JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDIENTE: SM-JDC-22/2008

ACTORA: María Eugenia Gómez Elorduy.

ÓRGANO PARTIDISTA RESPONSABLE: Comisión Nacional de Honor y Justicia del Partido Verde Ecologista de México.

TERCERO INTERESADO: Ricardo Astudillo Suárez.

MAGISTRADA PONENTE: Beatriz Eugenia Galindo Centeno.

SECRETARIOS: José de Jesús Castro Díaz y Alfonso González Godoy.

Monterrey, Nuevo León, a doce de noviembre de dos mil ocho.

V I S T O S para resolver en definitiva, los autos del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, identificado con las siglas y números SM-JDC-22/2008, promovido por María Eugenia Gómez Elorduy, en contra de la resolución de veinte de octubre de dos mil ocho, dictada dentro de los autos del expediente CNHYJ/PVEM/R.AP./006/2008, por la Comisión Nacional de Honor y Justicia del Partido Verde Ecologista de México, mediante la cual desechó de plano el recurso de apelación intrapartidista propuesto por la hoy actora; y,

R E S U L T A N D O:

PRIMERO.- Antecedentes de la resolución recurrida. Del escrito de demanda y constancias que obran en autos, se desprende lo siguiente:

I. El veintiséis de junio de dos mil ocho, la Comisión Nacional de Procedimientos Internos, aprobó y emitió la convocatoria dirigida a los militantes debidamente acreditados en términos de los artículos 2, 3 y 7 de los estatutos del Partido Verde Ecologista de México, para obtener su registro como candidatos al cargo de Presidente del Comité Ejecutivo Estatal, en el estado de Querétaro, la cual fue publicada el propio veintiséis de junio de dos mil ocho, en el periódico denominado "Diario de Querétaro".

II. El diez de agosto de dos mil ocho, se llevó a cabo la Asamblea Estatal del Partido Verde Ecologista de México, en Querétaro, de conformidad a la convocatoria descrita en el punto previo. En dicha asamblea, tuvo lugar la elección de Presidente del Comité Ejecutivo Estatal del Partido Verde Ecologista de México, en la entidad federativa de referencia.

III. Por estar disconforme con la declaración de validez de la Asamblea descrita en el numeral anterior, la hoy actora promovió un recurso de apelación intrapartidista, ante la Comisión Nacional de Honor y Justicia de su partido, por el que hizo patente su inconformidad.

IV. El veinte de octubre de esta anualidad, esa Comisión Nacional de Honor y Justicia resolvió los autos del recurso de apelación promovido por la militante María Eugenia Gómez Elorduy, mismo que fuera registrado con las siglas y números CNHYJ/PVEM/R.AP./006/2008; la actora refiere en la demanda que dio inicio a este juicio constitucional, que el fallo señalado le fue notificado el veintiuno del mismo mes y año, mismo que contiene las siguientes consideraciones relevantes:

"…

SEGUNDO.- Procedencia. De conformidad con lo dispuesto en los numerales 29 y 31 de los Estatutos del Partido Verde Ecologista de México, los medios de impugnación previstos en dicho ordenamiento son improcedentes, cuando no hubiese interpuesto el medio de impugnación respectivo, dentro de los plazos señalados en los Estatutos.

En este orden de ideas, el artículo 29 del ordenamiento legal antes citado, establece que los Recursos de Apelación deberán presentarse dentro de los tres días contados a partir del siguiente a aquel en que se tenga conocimiento del acto o resolución impugnado, o se hubiese notificado de conformidad con la ley aplicable, para mayor comprensión esta la siguiente tesis del Tribunal Electoral, la cual establece;

 

ACTO IMPUGNADO. SU CONOCIMIENTO COMO BASE DEL PLAZO PARA INTERPONER SU MEDIO DE IMPUGNACIÓN.- [se transcribe]

De lo anterior nos basamos en el supuesto de los cómputos de los días en que la actora tiene conocimiento pleno de los hechos, trasladando el supuesto de la tesis en el sentido y manera de acoplarlos a nuestros Estatutos como norma regidora interna, tenemos que en los propios Estatutos de este Instituto Político, el termino es de tres días, por lo que se computa de la misma manera una vez teniendo conocimiento del acto, comenzará al día siguiente su computo hasta llegar al tercero, por lo que en el supuesto que nos ocupa, se cumple a la perfección el hecho de que la recurrente, al describir cada posición, así como ser tan explícita en los hechos.

Esto es, que está por enterada, por lo que para mejor proveer este órgano colegiado ha convenido en ver lo que establece el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española;

Enterado, da. (Del part. de enterar).

1. adj. Conocedor y entendido.

2. adj. coloq. Que presume de saber mucho de algo. U. t. c. s.

3. m. Nota consistente en la palabra enterado, escrita al pie de un documento para hacer constar que la persona o autoridad a la que va destinado se ha dado cuenta de su contenido.

Por lo que de lo escrito anteriormente vemos que la palabra enterado, es del que se dice conocedor y entiende o presume el saber mucho de algo, de esta manera este Órgano Colegiado entiende la descripción de los hechos que le son propios por haber estado presente, por lo que se plasma por completo que fue la propia recurrente la que consintió el paso del tiempo y del propio termino para establecerse lo señalado en párrafos anteriores y estar en el supuesto marcado por los Estatutos que son nuestra norma interna

En la especie, la DETERMINACIÓN de la Comisión Nacional de Procedimientos Internos del Partido Verde Ecologista de México que se impugna se entiende por enterada a la C. MARÍA EUGENIA GÓMEZ ELORDUY, el día de la Asamblea Estatal en Querétaro el día diez de agosto de este año, como consta en cada una de las manifestaciones de sus hechos, toda vez que de la descripción que hace tan precisa, solo se podría obtener de la presencia de los mismos, por lo que del análisis propio de estas manifestaciones en su escrito presentado ante este Órgano Colegiado. Consecuentemente, y conforme a los preceptos legales citados con antelación, el término para la promoción del presente juicio transcurrió del once al trece de agosto del año en curso.

De tal forma que si la promovente, presentó dicho Recurso de Apelación hasta el catorce de agosto del corriente año, como se advierte de la razón que obra en la carátula del sobre cerrado presentado ante este Instituto Político, en el cual cabe mencionar que se presento a las veinte horas con treinta minutos aproximadamente, ya que dicho sobre fue recibido por el vigilante nocturno de este Partido Político, resultando como consecuencia que a esa fecha había ya transcurrido en exceso el término para la promoción del recurso que nos ocupa.

Como consecuencia de lo antes razonado y por actualizarse en especie la causal de improcedencia prevista en los numerales 29 y 31 de los Estatutos del Partido Verde Ecologista de México, este Órgano Colegiado determina desechar de plano el presente recurso, dada la notoria extemporaneidad de su presentación.

Aunado a lo anterior y de las misma resolución de la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación correspondiente a la Segunda Circunscripción Plurinominal en sesión pública de veinticuatro de septiembre de dos mil ocho, donde después de analizar cada uno de los agravios hechos valer por la hoy actora determina que no le asiste el Derecho y la Razón y que a la letra dice

......"En consecuencia, esta Sala Regional considera que no existe razón suficiente ni fundamento legal alguno para revocar la resolución impugnada y por tanto conceder a la C. María Eugenia Gómez Elorduy el registro como aspirante a candidato al cargo de Presidente del Comité Ejecutivo Estatal del Partido Verde Ecologista de México en el estado de Querétaro; por el contrario, de las constancias que integran el expediente queda demostrado que la promovente no cumplió con todos los requisitos que para tal efecto se establecieron en la convocatoria emitida por la Comisión Nacional de Procedimientos Internos del partido mencionado, de fecha veintiséis de junio de dos mil ocho.

Por tanto, este órgano jurisdiccional considera que debe confirmarse la resolución dictada por la Comisión Nacional de Honor y Justicia del Partido Verde Ecologista de México en el expediente CNHYJ/PVEM/R.AP./001/2008, de fecha siete de agosto de dos mil ocho.".....

