JUICIO DE REVISION CONSTITUCIONAL ELECTORAL.

EXPEDIENTE: SUP-JRC-020/98.

ACTOR: PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.

AUTORIDAD RESPONSABLE: SALA DE SEGUNDA INSTANCIA DEL TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE ZACATECAS.

MAGISTRADA PONENTE: ALFONSINA BERTA NAVARRO HIDALGO.

SECRETARIA: ESPERANZA GUADALUPE FARÍAS FLORES.

México, Distrito Federal, veinticuatro de junio de mil novecientos noventa y ocho.

VISTOS para resolver los autos del juicio de revisión constitucional electoral SUP-JRC-020/98, promovido por el Partido Acción Nacional, en contra de la resolución de ocho de junio de mil novecientos noventa y ocho, dictada por la Sala de Segunda Instancia del Tribunal Estatal Electoral del Poder Judicial de Zacatecas, dentro del expediente SSI-RR-006/998 formado con motivo del recurso de revisión interpuesto por dicho partido político; y,

R E S U L T A N D O :

I. El Partido Acción Nacional, interpuso ante el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, recurso de revocación en contra del acuerdo que emitió el ocho de mayo del año en curso, mediante el cual, decidió sobre la solicitud de registro de planillas de candidatos para ayuntamientos por el principio de mayoría relativa, impugnándose los considerandos primero, segundo y cuarto del referido acuerdo.

II. El veinte de mayo del año que transcurre, el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, resolvió el recurso de revocación, en el expediente 09/98, declarando firme el acuerdo impugnado de ocho de mayo del año en curso.

III. El partido actor, por conducto de Joel Arce Pantoja, en su carácter de representante propietario ante el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas interpuso recurso de revisión en contra de la resolución antes mencionada.

IV. El ocho de junio del año en curso, la Sala de Segunda Instancia del Tribunal Estatal Electoral del Poder Judicial del Estado de Zacatecas, pronunció resolución en el recurso de revisión interpuesto por el partido actor, en los autos del expediente SSI-RR-006/998, la cual, en su parte considerativa y resolutiva conducente es del tenor siguiente:

"Los conceptos de violación referidos con anterioridad resultan infundados por las razones que a continuación se exponen.

Mediante escrito de fecha treinta de abril de mil novecientos noventa y ocho, los partidos políticos contendientes en el actual proceso electoral solicitaron al Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, se les otorgara cuarenta y ocho horas con el objeto de subsanar las omisiones que se hubieran cometido, el cual contiene firma autógrafa del licenciado Joel Arce Pantoja, representante del Partido Acción Nacional ante el Instituto Electoral, del que se desprende que hubo manifestación expresa de la voluntad y consentimiento de éste para solicitar la citada prórroga. Del acuerdo de ocho de mayo de los corrientes, el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, en su antecedente marcado con el número 7, el Consejo General acordó "la sesión se reanudó el martes cinco del mes en curso y en ésta el Consejo General acordó dar una prórroga de veinticuatro horas, para que los partidos políticos subsanaran las omisiones detectadas en sus solicitudes de registro". Esta magistratura advierte que el Partido Acción Nacional a través de su representante tuvo oportunidad de presentar desistimiento expreso en contra del otorgamiento de la prórroga pues disponía de cinco días para tal efecto, lo cual hizo hasta el día ocho del mes de mayo del citado año.

Visto lo anterior, esta Sala considera que la apreciación del partido recurrente, es inexacta, toda vez que, como se desprende de autos, éste consintió el otorgamiento de la prórroga de manera formal, ya que como lo manifiesta el Instituto Electoral de Zacatecas, dentro del expediente 06/98 obra solicitud por parte de los partidos políticos, incluyendo al Partido Acción Nacional, que de manera expresa se otorgue prórroga para subsanar las omisiones en la documentación para que procediera el registro de candidaturas.

Es importante señalar que, el Partido Acción Nacional consintió el otorgamiento de la prórroga, pues como se desprende de la foja treinta y dos del acta de la sesión extraordinaria de fecha cinco de mayo del año que transcurre, el licenciado Joel Arce Pantoja, representante del Partido Acción Nacional, textualmente dijo: "el planteamiento que haría yo, sin conceder es que fuera nada más el miércoles, no concedo, pero considero yo que si se abre toda la manga para poder hacer lo posible para que estén a tiempo las cosas, parece que estamos abriendo otro plazo, sería otro plazo, entonces no considero esto inclusive justo debe valorarse lo justo para poder hacer un procedimiento -el consejero presidente expresa: -"la propuesta es que sea, ¿cuánto tiempo?" -el licenciado Joel Arce Pantoja- yo diría nada más un día, no dos días como es el caso, de actividad..." Por tal motivo el Partido Acción Nacional no puede invocar en su favor hechos que su representante licenciado Joel Arce Pantoja haya propuesto, se hayan votado por los miembros del Consejo General y tengan como causa la aprobación por mayoría de las veinticuatro horas que se otorgaron de prórroga a los partidos políticos a propuesta, se insiste del Partido Acción Nacional.

De autos se advierte que el Partido Acción Nacional efectivamente recurrió en fecha ocho de mayo del año en curso, la prórroga otorgada el día cinco del mismo mes y año, sin embargo, de igual manera se advierte que el citado instituto político hizo uso de ésta, pues en el municipio de Ojocaliente subsanó omisiones, anexando documentación el día seis, mientras en el municipio de Vetagrande, este partido trató de entregar documentación para el mismo efecto, el día doce del mes de mayo. Así pues, para que se lesionara algún derecho al partido recurrente, era necesario que éste no hubiera hecho uso de la prórroga concedida, lo cual no aconteció.

Aunado a lo anterior, esta Magistratura observa del acuerdo de fecha ocho de mayo del año en curso, que obra en el sumario, que el Partido Acción Nacional presentó ante el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, solamente once planillas de candidatos a Ayuntamientos por el principio de mayoría relativa. Así las cosas, y como el propio partido señala que registro planillas en los distintos Consejos Municipales Electorales, este H. Tribunal consideró pertinente solicitar al Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral del Estado, le remitiera documentación en la que constara si éste partido registró planillas en los distintos Consejos Municipales Electorales, la autoridad requerida remitió a este H. Tribunal, actas de las sesiones extraordinarias celebradas en su mayoría, de las que se advierte que en el municipio de Momax, Zacatecas, en sesión extraordinaria celebrada el día tres de mayo de mil novecientos noventa y ocho, en la primera foja del acta, el Secretario Ejecutivo hizo constar lo siguiente: "analizada la documentación de la planilla presentada por el Partido Acción Nacional, se detectó que en las constancias de referencia de los integrantes de dicha planilla, no se especificó el tiempo de residencia en esta ciudad; el representante de dicho partido expone que esta omisión es un error de la oficialía que expidió tales documentos, pide a este Consejo, se les de tiempo para ser corregidos dichos documentos o le sean aceptados así..."; en el caso del municipio de Sombrerete, Zacatecas, por oficio IEEZ-100-900, de fecha seis de mayo de mil novecientos noventa y ocho, el presidente del Consejo Municipal, envía informe de las sesiones celebradas en ese municipio en fecha tres de mayo y cinco de mayo del que se desprende que en la sesión extraordinaria de fecha tres de mayo, concluida el día cuatro revisaron la documentación de la solicitud de planillas para ayuntamientos del Partido Acción Nacional, concluyendo con el acuerdo de que no procedía otorgar la constancia, pues postulaban a dos cargos a una misma persona, contraviniendo el artículo 11, del Código Electoral del Estado de Zacatecas, concluyendo esto que fue un error de la secretaria Luz Noemi Borjas Aguilar, pues se había subsanado el error en escrito de fecha veintisiete de abril del año que transcurre. Empero, del acta de sesión extraordinaria de fecha cinco de mayo, que impugna el Partido Acción Nacional, no se advierte aclaración alguna de que realmente sea un error cometido por parte de la citada secretaria. No obstante, en proyecto de acuerdo de ese Consejo Municipal de fecha cinco de mayo de mil novecientos noventa y ocho, en sus considerandos contempla que las planillas de candidatos a integrar el Ayuntamiento, presentado por el partido político Acción Nacional, fue presentada dentro de los plazos establecidos por el artículo 139, fracción III, del Código Electoral del Estado, pero en los casos en que hubo omisiones de datos y requisitos, le fue requerido al Partido Acción Nacional, los complementara en términos del artículo 143, del código en cita. Por otra parte, en el municipio electoral de Mezquital del Oro, Zacatecas, se contempla una sustitución realizada por el Partido Acción Nacional, en fecha seis del mes en curso, en sus planillas de candidatos al Ayuntamiento y lista plurinominal de regidores, en la que se postulaba una persona a dos cargos, la que sería desechada con fundamento en el artículo 11, del Código Electoral, que estipula que ninguna persona podrá ser registrada como candidato a dos o más cargos, siendo competentes los órganos electorales para cancelar o negar solicitud de registro, escrito que obra a fojas sesenta y cinco dentro del expediente 06/98, de la que se advierte que fue alterada la fecha a cinco de mayo.

