JUICIO PARA DIRIMIR LOS CONFLICTOS O DIFERENCIAS LABORALES ENTRE EL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL Y SUS SERVIDORES.

EXPEDIENTE: SUP-JLI-012/98.

ACTOR: JOSÉ ANTONIO HIPÓLITO ANZALDO SOTRES.

DEMANDADO: INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL.

MAGISTRADA PONENTE: ALFONSINA BERTA NAVARRO HIDALGO.

SECRETARIO: JESÚS ARMANDO PÉREZ GONZÁLEZ.

México, Distrito Federal, a ocho de mayo de mil novecientos noventa y ocho.

VISTO para resolver el juicio al rubro citado, formado con motivo de la demanda laboral presentada por José Antonio Hipólito Anzaldo Sotres, en contra del Instituto Federal Electoral, a través de la cual, a la vez que impugna la resolución del veintisiete de enero de mil novecientos noventa y ocho, emitida por el Secretario Ejecutivo de dicho organismo, reclama el pago de: indemnización de tres meses de salario por destitución injustificada, prima de antigüedad, horas extras y salarios correspondientes al mes de enero de mil novecientos noventa y ocho, así como lo relativo a lo que denominó: "jornadas electorales inhumanas", "sesiones de cómputo distrital" y por el deterioro causado a su estado general de salud, por el trabajo que realizó de mil novecientos noventa y uno a mil novecientos noventa y siete; y,

R E S U L T A N D O :

I. El doce de diciembre de mil novecientos noventa y siete, el Director Ejecutivo de Capacitación Electoral y Educación Cívica, decretó la destitución de José Antonio Hipólito Anzaldo Sotres; resolución cuyos puntos resolutivos en lo conducente dicen:

"PRIMERO. Ha quedado acreditado el incumplimiento de la obligación contenida en los artículos 168, párrafo 6, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; y 109, fracción IV, del Estatuto del Servicio Profesional Electoral, así como en el acuerdo de fecha veintinueve de mayo de mil novecientos noventa y seis, emitido por la Junta General Ejecutiva del Instituto, en el que se establece el número de oportunidades que tendrán los miembros del Servicio Profesional Electoral para acreditar cada una de las materias que comprenden las fases del programa de formación y desarrollo profesional a cargo del C. Anzaldo Sotres José Antonio Hipólito, en términos de los considerandos de esta resolución.

SEGUNDO. Con fundamento en los artículos 95, párrafo 1, incisos b) y c); 167, párrafos 1, 3 y 5; 168, párrafo 6, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; así como 77;109, fracción IV; 136, fracción II; 178; 179; 181, fracción III; y 184 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral, se impone al C. Anzaldo Sotres José Antonio Hipólito, la sanción administrativa de DESTITUCIÓN, del cargo de Vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica del 04 Distrito Electoral Federal del Instituto Federal Electoral, en el Distrito Federal, por lo cual causa baja del Servicio Profesional Electoral y concluye su relación jurídica de trabajo con el Instituto Federal Electoral, sanción que surtirá sus efectos en el acto mismo de la notificación al interesado de la presente resolución, independientemente de que se cubre al infractor, el monto correspondiente a la segunda quincena del mes de diciembre de 1997, por concepto de los días de vacaciones que haya generado..."

II. Inconforme con la anterior resolución, José Antonio Hipólito Anzaldo Sotres, mediante escrito fechado el veintidós de diciembre de mil novecientos noventa y siete, interpuso recurso de reconsideración.

III.- El veintisiete de enero del año que transcurre, el Secretario Ejecutivo del Instituto Federal Electoral, declaró infundado tal recurso. Dicha resolución, en su parte conducente, señala:

"C O N S I D E R A N D O S"

"CUARTO. Del escrito del C. José Antonio H. Anzaldo Sotres, así como de los documentos que obran en el expediente que nos ocupa, se desprende lo siguiente:

1. En el hecho 1, señala el recurrente que con el oficio número VE/1854/97, de fecha veintiuno de noviembre de mil novecientos noventa y siete, mediante el cual se le notificó el inicio del procedimiento administrativo para la determinación de sanciones, no se le corrió traslado con el original del diverso número DESPE/1262/97, en contravención de lo dispuesto en el artículo 191, fracción I, del Estatuto del Servicio Profesional Electoral, que según él dice: "... notificará personalmente por escrito al presunto infractor...", lo cual no sucedió, toda vez que las copias fotostáticas, no se cotejaron ni se certificaron.

Al respecto, debe señalarse que no le asiste la razón, en virtud de que, en primer término, el citado oficio número DESPE/1262/97, dirigido al C. José Antonio H. Anzaldo Sotres, mediante el cual se le notifica el incumplimiento de la obligación de acreditar el programa de formación y desarrollo profesional, cuya copia con acuse de recibido de fecha veintiuno de noviembre de mil novecientos noventa y siete, con firma autógrafa del recurrente, en el que se lee: "... Recibí original...", obra en el expediente que ahora se resuelve, en tales circunstancias la autoridad que le notificó el inicio del procedimiento estatutario, estaba imposibilitada para correrle traslado con el original del referido oficio, pues, éste se encuentra en poder del recurrente.

En segundo término, al tener pleno conocimiento el ahora promovente del contenido del oficio número DESPE/1262/97, toda vez que, se insiste, se encuentra en su poder, era innecesario correrle traslado con copia certificada del mismo, pues además, la autoridad que le notificó el inicio del procedimiento no estaba en posibilidades de certificar un documento cuyo original no tenía a la vista.

De lo anteriormente señalado, se concluye que al recurrente no se le dejó en estado de indefensión, pues el original del multicitado oficio obra en su poder y la circunstancia de que se le hubiera corrido traslado con copia del mismo, no le depara perjuicio alguno.

Lo anterior en virtud de que el artículo 191, fracción I, del Estatuto del Servicio Profesional Electoral, contrario a lo que expresa el promovente, consigna lo siguiente:

"Artículo 191. Para efectos del artículo anterior, el procedimiento se sujetará a lo siguiente:

I. La autoridad a que se refiere el artículo 188 notificará por escrito al presunto infractor los hechos u omisiones que se le imputen, otorgándole un plazo para que manifieste lo que a su derecho convenga. Este será de veinticuatro horas tratándose de amonestación y de diez días hábiles en caso de suspensión, destitución o multa..."

Es así que el Vocal Ejecutivo al notificar el inicio del procedimiento, dio cabal cumplimiento a dicho dispositivo, pues, le notificó por escrito al presunto infractor los hechos u omisiones que se le imputaron, los cuales consistieron en el incumplimiento de la obligación contemplada en el artículo 109, fracción IV, del propio Estatuto, al no acreditar la materia de Expresión Escrita del programa de formación y desarrollo profesional.

2. En el punto número 2, hace valer el recurrente que la autoridad que emitió la resolución en el expediente de procedimiento para la determinación de sanción administrativa número DECEyEC/PA/2/97, "... es incompetente y carente de personalidad para resolver el caso que se plantea...", de conformidad con el artículo 188, que establece que corresponde al superior jerárquico del presunto responsable, resolver y en la especie el Director Ejecutivo de Capacitación Electoral y Educación Cívica, no era su superior jerárquico, de conformidad con lo previsto en el artículo 71 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

En este sentido, debe decirse que no le asiste razón al recurrente, ya que, efectivamente, el diverso 188, del Estatuto del Servicio Profesional Electoral, señala que la investigación, sustanciación y resolución, de las infracciones que motiven la aplicación de una sanción administrativa, le corresponde al superior jerárquico del presunto responsable, en el caso que nos ocupa, el Director Ejecutivo de Capacitación Electoral y Educación Cívica, debe entenderse como superior jerárquico del hoy recurrente, toda vez que, él mismo tuvo el cargo de Vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica, adscrito a la 04 Junta Distrital Ejecutiva del Instituto Federal Electoral en el Distrito Federal, esto es, de acuerdo a la organización interna del Instituto, el hoy recurrente tenía como superior jerárquico al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el Distrito Federal, por ser el superior del órgano distrital donde prestó sus servicios y, a su vez, por la categoría de Vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica de la 04 Junta Distrital Ejecutiva, al titular de la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica, situación ésta que siempre fue del conocimiento del hoy recurrente.

A mayor abundamiento, la imposición de la sanción de destitución aplicada por el Director Ejecutivo antes mencionado, la realizó actuando como representante del Instituto Federal Electoral, no tanto como autoridad, sino en su carácter de patrón, es así, que sus actos son válidos y surten sus efectos correspondientes por haberse ejercido en su carácter de patrón, para cuya actuación -destituir a un empleado- sólo se requería que ocupara un cargo que lo situara en una posición de superior jerarquía a la que ostentaba el recurrente.

En este mismo punto, agrega el promovente que se acoge a lo que establecen los artículos 82, párrafo 1, inciso w) y 86 del código de la materia, al respecto, debe precisarse que dichos dispositivos no tienen aplicación al procedimiento estatutario que se le siguió al ahora promovente, en virtud de que, éstos se refieren, el primero de ellos, a la facultad del Consejo General para conocer de las infracciones y, en su caso, imponer las sanciones que correspondan respecto de las irregularidades en que incurran los observadores electorales, las organizaciones a las que pertenezcan, los partidos políticos y las agrupaciones políticas; por su parte, el dispositivo 86, párrafo 1, inciso l), se refiere a la atribución de la Junta General Ejecutiva para integrar los expedientes relativos a las faltas administrativas y los de imposición de sanciones, a efecto de que el Consejo General determine sobre la misma.

3. Expresa el promovente en el hecho marcado con el número tres, que la resolución ahora impugnada, es contraria a derecho, ya que, a su juicio, hay un reconocimiento de la autoridad resolutora en el sentido de que el acuerdo del veintinueve de mayo de mil novecientos noventa y seis, sólo dice: "... Número de oportunidades...", sin embargo, no precisa cuántas, también agrega que "...al correrme el traslado con copia fotostática del oficio que dio pie al inicio de este procedimiento, sin acompañarme el acuerdo de fecha veintinueve de mayo de mil novecientos noventa y seis, también me deja en estado de indefensión..." y que ello es violatorio a lo que establece el artículo 189 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral.

En este sentido, debe precisarse en primer término, que contrario a lo que afirma el impugnante, la resolución mediante la cual se le aplica la sanción de destitución, en ningún momento reconoce que nunca se precisó el número de oportunidades que el acuerdo del veintinueve de mayo de mil novecientos noventa y seis, le otorgó a efecto de sustentar el examen de Expresión Escrita.

Lo anterior con independencia de que, el ahora promovente desde el siete de junio de mil novecientos noventa y seis, tenía pleno conocimiento de que, a partir de dicha fecha, únicamente contaba con dos oportunidades más, para aprobar el examen de Expresión Escrita, toda vez que mediante oficio número DESPE/950/96, de fecha cuatro de junio de ese mismo año, se le notificó el acuerdo aprobado por la Junta General Ejecutiva en sesión celebrada el veintinueve de mayo de mil novecientos noventa y seis, mediante el cual se establece el número de oportunidades que tendrán los miembros del servicio profesional electoral para acreditar cada una de las materias que comprenden las fases del programa de formación y desarrollo profesional, oficio que en su parte conducente dice:

"...Conforme a lo establecido en el punto Primero Transitorio del acuerdo mencionado y tomando en consideración que usted ha tenido diversas oportunidades para participar en las evaluaciones de las materias correspondientes a la primera fase del Programa de Formación y Desarrollo Profesional, contará con dos oportunidades más para acreditar las materias:

Expresión Escrita.

COFIPE (cinco primeros libros).

Estadística.

Observando para tal efecto el calendario de exámenes del ejercicio mil novecientos noventa y seis.

Es importante señalar que deberá presentar cuando menos dos materias que tenga pendientes de la primera fase del programa en cada aplicación de exámenes y que no podrá ser evaluado en las asignaturas correspondientes a la fase de formación profesional, hasta que no haya acreditado las que comprende la de formación básica.

En caso de prevalecer la no acreditación de las materias mencionadas, una vez agotadas las oportunidades señaladas en el punto primero transitorio del acuerdo referido al inicio del presente, se procederá conforme a lo dispuesto en el Estatuto del Servicio Profesional Electoral, previa notificación a la Junta General Ejecutiva del Instituto..."

El citado oficio número DESPE/950/96, fue recibido por el ahora recurrente, tal y como se mencionó anteriormente, el siete de junio de mil novecientos noventa y seis, según consta en el correspondiente acuse de recibo con firma autógrafa del C. José Antonio H. Anzaldo Sotres, por lo que no le causa agravio que la resolución ahora impugnada señala que el recurrente agotó la última de sus oportunidades para acreditar el examen de Expresión Escrita, pues además, al notificársele, tanto el incumplimiento consistente en no acreditar el programa de formación y desarrollo profesional, así como el inicio del procedimiento estatutario, se señaló en forma textual que no aprobó las dos oportunidades que se le otorgaron para sustentar dicho examen; efectivamente, el oficio número DESPE/1262/97, de fecha diecisiete de noviembre de mil novecientos noventa y siete, recibido por el ahora impugnante el veintiuno del mismo mes y año, en su parte relativa dice:

"...La permanencia de los servidores de carrera en el Instituto Federal Electoral está sujeta, entre otras condiciones, a la acreditación de los exámenes de los programas de formación y desarrollo profesional electoral, en los términos establecidos en los artículos 168, párrafo 6, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; 77 y 109 fracción IV, del Estatuto del Servicio Profesional Electoral, así como en el acuerdo de fecha veintinueve de mayo de mil novecientos noventa y seis, por el que se establece el número de oportunidades que tendrán los miembros del servicio profesional electoral para acreditar cada una de las materias que comprenden las fases del Programa de Formación y Desarrollo Profesional, emitido por la Junta General Ejecutiva.

De las constancias y controles que lleva esta Dirección Ejecutiva, se desprende que usted agotó su última oportunidad en la materia Expresión Escrita de la fase de formación básica, no acreditando el programa de formación y desarrollo profesional, e incumpliendo con ello esta obligación a su cargo.

A fin de que conozca a detalle el incumplimiento de mérito, que lo ubica en las hipótesis establecidas en los artículos 168, párrafo 6, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y 109 fracción IV, del Estatuto del Servicio Profesional Electoral, le comunico la información que a ese respecto se tiene en los registros de esta Dirección:

FECHA DE RECIBO DEL ACUERDO DE LA JUNTA GENERAL EJECUTIVA DEL 29 DE MAYO DE 1996

MATERIA

FECHA DE PRESENTACION DE EXAMEN

RESULTADO OBTENIDO

FECHA DE NOTIFICACION DEL RESULTADO OBTENIDO

7 junio 96

Expresión Escrita

26 julio 96

5.8 = No acreditó

1 agosto 96

   

8 octubre 97

3.16 = No acreditó

13 noviembre 97

Con los resultados obtenidos en la materia que es motivo de la presente constancia, de los que fue usted oportunamente notificado, tal como se demuestra con los acuses de recibo que al efecto se anexan al presente, para todos los efectos legales a que haya lugar, se actualizan las hipótesis normativas especificadas en el párrafo precedente..."

Asimismo el oficio número VE/1854/97, de fecha veintiuno de noviembre de ese año, en su parte conducente se lee:

"Con fundamento en los artículos 265 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; 178; 179; 180; 181; 188; 190 y 190 (sic) del Estatuto del Servicio Profesional, notifico a usted el inicio del procedimiento administrativo para la determinación de sanciones, en virtud del incumplimiento a su cargo respecto de la obligación a que se refieren los artículos 168, párrafo 6, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y 109, fracción IV, del Estatuto del Servicio Profesional Electoral, consistente en no acreditar en dos oportunidades la materia de Expresión Escrita de la fase de formación básica del programa de formación y desarrollo profesional, en contravención a lo dispuesto por el acuerdo de la Junta General Ejecutiva aprobado en sesión de fecha veintinueve de mayo de mil novecientos noventa y seis, por el que se establecen el número de oportunidades que tendrán los miembros del servicio profesional electoral para acreditar cada una de las materias que comprenden las fases del programa de formación y desarrollo profesional..."

En virtud de lo anterior, esta autoridad llega a la convicción de que el promovente desde el siete de junio de mil novecientos noventa y seis, tuvo conocimiento de que, a partir de esa fecha, con independencia de los exámenes anteriores que no acreditó, contaba con dos oportunidades para aprobar la materia de Expresión Escrita, por lo que no le depara agravio alguno que no se le haya corrido traslado con la copia del acuerdo de la Junta General Ejecutiva del veintinueve de mayo de mil novecientos noventa y seis, toda vez que, se insiste, le era conocido.

4. Señala el promovente que el acuerdo del veintinueve de mayo de mil novecientos noventa y seis, no puede aplicársele en forma retroactiva pues ingresó al Instituto en mil novecientos noventa y uno, a este respecto, debe decirse, que no le asiste la razón al promovente, en virtud de que la permanencia de los servidores del Instituto está sujeta a la aprobación de los programas de formación y desarrollo profesional, en términos de lo que dispone el artículo 168, párrafo 6, del Código electoral, en el caso concreto, el ahora impugnante fue destituido en virtud de que no acreditó la materia de Expresión Escrita que forma parte de la primera fase del programa de formación y desarrollo profesional, de conformidad con lo que establece el diverso 109, fracción IV, del Estatuto del Servicio Profesional Electoral, no obstante que sustentó el examen en siete ocasiones, es decir, a la fecha del acuerdo aprobado por la Junta General Ejecutiva el veintinueve de mayo de mil novecientos noventa y seis, el C. José Antonio H. Anzaldo Sotres, lo había presentado cuatro veces sin obtener calificación aprobatoria.

Ahora bien, la Junta General Ejecutiva del Instituto Federal Electoral, con el propósito de que los miembros del Servicio Profesional Electoral participen en el programa de formación y desarrollo profesional, en igualdad de oportunidades y con el fin de dar certeza y mayor transparencia a la operación del mismo y en base a la experiencia de la materia, estimó conveniente regular el número de oportunidades para acreditar cada una de las materias de las distintas fases del programa de formación y desarrollo profesional, con normas de aplicación general, aprobando el acuerdo en sesión del veintinueve de mayo de mil novecientos noventa y seis, en el cual, se contempló, la situación respecto de aquellos funcionarios cuyo ingreso al Servicio Profesional Electoral, fue desde su creación y que a esa fecha adeudaban materias, no obstante haberlas sustentado en más de tres ocasiones, por lo que, a fin de no coartar sus garantías de seguridad y legalidad jurídica, en el punto Primero Transitorio del acuerdo, otorgó dos oportunidades más para acreditar las materias de la primera fase, al respecto, debe precisarse que el programa de formación y desarrollo profesional se compone de dos fases, la primera que es la de formación básica, comprende las materias de Derecho Constitucional, Expresión Escrita, Estadística y Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, (cinco primeros libros); la segunda fase, que es la de formación profesional, abarca las materias de Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, (libros sexto, séptimo y octavo), Desarrollo Electoral Mexicano y los Partidos Políticos.

En tal virtud, no podemos hablar de la aplicación retroactiva de un acuerdo, pues, en el mismo se especificaron las reglas a seguir respecto de aquellos funcionarios que hubiesen ingresado al Servicio Profesional Electoral el primero de junio de mil novecientos noventa y tres y que, por tal circunstancia ya hubieren sustentado en varias ocasiones el examen de alguna materia. No determinar reglas para evaluar los cursos que integran el programa de formación y desarrollo profesional, sería llegar al absurdo de que hubiese funcionarios que nunca acreditaron el programa, por lo que, el acuerdo del veintinueve de mayo de mil novecientos noventa y seis, en forma alguna le causa agravio al promovente, pues, se insiste, tuvo conocimiento de él desde el siete de junio de ese mismo año y además, realizó el examen de Expresión Escrita siete veces, entre los años de mil novecientos noventa y cuatro y mil novecientos noventa y siete, sin que lo hubiese aprobado.

En este mismo sentido, debe precisarse que el C. José Antonio H. Anzaldo Sotres, solicitó su ingreso al servicio profesional electoral, el quince de diciembre de mil novecientos noventa y dos, declarando bajo protesta de decir verdad, estar de acuerdo en someterse a las evaluaciones curriculares, de conocimientos y, en su caso, del desempeño de aptitudes, la cual suscribió autógrafamente, ello implica que desde que solicitó su ingreso al servicio, tuvo conocimiento y aceptó someterse a las evaluaciones, en este caso, del programa de formación y desarrollo profesional, que de conformidad con lo que establece el artículo 109, fracción IV, del Estatuto del Servicio Profesional Electoral, los términos del mismo los determina la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral, luego entonces, en forma alguna se le aplica en su perjuicio ninguna disposición en forma retroactiva.

5. En el punto cinco de su recurso, el promovente solicita se aclare o adicione el acuerdo de la Junta General Ejecutiva, aprobado en sesión celebrada el veintinueve de mayo de mil novecientos noventa y seis, al respecto, en términos de lo expuesto en los puntos uno a cinco anteriores, se llega a la conclusión de que, el multicitado acuerdo no transgrede los derechos del ahora promovente, en virtud de lo cual, se desestiman sus argumentaciones.

6. Por lo que hace a la manifestación formulada en el punto seis de su recurso, esta autoridad advierte que la resolución mediante la cual se le aplicó la sanción de destitución se encuentra debidamente fundada y motivada, en virtud de que, en el expediente integrado con motivo del procedimiento estatutario, quedó debidamente acreditado que el C. José Antonio H. Anzaldo Sotres, incumplió con la obligación contenida en el numeral 109, fracción IV, del Estatuto del Servicio Profesional Electoral, al no acreditar la materia de Expresión Escrita que es parte del programa de formación y desarrollo profesional, lo cual constituye una falta grave, de conformidad con el diverso 136, fracción II, del citado Estatuto, que establece que el personal de carrera causará baja del servicio profesional electoral, por destitución cuando no acredite los programas de formación y desarrollo profesional que lleve a cabo el Instituto, en los términos que establezca la Junta General Ejecutiva, toda vez que la permanencia de los servidores públicos está sujeta a la aprobación de los exámenes del programa, en atención a lo que prevé el numeral 168, párrafo 6, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

De otra parte, mediante escrito de fecha veintitrés de enero de mil novecientos noventa y ocho, recibido en la misma fecha, el C. José Antonio H. Anzaldo Sotres, solicita se le informe respecto al trámite de su recurso y que en su caso, se someta al conocimiento del Consejo General, al respecto debe precisarse que el recurso que ahora se resuelve, fue recibido en esta Secretaría Ejecutiva el veintinueve de diciembre de mil novecientos noventa y siete, no el veintitrés como señala el inconforme, por lo que el plazo para resolverlo concluye el veintiocho de enero de mil novecientos noventa y ocho, por otra parte, esta Secretaría Ejecutiva es la autoridad competente para resolverlo, en términos de lo dispuesto por los artículos 192 y 197, del Estatuto del Servicio Profesional Electoral y Quinto Transitorio del decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, publicado en el Diario oficial de la Federación el treinta y uno de octubre de mil novecientos noventa y seis y tercero transitorio del artículo primero del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Electoral, entre otros ordenamientos legales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintidós de noviembre de mil novecientos noventa y seis.

