JUICIOS PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES DEL CIUDADANO

EXPEDIENTES: SM-JDC-2/2017 Y ACUMULADOS

ACTORES: MAGDIEL HERNÁNDEZ TINAJERO Y OTROS

RESPONSABLE: TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO

MAGISTRADO PONENTE EN FUNCIONES: MANUEL ALEJANDRO ÁVILA GONZÁLEZ

SECRETARIA: MARÍA ISABEL AVILA GUZMÁN

Monterrey, Nuevo León, a veintiséis de enero de dos mil diecisiete.

Sentencia definitiva que: a) revoca las sentencias dictadas el dieciséis de diciembre de dos mil dieciséis, por el Tribunal Electoral del Estado de Querétaro, al estimarse que de manera incorrecta se declaró incompetente para conocer de las controversias planteadas por los actores, pues contrario a lo que sostuvo los actos reclamados son de naturaleza electoral y no laboral, y b) en consecuencia, ordena al referido Tribunal que en caso de no advertir alguna causal de improcedencia, admita las demandas formuladas y resuelva en plenitud de jurisdicción lo que en Derecho corresponda.

GLOSARIO

Constitución Federal:

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Instituto Electoral Local:

Instituto Electoral del Estado de Querétaro

Ley de Medios:

Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral

Ley Electoral Local:

Ley Electoral del Estado de Querétaro

Proyecto de Presupuesto:

Proyecto de Presupuesto de Egresos y el Programa Operativo Anual 2017

Tribunal Local:

Tribunal Electoral del Estado de Querétaro

1. ANTECEDENTES DEL CASO

Los antecedentes que dieron origen a los actos impugnados ocurrieron en el año dos mil dieciséis, salvo precisión en contrario.

1.1. Designación de Consejeros electorales. El treinta de noviembre de dos mil diez, el Congreso del Estado de Querétaro, designó, entre otros, a Magdiel Hernández Tinajero, como consejero electoral, por el periodo del quince de diciembre de dos mil diez al catorce de diciembre de dos mil diecisiete.1

1.2. Reforma constitucional en materia electoral. El diez de febrero de dos mil catorce, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma a la Constitución Federal, en materia político electoral y, en lo que aquí interesa, modificó la designación y duración de los integrantes de los órganos de dirección de las autoridades administrativas electorales locales.

Debido a lo anterior, los Consejeros Electorales que integraban el órgano administrativo electoral local, entre los que se encontraba Magdiel Hernández Tinajero, dejaron de ejercer su encargo.

1.3. Acuerdo INE/CG165/2014. El treinta de septiembre de dos mil catorce, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral designó, entre otros, a Gabriela Benites Doncel como consejera electoral por el periodo del primero de octubre de dos mil catorce al treinta de septiembre de dos mil diecisiete.

1.4. Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral Local. El treinta y uno de octubre, el Consejo General del Instituto Electoral Local aprobó el Proyecto de Presupuesto para su remisión a los Poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado de Querétaro.

En dicho Proyecto, se aprobó, entre otras cuestiones, el pago por conclusión de encargo a los Consejeros Electorales que dejan de ejercer como tales en el año en curso.

1.5 Solicitudes al Instituto Electoral Local y respuesta. El veintidós de agosto, Magdiel Hernández Tinajero en su carácter de ex–Consejero del Instituto Electoral Local, solicitó al Presidente del Consejo General de dicho órgano colegiado el pago por la conclusión de encargo como Consejero Electoral.

El veintiséis de octubre, Gabriela Benites Doncel en su carácter de Consejera Electoral solicitó al Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral Local, diversa documentación relacionada con su situación laboral, concretamente sobre su antigüedad como trabajadora del mismo, toda vez que de forma previa había ocupado otros cargos en el referido órgano administrativo electoral.

En su oportunidad, la autoridad electoral local dio respuesta a las promociones antes señaladas2.

1.6. Medios de impugnación locales. Inconformes con el acuerdo del Instituto Electoral Local que aprobó el Proyecto de Presupuesto, así como con las respuestas emitidas a las peticiones de referencia, los ahora actores promovieron, en cada caso, "Recurso de Apelación/Juicio Local de Derechos Político Electorales del Ciudadano"3.

