JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES DEL CIUDADANO

EXPEDIENTES: SM-JDC-32/2008 y SM-JDC-34/2008

ACTOR: FRANCISCO MARTÍN ESCOBAR OSORNIO

ÓRGANO PARTIDISTA RESPONSABLE: COMISIÓN NACIONAL DE GARANTÍAS DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA

MAGISTRADA PONENTE: GEORGINA REYES ESCALERA

SECRETARIAS: SOFÍA DEL CARMEN DÁVILA TORRES E IRENE MALDONADO CAVAZOS

Monterrey, Nuevo León, a diecinueve de diciembre de dos mil ocho.

VISTOS para resolver los autos de los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, expedientes números SM-JDC-32/2008 y SM-JDC-34/2008, promovidos por FRANCISCO MARTÍN ESCOBAR OSORNIO, por su propio derecho, en contra de la resolución y aclaración de resolución emitidas por la Comisión Nacional de Garantías del Partido de la Revolución Democrática, de fechas veinte y treinta y uno de octubre del presente año, respectivamente, dentro del expediente INC/GTO/1194/2008 y sus acumulados INC/GTO/1212/2008, INC/GTO/1222/2008 e INC/GTO/1223/2008; fallos mediante los cuales se confirmó el cómputo de la elección interna de Presidente y Secretario General del Partido de la Revolución Democrática en el estado de Guanajuato; y,

R E S U L T A N D O

I. Antecedentes

1. Convocatoria. En fecha diecisiete de noviembre de dos mil siete, el VI Consejo Nacional del Partido de la Revolución Democrática, aprobó la convocatoria para la celebración de la elección de sus órganos de dirección y representación en el ámbito nacional y estatal, a celebrarse el día dieciséis de marzo del año en curso.

2. Registro. En la base III de la convocatoria señalada en el párrafo que antecede, se estableció que las solicitudes de registro correspondientes debían ser presentadas ante la Comisión Técnica Electoral, durante el lapso comprendido entre el día veintiuno y veinticinco del mes de enero del presente año.

3. Registro de fórmulas. Al promovente del juicio que nos ocupa, la Comisión Técnica Electoral, en fecha cuatro de febrero del presente año, en un primer momento, le negó el registro solicitado dado que no acreditó diversos requisitos de elegibilidad, concediéndole un plazo para acompañar a su solicitud de registro las constancias necesarias para demostrar que había sido integrante de un Comité Ejecutivo Municipal, miembro del Consejo Estatal, ocupado algún cargo de elección popular, o bien, que contaba con el aval del diez por ciento de los consejeros estatales; posteriormente, en fecha ocho de febrero del presente año, se le concedió el registro para contender como candidato a Presidente de dicho instituto político en el estado de Guanajuato, conjuntamente con Alma Alicia Martínez para el cargo de la Secretaría General, quedando inscritos como fórmula con folio número16 (dieciséis).

4. Celebración de la elección. El día dieciséis de marzo siguiente, se llevó a cabo la jornada electoral programada, iniciándose la sesión de cómputo el miércoles diecinueve del citado mes, finalizando el día diez de abril del mismo año, resultando ganadora la fórmula registrada con el folio 100 (cien), integrada por Agustín Miguel Alonso Raya y Jesús Gerardo Silva Campos como Presidente y Secretario, respectivamente.

II. Recurso de Inconformidad

1. Interposición. El quince de abril del año que transcurre, ante la Delegación de la Comisión Técnica Electoral del Partido de la Revolución Democrática del estado de Guanajuato, Enrique Alba Martínez, en representación de la fórmula integrada por el hoy actor, interpuso escrito de inconformidad en contra de los resultados de la elección citada, recurso registrado ante la comisión resolutora con la clave de identificación INC/GTO/1194/2008.

2. Resolución y notificación. La Comisión Nacional de Garantías del instituto político, sustanció y resolvió la inconformidad planteada, pronunciando la correspondiente resolución en fecha veinte de octubre del dos mil ocho, declarando la validez del cómputo correspondiente a la elección impugnada; determinación que le fue notificada al representante legal del actor, en fecha treinta del mismo mes y año. Cabe mencionar que en tal acto se resolvieron diversas inconformidades en contra de la misma elección al haberse acumulado.

3. Aclaración. La citada Comisión Nacional, actuando de oficio, en fecha treinta y uno de octubre emitió aclaración de dicha resolución, la cual fue notificada al representante del actor el día seis de noviembre del presente año.

III. Juicio para la protección de los derechos político electorales del ciudadano

1. Interposición. Inconforme con la citada resolución y aclaración de la misma, FRANCISCO MARTÍN ESCOBAR OSORNIO promovió, ante el órgano partidista responsable, sendos juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, en fechas cinco y siete de noviembre de este año, haciendo las manifestaciones que estimó conducentes para controvertirlos; en sus escritos de demanda, en cuya parte medular por lo que respecta al primero, señala lo siguiente:

"…FUENTE EL AGRAVIO.- El agravio se origina con la violación grave a las garantías constitucionales previstas en los artículos 14, 16, 17 y 41 de la Constitución Política Mexicana.

CONCEPTO DE AGRAVIO.- La violación grave a las Garantías de Certidumbre y Seguridad Jurídica que consagra nuestra Ley suprema, en sus artículos 14 y 16, toda vez que las Garantía de Audiencia e Impartición de Justicia son una de las más importantes dentro de cualquier régimen jurídico, ya que implica la principal defensa de que dispone todo gobernado frente a actos del Poder Público, como en este caso se asemeja, que tiendan a privarlo de sus más caros derechos y sus más preciados intereses, como en este caso está visto, la violación grave y directa a estos principios.

Es decir, el ejercicio electoral debe cumplir (no es desperdicio repetirlo) no sólo certeza, también legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad. Tratar el cumplimiento de los 5 principios. La seguridad jurídica incide sobre el cumplimiento de la ley. El término evoca la calidad de un ordenamiento normativo que se cumpla y sea capaz de regular claramente en forma y sustancia las materias que interesan al Estado y a los particulares. La certeza jurídica va todavía más lejos pues supone la certidumbre sobre la vigencia, contenido y elementos esenciales para la ejecución de la Ley. Un presupuesto básico y elemental para que exista seguridad y certeza jurídica es la transparencia. La razón es obvia, no se podría resolver ninguna elección si no se tiene certeza del número y planilla de los votos. Este mismo Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ofrece a ciudadanos ventanilla con ese nombre: Transparencia. Cualquiera puede consultarla gratuitamente.

Así como también se hace de su conocimiento, la violación grave al articulo 59, inciso b) y d) del Reglamento de Disciplina Interna del Partido de la Revolución Democrática, al pasar por alto y hacer caso omiso de INFORME JUSTIFICADO que rinde la Comisión Técnica Electoral, de fecha tres de julio de dos mil ocho, y que remite a la Comisión Nacional de Garantías.

Es por ello que, el INFORME JUSTIFICADO, tiene como objetivo principal el tener por escuchada a la parte Responsable en dicha litis, es decir si el Recurso de Inconformidad fue presentado por violaciones de la autoridad electoral Intrapartidaria, está misma, con los derechos que le confiere la Garantía de Audiencia acudió al llamado a juicio rindiendo su Informe con Justificación, en donde manifestó a lo largo de todo su escrito, que lo que el suscrito dijo en su escrito de impugnación es CIERTO, es decir que, la propia autoridad electoral intrapartidaria y Responsable, reconoce la violación e ilegalidad en toda la jornada electoral del día 16 de marzo del presente año en el Estado de Guanajuato.

Así mismo el artículo mencionado a la letra señala lo siguiente:

Artículo 59.- dentro de las veinticuatro horas siguientes al vencimiento del plazo a que se refiere el inciso b) del artículo 57, el órgano responsable, deberá remitir a la COMISIÓN lo siguiente:

a) El escrito original, mediante el cual se presenta la queja electoral, las pruebas y demás documentos que se haya acompañado a la misma;

b) El informe justificado, acompañado de la documentación relacionada, pertinente que obre en su poder y que estime necesario para la resolución del asunto;

c) En su caso, los escritos de los terceros interesados, las pruebas y la demás documentación que se haya acompañado a los mismos.

d) El informe justificado que debe rendir el órgano responsable, por lo menos contendrá si el quejoso tiene reconocida su personería, los motivos y los fundamentos jurídicos que considere pertinentes, la firma del funcionario que lo rinde.

De lo anterior se desprende que como obra en autos, lo anterior no se llevó a cabo, toda vez que la Comisión Técnica Electoral no remitió a la autoridad Juzgadora la documentación completa y correcta, con lo cual queda claro que no se están cumpliendo las Formalidades del Debido Proceso, lo cual es violatorio de mis derechos al no tomarse encuentra (sic) las probanzas que en su momento procesal oportuno.

Por lo anterior y a pesar de tener por reconocidos los hechos violatorios de la jornada electoral en el Estado de Guanajuato la Máxima Autoridad Electoral del Partido., es que, la Comisión Nacional de Garantías dicta una resolución INFUNDADA, carente de Motivación y Certeza Jurídica, por ende violatoria de los Derechos Políticos de los Ciudadanos, al dar por computada, calificada y resuelta dicha elección aún y a pesar de lo dicho y probado.