A mayor abundamiento, dentro del escrito que obra en autos, presentado por el Partido Revolucionario Institucional como tercero interesado, solicita a esta Sala de Segunda Instancia que el recurso de revisión que pretende hacer valer el Partido Acción Nacional sea declarado notoriamente improcedente, toda vez que, en un primer punto, manifiesta que el partido recurrente consintió el acuerdo que ahora pretende impugnar, "circunstancia fáctica que se encuentra debidamente acreditada en autos" ya que el actor admitió la prórroga concedida a todos los partidos políticos, además consta que el propio Acción Nacional se benefició con la prórroga, pues subsanó planillas de registro de candidatos a ayuntamientos de mayoría relativa, circunstancia que determina contundentemente la inviabilidad de sus infundados y falsos argumentos, en un segundo punto el tercero interesado señala que el Consejo General del Instituto Electoral tiene facultades para modificar los acuerdos tomados conforme al artículo 29, del código de la materia. En efecto del citado artículo se desprende que el Consejo General está facultado para modificar, con causa justificada, los plazos establecidos y fijados en las convocatorias respectivas. En ningún caso las reglas contenidas en las convocatorias de los acuerdos del Consejo General podrán restringir los derechos de los ciudadanos ni de los partidos políticos. De lo anterior se desprende que el Consejo General estuvo facultado por la ley para modificar el plazo contemplado en la convocatoria de fecha cuatro de marzo de mil novecientos noventa y ocho.

Por otra parte, si bien es cierto que en la resolución no se hace mención expresa de la valoración de las pruebas presuncional e instrumental de actuaciones, también lo es que de la lectura de ésta se advierte que si fueron tomadas en consideración al momento de resolver, pues en la misma se expresan las razones de hecho y consideraciones de derecho que condujeron a la autoridad responsable a emitir el fallo en el sentido en que lo hizo, pues no debe perderse de vista que la prueba presuncional, es la consecuencia que la ley o el juez infieren de hechos conocidos para llegar a la verdad de los desconocidos, y la instrumental de actuaciones, la constituyen todas las constancias que obran en autos, de ahí que al haber sido consideradas por el órgano resolutor tales circunstancias, es obvio que se valoraron al momento de resolver.

Cabe precisar que el proceso electoral local, se conforma con una serie de actos concatenados entre si que tiene por objeto la renovación periódica de los integrantes de los poderes Legislativo, Ejecutivo y de los Ayuntamientos, de tal manera que la conclusión de una etapa permite avanzar a la siguiente, por lo que como lo contempla el artículo 99, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las impugnaciones de los actos o resoluciones definitivos y firmes de las autoridades competentes, sólo procederán cuando la reparación solicitada sea material y jurídicamente posible dentro de los plazos electorales, por otra parte de conformidad con el artículo 265, del Código Estatal Electoral, los medios de impugnación tienen como objeto garantizar la definitividad de los distintos actos y etapas de los procesos electorales. Es aplicable al caso, la tesis de la Sala Superior del Tribunal Federal Electoral. "PARTIDOS POLÍTICOS. ENTE JURÍDICO PARA IMPUGNAR LOS ACTOS DE LA ETAPA DE PREPARACIÓN DEL PROCESO ELECTORAL. Conforme a una interpretación sistemática de la legislación y de los principios rectores de la materia electoral federal, los partidos políticos nacionales tienen interés legítimo para hacer valer los medios de impugnación jurisdiccionales legalmente procedentes, contra actos emitidos en la etapa de preparación del proceso electoral. Por una parte porque dichas personas morales no sólo actúan como titulares de su acervo jurídico propio, sino como entidades de interés público con el objeto de preservar las prerrogativas de la ciudadanía, de manera que las acciones que deducen no son puramente individuales, sino que gozan, en buena medida de las características reconocidas a las llamadas acciones de interés público o colectivo, dentro de las cuales se suelen ubicar las acciones de clase o de grupo, que existen en otros países y que se comienzan a dar en México, o las dirigidas a tutelar los derechos difusos de las comunidades indeterminadas y amorfas, acciones que se ejercen en favor de todos los integrantes de cierto grupo, clase o sociedad, que tienen en común cierta situación jurídica o estatus, sobre el que carecen los actos impugnados; y por otra parte, conforme al artículo 41 fracción III, de la Constitución Federal, así como los artículos 3 párrafo primero inciso b), y 72 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, cada acto y etapa del proceso electoral adquiere definitividad".

Con base en las consideraciones antes vertidas, es de confirmarse la resolución de fecha veinte de mayo de mil novecientos noventa y ocho, emitida por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas en el recurso de revocación que se hizo valer en contra del acuerdo que pronunciara el día ocho del mismo mes y año.

Por lo anteriormente expuesto y fundado es de resolverse y se:

R E S U E L V E

Unico. Se confirma la resolución emitida por el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, el veinte de mayo de mil novecientos noventa y ocho, en el recurso de revocación número 09/998, promovido por el Partido Acción Nacional."

V. Inconforme con la resolución antes transcrita, el Partido Acción Nacional, mediante escrito presentado ante la autoridad responsable el doce de junio del año en curso, promovió en su contra, juicio de revisión constitucional electoral.

VI. Por proveído de dieciséis de junio del año que transcurre, el Magistrado Presidente de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, turnó el presente expediente a la Magistrada Electoral Alfonsina Berta Navarro Hidalgo.

VII. Por acuerdo de diecisiete de junio del año en curso, la Magistrada Electoral, radicó el presente expediente. En diligencias para mejor proveer, solicitó a la autoridad responsable remitiera a esta Sala Superior diversa documentación; también requirió y apercibió a Víctor Manuel Sánchez González, quien compareció como representante del Partido Revolucionario Institucional, al presente juicio como tercero interesado, para que presentara documento idóneo que comprobara que el Presidente del Comité Directivo Estatal de ese Partido en el Estado de Zacatecas, tiene facultades para otorgarle el poder para la representación de dicho Instituto Político, con el cual, pretendió acreditar su personería.

VIII. Mediante oficio número P/222/998, presentado en esta Sala Superior, el dieciocho de junio del presente año, el Magistrado Presidente de la Sala de Segunda Instancia del Tribunal Estatal Electoral del Poder Judicial del Estado de Zacatecas, dio cabal cumplimiento al requerimiento que se le formuló.

IX. El diecinueve de junio del año que transcurre, la Magistrada Electoral, hizo efectivo el apercibimiento a Víctor Manuel Sánchez González, quien se ostentó como representante del Partido Revolucionario Institucional, por incumplir el requerimiento realizado, consecuentemente, a éste, no se le tuvo como tercero interesado.

X. Concluida que fue la substanciación del presente juicio, se ordenó formular el proyecto de sentencia correspondiente; y,

C O N S I D E R A N D O :

PRIMERO. Esta Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es competente para conocer y resolver el presente asunto, con fundamento a lo dispuesto en los artículos 41, base IV, y 99, párrafo cuarto, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 186, fracción III, inciso b), y 189, fracción I, inciso e), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, pues fue promovido por un partido político en contra de una resolución emitida por una autoridad de una entidad federativa al resolver una controversia surgida con motivo de los comicios locales.

SEGUNDO. Ante todo, procede analizar si están satisfechos los requisitos de procedibilidad del juicio de revisión constitucional electoral, contemplados en los artículos 9, párrafo 1, y 86, párrafo 1, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, encontrándose que:

a) El presente medio de impugnación se interpuso dentro del término de cuatro días que establece el artículo 8 de la citada legislación electoral, en virtud que la resolución reclamada le fue notificada al partido impugnante, el ocho de junio del año que transcurre, y el escrito de demanda que dio origen al presente juicio, fue presentado el doce de junio del propio mes y año.

b) La personería del promovente, Joel Arce Pantoja, como representante propietario del Partido Acción Nacional ante el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, está acreditada, conforme a lo dispuesto por el artículo 88, párrafo 1, inciso b), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, en virtud de haber sido reconocida dicha calidad por la Sala de Segunda Instancia del Tribunal Estatal Electoral del Poder Judicial del Estado de Zacatecas, en el recurso de revisión SSI-RR-006/998, cuya decisión constituye la resolución combatida; habida cuenta que tal promovente es la misma persona que interpuso el citado recurso.

c) La resolución combatida constituye un acto definitivo y firme al no establecerse dentro del Código Electoral del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, algún medio de impugnación a través del cual pudiese ser modificada y revocada tal resolución.

d) El Partido Acción Nacional, manifiesta que se violan en su perjuicio diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sobre cuyo requisito de procedibilidad es dable dejar puntualizado que lo anterior debe entenderse como un requisito de procedencia y no como el resultado del análisis de los agravios propuestos por el partido político actor, en virtud de que ello implica entrar al fondo del juicio antes de su admisión y tramitación. En consecuencia, el requisito en comento, debe estimarse satisfecho cuando como en el caso a estudio, en el juicio de revisión constitucional, se hacen valer agravios en los que se exponen razones encaminadas a demostrar la afectación al acervo jurídico del accionante, puesto que con ello se trata de destacar la violación de los principios constitucionales de legalidad electoral tutelados en los artículos 41, párrafo segundo, fracción IV, y 116, párrafo segundo, fracción IV del código supremo de la nación.

