JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES DEL CIUDADANO

EXPEDIENTE: SM-JDC-124/2018

ACTORA: ADRIANA GUADALUPE JURADO VALADEZ

RESPONSABLE: PRESIDENTE DEL CONSEJO LOCAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL EN AGUASCALIENTES

MAGISTRADA PONENTE: CLAUDIA VALLE AGUILASOCHO

SECRETARIO: MANUEL ALEJANDRO ÁVILA GONZÁLEZ

SECRETARIOS AUXILIARES: JUAN CARLOS RUIZ TOLEDO Y EUGENIO EDUARDO SÁNCHEZ LÓPEZ

Monterrey, Nuevo León, a veintinueve de marzo de dos mil dieciocho.

Sentencia definitiva que revoca la determinación contenida en el oficio número INE/CL/P/221/18 de uno de marzo de dos mil dieciocho, firmado por el Consejero Presidente del Consejo Local del Instituto Nacional Electoral de Aguascalientes; al determinarse que la actora no se ubica dentro del catálogo de funcionarios que establecen expresamente los artículos 55, en relación con el 58, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 10 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, para ser postulada candidata a Senadora de la República; por tanto, en su calidad de Secretaria Ejecutiva del Sistema Local de Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes en Aguascalientes, no tiene el deber de separación del cargo para contender.

GLOSARIO

Consejo Local:

Consejo Local del Instituto Nacional Electoral en el Estado de Aguascalientes

Constitución Federal:

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

INE:

Instituto Nacional Electoral

Ley de Medios:

Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral

LEGIPE:

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales

PAN:

Partido Acción Nacional

1. ANTECEDENTES

Para mayor entendimiento del sentido que se da a esta ejecutoria, resulta necesario señalar los antecedentes que dieron origen al acto impugnado, los cuales corresponden al año dos mil dieciocho, salvo precisión en contrario.

1.1. Inicio del proceso electoral federal. El ocho de septiembre de dos mil diecisiete, el Consejo General del INE celebró una sesión ordinaria, con la cual inició formalmente el proceso electoral federal 2017-2018, para renovar a la Presidencia de la República, las Diputaciones y Senadurías de las Cámaras del Congreso de la Unión.

1.2. Consulta al Consejo Local. El veintiocho de febrero, Adriana Guadalupe Jurado Valadez presentó escrito1 en la Junta Local Ejecutiva del INE en Aguascalientes, mediante el cual solicitó al Presidente del Consejo Local, a través de una consulta, le informara si debía separarse del cargo que desempeña como Secretaria Ejecutiva del Sistema Integral de Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, del gobierno del Estado referido, a efecto de no incurrir en alguna de las prohibiciones dispuestas en el marco constitucional para ser registrada como candidata suplente en la primera fórmula de la senaduría por el principio de mayoría relativa, por el PAN.

1.3. Respuesta de la consulta. El uno de marzo, el Presidente del Consejo Local, respondió la consulta de la actora2 mediante oficio INE/CL/P/221/18, y le informó que a fin de cumplir los requisitos de elegibilidad establecidos en los artículos 55, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 10, de la LEGIPE, era necesario que se separara del cargo noventa días antes de la fecha de la elección.

1.4. Recurso de revisión. El seis de marzo, la promovente interpuso recurso de revisión en contra del oficio firmado por el Presidente del Consejo Local3.

1.5. Acuerdo de improcedencia. El quince de marzo, el Secretario del Consejo General del INE dictó acuerdo mediante el cual declaró la improcedencia del recurso de revisión y ordenó la remisión de la demanda a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

1.6. Acuerdo de Sala Superior. El veintiuno de marzo, la Sala Superior de este Tribunal dictó un Acuerdo en el expediente SUP-AG-29/2018, en donde determinó reencauzar el medio de impugnación de Adriana Guadalupe Jurado Valadez a juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano y declaró competente a esta Sala Regional para conocerlo.