Derivado de lo anterior es que dicha resolución, carece de toda certeza y seguridad jurídica, al violentar los derechos político electorales del suscrito y de la militancia que participo de buena fe a sufragar su voto en dicha jornada electoral.

De ahí que la certeza es conocimiento seguro y evidente de algo y su antónimos son la incertidumbre y la duda.

Lo anterior me causa agravio porque la violación a nuestra reglamentación interna y a las disposiciones establecidas en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral por parte de los ahora responsables, violenta mis garantías individuales consagradas en los artículos 1°, 8°, 14, 16, 17, 35 y 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en especial las marcadas en los numerales diecisiete y cuarenta y uno, mismas que a su vez contienen las garantías de seguridad jurídica y de legalidad, para los ciudadanos en contra de los Partido Políticos mismos que se encuentran como entidades de interés público y su objetivo social es la participación de los ciudadanos en la vida democrática del país, el negar este derecho violenta flagrantemente los principios básicos de participación ciudadana y el derecho de ser votado.

Las garantías de seguridad jurídica pretenden que las autoridades del Estado no apliquen arbitrariamente el orden jurídico a los individuos y el Estado se encargue de aplicar, de manera expedita, a las controversias jurídicas en que se involucren ciudadanos.

Esta es la garantía de "seguridad" derivada del latín seguritas, -atis, que significa "cualidades de seguro o certeza, así como "cualidad del ordenamiento jurídico, que implica la certeza de sus normas y, consiguientemente, la previsibilidad de su aplicación". Así la seguridad jurídica es la certeza que debe tener el gobernado de que su persona, sus papeles, su familia, sus posesiones o sus derechos serán respetados por la autoridad; si ésta debe afectarlos, deberá ajustarse a los procedimientos previamente establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes secundarias. La seguridad jurídica parte de un principio de certeza a la aplicación de disposiciones constitucionales y legales que, a un tiempo, definen la forma en que las autoridades del Estado han de actuar y que la aplicación del orden jurídico a los gobernados será eficaz. La existencia de esta seguridad implica un deber para las autoridades del Estado y éstas deben abstenerse de vulnerar los derechos de los gobernados.

Situación que para el caso concreto que nos ocupa no se dio ya que los ahora responsables de manera ilegal resolvieron declarar la improcedencia de mi recurso por supuestamente no haber cumplido con los requisitos del escrito de queja.

Sirva de apoyo y sustento a mi dicho lo anterior, las (sic) siguiente Tesis Jurisprudencia:

PRINCIPIO DE EXHAUSTIVIDAD. LAS AUTORIDADES ELECTORALES DEBEN OBSERVARLO EN LAS RESOLUCIONES QUE EMITAN.- [Se transcribe].

Con la cual se concluye que el Principio de Derecho a la Justicia, es el de acudir a los tribunales, ya que sea (sic) concebido tradicionalmente como un derecho individual. Sin embargo la tendencia ala socialización del derecho a partir de los comienzos del siglo XX, le han dado a ese derecho una proyección y un contenido social, porque se trata de lograr una justicia real y no solo formal. Por ello, el derecho de acudir a la jurisdicción del Estado sea (sic) convertido en un verdadero derecho a la justicia atendida está como un valor social que debe ser realizado.

SEGUNDO. FUENTE DEL AGRAVIO- Lo constituye la violación al artículo 82 del Reglamento General de Elecciones y Consultas, de nuestro Partido que establece el procedimiento que hay que agotar en la etapa preparatoria del proceso electoral para determinar la ubicación en lo cual se instalaran la casillas que fungirán como receptoras de la votación el día de la jornada electoral.

CONCEPTO DE AGRAVIO.- Este agravio se presenta ya que se debe de considerar en primera instancia que las Casillas marcadas en el encarte que se uso el día de la jornada electoral del día 16 de marzo de 2008, no fue instalada tal y como se apreció en los hechos y pruebas que se ocuparon para hacer y demostrar tal afirmación específicamente en las casillas identificadas con las claves GTO-7-16-15, GTO-15-8-27, GTO-26-10-46, GTO-26-10-47, GTO-42-19-69, GTO-42-19-70, GTO-42-19-71, GTO-42-19-72, GTO-42-19-73, GTO-42-19-74, GTO-42-19-75, GTO-42-19-76, GTO-42-19-77, GTO-42-19-78 Y GTO-42-19-79.

Pero como consideró el órgano jurisdiccional intrapartidario, que si se llevó a cabo su instalación se tiene que considerar la violación al procedimientos electivo interno por haber cambiado sin causa justificada el domicilio y ubicación de las mismas, lo cual genera confusión y por la lejanía que implica el lugar que originalmente se debió instalar y en el que supuestamente se instaló, se considera una afectación que altera determinantemente el resultado de la votación.

En efecto, el bien jurídico tutelado en la causal de nulidad que se estudia lo es la certeza, en el sentido de que los electores conozcan la ubicación del lugar al que deben acudir el día de la jornada electoral, a emitir su sufragio y la propia instalación de la casilla para recibir la votación.

Así, los elementos que se demostraron en su momento para configurar la hipótesis de nulidad son:

a).- Demostrar que la casilla se instaló en lugar diferente al autorizado;

b).- Que no existió una causa que justificara en ese cambio.

c).- Que se provocó confusión en el electorado respecto del lugar al que debía acudir a votar y, por ello, no emitió su sufragio.

d).- Que sea determinante para el resultado de la votación.

Al respecto el criterio del tribunal electoral orienta en su interpretación con la siguiente tesis de jurisprudencia:

INSTALACIÓN DE CASILLA EN LUGAR DISTINTO. NO BASTA QUE LA DESCRIPCIÓN EN EL ACTA NO COINCIDA CON LA DEL ENCARTE, PARA ACTUALIZAR LA CAUSA DE NULIDAD.- [Se transcribe].

En el caso concreto no hay la justificación de un cambio de domicilio para haber instalado la ubicación de casillas en lugar diferente al que se enunció en el encarte, es un hecho como lo refiere la propia acta que hubo dicho cambio respecto al encarte, y sin duda la imposibilidad de traslados y obstaculización de acceso por el cambio de lugar genera en forma determinante una afectación al resultado de la votación.

Lo anterior fue debidamente impugnado y probado en su momento y en este acto sigo acreditando mi dicho, como consta en autos para la propia Comisión Técnica Electoral en el ámbito nacional, en su informe justificado de fecha 03 de julio de dos mil ocho, que remitió a la Comisión Nacional de Garantías, en donde dice que reconoce como CIERTOS los hechos que en el juicio natural cito y alego como violatorios a mis derechos. Copia simple que se anexa a la presente demanda.

En razón de que lo anterior, debe desestimarse declarar infundado el escrito de impugnación que hoy se combate, ya que carece de fundamentación y sobretodo (sic) motivación jurídica.

TERCERO.- FUENTE DEL AGRAVIO, lo constituye la violación al artículo 17 constitucional en cuanto hace al principio de derecho a la justicia, es el de acudir a los tribunales, ya que sea (sic) concebido tradicionalmente como un derecho individual. Sin embargo la tendencia ala socialización del derecho a partir de los comienzos del siglo XX, le han dado a ese derecho una proyección y un contenido social, porque se trata de lograr una justicia real y no solo formal. Por ello, el derecho a acudir a la jurisdicción del Estado sea (sic) convertido en un verdadero derecho de la justicia atendida está como un valor social que debe ser realizado.

La Comisión Nacional de Garantías, viola lo dispuesto en la normatividad interna en lo relativo a la certeza, igualdad, honestidad, imparcialidad, transparencia y objetividad que deben revestir los actos del órgano intrapartidista encargado de la calificación de los procesos electivos de este instituto político, toda vez que de manera arbitraria califico el Cómputo Total de la elección de Presidente y Secretario General del Comité Ejecutivo Estatal en Guanajuato, a pesar de que no se contaba con los paquetes electorales de dicha elección, ya que como se acredito con antelación en nuestro recurso de inconformidad presentado ante la H. Comisión Nacional de Garantías el 15 de abril de 2008, en el que se estipulo específicamente que el acta de escrutinio y cómputo de la casilla numero 23 no fue instalada en el municipio de Dr. Mora, por lo que es obvio que no se cuentan con resultados de votación, pero obra en archivo de la delegación estatal electoral que fue entregado el paquete electoral al delegado regional y sin embargo no se tienen noticias del mismo, tal y como lo confirma la autoridad responsable en su Informe Justificado, toda vez que afirma que "Respecto de los hechos vertidos por el promovente se manifiesta que son ciertos", conculcando flagrantemente el procedimiento de cómputo que la regulación del partido establece para las elecciones internas.

Aunado a esa grave irregularidad, no omito hacer de su conocimiento que durante la jornada electoral se incurrió en graves violaciones a la normatividad interna, tanto al expulsar representantes de la fórmula que represento, como al inducirse al voto en diversas casillas a favor de la fórmula 100, diciendo como votar, etc, hechos que se describe en la hoja de incidentes, así como la violencia que existió en contra de los representantes de la fórmula que represento, coacción en contra de los electores para votar a favor de distintas fórmulas, sustitución indebida de funcionarios de casilla, recepción de votación de un solo funcionario de casilla, cambio de ubicación de casilla sin causa justificada, errores en el escrutinio y cómputo de la elección, así como claras violaciones a los principios de certeza, equidad, imparcialidad y objetividad que debían ser garantizados por el órgano electoral, todo ello fundado y probado en su momento, como consta en autos, ante el Órgano Jurisdiccional Intrapartidario.