Apoya lo anterior, la tesis de jurisprudencia número J.2/97, sustentada por esta propia Sala, publicada en las páginas 158 y 159, del Informe Anual 1996-1997 del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, tercera época, cuyo texto es como sigue: "JUICIO DE REVISIÓN CONSTITUCIONAL ELECTORAL. INTERPRETACIÓN DEL REQUISITO DE PROCEDENCIA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 86, PÁRRAFO 1, INCISO B), DE LA LEY DE LA MATERIA. Lo preceptuado por el artículo 86, párrafo 1, inciso b), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, referente a que el juicio de revisión constitucional electoral sólo procederá contra actos o resoluciones "Que violen algún precepto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos", debe entenderse en un sentido formal, relativo a su establecimiento como requisito de procedencia, y no al análisis propiamente de los agravios esgrimidos por el partido impugnante, toda vez que ello supone entrar al fondo del juicio; por lo tanto, dicho requisito debe considerarse que se acredita cuando en el escrito correspondiente se hacen valer agravios debidamente configurados, esto es, que éstos precisen claramente los argumentos o razonamientos enderezados a acreditar la afectación del interés jurídico del promovente, derivado de la indebida aplicación o incorrecta interpretación de determinada norma jurídica en el acto o resolución impugnado, por virtud de los cuales se pudiera infringir algún precepto constitucional en materia electoral, toda vez que ello supondría la presunta violación de los principios de Constitucionalidad y legalidad electoral tutelados en los artículos 41, párrafo segundo, fracción IV, y 116, párrafo segundo, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; o sea, que de los agravios esgrimidos se advierta la posibilidad de que se haya conculcado algún precepto constitucional en la materia, resultando irrelevante que se citen o no los artículos constitucionales presuntamente violados, ya que, de conformidad con el artículo 23, párrafo 3, de la Ley General citada, en la presente vía este órgano jurisdiccional, ante la omisión de los preceptos jurídicos presuntamente violados o su cita equivocada, resuelve tomando en consideración los que debieron ser invocados o los que resultan aplicables al caso concreto. Por lo anterior, la omisión o cita errónea de los preceptos constitucionales presuntamente violados no tiene como consecuencia jurídica el desechamiento del juicio de revisión constitucional electoral."

e) La violación reclamada puede llegar hacer determinante para el desarrollo de las elecciones de ayuntamientos por el principio de mayoría relativa en el Estado de Zacatecas, ya que en caso de dejarse sin efectos la resolución reclamada se alterarían las planillas presentadas por los partidos políticos registrados en ese Estado para contender en dicha elección.

f) La reparación solicitada es material y jurídicamente posible dentro de los plazos establecidos, en virtud de que la elección de ayuntamientos por el principio de mayoría relativa en el Estado de Zacatecas se efectuará el cinco de julio del año que transcurre, conforme lo dispone el artículo 26 del Código Electoral del Estado Libre y Soberano de Zacatecas.

TERCERO. El Partido Acción Nacional hace valer como agravios los siguientes:

"PRIMERO.- La resolución combatida viola los artículos 14, 16, 17 y 16 fracciones IV, incisos a), b), y d), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 39, fracción III, 141, 142, 143, 144, 145, 265, del Código Electoral del Estado de Zacatecas.

Causa agravio la resolución combatida por inexacta aplicación del artículo 29, punto 1, del Código Electoral del Estado de Zacatecas, toda vez, que la responsable en sus considerandos determinó, y resolvió en su punto único, contra todo derecho que el recurso de revisión interpuesto por mí representado, no procedía, ya que según lo refiere en su resolutivo único:

"Se confirma la resolución emitida por el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, el veinte de mayo de mil novecientos noventa y ocho en el recurso de revocación número 09/998, promovido por el Partido Acción Nacional..."

SEGUNDO: De acuerdo a las consideraciones efectuadas por la Sala de Segunda Instancia del Tribunal Estatal Electoral de Zacatecas, Zacatecas, en la resolución que se combate en este escrito y que por economía procesal, deben quedar reproducidos en el cuerpo del presente escrito, y que se encuentran en el considerando cuarto, párrafo segundo, del cual se desprende claramente del análisis de la responsable que mí representado Partido Acción Nacional, promovió recurso de revisión ante dicha Sala, en contra de la resolución dictada en fecha 20 de mayo del año en curso, resolución que careció de motivación y fundamentación alguna al resolverse que existió consentimiento del acto, en la infundada e ilegal prórroga otorgada a los partidos políticos, y violentando así los principios rectores de todo proceso electoral que son los de legalidad, exhaustividad y definitividad, previstos en nuestra Carta Magna y que se encuentran contemplados en nuestra legislación electoral vigente en el Estado.

Ahora bien, es de analizarse que, la responsable al hacer referencia en su resolución al acuerdo de fecha ocho de mayo del año que transcurre, transcribe la objeción efectuada por el suscrito en forma verbal de la prórroga otorgada e impugnada por el suscrito por considerarla contraria a todo derecho.

En el referido considerando IV, en su párrafo tercero, me causa agravio, en virtud de que no la responsable resuelve, que los conceptos de violación expresados por mí representada resultan infundados, aduciendo la responsable que he consentido el acto reclamado.

Del análisis del referido considerando en el párrafo cuarto, la responsable expresa que del escrito de fecha treinta de abril de mil novecientos noventa y ocho, los partidos políticos contendientes solicitaron ante el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, se otorgara cuarenta y ocho horas, con el objeto de subsanar las omisiones que se hubieran cometido, agregando que dicho escrito aparece la firma autógrafa del que comparece y que por lo mismo expresé mi voluntad para solicitar la citada prórroga.

De lo anterior, se desprende la inexacta aplicación de la ley, toda vez que el efectuar una solicitud no conlleva al consentimiento del acto de la autoridad que consintió el otorgamiento el día cinco de mayo del año en curso, toda vez que "dicha solicitud es una petición", más no quiere decir que mí representado consienta el acto emitido por la responsable, que lo es el de la prórroga, porque contra ésta, interpuse el recurso correspondiente.

Ya que si se efectúa un claro análisis de lo expresado por la responsable, se deduce que si conforme a lo estipulado en el artículo 39, punto 1, fracción III, el cual a la letra dice:

"Artículo 39. 1. El registro de candidaturas deberá hacerse ante el órgano electoral competente en el año de la elección y dentro de los plazos que a continuación se indican:

...III.- Para Ayuntamientos por mayoría relativa y regidores de representación proporcional, del primero al treinta de abril inclusive, ante los Consejos Municipales o supletoriamente ante el Consejo General".

Los partidos políticos efectuaron los registros respectivos de las planillas a las diversas candidaturas en los términos marcados en la ley precitada, este concluyó el día treinta de abril, es de observarse que si conforme a lo estipulado por el diverso artículo 145 del propio ordenamiento, los Consejeros Electorales sesionarán dentro de los tres días siguientes al vencimiento de los plazos señalados para los registros, con el único fin para que procedan (tres de mayo de mil novecientos noventa y ocho); por lo que el término de cuarenta y ocho horas mencionado en el escrito de fecha treinta de abril del año en curso, en el cual se contiene la firma autógrafa del suscrito, es sólo una petición a la cual recayó el acuerdo de fecha tres de mayo que fue certificada por el Secretario Ejecutivo del Consejo y el cual obra agregada en autos, por lo que al sesionar el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, el día tres de mayo tomó el acuerdo "No se aprueba la solicitud de los Institutos Políticos para la solicitud de documentación faltante".

Al sesionar el Consejo dentro del término establecido en el artículo 145 y negar la solicitud efectuada, ni el recurrente, ni ningún otro partido político, efectuó nueva solicitud alguna para que existiese prórroga alguna, por lo que al reanudarse la sesión el día cinco de mayo y cambiar su acuerdo firme de fecha tres de mayo, sin solicitud previa, autorizando una prórroga de veinticuatro horas, fuera de todo término legal, es por lo que me causa agravio la resolución de la responsable al manifestar que el suscrito tuvo oportunidad de presentar desistimiento expreso en contra del otorgamiento de la prórroga pues disponía para tal efecto de cinco días, lo cual hizo hasta el día ocho de mayo. Es de observarse, que la solicitud fue desechada por el Consejo General, el día tres de mayo; sin solicitud previa la referida prórroga fue otorgada en sesión de fecha cinco de mayo, entonces ¿Cómo desistirme de algo que no solicité?, por lo que la apreciación de la Magistrada, resulta por demás incongruente y equívoca, sin sustento legal alguno; aunado a lo anterior y sin conceder, si el suscrito tuviere cinco días para desistirme o inconformarme de la prórroga dada en fecha a cinco de mayo, entonces mi término vencería el diez de mayo y si se interpuso recurso de revocación en fecha ocho de mayo, esto quiere decir que el suscrito no consintió el acto, por lo que recurrió el mismo en tiempo y forma.

Ahora bien el artículo 29 de la citada ley, en su punto primero especifica:

"El Consejo General podrá modificar, con causa justificada los plazos establecidos en este código y los fijados en la convocatoria respectiva. En ningún caso las reglas contenidas en las convocatorias a elecciones ordinarias y extraordinarias ni los acuerdos del Consejo General podrán restringir los derechos de los ciudadanos ni de los partidos políticos estatales o nacionales ni alterar los procedimientos y formalidades preceptuados en este Código".

De acuerdo con el texto anterior, "El Consejo General podrá modificar, con causa justificada los plazos establecidos en este código y los fijados en la convocatoria respectiva." De esto se desprende dos supuestos la modificación de los plazos y que estos solamente se podrían modificar por el Consejo con causa justificada. Nos preguntamos, cuál fue la causa justificada que considero el Consejo para otorgar una prórroga, fuera del plazo fijado en la convocatoria del cuatro de marzo, ya que en ningún momento se modifico el plazo fijado en la convocatoria ya que dicho plazo había fenecido el día treinta de abril de mil novecientos noventa y ocho, y la modificación en todo caso debió realizase antes de fenecer el plazo, ya que concluido éste, lo que se concedió el cinco de mayo fue un nuevo plazo. Por ello, la apreciación que realizó el suscrito y a la que alude la responsable en la foja 17, tercer párrafo de la resolución combatida, es correcta y así se expreso a los miembros del Consejo al decir: "parece que estamos abriendo otro plazo". Al abrir otro plazo el Consejo lo realizó ilegalmente, ya que el artículo 29, en el que se pretende fundamentar no autoriza a fijar nuevos plazos, y solamente se puede modificar lo que no ha concluido, y el plazo fijado en la convocatoria del cuatro de marzo feneció el treinta de abril del año en curso, independientemente de que no existió la causa justificada a la que se contrae dicho precepto. Resulta ilógico que la responsable pretenda legalizar un acto ilegal, pretendiéndolo motivar y fundamentar en el hecho de que mi representado consintió el acto reclamado, cuando solamente se consiente un acto de autoridad cuanto ésto no se impugna en tiempo y forma. Por ningún motivo se puede considerar que las propuestas hechas por los partidos políticos, valen su legalidad, ya que toca a la autoridad declarar su procedencia o improcedencia conforme a la ley, es a la autoridad a la que le compete velar por el exacto cumplimiento de la ley, y al respeto irrestricto de la legalidad de sus actos, y no se vale pretender hacerlos legales por que un partido político lo haya propuesto, como lo pretende la ahora responsable, al pretender con su declaración de improcedencia imputarle a mí representado la legalidad del acto reclamado, cuando es ilegal y contrario a lo preceptuado en los artículos 139, fracción III, 141, 142, 144 y 145, del Código Electoral vigente en el Estado de Zacatecas.

