JUICIO DE REVISIÓN CONSTITUCIONAL ELECTORAL EXPEDIENTE: SUP-JRC-062/2000.

ACTOR: PARTIDO ACCION NACIONAL.

AUTORIDAD RESPONSABLE: SALA REGIONAL DE PRIMERA INSTANCIA DEL TRIBUNAL ELECTORAL, ZONA CENTRO, DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ.

MAGISTRADO PONENTE: LEONEL CASTILLO GONZÁLEZ.

SECRETARIO: JESÚS EDUARDO HERNÁNDEZ FONSECA.

México, Distrito Federal, a diez de mayo del año dos mil.

VISTO para resolver el juicio de revisión constitucional electoral, SUP-JRC-062/2000, promovido por el Partido Acción Nacional, contra la resolución emitida por la Sala Regional de Primera Instancia del Tribunal Electoral, Zona Centro, del Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí, el seis de abril del presente año, en el expediente R.R.3/S.R.Z.C./2000.

R E S U L T A N D O

PRIMERO. El catorce de marzo del año dos mil, el Partido Verde Ecologista de México (Nacional) y el Partido Conciencia Popular (Local), presentaron el convenio de coalición para participar en la elección del ayuntamiento del municipio de San Luis Potosí de la misma entidad federativa ante el Consejo Estatal Electoral, con la denominación de Frente Cívico Potosino Pizzuto.

SEGUNDO. En sesión ordinaria celebrada el veintidós de marzo del año en curso, el Consejo Estatal Electoral de San Luis Potosí acordó, respecto a dicho convenio, otorgar un plazo de cuarenta y ocho horas a los partidos solicitantes, para lo siguiente: a) presentaran la lista completa de los catorce candidatos a regidores de representación proporcional; b) exhibieran el emblema de la coalición sin el vocablo "PIZZUTO"; y c) manifestaran la denominación de la coalición.

TERCERO. Según consta en la versión estenográfica de la sesión mencionada en el antecedente anterior, el veinte de marzo anterior, los partidos Auténtico de la Revolución Mexicana y Democracia Social presentaron también convenio de coalición para contender en la misma elección municipal.

CUARTO. En la sesión de referencia se acordó rechazar la solicitud de registro de coalición mencionada en el apartado que precede por extemporánea.

QUINTO. Recursos de Revocación. Los partidos Verde Ecologista de México y Conciencia Popular, interpusieron recurso de revocación contra la decisión de suprimir del emblema de la coalición la palabra PIZZUTO; el Partido Acción Nacional interpuso también recurso de revocación contra lo acordado, por considerar que quien presentó la solicitud de registro carecía de facultades para hacerlo, que no procedía requerir sino negar el registro a la coalición, y que, en su caso, no sólo debía excluirse del emblema el término PIZZUTO, sino también la expresión Frente Cívico Potosino; y los partidos Auténtico de la Revolución Mexicana y Democracia Social interpusieron, a su vez, el recurso de revocación contra el rechazo de su solicitud de coalición como extemporánea.

SEXTO. Los tres recursos mencionados fueron resueltos por el Consejo Estatal Electoral, en sesión extraordinaria celebrada el veintinueve de marzo del presente año. Los interpuestos por los partidos políticos Verde Ecologista y Conciencia Popular, por una parte, y Acción Nacional, por otra, fueron desestimados; en tanto que en el que se interpuso por los partidos Auténtico de la Revolución Mexicana y Democracia Social, se revocó la resolución impugnada y aceptó la solicitud de registro de su coalición, para que se examinara la documentación con posterioridad.

Asimismo, en esta sesión extraordinaria se otorgó el registro a la coalición de los partidos Verde Ecologista de México y Conciencia Popular, con la denominación Frente Cívico Potosino.

SÉPTIMO. Recurso de revisión. Contra las resoluciones anteriores, el Partido Acción Nacional interpuso un solo recurso de revisión, que se remitió a la Sala Regional de Primera Instancia del Tribunal Electoral, Zona Centro, del Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí, la cual, por resolución de seis de abril del año en curso, confirmó la resolución dictada en el recurso de revocación interpuesto por el Partido Acción Nacional, y consideró improcedente dicho recurso, respecto a las demás resoluciones de revocación impugnadas, por considerar que el partido actor carece de interés jurídico, aunque no se incluyó esto último en los puntos resolutivos.

El fallo se notificó al partido accionante el siete de abril siguiente.

OCTAVO. Juicio de revisión constitucional electoral. El once de abril, el Partido Acción Nacional promovió juicio de revisión constitucional electoral en contra de la sentencia antes mencionada.

El tribunal responsable remitió a este órgano jurisdiccional la demanda, el expediente del recurso de revisión, su informe circunstanciado y, posteriormente, la certificación del Secretario de Acuerdos de dicho tribunal, por el que certifica que no compareció algún tercero interesado.

El Presidente de esta Sala Superior turnó el expediente al Magistrado Leonel Castillo González, para los efectos a que se refiere el artículo 19 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

Mediante proveído de nueve de mayo del año en curso, el magistrado instructor admitió a trámite la demanda, y por considerar que el expediente se encontraba debidamente integrado, declaró cerrada la instrucción, quedando los autos en estado de dictar sentencia.

C O N S I D E R A N D O :

PRIMERO. Jurisdicción y competencia. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ejerce jurisdicción, y la Sala Superior es competente, para conocer y resolver el presente asunto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 99, párrafo cuarto, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 186 fracción III, inciso b), y 189, fracción I, inciso e), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y 87 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, por tratarse de un juicio de revisión constitucional electoral promovido por un partido político contra una resolución emitida por una autoridad jurisdiccional de una entidad federativa, que es competente para resolver las controversias que surjan durante el proceso electoral local.

SEGUNDO. Requisitos esenciales. En este juicio de revisión constitucional electoral se encuentran satisfechos los requisitos del artículo 9, apartado 1, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

Presupuestos procesales y requisitos especiales de procedibilidad. Éstos también están reunidos, como se verá a continuación.

Oportunidad. La demanda se presentó dentro de los cuatro días que fija el artículo 8 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, porque la sentencia impugnada se notificó al Partido Acción Nacional el siete de abril pasado y la demanda se presentó el once siguiente

Legitimación. El juicio de revisión constitucional electoral fue promovido por parte legítima, conforme a lo previsto por el artículo 88, apartado 1, inciso b), de la ley en cita, ya que el actor es un partido político; y quien promueve por éste tiene personería, por ser el mismo representante que interpuso el recurso de revisión de donde emana la resolución impugnada.

Actos definitivos y firmes. Está satisfecho el requisito de definitividad y firmeza previsto en el artículo 99, párrafo cuarto, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y que se desarrolla en el artículo 86, apartado 1, incisos a) y f), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, al reiterar, por una parte, que los actos o resoluciones impugnables en el juicio de revisión constitucional electoral deben ser definitivos y firmes, y por la otra, que para la promoción de dicho proceso tienen que haberse agotado, en tiempo y forma, todas las instancias previas establecidas por las leyes, en virtud de las cuales se pudieron haber modificado, revocado o anulado.

Ciertamente, la razón lógica y jurídica de esta exigencia constitucional y legal estriba en el propósito, claro y manifiesto, de hacer del juicio de revisión constitucional electoral un medio de impugnación excepcional y extraordinario, al que sólo se pueda ocurrir cuando el acto o resolución de que se trate no sea susceptible de revocación, nulificación o modificación, ya sea porque no se pueda hacer oficiosamente por parte de la propia autoridad emisora, de su superior jerárquico o de alguna otra autoridad local competente para ese efecto, o porque no existan ya medios ordinarios para conseguir la reparación plena de los derechos o prerrogativas en los que se hubieran visto afectados, sea porque no están previstos por la ley, porque los contemplados en ella sean insuficientes para conseguir cabalmente ese propósito reparador, o porque los previstos y suficientes hubieran sido promovidos o interpuestos sin éxito para el afectado. Este razonamiento se ve corroborado con el texto del inciso f) del apartado 1 del artículo 86 de la invocada Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, en donde no sólo se exige que se agoten oportuna y formalmente las instancias previas establecidas por las leyes para combatir los actos o resoluciones electorales, sino que expresa y enfatiza que esas instancias previas deben ser aptas para modificar, revocar o anular los actos o resoluciones lesivos de derechos.

Con relación al acto impugnado en el presente asunto, no se encuentra disposición o principio jurídico alguno en la legislación electoral del Estado de San Luis Potosí, de donde se desprenda la autorización a alguna autoridad de esa entidad para poder revocarlo, modificarlo o nulificarlo oficiosamente, ni tampoco está prevista otra instancia local para conocer sobre la legalidad de las sentencias emitidas en el recurso de revisión.

Actos que violen algún precepto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En el juicio de revisión constitucional se hace valer la transgresión a los artículos 8, 14 y 16 de la Carta Magna.

Las violaciones reclamadas puede ser determinantes para el resultado final de la elección. Este requisito se actualiza porque la resolución impugnada está relacionada con la aprobación del registro de dos convenios de coalición, de modo que si en esta revisión constitucional se podría llegar hasta dejar sin efectos el registro otorgado a las coaliciones mencionadas, lo que repercutiría de manera determinante en la elección municipal indicada, porque no es lo mismo que cada partido político contienda individualmente a que lo haga unido a otros.

La reparación solicitada es factible. La reparación solicitada es material y jurídicamente posible dentro del plazo electoral, ya que los actos relacionados con la materia de la controversia del presente juicio se encuentran comprendidos dentro de la etapa de preparación de la elección, que de conformidad con lo establecido en el artículo 105, párrafo primero, fracción I, de la Ley Electoral del Estado de San Luis Potosí, concluye al iniciarse la jornada electoral, la que tendrá verificativo hasta el dos de julio del presente año, de acuerdo a lo previsto por el artículo 10 del cuerpo legal citado.

TERCERO. La resolución reclamada es del tenor siguiente:

"QUINTO. Previo al estudio y análisis de los agravios, debe considerarse la personalidad del recurrente. En base a que conforme a su escrito de impugnación, señala diversos recursos de revocación que resolvió el Consejo Estatal Electoral y por los cuales interpuso el recurso de revisión, según se aprecia, el primero fue interpuesto por el Partido Acción Nacional, el segundo por los partidos Conciencia Popular y Verde Ecologista de México, el tercero por los partidos Auténtico de la Revolución Mexicana y Democracia Social y el cuarto, por el partido Nava Partido Político. En razón a lo anterior, la personalidad del C. Ángel Candia Pardo, como representante del Partido Acción Nacional, se encuentra acreditada ante el Consejo Estatal Electoral, según el informe de dicho organismo y que obra a fojas 32 en autos, por lo que esta sala le concede valor conforme a derecho; por lo que respecta a los partidos Conciencia Popular, Verde Ecologista de México, Auténtico de la Revolución Mexicana, Democracia Social y Nava Partido Político, la propia autoridad responsable en el informe antes citado no reconoce la personalidad del recurrente como representante de dichos partidos políticos y este cuerpo colegiado no encuentra documento alguno en los autos de este recurso de revisión que acredite que Ángel Candia Pardo tenga personalidad para comparecer ante este tribunal en representación de las entidades políticas últimamente citadas. Para ello, debe considerarse lo establecido por el artículo 13 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación de aplicación supletoria a la Ley Estatal Electoral, en donde en relación con la legitimación y personería determina, que la presentación de los medios de impugnación corresponde a los partidos políticos a través de sus representantes legítimos, y que se entiende por representante legítimo, los que se encuentran formalmente registrados ante el órgano electoral responsable, así como los miembros de los comités nacionales, estatales, distritales, municipales o su equivalente, los que deberán acreditar su personería con el nombramiento respectivo, de acuerdo a los estatutos del partido; los que tienen facultades de representación mediante un poder otorgado en escritura pública por los funcionarios del partido facultados para ello; los ciudadanos y los candidatos por su propio derecho; y las organizaciones o agrupaciones de ciudadanos a través de sus representantes legítimos, de conformidad con los estatutos respectivos o en los términos de la legislación electoral o civil aplicable. Estas exigencias del dispositivo antes señalado no las cumple el recurrente, en cuanto a los partidos políticos precitados, hecha excepción del Partido Acción Nacional, por lo que debe quedar sin estudio y valoración las impugnaciones a que se refiere el recurrente en los incisos b), c) y d) del segundo párrafo de su escrito inicial que obra a fojas uno de estos autos. Cabe precisar que el interés jurídico para comparecer ante organismos electorales y autoridades jurisdiccionales de la materia, no requiere en las etapas de la preparación del proceso electoral, acreditación alguna, pero sí requiere que esté demostrado el interés jurídico para intervenir en razón de que el acto impugnado le ocasione perjuicios; en el caso, las resoluciones a que se alude en el escrito inicial y respecto de las cuales se desconoce la personalidad del promovente, no perjudican el interés jurídico del impugnante, perjudican a otros partidos políticos, pero en nada afecta al partido que representa el señor Ángel Candia Pardo. Sirve de apoyo a este razonamiento lo dispuesto por el artículo 10 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación de aplicación supletoria a la Ley Electoral, en los términos del artículo 8 de este último ordenamiento y en el artículo 204 fracción II del código antes citado, en los que se señala como causa de improcedencia el que se pretenda impugnar actos o resoluciones que no afecten el interés jurídico del actor. Sin que resulte aplicable en beneficio del promovente, la tesis relevante de la Sala Superior del Tribunal Federal Electoral, identificada con la clave S3EL. 00797. Con el rubro de: "PARTIDOS POLÍTICOS. INTERÉS JURÍDICO PARA IMPUGNAR LOS ACTOS DE LA ETAPA DE PREPARACIÓN DEL PROCESO ELECTORAL", se dice que no le beneficia, porque su texto se refiere a la intervención de los partidos políticos en las actividades relacionadas con las etapas del proceso electoral y no a las resoluciones de recursos opuestos por representantes de partidos políticos diversos al del actor que son pronunciadas por los organismos electorales en relación con las actividades de dichas etapas, que afecta el interés propio de cada entidad pública partidista.

Establecido lo anterior, los agravios que hace valer el inconforme los divide en tres apartados. El primero con tres sub apartados a, b y c, en el segundo y en el tercero, sin división alguna; en el sub apartado a, se duele de que el organismo electoral haya reconocido la personalidad del representante común de los partidos coaligados Conciencia Popular y Verde Ecologista de México, en el sub apartado b, le inconforma que la autoridad responsable le haya concedido un plazo de cuarenta y ocho horas a la coalición para que completara la lista de candidatos a regidores por el principio de representación proporcional, en el sub apartado c impugna, que la autoridad electoral haya aceptado como emblema el vocablo "Frente Cívico Potosino"; en el apartado segundo, expresa agravios con relación al recurso de revocación interpuesto por el Partido Conciencia Popular y el Partido Verde Ecologista de México; en el apartado tercero, se inconforma con la aceptación indebida de la solicitud de coalición entre los Partidos Auténtico de la Revolución Mexicana y Democracia Social, y del recurso de revocación presentado por esos partidos políticos. Al respecto, esta sala considera sólo estudiar los agravios contenidos en el apartado primero y no los que se hacen valer en los apartados segundo y tercero en razón, como ya se dijo anteriormente, el recurrente no tiene personalidad para comparecer y hacer valer agravios en favor de partidos políticos que no le han conferido representación personal o legal alguna.

Referente al subapartado a) del apartado primero de los agravios que hace valer el inconforme, en síntesis manifiesta: que respecto al primer agravio hecho valer ante la responsable y reiterado ante esta sala, resulta infundado en el que se le reconoce la personalidad del C. Lic. Oscar Carlos Vera Fabregat, como representante común de la coalición de los partidos políticos Conciencia Popular y Verde Ecologista de México y en el que se le da plena facultad para comparecer a solicitar el registro de coalición de referencia; que es abiertamente ilegal lo afirmado por la responsable, máxime que no fueron estudiadas ni valorizadas las consideraciones expresadas en dicho agravio; que el Consejo Estatal Electoral debió de estudiar y resolver sobre la coalición que realizó la señora Ma. Gregoria Catarina, representante del Partido Verde Ecologista de México, puesto que éste es un partido de registro nacional; que cada partido debe formular expresamente ante el Consejo Estatal Electoral, su solicitud de registro de coalición, es decir, que debe ser hecha por ambos partidos y no por uno de ellos, el correspondiente al Lic. Oscar Carlos Vera Fabregat; que este profesionista como representante de la coalición en mención, no debió de haber presentado la solicitud ante el órgano electoral responsable, sino hasta que haya sido aceptado dicho registro de manera oficial, mas no antes; que la sola celebración del convenio de coalición no genera su existencia y que éste tendrá efectos hasta que haya sido reconocido por las autoridades electorales competentes; que la suscripción del convenio relativo, hasta su reconocimiento oficial de la procedencia de su solicitud, es hasta entonces cuando debe considerarse su existencia; que hasta la última sesión del Consejo Estatal Electoral del día veintinueve de marzo del año en curso, les ha sido reconocida su participación formal a los C.C. Enrique Medellín Mendoza y Ma. Gregoria Catarina, que resulta coherente porque los partidos políticos no pierden su representación individual, sino hasta que la coalición ha sido aceptada oficialmente; que resulta inatendible la solicitud de coalición así formulada, porque ninguno de los dos partidos presentó la solicitud de registro por persona autorizada para tal efecto, y que la responsable actuó de forma oficiosa, al reconocer una solicitud que no ha sido formulada legalmente.