A pesar de lo anterior, se dictó un cómputo y calificación de la citada elección incongruente, carente de la debida fundamentación y valoración, en agravio de mis garantías y derechos, tal como lo señala la resolución que hoy se combate bajo el número INC/GTO/1194/2008 y sus acumulados INC/GTO/1212/2008, INC/GTO/1222/2008 e INC/GTO/1223/2008, Considerándoos (sic) y Resultando dictada por la Comisión Nacional de Garantías, del Partido de la Revolución Democrática, para lo cual se hace valer en los siguientes términos:

La autoridad responsable viola los derechos político-electorales de mis representados, el derecho a votar de los electores que acudieron a sufragar el día 16 de marzo de 2008, los principios de certeza, imparcialidad, objetividad, seguridad y honestidad que deben caracterizar los procesos electivos que se desarrollan al interior de este instituto político, así como lo establecido en el artículo 98 del Reglamento General de Elecciones y Consultas.

Más aún si consideramos que el artículo 98 del Reglamento General de Elecciones y Consultas, prevé que en caso de errores de escrutinio y cómputo, así como cuando exista alteración de los paquetes electorales se debe realizar la apertura de los mismos, situación que no fue posible realizar debido a la carencia de paquetes electorales, por lo que no solo de manera indebida se realizó el cómputo, sino que se careció del elemento indubitable a partir del cual se debe tener plena certeza de la votación emitida, poniendo de manifiesto la flagrante violación a la normatividad interna de ese instituto político, actualizándose la causal de nulidad prevista en el inciso i) del artículo 115 del Reglamento General de Elecciones y Consultas, que prevé que se declarara la nulidad de la votación recibida en casilla cuando ocurran irregularidades graves, que afecten en forma determinante las garantías del voto previstas en el Estatuto y este Reglamento, distintas a las señaladas en los incisos anteriores que afecten de manera determinante el resultado de la votación…"

En relación con el segundo de los medios de impugnación, el hoy actor expresó en su demanda que la aclaración de resolución le provoca los siguientes:

"…AGRAVIOS

ÚNCIO. (sic) Se violentan en mi perjuicio los principios de Certeza y Legalidad, toda vez que la Comisión Nacional de Garantías incumple con la función de "garantizar los derechos y hacer cumplir las obligaciones de los miembros y órganos, así como velar por el debido cumplimiento y aplicación del estatuto y reglamentos que de él emanen" según lo establecido por el artículo 1° párrafo segundo del Reglamento de la Comisión Nacional de Garantías, toda vez que tanto en su resolución de fecha 20 de octubre de 2008 como la ACLARACIÓN DEL RECURSO DE INCONFORMIDAD de fecha 31 de octubre de 2008, en el cuerpo del escritose (sic) señala en su foja número 7 que se señala que se han "anulado un total de 18 casillas que representa 22.22% del total de 81 casillas que fueron instaladas en el Estado", por lo que "procede a hacer la modificación del cómputo supletorio de la elección del Presidente y Secretario General del Partido de la Revolución Democrática en el Estado de Guanajuato, realizado por la Delegación de la Comisión Técnica Electoral en dicha entidad federativa, el ocho de abril de 2008…" y "dado que no varía la posición entre formulas ubicadas en primera y segunda posición, por lo que no se actualiza lo establecido en la parte final del inciso a) del artículo 116 del Reglamento General de Elecciones Internas y Consultas, en cuanto a que la nulidad decretada haya resultado determinante en el resultado de la votación, be (sic) confirmarse la validez de elección de Presidente y Secretario General del Partido de la Revolución Democrática correspondiente al Estado de Guanajuato y las constancias de mayoría expedidas favor de la formula encabezada por Agustín Miguel Alonso Raya".

Esto es a todas luces ilógico y contrario a derecho, toda vez que la misma comisión reconoce que se han "anulado un total de 18 casillas que representa 22.22% del total de 81 casillas que fueron instaladas en el Estado". Por lo que conforme a derecho debería procederse a la anulación de la elección

Para sustentar lo anterior sirvan las siguientes tesis de jurisprudencia:

"NULIDAD DE LA ELECCIÓN. VOTACIÓN DETERMINANTE PARA ACTUALIZAR LA CAUSAL (Legislación de Sonora).- [Se transcribe].

"NULIDAD DE LA ELECICÓN (sic) VIOLACIONES SUSTANCIALES QUE SON DETERMINANTES PARA EL RESULTADO DE LA ELECCIÓN (Legislación de San Luis Potosí).- [Se transcribe].

Luego entonces es claro que la Comisión Nacional de Garantías del PRD debió decretar la (sic) invalido "el computo supletorio de la elección de Presidente y Secretario General del Partido de la Revolución Democrática en el Estado de Guanajuato, realizado por la delegación de la Comisión Técnica Electoral en dicha entidad federativa, el ocho de abril de 2008". , pero en lugar de ello, la Comisión de Garantías considera que "dado que no varía la posición entre fórmulas ubicadas en primera y segunda posición, por lo que no se actualiza lo establecido en la parte final del inciso a) del artículo 116 del Reglamento General de Elecciones Internas y Consultas, en cuanto a que la nulidad decretada haya resultado determinante en el resultado de la votación, debe confirmarse la validez de elección de Presidente y Secretario General del Partido de la Revolución Democrática correspondiente al Estado de Guanajuato y las constancias de mayoría expedidas favor de la formula encabezada por Agustín Miguel Alonso Raya".

Es decir, la multicitada Comisión Nacional de Garantías, en franca contradicción con su obligación de "garantizar los derechos y hacer cumplir las obligaciones de los miembros y órganos, así como velar por el debido cumplimiento y aplicación del estatuto y reglamentos…" reduce su criterio a un aspecto meramente matemático al señalar que dado que no varía la posición entre fórmulas ubicadas en primera y segunda posición, por lo que no se actualiza lo establecido en la parte final del inciso a) del artículo 116 del Reglamento General de Elecciones Internas y Consultas, en cuanto a que la nulidad decretada haya resultado determinante en el resultado de la votación, debe confirmarse la validez de elección de Presidente y Secretario General…" AFECTANDO CON ELLO LA ESFERA DE MIS DERECHOS.

Así pues, tal y como ha quedado acreditado, la Comisión Nacional de Garantías debió declarar "la nulidad de la votación recibida" toda vez que la misma autoridad jurisdiccional reconoce haber "anulado un total de 18 casillas…" lo "que representa el 22.22% del total de 81 casillas que fueron instaladas en el Estado", con lo cual "se surte, por si sola, la calidad de determinante para el resultado de dicha elección, actualizándose la causal de nulidad de la elección" prevista en el artículo 116 inciso a) del Reglamento general de elecciones y Consultas, toda vez que más del 20 por ciento de los sufragios "se vieron afectados por la irregularidad señalada".

Así mismo, la Comisión Nacional de Garantías debió considerar el hecho de que fue la propia Comisión Técnica Electoral en Guanajuato la que violento el procedimiento al haber realizado el cómputo para la elección de Presidente y Secretario General del PRD en Guanajuato fuera de todo plazo razonable para dotar de certeza y seguridad al procedimiento de computo y por tanto pone en duda el resultado de la votación. Es decir, la Comisión Técnica Electoral efectuó el computo correspondiente a la elección de Presidente y Secretario General casi un mes después haberse realizado la elección interna del partido, por lo que es claro que la misma autoridad electoral es quien "vulnera principios rectores de la función.… de organizar las elecciones," con lo cual "se actualiza" el "último extremo de la causal genérica de nulidad" al demostrarse "en autos" que "fueron las propias autoridades" intrapartidistas "encargadas de preparar, desarrollar y vigilar la elección de que se trata quienes originaron y cometieron dicha violaciones sustanciales", tal y como lo es efectuar y finalizar un cómputo 25 días después de haber tenido verificativo la elección de que se trate.

Luego entonces y toda vez que es la misma Comisión Nacional de Garantías la que reconoce que se anuló el 22.22 por ciento de las casillas instaladas en el estado, éste órgano debió, según corresponde a sus funciones, anular la lección (sic) de pleno derecho al haberse acreditado la causal prevista por el artículo 116 inciso a) del Reglamento General de Elecciones y Consultas que a la letra dice:

"Artículo 116.- Son causas para convocar a elección extraordinaria:

Cuando alguna o algunas de las causales de nulidad previstas en el artículo anterior, se hayan acreditado en por lo menos el veinte por ciento de las casillas en el ámbito correspondiente a la elección de que se trate y esto sea determinante en el resultado de la votación;

…"

Sin embargo, contrario a derecho y a la razón la Comisión Nacional de Garantías pretende aplicar un criterio minúsculo al pretender reducir el fraseo "determinante para el resultado de la elección" a una simple operación matemática para la que argumenta que "dado que no varia la posición entre las fórmulas ubicadas en primera y segunda posición, no se actualiza…" la causal señalada arriba.

