JUICIO DE REVISIÓN CONSTITUCIONAL ELECTORAL.

EXPEDIENTE: SUP-JRC-116/2000.

ACTOR: PARTIDO AUTÉNTICO DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA.

AUTORIDAD RESPONSABLE: PLENO DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE CHIAPAS.

MAGISTRADA PONENTE: ALFONSINA BERTA NAVARRO HIDALGO.

SECRETARIA: ESPERANZA GUADALUPE FARÍAS FLORES. 

México, Distrito Federal, once de julio de dos mil.

VISTOS para resolver los autos del juicio de revisión constitucional electoral SUP-JRC-116/2000, promovido por el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, por conducto de su representante, contra la resolución dictada el catorce de junio del presente año, por el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, en el expediente TEE/REV/025-A/2000, relativo al recurso de revisión interpuesto por el partido político actor; y,

R E S U L T A N D O :

I. En sesión extraordinaria celebrada el tres de junio de dos mil, el Consejo Estatal Electoral en el Estado de Chiapas, negó al Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, el registro de Irma Consuelo Serrano Castro Domínguez, como candidata a gobernadora de la citada Entidad Federativa.

II. Inconforme con la resolución anterior, el seis de junio del año que transcurre, el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, por conducto de su representante, interpuso ante el Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, recurso de revisión, el cual se registró bajo expediente TEE/REV/025-A/2000.

III. El catorce de junio último, el Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, resolvió el mencionado recurso de revisión; resolución cuyas partes considerativa y resolutiva en lo conducente, son del tenor siguiente:

"Segundo. Resulta innecesario transcribir y analizar los agravios esgrimidos en contra del acto reclamado, en virtud de que este órgano resolutor advierte que en la especie se actualiza una causal de improcedencia, la cual es de estudio oficioso y preferente atento a lo prescrito en la Tesis Jurisprudencial número J5/91, emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Primera Época, del rubro y texto siguiente: "CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. SU ESTUDIO PREFERENTE. Previamente al estudio de la controversia planteada, se debe analizar las causales de improcedencia, que en la especie pueda actualizarse, por ser su examen preferente y de orden público, de acuerdo con el artículo 1, del Código Federal de Procedimientos Electorales."

En efecto, del estudio y análisis de las constancias que integran el expediente que hoy nos ocupa, se desprende que el recurso de revisión interpuesto por Gildardo Abenamar Constantino Rabasa, en su calidad de representante propietario del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, fue presentado ante este Tribunal Electoral extemporáneamente, toda vez que el acto que reclama fue hecho de su conocimiento el día tres de junio de dos mil a las diecisiete horas con cincuenta y ocho minutos. Lo anterior es así, ya que de las constancias que conforman el sumario se advierte que la sesión del Consejo Estatal Electoral de donde deriva el acto reclamado, inició a las diecisiete horas con diez minutos del día tres de junio del año en curso y concluyó a las diecisiete horas con cincuenta y ocho minutos del día de su inicio, sesión esta en la que estuvo presente el hoy revisionista por lo que se considera que fue desde ese momento que tuvo conocimiento del acto que reclama. Hecho éste que se constata con la certificación efectuada por el Secretario Técnico del Consejo Estatal Electoral visible a foja noventa y cinco que corre agregada en autos. De ello se colige que el plazo de cuarenta y ocho horas que estable el artículo 277 del Código Electoral del Estado de Chiapas, para la interposición del recurso de revisión, comenzó a correr a las diecisiete horas con cincuenta y ocho minutos del día tres de junio del año en curso y concluyó a las diecisiete horas con cincuenta y ocho minutos del día cinco del mismo mes y año. En consecuencia y toda vez que el recurso de revisión se recibió en este Tribunal Electoral a las quince horas con cuarenta minutos del día seis de junio del año que transcurre, como se aprecia con el sello de Oficialía de Partes de este Tribunal, resulta evidente que ha transcurrido en exceso el término de cuarenta y ocho horas que señala el referido dispositivo legal para la interposición del medio impugnativo, materializándose en la especie, la causal de improcedencia por extemporaneidad prevista en el inciso a) del artículo 285 del Código Electoral del Estado de Chiapas.

Congruente con lo antes expuesto, el artículo 120 del Reglamento Interno del Consejo Estatal Electoral dispone que: "El partido político o coalición cuyo representante hubiere estado presente en la sesión en que se haya resuelto un recurso, se tendrá por notificado del acto o resolución correspondiente, para todos los efectos legales, y el término para inconformarse en su caso, empezará a contarse a partir de la hora en que se concluya la sesión." Por otra parte, el artículo 108 del Reglamento Interior del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas establece que: "Cuando en sesión de algunos de los consejos, estén presentes los representantes de los partidos, se entenderán automáticamente notificados del acuerdo, acto o resolución de que se trate, para todos los efectos legales, aun cuando se retiren de la reunión el o los representantes."

De los dispositivos legales anteriormente transcritos se infiere que al haber estado presente en dicha sesión el ciudadano Gildardo Abenamar Constantino Rabasa, en su calidad de representante propietario del Partido Político Auténtico de la Revolución Mexicana, el término para la interposición del medio de impugnación debe computarse a partir del momento en que se dio por terminada la multirreferida sesión, de modo que la cédula de notificación posterior al conocimiento del contenido del acuerdo recurrido que el revisionista exhibe para demostrar que la interposición de su recurso se encuentra en tiempo, no puede tenerse como base para computar el aludido plazo por haberse actualizado el otro supuesto previsto por la ley para ese objeto, con antelación.

Resulta aplicable al caso en lo conducente la tesis relevante de jurisprudencia número SC 002.2 EL 1, emitida por la Sala Central del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación Segunda Época, Clave de Publicación SC2EL 002/94 del rubro y texto siguiente: "APELACIÓN. PLAZO PARA INTERPONER EL RECURSO. Tanto durante el proceso electoral como en el tiempo que transcurre entre dos procesos electorales, el plazo para interponer el recurso de apelación, según lo establece el artículo 302, párrafo 1, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, es de tres días, los cuales deben computarse a partir del día siguiente al que se tenga conocimiento o se hubiese notificado el acto o la resolución que se recurra. El acto impugnado no amerita ser notificado en forma diversa a la señalada en el artículo 307 del mismo ordenamiento legal cuando el recurrente esté presente en la sesión del órgano responsable en la que se dictó la resolución impugnada."

Consecuentemente, ante la notoria extemporaneidad del recurso de revisión interpuesto por el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana a través de su representante propietario Gildardo Abenamar Constantino Rabasa, este Tribunal considera ajustado a derecho desechar por notoriamente improcedente el recurso aludido.

Resulta además orientador en el presente asunto el criterio sustentado por el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, en la ejecutoria emitida en el expediente TEE/REV/009-A/98, de fecha veinte de marzo de mil novecientos noventa y ocho, generado con motivo del recurso de revisión interpuesto por el Partido Político Acción Nacional en contra de actos del Consejo Estatal Electoral.

Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 305, 306, 307 y 310, fracción I, del Código Electoral del Estado y 24, fracción XIII, 133, 134, 136, 139, 141, 142 y 143, del Reglamento Interior del Tribunal Electoral del Estado, debiendo resolver;

Resuelve

Único: En los términos del último considerando del presente fallo se desecha por improcedente el recurso de revisión interpuesto por el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana a través de su representante propietario el ciudadano Gildardo Abenamar Constantino Rabasa."

IV. Inconforme con la trasunta resolución, el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, por conducto de su representante, mediante escrito presentado el dieciocho de junio del presente año, promovió, en su contra, juicio de revisión constitucional electoral.

V. Oportunamente, el Magistrado Presidente de este órgano jurisdiccional, turnó el presente expediente a la Magistrada Electoral Alfonsina Berta Navarro Hidalgo, para la sustanciación y elaboración del proyecto de resolución correspondiente.

VI. Concluida que fue la sustanciación del presente juicio, se declaró cerrada la instrucción y se ordenó formular el proyecto de sentencia correspondiente; y,

C O N S I D E R A N D O :

PRIMERO. Esta Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es competente para conocer y resolver el presente asunto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 41, base IV, y 99, párrafo cuarto, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 184, 186, fracción III, inciso b), y 189, fracción I, inciso e), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el artículo 87 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, por tratarse de un juicio de revisión constitucional electoral, promovido por un partido político, contra una resolución emitida por el Tribunal Electoral de una Entidad Federativa al resolver una controversia electoral.

SEGUNDO. Ante todo, procede analizar si están satisfechos los requisitos de procedibilidad y procedencia contemplados en los artículos 8, 9, párrafo 1, y 86, párrafo 1, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, encontrándose que:

a) El presente medio de impugnación se promovió dentro del término de cuatro días contados a partir del día siguiente a aquél en que se tuvo conocimiento de la resolución impugnada, como lo establece el artículo 8 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral si se considera que la misma fue notificada personalmente al partido actor el catorce de junio del año en curso, y el escrito de demanda fue presentado ante el Tribunal responsable el dieciocho del mismo mes y año, mediante ocurso que reúne los requisitos que establece el artículo 9 de la propia Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

b) La personería de Gildardo Abenamar Constantino Rabasa, en su carácter de representante propietario del instituto político referido, está acreditada conforme a lo dispuesto por el artículo 88, párrafo 1, inciso b) de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, en virtud de que tal promovente fue quien, con la misma personería, interpuso el juicio de revisión identificado con el expediente TEE/REV/025-A/2000, cuya decisión constituye la determinación reclamada; además de que la misma, le fue reconocida por la responsable, al rendir el correspondiente informe circunstanciado.

c) La resolución impugnada constituye un acto definitivo y firme, al no establecerse en el Código Electoral del Estado de Chiapas, algún medio de impugnación, a través del cual pudiera ser modificada o revocada la resolución reclamada.

d) El Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, manifiesta que se violan, en su perjuicio, diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sobre cuyo requisito de procedibilidad es dable dejar puntualizado, que lo anterior debe entenderse como un requisito formal y no como el resultado del análisis de los agravios propuestos por el partido actor, en razón de que ello implica entrar al fondo del juicio antes de su admisión y sustanciación. Por consiguiente, el requisito debe estimarse satisfecho cuando, como en el presente caso, se hacen valer agravios en los que se exponen razones encaminadas a demostrar la afectación al interés jurídico del accionante, porque con ello se trata de señalar la violación de los principios de constitucionalidad y legalidad tutelados en los artículos 41, párrafo segundo, base IV y 116, párrafo segundo, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Apoya lo anterior, la jurisprudencia número J.2/97, de la Tercera Época, sustentada por esta propia Sala, consultable en las páginas veinticinco y veintiséis, del Suplemento número uno, de mil novecientos noventa y siete, de la revista de difusión de este órgano jurisdiccional denominada "Justicia Electoral", cuyo texto es como sigue:

"JUICIO DE REVISIÓN CONSTITUCIONAL ELECTORAL. INTERPRETACIÓN DEL REQUISITO DE PROCEDENCIA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 86, PÁRRAFO 1, INCISO B), DE LA LEY DE LA MATERIA. Lo preceptuado por el artículo 86, párrafo 1, inciso b), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, referente a que el juicio de revisión constitucional electoral sólo procederá contra actos o resoluciones "Que violen algún precepto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos", debe entenderse en un sentido formal, relativo a su establecimiento como requisito de procedencia, y no al análisis propiamente de los agravios esgrimidos por el partido impugnante, toda vez que ello supone entrar al fondo del juicio; por lo tanto, dicho requisito debe considerarse que se acredita cuando en el escrito correspondiente se hacen valer agravios debidamente configurados, esto es, que éstos precisen claramente los argumentos o razonamientos enderezados a acreditar la afectación del interés jurídico del promovente, derivado de la indebida aplicación o incorrecta interpretación de determinada norma jurídica en el acto o resolución impugnado, por virtud de los cuales se pudiera infringir algún precepto constitucional en materia electoral, toda vez que ello supondría la presunta violación de los principios de constitucionalidad y legalidad electoral tutelados en los artículos 41, párrafo segundo, fracción IV y 116, párrafo segundo, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; o sea, que de los agravios esgrimidos se advierte la posibilidad de que se haya conculcado algún precepto constitucional en la materia, resultando irrelevante que se citen o no los artículos constitucionales presuntamente violados, ya que, de conformidad con el artículo 23, párrafo 3, de la Ley General citada, en la presente vía este órgano jurisdiccional, ante la omisión de los preceptos jurídicos presuntamente violados o su cita equivocada, resuelve tomando en consideración los que debieron ser invocados o los que resultaron aplicables al caso concreto. Por lo anterior, la omisión o cita errónea de los preceptos constitucionales presuntamente violados no tiene como consecuencia jurídica el desechamiento del juicio de revisión constitucional electoral."

e) La violación reclamada puede llegar a ser determinante para el resultado final de la elección de gobernador en el Estado de Chiapas, debido a que, el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, reclama la sentencia dictada por el Pleno del Tribunal Electoral de la indicada Entidad Federativa, en la que desecha, por considerar improcedente, el recurso de revisión promovido contra del acuerdo pronunciado el tres de junio del año en curso, por el Consejo Estatal Electoral de dicho Estado, dentro del expediente TEE/REV/025-A/2000, a través del cual se niega el registro de Irma Consuelo Serrano Castro Domínguez, como candidata a gobernadora del Estado mencionado, postulada por el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, para contender en la renovación del Poder Ejecutivo del mencionado estado, por lo que, de resultar procedente la pretensión jurídica del partido enjuiciante, podría producir la modificación de la sentencia impugnada en el presente juicio de revisión constitucional electoral y, como consecuencia, podría incidir en la anotada elección.

f) La reparación solicitada es material y jurídicamente posible dentro de los plazos establecidos, en virtud de que, las elecciones ordinarias para gobernador constitucional en el Estado de Chiapas, se verificarán el tercer domingo de agosto del presente año, conforme lo establece el artículo 9 del Código Electoral del Estado de Chiapas, por lo que existe plena factibilidad de que la violación alegada a través de este medio constitucional de defensa, sea reparada antes de la citada fecha.