Es improcedente el agravio que hace valer el inconforme en el sentido de que el representante común de la coalición en mención, no era la persona autorizada para presentarlo ante el Consejo Estatal Electoral. Al respecto, el Licenciado Oscar Vera Fabregat, la representación que adquirió de los partidos Conciencia Popular y Verde Ecologista de México, no se encuentra en el supuesto señalado por el artículo 122 fracciones I, II y III de la Ley Electoral Estatal, para que le prohíba detener esa representación, ante esta circunstancia no está impedido por la ley para que sea representante común de los partidos coaligados, por consiguiente, la gestión que realizó dicho profesionista de presentar ante el Consejo Estatal Electoral el convenio en mención, lo hizo con ese carácter y de acuerdo a lo pactado en el punto VI del citado convenio, en donde se designa al abogado señalado como tal; de donde se desprende que lo pronunciado por el órgano electoral responsable fue apegado a derecho al decir que se convalidaba su representación; lo anterior de conformidad con lo establecido por los artículos 43 fracción VI, 118 y 122 de la Ley Electoral Estatal, que en lo conducente dicen: El convenio de coalición deberá contener: "La forma en que convengan los partidos integrantes de la coalición, el ejercicio de sus representantes comunes..."; el organismo electoral correspondiente recibirá de los partidos políticos o coaliciones las solicitudes de registros de candidatos con su documentación correspondiente. Tomando en consideración que el Partido Acción Nacional no objetó el convenio de antecedentes ante el organismo electoral responsable en los términos de ley. En lo que respecta a que el Partido Verde Ecologista de México, es un partido de registro nacional y en la que la responsable debió de estudiar la capacidad de representación de la C. Ma. Gregoria Catarina, esta circunstancia no se encuentra prevista por la ley de la materia, por lo que no tenía el órgano electoral que analizar esta situación, sino está contemplada en la ley, además en el mismo quedó de manifiesto de manera expresa la voluntad de los contratantes, en coaligarse por así convenir a sus intereses, en la forma y términos que establecen los artículos 39, 40, 41, 42 y 43 del Código Electoral en comento, por consiguiente lo expresado en este agravio resulta improcedente de conformidad con las disposiciones legales antes invocadas. También resulta improcedente el agravio que hace consistir el inconforme, en que cada partido debe formular expresamente su solicitud ante el Consejo Estatal Electoral, es decir que debe hacerse por ambos partidos y no por uno de ellos; pues ya que el Lic. Oscar Vera Fabregat presenta ante el Consejo Estatal Electoral un escrito de solicitud de registro del convenio de antecedentes, lo cual esta circunstancia no está prohibida por la ley, más aún que la ley de la materia no establece que el citado convenio sea presentado ante el organismo electoral responsable por ambos partidos, por lo tanto, esta circunstancia es un trámite formal, pero no por ello se impide que cualquier ciudadano presente ante dicho organismo su escrito de solicitud acompañando el convenio. Por su parte, el artículo 118 de la Ley Electoral establece: "El organismo electoral correspondiente recibirá de los partidos políticos o coaliciones, las solicitudes de registros de candidatos con su documentación correspondiente y devolverá, como acuse de recibo, el duplicado de la misma sellado y fechado; así queda de manifiesto, que en el artículo pretranscrito, no se determina que los convenios sean presentados por una solicitud aparte y si el gestor coalicionista lo hizo de esa forma, no está contraviniendo norma legal alguna por lo que su actuar es legítimo ya que lo que no está prohibido, está permitido; en cuanto a que la celebración del convenio de coalición no genera de suyo la existencia a la coalición, esta afirmación en ningún apartado del Código Electoral en comento estipula en qué momento debe de ser aceptada oficiosamente la solicitud de la coalición de los partidos políticos para que sea reconocido su registro en forma definitiva, concretamente en los artículos 39, 40, 41, 42 y 43 no se especifica nada a este respecto, además estos preceptos legales hablan de la constitución de los partidos políticos, mas no de la solicitud de registro; en lo que respecta que para la existencia de una coalición se requiere la suscripción del convenio relativo, la solicitud formal de parte legítima ante las autoridades electorales y en reconocimiento oficial de la procedencia de la solicitud, resulta improcedente pues en la ley de la materia estos requisitos no se establecen, además, como ya quedó establecido en líneas anteriores, los artículos 39, 40, 41, 42 y 43 de la Ley Electoral no mencionan solicitud formal y de reconocimiento oficial del registro de coalición de partidos, así como tampoco del momento en que deban surtir los efectos de dicho convenio; sigue manifestando el recurrente, de que en la última sesión del Consejo Estatal Electoral del veintinueve de marzo del año en curso, les reconoció, aceptó y admitió a los CC. Enrique Medellín Mendoza y Ma. Gregoria Catarina su participación formal en dicho organismo y que esta representación individual no la pierden sino hasta que la coalición ha sido aceptada oficialmente, esto es irrelevante, porque como se vuelve a repetir, esta circunstancia aun cuando está prevista por la Ley Electoral, tampoco se señaló por el Consejo Estatal Electoral que dejaban de ser representantes partidistas al reconocer a un representante común de la coalición mencionada. Por lo que toca a que resulta inatendible la solicitud de coalición formulada porque ninguno de los dos partidos instó a la autoridad electoral por conducto de personas autorizadas para ello, a que se registrara dicha coalición, situación que no tiene veracidad porque el Lic. Oscar Vera Fabregat del Partido Conciencia Popular presentó mediante solicitud el convenio varias veces citado, a este particular, se considera que la ley no señala qué persona es la autorizada para presentar la solicitud de registro del citado convenio ante el Consejo Estatal Electoral, como tampoco especifica que cada partido coaligado debe presentar dicho registro en forma separada, pues tal y como ya quedó establecido en líneas anteriores, el representante común de la coalición en mención no se encontraba impedido en forma legal alguna para que presentara ante el organismo electoral responsable la multicitada solicitud de registro de coalición, como se vuelve a repetir en los artículos 39, 40, 41, 42 y 43 del código de la materia en comento, no especifica nada a este respecto.

Respecto al sub apartado b) del apartado primero de los agravios que le causan al recurrente y que en síntesis expresa lo siguiente: que al referirse al segundo agravio que hace valer el órgano responsable y reiterado ante esta sala, en el que la responsable afirma, que el convenio de coalición no contenía la lista de candidatos a regidores por el principio de representación proporcional, por ello se les concedió un plazo de cuarenta y ocho horas para que lo cumplieran; que estas afirmaciones son abiertamente ilegales, porque se omite el estudio de los agravios y porque sus conclusiones no tienen apoyo legal; que los partidos que pretendan su coalición, en su solicitud acompañe el convenio en los términos del articulo 40 de la ley en cita, mismos que deben de contener los requisitos como, nombre completo, apellido, edad, lugar de nacimiento y domicilio de los candidatos; que el convenio de coalición presentado no tenía consenso alguno respecto a los candidatos a regidores, es obvio, que dicha planilla para ayuntamiento no podría ser registrada en esa forma; que conforme al artículo 40 de la Ley Electoral, el convenio de coalición, debe de presentarse para su registro, cuando menos con un mes de anticipación, y que debió de ser ampliado por cuarenta y ocho horas, que lo fue el veintidós de marzo del dos mil, porque el registro de candidatos a ayuntamientos corre del primero al quince de abril; que cuando el Consejo Estatal Electoral concede plazo a los partidos mencionados para completar su planilla, el convenio de coalición se encontraba ya celebrado desde el día veintiuno de febrero de este año y cuando se formula el requerimiento, esto requería de la presentación de un nuevo convenio; que el convenio no fue presentado dentro de los plazos legalmente establecidos, debiéndose rechazar el registro correspondiente; que la autoridad electoral al conceder plazo de cuarenta y ocho horas basándose en el numeral 118 de la ley, resulta inaplicable al caso, porque dicho artículo se refiere a instituciones jurídicas y deriva del registro de candidatos, no de coaliciones.

En lo que respecta al sub apartado b) del apartado primero de los agravios que le inconforman al recurrente; en el que señala que el Consejo Estatal Electoral no debió de haberle concedido un plazo de cuarenta y ocho horas para que presentaran la lista de candidatos a regidores de representación proporcional; esto es improcedente, tomando en consideración que el artículo 118 de la Ley Electoral en su párrafo segundo, señala que cuando exista insatisfacción de los requisitos previstos en la ley, se otorgará un plazo de cuarenta y ocho horas al partido político para que pueda subsanar documentalmente dicha omisión; ante esta circunstancia, el convenio de coalición de referencia fue registrado en tiempo y forma por el organismo electoral responsable y aún más, dicha autoridad electoral tiene facultades legales para registrar supletoriamente a los candidatos a diputados y planillas de ayuntamiento, así como a los representantes de los partidos, de conformidad con lo establecido por el artículo 64 fracciones XIV y XVI de la Ley Electoral Estatal. Sigue manifestando el doliente, que en los términos de los artículos 40 y 45 del Código Electoral en comento, que el indicado convenio deberá contener entre otros requisitos, el nombre completo, apellidos, edad, lugar de nacimiento y domicilio de los candidatos, y que es indispensable el consenso que conforme a la Ley deben tener dichos candidatos; esto también es improcedente, porque se advierte que en el convenio de coalición en su párrafo segundo, se menciona el nombre completo, apellidos, edad, lugar de nacimiento y domicilio del candidato a Presidente Municipal, Regidores y Síndicos propietarios y suplentes, por lo tanto se reunieron los requisitos establecidos en el articulo 43 de la Ley Electoral Estatal, y ni en este artículo ni en el 40 de la citada Ley, no establecen nada respecto al consenso que dice el recurrente deben tener dichos candidatos; continúa señalando el inconforme que el Consejo Estatal Electoral les concedió un plazo de cuarenta y ocho horas el día veintidós de marzo de dos mil y que de conformidad con el artículo 111 de la ley, el plazo para el registro de candidaturas cerraba el quince de abril, dando a entender que a su vez el registro de candidaturas en coalición cerraba el quince de marzo, conforme a lo dispuesto por el artículo 40 de donde concluye que el citado plazo de cuarenta y ocho horas es extemporáneo como consecuencia el registro; esta circunstancia resulta infundada, en virtud de que el artículo 64 de la Ley Electoral en su fracción II establece que el Consejo Estatal Electoral tiene atribuciones para resolver sobre los convenios de coalición que presenten los partidos políticos, dentro de quince días siguientes a aquél en que lo reciba; por consiguiente, al conceder el plazo de cuarenta y ocho horas del día veintidós de marzo de dos mil, el órgano electoral responsable, estaba dentro del tiempo establecido en el ordenamiento legal antes invocado, al haberse presentado el convenio de coalición el día catorce de ese mes, por lo que, el día veintidós de ese mes, habían transcurrido ocho días, además, la autoridad electoral responsable tiene facultades legales para registrar supletoriamente a las candidaturas a diputados de mayoría, de representación y planillas de ayuntamientos, así como a los representantes de los partidos, esto de conformidad con el artículo 64 fracciones XIV y XV de la Ley Electoral vigente en el Estado; siendo así en lugar de hacer uso de esa facultad, el organismo electoral dio plazo y requirió al partido coaligado para que subsanara la omisión advertida. Su actuación está en lo correcto y apegada a derecho; el inconforme sigue manifestando en sus agravios, que el convenio de coalición se encontraba ya celebrado desde el día veintiuno de febrero de este año, y cuando se formula el requerimiento era para la presentación de un nuevo convenio; este alegato resulta infundado porque no se trata de un nuevo convenio y es el mismo, pero corregido en sus omisiones.

En cuanto al sub apartado c) del apartado primero, los agravios que hace valer respecto al pronunciamiento del organismo electoral y en relación con el vocablo "Frente Cívico Potosino", consistente en que las conclusiones a las que arribaron, son ilegales, porque a un emblema de coalición no se introducen informaciones innecesarias y adicionales a la de la simple identificación; que una cosa es la publicidad y promoción y otra la identificación de ofertas políticas; que el artículo 135 de la ley de la materia prohíbe realizar propaganda electoral el día de la jornada electoral e incluso tres días antes; que cualquier información adicional que exceda a la simple identificación de los partidos políticos en el material electoral, se considera de carácter promocional; que en el emblema de la coalición de los partidos Conciencia Popular y Verde Ecologista de México se pretende incorporar información que excede a su identificación y se hace referencia a una persona distinta que no es parte en el proceso, que el vocablo citado influye en simpatías específicas independiente de los partidos políticos coaligados; que Frente Cívico Potosino es una persona jurídica específica y por tanto una tercer persona, (sic) ajena al proceso que puede producir un efecto en el elector; que ello produce, iniquidad el día de la jornada electoral; que el vocablo "Frente Cívico Potosino", se refiere a una asociación civil con el mismo nombre y con el agregado de las letras A.C.; concluyendo, que los partidos Conciencia Popular y Verde Ecologista de México no pueden tener en su emblema de coalición una inscripción distinta a su identificación, por lo que deben suprimir el vocablo "Frente Cívico Potosino".

Lo anterior resulta improcedente con base en lo siguiente: la palabra emblema tiene diversas interpretaciones, pero situándonos en la que aparece en el diccionario de la Lengua Española de la Real Academia de la Lengua Española, en la Vigésima Primera edición de 1992, que textualmente establece: "del lat. Emblema, y este del gr. Adorno superpuesto m. jeroglífico, símbolo o empresa en que se representa alguna figura y al pie de la cual se escribe algún verso o lema que declare el concepto o moralidad que encierra. U.v.c.f//2. Cualquier cosa que es representación simbólica de otra". Cualquier definición aparte de la precitada, tiene los siguientes elementos: a) dicha palabra emblema proviene del vocablo latín "emblema", y éste de un vocablo griego; b) es un objeto representativo hecho a base de figuras, símbolos, jeroglíficos, dibujos, siglas, insignias, distintivos o cualquiera otra forma de expresión; c) puede comprender palabras, leyendas, versos, o no comprenderlos; d) su finalidad primordial consiste en representar simbólicamente a una persona, moral, física o a una cosa, con el objeto de su mejor identificación, diferenciándola de otras con las que se pudiera confundir. Al respecto el vocablo "Frente Cívico Potosino" que utilizan los partidos coaligados Conciencia Popular y Verde Ecologista de México, es el emblema o denominación de la coalición que formaron, según se acredita abundantemente en autos y sirve para la identificación de la misma, no se trata de una propaganda electoral o publicidad y promoción, tampoco tiene el fin de influir para atraer simpatías específicas, si es una persona jurídica específica, pero no está dentro del ámbito de este proceso electoral, se trata de una asociación civil, pero no es un partido político. Se dice que es propaganda, porque no reúne los requisitos que para considerar ese concepto establece el artículo 182 párrafo tercero del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales de aplicación supletoria a la Ley Estatal Electoral conforme a su artículo 8, en donde define, que de escritos, publicaciones, imágenes y grabaciones, proyecciones y expresiones que durante la campaña electoral producen y difunden los partidos políticos, los candidatos registrados y sus simpatizantes, con el propósito de presentar ante la ciudadanía las candidaturas registradas; aunado a lo anterior, si un signo, imagen o símbolo involucra a una promoción para la obtención del voto de una parte de la población, debe demostrarse ese fin para desvirtuar la simple identificación partidista, de tal forma que si no se acredita la finalidad de referencia, no puede considerarse el vocablo aludido como propaganda, lo que en este caso sucede; en otras palabras, el recurrente no aporta pruebas para establecer que la palabra o palabras "Frente Cívico Potosino" influyan en un grupo de personas o ciudadanos para que voten en determinado sentido; con relación a que se trata de una persona jurídica específica, "Frente Cívico Potosino, A.C.", debe decirse, que esta denominación no la tiene ninguno de los partidos políticos registrados ante el Consejo Estatal Electoral, como se advierte a fojas 178 en el expediente, donde dicho organismo electoral describe cuáles son los partidos políticos registrados; de esta forma, si se trata de una persona jurídica individual, específica o tercero, no le irroga ningún perjuicio al impugnante, por que no se hace alusión al partido que representa ni a ninguno de los otros ya registrados; ahora bien, dicha circunstancia es legal porque se adecua a lo dispuesto por los artículos 43 fracción V y 32, fracción 18, de la Ley Estatal Electoral, al tratarse de una emblema propio de la coalición y que no refiere expresiones que impliquen diatriba, calumnia, infamia, injuria, difamación, o que denigren a los ciudadanos o a las instituciones públicas o a los organismos electorales y a los partidos políticos o a sus candidatos. Por otra parte, la normatividad en relación a las coaliciones no determina qué características debe llevar el emblema, consistente en elementos o signos en particular, por lo que se entiende que los partidos que conforman una coalición son libres para pactar los colores, logotipos, signos gráficos, entre los cuales puede hallarse cualquier distintivo de la forma y especie que sea, con las únicas condicionantes, que sea distinta a la de otros partidos y que se diferencie de los mismos, debiendo estar exenta de alusión religiosa y racial, en los términos del artículo 30 fracción I de la Ley Electoral del Estado, condicionantes que observó la coalición de referencia y cuyo emblema se impugna ante estas circunstancias, se considera que la autoridad electoral responsable estuvo en lo correcto al admitir como emblema el vocablo o vocablos "Frente Cívico Potosino". Por lo tanto, se desestima y consecuentemente resulta improcedente el agravio que en este sentido se hace valer.

Se considera innecesario entrar al estudio de los agravios contenidos en los apartados segundo y tercero del escrito respectivo de Ángel Candi Pardo, y es innecesario porque este promovente no tiene personalidad ni interés jurídico para comparecer en representación de los partidos Conciencia Popular y Verde Ecologista, Auténtico de la Revolución Mexicana, Democracia Social y Nava Partido Político, a quienes el acuerdo del veintinueve de marzo del dos mil pronunciado por el Consejo Estatal Electoral que contiene resoluciones a diversos recursos ocasionó presumiblemente perjuicios jurídicos electorales. Lo anterior remitiéndonos a los razonamientos que al inicio de este considerando se hicieron respecto a la personería y legitimación procesal.