Este razonamiento es absurdo ala (sic) luz de los hechos. Primero, no puede considerarse legal y cierta la declaración de validez de un computo y las constancias de mayoría que de este se desprenden, cundo (sic) la autoridad misma ha invalidado el 22.22 por ciento de los sufragios y 1 de cada cinco votos al menos fue nulificado, configurando el extremo previsto por la norma para ser considerado como "determinante para el resultado de la elección"; y, segundo, que "fueron las propias autoridades encargadas de prepara (sic), desarrollar y vigilar la elección de que se trata quienes originaron y cometieron violaciones sustanciales" como lo es el haber realizado el computo 25 días después de haberse realizado la elección y en contravención a lo establecido por el propio Reglamento General de Elecciones y Consultas, tanto en lo referido los resultados de las elecciones y en específico al computo, previsto en artículo 98 del mencionado instrumento reglamentario, como lo concerniente a la calificación de la elección establecida en el ya citado artículo 116 inciso a del documento en mención.

Teniendo en cuanta (sic) que la realización del computo Estatal para la elección de Presidente y Secretario General del Partido de la Revolución Democrática en Guanajuato violentaron lo establecido por el artículo 98 del Reglamento General de Elecciones y Consultas en el que se establece el procedimiento para el cómputo de las elecciones es causa fundamental para la anulación de la elección. Es decir, la prolongación en el tiempo del cómputo constituye un elemento sustancial y fundamental para considerar que el proceso electoral no cumplió con su objetivo de realizar elecciones democráticas, libres, periódicas y autenticas, ya que el mimo (sic) no dota de certeza al computo y por el contrario genera dudas sobre el resultado de la elección.

Así pues, la realización del cómputo fuera de todo plazo lógico y racional, se constituye como una violación sustancial al procedimiento, específicamente al cómputo, con el que se inicia material y jurídicamente la etapa de resultados y declaración de validez. Es el caso que la lección (sic) para la renovación de los órganos de dirección del Partido de la Revolución Democrática, tuvo verificativo el día 16 de marzo de 2008 y que el cómputo se culmino el día 10 de abril de 2008, casi un mes después de efectuados los comicios, contraviene cualquier expectativa de una elección democrática y establece serias dudas sobre la limpieza y organización de la elección de que se trate y con ello se convierte en un elemento adicional a las irregularidades acaecidas y planteadas en el escrito de inconformidad presentado por el que esto suscribe ante la Comisión de Nacional de Garantías a la calificación de la elección.

A contrario sensu, no puede considerarse como consentido el hecho de que no se hubiese impugnado la tardanza y prolongación del computo, toda vez que la etapa de resultados y declaración de validez de la elección se encuentra aun en proceso, como lo acredita el hecho mismo de que se esta acudiendo ante este alto tribunal para impugnar la declaratoria de validez que hace la Comisión Nacional de Garantías respecto del computo para las elecciones de Presidente y Secretario General del Partido de la Revolución Democrática en Guanajuato realizado por la Delegación de la Comisión Técnica Electoral del PRD en Guanajuato. Por lo que de ninguna manera puede considerarse como un acto consentido no haber impugnado el computo mientras este se realizaba.

Para apoyar la argumentación anterior sirva de sustento la siguiente tesis de jurisprudencia:

"PROCESO ELECTORAL. CONCLUYE HASTA QUE EL ÚLTIMO ACTO O RESOLUCION DE LA ETAPA DE RESULTADOS ADQUIERE DEFINITIVIDAD (legislación del Estado de México y similares).- [Se transcribe].

Luego entonces, es claro que de ninguna manera puede considerarse como un acto consentido el hecho de que hubiese concluido el computo, puesto que el computo constituye, por si mismo (per se) el inicio de una etapa del proceso electoral, en este caso, la etapa de resultados y declaración de validez de la elección.

Es el caso, que este alto Tribunal debe considerar y revisar no solo la resolución de la Comisión Nacional de Garantías del Partido de la Revolución Democrática de fecha 20 de octubre relativa al expediente INC/GTO/1212/2008 Y ACUMULADOS INC/GTO/1194/2008, INC/GTO/1222/2008 E INC/GTO/1223/2008, sino que en ejercicio de sus atribuciones Constitucionales y legales debe recalcar la función garantista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en particular la protección amplia de los derechos político-electorales del ciudadano y de la democracia interna de los partidos políticos. Por ello solicito que se aplique el principio de exhaustividad al momento de resolver sobre el particular.

Sirva para fundamentar lo anterior la siguiente tesis de jurisprudencia:

"PRINCIPIO DE EXHAUSTIVIDAD. LAS AUTORIDADES ELCTORALES (sic) DEBEN OBSERVARLO EN LS (sic) RESOLUCIONES QUE EMITAN.- [Se transcribe].

Considerando el razonamiento anterior, esta Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación debe examinar si la prolongación por más de 25 días del cómputo de la elección de Presidente y Secretario General del Partido de la Revolución Democrática en el estado de Guanajuato, es o no una violación sustantiva por parte de la autoridad intrapartidistas encargada de organizar y vigilar las elecciones, en este caso la Comisión Técnica Electoral.

Así mismo este alto tribunal debe razonar sobre la aplicación de la norma interna y del derecho electoral en su normativa constitucional y legal, toda vez que el criterio reduccionista de la Comisión Nacional de Garantías para considerar que alguna violación sea "determinante para el resultado de la elección" contraviene a la jurisprudencia y lo que a toda lógica debe imperar, puesto que nadie en su sano juicio espera que después de reconocer que hubo violaciones en el 22..22 por ciento de las casillas se declare valido el computo y por tanto las constancias de mayoría…"

2. Tramitación. La Comisión Nacional de Garantías responsable, dio aviso a esta Sala Regional de la interposición de los citados medios de impugnación, remitiendo el informe circunstanciado y las constancias que estimó conducentes; lo anterior, una vez concluidos los plazos de publicitación correspondientes a cada juicio.

3. Radicación, requerimiento y cumplimento. Mediante proveídos de fecha veinte de noviembre de este año, la Magistrada Instructora, radicó cada uno de los juicios y requirió diversa documentación al órgano partidista responsable. Posteriormente, en fecha veinticinco del mes y año señalados, tuvo por cumplimentados los correspondientes requerimientos, por tanto, ordenó agregar los documentos allegados a los respectivos expedientes.

4. Admisión y cierre de instrucción. En fecha dos de diciembre del presente año, fueron admitidos los juicios de ciudadano, así como las pruebas ofrecidas en los mismos, y al estimar que se encontraban debidamente sustanciados, ordenó, en ambos, el cierre de instrucción, quedando los autos en estado de resolución, la cual se pronuncia al tenor de los siguientes

C O N S I D E R A N D O S

PRIMERO. Jurisdicción y competencia. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ejerce jurisdicción y esta Sala Regional correspondiente a la Segunda Circunscripción Plurinominal con cabecera en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, tiene competencia para conocer y resolver el presente medio de impugnación de conformidad con lo dispuesto en los artículos 41, base VI, 94, párrafos primero y quinto y 99, párrafo cuarto, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, fracción II, 184, 185, 186, fracción III, inciso c), 192 y 195 fracción IV, inciso d), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 1, 3, párrafos 1 y 2, inciso c), 4, 80, párrafo 1, inciso g), 83, párrafo 1, inciso b), fracción IV, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, en virtud de que el actor promueve los juicios por considerar que la Comisión Nacional de Garantías viola su derecho de ser votado respecto de la elección interna para el cargo de Presidente del Partido de la Revolución Democrática en el estado de Guanajuato.

SEGUNDO. Acumulación. Del examen minucioso de los expedientes SM-JDC-32/2008 y SM-JDC-34/2008, esta Sala Regional advierte que se trata de dos medios de impugnación en los que se combate por la misma persona, Francisco Martín Escobar Osornio en el primer expediente señalado y Franciso Escobar Osornio por lo que hace al segundo; aclarando que la diferencia en la escritura del nombre, a juicio de este órgano colegiado no implica diferencia en la identidad del actor, pues existe plena correspondencia en su nombre, apellidos y el carácter con el que se ostenta en ambos, siendo éste el de candidato a la presidencia del partido en que milita en el estado de Guanajuato; impugnando en los juicios el mismo acto, pues se inconforma contra la resolución de fecha veinte de octubre de este año y su aclaración de treinta y uno del mismo mes y año, emitidas por la Comisión Nacional de Garantías del Partido de la Revolución Democrática.

Es criterio de esta Sala Regional que tanto la resolución como la aclaración impugnadas, configuran un solo acto jurídico susceptible de ser combatido mediante el juicio de ciudadano, lo anterior, al estimar que la segunda no puede considerarse como un acto aislado o independiente de la resolución emitida por el órgano intrapartidista, sino que forma parte integrante de ésta, cuyo objeto radica en hacer comprensibles los conceptos ambiguos, rectificar los contradictorios, explicar los oscuros, subsanar las omisiones y, en general, corregir los posibles errores, imprecisiones u omisiones en que se haya incurrido al emitir el fallo primigenio, sin ser factible que se rebasen los límites establecidos en él, es decir, en la aclaración mencionada no es dable que se introduzcan nuevos elementos, argumentaciones o decisiones en contra, diferentes de las que se hayan plasmado en la resolución inicial, pues de hacerlo, se estaría en presencia de una resolución autónoma cuya naturaleza desvirtúa la esencia y finalidad jurídica de la aclaración.