No advirtiéndose opere alguna causa de improcedencia que impida el examen de los agravios propuestos, deberá emprenderse el estudio relativo, previa transcripción de los mismos.

TERCERO. El Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, hace valer como agravios, los siguientes:

"1) La resolución del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas se basa en tres dispositivos legales: una tesis jurisprudencial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el Reglamento Interno del Consejo Estatal Electoral y el Reglamento Interno del propio Tribunal Electoral de Chiapas.

2) Por lo que se refiere a la tesis jurisprudencial antes citada, ésta hace referencia al artículo 307, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de agosto de mil novecientos noventa, que a la letra decía:

"El partido político cuyo representante haya estado presente en la sesión del órgano del Instituto que actuó o resolvió, se entenderá automáticamente notificado del acto o resolución correspondiente para todos los efectos legales".

3) Dicha disposición formaba parte del Libro Sexto, "Del Tribunal Federal Electoral", y específicamente, del Capítulo Cuarto, De las Notificaciones. No hay que olvidar que el contexto político y jurídico en el que regían y se aplicaban dichas disposiciones eran muy diferentes al actual, sobre todo, en lo que se refiere a los representantes de los partidos políticos en los órganos electorales, los cuales tenían derecho a voz y voto.

4) El Libro Sexto del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales fue derogado según Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintidós de noviembre de mil novecientos noventa y seis, y con él, por consiguiente, todos los títulos, capítulos y artículos que lo integraban, incluyendo, por supuesto, el artículo 307 a que hizo referencia el Tribunal Electoral de Chiapas.

5) En efecto, el Capítulo de Notificaciones del Libro Sexto derogado estaba formado por siete artículos, que corrían del 305 al 311. Y aunque es cierto que casi todas estas disposiciones fueron rescatadas por la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, también es verdad que el artículo 307 no corrió la misma suerte.

6) De este modo, el artículo 305, párrafo 1, pasó a ser el 26, párrafo 3; el artículo 306, párrafos 1 y 2, pasó a ser el 27, párrafos 1 y 2; el artículo 308, párrafo 1, pasó a ser el 39, párrafo 1; el artículo 309, párrafos 1 y 2, pasó a ser el 48, párrafo 1, incisos a) y b), y el artículo 310, párrafo 1, incisos a) y b) pasó a ser modificado el 60, párrafo 1, inciso a) y b). En cambio, el artículo 307 no pasó a la nueva ley.

7) Si a pesar de haber sido derogado el Libro Sexto del ordenamiento legal citado, con todos sus títulos, capítulos y artículos, la tesis jurisprudencial arriba mencionada hiciera referencia a alguna de sus disposiciones que, textualmente o de manera modificada, fueron trasladadas a la nueva Ley General del sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, dicha tesis tendría fuerza aplicativa; pero habiéndose derogado el Libro Sexto con todos sus títulos, capítulos y artículos, incluyendo el artículo 307, y no habiendo sido trasladado éste, ni textualmente, ni modificado, a ningún otro ordenamiento legal federal, dicha tesis jurisprudencial ya no tiene ningún fundamento.

8) Además, los representantes de los partidos políticos en los órganos electorales ya no tienen derecho a voto. Luego entonces, la tesis de la "notificación automática" a que se refiere la jurisprudencia invocada, derivada del Libro Sexto del Código derogado, ya no es vigente en materia federal. Las únicas formas de notificación reconocidas por la ley son únicamente las notificaciones personales, por estrados, por oficios, por correo certificado o por telegrama, en los términos del artículo 26 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

9) Esto quiere decir que cualquier tesis jurisprudencial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que se derive de las formas vigentes de notificación, será perfectamente aplicable y tendrá toda la fuerza que constitucionalmente le proporcione el augusto órgano jurisdiccional para un caso concreto. Pero cualquier otra tesis, y específicamente, cualquier tesis derivada de formas de notificación derogadas, será improcedente en cualquier caso y para cualquier efecto.

10) Por otra parte, en materia local, la tesis de la "notificación automática" tampoco es vigente. El artículo 277 del Código Electoral del Estado de Chiapas, dispone lo siguiente:

"El recurso de revisión es procedente en contra de los actos y resoluciones del Consejo Estatal Electoral y de las resoluciones dictadas al resolver el recurso de revocación. Se interpondrá por escrito en el plazo de cuarenta y ocho horas contadas a partir de aquel en que se haya notificado la resolución correspondiente o se tenga conocimiento del acto impugnado, ante las Salas del Tribunal Electoral del Estado, quienes resolverán dentro del término de tres días de admitido el recurso, en forma definitiva.

11) Como se ve por el texto que antecede, hay dos casos claramente diferenciados para empezar a contar el plazo de cuarenta y ocho horas que se requiere para presentar el recurso. Uno, que se apruebe una resolución, y dos, que ocurra un acto electoral. En el primer caso, la resolución debe ser notificada. En el segundo, el acto electoral debe llegar al conocimiento del recurrente.

12) En el presente caso, no se trató de un acto electoral del que se hubiera tenido conocimiento, sino de una resolución aprobada por el Consejo Estatal Electoral. Dicha resolución, por consiguiente, debía ser debidamente notificada. Y así lo fue, mediante cédula personal.

13) Por consiguiente, el plazo de cuarenta y ocho horas que se requiere para presentar el recurso de revisión, debe y debió computarse a partir del momento en que la resolución fue debidamente notificada, tanto porque así lo dispuso la propia resolución, en su punto segundo, cuanto porque así lo dispone la ley, en su artículo 277.

14) Y si, por una parte, la resolución fue notificada personalmente el día cinco de los corrientes a las diecisiete horas cincuenta y siete minutos, lo que significa que el plazo se vencía el día siete de este mismo mes, a la misma hora, y si, por otra parte, el recurso de revisión fue presentado antes de esta fecha, es decir, el día seis de junio a las quince horas con cuarenta minutos, es evidente que el recurso fue debidamente presentado antes del vencimiento del plazo.

15) Ahora bien, es cierto que la tesis de la "notificación automática" subsiste en algunos ordenamientos secundarios, como por ejemplo, en los reglamentos internos del Consejo Estatal Electoral y del propio Tribunal Electoral del Estado de Chiapas. Dijéranse residuos de antiguas disposiciones legales, ya derogadas, tanto en materia federal como en materia local.

16) Es cierto igualmente que dichos reglamentos internos establecen que cuando estén presentes los representantes de los partidos en la sesión en que se resuelva un recurso "se les tendrá por notificados" o "se entenderán automáticamente notificados... aun cuando se retiren de la reunión".

