurso de queja por exceso en la ejecución, medios de impugnación que se encuentran todavía dentro de los términos establecidos por la ley de amparo en sus artículos 21 y 95 respectivamente por lo cual no puede estimarse bajo ninguna circunstancia que la inhabilitación que para ocupar el cargo de diputado local aduce el Presidente de la mesa directiva del Congreso del Estado, sea legal pues la misma supuesta inhabilitación no está firme es decir no existe sentencia ejecutoria alguna hasta este momento en ese sentido.

Siendo igualmente, in atinado e ilegal el razonamiento expresado por el presidente de la mesa directiva ya reseñada al sostener en el cumplimiento a la sentencia de amparo 564/2008 del índice del Juzgado Tercero del Distrito que sobre dicha inhabilitación pesa el que no exista inhabilitación alguna contra dicho proceder, afirmación de suyo no sólo in atinada si no falaz e ilegal toda vez que del sumario de amparo 486/2008 que se acompaña a la presente se advierte que el hoy actor si tuvo no sólo la suspensión provisional sino la definitiva sobre cualquier acto tendiente a que se ejecutara la inhabilitación de marras.

Independientemente de lo anterior en un caso como el que nos ocupa como es de explorado derecho y jurisprudencia no se necesita de suspensión alguna, mientras no exista sentencia ejecutora firme máxime cuando está pendiente de resolverse juicio de amparo directo como en la especie ocurre y ocurrió en su momento en el toca 191/2008 del índice del Tercer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito y en este momento pendiente de interponerse como ya se anticipó nuevo juicio de amparo directo y recurso de queja dado al cumplimiento de la sentencia de amparo 191/2008 del ya referido tribunal colegiado, lo que se traduce nuevamente en que no existe sentencia ejecutoriada alguna de inhabilitación para ocupar cargo público alguno como el de diputado local como al que al hoy actor se priva del ejercicio del mismo cuando es un derecho consecuente de los derechos políticos de votar y ser votado.

Ello es así toda vez que, como ya se anticipó es de explorado derecho y jurisprudencia que, en un caso como el que nos ocupa, se infringe el principio de unidad y continencia de la causa jurisdiccional, que es pasado por alto por la autoridad aquí demandada hecho que se hace valer ante este H. Tribunal.

En razón de que, dicho principio sobre el que inclusive el Poder Judicial de la Federación ha definido conceptualmente, en una serie de tesis jurídicas aplicables a dichos principios, que se traduce de manera muy simple que consiste, en la unidad que debe existir en todo juicio, sólo puede declararse irrevocable en forma total y completa, esto es, por todas las acciones y excepciones que dieron origen a la misma; en esas condiciones al recurrirse la sentencia de primera instancia, hace que la misma quede sub judice en su integridad y si el tribunal de alzada estime que en alguna de las acciones o excepciones, existió una violación procedimental que amerita la reposición del proyecto natural, ello implica que debe de dejarse insubsistente la totalidad de la mencionada sentencia de primer grado; sin embargo, también debe de decirse que tal circunstancia no significa que el Juez natural no deba de reiterar las consideraciones y decisiones que no fueron materia de la apelación o que no fueron modificadas por el tribunal de segunda instancia, circunstancias las anteriores que en la especie se actualizan al estar incluso como ya se ha anticipado resuelto favorablemente al aquí accionante el juicio de amparo directo promovido ante el Tercer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, registrado bajo el numero 191/2008 de su índice y pendiente de presentarse y promoverse la nueva demanda de amparo y el recurso de queja por exceso en el cumplimiento al toca aquí referido, lo cual hace evidente por sí solo la imposibilidad jurídica de la in atinada e ilegal pretendida inhabilitación que no satisface en las circunstancias apuntadas el requisito de procedibilidad de sentencia ejecutoria que nos conduzcan en un supuesto in admitido a la inhabilitación de marras y su ejecución por las autoridades responsables de la misma en un momento determinado.

De ahí que, como lo ha sostenido esa H. Sala Superior, tal como en el caso ocurre que, el derecho a ser votado también comprende la permanencia en el cargo de elección popular, razón por la cual su afectación puede tutelarse a través del juicio para la protección de los derechos político-electorales cuando la destitución de un candidato tienen su origen en una medida excepcional de naturaleza político-legislativa, que constituye uno de los medios de control político, previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que escapa de la jurisdicción del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y por tanto no puede ser objeto de impugnación a través del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, sino de diversos procedimientos jurisdiccionales como juicio de nulidad amparo y sus recursos como en la especie se acredita, la privación reclamada y la inexistencia de sentencia ejecutoria que conduzca a la inhabilitación para ocupar cargo publico alguno."

III. Recepción y oficio de remisión. La autoridad responsable, en cumplimiento a lo dispuesto en los numerales 17, párrafo 1 y 18, párrafos 1, incisos a), b), e) y f), y 2 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, dio trámite al presente juicio; lo publicitó durante setenta y dos horas, sin que en dicho plazo haya comparecido tercero interesado y, posteriormente, el nueve de septiembre del año que transcurre, rindió el informe circunstanciado y remitió la demanda a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

IV. Recepción en Sala Superior y auto de remisión. Por proveído de nueve de septiembre de dos mil ocho, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, determinó que el conocimiento del asunto correspondía a esta Sala Regional y ordenó su remisión para los efectos previstos en el artículo 19 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

V. Recepción en Sala Regional y acuerdo de turno. Por auto del once de septiembre siguiente, la Magistrada Presidenta de esta Sala Regional ordenó integrar el expediente respectivo, registrarlo en el libro de gobierno y turnar los autos a la Ponencia del Magistrado Rubén Enrique Becerra Rojasvértiz, para los efectos del artículo 19 de la ley en comento, mismo que se cumplimentó mediante oficio TEPJF-SGA-SM-17/2008, de la misma fecha, suscrito por el Secretario General de Acuerdos de este órgano jurisdiccional.

VI. Radicación y requerimiento. Mediante proveído de veintiséis de septiembre del año en curso, el Magistrado Instructor radicó el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano indicado al rubro y requirió a la responsable y a otras autoridades diversa documentación, a efecto de integrar debidamente el expediente de mérito.

VII. Cumplimiento de requerimiento, admisión y cierre de instrucción. Por auto de seis de noviembre del año en curso, se tuvieron por cumplimentados los requerimientos formulados y se admitió a trámite el presente juicio; a su vez, mediante proveído de once del mismo mes y año, se declaró cerrada la instrucción, con lo cual quedaron los autos en estado de resolución; y

C O N S I D E R A N D O :

PRIMERO. Jurisdicción y Competencia. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ejerce jurisdicción y esta Sala Regional, correspondiente a la Segunda Circunscripción Plurinominal Electoral Federal, es competente para conocer y resolver el presente juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 41, Base VI y 99, párrafo cuarto, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 184, 185, 186, fracción III, inciso c), 192, párrafo primero y 195, fracción IV, inciso b), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 4, párrafo 1, 79, párrafo 1 y 80, párrafo 1, inciso f), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, por tratarse de un juicio promovido por un ciudadano en el que hace valer violaciones a su derecho de ser votado, en su modalidad de acceso al cargo público para el que fue electo.

SEGUNDO. Causales de improcedencia y sobreseimiento. Esta Sala Regional analizará, en primer término, las causales de improcedencia hechas valer por el órgano responsable.

