EXPEDIENTE: SUP-JLI-054/97

FERNANDO RANGEL RODRÍGUEZ

VS

INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

MAGISTRADO PONENTE: LEONEL CASTILLO GONZÁLEZ.

SECRETARIO: RAMIRO RODRÍGUEZ PÉREZ.

México, Distrito Federal, a veinte de octubre de mil novecientos noventa y siete.

V I S T O para resolver, el expediente SUP-JLI-054/97, formado con motivo de la demanda laboral presentada por Fernando Rangel Rodríguez, en contra del Instituto Federal Electoral, mediante la que se inconforma del despido de que dice fue objeto el ocho de agosto de mil novecientos noventa y seis y reclama diversas prestaciones de carácter laboral; y,

R E S U L T A N D O :

PRIMERO. Por escrito presentado ante el Tribunal de Arbitraje del Estado de Morelos, el primero de octubre de mil novecientos noventa y seis, Fernando Rangel Rodríguez promovió juicio laboral en contra del gobierno del Estado de Morelos, del Instituto Federal Electoral y de la Junta Local Ejecutiva del citado instituto en el Estado de Morelos, por considerar que fue despedido injustificadamente del trabajo que venía desempeñando con la categoría de chofer del vocal ejecutivo de la junta codemandada, el ocho de agosto del año citado, escrito en el que demandó el pago de:

"A).- Indemnización constitucional consistente en tres meses de salario (artículo 48 de la Ley Federal del Trabajo, de aplicación supletoria conforme al artículo 8 de la Ley del Servicio Civil).

B).- Salarios caídos desde la fecha del despido injustificado hasta que se cumplimente el laudo que se dicte en el presente asunto (artículo 48 de la Ley Federal del Trabajo, de aplicación supletoria, de conformidad con el artículo 8 de la Ley del Servicio Civil).

C).- Prima de antigüedad consistente en 12 días por cada año de servicios prestados (artículo 162 de la Ley Federal del Trabajo de aplicación supletoria de conformidad con el artículo 8 de la Ley del Servicio Civil).

D).- Vacaciones y prima vacacional durante el tiempo de la relación laboral.

E).- 40 días de aguinaldo anual, proporcional al tiempo de servicios prestados.

F).- La cantidad que resulte por concepto de las horas extras laboradas y no pagadas que se especifican en los hechos.

G).- Las aportaciones que me corresponden y que los demandados omitieron enterar al Instituto Mexicano del Seguro Social, S.A.R. e INFONAVIT."

SEGUNDO. Por acuerdo de veinte de marzo de mil novecientos noventa y siete, el Tribunal de Arbitraje del Estado de Morelos resolvió declararse incompetente para conocer y resolver de la demanda de mérito, por lo que ordenó su remisión al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje de México, Distrito Federal.

TERCERO. La Primera Sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, por resolución de veintinueve de abril del año en curso, determinó no aceptar la competencia, por lo que ordenó enviar los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que decidiera la competencia suscitada, en términos del artículo 705, fracción III, inciso a), de la Ley Federal del Trabajo.

CUARTO. La Segunda Sala del máximo tribunal de justicia en el país, el veintidós de agosto del presente año, resolvió la competencia número 290/97, suscitada entre la Primera Sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje y el Tribunal de Arbitraje del Estado de Morelos, derivada de la demanda laboral que promovió Fernando Rangel Rodríguez en contra de las autoridades ya citadas, en la que en su único punto resolutivo señala:

"Es competente para conocer de la demanda laboral promovida por Fernando Rangel Rodríguez, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación".

