JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES DEL CIUDADANO

EXPEDIENTE: SM-JDC-60/2017

ACTORA: BRENDA YANET TREJO BELTRÁN

RESPONSABLE: TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA

MAGISTRADO PONENTE: YAIRSINIO DAVID GARCÍA ORTIZ

SECRETARIO: FRANCISCO DANIEL NAVARRO BADILLA

Monterrey, Nuevo León, a veintisiete de abril de dos mil diecisiete.

Sentencia definitiva que revoca la sentencia dictada por el tribunal responsable en el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano 43/2017, así como el registro de Gustavo Enrique De la Rosa Ramírez como candidato a presidente municipal de Ocampo, Coahuila de Zaragoza; modifica el acuerdo emitido por el Comité Ejecutivo Nacional y la Comisión Nacional de Elecciones, ambos de MORENA, por el cual determinaron sustituir a la actora como candidata al cargo mencionado; y ordena a MORENA registrar a la promovente para dicho candidatura. Lo anterior, al considerarse que el tribunal responsable sí podía revisar la legalidad del acuerdo por el cual MORENA sustituyó a la quejosa como candidata y que esta decisión era injustificada, pues dicho partido podía postular un porcentaje mayor de candidatas a presidentas municipales que el exigido por la legislación local.

GLOSARIO

CEN:

Comité Ejecutivo Nacional de MORENA

Código Electoral Local:

Código Electoral del Estado de Coahuila de Zaragoza

Comisión Nacional de Elecciones:

Comisión Nacional de Elecciones de MORENA

Constitución Federal:

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

1. ANTECEDENTES DEL CASO

1.1. Convocatoria para el proceso interno de MORENA. El cinco de diciembre de dos mil dieciséis, el CEN emitió la Convocatoria para el proceso de selección de las candidaturas para Gobernador o Gobernadora del Estado; Diputadas y Diputados del Congreso del Estado por los principios de mayoría relativa y representación proporcional; así como a Presidentes y Presidentas Municipales; Síndicos y Síndicas; Regidores y Regidoras de los Ayuntamientos, para el proceso electoral 2016-2017 en el Estado de Coahuila de Zaragoza.

1.2. Registro de precandidaturas. El dieciocho de enero del año en curso, la actora presentó solicitud de registro como precandidata ante la Comisión Nacional de Elecciones para contender en el proceso interno de MORENA para renovar a los miembros del Ayuntamiento de Ocampo. El diecinueve siguiente, la Comisión Nacional de Elecciones dio a conocer las solicitudes de registro aprobadas, entre las cuales se advierte que únicamente la actora y otra ciudadana fueron registradas como precandidatas para la Presidencia Municipal de dicho ayuntamiento.

1.3. Aceptación de candidatura. El veintitrés de marzo, la actora aceptó la candidatura mencionada, al haber sido designada por su partido.

1.4. Acuerdo de sustitución. El veintiséis de marzo, el CEN y la Comisión Nacional de Elecciones acordaron sustituir a la actora por Gustavo Enrique de la Rosa Ramírez, para la candidatura mencionada.

1.5. Solicitud de registro. El veintisiete siguiente, MORENA solicitó el registro de dicho ciudadano para esa candidatura.

1.6. Demanda de juicio local. Ese mismo día, la actora promovió juicio ciudadano local, en contra de su sustitución como candidata.

1.7. Registro de candidatura. El uno de abril, el Comité Municipal Electoral de Ocampo del Instituto Electoral de Coahuila aprobó la solicitud mencionada en el punto 1.5.

1.8. Resolución impugnada. El pasado dieciocho de abril, el tribunal responsable desestimó el juicio promovido por la actora.

2. COMPETENCIA

Esta sala regional es competente para resolver el presente juicio, en virtud de que el acto controvertido está relacionado con el registro de candidaturas a la presidencia municipal de Ocampo, en el estado de Coahuila de Zaragoza, entidad federativa que se ubica dentro de la Segunda Circunscripción Electoral Plurinominal, en la cual este órgano colegiado ejerce jurisdicción.

Lo anterior, con fundamento en los artículos 195, fracción IV, inciso d), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y 83, párrafo 1, inciso b), fracción IV, de la Ley de Medios.

3. ESTUDIO DE FONDO

3.1. Planteamiento del caso

La Comisión Nacional de Elecciones designó a la actora como candidata a presidenta municipal de Ocampo, Coahuila de Zaragoza, de conformidad con el procedimiento interno de selección que se llevó a cabo, en el cual se había previsto desde un inicio que dicha candidatura estaba reservada para una mujer.

