RECURSO DE APELACIÓN

EXPEDIENTE: SUP-RAP-036/99

ACTOR: MIGUEL ANGEL GARZA VAZQUEZ, POR SU PROPIO DERECHO Y OSTENTÁNDOSE COMO PRESIDENTE DE LACOMISIÓN EJECUTIVA NACIONAL DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO.

AUTORIDAD RESPONSABLE: DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PRERROGATIVAS Y PARTIDOS POLITICOS DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL.

MAGISTRADO PONENTE: LEONEL CASTILLO GONZÁLEZ.

SECRETARIO: ANGEL PONCE PEÑA.

México, Distrito Federal, a dieciséis del febrero del año dos mil.

V I S T O S para resolver los autos del recurso de apelación SUP-RAP-036/99, interpuesto por Miguel Angel Garza Vázquez, por su propio derecho y ostentándose como Presidente de la Comisión Ejecutiva Nacional del Partido Verde Ecologista de México, en contra de la resolución contenida en el oficio DEPPP/DPPF/2123/99, de ocho de diciembre del año anterior, suscrita por el Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partido Políticos del Instituto Federal Electoral, y

R E S U L T A N D O

PRIMERO. El veinticinco de noviembre de mil novecientos noventa y nueve, Miguel Angel Garza Vázquez y Carlos A. Macías Chorcheñuk, ostentándose respectivamente como Presidente y Secretario General de la Comisión Ejecutiva Nacional del Partido Verde Ecologista de México, presentaron un escrito ante el Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Federal Electoral, en el cual solicitaron, esencialmente, que se reconociera la legitimidad de los actos llevados a cabo para elegir una nueva Comisión Ejecutiva Nacional del Partido Verde Ecologista de México, y por tanto del cambio de dicha Comisión, resultante de la elección llevada a cabo en la Asamblea Nacional efectuada el veintidós de noviembre, y se registrara en el libro correspondiente.

El Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Federal Electoral dio contestación a la solicitud, mediante oficio DEPPP/DPPF2123/99, en el cual rechazó la pretensión formulada, por considerar que la documentación presentada no está apegada a los Estatutos del Partido Verde Ecologista de México.

SEGUNDO. Recurso de Apelación. Inconforme con el contenido de esa resolución, Miguel Angel Garza Vázquez, por su propio derecho y ostentándose como Presidente de la Comisión Ejecutiva Nacional del Partido Verde Ecologista de México, interpuso recurso de apelación.

El Secretario Ejecutivo del Instituto Federal Electoral le dio al ocurso el trámite legal correspondiente, y remitió a esta Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación el expediente que al efecto formó, junto con el informe circunstanciado y un escrito de comparecencia, por el tercero interesado, Partido Verde Ecologista de México, por conducto de Jorge González Torres.

El veintisiete de diciembre, el Presidente de la Sala Superior turnó el expediente al Magistrado Leonel Castillo González, para su substanciación, y una vez llevada a cabo, se admitió el recurso, con lo que el asunto quedó en estado de dictar sentencia.

C O N S I D E R A N D O

PRIMERO. Jurisdicción y competencia. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tiene jurisdicción, y la Sala Superior es competente para conocer y resolver el presente asunto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 99, párrafo cuarto, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 186 fracción III inciso a), y 189 fracción I inciso c), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y 40 apartado 1 inciso b), y 44 apartado 2 inciso a), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, por tratarse de un recurso de apelación interpuesto en contra de un acto de un órgano del Instituto Federal Electoral que no es impugnable a través del recurso de revisión.

SEGUNDO. Previamente al análisis del fondo del asunto, se hará el estudio de las causas de improcedencia hechas valer por el tercero interesado, Partido Verde Ecologista de México, por conducto de Jorge González Torres.

En principio, se hace valer la falta de interés jurídico de Miguel Ángel Garza Vázquez, para interponer el presente medio de impugnación, por no infringirse ninguno de sus derechos subjetivos; así como que el promovente carece de personería, pues indebidamente se ostenta como representante del Partido verde Ecologista de México.

Tales argumentos resultan inatendibles, en atención a que en el presente asunto, el fondo de la cuestión a dilucidar es precisamente la legalidad de la determinación adoptada por la autoridad responsable, de negar el reconocimiento y registro de Miguel Ángel Garza Vázquez como Presidente de la Comisión Ejecutiva Nacional del Partido Verde Ecologista de México, razón que impide a esta Sala Superior pronunciarse previamente respecto de la personería del promovente, pues ello implicaría prejuzgar sobre la cuestión medular de la presente controversia.

En apoyo a lo antes considerado, es de tomarse en cuenta el criterio sostenido por esta Sala Superior, en la tesis identificada S3ELJ03/99, que establece lo siguiente:

"IMPROCEDENCIA. NO PUEDE DECRETARSE SOBRE LA BASE DE QUE LOS PROMOVENTES CARECEN DE PERSONERÍA SI EL ACTO RECLAMADO CONSISTE EN SU FALTA DE RECONOCIMIENTO. No es factible realizar pronunciamiento respecto a la personería de los promoventes, de manera previa al dictado del fallo ni, por ende, examinar la causal de improcedencia que se alegue con apoyo en que aquéllos carecen de la representación necesaria para intentar el medio impugnativo, cuando el acto reclamado consista en la determinación de la autoridad responsable, de no reconocerles la personería que ante ella ostentaron y que pidieron les fuera admitida, ya que emprender el análisis atinente, implicaría prejuzgar sobre la cuestión medular materia de la controversia, que deberá resolverse, en todo caso, al emitirse la sentencia de fondo relativa; amén de que, de declarar la improcedencia pretendida por la indicada causa, habría el impedimento de decidir lo concerniente a la legalidad de ese acto de autoridad, y, como consecuencia, se generaría un estado de indefensión.

"Sala Superior. S3ELJ 03/99"

Recurso de apelación. SUP-RAP-021/98. Organización Auténtica de la Revolución Mexicana. Agrupación Política Nacional. 17 de noviembre de 1998. Unanimidad de votos.

Recurso de apelación. SUP-RAP-003/99. Convergencia Socialista. Agrupación Política Nacional. 12 de marzo de 1999. Unanimidad de votos.

Recurso de apelación. SUP-RAP-004/99 y acumulado. Convergencia Socialista. Agrupación Política Nacional. 12 de marzo de 1999. Unanimidad de votos.

"TESIS DE JURISPRUDENCIA J.03/99." Tercera Época. Sala Superior. Materia Electoral. Aprobada por Unanimidad de votos".

También debe desestimarse el argumento relativo a que se está en presencia de una causa de improcedencia, por no haberse interpuesto el recurso dentro de los cuatro días previstos legalmente para ello, porque la resolución impugnada se notificó al promovente el ocho de diciembre del año anterior, mientras que la demanda se presentó el día diecisiete, con lo que transcurrió en exceso el término legal.

Tal apreciación resulta incorrecta, porque consta en la copia certificada de la cédula de notificación de la resolución impugnada, que corre agregada en autos, que la notificación mencionada se efectuó el día trece de diciembre, y por tanto, si la demanda se presentó el día diecisiete, fue presentada en tiempo.

De la misma manera, cabe desestimar los argumentos relativos a que en el presente recurso de apelación se pretende impugnar el acuerdo de nueve de agosto del año anterior, por el que el Consejo General del Instituto Federal Electoral aprobó unas modificaciones a los estatutos del Partido Verde Ecologista de México, y que la impugnación resulta extemporánea, al haber transcurrido más de cuatro meses.

La desestimación del argumento que antecede resulta de que no existen elementos en la demanda para tener como acto impugnado, en el presente medio de impugnación, a la resolución de nueve de agosto del año anterior, por la que el Consejo General del Instituto Federal Electoral aprobó la modificación a los estatutos del Partido Verde Ecologista de México, pues según se expresa claramente en el apartado de la demanda denominado Acto Reclamado, el mismo consiste en: "La ilegal y anticonstitucional negativa de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del IFE, para registrar y reconocer a la Comisión Ejecutiva Nacional del Partido Verde Ecologista de México, misma que resultó electa en la Asamblea celebrada el 22 de noviembre de 1999, y de la cual el suscrito fue electo Presidente".

Finalmente, también debe desestimarse el argumento por el cual se pretende hacer valer la improcedencia de la vía, fundada en que, a juicio del promovente, el recurso de apelación de resoluciones de los órganos del Instituto Federal Electoral, que no sean impugnables por el recurso de revisión, sólo procede durante el tiempo que transcurre entre dos procesos electorales federales. Tal razonamiento resulta incorrecto, en atención a que, contrariamente a lo argumentado, y según se desprende de lo dispuesto en el artículo 40, apartado 1, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, el recurso de apelación procede también durante la etapa de preparación del proceso electoral federal, en la cual se promovió el presente medio impugnativo.

TERCERO. Los fundamentos de la resolución impugnada son del siguiente tenor:

"Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 93, párrafo 1, inciso i), en relación con el numeral 38, párrafo 1, inciso m), ambos del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, me refiero a su atento escrito sin fecha y recibido en esta Dirección Ejecutiva el 25 de los corrientes, a través del cual envía el "acta de la asamblea nacional del Partido Verde Ecologista de México", celebrada el 22 de noviembre de 1999, en la que fueron electos los integrantes de la Comisión Ejecutiva Nacional de dicho partido político. Asimismo solicita sean acreditados dichos nombramientos.

Cabe hacer mención que en la convocatoria emitida para el efecto, y de la cual obra constancia en los escritos recibidos, destaca que el orden del día se desahogaría de la siguiente forma: 1. Registro de delegados y miembros de las 10:00 a las 12:00; 2. Registro de planillas para encabezar la Comisión Ejecutiva Nacional; 3. Elección entre los asistentes, de la mesa de los debates, integrada por un presidente, un secretario y cuatro escrutadores; 4. Propuestas de trabajo de las planillas; 5. Elección de la Comisión Ejecutiva Nacional; 6. Elección del candidato a la Presidencia de la República; 7. Asuntos Generales; 8. Elaboración de acuerdos. Sin embargo, y según consta en el testimonio del acta número setenta mil cuatrocientos veintiséis, expedida por el Lic. José Visoso del Valle, Notario Público número 92 del Distrito Federal, solamente se desahogaron los puntos 3 y 5, quedando pendientes los demás.

Sobre el particular, no se acredita que la citada asamblea nacional se hubiese realizado conforme a las disposiciones estatutarias vigentes del Partido Verde Ecologista de México, por tanto los acuerdos emanados de la misma carecen de validez, en atención a las siguientes consideraciones:

Artículo 11. "Funciones, facultades y obligaciones de la asamblea nacional: ... V. La asamblea nacional será presidida por el Presidente de la Comisión Ejecutiva Nacional del Partido..." En el presente caso no se acredita fehacientemente la asistencia del presidente de dicha Comisión Ejecutiva Nacional.

