JUICIO DE REVISIÓN CONSTITUCIONAL ELECTORAL.

EXPEDIENTE: SUP-JRC-283/99.

ACTOR: PARTIDO DEL TRABAJO.

AUTORIDAD RESPONSABLE: SALA DE SEGUNDA INSTANCIA DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE HIDALGO.

MAGISTRADO PONENTE: MAURO MIGUEL REYES ZAPATA.

SECRETARIO: DAVID P. CARDOSO HERMOSILLO.

 

México, Distrito Federal, a trece de enero del año dos mil.

V I S T O S para resolver los autos del juicio de revisión constitucional electoral número SUP-JRC-283/99, promovido por el Partido del Trabajo, a través de su representante Alberto Serrano Escalante, en contra de la resolución de diecinueve de diciembre de mil novecientos noventa y nueve, dictada por la Sala de Segunda Instancia del Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Hidalgo, en el recurso de revisión REV-05-PT-027/99, interpuesto por el propio actor, y

R E S U L T A N D O

I. El catorce de noviembre de mil novecientos noventa y nueve, se llevaron a cabo las elecciones para integrar el Ayuntamiento del Municipio de Ajacuba, Hidalgo.

II. El diecisiete del mismo mes se celebró la sesión de cómputo para la elección mencionada. En dicha sesión, el Consejo Municipal Electoral de Ajacuba, Hidalgo, realizó el cómputo municipal referido, declaró válida la elección y entregó las constancias de mayoría a la planilla ganadora.

Los resultados asentados en la respectiva acta de cómputo municipal son los siguientes:

Partido Político

Votación obtenida

PAN

956

PRI

1,542

PRD

1,629

PT

1,240

PVEM

Sin registro

Suma de votos nulos más planillas no registradas

175

Votación total

5,542

 

III. El veinte de noviembre de mil novecientos noventa y nueve, el Partido Revolucionario Institucional y el Partido del Trabajo interpusieron sendos recursos de inconformidad, en los que hicieron valer diversas causas de nulidad de la votación recibida en las casillas 085 básica, 088 básica y 088 contigua, como enseguida se detalla.

Partido Revolucionario Institucional

Partido del Trabajo

Casilla

Causas de nulidad

Casilla

Causas de nulidad

088 básica

Instalación de casilla en lugar distinto al autorizado.

085 básica

Violencia física o presión sobre los electores.

Error o dolo.

088 contigua

Instalación de casilla en lugar distinto al autorizado.

088 básica

Violencia física o presión sobre los electores.

   

088 contigua

Violencia física o presión sobre los electores.

 

En el mismo recurso, el Partido del Trabajo impugnó los resultados consignados en el acta de cómputo municipal, la declaración de validez y el otorgamiento de constancia de mayoría en la elección de Ayuntamiento del Municipio de Ajacuba, Hidalgo. Tales recursos fueron radicados en la Sala de Primera Instancia del Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Hidalgo, con los números de expediente RIN-05-PRI-016/99 y RIN-05-PT-021/99, respectivamente.

IV. Por auto de veinticuatro de noviembre de mil novecientos noventa y nueve, la magistrada instructora ordenó la acumulación del expediente RIN-05-PT-021/99 al radicado con el número RIN-05-PRI-016/99, por considerar que en ambos recursos la pretensión era igual.

V. Mediante resolución de diez de diciembre de mil novecientos noventa y nueve, la Sala de Primera Instancia del Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Hidalgo declaró la nulidad de la votación recibida en la casilla 085 básica, modificó los resultados asentados en el acta de cómputo municipal, confirmó la declaración de validez de la elección, así como el otorgamiento de la constancia de mayoría expedida a la planilla registrada por el Partido de la Revolución Democrática.

Los resultados del cómputo modificado por la sala referida son los siguientes:

Partido Político

Votación obtenida

PAN

935

PRI

1,360

PRD

1,598

PT

1,234

PVEM

Sin registro

Suma de votos nulos más planillas no registradas

165

Votación total

5,292

 

VI. El trece de diciembre siguiente, el Partido del Trabajo, a través de su representante Alberto Serrano Escalante, interpuso recurso de revisión en contra de la resolución precisada en el resultando anterior.

VII. El recurso de revisión fue radicado en la Sala de Segunda Instancia del Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Hidalgo, con el número de expediente REV-05-PT-027/99.

VIII. El diecinueve de diciembre de mil novecientos noventa y nueve, la Sala de Segunda Instancia del Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Hidalgo resolvió confirmar la resolución impugnada. Esta resolución fue notificada al Partido del Trabajo el veinte siguiente.

IX. El veinticuatro de diciembre de mil novecientos noventa y nueve, el Partido del Trabajo, a través de su representante Alberto Serrano Escalante, promovió juicio de revisión constitucional electoral en contra de la resolución descrita en el resultando anterior, ante la sala responsable, órgano que le dio el trámite correspondiente.

X. El veintisiete de diciembre siguiente, en la Oficialía de Partes de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación fue recibida la demanda de juicio de revisión constitucional electoral, junto con los expedientes RIN-05-PRI-016/99 y RIN-05-PT-021/99 acumulados y REV-05-PT-027/99, relativos al recurso de inconformidad y al recurso de revisión, respectivamente, remitidos por la autoridad responsable, el informe circunstanciado y demás constancias atinentes al trámite dado a la demanda de referencia.

XI. Mediante proveído de veintisiete de diciembre de mil novecientos noventa y nueve, se turnó el expediente en que se actúa al magistrado electoral Mauro Miguel Reyes Zapata, para los efectos precisados en los artículos 19, párrafo 1, inciso a), y 92 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

XII. El propio veintisiete, el Secretario General del Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Hidalgo remitió a esta sala superior, el oficio número SG/061/99, mediante el cual envió el escrito del tercero interesado, signado por Felipe Abraham Sánchez, en su carácter de representante del Partido de la Revolución Democrática.

XIII. Por auto de once de enero del dos mil, se admitió el presente juicio, se tuvo por rendido el informe circunstanciado y se declaró cerrada la instrucción, con lo cual, el juicio quedó en estado de resolución, y

C O N S I D E R A N D O

PRIMERO. Esta Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ejerce jurisdicción y es competente para resolver el presente juicio de revisión constitucional electoral, en conformidad con lo dispuesto en los artículos 99, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 184, 186, fracción III, inciso b), 189, fracción I, inciso e), y 199, fracciones II y III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y 87 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

SEGUNDO. Previamente al estudio del fondo del asunto se procede a analizar, si se encuentran debidamente satisfechos los requisitos esenciales, los especiales de procedibilidad del juicio de revisión constitucional electoral, así como los elementos necesarios para la emisión de una sentencia de mérito.

A. Se encuentran satisfechos, en el caso, los requisitos esenciales previstos por el artículo 9, párrafo 1, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, ya que la revisión constitucional electoral se hizo valer ante la autoridad responsable y se satisfacen las exigencias formales para su presentación previstas en tal precepto, como son, el señalamiento del nombre del actor, del domicilio para recibir notificaciones, la identificación del acto o resolución impugnados y de la autoridad responsable, la mención de los hechos y agravios que causa el acto o resolución impugnada, y el asentamiento del nombre y de la firma autógrafa del promovente en la demanda.

B. El juicio de revisión constitucional electoral está promovido por parte legítima, pues conforme con el artículo 88, párrafo 1, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, corresponde instaurarlo exclusivamente a los partidos políticos y, en este caso, el promovente es el Partido del Trabajo. Además, éste tiene interés jurídico para hacerlo valer, puesto que la sentencia impugnada recayó al recurso de revisión, que interpuso contra la resolución dictada en el recurso de inconformidad, el cual promovió en contra del cómputo municipal, la declaración de validez y el otorgamiento de constancia de mayoría efectuados por el Consejo Municipal Electoral de Ajacuba, Hidalgo y ambas sentencias le resultaron adversas, de ahí que el ahora actor promueva el presente juicio, a fin de obtener la nulidad de un fallo que en su concepto, fue dictado contra derecho. Por tanto, es infundado el alegato del tercero interesado, Partido de la Revolución Democrática, el cual, dando a entender que el actor carece de interés, pretende que el presente juicio de estime improcedente, pretensión que debe desestimarse, puesto que si como se ha visto, al demandante sí le asiste interés jurídico para promover este medio de impugnación, es patente que en el caso no se actualiza la hipótesis del artículo 10, párrafo 1, inciso b), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, invocada por dicho tercero interesado.

C. El juicio fue promovido por conducto de un representante con personería suficiente para hacerlo, en términos de lo dispuesto en el inciso b) del párrafo 1 del artículo 88 del ordenamiento antes invocado, pues Alberto Serrano Escalante, como representante del partido actor, promovió el medio de impugnación jurisdiccional al que recayó la resolución impugnada en el presente juicio de revisión constitucional electoral.

D. La demanda de juicio de revisión constitucional electoral fue presentada oportunamente, es decir, dentro del plazo establecido en el artículo 8 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, toda vez que, la resolución impugnada se notificó al partido promovente el veinte de diciembre de mil novecientos

noventa y nueve y la demanda se presentó el día veinticuatro siguiente.

E. Por cuanto hace a los requisitos especiales de procedibilidad previstos en el artículo 86, párrafo 1, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, al estudiarse la demanda presentada por el Partido del Trabajo, se advierte lo siguiente:

1. La resolución combatida constituye un acto definitivo y firme.

En conformidad con lo dispuesto en el artículo 118 de la Ley Estatal de Medios de Impugnación en Materia Electoral de Hidalgo, las sentencias que resuelvan el recurso de revisión serán definitivas y firmes.

En el caso, la resolución que se impugna a través del presente juicio es la que recayó al recurso de revisión número REV-05-PT-027/99, emitida por la Sala de Segunda Instancia del Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Hidalgo, por lo que, desde el punto de vista de la legislación local, dicha resolución constituye un acto definitivo y firme.

2. Se cumple también con el requisito exigido por el artículo 86, párrafo 1, inciso b), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, en tanto que el Partido del Trabajo manifiesta, que se violan en su perjuicio los artículos 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Además, tal requisito debe entenderse en un sentido formal, es decir, como un requisito de procedencia no como el resultado del análisis de los agravios propuestos por el partido político actor, en virtud de que ello implica entrar al fondo del juicio. En consecuencia, el requisito en comento debe estimarse satisfecho cuando, como en el caso en estudio, en el juicio de revisión constitucional se hacen valer agravios en los que se exponen razones encaminadas a demostrar la afectación al acervo jurídico del accionante, puesto que con ello se trata de destacar la violación de los preceptos constitucionales antes señalados.

Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia número J.2/97, de esta sala, que se encuentra publicada en las páginas 25 y 26 del suplemento número 1 de la revista "Justicia Electoral" del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, año 1997, cuyo texto y rubro son del siguiente tenor:

"JUICIO DE REVISIÓN CONSTITUCIONAL ELECTORAL. INTERPRETACIÓN DEL REQUISITO DE PROCEDENCIA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 86, PÁRRAFO 1, INCISO B), DE LA LEY DE LA MATERIA. Lo preceptuado por el artículo 86, párrafo 1, inciso b), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, referente a que el juicio de revisión constitucional electoral sólo procederá contra actos o resoluciones "Que violen algún precepto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos", debe entenderse en un sentido formal, relativo a su establecimiento como requisito de procedencia, y no al análisis propiamente de los agravios esgrimidos por el partido impugnante, toda vez que ello supone entrar al fondo del juicio; por lo tanto, dicho requisito debe considerarse que se acredita cuando en el escrito correspondiente se hacen valer agravios debidamente configurados, esto es, que éstos precisen claramente los argumentos o razonamientos enderezados a acreditar la afectación del interés jurídico del promovente, derivado de la indebida aplicación o incorrecta interpretación de determinada norma jurídica en el acto o resolución impugnado, por virtud de los cuales se pudiera infringir algún precepto constitucional en materia electoral, toda vez que ello supondría la presunta violación de los principios de Constitucionalidad y legalidad electoral tutelados en los artículos 41, párrafo segundo, fracción IV, y 116, párrafo segundo, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; o sea, que de los agravios esgrimidos se advierta la posibilidad de que se haya conculcado algún precepto constitucional en la materia, resultando irrelevante que se citen o no los artículos constitucionales presuntamente violados, ya que, de conformidad con el artículo 23, párrafo 3, de la Ley General citada, en la presente vía este órgano jurisdiccional, ante la omisión de los preceptos jurídicos presuntamente violados o su cita equivocada, resuelve tomando en consideración los que debieron ser invocados o los que resultan aplicables al caso concreto. Por lo anterior, la omisión o cita errónea de los preceptos constitucionales presuntamente violados no tiene como consecuencia jurídica el desechamiento del juicio de revisión constitucional electoral."

3. Se satisface también el requisito de procedibilidad que señala el artículo 86, párrafo 1, inciso c), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, referente a que la violación reclamada pueda resultar determinante para el desarrollo del proceso electoral respectivo o el resultado final de la elección, según se verá a continuación.

Desde el recurso de inconformidad hasta este juicio, la pretensión principal del Partido del Trabajo es la anulación de la votación recibida en las casillas 088 básica y 088 contigua, por considerar que en éstas se actualizó la causa de nulidad prevista en la fracción VIII del artículo 53 de la Ley Estatal de Medios de Impugnación en Materia Electoral de Hidalgo.

Si esta sala acogiera la pretensión del partido actor en el presente juicio de revisión constitucional electoral y se determinara, que en las casillas 088 básica y 088 contigua se actualizó la causa de nulidad referente a que se ejerció presión sobre los electores para que votaran por un determinado partido, la pretendida violación alegada sería determinante para el resultado de la votación, ya que el partido triunfador (Partido de la Revolución Democrática) pasaría al segundo lugar y el partido que ocupó el segundo sitio (Partido del Trabajo) ocuparía el primero, como enseguida se demuestra.

 

VOTACIÓN RECIBIDA EN LAS CASILLAS CUYA ANULACIÓN SE PRETENDE.

Casilla

PAN

PRI

PRD

PT

Votos nulos

088 B

10

115

301

12

5

088 C

15

95

291

7

6

Votación total anulada

25

210

592

19

11

 

CÓMPUTO MUNICIPAL MODIFICADO EN INCONFORMIDAD, RELACIONADO CON UNA HIPOTÉTICA ANULACIÓN DE VOTACIÓN DE LAS CASILLAS 088 B y 088 C

Partido

Votación obtenida

Votación anulada

Votación final

PAN

935

25

910

PRI

1,360

210

1,150

PRD

1,598

592

1,006

PT

1,234

19

1,215

PVEM

No registro

No registro

No registro

Suma de votos nulos más planillas no registradas

165

11

154

Votación total

5,292

857

4,435

 

Los cuadros anteriores evidencian, que la violación reclamada en el presente juicio de revisión constitucional puede ser determinante para el resultado final de la elección. Consecuentemente, es evidente que se cumple con el requisito de procedencia en estudio.

4. La reparación solicitada es material y jurídicamente posible dentro de los plazos electorales, toda vez que los ayuntamientos toman posesión hasta el dieciséis de enero del dos mil, en términos de lo dispuesto en el artículo 132 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Hidalgo.

TERCERO. Las consideraciones en que se sustenta el fallo impugnado, esencialmente, son las siguientes:

"IV. Que sintetizados los agravios que hace valer el recurrente, éstos los hizo consistir en lo siguiente:

a) Que la sala de primera instancia analizó en primer término los hechos y agravios expuestos por el Partido Revolucionario Institucional y después los expresados por el Partido del Trabajo. Sin embargo, no se analizaron las pruebas introducidas al proceso por los partidos recurrentes en el mismo orden en que se estudiaron sus agravios.

b) Que la escritura pública número veintidós mil trescientos cincuenta y uno del volumen trescientos once, de fecha diecinueve de noviembre del mil novecientos noventa y nueve, protocolizada por el notario público número cuatro, con ejercicio en el Distrito Judicial de Tula de Allende, Hidalgo, y demás pruebas introducidas al proceso por el Partido del Trabajo, debieron adminicularse con las pruebas aportadas por el Partido Revolucionario Institucional, que se hacen consistir en el acta circunstanciada levantada por el juez menor del Municipio de Ajacuba, Hidalgo y la escritura pública número ciento trece del volumen número primero, de fecha catorce de noviembre de mil novecientos noventa y nueve, protocolizada por el notario adscrito número seis, con ejercicio en el Distrito Judicial de Tula de Allende, Hidalgo. Y a su vez, éstas debieron ser relacionadas con los escritos de protesta presentados por el revisionista. Pues era de este modo como se demostraban las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se dio la presión ejercida sobre los electores, exigidas por la sala inferior para demostrar la causal de nulidad invocada.

c) Que la sala de primera instancia no observó lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley Estatal de Medios de Impugnación en Materia Electoral, cuando en el considerando séptimo se dice que: `si bien las casillas 088 básica y 088 contigua fueron impugnadas por haberse ejercido presión sobre los electores, esta situación no fue demostrada por el partido recurrente por pruebas que resulten contundentes, además de que no se precisó circunstancia de modo, tiempo y lugar ni tampoco señaló sobre cuántos electores se ejerció presión'.

d) Que las pruebas introducidas al recurso de inconformidad no fueron analizadas de acuerdo a lo establecido por el artículo 21, tanto en su único párrafo, como en sus incisos a), b) y c), que lo conforman, porque debieron adminicularse y relacionarse para demostrar los hechos afirmados por el inconforme.

e) Que el inferior no analizó ni valoró el acta circunstancial levantada por el juez menor del Municipio de Ajacuba, Hidalgo y la escritura pública número ciento trece, protocolizada ante la fe del notario público adscrito número seis, con ejercicio en el Distrito Judicial de Tula de Allende, Hidalgo, que el Partido Revolucionario Institucional presentó en uno de los escritos de protesta presentado ante el Consejo Municipal Electoral de Ajacuba, Hidalgo.

f) Que si bien en el recurso de inconformidad no se alude a las pruebas presentadas por el Partido Revolucionario Institucional, que son las expresadas en la síntesis del agravio que precede, tácitamente se refiere a ellas en la documental ofrecida como prueba en el inciso e) del apartado 3 del capítulo de pruebas del escrito que contiene el recurso de inconformidad, en la cual se anexaron esas documentales.

g) Que no se observó lo dispuesto en los artículos 17 y 18 de la Ley Estatal de Medios de Impugnación en Materia Electoral, por que si bien los medios de impugnación (sic) deben ser ofrecidos y aportados en el escrito en que se interponga el medio de impugnación, también se encuentran previstos los casos de excepción a esa regla en los artículos 19, 20 y 21 del mismo ordenamiento legal.

V. Por lo que respecta al agravio sintetizado con el inciso a), resulta infundado e inoperante, en atención a que ningún agravio le causa al recurrente el orden como la sala de primera instancia analizó las pruebas y los agravios de los actores en el juicio de inconformidad, toda vez que lo que importa es el dato substancial de que se estudiaron todas las pruebas introducidas al proceso y los agravios expresados por el inconforme y que ninguno quedó libre de examen, cualquiera que sea la forma que al efecto se eligió.

Lo anterior tiene apoyo con la jurisprudencia firme de la Séptima Época, Tercera Sala, Semanario Judicial de la Federación 48, Cuarta Parte, página 15, intitulada:

`AGRAVIOS, EXAMEN DE LOS. Es obvio que ninguna lesión a los derechos de los quejosos puede causarse por la sola circunstancia de que los agravios se hayan estudiado en su conjunto, esto es, englobándolos todos ellos, para su análisis, en diversos grupos. Ha de admitirse que lo que interesa no es precisamente la forma como los agravios sean examinados, en su conjunto, separando todos los expuestos en distintos grupos o bien uno por uno y en el propio orden de su exposición o en orden diverso, etcétera; lo que importa es el dato substancial de que se estudien todos, de que ninguno quede libre de examen, cualesquiera que sea la forma que al efecto se elija'.

VI. Que al encontrarse íntimamente relacionados los agravios sintetizados con las literales b), d), e) y f), éstos resultan infundados y por ende inoperantes, en atención a que, contrario a lo que sostiene el recurrente, el acta circunstancial levantada por el juez menor del Municipio de Ajacuba, Hidalgo y la escritura pública número ciento trece del volumen primero, de fecha catorce de noviembre de mil novecientos noventa y nueve, protocolizada por el notario adscrito número seis, con ejercicio en el Distrito Judicial de Tula de Allende, Hidalgo, no fueron anexadas como elementos de prueba al escrito por el cual interpuso el recurso de inconformidad, por lo que ante esa circunstancia, la sala resolutora no pudo analizar, adminicular, relacionar y valorarlos por no formar parte de las piezas del sumario. En efecto, el juzgador al resolver se limita sólo al material probatorio que fue introducido al proceso por las partes y el tribunal. Lo anterior es así, toda vez que al tener a la vista los expedientes RIN-05-PRI-017/99 (sic) y RIN-05-PT-021/99 acumulados, se puede constatar que las documentales tantas veces citadas no fueron presentadas.

Tampoco es cierto que en el inciso e) del apartado 3 del capítulo de pruebas del escrito que contiene el recurso de inconformidad interpuesto por el Partido Revolucionario Institucional, implícitamente se refiera a la presentación de esas documentales, toda vez que en ese apartado sólo se ofrece como medio de prueba copias de dos escritos de protesta con acuse de recibo del Consejo Municipal Electoral de Ajacuba, Hidalgo.

Por último, en ninguno de los escritos de protesta presentados por el Partido Revolucionario Institucional, se cita que se hayan presentado esos instrumentos, antes bien, en el que se argumenta como presuntas violaciones cometidas en la jornada electoral ante las casillas 088 básica y 088 contigua, el hecho de que se ejerció presión sobre los electores y que la casa de campaña del candidato del Partido de la Revolución Democrática se encontraba a treinta y cinco metros de distancia de las casillas referidas, se dice que tales hechos se acreditarán con las pruebas que se presentarán al momento de la interposición del recurso correspondiente.