A mayor abundamiento, por lo expuesto y considerado anteriormente, es cosa juzgada por lo no existe interés jurídico que le asista a la hoy actora, se -------- R E S U E L V E: ----------ÚNICO.- Se desecha de plano por extemporáneo y por no existir razón suficiente ni fundamento legal alguno en el presente Recurso de Apelación, promovido por la C. MARÍA EUGENIA GÓMEZ ELORDUY, en contra de la DETERMINACIÓN tomada por la Comisión Nacional de Procedimientos Internos en la Asamblea Estatal de Querétaro pronunciada el diez de agosto del año en curso.---------------------

…"

[El texto resaltado, es del original]

SEGUNDO.- Trámite y sustanciación del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. De las constancias de autos se desprende que:

I. El veintisiete de octubre de dos mil ocho, a las dieciséis horas con cuarenta y un minutos, según acuse de recibo que obra a fojas veinticuatro de autos en este juicio constitucional, la ciudadana actora interpuso la correspondiente demanda de juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, ante la Comisión Nacional de Honor y Justicia del Partido Verde Ecologista de México. En su escrito, la actora manifiesta:

"…

e. Hechos en que se basa la Impugnación.

La Comisión Nacional de Procedimientos Internos, emitió Convocatoria a los Militantes del Partido Verde Ecologista de México, en el Estado de Querétaro, para obtener su registro como candidatos al cargo de Presidente del Comité Ejecutivo Estatal en el estado de Querétaro, documento que fue publicado en el Diario de Querétaro el día 26 de junio del año 2008.

En su base décima de la Convocatoria se señala que la Asamblea Estatal del Partido Verde Ecologista de México en el estado de Querétaro, se verificará en el domicilio de avenida del Río No. 2, esquina Fray J. Bermúdez, Jardín el Nogal, Corregidora, Qro., a las 10:00 horas del día de agosto del año dos mil ocho.

El día señalado para la celebración de la Asamblea Estatal del Partido Verde Ecologista de México en el estado de Querétaro, el Sr. Guillermo Hijuelos García estuvo llevando a cabo el registro de asistentes conforme una lista de militantes que no contenía Logotipo del Partido Verde Ecologista México, no contenía el número de credencial que acreditara a los asistentes a la Asamblea Estatal del Partido, y mucho menos para participar en la misma, señalándose demás que los asistentes, en su gran mayoría, no eran militantes del Partido Verde Ecologista de México.

La Asamblea fue presidida por el C. Lic. Jorge Herrera Martínez, quien es militante del Partido Verde Ecologista pero que no tiene cargo alguno en la comisión Nacional de Procedimientos Internos de nuestro Partido.

Sin que se encontrara debidamente establecida la identidad de los asistentes, y su calidad de militantes del Partido Verde Ecologista de México, el C. Lic. Jorge Herrera Martínez, declaró la existencia de quórum legal declarando valida (sic) la Asamblea, con un padrón irregular, ilegitimo e inválido de 179 militantes.

Conforme al DICTAMEN CPNI-1-25QRO/2008, emitido por la Comisión Nacional de Procedimientos Internos, hoja 4, base cuarta, de fecha 21 de julio del año dos mil ocho, el padrón de Militantes del Estado de Querétaro es de 81 ochenta y un militantes, mismo que fue publicado en el periódico nacional "EXCELSIOR", EL 29 DE MARZO DE 2008.

Contrario a derecho, el día de la Asamblea Estatal del Partido Verde Ecologista de México en el estado de Querétaro, llevada a cabo la ilegal elección de Presidente del Comité Ejecutivo Estatal, el C. Lic. Jorge Herrera Martínez, quien, como se ha señalado, no es parte integrante de la Comisión Nacional de Procedimientos Internos del Partido Verde Ecologista, y por tanto no tenia legitimidad alguna para presidir ni llevara (sic) a cabo la Asamblea, tomo protesta al C. Ricardo Astudillo Suárez como Presidente electo del Partido Verde Ecologista de México en el estado de Querétaro.

En la Asamblea Estatal del Partido Verde Ecologista de México en el estado de Querétaro, efectuada en el domicilio de avenida del Río No. 2, esquina Fray J. Bermúdez, Jardín el Nogal, Corregidora, Qro., a las 10:00 horas del día 10 de agosto del año en curso, no estuvo presente la Lic. Ma. De Jesús Ibarra Silva, Presidenta del Partido Verde Ecologista de México en el estado de Querétaro.

Por escrito de fecha doce de agosto de 2008, se presento Recurso de Apelación en contra de la Determinación tomada y externada por la Comisión Nacional de Procedimientos Internos del Partido Verde Ecologista de México.

El escrito de apelación, así como la documentación exhibida en vía de prueba, fue presentado en las Oficinas del Partido Verde Ecologista de México el día trece de agosto del año dos mil ocho, siendo recibida y firmada por el Vigilante Nocturno del citado partido.

Al escrito de apelación presentado por la suscrita, la Comisión Nacional de Honor y Justicia del Partido en cita, formo expediente CNHYJ/PVEM/R.AP./0006/2008.

La Comisión Nacional de Honor y Justicia del Partido Verde Ecologista de México, en fecha 20 de octubre del año dos mil ocho, dicto resolución dentro de los autos del expediente CNHYJ/PVEM/R.AP./0006/2008.

Dentro de los resultandos del expediente CNHYJ/PVEM/R.AP./0006/2008 La Comisión Nacional de Honor y Justicia establece que el recurso de apelación fue recibido el día 14 de agosto del año dos mil ocho, radicado el día veinte de agosto del año en curso.

En fecha 20 de agosto del año dos mil ocho, La Comisión Nacional de Honor y Justicia dicto resolución dentro de los autos del expediente CNHYJ/PVEM/R.AP./0006/2008, y en su resolutivo asienta:

ÚNICO. Se desecha de plano por extemporáneo y por no existir razón suficiente ni fundamento legal alguno en el presente recurso de. apelación, promovido por la C. María Eugenia Gómez Elorduy, en contra de la DETERMINACIÓN tomada por la Comisión Nacional de Procedimientos Internos en la Asamblea Estatal de Querétaro pronunciada el diez de agosto del año en curso.

f. Preceptos legales violados.

Se viole (sic) en mi perjuicio las disposiciones contenidas en las garantías y principios de legalidad y de exacta aplicación de la ley contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, al no fundar ni motivar la causa legal de su resolución, así como las disposiciones legales contenidas en los principios de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad contenidos en el artículo 42 de los Estatutos del Partido Verde Ecologista de México, artículo 2,3 de la Ley General de Sistemas (sic) de Medios de Impugnación en Materia electoral.

g. Agravios

En este orden de ideas, vengo a producir por escrito los siguientes Agravios que causa a la recurrente la resolución que se reclama:

Primero. La resolución que se impugna viola en mí perjuicio las garantías y principios de legalidad y de exacta aplicación de la ley contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal.

En efecto la responsable en el considerando segundo, párrafo tercero de la resolución que ahora se combate, establece:

Cito textualmente:

De lo anterior nos basamos en el supuesto de los cómputos de los días en que la actora tiene conocimiento pleno de los hechos, trasladándonos al supuesto del la (sic) tesis en el sentido y manera de acoplarlos a nuestros estatutos como norma regidora interna, tenemos que en los propios estatutos de este Instituto Político, el término es de tres días, por lo que se computa de la misma manera una vez teniendo conocimiento del acto, comenzará al día siguiente su computo hasta llegar al tercero, por lo que en el supuesto que nos ocupa, se cumple a la perfección el hecho de que la recurrente, al describir cada posición, así como ser tan explícita en los hechos.

Fin de la cita.

De igual forma en los párrafos cuarto, quinto y sexto de la resolución que se impugna, la responsable supone que la C. María Eugenia Gómez Elorduy se dio por enterada de los hechos acontecidos en la Asamblea Estatal de fecha diez de agosto del año 2008, por el solo supuesto de que en los hechos narrados y los agravios expresados en el recurso de apelación interpuesto en contra de la determinación de la Comisión Nacional de de (sic) Procedimientos Internos de declarar la validez de la citada Asamblea.

Como se ha señalado, la responsable basa su resolución dictada dentro de los autos del expediente CNHYJ/PVEM/R. AP/006/2008 en meras suposiciones, no así en hechos reales que puedan ser probados.

