JUICIO DE REVISIÓN CONSTITUCIONAL ELECTORAL.

EXPEDIENTE: SUP-JRC-089/2000.

ACTOR: ISAAC ALBERTO SOBERANO VELASCO, OSTENTÁNDOSE REPRESENTANTE DEL PARTIDO FRENTE CÍVICO.

AUTORIDAD RESPONSABLE: SALA "A" DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE CHIAPAS.

MAGISTRADO PONENTE: LEONEL CASTILLO GONZÁLEZ.

SECRETARIO: MANUEL ENRIQUE ARIZMENDI SAN PEDRO.

México, Distrito Federal, a siete de junio del año dos mil.

V I S T O para resolver el juicio de revisión constitucional electoral SUP-JRC-089/2000, promovido por Isaac Alberto Soberano Velasco, ostentándose representante del Partido Frente Cívico, en contra de la resolución de diecinueve de mayo del año que corre, dictada por la Sala "A" del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, emitida dentro del recurso de revisión número TEE/REV/013/-A/2000, promovido por el representante del Partido Verde Ecologista de México.

R E S U L T A N D O:

PRIMERO. Acto Electoral Impugnado. El catorce de mayo del año dos mil, en sesión extraordinaria del Consejo Estatal Electoral del Estado de Chiapas, por mayoría de cinco votos, se aprobó el dictamen en que se propuso revocar el reconocimiento otorgado por dicho organismo electoral al Partido Verde Ecologista de México.

SEGUNDO. Recurso de Revisión. En contra de la anterior resolución, el referido Partido Verde Ecologista de México interpuso recurso de revisión, del que conoció la Sala "A" del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, y una vez seguidos todos sus trámites legales, dictó sentencia definitiva, el diecinueve de mayo, en la que se revocó el acuerdo impugnado y se determinó la continuación de la vigencia del citado reconocimiento.

TERCERO. Juicio de Revisión Constitucional Electoral. Isaac Alberto Soberano Velasco, ostentándose representante del Partido Frente Cívico, promovió juicio de revisión constitucional electoral, contra la resolución indicada en el párrafo anterior. La autoridad responsable remitió la demanda original a esta Sala Superior, junto con los autos originales del expediente TEE/REV/013/-A/2000, así como su informe circunstanciado. Dicha demanda se registró con el número de expediente SUP-JRC-089/2000.

El Presidente de este órgano jurisdiccional turnó los presentes autos al magistrado Leonel Castillo González, para su substanciación.

C O N S I D E R A N D O:

PRIMERO. Jurisdicción y Competencia. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ejerce jurisdicción, y esta Sala Superior es competente para conocer y resolver el presente asunto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 99, párrafo cuarto, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 186, fracción III, inciso b); y 189, fracción I, inciso e), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el 87 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, por ser un juicio de revisión constitucional electoral, en el que se combate una resolución de autoridad jurisdiccional estatal, respecto de un acto surgido durante la organización de los comicios del Estado de Chiapas.

SEGUNDO. Al Proceder al análisis a que se refiere el apartado 1 del artículo 19 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, se advierte que en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 88, apartado 2, de ese Cuerpo Normativo, específicamente en lo que se refiere a la falta de legitimación.

En efecto, como se desprende del contenido del citado artículo 88, únicamente los partidos políticos, se encuentran legitimados para promover el juicio de revisión constitucional electoral.

Conforme a lo dispuesto por el artículo 22, apartados 1 y 2, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; las organizaciones o agrupaciones políticas que obtengan su registro ante el Instituto Federal Electoral se denominaron partidos políticos nacionales; y la denominación de partido político nacional se reserva para las organizaciones políticas que obtengan su registro como tal.

Asimismo, el artículo 17 del Código Electoral del Estado de Chiapas prevé que se consideran partidos políticos nacionales, a los que cuenten con registro ante el Instituto Federal Electoral, y como partidos políticos estatales a los que cuenten con registro ante el Consejo Estatal Electoral.

