JUICIO DE REVISIÓN CONSTITUCIONAL ELECTORAL

EXPEDIENTE: SUP-JRC-391/2000

ACTOR: PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA

AUTORIDAD RESPONSABLE: H. CONGRESO DEL ESTADO DE YUCATÁN

TERCEROS INTERESADOS: PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, ASÍ COMO LOS CIUDADANOS ELENA DEL ROSARIO CASTILLO CASTILLO Y CARLOS FERNANDO DE JESÚS PAVÓN GAMBOA

MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ DE JESÚS OROZCO HENRÍQUEZ

SECRETARIO: JUAN CARLOS SILVA ADAYA

México, Distrito Federal, a doce de octubre de dos mil. VISTOS para resolver los autos del expediente al rubro citado, relativos al juicio de revisión constitucional electoral promovido por el Partido de la Revolución Democrática, por conducto de su representante, el ciudadano Néstor Andrés Santín Velázquez, en contra del Decreto del Congreso del Estado de Yucatán de treinta y uno de agosto del presente año relativo a la "Ratificación de los actuales consejeros y del secretario técnico del Consejo Electoral del Estado de Yucatán hasta por un período ordinario electoral más", y

R E S U L T A N D O

I. El treinta y uno de agosto del año en curso, el H. Congreso del Estado de Yucatán emitió un Decreto por el que se ratifica para un periodo electoral más a los consejeros ciudadanos y al Secretario Técnico del Consejo Electoral del Estado de Yucatán, el cual fue publicado el primero de septiembre siguiente, en el Diario Oficial del Estado. En dicho decreto se establece:

"EL H. CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE YUCATÁN, D E C R E T A:

ARTÍCULO ÚNICO.- De conformidad con el artículo 86 fracción VI del Código Electoral del Estado de Yucatán, se ratifica para un período Ordinario Electoral más en el cargo de Consejeros Ciudadanos del Consejo Electoral del Estado de Yucatán a las siguientes personas:

PROPIETARIOS

Abog. Elena Del Rosario Castillo Castillo

Lic. Ariel Avilés Marín

Lae. Eduardo Seijo Gutiérrez

Profr. Francisco Javier Villarreal González

Lic. José Ignacio Puerto Gutiérrez

Ing. Carlos Fernando Pavón Gamboa

Profr. William Gilberto Barrera Vera

SUPLENTES

Dr. Jorge Carlos Gómez Palma

C.D. José Abel Peniche Rodríguez

Ing. Russell Amilcar Santos Morales

C.P. Luis Felipe Cervantes González

Dr. Miguel Ángel Alcocer Selem

Lic. Luis Alberto Martín Iut Granados

Asimismo, se ratifica para un Período Ordinario Electoral más, al Secretario Técnico del Consejo Electoral del Estado Licenciado en Derecho Ariel Aldecua Kuk.

T R A N S I T O R I O

ÚNICO.- Publíquese el presente Decreto en el Diario Oficial del Gobierno del Estado.

DADO EN LA SEDE DEL RECINTO DEL PODER LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD DE MÉRIDA, YUCATÁN, ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, A LOS TREINTA Y UN DÍAS DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL

II. El siete de septiembre del presente año, el Partido de la Revolución Democrática, por conducto de su representante, el ciudadano Néstor Andrés Santín Velázquez, promovió juicio de revisión constitucional electoral en contra del decreto precisado en el resultando precedente, expresando lo siguiente:

CONSIDERACIONES DE DERECHO Y

PRECEPTOS LEGALES VIOLADOS

Del análisis de los hechos referidos se llega a la conclusión de que en la resolución que se impugna se presentaron serias violaciones legales.

a).- Se viola en principio, la fracción II del artículo 109 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Yucatán que se refiere a los trámites que deben tener los oficios presentados al H. Congreso del Estado, ya que resulta claro, que sí existieron oficios donde organizaciones sociales o Partidos Políticos proponían la ratificación de los actuales Consejeros Ciudadanos o proponían candidatos a Consejeros Ciudadanos, es un hecho que nunca se dio el trámite correspondiente que obliga a dar a los oficios el citado artículo, ya que en este caso particular, la Mesa Directiva del H. Congreso del Estado, debió dar cuenta al pleno de los oficios recibidos con relación a lo dispuesto en el artículo 86 del Código Electoral del Estado, y turnarlos a la Comisión Permanente de Legislación, Puntos Constitucionales, Gobernación y Asuntos Electorales para los efectos previstos en la fracción II del citado artículo 86.

b).- Se viola el artículo 86 del Código Electoral del Estado porque el Congreso del Estado, al emitir el Decreto por el que ratifica a los actuales Consejeros Ciudadanos por parte de organizaciones sociales y Partidos Políticos, no obstante el hecho que de acuerdo al mismo precepto tenía hasta el próximo 30 de septiembre para hacer las designaciones correspondientes, lo cual lleva a concluir que se conculcaron derechos y prerrogativas de organizaciones sociales y Partidos Políticos. Igualmente resulta violado el citado artículo 86 cuando la ratificación de los Consejeros Ciudadanos, con los nombres de estos y los de los nuevos candidatos propuestos, se debió de elaborar la lista a la que se refiere la fracción II del citado numeral y proceder en términos de la fracción III o en su caso a lo establecido en la fracción IV del artículo 86. Esta circunstancia rompe con el Principio de Igualdad, porque en todo caso, tanto los Consejeros Ciudadanos actuales como los ciudadanos que fueron propuestos para ocupar dicho cargo, tenían los mismos derechos y debieron de tener la misma oportunidad para ocupar el cargo de Consejeros Ciudadanos del Consejo Electoral del Estado, hecho último que no se dio, al romperse las formalidades legales para la designación de los integrantes del mencionado órgano electoral.

c).- Con relación a la ratificación del Licenciado en Derecho Ariel Aldecua Kuk es importante manifestar que se viola el artículo 88 del Código Electoral del Estado ya que no obstante lo dispuesto en la fracción VI del artículo 86 del Código citado, una interpretación lógica, sistemática e incluso funcional del citado ordenamiento jurídico, llevaría a concluir que el Congreso del Estado no tiene facultades para designar o ratificar en su cargo a dicho funcionario.

Las violaciones legales a los preceptos de los ordenamientos jurídicos a los que me he referido, son constitutivos de violación a los artículos 14 y 16 Constitucionales en virtud, de que en la ratificación de los actuales Consejeros Ciudadanos y el Secretario Técnico del Consejo Estatal Electoral del Estado de Yucatán, no se cumplieron las formalidades del procedimiento establecido en la ley además que no se encuentran debidamente fundadas y motivadas por lo que también se quebrantan los artículos 41 y 116 de la Carta Magna al inobservarse los Principios de Legalidad y Constitucionalidad que deben regir todos los actos y resoluciones en materia electoral, con independencia de la naturaleza jurídica del órgano a quién se señala como responsable de dichos actos o resoluciones.

AGRAVIOS

1.- Causa agravio a la parte que represento las violaciones en que incurrió el H. Congreso del Estado de Yucatán, en la resolución que en este acto se impugna en virtud, de que los ordenamientos violados son normas generales de orden público y de observancia obligatoria por lo que toda autoridad está obligada a su observancia y debido cumplimiento.

2.- La ratificación de los actuales Consejeros Ciudadanos y del Secretario Técnico del Consejo Electoral del Estado, conculca en los hechos, el derecho que el artículo 86 del Código Electoral del Estado otorga a mi Partido así como a todos los demás Partidos Políticos y organizaciones sociales, al dejar sin efecto las consecuencias jurídicas de la presentación de propuestas de candidatos a Consejeros Ciudadanos, es decir la posibilidad de que en igualdad de oportunidades, pudieran haber resultado designados Consejeros Ciudadanos del Consejo Electoral del Estado.

3.- Resulta igualmente agraviante para mi Partido el hecho de que la resolución impugnada obstruya uno de los fines que como Partido Político nos otorga la Constitución Federal: Promover la participación del pueblo en la vida democrática, como lo es en este caso, promoviendo una real ciudadanización del órgano superior de dirección del Instituto Electoral del Estado de Yucatán a través de la presentación de propuestas para integrar dicho órgano que el Código sustantivo, otorga como un derecho a organizaciones sociales y Partidos Políticos.

4.- Si se toma en cuenta que la integración de los órganos electorales, constituye un acto de preparación y organización del próximo Proceso Electoral, resulta también agraviante que con la ilegal resolución que se combate, se nos conculque el derecho a participar en la preparación, desarrollo y vigilancia de dicho Proceso Electoral, derecho que nos otorga el artículo 41 Constitucional y el artículo 41 fracción I del Código Electoral del Estado de Yucatán.

III. El catorce de septiembre del año en curso, en la Oficialía de Partes de esta Sala Superior, se recibió oficio sin número, por el cual el Presidente de la Diputación Permanente del H. Congreso del Estado de Yucatán, entre otros documentos, remitió: A) El escrito de demanda de juicio de revisión constitucional electoral signado por el representante del Partido de la Revolución Democrática; B) Copia certificada del dictamen de la Comisión Permanente de Legislación, Puntos Constitucionales, Gobernación y Asuntos Electorales que contiene el proyecto de decreto por el que se ratifica para un período ordinario electoral más en el cargo de consejeros ciudadanos y al Secretario Técnico del Consejo Electoral del Estado de Yucatán a las personas ya mencionadas en el resultando primero; C) Copia certificada del Acta de la Sesión Ordinaria del Pleno de la Quincuagésima Legislatura del Estado de Yucatán, del treinta y uno de agosto del presente año; D) Ejemplar del Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán, del primero de septiembre de dos mil; E) Escrito de tercero interesado que presentan los ciudadanos Roberto Edmundo Pinzón Álvarez y Lucelly del Perpetuo Socorro Alpízar Carrillo, en representación del Partido Revolucionario Institucional; F) Escrito de tercero interesado que presentan los ciudadanos Elena del Rosario Castillo Castillo y Carlos Fernando de Jesús Pavón Gamboa, y G) El informe circunstanciado de ley.

IV. El dieciocho de septiembre del año en curso, el Magistrado Presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación acordó se turnara el expediente al rubro indicado al Magistrado Electoral José de Jesús Orozco Henríquez, para los efectos establecidos en los artículos 19 y 92 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, al cual se dio cumplimiento mediante oficio TEPJF-SGA-1520/2000 de la misma fecha suscrito por el Secretario General de Acuerdos de esta Sala Superior.

V. El once de octubre del año que transcurre, el Magistrado Electoral encargado de la sustanciación y elaboración del proyecto de sentencia acordó: A) Tener por recibido el expediente SUP-JRC-391/2000, radicándolo para su trámite y sustanciación; B) Reconocer la personería del ciudadano Néstor Andrés Santín Velázquez, en representación del Partido de la Revolución Democrática, y por señalado domicilio para oír y recibir notificaciones, así como autorizados para los mismos efectos, a los ciudadanos que precisa en su escrito de demanda; C) Tener por presentados, en su carácter de terceros interesados, al Partido Revolucionario Institucional y a los ciudadanos Elena del Rosario Castillo Castillo y Carlos Fernando de Jesús Pavón Gamboa, expresando los alegatos que precisan en sus respectivos escritos; D) Admitir a trámite la demanda del presente juicio de revisión constitucional electoral, en virtud de que la violación reclamada puede ser determinante para el desarrollo del proceso electoral respectivo, toda vez que de ser fundadas las pretensiones del partido político actor, se dejaría sin efectos la ratificación de los integrantes del Consejo Electoral del Estado, el cual, en términos de los artículos 79 y 84 del Código Electoral del Estado de Yucatán, es el órgano superior de dirección del Instituto Electoral del Estado, depositario de la autoridad electoral y responsable del ejercicio de la función estatal de organizar las elecciones, por lo que, de estar integrado en forma irregular, como lo alega el promovente y atendiendo a las atribuciones que se establecen a su cargo, entre las cuales están las de resolver sobre los convenios de coalición celebrados por los partidos políticos; aprobar el tope máximo de gastos de campaña que puedan erogar los partidos políticos en las elecciones locales, así como el modelo de boleta para las elecciones, el de las actas y los formatos de la demás documentación electoral y ordenar la impresión respectiva; registrar la plataforma electoral que, para cada proceso electoral, presenten los partidos políticos; registrar las postulaciones para Gobernador del Estado y las listas de candidatos a diputados de representación proporcional y, en su caso, supletoriamente la postulación de fórmulas de diputados de mayoría relativa y planillas de ayuntamientos; designar a los consejeros ciudadanos, propietarios y suplentes y a los secretarios técnicos de los consejos distritales y municipales, a propuesta de los partidos políticos y organizaciones sociales; hacer el cómputo estatal de la elección de Gobernador del Estado y expedir la constancia de mayoría respectiva; hacer el cómputo estatal de la elección de diputados por el sistema de representación proporcional, aplicar la fórmula electoral correspondiente, hacer las asignaciones y expedir las constancias respectivas; aplicar la fórmula electoral que corresponda a la votación total de cada municipio, asignar las regidurías de representación proporcional que procedan y expedir las constancias de asignación respectivas, llevan a concluir que la eventual indebida integración de dicho órgano, desde luego, sería determinante para el desarrollo del proceso electoral de mérito, reservándose el estudio de las causales de improcedencia hechas valer para el momento procesal oportuno, y E) Declarar cerrada la instrucción y poner los autos del expediente respectivo en estado de dictar sentencia, y

C O N S I D E R A N D O

PRIMERO. Esta Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es competente para conocer y resolver el presente medio de impugnación en materia electoral, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 99, párrafo cuarto, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 186, fracción III, inciso b), y 189, fracción I, inciso e), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como 4 y 87 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, en virtud de que se trata de un juicio de revisión constitucional electoral promovido por un partido político en contra de la resolución de un Congreso local que actuó como autoridad electoral de una entidad federativa, a efecto de integrar al órgano competente para organizar y calificar los comicios locales.

En efecto, el acto que se impugna consiste en la ratificación de los actuales consejeros ciudadanos y del secretario técnico del Consejo Electoral del Estado de Yucatán hasta por un periodo electoral más, la cual fue realizada por el Congreso de la referida entidad federativa, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 86 del Código Electoral del Estado de Yucatán, lo que implica que la actuación del órgano legislativo local es un acto materialmente administrativo de carácter electoral, lo cual cabe dentro del ámbito material de validez de las disposiciones citadas, como se razona a continuación.

En primer término, es necesario señalar que se reconoce ampliamente tanto por la jurisprudencia del poder judicial federal como por la doctrina, que los poderes públicos realizan actos que pueden ser considerados desde dos puntos de vista: Uno formal y otro material. El primero, el formal, atiende a la naturaleza propia del órgano que emite el acto, en tanto que el segundo, el material, atiende a la naturaleza intrínseca del propio acto, a efecto de considerarlo administrativo, legislativo o jurisdiccional.

En el presente caso, si bien el acto impugnado es un acto formalmente legislativo, al haber sido emitido por el Congreso del Estado de Yucatán, lo cierto es que se trata de un acto materialmente administrativo electoral, a través del cual se ejerce una atribución prevista en una ley, ya que, en la especie, se está frente a la ratificación de los integrantes de los consejeros ciudadanos y el secretario técnico que integran el Consejo Electoral del Estado de Yucatán, por dicha legislatura local, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 86, fracción VI, del Código Electoral del Estado de Yucatán.

Ahora bien, en el presente asunto es inconcuso que se está frente a un acto, genéricamente considerado, que es determinante para el desarrollo del proceso electoral respectivo, consistente en la señalada ratificación, la cual finalmente se traduce en la integración del órgano superior de dirección del Instituto Electoral del Estado de Yucatán, mismo que, en términos del artículo 79 del código electoral local, es un organismo público autónomo, de carácter permanente, con personalidad jurídica y patrimonio propios, depositario de la autoridad electoral y responsable del ejercicio de la función estatal de organizar las elecciones. Esta misma aserción se puede corroborar a través de lo preceptuado en el artículo 84 del referido ordenamiento electoral local, en el cual se dispone que el Consejo Electoral del Estado es el órgano superior de dirección, responsable de vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en materia electoral, así como de velar porque los principios de certeza, legalidad, imparcialidad y objetividad determinen todas las actividades del Instituto Electoral del Estado.

La determinación del Congreso local relativa a la integración del Consejo Electoral del Estado, a través de la ratificación de sus actuales miembros, se constituye en un acto de carácter evidentemente electoral que se dictó en preparación al proceso electoral que habrá de iniciar en el presente mes de octubre. En este sentido, la ratificación que realizó el poder legislativo local, respecto de los consejeros ciudadanos y el secretario ejecutivo integrantes del Consejo Electoral del Estado de Yucatán, es un acto que debe considerarse propiamente de organización y preparación de las elecciones, en un sentido amplio y no únicamente restringido a los actos que, ya iniciado el proceso electoral, se llevan a cabo previamente al día en que habrá de realizarse la jornada electoral correspondiente.

En efecto, la integración del referido órgano electoral local no puede ser entendido de otra forma, pues evidentemente el propósito de integrar al órgano superior de dirección del organismo electoral local responsable del ejercicio de la función estatal de organizar las elecciones, se constituye en un acto de preparación a lo que habrá de ser el proceso electoral en esa entidad federativa, máxime que, en el artículo 86 del Código Electoral del Estado de Yucatán, se dispone que los consejeros ciudadanos serán designados por el Congreso del Estado, a más tardar el último día de septiembre del año previo al de la elección, es decir, en el mes previo a aquel en que inicia el proceso electoral, en términos del artículo 144 del mismo ordenamiento electoral local. Esta inmediatez entre el nombramiento de los integrantes del Consejo Electoral del Estado y el inicio del proceso electoral local, evidencia que la determinación que se toma respecto de cómo habrá de quedar integrado el referido Consejo, es un acto tendente precisamente a la organización del proceso electoral respectivo que se realiza en preparación de la elección, pues efectivamente ese es el sentido que tiene, atendiendo a una interpretación sistemática y funcional del referido artículo 86, más no sólo a una interpretación gramatical del artículo 144 del código electoral local, como la que pretende el Partido Revolucionario Institucional al acudir como tercero interesado.

Lo anteriormente razonado lleva a considerar que el Congreso del Estado de Yucatán, exclusivamente respecto del acto impugnado en el presente medio de impugnación que materialmente constituye un acto administrativo por el cual se ejerce una atribución prevista previamente en una ley, para designar, o bien, ratificar a los integrantes del Consejo Electoral del Estado, es autoridad electoral responsable para efectos del juicio de revisión constitucional electoral y, como consecuencia de ello, el acto que impugna el ahora actor es susceptible de ser objeto de conocimiento de esta Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en términos de lo señalado en los artículos 99, párrafo cuarto, fracción IV, de la Constitución federal; 186, fracción III, inciso b), y 189, fracción I, inciso e), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como 4 y 87 de la ley adjetiva federal.

Ahora bien, es necesario tener en consideración que en la iniciativa de reformas y adiciones en materia electoral y del Distrito Federal, a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentada por los coordinadores de los Grupos Parlamentarios de los partidos políticos representados en la Cámara de Senadores, así como por el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, el veinticinco de julio de mil novecientos noventa y seis, expresamente se proponía que el Tribunal Electoral también conociera de aquellos actos o resoluciones de las autoridades electorales locales que vulneraran los preceptos establecidos en la propia Constitución federal.

Asimismo, en la iniciativa se señaló que el mecanismo que se proponía es respetuoso de nuestro sistema federal, al prever que esta vía sólo procediera cuando hubiera violaciones directas a la Constitución federal y en casos determinados que, por su trascendencia, ameritaran ser planteados ante esta instancia jurisdiccional.

Sobre el particular, en el Dictamen a la minuta con proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, elaborado por las Comisiones Unidas de Gobernación, Primera Sección, Puntos Constitucionales, Distrito Federal y Estudios Legislativos, Primera Sección, de la Cámara de Senadores, respecto de la iniciativa antes precisada, particularmente cuando se hace referencia al perfeccionamiento de la justicia electoral, se sostuvo lo siguiente:

El concepto de "justicia electoral" posee varias connotaciones. En su acepción más difundida alude a los diversos medios jurídicos y técnicos de control, para garantizar la regularidad de las elecciones al efecto de corregir errores o infracciones electorales. La finalidad esencial ha sido la protección auténtica o tutela eficaz del derecho a elegir o bien, a ser elegido para desempeñar un cargo público, mediante un conjunto de derechos establecidos a favor de los ciudadanos, candidatos o partidos políticos, para pedir o enmendar cualquier violación que afecta la libre expresión de la voluntad ciudadana manifestada a través del voto.

En un sentido amplio, la "justicia electoral" se refiere a todas aquellas medidas encaminadas a la realización de la democracia representativa, mediante la celebración de elecciones periódicas y justas, a través del sufragio universal, libre y secreto para alcanzar una adecuada integración de los órganos de representación política, que garanticen y fomenten la libertad de asociación, reunión y expresión de las ideas políticas, acceso equitativo al financiamiento de las campañas y respeto al pluralismo.

...