2. COMPETENCIA

Esta Sala Regional es competente para conocer y resolver el presente juicio promovido por una ciudadana contra el oficio del Presidente del Consejo Local por el cual dio respuesta a la consulta relacionada con el cumplimiento de los requisitos de elegibilidad para postularse como candidata a senadora suplente por el principio de mayoría relativa por el estado de Aguascalientes, entidad federativa que se encuentra dentro de la Segunda Circunscripción Electoral Plurinominal, sobre la que este órgano jurisdiccional ejerce jurisdicción.

Lo anterior, de conformidad con los artículos 186, fracción III, inciso c), 195, fracción IV, inciso b), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 83, párrafo 1, inciso b), fracción II, de la Ley de Medios; y el Acuerdo de la Sala Superior emitido en el expediente SUP-AG-29/20184.

3. PROCEDENCIA

El medio de impugnación reúne los requisitos de procedencia previstos en los artículos 8, 9, párrafo 1, 79, párrafo 1 y 80, párrafo 1, inciso f), de la Ley de Medios, como se señala a continuación:

3.1. Forma. La demanda se presentó por escrito ante la autoridad señalada como responsable, se precisa el nombre y la firma de la actora, la determinación que se controvierte, se mencionan hechos, agravios y las disposiciones constitucionales presuntamente no atendidas.

La autoridad responsable en su informe circunstanciado manifiesta que el juicio es improcedente por frívolo, porque la actora formula argumentos que no pueden alcanzar su pretensión.

Al respecto, se desestima la improcedencia invocada pues el planteamiento expuesto atañe al análisis de los agravios que formula la promovente –propio del estudio de fondo del asunto5–, y no a una cuestión que genere la improcedencia del juicio.

En efecto, para que un juicio pueda considerarse frívolo, es necesario que resulte notorio el propósito de la actora de promoverlo sin existir motivo o fundamento para ello, o bien, que aquél no pueda alcanzar su objeto.

Esto es así, pues la frivolidad implica que el medio de defensa sea totalmente inconsistente, insubstancial, intrascendente o se contraiga a cuestiones sin importancia y, por ello, es que para desechar un juicio o recurso por esa causa, es necesario que esa frivolidad sea evidente y notoria de la sola lectura de la demanda; lo cual no sucede con la demanda presentada por la promovente, en tanto que en ella se señalan los hechos y agravios encaminados a demostrar que la respuesta dada por la autoridad responsable a la consulta que planteó, contenida en el oficio impugnado, no se ajusta a Derecho6.

3.2. Definitividad. El acto impugnado es definitivo y firme dado que, en la ley de la materia, no está previsto algún otro medio de impugnación para controvertirlo.

3.3. Oportunidad. En el caso, el oficio impugnado se emitió el uno de marzo del año en curso, y la actora señala que tuvo conocimiento del acto el dos de marzo, sin que exista en autos prueba plena en contrario que desvirtué esta situación7. Por tanto, si la demanda se presentó el seis de marzo8, es claro que se promovió dentro del plazo legal de cuatro días9.

3.4. Legitimación. El requisito se encuentra satisfecho, pues el juicio fue promovido por una ciudadana por propio derecho, quien dice resentir una afectación en su derecho político-electoral a ser votada.

3.5. Interés legítimo. Este requisito está satisfecho, en virtud de lo siguiente:

Si bien es verdad que en el caso no existe un interés jurídico de la actora para controvertir la respuesta impugnada, puesto que en sí misma no le produce una afectación directa e individual, esta circunstancia no provoca la improcedencia del medio de impugnación como afirma la autoridad responsable.

A partir de una interpretación pro persona que maximiza el acceso a la justicia previsto en el artículo 17, de la Constitución Federal, se advierte que, en este caso, la actora cuenta con interés legítimo ante su aspiración de ser registrada candidata a senadora suplente de mayoría relativa, lo que se estima suficiente para combatir el acto impugnado.