La actora aceptó la candidatura el veintitrés de marzo del año en curso. Sin embargo, el veintiséis de marzo posterior, la Comisión Nacional de Elecciones y el CEN emitieron un acuerdo1 mediante el cual instruyeron a la representación del partido ante el Instituto Electoral de Coahuila, que registrara a Gustavo Enrique De la Rosa Ramírez en lugar de la actora, con base en lo siguiente:

RESULTANDO

I. – Con fecha 25 de marzo de 2017, se recibió ante la Comisión Nacional de Elecciones escrito de renuncia, emitido por el C. Enrique Puentes Adriano, mediante el cual, hace del conocimiento de esta Comisión Nacional, la declinación en favor de la C. Ana Luisa Baltazar Marín, para la candidatura a la presidencia municipal de Viesca, Coahuila de Zaragoza, quien durante la precampaña, tuvo una mayor aceptación entre la ciudadanía del Municipio Viesca, por lo que para cumplir con la estrategia político electoral de MORENA, propone sea registrada como candidata a la presidencia municipal de dicho municipio.

II. – Derivado de lo señalado en el punto anterior, esta Comisión Nacional de Elecciones, realizó un análisis del desempeño durante la precampaña de las compañeras aprobadas en los municipios de Allende, Arteaga, Nava, y Ocampo, que corresponden al bloque 2 de registro ante el Instituto Electoral del Estado de Coahuila; en virtud de que en dicho bloque corresponde registrar a 6 hombres y cuatro mujeres, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 17, del Código Electoral para el Estado de Coahuila; y 21 de los de los lineamientos para el registro de candidaturas a cargo de elección popular de los partidos políticos y coaliciones en el marco del proceso electoral 2016 – 2017, en el Estado de Coahuila de Zaragoza.

III. – Derivado del análisis descrito en el numeral anterior, se observó que, en el Municipio de Ocampo, no se obtuvo un resultado óptimo durante el periodo de precampaña; es decir, no se alcanzaron los estándares de aceptación entre la ciudadanía respecto de la precandidata aprobada en el referido municipio.

IV. – En razón de lo señalado en los puntos que anteceden, considerando que se trata de una situación no prevista en el Estatuto de MORENA y la propia convocatoria; y toda vez que es obligación de este partido político, cumplir con la equidad de género en el registro de los candidatos a puestos de elección popular, tal y como lo establecen los artículos 17 del Código Electoral para el Estado de Coahuila; 21 de los de los lineamientos para el registro de candidaturas a cargo de elección popular de los partidos políticos y coaliciones en el marco del proceso electoral 2016 – 2017; en el Estado de Coahuila de Zaragoza, el Comité Ejecutivo Nacional y la Comisión Nacional de Elecciones:

ACUERDAN

PRIMERO. - Se instruye a la representación de Morena ente el Instituto Electoral de Coahuila, a efecto de llevar acabo el registro de la C. Ana Luisa Baltazar Marín como candidata a Presidenta Municipal de Viesca, en el Estado de Coahuila de Zaragoza, a fin de fortalecer la estrategia político electoral de MORENA en dicha entidad.

SEGUNDO. – Se instruye a la representación de Morena ente el Instituto Electoral de Coahuila, a efecto de llevar acabo el registro del C. Gustavo Enrique de la Rosa Ramírez como candidato a la presidencia municipal del Municipio de Ocampo en el Estado de Coahuila de Zaragoza, toda vez que dicho compañero comparte la ideología y los principios de MORENA, apoyó en la recolección de firmas en defensa de los hidrocarburos y goza de la aceptación y simpatía de la ciudadanía del Municipio de Ocampo, de acuerdo a la opinión de los responsables estatales y nacionales en el Estado de Coahuila de Zaragoza; lo anterior, para cumplir con la paridad de género en el bloque dos del registro ante el Instituto Electoral del Estado de Coahuila.