De lo narrado en el escrito de apelación presentado por la suscrita en contra de la determinación de la Comisión Nacional de Procedimientos Internos de declarar la validez de la Asamblea citada en múltiples ocasiones, circunstancia que la propia Autoridad Responsable repite en la resolución que se combate, el día 10 de agosto del año 2008, el Sr. Guillermo Hijuelos García fue la persona encargada de llevara (sic) a cabo el registro de asistencia de las personas que acudieron a la citada Asamblea, por consiguiente en esta lista de asistencia se encuentra registradas todas las personas que asistieron. Ahora bien, (sic)

Un hecho que puede ser probado, con el que se puede acreditar en forma fehaciente, es la propia lista de asistencia, pues con ella se puede probar plenamente que personas asistieron el día 10 de agosto del año 2008 a la Asamblea Estatal del Partido Verde Ecologista de México, en Querétaro, por consiguiente, se puede acreditar plena y fehacientemente la asistencia o inasistencia de la C. María Eugenia Gómez Elorduy, esto tan solo con hacer una revisión minuciosa de la citada lista de asistencia.

Ahora bien, de esta revisión minuciosa de la citada lista de asistencia que se hiciera, se podrá acreditar que la C. María Eugenia Gómez Elorduy no asistió a la Asamblea Estatal del Partido Verde Ecologista de México, en Querétaro, celebrada en fecha 10 de agosto del año 2008; luego entonces es imposible que real y jurídicamente se pretenda suponer que la C. MA. EUGENIA GÓMEZ ELORDUY tuviera conocimiento de los hechos el mismo día en que estos se llevaron a cabo.

Es de hacerse el señalamiento que la Responsable tiene en su poder la citada lista de asistencia, esto en virtud de que quien se encargo de elaborarla fue una persona designada por la propia Comisión Nacional de Procedimientos Internos órgano del propio Partido Verde Ecologista de México,

Por consiguiente y en razón de lo expuesto, así como del contenido de la Resolución dictada en fecha 20 de octubre del año 2008 por la Comisión Nacional de Honor y Justicia, se viola en mi perjuicio las garantías y principios de legalidad y exacta aplicación de la Ley en cuanto que esa no se encuentra debidamente motivada, pues como se ha señalado, la responsable, al dictar la resolución que ahora se combate, basa la misma en supuestos, mas no en hechos que puedan ser probados, de igual forma esta no se encuentra fundada en cuanto que no señala fundamento legal alguno por el cual pueda basar su resolución en cuanto a suponer la asistencia de la C. María Eugenia Gómez Elorduy a la Asamblea Estatal del Partido Verde Ecologista de México, en Querétaro, celebrada en fecha 10 de agosto del año 2008, y de esta forma, también suponer, que el plazo de tres días que señala el artículo 29 de los Estatutos del Partido Verde Ecologista de México empezó a contar a partir del día siguiente de la celebración de la citada Asamblea, esto es, a partir del día 11 de agosto del año 2008, para fenecer el día 13 del mismo mes y año.

Por consiguiente se viola en mi perjuicio las garantías y principios de legalidad y de exacta aplicación de la ley contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal.

Segundo. La resolución que se impugna viola en mi perjuicio las garantías y principios de legalidad y de exacta aplicación de la ley contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, al no fundar ni motivar la causa legal de su resolución.

En efecto la responsable en el resolutivo único de la resolución que ahora se combate asienta:

Cito textualmente:

Único.- Se desecha de plano por extemporáneo y por no existir razón suficiente ni fundamento legal alguno en el presente Recurso de Apelación, promovido por la C. María Eugenia Gómez Elorduy, en contra de la DETERMINACIÓN tomada por la Comisión Nacional de Procedimientos Internos en la Asamblea Estatal de Querétaro pronunciada el diez de agosto del año en curso.

Fin de la cita.

Como se ha señalado la responsable, en los considerandos de la resolución que ahora se combate, establece que el recurso de apelación presentado por la C. María Eugenia Gómez Elorduy fue presentado el día 14 de agosto del año 2008, por consiguiente este se encuentra presentado fuera del plazo de tres días que para el efecto señala el artículo 29 de los Estatutos del Partido Verde Ecologista de México, por consiguiente en su resolutivo único señala que este fue presentado en forma extemporánea.

De igual forma señala que esta determinación encuentra su basamento en el hecho mismo de existir una carátula del sobre cerrado presentado ante ese Instituto Político.

Al respecto y en función de evitar repeticiones, solicito de su Señoría se tenga por reproducido lo asentado en el Agravio Primero del presente escrito, respecto a lo que la responsable señala debe empezar a contar el plazo otorgado para presentar el recurso de apelación, el cual como se ha señalado solo se basa en suposiciones y no en hechos que puedan ser probados.

Por lo que respecta a lo que señala la responsable de que se tiene una carátula de un sobre cerrado, el cual contiene la fecha de recibido del día 14 de agosto del año en curso, manifiesto a Ustedes C. C. Magistrados del Tribunal Electoral de Poder Judicial de la Federación, que desde ahora ofrezco como prueba la citada carátula que cita la autoridad responsable, pues esta definitivamente fue alterada, modificándose la fecha de presentación del citado documento, por lo siguiente:

Ciertamente y como lo señala la Autoridad Responsable, el escrito que contiene el recurso de apelación así como la documentación que fue anexada al mismo, fue recibido por el vigilante nocturno del Partido Verde Ecologista de México, aún cuando sin recordar la hora precisa en que fue presentado ante dicho Instituto Político, pero si se precisa que el día en que se presento el recurso de apelación lo fue el día 13 de agosto del año 2008, como se encuentra asentado en la copia del citado documento y que firmara de recibido el guardia nocturno del citado Partido, por consiguiente el documento que señala la autoridad responsable, se encuentra alterado, lo cual habrá de verse en forma normal y sin necesidad de prueba pericial alguna, pues esta alteración es manifiesta en el documento que señala la citada autoridad responsable, por consiguiente nos encontramos ante una violación manifiesta, y por si misma, del principio de legalidad en cuanto que se esta alterando un documento para hacer el señalamiento de que el recurso fue presentado en forma extemporánea, lo cual, además, podrá ser constatado con el documento que nos fue firmado de recibido por el guardia Nocturno del citado Instituto Político.

Por cuanto ve a lo que señala la responsable en su resolutivo único, relativo a que no existe razón suficiente ni fundamento legal alguno en el recurso de apelación, manifiesto a su Señoría:

Como se desprende de la resolución que se combate, la responsable se refiere y pretende hacer un análisis única y exclusivamente en cuanto que el recurso fue presentado en forma extemporánea, más no hace ni entra al estudio de los hechos y agravios presentados en el recurso de apelación presentado por la ahora quejosa en contra de la determinación tomada por y externada por la Comisión Nacional de Procedimientos Internos del Partido Verde Ecologista de México de declarar la Validez de la Asamblea, llevada a cabo el 10 de agosto del año 2008, por consiguiente (sic)

La resolución que se combate no se encuentra fundada ni motivada violándose las garantías y principios contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, pues no existe disposición legal alguna que la responsable haya hecho valer para fundar su resolución,. (sic) De igual forma no existe motivación alguna que haya externado la responsable para determinar, en su resolutivo único, que en el recurso de apelación no existe razón suficiente ni fundamento legal alguno, por consiguiente la resolución que se combate es violatoria de las garantías de legalidad y de exacta aplicación de la ley en cuanto que no se encuentra fundada ni motiva pues no existe análisis alguno respecto de los hechos y agravios expresados por la suscrita en el recurso de apelación.

Tercero. La resolución que se impugna viola en mi perjuicio las garantías y principios de legalidad y de exacta aplicación de la ley contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, al no fundar ni motivar la causa legal de su resolución, así como las disposiciones legales contenidas en los principios de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad contenidos en el artículo 42 de los Estatutos del Partido Verde Ecologista de México, artículo, 2, 3 de la Ley General de Sistemas de Medios de Impugnación en Materia electoral.

Conforme a las disposiciones legales contenidas en el artículo 42 del Partido Verde Ecologista de México, las disposiciones que rigen al mismo son los principios democráticos de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad.