Si bien es cierto, el hoy actor presentó dos medios de impugnación en fechas distintas, no menos cierto es que, tal como se dijo en el párrafo que antecede, ambos inciden a un solo acto impugnado por lo que al segundo de los juicios presentados en fecha siete de noviembre de este año, debe recaerle la misma decisión de fondo que al presentado en un primer momento, el día cinco del mismo mes y año; esto en virtud de que si se analizaran en forma independiente, podría concluir en decisiones contradictorias. Además, el principio de economía procesal privilegia la emisión de sentencias en conjunto para evitar estudios individuales que a todas luces resultan innecesarios.

En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 199, fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 31 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, 73, fracción IX y 74, del Reglamento Interno del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, es procedente decretar la acumulación del expediente SM-JDC-34/2008 al diverso identificado con la clave SM-JDC-32/2008, por ser éste el más antiguo, al haberse recibido y registrado primero en esta Sala Regional en el cual impugna la resolución de fecha veinte de octubre del presente año dictada por la Comisión Nacional de Garantías del Partido de la Revolución Democrática, por lo que deberá glosarse copia certificada de la presente sentencia a los autos del expediente acumulado.

TERCERO. Presupuestos procesales. Por ser su examen preferente de acuerdo con lo previsto en los artículos 1 y 19, párrafo I, inciso b), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, se analizará en principio si en el caso a estudio se actualiza alguna de las causas de improcedencia contempladas en los artículos 9, párrafo 3 y 10 del ordenamiento en cita, pues, de ser así, deberá decretarse el desechamiento de plano de la demanda, al existir un obstáculo que impide la válida constitución del proceso y, con ello, imposibilita el pronunciamiento por parte de este órgano jurisdiccional sobre el fondo de la controversia planteada.

a) Oportunidad. Conforme al artículo 8, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, el plazo para la interposición del juicio de ciudadano es de cuatro días contados a partir del día siguiente a aquél en que se tenga conocimiento del acto o resolución impugnado, o se hubiese notificado de conformidad a la legislación aplicable; en la especie, si la resolución y aclaración que el actor impugna fueron emitidas el veinte y treinta y uno de octubre, respectivamente, las cuales le fueron notificadas en fechas treinta de octubre y cuatro de noviembre y, el accionante presentó sus demandas los días cinco y siete de noviembre contra la resolución y aclaración, en ese orden; este órgano colegiado considera que ambas demandas deben tenerse por presentadas en tiempo, pues los plazos para ello expiraban los días cinco y diez de noviembre.

El cómputo de los plazos en cuestión, se realizó considerando únicamente los días hábiles, al tomar en consideración que el estado de Guanajuato actualmente no se encuentra en proceso electoral local, sino únicamente en el desarrollo del proceso electoral federal, el cual dio inicio durante la primer semana del mes de octubre del año en curso, tal como lo dispone el artículo 210 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; por lo que si la ley adjetiva, en su artículo 7, párrafo 1, señala que durante un proceso electoral todos los días y horas se consideran hábiles, y la violación reclamada por el actor se produjo durante un proceso electoral federal; sin embargo, las consecuencias no trascienden inmediata y directamente al mismo, es decir, no se encuentran vinculadas con el proceso electoral per se, sino que únicamente tienen incidencia al interior del partido político en el que el actor milita, por tratarse de elecciones internas de sus órganos; por ello, se concluye, como ya se refirió, que el cómputo de los plazos se debe realizar contando solamente los días hábiles, debiéndose entender como tales todos los días, a excepción de los sábados, domingos y los inhábiles por disposición de la propia ley.

El hecho de que el cómputo de los plazos para la interposición de los medios de impugnación en materia electoral, tratándose de actos emitidos dentro de un proceso, sea federal o local, se realice tomando en cuenta todos los días y horas como hábiles, tiene como finalidad atender o cumplir con uno de los principios rectores de la materia, como lo es la definitividad; entendiéndose por tal, que los actos emitidos por las autoridades electorales adquieren definitividad y firmeza una vez concluida la etapa en que se produjeron, dando paso a la siguiente, a efecto de brindar certeza respecto a la validez de tales actos, sin que exista entonces la posibilidad jurídica de ser anulados y retroceder así a una etapa previa; por tanto, respecto de actos que no guarden relación directa con un proceso electoral, como es el caso particular, y que su emisión únicamente coincida en el ámbito temporal con el desarrollo de este último, como también acontece, resultaría incongruente aplicar el mismo criterio para el cómputo de los plazos procesales, toda vez que no existe posibilidad alguna de que el paso a la siguiente etapa del proceso electoral traiga como consecuencia natural la definitividad y firmeza de los actos impugnados y, con ello, la imposibilidad jurídica de resolver los medios de impugnación respectivos.

Resultando entonces aplicable, en el caso a estudio, lo dispuesto por el párrafo 2 del artículo 7 de la Ley General del sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, que establece que "cuando la violación reclamada en el medio de impugnación respectivo no se produzca durante el desarrollo de un proceso electoral federal o local, según corresponda, el cómputo de los plazos se hará contando solamente los días hábiles", el término durante no debe ser entendido en un sentido de vinculación únicamente temporal, sino también material, en atención a lo ya establecido.

Este criterio ya ha sido sostenido por esta Sala Regional, en los diversos juicios SM-JDC- 07/2008 y SM-JDC- 22/2008.

b) Legitimación. De acuerdo con los artículos 13, párrafo 1, inciso b), 79 y 80, párrafo 1, inciso g), de la invocada ley, el actor tiene legitimación para interponer los presentes juicios, pues lo hace por sí mismo, de manera individual, reclamando violaciones que en su concepto le irroga el actuar del órgano partidista responsable a sus derechos político-electorales, en su vertiente de ser votado en las elecciones de Presidente y Secretario General del Partido de la Revolución Democrática en el estado de Guanajuato.

Aunado a lo anterior, debe decirse que la Comisión a la que se le atribuye los actos impugnados reconoce, al rendir los respectivos informes circunstanciados, que FRANCISCO MARTÍN ESCOBAR OSORNIO "…tienen (sic) debidamente reconocida la personalidad, con la que comparece y promueve el presente Juicio…".

c) Forma. En la especie se satisfacen los requisitos previstos por el artículo 9, párrafo 1, incisos a) al g), de la misma ley, pues los medios de impugnación fueron presentados por escrito ante el órgano partidista responsable, haciéndose constar el nombre y firma autógrafa del promovente, domicilio y personas autorizadas para oír y recibir notificaciones, señalándose, en cada caso, el acto impugnado y la comisión del partido político que los emitió, se indican los hechos y agravios que le irrogan tanto la resolución reclamada como su aclaración; por último, ofrece las pruebas que estimó pertinentes para acreditar su pretensión.

d) Causales de improcedencia. El Partido de la Revolución Democrática, a través de su Comisión Nacional de Garantías, al rendir su informe circunstanciado en relación con el expediente SM-JDC-34/2008, aduce que el juicio "…deberá ser desechado, toda vez que se interpone contra la aclaración de una resolución, acto contra el que con anterioridad ya el enjuiciante había agotado su derecho a interponer el presente medio de defensa…"; al respecto, esta Sala Regional considera que es inatendible la pretensión del órgano responsable, en virtud de que no existe razón legal para omitir el estudio de los agravios enderezados en contra de la aclaración referida, ya que de aceptar esta postura, se dejaría en estado de indefensión al promovente, al no existir un medio legal viable para impugnar las consideraciones legales ahí vertidas, situación que atentaría contra el principio de acceso efectivo a la justicia consagrado en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Además, conforme a lo argumentado en el considerando segundo de la presente sentencia, en relación a la acumulación de los juicios precisados, quedó expuesto que ambas figuras procesales (resolución y aclaración), constituyen para todo efecto legal un solo acto susceptible de impugnación.

Derivado de lo anterior, se concluye que la citada aclaración forma parte intrínseca de la resolución impugnada, por tanto, las argumentaciones del actor en su contra, deben ser motivo de análisis y pronunciamiento por este órgano jurisdiccional, consecuentemente, no procede el desechamiento de plano del juicio tal como erróneamente lo razonó el órgano responsable.

En esa tesitura, deviene infundada la causal de improcedencia planteada por la Comisión Nacional de Garantías responsable; y, al no haberse invocado otras causas de improcedencia y de oficio esta Sala Regional no advierte la actualización de alguna otra o de sobreseimiento previstas en el numeral 11 de la ley de la materia, se procede al estudio de fondo de la impugnación planteada.

CUARTO. Estudio de fondo. La litis en el presente asunto se circunscribe a determinar si la resolución impugnada y su correspondiente aclaración, fueron emitidas conforme a la normatividad interna que rige los procedimientos electivos en el Partido de la Revolución Democrática, así como el cumplimiento de los principios rectores de la materia electoral, como lo son, entre otros, la legalidad; o bien, si por el contrario dicha actuación fue contraria a tal normatividad, lo cual conduciría a decretar la invalidez de los actos combatidos en los juicios acumulados.