QUINTO. El ocho de octubre de este año, se recibió en esta Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la resolución de competencia aludida y demás anexos, y por auto del día siguiente, el presidente del tribunal turnó el expediente al magistrado Leonel Castillo González, para los efectos de los artículos 101 y 106 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; y,

C O N S I D E R A N D O :

PRIMERO. Esta Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es competente para resolver el presente conflicto laboral, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 99, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 186, fracción III, inciso e), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 94, párrafo 1, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

SEGUNDO. Según lo narrado por el actor en el hecho primero de su demanda, ingresó a prestar sus servicios para la demandada el cuatro de enero de mil novecientos noventa y seis, hasta el día ocho de agosto del propio año en que fue despedido, como lo afirma en el hecho cuatro de tal libelo, en donde textualmente menciona:

"A las 18:20 horas del 8 de agosto de 1996 se me permitió la entrada al centro de trabajo y me dirigí junto con los demás trabajadores a la oficina que ocupa el Lic. Alfredo Manuel silva Valdez, Vocal Secretario de la Junta Local Ejecutiva demandada, quien me manifestó: `Fernando, desde esta fecha quedas despedido de tu trabajo; ya no hay trabajo para ti'. El despido sucedió en presencia del Lic. Francisco Téllez Coordinador Administrativo de la mencionada dependencia quien confirmó dicho despido, y por lo que a mí respecta se ejecutó aproximadamente a las 19:30 horas de la fecha indicada.

Después me dirigí a la oficina que ocupa el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva, ubicada dentro de las instalaciones de ésta, al requerirle una explicación de lo sucedido, me manifestó que efectivamente estaba despedido de mi trabajo; esto último sucedió a las dieciocho horas con cuarenta minutos del ocho de agosto de 1996, en presencia de varias personas, entre los que se encontraban los trabajadores de referencia."

Del sello de recibido por el Tribunal de Arbitraje del Estado de Morelos, en que originalmente se presentó la demanda, se advierte que tal suceso ocurrió el primero de octubre de mil novecientos noventa y seis.

TERCERO. De acuerdo con lo anterior, es de advertir que en las fechas citadas, la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, que actualmente prevé el juicio para dirimir los conflictos o diferencias laborales de los servidores del Instituto Federal Electoral, no había entrado en vigor, ya que esto sucedió el veintidós de noviembre de mil novecientos noventa y seis, según decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, de esa fecha.

Sin embargo, el artículo cuarto transitorio de la ley General del sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, establece que si a la entrada en vigor de dicho ordenamiento, se encuentra en trámite cualquier medio de impugnación ante el Tribunal Electoral, será resuelto conforme a las normas vigentes al momento de su interposición.

Así las cosas, para determinar si en el caso concreto se satisfacen o no los presupuestos procesales necesarios para la admisión y trámite de la demanda laboral que se analiza, debe acudirse al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, vigente en la época en que afirma el actor fue despedido y aquélla en que presentó su demanda.

El ordenamiento legal citado en último término, dispone en su artículo 337-A, párrafo 1, inciso a), lo siguiente:

"ARTÍCULO 337-A. 1. Las diferencias o conflictos entre el Instituto Federal Electoral y sus servidores serán resueltas por la Sala Central del Tribunal Federal Electoral conforme al siguiente procedimiento: a) El servidor del Instituto Federal Electoral que hubiese sido sancionado o destituido de su cargo, podrá inconformarse mediante demanda que presente directamente ante la Sala Central del Tribunal Federal Electoral, dentro de los quince días hábiles siguientes al en que se le notifique la determinación del Instituto Federal Electoral;"

Luego, si el actor fue notificado del despido, el día ocho de agosto del año próximo pasado, según lo narró en la parte de la demanda transcrita, es claro que el término de quince días hábiles que prevé la norma citada para ejercer las acciones derivadas del nexo laboral que lo unió con el Instituto Federal Electoral, transcurrió con exceso al primero de octubre del propio año, en que presentó su demanda laboral, como se aprecia del sello de recibido asentado por el Tribunal de Arbitraje del Estado de Morelos, en el extremo izquierdo de la primera foja de tal libelo, de ahí que no exista duda de que su acción la ejercitó de manera extemporánea y por tanto resulta improcedente.