Por las consideraciones vertidas, esta Secretaría Ejecutiva del Instituto:

R E S U E L V E

PRIMERO.- Se declara infundado el recurso de reconsideración interpuesto el veintinueve de diciembre de mil novecientos noventa y siete, por el C. José Antonio H. Anzaldo Sotres, por las razones de hecho y de derecho señaladas en la parte considerativa de la presente resolución, confirmándose la determinación que por esta vía se impugna..."

IV.- Por escrito presentado ante esta Sala Superior, el diecisiete de febrero de mil novecientos noventa y ocho, José Antonio Hipólito Anzaldo Sotres promovió juicio para dirimir los conflictos o diferencias laborales de los servidores del Instituto Federal Electoral.

En dicho libelo reclamó el pago de diversas prestaciones y expresó agravios en los términos siguientes:

" P R E S T A C I O N E S

a).- La cantidad de $ 27,511.38 (veintisiete mil quinientos once pesos 38/100 mn) por concepto de indemnización de los tres meses que me corresponden, artículo 108, párrafo 1, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

b).- La cantidad de $ 25,677.12 (veinticinco mil seiscientos setenta y siete pesos 12/100 mn) por concepto de los doce días por año en virtud de los siete años laborados en el Instituto Federal Electoral, respecto a la prima de antigüedad a que tengo derecho, artículo 108, párrafo 1, de la Ley General invocada.

c).- La cantidad de $ 559,398.06 (quinientos cincuenta y nueve mil trescientos noventa y ocho pesos 06/100 mn) por concepto de horas extraordinarias laboradas durante los años 1991, 1994, 1995 y 1997; artículos 26 y 39 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, y el 123 apartado B, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y el 66 y 68 de la Ley Federal del Trabajo, aplicados de manera supletoria, en virtud de que no me las pagaron.

d).- La cantidad de $ 5,502.24 (cinco mil quinientos dos pesos 24/100 mn) por las jornadas electorales inhumanas que tuve que trabajar, a contrario sensu a lo estipulado por los artículos 14, 25 y 26 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado, y 123, apartado B, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, aplicados de manera supletoria, en virtud de que no me las pagaron.

e).- La cantidad de $ 5,502.24 (cinco mil quinientos dos pesos 24/100 mn) por concepto de sesiones de cómputo distrital, en las que participé en los años de 1991, 1994, 1995 y 1997; a contrario sensu a lo estipulado por los artículos 14, 25 y 26 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado, 123, apartado B, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en virtud de que no me las pagaron.

f).- La cantidad de $ 9,170.46 (nueve mil ciento setenta pesos 46/100 mn) por concepto de pago de mensualidad laborada durante el mes de enero de 1998, en virtud de que no me pagaron dicha mensualidad.

g).- La cantidad que determine el dictamen médico y el laudo por el deterioro causado en mi estado general de salud, por el trabajo realizado a partir del año de 1991 a 1997.

Al tenor de los siguientes:

A G R A V I O S

"I.- La resolución No. RR/SPE/056/97 de fecha 27 de enero de 1998 de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Federal Electoral, en virtud de que la misma se dictó contrario a lo señalado por el artículo 196 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral fuera del término de los treinta días naturales que tenía el Secretario Ejecutivo de emitirla dentro del período señalado sobre mi escrito denominado recurso de reconsideración, el cual le fue presentado el día 22 de diciembre de 1997, en consecuencia el tiempo que tenía como máximo para resolver era el 22 de enero de 1998, lesionado de esta manera el equilibrio y la justicia social en las relaciones que debían haber existido entre el trabajador y el Instituto Federal Electoral y por ende, lesiona con esta actitud ¨la resolución que se impugna¨ los derechos que como trabajador tenía, al no respetar el término legal para resolver y en consecuencia quebranta todo lo solicitado en mi escrito denominado recurso de reconsideración de haberle solicitado la revocación de la resolución administrativa No. DECEyEC/PA/2/97 de fecha 12 de diciembre de 1997 a fin de que se dictara una resolución favorable en el pago de las prestaciones que le reclamaba; en consecuencia al no hacerlo así, su interpretación del artículo 196 mencionado lo hizo de manera unilateral, ilegal y a todas luces contrario al último párrafo del artículo 14, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que a la falta de esta interpretación debió haberse fundado en los Principios Generales del Derecho y en este sentido debió prevalecer la interpretación más favorable al trabajador en virtud de que es una máxima de Justicia de que las normas de trabajo deben de aplicarse en favor del trabajador en caso de que la duda prevaleciera; quebrantándome mi economía familiar por ser la única fuente de ingresos.

2.- La resolución que se impugna lesiona mi situación laboral y económica en vista de que el Secretario Ejecutivo como autoridad resolutora nunca analizó mi situación que le exprese en mi recurso de reconsideración del 22 de diciembre de 1997 y sólo se concretó de impugnar, denegar todas las manifestaciones que le expresaba en dicho recurso, al tenor de decir en el Cuarto de los Considerandos de su resolución, de que el trabajador sí recibió el original del Oficio No. DESPE/1262/97 en virtud de que existe una firma autógrafa en el que se lee "Recibí Original"; efectivamente recibí el original pero del oficio No. VE/1854/97 del 21 de noviembre de 1997, pero del Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el D.F., como se desprende de este oficio que en su parte final dice: De que esa autoridad "Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el D.F., le corre traslado con la copia fotostática del oficio no. Despe/1262/97 que contiene la constancia de notificación de incumplimiento de la obligación referida" reconocimiento expreso de esta última autoridad de que sólo me corrió traslado con copia fotostática; por lo tanto el Secretario Ejecutivo al emitir la resolución que se impugna dejó de cumplir con su obligación de sustanciar y resolver mi recurso en los términos de la ley de la materia y de aplicar las normas del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales como rezan sus artículos 3, 86, 87 y 89 del mismo al no considerar mi recurso de reconsideración como su verdadero sentido de volver a construir y/o reconstruir dejando sin efecto su verdadero sentir y actuando de manera arbitraria e injusta acorde a su interpretación unilateral sin tomar en cuenta las consideraciones y finalidades que le expresé, causándome un daño irreparable a mis derechos de mi defensa al no tener los documentos originales en cuestión y por ende al no haberme permitido tener mejores condiciones de defenderme.

3.- La resolución que se impugna me causa agravios mismos que consisten de haber desestimado el Secretario Ejecutivo al momento de emitir su resolución RR/SPE/056/97 en el sentido de que no me asistía la razón de considerar incompetente y carente de personalidad al Director Ejecutivo de Capacitación Electoral y Educación Cívica ya que efectivamente el diverso artículo 188 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral señala que la investigación, sustanciación y resolución de las infracciones que motiven la aplicación de una sanción administrativa le corresponde al superior jerárquico del presunto responsable y que en el caso que nos ocupa el Director Ejecutivo de Capacitación Electoral y Educación Cívica, según su argumento, debe de entenderse como superior jerárquico del trabajador en virtud de que tuve el cargo de Vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica, adscrito a la 04 Junta Distrital Ejecutiva en el D.F., esto es continua diciendo, que de acuerdo a la organización interna del Instituto, el trabajador tenía como superior jerárquico al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el D.F., por ser el superior del órgano distrital donde prestó sus servicios y a su vez por su categoría de Vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica de la 04 Junta Distrital Ejecutiva, al titular de la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica, y dice, situación ésta que siempre fue del conocimiento del hoy recurrente; con este tipo de argumentos lesiona sin lugar a dudas el equilibrio y la justicia social en las relaciones entre el de la voz y el Instituto Federal Electoral toda vez de que la resolución que se impugna se detecta de que la autoridad resolutora nunca observó para emitir esa resolución normas del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales a que se refieren los artículos 70, párrafo 3, en el sentido de que el Instituto Federal Electoral se rige para su organización, funcionamiento y control por las disposiciones constitucionales relativas y las de este Código y en este sentido el numeral 72 del Código de la materia considera como órganos centrales del Instituto, al Consejo General, la Presidencia del Consejo General, la Junta General Ejecutiva y la Secretaría Ejecutiva, y el artículo 88, párrafo 1, de tal dispositivo legal determina cuales son los órganos electorales en una Entidad Federativa y el artículo 108, del propio Código reza o contempla como órganos distritales uninominales que representan al propio Instituto Federal Electoral en un distrito; de los preceptos legales invocados se desprende que sólo esos órganos electorales representan al Instituto Federal Electoral, ahora bien, la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica, es una Dirección Ejecutiva que forma parte de un órgano electoral reconocido por la Ley de la materia que se denomina Junta General Ejecutiva y que por ende, la Dirección Ejecutiva en cuestión no puede actuar por su cuenta, ni muchos menos, ser considerado como un órgano superior jerárquico. Por otro lado, es conveniente subrayar, que la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica tiene como atribuciones con base en el artículo 96 del Código de la Materia entre otras a).- Elaborar y proponer los Programas de Educación Cívica y Capacitación Electoral que desarrollen las Juntas Locales y Distritales Ejecutivas; b).- Coordinar y vigilar el cumplimiento de los programas a que se refiere el inciso anterior y g).- Acordar con el Secretario Ejecutivo los asuntos de su competencia; en tal sentido y de acuerdo a los apartados legales invocados en líneas anteriores. "Es responsabilidad, artículo 100, inciso a y b); artículos 101, inciso h); 110 inciso a), 111 inciso g), autoridades locales y distritales coordinar las vocalías a su cargo y distribuir entre ellas los asuntos de su competencia y ejecutar los programas de capacitación electoral y educación cívica" de lo que se refiere de que órganos locales y distritales instruyen a su Vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica. De acuerdo a estas disposiciones legales mencionadas el órgano superior jerárquico sería el Vocal Ejecutivo Distrital y/o Junta Ejecutiva Distrital y/o Vocal Ejecutivo de Junta Local y/o Junta Local de Entidad Federativa y/o Secretario Ejecutivo y/o Junta General Ejecutiva y/o Presidente del Consejo General y/o Consejo General. De acuerdo a lo anterior no ha lugar ni debió haberse considerado como Autoridad superior jerárquica a la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica en la resolución que se impugna en vista de los razonamientos jurídicos que se invocaron y a mayor abundamiento sin conceder ni reconocer la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica debió de haber sometido el asunto a la Junta General Ejecutiva del Instituto Federal Electoral y/o acordarlo con el Secretario Ejecutivo los asuntos de su competencia y al no hacerlo así el Secretario Ejecutivo debió en la resolución que se impugna en virtud de la falta de disposición expresa de haber revocado la resolución del 12 de diciembre de 1997 dictada en el expediente de Procedimiento para la Determinación de Sanción Administrativa No. DECEyEC/PA/2/97 de la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica y en caso de duda que hubiese tenido la autoridad resolutora en la resolución que se impugna debió de haber prevalecido la interpretación más favorable al trabajador. A mayor abundamiento y en obvio de repeticiones lo expresado en líneas anteriores vale para manifestar que al no existir ninguna disposición expresa de considerar a la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica como superior jerárquico del presunto responsable careció por ende de facultades para ostentarse como PATRON en virtud de que con esa calidad sólo la tiene el Secretario Ejecutivo, artículo 89, del Código de la Materia de representar legalmente al Instituto; sin embargo se observa en el cuerpo de la resolución que se impugna que el Secretario Ejecutivo reconoce que la calidad con la que se ostentó el Director Ejecutivo de Capacitación Electoral y Educación Cívica no lo hizo como autoridad sino en su carácter de patrón contrariando todas las normas laborales que regulan una relación de trabajo puesto que al no haberlo hecho como autoridad no tenía el derecho o el poder de mandar para hacerse obedecer ni mucho menos revestirse con la calidad de patrón y de esa manera me lesionó mis derechos laborales al conocer a un nuevo patrón en virtud de que nunca fui informado de esas calidades jurídicas toda vez que mi nombramiento del 11 de febrero de 1991 me lo otorgó el Presidente del Consejo Local en el D.F., que es una autoridad local de Entidad Federativa, así como el Director General del Instituto Federal Electoral, del 1o. de junio de 1993; del 9 de septiembre de 1996; por lo que en este sentido era obligación de haberme informado de dichas calidades y en mi carácter de trabajador no tenía la obligación de reconocerlo; en consecuencia al destituirme como Vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica deteriora mis derechos laborales por una resolución contraria a derecho y por ende quebranta mi economía.

4.- La resolución No. RR/SPE/056/97 de fecha de 27 de enero de 1998 emitida por la Secretaría Ejecutiva del Instituto Federal Electoral me causa agravios al deteriorar mi derecho al trabajo y por ende al pretender abolir mis derechos sobre las prestaciones a que tengo lugar, toda vez que en el Cuarto Considerando inciso 2 párrafo 4, la autoridad resolutora desecha las intenciones a que se refieren los artículos 82 párrafo 1 inciso W y 86 del Código de la materia al considerarlos que dichos dispositivos no tienen aplicación al procedimiento Estatutario en virtud de que estos se refieren a la facultad del Consejo General de imponer sanciones respecto de las irregularidades en que incurran los observadores electorales y las organizaciones a las que pertenezcan, los partidos políticos y las agrupaciones políticas y a la atribución que tiene la Junta General Ejecutiva para integrar los expedientes relativos a las faltas administrativas y los de imposición de sanciones a efecto de que el Consejo General determine sobre la misma; ahora bien, en vista de desechar estos dispositivos legales que tenían la intención de que mis manifestaciones expresadas en mi escrito 22 de diciembre de 1997 se sometieran a la consideración del Consejo General y que este determinará por qué se estaba cometiendo una injusticia en mi situación al pretender extinguirla una autoridad carente de personalidad y de que estaba actuando de manera improcedente y al tratarse de una excepción diríamos de especial pronunciamiento era necesario que la autoridad superior del Instituto Federal Electoral fuera el encargado de resolver, al tenor de que el Consejo General es la máxima autoridad de vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en materia electoral, así como de velar porque los principios de Certeza, Legalidad, Independencia, Imparcialidad y Objetividad, quien todas las actividades del Instituto; y en el caso concreto al no existir una disposición expresa sobre la personalidad y facultades de la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica era procedente someterla al Consejo General a fin de que se cumplieran sobre todo, los principios de Certeza, Legalidad y Objetividad, violentando de esta manera lo señalado por el Art. 73 del Código de la materia.

5.- La resolución que impugna del 27 de enero de 1998 lesiona el derecho que tengo sobre el trabajo en vista de que se trata de una garantía social mínima, por lo que la voluntad de la autoridad resolutora es ineficaz para modificar o alterar la relación que tuve de 1991 hasta el año de 1997 con el Instituto Federal Electoral, al expresar en el considerando cuarto inciso tres de su resolución, de que en ningún momento reconoció "de que nunca se precisó el número de oportunidades, que el acuerdo del 29 de mayo de 1996 le otorgó a efecto de sustentar el examen de Expresión Escrita, según el dicho de ella y agrega que desde el 7 de julio el trabajador tenía conocimiento"; expresiones de manera confusa y mañosa, ya que la intención de mi escrito fue en el sentido de que nunca se me corrió traslado con las copias certificadas del oficio No. DESPE/1262/97, así como en copias certificadas de la constancia de notificación de incumplimiento de la obligación referida en el momento del inicio de procedimiento administrativo para la aplicación de sanciones; de que si bien es cierto de que di respuesta en tiempo y forma, también es cierto, de que no tuve las condiciones legales para mejorar mi defensa, al carecer de esos documentos de traslado en originales o en copias certificadas; a mayor abundamiento; ¨La autoridad resolutora continua diciendo que el acuerdo aprobado por la Junta General Ejecutiva en sesión celebrada el 29 de mayor de 1996, dice que se establecen el número de oportunidades que tendrán los miembros del Servicio Profesional Electoral para acreditar cada una de las materias`; hecho futuro, a una relación laboral que se emprendió el 1o. de febrero de 1991 y de esta manera modificó o alteró las disposiciones de la Legislación Federal del Trabajo Burocrático aplicada de manera supletoria que sólo podría haberse dado esta modificación para operar en el beneficio del trabajador; sin embargo dice la autoridad resolutora, "de que en caso de que prevaleciera la no acreditación de las materias y una vez agotadas las oportunidades se procederá conforme a lo dispuesto al Estatuto del Servicio Profesional Electoral, previa notificación a la Junta General Ejecutiva del Instituto"; al tenor de lo expresado en esta resolución que se impugna y a la No. RR/SPE/056/97 y a las constancias procesales desde que se dio inicio al procedimiento para la determinación de Sanción Administrativa No. DECEyEC/PA/02/97 nunca notificaron a la Junta General Ejecutiva del Instituto Federal Electoral de su encausamiento por lo que de esta manera actuaron de manera unilateral y el Secretario Ejecutivo que emitió la resolución RR/SPE/056/97 nunca observó esta anomalía procesal de gran envergadura que permitió golpear y lesionar mis derechos ocasionándome un gran prejuicio económico. Por otro lado, es válido mis argumentos jurídicos expresados y que en obvio de repeticiones ténganse como transcritos respectos de lo que continua diciendo la autoridad responsable en la resolución que se impugna en este considerando cuarto inciso tres, no sin antes subrayar que se advierte que en ninguno de su comentarios y/o argumentos y/o razonamientos jurídicos demuestre de que la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica sin que la tenga el de la voz como reconocida su personalidad, dio cabal cumplimiento a lo señalado por los artículos 187, 188 Y 189 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral como de haber investigado el grado de responsabilidad, los antecedentes, condiciones y circunstancias socio-económicas de José Antonio H. Anzaldo Sotres; que era un trabajador responsable y con una edad cronológica de 72 años de edad y de que es la principal fuente de ingresos de su familia por lo que nunca investigó sólo se ocupó dicha autoridad en su resolución que se impugna a darle cauce al procedimiento, a sustanciarlo y emitir su resolución por lo que en este momento le pido a vuestra Señoría tenga a bien de hacer un análisis minucioso, ya que con esta actitud y conducta presentada de la resolución que se impugna en virtud de haber sido omisa, aunado a lo anterior miente la autoridad resolutora que yo haya ingresado al servicio profesional electoral el 15 de diciembre de 1992; la fecha correcta fue de el primero de febrero de 1991; actitud que cambia fecha de ingreso de manera intensional.'

6.- La resolución RR/SPE/056/97, del 27 de enero de 1998, lesiona de manera grave mi derecho al trabajo, la relación laboral que tuve con el Instituto Federal Electoral, la honestidad con que siempre me he ostentado y mi libertad, al afirmar en el cuarto considerando, inciso seis, último párrafo, mediante escrito del 26 de enero de 1998, recibido en esta misma fecha, solicitaba que se me informara respecto al trámite de mi recurso de reconsideración y, que en su caso, se sometiera al conocimiento del Consejo General; de nueva cuenta, miente la autoridad de la resolución que se impugna en virtud de que yo le solicité al Presidente del Consejo General, instruyera a quien correspondiera para que dictara la resolución sobre mi recurso de reconsideración, o en su caso, este recurso lo sometieran al Consejo General para su determinación, o en caso contrario, que no se cumpliera con esta solicitud, le formule una interrogante al Presidente del Consejo, "Debo considerar en virtud del tiempo transcurrido el reconocimiento pleno de esa autoridad de lo que reclamo en mi recurso en vista de la rebeldía."

Ahora bien, la autoridad resolutora de la resolución que se impugna de nueva cuenta sigue mintiendo, al expresar que mi recurso de reconsideración fue recibido en la Secretaría Ejecutiva el 29 de diciembre de 1997 y no según el dicho de ella el 23 de diciembre de 1997 y pretende todavía justificarse que el plazo para resolverlo concluía el 28 enero de 1998; absurdo, y con todo respeto miente la autoridad resolutora, lo cierto es de que mi escrito de recurso de reconsideración repite lo presenté el 22 de diciembre de 1997 a las 14:45 horas que en ese momento se encontraba una persona que dijo llamarse Armando, que con su puño y letra puso su nombre, la fecha, la hora y el sello de la Oficialía de Partes; persona que presumiblemente tiene como apellidos Sánchez Pantoja; ahora bien, con esta actitud de mentiras y falsedades de la autoridad de la resolución que se impugna, violentó en mi perjuicio lo señalado por los artículos 196 y 197 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral al pretender que se acepte como válida la resolución RR/SPE/056/97 del 27 de enero de 1998, dictada fuera de tiempo y contrario a todas las normas que regulan las relaciones laborales mencionadas en la Legislación Federal del Trabajo Burocrático, la Ley Federal del Trabajo, el Código Federal de Procedimientos Civiles, las Leyes del Orden Común, los Principios Generales de Derecho y a la equidad aplicados de manera supletoria al no aplicar el principio, de que en caso de duda, las normas de trabajo deben aplicarse en favor del trabajador, en vista de que no resolvió dentro del término legal, y a mayor abundamiento, en virtud de la rebeldía acusada; en consecuencia, esta resolución que se impugna es nula de pleno derecho, y por ende, al haber sido separado de mi trabajo injustificado, quebranta mi estatus viviente."

Dicha demanda la fundó en los siguientes hechos:

"I. El primero de febrero de mil novecientos noventa y uno, ingresé a trabajar al servicio del Instituto Federal Electoral en el puesto de Vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica, con el nombramiento emitido por el Presidente del Consejo Local del Distrito Federal de fecha 11 de febrero de 1991, adscribiéndome en el Distrito Federal número XI en esta Ciudad de México; el 1o. de junio de 1993, confirmó mi designación y con ese carácter el Director General del Instituto Federal Electoral, para que más tarde el nueve de septiembre de mil novecientos noventa y seis por acuerdo del Consejo General del Instituto Federal Electoral, fui adscrito a la Junta Distrital Ejecutiva 04 del Distrito Federal, mientras el nombramiento del Secretario General en funciones; con un salario diario de $305.68 y con una mensualidad de $9,170.46.

II. De acuerdo a lo anterior, he tenido una relación laboral de siete años trabajando de manera ininterrumpida, consistiendo mis labores en: cumplir de acuerdo a las instrucciones que recibía de la Junta Distrital y del Vocal Ejecutivo de los Distritos Electorales mencionando en el párrafo anterior y coadyuvar con los programas anuales de las actividades de capacitación a la evaluación que determinaban las Juntas Distritales Ejecutivas señaladas, y por ende, coadyuvar al Vocal Ejecutivo en cuestión, en ejecutar dichos programas; la identificación de estas actividades eran las que se refieren los artículos 109 y 110 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, participando en las sesiones mensuales presentando el avance de dicho programa y las que me instruía el Vocal Ejecutivo y capacitaba a los ciudadanos que habrían de integrar las mesas directivas de casillas en los términos del Título Quinto del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. Cabe hacer la aclaración que en los tiempos de no proceso, este programa de actividades de capacitación electoral y educación cívica, eran coordinados y vigilados por la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica a las Juntas Ejecutivas Distritales y a los Vocales Ejecutivos, quienes a su vez, ejecutaban con las actividades que realizaba con mi vocalía de capacitación electoral y educación cívica de dichos programas, en este sentido, tenía un horario de labores de las 9:00 a 15:00 y de 17:00 a 21:00 horas, de lunes a viernes, y los sábados se realizaban guardias con el mismo horario de forma alternada con los Vocales de la Junta Distrital, correspondiéndome realizar una guardia mensual, esto aconteció durante los años de 1991, 1993 y 1996.