Artículo 12. "Reglas para la asamblea nacional: I. La asamblea nacional será convocada por el Presidente del Partido Verde Ecologista de México. La convocatoria deberá estar firmada por éste y contendrá el lugar, día y hora en que se llevará a cabo la asamblea nacional, especificando los asuntos a tratar, sujetándose invariablemente a principios democráticos, plurales y proporcionales". Resultando que la convocatoria anexa al escrito que nos ocupa no está firmada por el presidente del partido.

Artículo 12: "Reglas para la asamblea nacional: II. Para que la asamblea nacional, se considere legalmente instalada, deberán de estar presentes por lo menos: El Presidente Nacional del Partido Verde Ecologista de México, y la mayoría del total de los miembros que integren la Comisión Ejecutiva Nacional; y cuando menos, la mitad de los presidentes de las Comisiones Ejecutivas Estatales de cada una de las entidades federativas, que hayan sido legalmente nombrados y legalmente constituidas conforme a los presentes estatutos, y que sean además reconocidos por la Comisión Ejecutiva Nacional". Sobre el particular, no acreditan ustedes la presencia del Presidente Nacional del partido político multicitado.

Artículo 12. "Reglas para la asamblea nacional: IV. Para que las resoluciones de la asamblea nacional sean válidas, deberá estar presente el Presidente de la Comisión Ejecutiva Nacional. No se comprueba la asistencia de dicho Presidente.

Razón por la cual, con las documentales ofrecidas, le comunico que resulta improcedente atender en sus términos las diversas solicitudes que plantean en el escrito que nos ocupa."

CUARTO. Los agravios expresados son los siguientes:

PRIMERO: Me es negado por parte de la autoridad señalada como responsable en el presente juicio, en forma anticonstitucional e ilegal el registro de la Comisión Ejecutiva Nacional del Partido Verde Ecologista de México electa con fecha 22 de noviembre de 1999.

Efectivamente, el Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Federal Electoral, en forma por demás anticonstitucional e ilegal, niega al suscrito el registro y por consiguiente el reconocimiento de la Comisión Ejecutiva Nacional del Partido Verde Ecologista de México, a pesar de que dicha dirigencia fue electa en forma democrática y con total apego a la Constitución, al COFIPE y a los principios generales de derecho que rigen la vida política del país.

La negativa de registro, se basa esencialmente en el siguiente razonamiento que se expresa en la resolución combatida que dio la autoridad al suscrito: que el Presidente de la Comisión Ejecutiva Nacional no convocó y no asistió a la asamblea de fecha 22 de noviembre de 1999, lo que se puede resumir en los siguientes términos: "Sobre el particular no se acredita que la citada asamblea nacional se hubiese realizado conforme a las disposiciones estatutarias vigentes ... en atención a las siguientes consideraciones.

a) Artículo 11: ... La Asamblea nacional será presidida por el Presidente de la Comisión Ejecutiva Nacional del Partido. En el presente caso no se acredita fehacientemente la asistencia del Presidente de dicha Comisión Ejecutiva Nacional.

b) Artículo 12: ... La convocatoria deberá estar firmada por éste. Resultando que la convocatoria anexa al escrito que nos ocupa no está firmada por el presidente del partido.

c) Artículo 12: ... Para que la asamblea nacional se considere legalmente instalada, deberán estar presentes por lo menos: El Presidente Nacional del Partido Verde Ecologista de México. Sobre el particular, no acreditan ustedes la presencia del presidente nacional del partido político multicitado.

d) Artículo 12: ... Para que las resoluciones de la asamblea nacional sean válidas, deberá estar presente el Presidente de la Comisión Ejecutiva Nacional. No se comprueba la asistencia de dicho presidente.

Razón por la cual, con las documentales ofrecidas, le comunico que resulta improcedente atender en sus términos las diversas solicitudes que plantean en el escrito que nos ocupa".

De lo anteriormente expuesto, se desprende que la negativa de registro por parte del Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos del IFE es anticonstitucional, antidemocrática e ilegal, violando con ello mis garantías político-electorales y cívicas por lo siguiente:

A) Es anticonstitucional, porque precisamente en mi escrito de fecha 24 de noviembre de 1999, se hizo notar ese aspecto en particular, es decir que los estatutos del Partido Verde Ecologista de México, no cuentan dentro de sus lineamientos con un procedimiento democrático que permita establecer un cambio de sus órganos de dirección y que establezca en forma transparente y clara, cuáles deberán de ser los pasos para lograr dicho cambio por estar realizados en tal forma, que los cargos de los dirigentes son vitalicios. Efectivamente los estatutos del Partido Verde Ecologista de México y sus reformas aprobadas por el Consejo General del Instituto Federal Electoral en sesión extraordinaria de fecha 9 de agosto de 1999, en forma por demás antidemocrática y anticonstitucional carecen de algún mecanismo que proponga y permita la renovación de sus órganos directivos nacionales. Al respecto, los únicos lineamientos que permiten establecer una débil pausa para la renovación de sus órganos son los siguientes artículos:

ARTICULO 10. La asamblea nacional es el órgano de autoridad suprema del partido, se reunirá por lo menos cada cuatro años, se integrará por los miembros de la Comisión Ejecutiva Nacional y con el Presidente de la Comisión Ejecutiva Estatal de cada una de las entidades federativas del país, quienes tendrán derecho a voz y voto.

ARTICULO 11. Funciones, facultades y obligaciones de la asamblea nacional.

... V. La asamblea nacional será presidida por el presidente de la comisión ejecutiva.

VI. Elegir al Presidente del Partido Verde Ecologista de México, quien fungirá como Presidente de la Comisión Ejecutiva Nacional del Partido Verde Ecologista de México.

ARTICULO 12. Reglas de la Asamblea nacional.

... II. Para que la Asamblea nacional, se considere legalmente instalada, deberán de estar presentes cuando menos: el Presidente Nacional del Partido Verde Ecologista de México, y la mayoría del total de los miembros que integren la Comisión Ejecutiva Nacional y cuando menos la mitad de los presidentes de las Comisiones Ejecutivas Estatales de cada una de las entidades federativas ...

... IV: Para que las resoluciones de la asamblea nacional sean válidas, deberá estar presente el Presidente de la Comisión Ejecutiva Nacional.

V. Las resoluciones de la asamblea podrán ser vetadas por el Presidente Nacional del Partido Verde Ecologista de México.

ARTICULO 15. Facultades, funciones y atribuciones de la Comisión Ejecutiva Nacional.

... V. Asignar responsabilidades, atribuciones, nombramientos y representaciones de acuerdo a las necesidades, obligaciones y programas del partido.

ARTICULO 17. Atribuciones y Responsabilidades del Presidente Nacional del Partido Verde Ecologista de México.

... III. Hacer los nombramientos y asignar las responsabilidades que resulten necesarias para la dirección del partido.

IV. Hacer el nombramiento de los dos delegados de la Comisión Ejecutiva Nacional para que den fe y legalidad de la integración de los órganos de dirección estatal y de las asambleas estatales.

... VIII. Convocar por lo menos cada cuatro años o cuando así lo considere necesario a la asamblea nacional.

ARTICULO 20. Las instancias y órganos del partido a nivel estatal y local, tendrán en su ámbito territorial, las mismas facultades, atribuciones y obligaciones que las correspondientes a nivel nacional. Igualmente aplicarán en su ámbito territorial los procedimientos democráticos definidos para la integración y renovación de los órganos directivos nacionales, previa información y en coordinación de la instancia nacional, todo ello desde luego cuando no se contraponga con los lineamientos y estrategias establecidas por los órganos e instancias nacionales."

De los artículos transcritos, no se desprende ni siquiera que exista la posibilidad de renovar su dirigencia a nivel nacional, ya que lo único que se menciona es que su asamblea nacional se reunirá por lo menos cada cuatro años pero en forma alguna se establece el procedimiento para la renovación de sus órganos a nivel nacional, además de lo antes expuesto la celebración y funcionamientos de la asamblea nacional del partido queda al libre criterio absoluto del presidente de la Comisión Nacional Ejecutiva quien además de esta situación asume funciones contrarias al orden jurídico mexicano ya que se puede considerar como un todo y dirigente único y absoluto del Partido Verde Ecologista de México por las siguientes inferencias que se realizan de los artículos transcritos.

Queda a criterio del Presidente de la Comisión Ejecutiva Nacional: convocar a la asamblea nacional. Art. 15 fracción VIII.

Para que la asamblea nacional sea legalmente válida presidirá el presidente de la comisión.

Para que las resoluciones de la asamblea nacional sean válidas, deberá estar presente el presidente de la comisión nacional.

Las resoluciones de la asamblea nacional podrán ser vetadas por el Presidente de la Comisión Nacional.

Sin embargo, aun cuando los artículos estatutarios no establecen el cambio de su dirigencia nacional, el artículo 20 determina "igualmente implicarán en su ámbito territorial los procedimientos democráticos definidos para la integración y renovación de los órganos directivos nacionales".

En este mismo orden de ideas, es de observarse que los estatutos del Partido Verde Ecologista de México evitan la renovación democrática del Presidente de la Comisión Ejecutiva Nacional en atención a las siguientes inferencias lógico-jurídicas que desde este momento ofrezco como prueba presuncional con el objeto de demostrar que el Presidente de la Comisión Ejecutiva Nacional tiene facultades que le permiten dirigir al partido en forma autocrática y por lo mismo anticonstitucional, evitando la renovación democrática de la dirigencia nacional, negando a las bases que conforman el partido, la libre participación en la vida política del país al dejar de establecer medios para convocar y acordar en términos de los propios estatutos la renovación de la Comisión Ejecutiva Nacional del Partido.

PRIMERO. Los estatutos otorgan calidad vitalicia al presidente del partido. En efecto, del estudio de las disposiciones estatutarias que rigen la vida interna del partido se puede observar que no señalan término a la gestión de la dirigencia, y al otorgarle calidad vitalicia a la presidencia del partido se viola lo dispuesto en el artículo 27, párrafo 1, inciso c), del COFIPE, que al efecto señala que los estatutos establecerán "Los procedimientos democráticos para la integración y renovación de los órganos directivos".

SEGUNDO. Los estatutos facultan al presidente nacional y a los presidentes estatales para nombrar a los miembros que integran la comisión ejecutiva. En efecto, los artículos 13 y 15 de los estatutos otorgan al presidente del partido la facultad de nombrar a los titulares de cada una de las secretarías que integran la Comisión Ejecutiva Nacional, asimismo para establecer las secretarías que resulten necesarias, situación que permite y fomenta el abuso del poder por parte de la presidencia del partido toda vez que las decisiones que afectan la vida del partido son tomadas por el presidente y la comisión ejecutiva, que al ser nombrada por el presidente, debe obediencia al mismo.