Y si esto no fuera suficiente para desestimar los agravios que nos ocupan, debe decirse además que resulta extraño, que de ser cierto que las documentales tantas veces mencionadas sí obran en el recurso de inconformidad y que efectivamente no hubieran sida analizadas y valoradas por la sala de primera instancia, por qué las ofrece ahora en esta instancia como pruebas supervenientes, diciendo que no conocía su existencia antes de la presentación del recurso de inconformidad. Argumentos éstos de los que se deduce, que los documentos de marras nunca fueron presentados ante la sala de primera instancia, como contradictoriamente lo afirma el revisionista.

VII. Por lo que se refiere al agravio sintetizado en el inciso c), resulta infundado e inoperante, por insuficiente, en virtud de que el inconforme se concreta a expresar que la sala de primera instancia no observó lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley Estatal de Medios de Impugnación, reproduciendo una parte del considerando séptimo de la resolución combatida, omitiendo expresar el acto desplegado por la sala y los derechos que estima le fueron violados, demostrando jurídicamente la contravención de éstos con dicho considerando, es decir, que olvida el recurrente que de acuerdo con lo previsto por el artículo 39 del mismo ordenamiento legal en cita, entratándose del recurso de revisión, los agravios deben ser de estricto derecho. Lo anterior tiene apoyo con el criterio jurisprudencial visible en la revista Ágora, enero-julio 1997, a fojas 62 que dice:

`ESTRICTO DERECHO. CONNOTACIÓN EN SEGUNDA INSTANCIA DE LOS AGRAVIOS DE. Debe entenderse el concepto de estricto derecho, como aquello que se encuentra ajustado a las disposiciones establecidas por la ley, es decir, que existe calidad en ellos, de tal manera que no haya equivocación al momento de su interpretación respecto de los actos que se reclaman, además, los agravios deben tener el sustento jurídico en el cual se apoyen o tengan como base la manifestación vertida en los mismos, de tal forma que de no cumplirse con estos elementos no puede hablarse de agravios de estricto derecho'.

VIII. Finalmente, por lo que respecta al agravio sintetizado en el inciso g), resulta infundado e inoperante, toda vez que si bien ofrece ahora como pruebas supervenientes el acta circunstancial levantada por el juez menor del Municipio de Ajacuba, Hidalgo, y la copia certificada de la escritura pública número ciento trece del volumen primero, de fecha catorce de noviembre de mil novecientos noventa y nueve, protocolizada por el notario adscrito número seis, con ejercicio en el Distrito Judicial de Tula de Allende, Hidalgo, esta sala les niega valor probatorio y en nada le benefician en atención a que:

a) Resulta irrelevante el hecho de que el juez menor del Municipio de Ajacuba, Hidalgo haya hecho constar los hechos que en el acta circunstancial se aducen, porque de origen careció de fe pública en su actuación. En efecto, porque de una recta interpretación del artículo 194 de la Ley Electoral establece que: `Sólo los Notarios Públicos, los Jueces de Primera Instancia, los Agentes del Ministerio Público y las demás dependencias del Gobierno del Estado y Ayuntamientos son los que gozan de fe pública para certificar los hechos que se suscitan durante la jornada electoral'.

A su vez, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, en su artículo 131, claramente establece que: `Los Ayuntamientos se integran por un Presidente, un Síndico Procurador, los Regidores de mayoría relativa y los Regidores de representación proporcional...' Sin considerar de manera alguna a los jueces menores como miembros del Ayuntamiento.

Criterio que se confirma por el artículo 19 de la nueva Ley Orgánica Municipal del Estado de Hidalgo, que establece que: `El gobierno de cada municipio se encomendará a un ayuntamiento integrado por un Presidente, un Síndico Procurador y el número de Regidores que establezca la Ley de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales'.

De ahí, que no siendo miembro del ayuntamiento el juez menor municipal y careciendo por tanto de fe pública, es obvio que no debe concedérsele valor probatorio alguna al acta circunstancial por éste levantada.

b) Por lo que se refiere a los testimonios a cargo de Felipe Miguel Sánchez Ahedo y Enrique Trejo Hernández, contenidos en la copia certificada de la escritura pública número ciento trece del volumen primero, de fecha catorce de noviembre de mil novecientos noventa y nueve, protocolizada por el notario adscrito número seis, con ejercicio en el Distrito Judicial de Tula de Allende, Hidalgo, si bien es correcto que sus declaraciones constan en acta levantada por notario público, a quien la ley le otorga el carácter de fedatario público, quien además recibió sus atestados, correcto es también, que los declarantes no fueron identificados por el notario ni se asentó la fundada razón de su dicho, cuya finalidad es la de ilustrar al juzgador y proporcionarle elementos para la mejor apreciación de la veracidad con que el testigo se conduce.

En este orden de ideas, resulta obvio que la sui generis probanza carece de valor probatorio, al no cumplir con las formalidades esenciales exigidas en el segundo párrafo de la fracción IV del artículo 17 de la Ley Estatal de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

Debe decirse que los testimonios a cargo de Rigoberto Cruz Mera y Juan Ubaldo Serrano Escalante, contenidos en la escritura pública número veintidós mil trescientos cincuenta y uno del volumen trescientos once, de fecha diecinueve de noviembre de mil novecientos noventa y nueve, protocolizada por el notario público número cuatro, con ejercicio en el Distrito Judicial de Tula de Allende, Hidalgo, corren la misma suerte, toda vez que si bien es cierto que sus atestados constan en acta levantada por fedatario público, quien además recibió directamente sus declaraciones; cierto es también, que Rigoberto Cruz Mera ni siquiera fue identificado y que ambos no rindieron la razón de su dicho.

Por otra parte, para que el a quo hubiera evaluado de manera objetiva, que de no haberse ejercido presión sobre los electores, el partido recurrente podría haber alcanzado la votación más alta, como acertadamente lo dijo la sala de primera instancia, era necesario que se acreditara, que la presión se haya ejercido sobre determinado número de electores, o bien, durante la mayor parte de la jornada electoral, ya que, en el primer caso, al conocerse el numero de electores que votó bajo presión a favor de determinado partido que alcanzó la votación más alta y deducidos a dicho partido el número de votos correspondientes, el inconforme habría ocupado el primer lugar en la votación, y en ese caso, resultaría evidente que dicha irregularidad sí determinó el resultado de la votación; y en el segundo caso, al comprobarse que durante la mayor parte de la jornada electoral se ejerció presión sobre los electores, para que votaran a favor de algún partido y, en caso de que éste obtenga la votación más alta, existiría la presunción de que dicha presión se ejerció sobre la mayoría de los electores y, consecuentemente, se habría presumido que esa acción fue determinante para el resultado de la votación.

En este estado de cosas, si bien el partido inconforme mantiene a su favor como elementos probatorios los escritos de protesta, los croquis de ubicación de las casillas 088 básica y 088 contigua y ubicación de la casa de campaña del Partido de la Revolución Democrática en la comunidad de Tezontlale, y las placas fotográficas que tienen reconocido el carácter documental privada y técnica respectivamente, por sí solos no hacen prueba plena para demostrar su contenido y merecen ser adminiculados con otros medios de prueba, que lleven la convicción de este órgano colegiado de ser ciertos los hechos aducidos. Así entonces, al no existir ninguna otra probanza que induzca el criterio de la revisora para considerar que la presión, que presumiblemente fue ejercida sobre los electores, afectó el resultado de la votación o se violentó el secreto de voto, por lo cual, esta sala no tiene suficientes elementos de prueba para revocar la definitiva que se combate.

Razones todas estas por las que deben confirmarse en todas y cada una de sus partes la resolución recurrida.

CUARTO. El partido promovente expresó los siguientes agravios:

I. La resolución impugnada me causa los siguientes agravios. Por lo que hace al punto resolutivo número tres, al declarar infundados los agravios que expreso y en su considerando número VIII en sus incisos a) y b), por las consideraciones siguientes:

A. En el considerando que se ataca se hace en el inciso a), una incorrecta y dolosa interpretación del artículo 194 de la Ley Electoral del Estado de Hidalgo, el cual a la letra dice: `Las notarías públicas, los juzgados de primera instancia, las agencias del Ministerio Público y las demás dependencias del gobierno del estado y ayuntamientos con atribuciones de fe pública permanecerán abiertas durante el día de la jornada electoral', y no como en su incorrecta y dolosa interpretación lo hace la Sala de Segunda Instancia del Tribunal Electoral de Hidalgo y la cual se transcribe: `Sólo los notarios públicos, los jueces de primera instancia, los agentes del Ministerio Público y las demás dependencias de gobierno del estado y ayuntamientos son los que gozan de fe pública para certificar los hechos que se suscitan durante la jornada electoral', apoyándose en criterios que no son aplicables, como lo son el artículo 131 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo, el cual establece: `Los ayuntamientos se integran por un presidente, un síndico procurador, los regidores de mayoría relativa y los regidores de representación proporcional', sin considerar de manera alguna a los jueces menores como miembros del ayuntamiento, y que ciertamente no lo son, pero que ejercen una función delegada por el ayuntamiento y avalada por la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Hidalgo, la cual en su artículo 47 y cuya transcripción textual es la siguiente:

`Los juzgados mixtos menores ejercerán jurisdicción en el distrito judicial donde se establezcan, y tendrán competencia para conocer, en materia civil y mercantil, de aquellos asuntos cuya cuantía no exceda en 180 días de salario mínimo vigente en el estado y en materia penal conocerán de los delitos cuya pena no exceda de dos años de prisión, o ésta sea alternativa o sólo económica.

Los jueces mixtos menores carecen de competencia para conocer de asuntos del orden familiar.

Donde no exista juzgado mixto menor, serán competentes para conocer de los asuntos los juzgados civiles, penales y mixtos de primera instancia...

Los ayuntamientos, en las cabeceras municipales, en las poblaciones donde se requiera, podrán establecer oficinas conciliatorias, cuya competencia en materia civil será igual a la de los juzgados mixtos menores, en la vía conciliatoria exclusivamente. En materia penal, sólo conocerán de los delitos que se persigan a petición de parte ofendida y dentro de la competencia de los juzgados mixtos menores, sin facultad para la imposición de penas'.

