JUICIOS DE REVISIÓN CONSTITUCIONAL ELECTORAL.

EXPEDIENTES: SUP-JRC-036/2000 Y SUP-JRC-038/2000, ACUMULADOS.

ACTORES: PARTIDOS REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, ACCIÓN NACIONAL, DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, DEL TRABAJO, VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO, CONVERGENCIA POR LA DEMOCRACIA, DE CENTRO DEMOCRÁTICO, DE LA SOCIEDAD NACIONALISTA, ASÍ COMO EL PARTIDO ALIANZA SOCIAL.

AUTORIDAD RESPONSABLE: SALA "B" DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE CHIAPAS.

MAGISTRADA PONENTE: ALFONSINA BERTA NAVARRO HIDALGO.

SECRETARIO: ANTONIO VALDIVIA HERNÁNDEZ.

México, Distrito Federal, cinco de abril del dos mil.

VISTOS para resolver los autos de los juicios de revisión constitucional electoral SUP-JRC-036/2000 y SUP-JRC-038/2000, promovidos, el primero, por el Partido Revolucionario Institucional, y el segundo, por los Partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática, del Trabajo, Verde Ecologista de México, Convergencia por la Democracia, de Centro Democrático, de la Sociedad Nacionalista, así como el Partido Alianza Social, contra la resolución dictada el once de marzo del presente año, por la Sala "B" del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, relativa a los recursos de revisión acumulados identificados con las claves TEE/REV/008-"B"/2000 y TEE/REV/009-"A"/2000, interpuestos por los propios partidos políticos actores; y,

R E S U L T A N D O :

I. En sesión ordinaria celebrada el veintinueve de febrero del año en curso, el Consejo Estatal Electoral de Chiapas emitió un acuerdo, mediante el cual sancionó las propuestas de nombramientos de Consejeros Ciudadanos, Presidentes y Secretarios Técnicos, para la integración de los Consejos Distritales Electorales en dicha Entidad Federativa.

II. En desacuerdo con parte de la anterior determinación, el dos de marzo del año que corre, los Partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática, del Trabajo, Verde Ecologista de México, Convergencia por la Democracia, de Centro Democrático, de la Sociedad Nacionalista, así como el Partido Alianza Social, por conducto de sus representantes, interpusieron recurso de revisión, el cual fue registrado con el número de expediente TEE/REV/008-"B"/2000. A su vez, el Partido Revolucionario Institucional, similarmente inconforme con parte del contenido de ese acuerdo, a través de su representante, interpuso diverso recurso de revisión, correspondiéndole la nomenclatura TEE/REV/009-"A"/2000; que la autoridad ahora responsable acumuló al primero, por considerar que existía conexidad en la causa.

III. Mediante resolución de once de marzo del año que transcurre, la Sala "B" del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, resolvió los mencionados recursos de revisión; resolución cuyas partes considerativa y resolutiva en lo conducente, son del tenor siguiente:

"VII. Por razón de método, se procederá en principio de análisis de los conceptos de violación que a título de agravios hacen valer los Partidos Políticos Acción Nacional, de la Revolución Democrática, del Trabajo, Verde Ecologista de México, Convergencia por la Democracia, de Centro Democrático, de la Sociedad Nacionalista y Alianza Social, enumerados como primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y séptimo, reservándose para el final, el marcado como sexto para ser estudiado conjuntamente con los conceptos de violación que como agravios hace valer el Partido Revolucionario Institucional, por la estrecha vinculación que guardan entre sí.

En cuanto al primero de los conceptos de violación esgrimido por los quejosos, cabe destacar que no se trata propiamente de la expresión de un agravio, pues únicamente se contrae a la simple alusión de una violación por parte de la responsable de los principios de imparcialidad, profesionalismo e independencia como rectores de la función electoral, sobre la base de un incumplimiento con el procedimiento establecido por la ley para la designación de Consejeros Ciudadanos, Presidentes y Secretarios Técnicos, pero sin controvertirse en qué consiste esa afectación a sus intereses.

Sin embargo, en consideración de los hechos deducidos de la demanda con respecto a la violación de los principios de la función electoral, el estudio se abordará globalmente con los restantes agravios por la estrecha vinculación que con estos guarda.

Por otra parte, es preciso destacar conforme a la argumentación de los inconformes, que el interés jurídico de los recurrentes en este negocio no está sujeto a discusión, por el contrario en el considerando II, inciso c), de esta resolución se encuentra plenamente reconocida la existencia de ese derecho.

VIII. El segundo de los conceptos de violación que vierten los inconformes en alusión a la inobservancia de lo previsto en los artículos 114, 116 y 127 del código electoral, gira en torno a que la autoridad responsable no tomó en cuenta la doble lista consensada por la mayoría de los partidos políticos respecto de las propuestas para Presidente y Secretario por un lado y para Consejeros por el otro, para la integración de los Consejos Distritales Electorales, o sea, la que se alega hicieron los partidos recurrentes en la forma requerida por la ley, argumentándose que el Presidente del órgano electoral se limitó a presentar un listado con la propuesta de los diversos partidos políticos incluidos aquellos que no cumplieron con lo estipulado en el acuerdo de fecha ocho de febrero que estableció como fecha límite para proponer la del diecinueve de febrero del dos mil, que fue la que se circuló el día de la sesión, que según expresión de los recurrentes, fue elaborada únicamente con el aval del Partido Revolucionario Institucional, mas no con la consulta de los demás partidos políticos; manifestando a la vez que en ningún momento del procedimiento se dio, con la Secretaría Técnica, la previa consulta hacia los partidos políticos y que únicamente conocieron de la lista final al momento de circular la convocatoria para la sesión del veintinueve de febrero del presente año, y además, que en forma indebida el Consejo Estatal Electoral designó para los cargos de Presidente y Secretario Técnico a ciudadanos que fueron propuestos como Consejeros, contrariando el contenido del artículo 129 del código de la materia.

Resulta infundado el agravio expuesto por las siguientes razones:

El artículo 127 del código electoral dispone textualmente: "Los Consejos Distritales y Municipales Electorales, funcionarán durante los procesos electorales, residirán en cada una de las cabeceras de Distrito y Municipios y se integrarán a más tardar el último día del mes de febrero del año de la elección, de la manera siguiente:

I. Por cinco Consejeros Ciudadanos propietarios y tres suplentes comunes con voz y voto designados por el Consejo Estatal Electoral, a propuesta de los partidos políticos, tomando en cuenta la opinión del Presidente del Consejo; al efecto, este presentará a la consideración del Consejo Estatal Electoral, una lista con el doble de los miembros necesarios para cada Consejo Distrital o Municipal Electoral, de esta lista se elegirá a propietarios y suplentes, por el voto de las dos terceras partes de los miembros del Consejo Estatal Electoral presentes;

II. Por un Presidente con voz y voto y un Secretario Técnico solo con voz designados por el Consejo Estatal Electoral mediante el voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes, conforme a la propuesta del doble requerido que presenten los partidos políticos, tomando en cuenta la opinión del Presidente del Consejo. En caso de no obtenerse dicha votación la designación se hará por insaculación de entre las personas propuestas..."

En armonía con el texto del dispositivo transcrito, el artículo 114 del código electoral previene:

"Son facultades del Presidente del Consejo Estatal Electoral:

...

VIII. Proponer al Consejo Estatal Electoral el nombramiento de Consejeros Ciudadanos y para los cargos de Presidente y Secretario de los Consejos Distritales y Municipales Electorales, tomando en cuenta la opinión de los partidos políticos;..."

El numeral 116 del invocado código electoral establece:

"Corresponde al Secretario Técnico:

...

XII. Elaborar las propuestas de Ciudadanos para los cargos de Presidente y Secretario de los Consejos Distritales y Municipales Electorales, así como de los Consejeros Ciudadanos, previa consulta con las organizaciones sociales, partidos políticos y colegios de profesionistas;..."

Ahora bien, el documento que corre agregado a fojas 145 a la 168 de los autos, que en apoyo de su informe remitió la responsable, ilustra acerca del concentrado de las propuestas presentadas por los partidos políticos recurrentes al igual que el Revolucionario Institucional y los restantes registrados en el Consejo Estatal Electoral, acerca de las personas que consideraron idóneas para los cargos de Consejero Ciudadano, Presidente y Secretario Técnico de los veinticuatro Consejos Distritales.

Visible a fojas de la 224 a la 227 del sumario, aparece la documental consistente en copias certificadas del acuerdo donde se aprueba el procedimiento para la integración de los Consejos Distritales Electorales y del acuerdo tomado por el Pleno del Consejo Estatal Electoral, complementada con la documental visible a fojas de la 298 a la 302, relativa al acuerdo de fecha veintinueve de febrero de este año, mediante la cual se sanciona la propuesta de los nombramientos de Consejeros Ciudadanos y Secretarios Técnicos para la integración de los Consejos Distritales Electorales, el cual además informa en detalle dentro de sus antecedentes de la forma en que conjuntamente los partidos establecieron los tiempos y las formas para la integración de los Consejos Distritales, destacándose lo que a continuación se transcribe:

"...Los partidos políticos, el Secretario Técnico, el Director de Organización Electoral y la Comisión de Organización se reunirán a partir del día nueve al quince de febrero para analizar la posibilidad o no, de ratificar a cada uno de los ex-integrantes de los Consejos Distritales...

Las vacantes que quedarán serán ocupadas por las propuestas que los partidos políticos presenten del dieciséis al diecinueve de febrero; mismas que serán analizadas a partir del día veintiuno del mismo mes.

Las propuestas que lleguen vía convocatoria deberán ser presentadas a los partidos políticos para que en caso de existir vacantes, renuncias o no aceptaciones; de este banco de recursos humanos puedan ser tomadas por consensos.

Que con igual fin, la mayoría de los representantes de los partidos políticos para cumplir con los procesos y plazo de éstos, acordaron procedimientos para cada uno, mismo que fue sancionado por el Pleno y que consistió en:

Procedimiento para la designación por ratificación de ciudadanos que fueron integrantes los Consejos Distritales Electorales en mil novecientos noventa y ocho.

1. La Secretaría Técnica realizará una depuración de las listas de Consejos Distritales que fungieron en el proceso electoral de mil novecientos noventa y ocho, con los criterios acordados por los partidos políticos y la misma Secretaría.

2. Análisis in situ, por la Comisión de Organización, de los integrantes de los Consejos Distritales que de las listas depuradas, pueden ser sujetos a ratificación, para conocer la disponibilidad de éstos para asumir sus encargos; y determinar así la cantidad de ciudadanos necesarios para suplir las vacantes, que haya en cada Consejo Distrital, teniendo como objetivo obtener:

A) Lista de ciudadanos que ya no cumplen requisitos legales.

B) Renuncia firmada de los ciudadanos que motu proprio manifestaron no querer participar en el proceso.

C) Carta de aceptación de aquellos que manifestaron su deseo de participar.

3. Alcanzar el consenso por los partidos políticos en lo particular, de los aspirantes para Presidentes, Secretarios Técnicos y Consejeros Ciudadanos de los Consejos Distritales que mantienen el estatus jurídico, de conformidad a lo establecido en el artículo 127 del Código Electoral del Estado.

4. La Secretaría Técnica solicitará a los representantes de los partidos políticos, que hagan propuestas de ciudadanos para ocupar los cargos de las vacantes existentes en los Consejos Distritales.

La determinación de vacantes se llevará a cabo bajo el siguiente procedimiento.

1. La Secretaría Técnica con la información antes mencionada determinará la cantidad de propuestas a solicitar a los partidos políticos, para que éstos señalen a los ciudadanos para ocupar los cargos vacantes de Consejero, Presidente y Secretario Técnico de los Consejos Distritales.

2. Recibidas las propuestas para suplir vacantes la Secretaría Técnica las circulará entre todos los partidos para revisarlas en reunión con los representantes de partidos para su conocimiento y posibles inconformidades.

3. Recibidas las propuestas deberán darse a conocer y consensuar por los partidos en reunión de trabajo con éstos donde ratifiquen sus propuestas acordadas.

4. Con las propuestas que se acuerden por los partidos políticos, la Secretaría Técnica con sujeción a lo dispuesto en los artículos 127 fracciones I y II y 116 fracción XII, deberá integrar las listas de propuestas para suplir a los Consejeros faltantes, así como para los cargos de Presidente y Secretario Técnico de los Consejos Distritales, poniéndola a disposición del Presidente del Consejo quien emitirá su opinión y la someterá a consideración y aprobación del Pleno.

a) Quienes vayan a ser designados Presidente y Secretario Técnico de los Consejos Distritales deberán cumplir además de los requisitos de estudios de nivel profesional o su equivalente, tener conocimientos en materia electoral (artículo 108, fracción I). Por lo que aquellos que fueron designados en mil novecientos noventa y ocho podrán ser considerados pues cuentan con los conocimientos y experiencias en materia electoral.

b) Cada partido deberá integrar sus propuestas para los cargos antes mencionados, con personas que reúnan los requisitos de ley.

4. (sic) Agotado el presente procedimiento se aplicará lo previsto en la convocatoria, con la cual la Secretaría Técnica atendiendo a los candidatos consensuados por los partidos, completará las listas que en el doble número requerido, serán elaboradas para entregar al presidente.

5. (sic) En caso de no obtenerse la votación requerida en la fracción II del artículo 127 del código electoral, el Pleno procederá a la insaculación establecida en este mismo artículo.

Procedimiento que se aplicará en la selección y reclutamiento por convocatoria.

1. El Consejo Estatal Electoral dará difusión a la convocatoria en cada uno de los veinticuatro Distritos Electorales, para convocar a los ciudadanos que previo cumplimiento de los requisitos de ley, deseen participar en el proceso electoral como integrantes de los Consejos.

2. Las solicitudes serán sujetas a un procedimiento de selección a cargo de la Secretaría Técnica en términos del artículo 116, fracción XII, donde invariablemente los aspirantes deberán cubrir todos y cada uno de los requisitos señalados en los artículos 108, 127, párrafo segundo (con excepción de la fracción VII del artículo 108 para quienes sean Consejeros Ciudadanos) y 129.

3. La Secretaría Técnica con el apoyo de la Comisión de Organización, será la encargada de aplicar el procedimiento de evaluación de candidatos a integrantes de los Consejos.

4. Una vez validados, la Secretaría Técnica entregará las listas, con sus respectivos expedientes a los partidos políticos, para su análisis y consideración en su caso, dentro de las propuestas para suplir vacantes.

5. La Comisión de Organización deberá elaborar una respuesta a todas y cada una de las solicitudes, donde claramente determine la situación del ciudadano solicitante, sea esta aprobatoria o denegatoria..."

Del acuerdo de fecha veintinueve de febrero del presente año, a que se viene haciendo referencia y motiva el acto reclamado, se desprende el voto unánime de los Consejeros Ciudadanos del Consejo Estatal Electoral mediante el cual se sancionan las propuestas de nombramientos de Consejeros Ciudadanos y para los cargos de Presidente y Secretario Técnico, que para la integración de los Consejos Distritales Electorales presentó el Presidente de ese órgano electoral, de cuya lectura se desprende la cita de los razonamientos o motivaciones y fundamentación legal que se estimaron adecuados al caso de la reelección de Consejeros Ciudadanos, así como ratificaciones de Presidentes y Secretarios Técnicos y las nuevas designaciones para uno y otro cargo en los veinticuatro Consejos Distritales, según anexos uno, dos y tres, respectivamente, que pasaron a formar parte de ese acuerdo y que en autos aparecen visible a fojas de la 193 a la 204, mismo que, sustentándolo en los puntos del acuerdo transcrito con antelación, puntualiza literalmente en su parte considerativa lo siguiente:

"...Que en su conjunto dicho procedimiento se refiere específicamente a las formas, tiempos y modos de proponer ciudadanos idóneos para integrar los Consejos Distritales Electorales, el cual se encuentra sustentando por el consenso mayoritario e (sic) los partidos políticos y de los Consejeros Electorales, por tanto se trata de un acuerdo de cumplimiento de la función del Consejo Estatal Electoral en aras de integrar debidamente los Consejos Distritales a más tardar el día último de febrero, acorde con lo dispuesto por el artículo 127 del Código Electoral del Estado; el citado acuerdo establece las bases para llegar a un fin, que es el de proponer ciudadanos que cumplan con los requisitos de ley para integrar lo (sic) veinticuatro Consejos Distritales Electorales que fungirán durante el proceso electoral del año dos mil.

Que atentos al desenvolvimiento de las actividades ya apuntadas, la Secretaría Técnica no pudo realizar la depuración de las listas de los Consejos Distritales que fungieron en el proceso electoral de mil novecientos noventa y ocho, ya que los representantes de partidos políticos no lograron acordar los criterios con la misma. Por lo que no se cumplió con el procedimiento de designación por ratificación.

Que en consecuencia, la Secretaría Técnica tuvo que solicitar a los partidos políticos la presentación de propuestas omitiendo la depuración del listado de los Consejos Distritales que fungieron en el proceso electoral de mil novecientos noventa y ocho. Asimismo, convocó para que a partir del día veintidós de febrero se iniciaran los trabajos de análisis conjunto para alcanzar el consenso por los partidos políticos en lo particular, de los aspirantes para Presidentes, Secretarios Técnicos y Consejeros Ciudadanos de los Consejos Distritales que cumplen el estatus jurídico, de conformidad a lo establecido en el artículo 108 del Código Electoral del Estado.

Que en uso de las atribuciones y responsabilidad que les otorga el artículo 127 del código electoral, los partidos políticos hicieron de manera particular sus propuestas de ciudadanos para integrar los Consejos Distritales Electorales, a solicitud de la Secretaría Técnica.

Que la Secretaría Técnica realizó, integro y sistematizó las propuestas y circuló entre todos los representantes de los partidos políticos los listados, conteniendo el concentrado de ciudadanos propuestos como candidatos para ocupar los cargos en los veinticuatro Consejos Distritales Electorales, presentadas por los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática, del Trabajo, Verde Ecologista de México, de Centro Democrático, Convergencia por la Democracia, de la Sociedad Nacionalista y Alianza Social.

Que la Secretaría Técnica convocó a reunión de trabajo con el Secretario Técnico, el Director de Organización Electoral y la Comisión de Organización, a todos los representantes de los partidos políticos con registro y reconocimiento ante el Consejo; donde, con la ausencia del representante del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, se procedió a la búsqueda de consensos, siendo abandonada la mesa de trabajo por los representantes de los Partidos Revolucionario Institucional, Frente Cívico y Democracia Social, manifestando que no estaban de acuerdo con la posición adoptada por los otros partidos y por convenir así a sus intereses.

Que los Partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática, del Trabajo, Verde Ecologista de México, de Centro Democrático, Convergencia por la Democracia, de la Sociedad Nacionalista y Alianza Social, convinieron realizar los trabajos de presentar propuestas con el consenso de dichos partidos, acordando para el análisis del listado de propuestas para los veinticuatro Consejos Distritales, la siguiente mecánica de trabajo:

1) Quienes hayan repetido en el mismo cargo y en el mismo Consejo Distrital en mil novecientos noventa y cinco y mil novecientos noventa y ocho están inhabilitados para ocupar ese cargo por haber cumplido con sus dos procesos electorales.

2) Aquellos ciudadanos que fueron designados en mil novecientos noventa y ocho como integrantes de los Consejos Distritales Electorales, serán susceptibles de ser ratificados en caso de estar en listas de propuestas de los partidos.

3) Se someterá a revisión con base en los criterios anteriores a las personas que según el listado de propuestas presentadas por los partidos, se encuentren en estos supuestos..."

Y en cuanto a su fundamentación legal y propositiva para su motivación lo que a continuación se transcribe:

"...Que con los criterios arriba señalados los Partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática, del Trabajo, Verde Ecologista de México, de Centro Democrático, Convergencia por la Democracia, de la Sociedad Nacionalista y Alianza Social, acordaron y presentaron en conjunto propuestas para integrar las listas con el doble del número requerido de candidatos para Consejeros Ciudadanos, así como para los cargos de Presidente y Secretario Técnico de los veinticuatro Consejos Distritales, poniéndola a disposición del Presidente del Consejo para que éste emita su opinión sobre las mismas y la someterá a consideración y aprobación del Pleno para que estos designen a quienes cuenten con la condición de idoneidad que la ley señala.

Con los listados de propuestas presentados por los ocho partidos antes citados, la Comisión de Organización procedió a realizar la revisión de los expedientes presentados para comprobar el cumplimiento de requisitos de ley, que de acuerdo al procedimiento señalado en los incisos a) y b) del punto 4 del procedimiento antes citado. Teniendo presente que la doctrina concibe la calidad de elegible a la persona que reúne los requisitos exigidos para ser elegido para algún cargo o comisión, en nuestro caso los previstos por los numerales 108, 127, párrafo segundo y 129, párrafo segundo.

Que atentos a lo señalado por la ley de la materia, la Comisión de Organización procedió a verificar el cumplimiento de los requisitos de elegibilidad que establece el artículo 108, de los cuales son de privilegiar en esta etapa del proceso los previstos en sus fracciones I a la VI y VIII del ordenamiento en comento, ya que aquellos solicitados por las fracciones IX y X son condiciones que se presumen y que el ciudadano no debe demostrar, sino aquél que sostenga criterio en contrario.

Que el Presidente del Consejo, en uso de las atribuciones que la ley le otorga, procedió a la revisión de las propuestas presentadas en conjunto por los Partidos Políticos Acción Nacional, de la Revolución Democrática, del Trabajo, Verde Ecologista de México, de Centro Democrático, Convergencia por la Democracia y de la Sociedad Nacionalista, para los veinticuatro Consejos Distritales Electorales, de las cuales las correspondientes a los distritos I, II y III fueron apoyadas por Alianza Social; y por éste y el Auténtico de la Revolución Mexicana en los casos de los Distritos VI al XI.

Que de una interpretación literal y sistemática del procedimiento previsto por la fracción I, del artículo 127, del Código Electoral del Estado, la designación de Consejeros Ciudadanos para integrar los Consejos Distritales Electorales, deberá cumplir con los requisitos del procedimiento siguiente: I. El ciudadano a designar, provenga de una propuesta hecho por algún partido político con registro o acreditación ante el Consejo; II. Que dicha propuesta forme parte de las listas que la Secretaría Técnica elabora para conocimiento y opinión del Presidente del Consejo, de las cuales, seleccionará a quienes en el doble del número requerido, serán propuestos al Pleno para su designación; III. Ser designado por las dos terceras partes de los votos de los Consejeros presentes durante la sesión del Pleno para dicho fin.

Que tratándose de la reelección de ciudadanos que hayan fungido en el cargo de Consejeros Ciudadanos en los Consejos Distritales que actuaron en el proceso electoral de mil novecientos noventa y ocho, éstos deben cubrir los mismos requisitos de procedimiento para ser susceptibles de ser designados por esta vía, a saber: Ser propuesta de un partido, formar parte de las listas que revisó y presentó el Presidente ante el Pleno, y ser designado por las dos terceras partes de los votos de los miembros presentes del Pleno en la sesión respectiva.

Que en ese mismo contexto, el procedimiento que deben cubrir los ciudadanos que sean designados para los cargos de Presidente y Secretario Técnico de los Consejeros Distritales, abarcará desde la propuesta de un partido político, la opinión del Presidente del Consejo y la inclusión dentro de las listas que en el doble del número necesario presente éste al Pleno; y su designación por las dos terceras partes de los votos de los Consejeros presentes, o de no darse éste mediante el proceso de insaculación.

Que asimismo, por lo que hace a la ratificación en su cargo de los ciudadanos que hayan fungido como Presidente o Secretario Técnico de los Consejos Distritales durante el proceso electoral de mil novecientos noventa y ocho, la misma se da en estricto apego a lo previsto por el artículo 129 del Código Electoral del Estado, mediante la designación por la votación de las dos terceras partes de los Consejeros presentes, por facultad que se le otorga al Pleno por ministerio de ley, sin que sea necesario que dicho ciudadano haya sido propuesto por partido político alguno.

Que en ese orden de ideas, la ratificación es un acto cuya procedibilidad no está sujeta a propuesta alguna de representantes de partidos políticos, ni al consenso de estos, ya que es una facultad que la ley otorga al Consejo como una potestad discrecional, sujeta sólo para que el ciudadano cuente con el estatus jurídico que le otorgue elegibilidad para acceder al cargo.

Que considerando la importancia de garantizar la acreditación de experiencia en materia electoral como requisito para acceder a alguno de los cargos de los Consejos Distritales Electorales, se podrá tomar en cuenta la actuación de los funcionarios en mil novecientos noventa y ocho, como antecedente.

Que con apoyo en lo anterior y con el propósito de no obstaculizar la integración de estos órganos de interés público, que por las condiciones socio-económicas del Estado, en algunas zonas no se cuenta con ciudadanos que cumplan con los requisitos académicos, se consideraron aquellos con mayor nivel educativo y experiencia electoral.

Que es una atribución del Presidente proponer al Consejo Estatal Electoral el nombramiento de Consejeros Ciudadanos y para los cargos de Presidente y Secretario de los Consejos Distritales Electorales, tomando en cuenta la opinión de los partidos políticos, conforme al procedimiento previsto por los artículos 114, fracción VIII y 127, fracciones I y II, del ordenamiento legal de la materia. Por lo que en consideración a lo anteriormente señalado, el Consejo Estatal Electoral tiene a bien emitir el siguiente

A c u e r d o:

Primero. Que atentos a los (sic) señalado por las fracciones I y II del artículo 127 del Código Electoral del Estado, que otorga la facultad a los partidos políticos de proponer a los ciudadanos candidatos a ocupar los cargos de Consejero Ciudadano, Secretario Técnico y Presidente de los Consejos Distritales, el que se hayan presentado propuestas conjuntas de los partidos ya señalados, no es óbice para desestimar las realizadas por quienes lo hicieron de manera individual.

Segundo. Que en consideración a lo señalado en el resolutivo anterior, para contar con los listados (sic) con el doble del número (sic) señalado que nos mandatan las fracciones I y II del numeral invocado, son de tomarse en cuenta los ciudadanos, que analizadas las listas de propuestas presentadas por los partidos políticos, conforme a lo previsto por la ley, son idóneos por tener demostrados los requisitos de elegibilidad señalados por el artículo 108 y demás.

Tercero. Como consecuencia de los acuerdos primero y segundo, se aprueba la designación de las personas propuestas para Consejeros Ciudadanos propietarios y suplentes de los veinticuatro Consejos Distritales Electorales, con base en la lista presentada por el Presidente del Consejo Estatal Electoral, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 127, fracción I, del Código Electoral del Estado de Chiapas, misma que forma parte de este acuerdo en el anexo número (sic) uno.