En los tiempos de proceso electoral de los años 1991, 1994 1995 y 1997, para los efectos de que pudieran llevarse las elecciones federales como locales en el Distrito Federal; todos los días tuve que trabajar a partir de su inicio de cada uno de los procesos hasta su conclusión, toda vez de que todos los días eran hábiles, y coadyuvar con el Vocal Ejecutivo y Presidente del Consejo de esos Distritos, desde la primera sesión y asistiendo única y exclusivamente para efectos informativos a las sesiones de Consejo General y Local, y participando durante los años mencionados en las sesiones que realizaban las Juntas Distritales Ejecutivas XI y 04; ahora bien, participando también en las actividades de manera directa y que deberá de dar cuenta a esas autoridades distritales a las que se refiere el artículo 193, párrafo 1, incisos b), c), d) y aplicar lo determinado en el inciso e), cumplir con las actividades de los incisos f) y g), coadyuvar con el Presidente del Consejo Distrital respectivo referente al inciso h); las actividades señaladas por los artículos 196, párrafo 1, el 197, párrafo 2, observar y cumplir la integración del párrafo 3, así como el de coadyuvar para el mejor desarrollo de la jornada electoral a que se refieren los artículos: 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237 y 238, que consistían en haber capacitado a los funcionarios de las mesas directivas de casillas, de orientar en casos de duda sus actividades, siempre respetando la ley, apoyar al propio Presidente del Consejo Distrital en los problemas que se presentaran el día de la jornada electoral, como el auxiliarlo en el canto de los resultados preliminares como de los cómputos distritales; todos los artículos mencionados son del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, el horario de actividades realmente no existía en virtud de que todos los días eran hábiles, en consecuencia, todas estas actividades se tenían que realizar, porque en caso contrario, no hubieran estado preparadas las elecciones, por lo que la jornada laboral era generalmente de las 8:00 de la mañana a las 04:00 horas del día siguiente para regresar de inmediato a las oficinas que siempre han estado en Calzada de Guadalupe número 717, Colonia Aragón Villa, Delegación Gustavo A. Madero, en virtud de que mi domicilio particular es cercano a estas oficinas. Generalmente llevaba a cabo guardias en los Distritos Electorales XI y 04, toda vez que los demás Vocales Ejecutivos, Secretarios y Organización Electoral y el Registro Federal de Electores, sus domicilios particulares están demasiado retirados; ahora bien, la jornada laboral en las jornadas electorales como fueron las del 19 de agosto de 1991 a la del 21 de agosto de 1994, y la del 6 de julio de 1997, iniciamos como consta en las actas que levantó el Consejo Distrital fueron desde las 08:00 de la mañana del día de la jornada electoral hasta las 11:00 horas del día siguiente y de los cómputos distritales llevados a cabo el 22 de agosto de 1991, 24 de agosto de 1994 y el 9 de julio de 1997, fue de las 08:00 de la mañana a las 11:00 de la mañana del día siguiente.

En el año de 1997, además de las elecciones federales locales, preparé todas las actividades concernientes a la jornada infantil del 6 de julio de 1997, también en esos horarios.

En cuanto al año de 1995, realicé actividades de insaculación, de capacitación, de selección de ciudadanos que actuaron como funcionarios de mesas directivas de casillas y coadyuvé en la jornada electoral para la elección de consejeros delegacionales.

De todos los eventos señalados en párrafos anteriores, se levantaron las actas de las sesiones mensuales de los Consejos, de las Juntas Distritales, de las jornadas electorales y de los cómputos distritales. En ellos, estoy seguro que se observan el desarrollo, el avance y el cumplimiento de las actividades en que participé, mismas actas que obran y le constan a la autoridad demandada.

III. En cuanto a mi salario, y en virtud de los movimientos económicos, fueron variando hasta llegar a una cantidad diaria de $305.68 por día, y al mes de $9,170.46.

IV. El 21 de noviembre de 1997, mediante oficio número VE/1854/97, el Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el Distrito Federal, me notificó su oficio en el que me decía y me enteraba el procedimiento administrativo para la aplicación de sanciones, corriéndome traslado con la copia fotostática del oficio número DESPE/1262/97 que contiene la constancia de notificación de incumplimiento de la obligación referida, mediante el cual, me otorgaba un plazo de diez días hábiles, este escrito y los documentos que me acompañaron éstos últimos en copias fotostáticas, los recibí el mismo día 21 de noviembre de 1997, estampando la leyenda "Recibí Original", pero exclusivamente en cuanto al original del oficio VE/1854/97.

De acuerdo a lo anterior, el 27 de noviembre de 1997, presenté un escrito al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el Distrito Federal y al Director Ejecutivo del Servicio Profesional Electoral, que consistía en el sentido de solicitar benevolencia de acuerdo a mi edad de 72 años, a los esfuerzos físicos y a mi comportamiento en el desempeño de las actividades; posteriormente, y estando dentro del término legal, le presenté un escrito al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el Distrito Federal el 1o. de diciembre de 1997, haciéndole valer los hechos y las consideraciones de derecho, y a partir de ahí, le manifesté el estado de indefensión.

El Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del Distrito Federal, remitió los dos escritos señalados en los párrafos anteriores al Director Ejecutivo de Capacitación Electoral y Educación Cívica del Instituto Federal Electoral, mismo que resolvió mi situación jurídico laboral el día 12 de diciembre de 1997.

Estando dentro del término legal que me concedió el artículo 192 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral, procedí a interponer recurso de reconsideración en contra de la resolución administrativa número DECEyEC/PA/2/97 del 12 de diciembre de 1997, por considerarla a todas luces ilegal e improcedente de acuerdo a los hechos, pruebas y a las consideraciones de derecho que invoqué con el ánimo de que el Secretario Ejecutivo revocara la resolución impugnada y resolviera el pago de las prestaciones a que tengo derecho. El recurso de reconsideración lo presenté ante la Oficialía de Partes del Instituto el día 22 de diciembre de 1997 a las 14:45 horas y cuyo encargado de esta Oficialía dijo llamarse Armando, mismo que estampó de su puño y letra la leyenda Armando, 97 Dic. 22, 14:45 y el sello de la Oficialía de Partes.

Cabe hacer la aclaración de que a pesar de la resolución del doce de diciembre de mil novecientos noventa y siete del Director Ejecutivo de Capacitación Electoral y Educación Cívica, seguí desempeñando mi jornada laboral en la 04 Junta Distrital Ejecutiva en el Distrito Federal, durante los últimos días de 1997 y hasta el 29 de enero de 1998, fecha en la que hice entrega de todas las herramientas como de la memoria del proceso electoral de 1997, fecha en la que me separaron del cargo de Vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica; de tal modo, reclamé el pago de la mensualidad de ese mes de enero por así haberlo trabajado, como les consta a los integrantes Vocales de la 04 Junta Distrital Ejecutiva en el Distrito Federal, señores licenciados: Agustín Martínez de Castro Astiazaran, Rosa Imelda Téllez Hernández, José Luis Fernández Castrejón, Benjamín Hernández Avalos y la secretaria señora Juana Evangelina Jiménez.

El 23 de enero de 1998 a las 12:18 horas presenté a través de la Oficialía de Partes del Instituto, un escrito dirigido al Presidente del Consejo General del Instituto Federal Electoral, consistente (sic) de que hasta la fecha no se había resuelto mi recurso de reconsideración, y que por tal motivo, le solicité instruyera a quien corresponda y/o sometiera mi recurso de reconsideración al seno del Consejo General para su determinación, o en caso contrario en virtud del tiempo transcurrido, que en vista de la rebeldía, se tuviera por reconocido plenamente por esa autoridad lo que le reclamaba en mi escrito. Posteriormente el veintisiete de enero de mil novecientos noventa y ocho, fuera de los términos legales a que se refieren los artículos 196 y 197 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral resolvió con oficio número RR/SPE/056/97 del 27 de enero de 1998 mi recurso de reconsideración, resolución que me fue notificada mediante correo certificado número 3087 el día 30 de enero de 1998.

V. En virtud de la resolución aludida que quedaba destituido del cargo de Vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica, invocando indebidamente causales de improcedencia y adaptándose personalidades que no le otorga la ley e incurriendo en irregularidades procesales me despide injustificadamente, es por ello, que estando dentro del término legal a que se refiere el artículo 96 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, formulo y demando al Instituto Federal Electoral el pago de las siguientes prestaciones de acuerdo al numeral 123, apartado B, fracción IX, párrafo II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 108, párrafo 1 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, artículos 26 y 39 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio de Estado, 14 y 25 de esta misma ley y 66 y 68 de la Ley Federal del Trabajo.

La cantidad de $27,511.38 (Veintisiete mil quinientos once pesos 38/100 M.N.) por concepto de indemnización; la cantidad de $25,677.12 (Veinticinco mil seiscientos setenta y siete pesos 12/100 M.N.) por concepto de los doce días por año durante los siete años laborados para el Instituto Federal Electoral a partir del año de 1991 a 1997; la cantidad de $559,398.06 (Quinientos cincuenta y nueve mil trescientos noventa y ocho pesos 06/100 M.N.) por concepto de horas extraordinarias trabajadas durante los años en los que hubo procesos electorales de 1991, 1994, 1995 y 1997, (Quinientos cincuenta y nueve mil trescientos noventa y ocho pesos 06/100 M.N.)(sic); mi jornada ordinaria de trabajo era de 09:00 a 15:00 y de 17:00 a 21:00 horas, pero durante todos los días de los meses de febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre y octubre de años en que hubo procesos electorales de los años citados, en virtud de que era una obligación trabajarlos por necesidades del servicio, trabajé durante todos esos días tiempo extraordinario de las 21:00 hasta las 04:00 horas del día siguiente que ascienden a un total de 5,670 horas extraordinarias por los procesos federales electorales citados, más 840 horas extraordinarias trabajadas durante el proceso electoral local que hacen un total general de 6,510 horas; en consecuencia, adeudándoseme por tal concepto, repito la cantidad de $559,398.06 (Quinientos cincuenta y nueve mil trescientos noventa y ocho pesos 06/100 M.N.), no debiéndose confundir lo señalado por el artículo 171, párrafo 3, respecto a la compensación que como derecho lo recibí pero con el carácter calidad de trabajo, mas nunca como la cantidad de trabajo en horas extraordinarias realizadas; la cantidad de $5,502.24 (Cinco mil quinientos dos pesos 24/100 M.N.) por las jornadas inhumanas que participé en las jornadas electorales de los días 19 y 20 de agosto de 1991, así como las del 21 de agosto al 22 de agosto de 1994 y la del 6 al 7 de julio de 1997, cuyas actividades se iniciaron y se trabajaron de las 08:00 de la mañana a las 11:00 horas del día siguiente y por ese motivo se me adeudan; la cantidad de $5,502.24 (Cinco mil quinientos dos pesos 24/100 M.N.) por la participación laboral que tuve en las sesiones de cómputo distrital, en los días 22 y 23 de agosto de 1991, en los días 24 y 25 de agosto de 1994 y del 9 y 10 de julio de 1997, considerándose como jornada inhumana en estos cómputos distritales que iniciaron a las 08:00 de la mañana y concluyeron a las 11:00 horas de la mañana del día siguiente; la cantidad de $9,170.46 (Nueve mil ciento setenta pesos 46/100 M.N.) que se me adeudan por concepto del pago de mensualidad laborada durante el mes de enero de 1998, ya que ese tiempo estuve trabajando la "memoria procesal" de 1997 que me correspondió como Vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica, separándome y entregando todas las herramientas y la documental de la memoria procesal al Vocal Ejecutivo, licenciado Agustín Martínez de Castro Astiazaran, de la 04 Junta Distrital Ejecutiva en el Distrito Federal el día 29 de enero de 1998; la cantidad que determine esta Sala Superior del Tribunal Electoral sobre los riesgos físicos y mentales que me causó todas las actividades realizadas como Vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica durante todo el tiempo que trabajé de 1991 a 1997 al servicio de la demandada Instituto Federal Electoral, y desde estos momentos, me pongo a su disposición de esa Sala Superior para que designe el perito médico, que considere y emita un dictamen pericial médico sobre el estado de salud que guardo, si bien es cierto que tengo el derecho de designar en este momento, renuncio a ese derecho a efecto de no crear controversias, sino que las partes se sometan a lo que esa alta autoridad determine".

V. El dieciocho de febrero del año en curso, el Magistrado Presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación turnó el expediente en que se actúa a la Magistrada Alfonsina Berta Navarro Hidalgo, para los efectos previstos en el Libro Quinto de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

VI. Oportunamente la Magistrada Instructora requirió al actor para que aclarara su demanda, respecto de la prestación relativa al pago por el deterioro causado en su estado general de salud por el trabajo realizado en los años de mil novecientos noventa y uno a mil novecientos noventa y siete.

VII. Por escrito recibido en este Tribunal el cuatro de marzo del año en curso, José Antonio H. Anzaldo Sotres, para cumplimentar tal requerimiento, manifestó lo siguiente:

" a) Durante el año de 1991 el Instituto Federal Electoral me contrató durante el mes de febrero de este año para que realizara las actividades inherentes de la Vocalía de Capacitación Electoral y Educación Cívica mismas que han quedado descritas en el Capítulo denominado "hechos" de mi demanda; que en ese tiempo contaba con una edad cronológica de 65 años de edad y mis facultades físicas y mentales se encontraban en buen estado, ya que para este fin se tuvo que exhibir un certificado médico, mismo que sin lugar a duda obra en el expediente administrativo que para tal fin constituyó la demanda "Instituto Federal Electoral" por lo que en este momento le solicito a Vuestra Señoría la requiera en el momento del emplazamiento.

b) En el año de mil novecientos noventa y tres y debido a presiones laborales a que estuve sometido durante el Proceso Electoral de 1991 y en conocer el Distrito Electoral y notificar personalmente a los ciudadanos insaculados que posteriormente recibieron de mi parte, capacitación electoral y seleccionar entre estos a los más aptos para funcionarios de mesas directivas de casillas y así como a las inclemencias climatológicas durante el mes de julio de 1991 trajo como consecuencia la disminución de mis facultades auditivas, causa por la cual y en una revisión a mis oídos, la empresa Miracle-Ear "Oído Milagroso" ubicada en el Gran Bazar Tepeyac en Calzada de Guadalupe número 431 esquina Henry Ford, Colonia Guadalupe Tepeyac, código postal 07840 de México, Distrito Federal, recomendó y me adaptó un aparato auxiliar auditivo JC Miracle-Ear derecho; más tarde y en el año de 1993 "Noviembre" fui atendido en la Clínica 11 del Instituto Mexicano del Seguro Social, por fuertes dolores en las rodillas principalmente en la derecha a consecuencia de los largos y agotadores recorridos que realicé en el año de 1991 y además por las actividades que realicé, en diferentes establecimientos educativos, como coadyuvancia en las tareas del Registro Federal de Electores; de estas estuvieron enterados e informados la XI Junta Distrital Ejecutiva en el Distrito Federal, y la Junta Local Ejecutiva en el Distrito Federal, por lo que en este momento le solicito tenga a bien de requerirlos a estos órganos electorales en los domicilios que en el cuerpo de mi demanda se señalan los informes; por las razones anotadas, le adjunto en original el documento privado número 081-C del 30 de octubre de 1993; así como la documental pública del Instituto Mexicano del Seguro Social "interconsulta a especialidad" y cuatro placas de radiografías en las que se detectan mi deterioro.

c.- El 28 de enero de 1994; fui atendido en la Clínica 11 del Instituto Mexicano del Seguro Social por fuertes dolores en mi columna vertebral, por lo que me sacaran dos placas radiográficas de la espina dorsal, detectando desviación de la columna; todo esto derivado, porque tuve que cargar cajas conteniendo material didáctico electoral para su difusión, este tipo de esfuerzos fueron observados por los colaboradores de la XI Junta Distrital Ejecutiva en el Distrito Federal, de aquel tiempo, por lo que pido se citen a los señores: Marcos Casas Meza, con la categoría de chofer en la 04 Junta Distrital Ejecutiva en el Distrito Federal, con domicilio en Calzada de Guadalupe número 717 colonia Aragón-Villa código postal 1700 Delegación Gustavo A. Madero, México, Distrito Federal, y al Licenciado José Manuel Hernández Castañeda, Vocal de Organización Electoral de la 28 Junta Distrital Ejecutiva en el Distrito Federal, con domicilio en segunda cerrada de Plan Sexenal número 42, colonia Tierra Nueva, Delegación Xochimilco código postal 16030 de México, Distrito Federal, personas a que solicito les citen ya que bajo protesta de decir verdad, no las puedo presentar en la fecha y hora que se señale para el desahogo de dicha probanza, y que en el momento procesal oportuno se les interrogue al tenor de: si saben y les consta los esfuerzos que aplicaba el señor José Antonio H. Anzaldo Sotres, para cargar las cajas de los materiales electorales didácticos y si saben y les constan la persona que se encargaba de distribuir el material didáctico electoral en ese año de mil novecientos noventa y cuatro; si saben y les consta qué persona fungía como Vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica durante ese año de 1994 en la XI Junta Distrital Ejecutiva en el Distrito Federal. Adjunto dos placas radiográficas de mi espina dorsal del 28 de enero de 1994 e interrogatorios en sobre cerrados de dichos testigos.

d.- El 2 de diciembre de 1994; fui atendido en el Hospital General Tlaltelolco con el carácter de urgente en virtud de una remia conjuntiva mixta, todo derivado como consecuencia de las actividades realizadas para ordenar el archivo de todo el material empleado en el ámbito de la capacitación electoral durante el proceso electoral de 1994; ya que para este fin requería la XI Junta Distrital Ejecutiva en el Distrito Federal, así como la Junta Local Ejecutiva en el Distrito Federal, informes respecto a los ciudadanos que actuaron, su actuación, como un análisis de la documentación electoral, estos informes obran en el archivo del propio Instituto Federal Electoral y que en mi demanda le solicito a esa respetable Sala Superior los requiera a la demandada porque yo no cuento con ellos, bajo protesta de decir verdad.

Adjunto la documental pública consistente en la "interconsulta a especialidad" del Instituto Mexicano del Seguro Social del 2 de octubre de 1994.

e.- El 5 de agosto de 1996; fui atendido en el Hospital General de zona Tlaltatelolco en urgencias, interconsulta a especialidad en la que me diagnosticaron conjuntivitis bilateral en ambos ojos por un fuerte dolor de ojos, derivado por el empleo del material electoral al tener bastante polvo y que utilicé en las jornadas cívicas infantiles y juveniles aplicadas en diferentes establecimientos educativos, de estas tareas estuvieron informadas la XI Junta Distrital Ejecutiva y la Junta Local Ejecutiva en el Distrito Federal, y que en obvio de repeticiones solicito que se lo requiera a la demandada ya que estuvo informada; adjunto la documental pública del 5 de agosto de 1996 descrita.

f.- El 21 de octubre de 1996; fui atendido por el Hospital General número veintisiete Tlaltelolco del Instituto Mexicano del Seguro Social en interconsulta a especialidad con el carácter de urgente y el diagnóstico fue diplopía vertical acrecentada por las actividades que realizaba, derivadas por el empleo del material electoral al tener bastante polvo y que utilice en las jornadas cívicas infantiles y juveniles aplicadas en diferentes establecimientos educativos, de estas tareas estuvieron informadas la 04 Junta Distrital Ejecutiva y la Junta Local Ejecutiva en el Distrito Federal, y que en obvio de repeticiones solicito que se lo requiera a la demandada ya que estuvo informada; adjunto la documental pública del 21 de octubre de 1996 descrita.

g.- El 19 de mayo de 1997, y en pleno proceso electoral de mil novecientos noventa y siete en virtud del empleo del material electoral consistente en material didáctico para la capacitación de los funcionarios de las mesas directivas de casilla mismos que era de papel reciclado y se encontraba cubierto de "hongos" por tal motivo me ocasionaron una infección en las dos manos levantándome ámpulas por lo que vi la necesidad de recurrir al Doctor Fernando Montes de Oca M., dermatólogo en ese día, mismo que tiene su domicilio en la calle de Durango número 290 departamento 706, colonia Roma, código postal 06706 de México, Distrito Federal, por lo que pido se le cite ya que no estoy en condiciones bajo protesta de decir verdad de hacerlo comparecer en la fecha y hora que se señale para el desahogo de esta prueba testimonial, para que manifieste: si sabe y le consta, la causa por la cual emitió la receta, ponerle a la vista dicho documento. Del día 19 de mayo de 1997; la persona a quien emitió dicha receta. Se adjunta la documental privada del doctor Fernando Montes de Oca M. A pesar de este incidente continúe laborando con las manos vendadas hasta la conclusión del proceso electoral; de esta situación fueron testigos de tal hecho los señores licenciados Agustín Martínez de Castro Astiazaran, señora licenciada Rosa Imelda Téllez Hernández, licenciado José Luis Fernández Castrejón y licenciado Benjamín Hernández Avalos, vocales todos ellos de la 04 Junta Distrital Ejecutiva en el Distrito Federal y que en mi demanda ofrecí la testimonial de cada uno de ellos, por lo que pido que en el interrogatorio que acompañe se incorporen las siguientes preguntas: 1.- Que digan si saben y les consta, que durante las labores desempeñadas por el Vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica, se infectó las manos con el material didáctico utilizado en el proceso electoral de 1997. 2.- Que digan si saben y les consta, que el Señor José Antonio H. Anzaldo Sotres, continuó laborando la jornada electoral con las manos vendadas, adjunto interrogatorios en sobres cerrados.

De acuerdo a los hechos constitutivos narrados de la afectación; como las fechas en las que se presentó las limitaciones físicas y las causas que la originaron; el Señor José Antonio H. Anzaldo Sotres, padece de sordera del órgano derecho auditivo y de desviación de la columna vertebral, como se demuestra con las documentales públicas y privadas que se hacen acompañar y que no se designa Perito Médico por no tener solvencia económica al tenor de la vejez con la que cuento. Nunca presenté el aviso al Instituto Federal Electoral del padecimiento sufrido, pero sí estaba enterado, a través de sus funcionarios que se citan en este escrito, nunca el Instituto Federal Electoral me preguntó cuál era mi estado de salud que guardaba. De la misma manera le adjunto copia fotostática de mi acta de nacimiento ya que el original de una de ellas obra en el expediente administrativo que constituyó el Instituto Federal Electoral, así como mis datos curriculares. ."