Del estudio exhaustivo e integral de los expedientes que nos ocupan, mismos que serán analizados en forma conjunta, independientemente del juicio en el cual se hayan ubicado, dado que forman parte de la misma resolución impugnada y, consecuentemente, una sola litis ya especificada en el párrafo que antecede; resulta factible advertir los motivos de agravio relacionados con la forma y el fondo de su emisión, sin que este hecho soslaye las argumentaciones vertidas en ambos juicios dado que, en concepto de quien resuelve, se encuentran inmersas en los incisos que a continuación se precisan:

a) Alega el enjuiciante que la Comisión Técnica Electoral responsable en el recurso de inconformidad intrapartidista, fue omisa en remitir la documentación atinente a la diversa Comisión Nacional de Garantías, lo que resulta, en su concepto, violatorio de sus derechos. Asimismo, aduce que el cómputo de la elección fue realizado a pesar de no encontrarse los paquetes electorales de algunas casillas lo cual afecta de manera determinante el resultado de la votación.

b) Por otra parte, señala que dicho cómputo culminó "…el día 10 de abril de 2008, casi un mes después de efectuados los comicios, contraviene cualquier expectativa de una elección democrática…" lo cual se traduce en un cómputo tardío, que en su concepto reviste una violación sustancial al procedimiento en su etapa de resultados y declaración de validez.

c) El promovente alega que al haberse declarado la nulidad de la votación recibida en un total de dieciocho casillas que, según lo señala el órgano responsable en la resolución combatida, representan el veintidós punto veintidós por ciento (22.22%) del total de las ochenta y un casillas instaladas para la elección, por lo que, aduce el actor, procede que se convoque a una elección extraordinaria ya que se actualiza la causal genérica de nulidad contemplada en el Reglamento General de Elecciones y Consultas del partido político en el que milita.

d) En este mismo orden de ideas aduce, en forma general, que el acto impugnado viola las garantías constitucionales previstas en los artículos 14, 16, 17 y 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Una vez planteado el escenario jurídico, este órgano jurisdiccional procede al estudio de los agravios esgrimidos previamente agrupados en los incisos que anteceden, en cuyo orden serán analizados.

a) Si bien el hoy actor se duele de que la Comisión Nacional de Garantías, al resolver el recurso de inconformidad intrapartidista, no tuvo a su disposición toda la documentación completa y correcta para resolver, ya que la responsable primigenia, Comisión Técnica Electoral, no la remitió, considera este hecho como violatorio a sus derechos por no haberse tomado en cuenta; lo cierto es que, tal como lo hace valer la comisión de garantías en su informe circunstanciado, dichas alegaciones resultan carentes de razón debido a que la misma cuenta con las atribuciones y facultades necesarias para emitir sus resoluciones, con base al análisis conjunto de las probanzas ofrecidas y el informe justificado rendido por el órgano señalado como responsable.

Además de contar con la facultad potestativa, como órgano resolutor, de allegarse las probanzas que considere necesarias para emitir sus fallos, sin que la normatividad le obligue a valorar en determinada forma las pruebas que obren en los juicios de su competencia.

En efecto, tanto el Reglamento General de Elecciones y Consultas, así como el respectivo de la Comisión Nacional de Garantías, ambos del Partido de la Revolución Democrática, establecen las atribuciones y competencia aludidas en el párrafo preinserto, y al ser aplicables al caso en estudio se transcribe su contenido que es del tenor siguiente:

"Reglamento General de Elecciones y Consultas del Partido de la Revolución Democrática

Artículo 107.- Las inconformidades son los medios de defensa con los que cuentan los candidatos o precandidatos de manera directa o a través de sus representantes en los siguientes casos:

a) En contra de los cómputos finales de las elecciones y procesos de consulta, de la que resolverá la Comisión Nacional de Garantías;

Artículo 109.- El escrito de queja electoral o inconformidad se interpondrá ante la Comisión Técnica Electoral responsable del acto, en caso que se presente ante distinta instancia, o ante la Comisión Nacional de Garantías, ésta lo tendrá por recibido y lo remitirá dentro de un plazo no mayor de 24 horas al órgano electoral que corresponda, quienes lo harán público por Estrados.

Los medios de defensa que se presenten deberán señalar:

d) Ofrecer las pruebas que respalden la impugnación; y

…"

"Reglamento de la Comisión Nacional de Garantías y Vigilancia

Título Tercero

De sus Facultades y Funcionamiento

Capítulo Primero

De las Facultades

ARTICULO 7.- Siendo la Comisión la facultada para proteger los derechos de los afiliados y garantizar el cumplimiento de la normatividad interna, ésta deberá actuar siempre de forma colegiada y acorde a los principios de legalidad, objetividad, certeza, independencia e imparcialidad. Fundando y motivando sus resoluciones.

El Pleno de la Comisión, tendrá las siguientes atribuciones:

a) Conocer de los medios y procedimientos de defensa en su respectivo ámbito de competencia;

b) …

c) Requerir a los órganos y miembros del Partido, la información necesaria para el desempeño de sus funciones;

d) …"

De los artículos precisados, queda claro que la comisión responsable, sí cuenta con las atribuciones y facultades necesarias para desahogar los procedimientos en los términos que lo realizó en el caso planteado, de igual forma según se desprende del análisis exhaustivo del expediente primigenio, el órgano responsable tuvo a su disposición para dictar la resolución impugnada las probanzas que estimó suficientes para ello, entre otras, las actas de escrutinio y cómputo, hojas de incidentes, acta circunstanciada del cómputo impugnado, elaborada esta última por la Comisión Técnica Electoral del Partido de la Revolución Democrática, de lo que deviene la inoperancia del agravio esgrimido por el accionante.

En este apartado, también se señaló como motivo de inconformidad el hecho de que el cómputo de la elección fue realizado no obstante la ausencia de algunos de los paquetes electorales de casillas; al respecto, si bien la comisión resolutora omitió pronunciarse en su informe circunstanciado, esta circunstancia no implica, necesariamente, la aceptación de las supuestas irregularidades esgrimidas, máxime que de la lectura íntegra de la resolución impugnada y del medio de impugnación intrapartidista presentado por el hoy actor, que obra en el cuaderno accesorio 1/1 del sumario, se advierte que fueron analizadas todas y cada una de las casillas respecto de las que se inconformó por estimar actualizadas algunas de las causas de nulidad de las señaladas en el artículo 115 del Reglamento General de Elecciones y Consultas del partido político en cuestión; analizando las pruebas ofrecidas por los diversos actores en el recurso de inconformidad intrapartidista, otorgándoles el valor probatorio que estimó atendiendo los agravios primigenios para, enseguida, emitir su fallo; de todo lo anterior, es que se desprende que en su momento, la comisión en comento, contó con los suficientes elementos probatorios para resolver siendo además, exhaustiva en su estudio y análisis.

Al respecto, este órgano colegiado considera ilustrativo para una mejor comprensión del estudio realizado por la comisión responsable, invocar la normatividad del partido que nos ocupa en relación con las causas de nulidad previstas por el artículo 115 del Reglamento General de Elecciones y Consultas:

"Artículo 115.- La votación recibida en una casilla será declarada nula cuando se acredite cualquiera de las siguientes causales:

a) Cuando sin justificación se instale la casilla o se realice el escrutinio y cómputo en lugar distinto al señalado por el presente reglamento y esto haya causado desorientación a los electores;

b) Cuando sin causa justificada se entregue el paquete electoral correspondiente al órgano auxiliar electoral municipal u órgano electoral estatal, fuera de los plazos establecidos por este Reglamento;

c) Se reciba la votación en fecha distinta a la señalada para la celebración de la elección;

d) Que personas distintas a las facultadas por el presente Reglamento reciban la votación;

e) Que exista error o dolo en el cómputo de los votos que sea irreparable, y determinante para el resultado de la votación;

f) Se haya permitido sufragar sin que aparezca el nombre en la lista nominal de miembros del Partido, o que no pertenezca al ámbito de la casilla, y sea determinante para el resultado de la votación;

g) Se haya impedido el acceso a la casilla o expulsado sin causa justificada a alguno de los representantes de los candidatos o planillas, formulas o precandidatos;

h) Se ejerza violencia física, presión, manipulación, o inducción a votar en algún sentido, sobre los funcionarios de casilla, los votantes, o los representantes de las planillas o candidatos; e

i) Que ocurran irregularidades graves, que afecten en forma determinante las garantías del voto previstas en el Estatuto y este Reglamento, distintas a las señaladas en los incisos anteriores que afecten de manera determinante el resultado de la votación."

De igual forma, enseguida se presenta un cuadro que contiene el total de las casillas impugnadas por el actor en la instancia intrapartidista, así como las causales de nulidad invocadas para cada una de ellas, resaltando las que la comisión resolutora determinó procedente anular, independientemente de que las haya señalado el promovente o diversos enjuiciantes en el recurso de inconformidad.