En efecto, Adriana Guadalupe Jurado Valadez promueve el presente juicio ciudadano a fin de controvertir el oficio INE/CL/P/221/18, mediante el cual el Presidente del Consejo Local del INE en Aguascalientes, dio respuesta a su consulta en el sentido de que para poder cumplir los requisitos de elegibilidad previstos en los artículos 55 de la Constitución Federal y 10 de la LEGIPE, debía separarse de su cargo noventa días antes del día en que se celebre la elección.

Al respecto, la Sala Superior de este Tribunal Electoral ha sostenido el criterio de que para poder identificar cuándo una respuesta a una consulta se puede considerar como un auténtico acto de aplicación debe leerse de manera extensiva, pues su finalidad primordial es poner de manifiesto que una ley está siendo aplicada y que afecta de manera particular y concreta a una persona10.

Así, para considerar que existe un acto de aplicación debe atenderse al contexto jurídico y fáctico que permita determinar, razonablemente, si la respuesta a una consulta reviste la característica esencial de poner de manifiesto que la persona está colocada en la hipótesis jurídica que afecta sus derechos.

Sostener lo contrario, implicaría obligar a la actora a acudir a un eventual proceso de registro para que, finalmente, el Consejo Local lo niegue a partir de las consideraciones expuestas en el oficio impugnado. Lo que a juicio de esta Sala Regional sería una carga desproporcionada que afectaría el derecho humano de acceso a la justicia de la promovente.

En consecuencia, es claro que la actora tiene interés legítimo para cuestionar la validez de las disposiciones normativas en cuestión sobre la base de una indebida interpretación, pues la respuesta del Presidente del Consejo Local del INE en Aguascalientes, expresa un criterio que eventualmente será aplicado en el futuro inmediato. De manera que si a este contexto jurídico se suma el hecho de que la actora pudiera demostrar que no se encuentra en las hipótesis normativas señaladas, entonces debe considerarse que cuenta con interés legítimo para impugnar esa respuesta.

Por tanto, se desestima la causal de improcedencia hecha valer por la autoridad responsable en el sentido de que la actora carecía de interés jurídico para promover este juicio.

4. ESTUDIO DE FONDO.

4.1. Planteamiento del caso

Este asunto tiene su origen en la consulta formulada por la actora al Consejo Local del INE en Aguascalientes, en la cual preguntó que, si de acuerdo al cargo que desempeña como Secretaria Ejecutiva del Sistema Local de Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, dependiente de la Secretaria de Gobierno del Estado de Aguascalientes, debía separarse de forma definitiva o no, para contender en la elección como candidata a senadora suplente por mayoría relativa.

A esa petición, recayó el oficio del Presidente del Consejo Local a través del cual respondió a Adriana Guadalupe Jurado Valadez que conforme a los artículos 55 de la Constitución Federal y 10 de la LEGIPE, debía separarse de su cargo noventa días antes de la elección, para dar cumplimiento a los requisitos de elegibilidad establecidos en esos preceptos.

En esta instancia, la promovente hace valer los siguientes agravios contra esa respuesta.

a). El Presidente del Consejo Local del INE en Aguascalientes parte de una premisa errónea, contrario a lo que sostiene, de la lectura del artículo 116 de la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes para el Estado de Aguascalientes, se desprende que su cargo es dependiente de la Secretaría de Gobierno del Estado, por lo que no ostenta ninguna titularidad de primer nivel.

Por ello, señala la actora, su cargo no se ubica en ninguno de los supuestos que establecen esos artículos.

b). Solicita la inaplicación de los artículos 55 de la Constitución Federal y 10 de la LEGIPE, por ser contrarios a la Constitución Federal y a los tratados internacionales que el Estado Mexicano ha celebrado, pues transgreden su derecho humano al trabajo.

A continuación, se procederá al estudio de los agravios en el orden planteado.

4.2. Es incorrecta la determinación de la autoridad responsable, dado que la actora no se ubica en alguno de los supuestos del artículo 55 de la Constitución Federal y 10 de la LEGIPE.