Se violan las garantías de legalidad y de exacta aplicación de la ley contenidas en los artículo 14 y 16 de la Constitución Federal, y los principios de certeza, legalidad y objetividad contenidos en el artículo 42 del citado Instituto Político en cuanto que, como se ha señalado párrafos arriba, la Comisión Nacional de Honor y Justicia basa su determinación en meras suposiciones más no en hechos que puedan ser probados, más aún se viola el principio de objetividad en cuanto que, teniendo en su poder la lista de asistencia a la Asamblea Estatal llevada a cabo el día 10 de agosto del año 2008, no hace un análisis de la misma para establecer la asistencia o inasistencia de la C. María Eugenia Gómez Elorduy, contrariamente procede a suponer que la citada persona tuvo conocimiento de la Asamblea Estatal por suponer que asistió a la misma, esta perversa suposición la realiza aun sabiendo que la C. María Eugenia Gómez Elorduy no estuvo presente en dicha Asamblea pues la Comisión Nacional de Procedimientos Internos, tiene conocimiento pleno de la Lista de Asistentes que participaron en la Asamblea ilegal celebrada el 10 de Agosto de 2008, por lo que es real y jurídicamente imposible que la C. María Eugenia Gómez Elorduy tuviera conocimiento de los hechos el mismo día en que se llevaron a cabo como pretende suponer la responsable basándose en la narración de los hechos y agravios contenidos en el escrito de apelación presentada por la citada persona, pues esta narración únicamente es posible una vez que se obtienen documentales publicas o privadas mediante las cuales se pueda conocer el desarrollo de los mismos.

Cabe señalar que el conocimiento primario del desarrollo de la Asamblea Ilegal celebrada el día 10 de agosto del 2008, se obtiene a través de diversos medios de comunicación local el día 11 agosto de 2008, por lo que es en esta fecha que se solicita formalmente a la C. Laura Ivonne Vandenpeereboom Jiménez, Secretaria de Organización del Comité Ejecutivo estatal proporcione la información relativa al desarrollo de dicha asamblea las documentales públicas o privadas que acrediten el desarrollo de dicha asamblea.

Como se ha señalado, la responsable basa su resolución en meras suposiciones lo cual implica una violación a las garantías de de legalidad y de exacta aplicación de la ley contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, y los principios de certeza, legalidad y objetividad contenidos en el artículo 42 del citado Instituto Político.

Se violan las garantías de de legalidad y de exacta aplicación de la ley contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, y los principios de la normatividad consistentes en la interpretarán (sic) conforme a los criterios gramatical, sistemático y funcional, contenidos en el artículo 2 base primera de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, en cuanto que la resolución que se combate es dictada en contrario a los criterios de gramaticalidad, sistemático y funcional, por las razones ya expuestas con anterioridad, contenidas en párrafos, anteriores, y que solicito se tengan aquí por reproducidos como si a la letra se insertaren en obvio de repeticiones.

…"

[El texto resaltado, es del original]

II. El veintiocho de octubre de este año, fue publicitada la interposición de este medio de impugnación, en los estrados del órgano intrapartidista responsable.

III. Dentro del plazo de las setenta y dos horas a que se refiere el artículo 17, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, compareció por escrito el ciudadano Ricardo Astudillo Suárez, en su carácter de tercero interesado, manifestando lo que a su derecho convino.

IV. El treinta y uno de octubre de la presente anualidad, se recibió en la oficialía de partes de este órgano jurisdiccional, el informe circunstanciado suscrito por los integrantes del órgano partidista responsable, al cual adjuntaron diversa documentación, descrita en el acuse de recibo que, el oficial de partes, asentó al reverso de la foja dos de autos. En su informe circunstanciado, el órgano partidista responsable manifestó lo siguiente:

"…

TERCERO.- CONTESTACIÓN DE AGRAVIOS

PRIMER AGRAVIO.

De conformidad con lo señalado por la Ley General del Sistema de Medios de impugnación en su artículo 10 numeral 1 inciso b), la presente demanda deberá declararse como notoriamente improcedente en virtud de lo siguiente:

La C. MARÍA EUGENIA GÓMEZ ELORDUY, no puede manifestar y probar, lo que en un principio no manifestó ni probó en su escrito inicial de Recurso de Apelación, en virtud de que la Resolución materia de la litis, fue dictada basándose en todos los documentos que aparecen como prueba y valorándose en relación con lo que se señala como AGRAVIOS y HECHOS, acreditándose desde este momento en el Escrito en mención, por tal motivo, el que ahora venga a mencionar que la Autoridad Responsable dictó una resolución no valorando adecuadamente es por demás frívolo, ya que es obligación de cualquier litigante allegar al juzgador de todas y cada una de las pruebas que corroboren su dicho, sin que hoy pueda señalar que la Autoridad "supone" basada en hechos que por obvias razones desconoce.

SEGUNDO AGRAVIO.

Respecto al presente señalamiento, me permito hacer valer lo narrado en la contestación del agravio arriba establecido, teniéndolo por reproducido textualmente, respecto a la falta de Interés Jurídico de la demandante.

Sin embargo, me permito señalar que, la Comisión Nacional de Honor y Justicia tuvo por presentado como extemporáneo el recurso, en virtud de haberse presentado fuera de los términos que señalan nuestros estatutos, que es de tres días, contados a partir de que se tenga conocimiento del hecho, por tal motivo, sin excluir de la FALTA en la que recae la hoy demandante al mentir a la autoridad judicial respecto de los hechos relativos de su demanda, me permito señalar que el artículo 30 de los Estatutos, señala expresamente que los recursos de impugnación deben ser presentados EN LA COMISIÓN DE HONOR Y JUSTICIA que correspondan, lo que ocurrió el día 14 de agosto del presente año, tal como se prueba con la firma, nombre, y fecha de recepción en estas oficinas. Por tal motivo, fue notorio que el documento se presentó hasta el día 14 de agosto, siendo que debió presentarse el día 13 del mismo mes, por haberse contado el 10 de agosto como el día en el que la demandante tuvo conocimiento de los hechos motivo de la resolución en comento.

TERCER AGRAVIO.

Para no hacer extenso el presente escrito, solicito se tenga por reproducido en su totalidad lo mencionado en la contestación del primer agravio, en virtud de ser igual al Agravio Tercero.

…"

[El texto resaltado, es del original]

V. Por acuerdo de tres de noviembre de dos mil ocho, la Magistrada en funciones de Presidenta de esta Sala Regional, dictó el acuerdo de turno del expediente formado con motivo de la interposición de este medio de impugnación, correspondiéndole a la ponencia de la Magistrada Beatriz Eugenia Galindo Centeno, determinación cumplimentada por oficio TEPJF-SGA-SM-61/2008, del Secretario General de Acuerdos de esta Sala Regional, por el cual remitió el expediente SM-JDC-22/2008 a la magistrada instructora.

VI. Por acuerdo de once de noviembre de dos mil ocho, la Magistrada Instructora radicó el expediente, admitió a trámite el presente juicio y, agotada la instrucción, declaró cerrada esta, con lo cual quedaron los autos en estado de resolución; y,

C O N S I D E R A N D O:

PRIMERO. Jurisdicción y competencia. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ejerce jurisdicción, y la Sala Regional de la Segunda Circunscripción Plurinominal con sede en Monterrey, Nuevo León, es competente para conocer el presente asunto, en términos de lo dispuesto en los artículos 41 fracción VI, y 99 fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 195, fracción IV, inciso d), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como 4 párrafo 1, y 83, párrafo 1, inciso b), fracción IV in fine, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, por tratarse de la resolución de un órgano partidista, derivado de la asamblea estatal de un partido político nacional, celebrada con motivo de la elección de Presidente del Comité Ejecutivo Estatal del Partido Verde Ecologista de México para el Estado de Querétaro.

SEGUNDO. Causales de improcedencia y sobreseimiento. La Comisión Nacional de Honor y Justicia del Partido Verde Ecologista de México, esgrime que el presente medio de impugnación resulta evidentemente frívolo.

Al respecto, este órgano jurisdiccional considera que dicha causal de improcedencia resulta inatendible en virtud que no expone razones fácticas o jurídicas por las que a su juicio lo considera así, pues sólo se limita a transcribir el contenido del párrafo 3 del artículo 9 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, y la jurisprudencia de la Sala Superior de este Tribunal de rubro "FRIVOLIDAD CONSTATADA AL EXAMINAR EL FONDO DE UN MEDIO DE IMPUGNACIÓN. PUEDE DAR LUGAR A UNA SANCIÓN AL PROMOVENTE."