En base a los razonamientos y fundamentos legales expresados, se desestiman y por tanto resultan infundados todos y cada uno de los agravios que hace valer Ángel Candia Pardo, representante del Partido Acción Nacional en contra del acuerdo del Consejo Estatal Electoral que resolvió en su contra un recurso de revocación fechado el veintinueve de marzo del presente año. Por lo tanto, es improcedente el recurso de revisión promovido, teniendo como consecuencia confirmar en todas y cada una de sus partes la resolución del organismo electoral responsable de fecha veintinueve de marzo del corriente año, que declara improcedente el recurso de revocación que fue opuesto por el aquí inconforme contra el acuerdo emitido por la autoridad responsable el veintidós de marzo del dos mil, así como los restantes acuerdos de fecha veintinueve del mes y año citados que motivaron la impugnación de dicho representante partidista ante esta Sala del Tribunal Electoral del Poder Judicial."

CUARTO.- Los agravios expresados por el partido actor son del tenor siguiente:

"PRIMERO. En este apartado, me inconformo en contra de la resolución impugnada, en la medida en que en su considerando quinto (a fojas 2 vuelta) manifiesta:

"..., deben quedar sin estudio y valoración las impugnaciones a que se refiere el recurrente en los incisos b), c) y d) del segundo párrafo de su escrito inicial que obra a fojas 1 de estos autos. Cabe precisar que el interés jurídico para comparecer ante organismos electorales y autoridades jurisdiccionales de la materia, no requiere en las etapas de la preparación del proceso electoral, acreditación alguna, pero sí requiere que esté demostrado el interés jurídico para intervenir en razón de que el acto impugnado le ocasione perjuicios; en el caso, las resoluciones a que se alude en el escrito inicial y respecto de los cuales se desconoce la personalidad del promovente, no perjudican el interés jurídico del impugnante, perjudican a otros partidos políticos, pero en nada afectan al partido que representa el señor Ángel Candia Pardo...".

Para mejor comprensión, esta parte de la resolución se refiere a las impugnaciones que formulé oportunamente respecto a la manera como se resolvieron paralelamente (y en la misma sesión del veintinueve de marzo) los recursos de revocación interpuestos por los Partidos Conciencia Popular y Verde Ecologista de México, por un lado, y el interpuesto por los Partidos Auténtico de la Revolución Mexicana y Democracia Social, por otro. El primero de ellos, en íntima relación con el recurso de revocación que interpuse a nombre del Partido Acción Nacional pues se refería a cuestiones relativas al emblema que pretende utilizar la coalición mal denominada "Frente Cívico Potosino"; y el segundo de ellos, que se refería a la extemporaneidad en la presentación del convenio de coalición pretendida por los mencionados institutos políticos.

Pues bien, respecto a la supuesta "falta de legitimación" que la sala resolutora sostiene para impugnar los acuerdos antes dichos, cabe decir que es incorrecta la apreciación de la resolutora, ya que para sostenerla, habría que analizar el bien jurídico tutelado y el interés jurídico que cada partido tiene dentro de un proceso electoral, y al respecto manifiesto:

Es opinión del suscrito, que los partidos políticos tienen dentro del proceso electoral, una participación e interés jurídico sui generis, ya que si bien debe reconocerse que cada partido político tiene en su favor un derecho a proponer su oferta política a la comunidad, no por esto se genera un derecho individual jurídicamente tutelado, ya que el bien jurídico protegido por la ley es -en los procesos electorales- la legalidad de los mismos, es decir, que los procesos electorales no otorgan a los partidos políticos en lo individual un derecho procesal de acción en su favor, cuanto que por el contrario, una vez que les ha sido reconocida su participación en el proceso electoral respectivo, el único bien jurídicamente tutelado es la legalidad del proceso, mas no los intereses particulares de cada partido, quien agota su derecho individual, en el reconocimiento de su participación.

En este sentido, si tomamos en cuenta que lo verdaderamente importante en un proceso electoral es que el mismo se desarrolle con apego estricto a las leyes de la materia y dejamos a un lado los particulares intereses de cada partido político, tendremos entonces entendido que no asiste a ningún partido un derecho de acción procesal que conlleve un resultado en su favor, sino siempre en favor del propio proceso electoral.

De esta manera, cuando un partido político recurre o se inconforma con alguna resolución de las autoridades electorales, no lo hace en función de su beneficio partidista, sino que su facultad de recurrir deriva del bien mayor consistente en la legalidad del proceso electoral. Si un proceso electoral se vicia por actos ilegales, todos los partidos políticos y la sociedad entera resultan agraviados por tales vicios e ilegalidades, al tiempo en que se genera una situación de total inseguridad jurídica respecto del proceso electoral y de sus resultados finales.

Así, la facultad de recurrir resoluciones de las autoridades electorales por parte de los partidos políticos, deriva de su participación en los procesos, es decir, de ser considerado como miembro de las propias autoridades. En la especie, el partido que represento forma parte integrante del Consejo Estatal Electoral en la medida en que tiene reconocido su registro nacional y estatal, y por virtud del artículo 57 de la Ley Electoral del Estado, que dispone textualmente, que "El Consejo Estatal Electoral reside en la Ciudad de San Luis Potosí y se integra de la siguiente manera: ... IV.- Un representante por cada partido político registrado o un representante común por cada coalición registrada, si es el caso, los que sólo tendrán derecho a voz. Por cada representante propietario se designará un suplente".

Es decir, que aun cuando la participación de los partidos políticos en los consejos ciudadanos no conlleve la facultad de votar, no por ello puede considerárseles como ajenos a dichas autoridades, pues antes al contrario, son parte activa en ellas al tener reconocidos sus derechos a voz y a recurrir las decisiones de dichos consejos, para ajustar tales decisiones a la ley, en beneficio exclusivo de la legitimación de los procesos electorales.

Por tanto, no puede hablarse de "falta de legitimación o personería" al recurrirse alguna resolución por parte de cualquier partido político, como tampoco de su "falta de interés jurídico", porque tales factores no le son propios ni exclusivos a dichos partidos, sino que dependen del interés general, social, que todos los mexicanos tenemos en la seguridad en los procesos electorales, que deviene de su legalidad.

Así las cosas, cualquiera que sea la naturaleza del acto impugnado, puede ser recurrida por cualquier miembro de la autoridad electoral emisora, con total independencia de si tal acto o resolución pudiera considerarse -en una primera visión del mismo- como perjuicioso en contra de algún político, ya que como se insiste, las autoridades electorales y los tribunales de la misma materia, no están constituidos ni tienen como función la protección de ningún interés particular partidista, sino que su función pública conlleva únicamente la satisfacción del interés general de la sociedad completa, en la legalidad y legitimación de los procesos electorales, siendo así conductores y resolutores de dichos procesos cara a su legalidad y legitimación, pero nunca con visos a la protección de intereses particulares de ninguna especie.

En atención a todo lo anterior, debe resolverse que cualquier clase de impugnación -como las precisadas en los antecedentes de este escrito- puede ser formulada legítimamente por cualquier partido político, pero no en atención a un derecho subjetivo particular, sino por el general y social que está efectivamente tutelado, para la legalidad y legitimación de los procesos electorales. Por tanto, debe revocarse la resolución antes transcrita, y en atención a tal revocación, sostener que los agravios formulados por el partido que represento bajo los apartados segundo y tercero del escrito de revisión relativo, son atendibles por cuanto a que el Partido Acción Nacional tiene reconocida una participación como integrante del Consejo Estatal Electoral, y por ende, que el recurso de revisión interpuesto tiene un sentido mucho más amplio que el solo interés del partido, que es la legalidad y legitimación del proceso.

En consecuencia, debe entrarse al estudio de los agravios formulados y resolverse como corresponda. Para estos efectos, y en virtud de que en estos procesos jurisdiccionales no existe reenvío, pido se tengan por reproducidos como puestos aquí mismo los agravios (transcritos líneas arriba) para su estudio, valoración y resolución por esta superioridad federal.

SEGUNDO. En este apartado, me referiré a las consideraciones que formula la resolutora a fojas 12 vuelta a 15, en las que se pronuncia por declarar la improcedencia hecha valer por el partido que represento, por cuanto a que la solicitud de registro de coalición Conciencia Popular y Verde Ecologista de México fue presentada por persona que no tenía la facultad de hacerlo legalmente.

Resumiendo los antecedentes que ya han quedado expresados, se trata en la especie del hecho de que con fecha catorce de marzo de este año, el Lic. Oscar Carlos Vera Fabregat, Presidente del Partido Estatal Conciencia Popular, presentó con su sola firma, una solicitud para el registro del convenio de coalición entre su partido y el Verde Ecologista de México, para la elección de Ayuntamiento de la Capital del Estado. Esta solicitud, en síntesis y en lo conducente, contenía las siguientes anormalidades:

a) El Lic. Oscar Carlos Vera Fabregat, en su calidad de Presidente del Partido Conciencia Popular, no representa por obviedad al Partido Verde Ecologista de México, que es un partido distinto hasta en su conformación orgánica.

b) El Lic. Oscar Carlos Vera Fabregat, al día catorce de marzo de este año, no tenía ninguna capacidad o designación ante el Consejo Estatal Electoral, pues por lo que hace a su partido político, tenía designados a los Sres. Gonzalo Andrade Reyes (propietario) y Nicolás Esparza Hernández (suplente), quienes por tanto se encontraban acreditados para ser la voz del Partido Conciencia Popular ante el Organismo Electoral, con exclusión obvia de cualquier otra persona.

c) Por lo que hace al Partido Verde Ecologista de México, que no firma la solicitud de registro de coalición, tenía acreditados ante el Consejo Estatal Electoral a los Sres. Enrique Medellín Mendoza y Ma. Gregoria Catarina.

d) Que el Partido Verde Ecologista de México es un partido de registro nacional, por lo que deberían estudiarse las capacidades de la presidenta Estatal del mismo, Sra. Gregoria Catarina para la suscripción de un convenio de coalición como el pretendido, ya que esta señora ostenta la representación en el Estado de una Dirección General en México, por lo que se requeriría de la aceptación de los órganos internos acreditados para el efecto, respecto de lo cual no se dice nada en el convenio relativo, ni se exhiben los documentos necesarios para conocer el alcance de las facultades de la indicada Presidenta Estatal.

e) Que si bien en el "convenio de coalición" se designa como representante común de la misma ante las autoridades electorales al Lic. Oscar Carlos Vera Fabregat, esta representación sólo tiene efectos sobre la coalición misma, es decir, que el mencionado profesionista será representante de la coalición una vez que ésta ha adquirido eficacia jurídica, pero no antes, porque equivaldría a sostener que el mencionado abogado se convirtiera en la voz del Partido Verde Ecologista de México, en lo individual, lo cual no puede ser, ni se exhiben documentos que así lo indiquen, en los términos del Derecho Civil, de manera que se otorgara una representación (mandato) para representar a dicho partido. De esta manera, la solicitud de registro de coalición debe ser hecha por todos y cada uno de los partidos que pretenden su coalición, y una vez aceptado el registro, comenzará la representación del designado en el convenio.

En relación con estas argumentaciones, la sala resolutora se pronunció de la siguiente manera:

"Al respecto, el Licenciado Oscar Vera Fabregat, la representación que adquirió de los Partidos Conciencia Popular y Verde Ecologista de México, no se encuentra en el supuesto señalado por el artículo 122 fracciones I, II y III de la Ley Electoral Estatal, para que le prohíba tener esta representación, ante esta circunstancia no está impedido por la Iey para que sea representante común de los partidos coaligados, por consiguiente, la gestión que realizó dicho profesionista se presentará ante el Consejo Estatal Electoral el convenio en mención, lo hizo con ese carácter...".

Resulta claro y evidente que la sala resolutora no entendió debidamente el contenido real de las argumentaciones hechas valer por el partido que represento, ya que en la especie, jamás se argumentó el hecho de que el Lic. Oscar Vera Fabregat estuviera impedido para ser representante legal de algún partido o coalición, en términos del artículo 122 de la Ley Electoral del Estado, sino el hecho de que dicho profesionista no puede representar a una coalición inexistente (por lo menos al día catorce de marzo), donde por lo mismo se requería de la voluntad accionadora de ambos partidos coaligantes para producir el efecto jurídico de dar eficacia y existencia a la coalición, la que una vez existente y reconocida, podrá hacerse representar por el Lic. Vera Fabregat u otra persona según les convenga.

"En lo que respecta de que el Partido Verde Ecologista de México, es un partido de registro nacional y en la que la responsable debió de estudiar la capacidad de representación de la C. Ma. Gregoria Catarina, esta circunstancia no se encuentra prevista por la ley de la materia, por lo que no tenía el órgano electoral qué analizar esta situación, si no está contemplada en la ley..."

Esta afirmación de la resolutora es también infundada e inmotivada, ya que contrariamente a lo que aduce, la autoridad electoral sí debe estudiar las facultades de quienes se presentan ante ella por parte de los partidos políticos, ya que un principio de mínima seguridad jurídica, impone a las personas morales (y organismos públicos) que sus actos sean hechos por quienes tienen facultades para efectuarlos, lo cuál es un principio de derecho debidamente regulado por las leyes, y aplicable a todos los procesos, actuaciones y actos jurídicos en general, ya que asegura que la voluntad del ente jurídico se pronuncie efectivamente.

Pero no obstante lo anterior, los artículos 59 apartado 2, incisos a), b), c), d), 59-A apartado 2, 60 apartado 2, 61 apartado 2, incisos a), b), c), d) y e), 62 apartado I, incisos e), f), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (en lo sucesivo COFIPE), que se aplican supletoriamente a la Legislación Electoral del Estado, según al efecto previene el artículo 8º de la misma, son claros al establecer la necesidad de que, en tratándose de coaliciones, los partidos políticos deben acreditar que su Asamblea Nacional (recuérdese que el Partido Verde Ecologista de México tiene registro nacional) u órgano equivalente de cada uno de los partidos aprobaron contender bajo la declaración de principios, programa de acción y estatutos, plataforma electoral de coalición, postulación y registro de candidatos, programas de gobierno, etc. etc.

De lo anterior se desprende la necesidad de que las asambleas u órganos equivalentes de cada partido político deben estar conscientes y aprobar la existencia de la coalición, ya sea total o parcial, para una o varias elecciones, de la forma que sean efectivamente los partidos (a través de sus órganos facultados) quienes expresen su voluntad de convenir una coalición y de llevarla ante las autoridades competentes para su registro y eficacia.

En el caso que nos ocupa, las autoridades electorales de San Luis Potosí pasaron por alto estas disposiciones, teniendo por expresada la voluntad de ambos partidos simplemente con la firma y expresión de sus presidentes estatales, lo cual es indebido, máxime en el caso del Partido Verde Ecologista de México, que tiene órganos internos que exceden desde luego a la representante delegada en San Luis Potosí, Sra. Gregoria Catarina, quien sólo tiene facultades para realizar los actos que sus dirigentes en México le faculten; y en tratándose de una coalición, el registro nacional de que goza dicho partido, le impone la obligación de sujetarse al COFIPE, que es claro al establecer que es la "Asamblea" del partido quien debe aprobar la coalición.

Por tanto, sí existe en las leyes de la materia disposición que lógicamente obliga a las autoridades electorales a estudiar, valorar y establecer, que los partidos políticos coaligantes han manifestado su voluntad de coaligarse a través de sus asambleas respectivas, de manera que no se ponga en duda la voluntad generada, contrariamente a lo sostenido por la sala resolutora, que parece ignorar los dispositivos legales aplicables.

"... más aún, que la ley de la materia no establece que el citado convenio sea presentado ante el organismo electoral responsable por ambos partidos, por lo tanto, esta circunstancia es un trámite formal, pero no por ello se impide que cualquier ciudadano presente ante dicho organismo su escrito de solicitud acompañando el convenio. Por su parte, el artículo 118 de la ley electoral establece: "El organismo electoral correspondiente recibirá de los partidos políticos o coaliciones, las solicitudes de registro de candidatos con su documentación correspondiente..."; así queda de manifiesto, que en el artículo pretranscrito, no se determina que los convenios sean solicitados por una solicitud aparte y si el gestor coalicionista lo hizo de esa forma, no está contraviniendo norma legal alguna, por lo que su actuar es legítimo, ya que lo que no está prohibido, está permitido".

Estas afirmaciones de la resolutora son, como las demás, prueba de que no entendió los agravios en absoluto, y de que además, no quiso entenderlos, pues insiste en aplicar artículos de la ley que no son atenientes al tema que nos ocupa.

En efecto, contrariamente a lo argumentado por la resolutora, no se trata de una cuestión "formal" el hecho de que se solicite el registro de una coalición, sino que se trata de una cuestión de mucho fondo, cuando las leyes requieren que la expresión de voluntad de coaligarse, venga claramente establecida por todos y cada uno de los partidos políticos coaligantes, de manera que renuncien a su participación individual en una o más elecciones, en aras a la coalición convenida. Es por esto, que la más simple lógica nos dice que una voluntad de coaligarse debe estar claramente definida por ambos partidos a través de sus órganos correspondientes; y que una vez que han llegado a celebrar un convenio de coalición, deben hacer su solicitud de registro conjuntamente, de manera que ambos partidos accionen ante las autoridades electorales, las consecuencias legales de sus convenios.

Por otra parte, y respecto a la mención que la resolutora hace al artículo 118 de la Ley Electoral del Estado, debe decirse que tal disposición es absolutamente inaplicable al caso que nos ocupa, ya que se refiere al registro de candidatos, y no de coaliciones, por lo que la resolución que aquí se impugna es infundada e inmotivada.

