JUICIO DE REVISIÓN

CONSTITUCIONAL ELECTORAL.

EXPEDIENTE: SUP-JRC-114/99.

ACTORA: COALICIÓN FORMADA POR LOS PARTIDOS ACCIÓN NACIONAL, DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, DEL TRABAJO Y VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO.

AUTORIDAD RESPONSABLE: SALA AUXILIAR EN MATERIA ELECTORAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE COAHUILA.

MAGISTRADO PONENTE:

MAURO MIGUEL REYES ZAPATA.

SECRETARIO:

ELISEO PUGA CERVANTES.

 

México, Distrito Federal, a veinticinco de agosto de mil novecientos noventa y nueve.

V I S T O S para resolver los autos del juicio de revisión constitucional electoral número SUP-JRC-114/99, promovido por la coalición formada por los partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática, del Trabajo y Verde Ecologista de México, por conducto de José Guadalupe Martínez Valero y Silverio Rivas Urbina, en contra de la resolución de tres de agosto de mil novecientos noventa y nueve, dictada por la Sala Auxiliar en Materia Electoral del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Coahuila, en el juicio de inconformidad 010/99, planteado por la propia coalición, y

R E S U L T A N D O

PRIMERO. El veintiséis de julio de mil novecientos noventa y nueve, el Comité Municipal Electoral de Ciudad Frontera, Coahuila, otorgó el registro a la planilla de candidatos presentada por el Partido Revolucionario Institucional para contender en la elección del ayuntamiento de dicha ciudad, la cual se celebrará el veintiséis de septiembre próximo. En dicha planilla figura Jesús Ríos Alvarado, como candidato a noveno regidor.

SEGUNDO. En contra el acuerdo de registro de la planilla mencionada, la coalición formada por los partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática, del Trabajo y Verde Ecologista de México, por conducto de José Guadalupe Martínez Valero y Silverio Rivas Urbina, promovió juicio de inconformidad ante la Sala Auxiliar en Materia Electoral del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Coahuila, por estimar que Jesús Ríos Alvarado, quien figura en la referida planilla como candidato a noveno regidor, está impedido legalmente para ello, por ser pastor del Centro de Adoración Pentecostés "Lirio de los Valles", ubicado en la calle Allende número 1118 de la colonia Occidental de Ciudad Frontera, Coahuila.

Al resolverse el juicio de inconformidad, el registro impugnado fue confirmado por sentencia de tres de agosto de mil novecientos noventa y nueve.

Esta resolución fue notificada a la coalición actora el día cuatro siguiente.

TERCERO. La coalición formada por los partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática, del Trabajo y Verde Ecologista de México, por conducto de José Guadalupe Martínez Valero y Silverio Rivas Urbina, promovió juicio de revisión constitucional electoral, en contra de la resolución mencionada. El escrito correspondiente fue presentado ante la Sala Auxiliar en Materia Electoral del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Coahuila, el ocho de agosto de mil novecientos noventa y nueve.

CUARTO. El diez de agosto de mil novecientos

noventa y nueve, en la Oficialía de Partes de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación fue recibida la demanda de juicio de revisión constitucional electoral, junto con el expediente 010/99, relativo al juicio de inconformidad, remitido por la autoridad responsable, el informe circunstanciado y demás constancias atinentes al trámite dado a la demanda de referencia.

QUINTO. Mediante proveído de presidencia de once de agosto de mil novecientos noventa y nueve, se turnó el expediente en que se actúa al magistrado electoral Mauro Miguel Reyes Zapata, para los efectos precisados en los artículos 19, párrafo 1, inciso a), y 92 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

SEXTO. Por auto de catorce de agosto de mil novecientos noventa y nueve, se admitió el presente juicio, se tuvo por rendido el informe circunstanciado. Posteriormente, se declaró cerrada la instrucción, con lo cual, el juicio quedó en estado de resolución, y

C O N S I D E R A N D O

PRIMERO. Esta Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es competente para resolver el presente juicio de revisión constitucional electoral, de conformidad con los artículos 99, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 184, 186, fracción III, inciso b), 189, fracción I, inciso e), y 199, fracciones II y III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y 87 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

SEGUNDO. Previamente al estudio del fondo del asunto, se procede a analizar, si se encuentran debidamente satisfechos los requisitos esenciales, los especiales de procedibilidad del juicio de revisión constitucional electoral, así como los elementos necesarios para la emisión de una sentencia de mérito.

A. Se encuentran satisfechos, en el caso, los requisitos esenciales previstos por el artículo 9, párrafo 1, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, ya que se hizo valer ante la autoridad responsable y se satisfacen las exigencias formales para su presentación, previstas en tal precepto, como son, el señalamiento del nombre del actor, del domicilio para recibir notificaciones, la identificación del acto o resolución impugnados y de la autoridad responsable, la mención de los hechos y agravios que causa el acto o resolución impugnada, el ofrecimiento y aportación de pruebas y el asentamiento del nombre y de la firma autógrafa de los promoventes en la demanda.

B. El juicio de revisión constitucional electoral está promovido por parte legítima, pues conforme con el artículo 88, párrafo 1, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, corresponde instaurarlo exclusivamente a los partidos políticos y, en este caso, la promovente es la coalición formada por los partidos políticos Acción Nacional, de la Revolución Democrática, del Trabajo y Verde Ecologista de México. Además, ésta tiene interés jurídico para hacerlo valer, puesto que la resolución impugnada recayó al juicio de inconformidad, que promovió contra el acto del Comité Municipal Electoral de Ciudad Frontera, Coahuila, consistente en el registro de la planilla de candidatos al ayuntamiento municipal de esa ciudad, presentada por distinto partido político, acto emitido en la etapa de preparación del proceso para dicha elección, proceso dentro del cual se aduce, el indebido registro de Jesús Ríos Alvarado como candidato a noveno regidor. En la promoción del juicio de revisión constitucional electoral, el actor pretende que se subsane la conculcación que atribuye a la resolución reclamada, en la que se consideró infundado el medio de impugnación hecho valer en un principio, para que quedara sin efectos el registro del candidato a regidor mencionado.

C. El juicio fue promovido por conducto de representantes con personería suficiente para hacerlo, en términos de lo dispuesto en el inciso b) del párrafo 1 del artículo 88 del ordenamiento antes invocado, pues José Guadalupe Martínez Valero y Silverio Rivas Urbina, como representantes de la coalición de partidos actora promovieron el medio de impugnación jurisdiccional al que recayó la resolución impugnada en el presente juicio de revisión constitucional electoral.

D. La demanda de juicio de revisión constitucional electoral fue presentada oportunamente, es decir, dentro del plazo establecido en el artículo 8 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, toda vez que la resolución impugnada se notificó a la coalición actora el cuatro de agosto de mil novecientos noventa y nueve y la demanda se presentó el día ocho siguiente.

E. Por cuanto hace a los requisitos especiales de procedibilidad previstos en el artículo 86, párrafo 1, de la mencionada Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, al estudiarse la demanda presentada por la coalición formada por los partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática, del Trabajo y Verde Ecologista de México, se advierte lo siguiente:

1. La resolución combatida constituye un acto definitivo y firme, al no preverse dentro de la legislación electoral del Estado de Coahuila, algún medio de impugnación, a través del cual pudiera ser modificada o revocada.

2. Se cumple también con el requisito exigido por el artículo 86, párrafo 1, inciso b), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, en tanto que la coalición actora manifiesta, que se violan en su perjuicio los artículos 14, 16 y 116, fracción IV, inciso d), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Además, tal requisito debe entenderse en un sentido formal, es decir, como un requisito de procedencia no como el resultado del análisis de los agravios propuestos por el partido político actor, en virtud de que ello implica entrar al fondo del juicio. En consecuencia, el requisito en comento debe estimarse satisfecho cuando, como en el caso en estudio, en el juicio de revisión constitucional, se hacen valer agravios en los que se exponen razones encaminadas a demostrar la afectación al acervo jurídico del accionante, puesto que con ello se trata de destacar la violación de los preceptos constitucionales antes señalados.

Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia número J.2/97, de esta sala, que se encuentra publicada en las páginas 25 y 26 del suplemento número 1 de la revista "Justicia Electoral" del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, año 1997, cuyo texto y rubro son del siguiente tenor:

"JUICIO DE REVISIÓN CONSTITUCIONAL ELECTORAL. INTERPRETACIÓN DEL REQUISITO DE PROCEDENCIA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 86, PÁRRAFO 1, INCISO B), DE LA LEY DE LA MATERIA. Lo preceptuado por el artículo 86, párrafo 1, inciso b), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, referente a que el juicio de revisión constitucional electoral sólo procederá contra actos o resoluciones "Que violen algún precepto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos", debe entenderse en un sentido formal, relativo a su establecimiento como requisito de procedencia, y no al análisis propiamente de los agravios esgrimidos por el partido impugnante, toda vez que ello supone entrar al fondo del juicio; por lo tanto, dicho requisito debe considerarse que se acredita cuando en el escrito correspondiente se hacen valer agravios debidamente configurados, esto es, que éstos precisen claramente los argumentos o razonamientos enderezados a acreditar la afectación del interés jurídico del promovente, derivado de la indebida aplicación o incorrecta interpretación de determinada norma jurídica en el acto o resolución impugnado, por virtud de los cuales se pudiera infringir algún precepto constitucional en materia electoral, toda vez que ello supondría la presunta violación de los principios de Constitucionalidad y legalidad electoral tutelados en los artículos 41, párrafo segundo, fracción IV, y 116, párrafo segundo, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; o sea, que de los agravios esgrimidos se advierta la posibilidad de que se haya conculcado algún precepto constitucional en la materia, resultando irrelevante que se citen o no los artículos constitucionales presuntamente violados, ya que, de conformidad con el artículo 23, párrafo 3, de la Ley General citada, en la presente vía este órgano jurisdiccional, ante la omisión de los preceptos jurídicos presuntamente violados o su cita equivocada, resuelve tomando en consideración los que debieron ser invocados o los que resultan aplicables al caso concreto. Por lo anterior, la omisión o cita errónea de los preceptos constitucionales presuntamente violados no tiene como consecuencia jurídica el desechamiento del juicio de revisión constitucional electoral."

3. En el escrito de demanda se advierte, que las violaciones reclamadas pueden ser determinantes para el proceso de la elección del Ayuntamiento Municipal de Ciudad Frontera, Coahuila, o para el resultado de dicha elección, en virtud de que la resolución impugnada tiene que ver con el registro de la planilla de candidatos al ayuntamiento mencionado, en la que figura como candidato a noveno regidor Jesús Ríos Alvarado quien, en concepto de la coalición actora, está impedido para ello, por ejercer como ministro en el templo "Lirio de los Valles"; sin embargo, le fue concedido el registro. El examen jurisdiccional de la resolución reclamada que se haga en esta instancia federal puede conducir, en su caso, a sostener la firmeza del registro o a su revocación. De llegar a determinarse que el registro del candidato a noveno regidor que figura actualmente en la planilla propuesta por el Partido Revolucionario Institucional, se realizó conforme con las disposiciones legales aplicables, dicho candidato integrará la planilla que participará en la elección mencionada; pero si las cosas son en sentido diferente, dicho registro, en lo atinente al noveno regidor, podría ser privado de efectos jurídicos, de manera tal, que Jesús Ríos Alvarado no podría figurar como candidato en la planilla que contenderá en la elección del Ayuntamiento Municipal de Ciudad Frontera, Coahuila. De modo que si el registro de esa planilla, en los términos en que ahora se encuentra integrada, dependerá de la determinación de su constitucionalidad y legalidad, es claro que tal integración o una diferente podría tener influencia en el electorado de Ciudad Frontera, Coahuila; por esta razón, lo que se llegue a resolver con relación al problema planteado, pudiera reflejarse en el resultado de la elección, por lo que el requisito en estudio debe tenerse por satisfecho.

4. La reparación solicitada es material y jurídicamente posible dentro de los plazos electorales, toda vez que, por una parte, en la actualidad se encuentra registrado el candidato a noveno regidor que figura en dicha planilla y, por otra, la elección para ayuntamientos municipales se realizará el veintiséis de septiembre del presente año.

TERCERO. Las consideraciones en que se sustenta el fallo impugnado son, esencialmente, las siguientes:

..." TERCERO. Resulta infundado el agravio esgrimido por el actor, por los motivos, razones y fundamentos que a continuación se reseñan.

El único agravio de que se duele la parte actora, lo endereza en el sentido de que indebidamente, el Comité Municipal Electoral de Frontera, Coahuila, aprobó el registro como candidato a noveno regidor dentro de la planilla para la renovación del ayuntamiento de Ciudad Frontera, Coahuila, por el Partido Revolucionario Institucional, al C. Jesús Ríos Alvarado, merced a que dicha persona no cumple con los requisitos de elegibilidad, toda vez que está registrado y ejerce la actividad de ministro de culto en el templo "Lirio de los Valles" de aquella ciudad.

Es ineficaz el aprobio aludido en líneas anteriores, toda vez que los accionantes pretenden acreditar, que el C. Jesús Ríos Alvarado no cumple con los requisitos de elegibilidad, por ser ministro de la iglesia "Lirio de los Valles", con un documento expedido por el secretario del H. Ayuntamiento de Ciudad Frontera, Coahuila, en el cual se hace constar que la persona aludida con antelación desempeña labores ministeriales en la iglesia en comento. Sin embargo, tal constancia es insuficiente para acreditar lo que se aduce, en virtud a que como presupuesto lógico sería necesario acreditar, la constitución legal, como asociación religiosa, de la que se dice iglesia "Lirio de los Valles", sujetándose a las disposiciones del artículo 130 constitucional y a su ley reglamentaria, hipótesis que en la especie, en ninguna forma acontece, ya que el contenido de la constancia que se analiza nada dice acerca de que la mencionada asociación religiosa se encuentre legalmente registrada e investida de personalidad jurídica, resultando, por tanto, insuficiente la probanza con que se pretende acreditar, que el candidato a noveno regidor para el ayuntamiento de Ciudad Frontera, Coahuila, funge como ministro de una asociación religiosa, ya que ni siquiera se acredita la existencia de la misma.

Por lo expuesto y fundado, es de resolverse y se resuelve:

PRIMERO. Por los motivos, razones y fundamentos expresados en el considerando tercero de este fallo, se declara infundado el agravio hecho valer por los representantes de la coalición que forman los partidos políticos: Acción Nacional, de la Revolución Democrática, del Trabajo y Verde Ecologista de México, en contra del acuerdo del Comité Municipal Electoral de Ciudad Frontera, Coahuila, de veintiséis de julio del año en curso, en donde se aprueba la postulación del C. Jesús Ríos Alvarado, candidato a noveno regidor de la planilla, para la renovación del Ayuntamiento Ciudad Frontera, Coahuila, postulada por el Partido Revolucionario Institucional. En consecuencia, se confirma en sus términos el acuerdo impugnado"...

CUARTO. El partido promovente expresó los siguientes agravios:

"PRIMERO. Causa agravio el considerando tercero de la sentencia recurrida, que en su parte conducente establece:

`Resulta infundado el agravio esgrimido por el actor, por los motivos, razones y fundamentos que a continuación se reseñan.

El único agravio de que se duele la parte actora, lo endereza en el sentido de que indebidamente, el Comité Municipal Electoral de Frontera, Coahuila, aprobó el registro como candidato a noveno regidor dentro de la planilla para la renovación del ayuntamiento de Ciudad Frontera, Coahuila, por el Partido Revolucionario Institucional, al C. Jesús Ríos Alvarado, merced a que dicha persona no cumple con los requisitos de elegibilidad, toda vez que está registrado y ejerce la actividad de ministro de culto en el templo "Lirio de los Valles" de aquella ciudad.

Es ineficaz el aprobio aludido en líneas anteriores, toda vez que los accionantes pretenden acreditar, que el C. Jesús Ríos Alvarado no cumple con los requisitos de elegibilidad, por ser ministro de la iglesia "Lirio de los Valles", con un documento expedido por el secretario del H. Ayuntamiento de Ciudad Frontera, Coahuila, en el cual se hace constar, que la persona aludida con antelación desempeña labores ministeriales en la iglesia en comento . Sin embargo, tal constancia es insuficiente para acreditar lo que se aduce, en virtud a que como presupuesto lógico sería necesario acreditar, la constitución legal, como asociación religiosa, de la que se dice iglesia "Lirio de los Valles", sujetándose a las disposiciones del artículo 130 constitucional y su ley reglamentaria, hipótesis que en la especie en ninguna forma acontece, ya que el contenido de la constancia que se analiza nada dice acerca de que la mencionada asociación religiosa se encuentra legalmente registrada e investida de personalidad jurídica, resultando, por tanto, insuficiente la probanza...'

La resolución combatida se aparta de la letra y el espíritu de la ley, en perjuicio de nuestra representada, puesto que la autoridad responsable omitió sancionar el incumplimiento del requisito previsto en la fracción II del artículo 22 del Código Estatal Electoral, en relación con la fracción VI del artículo 129 de la constitución política local y los incisos d) y e) del artículo 130 de nuestra carta magna.

En efecto, de las constancias que obran en autos se desprende, que el C. Jesús Ríos Alvarado se desempeña como pastor del Centro de Adoración Pentecostés "Lirio de los Valles".

El tribunal local funda y motiva indebidamente su resolución pues, en primer término, confunde la denominación de la mencionada iglesia, al referirse equivocadamente a ella como "Iglesia Lirio de los Valles".

Además, apartándose de la litis planteada considera, que nuestros representados debieron acreditar, como presupuesto lógico, la existencia y la constitución legal de la referida iglesia, en los términos del artículo 130 constitucional y su ley reglamentaria, siendo que debió concretarse a dilucidar, a la luz del derecho, si la actividad del C. Ríos lo hace inelegible para cualquier puesto de elección popular. Al respecto reiteramos, que su calidad de ministro de culto fue plenamente acreditada en la respectiva demanda de inconformidad.