Por ello insistimos que el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas alteró los procedimientos y formalidades que se preceptúan en el Código invocado por estas razones:

a. En primer lugar el Consejo General sesionó en los tres días siguientes al vencimiento de los plazos señalados para el registro, y su único fin era resolver sobre los que procedían, este al sesionar manifestó: "Que no se aprueba la solicitud de los institutos políticos de ampliación de prórroga para subsanar documentación faltante", seis votos a favor, a este acuerdo se manifiesta y lo cual es un principio básico de derecho, que la autoridad no puede revocar sus mismos acuerdos si no ha sido pedido por alguna de las partes afectadas, cosa que en este caso no se cumplió, sino que con fecha cinco de mayo de este año dicho Consejo unilateralmente lo revoca y concede veinticuatro horas para que los partidos políticos subsanaran las omisiones detectadas en sus solicitudes de registro, lo que obra en formalizado, materializado en el acta de sesión de fecha ocho de mayo, y en defensa de dicho acuerdo manifiestan que el representante del Partido Acción Nacional tuvo la oportunidad de presentar desistimiento expreso en contra del otorgamiento de la prórroga, pues disponía de cinco días para tal efecto, lo cual hizo hasta el día ocho de mayo del citado año, así mismo invocan lo que se preceptúa en el artículo 29.1 y a lo cual tanto el Consejo como la Sala de Segunda Instancia del Tribunal Estatal de Zacatecas interpretan a su manera dicho articulado, pues a mí leal saber y entender no existió ninguna causa justificada para que, el Consejo General modificara su acuerdo, pues el mismo Consejo no respetó los plazos establecidos en el Código en su comento, así como tampoco los fijados en la convocatoria, pues si en el mismo se señala que no se podrán restringir los derechos que tienen los ciudadanos, así como los partidos estatales o nacionales, esto es en cuanto a sus derechos políticos con los que cuentan los mismos, pues el artículo que aquí se desglosa también señala: "Que no se podrán alterar los procedimientos y formalidades preceptuados en este Código. En la práctica considero que nunca se restringieron los derechos de los partidos políticos, pero el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, sí alteró los procedimientos y formalidades, así como también los términos que señala la ley, por esto:

Debió de sesionar al tercer día del cierre de registro de candidatos, artículo 143 (sic) y sin necesidad de petición por escrito de alguno de los participantes debió él mismo, de concederles mediante notificación un término improrrogable de cuarenta y ocho horas para subsanar los requisitos que hubieran omitido los partidos, cosa que dicho Consejo no lo realizó, por lo que se considera que se siguieron vicios en cuanto a la legitimación y secuela del procedimiento para la inscripción de las planillas a renovar ayuntamientos por mayoría relativa.

En cuanto al párrafo seis del considerando cuarto de la resolución combatida, en donde los miembros de la Sala de Segunda Instancia del Tribunal Estatal Electoral, señalan que la apreciación del partido recurrente al cual represento es inexacta, porque consentí el otorgamiento de la prórroga de manera formal, a esto debe de manifestar que dichos magistrados del Tribunal deben de saber, que el que comparece únicamente tiene voz mas no voto, y por lo mismo, los Magistrados deben de aplicar el principio de derecho, el cual dice que nadie debe estar por encima de la ley, pues la misma es clara y se debería de aplicar en estricto derecho las formalidades que especifican tanto la Constitución Política, como el Código Electoral del Estado de Zacatecas, caso contrario se sentaría un precedente en el cual se llegaría a caer en un estado de anarquía, situación que ustedes CC. Magistrados del H. Tribunal de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (sic) deben de resolver apegados a las leyes que nos rigen.

Respecto del séptimo párrafo del considerando cuarto que tiene relación con el relativo único de la resolución combatida, y como lo señalé en el párrafo que antecede, que aquí reproduzco para los fines legales, vuelvo a manifestar que la petición que se hace es la aplicación concreta y contundente que nos señala el Código Electoral del Estado de Zacatecas en cuanto a sus procedimientos, términos, acuerdos y resoluciones, pues, se vuelve a insistir, en este caso que éstos fueron aplicados fuera de todo contexto jurídico legal, y que si los mismos no fueron aplicados en estricto derecho, lo vuelvo a mencionar que puede generar en que el derecho se someta a la anarquía y traiga como consecuencia el caos en el proceso electoral que se avecina, pues el Consejo General, como lo dice el artículo 29, podrá modificar plazos pero nunca podrá establecer nuevos plazos, cosa que en este caso sucedió.

En cuanto a lo preceptuado en el párrafo octavo del considerando cuarto resolutivo único de la resolución que se combate manifiesto: Que efectivamente se subsanaron omisiones del municipio de Ojocaliente, pero esto fue de manera cautelar, sin menoscabo de los recursos que hasta el día de hoy he presentado, por lo que el partido que represento se someterá a la resolución que den ustedes Magistrados, ante los que comparezco, para el caso de que en aplicación exacta a derecho se revoque el acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, así como la revocación del acuerdo de la Sala de Segunda Instancia del Tribunal Estatal Electoral, por haberse violado el precepto constitucional en su artículo 116, fracción IV, en sus incisos a), b) y d), y declarar procedente el recurso de revisión constitucional de conformidad con el artículo 86, inciso b), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, y proveer en su resolución lo necesario para la reparación de la resolución aludida, de conformidad con el artículo 93 del propio ordenamiento punto 1, inciso b).

La resolución combatida viola el principio de la valorización de la prueba, al considerar pruebas no ofrecidas por las partes en sus promociones, violando con ello lo dispuesto en el artículo 302, punto 4, del Código Electoral. En efecto, en lo relativo al párrafo noveno del considerando cuarto, resolutivo único, de la resolución de fecha ocho de junio de este año, misma que se combate, se manifiesta: En primer lugar dejar en claro que los Magistrados de la Sala de Segunda Instancia del Tribunal Estatal Electoral, no están facultados para hacer observaciones de manera oficiosa sobre resoluciones en las cuales no se ha promovido ningún recurso, pues el H. Tribunal que se menciona no tenía porque solicitar al Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral del Estado, le remitiera documentación en la que constara si el Partido Acción Nacional registró planillas en los distintos Consejos Electorales Municipales, pues considero que esta extralimitando sus funciones, pues los recursos que he presentado hasta el día de hoy, únicamente son en contra del acuerdo de fecha ocho de mayo que contiene implícito el acuerdo fecha cinco de mayo y de la resolución de fecha ocho de junio, ambas de este año, pues, con el proceder de los Magistrados señalados tratan de desviar la objetividad con la que debieron de actuar para dictar una resolución del acto que se está impugnando, pero se debe aclarar que existió un acuerdo del Consejo General, en el cual se especificó que la residencia en el caso de Momax, Zacatecas, quedaba subsanada con la sola presentación de los documentos que pide la convocatoria, y no nada más en ese municipio, sino que también en todos los que conforman el Estado de Zacatecas. En el caso de Sombrerete, los mismos mencionan que se subsanó el error que representaba postular a dos cargos a una misma persona con el escrito de fecha veintisiete de abril del año que transcurre; y por último, en lo concerniente a la Mezquital del Oro, Zacatecas, en que también se postulaba una persona a dos cargos también se subsanó dicho error. Pero soy reiterativo en que los Magistrados del Tribunal de la Sala de Segunda Instancia, no debieron de manera oficiosa entrar en detalles diferentes al que trata este recurso.