El día siguiente, MORENA solicitó el registro de Gustavo Enrique De la Rosa Ramírez para dicha candidatura y ese mismo día la actora presentó su juicio ciudadano local, en el cual se quejó de lo siguiente:

a) Que, a pesar de haber sido designada como candidata durante el proceso interno de selección, su partido la sustituyó por Gustavo Enrique De la Rosa Ramírez, quien ni siquiera había participado en la contienda intrapartidista.

b) Que los artículos 44, inciso u) y 46, inciso i) del Estatuto de MORENA, que facultan a la Comisión Nacional de Elecciones a ajustar las candidaturas para garantizar la representación equitativa de géneros, resulta inaplicable en el caso concreto, ya que la candidatura a la presidencia municipal de Ocampo estuvo desde un inicio reservada para una mujer.

c) Que MORENA vulneró su garantía de audiencia, pues la sustituyó como candidata sin darle la oportunidad de defenderse o manifestar lo que a su derecho conviniera.

El tribunal responsable desestimó tales agravios, pues consideró lo siguiente:

a) Que de acuerdo a la normativa interna de MORENA, todo lo no previsto en el proceso interno sería resuelto por la Comisión Nacional de Elecciones y el CEN y, por tanto, si estos órganos estimaron que la candidatura de la actora no garantizaba un resultado óptimo, el derecho del partido a la autodeterminación le facultaba para sustituirla, sin que pudiera entrometerse el tribunal local, por tratarse de un asunto interno del partido.

b) Que MORENA no vulneró la garantía de audiencia de la actora, pues si bien publicó en internet el acuerdo de sustitución de su candidatura después de promovido el juicio local, la promovente contaba con la posibilidad de combatirlo a través de una ampliación de demanda.

Inconforme con esta decisión, la actora argumenta lo siguiente:

a) Que el tribunal responsable no estaba impedido para revisar la legalidad de la sustitución impugnada; por el contrario, sostiene que estaba obligado a hacerlo, ya que las determinaciones de los partidos políticos no pueden vulnerar los derechos político-electorales de sus militantes.

b) Que MORENA sí transgredió su garantía de audiencia, pues en ningún momento fue informada de que habría una sustitución, por lo cual no pudo manifestar lo que en su derecho correspondía. Sobre este punto, la actora señala que al momento de presentar el juicio local no existía dicho acuerdo, aunado a que éste no podía sostener la cancelación de su candidatura, pues fue emitido dos días después de que el partido solicitó el registro del candidato sustituto, sin que haya constancia de que tal resolución se publicó en internet con anterioridad a que la autoridad administrativa aprobó el registro combatido.

c) Que el tribunal responsable omitió analizar dos agravios que le planteó en el juicio local:

a. Aquel en el que sostuvo que los artículos 44, inciso u) y 46, inciso i) del Estatuto de MORENA, que facultan a la Comisión Nacional de Elecciones a ajustar las candidaturas para garantizar la representación equitativa de géneros, resultaba inaplicable, en virtud de que la candidatura a la presidencia municipal de Ocampo estuvo desde un inicio reservada para una mujer.

b. El motivo de inconformidad por el cual externó que Gustavo Enrique De la Rosa Ramírez, quien fue designado en sustitución de la actora, ni siquiera participó en el proceso intrapartidista de selección de candidaturas.

d) Que el hecho de que un candidato a presidente municipal de otro municipio hubiese renunciado, no tendría por qué afectar el derecho político-electoral de la actora, pues en todo caso la ausencia tendría que haberse ocupado con otra persona del género masculino, para no afectarla.

Dado el sentido de los motivos de inconformidad, a continuación se analizarán los planteamientos por los cuales la quejosa sostiene que el tribunal sí estaba obligado a examinar la legalidad de su sustitución como candidata y que debió concluir que esta determinación partidista fue ilegal –agravios a) y d) de la síntesis expuesta–.

Lo anterior, debido a que le asiste la razón a la promovente, lo que resulta suficiente para revocar el acto impugnado y hace innecesario estudiar el resto de sus agravios –dirigidos a cuestionar la transgresión de su garantía de audiencia y a evidenciar la falta de exhaustividad de la sentencia–, pues con el análisis anunciado la actora alcanza de manera plena su pretensión, por lo que ya no alcanzaría un mayor beneficio, incluso si se determinara que le asiste la razón en los planteamientos restantes.2

3.2. La sustitución de la candidatura de la actora violó injustificadamente su derecho a ser postulada

3.2.1. El tribunal responsable estaba obligado a analizar la legalidad de la sustitución de la candidatura de la actora

El tribunal responsable sostuvo que de acuerdo a lo previsto en los artículos 34, párrafos 1 y 2, incisos d) y e) de la Ley General de Partidos Políticos, tanto los procedimientos internos de selección de candidatos como los procesos deliberativos para la definición de sus estrategias electorales son asuntos internos de los partidos. Además, que dentro de tales determinaciones, se encuentran aquellas razones que los partidos toman en cuenta para sustituir a un candidato, pues ello atañe a una cuestión interna, en ejercicio de su derecho de autodeterminación y de auto-organización.

