RECURSO DE RECONSIDERACIÓN

EXPEDIENTE: SUP-REC-001/2000.

RECURRENTE: PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.

AUTORIDAD RESPONSABLE: SALA REGIONAL DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN CORRESPONDIENTE A LA V CIRCUNSCRIPCIÓN PLURINOMINAL ELECTORAL.

MAGISTRADO PONENTE: LEONEL CASTILLO GONZÁLEZ

SECRETARIO: JESÚS EDUARDO HERNÁNDEZ FONSECA.

México, Distrito Federal, a dieciséis de agosto del año dos mil.

VISTO para resolver el recurso de reconsideración SUP-REC-001/2000, interpuesto por el Partido Revolucionario Institucional, por conducto de Alan Ramírez Hernández, contra la sentencia dictada por la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la V Circunscripción Plurinominal, con sede en Toluca de Lerdo, Estado de México, el veintiuno de julio del presente año, en el Juicio de Inconformidad ST-V-JIN-012/2000.

R E S U L T A N D O .

PRIMERO. En sesión de cinco de julio del año en curso, el Consejo Distrital del 10 Distrito Electoral Federal en el Estado de Guerrero, con residencia en Acapulco de Juárez, realizó el cómputo distrital de la elección de diputados federales por el principio de mayoría relativa, hizo la declaratoria de validez de la elección y entregó la constancia de mayoría y validez a la fórmula postulada por la coalición "Alianza por México".

SEGUNDO. El nueve siguiente, el Partido Revolucionario Institucional promovió juicio de inconformidad contra los actos precisados en el resultando anterior, solicitando la nulidad de la votación recibida en ciento quince casillas, la modificación del cómputo Distrital y la revocación de las constancias expedidas.

TERCERO. De tal juicio conoció la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, anteriormente identificada, radicándolo con el número de expediente ST-V-JIN-012/2000, el cual resolvió el veintiuno de julio pasado, en los siguientes términos:

"PRIMERO.- Son INFUNDADOS los agravios invocados en la demanda relativa al presente juicio de inconformidad en las casillas 05-B, 05-C1, 06-B, 06-C1, 013-C, 017-B, 020-C1, 021-B, 021-C1, 022-B, 023-B, 024-C, 025-C1, 026-B, 026-C, 027-C, 027-C2, 030-B, 030-C, 031-C1, 032-C1, 035-B, 035-C, 037-B, 037-C1, 039-B, 040-B, 041-C1, 043-B, 047-B, 049-B, 049-C1, 051-B, 054-B, 054-C, 055-ESP, 056-B, 056-C1, 056-C2, 057-B, 060-B, 060-C1, 061-B, 061-C1, 063-B, 067-B, 067-C1, 068-B, 068-C1, 074-C1, 077-B, 083-B, 085-C1, 091-C1, 093-B, 099-C1, 101-B, 102-B, 104-C1, 105-C1, 109-B, 109-C1, 110-B, 110-C1, 110-C2, 116-C1, 123-B, 124-C1, 125-B, 125-C1, 126-B, 167-C1, 192-B, 192-C2, 198-B, 216-B, 216-C1, 217-B, 217-C1, 221-B, 222-B, 228-B, 228-C1, 230-C1, 231-C1, 235-C1,236-B, 238-B, 238-C1, 239-B, 239-C1, 240-C1, 242-B, 243-C1, 244-C1, 244-C2, 248-C1, 249-B, 250-B, 250-C1, 251-B, 252-B, 255-B, 256-C1, 256-C3, 257-B, 259-B, 259-C1, 260-B, 260-C1, 268-B, 274-C1 y 383-B, a excepción de dos casillas la 192-EXT y la 0250 que hizo valer el actor, pero que no existen, correspondientes al 10 Distrito Electoral Federal en Acapulco, Estado de Guerrero, para la elección de Diputados por el principio de mayoría relativa, en los términos de los considerandos Cuarto al Noveno de ésta resolución y, en consecuencia, se confirma la votación recibida en esas casillas.