Asimismo, de la lectura del escrito de demanda que dio origen a esta controversia, se advierte con meridiana claridad que la actora, expone las razones de hecho y de derecho por las que considera ilegal el desechamiento del recurso de apelación interpuesto contra lo acordado en la asamblea estatal del Partido Verde Ecologista de México celebrada el diez de agosto del año que transcurre en el estado de Querétaro, las cuales de resultar fundadas traerían el efecto de revocar el desechamiento decretado y ordenar a la responsable citada a admitir el medio de impugnación intrapartidario y estudiar el fondo del mismo.

En ese tenor, no puede considerarse frívolo el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadanos por la sola afirmación carente de sustento material y legal expuesta por la responsable.

Por otra parte, el tercero interesado Ricardo Astudillo Suárez, sostiene, en esencia, que el juicio que nos ocupa es improcedente y debe desecharse de plano, pues a su modo de ver la actora carece de interés jurídico para promoverlo, puesto que a la accionante, no se le irroga una afectación individualizada, cierta, directa e inmediata a alguno de sus derechos político-electorales, por lo que al no haber demostrado esa situación, carece de interés jurídico para promover el presente juicio, aunado a que la actora participó en el proceso de renovación de la presidencia estatal en el estado de Querétaro del Partido Verde Ecologista de México.

La citada causal de improcedencia deviene infundada, puesto que contrario al aserto del tercero interesado, la accionante María Eugenia Gómez Elorduy, sí cuenta con interés jurídico para impugnar el desechamiento del recurso de apelación ordenado por la Comisión Nacional de Honor y Justicia del Partido Verde Ecologista de México, pues el mismo deriva del planteamiento formulado en su demanda, consistente en reparar la violación reclamada al órgano partidista mencionado, mediante el dictado de una sentencia, que tenga el efecto de revocar el acto impugnado, lo que produciría la restitución del derecho violado, en este caso, el consistente en el acceso a la jurisdicción interna prevista en el artículo 7, base primera, fracción VII de los estatutos de esa institución política.

En ese orden de ideas, si se satisface lo anterior, es claro que a la actora le asiste el interés jurídico procesal para promover el presente medio de impugnación, lo cual conducirá a que se examine el mérito de su pretensión materia de este asunto.

Sin que sea óbice a lo anterior, lo expuesto por el tercero interesado relativo a que la actora participó como aspirante a candidata en el proceso de renovación de la presidencia estatal del Partido Verde Ecologista de México en el estado de Querétaro, en el cual por no cumplir cierto requisito, se le negó su registro en ese proceso, circunstancia que quedó firme al resolverse el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, SM-JDC-1/2008, el veinticuatro de septiembre del año en curso por esta Sala Regional. Situación que resulta inexacta, puesto que la actora viene actuando en el presente asunto en su carácter de militante de ese instituto político y no como candidata participante en ese proceso de elección de dirigencia estatal, como se advierte del libelo de demanda del juicio que nos ocupa.

Aunado a lo anterior, el aserto esgrimido consistente en que lo resuelto en la asamblea estatal celebrada el diez de agosto de este año, en nada le irroga agravios a la impetrante, pues será materia del estudio que se efectué al resolverse el recurso de apelación, al tratarse de una cuestión de análisis del fondo de ese asunto.

En apoyo de lo anterior, se invoca la jurisprudencia de clave S3ELJ 07/2002, sustentada por la Sala Superior de este Tribunal, de rubro "INTERÉS JURÍDICO DIRECTO PARA PROMOVER MEDIOS DE IMPUGNACIÓN. REQUISITOS PARA SU SURTIMIENTO."

Al no existir alguna otra causal de improcedencia invocada o advertida por esta Sala, o, en su caso, algún supuesto de sobreseimiento, esta Sala se aboca al estudio del fondo de la controversia planteada, de conformidad con el artículo 19, párrafo 1, inciso f) de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

TERCERO. Requisitos del medio de impugnación.

1. Requisitos de la demanda. El presente medio de impugnación, cumple con los requisitos previstos en el artículo 9, párrafo 1, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, pues de la sola lectura del escrito de demanda, se desprende el nombre del actor, el domicilio que señaló para recibir notificaciones, la identificación de la resolución recurrida, la narración de hechos y expresión de agravios, el ofrecimiento de pruebas, así como su firma autógrafa.

2. Requisitos especiales de procedibilidad. Están satisfechos los extremos dispuestos en el numeral 79, de la norma adjetiva citada en el párrafo previo, pues el actor acude a esta Sala Regional, por sí mismo y de manera individual, haciendo valer presuntas violaciones a sus derechos político-electorales como ciudadana, en su carácter de militante del Partido Verde Ecologista de México, habiendo agotado previamente la instancia intrapartidista, para después acudir a este órgano jurisdiccional federal.

3. Oportunidad. El juicio ciudadano que hoy se resuelve, fue interpuesto oportunamente, dentro del plazo legal para ello, en términos de lo dispuesto en el artículo 8, de la Ley Adjetiva aplicable.

Esto es así, pues dicho numeral dispone que los medios de impugnación previstos en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación, por regla general, deberán presentarse dentro de los cuatro días contados a partir del día siguiente a aquél en que se tenga conocimiento del acto o resolución impugnado, o hubiese sido notificado conforme a las normas aplicables.

De las constancias que obran en autos, no se desprende que exista constancia de notificación alguna, por la cual se pueda determinar, con certeza, la fecha en la cual, el ente partidista responsable notificó a la incoante la resolución aquí recurrida.

No obstante lo anterior, la actora señaló en su escrito de demanda, que la resolución que recurre, dictada el veinte de octubre de este año, dentro de los autos del expediente CNHYJ/PVEM/R.AP./0006/2008, le fue notificada el día veintiuno de ese mismo mes y año.

Respecto de lo anterior, la autoridad responsable fue omisa en remitir la constancia de notificación, además de que en su informe circunstanciado nada señaló respecto de la afirmación de la actora, es decir, no pronunció alegato ni aportó probanza alguna, tendientes a desvirtuar la afirmación de la recurrente, ni a probar que ésta tuvo conocimiento en fecha distinta a la expresada en su demanda.

Por lo anterior, al tener en cuenta, por una parte, la afirmación de la actora, señalando que ella fue notificada de la resolución el día veintiuno de octubre de este año, además de contar con la presunción iuris tantum de buena fe, de que la resolución fue dictada un día antes de que la justiciable relata haber sido notificada, y por la otra, no existir constancia que desvirtúe la afirmación esgrimida por la incoante, esta Sala Regional toma como fecha de notificación aquella en que la actora expresó haber tenido conocimiento de la resolución recurrida.

Luego entonces, el plazo para la interposición del medio de impugnación, inició el día miércoles veintidós de octubre, como primer día, feneciendo el lunes veintisiete de octubre, día en que según acuse de recibo que obra en el oficio de presentación de la demanda, fue interpuesto el medio de impugnación que nos ocupa.

No obsta para lo anterior, el hecho de que el pasado tres de octubre, el Consejo General del Instituto Federal Electoral, haya declarado el inicio del proceso electoral federal ordinario 2008 – 2009, a partir del cual, en términos de lo dispuesto por el artículo 7, de la Ley de Medios, todos los días y horas son hábiles, por tanto, en apariencia, para el cómputo de la interposición del juicio que hoy nos ocupa tendrían que computarse, además de los días hábiles, aquellos que normalmente no son considerados como tales, como son sábados y domingos, pero para el caso, dicha norma no resulta aplicable, en razón de lo siguiente.

Los artículos 7 y 8, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, disponen lo siguiente:

"…

Artículo 7.

1.Durante los procesos electorales todos los días y horas son hábiles. Los plazos se computarán de momento a momento y si están señalados por días, éstos se considerarán de veinticuatro horas.

2.Cuando la violación reclamada en el medio de impugnación respectivo no se produzca durante el desarrollo de un proceso electoral federal o local, según corresponda, el cómputo de los plazos se hará contando solamente los días hábiles, debiendo entenderse por tales todos los días a excepción de los sábados, domingos y los inhábiles en términos de ley.

Artículo 8.

1.Los medios de impugnación previstos en esta ley deberán presentarse dentro de los cuatro días contados a partir del día siguiente a aquél en que se tenga conocimiento del acto o resolución impugnado, o se hubiese notificado de conformidad con la ley aplicable, salvo las excepciones previstas expresamente en el presente ordenamiento".

…"

De los preceptos transcritos, se advierte que el plazo para la presentación de los medios de impugnación es de cuatro días, contados a partir del siguiente a aquel en que se tenga conocimiento del acto o resolución impugnado, o se hubiese notificado conforme a la ley aplicable.