A partir de lo anterior, el tribunal local consideró que si MORENA sustituyó a la actora bajo la apreciación de que así obtendría mejores resultados electorales, ello era suficiente para fundamentar esa decisión, sin que el tribunal pudiera inmiscuirse.

Esta apreciación es incorrecta, pues tal como lo argumenta la promovente, con independencia del alcance de las disposiciones invocadas, los tribunales electorales deben revisar si las decisiones de los partidos respetan los derechos político-electorales de sus militantes.

En efecto, de acuerdo a lo previsto en el artículo 5º de la Ley General de Partidos Políticos,3 los órganos jurisdiccionales sí están facultados para resolver conflictos relacionados con asuntos internos de los partidos políticos; incluso, dicha norma prevé una directriz para los órganos jurisdiccionales que lleven a cabo tal labor, consistente en que deberán ponderar que los partidos son entidades de interés público como organización de ciudadanos, que cuentan con libertad de decisión interna y derecho a la auto organización, pero que también debe respetarse el cabal ejercicio de los derechos de sus militantes.

En ese mismo sentido, los artículos 94 y 95, fracción I, de la Ley de Medios de Impugnación en Materia Político-Electoral y de Participación Ciudadana para el Estado de Coahuila de Zaragoza, disponen que las personas que consideren que un acto de su partido político vulneró su derecho a ser postuladas en candidaturas a cargos de elección popular, por transgresión a las normas de los estatutos del mismo partido, podrán combatir esa actuación a través del juicio ciudadano local.

Bajo este orden de ideas, el mero hecho de que la sustitución de la persona que ostentará una candidatura sea un asunto interno de los partidos políticos, de ninguna manera impide a los órganos jurisdiccionales revisar la legalidad de esa decisión, con motivo de la impugnación presentada por la persona afectada; sino simplemente, que en la resolución de tal controversia, el tribunal competente deberá tomar en cuenta tanto el derecho de auto organización del partido como el respeto a los derechos de su militancia.

Una vez sentado lo anterior, cabe aclarar que la sustitución de la actora no fue motivada principalmente por una razón de estrategia electoral, como lo sostuvo el tribunal responsable.

En efecto, el CEN y la Comisión Nacional de Elecciones señalaron que derivado de la renuncia de Enrique Puentes Adriano como candidato a presidente municipal de Viesca, y su sustitución por Ana Luisa Baltazar Marín, se vieron obligados a sustituir a una candidata a presidenta municipal de otro municipio, por un hombre, para así cumplir con la postulación paritaria de la totalidad de las candidaturas a dicho cargo en los municipios de la entidad. En ese contexto, decidieron sustituir a la actora –de entre otras opciones posibles– atendiendo a una valoración de sus posibilidades de éxito en la contienda.

Es el caso, que la promovente señala que esa decisión previa carece de fundamento, esto es, que la representación equitativa de los géneros en la postulación de candidaturas no es una justificación válida para haberla sustituido por un hombre, ya que desde un inicio se había determinado que la candidatura a la presidencia municipal de Ocampo correspondería a una mujer y que ella había obtenido esa candidatura, lo cual fue reconocido por la Comisión Nacional de Elecciones.4

Al respecto, esta Sala Regional considera que le asiste la razón a la actora, pues tenía el derecho adquirido a ser postulada para esa candidatura, sin que lo relativo a la postulación paritaria fuera un obstáculo, de acuerdo a lo que se expondrá en el apartado siguiente.

3.2.2. El Código Electoral Local, al disponer que al menos el cincuenta por ciento de los candidatos que postulen los partidos a integrar los ayuntamientos deberán ser mujeres, establece un piso mínimo y no un límite máximo

Los artículos 1o, párrafo quinto, de la Constitución Federal; 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 2.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, contemplan una exigencia para el Estado mexicano en el sentido de garantizar los derechos fundamentales de las personas en términos igualitarios, lo cual también entraña una prohibición general de discriminación. Para la observancia de este deber es preciso que se aseguren las condiciones para que –en la realidad– todas las personas puedan gozar y ejercer sus derechos de manera efectiva.