En ese tenor, el Congreso del Estado de San Luis Potosí, por conducto del Presidente de la Diputación Permanente, alegó la presentación extemporánea de la demanda ciudadana, expresando lo que a continuación se transcribe:

"De lo anterior, tomando en cuenta que el Profesor Rogelio Camarillo Martínez, con fecha 8 de abril del presente año, presentó escrito ante la Oficialía de Partes de este Poder Legislativo, en el cual solicitó su incorporación a las funciones legislativas, esto en razón de enterarse por los medios de comunicación de la separación del cargo de que fue objeto el Licenciado Roberto Cervantes Barajas, esa fecha es la que debe tomarse como cierta de su conocimiento de los actos que se generaron a esta Soberanía.

Así mismo, con fecha 16 de abril del año que corre, se le notificó por parte de este órgano parlamentario la imposibilidad de acceder a su petición en razón de saber que existe una inhabilitación que pesa en su contra, y la cual seguía combatiendo.

Esta fecha, 16 de abril de 2008, es la que sirve como base para computar el término que el actor tuvo para acceder su derecho en caso de que lo considerase pertinente, y al no haberlo ejercido en tiempo y forma, el mismo le precluyó."

Esta Sala considera infundada la manifestación de la responsable en el primer párrafo transcrito, toda vez que el hecho de que el actor se haya enterado por los medios de comunicación, desde el ocho de abril del año en curso, de la separación del cargo de diputado de que fue objeto su compañero de fórmula, Roberto Cervantes Barajas, no puede tomarse como la fecha de inicio del plazo con que contaba para promover el juicio que nos ocupa, ya que el mismo debe correr a partir de que tiene conocimiento de los fundamentos y motivos legales que tuvo la responsable para no llamarlo a ocupar la vacante referida, no obstante su carácter de suplente.

Por otro lado, respecto a la supuesta notificación al actor, practicada el dieciséis de abril del presente año por parte del citado órgano legislativo, de un oficio en el que se le informó que no era posible llamarlo a ocupar el cargo en mención, en virtud de que se encontraba pendiente de resolución un juicio de amparo, a foja 139 del cuaderno principal del expediente en que se actúa, únicamente obra la copia certificada de un oficio redactado en los términos señalados, el cual es firmado por la Directiva del aludido congreso local, y dirigido al promovente, en cuya parte superior aparece una leyenda de acuse de recibo, escrita a mano, que señala lo siguiente: "Gustavo Ruiz Leal 16-04-08 11:18 [rúbrica] que se identifica con credencial de IFE N’3803050926640 siendo las 11:20 horas del día 16 abril 2008. Gustavo Ruiz Leal". Sin embargo, de las constancias que obran en autos, no se advierte quién es la persona que aparentemente recibe el oficio señalado, el carácter con el que actúa, ni el motivo por el cual se entendió la diligencia con dicha persona y no directamente con el actor.

En tal virtud, resulta igualmente infundada la causal de improcedencia alegada por la responsable, pues no se demuestra de manera fehaciente que el promovente haya sido enterado del oficio en mención.

Lo anterior es así, toda vez que la responsable no acredita las circunstancias de modo y lugar de la diligencia de notificación en comento, pues no existe constancia del domicilio en que se llevó a cabo, ni los motivos por los cuales se entendió con persona distinta al interesado. En este contexto, resulta imposible determinar que el actor haya tenido pleno conocimiento de las razones expuestas en el oficio señalado para negar sus pretensiones, y que en esa medida haya estado en aptitud y oportunidad de ejercer su derecho de defensa.

Por otro lado, la responsable sostiene que el derecho subjetivo que el actor estima violado no se encuentra dentro de los que tutela la vía intentada, pues señala que el juicio para la protección de los derechos político–electorales del ciudadano únicamente procede en tratándose de promoventes "que pretendan contender en los comicios electorales, o en afiliarse y/o asociarse en los partidos políticos; es decir, en actos preelectorales que serán desarrollados en un proceso electoral venidero, y no en defensa de actos que cometan los ciudadanos cuando ocupen cargos como servidores públicos y, de los cuales, se les genere responsabilidad administrativa por el mal manejo de recursos del erario público." Bajo esta línea argumentativa, el órgano legislativo en mención considera que "el actor se encuentra impugnando un acto que no corresponde a la materia electoral, sino más bien a un acto generado de un procedimiento administrativo en el cual se está enjuiciando el mal manejo que realizó del erario público, y que tuvo como consecuencia la inhabilitación temporal de diez años para volver a ocupar un puesto o cargo público".

A juicio de esta Sala, el anterior planteamiento resulta infundado, en atención a lo que a continuación se expone.

De conformidad con el artículo 79 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, el juicio para la protección de los derechos político–electorales del ciudadano sólo procederá cuando el ciudadano, por sí mismo y en forma individual, haga valer presuntas violaciones a sus derechos de votar y ser votado en las elecciones populares, de asociarse individual y libremente para tomar parte en forma pacífica en los asuntos políticos o de afiliarse libre e individualmente a los partidos políticos.

Asimismo, se ha interpretado que este juicio también procede cuando se reclame la violación a otros derechos fundamentales, pero relacionados directamente con los derechos político–electorales a que se hace referencia en el artículo 79 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, tal como lo determinó la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al establecer la jurisprudencia S3ELJ 36/2002, consultable en las páginas 164–165 de la Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, de rubro: "JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES DEL CIUDADANO. PROCEDE CUANDO SE ADUZCAN VIOLACIONES A DIVERSOS DERECHOS FUNDAMENTALES VINCULADOS CON LOS DERECHOS DE VOTAR, SER VOTADO, DE ASOCIACIÓN Y DE AFILIACIÓN".

En tal virtud, es menester que esta Sala establezca los alcances protectores del derecho político–electoral de ser votado en las elecciones populares, a efecto de dilucidar si la violación reclamada por el actor se incluye dentro de su tutela.

Al respecto, cabe mencionar que el derecho de voto pasivo no es un fin en sí mismo, sino un medio para lograr la integración de los órganos del poder público de los órdenes de gobierno federal, estatal y municipal, representativos de la voluntad popular, a través del sufragio universal, libre, secreto y directo de los ciudadanos, según lo disponen los artículos 35, fracciones I y II, 36, fracción IV, 39, 40, 41, párrafos primero y segundo, 115, fracción I, y 116, fracción I, de nuestra Constitución Federal.

Así, la realización de elecciones libres, auténticas y periódicas, son el medio por el que los ciudadanos, mediante el ejercicio de su derecho de voto activo, eligen a los representantes populares, a través de los cuales el pueblo habrá de ejercer su soberanía.

En esta tesitura, el derecho a votar y ser votado, no puede agotarse con la emisión del sufragio en las elecciones de que se trate, ni con la obtención, por parte de un candidato postulado, de un determinado número de votos a su favor; por el contrario, la tutela efectiva de estos derechos debe abarcar la consecuencia jurídica resultante de la celebración de la elección respectiva, consistente en que el candidato electo ocupe y desempeñe el cargo para el que fue elegido, durante el período correspondiente.

Bajo estas condiciones, de considerarse que el derecho pasivo del voto únicamente comprende la postulación de un ciudadano como candidato a un cargo, se llegaría al absurdo de concluir que el constituyente previó la vía para tutelar judicialmente el medio o instrumento previsto para alcanzar un fin, y dejó de lado la protección de este último.

Efectivamente, admitir que mediante actos posteriores a la declaración de quien haya resultado vencedor en una elección popular, se impida el acceso al cargo de mérito, conduciría a considerar a las elecciones populares como un mero trámite de carácter formal, cuyos resultados estuvieran al arbitrio de quienes integran los distintos órganos públicos.