TERCERO. Los estatutos del PVEM otorgan al presidente del partido facultades que son contrarias a los principios de democracia y representatividad que establece nuestra Constitución. Aun cuando el artículo 10 de los estatutos del partido señala que la asamblea nacional es el órgano de autoridad suprema, esta situación se encuentra muy lejos de la realidad ya que es el presidente del partido quien puede acordar y resolver unilateralmente lo que corresponda atendiendo a sus intereses personales. Afirmación que justifico en los siguientes términos:

Atento a lo dispuesto en los artículos 10 y 12 de los estatutos, la asamblea nacional se integra con los miembros de la Comisión Ejecutiva Nacional y con el Presidente de la Comisión Ejecutiva Estatal de cada una de las entidades federativas de todo el país; una vez instalada, sus resoluciones serán válidas con el voto favorable de la mitad de los miembros presentes. De lo expuesto, se puede observar en primer lugar, que en ningún momento se otorga derecho a los miembros del partido que no sean dirigencia para participar personalmente o por medio de delegados en las asambleas nacionales, toda vez que los estatutos del partido son omisos a este respecto, dejando de cumplir lo establecido por el artículo 27, párrafo I, inciso b) del COFIPE, limitándose a señalar en forma autoritaria que únicamente tendrán el derecho de asistir a dichas asambleas los presidentes estatales, negando por lo tanto el derecho de los demás miembros a participar en éstas personalmente o por medio de delegados. Esta situación permite al presidente del partido tomar decisiones y acuerdos sin la participación de delegados o miembros que podrían tener intereses diferentes u opuestos a los suyos.

En segundo lugar, podemos observar que la asamblea se integra también con los miembros de la Comisión Ejecutiva Nacional quienes, como se ha dejado claramente establecido en párrafos anteriores, son nombrados por el presidente del partido y por lo tanto le deben obediencia; en consecuencia, si asistieran todos los presidentes estatales y los miembros de la comisión, la asamblea nacional se instalaría con 40 personas de las cuales 8 serían integrantes de la comisión ejecutiva lo que indica que el presidente del partido cuenta con un mínimo del 20% de la votación en los acuerdos que se tomen en la asamblea, situación que dista mucho de ser democrática.

Asimismo, un derecho que otorgan los estatutos del PVEM al presidente del mismo, que además de ser contrario a la democracia y denota el afán de poder que ostenta la dirigencia, es el derecho de VETO establecido en la fracción IV del artículo 12 estatutario y que consiste en que el presidente podrá objetar las resoluciones de la asamblea para que sean discutidas en la siguiente asamblea nacional que se lleve a cabo debiendo ser aprobada no por la mitad, sino por las dos terceras partes del número total de votos. Esta facultad del presidente nacional y de los estatales en su ámbito territorial, deja de manifiesto que no es la asamblea el órgano de autoridad suprema, sino el presidente del partido, toda vez que cualquier resolución de la asamblea podrá ser vetada por los intereses personales del presidente debiendo ser discutida en la siguiente asamblea que puede ser, según los estatutos, cuatro años después. Ahora bien, si cuatro años fueran pocos para que la asamblea perdiera interés por el asunto que se discute, sería suficiente tiempo para que el presidente del partido negociara y contara con la simpatía de 6 presidentes estatales, que serían suficientes para que no se aprobara dicha resolución por las dos terceras partes de los votos, situación prevista en la fracción VI del artículo 12 estatutario. Ahora bien, si el presidente nacional no lograra la simpatía de los 6 presidentes estatales, esto no sería obstáculo para que prevalezca la voluntad del presidente nacional, ya que en términos de lo establecido por los artículos 13 y 15 fracción I de los estatutos, podría el presidente crear nuevas Secretarías de la Comisión Ejecutiva y nombrar a los titulares de las mismas teniendo la votación suficiente para evitar que se apruebe la solución que sea contraria a sus intereses personales.

Por otro lado, aun cuando la asamblea tuviera la intención de discutir y aprobar la resolución en un tiempo menor, esto no sería posible, ya que únicamente el presidente y la comisión ejecutiva tienen la facultad de convocar a asamblea en términos de la fracción I del artículo 12 de los estatutos; asimismo, si pretendieran llevar a cabo la asamblea sin la presencia del presidente, tales resoluciones no serían válidas en términos de las fracciones IV y V del artículo mencionado.

Lo anterior demuestra que los estatutos que rigen la vida del Partido Verde Ecologista de México son contrarios a los principios de legalidad, democracia y representatividad señalados en nuestra Constitución Política, ya que la voluntad de una sola persona es la que tiene valor absoluto, negando autoridad a los miembros instalados en asamblea, que debiera ser en última instancia, con la debida presencia de miembros y delegados, la autoridad suprema.

En esta serie de ideas, los estatutos son anticonstitucionales, porque fueron aprobados estando contrarios en forma absoluta al principio democrático que se sustenta precisamente en la voluntad del pueblo de elegir sus representantes, mediante el voto secreto y universal que se contempla precisamente en los artículos 39, 40 y 41 de la Carta Magna y en tal virtud, ninguna ley, ordenamiento o decreto puede estar por encima de la Carta Magna y en caso de su existencia, deberá de corregirse al cuadro constitucional mexicano a apegarse al espíritu y texto constitucional, criterio que debió haberse seguido por las autoridades responsables al haber aprobado los anticonstitucionales estatutos, ya que no establece el principio democrático para el cambio de sus dirigentes, acorde al criterio constitucional y aun cuando se les ha indicado a dichas responsables tal situación, tienden a reiterar la legalidad de dichos estatutos, aplicándolos en mi caso particular al negar el registro de la Comisión Ejecutiva Nacional en la que fui electo presidente, por el anticonstitucional criterio de estimar como ilegal a la asamblea de 22 de noviembre por la simple cuestión de no haber sido convocada y asistido el entonces Presidente de la Comisión Ejecutiva Nacional, mismo que fue debidamente enterado de la asamblea mencionada.

En tales términos se debió de haber contado con un criterio apegado a derecho por parte de la autoridad señalada como responsable y apegarlo a nuestra constitución, pues al ser anticonstitucionales los estatutos, no cuentan con el respaldo legal que la responsable pretende otorgarles, aplicándolos en mi contra, razonamiento que apoyo en las tesis jurisprudenciales que a continuación se mencionan:

"CONSTITUCIÓN, IMPERIO DE LA. Sobre todas las leyes y sobre todas las circunstancias, debe prevalecer siempre el imperio de la Carta Magna y cuantas leyes secundarias se opongan en contra de ella no deben ser obedecidas por autoridad alguna."

T.IV.P. 878, Amparo Administrativo, Anchondo Francisco 18 de Abril de 1919, unanimidad de 9 votos.

"CONSTITUCIÓN, SUPREMACÍA DE LA. Tratándose de leyes reglamentarias de la constitución, la Suprema Corte ha establecido, que en cada caso en particular debe estudiarse, si se afecta o no el interés público y dicho interés no interviene en la inmediata aplicación de leyes reglamentarias de la constitución que vulneren o desvirtúen los preceptos de la misma, que se pretenda reglamentar. La misma Suprema Corte ha establecido la supremacía absoluta de la Constitución, sobre toda legislación secundaria, y la sociedad y el Estado tienen interés en que se apliquen desde luego, los preceptos de aquella y no los textos contrarios a la misma.

T.LXXIII, P 7848 Amparo Administrativo 8223/40, Diez de Urdanivia Carlos y coagraviados, 20 de febrero de 1942, unanimidad de 4 votos.

En esta situación, la autoridad designada como responsable, se ubica en una actitud anticonstitucional por adoptar y aplicar los estatutos evidentemente anticonstitucionales, para negar el registro de la Comisión Ejecutiva Nacional legalmente electa, por el simple requisito de que no se acreditó fehacientemente que el Presidente de la Comisión Ejecutiva Nacional hubiese firmado la convocatoria y asistido a la Asamblea.

De igual forma e independientemente de los razonamientos expuestos, es anticonstitucional y antidemocrática la negación de registro, porque la autoridad responsable omite considerar que acorde con los artículos 39, 40 y 41 constitucionales, la voluntad popular es el cimiento de la democracia mexicana y que la celebración de la asamblea nacional, además de haberse realizado conforme a la ley y a los estatutos, se basó en el principio democrático de consulta popular y que debe ser respetada por cualquier autoridad, porque fue la base asistente a dicha asamblea estatal, la que determinó precisamente la elección de la nueva Comisión Ejecutiva Nacional del Partido Verde Ecologista de México, y el hecho de que no se haya presentado por no haber sido su voluntad el entonces Presidente de la Comisión Ejecutiva Nacional, tal situación no puede ser considerada para destruir la voluntad de los asistentes y declarar ilegal tal voluntad, máxime que se siguieron todos y cada uno de los pasos legales para convocar y celebrar la asamblea de referencia pues entonces se caería en el extremo de que las asambleas no serían la voluntad máxima de toda agrupación o asociación, dejándose al libre albedrío de alguna o algunas personas el ejercicio de la democracia.

En estos términos, cabe concluir que la negativa de registro solicitada viola el perjuicio del suscrito, las garantías constitucionales de seguridad jurídica, legalidad, fundamentación y motivación al establecer situaciones contrarias a lo dispuesto en los artículos 14 y 16 constitucionales.

SEGUNDO. Violación a las garantías de seguridad jurídica, audiencia, legalidad y falta de motivación y fundamentación; además de las garantías político-electorales y ciudadanas por parte de la autoridad responsable al negarse el registro de la Comisión Ejecutiva Estatal que represento.

La autoridad señalada como responsable, niega al suscrito el registro de la comisión electa democráticamente en la cual y previamente a la asamblea en que fue electa, se realizó una convocatoria que cumplió con los requisitos legales para determinar su procedencia, dicha convocatoria fue debidamente publicada, asimismo se convocó personalmente al Presidente de la Comisión Ejecutiva Nacional para su asistencia y éste designó para asistir en su representación al C. Notario No. 21 Lic. Bernardo Pérez Fernández del Castillo tal como consta en la fe de hechos contenida en el acta número setenta mil cuatrocientos veintiséis del libro número setecientos setenta y ocho de la Notaría Pública No. 92 del Distrito Federal, se observa que el Notario Licenciado José Visoso del Valle hace constar que se encontraba presente en la asamblea del 22 de noviembre, el Notario 21 del D.F., licenciado Bernardo Pérez Fernández del Castillo, quien manifestó que asistía en representación del señor Jorge González Torres, con lo que se convalida la asistencia y firma de la convocatoria por el Presidente de la Comisión Ejecutiva Nacional, circunstancia que no toma en cuenta la responsable y que no puede determinar la ilegalidad de la asamblea porque ésta fue anunciada públicamente en diversos diarios, lo que conlleva a la legalidad suficiente para hacerla plenamente válida y a pesar de todo lo expuesto, se esgrime la ausencia del Presidente de la Comisión Ejecutiva Nacional como motivo determinante para considerar que no se llevó a la asamblea con apego a los estatutos del partido, mismos que son anticonstitucionales y por consiguiente se niega el registro.