Distinto es cuando se trata de violaciones reclamadas durante un proceso electoral federal o local, durante el cual, todos los días y horas serán considerados como hábiles, en tanto que, fuera de aquél, se cuentan solamente los hábiles, debiendo entenderse por tales todos los días, a excepción de los sábados, domingos y los inhábiles por ley.

Debemos entender por "proceso electoral", los comicios previstos constitucional y legalmente para renovar, mediante elecciones libres, auténticas y periódicas, los poderes ejecutivo y legislativo de la federación y de las entidades federativas, así como ayuntamientos municipales en los Estados y jefes delegacionales en el Distrito Federal, de conformidad a lo establecido en los artículos 41 segundo párrafo, 116 fracción IV, y 122, base primera, fracción V, inciso f), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En ese sentido, el artículo 7, párrafo 2, antes transcrito, contiene la palabra "durante", que debe interpretarse no sólo en un sentido estrictamente temporal, sino también material; es decir, para determinar si el cómputo de los plazos debe hacerse considerando sólo los días hábiles, exceptuando sábados, domingos e inhábiles conforme a la ley, es necesario determinar si el acto o resolución impugnado guarda relación directa y material con el proceso electoral respectivo.

Es decir, el cómputo de los días y horas hábiles a que se hace mención en el párrafo 1, del artículo 7, de la citada ley general, debe entenderse referido únicamente a los actos impugnados que se encuentren relacionados directa y materialmente con algún proceso electoral federal o local, según sea el caso, cuyo soporte legal se encuentre previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en las constituciones estatales o en las leyes federales y locales electorales correspondientes.

En cambio, si la violación aducida tiene lugar fuera de un proceso electoral federal o local, o bien, no es un acto propio de éste, entonces, el cómputo del plazo se efectuará contando solamente los días y horas hábiles, según se encuentra establecido en el párrafo 2, del artículo 7, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

Esto es así, pues la diferencia en el cómputo de los plazos prevista en la ley, cobra relevancia, si se toma en consideración que en materia electoral, las distintas etapas que componen un proceso comicial adquieren definitividad y firmeza al cumplirse los términos establecidos en la ley, o bien, cuando por resolución dictada por órgano competente se resuelve el asunto de manera concluyente. Lo anterior implica que si la violación aducida se da dentro de un proceso electoral federal o local, según sea el caso, el plazo para interponer el respectivo medio de impugnación en contra de determinado acto o resolución relacionados directa y materialmente con el proceso electoral, es más reducido que en aquellos casos en que la trasgresión tiene lugar fuera del referido proceso electoral.

Es importante tener presente que uno de los principios que rigen la materia electoral es el de definitividad de las distintas etapas de los procesos electorales, las cuales cuentan con plazos breves, significando que todos los actos dictados por la autoridad electoral van a adquirir definitividad una vez concluida la etapa respectiva, dando paso así a la siguiente, con la seguridad de que dichos actos regirán, sin la posibilidad de ser modificados, revocados o anulados.

Por tanto, cuando la violación reclamada tenga lugar durante un proceso electoral federal o local, es decir, que el acto o resolución sea propia jurídica y materialmente a un proceso electoral, es necesario que, a efecto de realizar el cómputo de los plazos para la interposición de los medios de impugnación, se tomen en cuenta todos los días y horas como hábiles, de manera que, en un plazo breve, se resuelvan definitivamente las controversias planteadas en el citado proceso electoral, pues ante la brevedad y el carácter improrrogable de los plazos en materia electoral, se vuelve indispensable que, en todos los casos, la presentación de los medios de impugnación y su correspondiente resolución se dé en plazos sucintos; de ahí que, durante comicios federales o locales, se consideren como hábiles todos los días y horas acorde con el principio de definitividad de las etapas electorales y, consecuentemente, dar certeza jurídica en la contienda electoral.

En cambio, cuando se está en presencia de impugnaciones dirigidas a controvertir actos intrapartidistas definitivos, que no estén vinculados con procesos electorales constitucionales y legales, el criterio que rige a efecto de realizar el cómputo de los plazos para la interposición de los medios de impugnación correspondientes debe atender a cuestiones y circunstancias distintas, como a continuación se explica.

Como ya se dijo, el cómputo de los plazos debe ser breve, en el supuesto de que la violación aducida está vinculada con un proceso electoral federal o local, con el objeto de respetar los reducidos lapsos en que se lleva a cabo cada una de las etapas del proceso electoral, por lo que se computan todos los días y horas como hábiles.

De esta forma, si la violación intrapartidaria combatida no se da durante un proceso electoral federal o local, esto es, no se encuentra vinculada directa y materialmente con éste, es claro que el cómputo del plazo respectivo se hará únicamente tomando en consideración los días y horas hábiles.

El mismo criterio debe regir en aquellos casos en que la violación intrapartidaria reclamada se dé en el momento en que se lleva a cabo un proceso electoral federal o local; pero dicho acto no se encuentra directa ni materialmente relacionado con ninguna de las etapas del proceso comicial respectivo.

Lo anterior obedece a que, si el acto impugnado atribuido a un órgano partidario en nada incide en el proceso electoral correspondiente, por ende, no existe riesgo alguno de alterar las distintas etapas electorales, entonces, debe tomarse el cómputo más favorable para el actor, es decir, aquel previsto en el segundo párrafo del artículo 7 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, al no existir la premura que, para la presentación y resolución de los medios de impugnación, existe en el caso de actos directa y materialmente vinculados con el proceso electoral.

Por tanto, si la violación alegada no está relacionada directa y materialmente con proceso electoral alguno, no existe riesgo de alterar los breves plazos electorales, ni de que se incumpla con la definitividad de las etapas electorales y, por ende, el cómputo para la presentación de los medios de impugnación correspondientes deberá hacerse tomando en cuenta solamente los días y horas hábiles.

La anterior conclusión es conforme con el derecho fundamental a la impartición de justicia electoral completa y efectiva, conforme lo dispuesto en el artículo 17, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque permite a los ciudadanos contar con un plazo más amplio para la presentación de sus medios de impugnación.

Es el caso que en el presente juicio, se combate la resolución recaída a un recurso de apelación intrapartidista, dictada por la Comisión Nacional de Honor y Justicia del Partido Verde Ecologista de México, por la que desechó de plano medio de impugnación interno promovido por la hoy actora.

Como quedó evidenciado, la resolución impugnada no tiene relación directa ni material con algún proceso electoral federal o local previsto constitucional o legalmente, razón por la que el cómputo del plazo que la impetrante tenía para promover el presente juicio, se efectuó tomando en cuenta únicamente los días hábiles.

Este criterio ha sido asumido por la Sala Superior de este Tribunal Electoral, al resolver medios de impugnación identificados con las claves SUP-JDC-656/2005, SUP-RAP-70/2005 y SUP-RAP-72/2005.

CUARTO. Litis. Del análisis del escrito de demanda, esta Sala Regional advierte que la litis se constriñe a determinar si, atendiendo a los motivos de queja que hace valer la impetrante, ha lugar a decretar la revocación de la resolución recaída al recurso de apelación intrapartidista, identificado con la clave CNHYJ/PVEM/R.AP.0006/2008.

En consecuencia, serán atendidos todos y cada uno de los agravios expresados, incluidos aquellos que se deduzcan claramente de los hechos expuestos en la demanda, en atención a la suplencia en la deficiente expresión de agravios, prevista en el párrafo 1, del artículo 23, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; lo anterior, además, encuentra apoyo en la jurisprudencia identificada con la clave S3ELJ 04/99, emitida por la Sala Superior de este Tribunal Electoral, y consultable en la página ciento ochenta y dos, del tomo Jurisprudencia, de la Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, cuyo rubro reza "MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL. EL RESOLUTOR DEBE INTERPRETAR EL OCURSO QUE LOS CONTENGA PARA DETERMINAR LA VERDADERA INTENCIÓN DEL ACTOR.-".