"En lo que respecta que para la existencia de una coalición se requiere la suscripción del convenio relativo, la solicitud formal de parte legítima ante las autoridades electorales y el reconocimiento oficial de la procedencia de la solicitud, resulta improcedente, pues en la ley de la materia estos requisitos no se establecen... "

Lo afirmado en la transcripción anterior por la resolutora es abiertamente ilegal, simple y obsoleto, ya que contrariamente a lo aducido, las leyes de la materia sí establecen la necesidad de un convenio, de una solicitud y un reconocimiento oficial sobre ella, lo cual se desprende con total claridad del articulo 40 de la Ley Electoral del Estado, que refiere la existencia necesaria de un convenio que debe ser aceptado por el Consejo Estatal Electoral, el cual deberá ser presentado ante dicha autoridad por lo menos con un mes de anticipación a la fecha de registro de la o las candidaturas de que se trate. Por tanto, es falsa e infundada la afirmación de la resolutora, por lo que debe revocarse la resolución que aquí se recurre.

TERCERO. En este apartado, me referiré a las consideraciones que hace la resolutora, por las que declara improcedente el recurso de revisión interpuesto por el partido que represento, en la medida en que el convenio de coalición que presentara el Lic. Oscar Carlos Vera Fabregat no contenía la lista de candidatos a regidores por el Principio de Representación Proporcional, y para lo cual indebidamente la autoridad electoral concedió un plazo de cuarenta y ocho horas para que lo subsanaran. En este sentido, señala la resolutora lo siguiente:

"señala (el agraviado) que el Consejo Estatal Electoral no debió de haberle concedido un plazo de cuarenta y ocho horas para que presentaran la lista de candidatos a regidores de representación proporcional; esto es improcedente, tomando en consideración que el artículo 118 de la Ley Electoral en su párrafo segundo, señala que cuando exista insatisfacción de los requisitos previstos en la ley, se otorgará un plazo de cuarenta y ocho horas al partido político para que pueda subsanar documentalmente dicha omisión; ante esta circunstancia, el convenio de coalición de referencia fue registrado en tiempo y forma por el organismo electoral responsable y aún más, dicha autoridad electoral tiene facultades legales para registrar supletoriamente a los candidatos a diputados y planillas de ayuntamiento, así como a los representantes de los partidos, de conformidad con lo establecido por el artículo 64 fracciones XIV y XVI de la Ley Electoral Estatal."

La anterior trascripción emanada de la resolución que aquí se impugna, es abiertamente ilegal y notoriamente inconstitucional, tal y como se desprende de las consideraciones siguientes:

En primer lugar, debe repetirse que el plazo de cuarenta y ocho horas que el Consejo Estatal Electoral concedió a los partidos políticos coaligantes para que integraran su planilla de regidores por el principio de representación proporcional, es ilegal, ya que como se. sostuvo ante la sala resolutora, al hacerlo, se violaba en forma expresa el contenido del artículo 40 de la Ley Electoral del Estado, en la medida en que:

a) No existía justificación alguna para que los pretendidos partidos coaligantes, no hubieran presentado en su convenio de coalición, a todos los candidatos que la elección de ayuntamiento requería, omisión ésta que podría ser subsanable siempre que los plazos de ley lo permitieran, lo que no sucedió en la especie, pues el artículo 40 de la Ley Electoral del Estado impone a los partidos políticos la obligación de presentar sus convenios de coalición cuando menos con un mes de anticipación a la fecha de registro de la o las candidaturas de que se trate: y si el Consejo Estatal Electoral el día veintidós de marzo pretendía conceder a los partidos cuarenta y ocho horas para que convinieran y presentaran candidatos no convenidos en el acuerdo inicial, se implicaba necesariamente que su coalición y presentación se haría luego de esa fecha, es decir, entre el veintidós y el veinticuatro de marzo del año dos mil; y si el registro de candidatos para la elección de ayuntamiento se haría por ley del día primero al quince de abril, obvio es que el nuevo convenio o convenio complementario (que es también una convención) no podía quedar presentada dentro del término legal a que alude el artículo 40 de la ley, porque física y matemáticamente es imposible.

b) Por otra parte, resulta inaplicable a la discusión que nos ocupa el contenido del artículo 118 de la Ley Electoral del Estado, ya que tal numeral se refiere a actos procesales distintos a los que nos trae a colación el tema, pues si leemos el texto del mencionado artículo, nos percataremos de que se trata del acto procesal de registro de candidatos, no de coaliciones, por lo que no se entiende la razón por la que la resolutora pretende fundar el plazo de cuarenta y ocho horas en una disposición que regula otras cosas.

En efecto, la solicitud y registro de coaliciones está normada por los artículos 40, 41, 42, 43, 44 y 45 de la Ley Electoral del Estado, disposiciones éstas que en ninguna forma establecen plazos de ninguna especie para subsanar omisiones, pues el único plazo existente, es el que se refiere al mes de anticipación por lo menos, para presentar el convenio respectivo, lo que quiere decir, que cualesquiera partidos políticos pueden pedir el registro de coalición, desde iniciado el proceso electoral y hasta un mes de anticipación al registro de las candidaturas respectivas, por lo que mientras este plazo último no se termine, considero que pueden hacerse cuantas subsanaciones se consideren pertinentes; pero quedando claro, que una vez que el plazo de un mes ya queda rebasado, no es posible aceptar una solicitud de registro de coalición, ni por lo mismo, un convenio de coalición, porque tal situación aún de cumplirse, sería extemporánea.

Y si como en el caso, los partidos políticos coaligantes no presentaron el convenio de coalición respecto a las candidaturas de regidores en el término legal, lo que corresponde es negar el registro de la coalición pretendida, por ser éste extemporáneo, ya que conforme al artículo 41, segundo párrafo, en relación con el numeral 114 de la ley de la materia, las Planillas para la elección de Ayuntamiento deben presentarse por fórmula que contenga la designación de Presidente Municipal, Regidores y Síndicos, lo que implica obviamente la designación de todos ellos.

Y si para el día veintidós de marzo no existía convenio entre los partidos coaligantes respecto de sus candidatos a regidores por el principio de representación proporcional, se requería entonces que en esas fechas, se celebrara una convención al respecto, para completar la planilla; y si tal convención entraría ante el Consejo Estatal Electoral hasta los días veintidós y veinticuatro de marzo, obvio es que no se respeta el plazo establecido por el artículo 40 de la ley. Por tanto, la autoridad electoral no podía conceder ese plazo, porque ya de suyo no podría aceptar el convenio relativo sin violar la ley, de donde deviene que en lugar de conceder plazos imposibles, lo que debió hacer el Consejo Electoral era negar el registro de la coalición por no contener los elementos necesarios para su aprobación, ni estar en posibilidad legal de hacerlo, por los términos legales establecidos.

Por otra parte, y por lo que hace a la invocación del artículo 64 fracciones XIV y XVI, por la que la sala resolutora pretende que el Consejo Estatal Electoral tiene facultades para registrar supletoriamente candidatos a diputados y a ayuntamientos, estas afirmaciones son ciertas, pero absolutamente mal aplicadas e inatendidas por la resolutora, pues una cosa es que los partidos o coaliciones puedan ocurrir a registrar a sus candidatos al Consejo Estatal Electoral, en forma supletoria, y otra muy distinta es que el mencionado consejo pueda hacer oficiosamente las designaciones de candidatos, pues éste es un derecho exclusivo de los partidos políticos.

En efecto, el registro supletorio a que se refiere el artículo 64, consiste en que si un partido que debe hacer un registro de candidaturas ante el Comité Distrital (para el caso de Diputados Locales) o Comité Municipal (para el caso de elección de Ayuntamientos) tuviera alguna justificación legal, puede .registrar sus planillas correspondientes ante el Consejo Estatal Electoral, cuando por alguna razón de hecho le impida a ese partido hacer el registro ante la autoridad inicialmente competente. Pero éste no es el caso que nos ocupa ni el tema a resolver, ya que estamos hablando de "registro de coaliciones" no de "candidatos", que son, como se ha repetido, actos procesales muy distintos.

De hecho, tan no se da en la especie la discusión ni la aplicabilidad del artículo 64 en sus fracciones XIV y XVI, que la seudo coalición de marras presentó ya su registro de candidatos ante el Comité Municipal respectivo, por lo que no se está en el caso de recibir registros supletorios en forma alguna. Cabe hacer mención, que indico lo anterior sin perjuicio de agregar que el partido que represento ha recurrido el registro de candidatos aludido, por lo que en ninguna forma podrá hablarse en el futuro de que hubiésemos consentido tal registro. Estas cuestiones las manifiesto sólo para demostrar la confusión absoluta de la sala resolutora, que no sabe identificar los distintos momentos procesales del proceso electoral, y los confunde abiertamente, lo que es prueba demostrativa de la ilegalidad de sus conclusiones.

En otro apartado de la sentencia que aquí se recurre, la sala resolutora manifiesta:

"Sigue manifestando el doliente, que en los términos de los artículos 40 y 45 del Código Electoral en comento, que el indicado convenio deberá contener entre otros requisitos, el nombre completo, apellidos, edad, lugar de nacimiento y domicilio de los candidatos, y que es indispensable el consenso que conforme a la ley deben tener dichos candidatos; esto también es improcedente, porque se advierte que en el convenio de coalición en su párrafo segundo, se menciona el nombre completo, apellidos, edad, lugar de nacimiento y domicilio del candidato a presidente municipal, regidores y síndicos propietarios y suplentes, por lo tanto se reunieron los requisitos establecidos en el artículo 43 de la Ley Electoral Estatal, y ni en este artículo ni en el 40 de la citada ley, no establecen nada respecto al consenso que dice el recurrente deben tener dichos candidatos:"

El párrafo trascrito es, además de absolutamente infundado, prueba clara de que la sala resolutora ni siquiera leyó los agravios expresados, menos los entendió y por consecuencia, parte de razonamientos falsos e inaplicables, como a continuación se patentiza:

En ninguna parte del escrito de agravios presentado por el partido que represento se habla o refiere a ningún "consenso de candidatos" como lo menciona la sala resolutora. De lo que sí se habla, es de que el convenio de coalición presentado por el Lic. Oscar Vera Fabregat el día catorce de marzo del año en curso, establecía la convención por virtud de la cual se designaban como candidatos de la coalición, a determinadas personas para ocupar los cargos de Presidente Municipal, Primer Regidor y Síndicos (tanto propietarios como suplentes), pero se omitió por completo convenir entre ambos partidos lo relativo a las candidaturas a regidores por el principio de representación proporcional, lo que por tanto, hacía necesario que existiera una nueva convención para el efecto de que los partidos coaligantes convinieran sobre las candidaturas que faltaban. A esa convención y a ese consenso se refería mi escrito de revisión.

Y si como he repetido, la nueva e indispensable convención se hacía ya fuera de los plazos legales para la presentación del convenio de la coalición, el resultado era que no se podía ya aceptar su recepción, lo que por lo mismo hacía ilegal el plazo de cuarenta y ocho horas que indebidamente se les concedió a los referidos partidos para su presentación.

En otra parte de la resolución que hoy se combate, la resolutora manifiesta:

"continúa señalando el inconforme que el Consejo Estatal Electoral les concedió un plazo de cuarenta y ocho horas el día veintidós de marzo del dos mil y que de conformidad con el artículo 111 de la ley, el plazo para el registro de candidaturas cerraba el quince de abril, dando a entender que a su vez el registro de candidaturas en coalición cerraba el quince de marzo, conforme a lo dispuesto por el artículo 40 de donde concluye que el citado plazo de cuarenta y ocho horas es extemporáneo como consecuencia el registro; esta circunstancia resulta infundada, en virtud de que el artículo 64 de la Ley Electoral en su fracción II establece que el Consejo Estatal Electoral tiene atribuciones para resolver sobre los convenios de coalición que presenten los partidos políticos, dentro de los quince días siguientes a aquél en que lo reciba; por consiguiente, al conceder el plazo de cuarenta y ocho horas del día veintidós de marzo de dos mil, el órgano electoral responsable, estaba dentro del tiempo establecido en el ordenamiento legal antes invocado, al haberse presentado el convenio de coalición el día catorce de ese mes, por lo que el día veintidós de ese mes, habían transcurrido ocho días, además, la autoridad electoral responsable tiene facultades legales para registrar supletoriamente a las candidaturas..."

El párrafo transcrito es totalmente infundado e ilegal, a más de que nuevamente es prueba de que la sala resolutora no entendió (o no quiso entender) lo argumentado por el suscrito en el escrito relativo, ofreciendo con tales argumentaciones un sin fin de revolturas incomprensibles para la discusión que nos ocupa. Me explico:

Lo que el partido que represento hizo valer en el escrito de revisión respectivo, fue lo siguiente:

I. Que el artículo 40 de la Ley Electoral del Estado ordena que los convenios de coalición sean presentados "por lo menos con un mes de anticipación al registro de la o las candidaturas de que se trate"; luego, si las candidaturas a Ayuntamientos deben registrarse entre los días primero y quince de abril del año de la elección, según versa el artículo 111 de la misma ley, se concluye que el término máximo para presentar el convenio de coalición es el día catorce de marzo, tal y como lo hizo el Lic. Oscar Vera Fabregat, ya que fue ese preciso día en que lo presentó, pero en forma incompleta, pues no existió la designación de candidaturas indispensables en su fórmula.

II. Es cierto que el artículo 64 fracción II de la ley otorga al Consejo Estatal Electoral un plazo de quince días para resolver sobre la aceptación o negativa de las coaliciones, pero esto no tiene nada que ver con lo que aquí se discute, porque la autoridad electoral actuó en la .especie dentro de dicho término. Sin embargo, lo que no podía hacer el Consejo Electoral, era conceder un plazo de cuarenta y ocho horas a los coaligantes para completar el convenio con la designación de candidatos no pactados, primero, porque ningún artículo de la ley concede a dicho consejo a otorgar dicho plazo; y segundo, porque al hacerlo el día veintidós de marzo, la consecuencia inmediata era la violación al artículo 40 de la Ley Electoral del Estado, puesto que para ese día ya no era posible que dicho convenio de candidatos a regidores pudiera ser admitido, si se toma en cuenta que como se ha dicho, el plazo legal para la introducción del convenio respectivo "completo" venció indiscutiblemente el día catorce de marzo del año dos mil.

Por tanto, el plazo de quince días a que alude el referido artículo 64 es para resolver sobre la aceptación o negativa de registro de la coalición, pero no para prevenir ni otorgar términos imposibles e ilegales.

III. Tampoco es cierto lo asumido por la resolutora por cuanto a que el Consejo Estatal Electoral tiene facultades para registrar supletoriamente coaliciones, ya que conforme al artículo 40 tantas veces invocado, es a él a quien toca precisamente resolver sobre dichos registros; y si la resolutora se refiere al registro de candidatos, debe decírsele que ese es otro acto procesal muy distinto, que no viene a la discusión ahora, ni fue parte del recurso que aquí se ventila.

Por último, la sala resolutora manifiesta a fojas 16 vuelta in fine, lo siguiente:

"el inconforme sigue manifestando en sus agravios, que el convenio de coalición se encontraba ya celebrado desde el día veintiuno de febrero de este año, y cuando se formula el requerimiento era para la presentación de un nuevo convenio; este alegato resulta infundado porque no se trata de un nuevo convenio y es el mismo, pero corregido en sus omisiones."

Lo transcrito anteriormente y que forma parte de la parte considerativa de la resolución que aquí se impugna, es incorrecto por lo siguiente:

Es cierto y es así, que el suscrito manifesté que el convenio de coalición a que se refiere este agravio fue suscrito por el Lic. Oscar Vera Fabregat y Ma. Gregoria Catarina el día veintiuno de febrero del año en curso, lo que informé precisamente porque tal fecha aparece en su texto como la fecha de su suscripción.

También es cierto, que manifesté en mis agravios que para cuando se formuló por parte del Consejo Estatal Electoral el requerimiento para subsanar omisiones del convenio de coalición (veintidós de marzo del año dos mil), ya no daban los términos legales suficientes, pues se implicaba necesariamente la celebración de un nuevo convenio que contuviera la convención relativa a la designación de candidatos a regidores por el principio de representación proporcional, lo cual deriva de las consideraciones siguientes:

I. Si el convenio presentado el catorce de marzo contenía diversas convenciones, pero no todas las requeridas por la ley, obvio es que de ninguna parte puede deducirse que los partidos coaligantes hubieren convenido lo que no está en su texto. Es decir, que si no existía disposición alguna respecto de los regidores por el principio de representación proporcional, era porque tal consenso (convención) no existía al día de la celebración del convenio (veintiuno de febrero), y si el día veintidós de marzo la autoridad electoral los requiere para que presenten ante ella tales candidaturas omitidas, lo indispensable es que los partidos políticos coaligantes se reúnan y convengan sobre tales candidaturas, y hecho que sea, presenten ante la autoridad el resultado de tal convención.

II. Pero independientemente de lo anterior, la presentación de tal convenio (complementario) se haría ya fuera de los plazos legales a que alude el artículo 40 de la ley, lo que implica la violación a dicho numeral, así como al 43 que le sigue, porque impone que en los plazos establecidos se presente un convenio que contendrá... "ll. Nombre, apellidos, edad, lugar de nacimiento y domicilio de sus candidatos", lo cual obviamente implica a todos los candidatos que la elección requiera, conforme a la Ley Orgánica del Municipio Libre y no a una parte de ellos, porque hacerlo en forma incompleta como se hizo, implica la ausencia de convención respecto a los candidatos faltantes (lo que hace requerir un nuevo convenio por cuanto a ellos se refiere) además de que la presentación ante la autoridad se hace sin cumplir los requisitos legales aplicables.