TERCERO. La negativa de registro es valorada en forma ilegal y unilateral por parte de la autoridad responsable.

Efectivamente, el Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos del IFE, determina negar el reconocimiento y registro de la Comisión Ejecutiva Estatal del Partido Verde Ecologista de México, que el suscrito representa y que fue electa democráticamente por considerar que no se dieron hipótesis estatutarias para la celebración de la asamblea de fecha 22 de noviembre del año en curso.

Tal situación, además de ser ilegal, por todos los razonamientos expuestos con anterioridad y a los cuales se remito en obvio de repeticiones, fue tomada por la autoridad electoral señalada con anterioridad, omitiendo estimar, que dicha asamblea fue legalmente realizada por haber cumplido con los principios democráticos y constitucionales, como lo son el haber realizado una convocatoria previa a la celebración de la asamblea referida, así mismo, el que dicha convocatoria fue debidamente publicada, publicación que subsana cualquier irregularidad que pudiera haber realizado la convocatoria y que por sí misma hacía del conocimiento público en una forma general, el llamado para que acudiera a dicha asamblea cualquier afiliado al Partido Verde Ecologista de México, asimismo, a los órganos directivos del mismo partido, tanto estatal como nacional. Finalmente y previo a la celebración de la asamblea referida, se extendió personalmente convocatoria al Presidente de la Comisión Ejecutiva Nacional del Partido Verde Ecologista de México, para que acudiera y si éste no asistió, no puede decirse y estimarse que tal omisión sea imputable a la Comisión que resultó electa.

En este orden de ideas, la calificativa de ilegalidad de la asamblea en que se basa la responsable para negar el registro, no encuentra su base ni en el mundo fáctico, ni mucho menos en el mundo del derecho, y como ya se determinó con precisión y anterioridad, y por consiguiente se violan en perjuicio del suscrito y de la misma base de la asamblea que tuvo a bien elegir la comisión ejecutiva que presido y de la cual se me niega el registro solicitado, sin fundamento ni base real.

CUARTO. Los fundamentos de la responsable se basan en una inadecuada interpretación de los estatutos y en una anticonstitucionalidad de los mismos en flagrante violación de mis garantías político electorales ciudadanas, así como las de seguridad jurídica, audiencia, legalidad y fundamentación y motivación.

De la simple lectura de los artículos estatutarios que se han transcrito con anterioridad, se advierte que los mismos, no contemplan procedimiento alguno, para los cambios de sus órganos directivos, sin embargo el artículo 20 de los estatutos en comento determina dos hipótesis que establecen dos aspectos independientes y separados, ya que por un lado determinan que.

ARTÍCULO 20. Las instancias y órganos directivos del partido a nivel estatal, igualmente aplicarán en su ámbito territorial los procedimientos democráticos definidos para la integración y renovación de los órganos directivos nacionales, previa información y en coordinación con la instancia nacional, los miembros del partido que tengan derecho a asistir a dichas asambleas deberán también estar presentes en el momento de su celebración dos delegados nombrados por la comisión ejecutiva nacional, quienes darán fe y legalidad a dichas asambleas.

El artículo estatutario anteriormente transcrito contiene, hipótesis o situaciones completamente diferentes y que no fueron contempladas por las responsables en sus resoluciones y que son las siguientes:

a) En un primer momento, el artículo transcrito, establece los procedimientos democráticos definidos para la integración y renovación de los órganos directivos a nivel nacional.

Sin embargo y de la lectura de los estatutos, no se desprende la existencia de ningún procedimiento democrático para la integración y renovación de los órganos directivos, no siendo ni legal ni democrático, establecer a la asamblea nacional a que se refieren los artículos 10, 11, y 12 de los estatutos, ya que en los mismos se refieren aspectos generales, pero en ninguno de ellos se determina algún procedimiento para el cambió de órganos directivos.

En este sentido, el primer párrafo del artículo en comento habla de procedimientos democráticos que no están definidos en los estatutos, por tanto en pleno cumplimiento de un procedimiento democrático se celebró la asamblea de fecha 22 de noviembre porque se realizó una convocatoria, se publicó, se invitó a los miembros afiliados del partido en el país, se convocó al Presidente de la Comisión Ejecutiva Nacional del Partido; asimismo, se celebró la asamblea cumpliendo con formalidades correspondientes; se propuso el registro de planillas, se votó para la elección de la planilla más conveniente, se instaló legalmente la asamblea, se levantó una acta que contiene los puntos acordados, todo lo cual implica un procedimiento democrático que sin estar establecido en los estatutos fue seguido en la elección de la comisión ejecutiva que presido y de la cual se niega en forma ilegal su registro, violando con ello mi garantía político electoral y ciudadana sin fundamento legal ni estatutario alguno.

QUINTO. La resolución emitida por la responsable viola en mi perjuicio las garantías de seguridad jurídica y congruencia en las resoluciones político electorales, ciudadanas y de motivación y fundamentación.

La resolución combatida no entra al estudio de los razonamientos planteados en mi escrito de fecha 24 de noviembre de 1999, sino que se concreta a resolver sin motivo legal alguno la negativa de registro, lo que hace sin siquiera entrar al contenido aunque sea somero de los razonamientos expresados, lo que obviamente transgrede en mi perjuicio la garantía de legalidad y seguridad jurídicas contenidas en los artículos 14 y 16 Constitucionales, y así mismo, no guardan ninguna congruencia entre lo solicitado y lo resuelto, dejando al suscrito en completo y absoluto estado de indefensión.

Por todo lo expuesto, solicito declarar insubsistente la resolución emitida por el Presidente de la Comisión Estatal Electoral, en el oficio número DEPPP/DPPF/2123/99 de fecha 8 de diciembre de 1999 y ordenar se registre la Comisión Ejecutiva Nacional del Partido Verde Ecologista de México electa en asamblea de fecha 22 de noviembre de 1999."

QUINTO. Antes de examinar los razonamientos concretos de los agravios de la apelación, se considera conveniente, por razón de método y para la mejor comprensión y tratamiento de la litis, precisar cuáles fueron las pretensiones originalmente planteadas ante la autoridad responsable, y los hechos y argumentos jurídicos invocados como fundamentos, para lo cual se debe atender al contenido de la solicitud presentada ante el Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Federal Electoral, que es del siguiente tenor:

"MAESTRO ARTURO SÁNCHEZ GUTIÉRREZ.

DIRECTOR EJECUTIVO DE PRERROGATIVAS

Y PARTIDO POLÍTICOS.

P R E S E N T E .

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 38, inciso m) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y con fundamento en el artículo 93 fracción I inciso i) del mismo ordenamiento, los al calce firmantes, miembros militantes del Partido Verde Ecologista de México, nos permitimos exponer respetuosamente ante este Instituto Federal Electoral lo siguiente:

ANTECEDENTES.

Que en virtud de la evidente anticonstitucionalidad de los estatutos del Partido Verde Ecologista de México los que contravienen a lo establecido en nuestra Constitución Política en su artículo 40 en el que se señala expresamente que es voluntad del pueblo constituirse en una República DEMOCRÁTICA... etc.; e invocando del mismo ordenamiento constitucional el precepto 41 fracción I en donde se señala en su principio que: "Los partidos políticos son entidades de interés público"..., etc. Y posteriormente señala en el mismo artículo en su párrafo II "Los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática"; es que los militantes que constituimos las bases proselitistas de este partido político, hemos decidido hacer uso del ejercicio del derecho natural a la democracia, y que como lo señalamos anteriormente ha sido elevado a derecho constitucional, convocando públicamente a la celebración de una Asamblea Nacional del Partido Verde Ecologista de México, a efecto de renovar la Comisión Ejecutiva Nacional del mismo, la que tuvo verificativo el día 22 de noviembre del año en curso, a las 12:00 horas en Salón Riviera ubicado en la Av. División del Norte No. 1157, de la Colonia del Valle en la Ciudad de México, Distrito Federal, desarrollándose conforme a la fe de hechos que realizó el Lic. José Visoso del Valle, Notario Público No. 92 del Distrito Federal, y de la que acompañamos testimonial notarial.

Por lo anterior y habiéndose elegido democráticamente en la mencionada Asamblea Nacional de nuestro partido una nueva Comisión Ejecutiva Nacional, es que hacemos de su conocimiento por este conducto y formalmente esta elección, quedando constituida la nueva Comisión como se asienta en el testimonio notarial que se anexa a este escrito.

En cumplimiento también a lo establecido en el artículo 36 fracción I inciso g), es que nos permitimos designar como nuestro representante ante esa autoridad electoral al Sr. Lic. Pedro Ramírez Páez, y como suplente al Sr. Sixto Gerardo Sánchez Reyes, quienes podrán ser notificados oficialmente en el domicilio marcado con el número 13 de la Calle Tlacuaya, de la Colonia Santo Domingo Coyoacán, en México D.F.

Nos permitimos presentar a su consideración testimonio público a cargo del mismo notario que se señala en el proemio, en el que se notifica de la convocatoria al C. Jorge González Torres en su calidad de Presidente de este Instituto Político a la fecha en se realizó.

Es obvio que un acto ilícito no genera derechos por ende cualquier reglamento, estatuto o ley que contravenga lo establecido por nuestra Carta Magna, o el espíritu de lo que en ella se contiene, será nulo de plano y carecerá de vigencia. Vale la pena señalar el hecho de que los estatutos del Partido Verde Ecologista de México que la autoridad electoral aprobó, son contrarios a derecho, y nos priva a los militantes del Partido Verde Ecologista de México del Derecho de Democracia Interna que significa un ensayo previo al ejercicio del voto ciudadano.

Por esto y ante la imposibilidad del exacto cumplimiento de lo señalado en los multicitados estatutos, pero en ejercicio pleno de un derecho natural y objetivo; y tratando de cumplimentar con los requisitos legales esenciales en materia electoral, es que procedimos a la convocatoria y realización de la Asamblea Nacional que arrojara los resultados descritos y que ponemos hoy a su consideración para que se legitime el cambio de la dirigencia nacional de nuestro partido.

Acompañamos los documentos que se han mencionado, así como la convocatoria que fuera publicada oportunamente en periódico de circulación nacional.

Por lo expuesto y fundado, a este H. Instituto Federal Electoral atentamente solicitamos:

PRIMERO: Se nos tenga por presentados con este escrito y anexos dando cumplimiento a las obligaciones que señala para los partidos políticos el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

SEGUNDO: Se acuerde la legitimidad de los actos que se consignan en este escrito, para con ello cumplir adecuadamente lo preceptuado en nuestra Carta Magna en materia de democracia.

TERCERO: Se tenga por registrado ante este Instituto Electoral el cambio de la Comisión Ejecutiva Nacional de nuestro partido."