17) Sin embargo, una cosa es que las resoluciones electorales se hayan notificado para que surtan sus efectos, como lo dispone el Código Electoral del Estado de Chiapas, y otra muy distinta, que dichas resoluciones se tengan por notificadas o que se entiendan automáticamente notificadas, según lo establecen los reglamentos internos del Consejo Estatal Electoral y del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, respectivamente.

18) La notificación formal es un acto jurídico. En cambio, la notificación ficta o notificación automática es un acto político que, en otras condiciones, tuvo su razón de ser; pero habiendo desaparecido tales condiciones, ha desaparecido igualmente su razón de ser.

19) En efecto, esta última forma de notificación era comprensible y aplicable en la época en que los partidos políticos tenían voz y voto en los órganos electorales, de tal suerte que no importaba que sus representantes estuvieran presentes o ausentes, para efectos de darse por enterados de las resoluciones. Es más, dichas disposiciones las obligaban a estar presentes.

20) Pero a partir del momento en que los partidos perdieron el derecho a voto en los órganos electorales, la ausencia o el retiro de sus representantes se convirtió en un acto político de inconformidad o de protesta. Fue una manera sesgada o indirecta de dar su voto moral. Ya no importó enterarse o no de las resoluciones aprobadas por los órganos electorales, porque las leyes, así como los privaron del derecho al voto, de la misma manera flexibilizaron la forma de notificarles dichas resoluciones, en caso de ausencia o de retiro, e impusieron a las autoridades electorales la obligación de notificárselas personalmente en el domicilio que hubieren señalado o por estrados.

21) La notificación ficta o notificación automática, por consiguiente, en cuanto acto político, ya no tiene ninguna razón de ser, porque los representantes de los partidos ya no están legalmente obligados a asistir a las sesiones o a permanecer en ellas, para enterarse de sus resoluciones, o en su caso, para darse por enterados o entenderse por enterados automáticamente. Los obligados son los consejeros. Son ellos los que toman las decisiones.

22) Además, los reglamentos no pueden modificar y oponerse a lo prescrito por la ley. En el presente caso, ni el Consejo Estatal Electoral, ni el Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, tienen atribuciones legislativas. Si la ley hace referencia a una notificación formal, real o efectiva, ningún reglamento puede suplir a ésta con una notificación ficta, automática, irreal, imaginaria o ilusoria. Y si la suple, la disposición relativa debe tenerse por no puesta o considerarse nula.

23) En el presente caso, si el Código Electoral del Estado de Chiapas dispone expresamente que "se haya notificado la resolución correspondiente", hay que atenerse a su mandato. Ningún reglamento, ni el del Consejo Estatal Electoral, ni el del propio Tribunal Electoral de Chiapas, puede disponer que una resolución "se tenga por notificada" o que "se entienda automáticamente por notificada", aunque la resolución no se "se haya notificado" real y formalmente, o aunque los representantes de los partidos se hayan retirado de la sesión. Y si así lo señalan sus disposiciones, éstas deben tenerse por no puestas, ni establecidas, ni vigentes, ni aplicables.

24) De este modo, si la resolución fue notificada personalmente el día cinco de los corrientes a las diecisiete horas cincuenta y siete minutos, a partir de ese momento empezó a correr el plazo para interponer el recurso de revisión, y de ningún modo a partir del día tres de junio a las diecisiete horas cincuenta y ocho minutos, fecha y hora en que concluyó la sesión en la cual la resolución fue aprobada.

25) Si la resolución se hubiera tenido por notificada o se hubiera entendido automáticamente por notificada a partir del momento en que concluyó la sesión correspondiente, la misma resolución no hubiera ordenado que se notificara su contenido "al Presidente del Comité Ejecutivo Estatal del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, a través de su representante acreditado ante este Consejo Estatal Electoral". Pero si se dispuso que se notificara su contenido, es porque la propia resolución consideró que no era por tenerse por notificada ni tampoco por entenderse automáticamente por notificada.

26) Siendo, como lo es, un acto jurídico, esencial del procedimiento, la notificación debe revestir alguna de las formas que establece la ley. En caso de inasistencia de los representantes de los partidos políticos a las sesiones de los órganos electorales, la notificación legal aplicable y procedente es la notificación personal en el domicilio señalado por dichos representantes, o por estrados.

27) En el presente caso, el Código Electoral del Estado de Chiapas dispone claramente que se haya notificado la resolución, no que se tenga por notificada o que se entienda automáticamente por notificada, es decir, dispone que dicha notificación se lleve a cabo personalmente o por estrados. No habiéndose llevado a cabo por estrados, dado que no había estrados, la única forma de hacerla era mediante cédula de notificación personal, como efectivamente se hizo.

28) Pero además, el recurso de revisión no podría interponerse adecuadamente, si la notificación no se hace personalmente o por estrados. Tal es una de las razones por las cuales los principios generales de Derecho señalan que las notificaciones se harán en una forma u otra, según se requiera para la eficacia del acto o resolución a notificar. En el presente caso, la resolución a notificar era el acuerdo que negó el registro a la Senadora con licencia Irma Consuelo Serrano Castro Domínguez como candidata a Gobernadora del Estado, que presentó el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana. Y dado el retiro del suscrito de la sesión respectiva, para la eficacia de esta resolución era preciso notificarla personalmente o por estrados. De otra manera, se repite, no habría sido posible presentar el recurso de revisión. Difícilmente un recurso de esta naturaleza jurídica se presenta sin conocerse su descripción y contenido con precisión.

29) Por ello, las cédulas de identificación personal contienen, entre otras cosas esenciales, la descripción del acto o resolución que se notifica así como el lugar, la fecha y la hora en que se hace.

30) Luego entonces, el plazo que concede la ley para interponer el recurso de revisión debió haberse computado a partir del momento en que se hizo la notificación personal respectiva, conforme a la cédula correspondiente, por disposición de la ley y conforme a los principios generales de Derecho. Proceder de otra manera, como lo hizo la resolución impugnada, es negar al recurrente la garantía de audiencia y dejarlo en estado de indefensión".