Cuatro. Se reeligen como Consejeros Ciudadanos propietarios y suplentes de los Consejeros Electorales de los Distritos: II, III, IV, V, VI, VIII, IX, X, XI, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII y XXIV, a los ciudadanos que fungieron durante el proceso electoral de mil novecientos noventa y ocho, en los términos y forma establecidos en el anexo número (sic) dos, que es parte integrante de este acuerdo, como si a la letra se insertase.

Quinto. Se designan Presidente y Secretario Técnico de los Consejos Electorales de los Distritos II, III, IV, VI, XV, XVI, y XXII; así como Presidente de los Distritos XI, XV, XVIII y XXIV, con base en la lista presentada por el Presidente del Consejo Estatal Electoral, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 127, fracción II, del Código Electoral del Estado de Chiapas, misma que forma parte de este acuerdo en el anexo número tres..."

Ahora bien, acorde a lo preceptuado por los artículos 16, relacionado con el 37 y 129 del código electoral, los partidos políticos son entidades de interés público conforme a lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la particular del Estado, y en el código de la materia, que tienen entre otros fines compartir con los organismos electorales la responsabilidad del proceso electoral, y como atribuciones, la corresponsabilidad que los citados ordenamientos legales les confieren en su preparación, desarrollo y vigilancia, y otros que les señala el código de la materia, como es la de proponer a Consejeros Ciudadanos, así como Presidente y Secretario Técnico para la conformación de los Consejos Distritales y Municipales que habrán de funcionar durante los procesos electorales correspondientes.

Conforme a lo establecido por los artículos 103, 105 y 113, fracciones I y III, del código electoral, la organización de las elecciones estatales y municipales electorales es una función que se ejerce por los ciudadanos y los partidos políticos a través de un órgano denominado Consejo Estatal Electoral, el cual ejerce sus funciones por medio de los Consejeros Distritales y Municipales Electorales y las mesas directivas de casilla; y como un organismo público, autónomo en su funcionamiento e independiente en sus decisiones tiene a su cargo la preparación, desarrollo, vigilancia y coordinación en toda la Entidad de los procesos electorales, siendo la certeza, legalidad, objetividad, imparcialidad, independencia y profesionalismo principios rectores de esa función; que entre otras de sus atribuciones, está, el dictar las previsiones destinadas a hacer efectivas las disposiciones del código de la materia y cuidar la debida integración de los Consejos Distritales y Municipales Electorales.

Bajo tales premisas legales, con las pruebas anotadas debidamente adminiculadas entre sí, partiendo de una interpretación sistemática y gramatical de los artículos 114, fracción VIII, 116, fracción XII y 127, fracciones I y II, del código electoral, nos permite establecer que en la especie, contrario a las argumentaciones vertidas por los inconformes, el órgano emisor del acto reclamado observó cabalmente el procedimiento contemplado por la ley de la materia en cuanto a la elección de Consejeros Ciudadanos y designación de Presidentes y Secretarios Técnicos, adoptando en algunos casos la vía de la reelección y ratificación correspondiente a cada uno de esos cargos y en otros, el de una nueva designación en los que así lo ameritaba, pues se advierte del acuerdo de fecha veintinueve de febrero del presente año a que nos hemos referido y que contiene la propuesta del Presidente de ese organismo, adminiculado con el documento que obra a fojas 145 a la 168 de los autos, relativa al concentrado de las propuestas que hicieron los diversos partidos políticos, que los inconformes hicieron uso de su derecho de presentar su propuesta con el doble de personas que consideraron elegibles para el cargo de Consejeros Ciudadanos, y de igual forma presentaron la propuesta para las designaciones de Presidentes y Secretarios Técnicos para la integración de los veinticuatro Consejos Distritales Electorales que, en términos del artículo 12 del código electoral se divide nuestra Entidad y que funcionarán durante el proceso electoral para la elección de Gobernador, cuyas propuestas al igual que las presentadas por los demás partidos políticos registrados, sirvieron de base al Presidente de ese órgano electoral para presentar a la consideración del Consejo Estatal Electoral en primera instancia una lista con el doble de los miembros necesarios para unos y otros cargos, y de ellos finalmente, la lista para elegir en su caso a Consejeros Ciudadanos y designar en otros a Presidentes o Secretarios Técnicos en aquellos que no fue procedente la reelección o ratificación respectiva, por cuyo medio de selección según se advierte del texto del acuerdo de fecha veintinueve de febrero de este año, se inclinaron unánimemente los Consejeros Ciudadanos del Organismo Electoral en aras de privilegiar la experiencia y profesionalismo de quienes se desempeñaron en procesos electorales anteriores, al no existir prueba en contrario de alguna circunstancia que afectara la calidad de esas personas para su reelección o ratificación; sin que se hiciera necesario como lo aducen los quejosos, que en la sesión del citado veintinueve de febrero, se circularan las propuestas presentadas por los partidos, tanto por no existir disposición alguna en el código de la materia en ese sentido, como porque la propia ley electoral en su artículo 127, fracciones I y II, únicamente se contrae en señalar la obligación del Presidente de presentar una lista con su opinión del doble de los miembros necesarios que se proponen para elegir a Consejeros Ciudadanos y Presidentes y Secretarios Técnicos, cuyo procedimiento en la especie se observó.

Por otra parte, es inexacto lo afirmado por los recurrentes en el sentido de que la Secretaría Técnica incumplió con el formalismo de la previa consulta con las organizaciones sociales, partidos políticos y colegios de profesionistas para elaborar las propuestas de ciudadanos para los cargos de Presidente y Secretario Técnico de los Consejos Distritales, así como de los Consejeros Ciudadanos, toda vez que, es de conceptuarse que tal requisito se cumple a plenitud con la convocatoria emitida para ese efecto, visible a foja 366 de los autos, cuyo texto denota la invitación a esa consulta y su mecanismo para pronunciarse, y su resultado final, al haberse tomado en cuenta al elaborar el Secretario Técnico, como lo establece el artículo 116, fracción XII, del código electoral, las propuestas respectivas para la integración de los Consejos Distritales, como lo revela el acuerdo de fecha veintinueve de febrero transcrito en este considerando, por lo que hace a sus labores de coordinación y depuración que le corresponde y satisfizo con su evidente participación.

Por último, es inatendible lo alegado por los quejosos acerca de que se nombraron indebidamente como Presidentes y Secretarios Técnicos a personas que fueron propuestas para Consejeros, supuesto que se abstiene de realizar el señalamiento respectivo, de los casos en los que a su juicio ocurrió tal evento, colocándonos en la imposibilidad material de su identificación pues es inconcuso que esa carga procesal corresponde a los quejosos, y no este Tribunal buscar la existencia de esa supuesta anomalía.

Consecuente con lo expuesto, al estar evidenciado que la responsable acató los lineamientos previstos en la ley de la materia en relación al procedimiento que se cuestiona, para la elección y designación de Consejeros Ciudadanos, así como para Presidente y Secretario Técnico respectivamente, cubriendo con ello el requisito de legalidad de tal proceder, debe declararse como se dijo, infundado el agravio en estudio sin que ello implique prejuzgar por ahora acerca de la elegibilidad de los ciudadanos propuestos; que será materia de estudio en el agravio correspondiente.

IX. Se argumenta como agravio en el tercer concepto de violación que una gran parte de las propuestas presentadas por el Presidente y aprobada por los Consejeros Ciudadanos, adolece de la falta de consenso de la mayoría de los partidos políticos con representación en el Consejo Estatal Electoral como lo establece la fracción X del artículo 108, sobre los requisitos de idoneidad para el cargo de Consejeros y al que se remiten los artículos 128 y 129 del Código Electoral del Estado; aduciéndose que siendo doce los partidos que actualmente gozan con registro o reconocimiento, el consenso mayoritario se obtiene con la expresión de voluntad de por lo menos siete de ellos, de los que un total de ocho en la sesión del veintinueve de febrero de este año presentaron por escrito y manifestaron que se asentara en acta el retiro de ese consenso y aval con respecto de las personas que se enlistan en ese apartado del agravio.

De la síntesis anterior, es necesario analizar a detalle si dicho acto es o no violatorio del texto de los artículos que se estiman vulnerados, para lo cual dividiremos el estudio de la siguiente manera:

Previamente es pertinente puntualizar que, por cuanto del material probatorio que remitió la autoridad responsable en apoyo de su informe circunstanciado, en especial de los anexos marcados con el número seis, visibles a fojas 221 a la 223, que se refieren a las copias certificadas del listado de ciudadanos que resultaron designados para los cargos de Consejeros Ciudadanos de los Consejos Distritales Electorales que participaron en los procesos electorales de mil novecientos noventa y cinco y mil novecientos noventa y ocho, y el marcado con el número nueve, relativo a la copia certificada de la propuesta final presentada por el Presidente del Consejo Estatal Electoral para los cargos de Consejeros Ciudadanos, Presidentes y Secretarios Técnicos, se desprende que las personas impugnadas por los recurrentes mantienen en relación al origen del cargo para el que fueron propuestos un status jurídico diferente, por razón metodológica se hace necesario dividirlas para su estudio en tres grupos, a saber: a) Personas ratificadas para el cargo de Presidente y Secretario Técnico; b) Personas reelectas para Consejeros Ciudadanos; y, c) Personas designadas para este proceso electoral.

Respecto de los primeros, el artículo 129 del código electoral dispone textualmente que para ser Presidente o Secretario Técnico de los Consejos Distritales y Municipales Electorales, se requiere cumplir los requisitos a que se refiere el artículo 108 de ese código, serán designados para un proceso electoral, pudiendo ser ratificados para uno más. De donde se sigue que, tratándose en el caso de los Presidentes y Secretarios Técnicos de una ratificación en el cargo, en modo alguno se hace necesario, como lo pretenden los accionantes, que éstos cuenten con el consenso de la mayoría de los partidos políticos representados en el Consejo Estatal Electoral, a cuyo requisito hace mención la fracción X del artículo 108 de la Ley Electoral del Estado, puesto que, esta figura de confirmación del cargo anterior para un proceso electoral determinado opera por disposición expresa de la misma ley, máxime que el dispositivo legal en cita no precisa ni remite a la observación de alguna formalidad especial para la procedencia de ese acto ratificatorio, lo que hace deducir de una interpretación gramatical de la norma en comento que esa facultad se entiende reservada exclusivamente al órgano emisor del acto reclamado, más aún cuando la exigencia del artículo 129 acerca de satisfacer los requisitos del 108 del Código Electoral del Estado se entiende referida a la designación primaria del cargo en cuestión.

Tocante a los segundos, el artículo 128 del ordenamiento electoral del Estado, establece en la parte que nos interesa que los Consejeros Electorales durarán en su cargo un proceso electoral, pudiendo ser reelectos por uno más, observándose para esto el procedimiento previsto en el artículo anterior. De la transcripción del precepto en cita se desprende que la única remisión ordenada es en relación a la observancia del procedimiento que contempla el numeral 127 de la ley de la materia, en cuanto a la manera en que habrán de integrarse los Consejos Distritales y Municipales Electorales a más tardar el último día del mes de febrero del año de la elección, en lo particular, el señalado en su fracción I, acerca de la presentación a la consideración del Consejo Estatal por su Presidente, de una lista con el doble de los miembros necesarios, de la que se eligen a propietarios y suplentes, por el voto de las dos terceras partes de los miembros del Consejo Estatal Electoral presentes más no a la observancia del artículo 108 de la multicitada ley electoral como equivocadamente sostienen los recurrentes. De lo que es dable considerar que los requisitos a que se refiere tal precepto se refiere se estiman satisfechos con la primaria elección del cargo, amén de que, es importante destacar que los propios recurrentes al suscribir con los demás partidos el documento que obra a fojas 224 a la 226 de los autos, relativo al acuerdo instrumentado para el procedimiento de designación de Consejeros Ciudadanos, dentro de lo cual se previno la de reelección de ciudadanos consejeros propietarios y suplentes, trae implícito el consenso para que el titular de la responsable conforme a sus atribuciones, privilegiando la experiencia, adoptara ese medio de elección en la propuesta presentada al seno del Consejo Estatal Electoral para su aprobación en los términos de ley.

Con respecto a los señalados en el inciso c) se cuestiona al igual que los anteriores casos, la falta de consenso de la mayoría de los partidos políticos registrados ante el Consejo Estatal Electoral para la designación y/o elección de que fueran objeto las personas impugnadas para los veinticuatro Distritos Electorales que funcionarán en la elección de gobernador que tendrá lugar en este año.

Sobre el particular cabe destacar que si bien es verdad que en lo relativo a la ratificación de los Presidentes y Secretarios Técnicos y reelección de Consejeros Ciudadanos de los Consejos Distritales, el Consejo Estatal Electoral ajustó su proceder a derecho, puesto que como correctamente lo sostiene la responsable, la ratificación y la reelección es una facultad reservada a dicho Consejo, sin que deba de recabarse el consenso mayoritario de los partidos políticos, no sucede lo mismo en lo relativo a las nuevas designaciones de los Consejeros, Presidentes y Secretarios Técnicos; ello es así, si se estima que las consideraciones que rigen las ratificaciones y las nuevas designaciones no son similares puesto que en tanto para aquellos (ratificaciones o reelecciones), es de sostenerse que en su momento procesal oportuno reunieron los requisitos de legalidad para ocupar tales requisitos y por lo mismo no pueden ahora tenerse por no satisfechos, puesto que en tal evento tendría necesariamente que existir un actuar reputado a esa persona que justificara el hecho del por qué, si fueron idóneos para desempeñar tales cargos en un proceso electoral anterior, no lo sean a la fecha, circunstancia que no se aprecia alegada por los recurrentes si no que únicamente argumentan que retiran el consenso previamente otorgado, lo que de ninguna manera puede considerarse como una circunstancia válida para sostener jurídicamente que en este momento no resultan elegibles.

Ahora bien, es inexacto lo argumentado por la autoridad responsable al señalar que no se violó disposición alguna en el nombramiento de los Presidentes, Secretarios Técnicos y Consejeros Ciudadanos en lo relativo a las nuevas designaciones, porque las propuestas de ciudadanos fueron tomadas de las listas que presentaron los distintos partidos políticos, criterio que no comparte esta Sala, ya que el hecho de que un partido político cualesquiera, haya presentado una propuesta para su designación, no basta para que se tenga por satisfecho el imperativo de la fracción X, del artículo 108 del Código Electoral del Estado de Chiapas, pues de ser así, ello equivaldría afirmar que es suficiente que un partido político proponga a cualquier persona para que se tenga por reunido el consenso de la mayoría de los partidos políticos, lo cual es inexacto, ya que esa propuesta únicamente entraña el consentimiento del partido proponente, más no de los restantes partidos, puesto que para tener el consenso mayoritario es necesario que los demás partidos no se opongan a esa propuesta para que se considere una aceptación tácita, lo que no acontece en la especie, ya que a fojas 274 a la 297 del expediente obran sendos escritos de ocho de los doce partidos políticos con registro en la Entidad, en el que le hicieron saber al Consejo Estatal Electoral antes de la designación, que no eran conformes con que Octavio España Arenas, Manuel Cejas Godinez, Ada Lucía de los Santos García, Víctor Nucamendi Aguilar, Rodolfo Ramos Palacios, Manuel Arturo Zambrano Mundo, Antonio Montero Hernández, Francisco Armando Peimbert, Rodulfo Cervantes Cancino, Hernán Escobar Hernández, Carlos Aguilar de León, Constancio Melchor Cachón, Jorge Luis Espinosa Núñez, César Eduardo Zavaleta Estrada, José Enrique Coronel Reyes, Jorge Alejandro Méndez Constantino, Josué Elí Trujillo Coutiño, Jorge Luis Ordóñez Velásquez, Sandra Luz Espinosa Zepeda, Marco Antonio Jiménez Espinosa, Antonio Guadalupe Aguilar López, Romeo Uriel Trejo Domínguez, Adriana Montiel García, Ariel Orantes Escamilla, Juan José Antonio Torres Flores, Rubén Ortiz Chavarría, Jorge Antonio Domínguez Gordillo, Juan Antonio Osorio Natarén, Mario Antonio Figueroa Zepeda, Harvey Rodríguez Trejo, Jesús Rodolfo Lievano Albores, Matías Morales Hernández, Vianey Rodríguez Solórzano, Octavio Amilcar Pinto Astudillo, Marco Antonio Botello Utrilla, Norma Alicia Lara Martínez, Gilberto Alessio Robles Villatoro, Eduardo Arnaldo Rateike Lezana, Martha E. Santisbon León Gregorio Domínguez, Agustín Peñate López, Isidro Alejandro Centeno Gutiérrez, Luis Fernando Aguilar Palacios, Martha Pastrana López, Félix Días (sic) Zenteno, Marco López Ruíz, Egodio o Evodio Fredy Ruíz Coronel, Armando Martínez Trejo, Luis Flores Bedrán, Eddí Sánchez Trejo, Joel Guerrero Ramírez, Gladis Jiménez García, María Nela Jiménez, Jesús David Pérez López, Roselino Harnández Cortazar, Jorge A. Altamirano Llaven, Oscar Armando Picone Jiménez, Jesús Alberto Mancilla López, José Guillermo Toledo Moguel, Antonio Maza Serrano, Marcos Solís Toledo, Yamin Tego Nasser, José Del Carmen Gutiérrez Ovando, Juan Carlos Ambrosio Reyes, Gregorio Martínez Moreno, Otilia Breverman Macías, Marbella Rojas Zúñiga, Héctor Manuel Rivera García, Ana Virginia Rodas Guillén, Ulises Trejo Arrázate, Juan de Dios Domínguez Molina, Efraín Matus Saldaña, Oscar Francisco Guillén Alfaro, Marco Antonio Guzmán Coronado, Judith Briones de León, Juan de Jesús León Pineda, Germán Zunum Guzmán, Juan Manuel Zardain Borbolla, Héctor Domínguez Espinoza, Armando Sumuano García, Helene Margarita Pundt Peters, Álvaro Monzón Gutiérrez, Alfredo Ruiz Hernández, Primitivo Aybar Lobato, Concepción Vilches Reyes, Edy Francisco López Díaz, Virginia Hernández López, María de los Angeles Robles Cruz, Artemio Hernández Gordillo, Oscar Gilberto Gordillo Alfonso, Marco Antonio Guillén Palacios, José Salomón Hernández Álvarez, Sergio Figueroa Romero, Salasiel Rodríguez Morales, Juan Alonzo Cruz López, Dagoberto Ricardo García Cordero, Manuela Ramírez Gordillo, Javier Jiménez Girón, Pedro Jiménez Gómez, Salvador Gómez Hernández, Domingo Jiménez Pathistán, Tomás Gómez Hernández, Manuel González Hernández, Moisés García Molano, Eustaquio Romeo Zuarth Pola, Martha Leticia Jiménez Cáliz, Ofelia Molina Alfaro, Rosa Silvia Tovar Coyoy, Manuela de Jesús Hernández Vargas y Julio Cesár Carlderón Sen, ocuparan los cargos para los que fueron propuestos, consecuentemente dicho Consejo Estatal Electoral se encontraba obligado a considerar que las personas antes citadas (excluyendo desde luego a los ratificados y reelectos) no reunían los requisitos establecidos en el artículo 108, específicamente el contemplado en la fracción X, puesto que no contaban con el consenso de los partidos políticos, entendido este consenso no como la aceptación unánime de todos sino como una voluntad mayoritaria que es la que se trata de privilegiar en todo caso, ya que al afirmar lo contrario, estaríamos transgrediendo las disposiciones de la norma y obligar a interpretar el artículo 127 en forma aislada sin considerar lo establecido por el 108, pues contra esas propuestas aisladas existe una propuesta conjunta de más del cincuenta por ciento de los partidos políticos en la que se le hace saber al Consejo responsable que las personas citadas anteriormente no cuentan con el consenso de la mayoría absoluta de los partidos políticos con registro o reconocimiento; por otra parte, es de desestimarse el argumento de la responsable al sostener que no puede hablarse en el caso que exista un consenso mayoritario respecto de las propuestas presentadas en razón de que el documento que las contiene únicamente lo suscriben seis partidos políticos como son Acción Nacional, Verde Ecologista de México, de la Sociedad Nacionalista, de Centro Democrático, del Trabajo y Convergencia por la Democracia, lo cual a criterio de los que hoy resolvemos, no es ajustado a derecho puesto que si bien es verdad que ante el Consejo Estatal Electoral existen doce partidos políticos con registro o reconocimiento, es de considerarse que la mayoría absoluta se obtiene cuando siete de esos doce partidos políticos homogenizan sus voluntades pero también no debe perderse de vista que la mayoría a que aluden los partidos políticos disconformes no es la absoluta que pretende hacer valer la autoridad responsable, sino una mayoría relativa que en el caso se dio, ya que si bien es verdad los seis partidos propositores no conforman el cincuenta por ciento más uno, verídico es también que sí son la mayoría y sí deben tomarse como una propuesta mayoritaria, dado que los seis partidos políticos restantes no hicieron una propuesta conjunta, que contrariara frontalmente a la realizada por los aludidos seis partidos políticos (Acción Nacional, Verde Ecologista de México, de la Sociedad Nacionalista, de Centro Democrático, del Trabajo y Convergencia por la Democracia), por lo que no debe tenerse como dos voluntades de igual magnitud encontradas, lo cual hubiera sucedido si frente a la propuesta de los seis partidos propositores mencionados, se hubiese presentado otra propuesta con el mismo número de partidos, lo que no se aprecia acontecido en la especie, de ahí que al no existir ello, es evidente que la propuesta de los seis partidos ya referidos, si es mayoritaria en forma relativa y por ende suficiente para ser considerada como mayoría como lo alegan los partidos recurrentes.

Lo anterior adquiere mayor consistencia si consideramos que existe mayoría relativa, plural o simple cuando corresponde a la mayor cantidad de partidos, sin superar necesariamente la mitad del total de los reconocidos y registrados como tal ante el Consejo Estatal Electoral, pues existe una diferencia entre la mayoría absoluta y la mayoría relativa, consistente en que la primera es la mitad más uno de los componentes de una colectividad, en tanto que la mayoría simple no se establece por el número de componentes del cuerpo, sino de quienes participan en la toma de una decisión; ejemplificando, mayoría simple no debe confundirse con pluralidad de votos, que es el mayor número de votos en un mismo sentido, frente al número de votos o propuestas en sentido opuesto, pues afirmar lo anterior dejaría en claro la extralimitación de atribuciones que pretende adoptar el Consejo Estatal Electoral, vulnerando de manera flagrante las disposiciones que se han citado y los principios constitucionales de certeza, seguridad jurídica y legalidad electoral al pretender ignorar los requisitos de elegibilidad previstos en el contenido del artículo 108 del código de la materia, bajo el argumento falaz de ciudadanización de los órganos electorales, desdeñando incluso, los principios elementales del sistema jurídico mexicano.

Atendiendo a la causa genérica de procedencia del recurso de revisión, es de concluirse que la intención del legislador al establecer el requisito de la fracción X del artículo 108 del ordenamiento legal de la materia, fue que se diera certeza tanto a la ciudadanía como a los propios actores de la contienda electoral (partidos políticos), de que las personas designadas tuvieran la confianza de respetar en todo caso los principios rectores de la función electoral.

El marco jurídico expuesto con antelación muestra diáfanamente lo sustancialmente fundado de los motivos de inconformidad en análisis, consecuentemente lo procedente es revocar tal acuerdo, en lo relativo a las nuevas designaciones realizadas por el Consejo Estatal Electoral, declarándose parcialmente fundados los agravios esgrimidos por los partidos políticos.

X. Se esgrime como agravio en el cuarto concepto de violación, que los Consejeros Ciudadanos pasaron por alto lo establecido en los artículos 128 y 129 del código electoral, en el sentido de reelegir a Consejeros Ciudadanos que fueron designados para el proceso electoral de mil novecientos noventa y cinco, y reelectos para el proceso electoral de mil novecientos noventa y ocho, así como ratificar a Presidentes y Secretarios Técnicos de Consejos Distritales que en el mismo tenor que los consejeros, fueron indebidamente ratificados en sus cargos pues fueron nombrados en el año de mil novecientos noventa y cinco y ratificados para el proceso de mil novecientos noventa y ocho, enlistando a las personas que a juicio de los recurrentes violentan el contenido de tales artículos.

Resultan infundadas las argumentaciones vertidas por los recurrentes por ser inexactas las apreciaciones legales en que se fundan. En efecto, desatienden los inconformes que la elección de Consejeros Ciudadanos en un caso y la designación de Presidente y Secretario Técnico en otros, para integrar los Consejos Distritales que funcionaron durante el proceso electoral de mil novecientos noventa y cinco se acogió a lo regulado en ese aspecto por el código electoral que entró en vigor con fecha siete de mayo de mil novecientos noventa y cinco y que rigió hasta el quince de octubre de mil novecientos noventa y siete, de tal suerte que, jurídicamente no puede hablarse de una reelección por un lado y de una ratificación por otro, respecto de los que se hicieran a favor de los ciudadanos cuestionados para asumir los cargos respectivos en los Consejos Distritales que funcionaron en la elección de mil novecientos noventa y ocho, sino de una continuidad del cargo para el que fueron nombrados al amparo de la ley electoral del siete de mayo de mil novecientos noventa y cinco que a tal efecto señala que los Consejeros Ciudadanos, Presidentes y Secretarios Técnicos de los Consejos Distritales y Municipales durarán en su cargo dos procesos electorales pudiendo ser reelectos o en su caso ratificados por uno más según el caso (artículo 128 y 129 respectivamente del código electoral vigente en esa época), resultando por consecuencia ilegal como infundada la argumentación de los revisionistas, al pretender que dichas elecciones y designaciones de los funcionarios que se desempeñaron en el proceso electoral del año de mil novecientos noventa y cinco, se regulen por la ley electoral que entró en vigor el quince de octubre de mil novecientos noventa y siete; porque con ello se violaría flagrantemente la garantía constitucional plasmada en el artículo 14 de nuestra Carta Magna que reza: "Artículo 14. A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna..."; cuando la vigencia de los nombramientos de dichos funcionarios electorales debe regirse bajo el amparo de la ley que se encontraba vigente al tiempo de su expedición, es decir, debe respetarse su duración que fue de dos procesos; y no como lo argumentan los inconformes al querer la aplicación de la ley electoral del quince de octubre de mil novecientos noventa y siete (...) que reduciría de dos a un proceso electoral la duración de los nombramientos. En este contexto, es perfectamente legal que quienes fungieron en mil novecientos noventa y cinco (...) terminaron su cometido después del proceso electoral de mil novecientos noventa y ocho (...); por lo que para el nuevo proceso de este año dos mil, resultarían reelectos o ratificados en el cargo según se trate de Consejeros Ciudadanos, Presidentes o Secretarios Técnicos; de no existir prueba en contrario, que afecte su elegibilidad máxime que la intención del legislador al prevenir esa forma de continuación en el cargo es la que de aprovechar la experiencia y formación en la materia con miras a la profesionalización de los órganos electorales y dar cabal vigencia a lo establecido en los artículos 112 del código electoral vigente respecto a reglamentar la participación política de los ciudadanos en las distintas etapas de los procesos electorales y su correspondiente obligación de participar activamente en ellas luego entonces, no les depara agravio alguno el proceder del Consejo Estatal Electoral que combaten.