La actividad del C. Ríos como pastor del mencionado centro de adoración es conocida por toda la comunidad de Frontera, Coahuila. Entre otras acciones, se dedica a promover la adquisición de literatura cristiana, tal y como la acreditamos con un impreso que lleva el logotipo de "Chick Publications", empresa que tiene su domicilio en Chino, California, Estados Unidos de América. El mencionado impreso lleva en un recuadro la leyenda "Cortesía de Centro de Adoración Pentecostés "Lirio de los Valles", Allende No. 1720, Colonia Occidental, Frontera, Coahuila, Pastor: Jesús Ríos Alvarado". Desde ahora solicitamos a este tribunal tenga por admitida esta prueba superviniente, que resulta idónea para arribar a la convicción del fundamento de nuestras expresiones.

Adicionalmente, ofrecemos a este H. Tribunal, en calidad de pruebas supervenientes, varias fotografías en las que aparece claramente el inmueble utilizado por el Centro de Adoración Pentecostés "Lirio de los Valles". De ellas se desprende de manera conclusiva e irrefutable, que el citado centro existe y ofrece sus servicios a la comunidad de Frontera, Coahuila. En dicho templo se celebran actos de culto público, asignando a este concepto, la acepción que le otorga la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público en su artículo 21.

Ahora bien, no es objeto de esta controversia dilucidar, si el mencionado centro de adoración está constituido de conformidad con lo ordenado en la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, reglamentaria del artículo 130 constitucional ni tampoco, si el C. Ríos Alvarado está debidamente registrado en la Subsecretaría de Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación, como ministro de culto. De hecho, el tribunal local ignora que, de conformidad con la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, existen iglesias y agrupaciones religiosas que no tienen la naturaleza de asociaciones religiosas de tal manera, como si fueran las únicas figuras posibles, de facto o de iure, que adoptan las comunidades religiosas en el país. Al respecto, el artículo 6o. del ordenamiento de cita refiere, que las agrupaciones religiosas y las iglesias adquirirán personalidad jurídica, cuando obtengan el registro correspondiente como asociaciones religiosas.

Por otra parte, la eventual omisión del registro del C. Ríos Alvarado, como ministro de culto, ante la autoridad competente, no es óbice para que se le considere como tal. Así lo establece el artículo 12 de la Ley de Asociaciones Religiosa y Culto Público, mismo que citamos a continuación:

`Para los efectos de esta ley, se consideran ministros de culto a todas aquellas personas mayores de edad a quienes las asociaciones religiosas a que pertenezcan confieran ese carácter. Las asociaciones religiosas deberán notificar a la Secretaría de Gobernación su decisión al respecto. En caso de que las asociaciones religiosas omitan esa notificación, o en tratándose de iglesias o agrupaciones religiosas, se entenderán como ministros de culto a quienes ejerzan en ellas como principal ocupación, funciones de dirección, representación u organización'.

De la interpretación gramatical del precepto de cita se colige que, si una persona tiene como principal ocupación, el ministerio de algún culto o realiza funciones de dirección, representación y organización, debe ser considerada como ministro de culto, aun si la asociación religiosa a la que pertenece no realizó el trámite de registro correspondiente. Incluso, la ley hace extensiva esta calidad a quienes son ministros de culto de alguna iglesia o agrupación religiosa, que no tenga el carácter de asociación religiosa legalmente constituida, el cual pudiera ser el caso que nos ocupa.

En síntesis, se encuentra plenamente acreditada la calidad de ministro de culto del C. Jesús Ríos Alvarado, lo que constituye una causa de ineligibilidad, en términos de lo ordenado en la fracción II del artículo 22 del Código Estatal Electoral, en relación con la fracción VI del artículo 129 de la constitución política local y los incisos d) y e) del artículo 130 de nuestra carta magna.

Al no fundar y motivar debidamente su resolución, el tribunal local violó el principio de legalidad, consagrado en los artículos 14, 16 y 116 fracción IV, inciso d), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Este tribunal debe proceder a reparar el agravio provocado por la resolución impugnada a nuestro representado y, en consecuencia, revocar la resolución impugnada.

SEGUNDO. Causa agravio a nuestro representado, el resolutivo primero de la sentencia impugnada, toda vez que se encuentra su supuesta fundamentación y motivación, en el contenido del considerando primero, al que nos hemos ya referido.

En atención al principio de economía procesal y en obvio de repeticiones, solicitamos a este tribunal tenga aquí por reproducidas, las expresiones vertidas en el agravio segundo, que resultan idóneas para combatir el resolutivo en comento".

QUINTO. La coalición actora aduce, que la resolución impugnada es incongruente y por ello ilegal, porque en ella, la autoridad responsable no toma en cuenta que la verdadera materia de la litis planteada estriba en dilucidar, si Jesús Ríos Alvarado es ministro de culto del Centro de Adoración Pentecostés "Lirio de los Valles" y, por ende, si está en condiciones de ser candidato a noveno regidor del Ayuntamiento de Ciudad Frontera, Coahuila, no si ese centro se encuentra constituido legalmente en asociación religiosa, como equivocadamente lo aprecia dicha autoridad.

Los anteriores argumentos son sustancialmente fundados.

La coalición formada por los partidos políticos Acción Nacional, de la Revolución Democrática, del Trabajo y Verde Ecologista de México promovió juicio de inconformidad, en contra de la determinación de veintiséis de julio de mil novecientos noventa y nueve, emitida por el Comité Municipal Electoral de Ciudad Frontera, Coahuila, en la que registró a Jesús Ríos Alvarado, como candidato a noveno regidor del ayuntamiento del municipio mencionado. El motivo de la impugnación se centró, en que dicha persona carece de aptitud legal para ser candidato a regidor, por ser ministro de culto del Centro de Adoración Pentecostés "Lirio de los Valles".

Como se puede ver, la litis planteada consistió en determinar, si Jesús Ríos Alvarado está en condiciones legales de contender, por atribuírsele la calidad de ministro de culto del Centro de Adoración Pentecostés "Lirio de los Valles".

Es una cuestión completamente diferente, si el Centro de Adoración Pentecostés "Lirio de los Valles" se constituyó como asociación religiosa, sujetándose a lo dispuesto en el artículo 130 constitucional y a su ley reglamentaria.

El juicio de inconformidad está previsto como un medio impugnación en materia electoral y, por tanto, lo que se planteó fue un tema electoral, como es, si Jesús Ríos Alvarado reúne las cualidades de ley para ser candidato.

Conforme con las cuestiones que pueden dilucidarse en materia electoral, no es admisible determinar, si una iglesia o agrupación religiosa cumple los requisitos constitucionales y legales para ser considerada como asociación religiosa.

Entonces, lo que la Sala Auxiliar en Materia Electoral del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Coahuila tenía que resolver, precisamente, en acatamiento al principio de congruencia, que rige a las resoluciones jurisdiccionales era, si Jesús Ríos Alvarado tenía o no el carácter de ministro de culto del centro mencionado y, por ende, si dicha persona estaba en aptitud legal de ser candidato a regidor, por haber sido ese el tema de la litis planteada.

Como se verá más adelante, son cosas muy diferentes, por un lado, la existencia de unidades sociológicas identificadas como iglesias o agrupaciones religiosas y, por otro lado, las asociaciones religiosas; en el entendido de que la ley reconoce a ambas clases de comunidades religiosas.

Sin embargo, de manera incongruente, en la resolución que recayó al medio de impugnación mencionado, la Sala Auxiliar en Materia Electoral del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Coahuila desestimó la pretensión deducida, sobre la base de que la coalición actora no había demostrado la constitución legal de la asociación religiosa que identificó como: iglesia "Lirio de los Valles".

En el capítulo de agravios de la demanda, la promovente arguye también, que la sala responsable ignora, que conforme con la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, existen iglesias y agrupaciones religiosas que no están registradas, de acuerdo con la ley, pero que en la realidad existen y ejercen actos de culto.

Asimismo, la coalición inconforme expresa, que el tribunal responsable actuó incorrectamente al considerar, que un ministro de culto sólo puede tener tal calidad, cuando su función la ejerce dentro de una asociación religiosa, constituida legalmente, apreciación que no es acorde con lo que dispone la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público.

Las anteriores alegaciones son fundadas.

En términos de la resolución impugnada, para la sala responsable no se puede acreditar que una persona es ministro de culto de una iglesia o agrupación religiosa, si previamente no se demuestra el registro de su constitución como asociación religiosa, ante la Dirección General de Asociaciones Religiosas de la Secretaría de Gobernación, conforme con el artículo 130 constitucional y su ley reglamentaria.

Las consideraciones de la sala responsable serían correctas, si las asociaciones religiosas, que hubieran obtenido su registro de la Dirección General de Asociaciones Religiosas de la Secretaría de Gobernación, fueran las únicas que tuvieran existencia práctica y que, por ende, sólo ellas fueran las que celebraran actos de culto; pero como las cosas no son así, tales aseveraciones de dicha responsable son inexactas, como acertadamente señala la coalición promovente.