Por tanto, las consideraciones que hace la sala resolutora son infundadas, a más de que no razonan sobre lo realmente presentado a su resolución, por lo que procede la revocación de la resolución que aquí se impugna.

CUARTO. En este apartado me referiré a las indebidas conclusiones a que llega la sala resolutora, en lo tocante al hecho de que la coalición que pretenden formar los partidos Conciencia Popular y Verde Ecologista de México, se denomine "Frente Cívico Potosino", lo cual estimo ilegal, por lo siguiente:

En la resolución que se combate, a fojas 17 in fine y siguientes, la sala resolutora manifiesta, respecto a mis agravios expresados, lo siguiente:

"... la palabra emblema tiene diversas interpretaciones, pero situándonos en la que aparece en el Diccionario de la Lengua Española, en la Vigésima Primera Edición de 1992, que textualmente establece: "del lat. Emblema, y este del gr. Adorno superpuesto m. jeroglífico, símbolo o empresa en que se representa alguna figura y al pie de la cual se escribe algún verso o lema que declare el concepto o moralidad que encierra. U.v.c.f.//2 Cualquier cosa que es representación simbólica de otra". Cualquier definición aparte de la precitada, tiene los siguientes elementos: a) dicha palabra emblema proviene del vocablo latín "emblema", y éste de un vocablo griego; b) es un objeto representativo hecho a base de figuras, símbolos, jeroglíficos, dibujos, insignias, distintivos o cualquiera otra forma de expresión; c) puede comprender palabras, leyendas, versos, o no comprenderlos; d) su finalidad primordial consiste en representar simbólicamente a una persona moral, física o a una cosa, con el objeto de su mejor identificación, diferenciándola de otras con las que se pudiera confundir. Al respecto el vocablo "Frente Cívico Potosino" que utilizan los partidos coaligados Conciencia Popular y Verde Ecologista de México, es el emblema o denominación de la coalición que formaron, según se acredita abundantemente en autos y sirve para identificación de la misma, no se trata de una propaganda electoral o publicidad y promoción, tampoco tiene el fin de influir para atraer simpatías especificas, si es una persona jurídica específica pero no está dentro del ámbito de este proceso electoral, se trata de una asociación civil, pero no es un partido político; en otras palabras, el recurrente no aporta pruebas para establecer que la palabra o palabras "Frente Cívico Potosino" influyan en un grupo de personas o ciudadanos para que voten en determinado sentido; con relación a que se trata de una persona jurídica especifica. "Frente Cívico Potosino, A.C.", debe decirse, que esta denominación no la tiene ninguno de los partidos políticos registrados ante el Consejo Estatal Electoral, como se advierte a fojas 178 en el expediente, donde dicho organismo electoral describe cuáles son los partidos políticos registrados; de esta forma, si se trata de una persona jurídica individual, específica o tercero, no le irroga ningún perjuicio al impugnante, porque no se hace alusión al partido que representa ni a ninguno de los otros ya registrado; ahora bien, dicha circunstancia es legal porque se adecua a lo dispuesto por los artículos 43 fracción, V, y 32, fracción XVIII, de la Ley Estatal Electoral, al tratarse de un emblema propio de la coalición y que no refiere expresiones, que impliquen diatriba, calumnia, infamia, injuria, difamación, o que denigren a los ciudadanos o a las instituciones públicas o a los organismos electorales y a los partidos políticos o a sus candidatos. Por otra parte, la normatividad en relación a las coaliciones no determina qué características debe llevar el emblema, consistente en elementos o signos en particular, por lo que se entiende que los partidos que conforman una coalición son libres para pactar los colores, logotipos, signos, gráficos, entre los cuáles puede hallarse cualquier distintivo de la forma y especie que sea, con las únicas condicionantes, que sea distinta a la de otros partidos y que se diferencie de los mismos, debiendo estar exenta de alusión religiosa y racial, en los términos del artículo 30 fracción I de la Ley Electoral del Estado, condicionantes que observó la coalición de referencia y cuyo emblema se impugna ante estas circunstancias, se considera que la autoridad electoral responsable estuvo en lo correcto al admitir como emblema el vocablo o vocablos "Frente Cívico Potosino". Por lo tanto, se desestima y consecuentemente resulta improcedente el agravio que en este sentido se hace valer".

La transcripción anterior, al igual que las anteriormente descritas, contenidas en la resolución que aquí se impugna, denotan la más absoluta falta de estudio por parte de la sala resolutora a los agravios, en la forma en que les fueron expuestos, concretándose a repetir las violaciones cometidas por el Consejo Estatal Electoral, pero sin razonar sobre las claras violaciones hechas valer en el recurso de revisión que interpuse.

En primer lugar, debe decirse que contrariamente a lo sostenido por la sala resolutora, el diseño del emblema de un partido político o coalición sí tiene reglas que debe cumplir, siendo por tanto falso que se pueda diseñar de la manera que se quiera, sin más limitación de que no produzca confusión y que no sea difamatorio. En realidad, el diseño de un emblema debe atender a la finalidad específicamente buscada por el legislador al posibilitar la autorización de un emblema para los partidos o coaliciones, y es el siguiente:

a) A diferencia de la propaganda electoral, que puede ser variada y contener mensajes, colores, dibujos, etc. etc. según se pretenda, el emblema es un instrumento de identificación de los partidos políticos y coaliciones; es decir, que su finalidad específica consiste en identificar a una parte contendiente dentro de un proceso electoral, pero nada más. Todo lo que exceda a dicha identificación, sale de su definición propia.

Y si bien es cierto que nuestra legislación electoral no contiene suficientemente normas que dejen clara la cuestión relativa al diseño de los emblemas, esto no es óbice para que se entienda modificada su función específica de identificar a los partidos políticos y coaliciones participantes, con exclusión de cualquier otra referencia que no tienda a tal identificación.

Sirve para explicar de mejor manera lo anterior, el criterio ya expresado por el Tribunal Federal Electoral en los recursos de apelación acumulados constantes en expedientes números SUP-RAP-038/99, SUP-RAP-041/99 y SUP-RAP-043/99 de fecha siete de enero del año dos mil, donde al referirse al tema de los emblemas, dejó claro que su función específica, es la de identificar a las partes contendientes en un proceso electoral, identificación que si bien se produce a través de la propaganda electoral, también es necesario llevarla a la "boleta electoral" para la debida y clara emisión del voto ciudadano. A continuación, me permito transcribir algunos párrafos de la sentencia aludida, como alegato que reproduzco en favor de la procedencia de este juicio de revisión constitucional:

"f) la presencia de los partidos políticos nacionales en las boletas electorales empleadas para recibir el sufragio el día de la jornada electoral, se da por medio de la impresión en dichos documentos del emblema del partido o de la coalición, el cual sirve de base fundamental para que el elector emita su voto mediante la marcación del cuadro en donde se encuentre el emblema del partido o de la coalición de su preferencia; de manera pues, que las candidaturas son votadas esencialmente a través de la denominación y emblema de los partidos."

g) El emblema no se constituye únicamente en beneficio del partido político o de la coalición, para darle oportunidad de que se pueda caracterizar o identificar, sino que también se exige como medio para que todos los demás protagonistas e interesados en las funciones que desempeñan y en los procesos electorales, queden en condiciones claras de poderlos identificar, por lo cual se trata de una obligación, como expresamente lo fija la ley."

h) El emblema, sin perder su función original, o precisamente en extensión de la misma, puede servir también, cuando se opta por la reunión de los emblemas de los partidos coaligados y no por un emblema único, para que los electores, al mismo tiempo que emitan su voto por el candidato común de los partidos unidos, lo hagan por uno solo de dichos partidos, para los efectos de los escaños que se eligen por el principio de representación proporcional."

"Las precisiones que preceden hacen patente que las normas de referencia y su inteligencia gramatical resultan insuficientes para resolver los puntos de la controversia que se ha planteado, toda vez que para este objetivo resulta Indispensable conocer lo que debe entenderse legalmente por emblema, lo que éste debe contener y no debe contener, y las funciones que desempeña en el sistema electoral y en el sistema de partidos de este país."

"Para este efecto, se considera necesario ocurrir al método de interpretación sistemática, con el objeto de examinar las distintas normas a la luz del todo unitario, como se debe concebir la legislación electoral federal, con el objeto de descubrir el alcance de las mismas dentro del papel que juegan en el conjunto y vistas cada una como parte de un todo armónico, en donde cada cual desempeña una función especial que debe armonizar con las encomendadas a otras, para la consecución de las finalidades esenciales; perseguidas por la totalidad de que se trate." (Págs. 97, 98 y 99).

"Por tanto, el emblema exigido a los partidos políticos, y a las coaliciones debe consistir en la expresión gráfica original formada por figuras, jeroglíficos, dibujos, siglas, insignias, distintivos o cualquiera otra expresión simbólica, que puede o no incluir alguna palabra, leyenda, lema, etcétera, y tiene por objeto caracterizarlo representativamente, con los elementos que sean necesarios para poderlos distinguir de manera clara y sencilla de otros partidos políticos o coaliciones, y ser identificados por las autoridades electorales y de cualquiera especie, por la ciudadanía y por cualquier interesado, como medio complementario y reforzatorio a su denominación y al color o colores señalados en sus estatutos." (Pág. 104)

"De esta construcción y de las normas electorales ya destacadas, es preciso resaltar que el objeto claro e indiscutible que se persigue legalmente con el emblema exigido, consiste en caracterizar e identificar a los partidos políticos o a las coaliciones, de tal modo que no puedan ser confundidos con otras de estas organizaciones políticas... esto es, la calidad representativa que le es inherente al concepto debe encontrarse necesariamente en relación con la persona moral, el partido político nacional al que corresponda, o con el conjunto de éstos que se coaliga." (Págs. 104 y 105).

"Así pues, se considera que cuando en un emblema se pretende destacar, identificar o representar a elementos que no concuerdan con la esencia misma del partido o de la coalición, como es el caso de los candidatos, esto constituye un desvío del objeto jurídico para el que exige la ley este elemento." (Págs. 106 y 107)

"Ahora bien, si el emblema debe representar e identificar a los partidos políticos y debe ser usado en todas las actividades de éstos, se traduce así en un elemento que influye en esa penetración ante la ciudadanía y en la consecución de ese arraigo, cuando su contenido corresponde ininterrumpidamente con el previsto por la legislación; y en cambio, en la medida que contenga dicho emblema elementos para identificar y distinguir a otras personas o cosas, aunque sean los miembros individuales de las organizaciones o los candidatos, se podrá debilitar la imagen, la presencia y el conocimiento en general del partido político y de sus actividades, para trasladarse total o parcialmente al elemento Incluido indebidamente en el emblema" (Págs. 110 y 111)

"...Ahora bien, esos efectos propagandísticos se producirían el día de la jornada electoral, dos de julio del año dos mil, lo que se encontraría en contravención a la exigencia expresa contenida en el articulo 190, apartados 1 y 2, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en el cual se prevé que las campañas electorales deben concluir tres días antes de celebrarse la jornada electoral, así como que el día de la jornada electoral y durante los tres días anteriores no se permitirá la celebración ni la difusión de reuniones o actos públicos de campaña, de propaganda o de proselitismo electorales." (Págs. 133 y 134).

Las transcripciones anteriores son muy ilustrativas sobre el criterio adoptado por el Tribunal Federal Electoral, y en particular sobre la manera como este alto Tribunal entiende las cosas e interpreta la ley, pues si bien es también acorde con el hecho de que las leyes electorales no definen con precisión los alcances que debe contener el diseño de los emblemas, no por esto habremos de caer en la total anarquía y libertinaje ilimitado, pues también existe la norma jurídicamente positiva, que ordena que las autoridades electorales interpreten la ley conforme a principios de funcionalidad y sistematización, que no es otra cosa que partir (en las ausencias legislativas) de que las cosas sean para lo cual fueron hechas, y que no se pretenda la mala utilización de tales ausencias o lagunas legales, en perjuicio de los principios rectores de todo proceso electoral.

Para el caso que nos ocupa, sostuvimos ante la sala resolutora, que la denominación "Frente Cívico Potosino" corresponde precisamente a una persona moral no sólo existente en la vida jurídica como ente constituido y reconocido por la ley, sino que además, como hecho notorio, que se trata de una institución que sin ser un partido político, ha generado históricamente un impacto político en la sociedad, en aras a la persona del Dr. Salvador Nava Martínez, indiscutiblemente vinculado con la persona del candidato propuesto por la coalición de referencia, Ing. Guillermo Pizzuto Zamanillo.

Y si bien tal impacto social no es demostrable mediante prueba directa, lo cierto es que en la comunidad potosina es un hecho notorio y ampliamente conocido, por lo que la prueba refractaria que se deduce del interés de la coalición en tal denominación, sumada al hecho de que se trata de un hecho comúnmente sabido en nuestra comunidad, y al hecho incontrovertible y demostrado en autos de que dichos vocablos "Frente Cívico Potosino" corresponden a la denominación de la persona moral así denominada, no dejan duda alguna de que la intención de la pretensa coalición, es generar en su favor el voto ciudadano, a través de confundir a la ciudadanía mediante la explotación de las preferencias electorales que pudiera llegar a tener ese elemento extraño y tercero, que por lo demás, no participa en la contienda como partido.

De esta forma, y siendo congruentes con lo resuelto en la ejecutoria antes transcrita, la pretensa coalición busca conseguir preferencias en el voto que no derivan de ninguno de los partidos coaligados, sino de un elemento extraño al proceso electoral, perfectamente identificado y existente, como lo es el Frente Cívico Potosino.

Queda pues evidenciado, que en el caso presente, no se trata de identificar a la presunta coalición bajo una denominación específica, como tampoco a los partidos que se coaligan (que además añaden a su pretendido emblema sus propios emblemas de partido), sino que con la inclusión de los vocablos antes mencionados, buscan obtener una influencia en el electorado a base de promover a una persona que no es parte en el proceso electoral, pero que se sabe que en la comunidad producirá efectos en su favor.

Con estas actitudes, se transgreden desde luego los principios de equidad y certeza que toda elección debe tener, al tiempo en que los votantes no tendrán certeza de estar emitiendo su voto en favor de un partido o de otro o de la persona del Frente Cívico Potosino, A.C. ampliamente conocido en el Estado.

Así, consideramos que si bien es cierto que la ley no contiene una prohibición expresa para insertar el nombre o denominación de una "tercera persona" en un emblema, tampoco contiene una disposición expresa que así lo autorice, y sí en cambio, se transgrede la finalidad específica del emblema, máxime si el mismo será utilizado el día de la jornada electoral, cuando ya no debe existir ninguna alusión a mensajes de ninguna especie, sino simplemente, a la identificación de los partidos o coaliciones participantes.

Por otra parte, si la sala resolutora pretende que por no existir disposición expresa en contrario, todos pueden diseñar sus emblemas con total libertad y sin limitación de ninguna especie, este criterio no es correcto tampoco, pues de conformidad con las normas de Derecho Público, todo aquello que no les está permitido expresamente en las leyes a las entidades públicas, les está entonces prohibido; debiéndose al respecto tomar en cuenta que los partidos políticos son entidades de orden público (conforme a la fracción VI del artículo 3º de la Ley Electoral del Estado), por lo que contrariamente a lo manifestado por la resolutora, la falta de ley en lo conducente tendría que producir el efecto de prohibir lo que no está expresamente permitido.

Sin embargo, consideramos que esta discusión debe resolverse en términos del artículo 3º del COFIPE, de aplicación supletoria a la legislación estatal, y en tal virtud, resolverse que conforme a los principios de interpretación gramatical, sistemática y funcional, y acorde a lo establecido por el artículo 14 de la Constitución Federal de la República, la finalidad específica e inviolable de los emblemas exigidos por la ley, es la de identificar a los partidos y coaliciones, prohibiendo la inclusión de personas extrañas al proceso electoral en su diseño y presentación, como se ha explicado anteriormente.

Y como en la especie, la sala resolutora evadió los argumentos y agravios que oportunamente se le hicieron valer, y pretendió sostener hechos ilegales al amparo de disposiciones legales inaplicables, según se ha demostrado a lo largo de este escrito, viola la Constitución Federal de la República, en sus artículos 8, l4 y 16, que imponen a las autoridades jurisdiccionales la obligación de atender a las solicitudes y gestiones que se les formulen, tal y como se les formulan, y resolver las cuestiones de su competencia conforme al texto de la ley o a su interpretación jurídica, fundando y motivando sus resoluciones.

Por tanto, debe revocarse la sentencia que aquí se impugna, y en respeto a los principios de equidad, certeza y legalidad del proceso electoral que se sigue para la elección de ayuntamiento en esta Capital del Estado de San Luis Potosí, protegidos constitucionalmente, resolver en sustitución la ilegalidad de la coalición que pretenden formar los partidos Conciencia Popular y Verde Ecologista de México, y en forma cautelar, sobre que no es posible incluir en el emblema de la misma los vocablos "Frente Cívico Potosino". Asimismo, deberá resolverse que el Partido Acción Nacional tiene, como todos los demás partidos y coaliciones, un interés jurídicamente tutelado en relación con la legitimidad del proceso, y que por tanto, son atendibles cuantas cuestiones recurra, sin importar su interés particular, como se ha mencionado al inicio de este escrito."

QUINTO. El primer agravio es sustancialmente fundado respecto al caso concreto, pero por las razones siguientes.

Ha sido criterio reiterado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, acorde con una interpretación sistemática de la legislación y de los principios rectores de la materia electoral, que los partidos políticos cuentan con interés jurídico para impugnar los actos de la etapa de preparación de una elección.

Ciertamente, para la consecución de los valores de la democracia representativa, se requiere la elección de los gobernantes mediante el ejercicio del sufragio universal, libre, secreto y directo de la ciudadanía.