Ahora bien, haciendo una interpretación lógica de lo anteriormente expresado se desprende, que el titular de la citada oficina conciliatoria es el juez municipal o conciliador, nombrado por el ayuntamiento y que de acuerdo al citado artículo 47 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Hidalgo tiene las mismas atribuciones y facultades de un juez mixto menor, a excepción de la de imponer penas en caso de un delito, por lo que, la Segunda Sala del Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo me agravia, puesto que no realizó una valoración lógica, apegada a la sana crítica y a la experiencia de las pruebas ofrecidas y aceptadas, como lo es el acta circunstanciada de fecha catorce de noviembre de mil novecientos noventa y nueve, firmada y certificada por el licenciado J. Oscar Uribe Sánchez, juez menor municipal del Municipio de Ajacuba, Hidalgo, y en la cual hace contar los hechos que ahí manifiesta y la cual corre agregada en autos, violentando así el artículo 21 de la Ley Estatal de Medios de Impugnación en Materia Electoral que en su párrafo primero establece que:

`Las pruebas aportadas serán valoradas por el tribunal electoral y los órganos electorales, atendiendo a los principios de la lógica, la sana crítica y de la experiencia al resolver los recursos de su competencia, siempre que resulten pertinentes y relacionadas con las pretensiones reclamadas, conforme a las siguientes reglas:

a) Las documentales públicas tendrán valor probatorio pleno, salvo prueba en contrario respecto de su autenticidad o de la veracidad de los hechos a que se refieran'.

Como ha quedado demostrado, el acta del juez menor municipal de Ajacuba, Hidalgo, es una documental pública, puesto que el funcionario que la expide lo hace en uso de sus atribuciones y facultades conferidas por el ayuntamiento y asistido legalmente de sus testigos de asistencia, quienes autorizan y dan fe, así como de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Hidalgo en el multicitado artículo 47 de dicha ley; y de la cual no existe prueba en contrario respecto de su autenticidad o de los hechos que refiere; así como lo establece el artículo 240 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales que prescribe:

`1. Las autoridades federales, estatales y municipales, a requerimiento que les formulen los órganos electorales competentes, proporcionarán lo siguiente:

a) La información que obre en su poder, relacionada con la jornada electoral;

b) Las certificaciones de los hechos que les conste o de los documentos que existan en los archivos a su cargo, relacionados en el proceso electoral;

c) El apoyo necesario para practicar las diligencias que les sean demandadas para fines electorales, y

d) La información de los hechos que puedan influir o alterar el resultado de la elecciones.

2. Los juzgados de distrito, los de los estados y municipales permanecerán abiertos durante el día de la elección. Igual obligación tienen las agencias del ministerio público y las oficinas que hagan sus veces'.

La Segunda Sala del Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo demuestra su ignorancia e inexperiencia en esta materia electoral, para resolver un problema en estricto apego a derecho, puesto que intenta pasar por alto tanto lo dispuesto por una ley federal, una ley estatal electoral y una ley orgánica del poder judicial y en su errónea interpretación deja sin validez un documento público que por su naturaleza es prueba plena.

Por lo que respecta al inciso b) del considerando número VIII de la resolución que se impugna, la probanza ofrecida tiene pleno valor, puesto que proviene de un fedatario público, como lo es el notario público número seis, adscrito al Distrito Judicial de Tula de Allende, Hidalgo, por lo que una vez más, la Segunda Sala del Tribunal Electoral de Hidalgo pretende negar la validez de un documento público y que es la escritura número ciento trece, volumen número uno, de fecha catorce de noviembre de mil novecientos noventa y nueve. Demostrando con esto el dolo y mala fe de la H. Segunda Sala Electoral del Estado de Hidalgo, violando nuevamente el artículo 21 de la ley estatal de medios de impugnación en materia electoral que prescribe en su inciso:

`a) Las documentales públicas tendrán valor probatorio pleno, salvo prueba en contrario respecto de su autenticidad o de la veracidad de los hechos a que se refieran', y puesto que la documental pública que se menciona no tuvo pruebas en contrario respecto de su autenticidad o de la veracidad de los hechos a que se refiere, se infiere que de lo que dio fe el notario público es auténtico.

La segunda sala del tribunal electoral desecha la documental pública aludida, por el infundado motivo de que las personas que testifican ante el notario público, no se identifican plenamente ni asientan la fundada razón de su dicho; pero es preciso señalar, que el fedatario al desempeñar sus funciones establece hechos que le constan y que en ese momento le constaba y él conoce a los declarantes y así se asienta en el acta levantada por éste, ya que éstos manifiestan en forma fehaciente lo que vieron; por lo que no existe ninguna razón lógica o argumento válido para desechar una probanza de este tipo, sólo el dolo y mala fe de los magistrados de un tribunal electoral que debiendo ser imparcial muestra todo lo contrario; me causa agravios la resolución emitida y este punto en especial, puesto que los magistrados no supieron diferenciar y entender lo que es una documental pública y el valor y alcance que esta prueba tiene en el derecho, siendo que con esto al partido que represento se le causa un perjuicio, al dejar de tomar como válidas estas pruebas y al no permitir vincularlas con las que anteriormente fueron exhibidas para comprobar y actualizar las causales de nulidad de votación comprendidas en el artículo 53 de la Ley Estatal de Medios de Impugnación en Materia Electoral para el Estado de Hidalgo.

`PRUEBAS. CRITERIO PARA VALORAR LAS DECLARACIONES ANTE FEDATARIO PÚBLICO QUE SON APORTADAS EN EL RECURSO DE INCONFORMIDAD. Para valorar testimonios rendidos ante fedatarios públicos respecto de hechos que a éstos no les constan, deben tomar en consideración, además de los dispuesto en el artículo 327, párrafo 5, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, lo siguiente: a) respecto de los declarantes: la edad, capacidad intelectual y grado de instrucción; b) con relación a las circunstancias, que su dicho se ha expresado sin coacción; c) que los hechos de que se trate puedan ser conocidos por medio de los sentidos y no por inducción, y d) que la declaración sea precisa, clara y sin que deje duda sobre las circunstancias esenciales y accidentales de lo afirmado, creando en esa forma convicción y certeza en el juzgador sobre las afirmaciones vertidas. Asimismo debe tenerse en cuenta que para que dichas declaraciones adquieran pleno valor probatorio, deben ser adminiculadas con otros medios de prueba y demás elementos que obren en el expediente'.

Sala: Guadalajara; Época; Segunda; Tipo de Tesis: Relevante; No. de tesis: SG001.2 ELI; votación; Clave de Publicación: IV2EL 001/94; Materia: Electoral.

De lo anteriormente expuesto se infiere, que al desechar las pruebas que menciono, y que son contundentes por su naturaleza pública de que el Partido de la Revolución Democrática, al mantener abierta su casa de campaña en la comunidad de Santiago Tezontlale a una distancia de treinta y nueve metros de las casillas 088 básica y 088 contigua, ubicadas en la puerta de la ferretería `Monarca' de esta comunidad, influyeron determinantemente en el sentido del voto de los ciudadanos y más aún, con las actitudes y actividades realizadas en esta casa de campaña, que permaneció abierta el día de la jornada electoral, como se comprueba con las pruebas aportadas y que la sala de segunda instancia del tribunal electoral se negó indebidamente a aceptar como válidas, y que comprueban y actualizan las causales de nulidad de casilla referidas en la ley correspondiente.

`PROSELITISMO. CUANDO CONSTITUYE CAUSAL DE NULIDAD DE LA VOTACIÓN RECIBIDA EN LA CASILLA. La causal de nulidad prevista en el artículo 287, párrafo 1, inciso i), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales se compone de tres elementos: 1) que exista violencia física o presión; 2) que se ejerza sobre los miembros de la mesa directiva de casilla o sobre los electores, y 3) que esos hechos sean determinantes para el resultado de la votación. Con base en lo anterior, cuando el partido político recurrente acredite que hubo proselitismo en la zona de casilla, esto se traduce como una forma de presión sobre los electores, con el fin de influir en su ánimo para obtener votos en favor de un determinado partido político o fórmula de candidatos, lesionando de esta manera la libertad y el secreto del sufragio. Sin embargo, para que proceda declarar la nulidad de la votación recibida en la casilla donde se acreditó el proselitismo, es menester que el partido político recurrente demuestre que fue determinante para el resultado de la votación'.

Sala: Central; Época: Primera; tipo de tesis: SC21.1 ELI; votación; Clave de Publicación: SC1EL 121/91; Materia: Electoral.

`PROSELITISMO EL DÍA DE LA JORNADA ELECTORAL. PROHIBICIÓN DEL. La interpretación letrista y aislada de lo dispuesto en el párrafo 2 del artículo 190 del código de la materia, lleva a la inopinada conclusión de que el día de los comicios sí es posible la realización de reuniones, de actos públicos de campaña y de propaganda política, lo cual compromete la tranquilidad ciudadana en una fecha tan importante para la vida democrática nacional; además de que a la luz de una interpretación sistemática de la norma en comento, con relación a lo preceptuado en el párrafo 1 de dicho artículo 190 del citado ordenamiento, que señala que las campañas electorales se iniciarán a partir de la fecha de registro de candidaturas para la elección respectiva y concluirán tres días antes de la elección, no se puede pensar que el legislador haya querido que concluyeran todo tipo de propaganda electoral tres días antes de la elección, para que se reanudara justo el mismo día de la jornada, con las serias implicaciones que esto conlleva. En consecuencia, este tribunal considera por razones del más alto interés público, que el día de la jornada electoral no está permitido que los partidos políticos, los candidatos y los ciudadanos en general, realicen lo que comúnmente se denomina proselitismo y que debe entenderse para efectos electorales, como cualquier actividad tendiente a la promoción de candidatos y de partidos políticos y a la obtención de sufragios'.

Sala: Central; Época: Primera; Tipo de Tesis: Relevantes; No. de Tesis: SC123.1 EL2; Votación; Clave de Publicación: SC1EL 123/91; Materia: Electoral.

QUINTO. En la primera parte de los agravios, el Partido del Trabajo expone argumentos dirigidos contra la consideración de la Sala de Segunda Instancia del Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Hidalgo, que sirvió de sustento a ésta, para negar valor probatorio al "acta circunstancial", levantada por el juez menor municipal, Licenciado J. Oscar Uribe Sánchez, el catorce de noviembre de mil novecientos noventa y nueve, porque, en concepto de dicha autoridad responsable, el referido juez menor municipal carece de fe pública para realizar tal actuación y no forma parte de la administración encabezada por el ayuntamiento.

El partido actor aduce que, contrariamente a lo sostenido por la sala responsable, un juez menor municipal ejerce una función delegada por el ayuntamiento, avalada por la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Hidalgo y que, en atención a ello, la situación de esa clase de funcionarios queda comprendida en la hipótesis del artículo 194 de la Ley Electoral del Estado de Hidalgo; de ahí que, según el demandante, debe estimarse que en el presente caso, el referido juez municipal sí tiene fe pública y que, en consecuencia, el acta que levantó constituye un documento público, con valor probatorio pleno.

Lo alegado por el Partido del Trabajo es inoperante, como enseguida se demuestra.

Aun en la hipótesis de que esta Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación acogiera el punto de vista del partido actor y le otorgara valor probatorio pleno al "acta circunstancial", levantada por el juez menor municipal, licenciado J. Oscar Uribe Sánchez, el catorce de noviembre de mil novecientos noventa y nueve, dicha prueba sería insuficiente para acreditar los extremos de la causa de nulidad, invocada por el Partido del Trabajo, respecto de la votación recibida en casillas 088 básica y 088 contigua.