La actora argumenta en su primer agravio que el oficio impugnado es ilegal, porque contrario a lo que sostuvo el Presidente del Consejo Local del INE, el cargo que ostenta de Secretaria Ejecutiva del Sistema Local de Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes en Aguascalientes, no está dentro de los supuestos de los artículos 55 de la Constitución Federal y 10 de la LEGIPE. En su opinión el Presidente del Consejo Local perdió de vista que de la lectura del artículo 116 de la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes para el Estado de Aguascalientes, se advierte que el cargo que tiene depende de la Secretaría de Gobierno del Estado, en consecuencia, no ostenta ninguna titularidad de primer nivel.

Además, señala que el oficio impugnado no está motivado porque la autoridad administrativa no expresó las razones por las cuales llegó a la conclusión de que debía separarse del cargo, ya que no precisó con exactitud cuál de los supuestos que establecen los artículos referidos, es en el que se ubica el cargo que ostenta.

Es fundado el agravio de la actora, pues como sostiene, la determinación impugnada carece de la debida motivación.

El artículo 16 de la Constitución Federal establece la obligación de que todo acto emitido por autoridad competente, debe encontrarse fundado y motivado, es decir, se traduce en el deber, por parte de la autoridad emisora, de expresar con claridad y precisión, los preceptos legales aplicables al caso concreto, esto es, citar las disposiciones normativas que rigen la determinación adoptada.

A su vez, la motivación es la exposición de las causas materiales o de hecho que hayan dado lugar al acto, indicándose las circunstancias especiales, las razones particulares o las causas inmediatas que sirvan de sustento para la emisión de un acto, con lo cual se tiende a demostrar racionalmente que determinada situación de hecho produce la actualización de los supuestos contenidos en los preceptos invocados en ese acto de autoridad. Es necesaria la debida adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables.

En el caso, si bien el Presidente del Consejo Local del INE en Aguascalientes, al dar respuesta a la consulta citó los preceptos aplicables al caso (artículos 55 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 10 de la LEGIPE), lo cierto es que no expresó las razones que tomó en cuenta para llegar a la conclusión que la actora debía separarse de su cargo. Esto, porque después de transcribir los artículos mencionados, se limitó a concluir que: por lo cual, a fin de cumplir los requisitos de elegibilidad antes señalados, es menester que se separe el cargo noventa días antes del día de la elección.

En consecuencia, es evidente que la respuesta contenida en el oficio impugnado vulnera en perjuicio de la promovente el principio de legalidad que tutela el artículo 16 de la Constitución Federal.

La determinación de la autoridad acerca de que la actora debe separarse de su cargo, en criterio de esta Sala, no se encuentra apegada a Derecho, como se explica.

Para que la ciudadanía de la República Mexicana pueda ser postulada en las candidaturas a senadurías por los principios de mayoría relativa y representación proporcional, debe cumplir los requisitos establecidos en el artículo 55, en relación con el 58 de la Constitución Federal.

1. Tener la ciudadanía mexicana, por nacimiento, en el ejercicio de sus derechos;

2. Tener veinticinco años cumplidos al día de la elección;

3. Ser originario u originaria de la entidad federativa en que se haga la elección o vecino o vecina de ésta, con residencia efectiva de más de seis meses anteriores a la fecha en que se celebre la elección.

3. No estar en servicio activo en el Ejército Federal ni tener mando en la policía o gendarmería rural en el Distrito donde se haga la elección, cuando menos noventa días antes de ella.

4. No ser titular de alguno de los organismos o dependencias de la Federación, Estados o Municipios que a continuación se enlistan:

a) Organismos autónomos;

b) Secretarías o Subsecretarías de Estado;

c) Organismos descentralizados o desconcentrados de la administración pública federal11;

d) Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación;

e) Magistrados ni Secretarios del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación;

f) Consejero Presidente ni Consejeros Electorales en los Consejos General, locales o distritales del INE;

g) Secretaría Ejecutiva, Dirección Ejecutiva o personal profesional directivo del INE 12;

h) Gubernatura de los Estados y Jefatura del Gobierno de la Ciudad de México13;

i) Las Secretarías del Gobierno de las entidades federativas;

j) Los Magistrados, Jueces Federales y locales, y

k) Presidentes Municipales y alcaldes en el caso de la Ciudad de México14;