Para la comprensión del mandato constitucional debe partirse de un reconocimiento de la exclusión sistemática que han sufrido las mujeres a través de los años, en los ámbitos educativo, económico, laboral, social y político.

En ese sentido, distintos Estados han reconocido el contexto adverso que han tenido que enfrentar las mujeres y se han comprometido a adoptar una multiplicidad de medidas orientadas a su empoderamiento.5 Esa situación se ha atendido en diversos instrumentos internacionales de los que se derivan pautas orientadoras que abonan a una adecuada comprensión de la prohibición de discriminación por razón de género.6

Este entendimiento de la igualdad sustantiva se ha materializado en los artículos 6, inciso a), de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer; y 1 y 2 de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer.

A partir de esa perspectiva, debe resaltarse la obligatoriedad de la adopción de medidas especiales de carácter temporal o del establecimiento de tratamientos preferenciales dirigidos a favorecer la materialización de una situación de igualdad material de las mujeres, que tiene fundamento en los artículos 4, numeral 1, de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer; y 7, inciso c), de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer.7

Conforme a lo anterior, para esta Sala Regional el principio de igualdad y no discriminación por razón de género, como orientación al desmantelamiento del contexto de segregación del que han sido objeto las mujeres, se traduce en dos mandatos concretos: i) la prohibición de toda distinción, exclusión o restricción –de hecho o de Derecho– basada en el sexo, que tenga por objeto o resultado el menoscabo o anulación de los derechos de las mujeres8; y ii) la exigencia de adoptar las acciones afirmativas tendientes a lograr una igualdad material entre mujeres y hombres, tanto en el goce y ejercicio de los derechos fundamentales como en la participación en los distintos ámbitos de trascendencia pública.

En relación a la segunda de estas obligaciones, cabe destacar que las medidas especiales de carácter temporal suponen un tratamiento diferenciado justificado, en términos de preferencia para las mujeres, debido a que están orientadas a la satisfacción de una finalidad imperiosa de conformidad con nuestro orden constitucional, según lo explicado en líneas anteriores.9

En cumplimiento al mandato de adoptar acciones afirmativas, desde finales del siglo pasado e inicios del actual se han implementado cuotas de género en el sistema electoral mexicano, con el fin último de articular una igualdad en las condiciones de competencia que permitan un acceso efectivo de las mujeres a cargos públicos. Así, en nuestro sistema jurídico se ha aumentado progresivamente la proporción de las cuotas de género10, hasta la actual postulación en términos paritarios contemplada en el artículo 41, base I, segundo párrafo, de la Constitución Federal, misma que fue recogida en los artículos 28, párrafo tercero, y 33, párrafos tercero y cuarto, de la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza.

En ese sentido, el artículo 17, párrafo 3, del Código Electoral Local,11 prevé como obligación a cargo de los partidos, la llamada paridad horizontal en la postulación de candidaturas a las presidencias municipales, conforme a lo siguiente:

a) En cada uno de los cuatro bloques de municipios –que se conforman de acuerdo a su número de habitantes–, al menos el cuarenta por ciento de las personas que postulen para las candidaturas a dicho cargo deberán ser mujeres.

b) De la suma o totalidad de esas candidaturas, al menos la mitad deberán ser ocupadas con mujeres.

De una interpretación literal del precepto referido, puede afirmarse que el porcentaje de candidaturas a presidencias municipales ocupadas por mujeres puede válidamente superar el cincuenta por ciento, pues literalmente establece que dicho porcentaje es un mínimo exigible.

Esta conclusión es acorde, además, con una interpretación funcional y sistemática en relación con las normas constitucionales e internacionales expuestas anteriormente, ya que la postulación paritaria entre hombres y mujeres debe entenderse como una política pública –formada por diversas reglas de acción afirmativa– encaminada a establecer un piso mínimo para que éstas puedan contender en igualdad de oportunidades por los puestos de elección popular, elemento indispensable para avanzar hacia una igualdad sustancial en el ámbito político.12

A partir de esta perspectiva y en el contexto actual, las normas de paridad y aquellas que prevean una posibilidad superior a ella deben aplicarse a favor de las mujeres, porque –precisamente– está dirigida al desmantelamiento de la exclusión de la que han sido objeto.