En efecto, el partido promovente adujo, desde que interpuso el recurso de inconformidad, que el día de la jornada electoral, en las casillas 088 básica y 088 contigua sucedió lo siguiente:

a) Algunos candidatos y dirigentes del Partido de la Revolución Democrática realizaron proselitismo y coartaron la libertad y secreto del voto, toda vez que, durante toda la jornada electoral, a treinta y cinco metros de las casillas citadas, se mantuvo abierta la "casa de campaña" del propio partido.

b) A pesar de que a las personas que estaban en la casa de campaña del Partido de la Revolución Democrática se les requirió para que la cerraran, tales personas hicieron caso omiso, incluso, trataron de agredir al presidente de la casilla 088 básica.

c) Las personas que se encontraban en la "casa de campaña" del Partido de la Revolución Democrática inducían a los electores para que emitieran, su voto en favor de dicho instituto político, pues paraban a dichos electores y presumiblemente les entregaban una boleta cruzada en favor de ese partido para que la depositaran en la urna. Igualmente, es posible que dentro de la referida casa haya existido la compra de votos.

Como se ve, el partido actor trata de demostrar, que con relación a la votación recibida en las casillas 088 básica y 088 contigua, se actualiza la causa de nulidad, prevista en la fracción VIII del artículo 53 de la Ley Estatal de Medios de Impugnación en Materia Electoral de Hidalgo, precepto que dice:

"ARTÍCULO 53.

La votación recibida en una o varias casillas, será nula cuando sin causa justificada:

(...)

VIII. Se ejerza violencia física o presión de alguna autoridad o particular sobre los funcionarios de la mesa directiva de casilla o de los electores, de tal manera que se afecten la libertad y el secreto del voto, siempre que sea determinante en el resultado de la votación.

(...)"

Como se ve en la transcripción, para que se acredite la causa de nulidad de la votación recibida en una casilla, invocada por el Partido del Trabajo, es necesario que se den los siguiente elementos:

1. Que sin causa justificada, una autoridad o un particular ejerzan violencia física o presión;

2. Que dicha violencia física o presión se ejerza sobre los funcionarios de la mesa directiva de casilla o sobre los electores;

3. Que como resultado se afecte la libertad y el secreto del voto, y

4. Que la afectación sea determinante en el resultado de la votación.

Debe destacarse que la pretensión de nulidad del Partido del Trabajo sólo habría podido acogerse, si hubiera quedado demostrado, el surtimiento de todos los elementos antes precisados.

Respecto al último elemento mencionado, relacionado con la determinancia en el resultado de la votación, se debe tener en cuenta lo manifestado por la sala responsable en el considerando VIII de la sentencia reclamada, en el sentido de que, para que tal elemento pudiera tenerse por surtido, el partido actor debió demostrar: a) que la presión se ejerció sobre determinado número de electores, o bien, b) que dicha presión se ejerció durante la mayor parte de la jornada electoral. Lo anterior porque, en concepto de la sala responsable, el conocimiento del número de electores que ejerció el sufragio bajo presión habría permitido establecer, si la irregularidad invocada fue o no determinante para el resultado de la votación. En el segundo aspecto, la sala responsable dijo que, si hubiera estado demostrado, que la presión sobre los electores se ejerció durante la mayor parte de la jornada electoral, el juzgador de primer grado habría podido presumir, que la irregularidad sí fue determinante para el resultado de la votación.

Independientemente de la validez intrínseca de la consideración descrita, expuesta en el considerando VIII de la sentencia reclamada, lo fundamental es que tal punto de vista no se encuentra controvertido y menos desvirtuado en la demanda que dio origen al presente juicio de revisión constitucional electoral, puesto que en dicho escrito inicial no se encuentra algún argumento completo, dirigido a evidenciar, por ejemplo, que es posible tener por demostrado, que la presión ejercida sobre los electores es determinante para el resultado de la votación, aun cuando no se tenga conocimiento respecto al número de electores sobre los cuales aquélla fue ejercida, o bien que, a igual conclusión puede arribarse, aunque no esté demostrado, que la presión sobre los electores se ejerció durante la mayor parte de la jornada electoral, o bien, que por alguna razón legal, el elemento relativo a la determinancia en el resultado de la votación, admite ser demostrado con la acreditación de circunstancias distintas a las que se refirió la sala responsable, etcétera.

Sin embargo, en la demanda de revisión constitucional electoral, nada se dice sobre los temas indicados; de ahí que, ante tal falta de impugnación, las consideraciones de la sala responsable mencionadas deben permanecer intocadas y estimarse aptas para producir plenos efectos jurídicos.

Como en conformidad con el artículo 23, párrafo 2, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, en el presente juicio de revisión no ha lugar a suplir la deficiencia de los agravios, esta circunstancia, aunada a la falta de impugnación mencionada, conduce a que en el presente caso deba partirse de la base de que, sólo es admisible tener por surtido el elemento relacionado con la determinancia en el resultado de la votación, integrante de la hipótesis de la nulidad prevista en el artículo 53, fracción VIII, de la Ley Estatal de Medios de Impugnación en Materia Electoral de Hidalgo, si se demuestra alguno de los dos siguientes elementos:

a) La existencia de un número determinado de electores sobre los cuales se haya ejercido presión. Dicho número debe ser en una cantidad tal, que patentice que realmente la presión producida influyó en el resultado de la votación.

b) Que la presión sobre los electores se haya ejercido durante la mayor parte de la jornada electoral.

Al partir de la base mencionada se encuentra, que aunque se le asignara pleno valor probatorio al "acta circunstancial", levantada por el juez menor municipal de Ajacuba, Hidalgo, el catorce de noviembre de mil novecientos noventa y nueve, tal constancia sería insuficiente para evidenciar la causa de nulidad en comento, porque su texto no es apto para demostrar alguno de los dos puntos mencionados en los incisos precedentes, invocados en la sentencia reclamada, en una parte que se ha estimado intocada.

En efecto, el juez menor municipal hace constar en el "acta circunstancial" que:

a) La referida acta se levantó con motivo de las que se dicen irregularidades, cometidas en el proceso electoral en el Municipio de Ajacuba, Hidalgo.

b) A las once horas del catorce de noviembre de mil novecientos noventa y nueve, se constituyó físicamente en la calle de Francisco I. Madero de la comunidad de Santiago, Tezontlale, a solicitud del defensor del voto del Partido Revolucionario Institucional, licenciado Everardo Zárate Cruz.

c) Levantó el acta circunstancial en presencia de dos testigos.

d) La casa de campaña del Partido de la Revolución Democrática se encontraba abierta. Que en dicha casa de campaña

"... se está desarrollando un activismo electoral que induce al voto al electorado de esta sección para sufragar en su favor (sic) de su partido percatándome en el acto que la distancia que existe entre las casilla 88 básica, 88 contigua, es de aproximadamente menor a los 40 metros...".

e) La elaboración del acta concluyó a las once horas con cuarenta minutos del día de su fecha.

El acta mencionada es insuficiente para demostrar los elementos integrantes de la hipótesis de nulidad a que se refiere el artículo 53, fracción VIII, de la Ley Estatal de Medios de Impugnación en Materia Electoral de Hidalgo, en particular el referente a la determinancia para el resultado de la votación recibida en las casillas 088 básica y 088 contigua.

Según lo establecido en párrafos precedentes, el surtimiento del último elemento citado sólo podría ser considerado, si estuviera demostrado, que la presión se ejerció sobre un número tal de electores, que patentizara que la presión fue determinante en el resultado de la votación, o bien, que esa presión se ejerció sobre los electores durante la mayor parte de la jornada electoral.

Ninguna de estas dos situaciones está evidenciada en el "acta circunstancial" mencionada, porque independientemente de que en ella se asientan circunstancias que es posible apreciar con los sentidos, como son, las ubicaciones de las casillas 088 básica y 088 contigua; la existencia de lo que en la citada acta se denomina "casa de campaña", la cual se dice, se encontraba abierta; la distancia entre ésta y las casillas citadas, y el lapso durante el cual se llevó a cabo la actuación; lo que podría estar relacionado con aspectos importantes para la resolución de la presente controversia se reduce a meras apreciaciones subjetivas y afirmaciones dogmáticas, como son las referentes a que, en la referida "casa de campaña" se desarrollaba

"un activismo electoral, que induce al voto al electorado de esta sección para sufragar en su favor (sic) de su partido...".

Esta aseveración de quien levantó el acta de mérito no es apta para demostrar los extremos pretendidos por el partido actor porque, en primer lugar, con ella no quedan descritos los hechos que permitieran determinar, que en la citada casa se desarrollaban, actos que en realidad inducían al electorado a que sufragara a favor de un partido determinado.

En segundo lugar, la citada aseveración, incluso relacionada con las demás partes del acta, no evidencia que los inducidos a votar constituyeran un número importante de electores, de manera que pudiera sostenerse, que esa inducción sí fue determinante para el resultado de la votación en las casillas citadas.

Por otra parte, conforme con lo previsto en los artículos 197 y 206 de la Ley Electoral del Estado de Hidalgo, normalmente, la votación transcurre de las ocho de la mañana a las seis de la tarde. Según el acta que se examina, la actuación que se hizo constar en ella transcurrió de las once a las once cuarenta horas del día catorce de noviembre de mil novecientos noventa y nueve. Por tanto, independientemente de que en dicha acta no están descritos los hechos que permitan afirmar, que se ejerció presión sobre los electores, la propia acta menos es apta para evidenciar, que la pretendida presión se realizó durante la mayor parte de la jornada electoral, pues en ella sólo constan hechos que se dice transcurrieron durante cuarenta minutos, lo que constituye un lapso breve, en comparación con las diez horas que normalmente dura la jornada electoral.

Por todas estas razones, es claro que el acta de que se ha venido hablando es insuficiente para favorecer la pretensión del partido actor; de ahí que quede de manifiesto, que el pleno valor probatorio que hipotéticamente pudiera darse a dicha documental, no alteraría la conclusión final a la que se arribó en la sentencia reclamada, consistente en que con relación a las casillas 088 básica y 088 contigua no se surtía la causa de la nulidad de la votación, prevista en el artículo 53, fracción VIII, de la Ley Estatal de Medios de Impugnación en Materia Electoral de Hidalgo.

Es pertinente adelantar que, por las razones que más adelante se expondrán, tampoco es posible establecer que la citada probanza, adminiculada con otras, es apta en tales condiciones para demostrar los elementos integrantes de la causa de nulidad de mérito; de ahí que se insista en la inoperancia de los argumentos relacionados con la prueba documental consistente, en el "acta circunstancial" de catorce de noviembre de mil novecientos noventa y nueve, analizada en párrafos anteriores.

En la segunda parte de los agravios, el Partido del Trabajo señala, que la sala responsable viola lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley Estatal de Medios de Impugnación en Materia Electoral de Hidalgo, en virtud de que tal autoridad le niega valor probatorio a la documental pública, consistente en el primer testimonio de la escritura pública número ciento trece, volumen uno, fechada el catorce de noviembre de mil novecientos noventa y nueve, proveniente de la Notaría Pública Número Seis del Distrito Judicial de Tula de Allende, Hidalgo.