5. No ser ministro de algún culto religioso, y

6. No estar en alguna de las incapacidades que señala el artículo 5915 de la Constitución Federal.

Por su parte, el artículo 10 de la LEGIPE16, establece adicionalmente como requisitos: i) No pertenecer el Servicio Profesional Electoral Nacional del INE y ii) No ser titular de algún órgano político-administrativo en el caso de la Ciudad de México, ni ejercer bajo ninguna circunstancia alguna de las mismas funciones.

Como se puede apreciar, a nivel de la Constitución Federal y de la LEGIPE, se prevé una limitante al derecho político-electoral de ser votado: se solicita que quien aspire a una candidatura a una diputación federal o una senaduría, deba separarse del cargo público que se encuentre desempeñando, en una temporalidad específica, antes de que se celebre la jornada electoral.

Estas disposiciones regulan de manera taxativa o limitativa los cargos o funciones públicos específicos cuyo ejercicio deriva en la inelegibilidad de la persona para contender para los cargos indicados.

En efecto el artículo 55 de la Constitución Federal, establece límites y restricciones al derecho político-electoral de ser votado, de modo que, conforme a lo sustentado por la Sala Superior, éstos deben ser interpretados limitativamente, y aplicarse sólo al caso concreto, esto es, no es dable extender las restricciones de la Constitución Federal y de la LEGIPE a otros casos por analogía o mayoría de razón.

De acuerdo con lo expuesto, es posible determinar que toda aquella persona que pretenda ser senador o senadora de la República, en los casos señalados en las disposiciones, constitucional y legal, deberá separarse de su empleo, con tres años antes del día de la elección, cuando se trate de los cargos relacionados con la materia electoral; y respecto de los cargos relacionados con las administraciones públicas federal o local, de los poderes judiciales federal y estatal, de los Ayuntamientos y del Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, la separación deberá darse noventa días antes de la jornada electoral.

En el caso, la actora manifestó en su consulta que se desempeña como Secretaria Ejecutiva del Sistema Local de Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, dependiente de la Secretaria de Gobierno del Estado de Aguascalientes, y preguntó si atendiendo al cargo debía separarse o no, para contender en la elección como senadora suplente por mayoría relativa postulada por el PAN.

Del examen de la decisión, acorde a los agravios que hace valer la actora, esta Sala Regional advierte que el cargo que ostenta, no es ninguno de los expresamente señalados en los artículos 55 de la Constitución Federal y 10 de la LEGIPE, por tanto, no fue correcto lo decidido por la autoridad responsable, como se explica.

La administración pública del Estado de Aguascalientes se divide para su ejercicio en un sector centralizado y paraestatal.17

El sector centralizado de la administración pública del Estado de Aguascalientes se conforma por una parte de las Secretarías del Gobierno del Estado, Unidades Administrativas, Coordinaciones y la Contraloría del Estado.

Asimismo, el artículo 18, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Aguascalientes, establece la existencia de doce Secretarías del Gobierno del Estado, dos Coordinaciones y una Contraloría del Estado, a saber:

→ Secretaría General de Gobierno;

→ Secretaría de Administración;

→ Secretaría de Finanzas;

→ Secretaría de Seguridad Pública;

→ Secretaría de Desarrollo Económico;

→ Secretaría de Salud;

→ Secretaría de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua;

→ Secretaría de Gestión Urbanística, Ordenamiento Territorial, Registral y Catastral;

→ Secretaría de Desarrollo Social;

→ Secretaría de Obras Públicas;

→ Secretaría de Desarrollo Rural y Agroempresarial;

→ Secretaría de Turismo;

→ Coordinación General de Planeación y Proyectos;

→ Coordinación General de Movilidad, y

→ Contraloría del Estado.