De la transcripción precedente se advierte que la pretensión de los suscriptores de la solicitud consiste, en realidad, en que el Instituto Federal Electoral reconozca como nuevos integrantes de la Comisión Ejecutiva Nacional del Partido Verde Ecologista de México, a las personas elegidas en la Asamblea Nacional celebrada el veintidós de noviembre de mil novecientos noventa y nueve, en sustitución de quienes tenían esa calidad, y que por tanto, se registre dicha sustitución en el Libro de Registro de los Integrantes de los Organos Directivos de los Partidos Políticos y de sus Representantes Acreditados ante los Organos del Instituto Federal Electoral, a Nivel Nacional, Local y Distrital, que se lleva en la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos.

Las actividades de los partidos políticos deben sujetarse a las disposiciones y principios constitucionales sobre esa materia, a las normas que establezcan las leyes al respecto, y a las reglas que se fijen en los estatutos aprobados que se encuentren vigentes. Esto se desprende, claramente, de lo dispuesto en el artículo 25, apartado 1, inciso a), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en donde se establece, imperativamente, que en la declaración de principios se contendrá invariablemente la obligación de los partidos políticos (y desde luego de sus afiliados o militantes) de observar la Constitución y de respetar las leyes e instituciones que de ella emanen, así como del artículo 24, apartado 1, inciso a), en relación con el 27, apartado 1, inciso c), de dicho ordenamiento, dado que en el primero se específica como requisito para que una organización pueda ser registrada como partido político nacional, el deber de formular los estatutos que normen sus actividades, con lo que queda claro que los partidos políticos nacionales deben regir sus actividades, sin excepción, además de en las disposiciones de la legislación vigente, por las normas previstas en sus estatutos; y en el artículo 27 citado se contempla que, los estatutos deben establecer siempre los procedimientos democráticos para la integración y renovación de los órganos directivos.

Así pues, la integración y renovación de los órganos directivos de los partidos políticos nacionales debe llevarse a cabo, invariablemente, con apego a los estatutos del partido político, además de observar y respetar la Constitución, en lo conducente, y las leyes que de ella emanen.

En el escrito de referencia se advierte que los suscriptores están totalmente conscientes de la obligación que tienen de apegarse a la Constitución General de la República, a las leyes de la materia y a los estatutos del Partido Verde Ecologista de México. En razón de dicha consciencia, y con el objeto de lograr el acogimiento de la pretensión antes precisada, adujeron que en el caso concreto existen circunstancias que los exoneran de cumplir con los estatutos del Partido Verde Ecologista de México, cuya argumentación se puede resumir en lo siguiente:

a) Un acto ilícito no genera derechos, por lo que cualquier reglamento, estatuto o ley que contravenga lo establecido por la Carta Magna o el espíritu de lo que en ella se contiene, "será nulo de plano y carecerá de vigencia".

b) Los estatutos del Partido Verde Ecologista de México, que aprobó la autoridad electoral, son contrarios a la Constitución y a la ley, dado que privan a los militantes del derecho a la democracia interna, que implica un ensayo previo al ejercicio del voto ciudadano.

c) Ante la imposibilidad del exacto cumplimiento de las disposiciones estatutarias, procede que los militantes del partido ejerzan lo que los solicitantes denominan el derecho natural y objetivo a la democracia, que a juicio de ellos está elevado a derecho constitucional.

d) El ejercicio de ese pretendido derecho natural y objetivo a la democracia se debe hacer tratando de cumplir "con los requisitos legales esenciales en materia electoral", lo cual puede quedar satisfecho, en casos como el que se presenta, mediante la convocatoria pública a la celebración de una asamblea nacional del Partido Verde Ecologista de México, con el objeto de renovar la Comisión Ejecutiva Nacional del mismo; la notificación de la convocatoria a quien fungía como presidente del instituto político; la celebración de la Asamblea Nacional, en la fecha, hora y lugar fijados, y la formación de los documentos necesarios para acreditar dicha celebración y lo ocurrido en la asamblea.

e) Como los promoventes siguieron dicho procedimiento, su actuación está apegada a la Constitución y a la ley, y el cambio de la dirigencia nacional del partido es legítimo, lo que debe reconocer la autoridad electoral a la que se presentó la solicitud.

Para la mejor comprensión de este fallo, y como medio para facilitar el examen de los agravios expuestos en esta apelación, se considera conveniente determinar si la posición asumida por los solicitantes en el escrito que ocupa la atención de este Tribunal resulta admisible jurídicamente.

La premisa fundamental de la argumentación sintetizada es la recogida en el inciso a), referente a que los estatutos de un partido político que contravengan la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o las leyes que de ella emanen, son nulos de plano.

No les asiste razón en este punto a los suscriptores de la solicitud, por las razones que se darán a continuación.

Los actos afectados de nulidad absoluta se clasifican, en atención al grado o forma de su ineficacia, en dos categorías:

a) Los actos en que la ineficacia opera por ministerio de la ley, de manera que no producen efecto alguno, provisional o definitivo, por lo que no es necesario hacerla valer por los interesados mediante una instancia de petición o por vía de acción o de excepción, sino que la autoridad competente, casi siempre un órgano jurisdiccional, debe tomarla en cuenta de oficio para la emisión de los actos o la toma de decisiones que tengan relación con el acto que se encuentra afectado con la nulidad mencionada, una vez que estén satisfechos y demostrados los requisitos que la pongan de manifiesto. A esta clase se le suele denominar por la doctrina, la ley y la jurisprudencia, nulidad de pleno derecho.

b) Los actos afectados de nulidad absoluta que producen provisionalmente sus efectos, hasta que no es declarada su ineficacia mediante la declaración de la autoridad competente para hacerlo, ordinariamente un tribunal jurisdiccional, y para cuya declaración se hace indispensable la petición o instancia concreta en tal sentido, de parte interesada, comúnmente mediante el ejercicio de una acción o la oposición de una defensa o excepción, sin que sean los únicos medios, ya que para esto debe estarse al régimen legal positivo aplicable a cada caso. Esta forma de operar no se distingue con denominación especial.

En el sistema jurídico mexicano la regla se constituye con las ineficacias de la segunda clase, en la cual los actos afectados de nulidad absoluta producen siempre sus efectos provisionalmente, mientras no se haga la declaratoria correspondiente por la autoridad competente, como respuesta a la petición, acción o excepción que haga valer parte interesada; y la excepción se constituye con la ineficacia de pleno derecho, la cual debe estar consignada expresamente en la ley, ya sea con la expresión indicada, de que la nulidad de determinados actos es de pleno derecho, o a través de enunciados semejantes o equivalentes, como los relativos a que la parte nula de un acto se tendrá como o por no puesta o por no escrita, o que no surte efecto legal alguno, etcétera.

El contenido de este sistema jurídico nacional está reconocido, inclusive, por la jurisprudencia obligatoria vigente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según se constata con la tesis de la otrora Tercera Sala de dicho Alto Tribunal, consultable con el número 297, en la página 200 del Tomo IV, Materia Civil, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995, que es del siguiente tenor:

"NULIDAD. NO EXISTE DE PLENO DERECHO.

Si no hay disposiciones expresas en las leyes y para los casos que ellas comprendan, nuestra legislación no autoriza que se reconozca la existencia de nulidades de pleno derecho, sino que las nulidades deben ser declaradas por la autoridad judicial, en todos los casos, y previo el procedimiento formal correspondiente.

Quinta Epoca:

Amparo civil en revisión 1015/26. Arias Briones Rafael. 31 de enero de 1929. Cinco votos.

Amparo penal en revisión 3652/28. Jáuregui Lázaro. 25 de septiembre de 1930. Mayoría de tres votos.

Amparo civil directo 2895/30. Ceballos vda. De Méndez Concepción, suc. de. 7 de abril de 1932. Mayoría de tres votos.

Amparo administrativo directo 4195/29. Kemo Coast Copper Company, S.A. 27 de febrero de 1933. Mayoría de cuatro votos.

Amparo civil en revisión 921/34. Chico vda. De Martín Francisca, suc. de y coags. 7 de julio de 1934. Cinco votos."

Esta tesis, sin ser obligatoria para este Tribunal Electoral, resulta ilustrativa para formarse la convicción del criterio que se sostiene.

Asimismo, ese contenido sistemático se advierte en la normatividad generalmente más amplia y completa en materia de nulidades, que está consignada en el Código Civil para el Distrito Federal en Materia Común y para toda la República en Materia Federal, y en la generalidad de los ordenamientos similares de las entidades federativas, para cuya ilustración se toma al primero citado, que en su artículo 2226 prescribe lo siguiente:

"Artículo 2226. La nulidad absoluta por regla general no impide que el acto produzca provisionalmente sus efectos, los cuales serán destruidos retroactivamente cuando se pronuncie por el juez la nulidad. De ella puede prevalerse todo interesado y no desaparece por la confirmación o la prescripción."

Y por otra parte, contiene, verbigracia, los siguientes artículos:

El 600, donde se determina que si en un acto jurídico se pusiere como condición, la dispensa de la obligación de dar cuenta de la tutela, tal condición se tendrá como no puesta; el artículo 1304, contenido en el capítulo referente a los testamentos en general, precisa que la expresión de una causa contraria a derecho, aunque sea verdadera, se tendrá por no escrita; el artículo 1355 señala que se tendrán por no puestas las condiciones de no dar o de no hacer, y de no impugnar el testamento o alguna de las disposiciones que contenga, so pena de perder el carácter de heredero o legatario; el artículo 1358 prevé que se tendrá por no puesta la condición impuesta al heredero o legatario de tomar o dejar de tomar estado; el artículo 1380 contempla que se tendrá por no puesta la designación del día en que deba comenzar o cesar la institución de heredero, y en el artículo 1943 se indica que la condición de no hacer una cosa imposible se tiene por no puesta.

Asimismo, en el artículo 155 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal se encuentra un supuesto de nulidad que opera sin necesidad de declaración judicial, que está consignado expresamente, con relación a la nulidad, prevista en el artículo 154, de lo actuado por juez que fuere declarado incompetente, en el sentido de que "La nulidad a que se refiere el artículo anterior es de pleno derecho y, por tanto, no requiere declaración judicial".

En la legislación electoral no existen elementos para considerar que el legislador la haya sustraído del sistema mencionado en cuanto al grado o forma de la ineficacia de los actos nulos, dado que no existen disposiciones determinantes de que dichas nulidades operen de manera diferente. Antes bien, en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, las normas que hacen referencia a la nulidad de la votación recibida en las casillas y a la nulidad de las elecciones, se encuentran reguladas de tal manera, que conduce a que tales actos producen sus efectos mientras no sea declarada legalmente su nulidad, y para este efecto, establece la vía de los medios de impugnación, que se inician necesariamente a instancia de parte mediante el ejercicio de una acción. Esto se puede ver en el análisis conjunto de los artículos 50, 51, 56, 57, 62, 74, 76, 77 y 78, del ordenamiento en comento, que por considerarse obvio y evidente, no se estima necesario asentarlo en este fallo.