En efecto, de acuerdo con Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, las iglesias o agrupaciones religiosas, que obtengan su registro constitutivo de la Dirección de Asociaciones Religiosas de la Secretaría de Gobernación, tendrán personalidad jurídica y gozarán de los derechos que la ley les otorga como tales; pero esto en modo alguno significa, que no existan también en la realidad, iglesias o agrupaciones religiosas de facto, como unidades sociológicas, solamente que éstas no tienen personalidad jurídica de asociaciones religiosas, ni gozan de los derechos que a las últimas otorga la ley. Es decir, no es menester que una iglesia o agrupación religiosa esté registrada ante la Dirección General de Asociaciones Religiosas de la Secretaría de Gobernación, para estimar su existencia en la realidad, pues así se advierte en los artículos 130, segundo párrafo, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 6, 9 y 10 de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, que a continuación se transcriben:

ARTÍCULO 130...

"Corresponde exclusivamente al Congreso de la Unión legislar en materia de culto público y de iglesias y agrupaciones religiosas. La ley reglamentaria respectiva, que será de orden público, desarrollará y concretará las disposiciones siguientes:

a) Las iglesias y agrupaciones religiosas tendrán personalidad jurídica como asociaciones religiosas una vez que obtengan su correspondiente registro. La ley regulará dichas asociaciones y determinará las condiciones y requisitos para el registro constitutivo de las mismas"...

ARTÍCULO 6o. Las iglesias y las agrupaciones religiosas tendrán personalidad jurídica como asociaciones religiosas una vez que obtengan su correspondiente registro constitutivo ante la Secretaría de Gobernación, en los términos de esta ley.

Las asociaciones religiosas se regirán internamente por sus propios estatutos, los que contendrán las bases fundamentales de su doctrina o cuerpo de creencias religiosas y determinarán tanto a sus representantes como, en su caso, a las de las entidades y divisiones internas que a ellas pertenezcan. Dichas entidades y divisiones pueden corresponder a ámbitos regionales o a otras formas de organización autónoma dentro de las propias asociaciones, según convenga a su estructura y finalidades, y podrán gozar igualmente de personalidad jurídica en los términos de esta ley.

Las asociaciones religiosas son iguales ante la ley en derechos y obligaciones.

ARTICULO 9o. Las asociaciones religiosas tendrán derecho en los términos de esta ley y su reglamento, a:

I. Identificarse mediante una denominación exclusiva;

II. Organizarse libremente en sus estructuras internas y adoptar los estatutos o normas que rijan su sistema de autoridad y funcionamiento, incluyendo la formación y designación de sus ministros;

III. Realizar actos de culto público religioso, así como propagar su doctrina, siempre que no se contravengan las normas y previsiones de éste y demás ordenamientos aplicables;

IV. Celebrar todo tipo de actos jurídicos para el cumplimiento de su objeto siendo lícitos y siempre que no persigan fines de lucro;

V. Participar por sí asociadas con personas físicas o morales en la constitución, administración, sostenimiento y funcionamiento de instituciones de asistencia privada, planteles educativos e instituciones de salud, siempre que no persigan fines de lucro y sujetándose además de a la presente, a las leyes que regulan esas materias.

VI. Usar en forma exclusiva, para fines religiosos, bienes propiedad de la nación, en los términos que dicte el reglamento respectivo; y,

VII. Disfrutar de los demás derechos que les confieren ésta y las demás leyes.

ARTICULO 10. Los actos que en las materias reguladas por esta ley lleven a cabo de manera habitual persona, o iglesias y agrupaciones religiosas sin contar con el registro constitutivo a que se refiere el artículo 6o. serán atribuidos a las personas físicas, o morales en su caso, las que estarán sujetas a las obligaciones establecidas en este ordenamiento. Tales iglesias y agrupaciones no tendrán los derechos a que se refieren las fracciones IV, V, VI y VII del artículo 9o. de esta ley y las demás disposiciones aplicables"...

Como se pude ver, la parte transcrita de los artículos 130 constitucional, 6o., 9o. y 10 de la ley reglamentaria del primero de los preceptos citados, evidencia que las iglesias o agrupaciones religiosas obtienen personalidad jurídica de asociaciones religiosas y gozan de cierto derechos como tales, una vez que han obtenido su registro constitutivo ante la dirección General de Asociaciones Religiosas de la Secretaría de Gobernación.

Los preceptos mencionados ponen de manifiesto también, que el hecho de que las iglesias o agrupaciones religiosas adquieren personalidad jurídica de asociaciones religiosas, una vez que han sido registradas ante la autoridad competente, en modo alguno significa, que las iglesias o agrupaciones religiosas, que no han obtenido su registro constitutivo, no existan en la realidad, como unidades sociológicas. Lo cierto es que tales entes sí tienen existencia en la práctica, lo cual, incluso, se encuentra reconocido en la ley, por ejemplo, en el artículo 10 de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, que en relación con el artíulo 9o., fracción III, prevén la posibilidad de que esos entes realicen actos de culto público religioso, solamente que no tienen la personalidad jurídica, con la que cuentan las asociaciones religiosas, ni gozan de ciertos derechos, tales como, por ejemplo, celebrar todo tipo de actos jurídicos para el cumplimiento de su objeto, que sean lícitos y que no persigan fines de lucro; participar por sí o asociadas con personas físicas o morales en la constitución, administración, sostenimiento y funcionamiento de instituciones de asistencia privada, planteles educativos e instituciones de salud, siempre que no persigan fines de lucro, con sujeción a la ley de asociaciones religiosas y a las leyes que regulan esas materias; usar en forma exclusiva, para fines religiosos bienes propiedad de la nación, derechos establecidos en las fracciones IV, V y VI del artículo 9o. de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público.

Otro ejemplo de que existen iglesias o agrupaciones de facto se encuentra en la propia ley, cuando regula a quién deben ser atribuidos los actos de esos entes que no están registrados ante la Dirección General de Asociaciones religiosas de la Secretaría de Gobernación, pues el artículo 10 de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público prevé que los actos que lleven a cabo de manera habitual personas o iglesias y agrupaciones religiosas, sin contar con el registro constitutivo a que se refiere el artículo 6o., serán atribuidos a las personas físicas o morales, según el caso.

Lo anterior evidencia, que el legislador ordinario previó en la ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, la existencia y la actuación de grupos de personas o iglesias o agrupaciones religiosas de hecho o irregulares, esto es, que su constitución no se hubiera notificado a la Dirección General de Asociaciones Religiosas de la Secretaría de Gobernación, al disponer que en dicho supuesto, los actos que realicen esos entes se atribuirán a las personas físicas o a las personas morales, según el caso.

Para la ley en comento existen dos tipos de entes, unos, que una vez registrados ante la autoridad correspondiente, conforme con la ley, tienen personalidad jurídica y gozan de ciertos derechos y, otros, que si bien realizan actos de culto público religioso, carecen de personalidad jurídica y no gozan de determinados derechos.

Ante esta situación, es claro que para la demostración de la calidad de ministro de culto religioso de una persona, no es necesario acreditar, que la iglesia o agrupación religiosa a que pertenece, se encuentra constituida legalmente

como asociación religiosa, puesto que de acuerdo a lo anterior, alguien puede ser ministro de culto; pero simplemente de una agrupación religiosa o iglesia, por no estar registrada en términos de ley.

Consecuentemente, si la autoridad responsable estimó necesario que se acreditara el registro constitutivo en términos del artículo 130 constitucional y su ley reglamentaria, de la asociación Centro de Adoración Pentecostés "Lirio de los Valles", para que pudiera tenerse por acreditada la calidad de ministro de culto atribuida a Jesús Ríos Alvarado, es evidente que infringió, en perjuicio de la coalición actora, los preceptos que han quedado transcritos, pues dicha autoridad debió concluir, que, para determinar el acogimiento de la pretensión de inconformidad, no era necesario demostrar el registro de la iglesia o agrupación religiosa, como asociación, ante la Dirección General de Asociaciones Religiosas de la Secretaría de Gobernación y, por ello, para resolver, debió valorar las pruebas documentales que obraban en el expediente, tomando en cuenta que el requisito que exigió no era necesario para el análisis de la calidad de ministro de culto de Jesús Ríos Alvarado.

En el capítulo de agravios de la demanda, la coalición actora aduce también, que no obstante que en los autos obran pruebas suficientes de que Jesús Ríos Alvarado es ministro de culto del centro de Adoración Pentecostés "Lirio de los Valles", lo cual lo hace inelegible para un puesto de elección popular, la autoridad responsable no lo declara así, en contravención de los artículos 130, incisos d) y e), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 129, fracción VI, de la Constitución Local y 22, fracción II, de la legislación electoral estatal.

Las anteriores alegaciones son sustancialmente fundadas.

En efecto, en los autos obran pruebas suficientes de la calidad de ministro de culto de Jesús Ríos Alvarado, la cual lo hace inelegible para un puesto de elección popular, en términos de los artículos 130, inciso d), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 129, fracción IV, de la Constitución Política del Estado de Coahuila.