En esta tesitura, contrario a lo sostenido por la responsable, los actos que trasciendan en lo referente al acceso a un cargo de elección popular, como sucede en la especie, quedan comprendidos dentro del derecho de ser votado, y por lo tanto son susceptibles de examen a través del juicio para la protección de los derechos político–electorales del ciudadano.

Es menester señalar que respecto a la conclusión apuntada, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se ha expresado en forma coincidente, en las tesis XIV/2007 y XVIII/2007, aprobadas mediante sesiones públicas celebradas los días doce y veintiuno de septiembre de dos mil siete, respectivamente, mismas que son del tenor literal siguiente:

"JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES DEL CIUDADANO. LA REMOCIÓN DEL COORDINADOR DE UNA FRACCIÓN PARLAMENTARIA NO ES IMPUGNABLE. (Legislación de Campeche).—De la interpretación de los artículos 35, fracción II, 39, 41, primero y segundo párrafos, 115, fracción I, 116, párrafo primero, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 9, párrafo 3 y 79, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; en relación con el régimen parlamentario de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Campeche, se concluye que la remoción del coordinador de una fracción parlamentaria que efectúe su partido político, no es objeto de control a través del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, pues tal cargo pertenece al ámbito del derecho parlamentario, y en esa medida, participa de la naturaleza estructural interna del Congreso del Estado, pues la leyes orgánicas correspondientes por lo general, prevén que la finalidad de los grupos parlamentarios es coadyuvar al mejor desarrollo del proceso legislativo, además de que se constituirán como tales, por decisión de sus miembros. Así, los grupos parlamentarios sólo representan una manera de organización del trabajo legislativo, ya que no son órganos de decisión en sí mismos, pues sólo realizan actividades preliminares a través de sus integrantes en las distintas comisiones que se reflejan en los proyectos, dictámenes, opiniones o informes, que luego son sometidos al Pleno del Congreso, sin que el coordinador tenga facultades de votar en nombre de los integrantes del grupo, si no que cada integrante emitirá su propio voto. A su vez, en cuanto a los derechos político-electorales debe decirse que el derecho de afiliación, no se ve trastocado con la remoción mencionada, a pesar de realizarse por su propio partido, puesto que no existe un derecho a ser coordinador parlamentario, salvo que los estatutos partidistas así lo dispongan. En todo caso, en este punto, el derecho que tienen los militantes es el de participar en la dirección del partido, el cual no se ve afectado con la remoción de coordinador parlamentario. Por su parte, el derecho a ser votado tampoco se afecta porque, implica, al igual que los demás derechos derivados de éste, la situación jurídica de igualdad en los distintos aspectos que lo conforman, es decir, igualdad para competir en un proceso electoral, ser proclamado electo, y ocupar materialmente y ejercer el cargo (acceder) por el ciudadano que haya sido electo. Respecto a los dos primeros aspectos, se traducen en que todos los ciudadanos deben gozar de iguales posibilidades sin discriminación, de tal manera que se garanticen que puedan ser igualmente elegibles y, en caso de obtener la mayoría de la votación emitida, ser declarado funcionario electo. Igualmente, comprenden el establecimiento en la ley de los elementos materiales necesarios que generan para los ciudadanos postulados como candidatos, una contienda equitativa. Finalmente, ocupar materialmente el cargo, se traduce en que el candidato ganador sea proclamado funcionario electo y tome posesión del cargo. Sin embargo, el derecho de acceso al cargo se agota, precisamente, en el establecimiento y garantía de esas condiciones de igualdad para ocupar y para ejercer la función pública correspondiente, por lo que la función para la cual fue proclamado, no se refiere a situaciones jurídicas derivadas o indirectas de las funciones materiales desempeñadas por el servidor público.

Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. SUP-JDC-144/2007. Actor: Mario Enrique Pacheco Ceballos. Responsable: Presidenta del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional en Campeche. 21 de marzo de 2007. Mayoría de cinco votos. Engrose: Pedro Esteban Penagos López. Disidentes: María del Carmen Alanis Figueroa y Manuel González Oropeza. Secretaria: Claudia Pastor Badilla.

DERECHO POLÍTICO-ELECTORAL DE SER VOTADO. SU TUTELA EXCLUYE LOS ACTOS POLÍTICOS CORRESPONDIENTES AL DERECHO PARLAMENTARIO.—La interpretación de los artículos 35, fracción II, 39, 41, primero y segundo párrafos, 115, fracción I, y 116, párrafo primero, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lleva a establecer que el objeto del derecho político-electoral de ser votado, implica para el ciudadano, dentro de un marco de igualdad, tanto la posibilidad de contender como candidato a un cargo público de elección popular, como ser proclamado electo conforme con la votación emitida, lo mismo que acceder al cargo, aspectos que constituyen el bien protegido o tutelado jurídicamente por el ordenamiento. El derecho de acceso al cargo se agota, precisamente, en el establecimiento de las garantías y condiciones de igualdad para ocupar el cargo y para el ejercicio de la función pública correspondiente. Sin embargo, este derecho no comprende otros aspectos que no sean connaturales al cargo para el cual fue proclamado, ni se refiere a situaciones jurídicas derivadas o indirectas de las funciones materiales desempeñadas por el servidor público. Por tanto, se excluyen de la tutela del derecho político-electoral de ser votado, los actos políticos correspondientes al derecho parlamentario, como los concernientes a la actuación y organización interna de los órganos legislativos, ya sea por la actividad individual de sus miembros, o bien, por la que desarrollan en conjunto a través de fracciones parlamentarias o en la integración y funcionamiento de las comisiones, porque tales actos están esencial y materialmente desvinculados de los elementos o componentes del objeto del derecho político-electoral de ser votado.

Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. SUP-JDC-1711/2006.—Actores: Dante Delgado Rannauro y otros.—Autoridades responsables: Junta de Coordinación Política y Pleno de la H. Cámara de Senadores del Congreso de la Unión.—7 de diciembre de 2006.—Mayoría de cinco votos.—Ponente: María del Carmen Alanis Figueroa.—Disidentes: Flavio Galván Rivera y Manuel González Oropeza.—Secretario: Armando Cruz Espinosa."

(Los énfasis y subrayados son nuestros).

Por otro lado, respecto a lo alegado por la responsable, en el sentido de que el actor pretende combatir el resultado de un procedimiento de responsabilidad administrativa, y no un acto de naturaleza electoral, resulta infundado, en atención a lo que se expone enseguida.

En primer lugar, se tiene en cuenta que la petición del actor consiste en acceder al cargo de diputado para el que fue electo con el carácter de suplente, ante la ausencia del propietario. Por su parte, la causa de pedir estriba en que, a juicio del incoante, la sanción de inhabilitación que pesa en su contra no constituye un obstáculo para ocupar el cargo de referencia, en atención a que la misma aún es susceptible de ser anulada, a través del juicio de amparo directo que al efecto promovió.

Como es de observarse, el actor no combate en modo alguno la sanción administrativa en comento, pues únicamente pone en tela de duda si, dado el estado procesal de la misma, constituye un impedimento válido para acceder al cargo para el que fue electo, aspecto que, tal y como se sostuvo, se encuentra incluido en el ámbito protector del derecho político–electoral de ser votado.

TERCERO. Requisitos del medio de impugnación.

1. Requisitos de la demanda. El presente medio de impugnación cumple con los requisitos previstos en el artículo 9 párrafo 1 de la ley general citada, pues del escrito de demanda se desprende: el nombre del actor, su domicilio para recibir notificaciones, la identificación del acto impugnado, los hechos y agravios expresados, el ofrecimiento de pruebas y la firma autógrafa del incoante.