El dieciséis de diciembre el Tribunal Local emitió las sentencias impugnadas4, en las que se declaró incompetente para conocer y resolver los juicios locales.

1.7. Juicios ciudadanos federales y planteamiento de competencia a Sala Superior. En contra de dichas resoluciones, los actores promovieron ante esta Sala Regional y ante la Sala Superior de este Tribunal Electoral, diversos juicios para la protección de los derechos político-electorales, cuyos datos de identificación se precisan en el cuadro siguiente:

No

Actor o actora

Sentencia impugnada

Expediente

1

Gabriel Morales Ruiz

TEEQ-RAP/JLD-7/2016 y acumulados

SM-CA-152/2016

2

Gabriela Benites Doncel

SM-CA-154/2016

3

Gabriela Benites Doncel

TEEQ-RAP/JLD-8/2016

SM-CA-155/2016

4

Magdiel Hernández Tinajero

TEEQ-RAP/JLD-10/2016

SUP-JDC-4/2017

1.8. Remisión a Sala Superior. En su oportunidad esta Sala Regional remitió las constancias de los expedientes SM-CA-152/2016, SM-CA-154/2016 y SM-CA-155/2016 a la Sala Superior de este Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con la finalidad de que determinara lo conducente respecto a cuál Sala recaía la competencia para conocer de los aludidos medios de impugnación.

1.9. Acuerdos de competencia de Sala Superior. Los días diez y once de enero del año en curso, respectivamente, la Sala Superior dictó diversos acuerdos plenarios dentro de los expedientes SUP-JDC-2015/2016, SUP-JDC-2017/2016, SUP-JDC-2018/2016 y SUP-JDC-4/2017 por medio de los cuales determinó que esta Sala Regional es la competente para conocer y resolver los presentes medios de impugnación.

2. COMPETENCIA

Esta Sala Regional es competente para conocer estos juicios, toda vez que se controvierten sentencias dictadas por el Tribunal Local, en las cuales consideró que era incompetente para conocer de los planteamientos expresados por los hoy actores.

Ello es así, pues dicho órgano jurisdiccional local se ubica dentro de la Segunda Circunscripción Electoral Plurinominal, en la que esta Sala ejerce jurisdicción.

Además, así lo determinó la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial en los acuerdos de competencia señalados previamente.

Lo anterior, con fundamento en el artículo 195, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y 83, párrafo 1, inciso b), de la Ley de Medios.

3. ACUMULACIÓN

En estos juicios se actualiza la conexidad en la causa, puesto que existe identidad en la autoridad responsable, así como en las pretensiones de los actores.

A pesar de provenir de resoluciones diversas y toda vez que la cuestión a resolver ante esta Sala Regional radica en determinar si el Tribunal Local es competente para conocer de las peticiones realizadas por los hoy actores, las cuales se relacionan con el ejercicio del cargo de los integrantes del órgano de dirección del Instituto Electoral Local, y con la finalidad de no dictar resoluciones en sentidos diversos, lo conducente es decretar la acumulación de los expedientes SM-JDC-8/2017, SM-JDC-9/2017 y SM-JDC11/2017 al juicio SM-JDC-2/2017, por ser el primero en registrarse en esta Sala Regional.

Lo anterior, en términos de los artículos 199, fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 31 de la Ley de Medios, y 79 del Reglamento Interno del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

En consecuencia, deberá glosarse copia certificada de los puntos resolutivos de esta ejecutoria a los autos de los expedientes acumulados.

4. ESTUDIO DE FONDO

4.1. Planteamiento del problema

En primer término, debe precisarse que la litis planteada ante el Tribunal Local, versó sobre la solicitud de pago de diversas cantidades a los Consejeros Electorales, por la conclusión de su cargo.

Al respecto, el Tribunal Local determinó no asumir competencia para conocer del fondo de dichos medios de impugnación, al considerar básicamente lo siguiente:

● La argumentación vertida en cada una de las demandas no tiene como fin último inconformarse respecto de cuestiones que vulneren algún derecho político electoral, sino que, por el contrario, su pretensión radica en cuestiones propias del ámbito laboral.