VIII. Por auto de seis de marzo del presente año, la Magistrada Electoral encargada de la instrucción admitió a trámite la demanda y ordenó emplazar al Instituto Federal Electoral, quien por escrito presentado el veintitrés de marzo del mismo año, por conducto de su apoderada Leticia Salgado Méndez, contestó la demanda, de la manera que a continuación se transcribe:

"CONTESTACIÓN AL CAPITULO DE PRESTACIONES

a). Carece de acción y de derecho el actor para demandar la cantidad de veintisiete mil quinientos once pesos con treinta y ocho centavos por concepto de indemnización, que funda en lo dispuesto en el párrafo 1, del artículo 108, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, en virtud de que al mismo se le aplicó de manera justificada la sanción administrativa de destitución al haber incumplido la obligación contenida en los artículos 168, párrafo 6, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, 77 y 109, fracción IV, del Estatuto del Servicio Profesional Electoral, así como el acuerdo de fecha 29 de mayo de mil 1996, emitido por la Junta General Ejecutiva del Instituto Federal Electoral en el que se establece el número de oportunidades que tendrán los miembros del Servicio Profesional Electoral para acreditar cada una de las materias que comprenden las fases del programa de formación y desarrollo profesional, al no haber aprobado la materia de Expresión Escrita, del programa de formación y desarrollo profesional en los términos y condiciones de la normatividad antes señalada.

b). Carece de acción y de derecho el actor para pretender el pago de la cantidad de $25,677.12 por concepto de prima de antigüedad, a que se refiere el artículo 108, párrafo 1, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, en primer término porque al demandante se le aplicó de manera justificada la sanción de destitución al incumplir con la obligación contenida en los artículos 168, párrafo 6 del código electoral, 77 y 109, fracción IV del Estatuto del Servicio Profesional Electoral, así como el acuerdo del 29 de mayo de 1996, emitido por la Junta General Ejecutiva, señalado en el inciso anterior, en segundo término en todo caso, para la cuantificación de la prima de antigüedad a que se refiere dicho precepto, debe estarse a lo dispuesto en el artículo 162, en relación con el 485 y 486, de la Ley Federal del Trabajo, criterio este, que incluso ha sido tomado por ese Tribunal, en todos y cada uno de los casos que ha resuelto en donde ha condenado al Instituto al pago de prima de antigüedad, respecto al número de años de antigüedad, deberá tenerse por controvertido en los términos que se precisaron al dar contestación al hecho número 1 de la presente demanda.

c). Carece de acción y de derecho el actor para reclamar el pago de la cantidad de $559,398.06 por concepto de horas extraordinarias laboradas durante los años de 1991, 1994, 1995 y 1997, resultando inaplicables los artículos que invoca como fundamento de su pretensión ya que las relaciones del Instituto con sus trabajadores se rigen por el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, el Estatuto del Servicio Profesional Electoral y es aplicable la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, además de que, desde este momento se niega que el demandante hubiese laborado tiempo extraordinario al servicio del Instituto, oponiéndose de manera cautelar la excepción de caducidad respecto del reclamo de horas extras de los años que menciona en este apartado y aquellas que no fueron reclamadas dentro del término de quince días hábiles posteriores a la fecha en que se hizo exigible el pago a la fecha de presentación de la demanda 17 de febrero de 1998.

También carecería de acción y de derecho para reclamar el pago de tiempo extraordinario, toda vez que, el Instituto en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 171, fracción III, del Estatuto del Servicio Profesional Electoral, otorgó al hoy demandante una compensación derivada de las labores extraordinarias que pudo haber realizado con motivo de la carga laboral del año electoral, entregándole la cantidad de que consta en la nómina respectiva que será ofrecida como prueba en el momento procesal oportuno, la cual fue recibida por el hoy accionante a su entera conformidad.

Ahora bien, respecto a la afirmación de que laboró horas extras, en todo caso, le corresponde la carga de la prueba, a fin de acreditar su afirmación, atento a lo señalado por la tesis que a continuación se transcribe:

"Horas extras. (artículo 39) Para que las horas extras sean pagadas por el titular, es necesario que el trabajador compruebe la prestación del servicio, su número y los días en que fueron trabajadas (Laudo: Expediente número 91/97. Fernando García Zamora contra Jefe del Departamento del Distrito Federal).

Informe de labores del Tribunal de Arbitraje 1963, del Boletín de Informe Judicial, del último Apéndice de Jurisprudencia al Semanario Judicial de la Federación, que contiene los fallos pronunciados por nuestro más alto Tribunal en los años 1917 a 1975."

Asimismo solicito a ese H. Tribunal, que al momento de resolver el presente conflicto y en el supuesto de que considerara que no es aplicable al caso que nos ocupa la tesis transcrita con anterioridad, relacionada por el reclamo de horas extras, tome en cuenta la tesis I 6º. T.7 sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo, del Primer Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación No. 41, página 41, del mes de mayo de 1991, que a la letra dice:

"HORAS EXTRAORDINARIAS.- APRECIACIONES EN CONCIENCIA POR LAS JUNTAS.- Es verdad que a la parte demandada le corresponde probar la duración de la jornada de trabajo; sin embargo, la Junta al absolver del pago de tiempo extraordinario que se demandó, lo hizo correctamente y apreciando libremente esa cuestión pues se estimó que no era creíble que el actor trabajara diariamente jornada extraordinaria, sin que se le retribuyera lo cual constituye las simples apreciaciones que llevan los hechos a la conciencia de los integrantes de las propias Juntas."

Oponiéndose también como excepción la de caducidad, toda vez que transcurrió en exceso el término de quince días a que se refiere el artículo 96 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, entre la fecha en que supuestamente el actor prestó servicios para el instituto, a la que interpuso su escrito de demanda, ante esa H. Sala, reclamando, entre otras prestaciones, el pago de tiempo extraordinario.

Objetándose desde luego la cantidad que señala el accionante, ya que el salario diario percibido por el mismo es el que aparece en la nómina correspondiente al mes de diciembre de mil novecientos noventa y siete, debiéndose excluir únicamente la cantidad correspondiente al concepto 32, relativo al pago de la prima vacacional.

d) Carece de acción y de derecho el actor para reclamar la suma de $5,502.24, por las supuestas jornadas electorales inhumanas que dice tuvo que desempeñar oponiéndose en primer lugar la excepción de oscuridad y defecto legal en la demanda, toda vez que no precisa porqué deben considerarse jornadas inhumanas y en qué fecha las desarrolló, lo que impide dar una adecuada contestación a su reclamo, colocando al Instituto, por esa razón en estado de indefensión, negándose la aplicabilidad del derecho invocado por la parte actora como fundamento de su reclamo, negándose también que el demandante hubiese laborado en ningún momento jornadas electorales inhumanas en el Instituto Federal Electoral.

e) Carece de acción y de derecho el actor para reclamar la suma de $5,502.24, por concepto de sesiones de cómputo distrital, en los que dice participó en los años 1991, 1994, 1995 y 1997, oponiéndose en primer lugar, la excepción de oscuridad y defecto legal en la demanda, toda vez que no precisa la causa o motivo de su reclamo, tampoco señala a qué sesiones se refiere y, en su caso, en qué fecha laboró tiempo extraordinario, lo que impide dar una adecuada contestación a su reclamo, colocando al Instituto, por esa razón en estado de indefensión, negándose la aplicabilidad del derecho invocado por la parte actora como fundamento de su reclamo, negándose también que el demandante hubiese laborado en ningún momento jornadas extraordinarias en el Instituto Federal Electoral.

De igual manera se opone como excepción la de caducidad, toda vez que transcurrió en exceso el término de quince días a que se refiere el artículo 96 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, entre la fecha en que supuestamente el actor prestó servicios para el Instituto, a la que interpuso su escrito de demanda, ante esa H. Sala, reclamando, entre otras prestaciones, el pago de sesiones de cómputo distrital.

f).- Carece de acción y de derecho el actor para reclamar la cantidad de $9,170.46 por concepto de pago de mensualidad laborada durante el mes de enero de 1998, toda vez que le fue aplicada la sanción de destitución del cargo, habiéndosele notificado dicha destitución, el 15 de diciembre de 1997, dejando de prestar servicios al Instituto a partir de la notificación de destitución, lo que se acreditará en el momento procesal oportuno, por lo tanto mi representado no está obligado a cubrir salarios que no fueron devengados por el demandante.

Oponiéndose de manera cautelar la excepción de caducidad, toda vez que transcurrió en exceso el término de quince días a que se refiere el artículo 96 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, entre la fecha que dejó el actor prestar servicios para el Instituto, a la que interpuso su escrito de demanda, ante esa H. Sala, reclamando, entre otras prestaciones, el pago de supuestos salarios devengados correspondientes al mes de enero de 1998.

g) Carece de acción y de derecho el actor para reclamar la cantidad que determine el dictamen médico y el laudo por el deterioro de su salud, que dice fue causado por el trabajo realizado de 1991 a 1997, oponiéndose en primer lugar, la excepción de oscuridad y defecto legal en la demanda, toda vez que no precisa circunstancias de modo, tiempo y lugar, en que funda su reclamo, lo que impide dar una adecuada contestación a su reclamo, colocando al Instituto, por esa razón en estado de indefensión, negándose desde este momento que la prestación de servicios por parte del actor al Instituto le hubiese causado algún deterioro en su salud.

CONTESTACIÓN AL CAPITULO DE AGRAVIOS

EN RELACIÓN AL PRIMER AGRAVIO.- Argumenta el actor, que la resolución dictada dentro del expediente número RR/SPE/056/97, de fecha 27 de enero de 1998, fuera del término de los treinta días naturales que tenía el Secretario Ejecutivo se emitió contrario a lo que señala el artículo 196 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral, toda vez que el recurso de reconsideración fue presentado el 22 de diciembre de 1997, por lo que se tenía como máximo para resolver al 22 de enero de 1998, lesionando de ésta manera el equilibrio y la justicia social en las relaciones que debían haber existido entre el trabajador y el Instituto.

En primer término, se hace notar que el precepto que invoca la parte actora, no regula lo relativo al plazo que tiene la Secretaría Ejecutiva para emitir resoluciones en relación a los recursos de reconsideración; si el actor se refiere a lo dispuesto en el artículo 197 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral, como se señaló en la resolución recaída al recurso de reconsideración, debe decirse que no le asiste la razón pues el escrito presentado por el actor impugnando la resolución de destitución se recibió en la Secretaría Ejecutiva el 29 de diciembre del año próximo pasado, por lo tanto, la misma fue dictada dentro del término establecido en el artículo 197 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral, esto es el 27 de enero del año en curso.

No obstante lo anterior y en relación al incumplimiento de la Secretaría Ejecutiva en el sentido de que, tenía treinta días naturales para emitir la resolución respecto del recurso de reconsideración interpuesto por el hoy demandante, concluyendo, según el demandante el 22 de enero de 1998, debe insistirse que no existió tal incumplimiento, toda vez que, el accionante aparte de hacer valer un precepto inaplicable al hecho que invoca, hace una indebida interpretación del artículo 197, del Estatuto del Servicio Profesional Electoral, en virtud de que, el citado precepto únicamente señala que la resolución se dictará dentro de los treinta días naturales siguientes, a la fecha de recepción, lo cual aconteció en el presente caso, como se desprende de la resolución que por esta vía se combate y aportada por el demandante como prueba, pues el medio de impugnación se recibió el 29 de diciembre de 1997 y la resolución se pronunció el 27 de enero de 1998, esto es, dentro del término que señala el precepto legal aplicable al punto en cuestión.

Además en el supuesto de que no se hubiera dictado dentro del plazo de treinta días naturales siguientes a la fecha de recepción, ello de ninguna manera le podría causar agravio al demandante, dado que no es hasta el momento en que se le notifica la resolución, en que nace su derecho para hacer valer los medios de impugnación que considere pertinentes.

En razón de lo antes expuesto, resulta improcedente e infundado que el actor pretenda y solicite a ese H. Tribunal lo señalado en este agravio que se controvierte, ya que, independientemente de que la resolución fue dictada en tiempo, el hecho de que pudiera resultar extemporánea no trae como consecuencia legal lo que pretende la parte demandante.

EN RELACIÓN AL SEGUNDO AGRAVIO.- Expresa el actor en este agravio que la resolución que impugna lesionó su situación laboral y económica, en vista de que el Secretario Ejecutivo como autoridad resolutora nunca analizó lo que hizo valer en su recurso de reconsideración el 22 de diciembre de 1997 y sólo se concretó a negar todas sus manifestaciones agregando que en el cuarto de los considerandos de la resolución, se expresó que el trabajador recibió el original del oficio número DESPE/1262/97, en virtud de la existencia de una firma autógrafa en la que lee "Recibí original", y sigue señalando "...que efectivamente recibí el original del oficio número VE/1854/97 del 21 de noviembre de 1997, pero del Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el Distrito Federal,..." existiendo según su dicho reconocimiento expreso de esta última autoridad de que sólo se le corrió traslado con copia fotostática.

En relación a este punto, se manifiesta que efectivamente el actor recibió el original del oficio DESPE-1262/97, de fecha 17 de noviembre de 1997, mediante el cual el Director Ejecutivo del Servicio Profesional Electoral, le notifica la constancia de incumplimiento de obligación consistente en haber agotado su última oportunidad en la materia Expresión Escrita de la fase de formación básica, no acreditando el programa de formación y desarrollo profesional, lo que se demostrará en su oportunidad, oficio que ostenta del puño y letra del demandante, la hora y fecha, así como "...que efectivamente recibí el original del oficio número VE/1854/97 del 21 de noviembre de mil 1997, pero del Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el Distrito Federal,..." y su firma, elementos asentados en señal de recibido.

Por lo anterior, no resulta cierto que el Secretario Ejecutivo, al emitir la resolución materia de la presente controversia, haya dejado de cumplir con su obligación de sustanciar y resolver el recurso en los términos de la ley de la materia, por lo que tampoco existe ningún daño cometido al hoy demandante en sus derechos, dado que sí tuvo los documentos originales en cuestión y por lo tanto estuvo en condiciones de defenderse.

EN RELACIÓN AL TERCER AGRAVIO.- En lo esencial, el actor hace valer que el Secretario Ejecutivo al resolver que no le asistía la razón al ahora demandante al considerar incompetente y carente de personalidad al Director Ejecutivo de Capacitación Electoral y Educación Cívica, le causa agravio a este respecto se contesta de la siguiente manera:

En primer término, se niega la aplicabilidad de los artículos 70, párrafo 3, 72, 88, párrafo 1, 96, 100, inciso a) y b), 101, inciso h), 108, 110 inciso a), 111 inciso g), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, toda vez que es aplicable lo dispuesto en el artículo 188, del Estatuto del Servicio Profesional Electoral.

Es falso y se niega que no resulte competente el Director Ejecutivo de Capacitación Electoral y Educación Cívica, ya que, fue su superior jerárquico, por haberse desempeñado el hoy actor, como Vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica en un órgano distrital del Instituto Federal Electoral en el Distrito Federal, Vocalía que depende de la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica y al ocupar dicho funcionario un cargo superior al que desempeñó el demandante, adquirió el carácter de superior jerárquico, además de que el procedimiento de destitución y la propia resolución se llevó a cabo con fundamento en el artículo 188 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral y las normas de operación para la determinación de sanciones administrativas aprobadas por la Junta General Ejecutiva del Instituto el 29 de noviembre de 1993.

Más aún, no se puede pasar por alto que la determinación del Director Ejecutivo de Capacitación Electoral y Educación Cívica, impugnada por esta vía, la tomó, actuando como representante del Instituto Federal Electoral, en su carácter de patrón y así sus actos son válidos y surten sus efectos correspondientes por haberse ejercido en su calidad de un ente de carácter privado para cuya actuación ---destituir a un empleado--- sólo requería que el funcionario que la decretó ocupara un cargo que los situara en una posición de superior jerarquía a la que ostentaba el hoy actor; por lo tanto, resultan infundadas las manifestaciones vertidas en este agravio.

Es de señalarse que los argumentos vertidos por el Instituto en relación a que el Director de Capacitación Electoral y Educación Cívica cuenta con facultades para resolver el procedimiento estatutario de conformidad con el artículo 188 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral y en base al acuerdo mediante el cual se establecen las normas de operación para la determinación de sanciones administrativas, fueron expresados por los integrantes de esa Sala Superior y sobre ellos se fundó la resolución emitida en el expediente número SC-ELI-015/96, seguido por Leopoldo Duarte Murrieta, en contra del Instituto Federal Electoral, habiendo sido ponente la Magistrada Alfonsina Berta Navarro Hidalgo y aprobada por unanimidad de votos de los señores Magistrados, José Luis de la Peza Muñoz Cano, Leonel Castillo González, Eloy Fuentes Cerda, José Fernando Ojesto Martínez Porcayo, José de Jesús Orozco Henríquez y Mauro Miguel Reyes Zapata.

Además de que, como es del conocimiento de esa H. Sala, ya que al resolver las controversias en los expedientes números SUP-JLI-001/98 y SUP-JLI-003/98, se basó en el acuerdo por el que se establecen las normas de operación, conforme a los cuales se llevará a cabo la determinación de sanciones administrativas de fecha 29 de noviembre de 1993, en el anexo "D" se establecieron los funcionarios facultados para conocer, investigar, sustanciar y resolver en órganos distritales, en tratándose de vocales como lo fue el actor y para aplicar la sanción de destitución, corresponde conocer, investigar y sustanciar al Vocal Ejecutivo Local y resolver al Director Ejecutivo correspondiente, resultando en este caso, dado que el actor era titular de la Vocalía de Capacitación Electoral y Educación Cívica, precisamente al Director Ejecutivo de Capacitación Electoral y Educación Cívica, por lo tanto, la resolución de destitución fue emitida por autoridad competente para ello, por ser superior jerárquico del demandante y facultado en términos del acuerdo de fecha 29 de noviembre de 1993.

EN RELACIÓN AL CUARTO AGRAVIO. Aduce el actor que la resolución número RR/SPE/056/97, de fecha 27 de enero de 1998, le causó agravios al "deteriorar" su derecho al trabajo y por ende al pretender "abolir" sus derechos sobre las "prestaciones" que pudieran corresponderle, al haber dejado asentado en el cuarto considerando inciso 2, párrafo 4, que resultaron inaplicables los artículos 82, párrafo 1, inciso w) y 86 del código de la materia, dado que se referían a la facultad del Consejo General de imponer sanciones respecto de irregularidades diversas a la que nos ocupa. Que el Consejo General es la máxima autoridad encargada de vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en materia electoral, así como de velar porque los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad guíen todas las actividades del Instituto, que al no existir una disposición expresa sobre la personalidad y facultad de la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica, era procedente someterla a la consideración del Consejo General, por lo que según su dicho, al no haberlo hecho, se violó lo dispuesto en el artículo 73 del código de la materia.

Respecto a lo anterior, no le asiste razón al demandante, en primer lugar, porque no es facultad del Consejo General conocer y resolver de los actos o resoluciones dictadas por las autoridades administrativas del Instituto, sino que dicha facultad se encuentra reservada a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Federal Electoral, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 192 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral. Además de que, sí contó con facultades la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica para emitir la resolución mediante la cual se le aplicó al hoy demandante la sanción de destitución, por las razones de hecho y de derecho señaladas al dar contestación al agravio que antecede, solicitando se tengan aquí por reproducidas las manifestaciones vertidas en relación a la facultad de la referida Dirección Ejecutiva.

EN RELACIÓN AL QUINTO AGRAVIO. Hace valer el demandante que la resolución que por esta vía impugna, lesionó el derecho que tiene sobre el trabajo, al expresarse en el considerando cuarto inciso tres "...que en ningún momento reconoció de que nunca se precisó el número de oportunidades, que el acuerdo del 29 de mayo de 1996, le otorgó a efecto de sustentar el examen de Expresión Escrita, según el dicho de ella y agrega que desde el 7 de julio el trabajador tenía conocimiento...", agregando que la intención de su escrito fue en el sentido que: "...que nunca se me corrió traslado con las copias certificadas del oficio número DESPE/1262/97, así como en copias certificadas de la constancia de notificación de incumplimiento de la obligación referida, en el momento del inicio del procedimiento administrativo para la aplicación de sanciones...".

A este respecto y como ya se dijo al dar contestación al segundo de los agravios de la demanda inicial, al momento de notificársele el incumplimiento de obligación, se le hizo entrega del oficio número DESPE/1262/97 de fecha 17 de noviembre de 1997, recibido el día veintiuno del mes y año citado, por el C. Anzaldo Sotres José Antonio Hipólito, por lo que no era posible correrle traslado al notificarle el inicio del procedimiento con copias certificadas del oficio en cuestión, dado que el mismo obraba en su poder, además de que dicha situación de ninguna manera le depara perjuicio en virtud de que las copias con las que se le corrió traslado eran del original que estaba en su poder, independientemente de que el demandante en ningún momento ha manifestado que no concordaron con el original.

En relación a que no tuvo las condiciones legales para mejorar su defensa al carecer de los documentos de traslado en originales o en copias certificadas, se reitera que esa situación no le deparó perjuicio, ya que, resultaba irrelevante el que no se le hubiera corrido traslado con documentos originales, lo cual no hubiera sido posible, pues el original le había sido entregado al hoy demandante y por la misma razón no podía expedirse copia certificada, toda vez que las copias concordaban con el original del actor, tan es así que en ningún momento formuló objeción, en relación a que no correspondían con el original que se le entregó.

Asimismo, hace valer el actor que la autoridad resolutora señaló que el acuerdo aprobado por la Junta General Ejecutiva en sesión celebrada el 29 de mayo de 1996, establece el número de oportunidades que tendrán los miembros del Servicio Profesional Electoral, para acreditar cada una de las materias, hecho futuro, a una relación laboral que se emprendió el primero de febrero de mil novecientos noventa y uno y de esta manera modificó o alteró las disposiciones de la legislación del trabajo burocrático, aplicada de manera supletoria, que sólo podría haberse dado esta modificación para beneficio del trabajador.

No le asiste razón al actor, toda vez que el acuerdo de 29 de mayo de 1996, de ninguna manera alteró o modificó los derechos que tenía el accionante al servicio del Instituto, ni operó en su perjuicio sino que fue en su beneficio por lo siguiente:

El acuerdo por el que se establece el número de oportunidades que tendrán los miembros del Servicio Profesional Electoral, para acreditar cada una de las materias que comprenden las fases del programa de formación y desarrollo profesional, regula en el punto Primero Transitorio lo relativo a los integrantes del personal de carrera que se incorporaron de junio de 1993 a marzo de 1995, situación en la que se ubicó el hoy demandante, dado que, su ingreso al Instituto Federal Electoral fue con anterioridad a dicha fecha, por lo que le resultó aplicable el citado acuerdo.