2. Requisitos especiales de procedibilidad. Se surten las exigencias establecidas en el artículo 79 de la ley adjetiva de la materia, en atención a que el actor acude ante este órgano jurisdiccional en forma individual, para hacer valer presuntas violaciones a su derecho político–electoral de ser votado, ante la negativa a ser llamado para tomar posesión como diputado en un congreso local, dado su carácter de suplente, ante la ausencia del propietario.

3. Oportunidad. Este órgano jurisdiccional sostiene que el presente medio de impugnación se presentó oportunamente, atento a las consideraciones que a continuación se exponen.

Los artículos 7 y 8 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral disponen lo siguiente:

Artículo 7

1. Durante los procesos electorales todos los días y horas son hábiles. Los plazos se computarán de momento a momento y si están señalados por días, éstos se considerarán de veinticuatro horas.

2. Cuando la violación reclamada en el medio de impugnación respectivo no se produzca durante el desarrollo de un proceso electoral federal o local, según corresponda, el cómputo de los plazos se hará contando solamente los días hábiles, debiendo entenderse por tales todos los días a excepción de los sábados, domingos y los inhábiles en términos de ley.

Artículo 8

1. Los medios de impugnación previstos en esta ley deberán presentarse dentro de los cuatro días contados a partir del día siguiente a aquél en que se tenga conocimiento del acto o resolución impugnado, o se hubiese notificado de conformidad con la ley aplicable, salvo las excepciones previstas expresamente en el presente ordenamiento.

De lo anterior, se advierte que el plazo de cuatro días para presentar la demanda del medio de impugnación de que se trate, inicia a partir del día siguiente a aquél en que se tenga conocimiento del acto o resolución impugnado, o se hubiese notificado de conformidad con la ley aplicable.

Asimismo, se establece que durante un proceso electoral, todos los días y horas son hábiles, y que cuando la violación reclamada en el medio de impugnación no se produzca durante un proceso electoral federal o local, según corresponda, el cómputo de los plazos se hará contando solamente los días hábiles, debiéndose entender como tales todos los días, a excepción de los sábados, domingos y los inhábiles en términos de ley.

Al respecto, por proceso electoral debe entenderse el conjunto de actos previstos constitucional y legalmente para renovar, mediante elecciones libres, auténticas y periódicas, a los integrantes de los poderes ejecutivo y legislativo de la federación, de las entidades federativas y del Distrito Federal, así como de los ayuntamientos en los municipios de los estados y de las jefaturas delegacionales en el Distrito Federal, en términos de lo establecido en los artículos 41, segundo párrafo, 116, fracción IV y 122, Base Primera, fracción V, inciso f), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Ahora bien, es preciso recordar que uno de los principios que rigen la materia sujeta a estudio, es el de definitividad de las etapas que conforman los procesos electorales, lo cual significa que los actos emitidos por las autoridades electorales van a adquirir definitividad y firmeza una vez concluida la etapa en la que se produjeron, dando paso a la siguiente, a efecto de brindar certeza respecto a la validez de dichos actos, sin que exista la posibilidad jurídica de anularlos y retroceder así a una etapa previa.

En este contexto, resulta acertada la previsión legislativa referente a que el cómputo de los plazos para la interposición de los medios de impugnación en materia electoral, en tratándose de actos emitidos dentro de un proceso electoral federal o local, se realice tomando en cuenta todos los días y horas como hábiles, pues se persigue la resolución pronta de las controversias planteadas, en atención a la brevedad y fatalidad que caracteriza a los plazos que rigen las etapas de los referidos procesos electorales, reduciendo de esta manera el riesgo de que los actos cuya legalidad se cuestiona adquieran firmeza antes resolver las impugnaciones de mérito.

Bajo esta perspectiva, en tratándose de actos que no guarden relación con un proceso electoral en curso, y su emisión únicamente coincida en el ámbito temporal con el desarrollo de este último, resulta incongruente aplicar el mismo criterio en el cómputo de los plazos procesales, toda vez que no existe riesgo alguno de que el paso a la siguiente etapa del referido proceso electoral, traiga como consecuencia natural la definitividad y firmeza de los actos impugnados, y con ello la imposibilidad jurídica de resolver los medios de impugnación respectivos.

Entonces, cuando el artículo 7, párrafo 2, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, establece que "cuando la violación reclamada en el medio de impugnación respectivo no se produzca durante el desarrollo de un proceso electoral federal o local, según corresponda, el cómputo de los plazos se hará contando solamente los días hábiles", el término durante no debe ser entendido en un sentido de vinculación únicamente temporal, sino también material, en atención a los ya expuestos fines que persiguió el legislador, al estatuir la reglamentación que se analiza.

Lo anterior es así, en observancia al principio pro homine, previsto en los artículos 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, según el cual la interpretación jurídica siempre debe buscar el mayor beneficio para el hombre, es decir, debe acudirse a la norma más amplia o a la interpretación extensiva cuando se trata de derechos protegidos y, por el contrario, a la norma o a la interpretación más restringida, cuando se trata de establecer límites a su ejercicio. Acorde a esta máxima obligatoria, la interpretación de la hipótesis normativa sujeta a estudio debe reducir en lo posible sus alcances jurídicos, pues de lo contrario se acortaría injustificadamente el plazo por el cual se puede solicitar la tutela judicial de un derecho sustantivo que se estima violado, lo que restringiría indebidamente la efectividad material del derecho de acceso a la justicia, garantizado por el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 25, párrafo 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 3, párrafo 3, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Resulta preciso señalar, que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha compartido el criterio que hoy se sostiene, al resolver los precedentes identificados bajo las claves SUP-JDC-656/2005, SUP-RAP-70/2005 y SUP-RAP-72/2005.

En abono a lo anterior, resulta ilustrativa –mutatis mutandis– la tesis II/2008, aprobada por unanimidad de los integrantes de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en sesión celebrada el veintitrés de enero del año en curso, misma que es del tenor literal siguiente:

"RECURSO DE APELACIÓN. EL PROMOVIDO DENTRO DE LOS CINCO DÍAS PREVIOS A LA ELECCIÓN, NO VINCULADO CON LA JORNADA ELECTORAL O SUS RESULTADOS, SE DEBE RESOLVER DE MANERA AUTÓNOMA (Legislación de Aguascalientes).—El artículo 284, primer párrafo, del Código Electoral del Estado de Aguascalientes establece que el recurso de apelación que se presente dentro de los cinco días anteriores a la celebración de la jornada electoral debe ser resuelto junto con el o los recursos de nulidad interpuestos contra los resultados de la misma, con los cuales guarde relación y que de no existir esta conexidad, la apelación debe ser archivada como asunto definitivamente concluido. De la interpretación sistemática y funcional de ese precepto en relación con los artículos 17, fracción IV, sexto párrafo, de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes; 245, fracción I, 283 y 285, del Código Electoral del Estado, es posible advertir que esa limitante sólo debe ser aplicable a los actos relacionados, inmediata y directamente con el desarrollo de la jornada electoral o con sus resultados, no respecto de otros actos o resoluciones, diferentes o independientes. Por tanto, el recurso de apelación, promovido dentro del plazo legal de referencia, si no está vinculado, de manera inmediata y directa, con el desarrollo de la jornada electoral o los resultados de la elección, como el promovido contra actos o resoluciones del procedimiento administrativo sancionador electoral, se debe sustanciar y resolver de manera autónoma. Esto es así, pues, de ordenar el archivo del citado recurso, como asunto definitivamente concluido, por no guardar conexidad con un recurso de nulidad, dejando de resolver la litis, implicaría un caso de denegación de justicia, permitiendo que determinados actos o resoluciones electorales, por la sola fecha de su impugnación, quedaran fuera del control jurisdiccional, de constitucionalidad y legalidad, apartándose de lo previsto en los artículos 17, 41, párrafo segundo, base IV; 99, párrafo cuarto, fracción IV, y 116, párrafo segundo, fracción IV, inciso d), todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-230/2007. Actora: Coalición "Alianza en Acción por Aguascalientes". Autoridad responsable: Tribunal Local Electoral del Poder Judicial del Estado de Aguascalientes. 12 de septiembre de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: Flavio Galván Rivera. Secretario: Jacob Troncoso Ávila."