XI. Se aduce como agravio en el quinto concepto de violación, la falta de profesionalismo del Consejo Estatal Electoral al presentar las listas elaboradas con repetición de nombres en dos cargos diferentes, como es el caso del Distrito XIV con cabecera en Cintalapa de Figueroa, en que se designa a Jesús Alberto Mancilla López tanto como Presidente como primer Consejero suplente, o al hablar de designación en lugar de ratificación, como en el caso de Manuel Arturo Zambrano Mundo en el Distrito II de Tuxtla Gutiérrez, o la de distintas vacantes de suplentes como en el caso de los Distritos IV de Venustiano Carranza, VIII de Yajalón, XIV de Cintalapa, XVI de Huixtla y XXII de Chamula.

Sobre el particular, independientemente de que los agravios defectos (sic) alegados en modo alguno podrían acarrear necesariamente la invalidación del acto reclamado, puesto que conforme a lo dispuesto por el artículo 113 de la ley de la materia, el Consejo Estatal Electoral tiene dentro de sus atribuciones contempladas en la fracción II, (sic) la de cuidar la debida integración de los Consejos Distritales y Municipales Electorales, o bien conforme a la fracción X, revocar sus propias resoluciones por motivos de legalidad o de oportunidad, de oficio o a petición de parte, de tal forma que los efectos argumentados podrían ser subsanados, como lo sostiene la responsable y se confirma con los documentos visibles a fojas 199, 193, 194, 196 y 203 de los autos que, tales irregularidades fueron corregidas antes de la sesión de fecha veintinueve de febrero del año en curso, desapareciendo con ello la materia del agravio.

XII. En el último de los agravios contenido en el séptimo concepto de violación, se argumenta como violación sustancial y trascendente, el hecho de la inclusión de personas no contenidas en la doble propuesta.

El agravio en cuestión es infundado por las siguientes razones.

Conforme a uno de los puntos del acuerdo combatido, la autoridad emisora del acto estima fundado tomar en cuenta las propuestas presentadas por los diversos partidos políticos con registro ante el Consejo Estatal Electoral, aún de no haberse ceñido al término que se propuso para la presentación de las mismas, concebible lo anterior a fin de no hacer nugatorio el derecho consignado a favor de aquellos en el artículo 127 del código electoral, porque como lo determina su artículo 1, es de orden público y de observancia obligatoria en el territorio del Estado el dispositivo legal en cita, dado que un acuerdo por más de contener consenso no puede estar por encima de la ley de la materia, en esa tesitura, el Presidente del órgano electoral ajustando sus actos a la normatividad electoral, se pronunció con respecto a las propuestas que se hicieron llegar para presentar a los Consejeros Ciudadanos la lista del doble de los miembros necesarios para designar Consejeros Ciudadanos para cada Consejo Distrital en su caso, y en otro, la propuesta del doble requerido para la designación de Presidentes y Secretarios Técnicos, para su aprobación en ambos casos mediante el voto de las dos terceras partes de los miembros del órgano electoral señalado como responsable, dentro de cuyas propuestas aparecen relacionadas las personas que se cuestionan, al margen de que como refiere la responsable en su informe, algunas ratificaciones efectivamente no provienen de las listas propuestas por los partidos políticos, sino que fueron incluidas conforme al artículo 129 del Código Electoral del Estado.

XIII. Corresponde en ese apartado ocuparnos del agravio planteado por los recurrentes en el concepto de violación marcado como "sexto", cuyo estudio se reservó para ser analizado conjuntamente con el que hace valer el Partido Revolucionario Institucional por la relación que guardan entre sí.

Por una parte, alegan los inconformes que en otros casos de los nombramientos realizados por el Consejo Estatal Electoral cuya relación se inserta en el agravio, se exhibe la falta de estudios a nivel profesional y de experiencia o conocimiento electoral, como requisitos plasmados en la fracción I del artículo 108 del código de la materia.

Así pues el representante legal del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo Estatal Electoral, que promueve el recurso de revisión que hoy nos ocupa, como concepto de violación marcado como "segundo" del pliego respectivo, sustancialmente señala que la autoridad responsable fue sorprendida, cuando entre las propuestas para nombrar Consejeros Ciudadanos, algunos de los partidos políticos propusieron para cubrir las plazas a personas que no cumplen con los requisitos de elegibilidad que establece el artículo 108 del Código Electoral en sus fracciones I y IV; listando entre otros a los que fueron elegidos para los Distritos Electorales que se mencionan en el agravio y se tienen aquí por reproducidos como si a la letra se insertaran manifestando además que los elegidos antes mencionados no acreditaron tener estudios a nivel profesional y conocimiento en materia electoral, como requisitos indispensables que impone el Código Electoral del Estado, para poder confiar tan delicada función como lo es la organización de un proceso electoral; ya que los Consejeros Electorales deben ser garantía de objetividad y legalidad, por lo que no se puede confiar tan delicada función en personas que no acreditan tener elementales estudios y conocimiento en la materia, criterio que también se aplica tratándose del Presidente y Secretarios Técnicos (de los Consejos Distritales), por cuanto que la ley no solo exige que tengan conocimiento en materia electoral, sino que además tengan la experiencia necesaria para poder cumplir o desarrollar la función para la cual se designan.

Sobre este particular es importante destacar que el código electoral, establece en sus artículos 127 y 129 que para ser Consejeros Ciudadanos, Presidente o Secretario Técnico de los Consejos Distritales y Municipales, se deben satisfacer los requisitos que señala el artículo 108 del cuerpo legal antes invocado, con excepción para los primeros, del requisito señalado en la fracción VII; por lo que resulta importante la remisión que dichas disposiciones legales citadas en primer término, nos hacen a la literalidad y observancia del también mencionado artículo 108 del Código Electoral del Estado que reza lo siguiente: "Artículo 108. Para ser Consejero Ciudadano del Consejo Estatal Electoral deberán reunirse los siguientes requisitos: I. Ser ciudadano chiapaneco en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos; y contar al día de su designación con estudios a nivel profesional o formación equivalente y tener conocimiento en materia electoral..." Sin embargo para nadie pasa desapercibido que nuestro Estado se conforma por más de una tercera parte de población indígena que vive y se desenvuelve en municipios que acusan un manifiesto atraso cultural, aislamiento y marginación que no permite el fácil acceso de los habitantes a las fuentes de cultura académica. Que si bien es cierto, al respecto ha habido excepciones en el sentido de que en estas comunidades marginadas resulta uno que otro profesionista en diferentes ramas del saber, no menos cierto es que estas son meras excepciones como antes se dijo; y que además en una legítima búsqueda de mercados de trabajo, se desarraigan de sus municipios para desarrollarse profesionalmente en localidades de mayor desarrollo; de donde resulta poco más que imposible contar con los aspirantes a Consejeros Ciudadanos, Presidentes y Secretarios Técnicos para los Distritos Electorales que confrontan esta realidad social y cultural. Aplicar estrictamente la legalidad en estos casos, ubica a la autoridad responsable en la imposibilidad real de elegir y designar a los funcionarios distritales; circunstancia que resulta inadmisible dados los tiempos improrrogables que el Consejo Estatal Electoral tiene de acuerdo con la ley, para cumplir con esta parte de sus funciones.

En otro orden de ideas, es evidente que el anterior criterio no es aplicable a los funcionarios que se pretende deberán fungir en las cabeceras municipales señaladas por el recurrente, con excepción de los municipios de Tenejapa y Chamula, de extracción eminentemente indígena; porque es público y notorio que entre la población de los restantes municipios no indígenas, si existen múltiples y variados profesionistas o personas con formación profesional o equivalente, de quienes los partidos políticos si pudieron echar mano; sin embargo de la revisión y análisis de las propuestas formuladas por los representantes de los partidos, así como de los expedientes que a cada uno de los aspirantes se les formó con este motivo, se aprecia que un altísimo porcentaje no acreditó el requisito de estudios a nivel profesional o equivalente, ya que omitieron presentar la constancia relacionando solamente en el currículum tal requisito, o porque simplemente hicieron caso omiso del mismo al no cubrirlo; pero lo mismo da por ambos casos, cuando precisamente los partidos políticos fueron quienes propusieron a las personas que fueron tomadas como base para que el Presidente del Consejo Estatal Electoral, mandara formular y presentara la lista con el doble de nombres de los requeridos, para que el Pleno del Consejo Estatal Electoral eligiera y designara a los nuevos funcionarios; esto por una parte no es responsabilidad de la autoridad responsable, quien en uso de la facultad que le otorga la ley, designó y eligió a los Presidentes, Secretarios Técnicos y Consejeros Ciudadanos para los veinticuatro Distritos Electorales en la Entidad, entre los que se cuentan personas reelectas y ratificadas por haber fungido en procesos electorales anteriores; pero se dice que no hay responsabilidad del Pleno del Consejo, porque este no fue quien propuso a los aspirantes y en cambio es responsabilidad de los partidos en general proponer ciudadanos que carecen del requisito de estudios profesionales o equivalentes, o que teniéndolos no lo acreditaron. En resumen, dados los tiempos que la responsable tiene para designar e instalar a los Consejos Distritales, a más tardar debe ser en los primeros días del presente mes de marzo, no lo es imputable que algunos de los elegidos designados o ratificados no cubran este requisito.

El recurrente además alega en su agravio que la responsable dejó de tomar en cuenta el requisito de "conocimiento en materia electoral", para hacer las designaciones de los funcionarios electorales; hecho que efectivamente no consta que los designados posean, sin embargo estamos ante un hecho subjetivo para el cual la ley no previó un medio de valoración oportuno de selección de los aspirantes, como por ejemplo un examen sobre conocimientos electorales; en cuyo caso no es imputable a la autoridad responsable tal falta de comprobación; más bien, en todo caso es responsabilidad de los partidos que propusieron a los aspirantes, por no preocuparse en la demostración de tal requisito; pero por otra parte nadie nos puede negar con absoluta certeza que los ahora designados no poseen conocimientos en materia electoral.

Seguidamente el inconforme se duele cuando afirma que el Secretario Técnico del Consejo Estatal Electoral, debió certificar que los aspirantes no desempeñaron cargo alguno de elección popular, durante los cinco años anteriores al día de su designación, para llegar al conocimiento de que no tenían impedimento alguno para ocupar los cargos. Sobre este particular no le asiste la razón a los inconformes porque la ley no prevé esta obligación del Secretario Técnico según el artículo 116 del código electoral, más bien estamos ante una declaración de buena fe del aspirante y el partido que lo propone, en el sentido de no encontrarse inmerso en tal impedimento, bajo pena de ser destituido, al constatarse lo contrario; por lo tanto es de considerarse que la carga de la prueba corresponde a los partidos políticos para demostrar con toda oportunidad, que alguien se encuentra dentro del referido impedimento para evitar la designación.

De las anteriores consideraciones llegamos a la conclusión de que la autoridad responsable no violó ninguna disposición legal al elegir y designar a los Consejeros Ciudadanos, Presidentes y Secretarios Técnicos a que se refieren los revisionistas en su pliego correspondiente, puesto que estas designaciones se llevaron a cabo de acuerdo a las formalidades establecidas por la ley de la materia; y, por ende no le causa agravio los inconformes en cuanto que los principios rectores de objetividad y legalidad que afirma se violaron, nada tienen que ver con los estudios a nivel profesional o equivalentes, así como con los conocimientos en materia electoral que tengan o no los funcionarios designados; porque ser poseedor de los requisitos consistentes en estudios profesionales o equivalentes y conocimiento en materia electoral, además de la subjetividad de estos últimos, no es garantía de objetividad y legalidad, como tampoco carecer de tales requisitos es sinónimo de estar negado a la observancia de tales principios; por lo tanto debe confirmarse el acto reclamado y con ello dejar firmes las elecciones y designaciones hechas en favor de las personas que se impugna, y a que se refieren los inconformes en su escrito respectivo, para lo que nos remitimos al listado correspondiente en obvio de repeticiones innecesarias.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, es de resolverse, y se

Resuelve:

Primero. Se declaran parcialmente fundados los agravios hechos valer por los ciudadanos Juan Carlos Moreno Guillén, Jesús Gilberto Gómez Maza, Oscar Mendoza Narcía, Miguel Ángel Vargas Blanco, Octavio Godoy Godoy, Pedro Sergio Becerra Toledo, Arlet Ninoska Castillo Molina y Bernando Vargas Ramírez, en su calidad de representantes de los Partidos Políticos Acción Nacional, de la Revolución Democrática, del Trabajo, Verde Ecologista de México, Convergencia por la Democracia, de Centro Democrático, de la Sociedad Nacionalista y Alianza Social, respectivamente, en términos del considerando IX de esta resolución.

Segundo. Se declaran infundados e inoperantes los agravios hechos valer por el ciudadano Luis Enrique García García, en su calidad de representante del Partido Revolucionario Institucional.

Tercero. Se confirman las ratificaciones del Consejo Estatal Electoral en lo que respecta a Presidentes y Secretarios Técnicos, así como las reelecciones de los Consejeros Ciudadanos que fungirán en el proceso electoral del año dos mil.

Cuarto. Se modifica el acuerdo del Consejo Estatal Electoral, mediante el cual se designó por primera vez a Presidentes, Secretarios Técnicos y Consejeros Ciudadanos, revocándose el cargo de quienes no satisfagan el requisito de la fracción X del artículo 108 del código electoral en términos del considerando IX de la presente resolución.

Quinto. Se concede un plazo de cuarenta y ocho horas al Consejo Estatal Electoral, que empezarán a correr a partir de la notificación correspondiente, para que proceda a sustituir a los ciudadanos que fueron nombrados, mismas sustituciones que deberán retomarse de las listas que presentaron oportunamente los partidos políticos acreditados ante el Consejo Estatal Electoral y que reúnan los requisitos de elegibilidad en términos de la presente resolución."

IV. Inconformes con la trasunta resolución, tanto el Partido Revolucionario Institucional, así como los Partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática, del Trabajo, Verde Ecologista de México, Convergencia por la Democracia, de Centro Democrático, de la Sociedad Nacionalista y el de Alianza Social, por conducto de su representantes ante el Consejo Estatal Electoral de Chiapas, por escritos presentados el trece y el diecisiete de marzo del año actual, ante la Oficialía de Partes del Tribunal responsable, promovieron, en su contra, los juicios de revisión constitucional electoral que ahora se resuelven.

V. Mediante escritos presentados ante la Oficialía de Partes arriba mencionada, los Partidos Acción Nacional y Revolucionario Institucional, el diecisiete y veintiuno de marzo del año en curso, respectivamente, comparecieron por conducto de sus representantes, como terceros interesados, formulando los alegatos que a sus intereses convinieron en los expedientes SUP-JRC-036/2000 y SUP-JRC-038/2000, respectivamente.

VI. Por proveídos de quince de marzo del año que corre, el Magistrado Presidente de este órgano jurisdiccional, turnó los presentes expedientes a la Magistrada Electoral Alfonsina Berta Navarro Hidalgo, para la sustanciación y elaboración del proyecto de resolución correspondiente.

VII. Oportunamente, los Magistrados Electorales que integran esta Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, acordaron acumular el expediente SUP-JRC-038/2000 al SUP-JRC-036/2000, en virtud de ser éste el más antiguo en su numeración, con la finalidad de que fueran decididos de manera conjunta, para facilitar su pronta y expedita resolución y evitar la existencia de fallos contradictorios; habida cuenta que se trata de asuntos estrechamente vinculados entre sí, en virtud de que en ambos se reclama la misma sentencia pronunciada el once de marzo de la presente anualidad, por la Sala "B" del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas.

VIII. Concluida que fue la sustanciación de los presentes juicios, se ordenó formular el proyecto de sentencia; y,

C O N S I D E R A N D O :

PRIMERO. Esta Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es competente para conocer y resolver el presente asunto, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 41, base IV y 99, párrafo cuarto, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 186, fracción III, inciso b) y 189, fracción I, inciso e), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el 87 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, por tratarse de dos juicios de revisión constitucional electoral, promovidos por diversos partidos políticos, contra una autoridad electoral de una Entidad Federativa, al resolver una controversia surgida con motivo de los comicios locales.

SEGUNDO. Ante todo, debe señalarse que en los presentes medios de impugnación, no se encuentran satisfechos la totalidad de los requisitos que establece el artículo 9 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, por lo que hace a la demanda presentada a nombre del Partido de la Sociedad Nacionalista, demanda que aparece formulada de manera conjunta con los Partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática, del Trabajo, Verde Ecologista de México, Convergencia por la Democracia, de Centro Democrático, así como Alianza Social y que, por tanto, deberá decretarse el sobreseimiento correspondiente, dado que, Arlet Ninoska Castillo Molina, quien se ostenta como su representante, omitió satisfacer el requisito ineludible de suscribir el documento continente de la demanda respectiva, como lo ordena el artículo 9, párrafo 1, inciso g), de la normatividad indicada, el cual, dicho sea de paso, en su párrafo 3, ordena que cuando ello ocurra, la demanda respectiva deberá desecharse por notoria improcedencia, ya que tal precepto en las partes indicadas disponen lo siguiente:

"Artículo 9.

1. Los medios de impugnación deberán presentarse por escrito ante la autoridad señalada como responsable del acto o resolución impugnado, salvo lo previsto en el inciso a) del párrafo 1 del artículo 43 de esta ley, y deberá cumplir con los requisitos siguientes:

...

g) Hacer constar el nombre y la firma autógrafa del promovente.

...

3. Cuando el medio de impugnación no se presente por escrito ante la autoridad correspondiente, incumpla cualquiera de los requisitos previstos por los incisos a) o g) del párrafo 1 de este artículo, resulte evidentemente frívolo o cuya notoria improcedencia se derive de las disposiciones del presente ordenamiento, se desechará de plano. También operará el desechamiento a que se refiere este párrafo, cuando no existan hechos y agravios expuestos o habiéndose señalado sólo hechos, de ellos no se pueda deducir agravio alguno."

En la especie, como se anticipó, Arlet Ninoska Castillo Molina, quien se ostenta como representante propietaria del Partido de la Sociedad Nacionalista ante el Consejo Estatal Electoral de Chiapas, no firmó los escritos de presentación y de demanda que dieron origen al juicio de revisión constitucional electoral registrado con la clave SUP-JRC-038/2000, el cual fue promovido, entre otros, por dicho partido político; en consecuencia, procede sobreseer en los presentes juicios de revisión constitucional electoral acumulados, únicamente por lo que respecta al mencionado partido, en términos de lo dispuesto por los artículos 11, párrafo 1, inciso c) y 9, párrafo 3, de la legislación en comento; en virtud de el mismo, no cumplió con el requisito de procedencia previsto en artículo 9, párrafo 1, inciso g), de la citada ley.

Cabe aclarar que, aunque el párrafo 3, del artículo 9 del ordenamiento legal en cita, como ya se dijo, establece como causal de desechamiento de plano del medio de impugnación correspondiente, al omitirse, entre otros requisitos a satisfacer, el referente a la suscripción del documento respectivo; sin embargo, en el caso a estudio, como media la circunstancia de que esa demanda ya había sido acumulada y admitida por esta Sala Superior; entonces, lo procedente, como se apuntó, es sobreseer en los presentes juicios de revisión constitucional acumulados, solamente por lo que se refiere al mencionado Partido de la Sociedad Nacionalista, de conformidad con lo dispuesto por los preceptos citados.

TERCERO. Respecto a las demandas suscritas por los restantes partidos políticos, procede analizar si están satisfechos los requisitos de procedibilidad y procedencia contemplados en los artículos 8, 9, párrafo 1 y 86, párrafo 1, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, encontrándose que:

a) Los presentes medios de impugnación se promovieron dentro del término de los cuatro días que establece el artículo 8 de la citada legislación electoral, en virtud que, por lo que respecta al Partido Revolucionario Institucional, la resolución reclamada le fue notificada personalmente el doce de marzo del año que transcurre, y la demanda del juicio de revisión constitucional electoral que promovió, la presentó el trece de dicho mes; mientras que por lo que se refiere al resto de los partidos políticos actores, tal sentencia combatida les fue notificada también personalmente el trece del mismo mes y año; y el escrito que originó el juicio de mérito, promovido por dichos partidos, fue presentado el diecisiete del mes aludido.

b) La personería de Luis Enrique García García, Juan Carlos Moreno Guillén, Jesús Gilberto Gómez Maza, Oscar Mendoza Narcía, Miguel Ángel Vargas Blanco, Octavio Godoy Godoy, Pedro Sergio Becerra Toledo y Bernardo Vargas Ramírez, en sus caracteres de representantes de los Partidos Revolucionario Institucional, Acción Nacional, de la Revolución Democrática, del Trabajo, Verde Ecologista de México, Convergencia por la Democracia, de Centro Democrático y Alianza Social, respectivamente, está acreditada conforme a lo dispuesto por el artículo 88, párrafo 1, inciso b), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, en virtud de que la misma les fue reconocida por la responsable, al rendir los correspondientes informes circunstanciados; habida cuenta que tales promoventes fueron quienes, con la misma personería, interpusieron los recursos de revisión registrados con las claves TEE/REV/008-"B"/2000 y TEE/REV/009-"A"/2000, acumulados, cuya decisión constituye la determinación reclamada.

c) La resolución impugnada constituye un acto definitivo y firme, al no establecerse en el Código Electoral del Estado de Chiapas, algún medio de impugnación, a través del cual pudiera ser modificada o revocada.

d) El Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, al rendir los informes circunstanciados, respecto de los expedientes SUP-JRC-036/2000 y SUP-JRC-038/2000, en términos de lo dispuesto por los artículos 18, párrafo 2 y 90 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, por conducto de su Magistrado Presidente, hace valer como causal de improcedencia del medio impugnativo, la falta de satisfacción del requisito de procedibilidad a que alude el artículo 86, párrafo 1, inciso b), de ese ordenamiento legal, consistente en: "b) Que violen algún precepto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;"; cuestión que debe analizarse previamente por constituir una que debe estimarse de orden público, en tanto que tiene por objeto, de actualizarse, el desechamiento de los indicados juicios y con ello, obstaculizar el análisis del fondo de la cuestión debatida.

Tal causal dice actualizarse, porque con el pronunciamiento de la sentencia impugnada no se violentaron disposiciones constitucionales, toda vez que la misma está debidamente fundada y motivada.

Es inexacta la apreciación que sobre ese particular realiza la responsable, por las razones siguientes:

El Partido Revolucionario Institucional, respecto del expediente SUP-JRC-036/2000, y los Partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática, del Trabajo, Verde Ecologista de México, Convergencia por la Democracia, del Centro Democrático, de la Sociedad Nacionalista y Alianza Social, respecto del expediente SUP-JRC-038/2000, manifiestan que se violan, en su perjuicio, diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sobre cuyo requisito de procedibilidad es dable dejar puntualizado que lo anterior debe entenderse como un requisito formal y no como el resultado del análisis de los agravios propuestos por los partidos actores, en razón de que ello implica entrar al fondo del juicio antes de su admisión y sustanciación. Por consiguiente, tal requisito debe estimarse satisfecho cuando, como en el presente caso, se hacen valer agravios en los que se exponen razones encaminadas a demostrar la afectación al interés jurídico de los accionantes, porque con ello se trata de señalar la violación de los principios de constitucionalidad y legalidad tutelados en los artículos 41, base IV y 116, párrafo segundo, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Apoya lo anterior, la jurisprudencia número J.2/97, de la Tercera Época, sustentada por esta propia Sala, consultable en las páginas veinticinco y veintiséis, del Suplemento número uno, de mil novecientos noventa y siete, de la revista de difusión de este órgano jurisdiccional denominada "Justicia Electoral", cuyo texto es como sigue: "JUICIO DE REVISIÓN CONSTITUCIONAL ELECTORAL. INTERPRETACIÓN DEL REQUISITO DE PROCEDENCIA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 86, PÁRRAFO 1, INCISO B), DE LA LEY DE LA MATERIA. Lo preceptuado por el artículo 86, párrafo 1, inciso b), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, referente a que el juicio de revisión constitucional electoral sólo procederá contra actos o resoluciones "Que violen algún precepto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos", debe entenderse en un sentido formal, relativo a su establecimiento como requisito de procedencia, y no al análisis propiamente de los agravios esgrimidos por el partido impugnante, toda vez que ello supone entrar al fondo del juicio; por lo tanto, dicho requisito debe considerarse que se acredita cuando en el escrito correspondiente se hacen valer agravios debidamente configurados, esto es, que éstos precisen claramente los argumentos o razonamientos enderezados a acreditar la afectación del interés jurídico del promovente, derivado de la indebida aplicación o incorrecta interpretación de determinada norma jurídica en el acto o resolución impugnado, por virtud de los cuales se pudiera infringir algún precepto constitucional en materia electoral, toda vez que ello supondría la presunta violación de los principios de constitucionalidad y legalidad electoral tutelados en los artículos 41, párrafo segundo, fracción IV y 116, párrafo segundo, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; o sea, que de los agravios esgrimidos se advierte la posibilidad de que se haya conculcado algún precepto constitucional en la materia, resultando irrelevante que se citen o no los artículos constitucionales presuntamente violados, ya que, de conformidad con el artículo 23, párrafo 3, de la Ley General citada, en la presente vía este órgano jurisdiccional, ante la omisión de los preceptos jurídicos presuntamente violados o su cita equivocada, resuelve tomando en consideración los que debieron ser invocados o los que resultaron aplicables al caso concreto. Por lo anterior, la omisión o cita errónea de los preceptos constitucionales presuntamente violados no tiene como consecuencia jurídica el desechamiento del juicio de revisión constitucional electoral."

e) La violación reclamada puede llegar a ser determinante para el desarrollo del proceso electoral en el Estado de Chiapas, debido a que la resolución impugnada, involucra cuestiones de legalidad que tienen que ver con la integración e instalación de los Consejos Distritales Electorales en dicha Entidad Federativa, siendo que, las actividades que tales órganos electorales desarrollarán en los próximos comicios locales a celebrarse en tal Estado, son determinantes para su desarrollo.

En efecto, el artículo 132 del Código Electoral del Estado de Chiapas, dispone lo siguiente:

"Artículo 132.