Previamente al análisis de las pruebas que obran en autos, se estima pertinente destacar, que no existe controversia respecto a que:

a) el veintiséis de julio de mil novecientos noventa y nueve, el comité Municipal Electoral de Ciudad Frontera, Coahuila, registró la planilla presentada, por el Partido Revolucionario Institucional, para la elección del ayuntamiento de la ciudad indicada, en la que figura Jesús Ríos Alvarado, como candidato a noveno regidor propietario.

b) en el Centro de Adoración Pentecostés "Lirio de los Valles", ubicada en la calle Allende número 1118 ó 1720 de la colonia Occidental de Ciudad Frontera, Coahuila, opera una iglesia o agrupación religiosa, puesto que el tercero interesado en el juicio de inconformidad, Partido Revolucionario Institucional, que fue el instituto político que propuso como candidato a noveno regidor propietario a Jesús Ríos Alvarado, aceptó expresamente aquella circunstancia en el escrito de treinta y uno de julio de mil novecientos noventa y nueve, mediante el cual compareció al medio de impugnación mencionado, por conducto de sus representantes, quienes manifestaron en diversas partes del escrito mencionado, que: ..."El C. Jesús Ríos Alvarado es miembro prominente del grupo que se congrega en el templo "Lirio de los Valles" de filiación pentecostal independiente"...

En la promoción mencionada, en el capítulo relativo al ofrecimiento de pruebas, los representantes del partido tercero interesado, manifestaron:

"Asimismo, para complementar la comprobación de nuestro dicho, nos permitimos ofrecer como pruebas, las siguientes:

1. Oficio de fecha 31 de julio de 1999, firmado por los miembros de la junta de Consejeros y Ancianos del templo "Lirio de los Valles", suscrito por los CC. Rogelio Rodríguez Ramos, Héctor Driscoll Sánchez y Francisco García, en que hacen constar que Jesús Ríos Alvarado es el encargado del inmueble ubicado en la calle Allende 1720 de la colonia Occidental de Frontera, Coahuila, donde tiene su domicilio el templo pentecostal independiente, Centro de Oración Pentecostés "Lirio de los Valles".

La reproducción de las manifestaciones de los representantes del partido tercero interesado, ponen de relieve la aceptación expresa de su parte, de la existencia de la iglesia o agrupación religiosa, que se congrega en el Centro de Adoración Pentecostés "Lirio de los Valles".

Los partidos que están involucrados en este conflicto no han controvertido la existencia de los hechos descritos en los incisos a) y b) precedentes; por tanto, ha lugar a tenerlos por ciertos y fuera de discusión, más bien las diferencias se encuentran en que para el Partido Revolucionario Institucional, al igual que para la autoridad responsable, el candidato que propuso para noveno regidor propietario, Jesús Ríos Alvarado, no tiene carácter de pastor o ministro de culto del Centro de Adoración Pentecostés "Lirio de los Valles" y, por ello, está en condiciones de contender en la elección del Ayuntamiento de Ciudad Frontera, Coahuila, mientras que para la coalición actora, dicha persona sí tiene la calidad de pastor o ministro del centro mencionado y, por consiguiente, carece de la aptitud legal para ser candidato a regidor.

Con relación a si Jesús Ríos Alvarado es ministro de culto del Centro de Adoración Pentecostés "Lirio de los Valles", ubicado en la calle Allende número 1118 ó 1720 de la colonia Occidental de la Ciudad Frontera, Coahuila, en los autos que integran el presente juicio de revisión constitucional electoral obran las siguientes pruebas:

I. Documental pública consistente, en certificación expedida por el secretario del Ayuntamiento de Ciudad Frontera, Coahuila, de veintinueve de julio de mil novecientos noventa y nueve, en la que el funcionario hace constar, que en los registros de ese ayuntamiento obra el relativo a Jesús Ríos Alvarado, como ministro de culto de la iglesia "Lirio de los Valles", ubicada en la calle Allende número 1118 de la colonia Occidental de Ciudad Frontera, Coahuila;

II. Documental privada consistente, en la constancia de treinta y uno de julio de mil novecientos noventa y nueve, suscrita por Rogelio Rodríguez Ramos, Héctor Driscoll Sánchez y Francisco García, con el carácter de colaboradores y ancianos de la iglesia Centro de Adoración Pentecostés "Lirio de los Valles", ubicada en la calle Allende número 1720 de la colonia Occidental de Ciudad Frontera, Coahuila, en la que hacen constar que Jesús Ríos Alvarado es el encargado de la iglesia mencionada (se omite precisar fecha del encargo);

III. Documental pública consistente, en el oficio número 905/99, de dieciséis de agosto de mil novecientos noventa y nueve, suscrito por el Presidente y el Secretario del Ayuntamiento Municipal de Ciudad Frontera, Coahuila, en donde el secretario hace constar, que se hizo una revisión de los libros del registro de cultos y asociaciones religiosas que obran en ese municipio y se encontró en el libro uno, de fecha veintisiete de mayo de mil novecientos ochenta y seis, en el folio número 6, bajo el registro diecisiete, de dos de junio de mil novecientos ochenta y seis, el registro de Jesús Ríos Alvarado, como ministro de la iglesia "Lirio de los Valles, con domicilio en la calle número 1118 de la colonia Occidental de esa ciudad. Asimismo, dicho secretario hace constar, que el registro de la persona mencionada fue realizado a solicitud y con el acuerdo de diez vecinos de la localidad.

IV. Documental publica consistente, en el oficio número AR-02/6636/99 de diecisiete de agosto de mil novecientos noventa y nueve, suscrito por Arturo Rivera, Director de la Dirección de Registro y Certificaciones de la Dirección General de Asociaciones Religiosas de la Secretaría de Gobernación, en donde el funcionario mencionado informa, que en las bases de datos de ministros de culto y de asociaciones religiosas no aparece hasta esa fecha, Jesús Ríos Alvarado, como ministro de culto, ni el inmueble registrado como domicilio de ninguna asociación religiosa.

No obstante dicho funcionario estima pertinente resaltar, lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, precepto que, incluso, transcribe íntegramente en el citado oficio.

El texto de dicho artículo es el siguiente:

"Artículo 12. Para los efectos de esta ley, se consideran ministros de culto a todas aquellas personas mayores de edad a quienes las asociaciones religiosas a que pertenezcan confieran ese carácter. Las asociaciones religiosas deberán notificar a la Secretaría de Gobernación su decisión al respecto. En caso de que las asociaciones religiosas omitan esa notificación, o en tratándose de iglesias o agrupaciones religiosas, se tendrán como ministros de culto a quienes ejerzan en ellas como principal ocupación, funciones de dirección, representación u organización".

Las probanzas detalladas en los numerales III y IV precedentes, fueron recabadas mediante diligencias para mejor proveer, decretadas por auto de catorce de agosto de mil novecientos noventa y nueve, dictado en este juicio de revisión constitucional electoral, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 199, fracción XII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y 9, fracción I, del Reglamento Interno del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

V. Documental privada de treinta y uno de julio de mil novecientos noventa y nueve, suscrita por Roberto Romero Campos, César Villarreal Ramos y Mauricio Hernández Flores, en donde hacen constar, que conocen a Jesús Ríos Alvarado desde hace cinco años y que su actividad empresarial y primordial es el autotransporte federal de carga regular;

VI. Prueba documental pública consistente, en la cédula de identificación fiscal RIAJ580120V26, folio BO314202, expedida a nombre de Jesús Ríos Alvarado, por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público;

VII. Documental de once de enero de mil novecientos noventa y tres, en que Jesús Ríos Alvarado solicita ser inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Publico, como contribuyente dedicado al autotransporte federal de carga;

VIII. Documental consistente en la declaración del ejercicio fiscal, personas físicas, con sello de recibida en Banamex, Banco Nacional de México, de tres de mayo de mil novecientos noventa y nueve, a nombre de Jesús Ríos Alvarado.

IX. Documental pública consistente, en la tarjeta de identificación patronal, expedida por el Instituto Mexicano del Seguro Social, departamento de afiliación, el trece de abril de mil novecientos noventa y tres, a nombre de Jesús Ríos Alvarado.

En la demanda que dio origen a este juicio, la coalición actora exhibió pruebas documentales y técnicas (fotografías) que pretendía les fueran reconocida la calidad de supervenientes.

En concepto de esta Sala Superior dichas pruebas deben ser rechazadas, porque en términos del artículo 91, párrafo 2, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, en el juicio de revisión constitucional electoral no es válido aportar pruebas, salvo las supervenientes; pero las que hizo llegar la actora no tienen esta cualidad, porque no es posible determinar que sean de fecha posterior a la época en que debieran aportarse legalmente ni hay base alguna para considerar que fueron de conocimiento reciente de la oferente, porque, incluso, nada se dice sobre el particular en la demanda de juicio de revisión constitucional electoral; de ahí que no quepa el acogimiento de las probanzas propuestas.