De lo contrario, a partir de un entendimiento únicamente en términos neutrales de la paridad de género en la postulación, se reducirían las oportunidades de las mujeres de desempeñar cargos de elección popular, porque –en el marco de la postulación de cada partido político– estarían impedidas para participar en las candidaturas que excedan el cincuenta por ciento. De esa manera, la paridad de género no implicaría solamente el establecimiento de un piso mínimo para la participación política de las mujeres, sino también un techo.

En suma, por estas razones y conforme con la normativa que se analiza, no existe impedimento para que un partido postule un número de mujeres que superen la mitad de las candidaturas a integrantes de los ayuntamientos, porque supondría una disminución de su derecho a ser votadas basada en su género, lo cual no es acorde a los fines de nuestra Constitución Federal, con los tratados internacionales invocados y con el mandato expreso que prevé el Código Electoral Local.13

3.2.3. La sustitución de la candidatura de la actora se basó en una apreciación errónea de su partido respecto a las obligaciones de postulación paritaria de candidaturas

MORENA señaló que, en el bloque de diez municipios en el que se ubicaba la actora, había designado originalmente a seis hombres y cuatro mujeres para ocupar las candidaturas a las presidencias municipales, con lo cual respetó el cuarenta por ciento a que hace referencia el citado artículo 17, párrafo 3, del Código Electoral Local. Sin embargo, refiere que al haber renunciado un candidato hombre en un municipio de ese bloque y al haberlo sustituido por una mujer, se vio en la necesidad de sustituir a la actora por un hombre, a efecto de mantener –en ese bloque– el cuarenta por ciento mencionado y poder cumplir con la postulación paritaria en la totalidad de los municipios.

De acuerdo a lo sostenido en el apartado anterior, ante la renuncia de uno de sus candidatos y su sustitución por una mujer, el partido no estaba obligado a realizar mayores ajustes, ya que el Código Electoral Local le permite postular un número mayor de mujeres al mínimo exigido.

En tal virtud, contrario a lo que sostuvo el tribunal responsable, la sustitución de la actora como candidata a presidenta municipal de Ocampo fue injustificada y transgredió el derecho adquirido que tenía para ser postulada.

4. EFECTOS

Derivado de lo anterior, debe:

a) Revocarse la sentencia impugnada.

b) Modificarse el acuerdo emitido el veintiséis de marzo del año en curso por el CEN y la Comisión Nacional de Elecciones, para que quede sin efectos exclusivamente la parte en que se decide sustituir a la actora como candidata a presidenta municipal de Ocampo –quedando subsistente la designación de Ana Luisa Baltazar Marín como candidata a Presidenta Municipal de Viesca–.

c) Dejar sin efecto todos los actos que se hayan originado a partir de la sustitución de la actora como candidata, como lo es el registro de Gustavo Enrique de la Rosa Ramírez como candidato a presidente municipal de Ocampo, acordado por el Comité Municipal de Ocampo del Instituto Electoral de Coahuila el pasado uno de abril.

d) Ordenar lo siguiente:

i. Al tribunal responsable: que dentro de las veinticuatro horas siguientes a que sea notificado de esta sentencia, se la notifique personalmente a la actora en el domicilio procesal que señaló ante ese órgano jurisdiccional.

ii. Al representante de MORENA ante el Consejo General del Instituto Electoral de Coahuila: que dentro del plazo de veinticuatro horas siguientes al en que sea notificado de esta sentencia, solicite el registro de Brenda Yanet Trejo Beltrán como candidata a presidenta municipal de Ocampo, Coahuila de Zaragoza.

iii. Al Consejo General del Instituto Electoral de Coahuila:

► Que dentro de las veinticuatro horas siguientes a que sea notificado de esta sentencia, se la notifique al representante de MORENA ante ese Consejo General.

► Que dentro de las veinticuatro horas siguientes a que reciba la solicitud de registro de la actora, le dé el trámite correspondiente, conforme a Derecho, debiéndola turnar al Consejo Municipal Electoral de Ocampo para que dicte la resolución que corresponda, acompañándole copia simple de esta sentencia. En este punto, se hace del conocimiento de ambos órganos administrativos electorales que, si encuentran que la postulación de la actora trae como consecuencia que en la planilla respectiva existan más mujeres que hombres, ello se apega a lo establecido por el artículo 17, párrafo 3, del Código Electoral Local, tal como se expuso en el apartado 3.3 de este fallo.

iv. Al Consejo Municipal Electoral de Ocampo: que dentro de las veinticuatro horas siguientes a que reciba la documentación correspondiente de parte del Consejo General del Instituto, dicte la resolución atinente.