Para hacer posible el ejercicio del derecho activo y pasivo del voto con esas calidades, se hace indispensable la organización de los procesos electorales, cuya primera etapa es, precisamente, la preparación de las condiciones necesarias para hacer realidad dicho objetivo.

Si los actos preparatorios son de carácter instrumental, respecto al ejercicio del derecho al sufragio que se lleva a cabo en la jornada electoral, es indudable que las diferencias, irregularidades o desviaciones de tales actos preparatorios, afectan el interés de cada uno de los ciudadanos que pueden votar en los comicios que posteriormente se deben celebrar.

Sin embargo, la ley no confiere a los ciudadanos ninguna acción jurisdiccional para la defensa de ese interés, ni en forma individual ni en conjunto con otros ciudadanos, sino que sólo les otorga acción respecto de algunas violaciones directas al citado derecho político, y ni siquiera les permite invocar en estos casos, como agravios, las violaciones cometidas durante el proceso electoral, como causantes de la conculcación directa del derecho político, ya que tiene establecido que los actos preparatorios se convierten en definitivos e inimpugnables al término de esa etapa del proceso electoral.

Las circunstancias apuntadas ubican a los intereses de los ciudadanos en los actos de preparación del proceso electoral en una condición igual o semejante a los que la doctrina contemporánea y algunas leyes denominan intereses colectivos, de grupo o difusos, que tienen como características definitorias las de corresponder a todos y cada uno de los integrantes de comunidades de personas indeterminadas, que aumentan y disminuyen constantemente, que carecen de una organización y, por tanto, de representación común, así como de unidad en sus acciones, y respecto de cuyos intereses colectivos, de grupo o difusos, se han venido diseñando acciones jurisdiccionales, con el mismo nombre, pero dotadas de cualidades acordes con su finalidad y, por ende, diferentes a las de las acciones tradicionales construidas para tutela directa de los derechos subjetivos claramente establecidos y acotados, que se conceden solamente a los sujetos que se puedan ver afectados directamente e individualmente por determinados actos.

En consecuencia, en procesos jurisdiccionales nuevos, como los de la jurisdicción electoral, se deben considerar acogidos estos tipos de acciones, cuando se produzcan ciertos actos que afecten los derechos individuales de las personas pertenecientes a una comunidad que tenga las características apuntadas, y que sin embargo no se confieran acciones personales y directas a sus integrantes para combatir tales actos, siempre y cuando la ley dé las bases generales indispensables para su ejercicio, y no contenga normas o principios que las obstaculicen, como ocurre en la legislación electoral de San Luis Potosí, en donde sólo se exige que los actores tengan un interés legítimo (artículo 204, fracción II, de la Ley Electoral del Estado de San Luis Potosí, interpretado a contrario sensu), pero no requiere que éste se encuentre dentro de un derecho subjetivo o que el promovente deba resentir un perjuicio personal y directo en su acervo puramente individual, para promover los medios de impugnación válidamente.

Para este efecto, los partidos políticos se deben considerar los entes jurídicos legitimados para deducir las acciones colectivas descritas, porque tal actividad encaja perfectamente dentro de los fines constitucionales de éstos, en cuanto a entidades de la sociedad que son concebidas constitucionalmente de interés público, para promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación nacional, y como organizaciones de ciudadanos hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo, en cuyos procesos se deben observar invariablemente los principios de constitucionalidad y legalidad.

En el presente caso, los actos electorales que dieron lugar a la cadena impugnativa que culminó con la sentencia combatida en este juicio de revisión constitucional, corresponden a la etapa de preparación del proceso de elecciones municipales del Estado de San Luis Potosí, dado que se trata de actuaciones conducentes para la formación y registro de coaliciones para contender en dichos comicios, que por disposición legal se deben llevar a cabo únicamente en la citada etapa de preparación, la cual comenzó en el mes de octubre de mil novecientos noventa y nueve y concluirá el día primero de julio del año dos mil, conforme a lo dispuesto en los artículos 105, 62, 10, 40 y 111 de la Ley Electoral del Estado de San Luis Potosí, dado que el primero dispone en su fracción primera que la etapa de la elección que corresponda se inicia con la sesión de instalación formal del Consejo Estatal Electoral señalada en el artículo 62 de esa ley, y concluye al iniciarse la jornada electoral; el artículo 62 señala que el Consejo Estatal Electoral abrirá su período ordinario de actividad electoral mediante una sesión pública de instalación, durante el mes de octubre del año anterior al de las elecciones ordinarias, a fin de iniciar la preparación de los procesos electorales respectivos; el artículo 10 prevé que las elecciones ordinarias para ayuntamientos se verificarán el primer domingo de julio de cada tres años, del año correspondiente de que se trate; el artículo 40 dice que el convenio de coalición deberá presentarse ante el citado Consejo, por lo menos con un mes de anticipación al registro de las candidaturas de que se trate; y el artículo 111 prescribe que el registro de candidatos a miembros de los ayuntamientos quedará abierto del día primero al quince de abril inclusive, del año que corresponda. Esto es, que si la etapa de preparación comienza en el mes de octubre del año anterior a la elección y concluye el día anterior al de la jornada electoral, que es el primer domingo de julio, en tanto que el registro de candidatos para los ayuntamientos comienza el primero de abril, y los convenios de coalición se deben presentar por lo menos un mes antes de la fecha anterior, esto significa que tal presentación corresponde sin lugar a dudas a la etapa de preparación de la elección.

Además, con este acto, como con todos los de preparación de los comicios, se pretenden establecer las condiciones constitucionales y legales idóneas para que todos los ciudadanos del país puedan ejercer sus derechos políticos de votar y ser votados de manera libre, secreta y directa el día de la jornada electoral, de modo que en el caso de que la resolución combatida no se encuentre apegada a la constitucionalidad y legalidad, esto se podría traducir en la afectación del ejercicio de dichos derechos políticos, y no obstante ello, la legislación no concede acciones individuales a cada uno de los ciudadanos para combatirlos, ni ahora ni después de la jornada electoral, en que ya se consideran firmes y definitivos para todos los efectos legales.

En consecuencia, con fundamento en el artículo 93, apartado 1, inciso b), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, procede modificar la resolución impugnada, en la parte en que por considerar improcedente el recurso, para impugnar la confirmación de la supresión solamente de la palabra PIZZUTO del emblema de la primera coalición citada, y la decisión de tener por presentada oportunamente la solicitud de registro de la coalición formada por los partidos políticos Auténtico de la Revolución Mexicana y Democracia Social, dejó de examinar los agravios relativos.

SEXTO. Con relación a la resolución emitida en el recurso de revocación interpuesto por los partidos Verde Ecologista de México y Conciencia Popular, el Partido Acción Nacional expresó el segundo agravio del recurso de revisión, que dice textualmente:

"SEGUNDO. Por cuanto hace a la resolución pronunciada por el Consejo Estatal Electoral relativa al recurso de revocación interpuesto por los Partidos Conciencia Popular y Verde Ecologista de México, respecto al acuerdo que impone reparar la omisión de lista de candidatos a regidores y modificación de su emblema de coalición, me inconformo también con la resolución pronunciada por esta autoridad electoral, en la medida en que resuelve tener por reparada la omisión relativa a la designación de regidores así como tener por cautelarmente corregido el emblema de coalición presentado.

A estos respectos, los fundamentos de mi inconformidad han sido ya expuestos en el apartado PRIMERO anterior, por lo que en obvio de repeticiones inútiles, solicito desde ahora se tengan aquí por reproducidos a la letra como puestos aquí mismo.

Sólo agrego, para clarificar algún punto de los anteriores, que congruentemente con la realidad fáctica y jurídica existente, el Consejo Estatal Electoral admitió a trámite un recurso de revocación interpuesto por los Partidos Conciencia Popular y Verde Ecologista de México, lo que claramente excluye la posibilidad de que tales Institutos se consideraran hasta el día de la sesión el 29 de marzo, como coalición establecida, pues de otro modo tuviera que haber sido presentado el Recurso de Revocación por la coalición misma y no por los partidos políticos en lo individual, como se hizo.

Estas consideraciones las reitero, sólo para el efecto de dilucidar de mejor manera, cómo el Lic. Oscar Carlos Vera Fabregat no representó, al solicitar el registro de la coalición, al Partido Verde Ecologista de México, quien para todos los efectos legales a que haya lugar, y en particular los que atañen al Consejo Estatal Electora, todavía al 29 de marzo anterior, sostenía una capacidad procesal propia, individual y distinta a la de la coalición pretendida.

Por lo demás, me refiero en particular a las cuestiones relativas al emblema ilegalmente autorizados en esta Resolución, en la medida en que se aceptó la inclusión de los vocablos "Frente Cívico Potosino", remitiéndome a las argumentaciones que sobre el particular obran descritas líneas arriba, en vía de agravio."

Las consideraciones desestimatorias del recurso de revocación de referencia son:

"V. Una vez que son analizados los conceptos de violación que expresan los multicitados recurrentes en el recurso de revocación interpuesto en contra del dictamen que este Consejo pronunció con fecha 22 de marzo del año en curso, respecto a la solicitud de registro del Convenio de Coalición que pretenden integrar los partidos Conciencia Popular y Verde Ecologista de México, tenemos que por lo que toca al artículo 39 de la Ley Electoral del Estado, mismo que señalan como precepto violado, es obvio que en el caso no se da dicha violación, motivo por el que resulta inatendible e improcedente el concepto de violación anteriormente señalado, puesto que en principio, no se les está impidiendo el que integren la Coalición que pretende, pero sí se les previene para que subsanen las omisiones en que incurren, atendiendo las recomendaciones que en el propio resolutivo se les señala.

Respecto a su insistencia en que el vocablo "PIZZUTO", aparezca en el emblema de la coalición, no es procedente por las razones que se aducen en el considerando IV del propio dictamen que están impugnando, las que por economía procesal aquí se sostienen y se tienen por reproducidas, toda vez que por tratarse del apellido del Candidato a la Presidencia Municipal del Ayuntamiento de la Capital del Estado, esto propiciaría inequidad respecto a otros candidatos propuestos por partidos contendientes, pues como ya se dijo, se violaría lo dispuesto en el artículo 161 de la Ley Electoral en el Estado, precepto que prohíbe hacer cualquier tipo de propaganda política el día de la elección y los tres que le preceden.

Por otra parte, el señalamiento que hacen consistente en que si al Nava Partido Político, ya se le permitió llevar el vocablo "NAVA" por equidad deben recibir el mismo trato; este argumento no es válido, toda vez que el Nava Partido Político, es una organización política, que en diciembre de 1992, obtuvo ante este Consejo su registro como Partido Político Estatal y el Partido Conciencia Popular y el Partido Verde Ecologista de México, si obtienen el Registro de Convenio de Coalición que pretenden integrar, esto es temporal, exclusivamente por el lapso del proceso de elección de ayuntamientos, concluido éste, termina la coalición por lo tanto, con sustento en los anteriores razonamientos, de plano se declara improcedente el recurso de revocación interpuesto por los recurrentes y en consecuencia procede confirmar en todas y cada una de sus partes la resolución de fecha 22 de marzo del año en curso, relativa a la solicitud de Registro del Convenio de Coalición que presentaron ante este Organismo Electoral los partidos Conciencia Popular y Verde Ecologista de México, consecuentemente es de resolverse y se resuelve:"

Como se advierte en el agravio de revisión transcrito, el Partido Acción Nacional atribuye a la resolución combatida que "resuelve tener por reparada la omisión relativa a la designación de regidores así como tener por cautelarmente corregido el emblema de coalición presentada." Es infundada esta alegación, porque como se evidencia de la lectura de las consideraciones de la resolución recaída a la revocación propuesta por los partidos Conciencia Popular y Verde Ecologista de México, en ellas se concretó la autoridad emisora a sostener que estuvo correcta la decisión de suprimir del emblema de la coalición de mérito la palabra pizzuto, y que con ello no se infringió el artículo 39 de la Ley Electoral del Estado de San Luis Potosí; en tanto que en el punto resolutivo único se concretó a confirmar la resolución impugnada, respecto a la no utilización del vocablo pizzuto en el emblema que originalmente presentaron los solicitantes para su registro como coalición.

Así pues, en la resolución referida no se tiene por reparada la omisión relativa a la designación de regidores ni por cautelarmente corregido el emblema presentado por la coalición.

En los demás párrafos del segundo agravio del recurso de revisión, que aquí se analiza, el Partido Acción Nacional se concretó a sostener lo siguiente:

a) Los fundamentos de la inconformidad se expusieron en el apartado primero, por lo que solicita se tengan por reproducidos en obvio de repeticiones inútiles.

b) Los partidos Conciencia Popular y Verde Ecologista de México interpusieron el recurso de revocación a través de sus representantes, lo que revela que no se consideraban todavía coaligados, pues en esta última hipótesis hubieran presentado el recurso por la coalición, lo que se reitera sólo para demostrar que Oscar Carlos Vera Fabregat no representó válidamente al Partido Verde Ecologista de México en la solicitud de registro de la coalición, pues todavía el veintinueve de marzo este partido sostenía una capacidad procesal propia, individual y distinta a la de la coalición.

c) Se reitera la impugnación a la autorización del emblema de la coalición, por aceptar los vocablos Frente Cívico Potosino, remitiéndose a los argumentos dados en otros agravios.

Las alegaciones precisadas en los incisos anteriores son inoperantes, porque con ellas no se trata de combatir la decisión del recurso de revocación interpuesto por los partidos Conciencia Popular y Verde Ecologista de México, sino más bien de insistir en la posición asumida en el recurso de revocación presentado por el propio Partido Acción Nacional, que al serle desestimado fue también objeto del mismo recurso de revisión.

SÉPTIMO. Tocante al acogimiento del recurso de revocación de los Partidos Auténtico de la Revolución Mexicana y Democracia Social, en el recurso de revisión se expresó el tercer agravio, que dice:

"TERCERO. Por lo que hace a la resolución contenida en el inciso c) de la orden del día, de la sesión celebrada el pasado día 23 de marzo, y que se refiere a la aceptación indebida de la solicitud de coalición entre los Partidos Auténtico de la Revolución Mexicana y Democracia Social, sólo como consta del expediente relativo y del propio escrito de Revocación presentado por dichos Partidos recurrentes, la mencionada solicitud fue presentada fuera del plazo establecido en el artículo 40 de la ley de la materia y por tanto, no debió ser atendida."

El anterior agravio es fundado, atento a las siguientes consideraciones:

Para una mejor comprensión del asunto conviene hacer las siguientes precisiones:

a). En sesión ordinaria celebrada el veintidós de marzo del año dos mil, la Comisión Estatal Electoral acordó no aceptar la solicitud de registro de coalición presentada por los partidos Auténtico de la Revolución Mexicana y Democracia Social, por extemporánea.

En la sesión relativa, tocante al punto de acuerdo a la solicitud referida, según la versión estenográfica que obra en autos, se señaló como antecedente que el veinte de marzo a las diez horas se presentó un escrito signado por los partidos políticos referidos, con el objeto de participar en las elecciones de ayuntamiento, y se hizo hincapié en que tal presentación se realizó cuando ya había fenecido el plazo para la presentación de los convenios de coalición.

b). La anterior determinación fue combatida a través del recurso de revocación por los partidos políticos interesados, medio de impugnación que fue resuelto en sesión extraordinaria de veintinueve de marzo del presente año, en la que la Comisión Estatal Electoral de San Luis Potosí determinó declarar procedente el recurso de revocación y, en consecuencia, aceptar la solicitud de coalición presentada por los partidos Auténtico de la Revolución Mexicana y Democracia Social, dejándose para una sesión próxima el dictamen respectivo al registro correspondiente.

De la versión estenográfica de la sesión en comento, se advierten las intervenciones de los representantes de los partidos políticos referidos. El representante del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana señaló que, por causas ajenas a la voluntad del partido, no fue presentada en tiempo y forma la solicitud, "lo cual lo reconocimos", y apeló a la conciencia de los consejeros para que valoraran el esfuerzo que estaban realizando para tener unas elecciones competitivas.

Por su parte, el representante del Partido Democracia Social también apeló a la conciencia de los consejeros, porque afectaba a los partidos el hecho de que un escrito llegara diez horas después, a pesar de un esfuerzo por tratar de consolidar la alianza política, por lo que pedía, en bien de la democracia, un voto de conciencia.

De las anteriores precisiones, se llega al conocimiento de que la presentación de la solicitud de registro del convenio de coalición presentada por los partidos Auténtico de la Revolución Mexicana y Democracia Social, tuvo verificativo a las diez horas del veinte de marzo del año dos mil, sin que tal hecho hubiere sido controvertido en el procedimiento de registro del convenio respectivo, ni en el procedimiento del recurso de revocación presentado por los mencionados partidos políticos, ya que por el contrario, obran las intervenciones de los representantes de los entes políticos citados, en los que expresamente reconocen la certeza del hecho en cuestión.

El artículo 40 de la Ley Electoral del Estado de San Luis Potosí, dispone que el convenio de coalición deberá presentarse ante el Consejo Estatal Electoral, por lo menos con un mes de anticipación al registro de la o las candidaturas de que se trate.

Por su parte, el artículo 111 de la ley electoral en cuestión señala que el registro de planillas de candidatos a miembros de los ayuntamientos quedará abierto del primero al quince de abril del año que corresponda.