En cuanto al décimo párrafo del considerando cuarto, resolutivo único de la resolución combatida, se dice: Vuelven los Magistrados de la Sala de Segunda Instancia del Tribunal Estatal Electoral a confundir lo que se preceptúa en el artículo 29, del Código Electoral del Estado de Zacatecas, más aún, mencionan el escrito presentado por el Partido Revolucionario Institucional, como tercer interesado, el cual pide sea declarado improcedente el recurso que presenté en la Sala de Segunda Instancia, porque admití la prórroga concedida a todos los partidos políticos, a esto, nuevamente señalo que la ley debe ser aplicada por encima de todas las cosas, pues caso contrario se sienta el precedente de la anarquía y el caos pues, el Consejo General, nos debería de haber requerido para subsanar alguna omisión en el registro de las planillas para renovar ayuntamiento y regidores de representación plurinominal dentro del término de cuarenta y ocho horas, después de haberse reunido al tercer día en que se cerraron los registros, cosa que, en la práctica no sucedió, pues al tercer día después del cierre de registros, se reunió el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas y resolvieron tácitamente el día tres de mayo del año actual "no se aprueba la solicitud de los institutos políticos de ampliación de prórroga para subsanar documentación faltante"; seis votos en contra, pero extrañamente el día cinco del citado mes de este año, el mismo Consejo General revoca su propio acuerdo y da un plazo de veinticuatro horas para subsanar las omisiones en que incurrieron los partidos políticos al momento de registrar sus planillas, violando con esto los artículos 29, punto primero, 143 y 144, del Código Electoral del Estado y en cuanto a lo que señalan de que el Consejo General del Instituto Electoral, está facultado para modificar, con causa justificada, los plazos establecidos y fijados en las convocatorias respectivas, a esto se está de acuerdo pero hay que hacerlos valer, cosa que en la especie no sucedió, sino que, dicho Consejo General estableció nuevos plazos, para lo cual, la ley no lo faculta. En cuanto a que en ningún caso las reglas contenidas en las convocatorias de los acuerdos del Consejo General podrán restringir los derechos de los ciudadanos ni de los partidos políticos, en esto estoy de acuerdo, tan es así que ningún derecho fue restringido a los ciudadanos ni a los partidos políticos, ya que éstos pueden participar libremente en la vida política, pero lo que omiten los Magistrados de la Sala de Segunda Instancia, es el señalar que dichos derechos de los ciudadanos y de los partidos políticos no deben de alterar los procedimientos y formalidades preceptuados en el Código Electoral del Estado de Zacatecas, por lo que, considero que en esta ocasión, sí se alteraron los procedimientos, así como las formalidades por la inexacta aplicación de los artículos que he señalado en este párrafo.

TERCERO: La resolución combatida de fecha ocho de junio del presente año, en su foja número 23, solamente aparece signada por la firma de la Magistrada ponente y no por el Pleno de la Sala de Segunda Instancia del Tribunal Estatal Electoral, por lo que se vulnera el artículo 16 constitucional, en su principio de legalidad al no ser dictada o resuelta por la autoridad competente, que lo constituye el Pleno de la Sala, quien si es la autoridad competente para resolver, mismos que no suscribieron la resolución, por lo que todo el documento que carece de firma carece de validez, siendo ésto un principio fundamental del derecho, asimismo, se vulnera lo dispuesto en los artículos 303 y 304 del Código Electoral del Estado de Zacatecas, que establece que las resoluciones de la Sala respectiva del Tribunal Estatal Electoral deberán ser resueltas por mayoría de votos. Para demostrar lo anteriormente expresado, exhibo a la presente copia de traslado que me fue notificada con fecha ocho de junio a las veintiún horas, sellada y requisitada únicamente por la magistrada ponente.

La resolución combatida vulnera la garantía de la exacta aplicación de la ley, misma que implica la existencia de un estado de derecho, es decir, de la necesidad de que todo acto de autoridad, esté debidamente fundado y motivado, en una ley promulgada con anterioridad, aplicable al caso concreto, según lo establecen los artículos 14 y 16 Constitucionales. En este principio político fundamental subyace la exigencia de la apropiada aplicación de la ley.

Por ello consideramos, que la resolución combatida vulnera los artículos 14 y 116 fracción IV Constitucionales, de los cuales se desprende el significado el debido proceso legal. Pero también debe garantizarse la exacta aplicación de la ley y que todos los actos y resoluciones electorales se sujeten invariablemente al principio de legalidad.

La garantía de la exacta aplicación de la ley, es el máximo exponente de un estado de derecho. La garantía de la legalidad dentro de la cual se encuentra la exacta aplicación de la ley, implica que tanto los órganos de gobierno como sus autoridades actúen con fundamento en las competencias y atribuciones determinadas por la ley.

Asimismo, para robustecer y adminicular con lo anteriormente señalado, se citan las siguientes definiciones: Principio de legalidad, el cual es definido por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma de México, en su obra: Diccionario Jurídico, en los términos siguientes. El "principio de legalidad" establece que todo acto de los órganos del Estado debe encontrarse fundado y motivado por el derecho en vigor; esto es, el principio de legalidad demanda la sujeción de todos los órganos estatales al derecho: en otros términos, todo acto o procedimiento jurídico llevado a cabo por las autoridades estatales debe tener su apoyo estricto en una norma legal (en sentido material), la que, a su vez, debe estar conforme a las disposiciones de fondo y forma consignadas en la Constitución. En este sentido, el principio de legalidad constituye la primordial exigencia de todo "Estado de derecho" en sentido técnico.

Continuando con la consulta y en relación, primeramente, con el segundo párrafo del artículo 14 de la Constitución, el mismo expresamente establece: "Nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los Tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho".

El artículo 14 Constitucional contiene cuatro derechos fundamentales a la seguridad jurídica que concurren con el de audiencia: a) el de que a ninguna persona podrá imponerse sanción alguna (consistente en la privación de un bien jurídico como la vida, la libertad, sus posesiones y propiedades o derechos), sino mediante un juicio o proceso jurisdiccional; b) que tal juicio se sustancie ante tribunales previamente establecidos; c) que en el mismo se observen las formalidades del procedimiento, y d) que el fallo respectivo se dicte conforme a las leyes existentes con antelación al hecho o circunstancia que hubiere dado motivo al juicio.

La primera parte del artículo 16 de la Constitución, a su vez, establece: "Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles y posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento". Como se observa, en tanto que, el artículo 14 regula constitucionalmente los requisitos generales que deben satisfacer las sanciones o actos de privación, el artículo 16 establece las características, condiciones y requisitos que deben tener los actos de autoridad al seguir los procedimientos encaminados a la imposición de aquéllas, los cuales siempre deben estar previstos por una norma legal en sentido material, proporcionando así la protección al orden jurídico total.

Conforme al principio de legalidad previsto por el artículo 16 Constitucional, pues, se pueden distinguir los siguientes derechos fundamentales a la seguridad jurídica: a) el órgano estatal del que provenga un acto que se traduzca en una molestia debe encontrarse investido con facultades expresamente consignadas en una norma legal (en sentido material) para emitirlo; b) el acto o procedimiento por el cual se infiere una molestia, debe estar previsto, en cuanto a su sentido y alcance, por una norma legal: de aquí deriva el principio de que "los órganos o autoridades estatales sólo pueden hacer aquello que expresamente les permita la ley"; c) el acto que infiere la molestia debe derivar o estar ordenado en una mandamiento escrito, y d) el mandamiento escrito en que se ordena que se infiera una molestia debe expresar los preceptos legales en que se fundamenta y las causas legales que la motivan.

Por otra parte, es conveniente mencionar, como otro aspecto del principio de legalidad, el derecho a la exacta aplicación de la ley, previsto por los párrafos tercero y cuarto, del artículo 14 Constitucional. El tercer párrafo, referido a los juicios penales, establece el conocido principio "nullun crimen nulla poena sine lege", al prohibir que se imponga, "por simple analogía y aun por mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito que se trata". El cuarto y último párrafo, por su parte, prescribe que en los juicios civiles (extendiéndose a todo proceso jurisdiccional, con excepción de los penales) la sentencia definitiva debe ser conforme a la letra de la ley o atendiendo a la interpretación jurídica de la misma y, en caso de que no haya una norma legal aplicable, debe fundarse en los principios generales del derecho.

Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por Tribunales que estarán expedidos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial."

CUARTO. El estudio de los anteriores agravios, permite arribar a las siguientes consideraciones jurídicas:

El marcado con el número tres, que por razón de método se estudia en primer lugar, es infundado en una parte e inoperante en lo restante.

Es infundado, porque opuestamente a lo que en él se sostiene, basta tener a la vista el expediente del que emerge el acto reclamado en el presente juicio de revisión constitucional electoral, para percatarse, sin mayor dificultad, que la sentencia que en él se pronunció sí aparece signada autógrafamente por los Magistrados integrantes de la Sala de Segunda Instancia del Tribunal Electoral del Estado de Zacatecas, emisora del fallo reclamado; sentencia que también contiene la firma de su Secretario General de Acuerdos que la autorizó y dio fe, lo que hace que tal actuación jurisdiccional cumpla cabalmente con el requisito formal de contar con las firmas de quienes votaron tal sentencia, así como con la del Secretario que actuó como fedatario; habida cuenta que, de no haber sido así, la existencia de tal fallo no podría estar sujeta a debate, ya que, de igual manera, obra en autos copia debidamente certificada del acta de la décima sesión que efectuó la Sala responsable, para la discusión y votación del proyecto de sentencia que hubo presentado para ese objeto la Magistrada relatora; acta de la que, en lo que importa, se desprende que la ponente dio cuenta con el proyecto respectivo; que una vez recabado el voto de los Magistrados integrantes de la Sala, el Secretario General de Acuerdos dio cuenta al Presidente de que el mismo había sido aprobado por unanimidad de votos, habiendo hecho enseguida, el Magistrado Presidente, la declaratoria correspondiente y ordenado al Secretario General de Acuerdos, proveyera lo necesario para el engrose correspondiente. Cabe hacer notar que el acta aparece debidamente firmada por la totalidad de los Magistrados integrantes de la mencionada Sala, ante el Secretario General de Acuerdos, quien también estampó su correspondiente rúbrica. De ahí el agravio que se analiza sea infundado en la parte relativa.