● Atendiendo a lo anterior, la competencia no se surte a favor del Tribunal Local, dado que no se encuentra prevista en el sistema de medios de impugnación contenido en la Ley de Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado de Querétaro.

Ahora bien, en el presente caso, los actores aducen esencialmente que el Tribunal Local indebidamente determinó que no es la autoridad competente para resolver acerca de los actos impugnados, sobre la base de que estos no son de naturaleza electoral, ya que no afectan derechos político-electorales, pues inciden en la materia laboral.

Dicha inconformidad radica en que las resoluciones combatidas carecen de exhaustividad, ante la negativa de resolver el fondo de los asuntos planteados.

Por tanto, el problema jurídico a resolver consiste en determinar si el Tribunal Local actuó correctamente, o no, al declararse incompetente al estimar que, derivado de la solicitud de pago de diversas cantidades relacionadas con la conclusión del encargo de los consejeros electorales del Instituto Electoral Local, esto correspondía a la materia laboral.

4.2. Los actos que afecten el ejercicio y desempeño del cargo de Consejeros Electorales del Instituto Electoral Local, corresponden a la materia electoral

En opinión de esta Sala asiste razón a los actores cuando afirman que indebidamente la responsable declaró su incompetencia legal para conocer de los medios de impugnación promovidos en contra de actos vinculados con el pago de diversas cantidades por la conclusión del cargo de consejeros electorales del Instituto Electoral Local, al considerar que se trataba de cuestiones laborales y no electorales.

En principio, debe reconocerse que la naturaleza del encargo de consejero electoral local corresponde a la materia electoral, tal como se desprende de los artículos 41, párrafo segundo, Base V, Apartado A, párrafo segundo, 116, párrafo segundo, fracción IV, inciso c), párrafo 1, de la Constitución Federal y 55 de la Ley Electoral Local.

En efecto, los referidos artículos disponen que la función estatal de organizar las elecciones corresponde al Instituto Nacional Electoral y a los Organismos Públicos Electorales Locales, cuyos órganos de dirección se integran por consejeros electorales con derecho a voz y voto.

Además, se precisa que el Instituto Electoral Local es la máxima autoridad local en materia electoral, con autonomía en su funcionamiento e independencia en sus decisiones.

Por ende, si el cargo de consejero es de naturaleza electoral, es claro que todo acto que se estime afecta el ejercicio y desempeño del cargo, corresponde al ámbito del derecho electoral.5

Así, cuando se reclamen actos que estén vinculados con dicho ejercicio, como es el que nos ocupa, deberán entenderse como propios de la materia electoral.

En tal virtud, las controversias vinculadas con la probable violación al desempeño de la función electoral, inclusive con la conclusión del cargo de consejero electoral, ya sea de forma anticipada o no, sí incide en la materia electoral y, por ende, la promoción de un medio de defensa para controvertir la cuantía o falta de pago por la conclusión, debe ser del conocimiento de los tribunales electorales de las entidades federativas, mediante un juicio o recurso de esta naturaleza.

Ahora bien, en el caso concreto, al examinarse el contenido esencial de las demandas, se advierte que, ante la instancia local, los actores impugnaron determinaciones emitidas por la autoridad administrativa electoral, relacionadas, entre otras cuestiones, con el pago por la conclusión del cargo de consejero electoral, derivado de su desempeño; lo cual hace evidente que se trata de actos que podrían atentar contra el pleno ejercicio de la función electoral.

Aunado a lo anterior, no debe perderse de vista que los referidos consejeros electorales son servidores públicos que no están sujetos a una relación laboral. Esto, debido a que, al ser designados por un órgano legislativo o autónomo, no se actualiza el elemento de subordinación. 6

De ahí que, sin importar que les asista o no la razón a los actores en los agravios planteados, la responsable deberá conocer y resolver los medios de impugnación presentados, en la vía que considere idónea.