No obstante las disposiciones legales antes invocadas, el Consejo Estatal Electoral emitió el instructivo relativo al registro de coaliciones ante el Consejo Estatal Electoral, documento que, en lo que interesa, establece:

"EN LO QUE CORRESPONDE A LOS CONVENIOS DE COALICIÓN MEDIANTE EL QUE SE PROPONGAN PLANILLAS DE MAYORÍA Y LISTAS DE CANDIDATOS A REGIDORES DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL EN LA ELECCIÓN DE AYUNTAMIENTOS, DEBERÁ OBSERVARSE LO SIGUIENTE:

En la elección de Ayuntamientos, el último día para la presentación de la solicitud de registro de las planillas de mayoría relativa y la lista de candidatos a Regidores de representación proporcional a que se refiere el artículo 111 de la Ley Electoral del Estado en vigor, lo es el día 15 de abril. Por lo tanto, conforme a lo previsto en el artículo 118 de la ley de la materia, el Comité Municipal Electoral pronunciará el dictamen correspondiente el 17 de abril, fecha en la que se estaría registrando la planilla de mayoría relativa, así como la lista de candidatos a regidores de Representación Proporcional; sin embargo, de existir alguna deficiencia en la información determinada por la Ley que pueda subsanarse documentalmente, se otorga al partido postulante un plazo adicional de 48 horas para corregir con documentos fehacientes la eventual deficiencia, lo que conlleva a pronunciar el dictamen relativo de registro el 19 de abril. Consiguientemente, tomando en cuenta esta circunstancia, los partidos que se coaligan deberán presentar ante el Consejo Estatal Electoral a más tardar el 19 de marzo."

De acuerdo con los preceptos legales invocados, los partidos políticos debían registrar el convenio de coalición cuando menos con un mes de anticipación al registro de las candidaturas de que se trate, en el caso, como la coalición se formó para contender en la elección de ayuntamientos debía estarse a lo dispuesto por el artículo 111 de la propia ley electoral local, que señala que el registro de las planillas a miembros de los ayuntamientos quedaba abierto del primero al quince de abril del año de la elección; empero la autoridad administrativa electoral, en el reglamento que al efecto expidió, dejó establecida la fecha máxima en que se debían presentar las solicitudes de registro del convenio de coalición, señalando que sería a más tardar el diecinueve de marzo, sin que se tenga conocimiento de que respecto de tal determinación hubiera existido inconformidad alguna de los partidos cuyo registro de coalición les fue negado, pues como ya se dejó precisado en párrafos precedentes, sus representantes reconocieron expresamente esta situación, admitiendo que la presentación de su registro había sido fuera del término referido, aunque solamente diez horas.

En este contexto, resulta evidente que si el registro del convenio de coalición debía presentarse a más tardar el diecinueve de marzo del año dos mil, y si los partidos Auténtico de la Revolución Mexicana y Democracia Social presentaron la solicitud relativa hasta el veinte siguiente, a las diez horas, es incontrovertible que tal solicitud resultó fuera de tiempo, razón por la cual la autoridad electoral no debió revocar el acuerdo de veintidós de marzo del año dos mil, por el que se había rechazado la petición de registro de referencia por virtud de su extemporaneidad, como correctamente lo alega el partido enjuiciante.

Por consiguiente, al ser fundado el motivo de agravio aducido por el Partido Acción Nacional en el recurso de revisión, lo procedente es revocar el acuerdo impugnado, y confirmar en sus términos el diverso acuerdo de veintidós de marzo del año dos mil, por el que no se aceptó la solicitud de registro presentada por los partidos políticos Auténtico de la Revolución Mexicana y Democracia Social, dada su extemporaneidad, y en consecuencia, dejar sin efectos los actos realizados por dicha coalición con base en el otorgamiento del registro, y ordenar al Consejo Estatal Electoral que conceda a los mencionados partidos un término de cinco días, contados a partir del siguiente a la notificación del acuerdo, para que puedan presentar la planilla de candidatos para contender en la elección del ayuntamiento de San Luis Potosí, si desean hacerlo, tomando en consideración que el período que para efecto establece la ley ya feneció.

OCTAVO. El segundo agravio expresado en este juicio de revisión constitucional es inatendible.

La cuestión fundamental que se viene planteando en la cadena impugnativa que culminó con el fallo combatido, se hace consistir en que la persona que presentó la solicitud de registro del convenio de coalición no estaba facultada para hacerlo, porque se trata de quien fue designado representante común de la coalición en el convenio referido, que a juicio del demandante sólo podía surtir efectos desde que se aprobara por la autoridad electoral y se otorgara, por tanto, el registro pedido; de modo que en opinión del actor dicha solicitud sólo se pudo considerar válida y provocar, en su caso, la respuesta favorable, si se hubiera suscrito por los representantes legales de cada uno de los partidos políticos que suscribieron el convenio.

Lo inatendible del argumento deviene de lo siguiente.

En primer lugar, cabe precisar que la actuación de la autoridad en la verificación y registro de los convenios de coalición tiene por objeto la aportación de un elemento de existencia o de validez al acto jurídico celebrado entre los partidos políticos que lo suscriben, sino exclusivamente el de verificar o constatar el cumplimiento o satisfacción de los requisitos que para ese efecto exige la ley aplicable, con el fin de que lo convenido pueda cumplir con su objeto fundamental, consistente en que los intervinientes puedan contender coaligados en la o las elecciones que hayan convenido; pero de esto no se deduce que el convenio no produzca ningún efecto antes de su aprobación y registro, sino que comienza desde luego a producir todos los que sean necesarios para poder alcanzar el citado objeto, dentro de los cuales está la representación común pactada, toda vez que al requerirse la presentación del convenio ante la autoridad electoral para que lo acordado pueda alcanzar su objeto fundamental, el ejercicio de la representación común constituye un medio adecuado para la realización de esa actividad, y si esto redunda en beneficio de los que otorgaron tal representación y no se traduce en perjuicio de terceros, no existe razón alguna para impedir que la voluntad expresada en el convenio se vea satisfecha de inmediato respecto a la cuestión indicada.

Esto pone de manifiesto que, entre los suscriptores del convenio, éste produce inmediatamente los efectos que sean posibles y necesarios, sino causan perjuicio a terceros.

Así pues, la asignación del representante común que exige la ley, puede producir inmediatamente sus efectos entre las partes, para generar dicha representación común respecto a todo lo que proceda hacer con el convenio celebrado conforme a la ley, y las facultades que derivan de esta representación se podrán ejercer frente a cualquier autoridad o ante terceros, en tanto dicho ejercicio no se traduzca en perjuicio de los intereses de personas distintas a los propios contratantes.

Es evidente que el simple contenido de la solicitud de registro de la coalición no se puede traducir en perjuicio de la autoridad electoral ante la que se presenta, de los demás partidos políticos ni de los ciudadanos en particular, porque sólo se trata de la revisión del convenio de coalición con el objeto de que se verifique si reúne o no los requisitos previstos legalmente para su existencia y validez jurídica; pues los posibles perjuicios se provocarían sólo en el caso de que la autoridad hiciera la declaración de existencia y validez, a pesar de que el documento adoleciera de alguna o varias irregularidades.

Por otra parte, constituye un principio general de derecho el mandamiento relativo a que cualquier persona que tenga un interés legítimo está dotada legalmente de legitimación para solicitar el registro de un documento ante una autoridad, para preservar, asegurar o fortalecer los derechos que se encuentren consignados en él, sin que sea indispensable la concurrencia de la totalidad de las personas que también tengan interés legítimo, especialmente si los efectos del registro no les van a causar perjuicios, sino sólo beneficios, conjuntamente con el solicitante.

Este principio está recogido en el artículo 2840 del Código Civil del Estado de San Luis Potosí, donde se lee:

"La inscripción de los títulos en el Registro puede pedirse por todo el que tenga interés legítimo en asegurar el derecho que se va a inscribir, o por el notario que haya autorizado la escritura de que se trate."

Al aplicar este principio al caso en estudio, se encuentra que, la solicitud de registro la suscribió Oscar Carlos Vera Fabregat, persona que, además de haber sido designada en el convenio de coalición como representante común de los partidos coaligantes, tiene la calidad de presidente del Partido Político Conciencia Popular, según se hace constar en el propio convenio, sin que tal calidad se encuentre controvertida por el promovente de este juicio de revisión constitucional, ya que inclusive dicho presidente suscribió el convenio como representante de esa organización partidista.

Es indiscutible que cualquiera de los partidos políticos que son partes en el convenio de coalición, tiene interés legitimo en la obtención del registro de la coalición mencionada.

Consecuentemente, aun en el supuesto ya rechazado de que la designación del representante común de los partidos unidos en la coalición no fuera suficiente para solicitar el registro de la coalición, de todos modos quedaría satisfecha esa legitimación, por el solo hecho de que Oscar Carlos Vera Fabregat sea presidente del Partido Conciencia Popular, aunque no pudiera representar también al Partido Verde Ecologista de México.

Lo dicho resulta aplicable el caso, porque la Ley Electoral del Estado de San Luis Potosí no exige en ningún precepto que la solicitud de registro se deba formular necesariamente por todos los representantes de los partidos políticos que suscribieron el convenio que se presenta, sino que de modo impersonal dice, en el artículo 40, que "El convenio deberá presentarse ante el Consejo General Electoral..."

Así las cosas, lo alegado por el partido enjuiciante de que la solicitud respectiva se debió hacer en forma conjunta porque la coalición no surtía aun efecto, carece de sustento legal, por los motivos expresados.

De esta manera, atendiendo al sentido de las consideraciones vertidas en el caso, resultan irrelevantes las manifestaciones vertidas por el tribunal responsable en cuanto a la aplicación, al aspecto en cuestión, del artículo 118 de la ley electoral local y de la falta de comprensión de los planteamientos contenidos en los agravios formulados en el recurso de revisión, ya que aun cuando le asistiera razón al partido accionante en tales planteamientos, en nada cambiaría el sentido de la resolución.

En otra parte del agravio que se examina, el enjuiciante aduce que lo resuelto por el tribunal responsable en relación a la capacidad de representación de María Gregoria Catarina es incorrecto, porque la autoridad electoral administrativa sí debe estudiar las facultades de quienes celebran los convenios de coalición que se presentan ante ella por parte de los partidos políticos.

El anterior argumento es inoperante, porque del análisis de las constancias que integran el expediente del juicio de revisión constitucional electoral, se advierte que el partido político actor, al promover recurso de revocación ante el Consejo Estatal Electoral de San Luis Potosí, contra la resolución de veintidós de marzo del año dos mil, por el que se mandó requerir sobre el cumplimiento de diversas cuestiones a los partidos Conciencia Popular y Verde Ecologista de México, y que es el origen del presente juicio, no formuló algún agravio dirigido a controvertir las facultades de quien celebró el convenio de coalición en representación del Partido Verde Ecologista de México, pues en ellos sólo vertió argumentos dirigidos a impugnar las facultades de Oscar Carlos Vera Fabregat para presentar la solicitud de registro de convenio de coalición relativo; la legalidad para que la autoridad administrativa electoral requiriera a los partidos coaligados; y la situación del emblema de la coalición, al considerar también que se debían suprimir los vocablos "Frente Cívico Potosino", de manera que la cuestión materia de examen fue introducida por el partido accionante al promover el recurso de revisión.

En estas condiciones, como en una sucesión de recursos la materia de los mismos se establece, en principio, por lo que se incorpore al primero de ellos contra el acto impugnado, y sólo podrá ser adicionada con las cuestiones o consideraciones que surjan por vez primera en cada nueva resolución, es inconcuso que lo que pudo y debió combatirse desde el primer medio impugnativo, sin haberlo hecho, ya no se puede allegar a la decisión de los tribunales en instancias posteriores, porque cada una de estas tiene como única misión la de revisar la legalidad o constitucionalidad de la resolución que en ella se ataca, y no la de renovar o reiniciar el primer proceso de impugnación; y en el caso, la autoridad electoral revisó el convenio de coalición desde el principio, y a su juicio, sólo adolecía de las cuestiones que fueron objeto del requerimiento, de manera que el Partido Acción Nacional quedó en condiciones de hacer valer desde la revocación el tópico que ahora se comenta, pero éste se incorporó, indebidamente, hasta el recurso jurisdiccional de revisión.

En este orden, es evidente que no se está en posibilidad jurídica de resolver la cuestión planteada, pues en caso de que tal situación resultara fundada, de todos modos prevalecería la desestimación, por lo que la alegación es inatendible.

El tercer agravio es infundado, por lo siguiente.

Uno de los argumentos medulares de este motivo de impugnación se hace consentir en que el Consejo Estatal Electoral de referencia obró ilegalmente al haber requerido a los partidos políticos coaligantes para que enmendaran sus omisiones en el convenio, y darles un plazo de cuarenta y ocho horas para ese efecto, sin que haya disposición jurídica que sirva de sustento.

Es cierto que la Ley Electoral del Estado de San Luis Potosí no establece en alguna disposición expresa la facultad del Consejo Estatal Electoral para requerir a los partidos políticos que pretenden el registro de un convenio de coalición, a fin de que satisfagan los requisitos que hubieren omitido o para que aclaren algún punto de su solicitud; sin embargo, como la consecuencia de que la autoridad electoral considere insatisfecho alguno de los requisitos puede llevar al grave resultado de que se niegue el registro de una coalición, y esto puede entrañar la privación del derecho que tienen los partidos políticos para asociarse y participar unidos en el proceso electoral correspondiente, es inconcuso que cuando estén satisfechos los requisitos esenciales, antes de tomar la extrema decisión de negar el registro de coalición, por falta de formalidades o elementos de menor entidad, debe dárseles oportunidad de defensa, y para este efecto formular y notificar una prevención a la brevedad, mediante la cual se dé oportunidad a los solicitantes de manifestar lo que convenga a su interés, respecto a los requisitos supuesta o realmente omitidos o satisfechos irregularmente, y de probar, en su caso, que su solicitud sí reúne los requisitos exigidos por la ley, o bien, de completar o exhibir las constancias correspondientes que no se hayan presentado, con el objeto de respetar la garantía de audiencia.

En un supuesto semejante, aunque en un procedimiento jurisdiccional, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronunció en el mismo sentido substancial, en la tesis de jurisprudencia P./J.22/95, en donde inclusive declaró inconstitucional un precepto legal, mismo criterio que si bien no es obligatorio para esta Sala, sí sirve para ilustrar. Dicha tesis se encuentra publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo II, Septiembre de 1995, página 16, y su contenido literal es el siguiente:

"CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SE VIOLA LA GARANTÍA DE AUDIENCIA SI EN EL PROCEDIMIENTO NO SE ESTABLECE LA PREVENCIÓN PARA REGULARIZAR LA DEMANDA Y, EN CAMBIO, SE SEÑALA UNA CONSECUENCIA DESPROPORCIONADA A LA IRREGULARIDAD EN QUE SÉ INCURRIO. Para cumplir con la garantía de audiencia consagrada en el artículo 14 de la Constitución, se deben atender dos aspectos, uno de forma y otro de fondo. El primero, comprende los medios establecidos en el propio texto constitucional constituidos por la existencia de un juicio seguido ante tribunales previamente establecidos en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento. El segundo, constituye el contenido, espíritu o fin último que persigue la garantía, que es el de evitar que se deje en estado de indefensión al posible afectado con el acto privativo o en situación que afecte gravemente sus defensas. De ese modo, los medios o formas para cumplir debidamente con el derecho fundamental de defensa deben facilitarse al gobernado de manera que en cada caso no se produzca un estado de indefensión, erigiéndose en formalidades esenciales aquellas que lo garanticen. Por consiguiente, el juicio contencioso administrativo, acorde con esos requisitos, debe contener condiciones que faciliten al particular la aportación de los elementos en que funde su derecho para sostener la ilegalidad de la resolución administrativa, de manera que si la ley procesal no contempla la prevención al demandado para que regularice la demanda y, además, establece una consecuencia desproporcionada a la omisión formal en que incurre el gobernado, como lo es tenerla por no presentada, como acontece en el artículo 209 del Código Fiscal de la Federación, tal procedimiento es violatorio de la garantía de audiencia en tanto que se aparta de los principios fundamentales que norman el debido proceso legal, pues rompe el equilibrio procesal entre las partes al impedir al particular defenderse en contra del acto administrativo y de probar la argumentada ilegalidad."

Además, con el objeto de atender al principio de congruencia que debe existir entre cualquier petición que se formule a una autoridad y el acuerdo escrito con el que ésta tiene la obligación de responder, en términos de artículo 8 de la Constitución Federal, resulta lógico y jurídico que la propia autoridad prevenga a los interesados para que aclaren las posible irregularidades que se adviertan en su petición, concediéndoles al efecto un plazo perentorio para hacerlo, antes de emitir la resolución sobre las cuestiones que son objeto de la petición.

En el caso concreto, los artículos 39 y 40 de la Ley Electoral del Estado de San Luis Potosí establecen que los partidos políticos estatales y nacionales tendrán derecho a formar coaliciones para participar en los procesos electorales, y que para ello deberán suscribir un convenio, el cual se presentará para su registro cuando menos un mes antes al registro de candidatos de la elección que corresponda.

En el artículo 43 de la ley electoral citada, se establece que el convenio de coalición que celebren los partidos interesados deberá contener, entre otras cosas, el nombre completo, apellido, edad, lugar de nacimiento y domicilio de sus candidatos.

Del contenido de los anteriores preceptos se infiere, fundamentalmente, el derecho que tienen los partidos políticos para contender en forma coaligada en los procesos electorales que se lleven a cabo en el Estado de San Luis Potosí, y que para poder participar de esa manera en las elecciones, deben celebrar un convenio y presentarlo para su registro ante el Consejo Estatal Electoral por lo menos un mes antes al registro de candidatos; es decir, los partidos que quieran formar coaliciones para intervenir en las elecciones locales, tienen derecho a hacerlo, con la única condición de que celebren un convenio, en el que se contengan los diversos elementos a que se refiere el último de los preceptos legales, y que lo presenten dentro del plazo previsto en la norma.