El proceso de juridicidad del derecho no es ajeno a la expectativa liberal de limitación del poder, sometiéndolo al derecho. No basta, para completar el panorama de la nueva legitimación liberal del poder, con que su ejercicio quedara sometido al derecho, es necesario igualmente que el propio acceso al poder se realice mediante un procedimiento reglado. Las normas que disciplinan los procesos electorales tienen que configurarse como verdaderas normas jurídicas para que pueda hablarse de un verdadero Estado de derecho. Debemos recordar que el principio de legalidad es piedra angular sobre la que se levantan las elecciones.

.../

Las normas que disciplinan los procesos electorales tienen que configurarse como verdaderas normas jurídicas para que pueda hablarse de un verdadero Estado de Derecho. Debemos recordar siempre que el principio de legalidad es la piedra angular sobre la que se levantan las elecciones y cuya observancia es de importancia fundamental en todo estado de Derecho, ya que constituye la adecuación de toda conducta, a los vigentes ordenamientos jurídicos.

Es por ello que todas las fases del proceso electoral deben ajustarse estrictamente a las normas jurídicas aplicables y a su recta interpretación, desde la fase previa del registro y empadronamiento de los ciudadanos con derecho al sufragio, hasta la etapa casi final de la decisión de los recursos y el paso definitivo de la calificación electoral. En ningún momento el proceso electoral debe abandonar el cauce legal. Debemos evitar de una vez y para siempre que los conflictos postelectorales se diriman al margen del derecho y que se destierren las negociaciones cupulares que negocian, al margen de la voluntad ciudadana, los votos emitidos.

En estos momentos, cuando efectivamente se trata de someter al derecho y a la revisión de los tribunales el acceso al poder además de su ejercicio, se pretende completar el circulo que delimita la legitimidad y la legalidad democráticas. El poder al que se le exige legitimidad por el origen y legitimidad en el ejercicio, las consigue mediante el sometimiento a la legalidad, misma que garantiza la justicia en los procesos de acceso al poder y la democraticidad de los mismos. Por ello mismo, se busca que el principio de legalidad quede plenamente incorporado a nuestra legislación electoral.

En este sentido, las propuestas que contiene la iniciativa que hoy se dictamina representan un avance trascendental para la consolidación de una verdadera justicia electoral. Por principio de cuentas, se incorpora plenamente el Tribunal Federal Electoral al poder judicial de la federación y lo hace como un órgano especializado del mismo y a sus integrantes se les dará el mismo tratamiento que a los demás integrantes de este poder.

...

Conforme con lo antes expuesto, al establecerse en el artículo 99, párrafo cuarto, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que al Tribunal Electoral le corresponde resolver, en forma definitiva e inatacable, en los términos de la Constitución y según lo disponga la ley, sobre las impugnaciones de actos o resoluciones definitivos y firmes de las autoridades competentes de las entidades federativas para organizar y calificar los comicios, que puedan resultar determinantes para el desarrollo del proceso respectivo o el resultado final de las elecciones, debe interpretarse en forma amplia y no limitada, pues no proceder así implicaría ir en contra del propósito perseguido por el poder revisor de la Constitución, al realizar las reformas constitucionales en materia electoral en mil novecientos noventa y seis, en el sentido de sujetar cualquier acto relativo a la organización y realización de las elecciones para renovar a los poderes públicos, tanto federales como locales, al principio de legalidad, y para lo cual es necesario que, en caso de existir una posible irregularidad, la misma sea sometida al conocimiento del órgano jurisdiccional correspondiente a efecto de que exista pleno respeto del mismo. En este sentido, es importante tener presente que en dicho dictamen expresamente se evidencia el propósito de que respecto de "todas aquellas medidas encaminadas a la realización de la democracia representativa" (por lo cual es claro que la integración de un organismo electoral, en ejercicio de una atribución legal, es decir, que estaba prevista en una ley, es una de esas medidas), se debe permitir la actualización de ese control de constitucionalidad contemplado en la Constitución federal a cargo de la Sala Superior, para que revise "la adecuación de toda conducta", si bien no propiamente realizada dentro de una de "las fases del proceso electoral", pero que por la relevancia del acto de autoridad, genérica y materialmente entendido como administrativo, realizado por el Congreso del Estado de Yucatán, desde luego, es susceptible de impugnarse por medio del juicio de revisión constitucional electoral, ya que nítidamente está comprendido en el ámbito material de validez de la norma constitucional en la que se prevé la competencia genérica del Tribunal Electoral ["...actos ...definitivos y firmes de las autoridades competentes de las entidades federativas para organizar y calificar los comicios o resolver las controversias que surjan durante los mismos, que puedan resultar determinantes para el desarrollo del proceso respectivo..." (artículo 99, párrafo cuarto, fracción IV) ]. En este orden de ideas, debe tenerse presente que el recto sentido de la norma por la cual se delinea la competencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y que ahora aquí se estudia para considerar que está comprendido el acto realizado por el Congreso del estado de Yucatán, viene delimitado también por el principio que parte del artículo 17, párrafos primero y segundo, de la Constitución federal, cuando se establece que está prohibida la autocomposición y se establece el derecho a la tutela judicial efectiva para el individuo.

Además, en adición a lo antes señalado, es necesario precisar que en el artículo 41, párrafo cuarto, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el poder revisor de la Constitución dispuso que para garantizar los principios de constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones electorales, se establecería un sistema de medios de impugnación, que tendría entre sus propósitos el de dar definitividad a las distintas etapas de los procesos electorales.

En este mismo sentido, el artículo 86 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral debe ser interpretado atendiendo a lo dispuesto en los artículos 2 y 3 de la misma ley, es decir, cuando, en el primero de los citados artículos, se dispone que el juicio de revisión constitucional electoral procederá para impugnar actos o resoluciones de las autoridades competentes en las entidades federativas para organizar y calificar los comicios locales, en una interpretación sistemática y funcional, así como considerando que el sistema de medios de impugnación en materia electoral tiene por objeto garantizar que todos los actos y resoluciones de las autoridades electorales se sujeten invariablemente, según corresponda, a los principios de constitucionalidad y de legalidad, es necesario considerar que en el caso concreto, como ya se ha señalado, el Congreso del Estado de Yucatán actuó como autoridad electoral, teniendo presente que la ratificación que realizó, respecto de los consejeros ciudadanos y el secretario ejecutivo integrantes del Consejo Electoral del Estado de Yucatán, es un acto que debe considerarse como de organización de las elecciones, en un sentido amplio, sin restringirlo únicamente a los actos que, dentro del proceso electoral, se llevan a cabo previamente al día en que habrá de realizarse la jornada electoral correspondiente.

Asimismo, es necesario tener presente la tesis relevante de esta Sala Superior, identificada con la clave S3EL 040/97, cuyo rubro es PRINCIPIO DE LEGALIDAD ELECTORAL, visible en las páginas 58 y 59 de Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Suplemento N 1, año 1997, y en la cual se sostiene que, de conformidad con las reformas a los artículos 41, fracción IV; 99, párrafo cuarto; 105, fracción II, y 116, fracción IV, incisos b) y d), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en términos de los artículos 186 y 189 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y 3o. de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, se estableció un sistema integral de justicia en materia electoral cuya trascendencia radica en que, por primera vez, en el orden jurídico mexicano se prevén los mecanismos para que todas las leyes, actos y resoluciones electorales se sujeten invariablemente a lo previsto en la Constitución federal y, en su caso, las disposiciones legales aplicables, tanto para proteger los derechos político electorales de los ciudadanos mexicanos como para efectuar la revisión de la constitucionalidad o, en su caso, legalidad de los actos y resoluciones definitivos de las autoridades electorales federales y locales.

Interpretar de otra manera las disposiciones antes referidas, como lo pretenden sostener los terceros interesados y la propia autoridad responsable, implicaría que pudieran existir actos o resoluciones evidentemente de carácter electoral, con trascendencia en el desarrollo del proceso electoral y en el resultado mismo de los comicios, que no podrían ser del conocimiento y resolución por parte del órgano jurisdiccional electoral federal, lo que implicaría que en esos casos pudieran darse violaciones al principio de legalidad, que no serían susceptibles de ser impugnadas y, en su caso, reparadas a través de uno de los medios de impugnación en materia electoral previstos constitucional y legalmente, con lo que se estaría desatendiendo el propósito del constituyente permanente, mismo que ha quedado evidenciado en las citas antes precisadas.

Conforme con lo anteriormente razonado, es claro que esta Sala Superior tiene competencia para conocer y resolver respecto de la impugnación planteada en contra de la ratificación de los consejeros ciudadanos y el secretario ejecutivo que integran el Consejo Electoral del Estado de Yucatán, determinada por el Congreso del Estado.

SEGUNDO. Por ser de orden público y porque, de resultar fundadas resultaría innecesario el estudio de fondo del presente asunto, se analizan previamente las causas de improcedencia que hacen valer tanto la autoridad responsable, en su informe circunstancido, como el Partido Revolucionario Institucional, así como los ciudadanos Elena del Rosario Castillo Castillo y Carlos Fernando de Jesús Pavón Gamboa, estos tres últimos en su carácter de terceros interesados, las cuales consisten en lo siguiente:

A. El Partido Revolucionario Institucional hace valer la causa de improcedencia consistente en la falta de personería del promovente del presente medio de impugnación, toda vez que, entre los supuestos jurídicos para acreditar la personería, se encuentran el que esté inscrito ante el órgano electoral responsable o que existan ciertos antecedentes, como el haber interpuesto un recurso anteriormente, o bien, que su personalidad derive de los estatutos del partido recurrente, supuestos en los que, desde el punto de vista del tercero interesado, no se encuentra el promovente.

Por otro lado, los ciudadanos Elena del Rosario Castillo Castillo y Carlos Fernando de Jesús Pavón Gamboa, haciendo valer la misma causal, aducen que la personalidad del promovente no cubre las formalidades de ley exigidas, pues, desde su perspectiva, no basta con que se presente copia certificada de un nombramiento expedido por un funcionario nacional partidista, si ésta no viene acompañada de los documentos básicos, como el acta por la cual se haya otorgado el cargo a dicha persona e, inclusive, la fundamentación en la que aquél se base para emitir dicho nombramiento.

Dicha causal resulta inatendible por las razones siguientes:

Contrariamente a lo argumentado por el Partido Revolucionario Institucional, el promovente del presente medio impugnativo sí tiene representación suficiente, porque de los estatutos del partido enjuiciante se desprende lo siguiente:

Artículo 38

El Presidente nacional del partido tendrá las siguientes facultades:

...

II. Ser el representante legal del Partido;

...

Artículo 49

"Corresponde al Comité Ejecutivo Estatal:

I. Representar al Partido a nivel estatal, y a nivel municipal cuando no se hayan integrado debidamente los órganos de representación de acuerdo con este Estatuto;

...

Artículo 51

"El presidente del partido en el estado representa permanentemente al Comité Ejecutivo Estatal y será aquel que encabece la planilla en la elección de consejeros estatales.

De lo anterior se desprende que: a) El Presidente nacional del Partido de la Revolución Democrática es quien ostenta la representación legal del mismo; b) El Comité Ejecutivo Estatal representa al partido en el ámbito estatal, y c) El presidente del partido en el Estado representa permanentemente al Comité Ejecutivo Estatal.

Teniendo en cuenta los preceptos estatutarios antes precisados y considerando que, entre los elementos que obran en autos, existe una copia certificada por el notario público número 25 de la ciudad de Mérida, Yucatán, precisamente de la constancia extendida por la Presidenta Nacional del Partido de la Revolución Democrática, en la cual se establece que el ciudadano Nestor Andrés Santín Velásquez, promovente del presente medio de impugnación electoral, es el Presidente del Comité Ejecutivo Estatal, esta Sala Superior estima que dicho documento resulta suficiente para acreditar su personería, toda vez que el mismo se encuentra suscrito por la Presidenta Nacional del Partido de la Revolución Democrática, quien, según se evidenció, es la representante legal de dicho instituto político, por lo que es inconcuso que la constancia exhibida por el promovente es suficiente para tener por acreditada la personería en el presente juicio.

B. Igualmente, los ciudadanos Elena del Rosario Castillo Castillo y Carlos Fernando de Jesús Pavón Gamboa señalan que el juicio de revisión constitucional electoral promovido por el Partido de la Revolución Democrática es extemporáneo, toda vez que fue promovido fuera de los plazos a que se hace referencia en la fracción I del artículo 7 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, considerando que, en los procesos electorales, todos los días y horas son hábiles y se computan de momento a momento. De esta manera, a juicio de dichos ciudadanos, si el ciudadano Néstor Andrés Santín Velázquez, en representación del partido enjuiciante, el siete de septiembre del presente año promovió el presente juicio, es decir, seis días después de que se publicó el acto impugnado en el Diario Oficial del Gobierno del Estado, es claro que esto se contrapone a lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

Resulta inatendible la causa de improcedencia del juicio de revisión constitucional electoral antes alegada, por lo siguiente:

En los artículos 7 y 8 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, se dispone lo siguiente:

ARTICULO 7

1. Durante los procesos electorales todos los días y horas son hábiles. Los plazos se computarán de momento a momento y si están señalados por días, estos se considerarán de veinticuatro horas.

2. Cuando la violación reclamada en el medio de impugnación respectivo no se produzca durante el desarrollo de un proceso electoral federal o local, según corresponda, el cómputo de los plazos se hará contando solamente los días hábiles, debiendo entenderse por tales todos los días a excepción de los sábados, domingos y los inhábiles en términos de ley.

ARTICULO 8

1. Los Medios de Impugnación previstos en esta ley deberán presentarse dentro de los cuatro días contados a partir del día siguiente a aquel en que se tenga conocimiento del acto o resolución impugnado, o se hubiese notificado de conformidad con la ley aplicable, salvo las excepciones previstas expresamente en el presente ordenamiento.

A efecto de determinar si la demanda fue o no presentada en tiempo, es imperioso precisar previamente si en la fecha en que se presentó la misma se estaba o no en proceso electoral, puesto que de esta definición se arribará a la conclusión acerca de si el plazo de cuatro días que se prevé en el artículo 8 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, para presentar la demanda, se computa en días hábiles o en días naturales, atento a lo que se dispone en el artículo 7, párrafo 1, de la misma ley.

En la especie, en el artículo 143, párrafo primero, del Código Electoral del Estado de Yucatán, se precisa:

"El proceso electoral se inicia en el mes de Octubre del año previo al de la elección y concluye con la declaración de mayoría y validez de la elección de Gobernador del Estado"

...

Ahora bien, del numeral antes citado, se advierte que las etapas del proceso electoral local son las siguientes: a) La preparación de la elección; b) La jornada electoral, y c) Los resultados y declaraciones de mayoría y validez de las elecciones.

Por otro parte, en el artículo 144 del ordenamiento antes invocado, se establece:

"La etapa de preparación de la elección se inicia con la sesión de instalación del Consejo Electoral del Estado, celebrada dentro de los primeros quince días del mes de Octubre del año previo al de la elección y concluye al iniciarse la jornada electoral"

De lo que antecede, este órgano jurisdiccional concluye que el proceso electoral en el Estado de Yucatán se inicia dentro de los primeros quince días del mes de octubre y concluye con los resultados y declaraciones de mayoría y validez de las elecciones, siempre y cuando dichos actos no sean impugnados, puesto que, de serlo, dicho proceso electoral quedará concluido hasta el momento en que se resuelva el último de los medios de impugnación interpuestos.

Por lo razonado, se debe colegir que el cómputo del término corrió a partir del cuatro de septiembre del referido año, primer día hábil posterior a la publicación en el periódico oficial de la entidad federativa de referencia, y venció justamente el día en que se presentó el escrito de demanda aludido, es decir, el siete de septiembre del presente año, toda vez que los cuatro días a los que hace referencia el artículo 8 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, en el presente caso, deberán ser considerados como días hábiles, por no haberse iniciado todavía el proceso electoral, por lo que los días dos y tres de septiembre del año en curso, por ser sábado y domingo, respectivamente, no deberán ser contabilizados para efectos del cómputo del término, puesto que, como ya quedó establecido, el proceso electoral en el Estado de Yucatán no había comenzado, por lo que es incuestionable que el juicio de revisión constitucional se presentó dentro de los cuatro días contados a partir del día siguiente a aquel en que se notificó el acto ahora impugnado, concretamente a través de la publicación del mismo en el Diario Oficial del Estado de Yucatán, el viernes primero de septiembre del año en curso, de conformidad con el artículo 8 de la citada ley general.

C. Por otra parte, el Partido Revolucionario Institucional aduce, como causa de improcedencia del presente medio de impugnación, la inobservancia del principio de definitividad, ya que, asegura el compareciente, el recurrente omite señalar que la resolución impugnada es un decreto debidamente promulgado donde actúan otras autoridades, específicamente el Gobernador Constitucional del Estado, promulgando dicho acto, y el Secretario General de Gobierno, refrendando ese acto de autoridad; entonces, según el tercero interesado, si se pretende dar el carácter de autoridad electoral al H. Congreso del Estado, también habría que dársela al Ejecutivo del mismo, hecho que refuerza la idea de la existencia de otros medios de defensa que permite la Constitución federal. Adicionalmente, sostiene el tercero interesado que el acto que se reclama no puede considerarse como un acto preparatorio de la elección, porque en el artículo 144 del Código Electoral de Yucatán se determina que esa etapa inicia con la instalación del Consejo Electoral del Estado y no con la designación o ratificación de los mismos.

Dicha causa de improcedencia, de igual manera, resulta inatendible, por lo siguiente:

El principio de definitividad refiere que, para poder impugnar un acto o resolución, es necesario que se hayan agotado en tiempo y forma todas las instancias previas establecidas en las leyes para combatir dichos actos o resoluciones y que sean aptas para modificar, revocar o anular el acto de autoridad.

En este sentido, como ha quedado debidamente razonado en el considerando anterior, el acto de que se inconforma el ahora impugnante debe considerarse un acto electoral, y al Congreso del Estado de Yucatán como autoridad responsable del mismo. De igual forma, es necesario precisar que respecto del acto impugnado, no existe en la Constitución local, ni en el Código Electoral de dicha entidad federativa, alguna instancia o medio de defensa a los que el ahora actor hubiese podido acudir para inconformarse con tal acto, por lo que se concluye que el Decreto que hoy se combate deviene en un acto definitivo y firme contra el cual no existe medio ordinario de defensa en el ámbito local, por lo que se surte la procedencia del medio que ahora se resuelve, según deriva del análisis del artículo 311 del Código Electoral del Estado de Yucatán, en el cual se prevén los supuestos de procedencia de los recursos de revisión, apelación, inconformidad y reconsideración, sin que dentro de los mismos figure alguno por el que se pueda considerar que el ahora promovente antes de acudir a esta instancia debía agotar alguno de dichos medios de impugnación electoral locales.

En cuanto a los argumentos relativos a que el acto impugnado no puede ser considerado como un acto preparatorio de la elección y que además intervinieron otras autoridades (como el Gobernador del Estado y el Secretario de Gobierno), es necesario aclarar que el referido Congreso local es la única autoridad que debe considerarse como autoridad responsable en el presente asunto, ya que fue la única que directamente actúo en aplicación del artículo 86 del código electoral local, mientras que el Poder Ejecutivo local no tiene posibilidad de intervenir en las decisiones de carácter electoral que adopta dicho órgano colegiado, como lo pretende el Partido Revolucionario Institucional, al comparecer como tercero interesado, pues contrariamente a lo alegado por este último instituto político, el decreto promulgatorio del Gobernador Constitucional del Estado de Yucatán, así como el refrendo del Secretario de Gobierno del mismo, no constituyen actos de decisión respecto de la ratificación de los consejeros ciudadanos y secretario ejecutivo del Consejo Electoral del Estado de Yucatán, determinada por el Congreso de dicha entidad federativa, en atención a lo dispuesto en el artículo 41 de la Constitución Política del Estado de Yucatán, en el cual expresamente se dispone lo siguiente:

Artículo 41.

El Ejecutivo del Estado no puede hacer observaciones a las resoluciones del Congreso, cuando éste acuerde la prórroga de sus sesiones o ejerza funciones de Cuerpo Electoral o de Jurado.

De tal forma, al haber actuado el Congreso del Estado de Yucatán como cuerpo electoral, es decir, como una autoridad de carácter electoral, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 30, fracción XVI, de la Constitución Política del Estado de Yucatán, y 86 del Código Electoral del mismo Estado, la decisión que adoptó respecto de la designación de los integrantes del Consejo Electoral del Estado no era susceptible de ser objeto de observaciones por parte del titular del Poder Ejecutivo local, y mucho menos de ser vetada o rechazada por éste último. De esta forma, la promulgación realizada por el Poder Ejecutivo del Estado de Yucatán simplemente tiene el propósito de que se publique en el Diario Oficial de dicha entidad federativa, a efecto de que sea del conocimiento de los ciudadanos del Estado, además de que se dé cumplimiento a lo determinado por el Congreso Electoral local. Todo lo anterior evidencia lo inatendible de los argumentos expresados sobre el particular, por el Partido Revolucionario Institucional como tercero interesado.

D. En lo que respecta a la causa de improcedencia hecha valer por la autoridad responsable en su informe circunstanciado, en el sentido de que el presente medio de impugnación debe desecharse por frívolo y notoriamente improcedente al no surtirse la competencia de esta Sala Superior para conocer de la presente controversia, dicha alegación resulta inatendible, toda vez que como ya ha quedado expresado, esta Sala sí es competente para resolver sobre el particular por las razones señaladas con anterioridad, que en obvio de repeticiones innecesarias se tienen aquí por reproducidas.