Según el partido actor, la Sala de Segunda Instancia del Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Hidalgo, incorrectamente, le negó validez al documento referido, con el infundado argumento de que las personas que testificaron frente al notario público, no se identificaron plenamente ante él ni asentaron la razón de su dicho. Sin embargo, aduce el promovente, la sala responsable no tomó en cuenta que: a) la prueba ofrecida tiene valor probatorio pleno, en virtud de que se trata de una documental, expedida por un fedatario público; b) al desempeñar sus funciones, el notario público establece hechos que le constan; c) el fedatario público asentó en el acta que conoce a los declarantes, y d) los testigos manifestaron que vieron lo que declararon.

Desde el punto de vista del actor, los hechos anteriores evidencian, que no existe alguna razón lógica para que la sala responsable haya dejado de otorgar valor probatorio pleno al documento mencionado, por lo que, al haber negado fuerza de convicción a esa documental, la citada autoridad actuó ilegalmente, porque con su manera de proceder, según dicho demandante, evitó que ese medio de convicción hubiera sido adminiculado con las demás pruebas del expediente, para acreditar la actualización de la causa de nulidad invocada.

El agravio expresado por el promovente es infundado, porque se sustenta en la premisa principal de que, en el presente caso, concurren una serie de elementos con relación al citado testimonio notarial, que conducen a considerar, que tal probanza tiene plena fuerza de convicción, lo cual no es así.

Los artículo 17 y 21 de la Ley Estatal de Medios de Impugnación en Materia Electoral de Hidalgo prevén, en la parte que interesa:

Artículo 17.

"Para la resolución de los medios de impugnación previstos en esta ley, sólo podrán ser ofrecidas y admitidas las pruebas siguientes:

I. DOCUMENTALES PÚBLICAS;

Para los efectos de esta ley serán documentales públicas:

(...)

d) Los documentos expedidos por quienes estén investidos de fe pública, de acuerdo con la ley, siempre y cuando en ellos se consignen hechos que les consten.

(...)

VI. LA TESTIMONIAL;

También podrá ser ofrecida y admitida, cuando verse sobre declaraciones que consten en acta levantada ante fedatario público que las haya recibido directamente de los declarantes y siempre que estos últimos queden debidamente identificados y asienten la razón de su dicho.

(...)"

Artículo 21.

"(...)

a) Las documentales públicas tendrán valor probatorio pleno, salvo prueba en contrario respecto de su autenticidad o la veracidad de los hechos a que se refieran;

b) Las documentales privadas, las técnicas, las presuncionales, la instrumental de actuaciones, la testimonial, los reconocimientos o inspecciones judiciales y las periciales, sólo harán prueba plena cuando a juicio del órgano competente para resolver, los demás elementos que obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto razocinio de la relación que guardan entre sí, generen convicción sobre la veracidad de los hechos afirmados; y

(...)"

De la transcripción anterior se desprende que:

a) Entre las pruebas que se pueden ofrecer en los medios de impugnación señalados en la Ley Estatal de Medios de Impugnación en Materia Electoral de Hidalgo, se encuentran la documental pública y la testimonial.

b) Reúnen el carácter de documentales públicas, entre otros, los documentos expedidos por funcionarios con fe pública, siempre y cuando en tales documentos se consignen hechos que les consten a los propios fedatarios.

c) Los documentos públicos tienen valor probatorio pleno.

d) La prueba testimonial puede ser ofrecida y admitida, siempre y cuando verse sobre declaraciones que consten en acta levantada ante notario público, dicho fedatario reciba directamente la declaración de los testigos, éstos queden debidamente identificados y se asiente la razón de su dicho.

e) La prueba testimonial, entre otras, sólo hará prueba plena, cuando adminiculada con los demás elementos probatorios, genere convicción sobre la veracidad de los hechos afirmados.

En el presente caso, en el recurso de revisión ordinario, el Partido del Trabajo ofreció como prueba superveniente, la denominada "documental pública", consistente en el primer testimonio de la escritura pública número ciento trece, volumen uno, fechada el catorce de noviembre de mil novecientos noventa y nueve, proveniente de la Notaría Pública Número Seis, del Distrito Judicial de Tula de Allende, Hidalgo.

En dicha acta consta lo siguiente:

1. Que Everardo Zárate Cruz, en su carácter de representante de la defensa del voto en el Municipio de Ajacuba, Hidalgo, se presentó ante el licenciado Pedro Mera Ángeles, notario adscrito a la Notaría Pública Seis, del Distrito Judicial de Tula de Allende, Hidalgo, a solicitar sus servicios.

2. Que en respuesta de lo solicitado por Everardo Zárate Cruz, el fedatario público mencionado se constituyó en la Avenida Francisco I. Madero, de la comunidad de Santiago Tenzontlale, específicamente en la parte de la avenida donde se instalaron las casillas 008 básica y 088 contigua y en donde se localiza la "casa de campaña" del Partido de la Revolución Democrática, a las veinte horas del día catorce de noviembre de mil novecientos noventa y nueve.

3. Que dicho notario dio fe de que:

a) en el lugar mencionado hay una casa de materiales;

b) en ésta se instalaron las casillas 088 básica y 088 contigua;

c) en esas casillas se encontraban los resultados de las votaciones;

d) a treinta y nueve metros del lugar referido, sobre la misma avenida, se encontraba ubicada la "casa de campaña" del Partido de la Revolución Democrática.

4. Que el fedatario público interpeló a los señores Felipe Miguel Sánchez Ahedo y Enrique Trejo Hernández para que manifestaran:

"si les consta haber visto en actividades proselitistas e inducción del voto a los ciudadanos de esta comunidad para que emitieran su voto en favor del Partido de la Revolución Democrática; si vieron personal del Partido de la Revolución Democrática aconsejando a los ciudadanos votaran por su partido; si vieron a alguien solicitar se cerrara la cortina de esta "casa de campaña"; a qué hora; si les consta que a la gente que inducían se dirigía a la casilla a emitir su voto; en qué cantidad aproximada indujeron a emitir su voto a la casilla ochenta y ocho básica y ochenta y ocho contigua".

5. Que el fedatario afirmó que ambos testigos fueron coincidentes en declarar:

"Que vinieron a votar y que observaron que en la "casa de campaña" del Partido de la Revolución Democrática y, principalmente sus representantes, aconsejaban a la ciudadanía a que fueran a votar a la casilla ochenta y ocho básica o contigua y que votaran a favor de la Revolución Democrática (sic) y que durante el tiempo que estuvieron observando, aproximadamente vieron emitir su voto aproximadamente (sic) seiscientas personas, en un tiempo de cuatro horas. Que también observaron que representantes de otros partidos reclamaron a los que atendían a la "casa de campaña" del P.R.D. cerraran la cortina que da acceso a dicha casa, porque eso era ilegal en los casos de votación e inclusive hubo cambio de palabras y casi llegando a la agresión física y que esto sucedió de 2 a 3 de la tarde".

6. Que la diligencia se terminó a las veinte horas con treinta minutos del catorce de noviembre de mil novecientos noventa y nueve.

7. Que el fedatario público identificó a Everardo Zárate Cruz (persona que solicitó los servicios de tal funcionario) y que dicho notario manifestó, a su vez, que conocía personalmente a tal compareciente.

De lo expresado anteriormente se puede concluir, que la prueba ofrecida por el Partido del Trabajo, como documental pública, sólo puede tener valor probatorio pleno respecto a lo señalado en los puntos uno, dos, tres, cuatro, seis y siete, en aplicación a lo dispuesto en el artículo 21, inciso a), de la Ley Estatal de Medios de Impugnación en Materia Electoral de Hidalgo y no así con relación a lo señalado en el punto cinco.

En efecto, es claro que lo manifestado por el notario público, resumido en los puntos uno, dos, tres, cuatro, seis y siete, tiene valor probatorio pleno, ya que se trata de un documento público levantado por el fedatario, en ejercicio de sus facultades, conforme a las cuales, en la escritura correspondiente se hizo constar, lo que el propio fedatario apreció con sus sentidos.

Lo anterior, relacionado con el punto número cinco conduciría a determinar únicamente, que lo que se prueba plenamente con la documental de mérito es que ante el notario, autor de la escritura que se examina, dos personas rindieron un testimonio. Esto es lo único que se puede tener por demostrado, porque fue lo que ocurrió ante la presencia del notario.

Constituye una cuestión diferente, el valor probatorio que debe asignarse al contenido de los testimonios, lo cual se sale del ámbito de la prueba documental pública, porque este punto concreto constituye en realidad una distinta probanza, como es la testimonial, la cual, según los preceptos antes transcritos, debe ser apreciada sobre otras bases.

En efecto, lo redactado en el punto cinco consiste en el testimonio rendido ante notario público, por Felipe Miguel Sánchez Ahedo y Enrique Trejo Hernández.

Para considerar que esa testimonial tiene pleno valor probatorio es necesario, en primer lugar, que reúna los requisitos que establece la fracción VI del artículo 17 de la Ley Estatal de Medios de Impugnación en Materia Electoral de Hidalgo, a saber: a) que conste en acta levantada ante notario público, b) que el notario reciba directamente las declaraciones, c) que los testigos estén debidamente identificados y, d) que los testigos asienten la razón de su dicho. Además, en términos de los dispuesto en el artículo 21 de la ley citada, dicha prueba testimonial sólo hará prueba plena, cuando adminiculada con los demás elementos que consten en el expediente, genere convicción sobre la veracidad de los hechos afirmados.

En el caso, la sala responsable le negó valor probatorio a dicha prueba, porque, en su concepto, tal probanza no reunía los requisitos de ley, tales como los relativos a la identificación de los testigos y al asentamiento de la razón del dicho de los deponentes.

Por su parte, el partido actor aduce que, contrariamente a lo sostenido por la Sala de Segunda Instancia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de Hidalgo, los testigos sí dieron la razón de su dicho, en virtud de que manifestaron, que supieron lo declarado porque, lo vieron y que, por otro lado, también fueron debidamente identificados, ya que el fedatario público asentó en la escritura, que conocía a los declarantes.

No asiste razón al partido actor, porque como la prueba testimonial constituye un medio, que pone en contacto la percepción del juzgador con determinados hechos, una de las maneras que tiene este último para constatar, si los hechos materia de testimonio pudieron realmente ser apreciados por los testigos, consiste en que tales deponentes expongan, las circunstancias por las cuales estuvieron en condiciones de poderse percatar de los hechos acerca de los cuales emiten declaración. Esto se conoce en el derecho probatorio, como la razón del dicho de los testigos. La credibilidad de la razón del dicho de los testigos está en razón directa con el valor probatorio que debe asignarse a la prueba testimonial, tomando en consideración, desde luego, los demás elementos previstos por la ley, para la valoración de la propia probanza.

