JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDIENTE: SM-JDC-39/2008.

ACTOR: ENRIQUE VILLELA MONSIVÁIS.

ÓRGANO PARTIDISTA RESPONSABLE: COMITÉ DIRECTIVO ESTATAL DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS.

MAGISTRADA PONENTE: BEATRIZ EUGENIA GALINDO CENTENO.

SECRETARIOS: JOSÉ DE JESÚS CASTRO DÍAZ Y ALFONSO GONZÁLEZ GODOY.

Monterrey, Nuevo León, a tres de febrero de dos mil nueve.

V I S T O S los autos del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano SM-JDC-39/2008, formado con motivo de la demanda interpuesta por Enrique Villela Monsiváis, en contra de la resolución de doce de noviembre de dos mil ocho, recaída dentro del Recurso de Revocación intrapartidista identificado con la clave SG-040/2008, dictada por el Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional en el estado de Tamaulipas, mediante la cual confirmó la reestructuración de la delegación municipal de ese partido político, en el municipio de González, Tamaulipas, decretada el doce de agosto de la anualidad pasada, por el mismo organismo intrapartidista; y,

R E S U L T A N D O:

I. Antecedentes de la resolución recurrida. Del escrito de demanda y constancias que obran en el sumario, se desprenden los siguientes:

1. El ciudadano actor fue designado como Presidente de la Delegación Municipal de González, Tamaulipas, del Partido Acción Nacional, durante la Segunda Sesión Extraordinaria del tercer año de ejercicio del periodo dos mil cinco – dos mil ocho, del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional en Tamaulipas, celebrada el dieciocho de octubre de dos mil siete. Lo anterior según consta en oficio sin número, signado el tres de diciembre de ese mismo año, por el Ingeniero Luis Tomás Vanoye Carmona, Secretario General de dicho Comité, del cual obra copia a fojas 039 (cero treinta y nueve) del expediente en que se resuelve.

2. Del dicho de las partes, se desprende que en sesión celebrada el doce de agosto pasado, el Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional en el estado de Tamaulipas, acordó reestructurar la delegación del municipio de González, Tamaulipas, designando al efecto una nueva integración en esa entidad intrapartidista municipal.

3. El veintiocho de agosto de la anualidad pasada, el ciudadano quejoso fue notificado de la determinación prescrita por el Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional en Tamaulipas, consistente en modificar la integración de la delegación municipal de González, Tamaulipas, y por tanto, su remoción del cargo partidista que hasta esa fecha desempeñó al frente del organismo político municipal citado.

4. Por estar inconforme con la determinación, el tres de septiembre de dos mil ocho, el ciudadano aquí actor interpuso ante las oficinas que ocupa el Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional en Tamaulipas, una demanda de juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, misma que fue registrada en esta Sala Regional bajo el número de expediente SM-JDC-11/2008, y resuelto el catorce de octubre de la anualidad pasada, con los siguientes puntos resolutivos:

"…

R E S U E L V E:

PRIMERO. Es improcedente el juicio para la protección de los derechos político electorales del ciudadano promovido por Enrique Villela Monsiváis.

SEGUNDO. Se reencausa la impugnación, a efecto de que el Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional en Tamaulipas conozca de la demanda en vía Recurso de Revocación, previsto en los artículos 50 y 53, del Reglamento sobre Aplicación de Sanciones de dicho instituto político, en términos de lo establecido en la última parte del considerando segundo de esta resolución.

TERCERO. Previas las anotaciones que correspondan en los registros atinentes, envíese el presente asunto al Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional en Tamaulipas, para que la demanda formulada por Enrique Villela Monsiváis se tramite y substancie conforme a lo señalado por esta Sala en el último considerando de esta resolución.

CUARTO. El Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional con sede en Tamaulipas deberá informar a esta Sala Regional el cumplimiento que dé a este fallo, dentro de las siguientes veinticuatro horas a que inicie el trámite del mismo, debiendo al efecto remitir las constancias atinentes.

…"

5. En cumplimiento de la resolución descrita en el punto anterior, el Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional en Tamaulipas, dio trámite al Recurso de Revocación, registrándolo bajo expediente SG-040/2008, mismo que resolvió el doce de noviembre de dos mil ocho, bajo las siguientes consideraciones jurídicas y puntos resolutivos:

"…

C O N S I D E R A N D O

----------------PRIMERO.- En relación al análisis del escrito del actor, éste comité advierte que en esencia el actor impugna el acuerdo de fecha doce de agosto del año en curso, emitido por el Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional en Tamaulipas en su tercera sesión ordinaria, mediante el cual se acordó su remoción al cargo que venia desempeñando como presidente de la delegación del PAN de González Tamaulipas, ahora bien de su escrito se aprecia que sus agravios los basa en que no fue oído ni vencido en juicio, que su remoción se efectuó de manera arbitraria y ajena a la legalidad, pues el acuerdo en mención no fue notificado de forma integra al recurrente, situación que lo ubica en estado de indefensión, pues no se le hicieron saber los motivos que daban lugar para ser removido al cargo que venia desempeñando, que no se le concedió el derecho de audiencia, violando fragantemente (sic) lo estipulado en los artículos 14 y 16 constitucional (sic) y que en el lapso en el que se condujo con el carácter de presidente de la delegación, en ningún momento fue objeto, esa a su cargo, de alguna revisión por parte del CDE (sic) en el que se le hiciera saber que su conducta no era la acorde a lo estipulado en estatutos y reglamentos de Acción Nacional.

-----------a).- Señala el actor que en la delegación a su cargo se realizaron actividades tendientes al fortalecimiento del partido, que se ganaron dos amparos promovidos en contra del ayuntamiento, realizando sesiones de comité, se incrementó el padrón de miembros activos y se realizaron cursos en la cartera de vinculación ciudadana.

----------Ahora bien del desahogo de la audiencia efectuada el siete de noviembre del año en curso a cargo del actor, se desprende lo siguiente:

----------b).- Que efectivamente fue designado como presidente de la delegación que nos ocupa en sesión extraordinaria del comité directivo estatal de fecha dieciocho de octubre del año dos mil siete y que tomó posesión de su cargo el día tres de diciembre del año dos mil siete, quedando integrada su delegación con seis integrantes, desprendiéndose el dato del acuerdo en mención y corroborado por las respuestas dadas a los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 del desahogo de la audiencia, también señaló que en fecha dieciocho de junio del dos mil ocho su delegación fue objeto de revisión por parte de la secretaría de organización del CDE (sic), aplicándoles el sistema de información municipal en el que se le requirieron las actas de dicha delegación, respecto a los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio del año en curso no celebró las sesiones reglamentarias que marca el artículo 66 de Órganos Estatales y Municipales (sic), señaló que en algunos meses si las celebró y que no recuerda con exactitud si celebró las dos, que el (sic) era quien estaba autorizado para recibir las prerrogativas y que los últimos cuatro meses le fueron retenidos (sic) estas, desconociendo las causas de la retención, pues él, en tiempo y forma justificaba las ministraciones de las prerrogativas y que los informes correspondientes a los meses de enero y febrero de dichas prerrogativas solo fueron firmadas por el actor no por los integrantes de su delegación, respecto al mes de marzo manifestó no comprobó dichos gastos y en la misma situación se ubican los meses de abril, mayo y junio que justifico (sic) hasta el mes de junio.

------------c).- En torno de que efectuó modificaciones a los integrantes de la delegación del PAN de González, señaló que efectivamente si las efectuó, pero que dicha modificación la celebró por mayoría de votos de los integrantes de la misma, sin precisar cual fue el fundamento que aplicó para efectuar dichos cambios, de la situación en mención informó al CDE (sic), que no justifica los mismos por que no tiene la documentación en sus manos, que toda la documentación de la delegación se quedó en las oficinas de la misma, señala el compareciente que gestionó la acreditación de adherentes y activos en su municipio en el periodo comprendido a su gestión como presidente y que fueron alrededor de treinta personas, respecto al acta de fecha nueve de febrero del año en curso dice está firmada por tres personas que hacían la mayoría en su delegación.

---------d).- Para concluir la audiencia el actor señaló que impugnaba y objetaba en todo su alcance y valor jurídico la diligencia en que actuaba que con la misma se le agravia más a su persona pues no le dan la oportunidad de expresarse, señalando de nueva cuenta como agravio su destitución de la delegación en la que se debió levantar un acta circunstanciada en la que se especificaran los motivos y decisiones para emitir el acuerdo, que no existe equilibrio procesal en la audiencia y que la misma se esta (sic) celebrando fuera de tiempo, que no le fue notificada la resolución de la sala en la que se reencausa su escrito con el carácter de recurso de revocación, señala el actor que presenta un documento con el carácter de recurso de revocación y de alcance al en que se actúa.

------------SEGUNDO.- En torno de los agravios expresados por el actor considera éste Comité Directivo Estatal que no le asiste la razón al recurrente por los siguientes motivos, pues su inconformidad se centra en el acuerdo emitido por el CDE (sic) en fecha doce de agosto del año en curso, mediante el cual se procedió a removerlo del cargo que venia ocupando con el carácter de Presidente de la Delegación en González Tamaulipas, que para su remoción no fue oído y vencido en juicio, a dicha manifestación señalamos lo siguiente, del expediente en que se actúa se aprecia que es falso lo argumentado por el actor, pues nuestro dicho se robustece con la visita efectuada en fecha dieciocho de junio del año en curso, ante la delegación a su cargo por los C.C. ELIACIB ADIEL LEIJA GARZA, SILVIA PEREZ (sic) GUEVARA, DULCE JULIA OLIVEROS Y ADRIAN (sic) RAMIREZ (sic) MAYA personal dependiente del CDE (sic) de la Secretaria (sic) de Organización y Registro Nacional de Miembros, cuyo propósito era efectuar una revisión al desempeño de la delegación, también se aprecia que en dicha revisión estuvieron presentes por parte de la Delegación los C.C. ENRIQUE VILLELA, JULIO CESAR AVALOS (sic), EUGENIO LICONA, MARICRUZ PINEDA Y ESTEBAN TORRES cinco de los integrantes de la misma, que de la minuta levantada por el desarrollo de la revisión se desprende que estos manifestaron que sólo sesionan una vez al mes y que del plan de trabajo que tienen regularmente se cumple, efectivamente en éste acto tuvieron la oportunidad los integrantes de la delegación de hacer valer alguna manifestación, situación que no se desprende de la misma, ya que por el dicho de ellos mismos se comprobó que el desempeño de la delegación es regular, no es válido lo argumentado por el actor en el sentido de que no se le dio la oportunidad de argumentar nada al respecto, con el acta de dicha vista se aprecia que ellos manifestaron ante los visitantes la situación que imperaba en la delegación en comento y de ahí deviene infundado por el actor su agravio que no se le dio el derecho de audiencia, máxime cuando se le dio la oportunidad de comparecer a audiencia ordenado por la Sala.

No se aprecia con el documento celebrado en dicha diligencia que el desempeño del personal del CDE (sic) se haya conducido de manera arbitraria, pues dicha visita para revisión obedecía a la necesidad de estar consientes (sic) del desempeño de cada una de las delegaciones o comités municipales en el Estado, revisión que arrojo en el caso que nos ocupa diversas omisiones mismas que fueron suficiente para concluir con la sustitución del presidente designado, falso dicha (sic) manifestación pues del acuerdo de fecha doce de agosto del año en curso se aprecia que en el mismo está estampada la firma el (sic) C. ENRIQUE VILLELA MONSIVAIS (sic) quien efectuó la siguiente anotación (recibí personalmente) demostrándose de esta manera que no le asiste la razón.

---------A la manifestación efectuada como agravio por el recurrente de que en el lapso de tiempo que se condujo con el carácter de presidente de la delegación, en ningún momento fue visitado por personal del CDE (sic) que le hicieran saber que su conducta era contraria a lo estipulado en los estatutos y reglamentos, a dicha aseveración nos permitimos contestar que al momento de asumir la responsabilidad de la dirigencia ya sea de un Comité o en su caso de una Delegación se les conmina a conducir su actuar apegado a la normatividad del PAN (sic) y en concreto ajustarse a lo establecido en el artículo 83 del Reglamento de órganos Estatales y Municipales del PAN (sic) el cual a la letra dice:

Artículo 83.- [se transcribe]

---------Situación que no acontecía en el Municipio de González Tamaulipas, por que de la revisión efectuada se aprecia que no se enfocaron a sacar a delante (sic) dichos trabajos, razón que dio como resultado la remoción del cargo de quien recurre.