TERCERO. De la lectura integral del escrito de demanda presentado por el Partido de la Revolución Democrática, y atendiendo a lo dispuesto en la tesis de jurisprudencia J.2/98, Tercera Época, Sala Superior, cuyo rubro es "AGRAVIOS. PUEDEN ENCONTRARSE EN CUALQUIER PARTE DEL ESCRITO INICIAL", visible en las páginas 11 y 12 de Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, suplemento número 2, año 1998, se advierte que el partido político actor alega que la resolución impugnada le causa agravio, en virtud de ser violatoria de los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que en el procedimiento de ratificación de los actuales consejeros ciudadanos y el secretario técnico del Consejo Estatal Electoral del Estado de Yucatán, no se cumplieron las formalidades del procedimiento establecido en la ley, además de que dicha ratificación no se encuentra debidamente fundada y motivada, por lo que también se viola lo dispuesto en los artículos 41 y 116 de la Constitución federal al inobservarse los principios de legalidad y constitucionalidad que deben regir todos los actos y resoluciones en materia electoral, en razón de lo siguiente:

I. Esgrime el partido político actor que se viola la fracción II del artículo 109 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Yucatán, en la cual se hace referencia a los trámites que deben agotarse en relación con los oficios presentados al H. Congreso del Estado, ya que no obstante que se presentaron ciertos oficios donde organizaciones sociales o partidos políticos proponían la ratificación de los actuales consejeros ciudadanos o nuevos candidatos a consejeros ciudadanos, lo cierto es que nunca se dio el trámite correspondiente previsto en el citado artículo, consistente en que la Mesa Directiva del H. Congreso del Estado diera cuenta al pleno con los oficios recibidos relacionados con lo dispuesto en el artículo 86 del Código Electoral del Estado, y los turnara a la Comisión Permanente de Legislación, Puntos Constitucionales, Gobernación y Asuntos Electorales, para los efectos previstos en la fracción II del citado artículo 86.

II. Aduce el enjuiciante que se viola lo dispuesto en el artículo 86 del Código Electoral del Estado, porque el Congreso local, al emitir el Decreto por el que ratifica a los actuales consejeros ciudadanos y al secretario técnico del Consejo Electoral del Estado, no esperó el vencimiento del plazo que se establece en el citado numeral para la presentación de propuestas de consejeros ciudadanos por parte de organizaciones sociales y partidos políticos, no obstante que, de acuerdo con el mismo precepto, tenía la obligación de esperarse hasta el treinta de septiembre para hacer las designaciones correspondientes, por lo que se conculcó el referido derecho de las organizaciones sociales y partidos políticos.

III. Alega el partido político impetrante que también se viola el artículo 86 del Código Electoral del Estado de Yucatán, al no observarse las formalidades legales para la designación de los integrantes del mencionado órgano electoral, toda vez que la ratificación de los consejeros ciudadanos se realizó por mayoría simple y no con la mayoría calificada a que se hace referencia en la fracción III del citado precepto, ni tampoco por insaculación. Al efecto, el actor esgrime que la responsable ignoró que además de las propuestas de ratificación, existían propuestas de nuevos candidatos, por lo cual debió elaborar la lista a que se alude en la fracción II del citado numeral y proceder, en términos de la fracción III o, en su caso, de lo establecido en la fracción IV del artículo 86 del mismo ordenamiento legal. Dicha circunstancia, estima el ahora impugnante, rompe con el principio de igualdad, porque, en todo caso, tanto los consejeros ciudadanos actuales como los ciudadanos que fueron propuestos para ocupar dicho cargo, tenían los mismos derechos y debieron tener la misma oportunidad para ocupar el cargo de consejeros ciudadanos del Consejo Electoral del Estado.

IV. Por último, aduce el partido político actor que se viola el artículo 88 del Código Electoral del Estado de Yucatán, porque una interpretación lógica, sistemática e, incluso, funcional de lo dispuesto en la fracción VI del diverso artículo 86 del código citado, llevaría a concluir que el Congreso del Estado no tiene facultades para designar o ratificar en su cargo al secretario técnico del Consejo Electoral del Estado de Yucatán.

Esta Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación considera que los agravios que se resumen en los numerales anteriores son, en una parte, fundados y, por otra, inoperantes, según se precisa en cada caso y de acuerdo con lo que se razona a continuación:

Previamente al estudio de cada uno de los agravios antes precisados, es necesario tener presente el contenido del artículo 86 del Código Electoral del Estado de Yucatán, en donde se prevé el procedimiento de designación de los consejeros ciudadanos del Consejo Electoral del Estado de Yucatán, toda vez que los argumentos centrales se refieren a la interpretación y aplicación que debe observarse respecto de dicho precepto legal.

Artículo 86

Los consejeros ciudadanos serán designados por el Congreso del Estado, a más tardar el último día del mes de Septiembre del año previo al de la elección, de acuerdo a las bases siguientes:

I. Las organizaciones sociales y los partidos políticos podrán proponer al Congreso del Estado hasta tres candidatos a Consejeros ciudadanos a más tardar el día último del mes de Agosto del año previo al de la elección.

Las organizaciones sociales y los partidos políticos deberán anexar a sus propuestas los documentos que acrediten que sus candidatos reúnen los requisitos exigidos por este Código, para ser Consejeros ciudadanos, así como la carta de aceptación de los mismos.

Para los efectos de este Código, las organizaciones sociales deberán reunir los siguientes requisitos:

1. Estar constituidas, registradas o inscritas, según el caso, conforme a la Ley;

2. Tener cuando menos cinco años de haberse conformado;

3. No perseguir fines lucrativos ni manifestar o haber manifestado ostensiblemente tendencias partidistas;

4. No estar supeditadas ni vinculadas a ninguna religión; y

5. Tener como objeto o fin la realización de actividades de carácter cultural, profesional, social o altruista;

II. Recibidas las propuestas, el Congreso del Estado turnará la totalidad a la Comisión Permanente de Legislación, Puntos Constitucionales, Gobernación y Asuntos Electorales, la cual formulará la lista con los nombres de las personas que reúnan los requisitos de ley;

III. De la lista de las personas nominadas, los diputados en sesión plenaria elegirán en forma secreta y por mayoría de las cuatro quintas partes de los presentes a los siete consejeros ciudadanos propietarios y siete consejeros ciudadanos suplentes;

IV. De no haberse logrado la elección de los siete consejeros ciudadanos propietarios y suplentes, con la mayoría señalada en la fracción que antecede, se procederá para completar el número de consejeros, a la insaculación de los que falten hasta integrar el número exigido por este Código.

La insaculación se verificará entre la totalidad de las personas nominadas en la lista turnada al Pleno, a excepción de las ya elegidas;

V. Los consejeros ciudadanos suplentes serán convocados en su caso, para formar parte del Consejo Electoral del Estado, de acuerdo al orden sucesivo que hayan ocupado en la lista de suplencia;

VI. Los Consejeros Ciudadanos Propietarios y Suplentes y el Secretario Técnico del Consejo Electoral del Estado durarán en su cargo, dos procesos electorales ordinarios, pudiendo ser ratificados por el Congreso del Estado para un período más.

Por razón de método, el estudio de los agravios que han quedado precisados se hará en orden cronológico con respecto de las presuntas violaciones al procedimiento de designación aducidas por el actor, de tal forma que primero se analizan los argumentos contenidos en el numeral II; posteriormente, los resumidos en el apartado I y, finalmente, se estudian conjuntamente los contenidos en los números III y IV, dada su estrecha vinculación.

1. En relación con el agravio que se precisa en el numeral II de este considerando, esta Sala Superior llega a la conclusión de que es inoperante, pues si bien es cierto, como lo aduce el partido político actor, que el Congreso del Estado de Yucatán debía esperar al vencimiento del plazo para que las organizaciones sociales y los partidos políticos pudieran proponer al Congreso del Estado los candidatos a consejeros ciudadanos, también lo es que no existe constancia o referencia alguna, fundamentalmente por parte del ahora promovente, en el sentido de que se hubiere presentado alguna organización social o partido político para hacer una propuesta al Congreso del Estado, precisamente dentro del último día de agosto del año previo a la elección, en términos de lo dispuesto en el artículo 86, fracción I, del código electoral invocado.

Igualmente, en la llamada Acta de la sesión celebrada por la Quincuagésima Quinta Legislatura del Estado Libre y Soberano de Yucatán, de treinta y uno de agosto del año dos mil, no se aprecia que alguno de los legisladores que intervinieron en la discusión respectiva hubiere formulado objeción alguna, en el sentido de que se había privado a cierta organización de esa oportunidad para formular propuestas, mucho menos existe constancia en autos, en el sentido de que se impidiera a cierta organización social o política el ejercicio de ese derecho por el hecho de que el Congreso del Estado no esperara a la conclusión del plazo para presentar las propuestas señaladas, si se considera que dicho decreto legislativo fue publicado en el Diario Oficial del Estado de Yucatán, por lo que surtió plenos efectos jurídicos, sin que, en forma distinta al promovente, se formulara alguna impugnación en ese sentido por alguna organización que con motivo de esa violación no se le hubiere recibido su propuesta y consecuentemente no se hubiere considerado en el dictamen respectivo y luego por el Congreso del Estado.

En efecto, en el artículo 86 del Código Electoral del Estado de Yucatán se dispone que los consejeros ciudadanos serán designados por el Congreso del Estado, a más tardar el último día del mes de septiembre del año previo al de la elección, de acuerdo con las bases que en la misma disposición se precisan. En la primera de las referidas bases se señala que las organizaciones sociales y los partidos políticos podrán proponer al Congreso del Estado hasta tres candidatos a consejeros ciudadanos, a más tardar el día último del mes de agosto del año previo al de la elección. Conforme con lo anterior si, en la normatividad electoral local, se prevé que las propuestas de candidatos para ser designados consejeros ciudadanos pueden ser presentadas hasta el treinta y uno de agosto del año previo al de la elección, y de las constancias que obran en autos, particularmente del decreto impugnado, así como del acta de la sesión respectiva, claramente se evidencia, como lo sostiene el partido político actor, que la sesión en donde se tomó la decisión de ratificar a los actuales consejeros ciudadanos se realizó el propio treinta y uno de agosto, entonces, es claro que no se esperó a la conclusión del plazo para la presentación de las propuestas, sin embargo, ese hecho por sí sólo es insuficiente para reponer el procedimiento, ya que se trata de un aspecto que, al final de cuentas, no fue determinante o decisivo para el resultado del proceso de designación o ratificación de los consejeros ciudadanos del Consejo Electoral del Estado de Yucatán y el respectivo secretario técnico.

Ciertamente, esto último constituye una irregularidad en el procedimiento de designación de los consejeros ciudadanos que habrán de integrar el Consejo Electoral del Estado de Yucatán, así fuere tan sólo para ratificar a algunos de los consejeros o la totalidad de los mismos, ya que el último día en que podrían haberse presentado las propuestas para candidatos a consejeros ciudadanos fue la fecha en que se llevó a cabo la sesión del Congreso del Estado donde se determinó ratificar a los actuales consejeros ciudadanos. Sin embargo, es necesario precisar que no obstante que el treinta y uno de agosto del año previo al de la elección, es la fecha límite para que se presenten propuestas de candidatos a consejeros ciudadanos, también debe tenerse presente, como se verá en el apartado siguiente y, en cierta forma, se anticipó al inicio de este numeral, la totalidad de las propuestas presentadas ante el Congreso del Estado fueron turnadas a la Comisión Permanente de Legislación, Puntos Constitucionales, Gobernación y Asuntos Electorales, a efecto de que ésta elaborara la lista con los nombres de las personas que reunían los requisitos de ley, a efecto de que las presentara en sesión plenaria al propio Congreso local, para designar a los referidos funcionarios electorales, pero, fundamentalmente, en el caso concreto sometido a conocimiento de este órgano jurisdiccional, no existe mención alguna en el sentido de que determinada organización social o partido político se haya visto afectado con el irregular proceder de la autoridad responsable, pues el ahora actor solamente realiza una manifestación de carácter general, sin precisar algún caso en el que se les hubiera privado de la oportunidad de formular propuestas ni de las constancias que obran en autos se advierte la situación de referencia.

Conforme con esto último, a pesar de la infracción procedimental que se presentó, ningún caso tendría que, por esta sola circunstancia, se revocara el acto impugnado, toda vez que la fecha límite en que las organizaciones sociales y los partidos políticos pudieron haber presentado las propuestas correspondientes ya ocurrió, sin que exista evidencia que se hubiere presentado alguna sugerencia precisamente ese último día para tal efecto, lo cual lleva a concluir que, no obstante el erróneo actuar de la autoridad, ello no fue obstáculo para que se presentaran las propuestas de candidatos a consejeros electorales en los plazos previstos legalmente, sin que, como ya ha quedado precisado, exista constancia o referencia de que alguna propuesta hubiese quedado excluida por haberse recibido el día de la sesión y que por ello no se hubieran considerado por el Congreso del Estado. De ahí que devenga en inoperante el agravio bajo estudio.

2. Respecto de los agravios precisados en el numeral I de este considerando, esta Sala Superior estima que los mismos son inoperantes, pues con independencia de que resultara cierto lo argumentado por el partido político ahora actor, en el sentido de que la autoridad no dio cuenta al pleno del Congreso del Estado del asunto correspondiente antes de turnarlo a comisión [en el caso concreto, a la Comisión Permanente de Legislación, Puntos Constitucionales, Gobernación y Asuntos Electorales, tal como se dispone en el artículo 86, fracción II, del Código Electoral del Estado de Yucatán, en relación con el artículo 64, segundo párrafo, inciso a), numeral 4, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Yucatán], en términos del artículo 109, fracción II, de la propia ley orgánica, es evidente que la actuación del Congreso del Estado de Yucatán, por sí misma, no tiene la característica o cualidad suficiente para constituirse como una irregularidad que, en determinado momento, provoque afectación alguna que trascendiera respecto del trámite que debió seguirse y la resolución del Congreso del Estado, toda vez que, finalmente, si bien de manera irregular y fácticamente, sí se actualizó la finalidad de la norma, esto es, del invocado artículo 109, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo de Yucatán, en tanto que el pleno del Congreso del Estado de Yucatán sí tuvo conocimiento del asunto recibido, en el presente caso, el contenido de las propuestas que realizaron las organizaciones sociales y los partidos políticos para la designación de los candidatos a consejeros ciudadanos e, incluso, de las propuestas de ratificación de los mismos, así como la identidad de los autores de aquéllas, como se explica a continuación.

En efecto, el ahora actor aduce que el Congreso del Estado violó lo dispuesto en la fracción II del artículo 109 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Yucatán, pues a pesar de que existieron oficios donde organizaciones sociales o partidos políticos propusieron la ratificación de los actuales consejeros ciudadanos, la responsable no dio el trámite correspondiente a dichos oficios, en los términos que se precisan en el artículo citado; ciertamente, en este caso en particular, según el promovente, la Mesa Directiva del H. Congreso del Estado debió dar cuenta al Pleno de los oficios recibidos conforme con lo dispuesto en el artículo 86 del Código Electoral del Estado, y turnarlos a la Comisión Permanente de Legislación, Puntos Constitucionales, Gobernación y Asuntos Electorales, para los efectos indicados en la fracción II del citado artículo 86.

Ahora bien, es necesario destacar que, en la fracción II del artículo 86 del Código Electoral del Estado de Yucatán, se establece que una vez recibidas las propuestas de candidatos a consejeros ciudadanos, el Congreso del Estado turnará la totalidad de aquéllas a la Comisión Permanente de Legislación, Puntos Constitucionales, Gobernación y Asuntos Electorales, la cual formulará la lista con los nombres de las personas que reúnan los requisitos de ley. Es decir, las propuestas presentadas por las organizaciones sociales y los partidos políticos, junto con la documentación que acredite que los candidatos reúnen los requisitos exigidos en el propio código electoral local, deben hacerse del conocimiento de la referida Comisión, a efecto de que formule la lista con los nombres de quienes sí cumplen con los requisitos de ley.

Por otra parte, en el artículo 109, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Yucatán, se dispone lo siguiente:

Artículo 109

Los documentos con que se dé cuenta al Congreso, serán tramitados de la manera siguiente:

...

II. Los oficios que no deban producir una disposición del Congreso serán tramitados tan luego como sean leídos, por el Presidente. Este podrá, sin embargo pasarlos al estudio de una comisión cuando considere que es necesario una resolución del Congreso;

...

De lo anterior se desprende que el Presidente de la mesa directiva del H. Congreso del Estado de Yucatán, antes de turnar las propuestas para la integración del Consejo Electoral del Estado, a la Comisión Permanente de Legislación, Puntos Constitucionales, Gobernación y Asuntos Electorales, como paso anterior, debe dar cuenta al Pleno de la Legislatura, en términos de los artículos 43, fracción IV, y 109, fracción II, ambos de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Yucatán, y una vez cumplida dicha formalidad, remitir las propuestas con las que se dio cuenta al H. Congreso del Estado para efectos de que la citada comisión elabore el dictamen correspondiente junto con la lista a que se hace referencia en la fracción II del artículo 86 del Código Electoral del Estado de Yucatán.

De esta forma, si bien es cierto que no se dio cuenta previa al Pleno de la Legislatura con las propuestas recibidas y que tampoco se dio cabal cumplimiento al procedimiento establecido, también es cierto que, en ese momento, el H. Congreso del Estado, al final de cuentas, por una parte, no podía tomar alguna resolución relativa a la designación o ratificación de los integrantes del Consejo Electoral del Estado de Yucatán, en virtud de que no existía aún el dictamen de la Comisión Permanente de Legislación, Puntos Constitucionales, Gobernación y Asuntos Electorales, en términos de lo dispuesto en el artículo 86, fracción II, del Código Electoral del Estado de Yucatán y, por otra parte, el pleno del Congreso del Estado de Yucatán finalmente sí conoció, si bien con posterioridad, qué organizaciones sociales y partidos políticos presentaron propuestas y cuáles fueron los ciudadanos objeto de las mismas, al conocer el dictamen elaborado por la Comisión Permanente de Legislación, Puntos Constitucionales, Gobernación y Asuntos Electorales, y que fue objeto de la discusión y presunta aprobación en la sesión del treinta y uno de agosto del año en curso, por lo que no se aprecia alguna violación que fuera determinante, o bien, trascendiera, por este motivo, al resultado del procedimiento respectivo.

En efecto, es innegable el propósito de lo previsto en el artículo 109, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Yucatán, para que las distintas fuerzas políticas representadas en el seno del órgano legislativo local, en forma anticipada a la presentación del dictamen, tuvieran la oportunidad de conocer las distintas propuestas que se habían presentado sobre la integración del citado Consejo Electoral del Estado, a efecto de votarlas, sin embargo y con independencia de que se hubieren enterado previamente sobre las mismas, es inconcuso que, en última instancia, las conocieron de manera íntegra, previamente a la votación, ya que en el dictamen respectivo que se denominó Proyecto de Decreto, presentado el treinta y uno de agosto de dos mil y firmado por los diputados Myrna Hoyos, Edwin Andrés Chuc Can y Luis Emir Castillo Palma, integrantes de esa comisión, se precisa quiénes presentaron propuestas (diecisiete organizaciones sociales y partidos políticos), los nombres de los ciudadanos que las conformaban (cuatro de ellas pronunciándose por la ratificación y las restantes señalando un total de treinta y cuatro ciudadanos) y las fechas en que se recibieron (14, 17, 21, 22, 29 y 30 de agosto de dos mil), como consta a fojas 200 a 202 del expediente, además, la revisión por esta Sala Superior de los escritos de las organizaciones y partidos políticos por los cuales se presentaron las propuestas con los datos respectivos que aparecen en el citado dictamen, permite corroborar que no se omitió ni se reprodujeron en forma imprecisa los nombres de cada una de las personas que se proponían para ocupar el cargo de los consejeros electorales, así como el sentido de aquellos en que se sugería la ratificación. Ahora bien, en la llamada Acta de la sesión celebrada por la Quincuagésima Quinta Legislatura del Estado Libre y Soberano de Yucatán, de fecha treinta y uno de agosto del año dos mil, no se aprecia que ninguno de los legisladores que intervinieron en la discusión respectiva se hubiere quejado de que se desconocieran las distintas propuestas que se recogían en el dictamen o proyecto de decreto objeto de la sesión, o bien, que se hubieren desvirtuado.

3. En cuanto a los agravios precisados en los numerales III y IV de este considerando, esta Sala Superior estima que los mismos son sustancialmente fundados, pues una correcta interpretación del artículo 86 del Código Electoral del Estado de Yucatán lleva a concluir que aún en el caso de que se trate de la ratificación de los consejeros ciudadanos que, hasta el momento de tomar la decisión correspondiente, se encontraban en funciones, la votación debe realizarse en términos de la fracción III del citado precepto, es decir, por mayoría calificada de las cuatro quintas partes de los presentes, y no por una mera mayoría absoluta, como lo hizo el Congreso del Estado, cuando aprobó dicha ratificación por quince votos contra diez; además, la interpretación adecuada de dicho precepto lleva a desprender que no es facultad del citado órgano legislativo local el realizar la ratificación del secretario técnico del Consejo Electoral del Estado, como acertadamente también lo alega el promovente.