Casilla Causales   Casilla Causales
1 d), e)   37 h)
2 d), e)   39 e), f), h)
3 e)   40 e), h), i)
4 d), e)   41 d)
5 e), i)   42 e), i)

Nota: Se anula por la causal d), invocada por otro actor

  43 e)
6 e), i)   44 f)
7 e), i)   45 e)

Nota: Se anula por la causal d), invocada por otro actor

  46 a), c), e), h)
8 h)   47 a), c), e), h)
9 d), e)   51 e), i)
10 e), i)   52 h), i)
12 e), i)   53 d)
13 d), e)   54 d), h)
15 a), e)   57 d), i)
16 e), h)   58 d)
17 d), e), h), i)   59 d), i)
18 h)   60  

Nota: Se anula por la causal d), invocada por otro actor

 

Nota: Se omitió su estudio por no expresar agravio

19 h)   61 e), h), i)
20 h)  

Nota: Se anula por la causal d), invocada por otro actor

21 e), h)   62 e), h), i)
22 d)   64 h)
23 i)   69 g)
24 h)   70 g), h), i)
25 h)   71 g), h)
26 e)   72 g)
27 a), h), i)   73 g)
28 e)   74 g)
29 i)   75 g)
30 e)   76 g), h), i)
31 d), e)   77 g)
32 h), i)   78 g)
33 d), h)   79 g), i)
34 h)   80 e), i)
35 e), h)   81  
36

Nota: Se omitió su estudio por no

expresar agravio

 

Nota: Se omitió su estudio por no expresar agravio

       

*En negritas se resaltan las casillas que fueron anuladas y las causales motivo de su nulidad.

Según queda de manifiesto de acuerdo a la información que se desprende de las tablas anteriores, resulta carente de razón el argumento planteado por el incoante.

b) Por otra parte, el inconforme también plantea como una supuesta violación procesal, que la elección de cuenta fue celebrada el día dieciséis del mes de marzo del presente año, y el cómputo de la misma se realizó, por el órgano técnico electoral, hasta el día diez de abril siguiente, con lo cual se produce, en su concepto, otra irregularidad que atenta contra sus derechos partidistas.

Por su lado, la responsable en su informe circunstanciado en relación con el expediente SM-JDC-34/2008, específicamente a foja 7, indicó que dicho alegato "…viene a constituir un elemento novedoso que no fue motivo de la resolución combatida, y que no encuentra justificación legal alguna para poder ser atendida y sea motivo de pronunciamiento alguno…".

Esta Sala Colegiada, previo el análisis del recurso de inconformidad intrapartidista, advierte que, efectivamente, el accionante no hizo valer cuestión alguna sobre el supuesto cómputo tardío, por lo que en el presente juicio de ciudadano lo correspondiente es considerar inoperantes las alegaciones vertidas, ya que se trata de un agravio novedoso.

Si bien es cierto que el caso que nos ocupa, se trata de un medio de defensa que garantiza la protección de los derechos político electorales del ciudadano y que en la formulación o presentación de la impugnación no es de los considerados de estricto derecho; sin embargo, en esta actuación garantista, el juzgador no puede ni debe violentar los derechos de las otras partes en el proceso.

En este sentido, al examinar el contenido de los argumentos vertidos por el incoante en relación con su escrito de demanda planteado ante la instancia partidista y de la cual emana el presente juicio, claramente se advierte que las situaciones de hecho que expresa no fueron objeto de estudio por el órgano partidista resolutor, toda vez que no le fueron planteados en el medio de defensa intrapartidario, sino que se introducen como nuevos argumentos en esta instancia jurisdiccional electoral federal, lo que ocasiona que tal agravio no pueda modificar o revocar el fallo impugnado.

Por agravio se entiende la lesión de un derecho cometida en una determinación o resolución judicial (en el asunto de mérito, un fallo proveniente de un órgano partidista facultado para ello), por haberse aplicado indebidamente la ley o normatividad, o por no aplicarse lo que rige al caso concreto y en este sentido, el enjuiciante debe precisar cuál es la parte de la resolución que lo causa; en el alegato que se analiza, no acontece así, habida cuenta que a través del mismo no se combate ninguna parte de la determinación del órgano partidista responsable, sino que se refiere a una cuestión que no fue sometida a su conocimiento y resolución, lo que ocasiona la inoperancia del mismo, tal como se anticipó.

Lo anterior, encuentra sustento en la jurisprudencia número 1ª/J.150/2005, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Seminario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXII, Diciembre 2005, página 52, Novena Época, que a la letra establece:

AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON AQUELLOS QUE SE REFIEREN A CUESTIONES NO INVOCADAS EN LA DEMANDA Y QUE, POR ENDE, CONSTITUYEN ASPECTOS NOVEDOSOS EN LA REVISIÓN. En términos del artículo 88 de la Ley de Amparo, la parte a quien perjudica una sentencia tiene la carga procesal de demostrar su ilegalidad a través de los agravios correspondientes. En ese contexto, y atento al principio de estricto derecho previsto en el artículo 91, fracción I, de la ley mencionada, resultan inoperantes los agravios referidos a cuestiones no invocadas en la demanda de garantías, toda vez que al basarse en razones distintas a las originalmente señaladas, constituyen aspectos novedosos que no tienden a combatir los fundamentos y motivos establecidos en la sentencia recurrida, sino que introducen nuevas cuestiones que no fueron abordadas en el fallo combatido, de ahí que no exista propiamente agravio alguno que dé lugar a modificar o revocar la resolución recurrida.

Amparo directo en revisión 1419/2004. San Juana Rosas Vázquez. 24 de noviembre de 2004. Cinco votos. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: Luis Fernando Angulo Jacobo.

c) Por otra parte, el actor hace valer ante este órgano jurisdiccional que si el acto impugnado y su aclaración, decretaron la nulidad de dieciocho casillas de un total de ochenta y una instaladas en aquella entidad federativa, y esto matemáticamente corresponde al veintidós punto veintidós por ciento (22.22%) de dicho total; se actualiza uno de los supuestos previstos para convocar a elección extraordinaria conforme a su reglamentación interna y, consecuentemente, debe celebrarse.

El órgano partidista responsable al rendir su informe circunstanciado hace valer que: "…para que proceda la nulidad de una elección al interior del Partido de la Revolución Democrática, no sólo es necesario que se cumpla con la hipótesis de que la nulidad reclamada se haya acreditado en por lo menos el veinte por ciento de las casillas (…)sino que además se requiere que exista una variación en los lugares obtenidos de manera primigenia por las fórmulas que ocuparon el primero y segundo lugar, pues de no cubrirse dichos requisitos debe privilegiarse el sufragio de los electores, cuyo porcentaje de votos válidos equivale al 77.78% …".

Esta Sala Colegiada considera que por razón metodológica, resulta oportuno detallar el marco normativo atinente a la causal genérica de nulidad que adujo el promovente para, en un segundo momento, realizar el pronunciamiento que corresponda conforme a derecho.

El artículo 116, párrafo 1, inciso a), del Reglamento General de Elecciones y Consultas del Partido de la Revolución Democrática, en su parte conducente, a la letra dispone lo siguiente:

"Artículo 116.

Son causas para convocar a elección extraordinaria:

a) Cuando alguna o algunas de las causales de nulidad previstas en el artículo anterior, se hayan acreditado en por lo menos el veinte por ciento de las casillas en el ámbito correspondiente a la elección de que se trate y esto sea determinante en el resultado de la votación;

…"

Del numeral transcrito se desprenden los elementos indispensables para la procedencia de una elección extraordinaria, los cuales son:

1. Que la votación recibida en una o varias mesas directivas de casilla se haya declarado nula por alguna o algunas de las causales de nulidad previstas en el artículo 115 del citado Reglamento;

2. Que dicha nulidad de la votación recibida en casilla, se haya acreditado en por lo menos el veinte por ciento del total de las casillas en el ámbito correspondiente a la elección de que se trate; y,

3. Que lo anterior sea determinante para el resultado de la votación.

Por tanto, si no se concreta alguno de los elementos descritos, es suficiente para arribar a la conclusión de que el órgano partidista competente se encuentra jurídicamente imposibilitado para realizar los actos tendientes a la celebración de una elección extraordinaria.

En el caso particular, por lo que respecta al primero de los elementos indicados, relativo a la declaración de nulidad de diversas casillas por alguna de las causales previstas en el artículo 115 del reglamento en cita, cabe mencionar que en la aclaración de resolución de fecha treinta y uno de octubre del año en curso, misma que obra a fojas 484 a 492 del cuaderno accesorio 1/1 del expediente SM-JDC-32/2008, se establece que, efectivamente, derivado del análisis contenido tanto en la resolución como en la aclaración de ésta, del total de casillas impugnadas por los actores en el recurso de inconformidad intrapartidista, fueron anuladas un total de dieciocho casillas de las ochenta y una que se instalaron en el estado de Guanajuato.

Con la anterior confesión expresa del órgano electoral responsable, misma que el actor la asume como parte del agravio que hace valer en este juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, queda de manifiesto, como lo aduce, que se actualiza la hipótesis normativa en estudio por lo que hace al primero de sus elementos.