----------En torno del inciso a).- de agravio del actor que dice realizó actividades tendientes al fortalecimiento de la delegación, de la revisión en mención no se aprecia que en dicho municipio se haya cumplido con dicho objetivo, pues ellos mismos manifestaron que regularmente cumplen con el plan de trabajo, que no cuentan con capacitadores y por otra parte también señalan que no han tenido capacitación en el transcurso de este año porque no han solicitado ningún curso al CDE (sic); es necesario precisar que la capacitación es una de las herramientas que fortalecen la existencia de un Comité Municipal o en su defecto de una delegación como es el caso que nos ocupa, pues la educación es una condición necesaria de la democracia, la instrucción forma al individuo, lo hace libre, responsable e interesado en la norma de convivencia en su comunidad, decía Rousseau que la educación es la base para el desarrollo político, económico y social de los pueblos, situación que no es ajena a los Comités Directivos Municipales o sus homólogos, al no impartir cursos de actualización a sus miembros activos o a sus adherentes la delegación no cumple con el fin para el que está previsto, faltando de esta manera a la norma que rige la vida interna de acción nacional, no se aprecia de que manera en su período como presidente de la delegación se fortaleció al partido, si la delegación en comento no cumplió ni siquiera con el plan de trabajo que tenia programado para el presente año, y más aun que la cartera de miembros activos en aquel municipio no se aumentó sustancialmente que también ésta seria una forma de fortalecer al partido.

-----------b).- En torno a lo manifestado en la audiencia celebrada en este CDE (sic) el día siete de noviembre del año en curso el actor señalo lo siguiente: que fui designado como Presidente de la Delegación en octubre dieciocho del 2007, que su delegación se integró con cinco personas, que en los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio del año en curso, no celebró las sesiones reglamentarias para que funcionará (sic) validamente su delegación, señaló que en algunas ocasiones si las celebraba sin precisa (sic) que meses con exactitud, de lo anterior se desprende una grave falta al desempeño de los trabajos de la delegación que representaba el recurrente pues no hay que olvidar que el articulo 81 del Reglamento de Órganos Estatales y Municipales señalan lo siguiente:

Artículo 81 [se transcribe]

Por otra parte el artículo del Reglamento de Órganos Estatales y Municipales señala lo siguiente:

Artículo 66.- [se transcribe]

-------------Comprobándose de esta manera que la delegación del PAN (sic) en González Tamaulipas funcionaba de una manera irregular, pues el propio recurrente señala que ni siquiera recuerda en que meses si sesionó y cuales otros no lo hizo, su periodo fue de seis meses contados a partir de que se le dio posesión el día trece de diciembre del año dos mil siete, y el actor no recuerda cuantas sesiones celebró en dichos meses, a lo menos debían de ser doce sesiones si su actuar se hubiere apegado a la normatividad del PAN, situación que no aconteció porque en ninguno de los meses que fungió como presidente sesionó en dos ocasiones de manera ordinaria y en aquellas en las que consta que sesionó como fue en los meses de febrero y marzo del año en curso actuó sin quórum, le agravia a Acción Nacional la actitud de ofuscado con la cual se conduce el recurrente, porque si a alguien le consta que los trabajos en la delegación del PAN (sic) en González Tamaulipas no se efectuaron en el orden que esta (sic) preestablecido es a el (sic).

------------Respecto a las prerrogativas correspondientes a los meses de abril, mayo y junio que le fueron retenidas para el sostenimiento de la delegación, dicha retención se efectuó en razón de sus propias afirmaciones, que el asumir las funciones que le correspondían al tesorero de su delegación, pues el era quien firmaba y recibía las prerrogativas que le correspondían a la delegación a su cargo, sin ser ésta su obligación, fue un motivo más para retenerle las prerrogativas a la delegación en comento, porque dicha situación es irregular, pues quien tiene que dar cuenta de dichos estados contables ese el tesorero y no precisamente el recurrente, que en conjunto debían firmar dichos informes, situación que dio origen a tomar medias en el asunto y el CDE (sic) restringió la entrega a que hace referencia,. (sic)

Es inverosímil la postura del recurrente al mostrar un verdadero desconocimiento de sus obligaciones y pretende con esto justificar su irregular actuar, por que el recurrente no justificó en su momento ni a la fecha de emitirse la presente resolución el gasto correspondiente a la prerrogativas (sic) del mes de marzo del año en curso, en ese entendido se le retuvieron dichos recursos, situación que se normalizó posteriormente pues en el mes de junio del año en curso se le hizo entrega de las prerrogativas mediante dos cheques emitidos en la misma fecha diecisiete de junio del año en curso, por la cantidad de OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100M.N (sic) cada uno, con números de cheques 9123 y 9124 de la cuenta número 02162818220 de la Institución de crédito denominada Banamex (sic). Quedando pendiente a la fecha como ya se señaló que el recurrente no ha justificado lo entregado como prerrogativas al mes de marzo del año en curso, y manifiesta que no conoce las causa (sic) por las cuales se le removió de la delegación que venia dirigiendo. No hay que olvidar que ésta es una de las obligaciones que como presidente en conjunto con el tesorero tienen que cumplir el de informar en tiempo al Comité Directivo Estatal del destino de los gastos para estar su superior en oportunidad de seguir suministrando dichos recursos y aunado a lo anterior lo referente a recursos propios de la delegación a la fecha no han sido justificados.

----------------c).- Ahora bien en torno de que éste efectuó modificaciones a la estructura de la delegación del PAN (sic) de González Tamaulipas, el actor señaló que efectivamente así sucedió, pero que dicha situación estaba dentro de sus atribuciones, al respecto es necesario retomar lo establecido en el artículo 83 del Reglamento de Órganos Estatales y Municipales del PAN (sic) el cual a la letra dice:

Artículo 83.- [se transcribe]

Artículo 92 de Estatutos del PAN (sic)

[se transcribe]

De dichos numerales que anteceden no se desprende que la Delegación Municipal del PAN (sic) en González Tamaulipas haya tenido dentro de sus atribuciones el modificar su estructura, pues dicha situación únicamente le compete al Comité Directivo Estatal según lo contempla el articulo 81 del Reglamento de Órganos Estatales y Municipales del PAN (sic), y suponiendo sin conceder que estuviere facultado para tal acto se aprecia que dicha conducta la desplegó contraria lo estipulado en estatutos y reglamentos pues ya quedo establecido en los numerales de la reglamentación en comento que las determinaciones que se tomen en una delegación, estas deberán surgir de una mayoría, situación que en el caso que nos ocupa no sucedió, pues la delegación estaba compuesta de seis integrantes y para que sus acuerdos tuvieran el carácter de validos debería de estar sostenida con cuatro de sus integrantes, entendiendo como mayoría la mitad mas uno, como lo consagra el articulo 66 del Reglamento de Órganos Estatales y Municipales del PAN (sic), situación que no aconteció en la especie.

Desprendiéndose de aquí que los acuerdos tomados en dichas circunstancias no tienen la validez necesaria para que prosperen, y que la delegación no debió sesionar porque no contaba con el quórum necesario para tal acto, más aun que no estaba dentro de sus atribuciones el modificar la estructura, razones de más para seguir corroborando el actuar de la delegación en comento, que la misma se condujo contraria a lo estipulado en reglamentos y estatutos.

Para demostrar nuestra argumentación, es necesario remitirnos al acta de fecha nueve de febrero del año en curso de la que se desprende que en ésta solo comparecieron a la sesión tres personas los C.C. ENRIQUE VILLELA MONSIVAIS (sic), JULIO CESAR AVALOS (sic) ORDAZ Y MARI CRUZ PINEDA HERNANDEZ (sic), situación similar que también se desprende del acta de fecha seis de marzo del año en curso, con el carácter de extraordinaria en l a que se removió del cargo a la C. HORTENSIA GUERRERO PEREZ (sic) quien estaba designada en la cartera de afiliación, acta de la que se aprecia que dicha sesión se celebró con tres integrantes siendo los C.C. ENRIQUE VILLELA MONSIVAIS (sic), JULIO CESAR AVALOS (sic) ORDAZ Y MARI CRUZ PINEDA HERNANDEZ (sic), estas situaciones son contrarias a estatutos y reglamentos, pero nos demuestran el actuar de la delegación sin atributos para tal acto, y que de tenerlos como supuestamente el actor lo señala, no notificó al Comité Directivo Estatal de dicha sustitución, una irregularidad más sumada a la delegación demostrándose que actuaba ajena a la legalidad.

La experiencia, a que alude el artículo 16 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, enseña que en sesiones de esta naturaleza, lo ordinario es que los asistentes a una asamblea firmen el acta o minuta respectiva, debiendo acreditarse con medios de prueba idóneos cualquier otra circunstancia extraordinaria.

Lo anterior, es congruente con el denominado principio filosófico de la prueba que prescribe, que lo ordinario se presume y lo extraordinario debe probarse, por lo que cuando se enfrenta una situación ordinaria a una que no lo es, la segunda debe probarse por quién la invoca en su favor, siendo que en la especie no consta manifestación alguna en ese sentido, así como tampoco ningún otro medio de prueba que permita afirmar que la sesiones (sic) en comento de los meses de febrero y marzo del año en curso se celebraron válidamente, más aun que no estaban facultados para efectuar dicha remoción.

------------En torno de los trabajos efectuados para acrecentar la membresía del Partido Acción Nacional en el Municipio de González Tamaulipas, el recurrente señala que recuerda que se aumentó el padrón más o menos en treinta personas, sin precisar si éstas fueron adherente (sic) o activos, a lo anterior manifestamos que dicha situación es falsa por que la Secretaría General del CDE (sic) del PAN (sic) en Tamaulipas, solicitó el día 28 de octubre del año en curso a la Secretaría de Afiliación del CDE (sic) informara al CDE (sic) el número de miembros activos del PAN (sic) en el Municipio de González Tamaulipas, el número de adherentes y los movimientos efectuados en el período comprendido del mes de enero al mes de agosto del año en curso, en el entendido que quien efectúa movimientos en dicho registro es exclusivamente el Comité Ejecutivo Nacional, en el Estado no se cuenta con la autorización para efectuar movimientos en ese sentido, todo esto apegado a la normatividad que rige la vida interna del PAN (sic), por lo que a dicho oficio en la misma fecha se tuvo respuesta por el encargado en Secretaria Estatal de Afiliación y nos arrojó los siguientes datos, que en el periodo de enero a agosto del año en curso no se incremento la cartera de miembros activos en el Municipio de González Tamaulipas, aumentándose el padrón únicamente en la cantidad de adherentes con un numero (sic) de (SIETE) integrantes más, que no se efectuaron modificaciones al padrón consistentes en renuncias y bajas por defunción.

Con lo anterior se robustece nuestra aseveración que el recurrente se está conduciendo con falsedad al aseverar que el padrón de activos del municipio en mención sufrió un incremento consistente en treinta personas más o menos, sin precisar a ciencia cierta su aseveración, lógicamente por que la misma no tiene sustento siendo falsa dicha afirmación, pues éste CDE (sic) lo está demostrando con documentos fehacientes que el actor mintió en su escrito, tratando de sorprender a la autoridad con su impugnación, un hecho mas para demostrar que no realizó trabajos tendientes a dar cumplimiento a la normatividad interna de la vida del PAN (sic), mucho menos a fortalecer a la institución.

------------d).- Ahora bien es preciso señalar que desde inicio del procedimiento se le notificó al recurrente los derechos que tenia entre estos el designar defensor que lo asistiera en la audiencia, señalando en el acto de la diligencia como su defensor al ING. (sic) LUIS TOMAS VANOYE CARMONA, defensor que en todo momento estuvo presente asesorando a su defenso.

Al finalizar la audiencia del día siete de noviembre del año en curso al dar respuesta a la pregunta 62 el recurrente objeta la misma en el entendido que sigue manifestando que en su contra se violaron el derecho de audiencia, pues no se le está dando la oportunidad de expresarse, a lo anterior manifestamos que es falso (sic) dicha apreciación del recurrente, pues del acta celebrada con motivo de la audiencia se desprende que en todo momento se le concedió el derecho de manifestar lo que consideraba benéfico como ya se señalo tanto a el (sic) como a su defensa, que estuvo a disposición tanto de (sic) actor como de defensa el (sic) expediente completo formado por motivo de la impugnación que nos ocupa, que al señalársele documentos concernientes a la delegación se mostraban los mismos los cuales constan en el expediente y que tuvo en sus manos el actor, no se le coarto la expresión y más aún que la misma se desarrollo dentro de los tiempos estatutarios, pues no hay que olvidar que fue otro de los motivos que el actor impugnó, que dicha audiencia estaba fuera de procedimiento, situación que es totalmente falsa, de igual manera contraria a todo procedimiento.