En primer término, es necesario tener presente que, en el artículo 16, apartado A, párrafo segundo, de la Constitución Política del Estado de Yucatán, se dispone que, en la conformación del organismo público encargado de organizar las elecciones, se "Contará también con la participación de consejeros ciudadanos, designados en la forma y términos que señale la ley respectiva." Esto es, se deja a la determinación del legislador ordinario los requisitos y el procedimiento para integrar al órgano depositario de la función electoral en el Estado.

Conforme con lo anterior, el legislador ordinario estableció en el artículo 86 del código electoral de la referida entidad federativa, el procedimiento para designar a los integrantes del órgano electoral local y, en el proemio, dispuso que "Los consejeros ciudadanos serán designados por el Congreso del Estado ... de acuerdo a las siguientes bases ..."; esto es, en todo el procedimiento contenido en dicho artículo, se hace refrencia a la designación de los citados funcionarios electorales, bien sea a través de una elección, una insaculación o una ratificación, según se detalla más adelante.

En este sentido, el contenido de la fracción VI del referido artículo 86 del Código Electoral del Estado de Yucatán, en una interpretación sistemática y funcional, lleva a concluir que tiene dos funciones o finalidades preponderantes: En primer término, establecer el periodo o duración que tendrá el encargo de consejeros electorales y secretario técnico del Consejo Electoral del Estado, el cual se precisa que será de dos procesos electorales ordinarios, en segundo lugar, la posibilidad de que el Congreso del Estado ratifique, por un periodo más, pero sólo a los consejeros ciudadanos que estén por concluir su encargo, no así al secretario técnico, como se razona posteriormente.

Al efecto, es necesario precisar el significado tanto de designar como de elegir y ratificar, estos dos últimos empleados en las fracciones III, IV y VI, del artículo 86 del código electoral local. De tal forma, en el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española, en su vigésima primera edición, se señala que "designar" significa: Formar designio o propósito. ║ 2. Señalar o destinar una persona o cosa para determinado fin. ║ 3. Denominar, indicar; en tanto que "ratificar" quiere decir: Aprobar o confirmar actos, palabras o escritos dándolos por valederos y ciertos, y "elegir" significa escoger, preferir, a una persona o cosa para un fin. ║ 2. Nombrar por elección para un cargo o dignidad.

De esa forma y atendiendo al significado que las palabras tienen en el lenguaje ordinario, se puede establecer que la designación de los consejeros ciudadanos es el señalamiento de las personas que ocuparán tal cargo en el Consejo Electoral del Estado de Yucatán, que puede ser a través de elegir entre los ciudadanos propuestos, es decir, escoger o preferir a determinadas personas respecto de otras que también hayan sido propuestas, en el entendido de que para tal efecto también cabe la posibilidad de que participen los consejeros ciudadanos que habían ocupado durante dos periodos dicho cargo, en cuyo caso se tratara de una ratificación, es decir, la confirmación del acto de designación de tales consejeros ciudadanos, pero sólo por un periodo electoral ordinario más.

Esto es, en dicho artículo 86 del código invocado, se alude a la designación de los consejeros ciudadanos que integrarán el Consejo Electoral del Estado, como un género, el cual puede efectuarse a través de dos mecanismos alternativos, uno primero consistente en la elección de entre los propuestos por las organizaciones sociales y los partidos políticos, incluyendo la posibilidad de la ratificación de quienes se vienen desempeñando en el cargo, o bien, cuando no se obtiene la votación calificada de cuatro quintas partes, se procede a insacular, de entre los ciudadanos propuestos (ya sea que se trate de los consejeros ciudadanos que venían desempeñando dicho cargo o de algunos distintos) y que cumplan con los requisitos legales, al número suficiente para completar el total de integrantes previsto en el código electoral local. Ahora bien, la designación, ya sea por elección o ratificación de los consejeros ciudadanos, no puede ser resultado de un diferente quórum de votación, sino sólo a través de una mayoría calificada, por así haberlo previsto expresamente el legislador ordinario, ya que, en ambos casos, el consentimiento o la voluntad del cuerpo colegiado va encaminado a determinar la integración de la autoridad electoral, siendo evidente que en ambos casos se trata de la conformación del órgano superior de dirección del instituto electoral autónomo encargado de la función estatal de organizar las elecciones, a partir de lograr el mayor número de votos en favor de determinadas propuestas, en tanto que se exige una votación calificada de cuatro quintas partes de los diputados presentes y, en caso de que la misma no se lograra, se procedería a la insaculación de los consejeros ciudadanos faltantes; si bien, en el caso de la ratificación, la voluntad del Congreso local va encaminada a pronunciarse por las mismas personas que hasta el momento venían desempeñando el referido cargo, es decir, reiterar su intención de que sean las mismas personas la que desempeñen el cargo de consejeros ciudadanos, pero con la única limitante y diferenciación de que sólo podrán serlo por un periodo electoral ordinario más, sin que ello, por sí mismo, sea causa suficiente para pretender que el quórum de votación se flexibilizó

En este mismo sentido, la interpretación sistemática y funcional de lo dispuesto en la fracción VI del artículo 86 del Código Electoral del Estado de Yucatán, en relación con lo previsto en los artículos 116, fracción IV, incisos b) y c), de la Constitución federal; 16, Apartado A, y 21, párrafos primero y tercero, inciso D), de la Constitución local, así como 79 y 84 del propio código electoral local, se ve reforzada si se atiende, además, a la finalidad perseguida por el legislador, al establecer una votación calificada para designar a los integrantes del Consejo Electoral del Estado de Yucatán, ya sea a través de la elección de nuevos miembros, o bien, por ratificación de quienes se encuentren desempeñando el cargo.

En efecto, la finalidad de que en el artículo 86 del Código Electoral del Estado de Yucatán se establezca la referida votación calificada se puede colegir claramente atendiendo a lo previsto en el artículo 21, párrafos primero y tercero, inciso D), de la Constitución Política del Estado de Yucatán, ya que en ese precepto jurídico se dispone que el Congreso del Estado se encuentra integrado por quince diputados electos por el principio de mayoría relativa y diez electos por el principio de representación proporcional, esto es, un total de veinticinco diputados, sin embargo, conforme con el precepto constitucional local citado, los partidos políticos tienen derecho a que se les reconozca hasta dieciocho diputados por ambos principios.

Ciertamente, si se considera, por una parte, la citada votación calificada de cuatro quintas partes y, por la otra, que existe el límite para que sólo se reconozcan hasta dieciocho diputados de un solo partido político, entonces, se puede concluir que el propósito perseguido con el establecimiento del referido artículo 86 del código electoral local, va en el sentido de que la designación de los consejeros ciudadanos que habrán de integrar el Consejo Electoral del Estado de Yucatán requiere contar con el mayor consenso posible entre los distintos partidos políticos, por lo que no puede ser realizada por un solo partido político, así sea éste quien tenga el mayor número de diputados en la legislatura, toda vez que el número máximo de dieciocho diputados con el que podría contar en el Congreso del Estado, representaría sólo el 72% ó las 3.6 quintas partes del Congreso local, por lo tanto, se requeriría por lo menos de dos diputados más para lograr la votación calificada precisada en la legislación electoral.

De acuerdo con lo anterior, se precisa del acuerdo de por lo menos dos partidos políticos para poder integrar el Consejo Electoral del Estado, a través de la elección de entre las propuestas de nuevos miembros presentadas o de la ratificación de los consejeros ciudadanos en funciones, si no se deberá proceder a insacular el número de consejeros necesarios para completar el total de integrantes previsto legalmente. Además, con ello se garantiza la participación de más de un partido político, en ese proceso de designación, evitando que una sola fuerza política, por sí misma, adopte esa decisión. Este derecho de participación está previsto en el artículo 16, apartado A, de la Constitución Política del Estado de Yucatán, el cual se asegura de una mejor forma, cuando se establece una votación calificada tan elevada para designar a los consejeros ciudadanos que habrán de integrar el Consejo Electoral del Estado, ya que implica, en principio, el mayor número de voluntades de las distintas fuerzas políticas que se encuentran representadas al seno del Congreso local, a efecto de que exista el mayor consenso posible respecto de qué ciudadanos deben estar integrando el órgano superior de dirección del Instituto Electoral del Estado, a fin de garantizar la autonomía funcional del instituto electoral local, así como la independencia e imparcialidad de los miembros de su órgano superior de dirección, según se prescribe en el artículo 116, fracción IV, incisos b) y c), de la Constitución federal.

Además, no existe razón o motivo legalmente previsto, para que deba realizarse una distinción entre el tipo de votación que se requiere en cada caso, no sólo porque tanto la elección de nuevos miembros como la ratificación de los anteriores requieren de que se atienda a la finalidad de que los integrantes del órgano superior de dirección del instituto electoral local cuenten con el mayor consenso posible, sino porque además, en ningún momento se establece en la ley que la ratificación excluya la posibilidad de realizar una nueva elección, si bien, en tal caso, de carácter parcial.

En efecto, la ratificación de los consejeros ciudadanos puede llegar a ser parcial, es decir, no necesariamente por los siete consejeros propietarios y los siete suplentes, pues en determinado momento el Congreso del Estado podría pronunciarse por la ratificación de sólo algunos de ellos, y la elección de nuevos consejeros ciudadanos, a fin de completar el número de integrantes del Consejo Electoral del Estado legalmente previstos, pues no existe en la normativa electoral disposición alguna en el sentido de que la renovación del referido Consejo e, incluso, la ratificación de sus integrantes, deba ser total o en bloque.

Efectivamente, nada impide que el Congreso del Estado, como encargado de designar a los consejeros ciudadanos que integran el Consejo Electoral del Estado, llegue a la conclusión de que determinados ciudadanos deban continuar en el cargo de consejeros, si bien sólo para un periodo electoral ordinario más, mientras que el número de consejeros ciudadanos faltante sea electo para un periodo de dos procesos electorales ordinarios.

Lo anterior es evidente, toda vez que desde la designación para el periodo de dos procesos electorales ordinarios, la elección se realiza en forma individual y no por fórmulas o listas previamente determinadas, de tal forma que, incluso, si no se llegara a obtener la votación calificada de cuatro quintas partes de los diputados presentes en el Congreso del Estado, a efecto de elegir a los siete consejeros ciudadanos, en la fracción IV del artículo 86 del Código Electoral del Estado de Yucatán, se dispone que se procederá a completar el número de consejeros, por medio de la insaculación de los que falten hasta integrar la cantidad exigida en el propio código.

En este sentido, toda vez que además de las propuestas de ratificación, existieron nuevos candidatos, como lo sostiene el ahora impugnante, debió elaborarse la lista a que se hace referencia en la fracción II del artículo 86 del código electoral local, para posteriormente proceder en términos de la fracción III o, en su caso, de lo establecido en la fracción IV, ambas del citado artículo 86. Al no haber actuado así, la Comisión Permanente de Legislación, Puntos Constitucionales, Gobernación y Asuntos Electorales, impidió que el pleno del Congreso del Estado tuviera una visión integral, oportuna y técnicamente calificada de las propuestas, por cuanto que no bastaba haber emitido su opinión sobre aquellos sujetos que serían objeto de ratificación sino, con los que podrían ser nuevos miembros, indicándose si, desde su punto de vista, cumplían con los requisitos legales para ser designados consejeros electorales.

Dicha circunstancia, como lo sostiene el ahora impugnante, constituye una violación al principio de legalidad electoral, porque en todo caso, tanto respecto de los consejeros ciudadanos actuales como de los nuevos ciudadanos que fueron propuestos para ocupar dicho cargo, debía indicarse si cumplían o no con los requisitos necesarios para ocupar el cargo de consejeros ciudadanos del Consejo Electoral del Estado, a fin de que el dictamen contara con la debida fundamentación y motivación, situación que no se dio, al romperse con una de las formalidades legales para la designación de los integrantes del mencionado órgano electoral. Asimismo, dicha circunstancia también afecta el derecho que la propia normativa electoral establece en favor de las organizaciones sociales y los partidos políticos, para proponer a ciudadanos que, cumpliendo los requisitos legales, puedan desempeñar la función de organizar la elecciones.

Por otra parte, la autoridad responsable realizó una inadecuada interpretación de las normas electorales, al ratificar también en su cargo al secretario técnico del Consejo Electoral del Estado de Yucatán.

En efecto, como lo sostiene el partido político ahora actor, una interpretación sistemática y funcional de los artículos 86 y 88 del Código Electoral del Estado de Yucatán lleva a concluir que el Congreso del Estado no puede realizar la ratificación del secretario técnico del Consejo Electoral del Estado, toda vez que, por una parte, el supuesto de la ratificación que puede realizar el Congreso del Estado, en términos del artículo 86, fracción VI, del código electoral local, se refiere exclusivamente a los consejeros ciudadanos, y no al del secretario técnico y, por otra parte, en términos del artículo 88 antes referido, el Secretario Técnico es designado por el propio Consejo Electoral, lo cual lleva a entender que cuando, en el artículo 86, fracción VI, del ordenamiento electoral local, se establece la posibilidad de que el Secretario Técnico sea ratificado, dicha ratificación corresponde exclusivamente al propio Consejo Electoral y no al Congreso del Estado. Es decir, si la designación del referido funcionario corresponde al Consejo, con mayor razón su ratificación, pues ello se traduce en una ampliación del tiempo durante el cual desempeñará el referido encargo; además, en términos del artículo 98 del mismo código electoral local, las funciones que desarrolla el citado Secretario Técnico son de apoyo y auxilio tanto al Consejo Electoral del Estado como a su Presidente, por lo que su nombramiento y, en su caso, su ratificación, deben quedar exclusivamente dentro de ámbito de competencia del Consejo Electoral del Estado.

Ahora bien, la realización de una supuesta interpretación gramatical de lo dispuesto en la fracción VI del artículo 86 del código electoral local, como la efectuada por el Congreso del Estado, implicaría ir en contra de la Constitución de dicha entidad federativa y del propio código electoral local. Efectivamente, el hecho de que el Congreso del Estado de Yucatán haya realizado la ratificación en el cargo del Secretario Técnico del Consejo Electoral del Estado, con apoyo en una indebida aplicación de lo dispuesto en dicha fracción VI, representaría un atentado a la autonomía constitucional y legalmente previstas en favor del Instituto Electoral del Estado, toda vez que invade la esfera de competencia de dicho Consejo. En este sentido, es necesario tener presente que, en la Constitución Política del Estado de Yucatán, en su artículo 16, apartado A, primer párrafo, se dispone:

Artículo 16

...

Apartado A

De la función estatal de

organizar las elecciones

La organización de las elecciones locales es una función estatal que se realiza a través de un organismo público autónomo dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, a cuya integración concurren los poderes del Estado, ...

En el mismo sentido, en los artículos 79 y 84 del Código Electoral del Estado de Yucatán, se establece:

Artículo 79

El Instituto Electoral del Estado es un organismo público autónomo, de carácter permanente, con personalidad jurídica y patrimonio propios, depositario de la autoridad electoral y responsable del ejercicio de la función estatal de organizar las elecciones.

Artículo 84

El Consejo Electoral del Estado es el órgano superior de dirección, responsable de vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en materia electoral, así como de velar porque los principios de certeza, legalidad, imparcialidad y objetividad determinen todas las actividades del Instituto.

De esta forma, si el Consejo Electoral del Estado es el órgano superior de dirección del Instituto Electoral del Estado de Yucatán, independientemente de que su designación haya sido realizada por el Congreso del Estado, es claro que su actuación y las decisiones que adopte no pueden estar vinculadas o relacionadas con el órgano que lo formó, sino que deben ser una manifestación de la autonomía que tanto el constituyente como el legislador local determinaron para el adecuado desempeño de sus funciones, la cual desde la misma Constitución federal se prescribe, precisamente en el artículo 116, párrafo segundo, fracción IV, inciso c), en el que se establece que "las autoridades que tengan a su cargo la organización de las elecciones... gocen de autonomía en su funcionamiento e independencia en sus decisiones".

CUARTO. Consecuentemente, al resultar sustancialmente fundados dos de los agravios analizados en el considerando precedente, es procedente revocar el acto impugnado, consistente en el Decreto del Congreso del Estado de Yucatán relativo a la ratificación de los actuales consejeros y del Secretario Técnico del Consejo Electoral del Estado de Yucatán hasta por un periodo ordinario electoral más, de treinta y uno de agosto del presente año, publicado el primero de septiembre siguiente, en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán y, en acatamiento a lo que previene en los artículos 6, párrafo 3, y 93, párrafo 1, inciso b), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, con el objeto de reparar la violación constitucional cometida por la autoridad responsable, con plenitud de jurisdicción, ha lugar a resolver que queden sin efectos todos aquellos actos o resoluciones emanados del Consejo Electoral del Estado de Yucatán, integrado de conformidad con el Decreto de referencia.

No es obstáculo para lo anterior el hecho de que los consejeros ciudadanos ratificados por el Decreto multicitado ya hayan rendido protesta de ley ante el H. Congreso del Estado, respecto del nuevo periodo, como lo informó el Presidente de la Diputación Permanente del H. Congreso del Estado de Yucatán, a través de su escrito de cuatro de octubre del año en curso, toda vez que la limitante que se establece en el artículo 86, párrafo 1, inciso e), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, relativa a que la reparación sea factible antes de la fecha constitucional o legalmente prevista para la instalación de los órganos o la toma de posesión de los funcionarios electos, se refiere únicamente a los órganos y funcionarios que son electos en los comicios que se celebran para renovar a los poderes públicos, concretamente el legislativo y el ejecutivo, en los ámbitos local o municipal, es decir, se refiere a que los ciudadanos electos no hayan tomado posesión o los órganos formados con motivo del proceso electoral respectivo hayan tomado posesión, por lo que, es claro, que en el presente asunto no opera dicha limitante, puesto que en el caso concreto se refiere a la integración del organismo público que precisamente se encargará de la organización de las elecciones locales.

De acuerdo con lo anterior, debe reponerse el procedimiento para la designación de los consejeros ciudadanos por el Congreso del Estado de Yucatán, desde el momento en que la Comisión Permanente de Legislación, Puntos Constitucionales, Gobernación y Asuntos Electorales, formule la lista con las personas que reúnan los requisitos de ley, tanto con quienes hayan sido propuestos como nuevos miembros como para ser ratificados en el mismo cargo, siempre y cuando tales propuestas se hayan recibido hasta el treinta y uno de agosto de dos mil, señalando los casos de aquellas otras personas que no los reúnan, a fin de cumplir con una debida fundamentación y motivación, en términos de lo dispuesto en el artículo 90 del Código Electoral del Estado de Yucatán, contando al efecto dicha comisión con un plazo máximo de cuarenta y ocho horas contadas a partir del momento en que se notifique la presente sentencia al Congreso del Estado de Yucatán, con el objeto de que este último, dentro de las setenta y dos horas siguientes, en sesión plenaria y a partir de dicha lista que formule la comisión precisada, elija los siete consejeros ciudadanos propietarios y siete consejeros ciudadanos suplentes, en forma secreta y por mayoría de las cuatro quintas partes de los presentes, en el entendido que de no haberse logrado la elección del número total de integrantes de dicho Consejo Electoral del Estado, se procederá en los términos previstos en la fracción IV del artículo 86 del Código Electoral del Estado de Yucatán.

En virtud de que la designación del Secretario Técnico del Consejo Electoral del Estado no corresponde al Congreso del Estado de Yucatán, sino que, en términos de lo dispuesto en el artículo 88 invocado es competencia del Consejo Electoral del Estado, una vez que se dé cumplimiento a lo resuelto en el presente asunto y se integre debidamente el Consejo citado, este mismo órgano superior de dirección del Instituto Electoral del Estado deberá proceder a la designación de dicho servidor electoral, pudiendo ratificar al que fungió como tal en el pasado proceso electoral.

Por lo expuesto y con fundamento, además, en los artículos 1; 184; 185; 186, párrafo 1, fracción III, inciso b); 187; 189, fracción I, inciso e) y 199, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como 1; 2; 3, párrafos 1, inciso a) y 2 inciso d), 4; 19, y 86 a 93 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, se:

R E S U E L V E

PRIMERO. Se revoca el Decreto 278 del Congreso del Estado de Yucatán relativo a la ratificación para un periodo ordinario electoral más en el cargo de consejeros ciudadanos y el secretario técnico del Consejo Electoral del Estado de Yucatán, de treinta y uno de agosto del presente año, publicado el primero de septiembre siguiente, en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán. En consecuencia, se deberá proceder en los términos que se indican en el considerando cuarto de esta sentencia.

SEGUNDO. Se dejan sin efectos todos aquellos actos o resoluciones emanados del Consejo Electoral del Estado de Yucatán, integrado de conformidad con el Decreto de referencia.

TERCERO. Una vez integrado el Consejo Electoral del Estado de Yucatán, éste deberá proceder a designar a su Secretario Técnico, o en su caso, a ratificar al ciudadano que actualmente desempeña tal encargo.

CUARTO. Una vez que el Congreso del Estado de Yucatán haya procedido en los términos precisados en el considerando cuarto, deberá informar a esta Sala Superior del cumplimiento de esta sentencia, en un término de cuarenta y ocho siguientes a la respectiva designación de consejeros ciudadanos, apercibido de que en caso de no proceder en estos términos, se aplicarán los medios de apremio previstos en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, independientemente de las responsabilidades de que pueda ser objeto.