SEGUNDO. Se confirman los resultados consignados en el acta de Cómputo Distrital de fecha cinco de julio del presente año, la declaración de validez de la elección de Diputados Federales por el principio de mayoría relativa, realizada por el 10 Consejo Distrital Federal Uninominal, con sede en Acapulco el cinco de julio del año dos mil, de igual manera se confirma el otorgamiento de las constancias de mayoría y validez respectiva otorgada en la misma fecha a los integrantes de la fórmula de candidatos de la coalición Alianza por México, C. DAVID AUGUSTO SOTELO ROSAS, en su carácter de propietario, y C. AMERICA GUADALUPE GARCIA AGUILERA como suplente, respectivamente, en términos del considerando Décimo de esta resolución..."

Esa sentencia se notificó personalmente al representante del partido impugnante, el veintiuno de julio del presente año.

CUARTO. Por escrito presentado el veinticuatro del mes en cita ante la Sala Regional resolutora, el Partido Revolucionario Institucional, por conducto de Alan Ramírez Hernández, interpuso recurso de reconsideración contra la susodicha sentencia.

El trámite y sustanciación correspondiente al recurso es el siguiente:

I.- El presidente de la Sala Regional mencionada remitió a esta Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con el oficio número PSRT-111/2000, la demanda respectiva; los autos del expediente ST-V-JIN-012/2000, con cuatro cuadernos accesorios; la cédula de notificación por la que se hizo del conocimiento público la interposición del recurso, y el acuerdo de veinticuatro de julio; documentación que fue recibida el veinticinco siguiente.

II.- El magistrado presidente de este órgano jurisdiccional turnó el expediente al magistrado Leonel Castillo González, para los efectos del artículo 68 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

III.- El cuatro de agosto, el magistrado instructor dictó auto de radicación, con lo que quedó en estado de dictar sentencia.

C O N S I D E R A N D O .

PRIMERO. Jurisdicción y competencia. Esta Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ejerce jurisdicción y tiene competencia para conocer y resolver el presente recurso de reconsideración, de acuerdo con lo establecido en los artículos 41, fracción IV, 60 último párrafo, y 99 párrafo cuarto fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 186, fracción I, y 189 fracción I, inciso b), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y 67 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, en razón de que, en la especie, se reclama una sentencia pronunciada por una Sala Regional en un juicio de inconformidad.

SEGUNDO. Requisitos de la demanda. En el medio de impugnación de que se trata, se encuentran debidamente satisfechos los requisitos del artículo 9 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

Presupuestos procesales y requisitos especiales de procedibilidad. Estos también están reunidos como se verá a continuación.

Oportunidad. La demanda se presentó dentro del término que establece el artículo 66, apartado 1, inciso a), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, toda vez que la sentencia que se combate se notificó al Partido Revolucionario Institucional el veintiuno de julio, y la demanda la presentó el veinticuatro siguiente.

Legitimación y personería. El recurso de reconsideración está interpuesto por parte legítima, conforme al artículo 65, apartado 1, del ordenamiento legal en comento, porque el recurrente es un partido político, y su representante, Alan Ramírez Hernández, tiene personería, pues a través de él se promovió el juicio de inconformidad al que recayó la resolución impugnada.

En este recurso de reconsideración se cumple el presupuesto que señala el artículo 62, apartado 1, inciso a), fracción I, de la multicitada ley, en atención a que en la demanda se expresa:

"...Que también le causa agravios la sentencia que se combate en su Cuarto considerando, en razón de que la responsable dejó de estudiar, los hechos, agravios, pruebas y derechos, que se individualizaron y relacionaron en las 59 casillas que se impugnaron por la causal a que se refiere el artículo 75 inciso a) de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral... ya que como he venido diciendo tanto en mi demanda de Juicio de Inconformidad, como en el presente Recurso de Reconsideración, que las casillas se instalaron e iniciaron su apertura, comenzaron a funcionar recibiendo el voto de los electores en los lugares señalados por la Ley, pero posteriormente en algunos casos como a la hora, y en otros casos como a las dos horas se cambiaron de lugar las casillas impugnadas, como se corrobora con las pruebas documentales públicas..."

De estas alegaciones se advierte que lo que el recurrente pretende, es poner de manifiesto que la Sala Regional dejó de tomar en cuenta causales de nulidad por él invocadas, que considera se encuentran debidamente probadas y producen la modificación del resultado de la votación; lo cual se estima suficiente para que se estudie ese argumento, sin perjuicio de que al ser analizado, se demuestren o no las violaciones alegadas en vía de agravio.