Por otra parte en el acto de la diligencia y al emitir respuesta a la pregunta sesenta y dos el actor manifestó que presentaba escrito mediante el cual expresa sus agravios y solicita sea considerado el mismo como un alcance al escrito originalmente presentado y remitido en primer orden a la Sala, Al respecto es necesario señalar que dicha situación no está regulada en ninguno de los apartados del artículo 55 del Reglamento sobre aplicación de Sanciones del PAN (sic) el cual a la letra dice:

Artículo 55.- [se transcribe]

Partiendo de lo contemplado en dicho numeral no se desprende la posibilidad de que exista una ampliación de la demanda, pues éste solo prevé que la audiencia se efectuará y posteriormente se dictará la resolución en la misma, en razón de lo anterior no fue posible considerarlo como alcance al escrito original, para salvaguardar el derecho del recurrente, el escrito en menciona (sic) fue recibido en dicha audiencia y se le comunicó que se acompañaría al expediente del que se tiene ya registrado considerándolo como una documental, sin embargo no es óbice decirle al recurrente que no es el momento procesal oportuno para tal acto.

Respecto a que no tuvo conocimiento de la resolución de la Sala Regional mediante la cual ordenaba el reencauzamiento (sic) de su escrito, dicha situación es inverosímil, pues es de explorado derecho que para la tramitación de un medio de impugnación el recurrente debe señalar domicilio para el efecto de oír y recibir notificaciones y es en ese domicilio que el actor haya señalado donde deben notificársele dicha (sic) resolución, no es obligación del Comité Directivo Estatal notificarle la resolución, por que se presupone que el actor ya la tuvo en sus manos, en lo que respecta que la resolución que se emita en éste juicio sea enviada a la Salan (sic) para su conocimiento, al respecto precisamos que la Sala Regional al hacerle del conocimiento que ya se había radicado el expediente en los términos que ella lo ordenaba y que ya se le había notificado al C. ENRIQUE VILLELA de la fecha de la audiencia y el derecho que tenia de designar defensor, como acuse de recibo la Superior notificó a éste CDE (sic) que para ella el asunto estaba totalmente concluido, de donde entonces la petición del actor que la resolución que recaiga a su escrito se tenga que notificar a la Sala, más aun que la normatividad no lo establece, deviene entonces infundada dicha petición.

En consecuencia y según lo estipulado en los artículos 54 y 55 del Reglamento de Aplicación de Sanciones del PAN (sic). El Presidente y Secretario General del Comité Directivo Estatal asumen la determinación de emitir la presente resolución, pues es dificultoso convocar de manera urgente para la aprobación de la misma al CDE (sic) en pleno, pues es menester conocer que el mismo está conformado con TREINTA Y CUATRO integrantes de las diferentes regiones del Estado y esto dificulta dicha situación, más aun que el Comité Directivo Estatal sesionó de manera ordinaria el día 25 de octubre del año en curso, pues se encuentra calendarizada la sesión ordinaria correspondiente al mes de noviembre para el día 28 del presente, esperarnos a convocar al CDE (sic) contravendríamos lo estipulado en los artículos que anteceden, la intención es salvaguardar los derechos.

Por las razones expuestas se consideran infundados los argumentos vertidos por el actor y en consecuencia se confirma el auto de fecha 12 de agosto del año en curso emitido por el CDE (sic) del PAN (sic) en Tamaulipas.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se

R E S U E L V E

ÚNICO. Se confirma el acuerdo impugnado de fecha doce de agosto del año en curso emitido por el CDE (sic) del PAN (sic) en Tamaulipas.

NOTIFÍQUESE personalmente a la parte actora en el domicilio señalado en autos, hágase del conocimiento del CDE (sic) en la sesión más próxima que este celebre dicha resolución para su ratificación.

…"

II. Trámite y sustanciación del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. De las constancias de autos se desprende que:

1. Una vez interpuesto el medio de impugnación, el órgano partidista responsable cumplimentó con el trámite previsto en el artículo 17 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, avisando a esta Sala Regional sobre su interposición, y haciendo pública su presentación por medio de cédula colocada en los estrados de ese comité estatal.

2. Por medio del oficio sin número, suscrito el doce de diciembre de dos mil ocho, por el C. Rolando González Tejeda, Secretario del órgano partidista responsable, remitió por paquetería especializada, la demanda propuesta por el actor, el informe circunstanciado, copias certificadas del expediente formado con motivo del recurso de revocación señalado anteriormente, y demás constancias, documentales que fueron recibidas en la Oficialía de Partes de esta Sala Regional, a las once horas en punto, del quince del mismo mes y año.

En su escrito de demanda, el actor expresó lo siguiente:

"…

H E C H OS:

Uno.- Que el día 3 de diciembre de 2007, El Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional en Tamaulipas, en su Décima Segunda Sesión Extraordinaria del Tercer Año de Ejercicio del periodo 2005 - 2008, celebrada el día 18 de Octubre del 2007, acordó designarme como Presidente de la Delegación de Partido Acción Nacional en el Municipio de González, Tamaulipas. Anexo (uno)

Dos.- Que el día sábado 12 de Abril del 2008, en Sesión Ordinaria del Consejo Estatal del Partido Acción Nacional (PAN) en Tamaulipas, se eligió al Comité Directivo Estatal (CDE) del mismo, para el periodo 2008-2011, en donde se eligió como Presidente del CDE del PAN en Tamaulipas, al C. FRANCISCO JAVIER GARZA DE COSS y como Secretario General al C. ROLANDO GONZALEZ (sic) TEJEDA.

Tres.- En fecha 28 de Agosto del 2008, alrededor de las 14:00 hrs., una persona del sexo femenino, que ahora sé que se llama Dulce Julia Oliveros Torres, se apersonó ante mi en las instalaciones de la Delegación Municipal, pero quien no se identifico de manera alguna, tampoco me mostró oficio alguno de comisión o designación para el efecto de presentarme ante mi o ante la delegación, y que me dijo que se apersonaba con el fin de hacerme entrega de una notificación en la cual se hace de mi conocimiento el ACUERDO del Comité Directivo Estatal (CDE), acuerdo que se tomó en la Tercera Sesión Ordinaria del mismo, celebrada el día 12 de agosto del año en curso.

Cuatro.- La persona llamada Dulce Julia Oliveros, me mostró el documento de una sola hoja, el cual entre otras cosas recuerdo que se fundamenta en el artículo 87 de los estatutos y en los artículos 30 inciso d) y artículos 81 y 85 del reglamento para los órganos estatales y municipales, y que una ves (sic) que le firmé el documento de una sola hoja, ella lo recogió y no me dejo copia alguna, hizo alguna actuación con la secretaria, no la secretaria general de la delegación, y luego se fue sin dejarme ni copia de lo que firme ni documento adicional alguno que pudiera ser un dictamen, o su identificación o su documento de comisión del comité directivo estatal ni nada, dejándome en completo y total estado de indefensión, lo cual manifiesto y declaro bajo protesta de decir verdad.

Cinco.- Con fecha 29 de Agosto del 2008, presente oficio sin numero ante el Presidente del Comité Directivo Estatal, solicitándole que se me hiciera entrega de la documentación de notificación y que ampara el acuerdo, tal como el dictamen y acta de la sesión, y así mismo me pongo a disposición para hacer la correspondiente entrega recepción bajo los cauces legales, estatutarios y reglamentarios. A la fecha no he recibido contestación alguna. Anexo (dos)

Seis.- En fecha 7 de noviembre del 2008, se llevo acabo (sic) la audiencia ordenada por la sala Superior (sic) del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Siete.- En fecha 25 de noviembre del dos mil ocho presente (sic) escrito dirigido al comité Directivo Estatal, solicitado (sic) me notificara si es que ya la había dictado la resolución correspondiente. Anexo (tres)

Ocho.- En fecha 3 de diciembre del 2008, solicite (sic) copia Fotostática certificada por que desconocía los términos en que se había dictado la sentencia que mediante esta vía combato, expidiéndome ese mismo día el Comité Directivo Estatal dichas copias, notificándome personalmente de enterado de la resolución dictada. Anexo (cuatro)

A G R A V I O S:

PRIMER AGRAVIO.- Efectivamente la sentencia recurrida causa serios agravios al suscrito, en virtud de que no se encuentra debidamente apegada a las constancias que obran dentro del expediente en que se actúa y como consecuencia, el derecho fue inexactamente aplicado al decretar en definitiva mi destitución del cargo que venia desempeñando como presidente de la Delegación de González, dejándose ir por un sentimentalismo de culpabilidad, asiendo (sic) a un lado la aplicación de la pureza jurídica y el estricto apego a los estatutos y reglamentos, esto es evidente, pues dicha resolución la apoya en declaraciones de personas y suposiciones, que según el juzgador obtuvo en el desahogo de la audiencia de ley, lo cual es totalmente ilegal; Por que primeramente podemos señala (sic) que de todo lo que obra en autos jamás se desprenden indicios de que haya faltado a mis obligaciones de Presidente; En segundo termino (sic) la única prueba que sirve para acreditar si se incurre en negligencia o incumple uno con su trabajo, lo es la inspección de los hechos, es decir, el acta circunstanciada donde se realice un diagnostico en los archivos del comité o delegación, revisando acta por acta y todo lo que se requiera para la debida comprobación de los hechos, la cual debe ser firmada por los integrantes de la Delegación y personas de asistencia para tener plena certeza que se llevo a cabo, y no tratar de encontrar pruebas posteriores al acto reclamado, ya que una vez que fui indebidamente destituido del cargo, deje de tener acceso a los archivos de la Delegación, lo que obviamente me coloca en completo estado de indefensión porque no puedo probar a un 100% que labore (sic) dentro de dicha delegación ya que el resolutor solo reconoce que lo hice regularmente, ante esta situación siempre e (sic) estado en desventaja ante el Comité Directivo ESTATAL, REFLEJANDOSE (sic) UNA FRANCA VIOLACION (sic) A MIS DERECHOS PARTIDISTAS Y GARANTIAS (sic) INDIVIDUALES CONTEMPLADAS EN LOS ARTICULOS (sic) 14 Y 16 CONSTITUCIONAL, esto es así ya que si el Comité Responsable me hubiera hecho un indicativo de que me iba a destituír (sic) seguramente me hubiera preparado con las pruebas para demostrar aun mas mi inocencia, pero al no ser así las cosas, fue lo que me dejo en completo estado de indefensión.

SEGUNDO AGRAVIO.- Me causa agravio lo que dice el COMITÉ DIRECTIVO ESTATAL, en su considerando primero inciso b).- Toda vez que en la resolución de fecha 12 de noviembre del año en curso, pretende hacer creer y desengañar con dolo y mala fe que con las respuesta (sic) dadas a las preguntas 1,2,3,4,5,6, y 7 del desahogo de dicha diligencia sirven para acreditar que llevo (sic) acabo (sic) una revisión dentro de la delegación que estaba a mi cargo, toda vez, que no es el medio idóneo para probar su obligación que tiene de realizar periódicamente visitas a las Delegaciones y Comités Municipales, sino más bien la información que tiene la a (sic) obtenido de algunas actas que se le remitieron, pero jamás se constituyeron en la Delegación a mi cargo, por que si esto fuera cierto obrara dentro del expediente en que se actúa, acta circunstanciada firmada por el suscrito y dos testigos de asistencia, pero como no se realizo difícilmente podrá comprobar que llevo (sic) acabo dicha revisión que bien le pudo haber servido para fundamentar mi destitución, ya que a estas alturas, indebidamente pretende acreditarla, con pruebas posteriores a mi remoción del cargo, lo cual es contrario a derecho, ya que no se puede quitar primero a una persona y después tratar de justificar y encontrar el motivo por el cual se quito (sic) del cargo, lo que se evidencia de todo lo actuado.

TERCER AGRAVIO.- Me causa agravio lo que expresa el Comité Directivo Estatal, en el considerando Segundo, toda vez que con lo narrado en la sentencia solo se demuestra que fueron en calidad de visita, pero no de revisión, pues estos señalan que por dicho de los integrantes de la delegación se comprobó que el desempeño de la delegación es regular, lo que es contrario a derecho, ya que dentro de nuestro comité hay normas y reglas que seguir dentro de ellas esta contemplado la forma de llevar acabo una revisión, lo que deberá ser mediante un acta circunstanciada, anotando todas y cada una de las irregularidades que existan dentro de la delegación o comité de que se trate, esta acta deberá estar firmada por las personas que acudieron a realizar la revisión y los integrantes de la delegación revisada, la cual obligatoriamente deberá estar firmada en un costado de dichas hojas, para así tener la certeza de que existe un indicativo de que se trata de una revisión, y de esa forma estar en posibilidad de poder defenderse, por que de lo contrario me deja en completo estado de indefensión al no saber que fue lo que tomo en cuenta para llegar a tal acuerdo, deduciendo de la forma como narran los hechos que no cumplieron con su obligación que tienen así los comités, que es de supervisar que efectivamente estén operando en forma, para que si existe alguna negligencia o irregularidad la haga saber a los comités, pero siempre trabajar en armonía, poniéndose en evidencia que dichas persona (sic) solo fueron en calidad de charla y no de trabajo, reflejándose de su dicho que estaban operando a escondidas para fraguar una injusticia, en mi contra, obrando con dolo y mala fe, por que en esa platica (sic) tampoco hizo saber si es que había que subsanar una irregularidad, obligación que tiene todo comité, porque se trata de cooperar y trabajar en armonía.