En el caso que se examina, los promoventes iniciales sustentaron el conjunto de argumentos para conseguir su pretensión, en que los estatutos del Partido Verde Ecologista de México están afectados de nulidad de plano. Esta frase, nulidad de plano, si se ve en el contexto en que está empleada, se puede advertir con claridad que equivale al concepto nulidad de pleno derecho.

Por ese motivo, en el escrito incluido literalmente en párrafos precedentes de esta consideración, no se contiene ninguna pretensión de que la autoridad electoral formule una declaración de que los estatutos mencionados se encuentran afectados de nulidad absoluta, para el efecto de que se destruyan retroactivamente, (en lo que esto fuere posible) los efectos jurídicos que se hubieren producido con ellos, o con alguna parte de ellos, y de que se dejaran de generar efectos hacia el futuro, sino que la posición clara asumida en el escrito toma como punto de partida el criterio de que los susodichos estatutos carecen de vigencia, de por sí, desde su origen, por lo que no producen efectos, y por tanto no existe ni ha existido jamás la obligación de atenerse a ellos, en cuanto a la elección de los órganos directivos del partido político, de modo que, en concepto de los autores del escrito, no es ni era necesaria una acción o excepción previa ante ninguna autoridad para que constatara e hiciera la declaración correspondiente de nulidad en caso de acoger las imputaciones de inconstitucionalidad e ilegalidad que se hacen a los estatutos; y en seguimiento lógico de la posición asumida por los que suscribieron la solicitud que se estudia, tampoco se requeriría que, en el caso de resultar ilegales e inconstitucionales algunos cánones estatutarios, se proveyera lo necesario para que el partido político modificara los estatutos para hacerlos acordes con el principio de democracia interna al que deben apegarse, sino que los multidichos solicitantes consideraron que, ante esa "nulidad plena", los estatutos carecen en absoluto de efectos, provisionales o definitivos, por lo cual, ellos quedaron en libertad de establecer un procedimiento que a su juicio cumpliera con lo que llaman los requisitos esenciales en materia electoral, para que su actuación en la renovación de la Comisión Ejecutiva Nacional tuviera plena validez, y como obraron en consecuencia de esa creencia, lo que vienen pidiendo es, precisamente, que se registre a la nueva integración de la Comisión Ejecutiva Nacional, sobre la base del reconocimiento de validez de los actos y del procedimiento elegido y ejecutado por ellos, en ejercicio de lo que denominan derecho natural a la democracia.

Ahora bien, como en la legislación electoral aplicable no existe disposición alguna que determine que la nulidad de los estatutos de un partido político nacional opera de pleno de derecho, ya sea con esta expresión o con alguna semejante o equivalente sustancialmente, resulta claro que la posición planteada originalmente por Miguel Angel Garza Vázquez y Carlos A. Macías Corcheñuk, carece de sustento jurídico para ser acogida, porque mientras los estatutos del partido no sean declarados inconstitucionales por una autoridad competente, estos continúan surtiendo sus efectos, de manera que si la renovación de un órgano directivo no se hace con apego a ellos, sino mediante otros procedimientos, mientras prevalezca esa situación de producción de efectos de los estatutos, no existe base jurídica para considerar que los actos ejecutados de modo diferente a su preceptiva sean actos o procedimientos válidos, y por tanto, en el caso no procede reconocer y registrar como nuevos integrantes del órgano directivo a las personas que se mencionan como elegidas para ese cargo interno del partido, en la documentación presentada con la solicitud que dio origen al acto impugnado en apelación.

Tocante al pretendido derecho natural a la democracia, es evidente que no encuentra fundamento en el derecho positivo constitucional y legalmente establecido, pues las disposiciones del artículo 41 constitucional, invocadas como fundamento al respecto, relativas a que "Los partidos políticos son entidades de interés público..." y que "Los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática" no llevan, en modo alguno, a una interpretación como la que sostienen Miguel Angel Garza Vázquez y Carlos A. Macías Corcheñuk, pues del hecho de que se diga que los partidos políticos son entidades de interés público y que tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, no se desprende que los ciudadanos o miembros de un partido político puedan pasar por alto la normatividad legal y estatutaria por la que se debe regir un partido político nacional, ante la circunstancia de que, en su personal apreciación, los estatutos sean inconstitucionales, ni que puedan apartarse libremente, en esa hipótesis, de los procedimientos establecidos para estructurar los órganos directivos del partido, para crear y seguir, por su cuenta, procedimientos diferentes que subjetivamente estimen constitucionales y democráticos, sino que, cuando se encuentren en tales situaciones, deben ocurrir mediante los mecanismos jurídicos establecidos o que se desprendan de las leyes, ante las autoridades electorales o jurisdiccionales competentes, a solicitar que se ponga remedio a la situación que estiman anómala, y se regularice la instrumentación y funcionamiento del partido político, para que los afiliados, miembros o militantes del partido queden en condiciones de ejercer sus derechos conforme a la normativa legal y estatutaria ajustada que surja mediante el restablecimiento de las cosas al deber ser.

No es obstáculo para la aplicación del sistema legal de nulidades a que antes se ha hecho referencia, la circunstancia de que, en la especie, no se esté en presencia de un acto jurídico simple o común, sino de los estatutos de un partido político, que guardan cierta analogía o semejanza con las leyes, en atención a que el sistema de nulidades no varía con relación a los cuerpos normativos según lo ha considerado también el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al sostener que tratándose de leyes no existen nulidades de pleno derecho, pues todas las normas jurídicas son válidas mientras no se declare su nulidad por un órgano competente, criterio visible en la página 47 del Volumen 80, Primera Parte, de la Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, que es del siguiente tenor:

"LEYES INCONSTITUCIONALES. NO EXISTEN DE PLENO DERECHO.

No existen nulidades ab initio, pues todas las normas jurídicas son válidas mientras no se decrete su nulidad por órgano competente, y no porque los quejosos estimen que la ley viola preceptos constitucionales considerados como parte esencial de la Constitución, es inconstitucional la ley, pues precisamente el órgano estatal competente, en el caso, el Poder Judicial de la Federación, es quien determinará si existe o no la violación de preceptos constitucionales. En materia de amparo contra leyes no existen leyes inconstitucionales de pleno derecho, y siempre se requiere que un órgano así lo decida, para considerar que la ley no debe producir consecuencias o que no debe aplicarse al caso concreto.

Amparo en revisión 5400/74. Lydia Soto Rodríguez de Lavín. 12 de agosto de 1975. Unanimidad de 18 votos. Ponente: Rafael Rojina Villegas."

Por otra parte, cabe dejar en claro que, aún en el supuesto hipotético de que se encontrara o existiere alguna disposición legal que determinara la nulidad de pleno derecho de los estatutos de un partido político, cuando contravinieran alguna norma o principio constitucional, ello no implicaría necesariamente que los miembros o militantes del partido político pudieran, libremente y de manera unilateral, crear motu proprio bajo un criterio subjetivo y en ejercicio de un pretendido derecho natural a la democracia, los procedimientos para llevar a cabo la renovación de los integrantes de los órganos directivos, sino que habría que atenerse a lo que al efecto se dispusiera legalmente, pudiendo existir varias posibilidades, como podría ser, en su caso, poner en conocimiento de la autoridad electoral la nulidad de pleno derecho de los estatutos, para que aquélla a su vez obrara en los términos que legalmente estimara procedentes, ya sea requiriendo a los órganos directivos del partido político para que enmendaran los estatutos en la parte viciada de nulidad o para que presentaran unos nuevos; o bien, proveer lo necesario para remover el obstáculo jurídico a fin de que los estatutos pudieran ser acordes con la legalidad y constitucionalidad.

Por otro lado, aunque las cosas no se hubieran dado así, sino que el promovente impugnara la resolución combatida, como si fuera el primer acto de aplicación por una autoridad electoral de los estatutos del Partido Verde Ecologista de México en perjuicio del promovente, tampoco procedería examinar en el presente recurso de apelación las alegaciones sobre inconstitucionalidad e ilegalidad de tales estatutos, por lo siguiente.

Esta Sala Superior emitió la tesis relevante S3EL 025/99, consultable en la página 45 del Suplemento Número 3 de la Revista Justicia Electoral, en la cual se precisan bases esenciales respecto a la procedencia de la impugnación de la inconstitucionalidad e ilegalidad de los estatutos de los partidos políticos. La tesis referida es la que a continuación se transcribe:

ESTATUTOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS. SU CONSTITUCIONALIDAD DEBE ANALIZARSE AUN CUANDO HAYAN SIDO APROBADOS POR AUTORIDAD ADMINISTRATIVA. Los estatutos de un partido son uno de los documentos básicos con los que debe contar para su registro como partido político nacional, tal como se dispone en el artículo 24, párrafo 1, inciso a) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. En tales circunstancias, no obsta el hecho de que los estatutos de un partido hubieren sido aprobados por la autoridad administrativa, para analizar su constitucionalidad, cuestión que podrá ser examinada tanto en el momento de aprobar la solicitud de registro correspondiente o, en su caso, las modificaciones que al respecto de los mismos sean aprobadas, como también en el momento de su aplicación a un caso concreto; resultando el recurso de apelación procedente para ello, en tanto que el mismo se encuentra diseñado no sólo para garantizar la legalidad, sino también la constitucionalidad de todos los actos en materia electoral. De modo que si la autoridad fundamenta su actuar en los estatutos de un partido, que se alegan inconstitucionales, ello debe ser materia de análisis por parte de este órgano jurisdiccional.

Sala Superior. S3EL 025/99

Recurso de apelación. SUP-RAP-018/99. Carlos Alberto Macías Corcheñuk. 24 de septiembre de 1999. Unanimidad de 6 votos. Ponente: Eloy Fuentes Cerda. Secretario: Rafael Márquez Morentín.

Para mejor comprensión de este criterio, en cuanto a su aplicación a este caso concreto, resulta conveniente dar una mayor explicación de su contenido y puntualizar con precisión los requisitos necesarios para la actualización de cada uno de los supuestos a que se refiere.

El control de la constitucionalidad y legalidad de los estatutos de los partidos políticos se ejerce a través de la impugnación de los actos de autoridad que se encuentren vinculados con la regulación estatutaria, en cuanto a su reconocimiento y aplicación, mediante la formulación de los agravios encaminados a la demostración de la ilegalidad o inconstitucionalidad de los dispositivos de normación interna que se combatan, siempre y cuando tales procesos se promuevan o interpongan por personas con interés jurídico respecto al acto o resolución concretos de que se trate.