CUARTO. El estudio de los anteriores agravios permite arribar a las siguientes consideraciones jurídicas:

Ante todo, cabe dejar aclarado que aunque no fuera del todo aplicable el criterio que la responsable invocó como apoyo de su decisión, sostenido por la entonces Sala Central del anterior Tribunal Federal Electoral, que publicado bajo la voz: "APELACIÓN. PLAZO PARA INTERPONER EL RECURSO", se relaciona con el artículo 307 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en virtud de que, se alega, ese precepto 307, en la actualidad, ya no se encuentra inmerso en dicho Cuerpo de Leyes; sucede que, de cualquier forma no está por demás precisar que, opuestamente a lo que asegura el promovente, el contenido de esa disposición sí se encuentra recogido en el artículo 30, párrafo 1, de la vigente Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, dado que el indicado artículo 307 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales decía: "1. El partido político cuyo representante haya estado presente en la sesión del órgano del Instituto que actuó o resolvió, se entenderá automáticamente notificado del acto o resolución correspondiente para todos los efectos legales", mientras que, el actual artículo 30, párrafo 1, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, vigente a partir del veintidós de noviembre de mil novecientos noventa y seis, establece: "1. El partido político cuyo representante haya estado presente en la sesión del órgano electoral que actuó o resolvió, se entenderá automáticamente notificado del acto o resolución correspondiente para todos los efectos legales"; o sea, como se ve, el contenido de ambas disposiciones es, en realidad, idéntica; sin que para la vigencia y aplicación de tal precepto 30, párrafo 1, tenga trascendencia que en los respectivos órganos electorales, los representantes partidistas sólo cuenten con voz, pero sin voto, dado que no es esa facultad decisoria la que en su momento determina la aplicabilidad del precepto, sino, propiamente, el conocimiento que del acto o resolución se tiene al estar presentes en las sesiones en las que se emitan o adopten los respectivos actos o resoluciones que constituyan el acto que, en su caso, pueda ser impugnado; de allí que resulte inexacto que en la legislación electoral federal se haya suprimido lo que el inconforme y algunos doctrinistas denominan "notificación automática", pues esta forma de comunicación persiste según se ha visto, lo que hace que también resulte alejado de la verdad su aserto en el sentido de que las únicas formas de notificación que recoge la citada Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, sean las personales, las de por estrados, por oficio, por correo certificado o por telegrama, pues a éstas, deben agregarse no sólo la que dicho accionante califica de "automática", sino también la que, reuniéndose determinadas circunstancias se practica vía fax; lo anterior hace, pues, que los motivos de desacuerdo expresados en los números arábigos del 1 al 9, devengan inatendibles.

En otro aspecto, en oposición a lo que se arguye, el Tribunal responsable en el fallo atacado de inconstitucional, de manera acertada desechó por extemporáneo el recurso de revisión interpuesto por el partido inconforme contra la negativa de registrar como su candidata para contender por la elección a la gobernatura por el Estado de Chiapas, a Irma Consuelo Serrano Castro Domínguez.

Para arribar a la anotada conclusión, se tiene en cuenta que dicho Tribunal para resolver el asunto sometido a su consideración en la forma en que lo hizo, se basó, de manera fundamental y en lo que al caso importa, en lo que disponen el precepto 277 del Código Electoral del Estado de Chiapas, el numeral 108 del Reglamento Interior del Tribunal Electoral del propio Estado y el artículo 120 del Reglamento Interior del Consejo Electoral de la misma Entidad Federativa; eso por un lado, y por otro lado, en que las constancias que integran el expediente revelaban que en la sesión celebrada en el Consejo Estatal Electoral, en la que se tomó la determinación recurrida, estuvo presente Gildardo Abenamar Constantino Rabasa, en su calidad de representante del partido actor; sesión que empezó a las diecisiete horas con diez minutos del tres de junio del año que corre, para concluir a las diecisiete horas con cincuenta y ocho minutos del propio día, por lo que, siguió diciendo la jurisdiscente responsable, el plazo de cuarenta y ocho horas que el inconforme tenía para interponer el recurso de revisión atinente, principió a la hora en que concluyó dicha sesión, para fenecer a las diecisiete horas con cincuenta y ocho minutos del día cinco del mismo mes y que como el recurso relativo se interpuso hasta las quince horas con cuarenta minutos del seis de junio citado, en esta fecha había transcurrido el aludido plazo, procediendo, en consecuencia, el desechamiento respectivo, al darse la causal de improcedencia prevista en el inciso a), del artículo 285 del Código Electoral del Estado de Chiapas; apoyando además su determinación, en un criterio sustentado por la entonces Sala Central del otrora Tribunal Federal Electoral, publicado bajo el rubro de: "APELACIÓN. PLAZO PARA INTERPONER EL RECURSO ".

El indicado marco jurídico legal local en que se apoyó la resolutora del medio de impugnación, para desecharlo, establece:

Código Electoral del Estado de Chiapas:

"ARTÍCULO 277

El recurso de revisión es procedente en contra de los actos del Consejo Estatal Electoral y de las resoluciones dictadas al resolver el recurso de revocación. Se interpondrá por escrito en el plazo de cuarenta y ocho horas contados a partir de aquél en que se haya notificado la resolución correspondiente o se tenga conocimiento del acto impugnado, ante las salas del Tribunal Electoral del Estado, quienes resolverán dentro del término de tres días de admitido el recurso, en forma definitiva.

ARTÍCULO 285

Los medios de impugnación previstos en este Código serán improcedentes en los siguientes casos:

a) Cuando se pretenda impugnar actos o resoluciones que no afecten el interés jurídico del actor; que se hayan consumado de un modo irreparable; que se hubiesen consentido expresamente, entendiéndose por éstos, las manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento; o aquéllos contra los cuales no se hubiesen interpuesto el medio de impugnación respectivo, dentro de los plazos señalados en este Código."

Reglamento Interior del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas:

"ARTÍCULO 108.- Cuando en sesión de algunos de los Consejos, estén presentes los representantes de los partidos, se entenderán automáticamente notificados del acuerdo, acto o resolución de que se trate, para todos los efectos legales, aun cuando se retiren de la reunión él o los representantes."

Reglamento Interno de Consejo Estatal Electoral del Estado de Chiapas.

"ARTÍCULO 120. El partido político o coalición cuyo representante hubiera estado presente en la sesión en que se haya resuelto un recurso, se tendrá por notificado del acto o resolución correspondiente, para todos los efectos legales, y el término para inconformarse, en su caso, empezará a contarse a partir de la hora en que se concluya la sesión."