En relación a lo que menciona en cuanto a la firma que aparece estampada del suscrito, esto se debió a que me dejaron los nombres de las personas que iban a conformar el Comité Directivo Estatal, la cartera de cada uno; Así como también me dejaron unos formatos que tenia que llenar eran relativos a las personas que habían participado como candidatos de nuestro partido a la presidencia Municipal, diputaciones locales y federales, pero jamás fue acta circunstanciada.

También me causa agravio lo expresado por este Comité Directivo Estatal en este mismo considerando en su inciso a).-, ya que miente al decir que el suscrito le dijo que no había capacitadores en la Delegación a mi cargo, lo cual es infantil, ya que nadie mejor que el sabe que en el Municipio de González contamos con dos capacitadores, que son miembro (sic) activos y que responden a los nombres ROGELIO NAJAR RAMIREZ (sic) Y JULIO CESAR AVALOS (sic), dicho este que me agravia por ser falso ya que en eso se baso para emitir la resolución lo considero como un hecho probado dicha aseveración, lo que evidencia que no tiene elementos ni pruebas en que apoyarse para sustentar la resolución que emite... agregando que dicho comentario es incongruente pues se quejas (sic) por que se estaba operando regularmente y resulta que el que representa el, no ha podido tener reuniones de consejeros estatales en dos ocasiones por no contar con corum (sic), lo cual si es realmente grave, pues ni tan siquiera tiene la capacidad de convocatoria... Mas adelante señala que no se aprecia de que manera en mi periodo como Presidente de la delegación se fortaleció el partido, si la delegación en comento no cumplió ni siquiera con el plan de trabajo que tenia programado para el presente año, y mas aun que la cartera de miembros activos en aquel Municipio no se aumento sustancialmente que también esta seria (sic) una forma de fortalecer el partido...A (sic) este respecto quiero manifestar que se deduce de su dicho que acepta en parte que se a (sic) estado trabajando por que reconoce que si hubo un aumento en la membrecía (sic) de miembros activos, y que su alegato lo hace para confundir la inteligencia de su señoría, ya que nada de lo que dice va probar (sic) por que no tiene elemento para ello, obrando con dolo y mala fe, o al menos que lo haga por una total ignorancia por que el (sic) mas (sic) que nadie debe saber que por acuerdo del Comité Ejecutivo Nacional se suspendió las actividades de membrecía (sic) e incremento en los miembros activos, lo que evidencia un total desconocimiento e información y actualización de las cosa (sic).

También me causa agravio lo que expresa dicho comité en relación a que señala que ni tan siquiera recuerdo en que (sic) meses se sesione (sic) y cuales otros no lo hice, es una manifestación fuera de toda realidad ya que jamás por la prontitud de la contestación a las pregunta (sic) formulada difícilmente me iba acordar (sic) del día, hora en que se celebro dichas (sic) reuniones y esto no es motivo para sustituirme del cargo por que no se trata de memorizar las cosas, si no de trabajar y realizarlas... En el siguiente párrafo este señala que en los meses de abril, mayo, junio me fueron retenidas las prerrogativas para el sostenimiento de la delegación, y que era yo quien firmaba, sin ser esta mi obligación y que esto solo le correspondía al tesorero...lo (sic) cual es totalmente falso ya que tanto el tesorero como el Delegado están facultados par (sic) recibir las prerrogativas de la delegaciones (sic), ya que para esto no existe formalismos (sic) que dificulten su entrega ya que de lo que se trata es de agilizar las actividades del comité o delegación, ahora bien cuando existe un inconveniente forzosamente el Comité Directivo Estatal debe, hacerlo saber a la delegación, mediante un indicativo o notificación, pero jamás puede actuar a las espaldas de nadie por que estamos en tiempos de transparencia y son actos públicos...Así (sic) como también me Agravia que diga que en el mes de marzo del año en curso, no justifique el gasto correspondiente a las prerrogativas ya que si esto fuera cierto el IETAM (sic) y el IFE (sic) jamás le hubieran dado la prerrogativas (sic) que por ley le corresponden a dicho Comité Directivo Estatal, caso que no acontecido (sic), pero con todo el dolo del mundo y para tratar de justificar su accionar pretende hacer creer a su señoría que por eso se retuvo las prerrogativas cuando todo mundo se entero, por versión del tesorero que estaba a mi cargo y ahora es el Delegado, el plan que tenían en mi contra era retenerme los gasto (sic) para que presentara mi renuncia al cargo que ostentaba, al darse cuenta que no renunciaba, opto por removerme del cargo, asiendo (sic) mención que el retenerme las prerrogativas si me afecto (sic) pues sin recurso (sic) nadie puede trabajar adecuadamente, ya que el recuso (sic) se destina con la finalidad de de (sic) facilitar el trabajo, lo que si me causo en gran (sic) agravio.

CUARTO AGRAVIO.- También me causa agravio lo que expresa el CDE (sic) EN CONSIDERANDO (sic) SEGUNDO inciso C).- En torno a las modificación (sic) que se hicieron en la delegación a mi cargo, si son atribuciones o no mías (sic) de remover a los integrantes y si hay quórum o no,..Quiero (sic) manifestar que uno de los motivos por los cuales en esa ocasión asistieron menos integrantes se debió a que precisamente ya había la consigna del Comité Estatal de que me dificultaran el trabajo una de las recomendaciones era que no asintieran (sic) a las sesiones de la delegación y que a cabio (sic) de eso los iban a nombrar en la nueva delegación, como así acontecido (sic), pues en la nueva delegación se nombro como titular al C EUGENIO ODILO (sic) LICONA, quien era mi tesorero y JULIO CESAR AVALOS (sic), quien era secretario del partido, mismos que están actualmente como Presidente y tesorero respectivamente.

QUINTO AGRAVIO.- Existe franca Violación al artículo 55 fracción VI, el cual entre otras cosas dice: EN LA AUDIENCIA SE PROCEDERA (sic) AL ANALISIS (sic) DE LOS AGRAVIOS Y PRUEBAS QUE FUNDE EL RECURSO Y SE LEVANTARA UNA (sic) ACTA CIRCUNSTANCIADA... Existe violación a dicho dispositivo legal en virtud de que si su señoría analiza detalladamente la forma como se llevo acabo el desarrollo de la audiencia de ley, seguramente se dará cuenta de que el objeto de la misma no era interrogar al suscrito, no era buscar en dicha diligencia pruebas en mi contra para apoyar el acuerdo tomado el día doce de agosto del presente año, por que se supone que si emitieron un acuerdo es precisamente por que ya tenia las pruebas que le sirvieron par (sic) emitir el acuerdo, la finalidad de la audiencia era que el suscrito expresara los agravios que me causa la destitución de mi cargo de presidente de la delegación, lo que no acontecido (sic) en el caso concreto que nos ocupa, al no realizarse dicha audiencia en los términos que señala la ley evidentemente se me sigue violando mis derecho (sic), al no concretarse dicho comité al análisis de los agravios expresados, sino mas bien la audiencia la uso para tratar de recabar pruebas en que sustentar mi destitución, alegato que hice mención en el desarrollo de la audiencia, donde impugne y objete en todo su alcance y valor probatorio la forma como se desarrollo, no consentí el acto reclamado.

SEXTO AGRAVIO: Existe violación en mi perjuicio y de los que integramos la delegación en el Municipio de González Tamaulipas ya que existe violación directa a los artículos 14 y 16 constitucional en atención a lo siguiente, es menester puntualizar lo que al respecto dice el párrafo segundo de la constitución política de los estados unidos mexicanos el cual dispone "QUE NADIE PODRA (sic) SER PRIVADO DE LA LIBERTAD, DE SUS PROPIEDADES POSESIONES Y DERECHOS, SI NO MEDIANTE JUCIO (sic) SEGUIDO ANTE LOS TRIBUNALES PREVIAMENTE ESTABLECIDOS EN LOS QUE SE CUMPAL (sic) LAS FORMALIDADES ESCENCIALES (sic) DEL PROCEDIMIENTO Y CONFORME A LAS LEYES EXPEDIDAD (sic) CON ANTERIORIDAD AL HECHO... por su parte el diverso numeral 16 de nuestra carta magna, señala en su párrafo inicial "QUE NADIE PODRA (sic) SER MOLESTADO EN SU PERSONA, FAMILIA, DOMICILIO, PAPELES O POSESIONES, SI NO EN VIRTUD DE MANDAMIENTO ESCRITO DE LA AUTORIDAD COMPETENTE QUE FUNDE Y MOTIVE LA CAUSA LEGAL DEL PROCEDIMIENTO,.. ahora bien analizando el acuerdo tomado por el comité directivo estatal se desprende del mismo que careced e (sic) los requisitos de motivación y fundamentación que toda autoridad o organismo (sic) electoral que es regido por una ley esta obligado por imperativo constitucional a respetar, entendiéndose por fundamentación que quien emite un acto, acuerdo o resolución deberá expresar con precisión el precepto legal aplicable al caso concreto de que se trate: y por motivación debe entenderse la obligación de señalar sutilmente las circunstancias especiales razones particulares o causas inmediatas que hayan tomado en consideración para la emisión del acto; además es necesario que exista una adecuación perfecta y legal entre los motivos aducidos, y las normas aplicables, es decir en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas de los preceptos que se hayan invocado como fundamento debiendo establecer con precisión y claridad la relación que existe entre uno y otro y que fue lo que tomo en cuenta.

Por lo anteriormente expuesto y fundado al Comité Directivo Estatal atentamente solicito:

…"

3. Por acuerdo de quince de diciembre de dos mil ocho, dictado por la Magistrada Beatriz Eugenia Galindo Centeno, Presidenta de esta Sala Regional, tuvo por recibido el expediente referido en el párrafo anterior, mismo que se registró en el Libro de Gobierno con el número de expediente SM-JDC-39/2008, turnándolo a su ponencia, acuerdo que fue cumplimentado en la misma fecha, mediante oficio TEPJF-SGA-SM-102/2008, suscrito por el Secretario General de esta Sala Regional.

4. Por auto de treinta y uno de diciembre de dos mil ocho, la Magistrada Instructora acordó radicar el presente juicio y requerir al órgano partidista responsable diversas constancias necesarias para la debida substanciación del presente juicio.

5. Por acuerdo de siete de enero de dos mil nueve, se tuvo por cumplimentado el requerimiento descrito en el punto anterior.

6. El treinta de enero de dos mil nueve, se dictó proveído por el que se admitió el juicio que nos ocupa, y se advirtió que el expediente en que se actúa se encontraba debidamente substanciado, procediéndose en consecuencia a declarar cerrado el periodo de instrucción, y elaborar el proyecto de resolución; y,

C O N S I D E R A N D O:

PRIMERO. Jurisdicción y competencia. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ejerce jurisdicción, y la Sala Regional de la Segunda Circunscripción Plurinominal con sede en Monterrey, Nuevo León, es competente para conocer el presente asunto, en términos de lo dispuesto en los artículos 41 fracción VI, y 99 fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 195, fracción IV, inciso d), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como 4, y 83, párrafo 1, inciso b), fracción IV, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, por tratarse de un juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano promovido en contra de una resolución dictada por un órgano partidista que presuntamente viola derechos políticos del ciudadano actor, quien fuera titular de un órgano político-administrativo municipal del Partido Acción Nacional.

SEGUNDO. Causales de improcedencia y sobreseimiento. El Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional en Tamaulipas, hizo valer la causal de improcedencia consistente en que el medio de impugnación es extemporáneo, pues manifiesta que el término para su interposición feneció con anterioridad a la fecha en que fue propuesto, ya que la resolución recurrida fue notificada el catorce de noviembre de dos mil ocho, en el domicilio del actor que obra en el Registro Nacional de Miembros del Partido Acción Nacional, sito en la calle 20 de noviembre 406, colonia San Luisito de la Villa, en González, Tamaulipas.

Del informe circunstanciado y constancias que obran agregadas en autos, se desprende que la diligencia se practicó a las diecinueve horas de la fecha señalada en el párrafo anterior, y fue entendida con los padres del actor, quienes señalaron que éste no se encontraba, por lo que la funcionaria partidista dejó un citatorio para una hora después, regresando a las veinte horas, hora en la que tampoco encontró al actor, por lo que dejó la notificación en el patio del inmueble, ante la negativa de los padres de recibir la notificación, aunada a la de un hermano del actor.

La responsable justifica esta diligencia al manifestar que el recurrente no señaló domicilio para recibir notificaciones en Ciudad Victoria, Tamaulipas, pues el que indicó para ese efecto está ubicado en la ciudad de México, Distrito Federal, además señala que el quince de noviembre de la anualidad pasada, fue colocada una cédula de notificación en los estrados de ese ente responsable.