Los partidos Conciencia Popular y Verde Ecologista de México, decidieron ejercer su derecho a participar en la elección de los miembros del ayuntamiento de San Luis Potosí, de manera coaligada, y para ello el veintisiete de febrero del presente año celebraron un convenio, a través de sus representantes legales, en el cual quedaron reunidos los requisitos esenciales para su existencia jurídica y validez, pues en el documento está consignado un acuerdo de voluntades respecto a la postulación de candidatos comunes en la próxima elección del ayuntamiento de el municipio en que está la capital del Estado, bajo una plataforma electoral, una declaración de principios y un programa de acción, con un emblema determinado y bajo los mismos colores; e inclusive se precisaron los nombres y demás generales de los candidatos que contenderán por el principio de mayoría relativa, faltando en este punto únicamente los de representación proporcional, para completar la planilla, y este convenio fue presentado oportunamente por persona legitimada para hacerlo, de conformidad con el instructivo que al efecto emitió el citado Consejo, y que quedó transcrito parcialmente en párrafos precedentes.

Lo anterior evidencia el consentimiento de los citados partidos políticos para contender de manera coaligada en la elección de los miembros del ayuntamiento de San Luis Potosí, San Luis Potosí, respecto del objeto fundamental del convenio, que son los elementos fundamentales para la existencia y validez de dicho acto jurídico.

Por tanto, si el Consejo Estatal Electoral de San Luis Potosí advirtió que los partidos Conciencia Popular y Verde Ecologista de México no habían exhibido la lista de candidatos a regidores por el principio de representación proporcional con el convenio de coalición, no tenía porque negarles el registro de la coalición "FRENTE CÍVICO POTOSINO" a pesar de estar satisfecho lo esencial, sino prevenirlos para que en un plazo perentorio cumplieran con tal requisito, como lo hizo la autoridad electoral, no obstante que la ley local no prevea expresamente el requerimiento en ese tipo de situaciones, pues sobre la legislación ordinaria se encuentran los principios de la Constitución General de la República.

El promovente aduce también que, aún en el caso de que se considerara válido hacer el citado requerimiento procedimentalmente, este no podría producir el efecto material y jurídico de que se registrara la coalición, porque el acuerdo que tomaran los partidos políticos coaligantes respecto a los candidatos de representación proporcional, carecería de validez por generarse después del plazo legal para celebrar y presentar el convenio de coalición.

Es infundado este argumento, porque al haber quedado establecido que la autoridad electoral debe ofrecer la oportunidad de subsanar o aclarar deficiencias de la solicitud de registro y del convenio de coalición, es inconcuso que el tiempo para cumplir el requerimiento no tiene que coincidir necesariamente con el que fija la ley para presentar el convenio, sino que puede ser posterior, con la única limitación de que no altere sustancialmente la secuencia del proceso electoral de que se trate.

Ahora bien, si el artículo 64, fracción II, de la Ley Electoral del Estado de San Luis Potosí, establece un tiempo de quince días para que la autoridad resuelva si acepta o no la solicitud, esto significa que si por ejemplo, el plazo que se otorgara a los partidos para cumplir la prevención transcurre dentro de esos quince días, no se puede considerar que se afecte la secuencia legal o material del proceso electoral, porque, con o sin requerimiento, la autoridad podría resolver hasta el final de esos quince días, es decir, que todo se daría dentro de los plazos electorales previstos legalmente, sin forzarlos o alterarlos de algún modo; y esto fue lo que ocurrió en el caso, según quedó asentado en los antecedentes, ya que el convenio de coalición se exhibió oportunamente, la prevención se hizo el veintidós de marzo del presente año, se acato oportunamente, y el registro se concedió el veintinueve de ese mismo mes.

Por otro lado, debe tenerse en consideración que del contenido de los artículos 99, párrafo cuarto, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 86, apartado 1, inciso b), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, se desprende que el objeto del juicio de revisión constitucional electoral es reparar las violaciones cometidas por las autoridades competentes de las entidades federativas para organizar y calificar los comicios locales o resolver las controversias que surjan durante los mismos.

Por tanto, cabe concluir que el Consejo Estatal Electoral de San Luis Potosí obró correctamente al admitir a trámite la solicitud de registro del convenio de coalición presentada por los partidos Conciencia Popular y Verde Ecologista de México, y requerirlos para que exhibieran la lista de candidatos a regidores por el principio de representación proporcional.

En consecuencia, resulta irrelevante el alegato del partido actor en el sentido de que el tribunal responsable aplicó incorrectamente los artículos 64, fracciones XIV y XVI, y 118, de la Ley Electoral del Estado de San Luis Potosí, por regir el registro de candidatos y no al de coaliciones, dado que aun si no se aplicaran esas disposiciones, lo resuelto no se vería alterado al haber quedado establecido, de manera precisa, que el requerimiento realizado tienen validez legal por otros motivos, y que la subsanación del convenio se pudo llevar y llevó a cabo sin afectar la secuencia del proceso electoral dentro de los plazos legales para su desarrollo substancial.

El cuarto agravio es también inatendible, como a continuación se demuestra.

El artículo 30, fracción I, de la Ley Electoral del Estado de San Luis Potosí, señala que los estatutos de los partidos políticos establecerán: a) la denominación propia y distinta a la de otros partidos políticos registrados; b) el emblema del mismo; c) el color o colores. Estos elementos se exigen por la ley, efectivamente, como expresamente lo reconoce el

Partido Acción Nacional, el propósito de caracterizar y diferenciar al partido de que se trate de otros partidos políticos.

Asimismo, se precisa que la denominación y el emblema estarán exentos de alusiones religiosas y raciales.

El precepto legal citado no proporciona mayores elementos para definir el vocablo "emblema", ni de las restantes disposiciones que integran la ley electoral se advierten tales elementos.

Sin embargo, este tribunal al resolver los recursos de apelación SUP-RAP-038/99 y acumulados, promovidos por los partidos Democracia Social, Partido Político Nacional, Auténtico de la Revolución Mexicana y Revolucionario Institucional, resueltos el siete de enero del presente año, estableció que el emblema exigido por la legislación electoral a los partidos políticos y a las coaliciones, debe consistir en la expresión gráfica original, formada por figuras, jeroglíficos, dibujos, siglas, insignias, distintivos o cualquiera otra expresión simbólica que puede incluir o no palabras, leyendas, lemas, etcétera, y tiene por objeto caracterizarlos representativamente, con los elementos que sean necesarios para poderlos distinguir de manera clara y sencilla de otros partidos políticos o coaliciones, y ser identificados por las autoridades electorales y de cualquiera especie, por la ciudadanía y por cualquier interesado, como medio complementario y reforzatorio a su denominación y al color o colores señalados en sus estatutos, de manera que la calidad de caracterizar y distinguir que le es inherente al concepto, debe encontrarse necesariamente en relación con el partido político nacional al que corresponda el emblema, o con el conjunto de los partidos que se coaligan, lo que no debe ocultarse, perderse o diluirse con la presencia en los emblemas de elementos que se incorporen con una finalidad diferente, que indiscutiblemente se oriente para presentar y darle publicidad a éstos para un proceso electoral concreto y no el caracterizar y distinguir al partido o a los partidos coaligados que lo postulan, y puede generar indiscutiblemente una distracción o dilución del partido o partidos coaligados de que se trate.

La controversia al respecto surgió porque en el emblema presentado inicialmente por los partidos que celebraron el convenio de coalición, se leía la expresión FRENTE CÍVICO POTOSINO PIZZUTO, y la autoridad electoral los previno para que suprimiera la palabra PIZZUTO.

El Partido Acción Nacional se inconformó primordialmente contra el hecho mismo de la presentación del convenio por quien firmó la solicitud, por considerar que no procedía hacer el requerimiento, y cautelarmente, porque, en todo caso, el requerimiento tenía que haber exigido, no sólo la supresión del vocablo PIZZUTO, sino también del texto restante FRENTE CÍVICO POTOSINO.

El emblema presentado por los partidos políticos coaligados, de acuerdo con la descripción contenida en el ocurso mediante el cual dieron cumplimiento al requerimiento que le formuló la autoridad administrativa electoral, es del tenor siguiente:

"Descripción del emblema:

En la parte superior las palabras "Frente Cívico Potosino", debajo de estas palabras, del lado izquierdo el logotipo o emblema del partido "Conciencia Popular" y del lado derecho el logotipo o emblema del "Partido Verde Ecologista de México", ambos logotipos o emblemas corresponden a los registrados ante autoridades electorales."

Las anteriores precisiones ponen de relieve que la denominación admitida por el Consejo Estatal Electoral de San Luis Potosí, para la coalición integrada por los partidos políticos Conciencia Popular y Verde Ecologista de México, fue "FRENTE CÍVICO POTOSINO", y que su emblema quedaría integrado por los vocablos anteriores, que se sitúan en la parte superior, y los emblemas de los partidos coaligados, del lado izquierdo el correspondiente al Partido Conciencia Popular, y del lado derecho el del Partido Verde Ecologista de México, debajo de las palabras mencionadas.

Expuestas así las cosas, resulta manifiesto que la forma y términos en que quedó admitido el emblema de la coalición integrada por los partidos políticos Conciencia Popular y Verde Ecologista de México, no transgrede en forma alguna las disposiciones del Código Electoral del Estado de San Luis Potosí, de acuerdo con el concepto que al efecto ha establecido esta Sala Superior del vocablo "emblema", pues es evidente que la inclusión de las palabras "Frente Cívico Potosino" en forma alguna conduce a concluir que con ello se pretende obtener una finalidad distinta a aquella que tiene por objeto, como es la de caracterizar y distinguir a la coalición en comento, ya que contrariamente a lo afirmado por el partido actor, sí la coalición se denomina precisamente Frente Cívico Potosino, es indudable que su inclusión en el emblema sirve precisamente para su identificación frente a los otros partidos o coaliciones contendientes en las elecciones de ayuntamiento en donde va a participar, porque resulta distinta a la de otros partidos o coaliciones registrados. Asimismo, tampoco se advierte que tengan por efecto orientar, presentar o darle publicidad a otros elementos distintos a la identificación de la propia coalición, pues estos elementos deben ser precisados por quien los alega para establecer que tal situación podría ocurrir, lo que en la especie no acontece, dado que el partido político actor ninguna prueba aportó para poder obtener, aún de manera indiciaria, elementos que permitan establecer el desvío del objeto del emblema de la coalición "Frente Cívico Potosino", sin que se expliquen las razones para sostener la aseveración de que se está en presencia de un hecho notorio en toda la sociedad potosina, a fin de que esta Sala Superior estuviera en condiciones de ponderarlos y apreciarlos de acuerdo a las máximas de experiencia.

No es obstáculo a lo anterior, lo aducido por el partido enjuiciante, en el sentido de que el emblema no sólo presenta a la asociación denominada "FRENTE CÍVICO POTOSINO, ASOCIACIÓN CIVIL", sino que con esto se pretende relacionar a la coalición con Salvador Nava Martínez, vinculado con la persona del candidato de la coalición, Guillermo Pizzuto Zamanillo. En primer lugar, porque el hecho de que en la capital del Estado de San Luis Potosí, en el año de mil novecientos ochenta y tres, se haya podido formar una asociación civil denominada "Frente Cívico Potosino, Asociación Civil", no es suficiente por sí para estimar que la inclusión de los vocablos controvertidos conduzcan a establecer una relación directa, actual e inmediata entre los partidos coaligados y las personas vinculadas a aquella organización, como para considerar que se torna en propaganda electoral ante los ciudadanos, por la simpatía que pudieran tener en favor de la sociedad civil mencionada, pues no debe soslayarse que el emblema es uno de los tres elementos que sirven para identificar a los partidos políticos o coaliciones respecto de otros, por lo cual deben tenerse en consideración los dos signos restantes previstos con esa finalidad, que en el caso son los emblemas de cada uno de los partidos coaligados y sus colores, de modo que la inclusión del vocablo cuestionado no debe ser materia de un examen aislado, sino del conjunto al que pertenece, de los que sí se puede concluir que éstos permiten a las autoridades electorales, la ciudadanía y cualquier interesado, identificar a la coalición integrada por los partidos Conciencia Popular y Verde Ecologista de México; en segundo, porque el partido enjuiciante no ofreció prueba alguna que demuestre, aun de manera indiciaria, que con la inclusión del vocablo "Frente Cívico Potosino", se identifica a la persona de Salvador Nava Martínez y, en consecuencia, el del candidato de la coalición Guillermo Pizzuto Zamanillo, motivos por los cuales lo argumentado por el partido enjuiciante no puede prosperar; sin que se pueda atender lo relativo a que se trata de hechos notorios, por no tener esa calidad para esta Sala Superior, ni existir elementos que permitan conocer que los son en la ciudad de San Luis Potosí.

Por todo lo anterior, es evidente que no se puede aducir falta de certeza en la emisión del voto, como lo pretende establecer el partido accionante, al no quedar demostrado que lo alegado conduzca a la confusión invocada, y menos que con la inclusión del emblema de la coalición de referencia en las boletas, se vaya a realizar propaganda a favor de un candidato de la propia coalición.

En consecuencia de todo lo anterior, procede modificar la sentencia reclamada, para que: a) subsista la desestimación del recurso de revocación interpuesto por el Partido Acción Nacional, en contra del acuerdo de veintidós de marzo del año dos mil, del Consejo Estatal Electoral de San Luis Potosí, mediante el cual inició el tramite de la solicitud de registro del convenio de coalición celebrado por los partidos políticos Verde Ecologista de México y Conciencia Popular, presentado por Oscar Carlos Vera Fabregat, y requirió al solicitante para que subsanara algunas omisiones que encontró en la revisión del convenio; b) en sustitución de la autoridad responsable, se confirme la resolución de veintinueve de marzo del año dos mil, por la que se desestimó el recurso de revocación interpuesto por los partidos Verde Ecologista de México y Conciencia Popular, en contra del acuerdo de veintidós de marzo del año dos mil, mediante el cual el Consejo Estatal Electoral inició el tramite de la solicitud de registro del convenio de la coalición celebrado por dichos partidos políticos, y les requirió la subsanación de algunas omisiones encontradas en la revisión del convenio de coalición respectivo, y c) se revoque la determinación de tener por exhibida en tiempo la solicitud de registro de la coalición presentada por los partidos políticos Auténtico de la Revolución Mexicana y Democracia Social, y como consecuencia, queden sin efectos los actos que tengan como base dicho acuerdo, como son el probable registro de la coalición que se haya otorgado, el registro de candidatos, etcétera, y en su caso, conceder a los partidos mencionados un plazo de cinco días, contados a partir del siguiente a la notificación del acuerdo, para que si deciden participar individualmente en las elecciones en que pretendían hacerlo en coalición, presenten las planillas de candidatos para su registro.

Por lo expuesto, y fundado en los artículos 99, párrafo cuarto, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 9, 25 y 93 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, se resuelve:

PRIMERO. Se modifica la sentencia emitida por la Sala Regional de Primera Instancia del Tribunal Electoral, Zona Centro, del Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí, al resolver el recurso de revisión número R.R.3/S.R.Z.C./2000, el seis de abril del año dos mil, en los términos que se precisan en los siguientes puntos resolutivos.

SEGUNDO. En sustitución de la Sala Regional de Primera Instancia del Tribunal Electoral, Zona Centro, del Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí, se confirma la resolución dictada por la Comisión Estatal Electoral de San Luis Potosí, el veintinueve de marzo del año dos mil, al resolver el recurso de revocación interpuesto por los partidos Conciencia Popular y Verde Ecologista de México.

TERCERO. En sustitución de la Sala Regional de Primera Instancia del Tribunal Electoral, Zona Centro, del Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí, se revoca el acuerdo de veintinueve de marzo del año dos mil, pronunciado por el Consejo Estatal Electoral de San Luis Potosí, en el recurso de revocación promovido por los partidos políticos Auténtico de la Revolución Mexicana y Democracia Social.

CUARTO. En consecuencia, se dejan sin efectos los actos que tengan como base el acuerdo revocado en el resolutivo que antecede, como el probable registro de coalición que se haya otorgado, el registro de candidatos, etcétera, por lo que el Consejo Estatal Electoral de San Luis Potosí deberá conceder, en su caso, a los partidos políticos Auténtico de la Revolución Mexicana y Democracia Social, un plazo de cinco días, contados a partir del siguiente a la notificación del acuerdo, para que si deciden participar individualmente en las elecciones en que pretendían hacerlo en coalición, presenten las planillas de candidatos para su registro.

QUINTO. Se deja subsistente la sentencia emitida por la Sala Regional de Primera Instancia del Tribunal Electoral, Zona Centro, del Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí, en la parte que confirmó la resolución de veintinueve de marzo del año dos mil, pronunciada por el Consejo Estatal Electoral, al resolver el recurso de revocación interpuesto por el Partido Acción Nacional.

NOTIFIQUESE personalmente al partido actor y por oficio a la autoridad responsable, acompañándole copia certificada de este fallo. En su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto concluido.

Así lo resolvió la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, por unanimidad de votos de los señores Magistrados que la integran, ante el Secretario General de Acuerdos, que autoriza y da fe.

MAGISTRADO PRESIDENTE

 

JOSÉ LUIS DE LA PEZA

MAGISTRADO

 

LEONEL CASTILLO GONZÁLEZ

MAGISTRADO

 

ELOY FUENTES CERDA

MAGISTRADA

 

ALFONSINA BERTA NAVARRO HIDALGO

MAGISTRADO

 

JOSÉ FERNANDO OJESTO MARTÍNEZ PORCAYO

MAGISTRADO

 

JOSÉ DE JESÚS OROZCO HENRÍQUEZ

MAGISTRADO

 

MAURO MIGUEL REYES ZAPATA

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS

 

FLAVIO GALVÁN RIVERA