En las documentales públicas detalladas en los numerales I y III precedentes, el Secretario del Ayuntamiento Municipal de Ciudad Frontera, Coahuila, hace constar el registro asentado en el libro que obra en ese ayuntamiento, destinado para el registro de los encargados de templos y de los ministros de culto, que antes de mil novecientos noventa y dos se debían llevar en los ayuntamientos del país, de acuerdo con disposiciones constitucionales y legales vigentes. Según dichas documentales, el dos de junio de mil novecientos ochenta y seis se asentó el registro de Jesús Ríos Alvarado, como ministro de culto del Centro de Adoración Pentecostés "Lirio de los Valles".

En mil novecientos noventa y dos, se realizaron reformas al artículo 130 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que se publicaron en el Diario Oficial de la Federación de veintiocho de enero de mil novecientos noventa y dos, cuyo texto es el vigente actualmente.

La reforma al artículo 130 constitucional implicó, que se promulgara la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, publicada en el Diario Oficial de la Federación de quince de julio de mil novecientos noventa y dos, que actualmente se encuentra vigente. Dicha ley abrogó a la Ley Reglamentaria del Artículo 130 de la Constitución Federal, publicada el dieciocho de enero de mil novecientos veintisiete.

El texto del artículo 130 constitucional, antes de la reforma mencionada, era del siguientes tenor:

"Artículo 130. Corresponde a los Poderes Federales ejercer, en materia de culto religioso y disciplina externa, la intervención que designen las leyes. Las demás autoridades obrarán como auxiliares de la Federación.

El Congreso no puede dictar leyes estableciendo o prohibiendo religión cualquiera.

El matrimonio es un contrato civil. Este y los demás actos del estado civil de las personas, son de la exclusiva competencia de los funcionarios y autoridades del orden civil, en los términos prevenidos por las leyes, y tendrán la fuerza y validez que las mismas les atribuyan.

La simple promesa de decir verdad y de cumplir las obligaciones que se contraen, sujeta al que la hace, en caso de que faltare a ella, a las penas que con tal motivo establece la ley.

La ley no reconoce personalidad alguna a las agrupaciones religiosas denominadas iglesias.

Los ministros de los cultos serán considerados como personas que ejercen una profesión y estarán directamente sujetos a las leyes que sobre la materia se dicten.

Las legislaciones de los Estados únicamente, tendrán facultad de determinar, según las necesidades locales, el número máximo de ministros de los cultos.

Para ejercer en los Estados Unidos Mexicanos el ministerio de cualquier culto, se necesita ser mexicano por nacimiento.

Los ministros de los cultos nunca podrán, en reunión pública o privada constituida en junta, ni en actos de culto o de propaganda religiosa, hacer crítica de las leyes fundamentales del país, de las autoridades en particular, o en general del Gobierno; no tendrán voto activo ni pasivo, ni derecho para asociarse con fines políticos.

Para dedicar al culto nuevos locales abiertos al público se necesita permiso de la Secretaría de Gobernación, oyendo previamente al Gobierno del Estado. Debe haber en todo tiempo un encargado de él, responsable ante la autoridad del cumplimiento de las leyes sobre disciplina religiosa, en dicho templo, y de los objetos pertenecientes al culto.

El encargado de cada templo, en unión de diez vecinos más, avisará desde luego a la autoridad municipal quién es la persona que está a cargo del referido templo. Todo cambio se avisará por el ministro que cese, acompañado del entrante y diez vecinos más. La autoridad municipal, bajo pena de destitución y multa hasta de mil pesos por cada caso, cuidará del cumplimiento de esta disposición; bajo la misma pena llevará un libro de registro de los templos, y otro de los encargados. De todo permiso para abrir al público un nuevo templo, o del relativo a cambio de un encargado, la autoridad municipal dará noticia a la Secretaría de Gobernación, por conducto del gobernador del Estado. En el interior de los templos podrán recaudarse donativos en objetos muebles.

Por ningún motivo se revalidará, otorgará dispensa o se determinará cualquier otro trámite que tenga por fin dar validez, en los cursos oficiales, a estudios hechos en los establecimientos destinados a la enseñanza profesional de los ministros de los cultos. La autoridad que infrinja esta disposición será penalmente responsable, y la dispensa o trámite referido será nulo y traerá consigo la nulidad del título profesional, para cuya obtención haya sido parte la infracción de este precepto.

Las publicaciones periódicas de carácter confesional, ya sean por su programa, por su título o simplemente por sus tendencias ordinarias, no podrán comentar asuntos políticos nacionales, ni informar sobre actos de las autoridades del país, o de particulares, que se relacionen directamente con el funcionamiento de las instituciones públicas.

Queda estrictamente prohibida la formación de toda clase de agrupaciones políticas cuyo título tenga alguna palabra o indicación cualquiera que la relacione con alguna confesión religiosa. No podrán celebrarse en los templos reuniones de carácter político.

No podrá heredar por sí ni por interpósita persona ni recibir por ningún título, un ministro de cualquier culto, un inmueble ocupado por cualquiera asociación de propaganda religiosa o de fines religiosos o de beneficencia. Los ministros de los cultos tienen incapacidad legal para ser herederos, por testamento, de los ministros del mismo culto o de un particular con quien no tenga parentesco dentro del cuarto grado.

Los bienes muebles o inmuebles del clero o de asociaciones religiosas se regirán, para su adquisición por particulares, conforme al artículo 27 de esta Constitución.

Los procesos por infracción a las anteriores bases nunca serán vistos en jurado".

El texto de los artículos 7, 8, 10, 11, 12 y 13 de la Ley Reglamentaria del Artículo 130 de la Constitución Federal, publicada el dieciocho de enero de mil novecientos veintisiete, vigente hasta antes de ser abrogada en mil novecientos noventa y dos, era el siguiente:

"Artículo 7. Los ministros de los cultos serán considerados como personas que ejercen una profesión y estarán directamente sujetos a las leyes que sobre la materia se dicten.

Los ministros de los cultos se consideran como profesionistas que presentan sus servicios a los afiliados a la religión o secta a que pertenecen; pero por razón de la influencia moral que sobre sus adeptos adquieren en el ejercicio de su ministerio, quedan sujetos a la vigilancia d ela autoridad y a las disposiciones del artículo 130 de la Constitución, así como a las de la presente ley, sin que, para no cumplirlas, puedan invocar lo dispuesto en el artículo 4o. constitucional, que se refiere a otra clase de profesionistas.

El ejercicio del ministerio de un culto no confiere derechos posesorios y la ley podrá en todo tiempo modificar el número de ministros a quienes se permita ejercer, sin que esto constituya un ataque a derechos adquiridos.

Artículo 8. Para ejercer en México el ministerio de cualquier culto se necesita ser mexicano por nacimiento.

Para los efectos de esta ley, se considera que una persona ejerce el ministerio de un culto, cuando ejecuta actos que las reglas de cada credo religioso reservan a determinadas personas, investidas de carácter sacerdotal, ya sea éste temporal o permanente.

Se equiparan a los ministros de los cultos, para la aplicación de esta ley, las personas que con el carácter de delegados representan en el país, ante las autoridades eclesiásticas y ante los fieles de las iglesias, a los jefes supremos de las mismas, aun cuando estos delegados no tengan carácter sacerdotal.

Los infractores de la primera parte de este artículo serán castigados, conforme a lo prevenido en el Código Penal.

Artículo 10. Para dedicar al culto nuevos locales abiertos al público, se necesita permiso de la Secretaría de Gobernación, quien podrá o no concederlo, oyendo previamente al gobierno del Estado.

Debe haber en todo templo un encargado de él, responsable ante la autoridad del cumplimiento de las leyes sobre culto y disciplina externa en dicho templo, y de los objetos pertenecientes al culto.

El encargado de cada templo, en unión de diez vecinos más, avisará, desde luego, a la autoridad municipal, quién es la persona que esté a cargo del referido templo. Todo cambio se avisará por el ministro que cese, acompañado del entrante y diez vecinos más. La autoridad municipal, bajo pena de destitución y multa hasta de mil pesos, por cada caso, cuidará del cumplimiento de esta disposición; bajo la misma pena, llevará un libro de registro de los templos y otro de los encargados. De todo permiso para abrir al público un nuevo templo, o del relativo al cambio de un encargado, la autoridad municipal dará noticia a la Secretaría de Gobernación, por conducto del gobernador del Estado.

Al conceder la Secretaría de Gobernación el mencionado permiso, dará inmediato aviso a la Secretaría de Hacienda y al Departamento de Contraloria, para que se liste entre las propiedades de la nación el local de que se trate y se tomen las demás providencias del caso, de acuerdo con lo que previene la última parte de la fracción II del artículo 27 de la Constitución Federal.

Cuando se trate de abrir nuevos locales al culto en el Distrito y en los Territorios federales, la Secretaría de Gobernación, si lo estima conveniente, podrá oír previamente el parecer de los gobernadores respectivos.

Para los efectos de la ley, se entiende por culto público la práctica de ceremonias religiosas, de cualquiera clase que sean, fuera de la intimidad del hogar.