Aunado a lo anterior, la responsable agregó que el diecinueve de noviembre acudió a sus oficinas una persona que dijo llamarse Mari Cruz Pineda Hernández, y que era la abogada del actor, solicitando personalmente copia de la resolución que se encontraba publicada en estrados, a lo que le indicaron que elevara su petición por escrito firmado por el recurrente, en el que la autorizara a recabar la copia de la resolución solicitada, lo cual, a decir de la responsable, nunca ocurrió.

Sigue diciendo la responsable, que el veinticinco de noviembre de la anualidad pasada, Enrique Villela Monsiváis presentó escrito solicitando que se dictara resolución dentro de la revocación intrapartidista, a la que recayó acuerdo del primero de diciembre, notificado al actor el día siguiente, informándole que la resolución había sido dictada el doce de noviembre de la anterior anualidad, y de las supuestas gestiones llevadas a cabo con el fin de notificarlo; a raíz de lo acordado, el actor compareció el tres de diciembre a solicitar copia de la resolución, la cual le fue entregada en esa misma fecha; señalando por último la responsable que el actor se conduce con falsedad, pues asegura que tuvo conocimiento de la resolución previo a la fecha en que obra notificación personal, pidiendo que la demanda sea desechada de plano por improcedente.

Al respecto esta Sala considera que la causal de improcedencia hecha valer por la responsable es improcedente, pues en todo caso, el Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional en Tamaulipas no intentó notificar al actor en el domicilio señalado en el escrito inicial de la revocación intrapartidista.

Lo anterior es así, pues el artículo 35, del Reglamento sobre Aplicación de Sanciones del Partido Acción Nacional, indica que todo acto o resolución dictado por los órganos partidistas competentes, deberá notificarse personalmente, por cédula, por correo certificado, fax, o telegrama, con acuse de recibo, y que de toda notificación se asentará razón en el expediente correspondiente.

Además, el mismo numeral señala que las notificaciones personales deberán practicarse directamente al interesado o a las personas autorizadas para ello, en el domicilio señalado para tales efectos, lo cual en el caso, no aconteció así, pues tal como la misma responsable lo reconoce expresamente en el cuerpo de su informe circunstanciado, acudió a notificar al domicilio del actor que constaba en el Registro Nacional de Miembros del Partido Acción Nacional, el cual es diverso al indicado por el actor en su escrito impugnativo intrapartidista, ubicado en la calle José Mariano Beristaín y Souza número 72, Colonia Viaducto Piedad, Código Postal 08200, en la ciudad de México, Distrito Federal, y autorizando para que en su nombre y representación recibiera dichos comunicados a la ciudadana Guadalupe Oropeza o a quien se encontrara laborando en dicho inmueble.

Es decir, en términos de la reglamentación interna del Partido Acción Nacional, el Comité Estatal responsable debió notificar al recurrente en el domicilio que señaló para esos efectos en la ciudad de México, ya que el mismo artículo 35 señalado, dispone que el órgano podrá notificar por correo certificado la resolución correspondiente, disposición última que el Comité Directivo Estatal en Tamaulipas del Partido Acción Nacional no atendió.

Por otra parte, obran en autos diversas constancias tendentes a soportar el dicho del órgano partidista responsable, las cuales se hacen consistir en:

a) Constancia de citatorio, levantado por Gloria Esmeralda Corona Rodríguez, auxiliar jurídica del órgano partidista responsable, a las diecinueve horas del catorce de noviembre de dos mil ocho, por la que hace constar que se apersonó en la finca correspondiente al domicilio del actor en términos del Registro Nacional de Miembros del Partido Acción Nacional, y que al no encontrar a Enrique Villela Monsiváis, le dejó citatorio.

b) Constancia de citatorio de segunda visita, levantada por la misma funcionaria intrapartidista, en la misma fecha, pero a las veinte horas en punto, por el que hace constar que compareció al mismo domicilio, sin encontrar en él al actor, procediendo a dejar notificación donde, según dice, hizo constar que la resolución se publicaría en estrados de las instalaciones del órgano partidista responsable, sin que conste en la documental descrita que la funcionaria partidista haya dejado copia de la resolución aquí impugnada.

c) Documento firmado el quince de noviembre de dos mil ocho, por Rolando González Tejeda, Secretario General del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional en Tamaulipas, y dirigido al actor, por el que le notifica la resolución materia de este juicio.

d) Constancia de notificación en estrados, de quince de noviembre de dos mil ocho, a las diez horas en punto, por la cual, Gloria Esmeralda Corona Rodríguez, auxiliar jurídico de la responsable, hace constar que publicó en los estrados de ese comité la cédula de notificación respectiva, sin que haya hecho constar que colocó junto con la cédula descrita, copia de la resolución materia de este juicio.

Las documentales descritas anteriormente, solo arrojan valor indiciario de lo que en ellas se hace constar, en términos de lo previsto en el artículo 16, párrafos 1 y 3, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, pues con ellas no se acredita lo afirmado por el órgano responsable, en el sentido de que de éstas no se obtiene que Enrique Villela Monsiváis efectivamente se haya impuesto del contenido de la resolución dictada el doce de noviembre pasado, por el Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional en Tamaulipas.

Por otra parte, evidenciado está que Enrique Villela Monsiváis recibió personalmente copia de la determinación que aquí recurre, pues a fojas 45 (cuarenta y cinco) de autos, obra copia de la primera página de la resolución recurrida de la que se desprende que el actor estampó el acuse de recibo de estilo, el tres de diciembre de dos mil ocho, haciendo constar además su nombre y una firma ilegible, constancia que a continuación se inserta gráficamente:

Por lo anterior es que la causal de improcedencia invocada por el órgano partidista responsable resulta INFUNDADA.

Además de la anterior causal de improcedencia, esta Sala Regional no advierte la existencia de alguna otra, o en su caso de sobreseimiento, prevista respectivamente en los numerales 10 y 11, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

TERCERO. Requisitos del medio de impugnación. La demanda interpuesta por Enrique Villela Monsiváis cumple con los requisitos previstos en los artículos 7 párrafo 2, 8, 9 párrafo 1, 79 párrafo 1 y 80 párrafo 1 inciso f), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, en razón de lo siguiente:

a) Oportunidad. El juicio ciudadano que hoy se resuelve, fue interpuesto oportunamente, dentro del plazo legal previsto en el artículo 8, de la Ley Adjetiva aplicable.

Esto es así, pues el numeral en comento dispone que los medios de impugnación previstos en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación, por regla general, deberán presentarse dentro de los cuatro días contados a partir del día siguiente a aquél en que la parte afectada tenga conocimiento del acto o resolución impugnado, o hubiese sido notificada conforme a las normas aplicables.

De las constancias que obran en autos, se desprende que la parte actora fue notificada personalmente de la resolución recurrida, el pasado tres de diciembre de dos mil ocho.

Luego entonces, el plazo para la interposición del medio de impugnación, inició un día después, es decir, el jueves cuatro de diciembre, como primer día, feneciendo el martes nueve de ese mismo mes, y toda vez que la demanda fue interpuesta el ocho de ese mismo mes, inconcuso resulta que la demanda fue presentada en tiempo.

No obsta para lo anterior, el hecho de que el tres de octubre de dos mil ocho, el Consejo General del Instituto Federal Electoral, haya declarado el inicio del proceso electoral federal ordinario 2008 (dos mil ocho) – 2009 (dos mil nueve), a partir del cual, en términos de lo dispuesto por el artículo 7, de la Ley de Medios, todos los días y horas son hábiles, por tanto, en apariencia, para el cómputo de la interposición del juicio que hoy nos ocupa tendrían que computarse, además de los días hábiles, aquellos que normalmente no son considerados como tales, como son sábados, domingos y aquellos así marcados por ley, pero para el caso, dicha norma no resulta aplicable, en razón de lo siguiente.

Los artículos 7 y 8, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, disponen lo siguiente:

"…

Artículo 7.

1.Durante los procesos electorales todos los días y horas son hábiles. Los plazos se computarán de momento a momento y si están señalados por días, éstos se considerarán de veinticuatro horas.

2.Cuando la violación reclamada en el medio de impugnación respectivo no se produzca durante el desarrollo de un proceso electoral federal o local, según corresponda, el cómputo de los plazos se hará contando solamente los días hábiles, debiendo entenderse por tales todos los días a excepción de los sábados, domingos y los inhábiles en términos de ley.

Artículo 8.

1.Los medios de impugnación previstos en esta ley deberán presentarse dentro de los cuatro días contados a partir del día siguiente a aquél en que se tenga conocimiento del acto o resolución impugnado, o se hubiese notificado de conformidad con la ley aplicable, salvo las excepciones previstas expresamente en el presente ordenamiento".

…"

De los preceptos transcritos, se advierte que el plazo para la presentación de los medios de impugnación es de cuatro días, contados a partir del siguiente a aquel en que se tenga conocimiento del acto o resolución impugnado, o se hubiese notificado conforme a la ley aplicable.

Distinto es cuando se trata de violaciones reclamadas durante un proceso electoral federal o local, durante el cual, todos los días y horas serán considerados como hábiles, en tanto que, fuera de aquél, se cuentan solamente los hábiles, debiendo entenderse por tales todos los días, a excepción de los sábados, domingos y los inhábiles por ley.

En esa tesitura, por "proceso electoral" debemos entender los comicios previstos constitucional y legalmente para renovar, mediante elecciones libres, auténticas y periódicas, los poderes ejecutivo y legislativo de la federación y de las entidades federativas, así como ayuntamientos en los Estados y jefes delegacionales en el Distrito Federal, de conformidad a lo establecido en los artículos 41 segundo párrafo, 116 fracción IV, y 122, base primera, fracción V, inciso f), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Así mismo, el artículo 7, párrafo 2, antes transcrito, contiene la palabra "durante", que debe interpretarse no sólo en un sentido estrictamente temporal, sino también material; es decir, para determinar si el cómputo de los plazos debe hacerse considerando sólo los días hábiles, exceptuando sábados, domingos e inhábiles conforme a la ley, es necesario determinar si el acto o resolución impugnado guarda relación directa y material con el proceso electoral respectivo.

Es decir, el cómputo de los días y horas hábiles a que se hace mención en el párrafo 1, del artículo 7, de la citada ley general, debe entenderse referido únicamente a los actos impugnados que se encuentren relacionados directa y materialmente con algún proceso electoral federal o local, según sea el caso, cuyo soporte legal se encuentre previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en las constituciones estatales o en las leyes federales y locales electorales correspondientes.

En cambio, si la violación aducida tiene lugar fuera de un proceso electoral federal o local, o bien, no es un acto propio de éste, entonces el cómputo del plazo se efectuará contando solamente los días y horas hábiles, según se encuentra establecido en el párrafo 2, del artículo 7, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

Esto es así, pues la diferencia en el cómputo de los plazos prevista en la ley, cobra relevancia, si se toma en consideración que en materia electoral, las distintas etapas que componen un proceso comicial adquieren definitividad y firmeza al cumplirse los términos establecidos en la ley, o bien, cuando por resolución dictada por órgano competente se resuelve el asunto de manera concluyente. Lo anterior implica que si la violación aducida se da dentro de un proceso electoral federal o local, según sea el caso, el plazo para interponer el respectivo medio de impugnación en contra de determinado acto o resolución relacionados directa y materialmente con el proceso electoral, es más reducido que en aquellos casos en que la trasgresión tiene lugar fuera del referido proceso electoral.

Es importante tener presente que uno de los principios que rigen la materia electoral es el de definitividad de las distintas etapas de los procesos electorales, las cuales cuentan con plazos breves, significando que todos los actos dictados por la autoridad electoral adquirirán definitividad una vez concluida la etapa respectiva, dando paso así a la siguiente, con la seguridad de que dichos actos regirán, sin la posibilidad de ser modificados, revocados o anulados.

Por tanto, cuando la violación reclamada tenga lugar durante un proceso electoral federal o local, es decir, que el acto o resolución sea propia jurídica y materialmente a un proceso electoral, es necesario que, a efecto de realizar el cómputo de los plazos para la interposición de los medios de impugnación, se tomen en cuenta todos los días y horas como hábiles, de manera que, en un plazo breve, se resuelvan definitivamente las controversias planteadas en el citado proceso electoral, pues ante la brevedad y el carácter improrrogable de los plazos en materia electoral, se vuelve indispensable que, en todos los casos, la presentación de los medios de impugnación y su correspondiente resolución se dé en plazos sucintos; de ahí que, durante comicios federales o locales, se consideren como hábiles todos los días y horas acorde con el principio de definitividad de las etapas electorales y, consecuentemente, dar certeza jurídica en la contienda electoral.