Además, en dicho acuerdo en el artículo primero transitorio, se estableció un beneficio a favor del personal de carrera que se incorporó con anterioridad a la fecha del acuerdo, como lo fue el demandante, consistente en otorgarle dos oportunidades más por materia para acreditar la o las asignaturas que, en su caso, tuvieran pendientes de la primera fase del programa de formación y desarrollo profesional, de lo anterior, se desprende que el acuerdo benefició al accionante, toda vez que, al mismo le fue aplicado el punto transitorio en mención, en virtud de que, la materia no acreditada al 29 de mayo de 1996, correspondía a la primera fase del programa de formación y desarrollo profesional, otorgándosele dos oportunidades más para sustentar y aprobar la materia de Expresión Escrita, dado que la misma, ya había sido presentada en cuatro oportunidades sin lograr aprobarle, aclarándose que al hoy demandante, no sólo se le otorgó la oportunidad de presentar dos veces más la materia de Expresión Escrita, en términos del citado punto Primero Transitorio del acuerdo, sino que lo sustentó en tres ocasiones, resultando en total, siete oportunidades agotadas sin acreditarla, efectivamente, el accionante realizó el mencionado examen en las siguientes fechas, obteniendo las calificaciones que se precisan:

MATERIA

FECHA

CALIFICACION

Expresión Escrita

enero 94

NA

Expresión Escrita

17-III-95

4.8

Expresión Escrita

12-II-96

5.50

Expresión Escrita

29-IV-96

5.46

Expresión Escrita

26-VII-96

5.38

Expresión Escrita

14-X-96

4.98

Expresión Escrita

8-X-97

3.16

Con lo hecho valer con anterioridad, queda acreditado que el actor carece de motivación y fundamentación, para impugnar el acuerdo de la Junta General Ejecutiva del veintinueve de mayo de mil novecientos noventa y seis, ya que lejos de causarle perjuicio, le benefició, prerrogativa que no supo aprovechar.

Agrega que la autoridad determinó que en "...caso de que prevaleciera la no acreditación de las materias una vez agotadas las oportunidades se procederá conforme a lo dispuesto al Estatuto del Servicio Profesional Electoral, previa notificación a la Junta General Ejecutiva del Instituto; sin embargo, de las constancias procesales desde que se inició el procedimiento para la determinación de sanción nunca se notificó a la Junta General Ejecutiva del Instituto Federal Electoral, por lo que se actuó de manera unilateral y que el Secretario Ejecutivo nunca observó "...esta anomalía procesal..."

A este respecto, se señala que en el acuerdo por el que se establece el número de oportunidades que tendrán los miembros del servicio profesional electoral, para acreditar cada una de las materias que comprenden las fases del programa de formación y desarrollo profesional, en el segundo punto de acuerdo, únicamente se determinó que una vez agotadas las oportunidades establecidas para acreditar cada una de las materias del programa de formación y desarrollo profesional, se procediera conforme a lo previsto en el Estatuto del Servicio Profesional Electoral, sin que se mencionara que debería darse aviso a la Junta General Ejecutiva del Instituto, máxime que fue la propia Junta la que determinó se procediera conforme al Estatuto, desde la fecha en que se emitió, esto es, desde el 29 de mayo de 1996.

Señala también que no se demostró que la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica, hubiese dado cumplimiento a los artículos 187, 188 y 189, y que tampoco se acreditó que se investigó el grado de responsabilidad, los antecedentes, condiciones y circunstancias socieconómicas de José Antonio H. Anzaldo Sotres, que se concretó a darle cause al procedimiento, sustanciarlo y emitir su resolución.

En relación a este agravio, se señala que a la irregularidad que motivó la destitución del actor, le resulta aplicable lo dispuesto en los artículos 187, 188 y 189 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral, en virtud de que el incumplimiento en que incurrió el demandante, se encuentra contemplado en la fracción II del artículo 136 del citado Estatuto, que señala que el personal de carrera causa baja del servicio profesional por destitución al no acreditar los programas de formación y desarrollo profesional que lleve a cabo el Instituto, por lo tanto, la resolución emitida se encuentra ajustada a las disposiciones aplicables al caso concreto.

Por lo que hace a la manifestación, de que la autoridad resolutora miente al señalar que el actor ingresó al servicio profesional electoral el 15 de diciembre de 1992 y que la fecha correcta fue el 1 de febrero de 1991, actitud que cambia la fecha de ingreso de manera intencional, como según su dicho se aprecia en la resolución impugnada, en la hoja número doce en donde se dejó asentado que el C. José Antonio H. Anzaldo Sotres, solicitó su ingreso al servicio profesional electoral, el quince de diciembre de 1992, al respecto, debe precisarse que no se señala que esa hubiese sido su fecha de ingreso al Instituto, máxime que el actor tiene conocimiento que el Estatuto del Servicio Profesional Electoral que regula al personal de carrera, perteneciente al servicio profesional, fue expedido el 29 de junio de 1992; por lo tanto, por esa razón se señaló que el hoy demandante ingresó al referido servicio el quince de diciembre de mil novecientos noventa y dos, sin que en ningún momento, se insiste, se hubiese asentado que dicha fecha haya sido la de ingreso al servicio del Instituto.

EN RELACIÓN AL SEXTO AGRAVIO. En este agravio señala el actor que la resolución RR/SPE/056/97 de 27 de enero de 1998, lesiona de manera grave su derecho al trabajo, al afirmarse en el cuarto considerando inciso seis, último párrafo, que mediante escrito del 26 de enero de 1998, solicitó se le informara del trámite de su recurso de reconsideración y que en su caso se sometiera al conocimiento del Consejo General, pues realmente solicitó al Presidente del Consejo General, girara sus instrucciones para que se dictara la resolución o en su caso, se sometiera al Consejo General y que le formuló la siguiente interrogante al Presidente del Consejo, "...¿ Debe considerarse en virtud del tiempo transcurrido el reconocimiento pleno de esa autoridad, de lo que reclamo en el recurso en vista de la rebeldía ?."

En este sentido debe decirse que el hecho de que la autoridad que emitió el acto impugnado, hubiese señalado el que el hoy actor solicitó se le informara del trámite de su recurso de reconsideración y no que se giraran instrucciones para que se dictara la resolución correspondiente en el mismo, de ninguna manera significa que se haya mentido respecto de tal hecho, además de que, en último de los casos, no resulta relevante tal situación para la presente litis.

Respecto a que la autoridad resolutora continua mintiendo, al expresarse que el recurso de reconsideración fue recibido en la Secretaría Ejecutiva el 29 de diciembre de 1997 y no el 23 de diciembre de 1997, justificándose que el plazo para resolverlo concluía el 28 de enero de 1998, pues según su afirmación el recurso lo presentó el 22 de diciembre a las catorce horas con quince minutos, a este respecto se reitera que el escrito mediante el cual interpuso el recurso de reconsideración el demandante, fue recibido el 29 de diciembre del año próximo pasado.

También aduce, que la autoridad violentó en su perjuicio lo señalado en los artículos 196 y 197 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral, al pretender que acepte como válida la resolución RR/SPE/056/97 del veintisiete de enero de mil novecientos noventa y ocho, dictada según su dicho, fuera de tiempo y contrario a todas las normas que regulan las relaciones laborales en las leyes que menciona, nuevamente se señala en primer término que la resolución en controversia fue dictada dentro del término establecido en el artículo 197 del referido estatuto, por ser el precepto legal aplicable y en segundo lugar, el hecho de que no se hubiera dictado la resolución dentro del término concedido, de ninguna manera puede implicar que no tenga plena validez, dado que no le causa perjuicio al hoy actor, pues su derecho para impugnarla comienza a correr a partir de la fecha en que tiene conocimiento de la misma, hecho que no lo deja en estado de indefensión alguna."

Luego, al referirse a los hechos, señaló:

EN RELACIÓN AL HECHO UNO. En cuanto a la fecha de ingreso y al cargo que dice desempeñó en la misma, se manifiesta es falso.

Por lo que hace al salario diario y mensual que dice percibió, se contesta que lo único cierto es que el actor percibió como salario diario y mensual el que se desprende de la nómina correspondiente al mes de diciembre de 1997.

Únicamente es cierto que con fecha 1 de junio de 1993, fue asignado a la Junta Distrital Ejecutiva de Educación Cívica y que el 9 de septiembre de 1996, fue adscrito a la Junta que indica con la categoría de Vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica.

EN RELACIÓN AL HECHO DOS. Por contener varias afirmaciones, se controvierte de la siguiente manera:

Se recoge como confesión expresa del actor, que el programa de actividades de Capacitación Electoral y Educación Cívica, eran coordinados y vigilados por la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica, con lo que se refuerza lo señalado en el presente escrito, en relación a que la vocalía de la que era titular el actor, dependía de la Dirección Ejecutiva correspondiente, por lo tanto es cierto que el Director Ejecutivo era y debe considerarse como su superior jerárquico.

En relación al horario, se señala que el mismo es falso, toda vez que laboró al servicio del Instituto de las diez a las quince horas y de las dieciocho a las veintiún horas de lunes a viernes, en relación a las guardias que dice realizó se señala que es falso que el mismo hubiese realizado alguna guardia al servicio del Instituto.

Respecto a su participación en la sesión que realizaban las Juntas Distritales Ejecutivas, se manifiesta que es falso lo afirmado por el actor.

Respecto a las actividades que menciona el actor haber realizado en los años 1991, 1992, 1993, 1994, 1995 y 1996, cualquier prestación que pudiese haber generado en ese período, se reitera la excepción de caducidad hecha valer al dar contestación al capítulo de prestaciones, respecto de aquellas que no fueron reclamadas dentro del término de quince días hábiles siguientes a la fecha en que hicieron exigibles a la de la presentación de la demanda 17 de febrero de 1998.

En relación a las actividades correspondientes al año de 1997, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 171, párrafo 3, el Instituto le otorgó al actor la cantidad que se menciona en la nómina correspondiente que será exhibida en su oportunidad, por concepto de incentivo, por jornada electoral de 1997, por lo que se opone la excepción de pago, respecto de labores que se hubiesen desarrollado con motivo del año electoral, además deberá tenerse por opuesta la excepción de obscuridad y defecto legal en la demanda, ya que no se precisan circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se fundan los hechos y las pretensiones del demandante.

EN RELACIÓN AL HECHO TRES.- En cuanto al salario que dice percibió a últimas fechas el actor, es falso toda vez que el salario percibido por el demandante al momento de su destitución, fue el que consta en la nómina correspondiente al mes de diciembre de 1997.

EN RELACIÓN AL HECHO CUATRO.- Por contener varias afirmaciones se controvierte de la siguiente manera:

Es cierto que al accionante le fue notificado el procedimiento administrativo para la aplicación de sanciones, que se le corrió traslado con la copia fotostática del oficio número DESPE/1262/97, que contenía la constancia de notificación de incumplimiento de la obligación a que el mismo se refería.

Es cierto también, que el actor hizo valer lo que a su derecho convino durante el procedimiento administrativo de sanción, de igual manera es cierto que el Director Ejecutivo de Capacitación Electoral y Educación Cívica, emitió la resolución de fecha 12 de diciembre de 1997, así como que el demandante interpuso recurso de reconsideración en contra de la resolución administrativa número CEDEyEC/PA/2/97.

Es falso que el recurso de reconsideración lo hubiese presentado el 22 de diciembre de 1997, ya que lo cierto es que el mismo fue interpuesto el 29 de diciembre del año próximo pasado.

También se niega que el actor hubiese continuado laborando en la forma que indica y después de la fecha en que le fue notificada la sanción de destitución, en virtud de que a partir del 15 de diciembre de 1997, el demandante dejó de prestar servicios para el Instituto, razón por la que también se niega que pudiese tener derecho al pago de la mensualidad del mes de enero del año en curso.

También es cierto que el actor presentó escrito el 23 de enero de 1998, dirigido al Presidente del Consejo General y que el 27 de enero de 1998, se resolvió el recurso de reconsideración interpuesto por el demandante, pero se niega que se hubiese resuelto fuera del término legal a que se refiere el artículo 197 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral, por las razones de hecho y de derecho hechas valer al controvertir este punto; asimismo es cierto que la resolución le fue notificada mediante correo certificado, respecto a la fecha de la notificación, ni se afirma ni se niega por no ser un hecho propio del Instituto, que en todo caso le corresponde acreditar al hoy actor.

EN RELACIÓN AL HECHO CINCO.- Toda vez que más que un hecho se trata del reclamo de prestaciones, se niega acción y derecho al demandante para reclamar alguna prestación en los términos que a continuación se contesta:

En relación a la cantidad que reclama por concepto de indemnización y por concepto de doce días por año, en virtud de que las mismas ya se encuentran señaladas en los incisos a) y b) del capítulo de prestaciones, me remito a lo ahí manifestado, en obvio de repeticiones innecesarias y solicito se tenga aquí por reproducido de manera íntegra.

Por lo que hace al reclamo del concepto de horas extraordinarias laboradas durante los años de 1991, 1994, 1995 y 1997, como también dicha prestación ya se encuentra controvertida al dar contestación al inciso c) del capítulo de prestaciones de la demanda, solicito se tenga aquí por reproducido lo señalado en dicho inciso en obvio de repeticiones innecesarias. Negándose desde luego el horario que menciona el actor, toda vez que el horario es el de 10 a 15 horas y de 17 a 21 horas de lunes a viernes de cada semana.

Se recoge como confesión expresa del actor, el haber recibido la compensación a que se refiere el artículo 171, párrafo 3 del Código Electoral, además de que no es creíble que el accionante hubiese laborado las horas que indica y dada la edad que dice tener.

Negándose también el reclamo por la participación laboral que dice tuvo en las sesiones de cómputo distrital, por lo que hace a las generadas durante los años de 1991, 1994, e incluso 1997, se reitera que deberá tenerse en cuenta que su pretensión se encuentra formulada de manera extemporánea, por haber transcurrido en exceso el término de quince días hábiles para realizarlo, en términos del artículo 96 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, no obstante ello y por lo que hace al año de 1997, en el caso de que los hubiera llevado a cabo el actor, deben considerarse como parte de sus labores y además de que recibió el pago por cargas extraordinarias, durante el proceso electoral por dicho año, negándose desde luego que hubiese laborado en los horarios que indica.

De nueva cuenta se insiste, que no le asiste acción ni derecho al demandante, para pretender el pago de la mensualidad que dice supuestamente laboró durante el mes de enero de 1998, en virtud de que la relación laboral concluyó el 15 de diciembre de 1997, fecha a partir de la cual el demandante dejó de prestar servicios para el Instituto.

En relación a su pretensión de que se le cubra la cantidad que determine esa Sala Superior sobre los riesgos físicos y mentales que le causó según su dicho, las actividades realizadas al servicio del Instituto, me remito a lo señalado al dar contestación al inciso g), debiéndose tener aquí por reproducido lo ahí señalado en obvio de repeticiones innecesarias.

Refiriéndose a la aclaración de demanda, dicho Instituto adujo:

"a.- Por contener varias afirmaciones se controvierte de la siguiente manera:

Respecto a la fecha que dice fue contratado para realizar actividades inherentes a la Vocalía de Capacitación Electoral y Educación Cívica, se manifiesta que es falso, remitiéndome a lo manifestado al dar contestación al hecho I del escrito inicial de demanda.

3.- Este punto se niega en todas y cada una de sus partes, en todo caso corresponderá al demandante acreditar sus afirmaciones, en relación a los documentos que exhibe y que menciona en este punto, desde luego se objetan en cuanto a autenticidad de contenido y firma, toda vez que en ellos no aparece la intervención del Instituto, además de no ser hechos propios del Instituto, sin embargo se niega que los padecimientos que menciona el actor hubiesen sido adquiridos al servicio del Instituto, ya que, en todo caso, pueden ser consecuencia lógica de la edad del demandante.

c).- En relación a que fue atendido por la Institución que indica, ni se afirma ni se niega por nos ser un hecho propio de mi representado, pero para el caso de que el actor presentara los padecimientos que menciona, desde luego se niega que hayan sido adquiridos al servicio del Instituto, en todo caso, como ya se dijo, pueden ser derivados de la edad con que cuenta el demandante, objetándose desde luego, las placas radiográficas que menciona, toda vez que, no se puede determinar con certeza si las mismas corresponden o no al demandante, por lo que se insiste, se objetan en cuanto a autenticidad las mismas.

d).- Este hecho ni se afirma ni se niega, por no ser propio del Instituto, ni constarle lo en él mencionado, negándose desde luego que el padecimiento que dice presentó el actor, fue adquirido con motivo del servicio prestado al Instituto, objetándose en cuanto a autenticidad.

e).- Este hecho ni se afirma ni se niega, por no ser propio del Instituto, ni constarle lo en él mencionado, negándose desde luego que el padecimiento que dice presentó el actor, fue adquirido con motivo del servicio prestado al Instituto, objetándose en cuanto a su autenticidad.

f).- Este hecho ni se afirma ni se niega, por no ser propio del Instituto, ni constarle lo en él mencionado, negándose desde luego que el padecimiento que dice presentó el actor, fue adquirido con motivo del servicio prestado al Instituto, objetándose en cuanto a su autenticidad.

g).- Desde luego se niega este hecho en todas y cada una de sus partes, en virtud de que el actor en ningún momento adquirió ningún padecimiento con motivo de la prestación de servicios para el Instituto, objetándose su petición de que se cite al Dr. Fernando Montes de Oca M., por no ser el medio idóneo para acreditar lo que pretende, objetándose también en cuanto a la autenticidad de contenido y firma la receta médica que adjunta la parte actora.

Asimismo se niega que el actor presente las limitaciones físicas que indica, así como, que las mismas hayan sido adquiridas durante el tiempo que le prestó servicios al Instituto que representa, recogiéndose como confesión expresa del actor el que nunca dio aviso al Instituto Federal Electoral del padecimiento que dice sufre o sufrió, lo que solicito se tome en cuenta en favor del Instituto.

En relación a la petición del accionante de que se designe perito médico, el Instituto se reserva su derecho para en su caso, realizar la designación correspondiente, una vez que se decrete sobre la admisión o desechamiento de la petición del demandante.

En síntesis, se niega que el hoy demandante hubiese sufrido algún riesgo de trabajo, al servicio de mi representado, por lo tanto le corresponde la carga de acreditar la existencia de los mismos, así como todos y cada uno de los elementos que configuran un riesgo de trabajo, atentos a la siguiente tesis:

"ACCIDENTES DE TRABAJO, ELEMENTOS DEL. Son elementos necesarios para configurar un riesgo de trabajo: a).- Que el trabajador sufra una lesión; b).- Que le origine en forma directa la muerte o una perturbación permanente o temporal; c).- Que dicha lesión se ocasione durante, o en ejercicio o con motivo de trabajo, y d).- Que el accidente se produzca al trasladarse el trabajador directamente de su domicilio al lugar de trabajo y de éste a aquél. De manera que si sólo se demuestran los dos primeros elementos es de estimarse que no se configura el riesgo de trabajo.

Amparo directo 1484/79. María Teresa Manríquez Vda. de Hernández Alfaro. 25 de abril de 1980. Unanimidad de 4 votos. Ponente: David Franco Rodríguez. Secretario: H. Guillermo Ariza Bracamontes.

Amparo directo 6386/77. Instituto Mexicano del Seguro Social. 30 de julio de 1979. Unanimidad de votos. Ponente: David Franco Rodríguez. Secretario: Salvador Tejeda Cerda.

Amparo directo 545/79. Alfredo Ramos Mechaca. 4 de abril de 1979. 5 votos. Ponente: María Cristina Salmorán de Tamayo. Secretario: Miguel Bonilla Solís."

Desde luego se niega que el actor hubiese adquirido algún padecimiento durante la prestación de sus servicios al Instituto, toda vez que nunca lo hizo del conocimiento del Instituto, en todo caso, de haber adquirido un padecimiento, no fue con motivo del trabajo desarrollado al servicio de mi representado."

Dicho Instituto opuso las siguientes excepciones y defensas:

"1.- FALTA DE ACCIÓN Y DE DERECHO DEL HOY ACTOR, para impugnar por la presente vía la resolución de fecha 27 de enero de 1998, por las razones de hecho y de derecho que han quedado precisadas al dar contestación al escrito inicial de demanda.

2.- DESTITUCIÓN JUSTIFICADA, en virtud de que al hoy accionante se le aplicó la sanción de destitución por incumplimiento de la obligación contenida en los artículos 168, párrafo 6, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, 77 y 109, fracción IV, del Estatuto del Servicio Profesional Electoral, así como en el acuerdo emitido por la Junta General Ejecutiva del Instituto el 29 de mayo de 1996, en el que se establecen el número de oportunidades que tendrán los miembros del Servicio Profesional Electoral para acreditar cada una de las materias que comprenden las fases del programa de formación y desarrollo profesional.

3.- FALSEDAD, en virtud de que el demandante apoya su reclamación en hechos falsos.

4.- De manera cautelar, LA DE PLUS PETITIO, toda vez que la parte actora pretende prestaciones que no le corresponden en perjuicio del patrimonio del Instituto que represento.

5.- OSCURIDAD Y DEFECTO LEGAL, de la demanda, toda vez que el accionante no señala circunstancias de modo, tiempo y lugar en que basar sus pretensiones, dejando en estado de indefensión a mi representado, para controvertir los hechos y las prestaciones que reclama, tal y como se hizo valer a lo largo de la presente contestación de demanda.

6.- DE CADUCIDAD, en términos de lo dispuesto por el artículo 96 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, por haber transcurrido en exceso el término de quince días hábiles respecto de aquellas prestaciones y acciones que no fueron ejercitadas dentro del término antes señalado a partir de la fecha que se hicieron exigibles las prestaciones. Asimismo se opone esta excepción respecto a la acción del actor, para presentar su escrito inicial de demanda, toda vez que no acredita la fecha en que se le notificó o hubiese recibido la resolución que por esta vía impugna, ya que a ella le corresponde acreditar la fecha en que se hizo sabedora de la resolución que impugna, pues de lo contrario se deja en estado de indefensión al Instituto que represento. Excepción que se opone, muy en especial respecto de los reclamos contenidos en los incisos c), d) y e), así como de las acciones que pretendió hacer valer en el cuerpo de su escrito inicial de demanda.

7. LA DE PAGO, en virtud de que el Instituto siempre le cubrió a el actor las prestaciones a que tuvo derecho durante la relación laboral.

8. Todas las demás que se deriven de los términos en que se encuentra contestada la demanda, atendiendo al principio jurisprudencial de que la acción como la excepción procede en juicio sin necesidad de que se indique el nombre de la misma."

IX. Por proveído de treinta de marzo de mil novecientos noventa y ocho, se tuvo al Instituto demandado, en tiempo y forma, dando contestación a la demanda y por ofrecidas las probanzas que propuso. Asimismo, se señalaron las doce horas del veintidós de abril del año en curso, para que tuviera verificativo la audiencia de conciliación, admisión y desahogo de pruebas y alegatos, la cual concluyó a las cero horas con veinte minutos del día siguiente.

X. En la referida audiencia se desahogaron aquellas pruebas que previamente fueron admitidas a las partes, quienes alegaron lo que a su derecho convino. Acontecido lo anterior, se declaró cerrada la instrucción y se ordenó traer los autos a la vista para formular el correspondiente proyecto de resolución; y,

C O N S I D E R A N D O :

PRIMERO. Esta Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, es competente para resolver el juicio para dirimir los conflictos o diferencias laborales entre el Instituto Federal Electoral y sus servidores, de conformidad con lo establecido en el artículo 99, párrafo cuarto, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el precepto 189, fracción I, inciso h), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

SEGUNDO. Es inatendible la excepción de falta de personalidad alegada por el actor, al dársele vista con la contestación a la demanda.