También se satisfacen las exigencias previstas en los incisos a), b) y c) del apartado 1 del artículo 63 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, porque antes de ocurrir a esta instancia se agotó el juicio de inconformidad; se invoca como presupuesto de la impugnación el previsto en el artículo 62, apartado 1, inciso a), fracción I, de la ley en cita; y se alega que se dejaron de analizar agravios y pruebas con las que se demuestran las causas de nulidad invocadas, además de aducirse que existe la posibilidad de que la sentencia modifique el resultado de la elección.

Conforme al artículo 76, apartado 1, inciso a) de la ley mencionada, la elección de diputados de mayoría relativa en un distrito uninominal será nula, cuando se acredite la nulidad de la votación en por lo menos el veinte por ciento de las casillas instaladas en el distrito que se trata; en el caso, el 10 Distrito Electoral Federal en el Estado de Guerrero se conformó con trescientas setenta y nueve casillas, según se infiere del acta del Consejo Distrital, relativa a la declaratoria de validez de la elección de diputados por el principio de mayoría relativa, y el veinte por ciento de ese universo asciende a la cantidad de 75.8 casillas, pero como no está prevista en la ley la anulación parcial de una casilla (por partes o porcentajes), para completar el mínimo requerido por el precepto indicado, sería necesario que se anulara la votación recibida en setenta y seis casillas y, en el caso, existe la posibilidad de que ante el elevado número de casillas (115), sobre cuyos resultados recae la impugnación, se actualizara la causal de nulidad genérica prevista en el numeral 78 de la Ley General de Sistemas de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

TERCERO. Las consideraciones de la resolución impugnada son las siguientes:

"NADIE PUEDE INVOCAR EN SU FAVOR IRREGULARIDADES PROVOCADAS POR SÍ MISMO

En ningún caso de decretará la nulidad de la votación recibida en casilla, cuando los hechos o circunstancias alegadas por quien promueve el medio de impugnación, hayan sido provocadas por él mismo, tal, y como lo dispone el artículo 74 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

Cuadro general de impugnación de casillas

A continuación se establece un cuadro esquemático, en el que se enlistan todas las casillas impugnadas y las causales de nulidad correspondientes:

Casilla

Causal de nulidad invocada Art. 75 LGSMIME

Observaciones

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

 

05-B

               

 

X

   

i) Personas simpatizantes de la Coalición Alianza por México ejercieron presión para que votaran a favor de sus candidatos

 

05-C1

               

 

X

   

i) Personas de afiliación desconocida interfirió y presionó a los electores.

 

06-B

       

 

X

         

 

X

e) Funcionarios de casillas no rindieron protesta de ley.

k) idem

 

06-C1

       

 

X

         

 

X

e) Funcionarios de casillas no rindieron protesta de ley.

k) idem

 

013-C

       

 

X

         

 

X

e) Funcionarios de casillas no rindieron protesta de ley.

k) idem

 

017-B

               

 

X

 

 

X

i) El C. Jorge Gómez Ortega le faltaba su credencial con fotografía, además, no coincidía su edad con la de su credencial.

k) idem.

 

020-C1

 

X

                   

a) Se instaló a unos 10 m. Del lugar oficial, no tenía visibilidad.

 

021-B

       

 

X

           

e) Funcionarios de casilla no rindieron protesta de ley.

k) idem.

 

021-C1

               

 

X

 

X

 

i) Los funcionarios de la mesa directiva no permitieron a la Presidenta de la casilla contigua votar, porque ya se había acabado el tiempo.

j) idem.

 

022-B

       

 

X

         

 

X

e) Funcionarios de casilla no rindieron protesta de ley.

k) idem.

 

023-B

               

 

X

 

 

X

i) En la mampara había propaganda del PRD, que indujo a los electores a votar por Alianza por México.

k) idem.

 

0024-C

 

X

                   

a) Se instaló a 50 m. del lugar oficial, no tenía visibilidad. Desconcierto y confusión.

 

025-C1

       

 

X

         

 

X

e) Funcionarios de casilla no rindieron protesta de ley.

k) idem.

 

026-B

 

X

                   

a) Se instaló 40 m. del lugar oficial. No tenía visibilidad. Desconcierto y confusión.

 

026-C

 

X

                   

a) Se instaló a 50 m. del lugar oficial. No tenía visibilidad. Desconcierto y confusión.

 

027-C

           

 

X

       

g) Dejaron que votaran ciudadanos que no estaban en la lista.

 

027-C2

           

 

X

       

g) dejaron que votaran ciudadanos que no estaban en la lista.