En cambio, cuando se está en presencia de impugnaciones dirigidas a controvertir actos intrapartidistas definitivos, que no estén vinculados con procesos electorales constitucionales y legales, el criterio que rige a efecto de realizar el cómputo de los plazos para la interposición de los medios de impugnación correspondientes debe atender a cuestiones y circunstancias distintas, como a continuación se explica.

Como ya se dijo, el cómputo de los plazos debe ser breve, en el supuesto de que la violación aducida está vinculada con un proceso electoral federal o local, con el objeto de respetar los reducidos lapsos en que se lleva a cabo cada una de las etapas del proceso electoral, por lo que se computan todos los días y horas como hábiles.

De esta forma, si la violación intrapartidaria combatida no se da durante un proceso electoral federal o local, esto es, no se encuentra vinculada directa y materialmente con éste, es claro que el cómputo del plazo respectivo se hará únicamente tomando en consideración los días y horas hábiles.

El mismo criterio debe regir en aquellos casos en que la violación intrapartidaria reclamada se dé en el momento en que se lleva a cabo un proceso electoral federal o local; pero dicho acto no se encuentra jurídica ni materialmente relacionado con ninguna de las etapas del proceso comicial respectivo.

Lo anterior obedece a que, si el acto impugnado atribuido a un órgano partidario en nada incide en el proceso electoral correspondiente, por ende, no existe riesgo alguno de alterar las distintas etapas electorales, entonces, debe tomarse el cómputo más favorable para el actor, es decir, aquél previsto en el segundo párrafo del artículo 7, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, al no existir la premura que, para la presentación y resolución de los medios de impugnación, existe en el caso de actos directa y materialmente vinculados con el proceso electoral.

Por tanto, si la violación alegada no está relacionada directa y materialmente con proceso electoral alguno, no existe riesgo de alterar los breves plazos electorales, ni de que se incumpla con la definitividad de las etapas electorales y, por ende, el cómputo para la presentación de los medios de impugnación correspondientes deberá hacerse tomando en cuenta solamente los días y horas hábiles.

La anterior conclusión es conforme con el derecho fundamental a la impartición de justicia electoral completa y efectiva, conforme lo dispuesto en el artículo 17, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque permite a los ciudadanos contar con un plazo más amplio para la presentación de sus medios de impugnación.

Es el caso que en el presente juicio, se combate la resolución recaída a un recurso de revocación intrapartidista, dictada por el Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional, por la que confirmó el acto reclamado en ese medio de impugnación interno promovido por el hoy actor.

Como quedó evidenciado, la resolución impugnada no tiene relación directa ni material con algún proceso electoral federal o local previsto constitucional o legalmente, razón por la que el cómputo del plazo que el impetrante tenía para promover el presente juicio, se efectuó tomando en cuenta únicamente los días hábiles.

Este criterio ha sido asumido por esta Sala Regional, al resolver los diversos medios de impugnación identificados con las claves SM-JDC-7/2008, SM-JDC-22/2008 y SM-JDC-35/2008.

b) Forma. La demanda fue interpuesta por escrito; en ella consta el nombre y la firma autógrafa del actor, el cual señaló domicilio para oír y recibir notificaciones ubicado en la calle Joaquín García Leal 329 norte, entre las calles Albino Espinoza y Manuel M. de Llano, en la colonia Centro de esta ciudad de Monterrey, Nuevo León, así mismo autorizó para que en su nombre y representación las reciban los ciudadanos Abel Cárdenas Lara y Jorge Alejandro Durham Infante; identificó el acto impugnado y el órgano partidista responsable; mencionó los hechos en que basó su impugnación, de los cuales se desprenden los agravios que le causa la resolución reclamada; los preceptos presuntamente violados, y aun cuando no ofreció medios de convicción en términos del artículo 9, párrafo 1, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, el ente partidista responsable remitió junto con su informe circunstanciado, el expediente integrado a raíz de la interposición del procedimiento partidista correspondiente.

c) Legitimación. El juicio es promovido por un ciudadano en forma individual, haciendo valer presuntas violaciones a sus derechos político-electorales, provocadas por una determinación emitida por el Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional en Tamaulipas, relativo a su destitución como delegado de ese partido político en el municipio de González, Tamaulipas; lo anterior, de conformidad a lo estipulado en el artículo 83, párrafo 1, inciso b), fracción IV in fine, de la ley adjetiva antes referida.

d) Definitividad. Del análisis de las normas internas del Partido Acción Nacional, se desprende que en contra de la resolución combatida no procede algún otro medio de impugnación que debiera agotarse antes de acudir ante este órgano jurisdiccional.

CUARTO. Litis. Del análisis del escrito de demanda, esta Sala Regional advierte que la litis se constriñe a determinar si, atendiendo a los motivos de queja elevados por el impetrante, ha lugar a revocar la resolución recaída al recurso de revocación intrapartidista, identificado con la clave SG-040/2008.

En consecuencia, serán atendidos todos y cada uno de los agravios expresados, incluidos aquellos que se deduzcan claramente de los hechos expuestos en la demanda, en atención a la suplencia en la deficiente expresión de agravios, prevista en el párrafo 1, del artículo 23, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, y en la jurisprudencia identificada con la clave S3ELJ 04/99, emitida por la Sala Superior de este Tribunal Electoral, y consultable en la página 182 (ciento ochenta y dos), del tomo Jurisprudencia, de la "Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005", cuyo rubro reza "MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL. EL RESOLUTOR DEBE INTERPRETAR EL OCURSO QUE LOS CONTENGA PARA DETERMINAR LA VERDADERA INTENCIÓN DEL ACTOR".

Tomando en consideración que la litis en el presente caso ha sido fijada, el método de estudio que se empleará en la presente resolución, será el de relacionar los agravios con los hechos y puntos de derecho controvertidos y los que fundan la presente resolución, así como los argumentos vertidos por el órgano partidista responsable en la resolución impugnada, y accesoriamente, en su informe circunstanciado, además del examen y la valoración de las constancias que, en vía de prueba, obran en autos, para así poder determinar la viabilidad o inoperancia de los agravios, pudiendo variar, para su mejor análisis, el orden de su estudio, pues ello no causa afectación jurídica o lesión al actor, siempre que sean estudiados la totalidad de los agravios; de ahí que este cuerpo colegiado los analizará atendiendo a la calificación que sobre cada uno de ellos se estime. Resulta aplicable la jurisprudencia S3ELJ 04/2000, emitida por la Sala Superior de este Tribunal Electoral, y consultable en la página 23 (veintitrés), del tomo Jurisprudencia, de la "Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005", cuyo rubro reza "AGRAVIOS, SU EXAMEN EN CONJUNTO O SEPARADO, NO CAUSA LESIÓN".

También es importante tener presente el criterio sustentado en la jurisprudencia emitida por el mismo órgano jurisdiccional citado, que establece que basta que el actor exprese con claridad la causa de pedir, precisando la lesión o agravio que le produce el acto o resolución impugnado y los motivos que originaron ese agravio, para que, con base en los preceptos jurídicos aplicables al asunto sometido a su decisión, la autoridad resolutora se ocupe de su estudio. Apoya en esto la jurisprudencia identificada bajo la clave S3ELJ 03/2000, emitida por la Sala Superior de este Tribunal Electoral, y consultable en la página 21 (veintiuno), del tomo Jurisprudencia, de la "Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005", cuyo rubro reza "AGRAVIOS. PARA TENERLOS POR DEBIDAMENTE CONFIGURADOS ES SUFICIENTE CON EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR".

QUINTO. Estudio de Fondo. Enrique Villela Monsiváis, hace valer esencialmente como motivos de inconformidad los siguientes:

1.- El actor en su primer agravio esgrime que la resolución recurrida no está apegada a las constancias que obran dentro del expediente en que se actúa, y en consecuencia, el derecho fue inexactamente aplicado al decretar su destitución como presidente de la Delegación de González, Tamaulipas, haciendo a un lado el estricto apego a los estatutos y reglamentos; resolución que apoya en declaraciones de personas y suposiciones que el juzgador obtuvo en la audiencia de ley. Que en autos no se desprenden indicios de que haya faltado a sus obligaciones de presidente.

Sostiene el impetrante que la única prueba para acreditar si se incurre en negligencia o incumplimiento del trabajo, lo es la inspección de hechos y el acta circunstanciada donde se realice un diagnóstico de los archivos del comité o delegación, revisando actas y todo lo que se requiera para su debida comprobación, la cual debe ser firmada por los integrantes de la delegación y personas de asistencia para tener certeza que se llevó a cabo, y no tratar de encontrar pruebas posteriores al acto reclamado. Que al ser indebidamente destituido del cargo, se violan sus derechos partidistas y garantías individuales contempladas en los artículos 14 y 16 constitucionales.

2.- En el segundo agravio expresa que en la resolución impugnada, el comité directivo estatal pretende hacer creer y engañar que las respuestas a las preguntas uno a la siete formuladas en dicha diligencia, sirven para acreditar que se llevó a cabo una revisión dentro de la delegación que estaba a su cargo, medio que considera no es el idóneo para probar la obligación de realizar periódicamente visitas a las delegaciones y comités municipales. Que la información la obtuvieron de algunas actas que se le remitieron, porque jamás se constituyeron en la delegación a cargo del hoy actor, pues si fuera cierto, obraría dentro del expediente el acta circunstanciada firmada por el inconforme y dos testigos de asistencia. Que la responsable pretende acreditar su destitución con pruebas posteriores a su remoción al cargo.

3.- Respecto al agravio tercero, el impetrante expresa que de lo narrado en la sentencia impugnada sólo se demuestra que fueron a la delegación municipal de González en calidad de visita y no de revisión, que es contrario a derecho el que por el dicho de sus integrantes se comprobara que su desempeño es irregular, pues hay normas y reglas que contemplan la forma de llevar a cabo una revisión, como lo es levantar un acta circunstanciada en que se anote las irregularidades que existan en la delegación, pudiendo estar así en posibilidad de defenderse.

Asimismo, relata que en cuanto a que obra estampada su firma en el acta, esto se debió a que le dejaron los nombres de las personas que iban a conformar el comité directivo estatal, así como unos formatos que el actor tenia que llenar, relativos a quiénes habían participado como candidatos de ese partido a la presidencia municipal, diputaciones locales y federales, pero que jamás fue un acta circunstanciada.

Expone también que el comité directivo estatal miente al decir que el incoante dijo que no había capacitadores en la delegación a su cargo, cuando bien saben que tienen dos; situación que dice le agravia, porque al considerar en la resolución impugnada como un hecho probado dicha aseveración, se evidencia que no tiene elementos ni pruebas en que apoyarse para sustentarla.

Además manifiesta, que la responsable señala que no se aprecia de qué manera en su periodo como presidente de la delegación se fortaleció al partido, pues la cartera de miembros activos de aquel municipio no se aumentó sustancialmente, ni cumplió con el plan de trabajo que tenia programado para ese año, a pesar de que el comité estatal sabe que por acuerdo del Comité Ejecutivo Nacional, se suspendieron las actividades de membresía e incremento en los miembros activos.

Que le agravia lo expresado por el comité responsable en relación a que señala que el demandante no recuerda en qué meses sesionó, y que es falaz que no tenga facultades para recibir las prerrogativas de la delegación.

4 En el cuarto agravio, se duele que el Comité responsable, en el considerando segundo, inciso c) de la resolución impugnada, determina que se modificó la integración de la Delegación de manera irregular, pues se llevó a cabo sin que existiera el quórum legal, cuando en realidad en esa ocasión asistieron menos integrantes porque había la consigna del Comité Estatal de que le dificultaran el trabajo.

5.- En el quinto agravio, el recurrente esgrime que hay una franca violación al artículo 55, fracción VI del Reglamento sobre Aplicación de Sanciones, por la forma como se llevó a cabo el desarrollo de la audiencia de ley, pues el objeto de la misma no era interrogar al suscrito, ni buscar en esa diligencia pruebas en su contra para apoyar el acuerdo de doce de agosto del presente año; sino para que el hoy actor expresara sus agravios causados por la destitución del cargo de presidente de la Delegación.

6.- En lo que el actor identifica como su sexto agravio, se duele de la supuesta violación a la garantía de legalidad prevista en los artículos 14 y 16 de nuestra Carta Magna, pues considera que la resolución recurrida carece de la debida fundamentación y motivación.

Los agravios vertidos por el actor resultan insuficientes por una parte e infundados e inoperantes por la otra, en torno a las razones siguientes:

En efecto, contrario a lo expuesto por el impetrante en su primer agravio, resulta insuficiente su aserto en el sentido de que la resolución impugnada no está apegada a las constancias de autos, y que el derecho fue inexactamente aplicado al decretar su destitución como presidente de la Delegación de González, Tamaulipas. Esto es así, pues el actor hace manifestaciones genéricas y no señala las razones por las que a su juicio el acto reclamado no es producto de los elementos contenidos en el expediente que se formó al efecto, de tal manera que esta Sala estuviera en aptitud de ponderar si efectivamente en el dictado de la resolución impugnada la responsable no se ciñó al contenido de las constancias que obran en el sumario.