Así las cosas, de una interpretación sistemática y funcional de los artículos 17, 41, Base VI, 116, segundo párrafo, fracción IV, inciso m), y 122, párrafo cuarto, apartado C, Base Primera, fracción V, inciso f), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 25, párrafo 1, y 29, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 3, párrafo 3, y 5, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 1, 2, párrafo 1, 3, párrafo 1, inciso b), 7 y 8, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; debe concluirse que en tratándose de actos que no guarden una vinculación directa y material con el proceso electoral de que se trate, no obstante que su emisión sea simultánea al desarrollo del mismo, el cómputo de los plazos procesales deberá hacerse contando únicamente los días hábiles, debiendo entenderse por tales todos los días, a excepción de los sábados, domingos y los inhábiles en términos de ley.

En el caso que nos ocupa, el promovente señala que fue hasta el uno de septiembre del presente año, cuando tuvo conocimiento del acto reclamado, tal y como lo narra en su escrito de demanda (foja 009 del expediente principal):

"ACTO O RESOLUCIÓN IMPUGNADA EN LA ACCIÓN DE PROTECCIÓN DE DERECHOS POLÍTICO–ELECTORALES.

La privación de mis derechos políticos electorales consagrados en los artículos 35, de la Constitución General de los Estados Unidos Mexicanos, de votar y ser votado, entendidos como el derecho de votar y ser votado es decir electo y desempeñar el cargo para el que fui electo (diputado Local por el Estado de San Luis Potosí), por el Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, que no me llamó a ocupar dicho encargo posterior a la inhabilitación del Diputado Propietario el Lic. Roberto Cervantes Barajas, con quien resulte electo como diputado suplente en la fórmula Plurinominal por el Partido de la Revolución Democrática en las elecciones del pasado 2 de julio de 2006, por el período comprendido del 2006 al 2009, el cual hasta el día 01 de septiembre de 2008, para integrar la LVIII Legislatura, sin conocer las razones o motivos de tal proceder hasta la fecha 01 de septiembre de 2008 en que causó ejecutoria la sentencia de amparo 564/2008 del índice del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, formulado por violaciones al derecho de petición a el Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado y del Congreso del Estado, es que tuve conocimiento de que no había sido a [SIC] formar parte de la legislatura en cuestión por una sentencia derivada de un procedimiento administrativo de responsabilidad de servidor público, lo cual no es cierto pues, no pesa resolución ejecutoria alguna en mi perjuicio, que imponga tal inhabilitación, de ahí la ilegalidad constitucional y ordinaria que se reclama, como más adelante se examinará".

(Los énfasis y subrayados son nuestros).

Sin embargo, con el informe contenido en el oficio 2876-D, de treinta de septiembre del año que transcurre, emitido por la Secretaria del Juzgado Tercero de Distrito en el estado de San Luis Potosí, en su carácter de encargada del despacho, y con las constancias que se acompañaron al mismo, documentales a las que se les otorga valor probatorio pleno, en términos de los artículos 14, párrafo 1, inciso a), y párrafo 4, inciso c), y 16, párrafo 2, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, al haber sido expedidas por una autoridad federal en el ámbito de su competencia, se acredita que el veintisiete de agosto del presente año, dentro del juicio de amparo indirecto 564/2008-VI, tramitado ante el juzgado en mención, el hoy actor recibió, por conducto de una persona facultada para ello, la copia certificada del oficio de diecinueve de agosto de dos mil ocho, emitido por la Diputación Permanente del Congreso de San Luis Potosí, en el cual se consignaron los motivos y fundamentos legales tomados en cuenta por la responsable, para determinar no llamarlo a ocupar el cargo vacante de diputado para el que, con el carácter de suplente, fue electo.

Así las cosas, contrario a lo señalado por el actor, se encuentra acreditado en autos que desde el miércoles veintisiete de agosto del año en curso, aquél tuvo conocimiento de las referidas consideraciones fácticas y jurídicas que motivaron la resolución que hoy se impugna.

Por tanto, dado que en términos de lo previsto en el artículo 8, párrafo 1, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, el escrito inicial de demanda debe presentarse dentro de los cuatro días siguientes a aquél en que se tenga conocimiento del acto impugnado, se tiene que en la especie, dicho plazo inició a partir del jueves veintiocho de agosto del presente año.

En este punto, cabe mencionar que es un hecho notorio para esta Sala, que mediante acuerdo 54/08/2008 de diecisiete de agosto del mismo año, emitido por el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de San Luis Potosí, en esa fecha se declaró el inicio del proceso electoral de dicho estado, cuyos comicios se celebrarán el cinco de julio del próximo año, con miras a renovar a los integrantes de los poderes ejecutivo y legislativo de esa entidad.

Asimismo, se advierte con facilidad que el acto cuya ilegalidad reclama el promovente, en nada se relaciona con el citado proceso electoral, pues se refiere a la negativa a ser llamado a ocupar el cargo de diputado local para el que fue elegido, con el carácter de suplente, en un proceso electoral pasado, cuya jornada tuvo lugar el dos de julio de dos mil seis.

Luego entonces, si como se sostuvo, en tratándose de actos que no guarden relación temporal y material con el proceso electoral de que se trate, el cómputo de los plazos procesales se efectuará tomando como días inhábiles los sábados, domingos y los que la ley califique como tales, y en la especie el acto reclamado no guarda vínculo alguno con el proceso electoral que actualmente se desarrolla en la entidad de referencia, se debe considerar que en el cómputo del plazo con que contaba el actor para la presentación de la demanda que dio origen al presente juicio, deben descontarse los referidos días inhábiles.

Así, en atención a lo expuesto, dicho plazo comprendió del jueves veintiocho de agosto al martes dos de septiembre del año en curso, por lo que al haberse promovido el juicio ciudadano en la última fecha mencionada, se tiene por satisfecho el requisito de oportunidad en la presentación de la demanda.

4. Interés jurídico y legitimación. Se tiene por satisfecho este requisito, al ser indudable que el actor resulta directamente afectado por la resolución que impugna, y en tal razón promueve el presente juicio por su propio derecho, en forma individual y sin representación alguna, con base en lo previsto por los artículos 13, párrafo 1, inciso b), 79, párrafo 1 y 80, párrafo 1, inciso f), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

CUARTO. Litis. Del estudio de la demanda, es posible advertir que el promovente hace valer un motivo concreto de inconformidad, el cual se podría resumir de la manera siguiente:

1. De conformidad con los artículos 108, 109 y 110 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 27, fracción IV y 46, fracción III, de la Constitución de la entidad de referencia, para la pérdida de los derechos políticos, y en concreto para encontrarse legalmente impedido para desempeñar el cargo de diputado local, se requiere de una sentencia firme que imponga la inhabilitación para ejercer un cargo público.