Los Consejos Distritales y Municipales electorales tendrán las siguientes atribuciones:

I. Vigilar la observancia de este código y demás disposiciones relativas;

II. Vigilar e intervenir en la preparación y desarrollo del proceso electoral del Distrito o Municipio en que actúe;

III. Registrar alternamente con el Consejo Estatal Electoral a los candidatos a diputados de mayoría relativa y miembros de los Ayuntamientos;

IV. Informar al Consejo Estatal Electoral de todos los asuntos de su competencia y el resultado del proceso electoral;

V. Acatar los acuerdos que dicte el Consejo Estatal Electoral;

VI. Convocar, evaluar y capacitar a quienes integrarán las mesas directivas de casilla, así como difundir su ubicación y los nombres de los ciudadanos encargados de las mismas, de acuerdo con este código;

VII. Contratar a los servidores públicos electorales necesarios para cada sección electoral de su circunscripción, pudiéndose apoyar en los servicios públicos del Estado o de los Municipios para la implementación y concreción de los apoyos logísticos, en el caso de vehículos, éstos deberán portar una identificación que los distinga como tales;

VIII. Entregar a los presidentes de las mesas directivas de las casillas la documentación, formas aprobadas y útiles necesarios para el cumplimiento de sus funciones;

IX. Receptuar los escritos de protesta y sustanciar los recursos de queja;

X. Revocar sus propias resoluciones por motivos de legalidad o de oportunidad, de oficio o a petición de parte;

XI. Registrar los nombramientos de los representantes de los partidos políticos, coaliciones y frentes en las formas aprobadas por el Consejo Estatal Electoral;

XII. Calificar las elecciones de diputados de mayoría relativa y miembros de los Ayuntamientos, según corresponda; y

XIII. Las demás que le confiere este Código."

Como se observa de lo anterior, los Consejos Distritales tienen una función primordial durante el desarrollo del proceso electoral, ya que dichos órganos colegiados, entre otras atribuciones, tienen la de vigilar e intervenir en la preparación y desarrollo del mismo en el Distrito en que se actúe; en consecuencia, resulta determinante la violación reclamada, puesto que incide con la integración de los citados órganos; además de que su legal y adecuada conformación, constituye un aspecto fundamental para dar certeza y credibilidad a dicho proceso electoral.

f) La reparación solicitada es material y jurídicamente posible dentro de los plazos electorales establecidos. Sobre este requisito de procedencia de los medios de impugnación origen de los presentes juicios acumulados, es de señalarse que la autoridad responsable, Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, al rendir sendos informes circunstanciados, en términos de lo dispuesto por el artículo 18 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, por conducto de su Presidente, hace valer como causal de improcedencia de los medios impugnativos, la falta de satisfacción de los requisitos contemplados por los artículos 99 Constitucional, párrafo cuarto, fracción IV, y 86, párrafo 1, inciso e), del Ordenamiento legal citado en primer orden, en relación con lo dispuesto por los artículos 127 y 130 del Código Electoral del Estado de Chiapas; cuestión que, al igual que las anteriores, debe analizarse preferentemente por constituir una que debe estimarse de orden público, en tanto que tiene por objeto, de actualizarse, el desechamiento de los presentes juicios y con ello, obstaculizar el análisis del fondo de la cuestión debatida.

Del examen de los informes en comento, el primero, por cierto recibido el quince de marzo último, junto con la documentación atinente al juicio promovido por el Partido Revolucionario Institucional (SUP-JRC-036/2000), en particular, del apartado en el que se destaca la existencia de la improcedencia que se afirma prevén tales preceptos, se advierte, diáfanamente, que la pretensión de la autoridad responsable, se encamina a evidenciar la irreparabilidad del acto reclamado en virtud de que, adujo, el "quince de los corrientes", tomarán posesión los funcionarios nombrados, de donde, siguió diciendo, a la fecha, la reparación ya no es factible material ni jurídicamente, pues la instalación y toma de posesión "es inminente" y revocar los nombramientos originaría graves consecuencias de tipo laboral, agregando que, el Consejo Estatal Electoral ha procedido a la sustitución de las personas a las que se les revocó el cargo. Luego, dicha autoridad jurisdiccional, al rendir el informe circunstanciado el veinte del mencionado mes de marzo, en el diverso juicio de revisión constitucional electoral SUP-JRC-038/2000 (acumulado al SUP-JRC-036/2000), insistió en lo que hizo consistir la referida causa de improcedencia, añadiendo que, a la fecha, la instalación y toma de posesión de los funcionarios nombrados ya se efectuó, pues se llevó a cabo el indicado día quince. Así, sostuvo que, en términos del artículo 130 del Código de la materia, los consejos distritales y municipales electorales, se instalarán dentro de los primeros días del mes siguiente a su integración y que esta última tuvo verificativo el veintinueve de febrero del año que transcurre, de conformidad a lo establecido en el artículo 127 propio Código, para, enseguida, aducir que un posible mandato de reparación ya no es factible material ni jurídicamente, de conformidad, además, con lo establecido en la fracción IV, del párrafo cuarto, del artículo 99 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece que las impugnaciones de actos o resoluciones definitivos y firmes de las autoridades competentes de las entidades federativas, para organizar y calificar los comicios o resolver las controversias que surjan durante los mismos, que puedan resultar determinantes para el desarrollo del proceso respectivo o el resultado final de las elecciones, procederán solamente cuando la reparación solicitada sea material y jurídicamente posible dentro de los plazos electorales y sea factible antes de la fecha constitucional o legalmente fijada para la instalación de los órganos o la toma de posesión de los funcionarios elegidos; insistiendo en que esos actos se verificaron el quince de marzo del presente año, y de revocarse los nombramientos de quienes fueron designados en cumplimiento a la resolución que ahora se impugna, se afectarían derechos de terceros, lo cual traería graves consecuencias de tipo administrativo para el Consejo Estatal Electoral.

Pues bien, esta Sala Superior considera inatendible esa causa de improcedencia que arguye la responsable, para cuya conclusión debe tenerse presente lo que disponen los preceptos en los que, se alega, encuentra apoyo.

Tales normas jurídicas establecen:

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

"Artículo 99. El Tribunal Electoral será, con excepción de lo dispuesto en la fracción II del artículo 105 de esta Constitución, la máxima autoridad jurisdiccional en la materia y órgano especializado del Poder Judicial de la Federación...

Al Tribunal Electoral le corresponde resolver en forma definitiva e inatacable, en los términos de esta Constitución y según lo disponga la ley sobre...

IV. Las impugnaciones de actos o resoluciones definitivos y firmes de las autoridades competentes de las entidades federativas para organizar y calificar los comicios o resolver las controversias que surjan durante los mismos, que puedan resultar determinantes para el desarrollo del proceso respectivo o el resultado final de las elecciones. Esta vía procederá solamente cuando la reparación solicitada sea material y jurídicamente posible dentro de los plazos electorales y sea factible antes de la fecha constitucional o legalmente fijada para la instalación de los órganos o la toma de posesión de los funcionarios elegidos."

Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

"Artículo 86.

1. El juicio de revisión constitucional electoral sólo procederá para impugnar actos o resoluciones de las autoridades competentes de las entidades federativas para organizar y calificar los comicios locales o resolver las controversias que surjan durante los mismos, siempre y cuando se cumplan los requisitos siguientes:...

e) Que la reparación solicitada sea factible antes de la fecha constitucional o legalmente fijada para la instalación de los órganos o la toma de posesión los funcionarios electos."

Código Electoral del Estado de Chiapas.

"Artículo 127.

Los consejos distritales y municipales electorales, funcionarán durante los procesos electorales, residirán en cada una de las cabeceras de distrito y municipios y se integrarán a más tardar el último día del mes de febrero del año de la elección, de la manera siguiente:

I. Por cinco consejeros ciudadanos propietarios y tres suplentes comunes con voz y voto designados por el Consejo Estatal Electoral, a propuesta de los partidos políticos, tomando en cuenta la opinión del Presidente del Consejo; al efecto, éste presentará a la consideración del Consejo Estatal Electoral, una lista con el doble de los miembros necesarios por cada consejo distrital o municipal electoral, de esta lista se elegirá a propietarios y suplentes, por el voto de las dos terceras partes de los miembros del Consejo Estatal Electoral presentes;

II. Por un Presidente con voz y voto y un Secretario Técnico sólo con voz designados por el Consejo Estatal Electoral mediante el voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes, conforme a la propuesta del doble requerido que presenten los partidos políticos, tomando en cuenta la opinión del Presidente del Consejo. En caso de no obtenerse dicha votación la designación se hará por insaculación de entre las personas propuestas;

III. Por un representante de cada uno de los partidos políticos con registro y coaliciones sólo con voz. Por cada representante propietario habrá un suplente; y

IV. Los consejeros ciudadanos de los consejos distritales y municipales recibirán la dieta de asistencia que para el proceso electoral se determine en el presupuesto de egresos del Consejo Estatal Electoral.

Para ser Consejero Ciudadano de los consejos distritales y municipales electorales, se requiere reunir los mismos requisitos previstos en el artículo 108 de este Código con excepción de lo señalado en la fracción VII.

Artículo 130.

Los consejos distritales y municipales electorales deberán instalarse dentro de los primeros días del mes siguiente a su integración. Para que puedan sesionar se requiere la mayoría de sus integrantes, entre los que deberá estar el Presidente; toda resolución se tomará por mayoría de votos.

En caso de que no se reúna la mayoría a que se refiere el párrafo anterior se citará a nueva sesión que tendrá lugar dentro de las veinticuatro horas siguientes con los integrantes que asistan, entre los que deberá estar su Presidente."

Pues bien, como se adelantó, en la especie no se surte la causa de improcedencia argüida, basada en la falta de satisfacción de los requisitos de procedencia de los juicios, a pesar de que en la fecha en que esta sentencia se dicta, las personas que, según el Tribunal responsable, deben integrar los veinticuatro consejos distritales electorales en el Estado de Chiapas (sobre cuya decisión nada se prejuzga) para cumplir con las atribuciones que señala el artículo 132 del Código Electoral de la citada Entidad Federativa, ya tomaron posesión, habiendo quedado instalados tales consejos, lo que se acredita con el original del oficio suscrito por el Presidente del Consejo Estatal Electoral de Chiapas, dado que, en la parte conducente de tal oficio se lee: "...informo a usted que, los ciudadanos que integran los veinticuatro Consejos Distritales Electorales que funcionarán en el presente proceso electoral para el año dos mil, fueron instalados a cabalidad con fecha quince de marzo del año en curso, en términos de lo dispuesto por el Código Electoral vigente en el Estado, tomando posesión de sus respectivos cargos"; en tanto que, tal circunstancia, por sí misma, resulta irrelevante para estimar insatisfechos los requisitos de procedencia a que aluden las transcritas normas constitucional y legal; dado que cuando tales preceptos aluden a que la reparación solicitada sea material y jurídicamente posible se realice dentro de los plazos electorales y sea factible antes de la fecha constitucional o legalmente fijada para la instalación de los órganos o la toma de posesión de los funcionarios elegidos, debe entenderse que se están refiriendo a instalación de órganos o toma de posesión de funcionarios producto de elecciones populares que se hayan celebrado; es decir, de órganos o funcionarios que hayan resultado electos a través de la emisión del voto universal, libre, directo y secreto depositado en las urnas, no de órganos meramente administrativos o funcionarios que igual calificativo merezcan, como acontece en la especie; empero, no está por demás, dejar aclarado que, en oposición a lo que se aduce en torno a la causal de improcedencia argüida, y sin que las consideraciones que se formulan prejuzguen sobre el fondo del asunto, que de acogerse las pretensiones de los impugnantes, las situaciones de hecho que podrían resultar afectadas forzosamente tendrían que desaparecer o modificarse originando, el desplazamiento de las personas a quienes se les puso en posesión de los cargos de integrantes de los correspondientes consejos electorales distritales, pues no podría pasarse por desapercibido que la designación en esos cargos deberá estimarse, en todo caso, de acogerse parcial o totalmente las pretensiones de los demandantes, indebida, lo que hace que no pueda hablarse de afectación de derechos, cuando que, éstos, según la sentencia estimatoria, no podrían corresponder a esas personas; habida cuenta que, no son las cuestiones de hecho las que deben advertirse y tomarse en cuenta para decidir acerca de la procedencia de los juicios de revisión constitucional en materia electoral, sino que, de manera fundamental y prioritaria debe atenderse a las cuestiones de derecho que rodeen a las situaciones originadas por la acción del acto combatido, como acontece en el justiciable, en que, de resultar fundados los agravios, en ejecución de la sentencia que así los declare, la totalidad de las autoridades que tengan que ver con su cumplimiento –aunque no figuren como responsables-, se encuentran constreñidas a allanar el camino para lograrlo, no entorpeciéndolo con cuestiones de hecho y de tipo meramente administrativo; además de que, los nombramientos e instalación de referencia, en última instancia, desde otro aspecto, deben estimarse se encuentran sub judices a las resultas de lo que se decida en los presentes juicios, por lo que, desde este punto de vista, tampoco podría hablarse de que aquellas personas que tomaron posesión de los cargos concernientes, adquirieron algún derecho de permanencia en ellos.

Como corolario de lo razonado, es de concluirse que no opera la causa de improcedencia argüida que ha quedado examinada.

No advirtiéndose opere alguna causa de improcedencia que impida el examen de los agravios propuestos, deberá emprenderse el estudio relativo, previa transcripción de los mismos.

CUARTO. Procede tener por no presentado el escrito del Partido Acción Nacional, quien compareció en el expediente SUP-JRC-036/2000, en su carácter de tercero interesado, en atención a lo siguiente:

Como anteriormente se dijo, por escrito presentado el trece de marzo del año en curso ante la Oficialía de Partes del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, el Partido Revolucionario Institucional promovió juicio de revisión constitucional, en contra de la resolución dictada el once de marzo último, por la Sala "B" de dicho Tribunal.

El trece de marzo de este año, el Magistrado Presidente del mencionado órgano jurisdiccional del Estado de Chiapas, emitió un proveído mediante el cual, entre otras cosas, dio cumplimiento a lo establecido en el artículo 17, párrafo 1, de la ley de la materia, toda vez que además de dar aviso a ésta Sala Superior de la presentación del anotado medio de impugnación, ordenó se hiciera del conocimiento público el contenido de tal proveído, mediante cédula de notificación que se fijara en los estrados del referido Tribunal durante el plazo de setenta y dos horas; fijándose la misma el catorce de marzo a las diez horas.

Mediante oficio número TEE/P/042/2000 de fecha diecisiete de marzo del año actual, recibido en la Oficialía de Partes de ésta Sala Superior el veinte del mismo mes, el Magistrado Presidente del Tribunal responsable, informó que dentro del plazo de setenta y dos horas a que se refiere el artículo 17 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, no se presentó tercero interesado alguno a deducir derechos, remitiendo al efecto, la constancia relativa al cómputo de dicho plazo, la razón y el acuerdo respectivo, así como la cédula de notificación por estrados.

Asimismo, por oficio número TEE/P/044/2000, también de fecha diecisiete de marzo y recibido en la Oficialía de Partes de éste órgano jurisdiccional el veinte de marzo, el mencionado Magistrado Presidente remite a este Tribunal, el original del escrito presentado por el Partido Acción Nacional, a través de su representante, mediante el cual formula alegatos, en su carácter de tercero interesado, anexando además, el acuerdo de remisión del mismo y su respectiva notificación.

Ahora bien, como lo previene el artículo 19, párrafo 1, inciso d), del ordenamiento legal invocado, los escritos de los terceros interesados se tendrán por no presentados, cuando los mismos se presenten en forma extemporánea.

El artículo 17, párrafo 4, de la propia ley electoral, dispone que dentro del plazo a que se refiere el inciso b), del párrafo 1, del citado numeral ¾ setenta y dos horas¾ , los terceros interesados podrán comparecer mediante los escritos que consideren pertinentes.

En la especie, es de estimarse que las setenta y dos horas para la presentación de los escritos de los terceros interesados, habían transcurrido cuando aconteció la presentación del escrito presentado por el Partido Acción Nacional respecto del juicio de revisión constitucional electoral identificado con la clave SUP-JRC-036/2000, lo que hace que dicha presentación resulte extemporánea.

Así es, como se anticipó, tal comparecencia es extemporánea, en virtud de que la cédula de notificación del acuerdo de trece de marzo del año que corre, suscrito por el Magistrado Presidente del Tribunal responsable, mediante el cual ordena se haga del conocimiento público la presentación del multicitado medio de impugnación, fue fijada en los estrados de dicho Tribunal, el catorce de marzo a las diez horas, según se aprecia de la cédula de notificación por estrados que obra en la parte posterior de la foja 18 del expediente principal.

Por otra parte, del análisis de la constancia levantada el catorce de marzo por la Secretaria de Acuerdos del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, relativa al cómputo plazo mencionado, la cual obra a foja 62 de autos, se advierte que el mismo empezó a correr a las diez horas del día catorce de marzo y vence a las diez horas del diecisiete del mismo mes; empero, como el escrito de comparecencia del Partido Acción Nacional, se presentó el diecisiete de marzo a las catorce horas con dieciocho minutos, según se desprende del sello en el impuesto, de la Oficialía de Partes del órgano jurisdiccional responsable (foja 67), esto es, dos horas con dieciocho minutos después de haber fenecido el plazo para promoverlo; en consecuencia, tal presentación se hizo con posterioridad al plazo que para ese efecto prevé el párrafo 4, en relación con el inciso b), del párrafo 1, ambos del artículo 17 de la normatividad invocada.

En atención a lo anterior, es inconcuso que al actualizarse la extemporaneidad referida, debe de tenerse por no presentado el escrito presentado por el Partido Acción Nacional a través de su representante, en su carácter de tercero interesado, respecto del expediente SUP-JRC-036/2000, en términos del artículo 19, párrafo 1, inciso d), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

QUINTO. El Partido Revolucionario Institucional, en el expediente SUP-JRC-036/2000, hace valer en su demanda como agravios, los siguientes:

"La Sala del Tribunal Electoral del Estado en la resolución que hoy impugnamos, debió de considerar en su totalidad infundados e inoperantes los agravios hechos valer por los recurrentes y confirmar el acto reclamado, y no parcialmente fundados como lo estimó la resolución mayoritaria y menos ordenar la revocación de los nombramientos efectuados y que se hicieran nuevos considerandos en forma parcial las propuestas hechas por un grupo de quejosos que consideró mayoritarios eliminando las propuestas que hicieron mi representada y otros partidos, lo que resta pluralidad a la representación de los Consejeros Distritales y por lo tanto afecta gravemente la limpieza, objetividad y legalidad de la función electoral.

El fundamento sustancial de la inconformidad de los recurrentes asociados es que el Consejo Estatal Electoral, autoridad responsable no tomó en cuenta al nombrar nuevos Consejeros a candidatos que no tenían el consenso mayoritario de los partidos registrados en el propio órgano electoral, es decir que una gran parte de las propuestas presentadas por el Presidente y aprobadas por los Consejeros Ciudadanos, relativas a nombramientos de Consejeros Distritales, adolece del consenso de la mayoría de los partidos políticos.

Al estudiar este agravio, la Sala hoy responsable, no tomó en cuenta el informe de la autoridad responsable que con toda amplitud y al rendir su informe circunstanciado en el recurso que nos ocupa textualmente manifestó:

"Ahora bien y antes de entrar a combatir los conceptos de violación de los cuales se duelen los inconformes, cabe resaltar que si bien es cierto que los partidos recurrentes propusieron de manera conjunta a una serie de ciudadanos para ocupar los cargos de Consejeros Distritales Electorales, no menos cierto es que las propuestas no alcanzaron el rango de consenso mayoritario, tomando en consideración que las listas presentadas con el doble de lo requerido, solamente fueron firmadas por seis partidos de un total de doce institutos políticos registrados ante este Consejo Electoral, por lo que se concluye que dichas listas adolecen del consenso mayoritario tal y como lo sostienen categóricamente en su escrito los propios disconformes. En este mismo tenor no pasa desapercibido para este Consejo, que por parte del Partido Revolucionario Institucional, del Frente Cívico y Democracia Social, también presentaron listas de ciudadanos posibles a integrar los Consejos Distritales; los cuales también fueron tomados en consideración al momento de integrar los referidos Consejos, y si bien es cierto que los partidos políticos Revolucionario Institucional, Frente Cívico y Democracia Social no suscribieron el documento antes señalado, esto no es óbice como para limitarlos de un derecho que les concede la propia ley y que es presentar propuestas para integrar los Consejos Distritales; ya que de lo contrario, no aceptar sus listas de propuestas es tanto como hacer nugatorio el derecho que les asiste como entes políticos. De estos razonamientos se llega a la convicción de que por un lado las propuestas presentadas conjuntamente por los hoy inconformes, no cumplen con el consenso mayoritario, por otro lado tampoco las propuestas presentadas unilateralmente por los Partidos Políticos Revolucionario Institucional, Frente Cívico y Democracia Social, cumplen con tal expectativa; consecuentemente y ante la insuficiencia o ausencia del consenso mayoritario, este Consejo Estatal Electoral determinó integrar los Consejos Distritales con ciudadanos propuestos tanto por el bloque de partidos hoy inconformes, así como por ciudadanos propuestos en forma singular por los otros tres partidos, de ahí que resulta inverosímil lo manifestado por los hoy revisionistas ya que los Consejos fueron integrados con ciudadanos propuestos por los accionantes y el resto por ciudadanos propuestos por los demás institutos políticos; consecuentemente, el total de los veinticuatro Distritos quedó integrado de manera plural, respetando las propuestas de los partidos políticos y acordes a los lineamientos contemplados por el Código Electoral del Estado, y de acuerdo al procedimiento o mecánica de selección de representantes de los partidos políticos el día ocho de febrero del año en curso, esto es, que los Consejos fueron integrados de la siguiente manera: a) por designación de ciudadanos propuestos por los partidos políticos, es decir, aquellos que por primera vez participan en un proceso electoral; b) por ratificación de ciudadanos que habían participado en el proceso electoral de mil novecientos noventa y ocho, en los cargos de Presidentes y Secretarios Técnicos; c) por reelección de Consejeros Ciudadanos que también participaron en el proceso anterior. En tal virtud, la integración de los Consejos Distritales se da dentro del marco de la legalidad y acorde a los acuerdos tomados entre autoridades electorales y partidos políticos, privilegiando las propuestas que dichos institutos hicieron en su momento, y a su vez ratificando o reeligiendo a aquellos funcionarios electorales distritales que han fungido en el proceso electoral pasado, tomando como base para ello su experiencia electoral adquirida, por lo tanto, afirmar desconocimiento de los tiempos, formas y modos de integración de los Consejos Distritales Electorales, no implica que dicha integración le depare perjuicio alguno, ya que de autos consta que se exploraron todos los mecanismos y procedimientos señalados por el código, así como los acordados entre todos los actores que participan en la vida democrática del Estado. De ahí que los conceptos de violación que esgrimen los inconformes, resultan ser infundados e inoperantes, ya que no contravienen la legalidad y constitucionalidad sobre los cuales gira todo el proceso de integración de los multicitados organismos electorales distritales; habida cuenta que la designación de los integrantes de los veinticuatro Consejos Distritales Electorales ahora impugnados, fueron determinados en orden a la proporcionalidad de los consensos alcanzados,..."

Si en la resolución que impugnamos, la Sala responsable hubiera tomado en cuenta el informe de la autoridad responsable antes transcrita, no hubiera caído en tantas contradicciones, pues en su considerando XIII dispensa la exigencia del requisito legal que establece la fracción I del artículo 108 del código electoral, como es contar al día de la designación con estudios a nivel profesional o formación equivalente y la experiencia en derecho electoral en tanto que por otra parte exige la estricta aplicación de la fracción X del expresado precepto que es el consenso mayoritario de los partidos políticos representados en el Consejo Estatal, para concluir ordenando a la autoridad responsable que revoque una resolución debidamente fundada y motivada, y dicte una fuera de toda motivación y fundamentación, desestimando y declarando improcedentes e infundados los agravios hechos valer por mi representado en el citado recurso de revisión.

En efecto, en el considerando IX de la resolución mayoritaria que combatimos, la Sala responsable textualmente estimó en su parte relativa y por lo que a esta impugnación conviene, lo siguiente:

"...consecuentemente dicho Consejo Estatal se encontraba obligado a considerar que las personas antes citadas (excluyendo desde luego a los ratificados y reelectos) no reunían los requisitos establecidos por el artículo 108, específicamente el contemplado en la fracción X, puesto que no contaban con el consenso de los partidos políticos, entendido este consenso no como la aceptación unánime de todos, si no como una voluntad mayoritaria que es la que se trata de privilegiar en todo caso, ya que al afirmar lo contrario, estaríamos transgrediendo las disposiciones de la norma y obligar a interpretar el artículo 127 en forma aislada sin considerar lo establecido por el artículo 108, pues contra estas propuestas aisladas existe una propuesta conjunta de más del cincuenta por ciento de los partidos políticos en la que se le hace saber al Consejo responsable que las personas citadas anteriormente no cuentan con el consenso de la mayoría absoluta de los partidos políticos con registro o reconocimiento; por otra parte, es de desestimarse el argumento de la responsable al sostener que no puede hablarse en el caso que exista un consenso mayoritario respecto de las propuestas presentadas en razón de que el documento que las contiene únicamente lo suscriben seis partidos políticos como son Acción Nacional, Verde Ecologista de México, de la Sociedad Nacionalista, de Centro Democrático, del Trabajo y Convergencia por la Democracia, lo cual a criterio de los que hoy resolvemos, no es ajustado a derecho puesto que si bien es verdad que ante el Consejo Estatal Electoral existen doce partidos políticos con registro o reconocimiento, es de considerarse que la mayoría absoluta se obtiene cuando siete de esos doce partidos políticos homogenicen sus voluntades pero también no debe perderse de vista que la mayoría a que aluden los partidos políticos disconformes no es la voluntad absoluta que pretende hacer valer la autoridad responsable, sino una mayoría relativa que en el caso se dio, ya que si bien es verdad los seis partidos propositores no conforman el cincuenta por ciento más uno, verídico es también que si son mayoría y si deben tomarse como una propuesta mayoritaria, dado que los seis partidos políticos restantes no hicieron una propuesta conjunta, que contraría frontalmente a la realizada por los aludidos seis partidos políticos (Acción Nacional, Verde Ecologista de México, de la Sociedad Nacionalista, de Centro Democrático, del Trabajo y Convergencia por la Democracia), por lo que no debe de tenerse como dos voluntades de igual magnitud encontradas, lo cual hubiere sucedido si frente a la propuesta de los seis partidos propositores mencionados, se hubiese presentado otra propuesta con el mismo número de partidos, lo que no se aprecia acontecido en la especie, de ahí que al no existir ello, es evidente que la propuesta de los seis partidos ya referidos, si es mayoritaria en forma relativa y por ende suficientes para ser considerada como mayoría, como lo alegan los partidos recurrentes. Lo anterior adquiere mayor consistencia si consideramos que existe mayoría relativa, plural o simple cuando corresponde a la mayor cantidad de partidos, sin superar necesariamente la mitad del total de los reconocidos y registrados como tales ante el Consejo Estatal Electoral, pues existe una diferencia entre la mayoría absoluta y la mayoría relativa, conciente en que la primera es la mitad mas uno de los componentes de la colectividad, en tanto que la mayoría simple no se establece por el número de componentes del cuerpo, sino de quienes participan en la toma de una decisión; ejemplificando, mayoría simple no debe confundirse con pluralidad de votos, que es el mayor número de votos en un mismo sentido, frente al número de votos o propuestas en sentido opuesto, pues afirmar lo anterior dejaría en claro la extralimitación de atribuciones que pretende adoptar el Consejo Estatal Electoral, vulnerando de manera flagrante las disposiciones que se han citado y los principios constitucionales de certeza, seguridad jurídica y legalidad electoral al pretender ignorar los requisitos de elegibilidad previstos en el contenido del artículo 108 del código de la materia, bajo el argumento falaz de ciudadanización de los órganos electorales desdeñando incluso, los principios elementales del sistema jurídico mexicano."