Se afirma lo anterior, pues no se precisa en qué consistieron las declaraciones y suposiciones que según su dicho, el órgano partidista responsable obtuvo en la audiencia de ley, y que fueron en los que se apoyó para dictar el fallo controvertido; así como la medida en que éstas pudieron trascender en su resultado. De igual manera, tampoco expone los motivos por los que considera que de autos no se derivan indicios que demuestren que haya faltado a sus obligaciones de presidente.

Por tanto, tales motivos de inconformidad devienen insuficientes al no resultar aptos para restar eficacia a las razones expuestas por la responsable para sustentar la resolución reprochada.

Por otra parte, en los agravios primero, segundo y tercero expone el actor entre otras cuestiones, que no obra acta circunstanciada donde se realice un diagnóstico de los archivos del comité o delegación, en que aparezca se hayan revisado actas y todo lo que se requiere para la comprobación de los hechos que se le imputan como incumplimiento a sus funciones como presidente de la Delegación de González, Tamaulipas; acta que debe ser firmada por las personas que realizaron la inspección, los integrantes de la delegación y las personas de asistencia, de manera tal que con ello, se pueda tener certeza de lo que se llevó a cabo.

La responsable, en la resolución impugnada al respecto sostuvo:

"…del expediente en que se actúa se aprecia que es falso lo argumentado por el actor, pues nuestro dicho se robustece con la visita efectuada en fecha dieciocho de junio del año en curso, ante la delegación a su cargo por los C.C. ELIACIB ADIEL LEIJA GARZA, SILVIA PEREZ (sic) GUEVARA, DULCE JULIA OLIVEROS Y ADRIAN (sic) RAMIREZ (sic) MAYA personal dependiente del CDE (sic) de la Secretaria (sic) de Organización y Registro Nacional de Miembros, cuyo propósito era efectuar una revisión al desempeño de la delegación, también se aprecia que en dicha revisión estuvieron presentes por parte de la Delegación los C.C. ENRIQUE VILLELA, JULIO CESAR AVALOS (sic), EUGENIO LICONA, MARICRUZ PINEDA Y ESTEBAN TORRES cinco de los integrantes de la misma, que de la minuta levantada por el desarrollo de la revisión se desprende que estos manifestaron que sólo sesionan una vez al mes y que del plan de trabajo que tienen regularmente se cumple, efectivamente en éste acto tuvieron la oportunidad los integrantes de la delegación de hacer valer alguna manifestación, situación que no se desprende de la misma, ya que por el dicho de ellos mismos se comprobó que el desempeño de la delegación es regular, no es válido lo argumentado por el actor en el sentido de que no se le dio la oportunidad de argumentar nada al respecto, con el acta de dicha vista se aprecia que ellos manifestaron ante los visitantes la situación que imperaba en la delegación en comento y de ahí deviene infundado por el actor su agravio que no se le dio el derecho de audiencia, máxime cuando se le dio la oportunidad de comparecer a audiencia ordenado por la Sala.

No se aprecia con el documento celebrado en dicha diligencia que el desempeño del personal del CDE (sic) se haya conducido de manera arbitraria, pues dicha visita para revisión obedecía a la necesidad de estar consientes (sic) del desempeño de cada una de las delegaciones o comités municipales en el Estado, revisión que arrojó en el caso que nos ocupa diversas omisiones mismas que fueron suficientes para concluir con la sustitución del presidente designado, falso dicha (sic) manifestación pues del acuerdo de fecha doce de agosto del año en curso se aprecia que en el mismo está estampada la firma el (sic) C. ENRIQUE VILLELA MONSIVAIS (sic) quien efectuó la siguiente anotación (recibí personalmente) demostrándose de esta manera que no le asiste la razón."

Por su parte, el Reglamento de los Órganos Estatales y Municipales del Partido Acción Nacional, al respecto establece:

Artículo 81. Cuando un Comité Directivo Municipal no funcione regularmente conforme al artículo 92 de los Estatutos Generales y al presente Reglamento deberá ser sustituido por una Delegación Municipal, designada por el Comité Directivo Estatal correspondiente, de acuerdo al segundo párrafo del artículo 92 de los Estatutos que tendrá a su cargo la representación, organización y dirección del Partido en el municipio.

Las delegaciones municipales se equiparan, para los efectos de este Reglamento, a los Comités Directivos Municipales.

Artículo 83. Las Delegaciones Municipales tienen como objetivo lograr el funcionamiento del Partido en su municipio, por lo que deberán cumplir específicamente con las fracciones I, III, VII, VIII y IX del artículo 92 de los Estatutos Generales. Deberán dar prioridad a los trabajos de organización, y una vez logrado el funcionamiento regular del Partido podrán proponer al Comité Directivo Estatal correspondiente se convoque a Asamblea para la elección del Comité Directivo Municipal.

Artículo 84. Para la sustitución de un Comité Directivo Municipal por una Delegación Municipal, deberá seguirse el siguiente procedimiento:

a) En sesión de Comité Directivo Estatal el Secretario General presentará un dictamen basado en un diagnóstico realizado por la Secretaría Estatal de Organización sobre el Comité Directivo Municipal en cuestión, en el cual se determine el estado que guarda el Partido en el municipio y el cumplimiento de las obligaciones estatutarias y reglamentarias del Comité Directivo Municipal;

b) El Comité Directivo Estatal analizará la documentación presentada y, de considerarlo procedente, por mayoría de votos tomará un acuerdo sobre la aplicación del artículo 92 de los Estatutos Generales del Partido;

c) En caso de acordarse la sustitución, el Comité Directivo Estatal designará a los miembros activos que integrarán la Delegación Municipal y nombrará una comisión que la instalará;

d) El Secretario General notificará el acuerdo al Comité Directivo Municipal que será sustituido y supervisará la entrega-recepción de los bienes del Partido, y

e) El Presidente, el Secretario General y el Tesorero del Comité Directivo Municipal sustituido deberán entregar bajo inventario todos los bienes y recursos del Partido en el municipio, conforme al Manual de Organización, en la fecha y hora determinada por el Comité Directivo Estatal.

Artículo 85. Cuando a juicio del Comité Directivo Estatal una Delegación Municipal no esté operando de acuerdo a lo dispuesto en el presente capítulo, deberá modificar parcial o totalmente la Delegación. Las Delegaciones Municipales podrán durar en funciones hasta 12 meses, con las excepciones que establece el inciso d) del artículo 30 de este reglamento.

Artículo 86. Los acuerdos de los Comités Directivos Estatales sobre la sustitución de Comités Directivos Municipales por Delegaciones, sobre la designación de Delegaciones Municipales, así como de la modificación de los integrantes de éstas, deberán hacerse del conocimiento de la Secretaría General y de Organización del Comité Ejecutivo Nacional, a más tardar 24 horas después de la sesión en que se tome el acuerdo.

Ahora bien, de los preceptos trascritos, se obtiene en lo que interesa, que:

a) Cuando un comité directivo municipal no funcione correctamente, puede ser sustituido por una Delegación para que se haga cargo del funcionamiento del partido en el municipio respectivo, de conformidad con el artículo 92 de los estatutos de ese instituto político y tendrá a su cargo la representación, organización y dirección del partido en esa demarcación territorial;

b) Una vez logrado su funcionamiento regular, se podrá proponer al comité directivo estatal respectivo, convoque a asamblea para la elección del comité directivo municipal;

c) Para los efectos del reglamento en cuestión, una delegación de este tipo se equipara a un comité directivo municipal;

d) El procedimiento para determinar la sustitución de un comité directivo municipal por una delegación, consiste en que mediante sesión del comité directivo estatal, el secretario general presentará un dictamen basado en un diagnóstico realizado por la secretaría de organización respecto al estado que guarda el partido en el municipio, y sobre el cumplimento del comité de las obligaciones estatutarias y reglamentarias;

e) Una vez revisada la documentación presentada, de considerarse conveniente, por mayoría de votos se tomará un acuerdo respecto de la aplicación del artículo 92 de los Estatutos del partido. En caso de aprobarse la sustitución, el comité directivo estatal designará a los miembros activos que integrarán la delegación y nombrará una comisión que la instalará;

f) El secretario general notificará al comité directivo municipal que será sustituido y supervisará la entrega-recepción de los bienes del partido; y,

g) Cuando el comité directivo estatal considere que una delegación municipal no esté operando de acuerdo a las prescripciones anteriores, modificará parcial o totalmente la delegación.

Con base en lo anterior es dable afirmar, que el agravio expuesto por el accionante resulta infundado, pues de las constancias de autos se desprende que el Comité Directivo Estatal en Tamaulipas, al reestructurar la Delegación Municipal de González, se ciñó al procedimiento establecido en la normatividad interna, porque del oficio SFI-007/2008 de dieciséis de junio de ese año, se advierte que la Secretaria de Fortalecimiento Interno solicita al Secretario de Organización y al de Afiliación, ambos del Partido Acción Nacional en esa entidad federativa, para coordinar visitas a las estructuras del partido, en especial a las delegaciones municipales, revisión que se efectuó en la Delegación de González el diecinueve de junio del año retropróximo.

Inspección que arrojó a la comisión visitadora la existencia de diversas irregularidades, algunas de las cuales se concentraron en el diagnóstico emitido por el Secretario de Organización que dirigiera al Secretario General del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional en esa entidad federativa, (fojas 231 a 237 del expediente en que se actúa) y que sustentaron a la postre la reestructuración de esa delegación municipal, como lo establecen los numerales 84 y 85 del Reglamento de los Órganos Estatales y Municipales de ese instituto político, tal como se aprecia en la resolución objeto de impugnación. Documental a la que se otorga valor probatorio pleno al no estar controvertida, de conformidad con el artículo 16, párrafo 3 la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; además que el inconforme no aportó ningún elemento de convicción que desvirtúe el contenido de dicho informe, incumpliendo la carga probatoria que le impone el artículo 15, párrafo 2 del mismo ordenamiento.

Por tanto, contrario al aserto del inconforme, de los preceptos que regulan el procedimiento de inspección y reestructuración de las delegaciones municipales, no se requiere de un acta circunstanciada para obtener y asentar las irregularidades encontradas por la comisión que se formó para tal objeto y menos aún que la misma sea el único medio para hacer constar los hechos y demás circunstancias que se obtuvieron de la revisión realizada a la delegación municipal citada el diecinueve de junio del dos mil ocho (fojas 251 a 252 de autos.)

Por las razones expuestas, esta Sala arriba a la convicción de que con la reestructuración de la Delegación de González, no se vulneraron las garantías individuales previstas por los artículos 14 y 16 constitucionales invocados por el actor, al encontrarse sustentada dicha determinación en actuaciones como la comentada, que de manera alguna el inconforme combate con razonamientos lógico jurídicos que dejen evidente que la responsable dejó de aplicar o aplicó incorrectamente la normativa del partido, o que no se haya basado en hechos debidamente probados.

Respecto al motivo de agravio relativo a que la responsable sustenta su resolución en las respuestas a las preguntas de la 1 a la 7 del interrogatorio que se le formuló en la audiencia prevista por el artículo 55, fracción VI del Reglamento sobre Aplicación de Sanciones; dicho agravio resulta infundado, puesto que con independencia del contendido de ese interrogatorio, y como quedó asentado en líneas precedentes, existe el informe donde consta la inspección realizada a la Delegación de González, Tamaulipas, la que arrojó los elementos que tomó en cuenta primordialmente el órgano ahora responsable para sustentar la determinación en contra de la cual se duele el impetrante.

A mayor abundamiento, el demandante se contradice, pues en el segundo agravio esgrime que jamás se constituyeron en la delegación a su cargo, mientras que en el motivo de inconformidad tercero, acepta que en la sentencia reclamada se demostró que se apersonaron en la Delegación de González en calidad de visita, lo que desvirtúa su aserto de que no se presentaron a efectuar la inspección citada.

Asimismo, el inconforme no acredita que firmó un documento diverso, consistente en los nombres de quienes conformarían el comité directivo estatal y en unos formatos a requisitar de los que habían participado como candidatos del Partido Acción Nacional a la presidencia municipal, diputaciones locales y federales, y no un acta circunstanciada, lo que robustece aún más el hecho de que sí se apersonaron en la delegación a efectuar su revisión.

Por cuanto a lo que el actor manifiesta en el sentido de que la responsable miente al decir que el incoante acepta que no había capacitadores en la delegación a su cargo, siendo que saben que hay dos; y que en la resolución al considerarlo un hecho probado, evidencia que no tiene elementos ni pruebas en que apoyarse para sustentarlo. Lo cierto es que el actor no acredita tal afirmación, además de que con independencia de que haya o no capacitadores, y como más adelante se precisa y fundamenta, quedaron acreditadas otras irregularidades que sustentaron la reestructuración de esa delegación municipal.