El enjuiciante manifiesta que Leticia Salgado Méndez, carece de la personería necesaria para comparecer con el carácter de apoderada y representante legal del Instituto Federal Electoral, en virtud de que el testimonio notarial número sesenta siete mil novecientos sesenta y seis, que por cierto cita de manera errónea, ya que el correcto es sesenta siete mil novecientos sesenta y cinco, incumple las formalidades a que se refiere el artículo 89, párrafo 1, incisos a) y r) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, ya que tal disposición establece que el representante legal del Instituto Federal Electoral, es el Secretario Ejecutivo y es el que cuenta con atribuciones para otorgar poderes a nombre del organismo público; que sin embargo, para ello requiere de la autorización previa del Consejo General y el acuerdo que se adopte, deberá contemplarse en el testimonio notarial, mismo que no se transcribió, pues que no basta la sola afirmación del Notario Público, de que una persona está facultada para otorgar poderes.

Lo aducido por el actor resulta inatendible, porque contrariamente a lo que sostiene, de los incisos a) y r) del artículo 89 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, se desprende que el Secretario Ejecutivo del Instituto Federal Electoral, es quien ostenta la representación legal de dicho Instituto, y que con esa calidad puede otorgar a nombre de tal organismo, los poderes necesarios para ser representado ante cualquier autoridad administrativa o judicial, sin que para ese cometido sea necesaria ---se advierte---, la previa autorización del Consejo General, mediante la promulgación del correspondiente acuerdo, lo que, desde luego, hace inconducente lo vertido por el actor en el sentido de que en el testimonio que impugna debe contener la transcripción de éste; empero, si a lo que quiere referirse es a la designación del Secretario Ejecutivo por parte del referido Consejo, basta decir que la escritura pública que exhibió la licenciada Salgado Méndez, para acreditar su personería, contiene como apéndice copia certificada de las partes conducentes, del acta de sesión extraordinaria celebrada el treinta y uno de octubre de mil novecientos noventa y seis, por el citado órgano central de dirección del Instituto demandado, donde queda de manifiesto que participaron en dicha sesión, el Consejero Presidente y la totalidad de los Consejeros Electorales, integrantes del órgano colegiado (maestro José Woldenberg Karakowsky, maestra Jacqueline Peschard Mariscal, maestro Juan Molinar Horcasitas, licenciado Alonso Lujambio Irazabal, doctor Jaime Fernando Cárdenas Gracia, licenciado Jesús Cantú Escalante, profesor Mauricio Merino Huerta, licenciado Emilio Zebadúa González y licenciado José Barragán). Igualmente participaron en dicha sesión, los representantes del Poder Legislativo (Senador Ricardo Monreal Avila, el Senador Juan de Dios Castro Lozano, el Diputado Pedro René Etieme). También asistieron a la pluricitada sesión, los correspondientes representantes partidistas (licenciado Juan Antonio García Villa, representante propietario del Partido Acción Nacional; licenciado J. Enrique Ibarra Pedroza, representante propietario del Partido Revolucionario Institucional; licenciado Leonel Godoy Rangel, representante propietario del Partido de la Revolución Democrática; ingeniero Federico Emery Ulloa, representante suplente del Partido Cardenista, profesor Vicente Estrada Vega, representante propietario del Partido del Trabajo; profesora Sara I. Castellano Cortés, representante propietario del Partido Verde Ecologista de México; licenciado Jesús Antonio Carlos Hernández, representante propietario del Partido Popular Socialista y licenciado José Luis Herrera, representante propietario del Partido Demócrata Mexicano). En tales condiciones, resulta claro que, esa sesión extraordinaria, contó con el quórum necesario para su validez, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 79 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, que dispone, en lo conducente, "Para que el Consejo General pueda sesionar, es necesario que esté presente la mayoría de sus integrantes, entre los que deberá estar el Consejero Presidente". Lo anterior, en concordancia con el numeral 74 del Ordenamiento referido, que, a su vez, establece que el Consejo General se integra por un Consejero Presidente, ocho Consejeros Electorales, Consejeros del Poder Legislativo (uno por cada grupo parlamentario), un representante por cada partido político, y el secretario ejecutivo; en la inteligencia que los Consejeros del Poder Legislativo, los representantes de los partidos políticos y el secretario ejecutivo, únicamente tienen voz, pero no voto, en las sesiones correspondientes. Además, a fojas dos del documento de antecedentes, consta que el Secretario del Consejo General del Instituto Federal Electoral, en ese entonces el licenciado Agustín Ricoy Saldaña, manifiesta que, conforme a lo dispuesto por los artículos 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 84, párrafo II, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, y Quinto transitorio del Decreto de reformas a la Ley Electoral, publicada en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de octubre de mil novecientos noventa y seis, convocó a la multicitada sesión extraordinaria, en cuyo orden del día se contempló la instalación del Consejo General, la protesta de ley de los Consejeros designados, y, finalmente, se incorporó en el orden del día, el asunto relativo a la propuesta del Presidente del Consejo General, para la designación del Secretario Ejecutivo del Instituto Federal Electoral. Con base en lo expuesto, se arriba a la conclusión de que el Secretario Ejecutivo (que otorgó el poder cuestionado) fue designado con apego a derecho y que, en consecuencia, tuvo atribuciones para otorgar poderes a nombre del Instituto, para que éste fuera representado ante cualquier autoridad judicial, por lo cual, el poder otorgado a la licenciada Leticia Salgado Méndez, es válido y suficiente para que se le tenga como apoderada y representante legal del Instituto demandado en el presente juicio laboral.

TERCERO. Por ser de carácter preferente y de orden público, esta sentencia analizará, en primer lugar, la procedencia de la acción de indemnización intentada por el actor, por la destitución injustificada argüida, toda vez que, de actualizarse su improcedencia, innecesario será estudiar el fondo de la impugnación hecha valer en torno a tal destitución, esto es, analizar si la misma fue o no injustificada, y por ende, si se encuentra o no apegada a derecho, la resolución combatida.

En términos generales, los trabajadores despedidos o cesados de manera injusta, por ese actuar patronal lesivo a sus intereses, tienen dos acciones principales que en su contra pueden ejercitar, a saber: la indemnización constitucional, que consiste en el pago de tres meses de salario, o la de reinstalación en el empleo que ocupaban hasta antes de ser despedidos. Sin embargo, tal facultad optativa no resulta aplicable a los servidores del Instituto Federal Electoral, que se encuentren en una situación de esa naturaleza, quienes, en virtud del régimen especial que regula sus relaciones de trabajo, pues éstas, como luego se verá, no pueden ser ubicadas directamente en el apartado "A" ni en el "B" del artículo 123 Constitucional, por lo que hace a su destitución, separación o cese, pues solamente pueden ejercitar la acción de reinstalación cuando consideren que fueron indebidamente destituidos.

En efecto, el artículo 41, base III, párrafo dos, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo conducente, establece que, las disposiciones de la Ley Electoral y del Estatuto que con base en ella apruebe el Consejo General, regirán las relaciones de trabajo de los servidores del Instituto Federal Electoral. Acorde a lo anterior, el artículo 170 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en lo que importa, dispone que, el Estatuto del Servicio Profesional Electoral, será el instrumento en el que se fijarán los procedimientos para la determinación de sanciones, medios ordinarios de defensa y demás condiciones de trabajo, de los servidores del Instituto Federal Electoral. Por su parte, el Estatuto del Servicio Profesional Electoral (expedido en mil novecientos noventa y dos, actualmente vigente por disposición expresa del artículo décimo primero transitorio del decreto por el que se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintidós de noviembre de mil novecientos noventa y seis), establece, en su artículo 5, que el personal del Instituto Federal Electoral será de carrera, administrativo y temporal; en tanto que, en lo que interesa, en su numeral 192, dispone que, contra los actos o resoluciones dictadas en su perjuicio por la autoridades administrativas del Instituto, el personal del mismo podrá interponer por escrito recurso de reconsideración; y según lo prevén los artículos 113, fracción X, y 164, fracción V, del mencionado Estatuto (según se trate de miembros del servicio profesional o de personal administrativo) cuando son suspendidos o separados sin justificación, si así se estima al decidirse el recurso, tienen derecho a "Ser restituido en el goce de sus derechos y prestaciones..."

Conforme a los artículos 96, párrafo 1, y 108, párrafo 1, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, el servidor del Instituto Federal Electoral, que hubiese sido sancionado o destituido de su cargo o que considere haber sido afectado en sus derechos y prestaciones laborales, podrá inconformarse mediante demanda que presente directamente ante este órgano jurisdiccional, dentro de los quince días hábiles siguientes en que se le notifique la correspondiente determinación; y la sentencia que se dicte al resolver el conflicto planteado, podrá ser en el sentido de confirmar, modificar o revocar el acto o resolución impugnada, y en el supuesto que el fallo pronunciado ordene dejar sin efecto la destitución del servidor afectado, el Instituto Federal Electoral, podrá negarse a reinstalarlo, pagando la indemnización equivalente a tres meses de salario, más doce días por cada año trabajado, por concepto de prima de antigüedad.

Del contenido de los preceptos legales invocados, se advierte que, los miembros del servicio profesional del Instituto Federal Electoral pueden ocurrir a la vía jurisdiccional cuando consideren que fueron objeto de una destitución injustificada, impugnando la resolución atinente, es decir, aquélla en donde se les notifique la sanción impuesta, o bien, la recaida al recurso de reconsideración que hubieran interpuesto en contra del tal determinación. Sin embargo, como se encuentra construido el sistema legal que rige la materia, no es posible ejercitar como acción principal de una separación injustificada, el pago de la indemnización consistente en el importe de tres meses de salario. Dicha indemnización, en términos de lo previsto en el artículo 108, de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, se encuentra concebida como una prestación sujeta a la condición insoslayable de que el Instituto Federal Electoral, se niegue a realizar la reinstalación ordenada en sentencia que haya determinado dejar sin efectos la destitución del servidor afectado, pues, como se ve, el presupuesto de ley, tiene como objeto de la acción, la reinstalación y no el pago de la indemnización, la cual surgirá, en todo caso, de manera substitutiva y condicionada a la conducta que asuma la patronal frente a una sentencia condenatoria. Por tal razón, es evidente que la acción de pago de indemnización en materia laboral-electoral, que ejercite el servidor actor, basada en la separación injustificada que arguya, carece de apoyo legal, por lo que, en caso de ejercitarse, la misma, como en la especie, deviene improcedente.

Así es, en el presente caso, es de observarse que en el capítulo de prestaciones del escrito inicial de demanda, el actor, en el inciso a), reclamó la cantidad de veintisiete mil quinientos once pesos con treinta y ocho centavos, "por concepto de indemnización de los tres meses que me corresponden"; pretensión a la que luego hizo referencia en la etapa de alegatos de la audiencia a que se refiere el artículo 101, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, por voz de su apoderado, quien manifestó: ... "En consecuencia de lo anterior es que deberá condenar a la contraria a la satisfacción de la prestación derivada de la destitución injustificada, consistente en el pago de la indemnización correspondiente, que asciende al importe de tres meses..."

En esta tesitura, es evidente que el actor intentó ante este órgano jurisdiccional la acción de pago de indemnización, la cual, como ha quedado precisado en párrafo anteriores, carece de sustento legal en las disposiciones aplicables a la materia, como acción que puedan ejercitar los miembros del servicio profesional electoral, como es el caso del demandante, o el personal administrativo del Instituto demandado, que se considere fue injustamente separado de su empleo. En tal virtud, cabe concluir, que la acción principal intentada por el actor resulta improcedente, lo que hace innecesario, por ocioso, entrar al estudio de la impugnación formulada en contra de la resolución de veintisiete de enero del año en curso, dictada por el Secretario Ejecutivo del Instituto Federal Electoral, mediante la cual declaró infundado el recurso de reconsideración interpuesto por el propio actor, y, como consecuencia, confirmó su destitución del cargo de Vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica que venía desempeñando, toda vez que, en el mejor de los casos, declarando procedente la impugnación formulada por el actor, no alcanzaría su pretensión, pues sería imposible condenar al Instituto demandado al pago de la indemnización que reclama, puesto que, como ya se dijo, la legislación aplicable no contempla el ejercicio tal acción, por parte del servidor del Instituto Federal Electoral que se considere indebidamente destituido de su cargo.

Sobre dicho tema no está por demás abundar, que la acción de pago de indemnización constitucional no puede ser declarada procedente, porque, como se dijo, la legislación aplicable no la contempla, apreciándose que el reclamante, con manifiesto error, para el ejercicio de tal acción parte de la premisa de que le es aplicable lo que dispone el artículo 123 constitucional en relación con ceses o despidos, lo cual constituye una inexactitud, pues tal precepto, solo podría aplicársele, de manera excepcional, respecto de las medidas que establece, en relación con la protección al salario y a los beneficios de seguridad social.

Así es, en principio, el apartado "A" del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos regula las relaciones laborales de los factores de producción, pues las leyes que, sobre tal tema expide el Congreso de la Unión rigen entre: "...los obreros, jornaleros, empleados, domésticos, artesanos...".

El apartado "B" del propio artículo constitucional rige también, en principio, las relaciones jurídicas de los Poderes de la Unión y del Gobierno del Distrito Federal con sus trabajadores.

Claramente se ve que, en ninguno de los supuestos mencionados por los apartados "A" y "B" del artículo 123 constitucional, se sitúa el Instituto Federal Electoral, pues, respecto al apartado "A", ninguna base hay para considerar que es integrante de alguno de los factores de la producción y, con relación al apartado "B", de conformidad a lo dispuesto en la fracción III del artículo 41, de la Carta Magna, dicho Instituto es un organismo público autónomo, dotado de personalidad jurídica y patrimonios propios, independiente en sus decisiones y funcionamiento; de ahí que no pertenezca a los Poderes de la Unión ni al Gobierno del Distrito Federal.

Por tanto, no hay base legal alguna para considerar que el artículo 123 constitucional regula las relaciones jurídicas entre el Instituto Federal Electoral y sus servidores en lo tocante a la estabilidad en el empleo.

La situación jurídica del enjuiciante, como servidor del Instituto Federal Electoral, como ya se dijo y sobre lo que se insiste, está regulada, en principio, por lo dispuesto en la parte segunda de la fracción tercera del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual señala: "...las disposiciones de la Ley Electoral y del Estatuto que con base en ella apruebe el Consejo General, regirán las relaciones de trabajo de los servidores del organismo público..."

Según puede apreciarse, las relaciones jurídicas entre el Instituto Federal Electoral y sus servidores, fundamentalmente las concernientes a la estabilidad en el empleo, por ahora, las rigen normas distintas a las que se contienen en el artículo 123 Constitucional y sus leyes Reglamentarias, invocadas por el actor como fundamento de su pretensión indemnizatoria, puesto que, por disposición constitucional, la ley que desenvuelve la parte conducente del precepto transcrito es el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y aunque en la transcripción se hace mención al Estatuto expedido por el Consejo General del Instituto Federal Electoral, ya quedó anotada la razón por la cual continúa vigente el Estatuto del Servicio Profesional Electoral, cuya obligatoriedad data de mil novecientos noventa y dos.

Consecuentemente, si en principio y tocante a la estabilidad en el empleo, las relaciones entre el Instituto Federal Electoral y sus servidores no se encuentran regidas por el artículo 123 Constitucional, como tampoco por las leyes que lo reglamentan, entonces debe convenirse en que tal precepto no puede servir de base para la procedencia de la acción de pago de indemnización por destitución injustificada, que intentó el reclamante, a lo que debe agregarse que tampoco está por demás insistir y dejar puntualizado que del estudio realizado de las disposiciones que integran el Estatuto del Servicio Profesional Electoral, así como las del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y las de la propia Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, se aprecia que tales ordenamientos no contienen precepto alguno que faculte o permita a los servidores del Instituto exigir el pago de una indemnización cuando son destituidos o separados de su cargo, de donde resulta la improcedencia de la acción atinente que contra el Instituto demandado ejerció el servidor; habida cuenta que no es posible que se supla tal prestación que contemplan la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado y la Ley Federal del Trabajo que, dicho sea de paso, son supletorias en el presente procedimiento, de conformidad con lo estatuido por el artículo 95 de la Ley General del Sistema de Medios citada, pues la supletoriedad que esta última codificación prevé, precisa puntualizar, sólo tiene lugar en aquellas cuestiones que, comprendidas en la propia Ley, se encuentran carentes de reglamentación o deficientemente reglamentadas. Entre los requisitos necesarios para poder aplicar la disposición de una ley de manera supletoria en la resolución de los conflictos laborales entre el Instituto Federal Electoral y sus servidores destacan: a), que se prevea en la propia legislación laboral electoral, la supletoriedad de la codificación que se aduce supletoria; b), que la legislación en materia laboral electoral contemple la prestación, institución o figura respecto de la cual se pretenda la aplicación; c), que la institución, prestación o figura comprendida en la legislación laboral electoral no tenga reglamentación o bien que teniéndola, sea deficiente; y d), que las disposiciones que se vayan a aplicar supletoriamente, no se opongan a las bases o principios que integran el sistema legal al que se pretende incorporar la norma supletoria; esto es, que los requisitos necesarios para que exista la supletoriedad de unas normas respecto de otras son: 1), que el ordenamiento que se pretenda suplir lo admita expresamente, y señale el estatuto supletorio; 2), que el ordenamiento objeto de supletoriedad prevea la institución jurídica de que se trate; 3), que no obstante esa previsión, las normas existentes en tal cuerpo jurídico sean insuficientes para su aplicación a la situación concreta presentada, por carencia total o parcial de la reglamentación necesaria, y 4), que las disposiciones o principios con los que se vaya a llenar la deficiencia no contraríen, de algún modo, las bases esenciales del sistema legal de sustentación de la institución suplida. Ante la falta de uno de esos requisitos, no puede operar la supletoriedad de una legislación en otra; habida cuenta que no es lógico ni jurídico acudir a dicha supletoriedad para crear prestaciones o instituciones extrañas a la ley que la permite, porque ello equivale a integrar a esta ley, prestaciones, derechos o instituciones ajenas a la misma, e implica, a su vez, invadir las atribuciones que la Constitución reservó a otros órganos; y como quiera que, los mencionados requisitos, no se satisfacen en la especie, ello origina la improcedencia de la prestación de que se habla, lo que, a su vez, dada dicha improcedencia, justifica que deba absolverse de la reclamación que al demandado le hizo el actor.

Aparte de lo anterior, y sólo como mera aclaración, por lo que atañe a que es ilegal la resolución combatida que decidió la reconsideración, por haber estimado el Secretario Ejecutivo de la demandada que quien decretó la sanción administrativa destitutoria ──Director Ejecutivo de Capacitación Electoral y Educación Cívica─ contaba con la facultad necesaria para pronunciar dicha resolución, cabe estimar lo siguiente.

Como lo arguye el Instituto demandado, el artículo 188 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral, en lo que al caso importa, dispone que: "El conocimiento de las infracciones que motiven la aplicación de una sanción administrativa, su investigación substanciación y resolución, corresponde al superior jerárquico del presunto responsable".

Pues bien, en oposición a lo que sugiere el reclamante, tal norma sí resulta aplicable en la especie, y tal como quedó aclarado al decidirse el JLI-001/98, por esta Sala Superior, opuestamente a lo que entonces alegó el demandado, la disposición estatutaria transcrita no se refiere a cualquier superior jerárquico, sino a uno específico para cada caso, pues para arribar a tal conclusión se tuvo en cuenta y ahora se reitera, que la interpretación gramatical del precepto a ello conduce, porque de su redacción se advierte que se está utilizando la palabra "al", que es una contracción de la preposición "a" y el artículo determinado "el", voz esta última que, de acuerdo al Diccionario de la Real Academia Española, vigésima primera edición, 1992, página 144, sirve principalmente para limitar la extensión del nombre a un objeto ya consabido del que habla y de aquél a quien se dirige la palabra; lo cual da una idea de alguien perfectamente identificado, no de una persona o sujeto cualquiera de los que pertenecen a su género, es decir, la referencia se da para una persona o cosa identificada, con exclusión de otra del mismo género o especie; apreciación que, por otra parte, es congruente con las disposiciones que se contienen en las "Normas de Operación para la Determinación de Sanciones Administrativas", aprobadas por la Junta General Ejecutiva del Instituto demandado, por unanimidad de votos, en sesión celebrada el veintinueve de noviembre de mil novecientos noventa y tres; cuya documental fue aportada en fotostática simple por el demandado y merece pleno valor conviccional en virtud de que el actor sólo la objetó por "no tener relación con la litis"; objeción que, de ninguna manera podría ser acogida, en razón de que ambos contrincantes sostuvieron posturas diferentes sobre quién estaba facultado para destituir al reclamante.

En este medio de prueba consta que la Junta General Ejecutiva del Instituto Federal Electoral emitió un acuerdo con el objeto de precisar quienes son los funcionarios específicos a los que les corresponde la calidad de "superior jerárquico" para los efectos del conocimiento, investigación, sustanciación y resolución de los procedimientos referentes a la determinación e imposición de las diferentes sanciones administrativas que pueden imponerse a los servidores del Instituto. De su lectura se advierte que el puesto que se desempeñe y la sanción a imponerse (amonestación, suspensión, destitución o multa), marcan cuáles son los funcionarios a quienes compete la substanciación del procedimiento y a cuáles la imposición de la sanción, apreciándose que, inclusive, respecto a la destitución estableció una separación en el sentido de que cierto funcionario conocerá de la investigación y substanciación y otro es quien debe emitir la resolución.

Así, en los puntos OCTAVO y NOVENO de dicho acuerdo se precisa: "OCTAVO. En el supuesto de que un acto u omisión amerite la aplicación de suspensión o destitución, el conocimiento, investigación, sustanciación y resolución del procedimiento respectivo, se llevará a cabo de conformidad con lo que establece el siguiente punto".

"NOVENO. Los funcionarios del Instituto facultados para conocer, investigar, substanciar y resolver en materias administrativas, en los ámbitos central, local y distrital, son los que señalan en los anexos A, B, C, y D de este acuerdo, los cuales forman parte del mismo".

En el anexo "D", que es el que, en la especie, resulta aplicable, porque el actor desempeñaba sus funciones en un Órgano Distrital (sobre este aspecto no hay controversia alguna), aparece que la resolución que destituya a un Vocal (cargo que ostentaba el accionante) debe emitirla un "Director Ejecutivo correspondiente", ya que en dicho anexo se puede observar lo siguiente:

"ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECE LAS NORMAS DE OPERACIÓN CONFORME A LAS CUALES SE LLEVARA A CABO LA DETERMINACIÓN DE SANCIONES ADMINISTRATIVAS.