Pues bien, de la interpretación gramatical, sistemática y funcional de las disposiciones contenidas en los transcritos artículos 277, 108 y 120, se llega al convencimiento de que tal como con toda razón lo apreció la responsable en su resolución, cuando los representantes de los partidos políticos, como aconteció en la especie, se encuentren presentes en las sesiones de los Consejos Electorales del Estado de Chiapas, en los que se adopte una determinación que les permita su impugnación, el plazo que fija la ley para hacerlo cuando se contabiliza por horas, empieza a correr a partir del momento en que concluya la sesión correspondiente, ya que, en primer lugar, así se infiere de lo que establecen de manera expresa esas disposiciones; además de ser lo que acorde con todo ese sistema es perfectamente explicable que así deba funcionar, en virtud de que la presencia de los representantes partidistas en dichas sesiones les permite tener el conocimiento cabal de las resoluciones tomadas, o actos emitidos, para, de ser el caso, rebatirlos a través del medio de impugnación idóneo, pero dentro del plazo específico y fatal que la propia normatividad establece; habida cuenta que el citado artículo 277 del Código Electoral del Estado de Chiapas, se repite, en lo que al caso interesa, establece que el recurso de revisión es procedente en contra de los actos del Consejo Estatal Electoral, el cual se interpondrá por escrito en el plazo de cuarenta y ocho horas contados a partir de aquél en que se haya notificado la resolución correspondiente o se tenga conocimiento del acto impugnado, ante las Salas del Tribunal Electoral del Estado, esto es, como fácilmente se advierte, tal norma jurídica prevé que el término de cuarenta y ocho horas para la presentación del recurso de revisión de que se habla, se contará: a), a partir del momento en que se haya notificado la resolución correspondiente, o bien, b), a partir de aquél en que se tenga conocimiento del acto impugnado; supuesto este último que está de acuerdo con lo que de manera expresa indican, en lo substancial, los artículos 108 y 120 de los citados Reglamentos, dado que, el conocimiento del acto entendido éste en su más amplio sentido, es único, es indivisible, y como tal, el conocimiento sirve para informar o transmitir a los sujetos cognoscentes, su existencia, quienes de manera inmediata se apropian de él, para, de ser el caso, actuar en consecuencia.

Lo anterior no significa, desde luego, que queda a la elección del recurrente escoger la fecha que debe tomarse en consideración para contabilizar el plazo respectivo. En efecto, del contenido del precepto 277, como ya se puso de relieve, se aprecia que regula dos hipótesis distintas para efectuar el cómputo del plazo de que se viene hablando; uno, que es el que se relaciona con la notificación formal de la resolución o acto impugnado y otro, con el conocimiento que del mismo se tenga a través de un medio distinto a la notificación formal. Luego, teniéndose conocimiento completo del acto o resolución que se recurra, con anterioridad a la fecha en que se efectúa su notificación, aquella fecha (la del conocimiento) es la que debe tomarse en cuenta para realizar el cómputo del multirreferido plazo, en razón de que lo lógico es que a partir del momento en que el afectado sabe que existe un acto o resolución que por causarle daño está en aptitud de recurrir, empieza a preparar la defensa adecuada para combatirlo; y así, ese conocimiento del acto o resolución impugnada, debe prevalecer sobre la notificación formal de mérito, para computar el plazo de que se trata, pues no puede hacerse a un lado la existencia de ese conocimiento ni la voluntad del legislador plasmada en la ley de que así se lleve a cabo dicho cómputo; habida cuenta que, no está por demás aclarar que, el plazo debe computarse partiendo de la notificación formal respectiva, cuando el acto o resolución impugnada emerge de una sesión de consejo, sólo en el supuesto de que el representante del partido atinente no haya concurrido a dicha sesión, ya que, cuando la ley estatuye las dos hipótesis supradichas, no las establece para que el promovente tenga dos oportunidades diversas para recurrir ni para ampliar el indicado plazo fatal que prevé, sino, porque, previniendo que en alguna sesión el representante partidista puede estar ausente, su ausencia no pueda pararle el gravísimo perjuicio de impedirle defenderse, ya que ello iría contra la garantía de audiencia que consagra el artículo 14 Constitucional.

Aparte de lo anterior, es de señalarse que resulta inatendible lo que sugiere el accionante, acerca de que la primera de las hipótesis relatada, prevista por el invocado artículo 277, para computar el tantas veces mencionado plazo, se relaciona con la notificación de una "resolución", mientras que, la segunda, con el conocimiento de un "acto", dando a entender que la naturaleza de lo impugnado ─resolución o acto─, es lo que marca la diferencia para iniciar el cómputo relativo, a partir de su notificación formal o de su conocimiento, dado que, sobre esa temática precisa dejar en claro, que no es la naturaleza de lo que se combata, acto, resolución o acuerdo electoral, lo que puede fijar el momento para su impugnación, sino, el contenido que cause al afectado y su conocimiento pleno para rebatirlo a través del medio idóneo; conocimiento que puede, de acuerdo con la ley, provenir de una notificación formal que del mismo se realice, o bien, por haberse enterado al haber estado o asistido en la sesión del consejo en que se adopte; conocimiento que, en uno y otro caso, sirven como punto de partida para efectuar el cómputo a que se ha hecho alusión, pero siendo preponderante el conocimiento que se tenga por haber concurrido a la sesión del consejo, frente a la notificación formal ulterior que se verifique del acto o resolución respectivo.

Así las cosas, cabe concluir que la jurisdicente responsable, de manera acertada, desechó por extemporáneo el recurso de revisión interpuesto contra la negativa de registro a que se hizo mención, ya que si a la sesión que concluyó a las diecisiete horas con cincuenta y ocho minutos del tres de junio último, en que se efectuó ese acto denegatorio, asistió el representante del partido actor, entonces, a partir de ese momento le empezó a correr el plazo de cuarenta y ocho horas para interponer el aludido recurso, el cual lo interpuso hasta las quince horas con cuarenta minutos del seis de junio, esto es, cuando habían transcurrido las apuntadas cuarenta y ocho horas, lo que hizo que cobrara aplicabilidad lo que estatuye el inciso a), del precepto 285 del Código Electoral del Estado de Chiapas, que señala:

"Los medios de impugnación previstos en este Código serán improcedentes en los siguientes casos: a) Cuando se pretenda impugnar actos o resoluciones que no afecten el interés jurídico del actor; que se hayan consumado de un modo irreparable; que se hubiesen consentido expresamente, entendiéndose por estos, las manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento; o aquellos contra los cuales no se hubiesen interpuesto el medio de impugnación respectivo, dentro de los plazos señalados en este Código".

Por otro lado, cabe señalar que, contrariamente a lo que aduce el impugnante, tanto el Tribunal responsable, como el Consejo Estatal Electoral del Estado de Chiapas, sí contaban con las facultades necesarias para expedir sus Reglamentos, Interior e Interno, respectivamente; lo anterior, por así desprenderse de lo que disponen el artículo 19, primer párrafo, de la Constitución Política del Estado de Chiapas; así como el artículo 105, primer párrafo; el 113, fracción XXIV; el 300 y el 310, fracción III, del Código Electoral del Estado de Chiapas, ya que estos preceptos establecen:

Constitución Política del Estado de Chiapas.

"ARTÍCULO 19

La preparación, organización, desarrollo y vigilancia de los procesos electorales, es una función estatal que se realiza a través de un organismo público denominado Consejo Estatal Electoral y un Tribunal Electoral, de cuya integración son corresponsables, el Poder Legislativo, los partidos políticos y los ciudadanos, en los términos que ordene la legislación electoral. Ambos con personalidad jurídica y patrimonio propios, con plena autonomía en su funcionamiento e independencia en sus decisiones y con carácter de permanentes que será además encargados de la calificación de las elecciones en el ámbito de sus respectivas competencias".

Código Electoral del Estado de Chiapas.