Por otro lado, teniendo por cierto que, en la copia de la sentencia que se entregó al partido accionante cuando se le notificó tal sentencia (ofrecida como prueba por el actor y que la responsable omitió enviar con la demanda), no aparecen las firmas de todos los Magistrados que integran el órgano jurisdiccional emisor del fallo atacado de inconstitucional, pues dicha copia, según lo aduce el partido político inconforme, sólo cuenta con la rúbrica de la Magistrada ponente; sin embargo, tal circunstancia, en modo alguno, puede tornar ilegal las actuaciones atinentes, esto es, el pronunciamiento de la sentencia, como tampoco, cabe aclararlo, la notificación que de ella se hizo, dado que, si bien, la comunicación que se hace al promovente de un medio de impugnación en materia electoral, de que la resolución recaída al mismo, le es adversa, podría, desde su particular punto de vista, constituir un acto de molestia, sucede que, el documento que se entrega con esa notificación, al igual que acontece con las copias de las sentencias o laudos que se entregan cuando se practican las notificaciones atinentes en materia jurisdiccional, no deben satisfacer la formalidad o requisito de contener la firma autógrafa de los Jueces o Magistrados que las pronunciaron, ya que tales documentos se hacen llegar a los interesados en ejercicio de la facultad "jus dicere", en razón de que, la notificación de una actuación jurisdiccional, no es más que el medio de comunicarle su contenido, pudiendo, en última instancia, el notificado, acudir al expediente en que se dictó, a cerciorarse de la certeza y fidelidad de su contenido; habida cuenta que es el original, obrante en el expediente, el que en todo caso debe contener la firma del Juez o Magistrado emisor, junto con la del Secretario que autorice y dé fe; amén de que, no está por demás dejar aclarado que los actos de molestia a que se refiere el artículo 16 Constitucional, que, entre otros requisitos exige deben colmarse, se halla el de que se entregue al gobernado el original o copia de la resolución concerniente, con la firma autógrafa del funcionario que la dictó, son aquéllos denominados administrativos, emitidos en ejercicio de la facultad "jus imperi", o sea, los que no se han seguido en forma de juicio. De modo tal que, cabe concluir, es válido, jurídicamente hablando, que cuando se notifica una sentencia o resolución jurisdiccional y al hacerlo se entrega al interesado copia de la misma, es intrascendente que tal copia contenga o no las firmas de los funcionarios que signaron el documento original que obra en el expediente, pues lo verdaderamente importante es que el documento original satisfaga los requisitos formales que señala la ley.

Por último, las demás aseveraciones que se formulan en el motivo de inconformidad sujeto a estudio, devienen inoperantes, porque en ellas, el partido actor se limita a externar apreciaciones generales, vagas e imprecisas, sin poner de manifiesto, ante esta potestad jurisdiccional, de manera concreta, con razonamientos lógico-jurídicos, cuál es la lesión que le causa el actuar de la autoridad responsable.

Con el objeto de evidenciar nítidamente lo anterior, precisa tener presente que, por agravio se entiende la lesión o afectación de los derechos e intereses jurídicos que sufre una persona física, moral o como en el caso, una entidad de interés público y, para lo que en la especie interesa, es aquél causado a través de una resolución judicial; así también, por extensión, cada uno de los motivos de queja expresados en el medio de impugnación de que se trate, por atender indebidamente un dispositivo legal o por falta de aplicación del que debió regir el caso.

Para estimar debidamente constituido un agravio, el mismo debe contener razonamientos lógico-jurídicos, en relación directa e inmediata con los fundamentos de la resolución que se combate, en concordancia necesaria con los dispositivos legales que se estimen infringidos, de manera tal, que lleguen a establecer la contravención de los preceptos que al respecto se invoquen, con las consideraciones utilizadas por la autoridad emitente del acto reclamado, al decidir aquello que le es sometido en conocimiento de su potestad jurisdiccional.

Los apuntados razonamientos jurídicos deben estar encaminados a demostrar la ilegalidad de la resolución que se impugna. Por tanto, su expresión es indispensable para que sea factible examinar los vicios que pudiera llegar a tener la determinación del órgano jurisdiccional.

Lo anterior resulta indispensable en casos como el presente, en el que no puede analizarse, oficiosamente, si la resolución impugnada viola o no algún precepto constitucional, por tratarse de uno de los justiciables en los que existe prohibición expresa de suplir la deficiencia de los agravios, según se desprende del contenido del segundo párrafo del artículo 23 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, que establece: "Para la resolución de los medios de impugnación previstos en el Título Quinto del Libro Segundo y el Libro Cuarto de este ordenamiento, no se aplicará la regla señalada en el párrafo anterior".

Luego, si las reglas a que debe sujetarse la tramitación y resolución del juicio de revisión constitucional electoral, se contienen en el Libro Cuarto, Título Único, de la codificación legal citada en último orden, es claro que, se está en presencia de un juicio, cuya decisión debe sujetarse a los principios basados en el estricto derecho; esto es, limitar su examen a lo expuesto por los accionantes.

En este orden de ideas, entre otras de las características que identifican a los agravios inoperantes, se encuentran las relativas a estimar que las manifestaciones contenidas en el escrito respectivo, carecen de argumentos lógico-jurídicos, en los cuales se contengan las razones de los accionantes, por las que, según su parecer, pongan de manifiesto, el porqué, cierto proceder de la responsable contraviene disposiciones constitucionales o legales, sin que baste, como seguidamente se pondrá de relieve, el que se externen ciertas manifestaciones en tal sentido, sin argumentar razonada la causa por la cual así se considera.

Como se dijo, en las restantes manifestaciones vertidas en el motivo de inconformidad marcado con el numeral tres, de acuerdo a lo explicado, no se expresan agravios que deban considerarse como tales, en tanto que, como ya se anticipó, lo que allí se externa, como se puede apreciar, se reduce a la invocación parcial, por cierto, del contenido de los artículos 14 y 16 Constitucionales, a indicar que todos los actos y resoluciones electorales deben sujetarse al principio de legalidad, tratando de explicar o definir este concepto; a señalar los derechos de seguridad jurídica que afirma consagran los apuntados artículos 14 y 16 de nuestra Carta Magna; para, finalmente, aludir al principio de legalidad concerniente a la aplicación de ley, que previene el artículo 14 Constitucional, por una parte, y por otra, a lo que manda el artículo 17 de la propia ley fundamental. Empero, como se observa, en dichas expresiones, se deja de atacar con razonamientos jurídicos concretos y de manera particularizada, las consideraciones en que se sustenta el fallo combatido, pues nada se dice acerca de lo que estimó la Sala responsable para resolver en el sentido en que lo hizo, omitiéndose, igualmente, poner de relieve, qué preceptos se aplicaron en la sentencia impugnada, que no fueran aplicables o cuáles siendo aplicables, se dejaron de aplicar, sin que, como se anotó, pueda suplirse deficiencia de queja alguna, todo lo cual hace que dichos motivos de inconformidad merezcan el calificativo de inoperantes.

Desde otro ángulo, dada la estrecha vinculación que guardan entre sí los restantes agravios, que se hacen valer en los apartados uno y dos de la demanda origen del presente juicio, serán analizados de manera global, pues, en esencia, tienden a poner de relieve la ilegalidad que, según el quejoso, identifica a las consideraciones en que se apoya la sentencia pronunciada el ocho de junio de mil novecientos noventa y ocho, por la Sala de Segunda Instancia del Tribunal Electoral del Estado de Zacatecas y que confirmó la resolución dictada el veinte de mayo del mismo año, dentro de los autos del recurso de revocación, que a su vez, declaró firme el acuerdo de ocho de mayo de mil novecientos noventa y ocho, del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas. Ese fallo, medularmente se apoya en el consentimiento, que dice la ahora autoridad responsable, externó el instituto político accionante, respecto del acuerdo de cinco de ese mes y año, mediante el cual se prorrogó el plazo para que los partidos políticos, que habrán de contender en jornada electoral a celebrarse el cinco de julio de este año, subsanaran las deficiencias habidas en aquellos casos en los que, se encontrara irregular la documentación exhibida juntamente con las solicitudes de registro de candidatos, para ayuntamientos por el principio de mayoría relativa.

Con objeto de tener una panorámica más amplia, de las circunstancias particulares que concurren en este asunto y que servirán de base para dar tratamiento a las manifestaciones vertidas a guisa de agravios, se considera pertinente tener en consideración lo siguiente:

Iniciado el proceso electoral en esa Entidad Federativa, el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, conforme con lo previsto por el artículo 26 del Código Electoral Local, expidió la convocatoria para la renovación, entre otras autoridades, de los cincuenta y seis Ayuntamientos del Estado de que se trata.

El registro de los candidatos, para ese tipo de elección, según la fracción III, del numeral 139 de ese ordenamiento legal, deberá de realizarse en el período comprendido del primero al treinta de abril inclusive, del año de la elección.

El treinta de abril de la propia anualidad, los partidos políticos, de la Revolución Democrática, Revolucionario Institucional, Acción Nacional y Demócrata Popular, presentaron solicitud ante el Consejo General del Instituto Electoral Local, con objeto de que éste ampliara el término indicado en el párrafo precedente y estuvieran posibilitados, a subsanar las deficiencias que aquel organismo detectara en la documentación exhibida como soporte, para avalar la solicitud de registro y satisfacer las exigencias contenidas en el artículo 142 del pluricitado Código Electoral.

El Consejo General indicado, en sesión extraordinaria de tres de mayo del año en curso, por unanimidad de votos, denegó la anotada petición.

Pese a ello, al reanudar esa sesión, luego de haberla interrumpido, el cinco inmediato posterior, por cuatro votos a favor y dos en contra, decidió otorgar veinticuatro horas a los partidos políticos, para que subsanaran las deficiencias que presentara la documentación adjuntada a las solicitudes de registro en las que así fuese necesario.