 

030-B

 

X

                   

a) Se instaló a 20 m. del lugar oficial. Poca visibilidad

 

030-C

 

X

                   

a) Se instaló a 20 m. del lugar oficial. Poca visibilidad, desorientación.

 

031-C1

       

 

X

         

 

X

e) Funcionarios de casilla no rindieron protesta de ley.

k) idem

 

032-C1

       

 

X

         

 

X

e) Funcionarios de casilla no rindieron protesta de ley.

k) idem

 

035-B

           

 

X

       

g) Dejaron que votaran ciudadanos que no estaban en la lista

 

035-C

 

X

                   

a) Se instaló en otro lugar fuera de la sección

 

037-B

       

 

X

         

 

X

e) Funcionarios de casilla no rindieron protesta de ley.

k) idem

 

037-C1

       

 

X

         

 

X

e) Funcionarios de casilla no rindieron protesta de ley.

k) idem

 

0039-B

 

X

                   

a) Se instaló a 40 m. en el interior de casa particular. Difícil acceso.

 

040-B

           

 

X

       

g) Dejaron que votaran ciudadanos que no estaban en la lista.

 

041-C1

           

 

X

       

g) Dejaron que votaran ciudadanos que no estaban en la lista.

 

0043-B

 

X

                   

a) Se instaló a 15 m. en lugar de difícil acceso.

 

0047-B

 

X

                   

a) Se instaló a 15 m. en lugar de difícil acceso.

 

049-B

           

 

X

       

g) Dejaron que votaran ciudadanos que no estaban en la lista.

 

049-C1

         

 

 

 

X

       

g) Dejaron que votaran ciudadanos que no estaban en la lista.

 

051-B

               

 

X

 

 

X

i) Presionó a su esposa para que votará por la coalición Alianza por México

k) idem

 

0054-B

 

X

                   

a) Se instaló fuera de su sección a unos 80 m. del lugar oficial.

 

0054-C

 

X

                   

a) Se instaló a unos 30 m. del lugar oficial. No tenía visibilidad

 

055-ESP

               

 

X

 

 

X

i) El representante de la Alianza por México en estado de ebriedad insultó a los funcionarios de la casilla, generando que los votantes se vieran influidos y constriñida su voluntad para sufragar por el candidato de su preferencia. Se rompió la normalidad de la votación.

k) idem

 

056-B

 

X

     

 

X

         

 

X

a) Se instaló a unos 30 m. del lugar oficial, en lugar distinto al señalado.

e) Funcionarios de casilla no rindieron protesta de ley.

k) idem.

 

0056-C1

 

X

                   

a) Se instaló a unos 30 m. del lugar oficial.

 

056-C2

 

X

                   

a) Se instaló a unos 30 m. del lugar oficial.

 

0057-B

 

X

                   

a) Se instaló en el interior del Jardín de niños en lugar distinto al oficial, desalentó a los electores.

 

060-B

 

X

     

 

X

         

 

X

a) Se instaló fuera de la sección.

e) Funcionarios de casilla no rindieron protesta de ley.

k) idem.

 

060-C1

 

X

                   

a) Se instaló fuera de su sección, desalentó a los electores.

 

0061-B

 

X

                   

a) Se instaló a unos 40 m. del lugar oficial.

 

061-C1

       

 

X

         

 

X

e) Funcionarios de casilla no rindieron protesta de ley.

k) idem.

 

0063-B

 

X

                   

a) Se instaló a unos 40 m. del lugar oficial, confundiendo a los electores.

 

0067-B

 

X

                   

a) Se instaló a unos 50 m. del lugar oficial.

 

0067-C1

 

X

                   

a) Se instaló a unos 50 m. del lugar oficial.

 

0068-B

           

 

X

       

g) Dejaron que votarán ciudadanos que no estaban en la lista.

 

0068-C1

           

 

X

       

g) Dejaron que votarán ciudadanos que no estaban en la lista.

 

074-C1

       

 

X

         

 

X

e) Funcionarios de casilla no rindieron protesta de ley.

k) idem.