"ARTÍCULO 105

El Consejo Estatal Electoral de Chiapas es un organismo público, autónomo en su funcionamiento e independiente en sus decisiones, de carácter permanente, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, que tiene a su cargo la preparación, desarrollo, vigilancia y coordinación en toda la entidad de los procesos electorales, estatales y municipales, ordinarios o extraordinarios.

ARTÍCULO 113

El Consejo Estatal Electoral tendrá las siguientes atribuciones: ...

XXIV. Expedir su reglamento interno y el de los demás organismos electorales, con expedición al del Tribunal Electoral del Estado.

ARTÍCULO 300

El Tribunal Electoral del Estado de Chiapas es un órgano de plena jurisdicción y máxima autoridad jurisdiccional en materia electoral, de carácter permanente, con plena autonomía en su funcionamiento e independiente en sus decisiones, con patrimonio y presupuesto propio, que tiene a su cargo la substanciación y resolución de los recursos de revisión y queja, así como la calificación de las elecciones declarando la validez o nulidad de las mismas en los casos que este Código previene.

ARTÍCULO 310

Son atribuciones del Tribunal: ...

III. Expedir su reglamento interior".

Las transcritas normas jurídicas ponen de relieve lo inexacto de la afirmación del accionante acerca de que el Tribunal responsable y el Consejo Estatal Electoral de Chiapas, carecen de facultades para expedir los reglamentos a que alude, pues dichos preceptos son categóricos al conferirles a dichos órganos jurisdiccional y administrativo, respectivamente, la apuntada atribución de expedir disposiciones generales y abstractas, a través de los reglamentos atinentes; reglamentos que, cabe aclarar, constituyen actos legislativos, por cuanto a que participan de los atributos de toda ley, al gozar de naturaleza impersonal, general y abstracta, pero, formalmente no lo son, por provenir de entes distintos al Poder Legislativo.

Así es, sobre esos reglamentos cabe tener presente que contienen normas de carácter general, abstractas e impersonales, cuya finalidad debe ser lograr la aplicación de las disposiciones atinentes del Código Electoral del Estado de Chiapas. Deben estar encaminadas a complementar y ampliar el contenido de la ley, pero siempre guardando una subordinación a está, dada su superior jerarquía y sustento para que aquéllos puedan surgir a la vida jurídica.

Esta atribución, fue establecida por el legislador ante la evidente y amplia naturaleza general y abstracta de la ley, conforme a la cual, existe imposibilidad fáctica de prever todos los supuestos posibles, de manera que, se permite a dichos órganos electoral y jurisdiccional precisar las normas legales, para que, al ser aplicadas, se alcance el objetivo de efectividad deseado por el ente legislativo. Esa potestad de establecer normas reglamentarias de la ley, se encuentra orientada a que tal regulación se haga para lograr su mayor efectividad.

Es por ello que, a los reglamentos citados se les puede concebir como manifestaciones unilaterales de la voluntad discrecional de dichos órganos electoral y jurisdiccional, respectivamente, por haber sido investidos legalmente de potestad o competencia para crear normas jurídicas generales, que desarrollen los principios del Código Electoral emanado del Congreso de la propia Entidad Federativa, a efecto de facilitar su ejecución y observancia; de modo que, desde el punto de vista material, se puede afirmar que tales reglamentos se identifican con la ley porque participan de las mismas características de ella y crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas generales, aunque formalmente no lo sean.

No obstante esa identidad, entre los reglamentos y la ley, existe una notable diferencia en cuanto a su finalidad, porque aquéllos tienden a facilitar la aplicación de la ley, detallándola y, por lo mismo, se constituyen en reglas que, por su propio destino, no entrañan la expresión de la soberanía nacional, como acontece con la ley; por ende, su justificación de origen y vigencia, deriva necesariamente de una norma legal a la que reglamenten.

En razón de lo anterior, el ejercicio de esta atribución debe apegarse el alcance de los mandatos legales, abstenerse de generar antagonismos contra éstos y no alterar el contenido de las disposiciones, pues resulta claro que los reglamentos en comentario, tienen su medida y fundamento en la ley, a cuyo espíritu y estructura deben apegarse estrictamente.

Los reglamentos también encuentran su fundamento, en la exigencia que la realidad impone de desentrañar las prescripciones generales que estatuye la ley, para llevarlas a la práctica. Circunstancia que resulta más apropiada a los órganos que la ejecutan, por cuanto a su naturaleza especializada y por la experiencia adquirida en el desempeño de función pública que tienen encomendada, además la atribución reglamentaria se justifica, desde el punto de vista práctico, por la necesidad de aligerar la tarea del Poder Legislativo, relevándolo de la necesidad de desarrollar y completar en detalle las leyes para facilitar su mejor ejecución; empero, existen materias que sólo pueden ser objeto de la ley y no de los reglamentos.

En este punto, cobran relevancia dos principios: el primero, es el consistente en que las disposiciones contenidas en una ley de carácter formal, no pueden ser modificadas por un reglamento. Este principio se apoya en la autoridad formal de las leyes, contenida en el inciso f), del artículo 72 Constitucional.

El otro principio, es el consistente en que, conforme a la Constitución, hay materias que sólo pueden ser reguladas por una ley, entendiéndose por ésta una en sentido formal, esto es, expedida por el Poder Legislativo.

Cabe apuntar que ante el silencio de la ley, no puede darse la función reglamentaria, pues dicha facultad no tiene más campo de aplicación que el determina la ley; ésta es su límite y como tal, la condiciona a sus términos, dado que la ley establece principios, mientras aquéllos los desarrollan, por lo que puede afirmarse la ley establece mandatos y los reglamentos deben obedecerlos; de manera que no pueden usurpar el dominio de la ley y deben limitarse a desenvolver dichos principios y a fijar los pormenores derivados directamente de sus preceptos.

Sentado lo anterior y precisados los alcances de la facultad reglamentaria que poseen el Tribunal Electoral y el Consejo Estatal Electoral de dicho Estado de Chiapas, en cuyo ejercicio expidieron los artículos 108 y 120 ya transcritos y que sirvieron como fundamento del fallo combatido, es factible estimar que el establecimiento de las disposiciones en cuestión, no rebasan los límites de tal atribución, en la medida de que no contravienen la voluntad del legislador, plasmada en el artículo 277 en que también se apoyó la jurisdicente.

En efecto, como ya quedó puntualizado en líneas pretéritas, el artículo 277, invocado, contempla dos hipótesis diferentes para computar el plazo atinente para la interpretación del medio de impugnación que prevé, a saber: a), a partir del momento en que se haya notificado la determinación correspondiente y b), a partir del instante en que se tenga conocimiento del acto (en su más amplio sentido) impugnado. Sobre el último de los supuestos apuntados, cabe estimar que, como también ya se anticipó y ahora se abunda, el conocimiento es único e indivisible, y una vez que el sujeto cognoscente se apropia de él, entra en su "yo", lo que le permite aceptar o, en su caso, rebatir, impugnar, la existencia de lo que le ha sido transmitido a través de ese conocimiento, si es que no está conforme con su contenido; conocimiento que puede "aprehenderse", asirse, mediante las distintas formas existentes de transmisión o sea, a través de los diferentes medios de comunicación que hay para que se dé ese contacto entre los sujetos que en la misma intervienen.