NOTIFÍQUESE al actor personalmente, en el domicilio ubicado en el inmueble ubicado en Viaducto Tlalpan número 100, colonia Arenal Tepepan, Delegación Tlalpan, Edificio "A", Oficina del representación del partido actor en esta ciudad de México, Distrito Federal, así como por oficio al H. Congreso del Estado de Yucatán, acompañando en este último caso copia certificada de la presente sentencia, así como por estrados a todos los demás interesados. En su oportunidad, archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido.

Así, por unanimidad de votos, lo resolvieron los Magistrados Electorales que integran la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ante el Secretario General de Acuerdos que autoriza y da fe.

MAGISTRADO PRESIDENTE

JOSÉ LUIS DE LA PEZA

MAGISTRADO

LEONEL CASTILLO GONZÁLEZ

MAGISTRADO

ELOY FUENTES CERDA

MAGISTRADA

ALFONSINA BERTA NAVARRO HIDALGO

MAGISTRADO

JOSÉ FERNANDO OJESTO MARTÍNEZ PORCAYO

MAGISTRADO

JOSÉ DE JESÚS OROZCO HENRÍQUEZ

MAGISTRADO

MAURO MIGUEL REYES ZAPATA

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS

FLAVIO GALVÁN RIVERA

EXPEDIENTE: SUP-JRC-391/2000

ACTOR: PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA

AUTORIDAD RESPONSABLE: H. CONGRESO DEL ESTADO DE YUCATÁN

TERCEROS INTERESADOS: PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, ASÍ COMO LOS CIUDADANOS ELENA DEL ROSARIO CASTILLO CASTILLO Y CARLOS FERNANDO DE JESÚS PAVÓN GAMBOA

MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ DE JESÚS OROZCO HENRÍQUEZ

SECRETARIO: JUAN CARLOS SILVA ADAYA

México, Distrito Federal, a veintiséis de octubre de dos mil. VISTO el escrito sin fecha, suscrito por el C. Néstor Andrés Santín Velázquez, quien se ostenta como Presidente del Comité Ejecutivo Estatal del Partido de la Revolución Democrática en el Estado de Yucatán, por medio del cual interpone "escrito de incidente por violaciones constitucionales surgidas en la ejecución de la sentencia dictada por esa Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el expediente: SUP-JRC-391/2000 atribuible al H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Yucatán, que configuran un cumplimiento indebido o bien el desacato de la sentencia referida", y

R E S U L T A N D O

I. El doce de octubre de dos mil, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dictó sentencia en el juicio de revisión constitucional electoral promovido por el Partido de la Revolución Democrática, por conducto de su representante, el ciudadano Néstor Andrés Santín Velázquez, en contra del Decreto del Congreso del Estado de Yucatán de treinta y uno de agosto del presente año relativo a la "Ratificación de los actuales consejeros y del secretario técnico del Consejo Electoral del Estado de Yucatán hasta por un periodo ordinario electoral más", resolviendo, por unanimidad de votos, lo siguiente:

PRIMERO. Se revoca el Decreto 278 del Congreso del Estado de Yucatán relativo a la ratificación para un periodo ordinario electoral más en el cargo de consejeros ciudadanos y el secretario técnico del Consejo Electoral del Estado de Yucatán, de treinta y uno de agosto del presente año, publicado el primero de septiembre siguiente, en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán. En consecuencia, se deberá proceder en los términos que se indican en el considerando cuarto de esta sentencia.

SEGUNDO. Se dejan sin efectos todos aquellos actos o resoluciones emanados del Consejo Electoral del Estado de Yucatán, integrado de conformidad con el Decreto de referencia.

TERCERO. Una vez integrado el Consejo Electoral del Estado de Yucatán, éste deberá proceder a designar a su Secretario Técnico o, en su caso, a ratificar al ciudadano que actualmente desempeña tal encargo.

CUARTO. Una vez que el Congreso del Estado de Yucatán haya procedido en los términos precisados en el considerando cuarto, deberá informar a esta Sala Superior del cumplimiento de esta sentencia, en un término de cuarenta y ocho siguientes a la respectiva designación de consejeros ciudadanos, apercibido de que en caso de no proceder en estos términos, se aplicarán los medios de apremio previstos en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, independientemente de las responsabilidades de que pueda ser objeto.

II. El dieciocho de octubre de dos mil, a las doce horas con cuarenta minutos, se recibió en la Oficialía de Partes de esta Sala Superior el escrito de la misma fecha, suscrito por el Presidente de la Diputación Permanente del H. Congreso del Estado de Yucatán, por el cual señala que hacía del conocimiento de esta Sala Superior que ese órgano legislativo local había dado cumplimiento a la resolución del Juicio de Revisión Constitucional Electoral número SUP-JRC-391/2000, dictada por esta Sala, respecto del juicio promovido por el Partido de la Revolución Democrática

III. El dieciocho de octubre de dos mil, a las trece horas con siete minutos, se recibió en la Oficilía de Partes de esta Sala Superior un escrito de la misma fecha, suscrito por los ciudadanos diputados integrantes de la Fracción Legislativa del Partido Acción Nacional en la LV Legislatura del Congreso del Estado de Yucatán, por el cual "Se rinde informe sobre incumplimiento de sentencia del juicio de revisión constitucional electoral N SUP-JRC-391/2000".

IV. El dieciocho de octubre de dos mil, el Magistrado Presidente de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dictó acuerdo por el que ordenó se turnaran al Magistrado Electoral José de Jesús Orozco Henríquez los escritos precisados en los resultandos II y III anteriores, para que se sustanciara lo que en derecho procediera, a fin de proponer en su oportunidad la resolución que correspondiera.

V. El diecinueve de octubre de dos mil, a las dieciséis horas con treinta y seis minutos, se recibió en la Oficialía de Partes de esta Sala Superior, el escrito sin fecha, suscrito por el C. Néstor Andrés Santín Velázquez, quien se ostenta como Presidente del Comité Ejecutivo Estatal del Partido de la Revolución Democrática en el Estado de Yucatán, por medio del cual interpone "escrito de incidente por violaciones constitucionales surgidas en la ejecución de la sentencia dictada por esa Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el expediente: SUP-JRC-391/2000 atribuible al H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Yucatán, que configuran un cumplimiento indebido o bien el desacato de la sentencia referida", en el cual sostiene, en lo que interesa, lo siguiente:

HECHOS

1.- El día 12 de octubre del año en curso fui notificado de la Sentencia dictada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el Expediente SUP-JRC-391/2000 que resuelve revocar el Decreto 278 del Congreso del Estado de Yucatán relativo a la ratificación para un periodo ordinario electoral más en el cargo de Consejeros Ciudadanos y el Secretario Técnico del Consejo Electoral del Estado de Yucatán de fecha treinta y uno de agosto del presente año, publicado el primero de septiembre siguiente, en el Diario Oficial del gobierno del Estado de Yucatán y ordena al Congreso del Estado de Yucatán reponer el procedimiento para la designación de los Consejeros Ciudadanos que habrán de integrar el Consejo Electoral del Estado de Yucatán, en los términos indicados en el considerando CUARTO de la Sentencia referida.

2.- El día 16 de octubre del año en curso mediante el Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán, tuve conocimiento de un documento emitido el día anterior por la Comisión Permanente de Legislación, Puntos Constitucionales Gobernación y Asuntos Electorales del H. Congreso Libre y Soberano de Yucatán que contiene:

LISTA DE LAS PERSONAS QUE REUNIERON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LOS ARTÍCULOS 86 Y 90 DEL CÓDIGO ELECTORAL DEL ESTADO DE YUCATÁN, PARA SER CANDIDATOS A CONSEJEROS CIUDADANOS DEL CONSEJO ELECTORAL DEL ESTADO DE YUCATÁN, SEÑALANDO ASIMISMO LOS CASOS DE LAS PERSONAS QUE NO REUNIERON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LOS ARTÍCULOS 86 Y 90 DEL CÓDIGO ELECTORAL DEL ESTADO DE YUCATÁN.

De la lectura de dicho documento se desprende que:

Cuatro Organizaciones Sociales propusieron la ratificación de los actuales Consejeros Ciudadanos del Consejo Electoral del Estado de Yucatán.

Que ninguna de las cuatro Organizaciones Sociales que propusieron la ratificación de los actuales Consejeros Ciudadanos del Consejo Electoral del Estado anexó algún documento que acredite que los ciudadanos propuestos para ser ratificados, cumplen los requisitos establecidos en el artículo 90 del Código Electoral del Estado de Yucatán.

Dieciséis Organizaciones Sociales y cuatro Partidos Políticos de manera individual, presentaron al H. Congreso del Estado de Yucatán, sus propuestas de candidatos a Consejeros Ciudadanos para integrar el Consejo Electoral del Estado que en su conjunto sumaron 45 personas propuestas como candidatos al cargo referido.

De las 45 personas propuestas como candidatos a Consejeros Ciudadanos para integrar el Consejo Electoral del Estado más los 13 ciudadanos propuestos para ser ratificados en ese cargo, sólo 14 de ellos se relacionan dentro de la lista de las personas que reunieron los requisitos establecidos en los artículos 86 y 90 del Código Electoral del Estado de Yucatán, para ser candidatos a Consejeros Ciudadanos del Consejo Electoral del Estado de Yucatán.

No se expone en el documento razón, motivo o fundamento legal por las cuales se consideró que las 14 personas cuyos nombres se señalan en el documento emitido por la mencionada Comisión, cumplieron con los requisitos establecidos en los artículos 86 y 90 del Código Electoral del Estado de Yucatán, en virtud de que no consta en forma alguna, que las Organizaciones Sociales o Partidos Políticos que propusieron a esas personas o estas últimas en su caso, hubieran entregado al H. Congreso del Estado, los documentos con los que podían acreditar dichos requisitos y en consecuencia no se relaciona valoración legal de algún documento de esas 14 personas.

No se expone en el documento razón, motivo o fundamento legal por los cuales se consideró que las Organizaciones Sociales denominadas "Asistencia a la Maternidad en Yucatán", "Consejo de Escribanos Públicos del Estado de Yucatán A.C." y el "Colegio de Economistas", cumplieran con los requisitos establecidos en el artículo 86 fracción I del Código Electoral del Estado de Yucatán, en virtud de que no consta en forma alguna, que dichas Organizaciones Sociales hubieran entregado al H. Congreso del Estado, los documentos con los que podían acreditar dichos requisitos y en consecuencia no se relaciona valoración legal de algún documento de esas Organizaciones Sociales.

Las razones por las que se consideró que las Organizaciones Sociales denominadas "Participación Ciudadana A.C.", "Alianza Cívica A.C." y "Colegio de Psicólogos de Yucatán A.C." no cumplieron con los requisitos establecidos en el artículo 86 fracción I del Código Electoral del Estado de Yucatán, fue que: No presentaron documentos originales o copia fotostática certificada por Notario Público.

Las razones por las que se consideró que varias de las personas propuestas no reunieron los requisitos establecidos en el artículo 90 del Código Electoral del Estado de Yucatán, fueron expuestas de manera particular en cada caso siendo aquellas en términos generales las siguientes: 1.- Presentaron copias simples de sus actas de nacimiento, credencial de elector, constancia de vecindad. Título Profesional y del Certificado de antecedentes no penales las cuales, según la Comisión Permanente de Legislación, Puntos Constitucionales, Gobernación y Asuntos Electorales del Congreso del Estado, no otorgan certeza jurídica ya que no cumplen con el requisito establecido en el artículo 317 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado en el que se señala que las copias fotostáticas, sólo harán fe cuando estén certificadas por notario. II.- No acreditaron su modo honesto de vivir indispensable para ser considerado Ciudadano Yucateco en términos del artículo 6 de la Constitución Política del Estado de Yucatán. III.- No presentaron la constancia expedida por el Instituto Federal Electoral de estar inscrito en el Registro Federal de Electores y IV.- No presentaron constancias expedida por el Instituto Federal Electoral y del Consejo Electoral del Estado, de no haber sido candidato a cargo de elección popular ni desempeñar o haber desempeñado cargo de dirección en los órganos nacionales, estatales o municipales de algún partido político lo que varios propuestos pretendieron acreditar, con una manifestación bajo protesta de decir verdad, que a criterio de la Comisión que emite el documento, no brinda certeza jurídica por existir instituciones a través de las cuales se puede acreditar tales requisitos.

El documento referido se encuentra suscrito por los integrantes de la Comisión Permanente de Legislación, Puntos Constitucionales, Gobernación y Asuntos Electorales del Congreso del Estado, y particularmente junto al nombre y rúbrica del C. Diputado Lic. José Jacinto Sosa Novelo aparece inscrito el siguiente texto C/ VOTO EN PART EN CONTRA.

3.- El día 16 de octubre del año en curso, por testimonio del C. Lic. José Jacinto Sosa Novelo quien es Diputado integrante de la LV Legislatura del H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Yucatán e integrante de la Comisión Permanente de Legislación, Puntos Constitucionales, Gobernación y Asuntos Electorales del Congreso del Estado, tuve conocimiento de que:

I).- El día 15 de octubre del año en curso sesionó la Comisión Permanente de Legislación, Puntos Constitucionales, Gobernación y Asuntos Electorales del Congreso del Estado para los efectos previstos en la Sentencia dictada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el Expediente SUP-JRC-391/2000, y que él estuvo presente durante toda la sesión.

II) En la sesión referida, los C.C. Myrna Hoyos, Rolando Rodrigo Zapata Bello, Luis Emir Castillo Palma y Edwin Andrés Chuc Can, Diputados que integran la Comisión mencionada, todos ellos pertenecientes a la Fracción Legislativa del Partido Revolucionario Institucional, aprobaron por mayoría a propuesta de la primera, con el Voto Particular en contra de él, que los documentos necesarios para acreditar que los ciudadanos propuestos como candidatos a Consejeros Ciudadanos del Consejo Electoral del Estado de Yucatán cumplen con los requisitos establecidos en el artículo 90 del Código Electoral vigente en la Entidad fueran los siguientes:

Para acreditar ser mexicano por nacimiento y ciudadano Yucateco en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles.

a).- Que el propuesto cuente con acta de nacimiento debidamente certificada por el Registro Civil o por Notario Público.

b).- Que acredite su modo honesto de vivir, Por medio de constancia laboral o algún otro documento que fehacientemente lo compruebe.

c).- Certificado de vecindad.

Para acreditar estar inscrito en el Registro Federal de Electores y contar con Credencial vigente para votar.

a).- Constancia expedida por el Instituto Federal Electoral de estar inscrito en el Registro Federal de Electores.

b).- Original de la credencial de elector o copia fotostática certificada ante notario público

Para acreditar haber residido en la Entidad durante los últimos dos años.

Certificado de vecindad en el que se establezca el tiempo de su residencia.

Para acreditar poseer el día de la designación, título profesional a nivel de licenciatura o su equivalente, expedido por Institución legalmente facultada para ello.

a).- Original o copia fotostática certificada por Notario Público del Título Profesional u Original o copia fotostática certificada por Notario Público de la Cédula Profesional.

Para acreditar no haber sido condenado ni estar sujeto a proceso por delito intencional.

a).- Certificado de antecedentes no penales.

Para acreditar no ser ni haber sido candidato a cargo de elección popular.

a).- Constancia del Consejo Electoral del Estado, al respecto.

b).- Constancia del Instituto Federal Electoral, al respecto.

Para acreditar no desempeñar ni haber desempeñado cargo de dirección en los órganos nacionales, estatales o municipales, de algún partido político.

a).- Constancia del Consejo Electoral del Estado, al respecto.

b).- Constancia del Instituto Federal Electoral, al respecto.

III) En la sesión referida, los C.C. Myrna Hoyos, Rolando Rodrigo Zapata Bello, Luis Emir Castillo Palma y Edwin Andrés Chuc Can, Diputados que integran la Comisión mencionada, todos ellos pertenecientes a la Fracción Legislativa del Partido Revolucionario Institucional, aprobaron por mayoría la propuesta de la primera, con el Voto Particular en contra de él, que los documentos necesarios para acreditar que las Organizaciones sociales que presentaron propuestas de candidatos a Consejeros Ciudadanos del Consejo Electoral del Estado de Yucatán, cumplen con los requisitos establecidos en el artículo 86 fracción I del Código Electoral vigente en la Entidad fueran los siguientes:

Para acreditar estar constituidas, registradas o inscritas, según el caso conforme a la ley, tener cuando menos cinco años de haberse conformado, no perseguir fines lucrativos, ni manifestar o haber manifestado ostensiblemente tendencias partidistas, no estas supeditadas ni vinculadas a ninguna religión y tener como objeto o fin la realización de actividades de carácter cultural, profesional, social o altruista.

a).- Original o copia fotostática certificada por Notario Público del Acta Constitutiva.

b).- Original o copia fotostática certificada por Notario Público del Acta que acredite la personalidad de quien firme las propuestas.

IV) La LV Legislatura del H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Yucatán nunca emitió Convocatoria Pública para la presentación de propuestas de candidatos Consejero ciudadano del Consejo Electoral del Estado de Yucatán por parte de las Organizaciones Sociales y Partidos Políticos, donde se señalaran con precisión, los requisitos para ocupar dicho cargo así como los documentos necesarios para acreditar el cumplimiento de tales requisitos.

4.- El día 17 de octubre del año en curso por medio de periódicos de circulación local tuve conocimiento de lo siguiente:

a).- Que la LV Legislatura del H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Yucatán sesionó en pleno el día anterior.

b).- Que ocho Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional y uno del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática abandonaron la sesión en virtud de que la Presidente de la Mesa Directiva en turno, les manifestó que el asunto principal a tratar no sería sometido a discusión.

c).- Que en esa sesión y con posterioridad al retiro de los 9 Diputados a los que me refiriera en el inciso inmediato anterior, fueron designados los Consejeros Ciudadanos que integrarán el Consejo Electoral del Estado de Yucatán, con la participación únicamente de 15 Diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.

d).- Que la designación de los Consejeros Ciudadanos que integraran el Consejo Electoral del Estado de Yucatán no fue realizada por el método de insaculación.

e).- Que la designación como Consejeros Ciudadanos del Consejo Electoral del Estado recayó en los siguientes ciudadanos:

CONSEJEROS CIUDADANOS PROPIETARIOS: Héctor Humberto Herrera Heredia, Brígida del Pilar Medina Klausell, Alfredo Cámara Zi, José Manuel Alvarez Araujo, Luis Humberto Baeza Burgos y Miriam Ivette Mijangos Orozco.

CONSEJEROS CIUDADANOS SUPLENTES: Armando Ivan Escobedo Burgos, Ruth Aurora Urrutia Cevallos, Alba Sobrino Alcocer, Raúl Tzab Campos, Jesús Efrén Santana Fraga y Ricardo César Romero Alvarez.

5.- El día 17 de octubre del año en curso, la Mesa Directiva del H. Congreso del Estado Yucatán, tomó la protesta a los ciudadanos en los que recayó la designación de Consejeros Ciudadanos Propietarios Consejo Electoral del Estado.

6.- El día 18 de Octubre del año en curso, los ciudadanos en los que recayó la designación de Consejeros Ciudadanos Propietarios del consejo Electoral del Estado, se instalaron, nombraron y le tomaron protesta como Secretario Técnico del Consejo Electoral del Estado al C. José Luis Canto Sosa.

CONSIDERACIONES DE DERECHO Y

PRECEPTOS LEGALES VIOLADOS

1.- En los términos en que la Comisión Permanente de Legislación, Puntos Constitucionales, Gobernación y Asuntos Electorales del H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Yucatán pretendió ejecutar la Sentencia dictada por la Sala Superior de Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el Expediente SUP-JRC-391/2000, es de decirse que dicha Comisión, no dio pleno y debido cumplimiento a lo ordenado en la resolución de esa que es la Máxima Autoridad en Materia Jurisdiccional Electoral, ya que si bien realizó ciertos actos relacionados con lo ordenado en la Sentencia, esos actos no fueron realizados con estricto apego a la Ley en virtud de lo cual, se actualizaron graves violaciones a diversos preceptos constitucionales.

En principio es de reconocerse, que dicha Comisión actuó dentro del plazo legal establecido en la resolución para ese efecto y asimismo es de considerarse válido y legal el hecho que esa Comisión no tenga por acreditado el cumplimiento de los requisitos para ser Consejero Ciudadano del Consejo Electoral del Estado en el caso específico de aquellas personas que se propuso ratificar en dicho cargo, en virtud, de que ni las Organizaciones Sociales que propusieron la ratificación ni las personas propuestas para ser ratificadas, entregaron alguna documentación al H. Congreso del Estado con la que hubieran podido acreditar tales extremos.