 

077-B

       

 

X

         

 

X

e) Funcionarios de casilla no rindieron protesta de ley.

k) idem

 

083-B

       

 

X

         

 

X

e) Funcionarios de casilla no rindieron protesta de ley.

k) idem

 

085-C1

       

 

X

         

 

X

e) Funcionarios de casilla no rindieron protesta de ley.

k) idem

 

091-C1

       

 

X

         

 

X

e) Funcionarios de casilla no rindieron protesta de ley.

k) idem

 

0093-B

 

X

                   

a) Se instaló a unos 15 m. del lugar oficial, sin tener acceso para los electores.

 

099-C1

               

 

X

 

 

X

i) La falta y pericia y precaución de los funcionarios de casilla no pudieron detectar que a un elector no le correspondía votar en la sección 0099. No se le puso tinta indeleble.

k) idem.

 

101-B

       

 

X

         

 

X

e) Funcionarios de casilla no rindieron protesta de ley.

k) idem.

 

102-B

               

 

X

 

 

X

i) el C. Jorge Gómez Ortega le faltaba su credencial con fotografía, además, no coincidía su edad no la de su credencial.

k) idem.

k) Por falta de pericia y precaución de los funcionarios de casillas entregaron boletas dobles a los electores.

 

104-C1

       

 

X

         

 

X

e) Funcionarios de casilla no rindieron protesta de ley.

k) idem.

 

105-C1

       

 

X

         

 

X

e) Funcionarios de casilla no rindieron protesta de ley.

k) idem

 

0109-B

 

X

                   

a) Se instaló a 15 m. del lugar oficial, sin fácil acceso.

 

0109-C1

 

X

                   

a) Se instaló a 15 m. del lugar oficial, sin fácil acceso.

 

0110-B

 

X

                   

a) Se instaló en lugar distinto frente al atrio de la iglesia y no frente a la cancha de básquet bool.

 

0110-C1

 

X

                   

a) Se instaló en lugar distinto frente al atrio de la iglesia y no frente a la cancha de básquet bool.

 

0110-C2

 

X

                   

a) Se instaló en lugar distinto frente a la iglesia y no frente a la cancha de básquet bool.

 

0116-C1

       

 

X

         

 

X

e) Funcionarios de casilla no rindieron protesta de ley.

k) idem..

 

0123-B

       

 

X

         

 

X

e) Funcionarios de casilla no rindieron protesta de ley.

k) idem.

 

0124-C1

       

 

X

         

 

X

e) Funcionarios de casilla no rindieron protesta de ley.

k) idem.

 

0125-B

 

X

                   

a) Se instaló en la calle de Claveles s/n y no en el patio de las combis, que era el lugar oficial.

 

0125-C1

 

X

                   

a) Se instaló en la calle de Claveles s/n y no en el patio de las combis, que era el lugar oficial.

 

0126-B

       

 

X

         

 

X

e) Funcionarios de casilla no rindieron protesta de ley.

k) idem.

 

167-C1

       

 

X

         

 

X

e) Funcionarios de casilla no rindieron protesta de ley.

k) idem.

0192-B

X

                   

a) Se instaló fuera de la sección.

0192-C2

X

                   

a) Se instaló fuera de la sección.

0192-EXT

X

                   

a) Se instaló fuera de la sección.

 

198-B

       

 

X

         

 

X

e) Funcionarios de casilla no rindieron protesta de ley.

k) idem.

 

216-B

       

 

X

         

 

X

e) Funcionarios de casilla no rindieron protesta de ley.

k) idem.

 

216-C1

       

 

X

         

 

X

e) Funcionarios de casilla no rindieron protesta de ley.

k) idem.

0217-B

X

                   

a) Se instaló fuera de la sección.

0217-C1

X

                   

a) Se instaló fuera de la sección.

 

221-B

 

X

     

 

X

         

 

X

a) Se instaló fuera de la sección.

e) Funcionarios de la casilla no rindieron protesta de ley.

k) idem.

 

0222-B

 

X

                   

a) Se instaló alejada del lugar oficial, sobre la plazoleta de la calle Victoria.

 

0228-B

 

X

             

 

X

 

 

X

a) Se instaló a 20 m. del lugar oficial sin acceso fácil.

i) Un simpatizante presionaba a electores en forma violenta, impidiendo sufragar libremente.

k) idem.

 

0228-C1

 

X

                   

a) Se instaló a 20 m. del lugar oficial, sin acceso fácil.

 

230-C1

       

 

X

         

 

X

e) Funcionarios de casilla no rindieron protesta de ley.

k) idem.

0231-C1

X

                   

a) Se instaló a la vuelta. Oculta para los electores.