De igual modo, es infundado el aserto relativo a que el comité responsable señala que en el periodo del actor como presidente de la delegación no se aprecia cómo se fortaleció al partido, pues la cartera de miembros activos en ese municipio no se aumentó sustancialmente; habida cuenta que si bien le asiste razón al impetrante en lo relativo al aumento de la membresía de miembros adherentes del Partido Acción Nacional en ese municipio, como así lo acepta la responsable en la resolución reclamada (foja 71 del sumario), no menos resulta que ese sólo aspecto es insuficiente para revocar el acto impugnado, si se toma en consideración que existen otros aspectos en que la responsable sustentó su resolución, los que en todo caso tendrían que dejar de ser válidos para soportarla, situación que no sucede según lo hasta aquí dicho, y lo que enseguida se verá.

También señala, que no es suficiente para sustituirlo del cargo lo expresado por el comité responsable, en cuanto a que en la audiencia celebrada el siete de noviembre del año en curso el demandante no recuerda en qué meses sesionó.

Dicho motivo de inconformidad resulta insuficiente, pues el accionante no combate las razones y fundamentos que expuso la responsable para resolver como lo hizo, consistente en que los artículos 66 y 81 del Reglamento de Órganos Estatales y Municipales prescriben que las delegaciones se equiparan para efectos de ese reglamento a los Comités Directivos Municipales los que, deberán sesionar cuando menos dos veces al mes; y que sólo consta que el Comité de González, Tamaulipas, sesionó de manera ordinaria en dos ocasiones (febrero y marzo del año dos mil ocho), y sin que existiera quórum legal.

Aunado a lo anterior, el accionante no acreditó de manera alguna su afirmación en cuanto a que sesionó válidamente en el número que establece la normativa partidaria citada, con lo que incumple la carga probatoria que le impone el artículo 15, párrafo 2 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

Igual sucede por cuanto hace al motivo de inconformidad mencionado en el cuarto agravio que se hizo valer, tocante a la remoción de los integrantes de la delegación sin que existiera quórum legal, pues no acredita en autos que si asistieron menos integrantes, fue por consigna del Comité Directivo Estatal, incumpliendo de nuevo en este punto con la obligación de probar sus afirmaciones como se lo impone el numeral últimamente citado. Ni tampoco controvierte los fundamentos de la normatividad partidista y las razones fácticas expuestas por el comité responsable que sustentaron esa parte de la resolución recurrida.

El demandante en el agravio quinto, expone que se cometió en su perjuicio una franca violación al artículo 55, fracción VI del Reglamento sobre Aplicación de Sanciones, pues el objeto de la audiencia prevista en ese precepto no era interrogar al entonces recurrente, ni para buscar pruebas en su contra.

Al efecto, el citado numeral en su fracción VI establece:

Artículo 55. El Recurso de Revocación se sustanciará de la forma siguiente:

VI. En la audiencia se procederá al análisis de los agravios y pruebas que funden el recurso y se levantará un acta circunstanciada.

De lo anterior se advierte, que el objeto de la audiencia ahí establecida, es el que se analicen los agravios que sustentan el recurso de revocación interpuesto y se desahoguen los medios de convicción que acrediten las pretensiones vertidas en el mismo, mas no tiene la finalidad de que se desahoguen pruebas para robustecer la resolución materia de la impugnación, ni menos aun, recabar elementos que apuntalen el fallo que se emita en el citado recurso.

Sin embargo, el citado agravio enderezado en tal sentido, deviene inoperante, puesto que si bien es verdad asiste razón al inconforme en lo concerniente a que se le dio un giro distinto a la audiencia prevista en el precepto en cita, pues la misma era para que el actor aportara los elementos demostrativos para desvirtuar el basamento de la resolución impugnada, no menos resulta que las respuestas obtenidas del interrogatorio a que fue sometido el entonces recurrente, no trasciende al resultado del fallo controvertido en esta instancia constitucional.

Esto es así, pues en el sumario obran elementos demostrativos del incumplimiento de las obligaciones del ciudadano Enrique Villela Monsiváis como presidente de la Delegación del municipio de González, como lo es el que no se celebraran las asambleas en el número y con las formalidades que la reglamentación interna establece, entre otras conductas que sustentan el sentido en que fue dictada la resolución reclamada que confirmó el acuerdo de doce de agosto del año pretérito, en que se ordenó la reestructuración de la Delegación Municipal del Partido Acción Nacional en González, Tamaulipas. Por lo que revocar la resolución combatida para el efecto de que se dicte una nueva sin tomar en cuenta lo obtenido en esa diligencia, a nada práctico conduciría, puesto que reparada aquella, la propia responsable y en su caso esta instancia, tendrán que resolver desfavorablemente a los intereses del actor, en virtud de que el accionante no logra desvirtuar con medio de convicción alguno las razones que llevaron al comité estatal a sustentar la reestructuración de esa delegación municipal, por lo que resultaría ocioso una determinación en tales condiciones.

Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Séptima Época, número de registro 917,642 de rubro CONCEPTOS DE VIOLACIÓN FUNDADOS, PERO INOPERANTES.

En lo que el actor identifica como su sexto agravio, se duele de la supuesta violación a la garantía de legalidad prevista en los artículos 14 y 16 de nuestra Carta Magna, pues considera que la resolución recurrida carece de la debida fundamentación y motivación.

Esta Sala Regional estima que no le asiste la razón al actor por lo que hace al concepto de violación descrito en el párrafo anterior, pues su exposición no contiene un señalamiento por el que se advierta en qué consiste la violación de la que se duele, es decir, no indicó la parte de la resolución emitida por el Comité Directivo Estatal que, a su juicio no está debidamente fundada y motivada, por el contrario, solo se limitó a expresar de manera genérica que la misma no goza de los fundamentos adecuados, y que la responsable no motivó adecuadamente las razones que la llevaron a confirmar la determinación decretada el doce de agosto de dos mil ocho, en que se acordó reestructurar la Delegación Municipal del Partido Acción Nacional en González, Tamaulipas, y con ello la destitución del impetrante del cargo de Presidente que venía desempeñando.

No obstante lo anterior, en atención a que esta Sala debe suplir la deficiente expresión de agravios prevista en el párrafo 1, del artículo 23, de la Ley Adjetiva aplicable al caso, nos avocaremos a verificar si al momento de dictar la resolución impugnada, el Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional invocó los fundamentos aplicables, y expuso las razones adecuadas por las cuales concluyó confirmar la remoción de la que fue sujeto el actor.

Al respecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitió una jurisprudencia que, si bien no es obligatoria, sí constituye criterio orientador en términos de lo dispuesto en el artículo 235, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; esa jurisprudencia es identificada con la clave 139/2005, consultable en la página 162 (ciento sesenta y dos) del tomo XXII de diciembre de 2005, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro reza "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RESPECTIVAMENTE", que para lo que aquí interesa, menciona que entre las diversas garantías contenidas en el segundo párrafo del numeral 14 de nuestra Ley Suprema, está la relativa al respeto de las formalidades esenciales del procedimiento, conocida también como de debido proceso legal, que implica el cumplimiento de las condiciones fundamentales que deben satisfacerse en un procedimiento jurisdiccional que culmina con el dictado de una resolución que dirime una controversia.

Dicha garantía constitucional obliga al juzgador a decidir las controversias sometidas a su conocimiento, considerando todos y cada uno de los argumentos aducidos en las pretensiones deducidas de la litis, de tal forma que se declare o niegue el derecho alegado por el impetrante, pero resolviendo siempre todos los puntos litigiosos del debate procedimental.

Sin embargo, esta determinación jurisdiccional no debe desvincularse de lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 16 constitucional, que impone a las autoridades la obligación de fundar y motivar debidamente los actos que emitan, es decir, que se expresen las razones de derecho y los motivos de hecho considerados en la resolución, los cuales deberán ser reales, ciertos e investidos de la fuerza legal suficiente para provocar el acto de autoridad.

En esos términos, la fundamentación y motivación de una resolución se encuentra en el análisis exhaustivo de los puntos que integran la litis, es decir, en el estudio de las acciones y excepciones del debate, apoyándose en el o los preceptos jurídicos que permiten expedirla y que establezcan la hipótesis que genere su emisión, así como en la exposición concreta de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas tomadas en consideración para la emisión del acto, siendo necesario además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas invocadas en el acto jurisdiccional.

En el presente caso, esta Sala Regional advierte, de una revisión exhaustiva de la sentencia controvertida en este juicio, que el Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional con sede en Tamaulipas, fundamentó debidamente el acto jurídico por el cual dirimió la controversia planteada primigeniamente por el aquí promovente, pues del cuerpo de la misma se desprende que esa entidad partidista invoca una serie de dispositivos previstos en sus normas estatutarias y reglamentarias de ese partido político, las cuales de conformidad al artículo 38, párrafo 1, inciso l), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, fueron declaradas procedentes constitucional y legalmente por el Consejo General del Instituto Federal Electoral, lo que implica que están acordes con las obligaciones que dicha codificación, y la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establecen para los partidos políticos en materia de estatutos y reglamentación interna.

En esa misma tesitura, los que aquí resolvemos encontramos que el ente señalado como responsable en este juicio, motivó la resolución impugnada, pues del contenido de la misma se advierten diversos razonamientos en los cuales, adminiculados a los fundamentos aplicables, exponen las razones tomadas en consideración al momento de dictar el fallo sujeto a este juicio, es decir, exponen de manera clara y exhaustiva las circunstancias especiales, razones particulares o causas tomadas en consideración para la emisión del acto de justicia intrapartidista, o lo que es lo mismo, expresó la esencia de todas las circunstancias y condiciones que determinaron el acto partidista aquí entredicho, pues expone los hechos relevantes para decidir, apoyado de un argumento para acreditar el razonamiento del que dedujo la relación de pertenencia lógica de los hechos al derecho invocado.

Por lo anterior, es que esta Sala considera infundado el motivo de queja esgrimido por el actor tocante a la indebida fundamentación y motivación de la resolución sujeta a este juicio, pues aún a pesar de que no asoció su agravio con el motivo material de la supuesta violación de la que fue sujeto, esta Sala advierte que la resolución no adolece ni de una indebida o ausente fundamentación y motivación, por lo que en el caso, no se actualiza la vulneración de la garantía de legalidad prevista básicamente en el primer párrafo del artículo 16 de nuestra Constitución Política Nacional.

En consecuencia, al resultar insuficientes unos e infundados e inoperantes otros motivos de agravio, estudiados en el considerando quinto de este fallo, con fundamento en los artículos 99 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 192, 193 y 195 fracción IV inciso d), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 1, 2, 4 párrafo 1, 22, 24 párrafo 2, 25 y 84 párrafo 1 inciso a), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, se

R E S U E L V E:

ÚNICO.- Se CONFIRMA la resolución dictada por el Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional, el doce de noviembre de dos mil ocho, dentro del Recurso de Revocación identificado con la clave SG-040/2008.

NOTIFÍQUESE: a) Personalmente al actor, anexando copia simple de la presente sentencia, en el domicilio ubicado en la calle Joaquín García Leal 329 norte, entre las calles Albino Espinoza y Manuel M. de Llano, en la colonia Centro de esta ciudad de Monterrey, Nuevo León, pudiendo recibirla en su nombre y representación los profesionistas Abel Cárdenas Lara y Jorge Alejandro Durham Infante; b) Por oficio, con copia certificada de esta ejecutoria, al Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional en Tamaulipas, en el domicilio ubicado en la calle Mariano Escobedo 650, en la Zona Centro de esta ciudad de Monterrey, Nuevo León, pudiendo recibirla los ciudadanos Ana Cristina Morcos Elizondo, Wilbur Jarim Villarreal Barbarin, Hernán Salinas Wolberg, Josue Gilberto Morales Martínez, Gloria Corona Rodríguez, José Celso Herrera Álvarez, Oscar Vilchis Vilchis y Romana Saucedo Cantú, en términos de lo expresado en su informe circunstanciado; y, c) Por estrados a los demás interesados; lo anterior, con fundamento en el párrafo 2, del artículo 84, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

En su caso, devuélvanse los documentos atinentes a la responsable y, en su oportunidad, remítase este expediente al ARCHIVO JURISDICCIONAL, como asunto total y definitivamente terminado.

Así lo resolvió la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la Segunda Circunscripción Plurinominal, por UNANIMIDAD de votos, de los Magistrados BEATRIZ EUGENIA GALINDO CENTENO, ponente en el presente asunto, RUBÉN ENRIQUE BECERRA ROJASVÉRTIZ Y GEORGINA REYES ESCALERA, quienes firman ante el Secretario General de Acuerdos, que autoriza y da fe. Rúbricas.