De este modo, las hipótesis de impugnación de los estatutos de un partido político, en las cuales se pudo haber colocado el caso concreto, en atención a las particularidades que presenta son las siguientes:

a) Que la inconstitucionalidad o ilegalidad pretendida se encontrara en el texto original de los estatutos que se presentaron ante el Instituto Federal Electoral para su aprobación, y que no obstante eso, el Consejo General de dicho instituto haya considerado, expresa o tácitamente, que las normas estatutarias están apegadas a la legalidad y constitucionalidad, y se haya otorgado, en consecuencia, el registro como partido político nacional a la organización solicitante, en términos de los artículos 30 y 31 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. En esta hipótesis, quien tuviera interés jurídico, especialmente los demás partidos políticos, en cuanto entes legitimados para deducir acciones para la tutela de intereses difusos o colectivos, pudieron impugnar el otorgamiento del registro y plantear los vicios de ilegalidad o inconstitucionalidad de los estatutos admitidos.

b) Que los vicios de inconstitucionalidad o ilegalidad atribuidos pudieran haber surgido en el contenido de alguna modificación posterior a los estatutos, y que al comunicarse al Instituto Federal Electoral haya sido declarada su procedencia constitucional y legal, a que se refiere el artículo 38, apartado 1, inciso l), del citado código. En este supuesto se da la misma situación que en el anterior.

c) Que la autoridad electoral emitiera un acto o resolución electoral, cuyo contenido o sentido reconociera, como base fundamental de sustentación, a las normas estatutarias que se consideran inconstitucionales o ilegales, o fueran efectos o consecuencias directas de ellas. En estas situaciones se podría presentar la impugnación contra el primer acto de aplicación que afectara el interés jurídico del promovente, con el objeto de impedir la causación de perjuicios en su interés o de ser restituido en los que se le hubieren ocasionado con el acto concreto de aplicación que se reclame destacadamente, y allí se podría argumentar lo conducente contra las normas estatutarias en que se fundara el acto o resolución, por lo cual estos razonamientos serían motivo de examen y pronunciamiento cuando y solamente cuando pudieran constituir medio idóneo para conceder al peticionario el beneficio o derecho que defiende o evitarle el perjuicio del que se quiere librar, y no cuando se advirtiera que, aunque el órgano jurisdiccional analizara dicha argumentación y la acogiera, por considerar inconstitucionales o ilegales los cánones estatutarios en cuestión, esto fuera insuficiente para obsequiar al promovente sus pretensiones, por existir otros motivos legales que se opusieran a ello.

Debe enfatizarse, desde luego, que en todos los casos deben cumplirse los requisitos que fija la ley, en cuanto a los presupuestos procesales, los requisitos de procedibilidad y admisibilidad, especialmente de legitimación e interés jurídico.

Asimismo debe quedar establecido que, por el hecho de que no se presente algún medio de impugnación contra el otorgamiento del registro a un partido político o contra la declaración de procedencia legal y constitucional de cada una de las modificaciones que haga a sus estatutos, no se produce ipso facto la consecuencia de que tales disposiciones internas se tengan por legalmente consentidas erga omnes, sino que este consentimiento se actualiza, respecto de cada persona, cuando se presenta un acto de autoridad que afecta sus intereses jurídicos, cuyo contenido y sentido encuentran sustento esencial en las normas estatutarias o sean efectos o consecuencias de ellas, y ésta se abstiene de promover el medio de impugnación que proceda.

Esto encuentra su explicación en que, la presunción legal de consentimiento de un acto de autoridad, por su falta de impugnación a través de un proceso jurisdiccional, se forma con los siguientes elementos: a) la existencia de un acto de autoridad que afecte a cierta persona; b) que exista un medio de defensa legal contra ese acto, en favor de dicha persona; c) que ésta no lo haga valer oportunamente o en la forma legal prevista, a pesar de tener conocimiento del acto; y cuando falta alguno de estos elementos ya no se puede establecer válidamente la susodicha presunción, dado que nadie puede ni debe impugnar un acto cuando no tiene un interés jurídico; no se puede presumir que alguien admite un acto que le perjudica cuando carece de medios jurídicos para combatirlo; y tampoco es válido inferir el consentimiento, cuando el afectado se encuentra aún en oportunidad y posibilidad de impugnarlo.

Así pues, aunque la decisión impugnada mediante este recurso de apelación se considerara como el primer acto de aplicación de los estatutos del Partido Verde Ecologista de México, en perjuicio del promovente, tampoco se podría analizar y decidir sobre la inconstitucionalidad e ilegalidad de dichos estatutos, porque aunque se declararan fundados tales argumentos, esto sería insuficiente para reconocer validez a la asamblea en la que se hizo la elección de las personas cuyo registro se pidió a la autoridad responsable, por las razones expuestas ampliamente con anterioridad, ante lo cual de todos modos prevalecería la negación del registro de representantes que se combate en esta apelación, y ante esto, el solicitante no podría obtener el beneficio que pretende desde el inicio, consistente en que le registraran a los que dice representantes electos.

Las consideraciones precedentes, mediante las cuales se despejó la cuestión esencial de los planteamientos formulados por Miguel Angel Garza Vázquez y Carlos A. Macías Corcheñuk ante el Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Federal Electoral, y se explica el sistema jurídico a través del cual se debe combatir la posible inconstitucionalidad e ilegalidad de los estatutos de los partidos políticos, servirá de marco y referencia para la respuesta específica de los agravios expresados por Miguel Angel Garza Vázquez en el recurso de apelación que se resuelve en esta ejecutoria.

En el primero y cuarto agravios se combate la negación del registro de la pretendida nueva integración de la Comisión Ejecutiva Nacional del Partido Verde Ecologista de México, surgida de la asamblea celebrada el veintidós de noviembre de mil novecientos noventa y nueve, insistiendo en que dicha comisión fue electa en forma democrática y con apego a la Constitución, al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y a los principios generales del derecho que rigen la vida política del país.

Para demostrar lo anterior, el promovente produce un conjunto de razonamientos enderezados a demostrar que en los estatutos vigentes del Partido Verde Ecologista de México no están previstos procedimientos democráticos para la renovación de sus órganos internos, en contravención al principio de democracia interna previsto en el artículo 27, apartado 1, inciso c), en razón de que las disposiciones relacionadas con el tema no tienen la calidad de democráticas, y para tratar de demostrarlo se analizan en particular diversos artículos de los citados estatutos, y se dan los argumentos por los cuales se estima que contienen cánones antidemocráticos.

El promovente deduce de lo dicho que, como ninguna ley, ordenamiento o decreto puede estar por encima de la Carta Magna, cuando algún acto se encuentre en esa situación deberá ser ajustado al marco constitucional, dentro del espíritu y texto de la ley fundamental, sin hacer caso de él, y que así debieron obrar las autoridades electorales, desde que aprobaron esos estatutos anticonstitucionales, y que no obstante lo anterior, se insiste en reiterar la legalidad de dichos estatutos, al haberlos aplicado en el caso particular, como base para negar el registro solicitado, pues al ser anticonstitucionales los estatutos, éstos no cuentan con el respaldo legal que le da la responsable en su aplicación.

Cita al respecto dos tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las cuales se sostuvo que la Carta Magna debe prevalecer siempre sobre todas las leyes y sobre todas las circunstancias, por lo que las leyes secundarias que se le opongan no deben ser obedecidas por ninguna autoridad.

Continúa el promovente argumentando que, la autoridad responsable no tuvo en cuenta que conforme a los artículos 39, 40 y 41 constitucionales, la voluntad popular es el cimiento de la democracia mexicana, y que la asamblea de la que surgió su elección como Presidente del partido se realizó conforme a la ley y a los estatutos, sobre la base del principio democrático de consulta popular, que debe ser respetado por cualquier autoridad, ya que fueron las bases partidarias que asistieron a la asamblea nacional las que tomaron la decisión de elegir a la nueva Comisión Ejecutiva Nacional; y que si el presidente de la Comisión no se presentó por no haber tenido voluntad de hacerlo, esto no tiene la fuerza suficiente para destruir la voluntad de la asamblea, porque se caería en el extremo de que la voluntad máxima de una agrupación o asociación no recayera en sus asambleas, sino en alguna o varias personas, y que la "democracia" se ejerciera por éstas.

Por lo anterior concluye que la negativa del registro viola en su perjuicio las garantías constitucionales de seguridad jurídica, legalidad, fundamentación y motivación en contravención a los artículos 14 y 16 constitucionales.

Los argumentos resumidos son inatendibles.

El promovente continúa destacando, como elemento determinante de su argumentación, el criterio de que la autoridad responsable estaba obligada a no tomar en cuenta ni aplicar el contenido de los estatutos del Partido Verde Ecologista de México, al proveer sobre la solicitud de registro que le fue presentada, criterio que, como ya se esclareció con antelación, pretende cimentarse en la tesis de que los estatutos indicados se encuentran afectados de nulidad que opera de pleno derecho, y de ahí deriva que no es susceptible de producir ningún efecto, que no requiere declaración previa de ninguna autoridad, y que, simplemente, para la toma de cualquier decisión, se debe obrar como si no existieran.

Esta situación ya quedó tratada en la primera parte de esta consideración, en donde se precisó y se dieron todos los fundamentos y motivos por los cuales la pretendida nulidad de los estatutos no podría impedir que produjeran sus efectos, aunque fuera con el carácter provisional, mientras no fuera constatada la nulidad y declarada por una autoridad competente, ante la instancia necesaria de parte que tuviera interés, por lo cual procede remitirse a dichas consideraciones para desestimar esa parte del agravio de apelación que se examina, así como que no sería suficiente que se declarara la inconstitucionalidad de los estatutos por los motivos expuestos, para reconocer validez al cambio de representantes internos del partido.

Por otra parte, con el análisis del contenido de la solicitud de registro se hizo patente que la pretensión de los suscriptores no fue que la autoridad responsable iniciara un procedimiento encaminado a obtener la constatación de la nulidad aducida, la declaración de la misma y la consecuente determinación de que no debía continuar la producción de sus efectos, o que los producidos se destruyeran retroactivamente en lo que fuera posible, sino que la pretensión clara y directa consistió en que la autoridad registrara la integración de la nueva Comisión Ejecutiva Nacional del partido, haciendo a un lado la exigencia de cumplir con los estatutos, lo que resulta jurídicamente inadmisible.

Empero, aun en el caso de que los interesados en el registro solicitado hubieran tenido la intención de que la autoridad responsable estudiara lo relativo a la inconstitucionalidad de los estatutos, hiciera la declaración correspondiente y determinara lo relativo a los efectos de los mismos, tal situación tampoco habría sido factible legalmente. En primer lugar, porque el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales no faculta a la autoridad a la que se dirigió la solicitud, a realizar esa clase de actos, como se puede ver dentro de las atribuciones que se confieren a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, en el artículo 93 del ordenamiento citado; y en segundo lugar, porque de haberse formulado dicha pretensión, se habría requerido necesariamente la instauración de un procedimiento con las formalidades constitucionales necesarias, entre las cuales destacaría primordialmente la garantía de audiencia al partido político, por medio de quienes vinieran fungiendo como sus dirigentes conforme a los estatutos, y concluir con una resolución fundada y motivada; pero es el caso de que en la solicitud de referencia no se advierte que se haya pretendido iniciar un procedimiento con esas características, sino que exclusivamente se pidió de la autoridad que procediera registrar a la llamada nueva Comisión Ejecutiva Nacional.