2. Esta circunstancia no se actualiza en la especie, toda vez que la sanción que inhabilitó en dichos términos al actor, es susceptible de ser anulada a través de un juicio de amparo directo.

3. A juicio del actor, mientras subsista tal posibilidad jurídica de anular dicha sanción, no se requiere de la obtención de una medida que conceda la suspensión de sus efectos jurídicos.

Por su parte, la autoridad responsable sostiene que el incoante se encuentra inhabilitado para ejercer cualquier cargo público, lo que le impide fungir como diputado en el congreso de la entidad de referencia, toda vez que en términos de lo previsto por el artículo 91 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de San Luis Potosí, la inhabilitación surte efectos desde que se notifica la resolución de mérito, lo que en la especie sucedió el veintiuno de diciembre de dos mil seis.

Asimismo, señala el referido órgano parlamentario que dicha sanción administrativa se encuentra vigente, toda vez que no se ha decretado una medida que suspenda los efectos de la misma.

En consecuencia, la litis en el presente asunto se circunscribe a determinar si la resolución impugnada, la cual se identificó en el numeral 6 del apartado de antecedentes del presente fallo, se encuentra debidamente fundada y motivada, al negar al promovente el acceso al cargo de diputado para el que fue electo, sobre la base de que existe una sanción que lo inhabilita por diez años para ocupar un cargo público, la cual, si bien aún es susceptible de ser anulada, no ha sido objeto de una medida que suspenda sus efectos jurídicos.

QUINTO. Estudio de fondo. Esta Sala considera que el motivo de inconformidad planteado es infundado, pues tal y como se expondrá a continuación, el incoante parte de una premisa falsa, al considerar que la sanción que lo inhabilita para desempeñar cargo, comisión o empleo en el servicio público, no puede afectarlo mientras exista la posibilidad de anularla a través de un medio de defensa, a pesar de que no haya obtenido una medida que decrete la suspensión de sus efectos jurídicos.

El título cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sienta las bases de un régimen de responsabilidad de los servidores públicos y patrimonial del Estado. Los artículos 108, 109 y 113 del máximo ordenamiento disponen, entre otros aspectos, ciertas directrices que deberán sobre el particular tomar en cuenta las Constituciones de las entidades federativas y sus ordenamientos secundarios, al señalar lo siguiente:

Artículo 108. Para los efectos de las responsabilidades a que alude este Título se reputarán como servidores públicos a los representantes de elección popular, a los miembros del Poder Judicial Federal y del Poder Judicial del Distrito Federal, los funcionarios y empleados y, en general, a toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en el Congreso de la Unión, en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal o en la Administración Pública Federal o en el Distrito Federal, así como a los servidores públicos de los organismos a los que esta Constitución otorgue autonomía, quienes serán responsables por los actos u omisiones en que incurran en el desempeño de sus respectivas funciones.

Las Constituciones de los Estados de la República precisarán, en los mismos términos del primer párrafo de este artículo y para los efectos de sus responsabilidades, el carácter de servidores públicos de quienes desempeñen empleo, cargo o comisión en los Estados y en los Municipios.

Artículo 109. El Congreso de la Unión y las Legislaturas de los Estados, dentro de los ámbitos de sus respectivas competencias, expedirán las leyes de responsabilidades de los servidores públicos y las demás normas conducentes a sancionar a quienes, teniendo este carácter, incurran en responsabilidad, de conformidad con las siguientes prevenciones:

III. Se aplicarán sanciones administrativas a los servidores públicos por los actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deban observar en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones.

Los procedimientos para la aplicación de las sanciones mencionadas se desarrollarán autónomamente. No podrán imponerse dos veces por una sola conducta sanciones de la misma naturaleza.

Artículo 113. Las leyes sobre responsabilidades administrativas de los servidores públicos, determinarán sus obligaciones a fin de salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad, y eficiencia en el desempeño de sus funciones, empleos, cargos y comisiones; las sanciones aplicables por los actos u omisiones en que incurran, así como los procedimientos y las autoridades para aplicarlas.

Dichas sanciones, además de las que señalen las leyes, consistirán en suspensión, destitución e inhabilitación, así como en sanciones económicas, y deberán establecerse de acuerdo con los beneficios económicos obtenidos por el responsable y con los daños y perjuicios patrimoniales causados por sus actos u omisiones a que se refiere la fracción III del artículo 109, pero que no podrán exceder de tres tantos de los beneficios obtenidos o de los daños y perjuicios causados.

En un mismo sentido, el título decimosegundo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, establece un régimen de responsabilidad administrativa de los servidores públicos de dicho estado, y patrimonial de éste. En su artículo 125, faculta al congreso de dicha entidad para legislar sobre la materia en comento, al establecer lo siguiente:

ARTÍCULO 125. El Congreso del Estado expedirá la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos de conformidad con las siguientes bases:

III. Se aplicarán sanciones administrativas a los servidores públicos por los actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deban observar en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones.

Con base en lo anterior, se emitió la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de San Luis Potosí, en la cual se consignan como sanciones administrativas que pueden ser impuestas a un servidor público de dicha entidad, por el incumplimiento de sus obligaciones, las siguientes:

ARTÍCULO 75. Las sanciones administrativas consistirán en:

I. Amonestación, pública o privada;

II. Apercibimiento, público o privado;

III. Multa;

IV. Suspensión del empleo, cargo o comisión, de tres días a seis meses;

V. Destitución del puesto, y

VI. Inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones del servicio público.

De conformidad con los artículos 87, 89 y 90 del mismo ordenamiento citado, cuando el servidor público se sienta indebidamente afectado por la imposición de alguna de las sanciones enlistadas, puede inconformarse a través de la interposición de un recurso de revocación que resolverá la propia autoridad emisora de la sanción, o bien promover directamente el juicio de nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo de dicho estado, el cual también procede en contra de la resolución que recaiga al señalado recurso de revocación. A su vez, en contra de la sentencia que dicte el referido tribunal de lo contencioso administrativo, procede el juicio de amparo directo ante los Tribunales Colegiados de Circuito, tal y como lo establece el artículo 158 de la Ley de Amparo.

Por su parte, el artículo 91 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de la entidad en cita, señala el momento en que las sanciones administrativas surtirán sus efectos, al establecer lo siguiente:

ARTICULO 91. La ejecución de las sanciones administrativas impuestas en resolución firme se llevará a cabo de inmediato en los términos que disponga la resolución. La suspensión, destitución o inhabilitación surtirán efectos al notificarse la resolución y se considerarán de orden público.

(Los énfasis y subrayados son nuestros).

Ahora bien, cuando el actor persiga la suspensión de los efectos de la resolución que le impone una sanción administrativa, deberá así solicitarlo al órgano que tramite el recurso de revocación, el juicio de nulidad, o el juicio de amparo directo, según sea el caso, tal y como lo establecen los artículos 88 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de San Luis Potosí, 102 de la Ley de Justicia Administrativa de esa entidad, 124 y 173 de la Ley de Amparo, respectivamente, preceptos que son del tenor literal siguiente:

(Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de San Luis Potosí )

Artículo 88. La interposición del recurso suspenderá la ejecución de la resolución recurrida, si lo solicita el promovente, conforme a las siguientes reglas:

I. Tratándose de multas, si el pago de éstas se garantiza en los términos previstos por el Código Fiscal del Estado, y se satisface el requisito previsto en el inciso a) de la siguiente fracción;

II. Tratándose de otras sanciones, si concurren los siguientes requisitos:

a) Que se admita el recurso.

b) Que la ejecución de la resolución recurrida produzca daños o perjuicios que sean de difícil reparación en contra del recurrente.

c) Que la suspensión no traiga como consecuencia la consumación o continuación de actos u omisiones que impliquen perjuicio al interés social o al servicio público.