En cuanto al cargo que desempeña la actora, se advierte que depende de la Secretaría General de Gobierno18, como se observa en el siguiente organigrama.19

En las condiciones apuntadas, si en el caso concreto se advierte que el cargo que desempeña Adriana Guadalupe Jurado Valadez depende de la Secretaría General de Gobierno20 el cual puede ser nombrado y removido libremente por Gobernador21, es viable concluir que ese cargo no forma parte del sector central de la administración pública del Estado.

De manera que, conforme al principio de reserva de ley en la materia y del principio pro persona, se considera que, de una interpretación estricta, se concluye que no es procedente aplicar analógicamente una restricción al derecho de ser votado a supuestos distintos, como parece haberlo hecho la autoridad responsable; toda vez que la aplicación de estas normas jurídicas a supuestos de hecho para los cuales no están previstas, es violatorio del principio de legalidad y de los derechos fundamentales de las personas que buscan ejercer su derecho a ser votadas, que impone a las autoridades la aplicación de las consecuencias jurídicas establecidas en la ley estrictamente para las hipótesis previstas.

Así, contrariamente a lo que respondió el Presidente del Consejo Local del INE en Aguascalientes, y como se expone en el agravio que se analiza, la actora en su calidad de Secretaria Ejecutiva del Sistema Local de Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, no tiene el deber de separarse de su cargo noventa días antes de la elección, por no ubicarse en los supuestos establecidos en el artículo 55, fracción V, párrafo último de la Constitución Federal.

Toda vez que la actora ha alcanzado su pretensión al declararse fundado el agravio en estudio, resulta innecesario analizar el relativo a la inaplicación de los artículos que señala, porque la conclusión a la que se llegó es que no se ubica en ninguno de los supuestos contenidos en el artículo 55 de la Constitución Federal.

5. RESOLUTIVO.

ÚNICO. Se revoca la determinación contenida en el oficio impugnado.

En su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido y, en su caso, devuélvase la documentación remitida por la responsable.

NOTIFÍQUESE.

Así lo resolvieron por unanimidad de votos la Magistrada y los Magistrados que integran la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la Segunda Circunscripción Electoral Plurinominal, ante la Secretaria General de Acuerdos, quien autoriza y da fe. Rúbricas.


1 Visible a fojas 028 y 029 de autos.

2 Visible a fojas 030 y 031 del expediente en el que se actúa.

3 Visible de foja 014 a 027 de autos.

4 Visible de foja 003 a 007 de autos.

5 Sirve de apoyo a lo anterior, como criterio orientador a la materia, la jurisprudencia P./J. 135/2001 aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO, DEBERÁ DESESTIMARSE. Publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta correspondiente al mes de enero de dos mil dieciséis. Novena época, tomo XV, p. 5

6 Al caso, es aplicable la jurisprudencia 33/2002 emitida por la Sala Superior de rubro: "FRIVOLIDAD CONSTATADA AL EXAMINAR EL FONDO DE UN MEDIO DE IMPUGNACIÓN. PUEDE DAR LUGAR A UNA SANCIÓN AL PROMOVENTE". Consultable en la Compilación 1997-2013 de Jurisprudencia y tesis en materia electoral, Tomo Jurisprudencia, Volumen 1, Tercera Época, páginas 364-366, y en Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Suplemento 6, Año 2003, páginas 34 a 36.

7 Sirva de apoyo a lo expuesto, la jurisprudencia 8/2001 aprobada por la Sala Superior de este Tribunal, de rubro: "CONOCIMIENTO DEL ACTO IMPUGNADO. SE CONSIDERA A PARTIR DE LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA, SALVO PRUEBA PLENA EN CONTRARIO". Consultable en Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Suplemento 5, Año 2002, páginas 11 y 12.

8 Como consta en el acuse de recepción visible a foja 014 del expediente.

9 De conformidad con lo dispuesto por el artículo 8, de la Ley de Medios.

10 Véase la jurisprudencia 1/2009 de rubro: "CONSULTA. SU RESPUESTA CONSTITUYE UN ACTO DE APLICACIÓN DE LA NORMA CORRESPONDIENTE CUANDO DEL CONTEXTO JURÍDICO Y FÁCTICO DEL CASO SE ADVIERTA, QUE FUE APLICADA AL GOBERNADO. Consultable en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 2, Número 4, 2009, páginas 15 y 16, Cuarta Época.