Sin mayor esfuerzo podemos concluir que el sofisticado estudio que hace la Sala responsable del Tribunal Electoral Chiapaneco únicamente tiene la tendencia de buscar necesariamente una ilegalidad en el acto de la responsable, cuando si lo que se pretende es interpretar gramaticalmente el precepto, no tenemos que abordar interpretaciones tortuosas, pues el requisito exigido, es que para ser Consejero Ciudadano debe uno contar con el consenso mayoritario de los partidos registrados ante el órgano electoral y si éstos son doce ese consenso mayoritario forzosamente tendría que ser propuesta de siete partidos, y si ninguna de las listas tiene esa aprobación del consenso mayoritario, tendrá que ser la autoridad la que en el ejercicio de la facultad que le otorga el artículo 113, fracción I, del código de la materia, la que tendría que hacer lo que hizo, es decir dictar las previsiones destinadas a hacer efectivas las disposiciones del código, o sea el nombramiento de los Consejeros Distritales respetando la definitividad de las etapas del proceso electoral, hasta el día veintinueve de febrero y es inexacto que únicamente tenía que tomar en cuenta las listas de candidatos presentada por la mayoría de los partidos políticos, sino que ante la falta de un consenso mayoritario lo más justo es que se tome en cuenta con proporcionalidad de la lista de candidatos de uno y otros partidos.

Por otra parte, la Sala responsable no tomó en cuenta la interpretación gramatical de la palabra consenso, que quiere decir unanimidad, es la comunidad de opiniones, lo ideal era que todos los partidos políticos se hubieran puesto de acuerdo y en un ejercicio de civilidad hubieramos propuesto una sola lista del doble de candidatos requeridos o una sola propuesta para que el Presidente del Consejo lo hubiera puesto a la consideración del Pleno de ese organismo electoral, pero ante la falta de ese consenso o de la propuesta única de todos los partidos el Secretario Técnico integró una propuesta de las listas presentadas por los partidos políticos y ésta en los términos del artículo 127, fracción I, de la ley reglamentaria, fue puesta a consideración de los Consejeros Estatales, quienes nombraron a los Consejeros con toda la legalidad exigida, por lo que el Tribunal Electoral del Estado debería haber confirmado el acto reclamado y no revocarlo parcialmente.

A mayor abundamiento en el caso a estudio no podemos hablar de un consenso porque los partidos políticos no se pusieron de acuerdo por unanimidad para hacer una sola propuesta, y aunque existe una lista suscrita por seis de los doce partidos registrados no es cierto que esto signifique un consenso mayoritario y que su propuesta sea la única que deba tomar en cuenta la autoridad para la designación de Consejeros, pues quedaría totalmente partidizado el órgano electoral, máxime si tomamos en cuenta que aun cuando hablan de que son seis partidos prácticamente son uno solo, pues en la práctica y ante la opinión pública sostienen una coalición con un solo candidato a la gobernatura y hasta litigan juntos porque tienen un solo interés jurídico y debe considerárseles como ellos mismos lo presumen, como una alianza en cuanto a sus derechos electorales y como lo establecen los artículos 73 y 80 de la ley de la materia.

En la misma resolución que hoy impugnamos, la Sala responsable en su considerando XIII efectúa también una amplio estudio pero contrariando al que nos hemos referido, pues defiende y justifica la actuación de la responsable dispensando la falta del cumplimiento del requisito que para Consejero Ciudadano impone la fracción I del artículo 108 del código electoral, como es contar con estudios a nivel profesional y de experiencia o conocimiento en materia electoral.

En el fundamento legal y considerativo de este agravio coincidimos todos los recurrentes, pero nos llama la atención que ahora sí, la Sala responsable estima infundados e inoperantes los agravios y consideró al respecto confirmar el acto reclamado, en tanto que no perdona la exigencia del requisito de la fracción X, del expresado precepto, es decir el consenso de los partidos, sin considerar que eso fue ampliamente subsanado por la responsable, pues ante la falta de consenso mayoritario tomó en cuenta, (sic) incluyó en el nombramiento de Consejeros a los propuestos o candidatos de los partidos políticos que quisieron hacerlo, de todos.

La Sala responsable debió advertir que el Consejo Estatal fue acucioso, cumplió con el procedimiento y la legalidad en el nombramiento de Consejeros y por lo tanto debió de confirmar el acto reclamado y al no hacerlo pone en difícil situación a la autoridad responsable, Consejo Estatal, al obligarle a efectuar la revocación de los nombramientos que estando debidamente fundados y motivados deben quedar firmes y, por otro lado, efectuar nombramientos en los que únicamente deberá tomar en cuenta a seis de los partidos registrados en el Consejo, lo que sería totalmente parcial y en esas condiciones dejaría al órgano electoral al no tomar en cuenta a los otros tres partidos, afectando la pluralidad que debe imperar en estos órganos, cimientos de la función electoral.

A mayor abundamiento la Sala responsable no tomó en cuenta que el Consejo Estatal Electoral fue acucioso en el procedimiento y al tomar en cuenta, con proporcionalidad las propuestas de los partidos políticos, actuó con legalidad, equidad y justicia, y no debe obligarlo a que únicamente tome en cuenta la propuesta de un grupo de seis partidos, podemos concluir que ha ordenado que un acto justo, legal, fundado y motivado sea revocado y se dicte uno injusto o ilegal que no solo afectaría los derechos de mi representado sino a todo el sistema electoral y hasta los derechos de aquellos ciudadanos a quienes el Consejo Estatal nombró como Consejeros Ciudadanos de los veinticuatro Consejos Distritales, que son la espina dorsal de la función electoral que este año tiene la responsabilidad de organizar y calificar la elección de Gobernador del Estado.

Además la Sala responsable, debió considerar que atendiendo la definitividad de las etapas del proceso electoral, el Consejo Estatal tenía como límite para el nombramiento de Consejeros Electorales, hasta el día veintinueve de febrero, y como en esta fecha efectuó el nombramiento de los mismos por lo que ya resulta un acto consumado de manera jurídica y materialmente irreparable y que el pretexto de la falta de consenso mayoritario de los partidos políticos, no es suficiente para revocar un acto que ha quedado firme y dentro de los límites de temporalidad que otorga el código electoral.

Resulta pertinente precisar que es grave que se otorgue cuarenta y ocho horas para cumplir esta resolución.

Nos acogemos al beneficio de la suplencia de la queja.

Ante todo lo expuesto y fundado, nos vemos obligados a acudir a esa Sala Superior, máximo órgano de justicia electoral en el país, para que en ejercicio de su facultad de plena jurisdicción y como órgano también de control constitucional y legal, revoque la resolución que impugnamos y deje firme la resolución que tomó en el acuerdo del veintinueve de febrero último, el Consejo Estatal Electoral por el que nombró ratificando o reeligiendo a los Consejeros Ciudadanos de los veinticuatro Distritos Electorales y a los Presidentes y Secretarios Técnicos de los mismos Consejos.

En la resolución que impugnamos, se pretende ordenar a la autoridad responsable que deje insubsistente el acuerdo por el que nombró Consejeros incluyendo a los que mi representado propuso, y nombró nuevos, sin tomar en cuenta nuestras propuestas, lo que incuestionablemente nos causa agravios."

SEXTO. Los Partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática, del Trabajo, Verde Ecologista de México, Convergencia por la Democracia, del Centro Democrático y el de Alianza Social, en el expediente SUP-JRC-038/2000, hacen valer como agravios los siguientes argumentos:

"Primero. La sentencia que hoy se impugna causa agravio al partido político que represento, toda vez que la responsable al decidir el derecho en la controversia que se le planteó dejó de aplicar los principios fundamentales de apego a la legalidad, no responde algunos de los agravios manifestados en su momento y además se arroga facultades que no le corresponden, vulnerando así disposiciones legales expresas del Código Electoral del Estado de Chiapas, aplicando además en forma incorrecta disposiciones diversas del ordenamiento legal en comento y de la Constitución General de la República.

Con ello se actualiza la procedencia del juicio de revisión constitucional electoral, que podrá ser interpuesto por violaciones flagrantes al principio de legalidad, de acuerdo a la tesis jurisprudencial siguiente:

Es decir la autoridad responsable se excede en cuanto a sus facultades, contraviniendo flagrantemente el axioma jurídico contenido en el principio de legalidad que establece que cualquier autoridad solamente estará facultada para actuar estrictamente en lo que la ley le faculte, sin poder rebasarla.

A manera de resumen, el acuerdo origen de la impugnación viola el principio de legalidad, entre otros, de la función electoral que contempla el artículo 19 de la Constitución Local y su correlativo en nuestra Carta Magna que resulta ser el 41, en razón de que está incurriendo en la realización de un acto sin sustento jurídico y ajeno al principio de legalidad; violentando dicho principio debido a que va más allá de lo que la propia ley le faculta. Argumento que, como señalé anteriormente, no me fue rebatido por la mencionada autoridad resolutora. Recordemos que el principio de legalidad representado por el axioma jurídico: "La autoridad está facultada para realizar exclusivamente aquello que la ley expresamente le señale, los particulares podrán hacer todo lo que la ley no les prohíba". En consecuencia, si de ninguno de los artículos que contiene el código, se desprende relación y fundamentación, como equívocamente pretende la responsable; indudablemente nos encontramos ante un acto de autoridad sin sustento jurídico y ajeno al principio de legalidad a que se alude.

Lo anterior, indudablemente violenta el espíritu de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, contenida en el inciso d), fracción IV, de su artículo 116, el cual establece como principio rector de todo proceso electoral el de legalidad; el cual de igual manera, se encuentra inserto en el artículo 19 de la Constitución Política del Estado de Chiapas. Lo vertido en el presente agravio, en forma indubitable viola la Constitución Política del Estado de Chiapas, específicamente el artículo 19 en su parte relativa al principio de equidad y de legalidad, respectivamente, éste último principio entre los principios de la contienda electoral; obviamente a la vez resulta violado el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que establece los principios rectores de la función electoral en lo general; siendo violado de igual manera el artículo 116, fracción IV, inciso d), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que prevé el principio de legalidad como rector de todo proceso electoral.

Se viola en mi perjuicio el principio de legalidad, ya que la autoridad responsable se excede en cuanto a sus facultades, contraviniendo flagrantemente el axioma jurídico contenido en el principio de legalidad que establece que cualquier autoridad solamente estará facultada para actuar estrictamente en lo que la ley le faculte, sin poder rebasarla.

Lo anterior se colige en el sentido que se vulneran en perjuicio de mi representada la garantía de legalidad, así como los principios rectores de la función electoral de imparcialidad, legalidad, equidad, certeza, profesionalismo e independencia, al no cumplir con el procedimiento que marca la ley para la designación de Consejeros Ciudadanos, Presidentes y Secretarios Técnicos. El interés jurídico de mi partido está fundamentado en la transparencia e imparcialidad que deben guardar los órganos electorales, así como en el respeto irrestricto a la ley, apegado en todo momento a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la particular del Estado, así como a la ley rectora de la materia que resulta ser el Código Electoral del Estado.

Se suma a lo anterior el hecho sustancial y trascendente, el hecho de la inclusión de personas no contenidas en la doble propuesta marcada por la ley, y que el Tribunal desestimó por completo, ya que la falta de este requisito debe ser suficiente para proceder con la deficiencia del procedimiento. Por tanto, al no estar incluidas en lista, a estas personas deberá revocárseles el cargo conferido al no cumplir con las reglas elementales del procedimiento plasmadas en el Código Electoral del Estado.

Segundo. El Tribunal Electoral del Estado desestimó nuestras argumentaciones concernientes al hecho que los Consejeros Ciudadanos del Consejo Estatal Electoral pasaron por alto lo establecido en los artículos 128 y 129 de la ley de la materia que textualmente establecen:

"Artículo 128. Las ausencias temporales o definitivas de los Consejeros Ciudadanos propietarios serán cubiertas por los suplentes comunes en forma indistinta; los Consejeros Ciudadanos durarán en su cargo un proceso electoral, pudiendo ser reelectos por uno más, observándose para esto el procedimiento previsto en el artículo anterior."

"Artículo 129. Para ser Presidente o Secretario Técnico de los Consejos Distritales y Municipales electorales, se requiere cumplir los requisitos a que se refiere el artículo 108 de este código; serán designados para un proceso electoral, pudiendo ser ratificados para uno más."

Al efecto, dicha vulneración consiste en el sentido de reelegir a Consejeros Ciudadanos que fueron designados para el proceso electoral de mil novecientos noventa y cinco, y reelectos para el proceso electoral de mil novecientos noventa y ocho, como consta en los archivos de la responsable. Así como ratificar a Presidentes y Secretarios Técnicos de Consejos Distritales que en el mismo tenor que los Consejeros, fueron indebidamente ratificados en sus cargos pues fueron nombrados en el año de mil novecientos noventa y cinco, y ratificados para el proceso de mil novecientos noventa y ocho, que en igualdad de circunstancias obran sus expedientes en los archivos del Consejo Estatal Electoral. Toda vez que chocan de manera clara y precisa con lo estipulado en la norma que resulta ser el Código Electoral del Estado, al alegar indebidamente una retroactividad positiva de la ley, lo que es inexacto pues el precepto constitucional que contiene la garantía de que a ninguna ley se le dará efecto retroactivo lo establece en manera perjudicial, lo que no es el supuesto, pues al reformarse el Código Electoral del Estado en octubre de mil novecientos noventa y siete, y añadírsele requisitos que anteriormente no contemplaba para los cargos en los organismos electorales, se transforma automáticamente el esquema de la elección y nombramiento a los ciudadanos idóneos para ocupar los cargos. En este sentido las añadiduras realizadas en el año de mil novecientos noventa y siete en el Código Electoral del Estado de Chiapas, tendían a la profesionalización y la transparencia en los órganos electorales, por lo que en el proceso de mil novecientos noventa y ocho se procedió nuevamente a la revisión de dichos requisitos en los candidatos a ocupar los cargos.

Afirmar lo que manifiesta el Consejo Estatal Electoral y que comparte el Tribunal Electoral del Estado en el sentido de que pudieran ser reelectos y ratificados los Consejeros designados en mil novecientos noventa y cinco, es tanto como afirmar la inamovilidad en los cargos electorales. Amén de la contradicción de que tanto en mil novecientos noventa y ocho como en el dos mil, durante los procesos electorales se han revocado dichos cargos a un sinnúmero de ciudadanos, los cuales no han manifestado ni un solo medio de impugnación al respecto ni conflicto de normas, por lo tanto es erróneo que el Consejo Electoral quiera asumir posiciones de legislador cuando el órgano competente para tal efecto es el Congreso del Estado, quien legisla y es responsable del resultado de tales actos jurídicos.

Tercero. Como punto medular del erróneo actuar del Tribunal Electoral del Estado, resulta trascendente el hecho de afirmar, juntamente con la responsable del medio de impugnación origen de este juicio, el hecho que indebidamente, respecto a la confirmación de este punto en el sentido que de la elección primaria se desprende el consenso y la justificante de los diferentes partidos políticos y por lo tanto en los supuestos que favorecen los artículos 128 y 129 del Código Electoral del Estado, sobre la reelección y la ratificación a la que pueden ser sujetos pero no obligados los integrantes de los Consejos Distritales, deberá forzosamente llenar los mismos requisitos que para ser nombrados por primera vez se requiere.

Esto se deduce desde la acepción gramatical de cada una de las palabras, pues por una parte reelección quiere decir volver a elegir, de acuerdo a la Real Academia Española, por tanto, se trata de volver a elegir, se deberá cumplir con todos los pasos que se necesitaron para llegar a la elección. El propio lema del ejecutivo, "Sufragio Efectivo, no Reelección" que fue a su vez un estandarte revolucionario, nos enmarca esta realidad, afirmar que una reelección se satisface con la elección primaria, es asegurar que con el hecho que una persona resultara electo para un cargo público no necesitara de sufragios o requisitos para continuar en el cargo, aún y cuando legalmente ya hubiere término (sic) el tiempo por el que fue electo. En el mismo sentido ocurre con el vocablo ratificar, que quiere decir aprobar o confirmar lo que se ha dicho o hecho dándole por valedero o cierto.

En este mismo sentido, y para mayor claridad y abundamiento resultan aplicables las siguientes Tesis de Jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia del a Nación:

"Novena Época.

Instancia: Pleno.

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.

Tomo: VII, Abril de 1998.

Tesis: P. XXX/98.

Página: 121.

MAGISTRADOS DE LOS TRIBUNALES SUPERIORES DE JUSTICIA DE LOS ESTADOS. SI AL CONCLUIR EL PERÍODO POR EL QUE FUERON NOMBRADOS NO SE DESIGNA EN SU LUGAR A OTRO Y TRANSCURRE EL PERÍODO NECESARIO PARA ALCANZAR LA INAMOVILIDAD, SIN UN DICTAMEN VALORATIVO EN EL QUE SE FUNDE Y MOTIVE LA CAUSA DE SU REELECCIÓN, DEBE ENTENDERSE QUE ADEMÁS DE HABER SIDO REELECTOS TÁCITAMENTE, ALCANZARON ESA PRERROGATIVA CONSTITUCIONAL (INTERPRETACIÓN DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 116 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS). La interpretación genético-teleológica de la fracción III del artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos revela la preocupación del poder revisor de la Constitución de fortalecer la independencia del Poder Judicial de los Estados y de establecer la inamovilidad de los Magistrados como un mecanismo para lograrla. De lo anterior se sigue que, al interpretarse el precepto anteriormente señalado, debe buscarse salvaguardar el valor de la independencia judicial por lo que sí se está ante la situación anormal de que al concluirse el período por el que fue nombrado un Magistrado, sin que se haya designado uno nuevo que lo sustituya, continúa en el ejercicio del cargo por el tiempo necesario para alcanzar la inamovilidad, sin que se llegue a emitir un dictamen valorativo que funde y motive la causa para no reelegirlo, debe entenderse que, además de haber sido reelecto tácitamente, alcanzó la inamovilidad, dado que esta calidad no puede quedar sujeta al arbitrio de otros órganos del poder local en detrimento de la independencia de la judicatura, puesto que a través de ese mecanismo podría mantenerse, incluso permanentemente, a todos los integrantes del Poder Judicial, en una situación de incertidumbre en relación con la estabilidad en su puesto lo que, necesariamente, disminuiría o aniquilaría la independencia de los Magistrados, respecto de los integrantes de los otros poderes y se atentaría contra el principio de la carrera judicial que tiende a garantizar la administración pronta, completa e imparcial que establece el artículo 17 de la Constitución, a través de Magistrados independientes, autónomos y con excelencia ética y profesional.

Amparo en revisión 263/96. Fernando Arreola Vega. 27 de enero de 1998. Unanimidad de nueve votos en cuanto a la concesión del amparo y mayoría de seis votos en cuanto a las consideraciones y los efectos. Ausentes: Juventino V. Castro y Castro y Humberto Román Palacios. Ponente: Mariano Azuela Güitron. Secretario: Ariel Alberto Rojas Caballero.

El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el veintitrés de marzo en curso, aprobó, con el número XXX/1998, la tesis aislada que antecede y determinó que la votación no es idónea para integrar tesis jurisprudencial. México, Distrito Federal, a veintitrés de marzo de mil novecientos noventa y ocho."

"Octava Época.

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito.

Fuente: Semanario Judicial de la Federación.

Tomo: XV-Febrero.

Tesis: III.2o.A.88 A.

Página: 132.

AUTORIDADES EJIDALES. IMPROCEDENCIA DE LA REELECCIÓN DE LAS. (ARTÍCULO 39 DE LA LEY AGRARIA). De una recta interpretación del artículo 39 de la Ley Agraria, se llega a la conclusión de que la intención del legislador fue la de restringir a tres años la representación de los ejidos por un mismo grupo de ejidatarios. Lo anterior se estima así, atendiendo a que en el artículo 44 de la derogada Ley Federal de Reforma Agraria, sí se permitía la reelección inmediata por una sola vez, condicionándola a que la elección fuera aprobada por la mayoría de las dos terceras partes de la asamblea; dicho precepto decía textualmente lo siguiente: "Los integrantes de los comisariados y de los consejos de vigilancia durarán en sus funciones tres años. Si al término del período para el que haya sido electo el comisariado ejidal no se han celebrado elecciones, será automáticamente sustituido por el consejo de vigilancia, el que deberá convocar para la elección en un plazo no mayor de sesenta días. Los miembros del comisariado, por una sola vez, podrán ser electos para el mismo o diferente cargo en el siguiente período, si obtienen la mayoría de las dos terceras partes de la asamblea. En adelante no podrán ser electos para ningún cargo, sino hasta que haya transcurrido un lapso igual a aquél en que estuvieron en ejercicio." En cambio, el artículo 39 de la Ley Agraria vigente establece que: "Los integrantes de los comisariados y de los consejos de vigilancia durarán en sus funciones tres años. En adelante no podrán ser electos para ningún cargo dentro del ejido, sino hasta que haya transcurrido un lapso igual a aquél en que estuvieron en ejercicio. Si al término del período para el que haya sido electo el comisariado ejidal no se han celebrado elecciones, sus miembros propietarios serán automáticamente sustituidos por los suplentes. El consejo de vigilancia deberá convocar a elecciones en un plazo no mayor de sesenta días contados a partir de la fecha en que concluyan las funciones de los miembros propietarios." Como se puede advertir de los expuesto, la innovación contenida en el numeral transcrito en segundo término, sin duda tiende a establecer una mayor democratización en los comisariados al señalar que éstos, así como los consejos de vigilancia durarán en sus funciones únicamente tres años, especificando que sólo podrán ser electos de nueva cuenta, hasta que haya transcurrido un lapso igual a aquél en que estuvieron en ejercicio; aún más, el precepto aludido restringe la continuidad en el cargo de los integrantes propietarios del comisariado ejidal, al disponer que si al término del período para el que haya sido electo no se han celebrado elecciones, sus miembros propietarios serán automáticamente sustituidos por los suplentes; asimismo, le impone la obligación al consejo de vigilancia de convocar a elecciones en un plazo no mayor de sesenta días contados a partir de la fecha en que concluyan sus funciones los miembros propietarios. En esas condiciones, resulta incuestionable que el permitir por cualquier circunstancia, que se prolongue el término de tres años que el artículo 39 de la Ley Agraria prevé para que estén en funciones las autoridades ejidales, implicaría contravenir el propósito de la norma.

Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito.

Amparo directo 153/94. Rafael Pajarito Antón y otros. 30 de noviembre de 1994. Unanimidad de votos. Ponente: Filemón Haro Solís. Secretario: Rogelio Alberto Montoya Rodríguez."

"Séptima Época.

Instancia: Segunda Sala.

Fuente: Semanario Judicial de la Federación.

Tomo: 85, Tercera Parte.

Página. 20.

AGRARIO. REELECCIÓN DE COMISARIADOS EJIDALES O DE ALGUNO DE SUS MIEMBROS. PROHIBICIÓN INSTITUIDA POR LA LEY FEDERAL DE REFORMA AGRARIA. NO ES RETROACTIVA. La aplicación de una ley es retroactiva cuando obra sobre el pasado y lesiona derechos adquiridos bajo el amparo de leyes anteriores. Ahora bien, la circunstancia de que dentro del sistema de elección de autoridades internas de los ejidos que establecía el Código Agrario derogado, no estuviera prohibida la reelección de los miembros de los comisariados ejidales, no implica que el comisariado ejidal o sus miembros hubieran adquirido el derecho a ser reelectos, sino que tal evento era una mera expectativa; de ahí que, si el acto mismo de la reelección se consuma dentro de la vigencia de la Ley Federal de la Reforma Agraria que lo prohíbe, la aplicación del artículo 44 de dicha ley para declarar sin efectos la reelección a un cargo dentro del comisariado ejidal no es retroactiva ni viola lo establecido por el artículo 14 Constitucional, pues, además de que se trata de una disposición de cumplimentación inmediata, por ser de orden público, dicha norma se está aplicando a una situación jurídica surgida con posterioridad a la fecha de iniciación de su vigencia.

Amparo en revisión 4570/75. Comisariado ejidal del poblado Laguna y Monte del Castillo, municipio de Medellín, Ver. 8 de enero de 1976. Cinco votos. Ponente: Carlos del Río Rodríguez.

Nota: Esta tesis también aparece en:

Apéndice 1917-1985, Tercera Parte, Segunda Sala, décima tesis relacionada con la jurisprudencia 28, página 69, bajo el rubro: "REELECCIÓN DE COMISARIADOS EJIDALES O DE ALGUNO DE SUS MIEMBROS. PROHIBICIÓN INSTITUIDA POR LA LEY FEDERAL DE REFORMA AGRARIA. NO ES RETROACTIVA."

En este sentido, ese Tribunal, deberá modificar la resolución que hoy se combate en el sentido de revocar el nombramiento de aquellos Presidentes, Secretarios Técnicos y Consejeros Ciudadanos de los Consejos Distritales del Estado de Chiapas cuyos nombres aparecen en el informe circunstanciado de la autoridad responsable del recurso de revisión, es decir el Consejo Estatal Electoral.