ANEXO D

MIEMBROS DEL SERVICIO PROFESIONAL ELECTORAL FUNCIONARIOS FACULTADOS PARA CONOCER, INVESTIGAR, SUBSTANCIAR Y RESOLVER: ÓRGANOS DISTRITALES

* PUESTOS

AMONESTACIÓN

SUSPENSIÓN

DESTITUCIÓN

 

CONOCIMIENTO

INVESTIGACIÓN

SUBSTANCIACIÓN

RESOLUCION

CONOCIMIENTO

INVESTIGACIÓN

SUBSTANCIACIÓN

RESOLUCION

CONOCIMIENTO

INVESTIGACIÓN

SUBSTANCIACIÓN

RESOLUCION

VOCAL EJECUTIVO

VOCAL EJECUTIVO LOCAL

VOCAL JECUTIVO LOCAL

VOCAL SECRETARIO LOCAL

VOCAL EJECUTIVO LOCAL

VOCAL EJECUTIVO LOCAL

EN QUIEN DELEGUE EL DIRECTOR GENERAL

VOCAL SECRETARIO

VOCAL EJECUTIVO DISTRITAL

VOCAL EJECUTIVO DISTRITAL

VOCAL EJECUTIVO DISTRITAL

VOCAL EJECUTIVO LOCAL

VOCAL EJECUTIVO LOCAL

EN QUIEN DELEGUE EL DIRECTOR GENERAL

VOCALES

VOCAL EJECUTIVO DISTRITAL

VOCAL EJECUTIVO DISTRITAL

VOCAL EJECUTIVO DISTRITAL

VOCAL EJECUTIVO LOCAL

VOCAL EJECUTIVO LOCAL

DIRECTOR EJECUTIVO CORRESPONDIENTE

OPERATIVO

JEFE INMEDIATO SUPERIOR

JEFE INMEDIATO SUPERIOR

VOCAL DISTRITAL CORRESPONDIENTE

VOCAL EJECUTIVO DISTRITAL

VOCAL DISTRITAL CORRESPONDIENTE

VOCAL EJECUTIVO LOCAL

* Y PUESTOS EQUIVALENTES"

Ahora bien, es innegable que el sistema jurídico mexicano, los actos de los organismos del Estado, entre ellos los electorales, en todas sus relaciones deben presumirse inspirados en el principio general de la buena fe, que conduce al respeto de los propios actos, cuando éstos no contravengan disposiciones legales imperativas, prohibitivas o de orden público, y a respetar las situaciones que resulten en favor de los sujetos relacionados con tales actos, que deben ser fuente de confianza, seriedad y seguridad.

En consecuencia, si la Junta General Ejecutiva del Instituto Federal Electoral emitió el acuerdo por el que se establecen las normas de operación, conforme a las cuales se debe llevar a cabo la determinación de sanciones administrativas, con la finalidad de precisar cuáles de los funcionarios del referido Instituto son los facultados para el conocimiento, investigación, substanciación y resolución de los procedimientos administrativos para la determinación de sanciones, a que hace referencia el artículo 188 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral, entonces, se debe apegar a los lineamientos establecidos en tales normas aclaratorias, dado que, no se advierte contraríen alguna norma de las clases indicadas, y porque, evidentemente, se contravendría el principio de buena fe, si a pesar de la emisión del acuerdo y de su evidente propósito, se actuara de modo distinto a su tenor, en oposición a los propios actos de la demandada.

Pues bien, de acuerdo con lo explicado, no cualquier persona que ocupe un sitial superior de un determinado servidor del Instituto Federal Electoral, puede resolver el procedimiento que precede a su destitución, sino sólo quien, por un lado, teniendo el carácter de superior jerárquico, por otro, esté facultado para ese efecto, de acuerdo a la enunciación que se hace en los cuadros anexos a las aludidas "Normas de Operación para la Determinación de Sanciones Administrativas", expedidas en noviembre de mil novecientos noventa y tres, siendo el competente para determinar la destitución de un Vocal adscrito a un Órgano Distrital, específicamente, el Director Ejecutivo correspondiente; pero como quiera que la normatividad aplicable no concretiza a cuál Director Ejecutivo correspondiente se refiere, entonces, para dilucidar quién es ese Director Ejecutivo, que, en la especie, podría decretar la destitución del actor, debe, en primer lugar, examinarse si el a que se refiere el demandado (Director Ejecutivo de Capacitación Electoral y Educación Cívica), puede considerarse "superior jerárquico" y, en todo caso, si es el que corresponde a la adscripción del demandante, encontrándose que sí admite tal calificación dicho funcionario, porque, como el propio actor lo comprobó durante el juicio con la documental consistente en el original del oficio SG/1405/96, el nueve de septiembre de mil novecientos noventa y seis, el Secretario General en funciones de Director General del Instituto Federal Electoral, le comunicó que a partir del diecinueve del propio mes, quedaba adscrito a la Junta Distrital Ejecutiva 04, del Distrito Federal, para fungir como Vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica, lo que significa que, desde esa fecha, se encontraba adscrito a la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica, la cual, dicho sea de paso, forma parte de la Junta General Ejecutiva del Instituto Federal Electoral, según lo dispone el artículo 85 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, y al frente de tal Dirección, al igual que sucede en todas las Direcciones Ejecutivas, se encuentra un Director Ejecutivo, como lo previene el numeral 90 del propio Ordenamiento, quien, por lo mismo, al encontrarse en la cúspide de la Dirección Ejecutiva respectiva, tiene el carácter de superior jerárquico de todo el personal que a tal Dirección se encuentre adscrito. Por ello puede afirmarse, válidamente, que el Director de la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica, sí era superior jerárquico del reclamante y, como a tal Dirección se encontraba adscrito el accionante, entonces debe entenderse que dicho Director Ejecutivo contaba con las facultades necesarias para decretar la destitución cuestionada.

Consecuentemente, no puede reprocharse al Secretario Ejecutivo del Instituto demandado, el que de esa manera lo haya estimado al decidir el recurso de reconsideración de mérito.

A mayor abundamiento, también resulta conveniente dejar apuntado que, aún considerando que la resolución impugnada hubiera sido dictada fuera del término de treinta días naturales que establece el artículo 197 (se citó erróneamente 196) del Estatuto del Servicio Profesional Electoral, como lo aduce el actor, tal circunstancia no le depararía beneficio alguno, toda vez que se está frente de una norma imperfecta, pues no existe disposición legal que sancione el referido incumplimiento, como lo pretende el accionante, esto es, estimar por ese motivo, injustificada su destitución. Por tanto, tal argumento, en todo caso, sería insuficiente para restarle validez a la resolución cuestionada y, por ende, para acreditar que fue destituido injustificadamente.

En consecuencia, como ya se anotó, procede absolver al demandado del referido pago de indemnización, lo que, por otra parte, impide hacer pronunciamiento alguno en torno a las restantes cuestiones que versan sobre la legalidad de lo resuelto en el recurso de reconsideración.

CUARTO. Tocante al reclamo de pago de horas extras extraordinarias laboradas durante los años de mil novecientos noventa y uno y mil novecientos noventa y cuatro, mil novecientos noventa y cinco y mil novecientos noventa y seis, el enjuiciante en los hechos que se relacionan con la prestación que pretende, manifiesta que tenía un horario de labores de las nueve a las quince horas, y de las diecisiete a las veintiuna horas de lunes a viernes, y los sábados de realizaba guardias con el mismo horario de forma alternada con los Vocales de la Junta Distrital, correspondiéndole realizar una guardia mensual durante los años de mil novecientos noventa y dos, mil novecientos noventa y tres y mil novecientos noventa y seis; que en los tiempos de proceso electoral de los años de mil novecientos noventa y uno, mil novecientos noventa y cuatro, mil novecientos noventa y cinco y mil novecientos noventa y siete, para efectos de que pudieran llevarse las elecciones federales como locales en el Distrito Federal, todos los días de los meses de febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre y octubre, tuvo que trabajar tiempo extraordinario de las veintiuna horas hasta las cuatro horas del día siguiente, toda vez que todos los días eran hábiles; que la jornada laboral en las jornadas electorales del diecinueve de agosto de mil novecientos noventa y uno, veintiuno de agosto de mil novecientos noventa y cuatro y la del seis de julio de mil novecientos noventa y siete, iniciaron a las ocho horas del día de la jornada electoral hasta las once horas del día siguiente, y de los cómputos distritales llevados a cabo el veintidós de agosto de mil novecientos noventa y uno, veinticuatro de agosto de mil novecientos noventa y cuatro, y nueve de julio de mil novecientos noventa y siete, fue de las ocho horas a las once horas del día siguiente, finalmente adujo que en el año de mil novecientos noventa y siete, además de las elecciones federales y locales, preparó actividades concernientes a la jornada infantil del seis de julio, también en esos horarios.

El Instituto demandado al dar respuesta a la reclamación de referencia, en lo general negó el demandante hubiese laborado tiempo extraordinario a su servicio y cautelarmente opuso la excepción de caducidad de las horas extras correspondiente a los años que se indicaron, y de manera particular, sostuvo que el horario señalado por el actor era falso, pues éste era de las diez a las quince horas y de las dieciocho a las veintiuna horas de lunes a viernes y que no realizó ninguna guardia al servicio del Instituto, insistiendo en la caducidad de cualquier prestación que pudiese haber generado en los años de mil novecientos noventa y uno, mil novecientos noventa y dos, mil novecientos noventa y tres, mil novecientos noventa y cuatro, mil novecientos noventa y cinco y mil novecientos noventa y seis, también señaló que en relación a las actividades de mil novecientos noventa y siete, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 171, párrafo 3, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, se otorgó al actor la cantidad que se menciona en la nómina correspondiente por concepto de incentivo por el año electoral mil novecientos noventa y siete, por lo que, carecía de acción y derecho para reclamar horas extras, y finalmente opuso la excepción de oscuridad y defecto legal de la demanda, ya que no se precisa circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se fundan los hechos y las pretensiones del demandante.

Al respecto cabe formular las siguientes consideraciones:

Aún cuando se partiera de la base de que el actor trabajó las horas que indica en su demanda, relativas al año de mil novecientos noventa y siete, es de advertirse que esas horas corresponden a un período que abarca del mes de febrero al mes octubre de mil novecientos noventa y siete, año en el que se llevaron a cabo diversas elecciones federales.

Esta circunstancia actualiza la hipótesis del artículo 171, párrafo 3, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, que textualmente refiere "Los miembros del Servicio Profesional Electoral, con motivo de la carga laboral que representa el año electoral, al ser todos los días y horas hábiles, tendrán derecho a recibir una compensación, derivada de las labores extraordinarias que realice, de acuerdo con el presupuesto autorizado".

Ahora bien, al contestar la demanda el Instituto Federal Electoral, adujo que en relación a la actividad del año de mil novecientos noventa y siete, el demandante no tenía derecho a reclamar el pago del tiempo extraordinario, porque en términos de la disposición transcrita el actor había recibido la compensación derivada de tal año electoral, por la cantidad que constaba en la nómina correspondiente, y la cual había sido recibida por el enjuiciante a su entera conformidad.

El demandado ofreció y se le admitió la nómina de incentivos por jornada electoral, correspondiente a la quincena 97/13, documento del cual se desprende que el actor recibió la cantidad neta de dieciséis mil cuatrocientos cincuenta pesos con sesenta y tres centavos, moneda nacional, por el concepto señalado y firmó de conformidad.

El enjuiciante no impugnó la autenticidad de la referida documental, pues ninguna manifestación produjo durante el juicio, referente a que dicho documento fuera falso, o que la firma que contiene el renglón atinente no correspondiera a su puño y letra, o bien, que existiera alguna alteración. Únicamente se limitó a objetarlo en cuanto a su alcance y valor probatorio, lo que desde luego no produce ningún efecto, dado lo subjetivo de la objeción. Por consiguiente, la referida probanza produce plena fuerza de convicción, para considerar que como las horas extras, que en la demanda se dice fueron laboradas en el año de mil novecientos noventa y siete, corresponden a un año electoral, en lo más favorable al actor, éste tendría derecho solamente a la compensación a que se refiere el artículo 171, párrafo 3, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y no al pago de tiempo extraordinario, como pretende; en consecuencia, procede la absolución de ese tiempo extraordinario.

Igual solución debe adoptarse por lo que atañe a las restantes horas extras reclamadas por el actor en su escrito inicial, toda vez que ha operado la caducidad de la acción.

Así es, el artículo 96 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, dispone lo siguiente: "El servidor del Instituto Federal Electoral que hubiese sido sancionado o destituido de su cargo o que considere haber sido afectado en sus derechos y prestaciones laborales, podrá inconformarse mediante demanda que presente directamente ante la Sala Superior del Tribunal Electoral, dentro de los quince días hábiles siguientes al en que se le notifique la determinación del Instituto Federal Electoral".

Del contenido del dispositivo legal invocado, se desprende que es condición insoslayable que las acciones laborales que intenten los servidores del Instituto Federal Electoral se ejerciten dentro del lapso de quince días siguientes al en que se les notifiquen o conozcan de las determinaciones del Instituto, que les afecten sus derechos y prestaciones laborales. Así se estableció la tesis de jurisprudencia, J.1/98, aprobada por los Magistrados que integran la Sala Superior de este Tribunal Electoral, en sesión de veintinueve de enero de mil novecientos noventa y ocho, que dice: "ACCIONES DE LOS SERVIDORES DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL. EL PLAZO PARA EJERCITARLAS ES DE CADUCIDAD.- El párrafo primero del artículo 96 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, contempla la figura jurídica denominada de la caducidad, pues en tal disposición está claramente expresada la voluntad del legislador de establecer como condición sine qua non de las acciones laborales de los servidores del Instituto Federal Electoral, que las mismas se ejerciten dentro del lapso de quince días hábiles siguientes al en que se les notifiquen o conozcan de las determinaciones del Instituto, que les afecten en sus derechos y prestaciones laborales".

Acorde con lo anterior, es preciso aclarar, que el vocablo "notificación", a que hace referencia el transcrito artículo 96, que implica informar a alguien algo, carece del significado de una comunicación procesal (en cuyo supuesto se requiere que se realicen las formalidades legales preestablecidas, para hacer saber una resolución de autoridad judicial o administrativa a la persona que se reconoce como interesada en su conocimiento o se le requiere para que cumpla un acto procesal); en todo caso, la notificación a que se refiere el precepto legal invocado, sólo constituye una comunicación entre los sujetos que en un plano de igualdad, intervienen en una relación de trabajo, puesto que en este caso el Instituto Federal Electoral actúa como patrón; de manera que, esa notificación reviste las distintas formas de trasmitir ideas, resoluciones o determinaciones entre personas que actúan en un plano de igualdad, bien sea de manera oral, escrita o, inclusive, a través de posturas asumidas dentro del desenvolvimiento del nexo jurídico que las vincula (por ejemplo no permitir al operario ingresar a la fuente de trabajo), puesto que esa notificación sólo viene a constituir la noticia cierta de la decisión que uno de los sujetos participantes en esa relación ha tomado y hace saber al otro; sobre este tema, cabe indicar que resulta aplicable la diversa tesis de jurisprudencia J.3/98, aprobada por esta Sala Superior en sesión de veintinueve de enero del año en curso, que a la letra indica: "NOTIFICACIÓN, LA PREVISTA POR EL ARTICULO 96 DE LA LEY GENERAL DEL SISTEMA DE MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL NO ES DE NATURALEZA PROCESAL. Si el servidor del Instituto Federal Electoral que considere haber sido afectado en sus derechos y prestaciones laborales, puede inconformarse mediante demanda que presente directamente ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, dentro de los quince días hábiles siguientes al en que se le "notifique" la determinación del Instituto Federal Electoral, precisa aclarar, en primer lugar, que el vocablo "notificación", que implica comunicar a alguien algo, carece del significado de una comunicación procesal (en cuyo supuesto se requiere que se realicen formalidades legales preestablecidas, para hacer saber una resolución de autoridad judicial o administrativa a la persona que se reconoce como interesado en su conocimiento o se le requiere para que cumpla un acto procesal); más bien, tomando en consideración que sólo se trata de una comunicación entre los sujetos que en un plano de igualdad intervienen en una relación jurídica (dado que el Estado ha asimilado al Instituto Federal Electoral a la naturaleza de patrón), entonces, tal comunicación puede revestir las distintas formas existentes que trasmiten ideas, resoluciones o determinaciones entre personas que actúan en un plano de igualdad, bien sea por vía oral, escrita o, inclusive, a través de posturas asumidas dentro del desenvolvimiento del nexo jurídico que las vincula, ya que, esa "notificación" sólo viene a constituir la noticia cierta del hecho que uno de los sujetos participantes de esa relación, hace saber o pone de manifiesto al otro".

Así las cosas, debe estimarse que la reclamación formulada tocante a las horas extras concernientes a los años de mil novecientos noventa y uno, mil novecientos noventa y dos, mil novecientos noventa y tres, mil novecientos noventa y cuatro, mil novecientos noventa y cinco y mil novecientos noventa y seis, deviene improcedente, ya que si de acuerdo con el artículo 96 de la Ley de la Materia, el personal que se considera afectado en alguno de sus derechos o prestaciones laborales, podrá inconformarse dentro del término de quince días naturales, contados a partir del siguiente a aquél en que se haya notificado la resolución o se tenga conocimiento del acto, es evidente que, respecto de todas las horas extras que se reclaman transcurrió con exceso el término de que disponía el actor para solicitar su pago, tomando en cuenta que, en la especie por tratarse de una prestación autónoma, es decir, que no depende de la ruptura de la relación de trabajo, tal plazo empezó a correr a partir del día siguiente a la fecha en que se actualizó el interés jurídico del servidor, lo que acontece desde el momento en que la prestación podría exigirse, pues las horas extras son de consumación inmediata, por lo que, una vez laboradas, deben ser cubiertas a más tardar el día de pago de la quincena en que se hayan trabajado, de manera tal que, de no satisfacerse dicha remuneración en la quincena correspondiente, a partir de ese momento surge la afectación del interés jurídico del servidor y el derecho para ejercitar su acción a partir del día siguiente; empero, como la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, que contiene la norma que contempla la figura jurídica de la caducidad, entró en vigor a partir del veintitrés de noviembre de mil novecientos noventa y seis, y su aplicación no puede ser retroactiva, será entonces, a partir del día siguiente de esa fecha, cuando empezó correr el plazo del el actor, para ejercitar su reclamación de pago de horas extras, por lo que, al haberlo hecho hasta el diecisiete de febrero del año en curso, fecha en la que presentó su escrito de demanda, como consta en el sello de recepción correspondiente, es obvio transcurrió con exceso el lapso de quince días hábiles con que contaba para formular su reclamo, operando, por ende, la caducidad de la misma, respecto de la horas extras que dice trabajó durante los años de mil novecientos noventa y uno, mil novecientos noventa dos, mil novecientos noventa y tres, mil novecientos noventa y cuatro y mil novecientos noventa y cinco y mil novecientos noventa seis; consecuentemente, no es posible condenar al Instituto demandado al pago reclamado por tales horas extras.

Además, la apuntada absolución también se da respecto de aquellas horas extras que se pretenden derivar del horario de las nueve a las quince horas y de las diecisiete a veintiún horas, en relación a la realización de una guardia mensual que según dice el actor realizó en los años de mil novecientos noventa y dos, mil novecientos noventa y tres y mil novecientos noventa y seis, toda vez que el enjuiciante omite en su escrito inicial de demanda, indicar las circunstancias concretas, y particulares a través de las cuales este Tribunal, pudiera dilucidar la procedencia de tal prestación, pues se abstuvo de precisar qué días laboró las guardias mensuales que dice cumplió en los años que refiere, lo que obviamente torna en obscura su pretensión, por no aportar los elementos necesarios que permitan emprender su estudio, y, en consecuencia, resulta imposible establecer una condena al respecto. Aunado a que en el desahogo de la prueba confesional a cargo del accionante, cuando se le formuló la posición número dieciséis, relativa a que prestó sus servicios al Instituto demandado en un horario comprendido de la diez a las quince horas, y de las dieciocho a las veintiuna horas, de lunes a viernes de cada semana, contestó afirmativamente, lo que prueba en su contra, para establecer que es falso el horario que adujo y a partir del cual pretende calcular las horas extras que reclama.

QUINTO. Por cuanto hace a las prestaciones que el actor señala en los incisos d) y e), del capítulo respectivo de su escrito de reclamación, consistentes en el pago de determinadas cantidades por "Las jornadas electorales inhumanas", que afirma haber laborado, y por concepto de "Sesiones de cómputo distrital", en que dice participó, en los años de mil novecientos noventa y uno, mil novecientos noventa y cuatro, mil novecientos noventa y cinco y mil novecientos noventa y siete, este órgano jurisdiccional las considera improcedentes.

En primer lugar, porque del contenido del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y del Estatuto del Servicio Profesional, ordenamientos que rigen las relaciones de trabajo de los servidores del Instituto Federal Electoral, por disposición del artículo 41 constitucional, base III, párrafo 2, se advierte que no existe consignada en favor del personal del referido Instituto, prestación alguna, denominada pago por "jornadas electorales inhumanas" o por concepto de "sesiones de cómputo distrital", por lo que, evidentemente, la reclamación formulada en tal sentido resulta improcedente, por carecer de fuente legal que la sustente.

En segundo lugar, porque si a la pretensión de pago de "jornadas electorales inhumanas" y por concepto de "sesiones de cómputo distrital", se le quisiera ver como un reclamo de pago de horas extras, también desde esa perspectiva, resultarían improcedentes, en atención a los consideraciones vertidas en esta resolución, cuando se abordó en lo particular, lo relativo al pago de horas extras.

SEXTO. La prestación que reclama el actor, por concepto de pago de mensualidad laborada durante el mes de enero de mil novecientos noventa y ocho, resulta improcedente.

El actor sustenta su reclamación en que a pesar de la resolución de destitución del doce de diciembre de mil novecientos noventa y siete, emitida por el Director Ejecutivo de Capacitación Electoral y Educación Cívica, siguió desempeñando su jornada laboral en la 04 Junta Distrital Ejecutiva en el Distrito Federal, durante los últimos días de diciembre de mil novecientos noventa y siete y hasta el veintinueve de enero de mil novecientos noventa y ocho, fecha en la que entregó "todas las herramientas" y la memoria del proceso electoral de mil novecientos noventa y siete; de ahí que reclama el pago de la mensualidad del citado mes de enero. En contrapartida, el Instituto demandado adujo que el actor carecía de acción y derecho para reclamar dicho pago, toda vez que le fue aplicada la sanción de destitución del cargo, la cual le fue notificada el quince de diciembre de mil novecientos noventa y siete, por lo que dejó de prestar servicios al Instituto a partir de dicha notificación.