De modo que, si el conocimiento del acto con el que se disiente, se adquiere por haber estado presente en el momento mismo de su emisión, el que los Reglamentos aludidos así lo establezcan, e inclusive lo califiquen como "notificación" no puede considerarse contravenga la ley que de manera genérica así lo prevé, pues, en todo caso, debe entenderse que esas normas reglamentarias, sin contrariar la ley, sólo detallaron o especificaron la manera de cómo podría efectuarse uno de los tantos supuestos genéricos a que quiso referirse el legislador en la segunda de las posibilidades a que alude el repetido artículo 277, lo que viene a significar que no sea cierta la afirmación que externa el inconforme, acerca de que el conocimiento adquirido por haber concurrido a la sesión en la que se tomó la determinación recurrida, no es válida, dando a entender que porque esa que designa "notificación automática" va contra el texto de la ley, lo cual, como quedó explicado, resulta inexacto, como también resulta carente de veracidad, la diversa aseveración que formula en el sentido de que esa llamada "notificación automática" no es legal, pues como también ya quedó expuesto, la misma se encuentra prevista en las normas reglamentarias que fueron transcritas y que encuentran su apoyo en lo que dispone el citado artículo 277; además de que, tampoco puede aceptarse lo que el promovente en otra parte de sus agravios aduce cuando asegura que la intitulada "notificación automática", sólo constituye una "notificación política", residuo de antiguas disposiciones legales, ya derogadas, tanto en materia federal, como local, toda vez que, contrariando su sentir, como quedó dilucidado, en la legislación electoral federal sí se encuentra prevista esa clase de notificaciones, sucediendo otro tanto en la local, armonizando lo que disponen los repetidos artículos 108 y 120 de los citados Reglamentos, en relación con lo que establece el numeral 277 del Código Electoral del Estado de Chiapas.

Por lo demás, cabe señalar que, en la materia contenciosa electoral, las distintas formas de conocimiento del acto por impugnarse, bien sea a través de una notificación personal, por estrados, por correo certificado, por oficio, o bien a través de la designada "notificación automática", producen los mismos efectos, en tanto aseguran la razonable certeza de que el interesado adquiere pleno conocimiento de la determinación que puede, de ser el caso, recurrir o impugnar; razonable certeza que resulta de la propia naturaleza de la materia electoral, que reviste la de interés público, en virtud de las normas sustantivas que se protegen, las cuales regulan, entre otras cosas, la función estatal de organizar las elecciones de los integrantes de los poderes legislativo y ejecutivo, así como la calificación de tales elecciones. El interés público de la materia que se substancia en dichos procesos hace que no puedan tener igual tratamiento al que reciben aquellos asuntos que sólo ventilan intereses privados verbigracia, el civil y el mercantil en los cuales, por regla general, los únicos medios de comunicación existentes consisten en las notificaciones formales, en las escasas modalidades reguladas en los códigos procesales respectivos, lo cual es explicable, porque es innecesaria la difusión de lo tratado en esos juicios, ya que la materia de ellos atañe únicamente a las partes contendientes. En cambio, en el contencioso electoral, por estar relacionado con actos trascendentes de una contienda electoral, que abarca desde su preparación hasta su resultado, calificación, etcétera, el conglomerado social, así como los órganos de gobierno, están atentos a las decisiones. Incluso, en respuesta a ese interés general, los medios masivos de comunicación procuran difundir oportunamente noticias sobre el contenido de las determinaciones y resoluciones tanto de los órganos encargados de organizar las elecciones, como de los tribunales respectivos.

En suma, dada las características que distinguen al derecho electoral mexicano, las notificaciones o el conocimiento de los actos susceptibles de ser impugnados, no siempre tienen que revestir las formalidades solemnes que en otras materias del derecho se exigen para que las notificaciones de los actos, resoluciones, acuerdos o determinaciones, sean válidas, ya que, como acontece en el justiciable, bastó con que el promovente, por haber concurrido a la sesión del Consejo Electoral en la que se emitió la resolución o acuerdo impugnado, se enterara de su contenido, para que, desde ese momento, estuviera en aptitud de interponer el recurso de revisión concerniente, sin que representara obstáculo para hacerlo, el que en la propia resolución se hubiera acordado que la misma también debía de hacérsele de su conocimiento a través de una notificación formal, ya que esta determinación no podía dejar sin efecto lo que establecen las normas legales de que se ha venido hablando.

Consecuentemente, ha lugar a confirmar el fallo reclamado.

Por lo expuesto y fundado SE RESUELVE:

ÚNICO. Se confirma la resolución dictada el catorce de junio del presente año, por el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, en el expediente TEE/REV/025-A/2000 relativo al recurso de revisión interpuesto por el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, contra la negativa de registrar como su candidata para contender en la elección de gobernador al propio estado, a Irma Consuelo Serrano Castro Domínguez.

NOTIFÍQUESE al instituto político actor por correo, en pieza certificada, en el domicilio que indicó para tal fin en el Estado de Chiapas, en virtud de no haber señalado domicilio en esta ciudad; ello con base en lo que dispone el artículo 29, párrafo 1, y 93, párrafo 2, inciso a) de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; por oficio, al Tribunal responsable, acompañándole copia certificada de la presente resolución; y a los demás interesados a través de los estrados de este Tribunal; lo anterior, con apoyo en lo que disponen los artículos 26, 27, 28 y 29 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; hecho lo cual devuélvanse los documentos atinentes; después, archívese este expediente como asunto total y definitivamente concluido.

Así, por unanimidad de votos, lo resolvieron y firmaron los señores Magistrados José Luis de la Peza, Leonel Castillo González, Eloy Fuentes Cerda, Alfonsina Berta Navarro Hidalgo, quien fue la ponente, José Fernando Ojesto Martínez Porcayo, José de Jesús Orozco Henríquez y Mauro Miguel Reyes Zapata, quienes integran la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. El Secretario General de Acuerdos autoriza y da fe.

MAGISTRADO PRESIDENTE

 

JOSÉ LUIS DE LA PEZA

MAGISTRADO

 

LEONEL CASTILLO GONZÁLEZ

MAGISTRADO

 

ELOY FUENTES CERDA

MAGISTRADA

 

ALFONSINA BERTA NAVARRO HIDALGO

MAGISTRADO

 

JOSÉ FERNANDO OJESTO MARTÍNEZ PORCAYO

MAGISTRADO

 

JOSÉ DE JESÚS OROZCO HENRÍQUEZ

MAGISTRADO

 

MAURO MIGUEL REYES ZAPATA

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS

 

FLAVIO GALVÁN RIVERA