Así pues, si las cosas se dieron en la forma en que ha quedado demostrado, es inconcuso que tampoco este tribunal está en aptitud de examinar, en este concreto recurso de apelación, los argumentos relativos a la inconstitucionalidad de los multicitados estatutos, ni de decidir ahora y en este fallo sobre ese tópico, porque el objeto de este expediente en particular consiste en dilucidar si la autoridad responsable obró o no con apego a la Constitución y a la ley en el acto impugnado, en consideración a lo que se le pidió y a la forma y contenido de la petición; y aunque se estimara que el acto aquí impugnado fuera el primer acto de aplicación de los estatutos, con el examen de su inconstitucionalidad no se lograría revocar, modificar o nulificar la negación del registro de los pretendidos nuevos representantes partidistas.

Con relación al contenido de las dos tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que se invocan en el primer agravio de la apelación, cabe precisar, en primer lugar, que ni siquiera se trata de tesis de jurisprudencia obligatoria, en los términos de los artículos 192 y siguientes de la Ley de Amparo, ya que hacen referencia a lo sostenido en sendas ejecutorias; en segundo lugar, aun en el supuesto de que se hubiera formado la jurisprudencia obligatoria con esos criterios, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación no está incluido dentro de las autoridades obligadas a acatar la jurisprudencia de ese Alto Tribunal, sino en supuestos específicos en los que no se ubican las tesis de mérito, según se lee en el artículo 192 de la ley reglamentaria citada; y en tercer lugar, el citado Máximo Tribunal de la Nación sostuvo esos criterios aisladamente en la segunda y cuarta décadas del siglo, pero a la postre se ha pronunciado en sentido diverso, como quedó demostrado con la tesis citada en esta misma consideración, en el sentido de que no existe nulidad de leyes de pleno derecho, que es del año mil novecientos setenta y cinco.

En cuanto a la aseveración de que la elección de la Comisión Ejecutiva Nacional, cuyo registro se solicitó, se debe considerar apegada al principio constitucional de democracia, por provenir de la asamblea del partido mencionado, lo inatendible del argumento deriva de que incurre en el vicio lógico de petición de principio, toda vez que la exigencia legal del establecimiento de un procedimiento democrático para la renovación de los órganos directivos de los partidos políticos, dentro de los estatutos de estas organizaciones, tiene por objeto lograr la constatación, mediante pruebas preconstituidas e indubitables, de que dichas elecciones se hicieron en condiciones adecuadas e idóneas para que las asambleas o los órganos correspondientes las hicieran libremente, y este objetivo de preconstituir la prueba mediante la correspondencia de los actos previstos previamente en los estatutos con los realizados en cada proceso concreto, no se logra cuando uno o más pretendidos miembros o militantes de un instituto político deciden unilateralmente desconocer el contenido de los estatutos con los que funciona la organización, y apartándose de ellos asume la decisión de crear motu proprio un procedimiento, con los elementos que a su juicio cumplen con el principio democrático, dado que en estas condiciones no se puede tener la certeza de que existieron las garantías necesarias para que se pronunciara, adecuadamente y en forma idónea, la militancia del partido. De manera que no basta que quienes obraron de este modo hayan tratado de emular en su procedimiento algunos de los actos que comúnmente contienen ciertos procedimientos regulados democráticamente, sino que es necesario, invariablemente, que el procedimiento se encuentre previamente establecido y sea conocido en los términos previstos por la ley, por lo cual es insuficiente, a no dudarlo, que se haya publicado una convocatoria a la Asamblea Nacional, y que se haya tratado de notificar a quien ha venido fungiendo como Presidente de la Comisión Ejecutiva Nacional.

En el segundo, tercero y parte del cuarto agravios de la apelación se sostiene que la autoridad responsable infringió las garantías de seguridad jurídica, audiencia, legalidad, fundamentación y motivación, además de las garantías político-electorales y ciudadanas.

Con el propósito de demostrar esta afirmación, se argumenta que de alguna manera se cumplió con lo esencial de los estatutos al respecto, porque previamente a la celebración de la asamblea se hizo una convocatoria que cumplió los requisitos legales para su procedencia, toda vez que fue publicada debidamente, en diversos diarios; y se convocó personalmente al Presidente de la Comisión Ejecutiva Nacional para que asistiera, y éste designó para que lo hiciera, en su representación, al notario público que se menciona, lo que sirve para convalidar la asistencia y firma de la convocatoria de dicho presidente.

El razonamiento es infundado, porque, como ya se expresó en los párrafos que preceden, no basta que cualquier miembro de un partido político emita y publique una convocatoria para que la militancia o los órganos correspondientes acudan a la celebración de una asamblea nacional de un partido político, para que ésta goce de validez, sino inclusive la convocatoria debe estar regulada dentro del procedimiento de que se trate, en los estatutos, y el procedimiento debe ser acatado, de modo que mientras los estatutos produzcan efectos jurídicos, la convocatoria que en estos casos se emita debe provenir de la persona, personas u órganos previstos en los estatutos; y la emisión de la misma por personas u órganos diferentes no se convalida por el hecho de que se haga una comunicación fehaciente de la misma a quien está facultado para convocar, a menos que en ese sentido existieran previsiones en los propios estatutos, lo que no se da en el caso. Tampoco sustituye a los requisitos estatutarios el hecho de que a la convocatoria emitida por quienes no están facultados para hacerlo se le haya dado la más amplia publicidad posible, porque tampoco se encuentra contemplada esta posibilidad en la normatividad en comento.

En cuanto a que el presidente de la comisión acudió a la asamblea, a través de un representante, y que esta representación recayó en el Notario Público Número 21, con ejercicio en el Distrito Federal, licenciado Bernardo Pérez Fernández del Castillo, el documento en el que se apoyó el promovente es insuficiente para acreditar tal afirmación. Se trata del acta levantada con motivo de la fe de hechos realizada por el Notario Público Número 92 del Distrito Federal, licenciado José Visoso del Valle, con el número 70426, del libro 778, cuyo tercer testimonio obra a fojas 37 y 38 del expediente de apelación, en cuyo segundo párrafo del punto tres se asienta:

"Acto continuo siendo las once horas con diez minutos del día veintidós de los corrientes, me constituí en el local conocido como ‘Salón Riviera’, ubicado en División del Norte mil ciento cincuenta y siete, colonia Del Valle, delegación Benito Juárez, Distrito Federal, en donde también se encontraba el licenciado Bernardo Pérez Fernández del Castillo, notario veintitrés de esta Ciudad, quien manifestó que asistía en representación del señor Jorge González Torres. Habiéndome identificado plenamente, procedí a dar fe de que en la entrada del mencionado inmueble se encontraban algunas personas, las cuales dijeron ser delegados del ya mencionado partido político, sin que hayan acreditado tal carácter ante el suscrito notario."

Esta es la única mención que se hace del notario Pérez Fernández del Castillo.

Como se ve, el contenido del acta en cuestión no puede tener como efecto acreditar que el Presidente de la Comisión Ejecutiva Nacional del Partido Verde Ecologista de México haya sido representado en la celebración de la asamblea a que se hace referencia por el susodicho notario público, porque lo único que se menciona en el acta en cuestión es que tal fedatario manifestó que asistía con dicha representación, pero, ni allí ni en ninguna otra parte del acta, se precisa que haya acreditado dicha representación, y menos el objeto de la misma y las facultades con que en su caso contara, y tampoco se hace constar que se agregue algún documento con este objeto al apéndice del acta, ni consta alguno con esas características. Esto, desde luego, sin perjuicio de que, aun en el caso de que hubiera actuado a través del supuesto representante, en los estatutos no hay ninguna previsión en el sentido de que con este hecho se pudieran convalidar las irregularidades contenidas en la convocatoria o en otras fases del procedimiento.

Finalmente, en el quinto y último agravio de la apelación se aduce la violación de las garantías de seguridad jurídica y congruencia en las resoluciones jurídico-electorales ciudadanas, y de fundamentación y motivación, esencialmente porque no se examinaron por la autoridad responsable los razonamientos en que se apoyó la solicitud de registro multicitada.

El argumento es inatendible, porque si bien es cierto que la autoridad responsable se concretó a negar lo solicitado porque la documentación que se le exhibió no está apegada a los estatutos del partido, sin exponer nada sobre la pretendida nulidad de pleno derecho de los estatutos, que se invoca con el único propósito de demostrar la validez de la asamblea celebrada, también es cierto que la consecuencia de esa omisión sólo conduce a que este Tribunal la examinara con plenitud de jurisdicción, lo cual ya se ha hecho en las consideraciones precedentes, con el resultado de que no le asiste la razón a los solicitantes.

Consecuentemente debe confirmarse la resolución apelada.

Por lo expuesto y fundado, se resuelve:

ÚNICO. Se confirma la resolución contenida en el oficio DEPPP/DPPF/2123/99, de ocho de diciembre de mil novecientos noventa y nueve, suscrita por el Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partido Políticos del Instituto Federal Electoral.

En su oportunidad, archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido.

Notifíquese, personalmente a Miguel Angel Garza Vázquez, en Avenida Insurgentes Sur número 953, Despacho 112, Colonia Nápoles, de esta ciudad; personalmente al tercero interesado, Partido Verde Ecologista de México, en la calle Medicina número 74, Colonia Copilco Universidad, Delegación Coyoacán, de esta ciudad; y por oficio a la autoridad responsable.

Así se resolvió por unanimidad de votos de los señores Magistrados José Luis de la Peza, Leonel Castillo González, Eloy Fuentes Cerda, Alfonsina Berta Navarro Hidalgo, José Fernando Ojesto Martínez Porcayo, José de Jesús Orozco Henríquez y Mauro Miguel Reyes Zapata, siendo ponente el segundo de los nombrados, quienes integran la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ante el Secretario General de Acuerdos, que autoriza y da fe. CONSTE.

 

PRESIDENTE DE LA SALA SUPERIOR

MAGISTRADO

 

JOSE LUIS DE LA PEZA MUÑOZ CANO

MAGISTRADO

 

LEONEL CASTILLO GONZALEZ

MAGISTRADO

 

ELOY FUENTES CERDA

MAGISTRADA

 

ALFONSINA BERTA NAVARRO HIDALGO

MAGISTRADO

 

JOSE FERNANDO OJESTO MARTINEZ PORCAYO

MAGISTRADO

 

JOSE DE JESUS OROZCO HENRIQUEZ

MAGISTRADO

 

MAURO MIGUEL REYES ZAPATA

SECRETARIO GENERAL

 

FLAVIO GALVAN RIVERA