Sin embargo, resulta ilegal que la Comisión del Congreso aludida, no haya motivado y fundado de ninguna forma, el tener por acreditado el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 90 del Código Electoral del Estado, en el caso particular de las 14 personas cuyos nombres se señalan en el documento emitido por esa Comisión, en virtud de que en ese documento, no consta que las Organizaciones Sociales o Partidos Políticos que propusieron a esas personas o estas últimas en su caso, hubieran entregado al H. Congreso del Estado, la documentación con que podían acreditar dichos requisitos. Este hecho, viola los Principios de Legalidad, Certeza y objetividad, ya que no es posible determinar, por no existir elementos que generen esa convicción o en su caso la presunción, que dichos ciudadanos efectivamente cumplen con los requisitos establecidos en la Ley de la materia, lo cual me lleva a considerar que al realizar este acto, la Comisión de Legislación, Puntos Constitucionales, Gobernación y Asuntos Electorales del H. Congreso del Estado, transgredió lo dispuesto en los artículos 16 y 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Resulta igualmente ilegal, que la Comisión del Congreso aludida, no haya motivado y fundado de ninguna forma, el tener por acreditado el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 86 fracción I del Código Electoral del Estado en el caso particular de las Organizaciones Sociales denominadas "Asistencia a la Maternidad en Yucatán", "Consejo de Escribanos Públicos del Estado de Yucatán A.C." y el "Colegio de Economistas" que aparecen relacionadas en el documento emitido por esa Comisión, en virtud de que en ese documento, no consta que dichas Organizaciones Sociales hubieran entregado al H. Congreso del Estado, la documentación con que podían acreditar dichos requisitos. Este hecho, viola los Principios de Legalidad, Certeza y objetividad, ya que no es posible determinar, por no existir elementos que generen esa convicción o en su caso la presunción, que esas Organizaciones Sociales efectivamente cumplen con los requisitos establecidos en la Ley de la materia para presentar propuestas de candidatos a Consejeros Ciudadanos del Consejo Electoral del Estado, lo cual me lleva a considerar que al realizar este acto, la Comisión de Legislación, Puntos Constitucionales, Gobernación y Asuntos Electorales del H. Congreso del Estado, transgredió lo dispuesto en los artículos 16 y 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

2.- Con relación a los hechos expuestos en el presente escrito, que se refieren a los casos por los que se consideró que diversas Organizaciones Sociales, así como varias de las personas propuestas como candidatos a Consejeros Ciudadanos, no reunieron los requisitos establecidos en los artículos 86 fracción I y artículo 90 del Código Electoral del Estado de Yucatán respectivamente, por haber presentado copias simples de documentos diversos las cuales, según la Comisión Permanente de Legislación, Puntos Constitucionales, Gobernación y Asuntos Electorales del Congreso del Estado, no otorgan certeza jurídica ya que no cumplen con el requisito establecido en el artículo 317 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado en el que se señala que las copias fotostáticas, sólo harán fe cuando estén certificadas por Notario, es necesario señalar lo siguiente:

La Comisión Permanente de Legislación, Puntos Constitucionales, Gobernación y Asuntos Electorales del Congreso del Estado no motiva y pretende fundar los hechos anteriores apoyándose en un ordenamiento jurídico que para el caso en cuestión, no sólo no es aplicable sino que su aplicación trae como consecuencia la violación de preceptos Constitucionales. Veamos porque.

El Código Electoral del Estado establece en su artículo primero que: Las disposiciones de este Código son de orden público y de observancia general en el Estado de Yucatán. Reglamentan las normas constitucionales que se refieren a la función estatal para organizar las elecciones de los integrantes de los poderes Legislativo, Ejecutivo y de los Ayuntamientos; los derechos y obligaciones político-electorales de los ciudadanos; los derechos, obligaciones y prerrogativas de los Partidos Políticos y el sistema de medios de impugnación para garantizar los actos y resoluciones electorales, mediante los principios rectores de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, y objetividad. En ese sentido, siendo la designación de Consejeros Ciudadanos del Consejo Electoral del Estado, un acto en materia electoral en su etapa de preparación y organización, la norma jurídica aplicable a este caso específico, debe surgir precisamente de la ley reglamentaria. No obsta para lo anterior, lo establecido e interpretado en principio gramaticalmente en el primer párrafo del artículo 3 del citado código, ya que una interpretación lógica-sistemática de dicha disposición, daría como resultado que el H. Congreso del Estado, en casos específicos, tiene no sólo la facultad sino también la obligación de aplicar las disposiciones establecidas en el Código Electoral del Estado Y así vemos que el propio Código Electoral del Estado de Yucatán, admite dentro de los medios probatorios documentales consignados en el artículo 350, las documentales privadas, como son en este caso, las copia simples entregadas al H. Congreso del Estado por las Organizaciones Sociales y los Partidos Políticos para efecto de acreditar el cumplimiento de los requisitos previstos en los artículos 86 y 90 del citado Código, de los ciudadanos propuestos como candidatos a Consejeros Ciudadanos del Consejo Electoral del Estado. Esas documentales privadas, valoradas en los términos establecidos en el artículo 353 del Código en cita, pudieron llevar a la autoridad, en este caso, la Comisión Permanente de Legislación, Puntos Constitucionales, Gobernación y Asuntos Electorales del Congreso del Estado, a tener la convicción de que las Organizaciones Sociales y las personas que fueron propuestas como candidatos a Consejeros Ciudadanos del Consejo Electoral del Estado, sí cumplían respectivamente, lo establecido en los artículos 86 fracción I y 90 del ordenamiento citado. De ahí que resulte inaceptable que por el hecho de aportar copias simples, se tenga necesariamente por no acreditados tales requisitos. Es más, una interpretación lógica-sistemática e incluso funcional de diversas disposiciones del Código Electoral del Estado de Yucatán, daría como resultado la posibilidad de acreditar los supuestos previstos en los artículos 86 fracción I y 90 con documentales privadas consistentes en copias simples, ya que el artículo 162 de la referida norma, cuando se refiere particularmente al acta de nacimiento y a la credencial para votar con fotografía como alguno de los documentos que deberá acompañarse a ala solicitud de registro de candidatos, habla simple y llanamente de COPIAS. En ese sentido vale la pena hacer el siguiente cuestionamiento: Por qué si para acreditar el cumplimiento de requisitos CONSTITUCIONALES establecidos en los artículos 46, 22 y 77 de la Constitución local, la Ley reglamentaria en materia electoral en su artículo 162 sólo habla expresamente de COPIAS, en alusión del acta de nacimiento y de la credencial para votar con fotografía, la Comisión de Legislación, Puntos Constitucionales, Gobernación y Asuntos Electorales del Congreso del Estado exige documentos originales o certificados para acredita requisitos que establece una Ley Reglamentaria?

De lo anterior se infiere, que la Comisión de Legislación, Puntos Constitucionales, Gobernación y Asuntos Electorales del Congreso del Estado, actuó indebidamente al no valorar correctamente las documentales privadas aportadas, en este caso las copias simples entregadas al H. Congreso del Estado por las Organizaciones sociales y los Partidos Políticos para efecto de acreditar el cumplimiento de los requisitos previstos en los artículos 86 y 90 del multicitado Código, violando el principio de legalidad que ampara el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al no motivar y fundar debidamente el acto que se reclama.

3.- Con relación a los hechos expuestos en el presente escrito, que se refieren a los casos por los que la Comisión Permanente de Legislación, Puntos Constitucionales, Gobernación y Asuntos Electorales del Congreso del Estado consideró que diversas personas propuestas como candidatos a Consejeros Ciudadanos no reunieron los requisitos establecidos en la fracción I del artículo 90 del Código Electoral del Estado de Yucatán, por no haber acreditado su modo honesto de vivir indispensable para ser considerado Ciudadano Yucateco en términos del artículo 6 de la Constitución Política del Estado de Yucatán, es necesario señalar que la honestidad es un hecho que se presume y que por lo tanto, quien en medio de una controversia considere y afirme que alguien no tiene esa calidad en su vida debe de acreditarlo. Es decir, en este caso la carga de la prueba del modo honesto de vivir, no corresponde a las personas propuestas como candidatos a consejeros ciudadanos, sino en todo caso, la acreditación de lo contrario correspondía a la Comisión Permanente de Legislación, Puntos Constitucionales, Gobernación y Asuntos Electorales del Congreso del Estado al producirse contra una presunción otorgada por la Ley a favor todo ciudadano.

Sirva para robustecer el argumento anterior las siguientes Tesis Relevantes del entonces Tribunal Federal Electoral.

...

De lo anterior se concluye, que la Comisión de Legislación, Puntos Constitucionales, Gobernación y Asuntos Electorales del Congreso del Estado, actuó indebidamente al requerir la probanza de un hecho que todo caso, a ella le correspondía acreditar en sentido negativo, por lo que nuevamente estamos ante una violación del principio de legalidad que ampara el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al no encontrarse debidamente motivado y fundado el acto que se reclama.

4.- Con relación a los hechos expuestos en el presente escrito, que se refieren a los casos por los que la Comisión Permanente de Legislación, Puntos Constitucionales, Gobernación y Asuntos Electorales del Congreso del Estado, consideró que diversas personas propuestas como candidatos a Consejeros Ciudadanos no reunieron los requisitos establecidos en la fracción II del artículo 90 del Código Electoral del Estado de Yucatán, por no presentar la constancia expedida por el Instituto Federal Electoral de estar inscrito en el Registro Federal de Electores es de señalarse que una lectura a fondo y una correcta interpretación de las disposiciones contenidas en el Libro Cuarto, Título Primero del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales llevan a concluir, que todo ciudadano al que el Registro Federal de Electores le hubiera expedido una credencial para votar con fotografía, necesariamente está inscrito en dicho Registro y por tanto la presentación de una copia de dicha credencial, acredita de manera suficiente, el requisito de estar inscrito en el Registro Federal de Electores, tan es así, que en las credenciales para votar con fotografía expedidas por dicha institución, además de otros datos del elector, contiene el dato denominado "Año de registro" y "Clave de Elector" que son precisamente, junto con otros datos como el folio, Estado, Municipio, Localidad y Sección contenidos en la Credencial, datos del ciudadano con los que se encuentra inscrito y registrado en el Registro Federal de Electores. Aún mas. El propio Consejo General del Instituto Federal Electoral, en distintos Acuerdos, como por ejemplo aquel que establece los lineamientos para la acreditación de observadores electorales para el proceso electoral federal 1999-2000 a señalado, que el requisito de estar inscrito en el Registro Federal de Electores puede ser acreditado mediante copia fotostática simple.

De lo anterior se concluye, que la Comisión de Legislación, Puntos Constitucionales, Gobernación y Asuntos Electorales del Congreso del Estado, actuó indebidamente al requerir la probanza de un hecho que todo caso, fue debidamente acreditado con las copias simples de la Credencial para Votar con Fotografía de las personas propuestas como candidatos a Consejeros Ciudadanos, documentales que valoradas en los términos señalados anteriormente, debieron llevar a concluir, que dichas personas, si cumplen plenamente lo establecido en la fracción II del artículo 90, por lo que nuevamente estamos ante una violación del principio de legalidad que ampara el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al no encontrarse debidamente motivado y fundado al acto que se reclama, al haber impuesto a dichas personas, el cumplimiento de mayores requisitos que los expresado señalados en la Ley.

5.- Con relación a los hechos expuestos en el presente escrito, que se refieren a los casos por los que la Comisión Permanente de Legislación, Puntos Constitucionales, Gobernación y Asuntos Electorales del Congreso del Estado, consideró que diversas personas propuestas como candidatos a Consejeros Ciudadanos no reunieron los requisitos establecidos en la fracción VI y VII del artículo 90 del Código Electoral del Estado de Yucatán, por no presentar constancia expedida por el Instituto Federal Electoral y del Consejo Electoral del Estado,. De no haber sido candidato a cargo de elección popular ni desempeñar o haber desempeñado cargo de Dirección en los órganos nacionales, estatales o municipales de algún Partido Político lo que varios propuestos pretendieron acreditar con una manifestación bajo protesta de decir verdad de no encontrarse en esos supuestos y que a criterio de la Comisión que emite el documento, no brinda certeza jurídica por existir instituciones a través de las cuales se puede acreditar tales requisitos, es de señalarse que existen antecedentes de que para acreditar hechos y actos negativos de las personas, específicamente para aquellas postuladas a un cargo electoral o de elección popular, las propias autoridades electorales del Estado han dado como válida la declaración bajo protesta de decir verdad de no encontrarse en determinados supuestos. Tal es el caso de la Convocatoria Pública emitida por el Consejo Electoral del Estado, (cuyos integrantes fueron designados ilegalmente por el H. Congreso del Estado), para efecto de integrar los Consejos Distritales y Municipales del propio Instituto Electoral del Estado, en cuyo anexo se establece que para acreditar los requisitos establecidos en los artículos 111 y 120 fracciones VI y VII del Código Electoral del Estado, podía realizarse mediante declaración bajo protesta de decir verdad de no encontrarse en tales supuestos. Igualmente el propio Consejo General del Instituto Federal Electoral, en distintos Acuerdos, como por ejemplo aquel que establece los lineamientos para la acreditación de observadores electorales para el proceso electoral federal 1999-2000 a señalado, que ese tipo de requisitos pueden ser acreditados mediante declaración bajo protesta de decir verdad de no estar en esos supuestos, y dejó a los funcionarios electorales y a los representantes de los Partidos Políticos, la carga de la prueba en contrario. (ACUERDO APROBADO EN LA SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO GENERAL CELEBRADA EL 8 DE SEPTIEMBRE DE 1999) (INCISO B, PÁRRAFO 2, DEL PUNTO TERCERO DEL ACUERDO RELACIONADO CON EL PUNTO SÉPTIMO).

Esto quiere decir señores Magistrado, que los supuesto a los que se refiere la fracción VI y VII del artículo 90 del Código Electoral del Estado, se relacionan con hechos negativos que se presumen a favor del ciudadano y que en todo caso quien considera que no los cumple, es precisamente a quien le corresponde la carga de la prueba. Por si lo anterior no fuera suficiente, es decirse que las personas propuestas como candidatos a Consejeros Ciudadanos, al entregar la declaración bajo protesta de decir verdad de no encontrarse en los supuestos en cuestión, aportaron una prueba documental que en todo caso debió ser valorada en los términos previstos en el Código Citado, cosa que la mencionada Comisión Permanente de Legislación, Puntos Constitucionales, Gobernación y Asuntos Electorales del Congreso del Estado no hizo, por lo que llegó a la conclusión fácil, de que dichas personas, no cumplieron con los requisitos relativos del citado numeral 90 de la Ley de la materia.

Este hecho me lleva a concluir, que la Comisión de Legislación, Puntos Constitucionales, Gobernación y Asuntos Electorales del Congreso del Estado, actuó indebidamente al requerir la probanza de un hecho que todo caso, fue debidamente acreditado mediante declaración bajo protesta de decir verdad, suscrita por las personas propuestas como candidatos a Consejeros Ciudadanos, documentales que valoradas en los términos señalados anteriormente, debieron llevar a concluir, que dichas personas, si cumplen plenamente lo establecido en la fracción VI y VII del artículo 90, por lo que nuevamente estamos ante una violación del principio de legalidad que ampara el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al no encontrarse debidamente motivado y fundado el acto que se reclama.

6.- De lo señalado por el Dip. José Jacinto Sosa Novelo que se relaciona en el apartado de hechos del presente escrito, es de decirse que resulta ilegal y contrario a derecho que precisamente, una vez vencido el término para la presentación del propuestas de candidatos a Consejeros Ciudadanos por parte de Partidos Políticos y Organizaciones Sociales, la Comisión de Legislación, Puntos Constitucionales, Gobernación y Asuntos Electorales de H. Congreso del Estado, determine cuales eran los documentos "Idóneos" para acreditar que los ciudadanos propuestos, cumplen los requisitos que el Código señala para ocupar dicho cargo, facultad que en todo caso y desde luego en tiempo previo, correspondía al pleno de H. Congreso del Estado de Yucatán.

En los hechos, lo que implica la exigencia de esos documentos no es otra cosa mas que darle efecto retroactivo a una disposición que en todo caso, debió tomarse y establecerse en un momento anterior como lo pudo ser en una Convocatoria Pública par ala presentación de dichas propuestas, que aunque no tenía el H. Congreso la obligación de emitir como finalmente no lo hizo, puedo haber fijado de modo mas objetivo, los criterios y documentos con los que habrían de acreditarse los requisitos establecidos en el artículo 90 del Código Electoral del Estado. Por otra parte, no existe en el Código Electoral del Estado, algún criterio por el que fuera posible determinar la idoneidad de los documentos con los que habría de acreditarse el cumplimientos de los requisitos establecidos en el artículo 90 del citado Código, ya que si bien, en el artículo 86 del Código en cita sólo indica que las Organizaciones Sociales y los Partidos Políticos deberán anexar a sus propuestas los documentos que acrediten que sus candidatos reúnen los requisitos exigidos por este Código, para ser Consejeros Ciudadanos, en ninguna parte se establecen con precisión, cuales son los documentos específicos o idóneos a los que se refiere el mencionado artículo 86.

Esta circunstancia me lleva a concluir, que la Comisión de Legislación, Puntos Constitucionales, Gobernación y Asuntos Electorales del Congreso del Estado, actúo indebidamente al aplicar de manera retroactiva una disposición de carácter interno, carente de sustento jurídico y sin publicidad anticipada lo que permite afirmar, que se está nuevamente, ante una violación del principio de legalidad que ampara el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al no encontrarse debidamente motivado y fundado el acto que se reclama y ante una violación del artículo 14 Constitucional que prohíbe dar a la Ley efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna.

Igualmente los hechos señalados en el presente escrito, por las consideraciones de derecho expuestas me permiten afirmar, que resulta violado el artículo 35 fracción II de nuestra Carta Magna que otorga como prerrogativa de todo ciudadano el poder ser nombrado para cualquier empleo, cargo o comisión cuando tengan las calidades que establezca la ley.

Los hechos y violaciones legales me producen los siguientes:

AGRAVIOS

1.- Causa agravio a la parte que represento las violaciones en que incurrió el H. Congreso del Estado de Yucatán en la ejecución de la Sentencia dictada por esa Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder judicial de la Federación en el Expediente SUP-JRC-391/2000 en virtud, de que los ordenamientos violados son normas generales de orden público y de observancia obligatoria por lo que toda autoridad está obligada a su observancia y debido cumplimiento.

2.- La designación de los Consejeros Ciudadanos del Consejo Electoral del Estado en los términos que fue realizada, conculca en los hechos, el derecho que el artículo 86 del Código Electoral del Estado de Yucatán otorga a mi Partido así como a todos los demás Partidos Políticos y organizaciones sociales, al dejar sin efecto las consecuencias jurídicas de la presentación de propuestas de candidatos a Consejeros Ciudadanos, es decir la posibilidad de que en igualdad de oportunidades, pudieran haber resultado designados Consejeros Ciudadanos del Consejo Electoral del Estado.

3.- Resulta igualmente agraviante para mi Partido el hecho de que en la forma en que el H. Congreso del Estado ejecutó la Sentencia mencionada, se obstruya uno de los fines que como Partido Político nos otorga la Constitución Federal: Promover la participación del pueblo en la vida democrática, como lo es en este caso, promoviendo una real ciudadanización del órgano superior de dirección del Instituto Electoral del Estado de Yucatán a través de la presentación de propuestas para integrar dicho órgano que el Código sustantivo, otorga como un derecho a organizaciones sociales y Partidos Políticos.

4.- Si se toma en cuenta que la integración de los órganos electorales, constituye un acto de preparación y organización del próximo Proceso Electoral, resulta también agraviante que con la ilegal resolución que se combate, se nos conculque el derecho a participar en la preparación, desarrollo y vigilancia de dicho Proceso Electoral, derecho que nos otorga el artículo 41 Constitucional y el artículo 41 fracción I del Código Electoral del Estado de Yucatán.

5.- Por último, resulta agraviante para el partido que represento, el hecho de que la designación de los Consejeros Ciudadanos del consejo Electoral del Estado fuera realizada violando el orden Constitucional, dejando sin efecto jurídico una sentencia que fue favorable a mis pretensiones originales planteadas en el Juicio de Revisión Constitucional Electoral relativo, al subsistir aun en la designación señalada, graves violaciones a nuestra Carta Magna.

En términos del artículo 91 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral se aportan y ofrecen las siguientes:

...

VI. El diecinueve de octubre de dos mil, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dictó acuerdo por el cual, entre otros aspectos, se dio vista al Partido de la Revolución Democrática y al H. Congreso del Estado de Yucatán, con los documentos que se precisan en los resultandos II, III y V, anteriores, con el propósito de que manifestaran lo que a su derecho conviniere.

VII. El veinte de octubre de dos mil, a las dieciocho horas con cincuenta minutos, se recibió en la Oficialía de Partes de esta Sala Superior el escrito de la misma fecha, suscrito por Gloria Angélica Rangel Vargas en representación del Partido de la Revolución Democrática, por el cual daba cumplimiento al acuerdo de esta Sala Superior, precisado en el resultando anterior.

VIII. El veintiuno de octubre de dos mil, a las cero horas con veintiséis minutos, se recibió, inicialmente vía fax y posteriormente mediante mensajería, el escrito del veinte de octubre del presente año, suscrito por el diputado licenciado Rolando Rodrigo Zapata Bello, quien se ostenta como Presidente de la Diputación Permanente del Honorable Congreso del Estado de Yucatán, manifestando lo que a su derecho convenía, en atención al acuerdo de esta Sala Superior precisado en el resultando VI de esta resolución.