Por lo anteriormente expuesto, creemos que esta Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación debe reparar la parcialmente ilegal resolución emitida por la responsable en donde se violaron los artículos 93 y demás aplicables del Código Electoral del Estado de Chiapas; 19 de la Constitución Política de dicha Entidad; transgrediéndose en consecuencia la disposición de la Constitución Política Federal que prevé el multicitado principio de legalidad, específicamente el artículo 116, fracción IV, inciso d), de nuestra Carga Magna; así como los artículos 108, fracciones IX y X, 114, fracción VIII, 116, fracción XII, 127, fracciones I y II, 128 y 129 del Código Electoral del Estado."

SÉPTIMO. El estudio de los agravios hechos valer por los partidos políticos en el juicio de revisión constitucional electoral SUP-JRC-38/2000, permite arribar a las siguientes consideraciones jurídicas.

Resultan inoperantes los propuestos en el apartado tercero del escrito de expresión de agravios, en los que sostienen, en síntesis, que el Tribunal responsable, al dictar la sentencia impugnada, incorrectamente confirmó la reelección de los consejeros ciudadanos y ratificación de los presidentes y secretarios técnicos de diversos consejos distritales y que determinó la autoridad administrativa electoral en su oportunidad, sin haber observado el procedimiento de selección contemplado por la ley electoral del Estado.

Con objeto de evidenciar la inoperancia de los argumentos invocados en este juicio, es necesario tener presente que, agravio es la lesión o afectación de los derechos e intereses jurídicos que sufre una persona, y para lo que en la especie interesa, es aquél causado a través de una resolución judicial; así también, por extensión, cada uno de los motivos de queja expresados en el medio de impugnación de que se trate, por atender indebidamente un dispositivo legal o por falta de aplicación del que debió regir el caso.

Para estimar debidamente constituido un agravio, el mismo debe contener razonamientos lógico-jurídicos, en relación directa e inmediata con los fundamentos de la resolución que se combate, en concordancia necesaria con los dispositivos legales que se estimen infringidos, de manera tal, que lleguen a establecer la contravención de los preceptos que al respecto se invoquen, con las consideraciones utilizadas por la autoridad emitente del acto reclamado, al decidir aquello que le es sometido a su potestad jurisdiccional.

Los apuntados razonamientos jurídicos deben estar encaminados a demostrar la ilegalidad de la resolución que se impugna. Por tanto, su expresión es indispensable para que sea factible examinar los vicios que pudiera llegar a tener la determinación del órgano jurisdiccional. Más aún, se hace necesario lo anterior, porque tratándose del juicio de revisión constitucional electoral, no puede analizarse oficiosamente si la resolución atacada viola o no algún precepto constitucional, por existir prohibición expresa de suplir la queja deficiente, según se desprende del contenido del segundo párrafo, del artículo 23 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

Puntualizado lo anterior, cabe señalar que, de la sentencia impugnada se observa que la autoridad responsable, al emitir su resolución, en el considerando IX, se ocupó de la impugnación que hicieron los partidos políticos inconformes sobre la ratificación de los presidentes y secretarios técnicos de los Consejos Distritales, en los siguientes términos: "...el artículo 129 del Código Electoral dispone textualmente que para ser presidente o secretario técnico de los consejos distritales y municipales electorales, se requiere cumplir los requisitos a que se refiere el artículo 108 de ese Código, serán designados para un proceso electoral, pudiendo ser ratificados para uno más. De donde se sigue que, tratándose en el caso de los Presidentes y Secretarios Técnicos de una ratificación en el cargo, en modo alguno se hace necesario, como lo pretenden los accionantes, que éstos cuenten con el consenso de la mayoría de los partidos políticos representados en el Consejo Estatal Electoral, a cuyo requisito hace mención la fracción X del artículo 108 de la Ley Electoral del Estado, puesto que, esta figura de confirmación del cargo anterior para un proceso electoral determinado opera por disposición expresa de la misma ley, máxime que el dispositivo legal en cita no precisa ni remite a la observación de alguna formalidad especial para la procedencia de ese acto ratificatorio, lo que hace deducir de una interpretación gramatical de la norma en comento que esa facultad se entiende reservada exclusivamente al órgano emisor del acto reclamado, más aún cuando la exigencia del artículo 129 acerca de satisfacer los requisitos del 108 del Código Electoral del Estado se entiende referida a la designación primaria del cargo en cuestión."

Asimismo, en torno a la inconformidad planteada por los partidos políticos por la reelección de los consejeros ciudadanos, la responsable consideró: "Tocante a los segundos, el artículo 128 del Ordenamiento Electoral del Estado, establece en la parte que nos interesa que los Consejeros Electorales durarán en su cargo un proceso electoral, pudiendo ser reelectos por uno más, observándose para esto el procedimiento previsto en el artículo anterior. De la transcripción del precepto en cita se despredente que la única remisión ordenada es en relación a la observancia del procedimiento que contempla el numeral 127 de la Ley de la Materia, en cuanto a la manera en que habrán de integrarse los consejos distritales y municipales electorales a más tardar el último día del mes de febrero del año de la elección, en lo particular, el señalado en su fracción I, acerca de la presentación a la consideración del Consejo Estatal por su Presidente, de una lista con el doble de los miembros necesarios, de la que se eligen a propietarios y suplentes, por el voto de las dos terceras partes de los miembros del Consejo Estatal Electoral presentes mas no a la observancia del artículo 108 de la multicitada Ley Electoral como equivocadamente sostienen los recurrentes. De lo que es dable considerar que los requisitos a que se refiere tal precepto se estiman satisfechos con la primaria elección del cargo, amén de que, es importante destacar que los propios recurrentes al suscribir con los demás partidos el documento que obra a fojas 224 a la 226 de los autos, relativo al acuerdo instrumentado para el procedimiento de designación de consejeros ciudadanos, dentro de lo cual se previno la de reelección de cuidadanos consejeros propietarios y suplentes, trae implícito el consenso para que el titular de la responsable conforme a sus atribuciones, privilegiando la experiencia adoptara ese medio de elección en la propuesta presentada al seno del Consejo Estatal Electoral para su aprobación en los términos de ley... la ratificación y la reelección es una facultad reservada a dicho Consejo, sin que deba de recabarse el consenso mayoritario de los partidos políticos, no sucede lo mismo en lo relativo a las nuevas designaciones de los consejeros, presidentes y secretarios técnicos; ello es así, si se estima que las consideraciones que rigen las ratificaciones y las nuevas designaciones no son similares puesto que en tanto para aquéllos (ratificaciones o reelecciones), es de sostenerse que en su momento procesal oportuno reunieron los requisitos de legalidad para ocupar tales requisitos y por lo mismo no pueden ahora tenerse por no satisfechos, puesto que en tal evento tendría necesariamente que existir un actuar reputado a esa persona que justificara el hecho del por qué, si fueron idóneos para desempeñar tales cargos en un proceso electoral anterior, no lo sean a la fecha, circunstancia que no se aprecia alegada por los recurrentes si no que únicamente argumentan que retiran el consenso previamente otorgado, lo que de ninguna manera puede considerarse como una circunstancia válida para sostener jurídicamente que en este momento no resultan elegibles."

Ahora bien, al compaginar las razones de hecho y las consideraciones de derecho en que se apoyó el Tribunal responsable, con los agravios propuestos por la parte actora, se pone de relieve que, con tales motivos de inconformidad no se combate lo justipreciado por la resolutora, que constituye el acto que aquí se reclama.

En efecto, los partidos políticos enjuiciantes, en el apartado tercero del escrito de expresión de agravios, se concretan a exponer que es erróneo el actuar del Tribunal responsable, en cuanto confirmó la consideración de la autoridad administrativa electoral, respecto de la ratificación y reelección de los presidentes y secretarios técnicos y consejeros ciudadanos, bajo el argumento de que de la elección primaria se desprende el consenso y la justificante de los diferentes partidos políticos, cuando que, de acuerdo con los artículos 128 y 129 del Código Electoral del Estado, dichos funcionarios deben satisfacer los mismos requisitos como si fueran nombrados por primera vez, porque, siguen diciendo los partidos actores, si se trata de volver a elegir, se deberá cumplir con todos los pasos que se necesitaron para llegar a la elección, estimar que una reelección se satisface con la elección primaria, es asegurar que con el hecho de que una persona resultara electa para un cargo público, no necesitara de sufragios para continuar en el cargo, aún cuando haya terminado el tiempo por el que fue electo.

Así, los motivos de queja expuestos por los actores, como se dijo, son inoperantes, en tanto que, no combaten las consideraciones externadas por la jurisdicente cuando resolvió sobre la reelección de los consejeros ciudadanos, en que estimó que el artículo 128 del ordenamiento electoral estatal, sólo remite a la observancia del procedimiento contemplado en la fracción I del diverso precepto 127 del propio Código, acerca de la presentación a la consideración del Consejo Estatal, por su Presidente, de una lista con el doble de los miembros necesarios para elegir a los funcionarios electorales, mas no a la observancia del artículo 108 de la pluricitada ley electoral; además, dijo la responsable, los propios recurrentes, al suscribir con los demás partidos el acuerdo instrumentado para la designación de consejeros ciudadanos, dentro del cual se previno la de reelección de ciudadanos consejeros propietarios y suplentes, trae implícito el consenso para que el titular del Consejo Estatal, conforme a sus atribuciones y privilegiando la experiencia, adoptara ese medio de elección, para concluir que, en su momento procesal oportuno, los reelegidos y ratificados, reunieron los requisitos de legalidad para ocupar tales puestos, por lo que ahora no pueden tenerse por insatisfechos, pues no existe un actuar reputado a esa persona que justifique el hecho del por qué si fueron idóneos para desempeñar tales cargos en un proceso anterior, no lo sean a la fecha. Aspectos que, como ya se dijo, no se encuentran cuestionados por los partidos políticos enjuiciantes, mucho menos las razones que externó la responsable para ratificar a diversas personas en los cargos de presidente y secretario técnico de los consejos distritales y municipales, pues lo que argumentaron los partidos inconformes en relación a la reelección de los consejeros ciudadanos, lo hicieran extensivo a esta determinación, cuando que, como ya se puso de relieve con antelación, la responsable basó su decisión en diferentes razones, las que, por no encontrarse impugnadas de manera directa y eficaz, por sí solas, sustentan el sentido de la resolución cuestionada y, por tal motivo, deben quedar incólumes y seguir rigiendo tal aspecto de la sentencia combatida.

Consideración que debe hacerse extensiva, en cuanto a su inoperancia, respecto de lo que sostienen los promoventes de este juicio, en el último párrafo del agravio identificado como primero, en donde exponen que al proceder incorrecto del Tribunal responsable, se suma el hecho de que designó como funcionarios electorales a personas que sus nombres "no estaban contenidas en la doble propuesta que marca la ley", deficiencia en el procedimiento de elección que debe conducir a la revocación de los nombramientos.

Lo anterior es así, porque la responsable, al emitir su resolución y ocuparse del motivo de desacuerdo, sostuvo que el Consejo Estatal Electoral estimó tomar en cuenta las propuestas presentadas por los diversos partidos políticos, "aun de no haberse ceñido al término que se propuso para la celebración de las mismas, concebible lo anterior a fin de no hacer nugatorio el derecho consignado a favor de los partidos, que es de orden público y de observancia obligatoria en el Estado, dado que un acuerdo, por más de contener consenso no puede estar por encima de la ley de la materia, en esa tesitura, el presidente del órgano electoral ajustando sus actos a la normatividad electoral, se pronunció respecto de las propuestas que se hicieron llegar, dentro de las que aparecen relacionadas las personas que se cuestionan, al margen de que como refiere la responsable en su informe, algunas ratificaciones efectivamente no provienen de las listas propuestas por los partidos, sino que fueron incluidos conforme al artículo 129 del Código Electoral del Estado"; sin que los inconformes impugnen con razonamientos lógico-jurídicos, lo dicho por el Tribunal responsable en el sentido apuntado, en cuanto reconoció que, el Consejo Estatal Electoral tomó en cuenta propuestas de personas que no aparecían en las listas presentadas por los partidos políticos a tiempo, pero consideró que esa conducta era concebible a fin de no hacer nugatorio el derecho establecido a favor de los partidos de presentar esas listas; derecho que, estimó el resolutor, es de orden público y de observancia obligatoria, por lo que un acuerdo, por más que cuente con el consenso no puede estar por encima de la ley de la materia, de ahí que desestimó el alegato producido por los partidos inconformes; además de que, avaló también lo dicho por el Consejo Estatal Electoral, de que algunas ratificaciones efectivamente no provenían de las listas propuestas por los partidos, sino que fueron incluidos conforme al artículo 129 del Código Electoral; aseveraciones que, como ya se dijo, en modo alguno impugnan los inconformes mediante los argumentos argüidos en este juicio, virtud por la que devienen en inoperantes y, por tanto, deben seguir rigiendo la parte relativa de la resolución impugnada.

Por otra parte, resultan infundados los motivos de inconformidad hechos valer por los actores, en el apartado segundo del ocurso atinente, en los que arguyen, en síntesis, que el Tribunal responsable inobservó los artículos 128 y 129 del Código Electoral del Estado de Chiapas, al negarse a dejar sin efecto los nombramientos que realizó el Consejo Estatal Electoral, de diversos consejeros ciudadanos, presidentes y secretarios técnicos de consejos distritales electorales, que recayeron en personas que actuaron en los procesos electorales de mil novecientos noventa y cinco y mil novecientos noventa y ocho; habida cuenta que, se aduce, es inexacto que revocarles su designación con base en la normatividad vigente, signifique aplicarles la ley retroactivamente, pues al haberse reformado la legislación electoral del referido Estado en mil novecientos noventa y siete, se transformó el esquema de elección y nombramiento de los ciudadanos idóneos para ocupar tales cargos.

En efecto, independientemente de que las consideraciones externadas por la autoridad enjuiciada al decidir el asunto sometido a su decisión no sean del todo correctas, la conclusión a la que llegó, de negar la revocación de los nombramientos a que se hizo alusión, por correcta, ningún agravio les causa a los accionantes.

Para arribar a la anotada conclusión, debe tenerse presente que, por decreto número ciento setenta y cinco, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Chiapas el seis de mayo de mil novecientos noventa y cinco, la Quincuagésima Octava Legislatura de dicha Entidad expidió el Código Electoral local; éste preveía (artículo 128), que los consejeros ciudadanos integrantes de los consejos distritales electorales, duraran en su encargo dos procesos electorales, pudiendo ser reelectos; pero nada decía tocante al tiempo durante el cual se desempeñarían los presidentes y secretarios técnicos de los mencionados órganos electorales.

Posteriormente, por decreto número doscientos nueve, publicado en el mismo medio de comunicación el dieciséis de octubre de mil novecientos noventa y siete, la citada ley fue reformada, estableciendo, en lo que aquí interesa, lo siguiente:

"Artículo 128. Las ausencias temporales o definitivas de los consejeros ciudadanos propietarios serán cubiertas por los suplentes comunes en forma indistinta; los consejeros ciudadanos durarán en su cargo un proceso electoral, pudiendo ser reelectos por uno más, observándose para esto el procedimiento previsto en el artículo anterior.

Artículo 129. Para ser Presidente o Secretario Técnico de los consejos distritales y municipales electorales, se requiere cumplir los requisitos a que se refiere el artículo 108 de este Código; serán designados para un proceso electoral, pudiendo ser ratificados para uno más.

Para el cargo de Secretario Técnico se preferirá en su caso a ciudadanos con estudios de licenciatura en derecho o su equivalente...

Transitorios:

Artículo Primero. El presente decreto entrará en vigor el día de su publicación en el Periódico Oficial del Estado."

De lo reproducido se advierte que, fue voluntad del legislador chiapaneco modificar el tiempo máximo en el que durarían en su cargo los funcionarios electorales mencionados, determinando que se designarían para un sólo proceso electoral, aunque podrían ser ratificados para otro más, lo que significa que, de acuerdo con la reforma aludida, la permanencia máxima en esas funciones, es de dos procesos electorales.

Sin embargo, es menester dejar clarificado que estas disposiciones, de conformidad con el artículo primero transitorio del propio ordenamiento, empezaron a regir a partir del dieciséis de octubre de mil novecientos noventa y siete, en razón de que, como se dijo, el decreto correspondiente se publicó en esa fecha; a lo que debe sumarse que, es principio general de derecho, que las leyes deben aplicarse a actos futuros, esto es, a los que nazcan en forma posterior al comienzo de su vigencia, lo cual generalmente sucede el día en que son publicadas en los medios oficiales o al día siguiente, salvo el caso de que la misma legislación señale una fecha posterior para su cumplimiento. Por tanto, no pueden regular actos acaecidos con anterioridad a su entrada en vigor, pues la propia Constitución General de la República, en su artículo 14, por regla general prohibe que la normatividad ordinaria pueda ser aplicada al pasado, cuando se causa a alguien un perjuicio, verbigracia, para cambiar, modificar o suprimir los efectos de un derecho adquirido previamente.

Lo expuesto encuentra su explicación en el hecho de que, la norma jurídica es la expresión de un acto de voluntad, que implica, como tal, la necesaria relación del instante en que cobra vida, con un momento futuro en el cual ha de aplicarse; en consecuencia, la retrotracción de su vigencia al pasado, por regla general, constituye una distorsión de su recta función operativa; habida cuenta que, el Tribunal Pleno de la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha considerado que la aplicación retroactiva de una ley, es contraria al texto y al espíritu del citado precepto constitucional, según se puede observar de la jurisprudencia que con el rubro de "RETROACTIVIDAD DE LA LEY", dice: "La aplicación retroactiva de una ley, es contraria al texto y al espíritu del artículo 14 constitucional ". La jurisprudencia transcrita es consultable en la obra La Constitución y su Interpretación por el Poder Judicial de la Federación, Tomo Q-Z, página 3361, y resulta orientadora en el presente caso.

Así las cosas, es inconcuso que el resolutor se encontraba impedido para acoger favorablemente las pretensiones jurídicas de los enjuiciantes, en razón de que, los preceptos que establecen que la clase de funcionarios electorales que nos ocupa se designará por un proceso electoral, pudiendo ser reelectos o ratificados por uno más, únicamente puede surtir sus efectos respecto de aquellos individuos designados o que se designen a partir del dieciséis de octubre de mil novecientos noventa y siete; momento en el que, como se anotó, entraron en vigor las reformas que nos ocupan; pero es imposible aplicarla a los ciudadanos que fueron nombrados antes de esa fecha, en virtud de que, aún no se encontraba vigente; en consecuencia, quienes se encuentren en esta última hipótesis ¾ designados antes del dieciséis de octubre de mil novecientos noventa y siete¾ , no tienen como límite temporal de sus funciones, dos procesos electorales.

Sin embargo, debe dejarse aclarado que, las personas designadas con base en las normas que estuvieron en vigor del siete de mayo de mil novecientos noventa y cinco al quince de octubre de mil novecientos noventa y siete, al concluir el período o los períodos por los que fueron nombrados, si bien, válidamente podrían ser designadas como tales de nueva cuenta, en tanto que, el órgano legislativo local, al enmendar dicho Código no estableció alguna disposición que impidiese a aquellos que fungieron previamente como consejeros ciudadanos, presidentes o secretarios técnicos, el volver a desempañar dichos cargos; pero, en su caso, la nueva designación de que fuesen objeto, se regularía de conformidad con la ley que actualmente se encuentra en vigor, por lo que sólo podría durar en su encargo un máximo de dos procesos electorales.

Sobre el tema, cabe agregar que, el respeto a la garantía de irretroactividad de las leyes, no implica, por sí solo, otorgar inamovilidad en sus puestos a los funcionarios electorales, ya que tal figura jurídica ¾ de la inamovilidad¾ , que dicho sea de paso, consiste en el derecho que tienen los funcionarios y empleados públicos de toda clase, de no ser separados de sus cargos salvo en aquellos casos que la propia ley determina, como podrían ser, por ejemplo, los derivados de la mala conducta, de la ineptitud, de la negligencia en el desempeño de sus labores, etcétera. Como se decía, acatar la garantía de irretroactividad de las leyes, no conlleva, por sí solo, conceder inamovilidad en sus cargos a los funcionarios electorales, pues el que los servidores tengan o no tal derecho, depende de la base constitucional que regule sus funciones; sin que en la especie sea factible pronunciarse sobre si los funcionarios electorales de Chiapas tienen o no tal derecho, ya que no es parte de la controversia.

No es obstáculo a la anterior conclusión, lo afirmado por los inconformes, en el sentido de que durante los procesos electorales de mil novecientos noventa y ocho y del dos mil, se han revocado los nombramientos de algunos ciudadanos, de los cuales ni siquiera especifican sus nombres y sin que éstos hayan impugnado la determinación atinente, pues atendiendo a la técnica que rige la resolución de los medios de impugnación electorales, el juzgador se encuentra impedido para pronunciarse sobre la licitud o ilicitud de actos jurídicos que no han sido sometidos a su potestad; eso por un lado, y, por otro, el que los sujetos pasivos del proceder de la autoridad electoral hayan consentido dichos actos, no implica, indefectiblemente, que los mismos hayan sido legales o ilegales.

Así las cosas, es dable concluir que ante lo inoperante en una parte, infundada en otra, de los agravios hechos valer por los partidos actores, lo que procede es confirmar la parte de la sentencia impugnada, en cuanto la responsable, en el considerando IX de dicha resolución, confirmó, a su vez, el aspecto del acuerdo combatido concerniente a la ratificación y reelección de presidentes, secretarios técnicos y consejeros ciudadanos de los Consejos Distritales Electorales del Estado de Chiapas.

OCTAVO. En resumen, el Partido Revolucionario Institucional, hace valer los siguientes agravios:

a) Que la autoridad del conocimiento al emitir el fallo ahora impugnado, debió considerar en su totalidad infundados los agravios hechos valer por los partidos recurrentes, que a la postre estimó parcialmente fundados; consecuentemente, no revocar los nombramientos efectuados respecto de los consejeros distritales, ni ordenar que se hicieran nuevas designaciones, atendiendo en forma parcial, las propuestas hechas por un grupo de quejosos que estimó mayoría y con ello eliminó las propuestas del Partido Revolucionario Institucional y de otros institutos; que tal proceder jurisdiccional, resta pluralidad a la representación de los consejeros distritales y afecta gravemente la limpieza, objetividad y legalidad de la función electoral.

b) Que el fundamento sustancial de los inconformes, fue que el Consejo Estatal Electoral no tomó en consideración, al nombrar los nuevos consejeros, que no tenían consenso mayoritario de los partidos registrados; es decir, que gran número de las propuestas presentadas por el presidente de ese consejo y aprobadas por los consejeros, adolecen del consenso mayoritario.

c) Se sostiene además, que al estudiar esa parte de los agravios, la Sala responsable no tomó en cuenta el informe de la autoridad responsable, pues de haberlo hecho, no hubiese caído en contradicciones, pues por un lado, en el considerando XIII, dispensó la exigencia del requisito legal establecido en el artículo 108, fracción I del Código Electoral del Estado de Chiapas, relativa a contar al día de la designación, con estudios a nivel profesional o formación equivalente y la experiencia en Derecho Electoral; en tanto que, por otra parte, exige la estricta aplicación de la fracción X de ese precepto.

d) Ese proceder de la responsable, sostiene el partido inconforme, tiene la tendencia de buscar una ilegalidad en el acto, cuando si lo pretendido es interpretar gramaticalmente el precepto no se tiene que abordar a interpretaciones tortuosas; así, para contar con el consenso mayoritario, se requiere, cuando menos la mitad más uno de los partidos políticos (siete) y si ninguna lista lo obtiene, tendrá que ser la autoridad, quien en acuerdo con lo dispuesto por el artículo 113, fracción I, del ordenamiento legal en consulta, la que tiene que dictar las previsiones destinadas a hacer efectivas las disposiciones del Código Electoral de esa Entidad Federativa y a realizar las designaciones correspondientes.

e) Que resulta inexacta la apreciación de la autoridad del conocimiento de que para realizar las designaciones de los consejeros distritales, exclusivamente debiera tomarse en consideración las listas de candidatos presentadas por la mayoría de los partidos, ante la falta de consenso mayoritario, puesto que lo más justo, es tomar en cuenta la proporcionalidad de la lista de candidatos de unos y otros partidos.

f) Que ante la falta de consenso o de propuesta única, el secretario técnico, integró una propuesta de las listas presentadas y ésta, en los términos de lo dispuesto por el artículo 127, fracción I, de la legislación en consulta, fue puesta a consideración de los consejeros estatales, quienes nombraron a los consejeros distritales, con la legalidad exigida.

g) Falso resulta, sostiene el inconforme, que la lista presentada por seis partidos políticos, refleje mayoría y sea la única que debió tomar en cuenta el Consejo, pues de ser así, quedarían partidizados los órganos electorales, siendo que es público que, esos seis partidos sostienen una coalición con un solo candidato a gobernador y litigan juntos, por ende, debe considerárseles como integrantes de una alianza de conformidad por lo dispuesto por los artículos 73 y 80 del Código Electoral local.

h) En el considerando XIII, la autoridad responsable, efectúa un amplio estudio, defiende y justifica la actuación de la responsable, dispensando la falta del cumplimiento de la fracción I, del artículo 108 citado, que es de contar con estudios a nivel profesional y con experiencia o conocimiento en la materia electoral.

i) Que además dicha autoridad, pasó por alto que el Consejo Estatal, subsanó la falta de consenso mayoritario, al incluir en el nombramiento de consejeros, a las propuestas o candidatos de los partidos políticos que quisieron hacerlo, esto es, tomó en consideración las listas de todos los partidos que así lo hicieron, lo que hizo, con proporcionalidad y por ende actuó ajustada a los principios de legalidad, equidad y justicia.

j) Igualmente, la Sala del conocimiento debió atender a la definitividad de las etapas del proceso electoral y que el Consejo tenía hasta el veintinueve de febrero para efectuar los nombramientos, como lo hizo, por lo que tal designación, ya resulta un acto consumado de manera jurídica y materialmente irreparable y por tanto, el pretexto de la falta de consenso es insuficiente para revocar un acto que ha quedado firme y dentro de los límites de temporalidad que otorga el Código Electoral.

k) Finalmente, estima el partido inconforme, que es grave que se otorgaran cuarenta y ocho horas para el cumplimiento de la resolución. Que en ésta, se ordenó dejar insubsistente el acuerdo del Consejo y nombrar nuevos integrantes de los consejos distritales, sin tomar en consideración las propuestas del Partido Revolucionario Institucional.

Por cuestión de orden, debe analizarse inicialmente el motivo de agravio resumido en el inciso j) precedente, porque de resultar fundado, traería como consecuencia la revocación de la parte de la sentencia en contra de la cual se endereza la presente inconformidad, sin necesidad de abordar al estudio de las cuestiones de fondo destacadas en los restantes motivos de inconformidad.