Artículo 11. Por regla general, los encargados de los templos serán ministros de culto que vaya a practicarse en ellos. Si se presentaren dificultades para cumplir este precepto, podrá nombrarse encargado del templo a uno de los vecinos más caracterizados del lugar, que pertenezca a la religión o secta a que el templo esté dedicado.

Los encargados, en todo caso, deben ser mexicanos por nacimiento y serán responsables, conforme a la Ley Penal, del valor de los bienes muebles e inmuebles que van a manejar y que recibirán por inventario.

Artículo 12. Los diez vecinos de que habla el párrafo II del artículo 130 de la Constitución, deben ser mexicanos y profesar la religión o secta a que pertenezca el culto que va a practicarse en el templo.

En todo caso de designación a cambio de encargado del mismo, se levantará por duplicado una acta y se formará, también por duplicado, un inventario de lo que pertenece al templo, remitiéndose un tanto de la acta y otro del inventario, a la Secretaría de Gobernación, al darse el aviso prevenido en el mencionado artículo 130.

La falta de aviso será castigada en los términos que fija el Código Penal, y a la Secretaría de Gobernación ordenará la clausura del templo, entretanto quedan llenados los requisitos constitucionales.

Artículo 13. La autoridad municipal que no cuide del cumplimiento de lo prevenido en el artículo anterior, será castigada con la pena que fijan el párrafo 2o. del artículo 130 constitucional y la parte relativa del Código Penal. En los mismos términos será castigada la falta del libro de registro de los templos y de sus encargados".

En el contenido de los preceptos constitucionales y legales transcritos y vigentes hasta antes de la reformas constitucionales y legales de mil novecientos noventa y dos mencionadas, entre otros puntos, se advierten los siguientes:

a) se consideraba ministro de culto a quien ejecutaba actos que las reglas de cada credo religioso reservaban a cada persona, investidas de carácter sacerdotal... Los ministros se consideraban como profesionistas que prestaban servicios a los afiliados a la religión o secta a que pertenecían, y, por la influencia moral que ejercían, quedaban sujetos a la vigilancia de la autoridad y a las disposiciones del artículo 130 constitucional y a las de su ley reglamentaria.

b) el encargado de cada templo, en unión de diez vecinos, tenía la obligación de avisar a la autoridad municipal, quién era la persona que estaba al cargo del referido templo;

c) el ministro que concluyera su función de encargado de un templo, en compañía del encargado entrante y diez vecinos más, estaba obligado a comunicar a la autoridad municipal dicho cambio;

d) la autoridad municipal tenía la obligación de llevar un libro de registro de los templos;

e) la autoridad municipal estaba obligada a llevar un libro de registro de los encargados de los templos;

f) la autoridad municipal estaba obligada a cuidar el cumplimiento de las disposiciones de los incisos b), c) y d) precedentes, bajo pena de destitución y multa hasta de mil pesos por cada caso;

g) por regla general, los encargados de los templos eran ministros del culto que se iba a practicar en ellos;

h) la autoridad municipal estaba obligada a dar noticia a la Secretaría de Gobernación, por conducto del gobernador del Estado, de todo cambio de encargado de los templos.

Como puede verse, hasta antes de las reformas al artículo 130 constitucional y de que fuera abrogada su ley reglamentaria, a la autoridad municipal correspondía el control y registro, tanto de los inmuebles destinados a cultos religiosos, como de los ministros de culto encargados de los templos, incluso, si no lo hacían, eran sancionados con destitución del cargo y con una multa hasta de mil pesos por cada caso en que omitieran el cumplimiento de tales funciones. De ahí la explicación de por qué, en los archivos del Ayuntamiento Municipal de Ciudad Frontera, Coahuila, obra el libro en que el dos de junio de mil novecientos ochenta y seis fue asentado el registro de Jesús Ríos Alvarado, como ministro de culto del Centro de Adoración Pentecostés "Lirio de los Valles", ubicado en la calle Allende número 1118 ó 1720 de la colonia Occidental de Ciudad Frontera, Coahuila.

En términos del artículo 51, fracción IV, del Código Municipal del Estado de Coahuila, corresponde al secretario del ayuntamiento firmar con el presidente municipal los documentos y comunicaciones oficiales y, si en el caso en estudio, por auto de catorce de agosto de mil novecientos noventa y nueve, se pidió a los funcionarios municipales mencionados informaran, si en los archivos de ese ayuntamiento se encontraba registrado Jesús Ríos Alvarado, como ministro de culto de la agrupación religiosa mencionada, es incuestionable que dichas autoridades se encuentran facultadas para signar el documento correspondiente, que contiene la información que les fue requerida, por tratarse de una materia, que en la época en que se asentó el registro, dos de junio de mil novecientos ochenta y seis, a dicha autoridad municipal correspondía el control y su registro, según ha quedado expuesto en esta ejecutoria.

Con las documentales públicas detalladas en los numerales I y III, se demuestra plenamente, que el dos de junio de mil novecientos ochenta y seis, a petición y con el acuerdo de diez vecinos de la localidad, Jesús Ríos Alvarado fue registrado como ministro de culto del Centro de Adoración Pentecostés "Lirio de los Valles", ubicado en la calle Allende número 1118 ó 1720, de la colonia Occidental de Ciudad Frontera, Coahuila, de acuerdo con los datos asentados en el libro uno, autorizado el veintisiete de mayo de mil novecientos ochenta y seis por el presidente del ayuntamiento de la ciudad mencionada, en funciones en esa fecha, para el registro de ministros de culto y asociaciones religiosas, en el folio número seis, registro número diecisiete. A esta probanzas se les otorga valor probatorio pleno, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 14, párrafo 4, inciso c), y 16, párrafo 2, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, por tratarse de pruebas documentales públicas, expedidas por autoridades municipales en ejercicio de sus atribuciones, como los son el Presidente y el Secretario del Ayuntamiento Municipal de Ciudad Frontera, Coahuila, en términos del numeral 51, fracción IV, del Código Municipal del Estado de Coahuila, y por hacer constar actos que obran en los registros del ayuntamiento de ese municipio, realizados por las autoridades competentes, en cumplimiento de sus atribuciones, conforme con las disposiciones constitucionales y legales vigentes en la fecha en que se asentó el registro precitado, según quedó demostrado en líneas precedentes.

La prueba marcada con el numeral II, relativa a la documental privada de treinta y uno de julio de mil novecientos noventa y nueve, suscrita por tres colaboradores y ancianos de la iglesia Centro de Adoración Pentecostés "Lirio de los Valles", en que hacen constar, que conocen desde hace quince años a Jesús Ríos Alvarado, y que él es el encargado de la iglesia mencionada, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 16, párrafo 1, de Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, las reglas de la lógica y de la experiencia llevan atribuirle pleno valor probatorio a dicha documental, en primer término, porque lo asentado en el documento, coincide sustancialmente con el libro de registro de cultos y asociaciones religiosas que se llevaba en Ciudad Frontera, Coahuila, según lo asentado con anterioridad. Su contenido podría afectar la posición del Partido Revolucionario Institucional; sin embargo, fue tal instituto político quien lo aportó como prueba y no fue objetado por alguna otra de las partes. De ahí que por todas estas razones se le atribuya plena fuerza de convicción, en el sentido de que Jesús Ríos Alvarado es ministro de culto del Centro de Adoración Pentecostés "Lirio de los Valles", ubicado en la calle Allende número 1118 ó 1720 de la colonia Occidental de Ciudad Frontera, Coahuila, si se toma en cuenta que dicho instrumento contiene el testimonio de tres personas, cuya razón de su dicho la hacen depender de que son colaboradores y ancianos de la iglesia precitada y en que conocen desde hace quince años a Jesús Ríos Alvarado, y que en términos del artículo 11 de la Ley Reglamentaria del Artículo 130 Constitucional, vigentes en la época del registro correspondiente, por regla general, los encargados de los templos eran ministros del culto que se iba a practicar en ellos, en el caso en estudio, el testimonio de mérito, consiste en que Jesús Ríos Alvarado es el encargado de la iglesia Centro de Adoración Pentecostés "Lirio de los Valles".

Con la prueba documental pública marcada con el número IV, relativa al oficio de diecisiete de agosto de mil novecientos noventa y nueve, suscrito por Arturo Rivera, Director de Registro y Certificaciones de la Dirección General de Asociaciones Religiosas de la Secretaría de Gobernación, se demuestra que hasta esa fecha, Jesús Ríos Alvarado no aparece registrado en esa dirección, como ministro de culto y que el inmueble Centro de Adoración Pentecostés "Lirio de los Valles", tampoco se encuentra registrado como domicilio de alguna asociación religiosa. A este medio de convicción se otorga pleno valor probatorio, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 14, párrafo 4, inciso c), y 16, párrafo 2, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, por tratarse de una prueba documental expedida por un funcionario público en cumplimiento de sus atribuciones;

La prueba marcada con el número V, se valora como un simple indicio, por traducirse en realidad en una prueba testimonial rendida sin las formalidades correspondientes, en términos del artículo 16, párrafos 1 y 3, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, indiciariamente se demuestra que Jesús Ríos Alvarado tiene como actividad empresarial, el autotransporte federal de carga; pero, aun así, se destaca que esa circunstancia en modo alguno demuestra que no sea ministro de culto del Centro de Adoración Pentecostés "Lirio de los Valles", puesto que dichas actividades no son incompatibles legalmente, por el contrario, bien pueden llevarse a cabo, sin que una constituya obstáculo legal o material para el desarrollo de la otra.