A lo anterior resulta aplicable la tesis relevante, consultable en la página 172 del Informe Anual 1996-1997, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, por interpretar un precepto de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, de contenido similar al 337-A del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, vigente en la época de presentación de la demanda del actor, misma que textualmente dice:

"ACCIONES DE LOS SERVIDORES DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL. EL PLAZO PARA EJERCITARLAS ES DE CADUCIDAD. El párrafo primero del artículo 96 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, contempla la figura jurídica denominada de la caducidad, pues en tal disposición está claramente expresada la voluntad del legislador de establecer como condición sine qua non de las acciones laborales de los servidores del Instituto Federal Electoral, que las mismas se ejerciten dentro del lapso de quince días hábiles siguientes al en que se les notifiquen o conozcan de las determinaciones del Instituto, que les afecten en sus derechos y prestaciones laborales."

Es preciso aclarar, que el vocablo "notificación", que implica informar a alguien algo, carece del significado de una comunicación procesal (en cuyo supuesto se requiere que se realicen las formalidades legales preestablecidas, para hacer saber una resolución de autoridad judicial o administrativa a la persona que se reconoce como interesado en su conocimiento o se le requiere para que cumpla un acto procesal); en todo caso, la notificación a que se refiere el precepto legal del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales a que se ha hecho referencia, sólo constituye una comunicación entre los sujetos que en un plano de igualdad, intervienen en una relación de trabajo, puesto que en ese caso el Instituto Federal Electoral actúa como patrón, de manera que esa notificación reviste las distintas formas de transmitir ideas, resoluciones o determinaciones entre personas que actúan en un plano de igualdad, bien sea de manera oral, escrita o, inclusive, a través de posturas asumidas dentro del desenvolvimiento del nexo jurídico que las vincula (por ejemplo no permitir al operario ingresar a la fuente de trabajo), puesto que esa notificación sólo viene a constituir la noticia cierta de la decisión que uno de los sujetos participantes en esa relación ha tomado y hace saber al otro.

Los salarios caídos, al constituir una prestación accesoria a la indemnización constitucional, según el artículo 48 de la Ley Federal del Trabajo, de aplicación supletoria, por razones obvias también resulta improcedente.

Lo mismo acontece respecto de las diversas prestaciones reclamadas por el actor en su demanda laboral, consistentes en el pago de prima de antigüedad, vacaciones y prima vacacional, horas extras, aportaciones al Instituto Mexicano del Seguro Social, S. A. R. e INFONAVIT, ya que si de acuerdo con el artículo 337-A, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales vigente en la época del despido que se argumenta, el personal del Instituto Federal Electoral que considere afectado alguno de sus derechos o prestaciones laborales, podrá inconformarse dentro del término de quince días naturales, contados a partir del día siguiente de aquel en que se haya notificado la resolución o se tenga conocimiento del acto, es evidente que también respecto de estas prestaciones transcurrió con exceso el término de que disponía el actor para solicitar su pago, tomando en cuenta que tal plazo empieza a correr a partir del día siguiente a la fecha en que se actualiza el interés jurídico del servidor, lo que acontece desde el momento en que la prestación se hace exigible; verbigracia, si se reclama el pago de salarios no cubiertos, como éstos se generan, por regla general, por la prestación de servicios, para que surja el derecho a su reclamo, se requiere por una parte, que se hayan prestado los servicios y por la otra que llegado el día del pago correspondiente no satisfaga; y finalmente que dentro de los quince días naturales siguientes al día de pago se ejercite la acción correspondiente, pues es a partir de este momento en que surge la afectación al interés jurídico del servidor. Lo mismo ocurre con las prestaciones que reclama el actor y que han sido mencionadas en líneas precedentes, pues si refiere que nunca le fue cubierto el tiempo extraordinario que dice laboró, que tampoco gozó de vacaciones, es evidente que en el momento en que dice fue despedido de manera injustificada, tuvo conocimiento de que al no continuar laborando ya no se le pagarían de manera voluntaria por el patrón, puesto que ya no continuaría la relación de trabajo, sin embargo, si no demandó dentro del término tantas veces mencionado el pago de esas prestaciones, es obvio que por las mismas razones que se expusieron al tratarse lo relativo a la caducidad de la indemnización derivada de la destitución argüida, también se considera que operó la misma figura por lo que atañe al pago de prima de antigüedad, tiempo extra, vacaciones y prima vacacional, por tanto la acción respectiva de oficio se declara igualmente improcedente, y sin que tal proceder implique prejuzgar en cuanto a si el operario pudo o no tener derecho a ellas.