IX. Mediante acuerdo de fecha veintitrés de octubre de dos mil, el Magistrado electoral José de Jesús Orozco Henríquez acordó, entre otros aspectos, requerir al H. Congreso del Estado de Yucatán, por conducto de los Presidentes de la Diputación Permanente y de la Comisión Permanente de Legislación, Puntos Constitucionales, Gobernación y Asuntos Electorales o, en su caso, de quienes legalmente puedieran sustituirlos, para que, al momento de que les fuera notificado el acuerdo, entregaran de inmediato al actuario de esta Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, lo siguiente:

A. Los expedientes y la documentación relacionada con las organizaciones sociales y los partidos políticos, así como con cada uno de los respectivos ciudadanos propuestos para ser designados consejeros ciudadanos del Consejo Electoral del Estado de Yucatán, en el entendido de que deberán ser los originales o las copias que hayan exhibido, pues si bien el partido político actor solicitó copia certificada de dichos documentos, atendiendo a la naturaleza de estos documentos y a los argumentos planteados por el propio impugnante, es necesario que esta Sala Superior cuente con las probanzas que la autoridad responsable tuvo a la vista para determinar si se cumplían o no los requisitos legales para adoptar las propuestas de consejeros ciudadanos y realizar la designación correspondiente; en este sentido y a partir de las constancias que obran en los autos del presente expediente, se precisan a continuación las organizaciones sociales, partidos políticos y ciudadanos, cuya documentación se deberá remitir: a) Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas: Lic. José Manuel Álvarez Araujo, Ing. Ángel Antonio Pool Alvarado; b) Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, c) Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, d) Asociación de Mujeres Profesionales en Derecho de Yucatán, e) Asociación de Directores y Subdirectores de Escuelas Secundarias Estatales, A. C. : Abog. Elena Del Rosario Castillo Castillo, Lic. Ariel Avilés Marín, Lic. Eduardo Seijo Gutiérrez, Profr. Francisco Javier Villarreal González, Lic. José Ignacio Puerto Gutiérrez, Ing. Carlos Fernando de Jesús Pavón Gamboa, Profr. William Gilberto Barrera Vera, Dr. Jorge Carlos Gómez Palma, Dr. José Abel Peniche Rodríguez, Ing. Russell Amilcar Santos Morales, C.P. Luis Felipe Cervantes González, Dr. Miguel Ángel Alcocer Selem, y Lic. Luis Alberto Martín Iut Granados; f) México Nuevo, Yucatán: Prof. Carlos Manuel Barahona Ortega; g) Centro Empresarial de Mérida (Coparmex-Mérida): M.A. Carlos Ancona González, Lic. Francisco Javier Otero Rejón, y Lic. José Enrique Tadeo Solís Zavala; h) Federación de Escuelas Particulares del Estado de Yucatán, A. C. : Mtra. Martha Eugenia Lazcano Arredondo, Lic. Armando Corona Cruz, y C. Mercedes Solís Robleda; i) Partido Acción Nacional: Lic. Eraclio del Jesús Cruz Pacheco, Lic. Wilberth Fernando Zavala Urtecho y Dra. Candelaria Mugarte y Chan; j) Partido de la Revolución Democrática: Lic. En Etnohistoria Gabriela Solís Robleda, Abog. Jorge Carlos Estrada Avilés, y Lic.Ricardo Patricio Marentes Aguilar; k) Indignación, Promoción y Defensa de los Derechos Humanos A. C. : Antrop. María Lourdes del Rosario Rivas Gutiérrez; l) Participación Ciudadana, A. C. : C.P. Carmen Alicia Jiménez Ruiz, Lic. Rafaela del Carmen Canto Hau y C.P. Juan Safar Ceballos; m) Alianza Cívica, A. C. : Ing. Roger A. Gamboa Salazar, Lic. William de Jesús Santos Suárez y Profa. María Elena Méndez Benavides; n) Partido Revolucionario Institucional: Lic. Brígida del Pilar Medina Klaussel, Lic. Armando Iván Escobedo Burgos e Ing. Alfredo Cámara Zi; ñ) Ciudadanos Unidos por Yucatán, A. C. : Lic. Delta del Rosario Franco López, Profa. Elsy Noemí Solís Cervantes y Lic. Ruth Aurora Urrutia Cevallos; o) Asistencia a la Maternidad en Yucatán, A. C. : Profa. Alba Flor de la Cruz Sobrino Alcocer e I.Q.I. Raúl Eduardo Tzab Camp; p) Consejo de Escribanos Públicos del Estado de Yucatán A. C. : Lic. Carlos Alberto Sosa Guillén, Lic. Roger Alberto Medina Chacón y Jesús Efrén Santana Fraga; q) Colegio de Economistas, A. C. : Prof. Luis Humberto Baeza Burgos, Lic. Miriam Ivette Mijangos Orozco y Lic. Ricardo César Romero Álvarez; r) Partido del Trabajo: Dra. Maria Luisa Rojas Bolaños, Lic. Marisol del Socorro Canto Ortiz, e Ing. Arturo Juárez Lara; s) Fundación Cultural Yucatán, A. C. : Arq. Antonio Peniche Gallareta; t) Colegio de Psicólogos del Estado de Yucatán, A. C. : Raúl Burgos Fajardo; u) Centro Educativo Piaget, A. C. : C. Gabriela Solís Robleda, C. Mariano Tec Velásquez, C. Violeta Aguilar Gamboa; v) Colegio Yucateco de Arquitectos, A. C. : Arq. Antonio Peniche Gallareta, y w) Colegio de Abogados de Yucatán, A. C.: Abog. Fernando Javier Bolio Vales, Abog. Héctor Humberto Herrera Heredia, y María Elizabeth López Valencia. Lo anterior, en el entendido de que si existiera alguna otra constancia o documentación a partir de la cual se haya realizado la determinación de quiénes cumplieron los requisitos y quiénes no, para ser designados consejeros ciudadanos, la misma también deberá ser entregada, a efecto de integrar debidamente los presentes autos; B. Grabación en audio y video de la sesión de la Comisión Permanente de Legislación, Puntos Constitucionales, Gobernación y Asuntos Electorales del H. Congreso del Estado de Yucatán, celebrada para los efectos previstos en la sentencia dictada por la esta Sala Superior en el juicio de revisión constitucional electoral identificado con el número de expediente SUP-JRC-391/2000, y C. Grabación en audio y video de la sesión del Pleno de la LV Legislatura del H. Congreso del Estado de Yucatán, celebrada el dieciséis de octubre del presente año, para los efectos previstos en la sentencia dictada por la esta Sala Superior en el juicio de revisión constitucional electoral identificado en el número de expediente SUP-JRC-391/2000. Asimismo, para garantizar que la resolución se pueda dictar con la debida celeridad que amerita este asunto, se hace el apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se aplicarán las medidas de apremio pertinentes, en términos de lo previsto en los artículos 32 y 33 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, independientemente de las responsabilidades penales, administrativas, políticas, entre otras, en que pueda incurrir en caso de no atender este mandamiento.

...

X. El veintitrés de octubre de dos mil, el actuario de esta Sala Superior, encargado de llevar a cabo el requerimiento precisado en el resultando anterior, levantó la siguiente razón:

... el suscrito Actuario asienta la RAZÓN, que el día de la fecha, siendo las catorce horas con diez minutos, me constituí en las oficinas de la Oficialía Mayor del H. Congreso del Estado de Yucatán siendo recibido por el C. Licenciado Jaime Ismael Magaña Mata Oficial Mayor de dicho Congreso para notificarle los oficios del auto de requerimiento de esta misma fecha, mismos que fueron recibidos a la hora antes indicada, manifestando al suscrito que no podía entregarme los originales como lo ordenaba el auto notificado ya que de hacerlo se quedarían en estado de indefensión por lo que tendría que proceder a fotocopiar toda la documentación y certificarla ante Notario Publico y así estar en condiciones de cumplir con el requerimiento, por lo que me pidió que le diera tiempo para obtener las copias y entregarlas al Suscrito, indicándome que como eran muchos documentos se tardarían un poco, por lo que me pidió que regresara a las diecinueve horas, por lo que procedí a retirarme, regresando a las oficinas del Oficial Mayor a la hora indicada, y al hacerme presente, me indicó que estaba en el proceso de copiado, que le permitiera que terminara de fotocopiar para entregar la documentación requerida, por lo que procedí esperar como me lo indicaba. Siendo las veintiuna horas con cuarenta y dos minutos al preguntarle si ya tenía la documentación que se le requería, me contestó que no, ya que no iban a entregarla, entregándome el oficio número 419 firmado por el C. Diputado Licenciado Rolando Rodrigo Zapata Bello Presidente de la Diputación Permanente del H. Congreso del Estado de Yucatán, en la que explican los motivos por los que no entregan al Suscrito la documentación requerida, motivos que se detallan en el Acta Circunstanciada que se anexa, firmada por el Oficial Mayor y el Suscrito Actuario, así como en el ya citado oficio, lo que se procede informar al C. Magistrado, para los efectos legales procedentes. CONSTE.

XI. Mediante oficio número 419, del veintitrés de octubre de dos mil, el Presidente de la Diputación Permanente del H. Congreso del Estado de Yucatán, manifestó lo siguiente:

ROLANDO RODRIGO ZAPATA BELLO, Presidente de la Diputación Permanente del H. Congreso del Estado de Yucatán, de generales conocidas en los autos del expediente SUP-JRC-391/2000, promovido por el Partido de la Revolución Democrática y que se sigue ante ese alto Tribunal; ante Vuestra Honorabilidad con el debido respeto comparezco a nombre de mi representado el H. Congreso del Estado de Yucatán y expongo:

El día de hoy veintitrés de octubre del año dos mil se recibió en la Oficialía Mayor del H. Congreso del Estado, sendos oficios de notificación, marcados con los números SGA-JA-1563/2000, SGA-JA-1564/2000 Y SGA-JA-1565/2000, dirigidos el primero al H. Congreso del Estado de Yucatán, el segundo a quien suscribe en su carácter de Presidente de la Diputación Permanente del H. Congreso del Estado de Yucatán y el último al Presidente de la Comisión Permanente de Legislación, Puntos Constitucionales, Gobernación y Asuntos Electorales del H. Congreso del Estado de Yucatán; a cada uno de los tres oficios se adjunta el Auto de fecha veintitrés de octubre del año dos mil dictado por el C. Magistrado J. Jesús Orozco Enriquez integrante de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el que, en su parte conducente se requiere al H. Congreso del Estado de Yucatán por conducto de los Presidentes de la Diputación Permanente y de la Comisión Permanente de Legislación, Puntos Constitucionales, Gobernación y Asuntos Electorales o, en su caso, de quienes legalmetne puedan sustituirlos para que, al momento de que les sea notificado el presente acuerdo, entreguen de inmediato al C. Lic. Gerardo O. López Vargas, actuario de esa Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación lo siguiente:

Los expedientes y la documentación relacionada con las organizaciones sociales y los partidos políticos, así como con cada uno de los respectivos ciudadanos propuestos para ser designados Consejeros Ciudadanos del Consejo Electoral del Estado de Yucatán, en el entendido de que deberán ser los originales o las copias que hayan exhibido, pues si bien el Partido Político Actor solicitó copia certificada de dichos documentos, atendiendo a la naturaleza de estos documentos y a los argumentos planteados por el propio impugnante, es necesario que esta Sala Superior cuente con las probanzas que la autoridad responsable tuvo a la vista para determinar si se cumplían o no los requisitos leglaes para adoptar las propuestas de Consejeros Ciudadanos y realizar la designación correspondiente, precisando las organizaciones sociales, partidos políticos y ciudadanos cuya documentación solicita se le remita.

Grabación en audio y video de la Sesión de la Comisión Permanente de Legislación, Puntos Constitucionales, Gobernación y Asuntos Electorales del H. Congreso del Estado de Yucatán, celebrada para los efectos previstos en la sentencia dictada por esa Sala Superior en el Juicio de Revisión Constitucional Electoral con número de expediente SUP-JRC-391/2000; y

Grabación en audio y video de la Sesión del Pleno de la Quincuagésima Quinta Legislatura del H. Congreso del Estado de Yucatán celecbrada el 16 de octubre del presente año para los mismos efectos que la grabación y video solicitados en el anterior punto b).

Asimismo, hace el apercibimiento de que, en caso de incumplimiento se aplicarán las medidas de apremio pertinentes, en términos de lo previsto en los artículos 32 y 33 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, independientemente de las responsabilidades penales, adminsitrativas, políticas, entre otras, en que pueda incurrir en el caso de no atenderse este mandamiento.

En primer lugar debo precisarle a vuestra honorabilidad que en mi carácter de Presidente de la Diputación Permanente del H. Congreso del Estado de Yucatán, soy el representante del mismo, en ese sentido para los efectos del presente asunto, gozo de las facultades legales de conformidad con la ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Yucatán para dar constestación a su Acuerdo de fecha 23 de octubre del año dos mil, no así la Presidenta de la Comisión Permanente de Legislación, Puntos Constitucionales, Gobernación y Asuntos Electorales.

En segundo lugar, para no incurrir en responsabilidad legal alguna, me permito hacer de su conocimiento que el día 20 del presente mes, ante el H. Congreso del Estado de Yucatán, se presentaron:

Un Juicio de Revisión Constitucional Electoral, presentado ante el H. Congreso del Estado de Yucatán y promovido por el C. Alfredo Rodríguez y Pacheco, en representación del Partido Acción Nacional, en su calidad de Presidente del Comité Directivo Estatal del dicho Partido, en contra del Decreto 286, del H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Yucatán, mediante el cual, se designó a los Consejeros Ciudadanos Propietarios y Suplentes del Consejo Electoral del Estado de Yucatán, en cumplimiento de la sentencia de fecha 12 de octubre del año dos mil del Juicio de Revisión Constitucional Electoral con número de expediente SUP-JRC-391/2000.

19 juicios presentados ante el H. Congreso del Estado de Yucatán, el día 20 de octubre del año dos mil, para la Protección de los Derechos Político Electorales del Ciudadano, por diversos motivos relacionados con la lista formulada por la Comisión Permanente de Legislación, Puntos Constitucionales, Gobernación y Asuntos Electorales, de las personas que reunieron los requisitos de ley, en términos del artículo 90 del Código Electoral del Estado de Yucatán, así como de los casos de aquellas personas que no reunieron tales requisitos, promovidos por los siguientes ciudadanos:

Violeta Aracelly Aguilar Gamboa.

Ricardo Patricio Marentes Aguilar.

Gabriela Solís Robleda.

Armando Corona Cruz.

Candelaria Mugarte Chán.

María De Lourdes Del Rosario Rivas Gutiérrez.

Mercedes Solís Robleda.

Martha Eugenia Lazcano Arredondo.

Wilbert Zavala Urtecho.

Jorge Carlos Estrada Aviles.

William De Jesús Santos Sáenz.

Mariano Eduviges Tec Velázquez.

José Enrique Tadeo Solís Zavala.

Roger Alberto Gamboa Salazar.

Carlos Antonio Ancona González.

Francisco Javier Otero Rejón.

Rafaela Del Camen Canto Hau.

Marysol Del Socorro Canto Ortiz.

María Luisa Rojas Bolaños.

Tanto el Juicio de Revisión Constitucional Electoral antes citado como los 19 juicios para la Protección de los Derechos Políticos Electorales del Ciudadano, fueron notificados a esa Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el propio día 20 de octubre del año dos mil, vía fax a las 21:20 hrs., y a las 21:00 hrs., se hicieron del conocimiento público, mediante cédula durante un plazo de 72 hrs., y que se fijó en los estrados respectivos del H. Congreso del Estado de Yucatán, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 17 párrafo primero incisos a) y b) de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

En tal virtud, en cumplimiento del Artículo 18 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, la autoridad que represento dentro del plazo de 24 hrs., siguientes al vencimiento del plazo señalado en el párrafo anterior debe rendir los informes circunstanciados respectivos, mismos a los que acompañará copia certificada de los expedientes y la documentación relacionada con las organizaciones sociales y los partidos políticos, así como con cada uno de los respectivos ciudadanos propuestos para ser designados Consejeros Ciudadanos del Consejo Electoral del Estado de Yucatán, requeridos por el C. Magistrado J. Jesús Orozco Enríquez, integrante de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, así como de las grabaciones de audio y video con que en su caso se cuenten de la Sesión de la Comisión Permanente de Legislación, Puntos Constitucionales, Gobernación y Asuntos Electorales, celebrada el día 14 de octubre del presente año para los efectos previstos en la sentencia dictada por esa Sala Superior en el Juicio de Revisión Constitucional Electoral Número SUP-JRC-391/2000, así como de la celebrada por el Pleno del H. Congreso del Estado de Yucatán, de fecha 16 de octubre del corriente, en la que se designó a los Consejeros Ciudadanos Propietarios y Suplentes del Consejo Electoral del Estado de Yucatán.

En ese sentido esta Soberanía del Poder Legislativo del Estado de Yucatán, se encuentra imposibilitada físicamente, para poder cumplir inmediatamente como se requiere en su auto de fecha 23 de octubre del año dos mil, toda vez que si se le entregara inmediatamente todo lo requerido en el aludido auto al C. Lic. Gerardo O. López Vargas, Actuario de esa Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el H. Congreso del Estado de Yucatán, se encontraría en Estado de indefensión para con los Juicios de Revisión Constitucional Electoral y para la Protección de los Derechos Políticos Electorales del Ciudadano, relacionados con anterioridad, en términos de lo dispuesto en el citado artículo 18 de la Ley General del Sistema de Medios de Impuganción en Materia Electral.

Por todo lo expuesto, a vuestra Honorabilidad atenta y respetuosamente pido se sirva tenerme por presentado con este memorial, justificando la imposibilidad física de cumplir inmediatamente como se requiere en su Acuerdo de fecha 23 de octubre del año dos mil, por los motivos relacionados en el cuerpo del mismo, y proveer lo conducente conforme a derecho, declarando improcedente el escrito del incidente por violaciones constitucionales surgidas en la ejecución de la sentencia dictada por esa Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación del pluricitado expediente: SUP-JRC-391/2000, por ser lo conducente.

Protesto lo necesario en la ciudad de Mérida, Yucatán, Estados Unidos Mexicanos, a los veintitrés días del mes de octubre del año dos mil.

C O N S I D E R A N D O

PRIMERO. Es competencia de esta Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, mediante actuación colegiada y plenaria, resolver la materia sobre la que versa esta resolución, por las razones siguientes:

Tal como se sostuvo en los expedientes SUP-RAP-015/99 y SUP-JRC-152/99, resueltos el diez de agosto y el once de noviembre de mil novecientos noventa y nueve, respectivamente, del análisis de las normas previstas en los artículos 187, 189 y 199 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y 19 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, relativas a la sustanciación de los medios de impugnación cuyo conocimiento compete a este órgano jurisdiccional, se desprende que la Sala Superior de Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, como órgano colegiado, está facultada originariamente para emitir y dictar todos los acuerdos y resoluciones, así como para practicar las diligencias necesarias en la instrucción y decisión de los asuntos; sin embargo, con el objeto de lograr una pronta y expedita impartición de justicia electoral, como se ordena en el párrafo segundo del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el legislador concedió a los magistrados electorales, en lo individual, la atribución de llevar a cabo las actuaciones necesarias del procedimiento que ordinariamente se siguen en la instrucción de la generalidad de los expedientes, a efecto de ponerlos en condiciones tales para que, jurídica y materialmente, el órgano jurisdiccional los resuelva colegiadamente, como son las de revisar si se encuentran satisfechos los requisitos de los escritos iniciales de demanda; requerir y prevenir, en su caso, para que se subsanen éstos; admitir los medios de impugnación; proveer lo necesario respecto de la admisión y desahogo de las pruebas ofrecidas, así como el cierre de instrucción. Por otro lado, existen condiciones en las que se requiere dictar resoluciones o practicar actuaciones que puedan implicar una modificación sustancial en el curso del procedimiento que se sigue de manera regular, ya sea porque se requiera decidir sobre algún presupuesto procesal, la relación que el medio de impugnación tenga con otros juicios, la posible conclusión del mismo sin que se resuelva el fondo ni se concluya su sustanciación, etcétera, en cuyos supuestos las determinaciones que se tomen quedan comprendidas en el ámbito general de las atribuciones del órgano colegiado, por lo cual a los magistrados instructores sólo se les faculta para formular un proyecto de resolución y someterlo a la decisión plenaria de la Sala.

Lo anterior debe ser así, en virtud de que en el artículo 189, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación se determina que la Sala Superior tendrá competencia para conocer y resolver, en forma definitiva e inatacable, las controversias que se precisan en los incisos respectivos de dicha fracción, en tanto que en el artículo 187 de ese ordenamiento legal se prescribe cómo se integra esta Sala, cuál es el quórum legal para que sesione válidamente y la votación necesaria para tomar sus determinaciones. De estas normas se desprende la atribución de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para sustanciar, de manera colegiada, los procedimientos correspondientes a los asuntos ahí indicados, puesto que no sólo tiene facultades para resolver sino, además, para conocer de tales controversias.