v. Al tribunal responsable, al representante de MORENA ante el Consejo General del Instituto Electoral de Coahuila, a este último órgano electoral y al Consejo Municipal Electoral de Ocampo: que dentro de las veinticuatro horas siguientes a que hayan dado cumplimiento a lo respectivamente ordenado, así lo informen ante esta Sala Regional, adjuntando copia certificada de las constancias pertinentes.

e) Apercibir a los órganos partidistas y autoridades mencionadas en este apartado, que en caso de incumplir lo ordenado dentro de los plazos fijados, se les impondrá la medida de apremio que se juzgue pertinente, de conformidad con los artículos 32 y 33 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

5. RESOLUTIVOS

PRIMERO. Se revoca la sentencia impugnada.

SEGUNDO. Se modifica el acuerdo emitido el veintiséis de marzo del año en curso por el Comité Ejecutivo Nacional y la Comisión Nacional de Elecciones, ambos de MORENA, para que quede sin efectos exclusivamente la parte en que se decide sustituir a la actora como candidata a presidenta municipal de Ocampo.

TERCERO. Como consecuencia de lo anterior, quedan sin efecto todos los actos que se hayan originado a partir de la sustitución de la actora como candidata, como lo es el registro de Gustavo Enrique de la Rosa Ramírez como candidato a presidente municipal de Ocampo.

CUARTO. Se ordena al representante de MORENA ante el Consejo General del Instituto Electoral de Coahuila, a este último órgano electoral y al Consejo Municipal Electoral de Ocampo, que realicen lo ordenado en el apartado de efectos de este fallo.

NOTIFÍQUESE a) personalmente a la actora, por conducto del Tribunal Electoral del Estado de Coahuila de Zaragoza, de acuerdo a lo establecido en el apartado de efectos de esta sentencia; b) por correo electrónico al tribunal responsable y al Consejo General del Instituto Electoral de Coahuila; c) por oficio, al representante de MORENA ante el Consejo General del Instituto Electoral de Coahuila, por conducto de dicho Consejo General, de acuerdo a lo establecido en el apartado de efectos de esta sentencia; d) por oficio, al CEN y a la Comisión Nacional de Elecciones, para lo cual se solicita el apoyo de la Sala Superior de este tribunal; e) y por estrados, al resto de los interesados.

En su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto concluido y, en su caso, hágase la devolución de la documentación exhibida por las responsables.

Así lo resolvió la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la Segunda Circunscripción Electoral Plurinominal, por unanimidad de votos de los Magistrados que la integran, ante la Secretaria General de Acuerdos, quien autoriza y da fe. Rúbricas.


1 Consultable en la página de internet de MORENA: http://morena.si/wp-content/uploads/2017/02/ACUERDO-DE-LA-CNE-CAMBIO-DE-GENERO-COAHUILA-1.pdf

2 3 Al respecto, resulta ilustrativa la jurisprudencia P./J. 3/2005, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN EN AMPARO DIRECTO. EL ESTUDIO DE LOS QUE DETERMINEN SU CONCESIÓN DEBE ATENDER AL PRINCIPIO DE MAYOR BENEFICIO, PUDIÉNDOSE OMITIR EL DE AQUELLOS QUE AUNQUE RESULTEN FUNDADOS, NO MEJOREN LO YA ALCANZADO POR EL QUEJOSO, INCLUSIVE LOS QUE SE REFIEREN A CONSTITUCIONALIDAD DE LEYES", consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo XXI, febrero de 2005, página 5, número de registro 179367; así como la jurisprudencia I.4o.A. J/83, del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN EN AMPARO INDIRECTO. EL ESTUDIO DE LOS QUE DETERMINEN SU CONCESIÓN DEBE PREFERIR LOS RELACIONADOS CON EL FONDO DEL ASUNTO A LOS FORMALES, O BIEN, ATENDER AL PRINCIPIO DE MAYOR BENEFICIO", consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, Tomo XXXII, Julio de 2010, página 1745, número de registro 164369.

3 Artículo 5.

1. La aplicación de esta Ley corresponde, en los términos que establece la Constitución, al Instituto y al Tribunal, así como a los Organismos Públicos Locales y a las autoridades jurisdiccionales locales.