Es infundado el agravio de referencia, porque contra lo alegado al respecto, es inexacto que el acuerdo de veintinueve de febrero del año en curso, por virtud del cual, el Consejo Estatal Electoral del Estado de Chiapas, procedió, por unanimidad de votos de sus integrantes, a la designación de consejeros ciudadanos para integrar los Consejos Distritales Electorales, revista las características que identifican a los actos de autoridad consumados de manera irreparable, pues para que esto ocurra, es necesario que el acto respectivo, produzca de manera tal sus efectos, que ni siquiera con la obtención de una sentencia favorable a los intereses de los recurrentes, sea factible restituirlos en el goce de los derechos que se estimen infringidos, situación que en la especie no acontece, porque aún en el supuesto de que los consejeros designados inicialmente, ya hubiesen instalado los consejos correspondientes, tomado posesión del cargo y desarrollado actividades inherentes a sus atribuciones, basta con que su designación sea impugnada, como de hecho ocurrió, a través del recurso de revisión y en su caso, revocado su nombramiento, como también aconteció en la especie, para que se hicieran las sustituciones respectivas, lo que quiere decir que, las designaciones de consejeros y la integración material de los órganos distritales, se encuentran sub judice; esto es, a resultas de lo que se decidió en los recursos de revisión y ahora, de la determinación que se tome al resolver los presentes juicios; habida cuenta que sobre el particular, debe tenerse presente lo que ya se decidió en el considerando tercero de esta sentencia, cuando se trata el tema de irreparabilidad basado en que los mencionados consejos habían quedado instalados y sus integrantes asumido los respectivos cargos el quince de marzo último, y que, en obvio de repeticiones innecesarias, los argumentos jurídicos plasmados deben tenerse por reproducidos.

Como es fácil advertir de la síntesis de los restantes agravios, realizada, el partido recurrente, esencialmente encamina su inconformidad a cuestionar la interpretación realizada por la Sala "B" del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, del texto de la fracción X del artículo 108 del Código Electoral de esa entidad federativa, en que se sustenta la decisión que adoptó la autoridad, en el sentido que identifica el fallo impugnado, respecto a lo que debe entenderse como consenso de la mayoría de los partidos políticos, para estimar satisfecha la exigencia contenida en esa fracción, para la designación de consejeros distritales.

Con objeto de tener una visión más amplia de la indicada disposición legal, así como de las facultades, obligaciones y procedimiento que se debe seguir en la designación de ese tipo de consejeros, se estima conveniente transcribir las disposiciones constitucionales y legales que tienen vinculación con esos acontecimientos.

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE CHIAPAS

"Artículo 19.

La preparación, organización, desarrollo y vigilancia de los procesos electorales, es una función estatal que se realiza a través de un organismo público denominado Consejo Estatal Electoral y un Tribunal Electoral, de cuya integración son corresponsables, el Poder Legislativo, los partidos políticos y los ciudadanos, en los términos que ordene la legislación electoral. Ambos con personalidad jurídica y patrimonio propios, con plena autonomía en su funcionamiento e independencia en sus decisiones y con carácter de permanentes que serán además encargados de la calificación de las elecciones en el ámbito de sus respectivas competencias.

La certeza, legalidad, independencia, objetividad, imparcialidad y profesionalismo, serán principios rectores en el ejercicio de la función electoral a cargo de las autoridades electorales.

La legislación electoral establecerá un sistema de medios de impugnación, para garantizar que los actos de los organismos electorales, se ajusten invariablemente al principio de legalidad y a lo dispuesto por esta Constitución y en las leyes que de ella emanen. Dicho sistema fijará los plazos convenientes para el desahogo de todas las instancias impugnativas, tomando en cuenta el principio de definitividad de las etapas de los procesos electorales. De las impugnaciones conocerán el Consejo Estatal Electoral y el Tribunal Electoral del Estado. En materia electoral la interposición de los medios de impugnación legales no producirán efectos suspensivos sobre la resolución o el acto impugnado.

El Tribunal tendrá competencia y organización para funcionar en pleno y en salas. Sus sesiones serán públicas. Estará integrado por cinco Magistrados Numerarios, uno de los cuales fungirá como Presidente y por dos Magistrados Supernumerarios que harán las veces de jueces Instructores, los que serán nombrados por el Congreso del Estado o por la Comisión Permanente, en los recesos de éste, (sic) a más tardar el 25 de octubre del año anterior al de la elección, a propuesta consensada de la mayoría de los partidos políticos. Las resoluciones del Tribunal serán emitidas con plenitud de jurisdicción; sus fallos serán definitivos.

..."

CÓDIGO ELECTORAL DEL ESTADO DE CHIAPAS.

"Artículo 1.

Este Código es de orden público y de observancia obligatoria en el territorio del estado; tiene por objeto reglamentar las disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas, que se refieren a la organización cívica, las formas de participación política de los ciudadanos, la preparación, desarrollo, vigilancia, y calificación de los procesos electorales, ordinarios o extraordinarios que se celebren para elegir gobernador, diputados al congreso del Estado y miembros de los ayuntamientos.

Establece el marco jurídico que garantiza la efectividad del sufragio, la vigencia de las instituciones republicanas y democráticas, por el libre ejercicio de los derechos políticos de los ciudadanos y la realización de los fines propios de los partidos políticos como entidades de interés público.

La aplicación de las disposiciones de este Código corresponde al Consejo Estatal Electoral, al Tribunal Electoral y al Congreso del Estado, en el ámbito de sus respectivas competencias, quienes tendrán la obligación de velar por su estricta observancia y cumplimiento.

Para el desempeño de sus funciones las Autoridades Electorales establecidas por la Constitución Política del Estado y este Código, contarán con el apoyo y colaboración de las autoridades estatales y municipales.

Artículo 16.

Los partidos políticos son entidades de interés público conforme a lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la particular del Estado de Chiapas, y en el presente Código; tiene como fin promover la participación de la ciudadanía en la vida democrática, propiciando la emisión consciente y libre del sufragio; compartir con los organismos electorales la responsabilidad del proceso electoral; contribuir a la integración de la representación estatal, y con el carácter de organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de estos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulen y mediante el sufragio.

...

Artículo 37.

Los partidos políticos tendrán los siguientes derechos:

I. La corresponsabilidad que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado de Chiapas y el presente Código les confiere en la preparación, desarrollo y vigilancia de los procesos electorales;

...

Articulo 97.

El proceso electoral comprende el conjunto de actos, resoluciones, tareas y actividades que realicen los ciudadanos, los partidos políticos, los organismos electorales y las autoridades estatales y municipales con objeto de integrar los órganos de representación popular.

El proceso electoral ordinario para elegir a gobernador, a diputados al Congreso del Estado y a miembros de los ayuntamientos, se inicia en el mes de enero del año de la elección, y concluye con la declaración de validez y calificación de la elección que emitan los Consejos Electorales correspondientes o el Tribunal Electoral del Estado.

El proceso electoral comprende las etapas siguientes:

I. Preparación de la elección;

II. Jornada electoral; y

III. Posterior a la elección.

Artículo 103.

La organización de las elecciones estatales y municipales electorales es una función que se ejerce por los ciudadanos y los partidos políticos a través de un organismo público denominado Consejo Estatal Electoral, el cual ejerce sus funciones por medio de los Consejos Distritales y Municipales Electorales y las mesas directivas de casilla.

Artículo 104.

En el Consejo Estatal Electoral y en los consejos distritales y municipales electorales, los partidos políticos tendrán el número de representantes que señala el presente Código, quienes ejercerán los siguientes derechos:

I. Presentar propuestas, las que deberán ser conforme a las disposiciones de este Código;

II. Formar parte de los Comités que se determine integrar;

III. Tener voz, pero no voto;

IV. Proponer puntos a tratar en la orden del día para las sesiones de los organismos electorales, y

V. Las demás que se señalen en este Código.

Artículo 105.

El Consejo Estatal Electoral de Chiapas es un organismo público, autónomo en su funcionamiento e independiente en sus decisiones, de carácter permanente, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, que tiene a su cargo la preparación, desarrollo, vigilancia y coordinación en toda la entidad de los procesos electorales, estatales y municipales, ordinarios o extraordinarios.

El patrimonio de Consejo Estatal Electoral se integrará con los bienes muebles e inmuebles que se destinen al cumplimiento de su objeto y las partidas que anualmente se le señalen en el presupuesto de egresos del Gobierno del Estado, así como con los ingresos que perciba por cualquier concepto derivados de la aplicación de las disposiciones de este Código.

La certeza, legalidad, objetividad, imparcialidad, independencia y profesionalismo, serán principios rectores en la función electoral de organizar las elecciones.

Artículo 106.

El Consejo Estatal Electoral residirá en la capital del estado, se integrará con siete consejeros ciudadanos propietarios y tres suplentes comunes en orden de prelación con voz y voto; y por un representante propietario y su respectivo suplente de cada uno de los partidos políticos con registro y coaliciones sólo con voz. Habrá además un Secretario Técnico sólo con voz.

...

Artículo 108.

Para ser consejero ciudadano del Consejo Estatal Electoral deberán reunirse los siguientes requisitos:

I. Ser ciudadano chiapaneco en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos; y contar al día de su designación con estudios a nivel profesional o formación equivalente y tener conocimiento en materia electoral;

II. Haber residido durante los últimos tres años en el estado, distrito o municipio para el que sea nombrado;

III. No haber sido postulado por ningún partido político a puesto de elección popular, durante el último proceso electoral;

IV. No haber desempeñado cargo alguno de elección popular durante los cinco años anteriores al día de su designación;

V. No haber desempeñado cargo alguno en los comités nacional, estatal o municipal en ningún partido político, durante los tres años anteriores a su designación;

VI. No ser ministro de ningún culto religioso, o haber renunciado a él, cuando menos cinco años antes de su designación;

VII. No ser servidor público activo federal, estatal o municipal;

VIII. Estar inscrito en el registro federal de electores y contar con credencial para votar;

IX. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito intencional; y

X. Tener el consenso de la mayoría de los partidos políticos representados en el Consejo Estatal Electoral.

Artículo 111.

El Consejo Estatal Electoral se reunirá dentro de los primeros quince días del mes de enero del año de la elección ordinaria, con el objeto de preparar el proceso electoral.

...

Artículo 113.

El Consejo Estatal Electoral tendrá las siguientes atribuciones:

I. Dictar las previsiones destinadas a hacer efectivas las disposiciones de este Código y desahogar las consultas que sobre la aplicación e interpretación de la misma se le formulen;

II. Llevar a cabo la preparación, desarrollo y vigilancia del proceso electoral, así como vigilar que el mismo se realice mediante sufragio universal, libre, secreto y directo; y cuidar el adecuado funcionamiento de los consejos electorales;

III. Cuidar la debida integración de los consejos distritales y municipales electorales;

IV. Enviar para su publicación en el Periódico Oficial del Estado, la lista de los integrantes del propio Consejo Estatal Electoral y de los consejos distritales y municipales electorales, así como las sustituciones de sus integrantes;

...

Artículo 114.

Son facultades del Presidente del Consejo Estatal Electoral:

...

VIII. Proponer al Consejo Estatal Electoral el nombramiento de consejeros ciudadanos y para los cargos de presidente y secretario de los consejos distritales y municipales electorales, tomando en cuenta la opinión de los partidos políticos;

...

Artículo 127.

Los consejos distritales y municipales electorales, funcionarán durante los procesos electorales, residirán en cada una de las cabeceras de distrito y municipios y se integrarán a más tardar el último día del mes de febrero del año de la elección, de la manera siguiente:

I. Por cinco consejeros ciudadanos propietarios y tres suplentes comunes con voz y voto designados por el consejo Estatal Electoral, a propuesta de los partidos políticos, tomando en cuenta la opinión del Presidente del Consejo; al efecto, éste presentará a la consideración del Consejo Estatal Electoral, una lista con el doble de los miembros necesarios por cada consejo distrital o municipal electoral, de esta lista se elegirá a propietarios y suplentes, por el voto de las dos terceras partes de los miembros del consejo Estatal Electoral presentes;

II. Por un Presidente con voz y voto y un Secretario Técnico sólo con voz designados por el Consejo Estatal Electoral mediante el voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes, conforme a la propuesta del doble requerido que presenten los partidos políticos, tomando en cuenta la opinión del Presidente del Consejo. En caso de no obtenerse dicha votación la designación se hará por insaculación de entre las personas propuestas;

III. Por un representante de cada uno de los partidos políticos con registro y coaliciones sólo con voz. Por cada representante propietario habrá un suplente; y

IV. Los consejeros ciudadanos de los consejos distritales y municipales recibirán la dieta de asistencia que para el proceso electoral se determine en el presupuesto de egresos del Consejo Estatal Electoral.

Para ser Consejero Ciudadano de los consejos distritales y municipales electorales, se requiere reunir los mismos requisitos previstos en el artículo 108 de este Código con excepción de lo señalado en la fracción VII.

Artículo 129.

Para ser Presidente o Secretario Técnico de los consejos distritales y municipales electorales, se requiere cumplir los requisitos a que se refiere el artículo 108 de este Código; serán designados para un proceso electoral, pudiendo ser ratificados para uno más.

Para el cargo de Secretario Técnico se preferirá en su caso a ciudadanos con estudios de licenciatura en derecho o su equivalente.

Artículo 130.

Los consejos distritales y municipales electorales deberán instalarse dentro de los primeros días del mes siguiente a su integración. Para que puedan sesionar se requiere la mayoría de sus integrantes, entre los que deberá estar el Presidente; toda resolución se tomará por mayoría de votos.

Artículo 132.

Los consejos distritales y municipales electorales tendrán las siguientes atribuciones:

I. Vigilar la observancia de este Código y demás disposiciones relativas;

II. Vigilar e intervenir en la preparación y desarrollo del proceso electoral del distrito o municipio en que actúe;

III. Registrar alternamente con el Consejo Estatal Electoral a los candidatos a diputados de mayoría relativa y miembros de los ayuntamientos;

..."

Es importante también, tener en cuenta que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es voluntad del pueblo mexicano, constituirse en una República representativa, democrática y federal, compuesta de estados libres y soberanos en todo lo que concierne a su régimen interior, pero unidos en una federación establecida según los principios de la ley fundamental.

Piedra angular del sistema republicano, lo constituye el artículo 41 de la Carta Magna, al establecer los mecanismos por medio de los cuales el pueblo ejerce su soberanía, esto es, a través de los Poderes de la Unión, en los casos de la competencia de éstos y por los de los Estados, en lo que atañe a sus regímenes interiores, en conformidad con los términos respectivamente establecidos por la Constitución Federal y las particulares de los estados, en la inteligencia de que éstas, en ningún caso podrán contravenir las estipulaciones del Pacto Federal.

La Constitución Federal, con apoyo en el principio de supremacía constitucional, hace referencia a Estados libres y soberanos y encomienda a los poderes federales la función de intervenir bajo determinados supuestos en la vida institucional de las entidades, además de establecer a éstas, algunas atribuciones, prohibiciones y obligaciones, graduándose la intensidad de esa participación en la relación entre intereses locales de la entidad y la federación, garantizándose ello por la Constitución Federal, en función de los fines que vienen atribuidos a los órganos del estado.

A fin de evidenciar lo anterior, conviene destacar lo estatuido por el artículo 115 de la Carta Magna, conforme al cual, los Estados adoptarán para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, popular, teniendo como base que su división territorial y de su organización política y administrativa, el municipio libre.

Estrechamente vinculado con el precepto anterior, el artículo 116 de la Ley Fundamental, establece diversas normas conforme a las cuales deben organizarse los poderes de los Estados, teniendo como punto de partida su comunión con lo dispuesto para tal efecto por la constitución de cada uno de ellos; estableciendo las diversas bases fundamentales en que deben sustentarse las elecciones de los gobernadores de los Estados y de las legislaturas locales, de tal suerte que sean directas y en los términos que establezcan las leyes electorales respectivas; conviene resaltar, que de conformidad con la fracción IV del numeral en consulta, se establece el imperativo de que las constituciones y leyes de los estados en materia electoral, garanticen, entre otras cosas, que las elecciones de los gobernadores de los estados, de los miembros de las legislaturas locales y de los ayuntamientos se realicen mediante sufragio universal, libre, secreto y directo; en el ejercicio de la función electoral a cargo de las autoridades correspondientes la legalidad, imparcialidad, objetividad, certeza e independencia sean principios rectores de su actividad; de igual manera, las autoridades que tengan a su cargo la organización de las elecciones y las jurisdiccionales que resuelvan las controversias en la materia, gocen de autonomía en su funcionamiento e independencia en sus decisiones.

De tal suerte que, de conformidad con lo previamente expuesto, puede arribarse al convencimiento de que el concepto de soberanía, en relación con los Estados de la Federación, se manifiesta básicamente en dos órdenes: primero, en la capacidad de elegir a sus gobernantes y segundo, en la de darse sus propias leyes en las materias sobre las que no legisle la federación; en el caso a estudio, respecto de la codificación que habrá de regular la vida electoral de las entidades federadas.

La facultad de otorgarse sus propias leyes, obedece fundamentalmente a que la Constitución Federal así lo manda, puesto que ni los Poderes de la Unión, ni los de los Estados, pueden válidamente interferir en sus esferas de competencia y límites, cuando materializan sus atribuciones; ello es así, en tanto que entre el orden federal y el estatal no es dable entender que exista alguna subordinación, sino una coordinación, de manera que, no puede haber jerarquía entre los dos órdenes derivados de la Constitución Federal, aun cuando, por su propia naturaleza originaria, deben ajustarse a lo expresamente ordenado por ésta.

En tanto que, la capacidad de legislar, constituye una facultad para dictar sus propias leyes, así, a guisa de ejemplo pueden citarse la Constitución Local, como norma suprema del estado, así como las leyes secundarias locales, dentro de las cuales se encuentra la relativa a la materia electoral; sin que esto implique, de manera alguna, que con la finalidad de acoger los postulados constitucionales de la Carta Magna, deban necesariamente contener disposiciones similares o idénticas a las previstas en la Constitución Federal, dado que ésta, al dotarlos de soberanía, les inviste de la potestad de legislar de acuerdo con la realidad imperante en cada una de las Entidades Federativas y de la idiosincrasia que identifica a cada uno de sus pueblos, siempre y cuando, el ejercicio de esa potestad tenga como limitante los parámetros establecidos en la Ley Fundamental.

Ahora bien, constitucionalmente la función de realizar las elecciones federales, de origen corresponde al Estado mexicano; sin embargo, esta potestad la delega a un órgano autónomo, independiente, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios; esto es, este organismo en el ámbito de su autonomía, ejerce, por mandato constitucional, la función pública tendente a la consecución del proceso electoral. En ejercicio de esa función, deben ser principios rectores la certeza, legalidad, la independencia, imparcialidad y objetividad.

Algunos de estos postulados constitucionales, se consagran en la Constitución local del Estado de Chiapas, al establecer, particularmente, en los artículos 1 y 2, que esa Entidad Federativa es parte integrante de los Estados Unidos Mexicanos y es libre y soberana en lo que concierne a su régimen interior, sin más limitaciones que las derivadas del pacto federal consignada en la Constitución Política de la República; que la soberanía del Estado reside esencial y originariamente en el pueblo, quien la ejerce por medio de los poderes públicos, que se instituyen para su beneficio.

De acuerdo con el texto de la Constitución local en consulta, la preparación, organización, desarrollo y vigilancia de los procesos electorales, es una función estatal que se realiza a través de una organismo público denominado Consejo Estatal Electoral, con personalidad jurídica y patrimonios propios, con plena autonomía en su funcionamiento e independencia en sus decisiones y con carácter permanente, encargado de calificar las elecciones en el ámbito de su competencia; la certeza, legalidad, independencia, objetividad y profesionalismo, son principios rectores de la función a cargo de las autoridades electorales.

Similarmente, el artículo 29 de esa Constitución establece como atribución del Congreso del Estado, la de legislar en las materias que no estén reservadas al Congreso de la Unión, así como en aquellas en que existan facultades concurrentes conforme a las leyes federales.

En ejercicio de las atribuciones constitucionalmente consagradas a favor del Congreso del Estado de Chiapas, se promulgó el Código Electoral de ese Estado, y fue voluntad del mismo, el otorgamiento de ciertos derechos a los partidos políticos; esto es, además de privilegiar el sistema de partidos políticos, los dotó de ciertas facultades y participación en la integración de los organismos electorales; así, en el artículo 103 se consigna que la organización de las elecciones estatales y municipales electorales es una función que se ejerce por los ciudadanos y los partidos políticos a través de un organismo público denominado Consejo Estatal Electoral, el cual ejerce sus funciones por medio de los Consejo Distritales y Municipales Electorales; en esos consejos, dispone el artículo 104, los partidos políticos tendrán el número de representantes que la propia ley establece; los derechos que pueden ejercer, entre otros, son los relacionados con presentar propuestas ajustadas a las disposiciones legales; formar parte de los Comités que se determine integrar, proponer puntos a tratar en la orden del día para las sesiones de los organismos electorales y tener voz pero no voto.

Es manifiesto que el hecho de dotar a los partidos políticos de ciertas atribuciones, de manera alguna, su ejercicio en determinado sentido puede, necesariamente resultar vinculatorio para la autoridad administrativa, quien es la obligada originariamente, a desplegar todos los actos tendentes al desarrollo del proceso electoral, dentro de los cuales, se encuentran necesariamente los encaminados a vigilar la correcta y oportuna integración de los Consejos Distritales Electorales, cuya formación, es el tema central de este asunto.

La integración de éstos, debe realizarse por cinco ciudadanos propietarios y tres suplentes comunes con voz y voto designados por el Consejo Estatal Electoral, a propuesta de los partidos políticos, tomando en cuenta la opinión del Presidente del Consejo; dicho presidente presentará a la consideración del Consejo Estatal Electoral , una lista con el doble de los miembros necesarios para cada uno de los consejos, de esta lista se elegirá a propietarios y suplentes, por el voto de las dos terceras partes de los miembros del Consejo Estatal Electoral.

Conviene precisar, que ese Consejo Estatal Electoral, se integra, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 106 del Código Electoral del Estado de Chiapas, con siete consejeros ciudadanos propietarios y tres suplentes comunes en orden de prelación con voz y voto y con un representante propietario y su respectivo suplente de cada uno de los partidos políticos con registro y coaliciones sólo con voz y un Secretario Técnico sólo con voz.

Además, los requisitos a satisfacer para ser consejero distrital, legalmente son los mismos exigidos para poder acceder al cargo de consejero estatal y se encuentran relacionados en el artículo 108 del ordenamiento legal últimamente citado, dentro de ellos, por constituir la cuestión toral en que se sustenta la sentencia ahora impugnada, por lo que al presente juicio atañe, se encuentra lo relacionado con la fracción X, cuya interpretación motivó a la ahora responsable a revocar, en la parte aquí impugnada, la designación de consejeros distritales, cuyo texto es el siguiente:

"Artículo 108

Para ser consejero ciudadano del Consejo Estatal Electoral deberán reunirse los siguientes requisitos:

...

X. Tener el consenso de la mayoría de los partidos políticos representados en el Consejo Estatal Electoral."

En la inteligencia de que, si bien, la norma transcrita en último orden, se refiere a los requisitos que deben satisfacer los consejeros estatales, las exigencias son las mismas, como se apuntó, para los distritales, según puede constatarse del texto del precepto 127, fracción IV, segundo párrafo, del propio cuerpo electoral local, cuyo literalidad es la siguiente:

"Para ser Consejero Ciudadano de los consejos distritales y municipales electorales, se requiere reunir los mismos requisitos previstos en el artículo 108 de este Código con excepción de los señalado en la fracción VII."

Debe destacarse similarmente, que la legislación electoral en consulta, no establece expresamente qué criterios interpretativos deben atenderse para desentrañar, en aquellos casos en los que, como en el presente, existe duda sobre el alcance de alguna norma o cuando su texto, puede resultar ambiguo o despertar ciertas dudas para alguna autoridad; sin embargo, el reglamento Interior del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, publicado en el Periódico Oficial de esa Entidad Federativa, de dieciocho de marzo de mil novecientos noventa y ocho, en el segundo párrafo, del artículo 2, establece que las normas se interpretarán conforme a los criterios gramatical, sistemático y funcional. A falta de disposición expresa se aplicaran los principios generales del derecho; por ende, para establecer el alcance de la disposición legal que motivó la interpretación realizada por la ahora autoridad responsable, debe atenderse a esos criterios interpretativos, de manera que más pueda reflejarse el sentir del legislador local.

En el entendido de que, la labor interpretativa de las normas, debe tener como premisa fundamental, la de darle al precepto o disposición sujeto a desentrañar su contenido, un significado que además de resultar coherente con el sentir del legislador, lo haga acatable, para aquellos casos en que se surta la o las hipótesis normativas respectivas. Así, la regla jurídica se interpreta para ser observada, de manera que, no puede aceptarse que la interpretación se traduzca en que la norma deba ser desacatada o que pueda o deba hacerse caso omiso de ella; es decir, hacer de cuenta que su texto no existe, porque ese modo de proceder no constituiría una interpretación de la norma sino su anulación o derogación.

Consecuentemente, dar un significado a la norma, no es mutilarla, para el efecto de derogar un parte de ella, sino obtener un sentido de su texto o una intelección de su contenido.

Por esta razón, una regla fundamental de la técnica de la interpretación de la ley, es la de que en la realización de ese proceder jurisdiccional, el sentido que se desentrañe de la norma, debe estar encaminado, precisamente, a que ésta pueda surtir sus efectos y refleje lo más fiel posible el sentir del legislador, a fin de que sea acatada, como éste lo pretendió.

Si la norma es clara y precisa, debe interpretarse gramaticalmente, esto es, debe extraerse su sentido, atendiendo a los términos en que el texto está concebido, sin eludir su literalidad, con lo que, el interprete le otorga a la norma todo el alcance que se desprende de su contenido, en virtud de que no es lógico que el legislador, para expresar su pensamiento, se aparte de las reglas normales y usuales del lenguaje.

Cuando la norma resulte contradictoria o incongruente con otra providencia o principio perteneciente al mismo contexto normativo, se deberá emplear el criterio sistemático, conforme con el cual, a una norma se le debe atribuir el significado que la haga lo más coherente posible con otras reglas del sistema o con un principio general del derecho.

Finalmente, se tendrá que utilizar el método funcional, tomando en cuenta, para tal efecto, los diversos factores relacionados con la creación, aplicación y funcionamiento de las disposición relativa.