En el presente caso, los testigos narran que se percataron de que, en la "casa de campaña" del Partido de la Revolución Democrática, los representantes de éste aconsejaban a la ciudadanía que acudieran a votar en las casillas 088 básica y 088 contigua y que sufragaran a favor del citado partido; que vieron emitir su voto a seiscientas personas, aproximadamente, en un tiempo de cuatro horas, que fue el lapso durante el cual estuvieron observando los hechos y que se percataron también de reclamaciones que formularon representantes de otros partidos políticos a quienes atendían la citada "casa de campaña", reclamaciones que casi llegaron a la agresión física, lo cual sucedió de dos a tres de la tarde.

Es verdad que al principio de su declaración, los testigos narran que vieron los hechos descritos cuando fueron a votar; sin embargo, en esas declaraciones se describen circunstancias, que se dice acontecieron durante el lapso de cuatro horas, y dentro de los testimonios, los deponentes no explican la causa por la cual estuvieron presentes durante todo ese tiempo. La experiencia a que se refiere el artículo 21 de la Ley Estatal de Medios de Impugnación en Materia Electoral de Hidalgo, indica que lo ordinario es que, cuando solamente se va a votar, el que lo hace se encuentra en el lugar de la casilla el tiempo necesario para el ejercicio del sufragio. Lo extraordinario es que se esté más tiempo, cuando media alguna razón; sin embargo, esta razón, que justificaría el modo de actuar extraordinario de los testigos, no fue explicada por éstos al rendir su testimonio. Por tanto, en el presente caso se justifica ampliamente, que la sala responsable hubiera considerado que los testigos no dieron razón de su dicho, circunstancia que necesariamente influye en la valoración de la prueba testimonial.

En lo que atañe a la pretendida identificación de los testigos, la sala responsable negó que en el presente caso, este requisito hubiera sido cumplido.

La apreciación de la sala responsable es correcta, porque en el testimonio de la escritura notarial, no consta que el notario hubiera identificado a los testigos y, por tanto, en dicha documental no hay dato alguno que permita determinar, si en realidad, Felipe Miguel Sánchez Ahedo y Enrique Trejo Hernández son los nombres de las personas que rindieron testimonio.

No obsta a esta aseveración, la afirmación del partido actor, en el sentido de que la identificación resultó innecesaria, porque el notario asentó en la escritura, que conocía a los testigos.

Lo anterior es inexacto, porque en la escritura que se examina tampoco consta, que el notario haya asentado que conocía a los testigos. Lo único que el notario anotó fue, que conocía personalmente a Everardo Zárate Cruz; pero esta persona no fue la que rindió testimonio, ya que su intervención consistió en solicitar los servicios del notario público, para que diera fe de determinados hechos.

La falta de los requisitos mencionados, que según la ley debe reunir la prueba testimonial, constituye una razón que provoca, que a tal probanza no deba otorgársele pleno valor probatorio.

El razonamiento del partido actor, dirigido a desvirtuar la consideración de la sala responsable que negó eficacia probatoria a la prueba testimonial, se sustenta en la afirmación fundamental de que, contrariamente a lo apreciado por aquella autoridad, en la recepción de dicha probanza sí se cumplieron los requisitos relacionados con la exposición de la razón del dicho de los testigos y con la identificación de éstos; pero como ya se vio que esta afirmación es inexacta, tal circunstancia impide acoger el agravio del demandante, aducido para obtener la revocación o la modificación de la sentencia reclamada.

Es de hacerse notar que no hay base alguna para estimar, que las probanzas que se han venido mencionando, adminiculadas entre ellas o con otras diferentes, pudieran conducir al acogimiento de la pretensión de nulidad de la votación de las casillas 088 básica y 088 contigua.

Con anterioridad se explicó, que en el presente juicio no cabe suplir la deficiencia de los agravios, y en estas circunstancias, en la demanda de revisión constitucional electoral, no se advierte la existencia de un razonamiento completo y suficiente para explicar, la manera en que determinadas probanzas, por el enlace lógico entre ellas, que tendría que haber sido detallado por el actor, pudiera conducir a tener por acreditado alguno de los hechos, cuya demostración estimó la sala responsable, era indispensable para considerar surtido el requisito de determinancia, integrante de la hipótesis de nulidad que se hizo valer.

Como nada de lo anterior se encuentra en la demanda de revisión constitucional electoral, y ante la imposibilidad de que esta sala superior pueda suplir la deficiencia de los agravios, no es posible considerar, que en el presente caso de surta la causa de nulidad de la votación de las casillas 088 básica y 088 contigua.

Lo anterior no se altera con el hecho de que en el presente juicio, el actor diga que ofrece pruebas que denomina supervenientes.

Tales pruebas son las siguientes:

1. Copia certificada del "acta circunstancial" levantada por el juez menor municipal de Ajacuba, Hidalgo, licenciado J. Oscar Uribe Sánchez, el catorce de noviembre de mil novecientos noventa y nueve.

2. Copia certificada del primer testimonio de la escritura pública número ciento trece, volumen uno, fechada el catorce de noviembre de mil novecientos noventa y nueve, proveniente de la Notaria Pública Número Seis del Distrito Judicial de Tula de Allende, Hidalgo, elaborada a petición de Everardo Zárate Cruz, en su calidad de representante de la defensa del voto, por el Municipio de Ajacuba, Hidalgo.

3. Copia certificada del primer testimonio de la escritura pública número veintidós mil ochocientos uno, volumen trescientos once, fechada el veintidós de diciembre de mil novecientos noventa y nueve, proveniente de la Notaria Pública Número Cuatro del Distrito Judicial de Tula de Allende, Hidalgo, elaborada a petición de la señorita María Inés Cerón Mendoza, sobre su declaración en relación a los hechos sucedidos el catorce de noviembre del año próximo pasado.

4. Cinco fotografías que, según la parte actora, evidencian plenamente, que la "casa de campaña" del Partido de la Revolución Democrática estuvo abierta el día de la jornada electoral y que la representante de casilla del referido partido, se dirigió varias ocasiones a la casa de campaña mencionada, la cual estaba ubicada a treinta y nueve metros de distancia de las casillas 088 básica y 088 contigua.

No ha lugar a admitir los referidos instrumentos como prueba, en atención a la prohibición prevista en el artículo 91 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

Dicho numeral prevé:

"Artículo 91.

1. Dentro del plazo a que se refiere el inciso b) del párrafo 1 del artículo 17 de esta ley, el o los terceros interesados podrán formular por escrito los alegatos que consideren pertinentes, mismos que, en el caso de que se presenten, deberán ser enviados a la mayor brevedad posible a la Sala Superior del Tribunal Electoral. En todo caso, la autoridad electoral responsable dará cuenta a dicha sala, por la vía más expedita, de la conclusión del término respectivo, informando sobre la comparecencia de terceros interesados.

2. En el juicio no se podrá ofrecer o aportar prueba alguna, salvo en los casos extraordinarios de pruebas supervenientes, cuando éstas sean determinantes para acreditar la violación reclamada".

El numeral en cita dispone expresamente, en lo que ahora interesa, que en el juicio de revisión constitucional electoral no está permitido ofrecer prueba alguna, "salvo en los casos extraordinarios de pruebas supervenientes".

Esta disposición es explicable, al tener en cuenta que atento a lo previsto en los artículos 99, fracción IV, constitucional y 86 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, el juicio de revisión constitucional electoral es un medio de impugnación extraordinario y de estricto derecho, previsto para combatir actos o resoluciones de las autoridades competentes de las entidades federativas para organizar y calificar los comicios locales o resolver las controversias que surjan durante los mismos.

Dicho juicio procede, exclusivamente, en asuntos que cumplan con ciertos requisitos de procedibilidad, entre los que destaca, el que se hayan agotado todas las instancias previas establecidas en las leyes para combatir los actos o resoluciones electorales en virtud de las cuales, éstas se pudieran haber modificado, revocado o anulado (artículo 86, párrafo 1, inciso f) de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral).

Por regla general, tales instancias previas se desarrollan a través de procedimientos administrativos o judiciales y es en tales procedimientos, en donde se agotan todas las cuestiones probatorias inherentes al asunto. Por tanto, la materia del juicio de revisión constitucional electoral se constituye, exclusivamente, con el acto impugnado y los agravios expuestos por el promovente.

Esto explica también que el párrafo 1 del artículo 91, transcrito con anterioridad, al hacer mención a los terceros interesados, se refiera solamente a la formulación de alegatos que deben presentarse por escrito, ante la autoridad responsable, para que ésta remita el ocurso correspondiente, a la brevedad, a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Según se advierte, el precepto en comento no hace mención expresa a que con el escrito de alegatos sea admisible presentar pruebas.

La disposición en comento establece, que sólo en casos extraordinarios se pueden ofrecer pruebas en el juicio de referencia, siempre y cuando éstas tengan el carácter de supervenientes.

El artículo 16, párrafo 2, de la ley en cita prevé, que por pruebas supervenientes se entiende:

a) los medios de convicción surgidos después del plazo legal en que deban aportarse los elementos probatorios y,

b) aquellos medios de prueba existentes desde entonces, pero que el oferente no pudo ofrecer o aportar por desconocerlos o por existir obstáculos que no estaban a su alcance superar.

Se hace notar que tales hipótesis de excepción ponen de manifiesto, que antes de la promoción del juicio de revisión constitucional electoral, el oferente de las pruebas supervenientes ninguna posibilidad tuvo de aportar esas probanzas durante la tramitación de los medios de impugnación ordinarios.

De ahí que sea lógico desprender que, si antes de la promoción del juicio de revisión constitucional electoral, el oferente sí está en condiciones de disponer de la fuente de prueba (por ejemplo, si sabía que existía una persona que tenía conocimiento de los hechos controvertidos y estaba en condiciones de hacerla comparecer a declarar ante un fedatario, o bien, si sabía que en un archivo estaba alguna constancia determinada de la cual pudiera obtenerse copia certificada, etcétera) en tal caso, ya no se está ante la presencia de una prueba superveniente, aun cuando el medio a través del cual se pretenda incorporar al expediente, sea de fecha posterior, como pudiera ocurrir, en el caso de lo ejemplos precisados, que la escritura notarial en que se haya hecho constar la declaración del testigo o la copia certificada obtenida del archivo tengan una fecha posterior a la que data del término probatorio de los medios de impugnación ordinarios.