 

0235-C1

               

 

X

 

 

X

i) A un elector se le permitió sufragar, que no se encontraba en la lista nominal.

k) idem.

 

236-B

       

 

X

         

 

X

e) Funcionarios de casilla no rindieron protesta de ley.

k) idem.

 

0238-B

 

X

                   

a) Se instaló a la vuelta. Oculta para los electores.

 

0238-C1

 

X

                   

a) Se instaló a la vuelta. Oculto y difícil acceso para los electores.

 

239-B

       

 

X

         

X

e) Funcionarios de casilla no rindieron protesta de ley.

k) idem.

 

239-C1

       

 

X

         

X

e) Funcionarios de casilla no rindieron protesta de ley.

k) idem.

 

240-C1

       

 

X

         

X

e) Funcionarios de casilla no rindieron protesta de ley.

k) idem.

 

0242-B

           

 

X

       

g) Dejaron que votarán ciudadanos que no estaban en la lista.

 

0243-C1

 

X

                   

a) Se instaló fuera de su sección.

 

0244-C1

 

X

                   

a) Se instaló fuera de su sección.

 

0244-C2

       

 

X

         

 

X

e) Funcionarios de casilla no rindieron protesta de ley.

k) idem.

 

0248-C1

       

 

X

         

 

X

e) Funcionarios de casilla no rindieron protesta de ley.

k) idem.

 

0249-B

               

 

X

 

 

X

i) Persona simpatizante del PRD estaba induciendo y presionando a los electores.

k) idem.

0250-B

X

                   

a) Se instaló fuera de su sección.

0250-C

X

                   

a) Se instaló fuera de su sección.

0250-C1

X

                   

a) Se instaló fuera de su sección.

0251-B

X

                   

a) Se instaló fuera de su sección.

 

0252-B

           

 

X

       

g) Dejaron que votarán ciudadanos que no estaban en la lista.

 

0255-B

 

X

                   

a) Se instaló a 20 m. de las oficinas del CDM del PRI, en lugar de junto a la cocina económica "La Negra."

 

0256-C1

 

X

                   

a) Se instaló en la agencia automotriz DODGE.

 

0256-C3

 

X

                   

a) Se instaló en la agencia automotriz DODGE.

 

0257-B

 

X

                   

a) Se instaló fuera de la sección a 100 m. del lugar oficial.

0259-B

X

                   

a) Se instaló fuera de su sección.

0259-C1

X

                   

a) Se instaló fuera de su sección.

0260-B

X

                   

a) Se instaló a 10 m. del lugar oficial

0260-C1

X

                   

a) Se instaló a 10 m. del lugar oficial

 

0268-B

               

 

X

 

 

X

i) Una electora se encuentra repetida dos veces en la lista nominal.

k) idem.

0274-C1

X

                   

a) Se instaló a unos 20 m. del lugar oficial.

0383-B

X

                   

a) Se instaló a unos 50 m. del lugar oficial.

CAUSAL DEL INCISO "a"

CUARTO. La parte actora hace valer la causal de nulidad prevista en el párrafo 1, inciso a) del artículo 75 de la Ley General del Sistema De Medios de Impugnación en Materia Electoral, consistente en instalar la casilla, sin causa justificada, en lugar distinto al señalado por el Consejo Distrital correspondiente.

Dicha causal de nulidad la hace valer respecto de la votación recibida en cincuenta y ocho casillas, mismas que se señalan a continuación: 020-C1, 0024-C, 026-B, 026-C, 030-B, 030-C, 035-C, 0039-B, 0043-B, 0047-B, 0054-B, 054-C, 056-B, 056-C1, 056-C2, 057-B, 060-B, 0060-C1, 0061-B, 0063-B, 0067-B, 0067-C1, 0093-B, 0109-C1, 0110-B, 0110-C1, 0110-C2, 0125-B, 0125-C1, 0192-B, 0192-C2, 193-EXT, 0250-C, 0217-B, 0217-C1, 0221-B, 0222-B, 0228-B, 0228-C1, 0231-C1, 0238-B, 0238-C1, 0243-C1, 0244-C1, 0250-B, 0250-C1, 0251-B, 0255-B, 0256-C1, 0256-C3, 0257-B, 0259-B, 0259-C1, 0260-B, 0260-C1, 0274-C1, 0338-B, mismas a las que se entra a su estudio a excepción hecha de las que señala el actor como la 0192-EXT, y la 0250-C, en virtud de que no existen en el encarte y obviamente tampoco hay documentales públicas al respecto.