2. La interpretación sobre la resolución de conflictos de asuntos internos de los partidos políticos deberá tomar en cuenta el carácter de entidad de interés público de éstos como organización de ciudadanos, así como su libertad de decisión interna, el derecho a la auto organización de los mismos y el ejercicio de los derechos de sus afiliados o militantes.

4 Tal como se aprecia en el informe circunstanciado que rindió ante el tribunal responsable, visible a foja 0069 del cuaderno accesorio único del expediente.

5 Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer. Declaración y Plataforma de Acción de Beijing. 1995.

6 En el artículo 28 de la Carta Democrática Interamericana se manifiesta que "[l]os Estados promoverán la plena e igualitaria participación de la mujer en las estructuras políticas de sus respectivos países como elemento fundamental para la promoción y ejercicio de la cultura democrática". Asimismo, en el párrafo 19 del Consenso de Quito se rechaza la violencia estructural contra las mujeres, la cual ha supuesto un "obstáculo para el logro de la igualdad y la paridad en las relaciones económicas, laborales, políticas, sociales, familiares y culturales, y que impide la autonomía de las mujeres y su plena participación en la toma de decisiones".

7 El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer ha expresado que la finalidad de las medidas especiales de carácter temporal debe ser "la mejora de la situación de la mujer para lograr su igualdad sustantiva o de facto con el hombre y realizar los cambios estructurales, sociales y culturales necesarios para corregir las formas y consecuencias pasadas y presentes de la discriminación contra la mujer, así como compensarlas". Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer. Recomendación general No. 25 – décimo tercera sesión, 2004, artículo 4 párrafo 1 - Medidas especiales de carácter temporal, párr. 15.

8 Con apoyo en el artículo 1 de la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer.

9 El artículo 4, párrafo 1, de la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer establece que: "[l]a adopción por los Estados Partes de medidas especiales de carácter temporal encaminadas a acelerar la igualdad de facto entre el hombre y la mujer no se considerará discriminación en la forma definida en la presente Convención, pero de ningún modo entrañará, como consecuencia, el mantenimiento de normas desiguales o separadas; estas medidas cesarán cuando se hayan alcanzado los objetivos de igualdad de oportunidad y trato". En el mismo sentido, véase la jurisprudencia 3/2015, de rubro "ACCIONES AFIRMATIVAS A FAVOR DE LAS MUJERES. NO SON DISCRIMINATORIAS", la cual establece que" "las medidas temporales a favor de las mujeres, encaminadas a promover la igualdad con los hombres, no son discriminatorias, ya que al establecer un trato diferenciado entre géneros con el objeto de revertir la desigualdad existente, compensan los derechos del grupo de población en desventaja, al limitar los del aventajado". Esta jurisprudencia puede consultarse en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 8, Número 16, 2015, páginas 12 y 13.

10 De una exigencia de registro de por lo menos el treinta por ciento de las candidaturas a un solo género, a una postulación mínima del cuarenta por ciento para un género y actualmente a una postulación paritaria.

11 Artículo 17.

[…]

3. En la integración de las planillas para integrantes de los Ayuntamientos, se observarán la paridad horizontal y vertical al postular todos los cargos que lo conforman, debiendo presentar, en al menos la mitad de los municipios o en su caso en la mitad de las candidaturas que registre, planillas encabezadas por un género distinto, para ello los partidos podrán dividir las postulaciones en los municipios en cuatro bloques, registrando al menos el cuarenta por ciento de las postulaciones de un género distinto en cada segmento:

a) Municipios de hasta 10000 habitantes

b) Municipios de 10001 a 40000

c) Municipios de 40001 a 100000

d) Municipios de 100 001 en adelante

12 Sirve de apoyo a lo expuesto el razonamiento contenido en la jurisprudencia 30/2014 de rubro: "ACCIONES AFIRMATIVAS. NATURALEZA, CARACTERÍSTICAS Y OBJETIVO DE SU IMPLEMENTACIÓN", consultable en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 7, Número 14, 2014, páginas 11 y 12; y en la jurisprudencia 11/2015 de rubro: "ACCIONES AFIRMATIVAS. ELEMENTOS FUNDAMENTALES", consultable en Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 8, Número 16, 2015, páginas 13, 14 y 15.

13 La conclusión adoptada es acorde a lo que ha sostenido esta Sala Regional en las sentencias relativas a los expedientes SM-JRC-10/2016 y su acumulado SM-JDC-36/2016; SM-JDC-15/2015; y SM-.JDC-210/2015 y su acumulado SM-JDC-552/2015.