Por consiguiente, la obtención y conservación del registro ante el Instituto Electoral competente, es un elemento constitutivo de los partidos políticos, tanto nacionales como locales. Consecuentemente, aquella agrupación que no lo tenga, o habiéndolo tenido lo pierda, no puede gozar de la calidad de partido político.

Así lo ha considerado esta Sala Superior, en la tesis relevante correspondiente a la Tercera Época, número S3EL 036/99, visible en las páginas 61 y 62 del Suplemento número 3, año 2000, de la revista Justicia Electoral, del rubro y contenido siguiente:

"PARTIDOS POLÍTICOS. SU REGISTRO TIENE CARÁCTER CONSTITUTIVO. Dado el papel que tienen los partidos políticos dentro de la estructura del Estado, como cuerpos intermedios de la sociedad que coadyuvan a integrar la representación nacional y a la formación del poder público, no es concebible que cualquier organización o asociación de ciudadanos con fines políticos pueda tener la categoría de partido político, sobre todo porque el carácter de interés público que tienen reconocido los partidos políticos implica que el Estado tenga la obligación de asegurar las condiciones para su desarrollo y de propiciar y suministrar los elementos que estos requieren en su acción destinada a recabar la adhesión ciudadana. Es por ello que el legislador ordinario estableció un procedimiento claro y preciso para que las organizaciones de ciudadanos o las agrupaciones políticas que pretendan constituirse como partidos políticos para participar en las elecciones federales obtengan su registro ante el Instituto Federal Electoral. La organización o agrupación política que pretenda constituirse en partido político para participar en las elecciones federales debe obtener su registro ante el Instituto Federal Electoral, siendo importante destacar que dicho registro, dadas sus características particulares, tiene efectos constitutivos, toda vez que los derechos y obligaciones correlativos al carácter de partido político provienen precisamente del acto de autoridad consistente en otorgar el registro correspondiente. En efecto, el que la denominación de "partido político nacional" se reserve, para los efectos del propio código, a las organizaciones políticas que obtengan su registro como tal, es porque se ha cumplido con los requisitos y procedimientos que el código de la materia establece sobre el particular, lo que se traduce en que quienes se constituyan como partidos políticos nacionales, obteniendo el referido registro, adquieren la correspondiente personalidad jurídica que además les permite gozar de los derechos y prerrogativas electorales, a la vez que quedan sujetos a las obligaciones que establecen tanto la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Sala Superior. S3EL 036/99 Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. SUP-JDC-021/99. Asociación denominada "Partido Socialdemócrata". 25 de agosto de 1999. Unanimidad de votos. Ponente: José de Jesús Orozco Henríquez. Secretario: Carlos Vargas Baca".

Ahora bien, de la copia certificada del acuerdo de catorce de mayo del año dos mil, emitido por el Consejo Estatal Electoral del estado de Chiapas (fojas de la cuarenta y cuatro a la cincuenta y nueve del expediente en que se actúa), se desprende que la asociación política actora obtuvo registro como partido político el treinta y uno de mayo de mil novecientos noventa y cinco, pues así se precisa. Además, con dicho documento público, al que se otorga mérito convictivo pleno, conforme a lo dispuesto por el apartado 2 del artículo 16 de la Ley Adjetiva Electoral Federal, se pone de relieve que al actor le fue cancelado su registro como partido político local.

En contra del anterior acuerdo del Consejo, el afectado promovió el recurso de revisión local, el que al resolverse confirmó el acto impugnado; resolución que fue impugnada oportunamente mediante juicio de revisión constitucional electoral ante esta Sala Superior, registrado bajo el número SUP-JRC-096/2000, circunstancia que por derivar de un asunto de este mismo Tribunal, resulta un hecho notorio que se tiene por acreditado.