(Ley de Justicia Administrativa del Estado de San Luis Potosí)

Artículo 102. El actor podrá solicitar la suspensión del acto impugnado, en la demanda o en cualquier momento del juicio, hasta antes de citación para sentencia, y tal medida cautelar, salvo lo dispuesto por el artículo 106 de la presente Ley, tendrá por efecto mantener las cosas en el estado en que se encuentren hasta en tanto se pronuncia la sentencia definitiva; el Tribunal deberá resolver lo conducente, haciéndolo saber inmediatamente a la autoridad demandada para su cumplimiento.

No se otorgará la suspensión si se sigue perjuicio evidente al interés social, se contravienen disposiciones de orden público o si se deja sin materia el juicio.

(Ley de Amparo)

Artículo 124.- Fuera de los casos a que se refiere el artículo anterior, la suspensión se decretará cuando concurran los requisitos siguientes:

I.- Que la solicite el agraviado;

II.- Que no se siga perjuicio al interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público.

III.- Que sean de difícil reparación los daños o perjuicios que se causen al agraviado con la ejecución del acto.

El juez de Distrito, al conceder la suspensión, procurará fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y tomará las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio.

Artículo 173.- Cuando se trate de sentencias definitivas o de resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas en juicios del orden civil o administrativo, la suspensión se decretará a instancia del agraviado, si concurren los requisitos que establece el artículo 124, o el artículo 125 en su caso, y surtirá efecto si se otorga caución bastante para responder de los daños y perjuicios que pueda ocasionar a tercero.

Como es de observarse, en tratándose de la suspensión de los efectos jurídicos de una sanción derivada de un procedimiento de responsabilidad administrativa, los distintos ordenamientos aplicables imponen al afectado la carga de solicitarla, a efecto de que el órgano competente se encuentre en condiciones de valorar si en el caso concreto se cumplen los requisitos exigidos por el ordenamiento aplicable.

De lo anterior, se torna evidente que cuando el afectado por tales sanciones no solicite la suspensión en comento, ninguna autoridad se encuentra facultada para decretarla de oficio, pues dictaría una medida sin contar con atribuciones para ello, y además podría invadir la esfera de competencia del órgano que, en su caso, tramitara el procedimiento de impugnación relativo a las sanciones en comento.

En la especie, a fojas 169 a 207 del cuaderno accesorio 2/2 del expediente en que se actúa, obra la copia certificada de la resolución de veinticinco de octubre de dos mil cinco, emitida por la Contraloría Interna del Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, dentro del expediente número CI/05/05/2005, relativo a la responsabilidad administrativa atribuida al actor, por hechos ocurridos en el desempeño de sus funciones como Coordinador de Infraestructura de dicho municipio, en cuyos términos se le impusieron como sanciones administrativas el pago de una multa por la cantidad de $1’770,046.62 (un millón setecientos setenta mil cuarenta y seis pesos 62/100 moneda nacional) y la inhabilitación para desempeñar empleo, cargo o comisión del servicio público por el término de diez años.

Asimismo, a foja 209 del mismo cuaderno accesorio, obra la copia certificada de la constancia de notificación personal al promovente, practicada el ocho de mayo de dos mil seis, respecto de la resolución descrita en el párrafo que antecede.

A las anteriores constancias cabe darles valor probatorio pleno, en términos de los artículos 14, párrafo 1, inciso a), y párrafo 4, inciso c) y 16, párrafo 2, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, al tratarse de copias certificadas expedidas por una autoridad estatal en el ámbito de su competencia.

Luego entonces, si tal y como se señaló, de conformidad con el artículo 91 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del estado en comento, las sanciones administrativas surten efecto a partir de su notificación, en el caso que nos ocupa, el hoy accionante tuvo conocimiento de su inhabilitación para ocupar cargo, comisión o empleo en el servicio público, el ocho de mayo de dos mil seis.

Ahora bien, consta en autos que el incoante ha seguido toda una cadena impugnativa en contra de las sanciones en comento, presentando al efecto recurso de revocación, juicio de nulidad y finalmente demanda de amparo directo.

Así, a fojas 239 a 271 del cuaderno principal del expediente de mérito, obra el escrito del último medio de impugnación promovido por el actor, el cual consistió en un juicio de amparo directo, enderezado en contra de la sentencia de siete de agosto del año en curso, emitida por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo de la entidad aludida, dentro del expediente de juicio administrativo 052/2007, la cual, entre otros aspectos, dejó intocada la sanción de inhabilitación a que se ha hecho referencia. Sobre este libelo impugnativo, resulta preciso destacar que a foja 270 del expediente en mención, se observa que el quejoso señaló lo siguiente: "CAPÍTULO DE SUSPENSIÓN. Por el momento no se solicita".

En adición a lo anterior, cabe expresar que a lo largo del expediente ninguna de las partes pone en tela de juicio el hecho de que actualmente no existe medida que haya decretado la suspensión de la resolución dictada por la Contraloría Interna del Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, del estado en cita, por la cual impuso la sanción que inhabilitó al promovente por el término de diez años, para desempeñar empleo, cargo o comisión del servicio público. Entonces, al ser un hecho reconocido por el actor y no controvertido por la responsable, no se encuentra sujeto a prueba, en términos de lo dispuesto por el artículo 15, párrafo 1, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

Así las cosas, si tal y como se sostuvo, una sanción administrativa surte plenamente sus efectos desde su notificación al afectado, y dichas consecuencias de derecho únicamente pueden ser suspendidas en virtud de una medida decretada por la autoridad que revise la legalidad de aquélla, se tiene que en la especie, la inhabilitación impuesta y notificada al actor se encuentra en plena vigencia, ya que no existe una determinación que actualmente suspenda sus efectos jurídicos.

Por ende, contrario a lo que alega el promovente, aunque la presentación de un juicio de amparo directo podría traer como consecuencia la anulación de la inhabilitación en comento, su sola tramitación en nada evita que dicha sanción surta plenamente sus efectos, pues tal y como se sostuvo, existe un procedimiento especialmente previsto en el ordenamiento procesal aplicable a dicho medio impugnativo, que regula los casos en que se puede decretar la suspensión de mérito, circunstancia que en la especie no ha sucedido.

Resulta preciso mencionar que, a efecto de sustentar la necesidad de contar con una sentencia firme que lo inhabilite para ocupar cargos públicos, el promovente invoca los artículos 27, fracción IV, y 46, fracción III, de la Constitución Política de la entidad de referencia, mismos que a continuación se transcriben:

Artículo 27. Las prerrogativas de los ciudadanos potosinos se suspenden:

I. Cuando dejen de cumplir, sin causa justificada, cualquiera de las obligaciones que establece el artículo 25 de esta Constitución. En este caso la suspensión será de un año y sin perjuicio de las penas que por los mismos hechos señale la ley, y en su caso, lo previsto en el tercer párrafo del artículo 132 de esta Constitución;

II. Si han sido condenados por delito que merezca pena privativa de libertad, desde la fecha en que la sentencia quede firme, hasta su cumplimiento;

III. Por encontrarse prófugos de la justicia, desde que se dicte la orden de aprehensión, hasta que prescriba la acción penal;

IV. Por incapacidad legal declarada en sentencia firme que imponga como pena esta suspensión; y

V. En los demás casos que señalen la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes.

Artículo 46. Para ser Diputado se requiere:

I. Ser ciudadano potosino en ejercicio de sus derechos;

II. Tener la calidad de potosino por nacimiento con residencia efectiva en el Estado no menor de un año inmediato anterior al día de la elección y, si se trata de potosino por vecindad, la residencia efectiva inmediata anterior al día de la elección deberá ser no menor de tres años, a partir de la adquisición de la calidad de vecino;

III. No haber sido condenado por sentencia firme por la comisión de delitos dolosos que hayan ameritado pena de prisión;

IV. Tener como mínimo veintiún años de edad al día de la elección.

(Los énfasis y subrayados son nuestros).