Tomando en consideración que la litis en el presente caso ha sido fijada, el método de estudio que se empleará en la presente resolución, será el de relacionar los agravios con los hechos y puntos de derecho controvertidos y los que fundan la presente resolución, así como los argumentos vertidos por la autoridad responsable en la resolución impugnada, y accesoriamente, en su informe circunstanciado, además del examen y la valoración de las constancias que, en vía de prueba, obran en autos, para así poder determinar la viabilidad o inoperancia de los agravios, pudiendo variar, para su mejor análisis, el orden de su exposición, pues ello no causa afectación jurídica o lesión al partido político actor, siempre que sean estudiados la totalidad de los agravios. Lo anterior en apoyo al criterio jurisprudencial S3ELJ 04/2000, emitida por la Sala Superior de este Tribunal Electoral, y consultable en la página veintitrés, del tomo Jurisprudencia, de la Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, cuyo rubro reza "AGRAVIOS, SU EXAMEN EN CONJUNTO O SEPARADO, NO CAUSA LESIÓN.-".

En esa misma tesitura, resulta aplicable la jurisprudencia emitida por el mismo órgano jurisdiccional citado, que establece que basta que el actor exprese con claridad la causa de pedir, precisando la lesión o agravio que le causa el acto o resolución impugnado y los motivos que originaron ese agravio, para que, con base en los preceptos jurídicos aplicables al asunto sometido a su decisión, la autoridad resolutora se ocupe de su estudio. Apoya lo anterior, la jurisprudencia identificada bajo la clave S3ELJ 03/2000, emitida por la Sala Superior de este Tribunal Electoral, y consultable en la página veintiuno, del tomo Jurisprudencia, de la Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, cuyo rubro reza "AGRAVIOS. PARA TENERLOS POR DEBIDAMENTE CONFIGURADOS ES SUFICIENTE CON EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR.-".

QUINTO. Síntesis de los agravios. La recurrente expresa diversos conceptos de violación, encaminados a invalidar la resolución recurrida.

Señala que la resolución viola en su perjuicio la garantía de legalidad, pues el organismo partidista demandado vertió en ella apreciaciones subjetivas y conclusiones derivadas de otras que no están fundamentadas en pruebas reales e incuestionables. Lo anterior, en virtud de que el ente partidista responsable en este juicio, determinó que la única manera en como la actora pudo enterarse de lo sucedido en la Asamblea Estatal celebrada el diez de agosto de dos mil ocho, era estando presente en la misma, y que por la narración tan precisa y completa de hechos que hace en su demanda, luego entonces, ella acudió a la celebración de la asamblea, constituyendo eso razón suficiente para que la tuviera por notificada el día en que tuvo lugar la reunión partidista, por consiguiente, el plazo para interponer el medio de impugnación intrapartidista, en términos estatutarios, inició el once de agosto, y concluyó el día trece de ese mismo mes, cerrando su argumento al señalar que la quejosa, presentó su medio de impugnación hasta el día catorce de ese mismo mes, resultando, por ende, extemporáneo.

Además, manifiesta la actora que bastaba con la revisión a la lista de asistencia de los militantes que asistieron a la Asamblea en cuestión, para clarificar si la quejosa asistió o no, afirmando que de la búsqueda realizada en la documental de marras, podrá acreditarse que ella no acudió a la cita respectiva, por lo que no es posible que tuviera conocimiento directo de los hechos acontecidos en la convención partidista.

Concomitantemente, también manifestó en su demanda que nunca debió decretarse el desechamiento de la apelación partidista, en razón de existir una carátula del sobre cerrado presentado ante las oficinas del Partido Verde Ecologista de México, misma que contiene como fecha de recepción el día catorce de agosto del año en curso, expresando además que fue alterada la fecha de presentación del citado documento, pues el escrito que contiene el recurso de apelación y la documentación anexa, fue recibido por el vigilante nocturno que se encontraba en las oficinas partidistas, quien asentó en la copia del documento citado, fecha y firma de recibido.

Además, hace valer conceptos de violación, en cuanto a que el órgano responsable resolvió, en perjuicio de la militante, que no existe razón suficiente ni fundamento legal alguno a favor de la actora, señalando ésta que a la responsable no le fue posible arribar dicha conclusión, pues de la resolución combatida se desprende que únicamente analizó la extemporaneidad del recurso, sin estudiar los agravios y analizar los hechos narrados en el escrito correspondiente, señalando que por ello, también, carece la resolución controvertida de motivación y fundamentación adecuada.

Por último, la actora discurre que al carecer la resolución controvertida, de una debida fundamentación y motivación, con ello, la Comisión Nacional de Honor y Justicia del Partido Verde Ecologista de México, se apartó de lo dispuesto en el artículo 42, de los estatutos del Partido Verde Ecologista de México.

SEXTO. Estudio de agravios expresados. Los motivos de queja relacionados en la síntesis expresada en el párrafo precedente, son esencialmente fundados, a razón de lo siguiente.

De la resolución recurrida, que en original obra en autos de este juicio ciudadano, a fojas de la diez a la quince, inclusive, la cual hace prueba plena a juicio de esta resolutora, con fundamento en el artículo 16, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, al ser revisada en forma adminiculada con los elementos que obran en autos y las afirmaciones de las partes, se desprende, efectivamente, que la Comisión Nacional de Honor y Justicia del Partido Verde Ecologista de México determinó, que la apelación intentada por la hoy actora, es improcedente, desechándola de plano, asegurando que la ahí promovente, tuvo conocimiento de los hechos que a su juicio, le ocasionan agravio, el mismo día en que tuvo lugar la asamblea del Partido Verde Ecologista de México, en el estado de Querétaro, es decir, el mismo diez de agosto del presente año.

Posteriormente, el órgano partidista responsable afirmó que si la promovente se impuso personalmente de los hechos materia de la apelación, en la fecha antes señalada, el plazo para interponer la apelación corrió del once al trece de agosto inclusive, por tanto, al haber sido presentada la apelación el día catorce de agosto, esta se tornó improcedente.

Esta Sala Regional estima que, tal como afirma la actora, la determinación tomada por el órgano partidista responsable, no partió de un hecho cierto e indubitablemente comprobado, ya que sólo se limitó a confeccionar una presunción, para con ello, descartar el medio de impugnación interno, no obstante las alegaciones vertidas y peticiones elevadas en su demanda, así como las probanzas ofrecidas y no tomadas en cuenta por el órgano partidista responsable, como por ejemplo, con la "DOCUMENTAL PÚBLICA (sic) consistente en la lista de asistencia de las personas que asistieron (sic) a la Asamblea Estatal del Partido Verde Ecologista de México en el estado de Querétaro, llevada a cabo el día 10 de agosto del año 2008, en el domicilio de avenida de Rivera del Río No. 2,, (sic) esquina Fray J. Bermúdez, Jardín el Nogal, en Corregidora, Querétaro, y que estuvo a cargo del C. Guillermo Hijuelos García".

Esto es así, puesto que la Comisión Nacional de Honor y Justicia no motivó adecuadamente su resolución, pues no hace constar en ella los elementos jurídicos y materiales de los que partió para asumir que la ciudadana estuvo presente durante la celebración de la asamblea partidista en el estado de Querétaro; es decir, no hizo constar en su resolución, cuales fueron los elementos probatorios, o circunstancias fácticas de los que obtuviera, sin lugar a dudas, que la ciudadana no sólo asistió a la convención señalada, si no que además, permaneció continua e ininterrumpidamente en ella, de manera que estuviera en perfectas condiciones de haberse enterado de los pormenores de la asamblea, y de las circunstancias de tiempo, modo y lugar de cada una de las decisiones y eventos ahí acontecidos, conforme al desarrollo de los puntos del orden del día, y demás circunstancias incidentales, que le permitieran tener un conocimiento pleno de los hechos para, con ello, estar en posibilidades reales de implementar un medio de defensa en contra de lo que ella consideró violatorio a sus derechos políticos como militante del partido político citado; lo anterior es así, pues la sola circunstancia de la asistencia, si ese fuera el caso, no sería suficiente para sostener que la ciudadana se enteró de lo que ahí sucedió, ya que eso no es constancia suficiente para asegurar que estuvo presente desde su inicio, y hasta su conclusión.