11 En relación con los incisos a) a c), deberán separarse definitivamente de sus funciones noventa días antes del día de la elección, de conformidad con el artículo 55, fracción V, párrafo primero, de la Constitución Federal.

12 Por lo que respecta a los incisos e) a g) deberán separarse de su encargo, de manera definitiva, tres años antes del día de la elección de conformidad con el artículo 55, fracción V, párrafo segundo, de la Constitución Federal.

13 Los Gobernadores y Jefe de Gobierno, no podrán ser electos en las entidades de sus respectivas jurisdicciones durante el periodo de su encargo, aun cuando se separen definitivamente de sus puestos, de conformidad con el artículo 55, fracción V, párrafo tercero, de la Constitución Federal.

14 En relación con los incisos i) a k), deberán separarse definitivamente de sus funciones 90 días antes del día de la elección, de conformidad con el artículo 55, fracción V, párrafo cuarto, de la Constitución Federal.

15 Artículo 59. Los Senadores podrán ser electos hasta por dos periodos consecutivos y los Diputados al Congreso de la Unión hasta por cuatro periodos consecutivos. La postulación sólo podrá ser realizada por el mismo partido o por cualquiera de los partidos integrantes de la coalición que los hubieren postulado, salvo que hayan renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su mandato.

16 Artículo 10.

1. Son requisitos para ser Diputado Federal o Senador, además de los que señalan respectivamente los artículos 55 y 58 de la Constitución, los siguientes: a) Estar inscrito en el Registro Federal de Electores y contar con credencial para votar; b) No ser magistrado electoral o secretario del Tribunal Electoral, salvo que se separe del cargo tres años antes de la fecha de inicio del proceso electoral de que se trate; c) No ser Secretario Ejecutivo o Director Ejecutivo del Instituto, salvo que se separe del cargo tres años antes de la fecha de inicio del proceso electoral de que se trate; d) No ser Consejero Presidente o Consejero Electoral en los consejos General, locales o distritales del Instituto, salvo que se separe del cargo tres años antes de la fecha de inicio del proceso electoral de que se trate; e) No pertenecer al Servicio Profesional Electoral Nacional, salvo que se separe del cargo tres años antes de la fecha de inicio del proceso electoral de que se trate, y f) No ser Presidente Municipal o titular de algún órgano político-administrativo en el caso del Distrito Federal, ni ejercer bajo circunstancia alguna las mismas funciones, salvo que se separe del cargo noventa días antes de la fecha de la elección.

17 Artículo 3. Para el ejercicio de sus atribuciones y el despacho de orden administrativo que le corresponde, el Gobernador del Estado se auxiliará de la Administración Pública Estatal, que será Centralizada y Paraestatal, cuidando y promoviendo se cumplan los principios rectores.

18 Véase el Decreto 231 que contiene las reformas de veintiséis de febrero de dos mil dieciocho, publicadas en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes, Primera Sección, Tomo LXXXI, Número 9, donde se advierte la reforma al artículo 116, de la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes para el Estado de Aguascalientes, el cual establece que la coordinación operativa del Sistema Local de Protección recaerá en una Secretaría Ejecutiva, que dependerá de la Secretaría General de Gobierno.

19 Véase la liga electrónica http://www.aguascalientes.gob.mx/transparencia/buengobierno/ organigramas/

20 Véase el artículo 116, de la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes para el Estado de Aguascalientes, el cual establece que la coordinación operativa del Sistema Local de Protección recaerá en una Secretaría Ejecutiva, que dependerá de la Secretaría General de Gobierno.

21 Véase el artículo 117, de la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes para el Estado de Aguascalientes, el cual establece en lo conducente que el titular de la Secretaría Ejecutiva será nombrado y removido libremente por el Gobernador del Estado.