Contra esa determinación el Partido Acción Nacional, ante el propio órgano responsable, por ser el competente, de acuerdo con la fracción I, párrafo 1, del artículo 271 del Código Electoral del Estado de Zacatecas, el ocho de mayo siguiente interpuso recurso de revocación que, al ser resuelto en sesión del quince de mayo, se declaró infundado, al tener en consideración el Consejo General, toralmente que, el acuerdo de referencia había sido consentido por ese instituto político, al haber suscrito la solicitud correspondiente; por haber hecho uso del otorgamiento de la prórroga y por diversas razones más, relacionadas con las causas tenidas en consideración por aquel organismo electoral, para conceder aquella prerrogativa.

Ello propició que, contra lo decidido en ese recurso, el propio partido, interpuso el veintidós de mayo de este año, recurso de revisión, el cual, fue declarado improcedente por extemporáneo, en sesión de junio tres de mil novecientos noventa y ocho, celebrada por la Sala de Segunda Instancia del Tribunal Electoral Estatal.

La anterior información fue obtenida del expediente SUP-JRC-018/98, substanciado ante esta Sala Superior, por cuya circunstancia, al estar materialmente en poder de ésta y en particular en la ponencia a cargo del Magistrado Presidente José Luis de la Peza, se tiene acceso al mismo. Sobre este tópico, conviene dejar en claro que, el hecho de que en el presente expediente no obren copias certificadas de los documentos que revelan la información de mérito, tal circunstancia no impide a este órgano colegiado consultar los autos relativos para lograr el mayor conocimiento del problema jurídico planteado, a la brevedad que se requiere, dada la substanciación sumarísima de los medios de impugnación previstos para la materia electoral y en virtud de la corta duración de los plazos que rigen a los actos conformadores, de las diversas etapas en que se dividen los procesos electorales. Además de que, constitucional y legalmente, dicha materia es de interés público y, por consiguiente, también es del mismo interés, que las controversias surgidas con motivo de los actos y resoluciones electorales, se decidan con apego a la realidad jurídica imperante y con estricto respeto a los principios de constitucionalidad y legalidad. De suerte que, si este órgano jurisdiccional tiene a su disposición constancias que son valiosas para resolver conforme a derecho, el medio de impugnación de que se trata, ya que se encuentran en los autos de un diverso expediente del que conoció y decidió; luego entonces, es válido tenerlas a la vista y apoyarse en su contenido para dilucidar el asunto sometido a su potestad; con mayor razón, porque el conocimiento de los asuntos que decide, es único e indivisible y, por lo mismo, no se puede ignorar, lo que acaba de ser materia de dilucidación; más bien, debe valerse de ese conocimiento para resolver de acuerdo al resultado de la totalidad de datos que permitan la mayor y mejor clarificación del problema jurídico puesto a su consideración.

Resulta de vital trascendencia, además, tener presente que el Consejo General del Instituto Estatal, el ocho de mayo tantas veces citado, resolvió lo relacionado con las solicitudes de registro de planillas de candidatos para ayuntamientos por el principio de mayoría relativa, en cuya sesión similarmente, dictó diversos acuerdos.

Contra tales determinaciones, el Partido Acción Nacional, interpuso recurso de revocación el once de mayo siguiente, en el cual, como acto y resolución impugnados, señaló textualmente lo siguiente:

"Primero. Se impugna el acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, sobre la solicitud de registro de planillas de candidatos para ayuntamientos por el principio de mayoría relativa, impugnándose los acuerdos primero, tercero y cuarto, con relación a los considerandos primero, segundo y cuarto, que están contenidos en el acta de la sesión permanente dada en la Sala de Sesiones del Consejo General aludido a los ocho días del mes de mayo de 1998..."

"Segundo. Se impugna mediante el presente recurso: el acuerdo contenido en el acta señalada en el anterior punto, relativa a la sesión permanente del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, de fecha 8 de mayo de 1998, acuerdo contenido, en el punto 7º del capítulo de antecedentes, del acta de acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, sobre la solicitud de registro de planillas de candidatos para ayuntamientos por el principio de mayoría relativa. Que en su texto establece: "La sesión se reanudó el martes cinco del mes en curso, y en ésta el Consejo General acordó dar una prórroga de veinticuatro horas para que los partidos políticos subsanaran las omisiones detectadas en sus solicitudes de registro".

"Tercero. Señalo a su vez, la violación por parte del Consejo General al procedimiento y plazos fijados en la convocatoria realizada por el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas de fecha 4 de marzo de 1998. Al permitir a los partidos políticos citados cuyas siglas son: P.R.I., P.T., P.D.P. Y P.R.D. la concesión de una prórroga de 24 horas para subsanar omisiones en la presentación de documentación, señalada como indispensables por la ley y la propia convocatoria".

"Cuarto. Se impugnan mediante este recurso, el registro de las planillas de candidatos para ayuntamientos por el principio de mayoría relativa para las elecciones locales del presente año, y que presentaron documentación fuera del plazo fijado por el artículo 139, fracción III, y recibidos durante la prórroga otorgada por dicho organismo. Así como las constancias de registro de las planillas de candidatos a presidente municipal, síndicos y regidores, propietarios y suplentes, por el principio de mayoría relativa, que expida el Consejo General de Instituto Electoral del Estado de Zacatecas..."

"Quinto. Se impugnan todos los acuerdos del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, contenidos en el acta del acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, sobre la solicitud de registro de planillas de candidatos para ayuntamientos por el principio de mayoría relativa de fecha 8 de mayo de 1998. Ambos actos, por carecer, las resoluciones contenidas en los acuerdos del Consejo General, de motivación y fundamentación, en lo específico el contenido en el punto 7, del capítulo de antecedentes, que concede la prórroga, el considerando cuarto del acta, y los acuerdos primero y cuarto del acta".

El Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, el veinte de mayo de esta anualidad, resolvió lo relativo al recurso citado en el último orden, identificado como 09/98, y lo declaró infundado, esencialmente, porque apreció en actuaciones de ese expediente, un escrito mediante el cual, diversos partidos políticos, entre otros el entonces recurrente, solicitaron una prórroga para subsanar las omisiones que hubieren cometido en el registro de los candidatos. Que al no haber revocado formal y materialmente la solicitud, fue concedida y dentro de ella, Acción Nacional subsanó las omisiones de la planilla de Ojocaliente, el seis de mayo del año en curso, lo que evidencia, según el texto de esa resolución, que ese partido, tuvo conocimiento del otorgamiento de esa prórroga y la admitió al realizar actos que entrañaron su consentimiento. Finalmente, que en sesión de quince de esos mismos mes y año, en sesión extraordinaria confirmó para todos los efectos legales el acuerdo del cinco inmediato anterior.

En contra de esa determinación del órgano electoral, el ahora partido accionante interpuso recurso de revisión, resuelto en su oportunidad por la Sala de Segunda Instancia del Tribunal Estatal Electoral, en los términos precisados en el resultando IV de esta sentencia.

Lo relatado hace manifiesta la inoperancia de los motivos de inconformidad que se analizan, en virtud de que los planteamientos que en éstos se formulan, no es factible estudiarlos, ni hacer el respectivo pronunciamiento, al versar sobre aspectos que fueron materia de diverso medio de impugnación, ante la propia autoridad administrativa, en donde primigeniamente se esgrimieron.

Es preciso retomar lo plasmado con antelación, en el sentido de que existen dos actos emitidos por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, que aunque en alguna medida se encuentran vinculados entre sí, se encuentran revestidos de autonomía propia y fueron impugnados a través de sendos recursos de revocación, ante la propia autoridad electoral, por ser, desde luego, la legalmente competente para decidirlos. Su impugnación por separado, obedece a que el primero de dichos actos se refiere al acuerdo tomado por el organismo de mérito, mediante el cual otorgó una prórroga de veinticuatro horas a los partidos políticos para que subsanaran las omisiones o irregularidades detectadas en las solicitudes que presentaron ante esa autoridad, para obtener el registro de sus planillas para contender en las elecciones a realizarse en aquella entidad; acto que, cronólogicamente, es anterior al diverso combatido en el otro recurso de revocación, ya que el primero es del cinco y el posterior del ocho, ambos de mayo del año que transcurre. Este último, corresponde al acuerdo concerniente a resolver sobre el registro de las candidaturas y los actos que le derivan.

Como se dijo, el acto de registro es ulterior y, por ende, fue impugnado con posterioridad; sin embargo, destaca que en los dos recursos de revocación, se adujo la ilegalidad del acuerdo que concedió la prórroga, prácticamente bajo los mismos argumentos, pero con la variante, en la segunda de las revocaciones, de que la alegada ilegalidad del acuerdo del cinco de mayo, se planteó, ya no como acto reclamado de manera específica o autónoma, porque no fue señalado como tal en el apartado correspondiente, aun cuando en vía de agravios profirió razonamientos encaminados a demostrar su ilegalidad; sin embargo, de cualquier manera, legalmente no podría haberse señalado como reclamado, debido a que, para la fecha en que presentó el segundo de los recursos (once de mayo), obviamente ya lo había impugnado de modo concreto en el primero y, por lo tanto, no podía ser materia de nueva impugnación, máxime que, para ese entonces, el plazo legal para la interposición del recurso ya había transcurrido. Así, pues, la argumentación en el segundo de los recursos, de que la prórroga aludida está fuera del marco legal, se enfocó a evidenciar, a su vez, la ilegalidad del acto reclamado específicamente, es decir, el emitido el ocho de mayo, haciendo descansar la impugnación en ese tópico, sin que se advierta que haya introducido aspectos diversos que permitieran analizar la legalidad del acto reclamado, en cuanto a sus propios fundamentos y motivos, o sea, que el partido accionante no formuló agravios tendentes a justificar lo antijurídico del acuerdo por vicios propios.