Cabe aclarar que no existe controversia, respecto de la fecha (quince de diciembre de mil novecientos noventa y siete) en que dice la parte demandada le fue notificada al actor, la resolución de la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica, de doce del mismo diciembre, mediante la cual se le destituyó de su cargo, pues obra en autos el acuse de recibo por parte del actor de la indicada resolución de doce de diciembre, mediante la cual se le destituyó, consignando su firma y la fecha quince de diciembre del citado año; documental que merece pleno valor probatorio, sobre la veracidad de su contenido y de lo afirmado por el Instituto demandado, no obstante que fue objetada en cuanto a su alcance y valor probatorio, pues tal objeción no le resta eficacia por ser genérica la manifestación en que se sustenta. Asimismo en el desahogo de la prueba confesional a cargo del actor, éste aceptó haber recibido en la fecha indicada, la referida resolución, por lo que, es obvio que se impuso de su contenido, pues inclusive se inconformó en su contra mediante el recurso de reconsideración que interpuso en su oportunidad. De manera que, si conforme con la propia determinación, ésta debía de surtir sus efectos "en el acto mismo de la notificación", ello representa en sí mismo un acto cierto, que se actualiza al momento de la recepción de la notificación relativa, lo que quiere decir que, jurídicamente a partir del dieciséis de diciembre de mil novecientos noventa y siete, ninguna relación de trabajo existió ya, entre el actor y el Instituto demandado, pues la destitución tiene por objeto poner fin a ese vínculo. Consecuentemente, como el actor ninguna obligación tuvo de continuar trabajando, y si ahora reclama el pago de salarios generados durante el mes de enero, específicamente hasta el veintinueve de dicho mes, en todo caso le corresponde al propio demandante demostrar que efectivamente laboró después de que le fue notificada su destitución o que hubo estado a disposición de la patronal durante el lapso que señala, en virtud de que los salarios constituyen la contraprestación que otorga el empleador a cambio de los servicios prestados; luego, si no se prestan tales servicios en principio y salvo las excepciones que indica la ley, se carece del derecho a la satisfacción de los mismos.

Ahora bien, de las pruebas ofrecidas y admitidas al accionante, se advierte que no cumplió con la carga probatoria que le correspondió, consistente en acreditar que efectivamente laboró después de la fecha en que se le notificó la destitución, o que estuvo a disposición del demandado, pues de la prueba de posiciones a cargo del representante legal del instituto demandado, se observa que ninguna de las que le formuló estuvo dirigida a acreditar ese hecho. Tampoco las diversas documentales allegadas a este procedimiento, se encuentran relacionadas con su pretensión. Por último, tocante al acta administrativa de "entrega-recepción", se entiende que del cargo que ocupaba el actor, de veintinueve de enero de mil novecientos noventa y ocho, resulta ineficaz para demostrar el extremo pretendido, de que laboró para el demandado hasta esa fecha, pues debe decirse que tal documento, lo único que pone de relieve es que en ese día hizo la entrega formal del encargo que tenía como Vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica, lo que desde luego, es razonable, ya que, cuando se tiene a cargo diversa documentación o enseres, en razón del puesto que se ocupa, es obvio que al dejar éste, se debe formalizar su entrega, sin que ello signifique que hubiera desempeñado alguna actividad para el demandado de manera continua hasta esa fecha, o que estuvo a su disposición, razón por la que la prueba de mérito no le produce beneficio alguno, y, como consecuencia, debe concluirse que el promovente del juicio no cumplió con la carga que le correspondió, y por tanto, debe absolverse al Instituto demandado de la prestación reclamada, relativa al pago de salarios correspondientes al mes de enero de este año.

SÉPTIMO.- La reclamación formulada por el actor, consistente en "la cantidad que determine el dictamen médico y el laudo por el deterioro causado en mi estado general de salud, por el trabajo realizado a partir del año de mil novecientos noventa y uno a mil novecientos noventa y siete", resulta improcedente.

Así es, como el reclamo del accionante resultaba oscuro, se le requirió para que lo aclarara, lo que hizo mediante escrito en el que, en síntesis, adujo que en el año de mil novecientos noventa y tres y debido a presiones laborales a que estuvo sometido durante el proceso electoral de mil novecientos noventa y uno, y en conocer el distrito electoral y notificar personalmente a los ciudadanos insaculados, así como por las inclemencias climatológicas, durante el mes de julio de ese año, las actividades relativas le trajeron como consecuencia "la disminución de sus facultades auditivas", causa por la cual y en una revisión a sus oídos, la empresa Miracle-Ear "Oído Milagroso", le recomendó y adaptó un aparato auxiliar auditivo para su lado derecho. Que posteriormente, en mil novecientos noventa y tres, fue atendido en la Clínica Once del Instituto Mexicano del Seguro Social, "por fuertes dolores en las rodillas", principalmente en la derecha, a consecuencia de los largos y agotadores recorridos que realizó en el año de mil novecientos noventa y uno, así como por actividades que realizó en diferentes establecimientos educativos como coadyuvancia en las tareas del Registro Federal de Electores.

Sigue diciendo el actor, que el veintiocho de enero de mil novecientos noventa y cuatro, fue atendido en la Clínica Once del Instituto de Seguridad Social, por fuertes dolores en su columna vertebral, por lo que le sacaron dos placas radiográficas de la espina dorsal, detectándose "desviación de la columna", ello derivado, según afirma, de que tuvo que cargar cajas conteniendo material didáctico electoral para su difusión; que igualmente fue atendido de urgencia el dos de diciembre del año citado, en el Hospital General Tlaltelolco, con motivo de una "Remia Conjutival Mixta" derivada de las actividades realizadas para ordenar el archivo de todo el material empleado en el ámbito de la capacitación electoral durante el proceso electoral de mil novecientos noventa y cuatro; que el cinco de agosto de mil novecientos noventa y seis; al ser atendido en el referido nosocomio en la interconsulta a especialidad, le diagnosticaron "Conjuntivitis Bilateral" en ambos ojos, derivada según afirma, del empleo del material electoral que contenía bastante polvo, y utilizó en las jornadas cívicas infantiles y juveniles aplicadas en diferentes establecimientos educativos; que el veintiuno de octubre de mil novecientos noventa y seis, de nueva cuenta fue atendido en el Hospital General número veintisiete, Tlaltelolco, del Instituto Mexicano del Seguro Social, con carácter de urgente en la interconsulta a especialidad, diagnosticándosele "Diplopia Vertical", acrecentada por el empleo de material electoral polvoso que utilizó en las jornadas cívicas infantiles y juveniles aplicadas en diferentes centros educativos. Continua refiriendo el accionante, que el diecinueve de mayo de mil novecientos noventa y siete, y en pleno proceso electoral, en virtud del empleo del material didáctico para la capacitación de funcionarios de las mesas directivas de casilla, como tal material se encontraba cubierto de "hongos", le ocasionaron una "infección" en sus manos, levantándole ámpulas, por lo que tuvo que recurrir al dermatólogo Fernando Montes de Oca M., y, finalmente, concluye sus manifestaciones el enjuiciante, señalando que de las afecciones narradas le originaron limitaciones físicas, padeciendo sordera del órgano auditivo derecho y desviación de la columna vertebral.

En contra de lo argüido, el demandado, en síntesis, negó que el actor haya adquirido durante el tiempo que le prestó servicios y con motivo de los mismos, los padecimientos y limitaciones que indicó, por lo que concluye, no sufrió riesgo de trabajo alguno.

De lo afirmado por el actor, se advierte que su pretensión, deriva de hechos y circunstancias que pueden configurar riesgos de trabajo, pues tal concepto abarca tanto los accidentes y enfermedades a los que están expuestos los trabajadores en ejercicio o con motivo de sus labores. Entendiéndose como accidente de trabajo toda lesión orgánica o perturbación funcional, inmediata o posterior, o la muerte producida repentinamente en ejercicio o con motivo del trabajo, cualesquiera que sean el lugar y el tiempo en que se presten, quedando incluidos en los accidentes, que se produzcan al trasladarse el trabajador directamente de su domicilio al lugar del trabajo y de éste a aquél. En tanto que, la enfermedad de trabajo, es todo estado patológico derivado de la acción continuada de una causa que tenga su origen o motivo en el trabajo o en el medio en que el trabajador se vio obligado a prestar sus servicios. Es así que, al afirmar el actor que padeció o padece la serie de enfermedades o limitaciones que aduce, y que éstas tuvieron como origen las labores que desempeñó al servicio del Instituto demandado, le corresponde la carga probatoria para acreditar la existencia de tales riesgos de trabajo; en la inteligencia que el medio idóneo para probar el estado de salud que presenta, es la prueba pericial, tal y como lo ha sostenido la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en diversas tesis de jurisprudencia que sobre el particular ha pronunciado, y que para la resolución del presente caso, resultan ser ilustrativas, mismas que a continuación se citan:

"ENFERMEDADES DE TRABAJO, PRUEBA PERICIAL PARA DETERMINARLAS.

La naturaleza y condiciones de una enfermedad profesional o el estado patológico de un individuo, requieren para su determinación conocimientos especiales, por lo que necesariamente habrán de fijarse por peritos.

Sexta Época:

Cuarta Sala, tesis 799, Apéndice 1988, Segunda Parte, Pág. 1322."

"RIESGOS DE TRABAJO, MEDIO IDÓNEO PARA PROBARLO.

Si la demandada negó el riesgo-enfermedad de trabajo tocó probarlo al actor, y es indudable que el medio probatorio apto para tal fin lo es el dictamen pericial médico y no la confesional de la demandada, ya que el hecho por dilucidarse requiere una apreciación científica cuyo conocimiento escapa al órgano jurisdiccional, a menos que la demandada hubiese admitido la aseveración del actor en cuanto a la existencia del riesgo de trabajo.

Séptima Época:

Cuarta Sala, tesis 1683, Apéndice 1988, Segunda Parte, pág. 2724."

En el presente caso, si bien, el actor ofreció la prueba pericial médica a fin de acreditar su pretensión, la misma, como consta en autos, le fue desechada por no haber sido ofrecida con todos los elementos para su desahogo, ya que ningún cuestionario ofreció para ese fin, por lo que no contó con el medio adecuado de convicción para satisfacer la carga procesal que le correspondió, y, por ende, al incumplirla, es obvio, no acreditó los extremos de su reclamación, razón por lo que procede absolver al Instituto demandado del pago de indemnización por riesgos de trabajo.

No es obstáculo a la anterior conclusión, el resto del material probatorio aportado por el actor, consistente en diversos documentos y placas radiográficas, pues dichos medios conviccionales no resultan aptos, por sí mismos, para probar un riesgo de trabajo, puesto que, como ya se dejó en claro, el medio idóneo para probar el estado de salud de una persona y, por ende, sus limitaciones, y en su caso, el origen de éstas, es la prueba pericial.

 

OCTAVO. Habiéndose absuelto de las prestaciones a que se refieren los considerandos tercero a séptimo de la presente resolución, resulta ocioso examinar las restantes defensas y excepciones que en su contra hizo valer el Instituto demandado, porque el fin perseguido con ellas ha sido ya alcanzado.

NOVENO. En cambio, respecto a la prima de antigüedad pretendida, consistente en el pago de doce días por cada año trabajado, resulta procedente condenar a la parte demandada a cubrírsela al actor, pero no en la cuantía que éste aduce, sino en la de cuatro mil cuatrocientos diecisiete pesos, con quince centavos, moneda nacional.

En efecto, el demandante reclamó el pago de la cantidad de veinticinco mil seiscientos setenta y siete pesos con doce centavos, moneda nacional, por concepto de dicha prima. Adujo que ingresó al servicio del Instituto demandado, el primero de febrero de mil novecientos noventa y uno, y que el veintinueve de enero de mil novecientos noventa y ocho, fue cuando lo separaron del cargo que ocupaba como Vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica, agregando que su salario, en virtud de los movimientos económicos, fue variando hasta llegar a una cantidad diaria de trescientos cinco pesos con sesenta y ocho centavos por día.

El Instituto demandado, frente a ese reclamo, en resumen, sostuvo la falta de acción y de derecho del actor para pretender el pago de tal cantidad, toda vez que, aseveró, fue destituido con justificación, pero para el caso de que llegare a condenarse al pago de la prima de antigüedad, se debería cuantificar conforme a lo establecido en los artículos 485 y 486 de la Ley Federal del Trabajo, y que respecto al número de año de antigüedad, debería tenerse por controvertido en los términos de la contestación que formuló al hecho número uno del escrito de demanda, en el que, se observa, negó la fecha de ingreso aducida por el actor.

El artículo 113, fracción XV, del Estatuto del Servicio Profesional Electoral, establece que los miembros del Servicio Profesional Electoral, tienen derecho a recibir una prima de antigüedad, "en los términos que establezca la legislación aplicable"; siendo que, la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del apartado B) del artículo 123 Constitucional, no contempla el pago de dicha prestación; mientras que, el numeral 162 de la Ley Federal del Trabajo, dispone, en lo conducente, que los trabajadores de planta tienen derecho a una prima de antigüedad, consistente en doce días de salario, por cada año de servicios. La fracción II del mismo artículo, establece que, para determinar el monto del salario con base en el cual se debe cubrir la prima de antigüedad, se atenderá a lo dispuesto por los artículos 485 y 486, de la propia ley, refiriendo el último de los dispositivos indicados, en lo conducente, que si el salario que percibe el trabajador excede del doble del salario mínimo del área geográfica de aplicación a que corresponda el lugar de prestación del trabajo, se considerará esa cantidad como salario máximo.

Planteada así la litis, en primer lugar, se deberá atender a la normatividad que sobre el particular se encuentra contenida en la Ley Federal del Trabajo; en segundo lugar, debe decirse que propiamente no existe controversia respecto de la fecha de ingreso que adujo el actor, pues la parte demandada sostiene que es falsa la misma, como se aprecia en su contestación de demanda, cuando formuló respuesta en relación al hecho uno del actor; sin embargo, ello no basta para destruir el aserto del accionante, pues al haber reconocido la demandada la existencia del vínculo laboral, debió precisar la fecha que para ella era la correcta, carga procesal con la que obviamente no se cumplió, y en consecuencia, debe tenerse por verídica la fecha que señaló el actor; aparte de que en autos obra el original de un nombramiento expedido a favor del actor, en febrero de mil novecientos noventa y uno, que dicho sea de paso no fue objetado, y por tanto, merece pleno valor conviccional. Por los motivos apuntados, debe tenerse como fecha de ingreso del reclamante, al servicio del Instituto demandado, el primero de febrero de mil novecientos noventa y uno, para que, a partir de ella, se inicie el cómputo de su antigüedad; en tercer lugar, a fin de estar en posibilidad de concluir dicho cálculo, es menester determinar cuando terminó su relación laboral con el Instituto Federal Electoral. Al respecto, el demandante sostiene que laboró hasta el veintinueve de enero del año en curso, fecha en la que dice fue separado de su cargo; por su parte, la demandada refiere que la relación laboral con el actor concluyó a partir del quince de diciembre de mil novecientos noventa y siete, fecha en que le fue notificada su destitución, dejando también de prestar sus servicios ese mismo día. Al existir controversia que incide en la determinación de la antigüedad del enjuiciante, corresponde al organismo público demandado la carga de la prueba para acreditar su afirmación, de conformidad a lo señalado en el artículo 784, fracción II de la Ley Federal del Trabajo de aplicación supletoria, según lo dispone el artículo 95, párrafo 1, inciso b) de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

Pues bien, como ya se dijo al abordar el estudio relativo al pago reclamado por el actor por concepto de "mensualidad laborada durante el mes de enero de mil novecientos noventa y ocho", obra en autos el acuse de recibo del actor de la resolución de doce de diciembre del año pasado, mediante la cual se le destituyó, consignando su firma y la fecha quince de diciembre del citado año; documental que merece pleno valor conviccional, sobre la veracidad de su contenido y de lo afirmado por el Instituto demandado, no obstante que fue objetada en cuanto a su alcance y valor probatorio, pues tal objeción no le resta eficacia por ser genérica la manifestación en que se sustenta. Asimismo, en el desahogo de la prueba confesional a cargo del demandante, éste asintió haber recibido en la fecha indicada, la referida resolución, por lo que, es obvio que conoció su contenido, pues inclusive se inconformó en su contra, mediante el recurso de reconsideración que promovió en su oportunidad. Lo anterior es suficiente para concluir que, si conforme a la propia determinación, esta surtía sus efectos "en el mismo acto de la notificación", es apegado a derecho establecer que a partir de ese momento concluyó la relación de trabajo que unía a las partes, pues el fin del despido o destitución es dar por terminado dicho vínculo laboral. De manera que, al haber cumplido el Instituto demandado con la carga probatoria que le correspondía, debe tenerse como fecha de la conclusión de la relación de trabajo el quince de diciembre del año pasado. De modo que, tomando en cuenta esta última fecha y la que se determinó como de ingreso del accionante al referido Instituto (primero de febrero de mil novecientos noventa y uno), se tienen los elementos necesarios para concluir que el actor al servicio del Instituto demandado generó una antigüedad de seis años, once meses y quince días; en consecuencia, esta será la base para el cálculo correspondiente.

Ahora bien, en lo tocante a la cuantificación líquida, en lo que al caso importa se debe tener presente que la norma aplicable (artículo 486 de la Ley Federal del Trabajo), establece, en lo conducente, que si el sueldo que percibe el trabajador excede del doble del salario mínimo, se considerará esta cantidad como máximo para el pago correspondiente. De suerte que, si el salario mínimo general vigente el quince de diciembre de mil novecientos noventa y siete (fecha en la se estimó concluyó la relación de trabajo), en el Distrito Federal (lugar donde el actor prestó sus servicios), ascendía a veintiséis pesos con cuarenta y cinco centavos diarios, moneda nacional, que multiplicado por dos, resulta cincuenta y dos pesos con noventa centavos, moneda nacional, es obvio que el sueldo que percibía el demandante (superior a trescientos pesos diarios, moneda nacional, tomando en cuenta el referido por el actor, o el que pudiera desprenderse de las nóminas que ofreció la demandada, para acreditar su último salario), superaba el doble del salario mínimo, éste (de cincuenta dos pesos con noventa centavos), es el que debe tomarse en consideración para el pago de la prestación atinente; luego, si la antigüedad computada en favor del actor fue de seis años, once meses y quince días, entonces tiene derecho al pago de ochenta y tres días y medio (72 + 11 + 1/2 = 83.5), que, multiplicados por cincuenta y dos pesos con noventa centavos, moneda nacional (doble del salario mínimo vigente en el Distrito Federal, en la fecha en se tuvo por concluida la relación laboral), arroja la cantidad de cuatro mil cuatrocientos diecisiete con quince centavos, a la que, desde luego, como se apuntó, se condena al Instituto Federal Electoral a cubrir al reclamante, lo cual deberá realizar dentro del plazo de quince días a partir del siguiente al de la notificación de esta sentencia; sin que, por otra parte, resulte atendible la defensa de falta de acción y derecho hecha valer por el Instituto demandado, respecto de tal acción, basada en que la misma deviene improcedente dada la justificación de la destitución, toda vez que la prima de antigüedad es una prestación autónoma que se genera por el sólo transcurso del tiempo, y es independiente de las acciones que se hayan intentado en el juicio en que se exija, sin que, por tanto esté supeditada a que prosperen o no las mismas, pues su ejercicio nace con la separación del servidor de su empleo, no importando su justificación, por lo que se debe pagar cuando se reclame, aunque no en los términos y cuantía en que se pretenda, como aconteció en la especie, en que, en virtud de la procedencia de la plus petitio, se limitó la pretensión en la forma puntualizada; condena que no puede verse alterada por las diversas excepciones y defensas que hizo valer el Instituto demandado, y que denominó de: falsedad; de obscuridad y de caducidad. En cuanto a la primera, basta señalar para su desestimación, que lo aducido por el demandado constituye una afirmación genérica, por cuanto a que sólo aseveró que las prestaciones reclamadas por el actor se apoyaban en hechos falsos, sin indicar con precisión cuáles son los hechos falsos sustentados por el enjuiciante que se relacionan con la procedencia de la prima de antigüedad, por lo que hay imposibilidad para encontrar esos hechos que no identificó. La segunda, de obscuridad o defecto legal de la demanda, también por imprecisa debe desestimarse, pues aparte de que el demandado no puntualiza la prestación respecto a la cual la dirige, sucede que, entratándose de la prima de antigüedad no se observa que el Instituto demandado haya quedado en algún estado de indefensión porque el reclamante hubiera dejado de exponer los hechos necesarios que permitieran al referido Instituto defenderse adecuadamente; por el contrario, al contestar la demanda, se aprecia, se refirió ampliamente a tal prestación y a los hechos que se relacionan con su procedencia, lo que le permitió la defensa necesaria y ello hace que tal excepción deba desestimarse, al igual que la de caducidad, pues con independencia de que la lectura de la contestación a la demanda muestra que, de manera específica, no relacionó la caducidad con la procedencia de la prima de antigüedad, sucede que, habiéndose impugnado en reconsideración la destitución por parte del actor, la separación debe, en todo caso, considerarse definitiva hasta que se decide tal recurso, que es cuando propiamente nace el derecho a su exigibilidad; siendo que, en la especie, el reclamante quedó notificado de la resolución del indicado recurso, el treinta de enero del presente año, y como presentó su demanda laboral el diecisiete de febrero siguiente, de ello resulta que en la fecha en que aconteció tal presentación, no habían transcurrido los quince días hábiles que prevé el artículo 96 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, para que opere la caducidad.

Consecuentemente, como se determinó, procede condenar al Instituto demandado a cubrir la prima de antigüedad en la cuantía que ha quedado apuntada.

Por lo expuesto y fundado, SE RESUELVE:

PRIMERO. El actor José Antonio Hipólito Anzaldo Sotres no acreditó la procedencia de sus acciones, hecha excepción de la relativa al pago de prima de antigüedad; el Instituto Federal Electoral acreditó en parte sus excepciones y defensas; en consecuencia:

SEGUNDO. Se absuelve al Instituto Federal Electoral de las prestaciones reclamadas por el actor, consistentes en el pago: de tres meses de salario, por concepto de indemnización, horas extras, "jornadas electorales inhumanas", "sesiones de cómputo distrital", mensualidad laborada en el mes de enero del año en curso, y la cantidad correspondiente por el deterioro causado en su estado general de salud, por el trabajo que realizó de mil novecientos noventa y uno a mil novecientos noventa y siete.

TERCERO. Se condena al Instituto Federal Electoral a cubrir a José Antonio Hipólito Anzaldo Sotres, por concepto de prima de antigüedad, la cantidad de cuatro mil cuatrocientos diecisiete pesos con quince centavos, moneda nacional, en un plazo de quince días, contados a partir del siguiente al de la notificación de esta sentencia.

NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE; en su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total y definitivamente

concluido.

Así por unanimidad de votos, lo resolvieron y firmaron los señores Magistrados Leonel Castillo González, Eloy Fuentes Cerda, Alfonsina Berta Navarro Hidalgo, quien fue la ponente y Mauro Miguel Reyes Zapata, quienes integran la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Ausentes los Magistrados José Luis de la Peza, José Fernando Ojesto Martínez Porcayo y José de Jesús Orozco Henriquez, por encontrarse desempeñando una comisión oficial. Fungió como Presidenta por ministerio de ley, la Magistrada Alfonsina Berta Navarro Hidalgo. El Secretario General de Acuerdos, autoriza y da fe.

MAGISTRADA PRESIDENTE POR MINISTERIO DE LEY

 

ALFONSINA BERTA NAVARRO HIDALGO

MAGISTRADO

 

LEONEL CASTILLO GONZÁLEZ

MAGISTRADO

 

ELOY FUENTES CERDA

MAGISTRADO

 

MAURO MIGUEL REYES ZAPATA

 

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS

 

FLAVIO GALVÁN RIVERA