A las pruebas marcadas con los números VI y IX, en términos de los artículos 14, párrafo 4, y 16, párrafo 2, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, se les otorga pleno valor probatorio, en razón de que dichos documentos fueron expedidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Instituto Mexicano del Seguro Social, respectivamente, a nombre de Jesús Ríos Alvarado, de acuerdo con los datos que en ellos se encuentran asentados; pero en modo alguno son aptos para evidenciar, que dicha persona no tenga el carácter de pastor o ministro del Centro de Adoración Pentecostés "Lirio de los Valles".

Las pruebas documentales descritas en los número VII y VIII, sólo demuestran, que Jesús Ríos Alvarado solicitó ser inscrito en el registro de contribuyentes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, como contribuyente que realiza la actividad del autotransporte federal de carga y que realizó la declaración del ejercicio, personas físicas, respectivamente, conforme a los datos asentados y manifestados por el propio Jesús Ríos Alvarado; pero en modo alguno, esos documentos acreditan que la persona precitada no es pastor o ministro de culto del Centro de Adoración Pentecostés "Lirio de los Valles".

De la valoración de las pruebas que obran en los autos del expediente en que se actúa, realizada en líneas precedentes, se obtiene la convicción de que Jesús Ríos Alvarado es pastor o ministro de culto del Centro de Adoración Pentecostés "Lirio de los Valles", ubicado en el inmueble marcado con el número 1118 ó 1720 de la calle Allende de la colonia Occidental de Ciudad Frontera, Coahuila, por encontrarse registrado con esa calidad en el libro uno, autorizado el veintisiete de mayo de mil novecientos ochenta y seis, para el registro de ministros de culto y asociaciones religiosas, por el presidente municipal en funciones en esa fecha, según el registro diecisiete, de dos de junio de mil novecientos ochenta y seis, asentado en el folio seis, pues no se encuentra elemento de prueba alguno, que disminuya el grado de convicción que se diera a las instrumentales publicas descritas en los numerales I y III, por el contrario, ese grado de convicción se ve aumentado con el hecho de que Jesús Ríos Alvarado es el encargado de la iglesia Centro de Adoración Pentecostés "Lirio de los Valles", según consta en la documental suscrita por tres colaboradores y ancianos de la iglesia en cuestión.

En atención al resultado de la valoración realizada del acervo probatorio que obra en este juicio de revisión constitucional electoral, está evidenciado:

I. Que Jesús Ríos Alvarado fue registrado como ministro de culto del Centro de Adoración Pentecostés "Lirio de los Valles";

2. El Partido Revolucionario Institucional registró a Jesús Ríos Alvarado, como candidato a noveno regidor propietario y lo reconoce como encargado del templo desde hace aproximadamente quince años;

En términos del artículo 11 de la Ley Reglamentaria del Artículo 130 de la Constitución Federal, vigente en la época de que data el referido registro, los encargados de los templos, por regla general, se consideraban ministros del culto correspondiente. Incluso, con tal calidad Jesús Ríos Alvarado fue registrado en el Ayuntamiento Municipal de Ciudad Frontera, Coahuila.

Aunque en el Centro de Adoración Pentecostés "Lirio de los Valles" no se congrega una comunidad que tenga la calidad de asociación religiosa debe tenerse en cuenta que conforme al texto actual del artículo 130 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, las agrupaciones y las iglesias en general están obligadas a cumplir con lo dispuesto en tales ordenamientos jurídicos, según lo dispone expresamente el artículo 10 del último cuerpo de leyes citado.

En estas circunstancias, desde que estaban en vigor los ordenamientos anteriores a los actuales, Jesús Ríos Alvarado era ministro del culto, sin que pueda considerarse que actualmente no lo sea, porque si dicha persona y la iglesia a que pertenece están obligadas a acatar lo dispuesto en la ley, debieron proceder conforme al artículo 14 de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, en la parte que dice:

"... La separación de los ministros de culto deberá comunicarse por la asociación religiosa o por los ministros separados a la Secretaría de Gobernación dentro de los treinta días siguientes a su fecha. En caso de renuncia el ministro podrá acreditarla, demostrando que el documento en que conste fue recibido por un representante legal de la asociación religiosa respectiva. Para efectos de este artículo la separación o renuncia de ministro contará a partir de la notificación hecha a la Secretaría de Gobernación."

En el presente caso, no hay prueba alguna acerca del acatamiento del artículo transcrito en su parte conducente, puesto que en las constancias de autos nada hay referente a una posible separación o renuncia al ministerio que ejercía Jesús Ríos Alvarado. Tampoco hay constancia alguna que demuestre la comunicación de separación o renuncia a la Secretaría de Gobernación.

La parte final del citado artículo 14 prevé como único medio para iniciar el cómputo del plazo de separación o de renuncia al ministerio religioso, la notificación hecha a la Secretaría de Gobernación; por consiguiente, si como acontece en este caso, no está demostrada esa notificación de renuncia o separación al ministerio, notificación que el propio Jesús Ríos Alvarado estuvo en condiciones de formular, no hay manera de establecer, que tal persona se encuentre dentro del plazo previsto en dicho precepto para poder ser votado a un cargo de elección popular.

Por tanto, a fin de no contravenir lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público y en términos de las demás disposiciones que se han venido invocando, debe considerarse a Jesús Ríos Alvarado como ministro de culto.

Así las cosas, se concluye que Jesús Ríos Alvarado es pastor o ministro del Centro de Adoración Pentecostés "Lirio de los Valles", ubicado en el número 1118 ó 1720 de la calle Allende de la colonia Occidental de Ciudad Frontera, Coahuila y, por ende, inelegible para ser candidato a noveno regidor propietario, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 130 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 29, fracción VI, de la Constitución Política del Estado de Coahuila.

Como la autoridad responsable no consideró así las cosas, sino que, por el contrario, estimó algo diferente a lo que se concluyó en esta ejecutoria, en contravención a los preceptos jurídicos invocados en el desarrollo de la presente resolución y, por ende, al principio de legalidad, que rige a todos los actos y resoluciones electorales, tanto de autoridades federales, como locales, establecido en los artículos 41, fracción IV, y 116, fracción IV, inciso d), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de reparar las infracciones cometidas por la autoridad responsable, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 93, párrafo 1, inciso b), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, ha lugar a revocar la resolución reclamada y, por consiguiente, debe privarse de efectos jurídicos el registro de Jesús Ríos Alvarado, como candidato a noveno regidor, dentro de la planilla que contenderá en la elección de Ayuntamiento Municipal de Ciudad Frontera, Coahuila, a celebrarse el veintiséis de septiembre próximo, planilla presentada por el Partido Revolucionario Institucional, quedando a salvo los derechos de éste para sustituir al candidato declarado inelegible.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve:

PRIMERO. Se revoca la resolución emitida el tres de agosto de mil novecientos noventa y nueve, por la Sala Auxiliar en Materia Electoral del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Coahuila, en el expediente 010/99;

SEGUNDO. Quedan a salvo los derechos del Partido Revolucionario Institucional, para sustituir al candidato a noveno regidor propietario dentro de la planilla que presentó para contender en la elección de Ayuntamiento del Municipio de Ciudad Frontera Coahuila.

Notifíquese: personalmente a la parte actora y al Partido Revolucionario Institucional, a éste con el carácter de tercero interesado, en los domicilios que señalaron para tal efecto; a la autoridad responsable mediante fax y oficio, a este último deberá acompañarse copia certificada de la presente resolución y el expediente que remitió con la presente demanda. Asimismo, dicha autoridad responsable deberá notificar esta ejecutoria al Comité Municipal Electoral de Ciudad Frontera, Coahuila, en términos de lo dispuesto en los artículos 29 y 93, párrafo 2, incisos a) y b), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; esto con independencia de que esta sala superior le notifique vía fax los puntos resolutivos.

En su oportunidad, archívese este expediente como asunto totalmente concluido.

Así, por unanimidad de votos, lo resolvió la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ante el Secretario General de Acuerdos, que autoriza y da fe.

 

MAGISTRADO PRESIDENTE

 

JOSÉ LUIS DE LA PEZA

MAGISTRADO

 

LEONEL CASTILLO GONZÁLEZ

MAGISTRADO

 

ELOY FUENTES CERDA

MAGISTRADA

 

ALFONSINA BERTA NAVARRO HIDALGO

MAGISTRADO

 

JOSÉ FERNANDO OJESTO MARTÍNEZ PORCAYO

MAGISTRADO

 

JOSÉ DE JESÚS OROZCO HENRÍQUEZ

MAGISTRADO

 

MAURO MIGUEL REYES ZAPATA

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS

 

FLAVIO GALVÁN RIVERA