El Código Electoral del Estado de Zacatecas, en su artículo 288, párrafo 1, previene los requisitos que se deben observar y cumplir para la interposición de los recursos y en su fracciones IV y V, establece que debe expresarse el acto o resolución impugnados y el órgano electoral que sea responsable, así como señalar expresa y claramente los agravios que le cause el acto o resolución impugnado, las disposiciones legales presuntamente violadas y los hechos en que hace valer la impugnación. Esas disposiciones tienen como finalidad que, el órgano jurisdiccional, esté en posibilidad de determinar de manera cierta, cuál es la materia del medio de impugnación y así, dar el trámite y, en su caso, dictar la resolución que legalmente corresponda.

De esta forma emerge con claridad diáfana, la necesidad, primero, de señalar el acto reclamado y luego, los agravios que se estime pertinentes. No está por demás repetir que, como se anotó en párrafos precedentes, por agravio se entiende la lesión o afectación de los derechos e intereses jurídicos que sufre una persona física, moral o como en el caso, una entidad de interés público y, para lo que en la especie interesa, es aquél causado a través de una resolución; así también, por extensión, cada uno de los motivos de queja expresados en el medio de impugnación de que se trate, por atender indebidamente un dispositivo legal o por falta de aplicación del que debió regir el caso. Para estimar debidamente constituido un agravio, el mismo debe contener razonamientos lógico-jurídicos, en relación directa e inmediata con los fundamentos de la resolución que se combate, en concordancia necesaria con los dispositivos legales que se estimen infringidos, de manera tal, que lleguen a establecer la contravención de los preceptos que al respecto se invoquen, con las consideraciones utilizadas por la autoridad emitente del acto reclamado, al decidir aquello que le es sometido en conocimiento de su potestad jurisdiccional. Además, los apuntados razonamientos jurídicos deben estar encaminados a demostrar la ilegalidad de la resolución que se impugna. Por tanto, su expresión es indispensable para que sea factible examinar los vicios que pudiera llegar a tener la determinación del órgano jurisdiccional.

Se trae a colación la anterior conceptualización de agravio, ante la necesidad de establecer que la expresión de éstos, es lo que viene a delimitar la materia del recurso, esto es, que la legalidad del acto reclamado se analizará solamente a la luz de los razonamientos que sean formulados en vía de agravios. Esto cobra relevancia en el presente asunto, si se toma en consideración que existe una aparente doble impugnación de la concesión de la prórroga otorgada el cinco de mayo del año actual. En el recurso de revocación que fue interpuesto primero, se señaló expresamente tal acto como reclamado y se adujeron los agravios relativos para evidenciar su ilegalidad, por lo mismo, puede estimarse como una impugnación directa; en tanto que, en el diverso recurso de revocación, no se señaló como acto reclamado de manera destacada, porque de manera autónoma, se precisaron como tales, los acuerdos del ocho de mayo del mismo año, pero, se reitera, al formularse la expresión de agravios, la materia de queja se circunscribió a la ilegalidad del diverso acuerdo primeramente impugnado (en ese entonces, sub júdice), como causa que provoca la ilegalidad del acto específicamente reclamado, lo que permite considerar como una impugnación indirecta de la prórroga multimencionada.

Es así que, no existe posibilidad jurídica de emitir alguna decisión sobre lo externado a manera de agravios en los que como tales se hacen valer en primero y segundo lugares.

En efecto, dichos agravios se encuentran encaminados a combatir las consideraciones en que el órgano jurisdiccional del conocimiento se apoyó, para confirmar la resolución emitida por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas, de veinte de mayo del presente año, mediante la cual resolvió el recurso de revocación promovido por el propio partido accionante, en contra del acuerdo tomado por dicho Consejo el ocho de mayo del mismo año. En los razonamientos de mérito, la jurisdicente sostiene, en síntesis, que existe consentimiento del Partido Acción Nacional, del acuerdo del Consejo General en el que otorgó una prórroga de veinticuatro horas para que los partidos políticos subsanaran las omisiones detectadas en sus solicitudes de registro, ya que, como se apuntó, realizó actos que considera entrañan esa conformidad, y además, estimó que el citado órgano electoral dispone de facultades legales para modificar el plazo contemplado en la convocatoria del cuatro de marzo del año en curso.

Los argumentos que le sirvieron de apoyo a la Sala responsable para resolver de tal forma, tienen su origen en lo que a su vez estimó el Consejo General para resolver el recurso de revocación que le fue planteado en contra del acuerdo de ocho de mayo, porque desde aquella resolución, se advierte lo considerado en el sentido de que el Partido Acción Nacional, consintió la prórroga que estimó combatida dentro de dicho recurso y que incluso, se benefició con ésta en las solicitudes de registro de planillas, de candidatos para ayuntamientos de mayoría relativa, efectuado el ocho de mayo del año en cita. Conviene puntualizar que, la autoridad electoral incorrectamente realizó nuevo pronunciamiento respecto de la legalidad de la prórroga, cuando que, con antelación ya había resuelto el diverso y primigenio recurso de revocación, por lo cual existía una decisión sobre el particular (la de estimar consentida dicha prórroga), en contra de la cual, jurídicamente no era posible un nuevo cuestionamiento en los agravios vertidos en el segundo de los recursos de revocación y, por consiguiente, esta temática ya no podía plantearse en los subsiguientes medios de impugnación, incluyendo al presente, porque, se insiste, el planteamiento para demostrar la ilegalidad del acto del ocho de mayo, de origen es erróneo y limitado, totalmente dependiente del resultado de la revocación primigenia, que por cierto, fue contrario a los intereses del partido recurrente, al confirmarse el acuerdo de autorización de prórroga y aunque esa decisión también fue impugnada, a través de la interposición del recurso de revisión, ésta fue considerada extemporánea por la Sala de Segunda Instancia del Tribunal Estatal Electoral de Zacatecas; fallo que fue atacado por el Partido Acción Nacional, mediante el juicio de revisión constitucional electoral a que antes se hizo referencia y cuya resolución fue emitida por esta Sala Superior en esta fecha, confirmando la resolución reclamada.

De ahí que, lo decidido por el órgano electoral, al confirmar el acuerdo de cinco de mayo del año en curso, al interrumpirse la secuencia de impugnación y no promover oportunamente el medio pertinente, finalmente quedó firme, por tanto, inmutable, al configurarse la institución jurídica de cosa juzgada, que impide, por consecuencia, realizar un nuevo pronunciamiento sobre el mencionado acuerdo del cinco de mayo, sobre la base de sujetarse al estado de derecho, que descansa, entre otros pilares, en la seguridad jurídica.

Ahora bien, como la ilegalidad del acuerdo reclamado de ocho de mayo, fue combatido en revocación, apoyado solamente en la alegada ilegalidad del diverso de cinco de mayo, por lo mismo, tanto la autoridad administrativa, como la jurisdiccional, que antecedieron en conocimiento del asunto a esta Sala Superior, se limitaron a resolver lo conducente al acto del cinco de mayo, sin analizar aspectos diversos, respecto de los fundamentos y motivos que sostienen el acto de ocho de mayo; por lo que éstos deben quedar firmes, rigiendo el acto primigeniamente combatido en revocación, al haberse confirmado dicho acto y no haber sido materia de impugnación en ese recurso, ni, consiguientemente, en la revisión, que a su vez, confirmó la resolución emitida en revocación. Así que, al circunscribirse la materia de este juicio a la ilegalidad de lo resuelto en dicha revisión, tópico sobre el que existe decisión firme y ante la ausencia de cuestionamientos diversos que permitieran realizar el estudio de posibles vicios propios de la resolución reclamada; es evidente la inoperancia de los agravios aducidos en este juicio.

Tal inoperancia se ve reforzada, si se atiende a que la autoridad jurisdiccional responsable, avaló la decisión del Consejo General de estimar consentido el acto que estableció la prórroga, ya que, con independencia de los argumentos que se utilizaron para arribar a esa conclusión, lo cierto es que ésta es apegada a la realidad jurídica que impera, cuenta habida que, como se mencionó, el partido político actor consintió tácitamente el acto de mérito, ante la desafortunada interposición extemporánea, del recurso que interpuso en contra de la resolución que así lo consideró; y como quiera que la impugnación del acuerdo del ocho de mayo, se hizo derivar de la presunta ilegalidad del diverso de cinco de mayo, al no haberse declarado ésta, se convierte en la verdad legal y, por consecuencia, el fallo combatido en el presente asunto, resulta, de cualquier modo, esencialmente ajustado a derecho.

Al devenir infundados en una parte e inoperantes en otra, los agravios hechos valer, con fundamento en lo estatuido por el artículo 93, párrafo 1, inciso a), de la Ley General del sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, debe confirmarse la resolución reclamada.

Por lo expuesto y fundado, SE RESUELVE:

UNICO.- Se confirma la resolución de ocho de junio de mil novecientos noventa y ocho, dictada por la Sala de Segunda Instancia del Tribunal Estatal Electoral del Poder Judicial de Zacatecas, dentro del expediente SSI-RR-006/998, formado con motivo del recurso de revisión interpuesto por dicho partido político.

NOTIFÍQUESE la presente resolución en los términos de ley; devúelvanse los documentos atinentes, después de lo cual archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido.

Así, por unanimidad de seis votos, lo resolvió la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, integrada por los Magistrados José Luis de la Peza, Eloy Fuentes Cerda, Alfonsina Berta Navarro Hidalgo, quien fue la ponente, José Fernando Ojesto Martínez Porcayo, José de Jesús Orozco Henríquez y Mauro Miguel Reyes Zapata, ausente el Magistrado Leonel Castillo González, previo aviso. Autoriza y da fe el Secretario General de Acuerdos. CONSTE. Rúbricas.