En el presente caso debe acatarse la regla general referente a la prohibición de admitir pruebas en el juicio de revisión constitucional electoral, ya que no se advierte el surtimiento de la hipótesis de excepción, como se verá enseguida.

a) El catorce de noviembre de mil novecientos noventa y nueve se celebraron elecciones ordinarias en el Estado de Hidalgo, para renovar a los integrantes de los ayuntamientos de los municipios del estado, entre otros, el de Ajacuba.

b) El diecisiete siguiente, el Consejo Municipal Electoral de Ajacuba, Hidalgo, celebró sesión, en la que realizó el cómputo municipal de la elección, cuyo resultado favoreció a la planilla postulada por el Partido de la Revolución Democrática.

c) El veinte de noviembre, el Partido Revolucionario Institucional y el Partido del Trabajo interpusieron sendos recursos de inconformidad para impugnar, entre otras cosas, el mencionado cómputo y la correspondiente expedición de la constancia de mayoría.

d) En la demanda de inconformidad, el Partido del Trabajo ofreció los medios de prueba que estimó pertinentes, para demostrar ciertas situaciones que, en su concepto, configuraban algunas de las causas de nulidad de votación recibida en casillas electorales impugnadas.

e) Sobre la base de las mencionadas pruebas, en la sentencia dictada en el recurso de inconformidad se acogió una de las pretensiones del Partido del Trabajo y, fundamentalmente, se decidió, entre otras cosas, confirmar la declaración de validez de la elección y la constancia de mayoría otorgada inicialmente al Partido de la Revolución Democrática.

f) El Partido del Trabajo interpuso recurso de revisión ordinario en contra de la sentencia de inconformidad. En dicho recurso, el Partido del Trabajo ofreció como pruebas supervenientes las consistentes en: copia certificada del acta circunstancial levantada por el juez menor municipal de Ajacuba, Hidalgo, licenciado J. Oscar Uribe Sánchez, el catorce de noviembre de mil novecientos noventa y nueve y copia certificada del primer testimonio de la escritura pública número ciento trece, volumen uno, fechada el catorce de noviembre de mil novecientos noventa y nueve, proveniente de la Notaría Pública Número Seis del Distrito Judicial de Tula de Allende, Hidalgo, elaborada a petición de Everardo Zárate Cruz, en su calidad de representante de la defensa del voto, por el Municipio de Ajacuba, Hidalgo.

De lo relatado anteriormente se puede concluir lo siguiente.

Las pruebas señaladas con los números 1 y 2 no cumplen con los requisitos exigidos en las hipótesis de excepción previstas en el artículo 16, párrafo 2, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, en virtud de que, el partido actor ofreció desde el recurso de revisión ordinario, tales elementos probatorios. Incluso, los agravios en este juicio son tendentes a combatir la determinación que dio la sala responsable con relación al valor probatorio de dichas probanza. De ahí que sea evidente que los referidos medios de convicción no caen dentro de las hipótesis de excepción previstas en el artículo en comento.

En relación con la prueba señalada en el punto 3, se considera lo siguiente.

El instrumento ofrecido por el actor en este juicio contiene las declaraciones de ciertas personas, acerca de situaciones de hecho que, se dice, ocurrieron desde el catorce de noviembre de mil novecientos noventa y nueve, en algunas de las casillas instaladas en el Municipio de Ajacuba. Estas declaraciones fueron rendidas el veintidós de diciembre siguiente, ante notario público, el cual hizo constar en la escritura respectiva, que a petición de María Inés Cerón Mendoza protocoliza su manifestación en relación a los hechos acontecidos el catorce de noviembre de mil novecientos noventa y nueve.

Sin embargo, en la aportación de esta pretendida prueba superveniente, se dan las siguientes circunstancias:

1. Las declaraciones de los testigos versan sobre hechos que se dice ocurrieron el catorce de noviembre anterior, es decir, las fuentes de prueba existían incluso desde antes de que se promovieran los medios de impugnación ordinarios, ya que la demanda de inconformidad formulada por el Partido del Trabajo, ahora oferente de la prueba que se dice superveniente, data del veinte de noviembre, y la del recurso de revisión ordinario del trece de diciembre siguiente.

2. Las declaraciones de los testigos rendidas ante notario público se produjeron a petición de la declarante María Inés Cerón Mendoza, en Tula de Allende Hidalgo, persona que compareció ante el fedatario a rendir su testimonio, junto con otros testigos.

3. Las declaraciones fueron rendidas el veintidós de diciembre de mil novecientos noventa y nueve, es decir, un mes ocho días después de la fecha en que se dice sucedieron los hechos materia de su testimonio y tres días después de que se había dictado la sentencia del juicio de revisión ordinario.

4. En ninguna constancia de autos se encuentra dato alguno sobre una imposibilidad en que se hubiera encontrado el Partido del Trabajo, para presentar a los testigos ante notario público, antes de los momentos previstos en ley para aportar pruebas, durante la tramitación de los medios de impugnación ordinarios. Es más, en la demanda de revisión constitucional electoral ni siquiera hay una mención de que el actor hubiera tenido un absoluto desconocimiento sobre la existencia de las personas que rindieron testimonio, o bien, que aun cuando el oferente hubiera conocido a las personas, por alguna razón, hubiera estado en imposibilidad de presentarlas a declarar ante un notario.

Consecuentemente, como en el presente caso ninguna base hay para considerar, que antes de la promoción de este juicio y durante la tramitación de los medios de impugnación ordinarios, el ahora oferente se hubiera encontrado en imposibilidad de disponer de las fuentes de prueba (testigos), no cabe aceptar que se esté ante la presencia de pruebas supervenientes, puesto que en los autos no hay dato alguno que evidencie imposibilidad para el oferente, para que esos testigos hubieran podido rendir sus declaraciones ante notario en la época en que se tramitaron los medios de impugnación ordinarios, sin que sea obstáculo a esta consideración, el hecho de que el documento a través del cual los referidos testimonios se pretenden incorporar al presente proceso (medio de prueba) tenga una fecha reciente.

A este respecto se estima que, si la fuente de prueba estaba razonablemente a disposición del oferente (ya se vio que en autos no hay prueba de lo contrario), la probanza debió aportarse de manera oportuna, esto es, durante la tramitación de los medios de impugnación ordinarios, en tanto que la omisión en hacerlo, no admite ser subsanada a través de la elaboración de medios que tengan una fecha posterior, como ocurre en el caso, pues si esto se aceptara, se facilitarían los fraudes a la ley, ya que para eludir al cumplimiento de ésta, tratándose, por ejemplo, de una prueba testimonial o documental, de cuya existencia tuviera conocimiento el oferente, incluso, con mucha anticipación, bastaría con que se elaborara tiempo después una copia certificada del documento, o bien, que se hicieran comparecer a los testigos ante un notario en una fecha muy posterior, para alegar que, en atención a las fechas de certificación o de la escritura notarial respectiva, los medios de prueba así elaborados debieran tenerse como supervenientes, lo cual evidentemente iría en contra de los preceptos de ley, que regulan estos medios de convicción.

Sucede lo mismo en cuanto a la prueba técnica ofrecida por el partido actor (señalada con el número 4 en este fallo), consistente en cinco fotografías de hechos que, se dice, sucedieron el día catorce de noviembre de mil novecientos noventa y nueve, ya que al igual que la probanza que se examinó anteriormente, en la demanda tampoco se dice, que el actor hubiera estado imposibilitado para presentar dichas fotografías en los recursos ordinarios que promovió en el Estado de Hidalgo.

En estas circunstancias es claro, que ninguna base hay para considerar que, el partido promovente se hubiera encontrado en imposibilidad para ofrecer las referidas fotografías cuando presentó los recursos ordinarios respectivos, por el contrario, tenía a su alcance tanto la fuente como el medio de la prueba, para aportarla desde que interpuso el juicio de inconformidad, ya que, según las manifestaciones del propio actor, las imágenes que aparecen en las fotografías corresponden a hechos que sucedieron el catorce de noviembre de mil novecientos noventa y nueve.

Entonces, si las fotografías referidas las poseía el partido promovente desde la fecha en que se realizó la elección municipal de que se trata (el catorce de noviembre anterior), es claro que dicho promovente estuvo en condiciones de ofrecerlas como prueba en las dilaciones probatorias inherentes a los medios de impugnación ordinarios, antecedentes de este juicio, sin que así lo hubiera hecho, por lo que dicho medio de convicción tampoco puede ser considerado como superveniente.

De ahí que por todas estas razones, en el presente caso, deba atenderse a la regla general prevista en el artículo 91, párrafo 2, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral y deban desecharse las referidas pruebas que se dicen supervenientes.

En otro orden de cosas, son inatendibles las afirmaciones del actor, referentes a que quedó demostrado, que estuvo abierta una "casa de campaña" del Partido de la Revolución Democrática en la comunidad de Santiago Tezontlale a una distancia de treinta y nueve metros de las casillas 088 básica y 088 contigua y que esto influyó en el sentido de la votación recibida en esas casillas.

Dichas aseveraciones constituyen manifestaciones dogmáticas que, por una parte, no alcanzan a constituir un razonamiento completo, dirigido en contra de una consideración concreta de las que sirven de sustento al sentido de la sentencia reclamada y, por otra parte, esas afirmaciones son insuficientes para desvirtuar el contenido de consideraciones torales del referido fallo, como las referentes a los elementos que debían quedar demostrados, para considerar que se surtía el requisito de determinancia en el resultado de la votación, integrante de la hipótesis de nulidad, prevista en el artículo 53, fracción VIII, de la Ley Estatal de Medios de Impugnación en Materia Electoral de Hidalgo. Las propias afirmaciones del actor tampoco son aptas para desvirtuar todas las razones que expuso la sala responsable, para negar fuerza de convicción a tales probanzas, como a la testimonial a cargo de Felipe Miguel Sánchez Ahedo y Enrique Trejo Hernández, rendida ante notario público.

Por tanto, en las aseveraciones examinadas, producidas por el actor, no es posible sustentar la modificación o revocación de la sentencia reclamada.

Así las cosas y al haber sido desestimados los agravios expresados, ha lugar a confirmar la resolución reclamada en este juicio de revisión constitucional electoral.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve:

ÚNICO. Se confirma la sentencia de diecinueve de diciembre de mil novecientos noventa y nueve, dictada por la Sala de Segunda Instancia del Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Hidalgo, en el expediente número REV-05-PT-027/99.

NOTIFÍQUESE: personalmente al promovente, Partido del Trabajo, en el domicilio ubicado en Calle Manuel González Calderón número 40, colonia Observatorio, en esta ciudad; al tercero interesado, Partido de la Revolución Democrática, en el domicilio ubicado en calle Monterrey número 50, colonia Roma, México, Distrito Federal, y por oficio a la Sala de Segunda Instancia del Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Hidalgo, acompañado de copia certificada de la presente ejecutoria y los expedientes que remitió.

En su oportunidad, archívese este expediente como asunto total y definitivamente concluido.

Así lo resolvió la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, por UNANIMIDAD de votos de los señores Magistrados que la integran, con la ausencia del magistrado Eloy Fuentes Cerda, quien se encuentra desempeñando una comisión, ante el Secretario General de Acuerdos, que autoriza y da fe.

 

PRESIDENTE DE LA SALA SUPERIOR

MAGISTRADO

 

JOSE LUIS DE LA PEZA MUÑOZ CANO

MAGISTRADO

 

LEONEL CASTILLO GONZALEZ

MAGISTRADA

 

ALFONSINA BERTA NAVARRO HIDALGO

MAGISTRADO

 

JOSE FERNANDO OJESTO MARTINEZ PORCAYO

MAGISTRADO

 

JOSE DE JESUS OROZCO HENRIQUEZ

MAGISTRADO

 

MAURO MIGUEL REYES ZAPATA

SECRETARIO GENERAL

 

FLAVIO GALVAN RIVERA