En relación con el segundo de los elementos contenidos en la norma, referente a que la nulidad decretada se haya actualizado en por lo menos el veinte por ciento del total de las casillas, el órgano responsable, en la aclaración de sentencia referida en los párrafos que anteceden, específicamente a fojas 489 y 490 del cuaderno accesorio previamente citado, reconoce textualmente lo siguiente:

"…Derivado de la nulidad de la votación de las casillas 1, 2, 9, 10, 12, 13, 17, 18, 22, 31, 33, 41, 46, 51, 53, 54, 57, 59 el total de votos a descontar a cada una de las fórmulas participantes (…) al haberse anulado un total de 18 casillas que representa el 22.22% del total de 81 casillas que fueron instaladas en el Estado…"

Afirmación que de nueva cuenta hace propia el accionante ante esta autoridad electoral federal, por lo que se tiene como cierta y no controvertida, por tanto, al realizar el cálculo matemático correspondiente, se concluye la actualización del segundo de los elementos en estudio, tal como se razona enseguida.

Si el total de las casillas instaladas en el estado de Guanajuato por el Partido de la Revolución Democrática para llevar a cabo la elección de Presidente y Secretario General de dicho instituto político en aquella entidad federativa, fue de ochenta y un casillas, y al haber sido impugnado el cómputo correspondiente mediante el recurso de inconformidad que la normatividad interna les permite a sus militantes, concluyendo el órgano resolutor con la anulación de un total de dieciocho de éstas, por estimar la actualización de algunas irregularidades contenidas en el artículo 115 del Reglamento General de Elecciones y Consultas, se puede afirmar que el razonamiento para obtener el porcentaje de casillas anuladas sería el siguiente:

Si las ochenta y un casillas instaladas configuran el cien por ciento de las utilizadas en la elección, la interrogante es, a qué porcentaje del universo total de las instaladas equivalen las dieciocho casillas anuladas; por tanto, matemáticamente lo procedente es multiplicar las casillas anuladas por cien y la cantidad resultante dividirla entre ochenta y uno, lo cual nos arrojará como resultado necesario, el porcentaje de casillas anuladas, generando un total de veintidós por ciento.

La representación gráfica matemática de lo anterior es:

[(18 x 100)/81]=22.22%.

Quedando claro entonces para quienes esto resuelven, que se actualiza el segundo de los supuestos contenidos en la norma partidista en comento.

En cuanto al tercer elemento de la hipótesis normativa, consistente en que la anulación de votación, en un porcentaje igual o mayor al veinte por ciento de las casillas instaladas, sea determinante para el resultado final de la votación, se procede a realizar la siguiente argumentación.

Primeramente, se estima necesario hacer referencia que en materia electoral tiene aplicación, entre otros, el principio general de derecho consistente en la conservación de los actos válidamente celebrados, cuyo origen se encuentra recogido en el aforismo latino lo útil no debe ser viciado por lo inútil, en otras palabras, para estar en aptitud de declarar la nulidad de la votación, ésta solamente puede actualizarse si se han acreditado plenamente los extremos o supuestos taxativamente previstos para ello, siempre y cuando los errores, inconsistencias, irregularidades o vicios de procedimiento detectados por los órganos competentes sean determinantes para el resultado final que se haya obtenido y, los mismos, se presenten en la votación recibida en una elección.

Lo anterior, encuentra sustento lógico en el hecho de que la sanción de nulidad correspondiente a esas irregularidades o imperfecciones, no debe hacer nugatorio el ejercicio de la prerrogativa ciudadana de votar en elecciones, aún los de carácter intrapartidista, por ser un bien jurídicamente protegido y tutelado en el artículo 35, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo tanto el ejercicio del derecho de voto activo, debe prevalecer no obstante dichas irregularidades o inconsistencias.

En este mismo orden de ideas, debe entenderse que para actualizar la nulidad de la votación intrapartidista, tal como lo pretende el accionante, las violaciones ocurridas deben ser de tal magnitud que adquieran el carácter de determinantes para el resultado final de la misma; en forma ejemplificativa, cuando se está en el supuesto de que, derivado de la nulidad de votación recibida en una o varias casillas, se reviertan los resultados del cómputo y, consecuentemente, se genere un cambio de ganador entre los candidatos que hayan obtenido el primero y segundo lugar de la elección.

Así, retomando el agravio aducido por el demandante, en relación con la exigencia de que se convoque a una elección extraordinaria, pues a su juicio sí se actualiza el supuesto establecido en el artículo 116, inciso a) del reglamento de elecciones; como ha quedado evidenciado, los dos primeros elementos que integran la causal en cita, ciertamente se actualizan en el caso que nos ocupa; empero, el calificativo de "determinante", es decir, la materialización del tercer elemento en análisis, tal como lo estableció el órgano partidista responsable en la aclaración de resolución impugnada, no se concreta aun cuando la nulidad de la votación recibida excede al veinte por ciento establecido en la norma, ello porque se conserva la diferencia entre el primero y segundo lugar de los candidatos contendientes en la elección interna que nos ocupa.

Textualmente, en la aclaración señalada se plasma:

"…

dado que no varía la posición entre las fórmulas ubicadas en primera y segunda posición, (…) debe confirmarse la validez de la elección de Presidente y Secretario General del Partido de la Revolución Democrática correspondiente al Estado de Guanajuato y el otorgamiento de las constancias de mayoría a favor de la fórmula encabezada por Agustín Miguel Alonso Raya.

…"

Así mismo, el órgano responsable arriba a la conclusión de que prevalece el triunfo a favor de la fórmula encabezada por el candidato Agustín Miguel Alonso Raya pues al haber realizado las disminuciones en la votación recibida en las casillas que fueron anuladas, el citado candidato mantiene a su favor la mayoría de la votación emitida, siendo el cómputo definitivo como sigue:

CÓMPUTO FINAL DE LA ELECCIÓN DE PRESIDENTE Y SECRETARIO GENERAL EN EL ESTADO DE GUANAJUATO

VOTACIÓN ANULADA

CÓMPUTO FINAL DE LA ELECCIÓN CON BASE EN LA MODIFICACIÓN

MIGUEL JIMÉNEZ

946

216

730

AGUSTIN SANCEN

854

172

682

SALVADOR MEDINA

1084

145

939

FRANCISCO ESCOBAR

1785

304

1481

AGUSTIN MIGUEL ALONSO RAYA

10498

1144

9354

VOTOS NULOS

1616

348

1268

VOTOS VÁLIDOS

15167

1981

13186

VOTACIÓN TOTAL

16783

2331

14452

Determinación anterior que este órgano jurisdiccional convalida en razón de que, evidentemente, se actualizaron los dos primeros supuestos de la hipótesis para convocar a elecciones internas extraordinarias; pero, la tercera condicionante para que proceda no se configura por las razones anteriormente expuestas, de lo que resulta que el agravio en estudio es infundado.

d) En relación con la diversa violación alegada por el actor, consistente en la supuesta transgresión a los principios constitucionales establecidos en los artículos 14, 16, 17 y 41 de la Carta Magna, esta Sala Regional considera que en virtud del estudio y pronunciamiento establecido previamente en esta sentencia, se evidencia que el órgano partidista responsable al emitir el acto del que se duele el promovente, en ningún momento vulneró tales principios constitucionales, dado que el accionante inició, por su propio derecho, un proceso jurídico interno para hacer valer sus derechos partidistas, encontrándose a su favor para tal fin, la normatividad atinente, en cumplimiento del acceso efectivo a la justicia; además de existir los órganos competentes, previamente constituídos, así como la regulación de los medios impugnativos y sus etapas para obtener, en su caso, la satisfacción a ese derecho que en su concepto fue violentado.

Finalmente, en específico a los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad, son principios rectores que la Norma Fundamental, en su artículo 41, párrafo segundo, fracción V, establece concretamente para el actuar del Instituto Federal Electoral y sus órganos; autoridad que en el caso concreto no tiene intervención alguna, por lo cual dicho artículo no resulta aplicable en los términos que lo aduce el impugnante.

En resumen de todo lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, ha lugar a confirmar el acto impugnado consistente en la resolución de fecha veinte de octubre del año en curso y la aclaración de día treinta y uno del mismo mes y año, dictadas por la Comisión Nacional de Garantías del Partido de la Revolución Democrática; además con apoyo en lo dispuesto por los artículos 22, 25 y 84, párrafo I, inciso a), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral se:

R E S U E L V E

PRIMERO: Se decreta la ACUMULACIÓN del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano SM-JDC-34/2008 al SM-JDC-32/2008, conforme al considerando segundo del presente fallo; en consecuencia, glósese copia certificada de la sentencia al expediente del juicio acumulado.

SEGUNDO: Se CONFIRMA la resolución impugnada en términos de lo establecido en el considerando cuarto de la presente sentencia.

NOTIFÍQUESE por correo certificado al actor, en el domicilio señalado para tal efecto en cada uno de los juicios; por oficio al órgano responsable, acompañando copia de la presente sentencia; y por estrados de conformidad con lo previsto por el artículo 84, párrafo 2, incisos a) y b), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral y 86 del Reglamento Interno del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

En su caso, previa copia certificada que se deje en autos, devuélvanse los documentos atinentes a las partes y, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto total y definitivamente concluido.

Así lo resolvió la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la Segunda Circunscripción Plurinominal, por UNANIMIDAD de votos de los Magistrados Beatriz Eugenia Galindo Centeno, Rubén Enrique Becerra Rojasvértiz y Georgina Reyes Escalera, siendo ponente la última de los nombrados, firmando para todos los efectos legales en presencia del Secretario General quien autoriza y DA FE. Rúbricas.