El anterior criterio, encuentra sustento, mutatis mutandis, en la jurisprudencia clave S3ELJ 19/2001, emitida por la Sala Superior de este Tribunal Electoral, y consultable en la página ciento noventa y cuatro, del tomo Jurisprudencia, de la Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, y que a continuación se inserta a la letra:

"…

NOTIFICACIÓN AUTOMÁTICA. REQUISITOS PARA SU VALIDEZ.—Tanto en la legislación electoral federal como en la mayoría de las legislaciones electorales estatales existe el precepto que establece que, el partido político cuyo representante haya estado presente en la sesión del órgano electoral que actuó o resolvió se entenderá notificado automáticamente del acto o resolución correspondiente, para todos los efectos legales. Sin embargo, si se parte de la base de que notificar implica hacer del conocimiento el acto o resolución, emitidos por una autoridad, a un destinatario, es patente que no basta la sola presencia del representante del partido para que se produzca tal clase de notificación, sino que para que ésta se dé es necesario que, además de la presencia indicada, esté constatado fehacientemente, que durante la sesión se generó el acto o dictó la resolución correspondiente y que, en razón del material adjunto a la convocatoria o al tratarse el asunto en la sesión o por alguna otra causa, dicho representante tuvo a su alcance todos los elementos necesarios para quedar enterado del contenido del acto o de la resolución, así como de los fundamentos y motivos que sirvieron de base para su emisión, pues sólo así el partido político estará en aptitud de decidir libremente, si aprovecha los beneficios que le reporta el acto o resolución notificados, si admite los perjuicios que le causen o, en su caso, si hace valer los medios de impugnación que la ley le confiere para impedir o contrarrestar esos perjuicios, con lo cual queda colmada la finalidad perseguida con la práctica de una notificación.

…"

Resulta entonces, que la Comisión Nacional de Honor y Justicia, al invocar la tesis relevante de este Tribunal Electoral, identificada con la clave S3EL 006/99, cuyo rubro reza "ACTO IMPUGNADO. SU CONOCIMIENTO COMO BASE DEL PLAZO PARA INTERPONER UN MEDIO DE IMPUGNACIÓN.-", para darle alcance y significado a la norma estatutaria que refiere que el plazo de interposición de los medios de impugnación partidista, comenzará a correr a partir del día siguiente a aquél en que el agraviado tenga conocimiento del acto o resolución impugnado, más que significar un apoyo en su resolución, constituye una contradicción en sí misma, pues, la referida Comisión no advirtió, que del cuerpo de la tesis, la Sala Superior determinó, para lo que aquí interesa, que:

"…de esta manera, la recepción documentada de la copia de un fallo pronunciado durante la secuela procedimental, actualiza el primero de los supuestos contemplados en la norma, por tratarse de un acto suficiente para sostener que el interesado ha tenido conocimiento pleno de su contenido y, por ende, considerarla como punto de partida para realizar el cómputo del plazo, pues le permite conocer, de modo indubitable, la totalidad de los fundamentos y motivos que se tuvieron en consideración para su pronunciamiento, así como los puntos resolutivos de la misma…"

De lo anterior, entonces, se constata que para tener por efectivamente enterado de un acto o resolución al interesado, deberá documentarse suficientemente el hecho de que realmente lo haya conocido, no sólo del acto o resolución que pudiese reclamar, si no que, además, deberán tenerse por acreditadas diversas circunstancias de las cuales se pueda efectivamente afirmar que conoció, de manera indubitable, la totalidad de los fundamentos y motivos que se tuvieron en consideración para el pronunciamiento de la conducta desplegada que afectó al justiciable, así como los puntos resolutivos de la misma.

Luego entonces, el argumento esgrimido por el ente partidista responsable en la resolución reclamada, resulta falaz, pues la conclusión a la que arribó no emanó de las constancias que obran en el expediente, sino que fundó su deducción en premisas endebles que parten de hechos que no están debidamente comprobados, y que por tanto, no tienen la solidez requerida para tomarlas como basamento para de ahí, inferir un hecho desconocido.

Sobre el particular, el Magistrado de la Sala Superior de este Tribunal, Doctor Flavio Galván Rivera, en su obra titulada "Derecho Procesal Electoral Mexicano", segunda edición, de la Editorial Porrúa, año dos mil seis, sostiene en las páginas quinientos treinta y cuatro y siguiente, que:

"…

La presunción, desde la óptica del Derecho, puede ser conceptuada como la operación o procedimiento lógico o de raciocinio por el cual, a partir de uno o más hechos conocidos se llega a la conclusión de que otro, desconocido, es cierto o falso, existente o inexistente. La presunción puede encontrar su origen en el pensamiento del juzgador o en el legislador; en el primer caso se denomina presunción humana, hominis o judicial y legal o iuris en la segunda hipótesis.

A pesar de la novedad que para el Derecho Procesal Electoral constituye la prueba mediante presunciones, en su doble aspecto, es necesario reflexionar sobre su auténtica naturaleza jurídica.

Es importante tener en mente que las llamadas presunciones humanas no son otra cosa que las inferencias o deducciones obtenidas por el juzgador, como consecuencia de ejercicios lógicos de razonamiento a partir de hechos conocidos, para llegar al convencimiento sobre los hechos desconocidos, objeto de controversia; por tanto, constituye el convencimiento mismo del juzgador; no se trata de elementos externos para crear convicción.

…"

Es decir, que para poder considerar debidamente probado un hecho desconocido, habrá que partir de la demostración de otro u otros hechos reales y conocidos plenamente, de los que pueda inferirse lógicamente la existencia de aquél, es decir, que el juzgador, a través del método inductivo y de una valoración adecuada de las pruebas que lo conduzcan a la demostración del hecho base de la inferencia, pueda constatar sí el hecho que se pretende acreditar, es consecuencia ordinaria del que resultó demostrado.

Es patente que la hipótesis esgrimida por el órgano partidista responsable, y utilizada para desechar la apelación respectiva, resultó falsa, pues tal como afirmó la actora en su escrito de demanda, la autoridad responsable no motivó adecuadamente su determinación, debiéndose entender por debida motivación las circunstancias especiales o razones particulares que tuvo en consideración para emitir el fallo recurrido, por tanto, el agravio esgrimido por la enjuiciante es FUNDADO.

Por lo antes expuesto, resulta ocioso estudiar el resto de los motivos de disconformidad expuestos en el escrito inicial de demanda, pues con el anteriormente estudiado, es suficiente para revocar la resolución recurrida.

En consecuencia, con fundamento en el artículo 84, párrafo 1, inciso b), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, procede revocar la resolución dictada el veinte de octubre pasado, por la Comisión Nacional de Honor y Justicia del Partido Verde Ecologista de México, dentro del recurso de apelación identificado con las siglas y números CNHYJ/PVEM/R.AP./006/2008, debiendo ese ente partidista responsable dictar una nueva resolución, dentro de los plazos y términos que establecen sus normas estatutarias, en la que funde y motive, debidamente, lo que en derecho corresponda.

Por lo expuesto y fundado, se:

R E S U E L V E:

PRIMERO. Se revoca la resolución de veinte de octubre de dos mil ocho, dictada por la Comisión Nacional de Honor y Justicia del Partido Verde Ecologista de México, en los autos del recurso de apelación clave CNHYJ/PVEM/R.AP./006/2008, en términos de lo expuesto en el último considerando de este fallo.

SEGUNDO. La Comisión Nacional de Honor y Justicia del Partido Verde Ecologista de México, deberá informar a esta Sala Regional, del debido cumplimiento que dé a este fallo, dentro de las siguientes veinticuatro horas a que dicte la nueva resolución, de conformidad a los plazos y términos previstos en sus normas estatutarias.

NOTIFÍQUESE: a) Por correo certificado al actor en el domicilio señalado en autos, anexando copia simple de la presente sentencia; b) Por oficio, con copia certificada de esta ejecutoria, a la Comisión Nacional de Honor y Justicia del Partido Verde Ecologista de México, y toda vez que ésta tiene su domicilio en la ciudad de México, Distrito Federal, solicítese atentamente a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, para que por comisión y en auxilio de las labores de este órgano jurisdiccional electoral, se sirva notificar la presente sentencia a dicho órgano partidista; reiterándole reciprocidad en casos análogos; y, c) Por estrados a los demás interesados; lo anterior, con fundamento en el párrafo 2, del artículo 84, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

En su oportunidad, archívese este expediente como asunto concluido.

Así lo resolvió la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la Segunda Circunscripción Plurinominal, por UNANIMIDAD de votos, de los Magistrados Beatriz Eugenia Galindo Centeno, ponente en el presente asunto, Rubén Enrique Becerra Rojasvértiz y Georgina Reyes Escalera, quienes firman ante el Secretario General de Acuerdos, que autoriza y da fe. Rúbricas.