Es pertinente puntualizar que no obstante que la cancelación del registro de un partido político sea combatida en un medio de impugnación, como en el caso es el juicio de revisión constitucional electoral, el acto impugnado produce sus efectos desde el momento de su emisión ya que de conformidad con lo dispuesto por la parte final de la fracción IV del artículo 41 constitucional; el párrafo cuarto, in fine, del artículo 19 de la Constitución particular del Estado de Chiapas; así como el apartado 2 del artículo 6º de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, los recursos electorales, ordinarios o extraordinarios, no suspenden los efectos del acto combatido.

Esto lleva a considerar que, a partir de la fecha en que el Consejo Estatal Electoral de Chiapas determinó cancelar el registro del aquí actor (catorce de mayo del año dos mil), éste perdió la calidad de partido político, por lo cual no se encuentra en aptitud de ejercer los derechos ni de gozar de las prerrogativas que sólo correspondan a los partidos políticos, ni desde luego vinculado a cumplir las obligaciones de éstos; sin perjuicio de que siga gozando de una calidad diversa, como personas jurídicas, ya sea de naturaleza civil o electoral.

Por tanto, al haberse puesto de relieve que cuando se presentó la demanda, el demandante no tenía la calidad de partido político, resulta inconcuso que carecía de legitimación para promover el juicio de revisión constitucional electoral; de lo que se concluye que procede desecharlo de plano, a la luz de lo dispuesto por el apartado 2 del artículo 88 del ordenamiento señalado.

No es obstáculo para arribar a la anterior determinación, el hecho de que existió la posibilidad de que el actor obtuviera una resolución posterior en la que se revocara el acto impugnado y se recobrara el registro, con efectos retroactivos; ya que la restitución en el goce de sus derechos, exclusivamente se podría haber dado respecto de los actos que fuera jurídica y materialmente posible; lo que no acontecería con el de la especie, ante la imposibilidad de retrotraer al pasado todas las cosas ocurridas durante el tiempo en que no surtió efectos el registro del partido de que se trate, para que oportunamente pueda deducir una acción jurisdiccional. Además, en esta misma sesión fue desestimado el juicio de revisión constitucional de referencia, por lo cual la cancelación del registro quedó firme.

Por lo anteriormente expuesto y fundado se RESUELVE:

ÚNICO. Se desecha de plano el juicio de revisión constitucional electoral promovido por Isaac Alberto Soberano Velasco, ostentándose representante del Partido Frente Cívico, en contra de la resolución de diecinueve de mayo del año dos mil, emitido por la Sala "A" del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, dentro del expediente número TEE/REV/013/-A/2000, formado con motivo del recurso de revisión promovido por el Partido Verde Ecologista de México.

Notifíquese personalmente la presente resolución al actor en el número veintitrés, interior doscientos cuatro, de la calle Tepepan, colonia Toriello Guerra, delegación Tlalpan, de esta Ciudad, así como al tercero interesado Partido Verde Ecologista de México, en la calle Ángel Urraza, número ochocientos doce, código postal 03109, también de este Distrito Federal; y por oficio a la responsable, Sala "A" del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, enviándole copia certificada de la presente resolución; así como los autos que remitió a este tribunal. En su oportunidad, archívense el expediente como asunto concluido.

Así lo resolvieron, por unanimidad de votos, los magistrados que integran la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ante el Secretario General de Acuerdos, que autoriza y da fe. CONSTE.

MAGISTRADO PRESIDENTE

 

JOSÉ LUIS DE LA PEZA

MAGISTRADO

 

LEONEL CASTILLO GONZÁLEZ

MAGISTRADO

 

ELOY FUENTES CERDA

MAGISTRADA

 

ALFONSINA BERTA NAVARRO HIDALGO

MAGISTRADO

 

JOSÉ FERNANDO OJESTO MARTÍNEZ PORCAYO

MAGISTRADO

 

JOSÉ DE JESÚS OROZCO HENRÍQUEZ

MAGISTRADO

 

MAURO MIGUEL REYES ZAPATA

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS

 

FLAVIO GALVÁN RIVERA