Además, si el Tribunal Local, estima que no existe medio de impugnación específico para atender la pretensión de los actores, este Tribunal Constitucional ha establecido que ante la inexistencia de un medio de impugnación, a fin de garantizar el efectivo acceso a la justicia previsto en el artículo 17 de la Constitución Federal, las autoridades jurisdiccionales deben instaurar un procedimiento a efecto de dar plena vigencia a una tutela judicial efectiva y a la seguridad jurídica de los actores.7

En razón de lo anterior, se estiman ilegales las resoluciones reclamadas y en consecuencia lo procedente es revocarlas.8

5. EFECTOS

En atención a los razonamientos anteriores, se determina lo siguiente:

a) Se revocan las sentencias impugnadas.

b) Se ordena a la responsable que, en los términos señalados en su legislación, en caso de no advertir alguna causal de improcedencia, admita las demandas formuladas y resuelva en plenitud de jurisdicción lo que en Derecho corresponda.

Sin que esta sentencia prejuzgue sobre el cumplimiento de los requisitos de procedibilidad de los medios de impugnación promovidos por los actores.

c) Una vez realizado lo anterior, en el plazo de veinticuatro horas siguientes, el Tribunal Local deberá informar a esta Sala Regional, acompañando original o copia certificada de las constancias que acrediten el cumplimiento de lo aquí ordenado, con el apercibimiento que, de no cumplir con lo indicado, se le impondrá el medio de apremio que se juzgue pertinente, en términos de lo previsto en el artículo 32 de la Ley de Medios.

6. RESOLUTIVOS

PRIMERO. Se acumulan los expedientes SM-JDC-8/2017, SM-JDC-9/2017 y SM-JDC-11/2017, al diverso SM-JDC-2/2017.

SEGUNDO. Se revocan las sentencias impugnadas, para los efectos establecidos en el apartado 5 de este fallo.

NOTIFÍQUESE.

En su oportunidad, archívense los presentes expedientes como asuntos concluidos y, en su caso, hágase la devolución de la documentación exhibida por la responsable.

Así lo resolvieron por unanimidad de votos la Magistrada Claudia Valle Aguilasocho, el Magistrado Yairsinio David García Ortiz y el Magistrado en funciones Manuel Alejandro Ávila González,9 integrantes de la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la Segunda Circunscripción Electoral Plurinominal, ante la Secretaria General de Acuerdos, quien autoriza y da fe. Rúbricas.


1 Decreto publicado el dieciséis de diciembre del mismo año en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado "La Sombra de Arteaga".

2 Respecto de Magdiel Hernández Tinajero le informó que no procede el pago solicitado y a Gabriela Benites Doncel le contestó esencialmente, que su relación laboral con dicho órgano administrativo concluyó al momento de ser nombrada Consejera.

3 Dichos medios de impugnación dieron origen a los expedientes TEEQ-RAP/JLD-7/2016, TEEQ-RAP/JLD-8/2016, TEEQ-RAP/JLD-10/2016 y TEEQ-RAP/JLD-13/2016.

4 TEEQ-RAP/JLD-7/2016 y acumulados, TEEQ-RAP/JLD-8/2016, TEEQ-RAP/JLD-10/2016.

5 Resultan aplicables al caso las razones que sustentan la jurisprudencia 21/2011, emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de rubro: CARGOS DE ELECCIÓN POPULAR. LA REMUNERACIÓN ES UN DERECHO INHERENTE A SU EJERCICIO. Consultable en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 4, Número 9, 2011, páginas 13 y 14.

6 Criterio contenido en las razones que sustentan la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2a./J. 141/2005 de rubro: CONSEJEROS DEL INSTITUTO ELECTORAL DE QUERÉTARO. NO ESTÁN SUJETOS A UNA RELACIÓN DE NATURALEZA LABORAL. Consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXII, diciembre de 2005, p. 278, con número de registro 176576.

7 Véase la jurisprudencia 14/2014 de rubro: MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL. ANTE SU FALTA DE PREVISIÓN EN LA NORMATIVA LOCAL, LA AUTORIDAD ELECTORAL ESTATAL O DEL DISTRITO FEDERAL COMPETENTE DEBE IMPLEMENTAR UN PROCEDIMIENTO IDÓNEO, consultable en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 7, Número 15, 2014, páginas 46, 47 y 48.

8 Similar criterio fue sustentado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al resolver, entre otros, los juicios ciudadanos SUP-JDC-4524/2015 y SUP-JDC-19/2016.

9 Habilitado por acuerdo del Pleno de la Sala Superior de este Tribunal Electoral, de once de noviembre pasado.