Con respecto a la parte proporcional de aguinaldo que reclama en el inciso e) del capítulo de prestaciones de su demanda laboral, por haber laborado del cuatro de enero de mil novecientos noventa y seis al ocho de agosto del propio año, el motivo de desechamiento radica en la falta de interés jurídico del demandante, en razón de que en todas las instituciones del gobierno federal el aguinaldo es una prestación anual que se paga en un cincuenta por ciento antes del quince de diciembre, y el otro cincuenta por ciento a más tardar el quince de enero, en seguimiento a las normas conducentes que emite el Ejecutivo Federal, en cuanto a las proporciones y el procedimiento para hacer los pagos, en los casos en que el servidor hubiere prestado sus servicios menos de un año; de manera que mientras no se llega al final del año ni se tienen las mencionadas bases, los servidores no están en condiciones de exigir el pago por tal concepto; y en el caso, como la demanda se presentó el primero de octubre de mil novecientos noventa y seis, para reclamar la parte proporcional del aguinaldo correspondiente a ese año, es inconcuso que al no actualizarse la exigibilidad de ese concepto, no existía interés jurídico para demandarlo jurisdiccionalmente..

No es obstáculo a lo anterior, el hecho de que el actor haya demandado al gobierno del Estado de Morelos, al Instituto Federal Electoral y a la Junta Local Ejecutiva del citado instituto con residencia en el Estado de Morelos, habida cuenta que conforme a la resolución emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que determinó la competencia del presente asunto en favor de esta Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, se estableció que el nexo laboral que argumentó el actor, existió únicamente entre éste y el Instituto Federal Electoral.

De conformidad con las anteriores razones, lo que procede es desechar de plano por notoriamente improcedente la demanda laboral promovida por Fernando Rangel Rodríguez; en el entendido de que la anterior determinación no impide al reclamante acudir ante el Instituto Federal Electoral, a cobrar lo que pueda corresponderle por la prestación de aguinaldo y ante una eventual negativa de su pago, tampoco le impide ejercitar la acción correspondiente.

Por lo expuesto y fundado, se resuelve:

ÚNICO. Se desecha de plano la demanda laboral promovida por Fernando Rangel Rodríguez contra el Instituto Federal Electoral.

NOTIFIQUESE; por correo certificado al actor en el domicilio que para tal efecto señaló en su demanda, ubicado en la calle de Galeana número 61, centro, en Cuernavaca, Morelos.

En su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto concluido.

Así por unanimidad de cuatro votos lo resolvió la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en ausencia del Magistrado Presidente José Luis De la Peza, quien goza de licencia temporal, y de los Magistrados Eloy Fuentes Cerda y José de Jesús Orozco Henríquez, por encontrarse de comisión oficial, fungiendo como Presidenta por ministerio de ley la Magistrada Alfonsina Berta Navarro Hidalgo. Autoriza y da fe el Secretario General de Acuerdos.

MAGISTRADA PRESIDENTA POR MINISTERIO DE LEY

 

ALFONSINA BERTA NAVARRO HIDALGO

MAGISTRADO

 

LEONEL CASTILLO GONZÁLEZ

MAGISTRADO

 

JOSÉ FERNANDO OJESTO MARTÍNEZ PORCAYO

MAGISTRADO

 

MAURO MIGUEL REYES ZAPATA

 

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS

 

FLAVIO GALVÁN RIVERA