Al respecto, es menester recordar que el artículo 38, fracción VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, prevé una hipótesis de suspensión de los derechos o prerrogativas de los ciudadanos, similar a la contenida en el artículo 27, fracción IV, de la constitución de la entidad en cita. La porción normativa en comento es del tenor literal siguiente:

Artículo 38. Los derechos o prerrogativas de los ciudadanos se suspenden:

I. Por falta de cumplimiento, sin causa justificada, de cualquiera de las obligaciones que impone el artículo 36. Esta suspensión durará un año y se impondrá además de las otras penas que por el mismo hecho señalare la ley;

II. Por estar sujeto a un proceso criminal por delito que merezca pena corporal, a contar desde la fecha del auto de formal prisión;

III. Durante la extinción de una pena corporal;

IV. Por vagancia o ebriedad consuetudinaria, declarada en los términos que prevengan las leyes;

V. Por estar prófugo de la justicia, desde que se dicte la orden de aprehensión hasta que prescriba la acción penal; y

VI. Por sentencia ejecutoria que imponga como pena esa suspensión.

La ley fijará los casos en que se pierden, y los demás en que se suspenden los derechos de ciudadano, y la manera de hacer la rehabilitación.

(Los énfasis y subrayados son nuestros).

Sobre este aspecto, cabe advertir que los supuestos jurídicos en comento, se refieren a procedimientos judiciales cuyo resultado natural consiste en el dictado de una sentencia (acto materialmente jurisdiccional) que imponga, a manera de sanción, la suspensión de los derechos políticos de un ciudadano, es decir, mecanismos creados ex profeso para tal efecto.

Por lo que hace al caso que se analiza, la sanción de inhabilitación fue dictada con motivo de un procedimiento de responsabilidad administrativa, cuya naturaleza jurídica es totalmente ajena a la suspensión de los derechos políticos decretada por una sentencia; en virtud de que aquél constituye un mecanismo revisor de la actuación de los servidores públicos, propio de la potestad sancionadora del Estado (la cual generalmente se ejerce por órganos internos de control), que puede desembocar en resoluciones materialmente administrativas, en las que se imponen las sanciones correspondientes.

En este punto, cabe recalcar que en la especie, esta Sala de ninguna manera intenta revisar la constitucionalidad y legalidad de la inhabilitación impuesta al promovente, pues dicha cuestión escapa a la esfera de su competencia; por el contrario, dadas las circunstancias del caso particular, la litis sólo se constriñe a dilucidar si, atendiendo al estado procesal de la sanción en comento, la misma constituye un obstáculo para ocupar el cargo de diputado. Dicho de otra forma, no se pretende analizar si el incoante es responsable de los hechos que se le atribuyeron para determinar su inhabilitación, sino que únicamente se examina la manera en que ésta puede impactar en su derecho político–electoral de ser votado, en su vertiente de acceso al cargo para el que fue electo.

En apoyo a lo anterior, es dable señalar que de acogerse el argumento planteado por el actor, consistente en que su inhabilitación no puede pararle perjuicio mientras exista un procedimiento impugnativo por el que puede anularla, la institución de la suspensión carecería de todo sentido y utilidad, pues en nada beneficiaría solicitarla y obtenerla, si de cualquier forma el acto impugnado no podría surtir efectos, mientras estuviera pendiente la resolución del medio de impugnación de que se tratara.

En efecto, mediante la figura de la suspensión, el legislador estableció un procedimiento en virtud del cual, generalmente a instancia de parte agraviada, y ante la satisfacción de diversos requisitos, el solicitante puede lograr que el acto impugnado no lesione su esfera jurídica, en tanto se resuelve en definitiva el procedimiento principal que analiza su legalidad. Por tanto, si el afectado no obtiene la suspensión en comento, el acto reclamado continúa surtiendo todos sus efectos, independientemente de que pueda ser anulado en definitiva, cuando se resuelva el medio de impugnación de que se trate.

Por otra parte, en lo que hace al artículo 46, fracción III, de la referida constitución local, invocado por el actor, éste contiene una hipótesis distinta a la que se analiza, toda vez que se refiere a un requisito de elegibilidad, consistente en no haber sido sujeto de la imposición de una pena de prisión, derivada de la comisión de algún delito doloso. Por el contrario, tal y como se mencionó, en la especie se trata de una sanción de naturaleza administrativa, derivada de un procedimiento surgido de una previsión establecida tanto en la Constitución Federal como en la de dicha entidad, las cuales facultan al congreso estatal para regular un régimen de responsabilidades administrativas, en virtud del cual aquellos servidores públicos que incurran en alguna falta en el desempeño de sus funciones, podrán ser acreedores a las sanciones que al efecto se establezcan.

Derivado de todo lo anterior, esta Sala concluye que la inhabilitación para desempeñar empleo, cargo o comisión del servicio público por el término de diez años, impuesta al actor mediante la resolución de veinticinco de octubre de dos mil cinco, emitida por la Contraloría Interna del Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez, dentro del expediente número CI/05/05/2005, constituye un impedimento para ocupar el cargo público de diputado en el congreso de la entidad referida, en tanto el incoante no obtenga una medida que suspenda los efectos de dicha sanción, o bien, mientras no consiga su anulación a través del medio de defensa correspondiente.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, de conformidad con el artículo 84, párrafo 1, inciso a), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, se

R E S U E L V E:

ÚNICO. Se confirma la determinación contenida en el oficio de diecinueve de agosto de dos mil ocho, emitido por la Diputación Permanente del Congreso del Estado de San Luis Potosí, en cuyos términos se le expusieron al actor los fundamentos y motivos tomados en cuenta por dicha autoridad, para no llamarlo a desempeñar el cargo de diputado local para el que fue electo, con el carácter de suplente, en sustitución del diputado propietario Roberto Cervantes Barajas, quien fue separado de dicha encomienda.

Notifíquese por correo certificado al actor; por estrados a los demás interesados; y por oficio acompañando copia certificada de la sentencia, mediante el uso de mensajería especializada, a la autoridad responsable; en términos de lo previsto por los artículos 26, párrafo 3, 27, párrafo 6, 28 y 29, párrafos 1 y 3, inciso c), y 84, párrafo 2, incisos a) y b), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

Así lo resolvió la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación correspondiente a la Segunda Circunscripción Plurinominal, por unanimidad de votos de los Magistrados Beatriz Eugenia Galindo Centeno, Rubén Enrique Becerra Rojasvértiz y Georgina Reyes Escalera, en sesión pública de doce de noviembre de dos mil ocho, habiendo sido ponente el segundo de los nombrados, firmando para todos los efectos legales en presencia del Secretario General quien autoriza y da fe.Rúbricas.