Teniendo como premisas rectoras de la actividad jurisdiccional a desplegar, para establecer el alcance de la disposición contenida en la fracción X, del artículo 108 tantas veces citado, los criterios de interpretación específicamente establecidos por el Reglamento Interior de aquel Tribunal Estatal Electoral, se obtiene que, atendiéndolos, necesariamente se arribaría a conclusiones diversas a las obtenidas por la autoridad ahora responsable, dado que, erróneamente se atribuye a la norma sujeta a estudio, un alcance diverso a aquél que realmente debe corresponderle, conclusión a la que llega, sin tener en consideración algún criterio de interpretación especifico, o cuando menos, sin establecer que su proceder se ciñera a alguno en particular.

Lo que es más, su estudio se aprecia realizado de manera oficiosa, por cuanto a que, del escrito continente del recurso de revisión, no se advierte motivo de inconformidad en tal sentido, sí, en cambio, como más adelante se pondrá de manifiesto, los partidos entonces recurrentes están conscientes del alcance de esa disposición legal.

Ciertamente, a criterio de la invocada autoridad, el alcance de la norma, se refiere a establecer un consenso de mayoría de partidos en la propuestas de personas para la designación de consejeros distritales electorales; así, llega a la conclusión de que esa mayoría se obtiene por el hecho de que seis de los doce partidos políticos con representación ante el Consejo Estatal Electoral, realizaron propuestas respecto de las mismas personas para ocupar esos cargos en los veinticuatro distritos electorales en los que se divide el Estado y en cada uno de los cuales, habrá de instalarse un Consejo Distrital Electoral.

La conclusión indicada, según se constata del texto de la sentencia cuya legalidad y constitucionalidad se cuestiona, se sustenta medularmente, en el hecho de que, la mayoría requerida por la norma, no es propiamente lo que se conoce como mayoría absoluta, esto es, la resultante de la mitad más uno de los integrantes de un cuerpo o un ente, sino que debe tenerse en cuenta la mayoría relativa o simple, reflejada en aquellos supuestos en los que ese cuerpo o ente, al tomar una decisión, lo hace por la mayoría de los votantes, no por la mayoría de los que realmente lo integran.

Así esquemáticamente lo ilustra al establecer que, por un lado, existieron las propuestas consensuadas por seis partidos políticos y por otro lado, encontró que tres partidos políticos diferentes a aquéllos, habían realizado sendas propuestas pero respecto de candidatos diversos a los relacionados por los seis partidos de mérito, pero a la vez, con candidatos diversos cada una de ellas; de donde dedujo, que no había realmente una confrontación entre las seis propuestas y cuando menos tres de ellas, sino que lo realmente habido, era la confrontación de seis propuestas en contra de cada una de las restantes; de ahí concluyó la existencia de una mayoría simple, sin que, según se pondrá de relieve, haya sido esa la real intención del legislador, conclusión ésta a la que hubiese arribado la responsable, de haber interpretado, gramatical, sistemática y funcionalmente el texto de la fracción X del pluricitado precepto legal.

En primer lugar, debe atenderse a que el concepto de mayoría, es multívoco, por cuanto a que de él pueden tenerse diversas definiciones y posee diversos alcances, como es factible advertir de la definición que al respecto proporciona del Diccionario de la Lengua Española, de la Real Academia Española, vigésima primera edición, Madrid, 1992, que dice: "mayoría. f. Cualidad de mayor. 2. Edad que la ley fija para tener uno pleno derecho de sí y de sus bienes, mayor edad. 3. Mayor número de votos conformes en una votación. Manuel tuvo seis votos de MAYORÍA. 4. Parte mayor de los individuos que componen una nación, ciudad o cuerpo. Seguir la opinión de la MAYORÍA. 5. La mayor parte de un número o de una serie de cosas que se expresa. 6. Mar. Oficina del mayor general. 7. Mil. Oficina del sargento mayor. Absoluta. La que consta de más de la mitad de votos. de cantidad. aquella en que se computan los votos en razón del interés respectivo que representa para cada votante, como en las juntas de acreedores. Relativa. La formada por el mayor número de votos, no con relación al total de estos, sino al número que obtiene cada una de las personas o cuestiones que se votan a la vez."

Aquí, la trascendencia del concepto que se tenga del término mayoría, repercute necesariamente en el número de partidos políticos que se requería, para que las propuestas realizadas por éstos, para ocupar los cargos de consejeros distritales, se estimaran consensuadas por la mayoría exigida por la ley, en cada uno de los veinticuatro distritos en que se divide el estado de Chiapas, porque de acuerdo con la conclusión que se obtenga, se pondrá de manifiesto la legalidad o ilegalidad del proceder de la Sala "B" del Tribunal Electoral de esa Entidad Federativa, al revocar la parte del acuerdo en el que se consignan las designaciones de aquél tipo de funcionarios.

Teniendo como punto de partida, el criterio de interpretación gramatical, seguido para desentrañar el alcance de la norma sujeta a estudio y de conformidad a su estructura literal, se considera que el vocablo mayoría, de manera alguna puede interpretarse desvinculado del diverso consenso, similarmente usado en el texto citado; esto es, ambos vocablos deben interpretarse, primero, como partes de un todo y además, como cuestiones indisolubles, aun cuando puedan significar cuestiones no del todo compatibles de manera individual; para tal efecto, se requiere acudir nuevamente al diccionario en consulta, para ponderar el alcance que habrá de darse al término consenso; así, por él, se establece: "consenso. (Del lat. Consensus.) m. Asenso, consentimiento, y más particularmente el de todas las personas que componen una corporación. Mutuo CONSENSO."

Puntualizado lo anterior, válidamente puede llegarse a la conclusión, de que pese a la variedad de conceptos que pueden obtenerse del término mayoría, éste, estrechamente vinculado con el de consenso, que se incluye similarmente en la fracción X del artículo 108 del Código Electoral del Estado de Chiapas, sin dificultad alguna, luego de tener precisadas las definiciones de uno y otro, se arriba al convencimiento de que, al exigirse el consenso de la mayoría de los partidos políticos, al realizar las propuestas para la designación de consejeros distritales electorales, se hacía necesaria la aprobación de cuando menos la mitad más uno, de los partidos políticos con representación ante el Consejo Estatal Electoral, a fin de que fuesen tomadas en consideración.

Es un hecho, reconocido por las partes y por la autoridad del conocimiento, y por ende, con pleno valor probatorio, que ante el Consejo Estatal Electoral, se encuentran representados doce partidos políticos, lo que lleva al inequívoco de que, siguiendo las reglas establecidas en párrafos precedentes, para que el Consejo Estatal Electoral, tuviera por consensuadas las propuestas realizadas por seis de esos partidos, era necesario que éstas tuvieran el aval de cuando menos un partido más, porque sólo así podría obtenerse la mayoría exigida por la norma.

Así lo entienden, incluso, los partidos políticos entonces recurrentes, quienes en su ocurso respectivo textualmente expusieron: "De lo anterior se deduce que para que exista el mencionado consenso mayoritario es necesario que se exprese por la voluntad de por lo menos siete partidos políticos representados en el Consejo Estatal Electoral, toda vez que actualmente gozan con registro o reconocimiento un total de doce de los partidos" (foja 6 cuaderno accesorio No. 1)

Eso por una parte y por la otra, atendiendo al criterio sistemático, en la interpretación de esa norma, en su contexto con aquellas disposiciones, ya de la Constitución Política del Estado de Chiapas, como del Código Electoral de esa Entidad Federativa, se arriba al convencimiento, de que en la fracción tantas veces citada, el concepto de mayoría utilizado por el legislador local, es referido al concepto que de ese término resulta más común, conclusión que se obtiene, ante todo, porque cuando quiso aludir a algún tipo de votación específica, así textualmente lo hizo; así, a guisa de ejemplo y de manera enunciativa, conviene citar las siguientes disposiciones: en la Constitución Local, puede apreciarse referido aquél término, de la siguiente manera; en el artículo 19, cuarto párrafo, indica , sobre la integración del Consejo estatal Electoral, a propuesta consensuada de la mayoría de los partidos políticos; en el 28 relacionado con la votación de los integrantes del Congreso Local, para estimar aprobado un proyecto de ley o decreto, se indican los dos tercios de los votos de los presentes; el precepto 29, fracción VII, se alude a la votación de las dos terceras partes de los diputados presentes, para conceder facultades extraordinarias, por un tiempo determinado, al Ejecutivo Estatal; el numeral 38, en el primer párrafo, se establece que, la circunstancia por la cual se estará ante la falta absoluta de Gobernador, dispone que para la elección de un interino, será necesaria la votación de cuando menos las dos terceras partes del número total de los miembros del Congreso, el cuál, si está en funciones, se constituirá en Colegio Electoral; en el segundo párrafo, de ese artículo y referido a la votación requerida para el nombramiento de gobernador interino, cuando el Congreso esté en receso, será por mayoría simple de los integrantes de la comisión Permanente y en el párrafo siguiente, ante la falta absoluta del Gobernador, en los últimos cuatro años del período respectivo, se elegirá un substituto, si el Congreso se encontrare en sesiones, por votación, cuando menos, de las dos terceras partes de número total de sus miembros y por mayoría simple de los presentes; el artículo 60, en el que se establecen las bases a que se sujetará la integración y atribuciones de los ayuntamientos, la fracción XIV, particularmente en lo concerniente a la suspensión de los ayuntamientos, debe concurrir, el acuerdo de las dos terceras partes de los integrantes del Congreso del Estado o en su caso, de la Comisión Permanente; finalmente de la propia Constitución Política en consulta, para que las adiciones y reformas a esa Constitución puedan ser parte de la misma, se requiere, fracción I, que el Congreso, con la aprobación de la mayoría de los diputados presentes admitan a discusión el proyecto y el penúltimo párrafo, consigna, que la mayoría de los ayuntamientos darán su aprobación de las adiciones y reformas.

En lo concerniente al Código Electoral del Estado de Chiapas, conviene destacar los siguientes dispositivos; el 106, fracción primera, precisamente relacionado con el nombramiento de los consejeros ciudadanos propietarios y suplentes del Consejo Estatal Electoral, dice, será con el voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes; el 112, exige que para que los consejos puedan sesionar válidamente, será necesario que estén presentes la mayoría de los consejeros ciudadanos y que las resoluciones se tomarán por mayoría de votos; el 127, fracciones I y II, exige para la designación de los consejeros ciudadanos, del presidente y el secretaría técnico, respectivamente, la votación de las dos terceras partes de los miembros presentes del Consejo Estatal Electoral; la disposición contenida en el artículo 130, exige la mayoría de los integrantes del los Consejos Distritales y Municipales, para que puedan sesionar válidamente y que toda resolución se tomará por mayoría de votos; el artículo 210, fracción IV, inherente al procedimiento a seguir, en caso de no instalarse la mesa directiva de casilla, llegadas las diez treinta horas, los representantes de los partidos políticos, por mayoría, designarán a los funcionarios necesarios; la norma 302, párrafos primero, segundo y cuarto, relacionada con la integración y nombramiento de los magistrados, en el primero exige que serán nombrados, por el Congreso del Estado o la Comisión Permanente en los recesos de éste (sic), a propuesta consensuada de la mayoría de los partidos políticos; la siguiente, que a falta de consenso mayoritario de los partidos, el Congreso del Estado, resolverá lo conducente y la última, que el presidente del tribunal, será designado por la mayoría de los magistrados nombrados; finalmente, conviene citar el 307, que dispone que las decisiones de las salas del pleno serán tomadas por mayoría de votos.

No está por demás resaltar, que si bien, de la Constitución Política del Estado de Chiapas y del Código Electoral en consulta, es factible advertir que en gran variedad de los dispositivos legales integrantes de esos ordenamientos, que se alude al término mayoría sin indicar a que mayoría se hace alusión, si existe información bastante que permite, de manera diáfana, inquirir que, en aquellos supuestos en los que su intención fue la concurrencia de alguna mayoría simple o calificada, así expresamente lo estableció y cuando omite, como en el caso atañe, indicar qué mayoría debe tenerse en consideración para tomar la decisión correspondiente, su intención fue aludir a la mayoría absoluta, que se identifica por la concurrencia de la votación del cincuenta más uno de los integrantes de un cuerpo o ente.

Finalmente, sujeta a análisis, la fracción X del artículo 108 del Código Electoral Local, se arriba a la conclusión, de que, de acuerdo con los principios rectores del criterio funcional, el fin perseguido por el legislador, con esa norma, es buscar el consenso, en ciertos casos específicos, de los partidos políticos, en las propuestas de las listas de candidatos y con ello propiciar la rápida y oportuna integración de los Consejos Distritales Electorales y por ende, exigió, del universo de los partidos políticos con representación ante el Consejo Estatal Electoral, la concurrencia de la mayoría absoluta de ellos, en el caso, se insiste, como asciende a doce el número que reúnen ese requisito, para considerar consensuadas las propuestas correspondientes, se hacía necesario el aval de cuando menos siete de ellos, cuestión que, como se ha reiterado, no acontece, puesto que las propuestas tenidas en consideración por la Sala del conocimiento, fueron exclusivamente consensuadas por seis de ellos.

De haber interpretado la ahora responsable, la norma cuestionada, de acuerdo con lo establecido en líneas precedentes, diversa sería la conclusión a que hubiese llegado, en cuanto a su alcance y como consecuencia de ello, debió confirmar ese aspecto del acuerdo impugnado; pero al no hacerlo, con ello causa una de las violaciones constitucionales reclamadas, la que resulta con la entidad jurídica suficiente para proceder a revocar ese aspecto del fallo.

Conviene resaltar también, que de conformidad con las disposiciones legales transcritas en el cuerpo de este fallo, se advierten normas que sin lugar a dudas, bastan para poner en relieve, que la potestad y obligación originaria para la designación de los consejeros que habrán de integrar los Consejos Distritales Electorales de esa Entidad Federativa, originariamente recae en el Consejo Estatal Electoral, por ser el órgano de autoridad que se encuentra investido de la facultades legales que lo posibilitan a cumplir con ese cometido.

Así es, quedó precisada la naturaleza jurídica de ese órgano descentralizado y relacionadas las atribuciones que le reserva el artículo 113 del Código Electoral del Estado de Chiapas, ya transcrito, dentro de las cuales destacan las contenidas en las fracciones I y III, relativas al dictado de las provisiones destinadas a hacer efectivas las disposiciones del propio código y desahogar las consultas que sobre la aplicación e interpretación de la misma se formulen y cuidar la debida integración de los consejos distritales y municipales electorales.

En esas fracciones se advierte claramente contenida la voluntad del legislador local, de dotar entre otras atribuciones al Consejo Electoral Estatal, de los medios necesarios para que procediera a la debida integración de los órganos distritales y municipales, en ejercicio de cuya prerrogativa, procedió, tanto a realizar lo que estimó procedente para tal efecto, como a interpretar las normas de acuerdo con su apreciación al respecto.

Por otra parte, como también ya fue motivo citación, los partidos políticos, como entidades de interés público reconocidas constitucionalmente, comparten con los órganos electorales la responsabilidad del proceso electoral, el cual se integra por la etapa de preparación de la elección, la jornada electoral y la posterior a la elección; iniciando la preparación de la elección, con la primera sesión del Consejo Estatal Electoral, que habrá de celebrarse dentro de los primeros quince días del mes de enero del año de la elección, según se plasma en el artículo 111 del código electoral local; la función estatal de la organización de las elecciones, se ejerce por los ciudadanos y los partidos políticos a través de un organismo público denominado Consejo Estatal Electoral, que ejerce sus funciones por medio de los Consejos Distritales y Municipales Electorales; en todos ellos, los partidos políticos tendrán el número de representantes que la propia ley señala, quienes ejercerán entre otros derechos, el de presentar propuestas conformes con las disposiciones legales del propio código; formar parte de los Comités que se determine integrar; tener voz, pero no voto y proponer puntos a tratar en la orden del día para las sesiones de los organismos electorales.

Los derechos consagrados a los partidos políticos, además de los vinculados estrechamente con su participación en la contienda electoral; esto es, lo inherentes a su intervención en la integración de los diversos órganos electorales, se establece en los siguientes términos:

"Artículo 106.

El Consejo Estatal Electoral residirá en la capital del Estado, se integrará con siete consejeros ciudadanos propietarios y tres suplentes comunes en orden de prelación con voz y voto; y por un representante propietario y su respectivo suplente de cada uno de los partidos políticos con registro y coaliciones sólo con voz. Habrá además un Secretario Técnico sólo con voz.

I. El Congreso del Estado, a más tardar el 25 de octubre del año anterior al de la elección correspondiente, nombrará con el voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes, a los consejeros ciudadanos propietarios y suplentes que integrarán el Consejo Estatal Electoral, propuestos con el consenso de la mayoría de los partidos políticos con registro, a falta del referido consenso el Congreso del Estado resolverá lo conducente;

Artículo 114.

Son facultades del Presidente del Consejo Estatal Electoral:

...

VIII. Proponer al Consejo Estatal Electoral el nombramiento de consejeros ciudadanos y para los cargos de presidente y secretario de los consejos distritales y municipales electorales, tomando en cuenta la opinión de los partidos políticos;

...

Artículo 127.

Los consejos distritales y municipales electorales, funcionarán durante los procesos electorales, residirán en cada una de las cabeceras de distrito y municipios y se integrarán a más tardar el último día del mes de febrero del año de la elección, de la manera siguiente:

I. Por cinco consejeros ciudadanos propietarios y tres suplentes comunes con voz y voto designados por el consejo Estatal Electoral, a propuesta de los partidos políticos, tomando en cuenta la opinión del Presidente del Consejo; al efecto; éste presentará a la consideración del Consejo Estatal Electoral, una lista con el doble de los miembros necesarios por cada consejo distrital o municipal electoral, de esta lista se elegirá a propietarios y suplentes, por el voto de las dos terceras partes de los miembros del consejo Estatal Electoral presentes;

II. Por un Presidente con voz y voto y un Secretario Técnico sólo con voz designados por el Consejo Estatal Electoral mediante el voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes, conforme a la propuesta del doble requerido que presenten los partidos políticos, tomando en cuenta la opinión del Presidente del Consejo. En caso de no obtenerse dicha votación la designación hará por insaculación de entre las personas propuestas;

III. Por un representante de cada uno de los partidos políticos con registro y coaliciones sólo con voz. Por cada representante propietario habrá un suplente; y

..."

Como es factible advertir de lo correlacionado, la intervención que se otorga a los partidos políticos por conducto de sus representantes debidamente registrados ante los organismos electorales correspondientes, efectivamente es de suma relevancia; sin embargo, su intervención en esencia se reduce a realizar las propuestas correspondientes para la integración, entre otros, del Consejo Estatal Electoral y de los Consejos Distritales Electorales, con objeto de que, según sea el caso, el Congreso del Estado o el Consejo Estatal Electoral, tomen en consideración las propuestas u observaciones que los mismos realicen, en ambos casos, con el consenso de la mayoría, en el primero de los partidos con registro y en el segundo, respecto de aquellos que tengan reconocidos representantes.

Esas atribuciones de proponer y de consensuar las propuestas, que necesariamente deben ser observadas, siempre y cuando lleven el consenso requerido y de no ser así, el Congreso Local, en el ámbito de su competencia debe resolver lo conducente; en tanto que, respecto del Consejo Estatal Electoral, las observaciones y opiniones que realicen los partidos políticos, el Presidente de aquél, debe tomarlas en consideración al proponer al Consejo el nombramiento de los Consejeros Ciudadanos.

Con relación a la integración de los Consejos Distritales, cuyo compromiso recae en el Consejo Estatal Electoral, los mismos deben integrarse con el número de consejeros establecido por la ley de la materia, a través de una lista con el doble de los miembros necesarios, que habrá de proponer el presidente del Consejo, a propuesta, a su vez, de los partidos políticos, tomando en cuenta la opinión del Presidente; de esa lista se elegirá a propietarios y suplentes, por el voto de las dos terceras partes de los miembros del Consejo Estatal Electoral presentes.

Respecto del Presidente y el Secretario Técnico, serán designados similarmente por el Consejo Estatal Electoral, mediante el voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes, conforme a la propuesta del doble requerido que presenten los partidos políticos, tomando en cuenta la opinión del Presidente del Consejo. En caso de no obtenerse dicha votación la designación se hará por insaculación de entre las personas propuestas.

Es evidente que para ser tomadas en consideración las propuestas que en su caso y oportunidad hagan los partidos políticos, no basta el hecho de que efectivamente ejerzan ese derecho, sino que es indispensable que las proposiciones que realicen, cuenten con el consenso de la mayoría de los partidos políticos, en el caso de los Consejeros Distritales, de aquéllos que cuenten con representación ante el órgano que habrá de realizar la designación correspondiente.

De manera que, la obligación originaria, para vigilar la adecuada integración de esos órganos distritales, las propuestas y designaciones, es una facultad que la legislación en consulta, definitivamente reserva para los órganos de autoridad, por ser a los que inviste de las facultades necesarias para tomar ese tipo de determinaciones, por ser los únicos que gozan de las prerrogativas de voz y voto, en tanto que los representantes de los partidos políticos, sólo tienen derecho a que su voz se escuche, sin que las manifestaciones que los mismos expongan, necesariamente tengan que tomarse en consideración por los consejeros; dicho de otra manera, no existe en la ley de la materia, disposición alguna que establezca alguna vinculación entre los órganos electorales, ya en su conjunto o por el presidente del mismo, más de que tomar en consideración las opiniones que al respecto le externen y hacerlas llegar al seno del pleno, y en el mejor de los casos, hacer las designaciones de las propuestas que realicen los partidos políticos o de aquéllas que por duplicado el Presidente del Consejo, ponga a consideración de los integrantes de éste, pero ninguna obligación de éste de acatarlas, pero sí, de integrar debidamente los órganos que habrán de llevar a cabo el desarrollo de las diversas etapas del proceso electoral.

Sólo de esta forma podría entenderse, además, el principio de independencia que debe guiar la actividad de los órganos electorales, pues de estimar obligatorio atender las observaciones y propuestas de los partidos políticos, sin reunir el número mínimo de los que deben estar de acuerdo con ellas, se corre el riesgo de sujetar al capricho de esos institutos políticos la debida integración de los órganos electorales y de que no se lleve a cabo, en los tiempos exigidos por la ley, en caso de que éstos no se pusieran de acuerdo.

Así las cosas, siendo substancialmente fundados los agravios analizados, sin necesidad de estudiar los aún pendientes, procede revocar la sentencia sujeta a estudio, en la parte en que decidió lo concerniente a la designación de consejeros electorales distritales, cuyo nombramiento no tuvo que ver con las ratificaciones ni reelecciones, para que, en su lugar, en principio queden subsistentes las designaciones que de esos funcionarios hizo el Consejo Estatal Electoral, dado que la litis en los presentes juicios de revisión constitucional electoral, sólo versó sobre si las listas propuestas por los partidos políticos, en especial aquéllas suscritas por seis de ellos, alcanzaban o no el consenso mayoritario a que se refiere la fracción X, del artículo 108 del Código Electoral del Estado de Chiapas; eso por una parte y, por la otra, sobre las ratificaciones y reelecciones aprobadas el Consejo Estatal Electoral de esa Entidad Federativa.

Consecuentemente y a fin de que se proceda a dar cabal cumplimiento a esta ejecutoria, se concede el término de veinticuatro horas a la autoridad responsable, Sala "B" del Tribunal Electoral Del Estado de Chiapas, para que tome las providencias necesarias y proceda en consecuencia al fiel cumplimiento de la sentencia, ordenando, incluso, al Consejo Estatal Electoral, a que en el plazo máximo de setenta y dos horas, que para ese efecto le señale, realice las sustituciones correspondientes de funcionarios, en los Consejos Distritales, cuya integración se vio alterada con motivo de la parte del fallo que ahora se deja insubsistente; debiendo informar a esta Sala Superior, sobre el acatamiento de la presente sentencia por parte de dicho tribunal, dentro del plazo de cinco días naturales, contados a partir de la fecha en que se le notifique esta ejecutoria.

Por lo expuesto y fundado, se resuelve:

PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de revisión constitucional electoral, respecto del Partido de la Sociedad Nacionalista.

SEGUNDO. Se confirma la parte de la sentencia impugnada, de once de marzo de dos mil, dictada por el Pleno de la Sala "B" del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, al resolver los recursos de revisión TEE/REV/008-"B"/2000 y TEE/REV/009-"A"/2000, acumulados, en cuanto la responsable, en el considerando IX de dicha sentencia, confirmó, a su vez, el aspecto del acuerdo combatido, concerniente a la ratificación y reelección de presidentes, secretarios técnicos y consejeros ciudadanos de los Consejos Distritales Electorales del Estado de Chiapas.

TERCERO. Se revoca dicha sentencia, exclusivamente por lo que ve al considerando IX, en la parte en que revocó el aspecto del acuerdo del Consejo Estatal Electoral, referente a las nuevas designaciones de consejeros distritales electorales; consecuentemente, deben quedar subsistentes las designaciones realizadas sobre el particular.

CUARTO. Se concede el término de veinticuatro horas a la autoridad responsable, Sala "B" del Tribunal Electoral Del Estado de Chiapas, para que tome las providencias necesarias y proceda en consecuencia al fiel cumplimiento de la sentencia, ordenando, incluso, al Consejo Estatal Electoral, a que en el plazo máximo de setenta y dos horas, que para ese efecto le señale, realice las sustituciones correspondientes de funcionarios, en los Consejos Distritales, cuya integración se vio alterada con motivo de la parte del fallo que ahora se deja insubsistente; debiendo informar a esta Sala Superior, sobre el acatamiento de la presente sentencia por parte de dicho tribunal, dentro del plazo de cinco días naturales, contados a partir de la fecha en que se le notifique esta ejecutoria.

NOTIFÍQUESE la presente resolución en los términos de ley; devuélvanse los documentos atinentes, después de lo cual archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido.

Así, por unanimidad de votos, lo resolvieron y firmaron los señores Magistrados José Luis de la Peza, Leonel Castillo González, Eloy Fuentes Cerda, Alfonsina Berta Navarro Hidalgo, quien fue la ponente, José Fernando Ojesto Martínez Porcayo, José de Jesús Orozco Henríquez y Mauro Miguel Reyes Zapata, quienes integran la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ante el Secretario General de Acuerdos, que autoriza y da fe.

PRESIDENTE DE LA SALA SUPERIOR

MAGISTRADO

 

JOSÉ LUIS DE LA PEZA

MAGISTRADO

 

LEONEL CASTILLO GONZÁLEZ

MAGISTRADO

 

ELOY FUENTES CERDA

MAGISTRADA

 

ALFONSINA BERTA NAVARRO HIDALGO

MAGISTRADO

 

JOSÉ FERNANDO OJESTO MARTÍNEZ PORCAYO

MAGISTRADO

 

JOSÉ DE JESÚS OROZCO HENRÍQUEZ

MAGISTRADO

 

MAURO MIGUEL REYES ZAPATA

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS

 

FLAVIO GALVÁN RIVERA