Ahora bien, en el artículo 199 del mismo ordenamiento, el legislador fijó una relación de carácter enunciativo respecto de las atribuciones conferidas a los magistrados electorales, como se colige en forma específica de la faccción XV de dicho precepto. De esa relación, por lo que toca a la sustanciación de los expedientes, es posible distinguir los siguientes dos grupos:

i) Las facultades conferidas en las fracciones VII, XII y XIII, para el desarrollo ordinario de los procedimientos hasta ponerlos en estado de resolución ante el órgano colegiado, y que están referidas a la admisión de los medios de impugnación y de los escritos de los terceros interesados o candidatos coadyuvantes; la formulación de los requerimientos ordinarios que resulten necesarios para la debida integración de los expedientes y obren en poder del Instituto Federal Electoral, cualquier otra autoridad federal, estatal o municipal, los partidos políticos o los particulares, los cuales el magistrado electoral instructor considere sírvan para la sustanciación y resolución de los expedientes, siempre y cuando ello no sea obstáculo para fallar dentro de los plazos legales, así como para girar los exhortos a los juzgados federales o estatales, a efecto de que, en auxilio de la justicia electoral federal, realicen alguna diligencia en el ámbito de su competencia o efectúen, por sí mismos, las que deban practicarse fuera de las oficinas de este órgano jurisdiccional.

ii) Las atribuciones contenidas en las fracciones VIII, IX, X y XI del mencionado artículo 199 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, encaminadas a que esta Sala Superior decida, de manera colegiada, ciertas cuestiones con base en los proyectos de resolución que presente el magistrado instructor. Dichas facultades se refieren a la obligación del magistrado instructor de someter a la Sala los proyectos de sentencia en que se proponga desechar un medio de impugnación por notoria improcedencia o evidente frivolidad; tener por no interpuestos o no presentados los escritos iniciales de demanda o los recursos que no reúnan los requisitos exigidos en la ley; ordenar que dichos escritos se envíen al archivo jurisdiccional, como asuntos definitivamente concluidos, y la acumulación de expedientes o la procedencia de la conexidad.

Esta misma distribución de facultades, como se sostuvo en los precedentes invocados, se advierte en lo estatuido en el artículo 19 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, donde el legislador precisó que la sala competente debe realizar los actos y ordenar las diligencias necesarias para la sustanciación de los expedientes, pero, a la vez, dispuso que el presidente del órgano debe turnar cada expediente recibido a un magistrado electoral, el cual debe revisar que el escrito inicial de demanda del medio de impugnación reúna los requisitos señalados en la ley y, derivado de dicha revisión, llegue a cualquiera de las siguientes determinaciones más comunes: a) No se cumplen con los requisitos exigidos en la ley o con alguno de los que se consideran como esenciales (hacer constar el nombre del actor y la firma autógrafa); b) No se cumple con alguno o algunos de los requisitos no esenciales y los mismos no puedan ser deducidos de los elementos que consten en los autos, previo requerimiento formulado al actor para que los subsane; c) El escrito del tercero interesado o del candidato coadyuvante se presentaron extemporáneamente o se incumplió el requerimiento formulado para que subsanara alguno o algunos de los requisitos del escrito respectivo; d) El escrito es irregular en los términos de la ley y no se dio cumplimiento al requerimiento formulado para corregir el requisito faltante, y e) El escrito reúne todos los requisitos. En el primer caso, el magistrado electoral debe formular un proyecto de sentencia en el que proponga a la Sala el desechamiento de plano del medio de impugnación; en el segundo y tercer caso, el proyecto de fallo deberá formularse en el sentido de tener por no presentado el medio de impugnación, o bien, el escrito de tercero interesado o candidato coadyuvante; en el cuarto caso, la propuesta del magistrado instructor se formulará a la sala con los elementos que obren en autos, pero sin que el escrito irregular dé lugar al desechamiento o a que se tenga por no presentado y, en el último caso, el magistrado instructor debe dictar el auto de admisión que corresponda y, una vez sustanciado el expediente, declarará cerrada la instrucción y pondrá el expediente en estado de dictar sentencia, debiendo formular el proyecto de la misma, en el sentido de sobreseer o resolver el fondo de la cuestión planteada, según sea el caso, sometiendo en todos los anteriores supuestos, a la consideración de la sala, los proyectos conducentes, para que ésta falle lo pertinente.

Con todo lo anterior, se evidencia suficientemente que, en el presente caso, las atribuciones para decidir sobre este particular aspecto de la sustanciación están conferidas a la Sala Superior, actuando colegiadamente, ya que la materia a resolver consiste en determinar si el escrito presentado por quien se ostenta como representante del Partido de la Revolución Democrática debe ser tramitado como incidente de ejecución respecto de la sentencia precisada en el resultando I, o bien, el referido documento realmente constituye un medio de impugnación por sí mismo, respecto del acuerdo tomado por el H. Congreso del Estado de Yucatán el dieciséis de octubre del año en curso, y que en el caso concreto se trataría del juicio de revisión constitucional electoral, pues no tener en consideración lo anterior implicaría que se pudiera estar contraviniendo lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al estar denegando el acceso a la justicia al partido político inconforme.

SEGUNDO. Del escrito presentado por el Partido de la Revolución Democrática, y que se precisa en el resultando V, se desprende con toda claridad que la intención del actor es impugnar el Decreto 286 del Congreso del Estado de Yucatán, del dieciséis de octubre de dos mil, mediante el cual se designó a los consejeros ciudadanos propietarios y suplentes del Consejo Electoral del Estado de Yucatán, por considerar que el mismo viola los artículos 16 y 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, expresando argumentos que constituyen auténticos agravios enderezados a combatir el acto precisado y obtener la revocación del mismo, lo cual evidencia que pese a considerarlo un incidente de ejecución de la sentencia precisada en el resultando I, lo que está haciendo es plantear la posibilidad de vicios propios del referido acto impugnado, que van más alla del cumplimento o no de la sentencia precisada en el resultando I de este acuerdo.

Al respecto, resultan aplicables la jurisprudencia J.04/99 y el criterio relevante sostenidos por esta Sala Superior, y publicados, la primera, en el suplemento 2 de Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, año 1998, página 70, en tanto que el segundo en las páginas 70 y 71 de la misma publicación, cuyos rubros y textos, respectivamente, son:

MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL. EL RESOLUTOR DEBE INTERPRETAR EL OCURSO QUE LOS CONTENGA PARA DETERMINAR LA VERDADERA INTENCIÓN DEL ACTOR. Tratándose de medios de impugnación en materia electoral, el juzgador debe leer detenida y cuidadosamente el ocurso que contenga el que se haga valer, para que, de su correcta comprensión, advierta y atienda preferentemente a lo que se quiso decir y no a lo que aparentemente se dijo, con el objeto de determinar con exactitud la intención del promovente, ya que sólo de esta forma se puede lograr una recta administración de justicia en materia electoral, al no aceptarse la relación obscura, deficiente o equívoca, como la expresión exacta del pensamiento del autor del medio de impugnación relativo, es decir, que el ocurso en que se haga valer el mismo, debe ser analizado en conjunto para que, el juzgador pueda, válidamente, interpretar el sentido de lo que se pretende.

Sala Superior. S3EL 048/97

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-074/97. Partido Revolucionario Institucional. 11 de septiembre de 1997. Unanimidad de votos.

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-099/97. Partido Acción Nacional. 25 de septiembre de 1997. Unanimidad de votos.

Juicio de revisión constitucional electoral SUP-JRC-058/99. Partido del Trabajo. 14 de abril de 1999. Unanimidad de votos.

PROMOCIONES. CUANDO ES EVIDENTE QUE SU LITERALIDAD SE OPONE A LA CLARA INTENCIÓN DEL SUSCRIPTOR, DEBE PREVALECER ÉSTA. Una regla de interpretación de los contratos, prevista en el artículo 1851 del Código Civil para el Distrito Federal en Materia Común y para toda la República en Materia Federal, previene que si los términos de un contrato son claros y no dejan duda sobre la intención de los contratantes, se estará al sentido literal de sus cláusulas, pero que si las palabras parecieran contrarias a la intención evidente de los contratantes, prevalecerá ésta sobre aquéllas. Dicho principio extiende su aplicabilidad a todos los actos jurídicos, en lo que no se oponga a la naturaleza de éstos o a disposiciones especiales de la ley sobre los mismos, según lo determina el artículo 1859, del ordenamiento citado; pero aún más, esta regla se puede considerar validamente como principio general de derecho aplicable en el ámbito jurídico nacional a falta de norma específica en los ordenamientos positivos directamente aplicables en un caso determinado, por coincidir con la orientación general que guía la legislación federal y estatal de este país, respecto a la interpretación de los actos que constan en documentos privados. Por tanto, la regla en comento es aplicable para la interpretación de las promociones de las partes o de terceros en los procedimientos relativos a los medios de impugnación en materia electoral, en atención a lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, toda vez que tales promociones contienen actos jurídicos exteriorizados mediante manifestaciones de voluntad de quienes intervienen en ella, y no existe disposición específica en contrario en las leyes directamente aplicables.

Sala Superior. S3EL 001/98

Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano SUP-JDC-016/98. Julio César Domínguez Fuentes. 15 de mayo de 1998. Unanimidad de 6 votos. Ponente: Leonel Castillo González.

Atendiendo, además de las tesis invocadas, a lo previsto en el artículo 23, párrafo 3, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, que recogen los principios generales del derecho "el juez conoce el derecho" y "dame los hechos y yo te daré el derecho" (iura novit curia y da mihi factum dabo tibi jus), teniendo en cuenta que todos los razonamientos y expresiones que con tal proyección o contenido aparezcan en la demanda constituyen un principio de agravio, con independencia de su ubicación en cierto capítulo o sección de la misma demanda o recurso, así como de su presentación, formulación o construcción lógica, ya sea como silogismo o utilizando cualquier otra fórmula deductiva o inductiva, puesto que ninguno de los medios de impugnación que se prevén en dicha ley es un procedimiento formulario o solemene, ya que basta que el actor o recurrente exprese con claridad la causa de pedir, precisando la lesión o agravio que le causa el acto o resolución impugnado y los motivos que originaron ese agravio; es decir, es suficiente con que el actor exponga un argumento que esté dirigido a demostrar la ilegalidad o inconstitucionalidad en el proceder de la autoridad, para que, con base en los preceptos juridicos aplicables al asunto sometido a su decisión, esta Sala se ocupe de su estudio, como sucede en el presente caso. Lo anterior, también en seguimiento de la tesis de jurisprudencia que este mismo órgano jurisdiccional ha sentado y que figura con el rubro "AGRAVIOS. PUEDEN ENCONTRARSE EN CUALQUIER PARTE DEL ESCRITO INICIAL", la cual fue publicada en el suplemento número 2 de Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, año 1998, páginas 11 y 12.

De esa manera, haciendo una lectura integral del escrito de demanda y respetando los princios de congruencia y exhaustividad, para partir de la causa de pedir que se expone en el referido escrito y así atender a la auténtica intención del actor, en primer término, esta Sala llega a la determinación de que el enjuiciante identifica expresamente como autoridad responsable a la LV Legislatura del H. Congreso del Estado de Yucatán, por una parte, así como acto impugnado a la designación de los consejeros ciudadanos propietarios y suplentes del Consejo Electoral del Estado de Yucatán, realizada el dieciséis de octubre de dos mil, como puede apreciarse de la lectura del escrito de mérito, cuya transcripción, en lo que interesa, se encuentra en el resultando V de este acuerdo.

En este sentido, es indudable que el partido político actor hace valer, como ya se apuntaba, agravios que rebasan el planteamiento inicial de si se cumplió o no con la sentencia dictada por esta Sala Superior en el SUP-JRC-391/2000.

Sentado lo anterior, en el presente caso resulta aplicable la tesis de jurisprudencia 1/97, establecida por esta Sala Superior, publicada en Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Suplemento número 1, año 1997, página 26, cuyo rubro y texto son:

"MEDIO DE IMPUGNACIÓN. EL ERROR EN LA ELECCIÓN O DESIGNACIÓN DE LA VÍA NO DETERMINA NECESARIAMENTE SU IMPROCEDENCIA. Ante la pluralidad de posibilidades que la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral da para privar de efectos jurídicos a los actos y resoluciones electorales, es factible que algún interesado exprese que interpone o promueve un determinado medio de impugnación, cuando en realidad hace valer uno diferente, o que, al accionar, se equivoque en la elección del recurso o juicio legalmente procedente para lograr la corrección o la satisfacción de la pretensión que se propone. Sin embargo, si: a) se encuentra identificado patentemente el acto o resolución que se impugna; b) aparece manifestada claramente la voluntad del inconforme de oponerse y no aceptar ese acto o resolución; c) se encuentran satisfechos los requisitos de procedencia del medio de impugnación legalmente idóneo para invalidar el acto o resolución contra el cual se opone reparo o para obtener la satisfacción de la pretensión, y d) no se priva de la intervención legal a los terceros interesados; al surtirse estos extremos, debe darse al escrito respectivo el trámite que corresponda al medio de impugnación realmente procedente, porque debe tenerse en cuenta que conforme a la fracción IV del artículo 41 constitucional, uno de los fines perseguidos con el establecimiento de un sistema de medios de impugnación consiste, en garantizar los principios de constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones electorales; por tanto, dentro de los derechos electorales reconocidos en la Carta Magna a los ciudadanos, agrupados o individualmente, destaca el de cuestionar la legalidad o la constitucionalidad de los actos o resoluciones electorales que consideren les causa agravio, cuestionamiento que se sustancia en un proceso de interés público, cuyo objeto, por regla general, no está a disposición de las partes, por estar relacionado con derechos fundamentales reconocidos en la Constitución. Esto debe complementarse con la circunstancia de que el artículo 23, párrafo 3, de la ley secundaria citada previene que, si se omite el señalamiento de preceptos jurídicos presuntamente violados o se citan de manera equivocada, en la resolución que se emita deben tomarse en consideración las disposiciones que debieron ser invocadas o las que resulten aplicables al caso concreto. En observancia a lo anterior, se arriba a la solución apuntada, pues de esta manera se verá colmado el referido fin del precepto constitucional invocado, con la consiguiente salvaguarda de los derechos garantizados en él, lo que no se lograría, si se optara por una solución distinta, que incluso conduciría a la inaceptable conclusión de que esos derechos pudieran ser objeto de renuncia."

Este órgano jurisdiccional estima que lo anterior debe ser así, en virtud de que en el asunto en cuestión están perfectamente identificados el acto reclamado, la autoridad responsable, las consideraciones de hecho y de derecho, así como los agravios que el partido político actor estima le provoca el presunto actuar indebido de la autoridad.

Por lo expuesto, esta Sala Superior del Poder Judicial de la Federación, actuando de manera plenaria y colegiada, llega a la convicción de que el caso en estudio encuadra en la hipótesis normativa establecida en el artículo 86 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, es decir, en la hipótesis del juicio de revisión constitucional electoral, tal como se demostró en párrafos precedentes, sin que esto implique, en manera alguna, una decisión anticipada sobre los requisitos de admisiblilidad de la demanda, que no se han estudiado en este asunto.

Por otro lado, esta Sala Superior advierte que, en el caso, es necesario que la autoridad responsable dé la tramitación a que se refiere el artículo 17 de la ley adjetiva de la materia y que corresponde al presente medio de impugnación, a efecto de no vulnerar los derechos de los posibles terceros interesados, ni los principios de congruencia y el de contradicción, al resolver sólo con el escrito de demanda y sus anexos, por lo que este órgano jurisdiccional federal estima que se debe ordenar a las autoridades responsables le den trámite a la demanda como si se tratara de un juicio de revisión constitucional electoral, en virtud de que no existe obstáculo legal o material alguno para que el escrito inicial de demanda se tramite y sustancie, desde su origen, en la vía legal procedente.

En consecuencia, debe determinarse la tramitación del presente asunto como juicio de revisión constitucional electoral, sin que en el caso concreto sea necesario remitir copia certificada de constancia alguna al H. Congreso del Estado de Yucatán, toda vez que ya cuenta con la documentación necesaria, misma que le fue remitida con motivo del acuerdo de vista de esta Sala Superior, que se precisa en el resultando VI de este acuerdo, debiendo cumplir la autoridad señalada como responsable con lo preceptuado en los artículos 17 y 18 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, para que den el trámite que corresponda al juicio antes mencionado y, una vez hecho lo anterior, se remita nuevamente el asunto al Magistrado José de Jesús Orozco Henríquez, para los efectos del artículo 19 de la ley general antes mencionada.

Toda vez que la imposibilidad física a que se refiere el C. Presidente de la Diputación Permanente del H. Congreso del Estado de Yucatán en su escrito del veintitrés de octubre de dos mil, se encontrará superada al momento de que deba remitir, entre otros, el informe circunstanciado en relación con este medio de impugnación, se debe requerir al H. Congreso del Estado de Yucatán, por conducto de los Presidentes de la Diputación Permanente y de la Comisión Permanente de Legislación, Puntos Constitucionales, Gobernación y Asuntos Electorales o, en su caso, de quienes legalmente pudieran sustituirlos, para que den cabal cumplimiento al acuerdo del Magistrado José de Jesús Orozco Henríquez, de veintitrés de octubre de dos mil, precisado en el resultando IX, enviando por el medio que se considere idóneo y expedito, lo que en él se requiere, con excepción de lo previsto en el punto C. respectivo, ya que es un hecho notorio para esta Sala Superior que la grabación de audio y video de la sesión del dieciséis de octurbre del año en curso de la LV Legislatura del H. Congreso del Estado de Yucatán obra en autos del diverso expediente SUP-JRC-440/2000, radicado ante la propia Sala, disponiendo al efecto con veinticuatro horas, contadas a partir del momento en que se notifique la presente resolución, apercibidos de que, en caso de incumplimiento del referido requerimiento, se les aplicará una amonestación pública, en términos de lo dipuesto en los artículos 32 y 33 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, así como 88 del Reglamento Interno del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Por lo expuesto y con fundamento, además, en los artículos 4; 41, base IV, y 99, párrafo cuarto, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 199, fracción XII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 26, párrafo 3, y 29 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral así como 85 del Reglamento Interno del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, se

R E S U E L V E

PRIMERO. Es procedente tramitar como juicio de revisión constitucional electoral, el escrito presentado por el Partido de la Revolución Democrática el diecinueve de octubre de dos mil, impugnando el Decreto 286 del H. Congreso del Estado de Yucatán, mediante el cual se designó a los consejeros ciudadanos propietarios y suplentes del Consejo Electoral del Estado de Yucatán, el dieciséis de octubre de dos mil, sin prejuzgar sobre su admisibilidad.

SEGUNDO. En consecuencia, tramítese el presente asunto como juicio de revisión constitucional electoral, para lo cual notifíquese al H. Congreso del Estado de Yucatán para que, con la copia certificada del escrito inicial de demanda, presentado por el Partido de la Revolución Democrática el diecinueve de octubre de dos mil, que se anexó al acuerdo de esta Sala Superior a que se refiere el resultando VI, cumpla con lo preceptuado en los artículos 17 y 18 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, dándole el trámite que corresponde al juicio antes mencionado.

TERCERO. Se requiere al H. Congreso del Estado de Yucatán, por conducto de los Presidentes de la Diputación Permanente y de la Comisión Permanente de Legislación, Puntos Constitucionales, Gobernación y Asuntos Electorales o, en su caso, de quienes legalmente pudieran sustituirlos, para que den cabal cumplimiento al acuerdo del Magistrado José de Jesús Orozco Henríquez, de veintitrés de octubre de dos mil, precisado en el resultando IX, enviando por el medio que se considere más idóneo y expedito, lo que en él se requiere, con excepción de lo previsto en el punto C. respectivo, disponiendo al efecto con un plazo de veinticuatro horas, contadas a partir del momento en que se notifique la presente resolución, apercibidos de que, en caso de incumplimiento del referido requerimiento, se les aplicará una amonestación pública, en términos de lo dipuesto en los artículos 32 y 33 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, así como 88 del Reglamento Interno del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

CUARTO. Una vez hecho lo anterior, previas las anotaciones que correspondan en los registros atinentes y la formación del cuadernillo de antecedentes, devuélvase el asunto al Magistrado Electoral José de Jesús Orozco Henríquez, para los efectos del artículo 19 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

NOTIFÍQUESE al actor personalmente, en el domicilio ubicado en el inmueble ubicado en Viaducto Tlalpan número 100, colonia Arenal Tepepan, Delegación Tlalpan, Edificio "A", Oficina de la representación del partido actor en esta ciudad de México, Distrito Federal, así como por oficio al H. Congreso del Estado de Yucatán, acompañando en este último caso copia certificada de la presente sentencia, así como por estrados a todos los demás interesados. Cúmplase.

Así, por unanimidad de votos, lo resolvieron los magistrados electorales que integran la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con la ausencia del Magistrado Leonel Castillo González quien se encuentra desempeñando una comisión oficial, ante el Secretario General de Acuerdos que autoriza y da fe.

MAGISTRADO PRESIDENTE

JOSÉ FERNANDO OJESTO MARTÍNEZ PORCAYO

MAGISTRADO

JOSÉ LUIS DE LA PEZA

MAGISTRADO

ELOY FUENTES CERDA

MAGISTRADA

ALFONSINA BERTA NAVARRO HIDALGO

MAGISTRADO

JOSÉ DE JESÚS OROZCO HENRÍQUEZ

MAGISTRADO

MAURO MIGUEL REYES ZAPATA

 

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS

FLAVIO GALVÁN RIVERA