ARGUMENTACIÓN DE LAS PARTES

En su demanda, el actor manifiesta que el hecho de que las casillas antes mencionadas se instalaran en forma indebida e ilegal fuera de lo sitios acordados para tal efecto por el Consejo Distrital, trajo como consecuencia que el electorado se desorientara y dejara de concurrir a sufragar, pues en los lugares donde se instalaron "no tenía la visibilidad necesaria para que el electorado acudiera a (la) dichas casillas". Además, tampoco se dejó aviso alguno en el lugar originario en donde se señalara el cambio de lugar y la nueva ubicación. Argumenta, asimismo, que los cambios los hicieron los Funcionarios de las Mesas Directivas de Casilla, por su propia voluntad y sin la autorización correspondiente, que todo ello provocó desconcierto y confusión.

Por su parte, en su informe circunstanciado la autoridad responsable expone que: Los Partidos Políticos, Coaliciones y los Consejeros Electorales, acompañaron, a los vocales adscritos a esta Junta Distrital, en los recorridos de la Circunscripción, aprobando en su momento la ubicación de las casillas, publicándose con fecha 15 de mayo del año en curso el estado de ubicación de las mismas, un primer encarte el 25 de junio (publicándose la fe de erratas en su momento) y otro más el 2 de julio, ambos del presente año, en el periódico El Sol de Acapulco; resalta que los Funcionarios de Casillas en todo tiempo actuaron con absoluta imparcialidad y buena fe y que si se tuvo que mover o desplazar alguna casilla, por razones climatológicas fue por causas de fuerza mayor, toda vez "que en (esta) época de lluvias se acentúa el calo"; asimismo, otra parte las casillas fueron instaladas en "andadores", sin embargo, para mejorar su ubicación las desplazaron a unos metros, "sin que ello alterara el lugar autorizado y mucho menos la recepción de la votación,..."

SUPUESTO DE LA CAUSAL DE NULIDAD

En consecuencia, en términos de lo previsto en el párrafo 1, inciso a) del artículo 75 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, la votación recibida en una casilla será nula, cuando se actualicen los supuestos normativos siguientes:

a) Que la casilla se instale en un lugar distinto al señalado por el Consejo Distrital respectivo; y,

b) Que el cambio de ubicación se realice sin justificación legal para ello.

Para que se actualice el primer elemento de la causal de nulidad en análisis, será necesario que la parte actora acredite con las pruebas conducentes, que el lugar donde se instaló la casilla es distinto al que aprobó y publicó el Consejo Distrital respectivo.

En cuanto al segundo elemento, se deberán analizar las razones que, en su caso, haga valer la autoridad responsable para sostener que el cambio de ubicación de casilla atendió a la existencia de una causa justificada prevista en el citado artículo 215 del código de la materia; valorando aquellas constancias que aporte para acreditarlo.

Luego entonces, la votación recibida en casilla se declarará nula, cuando se actualicen los dos extremos que integran la causal en estudio, salvo, que no se hubiere vulnerado el principio de certeza, respecto del lugar donde los electores debían ejercer su derecho al sufragio como lo establece la tesis de jurisprudencia número 25, Primera Época, emitida por la Sala Central del entonces Tribunal Federal Electoral, visible a fojas 219 de la Memoria 1991, de dicho órgano jurisdiccional, y recogida a fojas 686 y 687 del Tomo II de la Memoria 1994 de dicho Tribunal, y que a juicio de esta Sala resultaría aplicable, según lo dispuesto por el artículo QUINTO transitorio del Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación del 22 de noviembre de 1996, por el que, entre otros, se reforma, adiciona y derogan diversas disposiciones del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, por no oponerse sustancialmente a las reformas relativas. Dicho criterio orientador sostiene:

INSTALACIÓN DE LA CASILLA SIN CAUSA JUSTIFICADA EN LUGAR DISTINTO AL SEÑALADO POR LA JUNTA DISTRITAL CORRESPONDIENTE. INTERPRETACIÓN PARA LOS EFECTOS DE LA CAUSA DE NULIDAD. En las resoluciones de la Sala Central del Tribunal Federal Electoral, en las que los partidos recurrentes han solicitado la nulidad de la votación de casillas, en razón de que se han instalado sin causa justificada en lugar distinto al señalado por la Junta Distrital, se han sentado diversos criterios respecto a la interpretación y alcance de las disposiciones relativas en la materia, siento los más importantes los siguientes: I. La Sala Central del Tribunal Federal Electoral sostiene que no puede convalidarse una transgresión expresa de la ley, por el común acuerdo entre autoridades y representantes de los partidos políticos, las disposiciones del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, son de orden público y por ende, su cumplimiento no puede quedar al arbitrio de los agentes que participan en el proceso electoral. El único caso de excepción que se contempla, es el caso del común acuerdo a que se refiere el artículo 215, párrafo 1, inciso d) del Código de la Materia, pero para que este principio opere y se tenga por justificada la causa, para la instalación de una casilla en lugar distinto al señalado, es indispensable además, que se acredite de manera indubitable, que se da alguna de las causas que establece el propio precepto en comentario, o sea, que las condiciones del local no permitan asegurar la libertad o el secreto del voto o el fácil y libre acceso de los electores o bien no garanticen la realización de las operaciones electorales en forma normal. II. El común acuerdo a que se refiere el inciso d), párrafo 1 del artículo 215 del Código de la Materia puede tenerse por acreditado cuando del acta de instalación no se desprenda que hubo oposición al cambio y en ella aparezcan las firmas, sin que se consigne que se estampan bajo protesta, de los representantes de los partidos políticos presentes durante la instalación de la casilla. III. Si en el acta de instalación de la casilla aparece la firma del representante del partido político recurrente, debe darse plena validez a la manifestación de voluntad formulada precisamente en ese momento en que el propio recurrente participó en el acuerdo que motivó dicho cambio, y por ende, resulta improcedente la posterior impugnación hecha por el partido recurrente. IV. Para los efectos de la hipótesis contemplada en el inciso b), párrafo 1 del artículo 215 del Código de la Materia, se entiende que el local se encuentra cerrado y no se puede realizar la instalación de la casilla, cuando quienes habitan en el local, por cualquier circunstancia, no permiten la instalación, impidiendo a los funcionarios correspondientes el acceso al lugar. V. La intención del legislador al fijar un lugar para la ubicación de las casillas, responde al cumplimiento del principio de certeza que va dirigido tanto a los partidos como a los electores de manera tal que se oriente a los votantes respecto al lugar donde deben ejercer su derecho de sufragio, por ende, por lugar de ubicación de la casilla no debe entenderse únicamente una dirección entendiendo por ésta una calle y un número, sino que lo preponderante, son los signos externos del lugar que garanticen su plena identificación evitando inducir a confusión al electorado; por ello, esta finalidad primordial de certeza, no se ve desvirtuada cuando la casilla se instala en lugar distinto al señalado, pero de manera tal que por la proximidad física y los signos externos no provocan desorientación o confusión en el electorado.

SC-I-RI-120/91. Partido de la Revolución Democrática. 14-IX-91. Unanimidad de votos.

SC-I-RI-040/91. Partido Acción Nacional. 14-IX-91.

Unanimidad de votos.

SC-I-RI-031/91.Partido Acción Nacional. 23-IX-91

Unanimidad de votos.

SC-I-RI-036/91.Partido Acción Nacional. 23-IX-91.

Unanimidad de votos.

SC-I-RI-052/91 Partido Acción Nacional. 30-IX-91.

Mayoría de votos.

SC-I-RI-010/91.Partido Acción Nacional. 30-IX-91.

Unanimidad de votos.

SC-I-RI-068/91. Partido de la Revolución Democrática. 30-IX-91. Mayoría de votos con reserva.

SC-I-RI-158/91. Partido Acción Nacional. 2-X-91. Unanimidad de votos con reserva.

SC-I-RI-008/91. Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, Partido de la Revolución Democrática y Partido de los Trabajadores. 7-X-92 Mayoría de votos.

SC-I-RI-020/91. Partido Acción Nacional. 7-X-91.

Mayoría de votos.

SC-I-RI-047/91. Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional. 7-X-91. Mayoría de votos con reserva.

SC-I-RI-063/91. Partido Acción Nacional. 7-X-91.

Mayoría de votos.

SC-I-RI-116/91. Partido Auténtico de la Revolución Mexicana. 7-X-91. Unanimidad de votos.

SC-I-RI-143/91. Partido Acción Nacional. 7-X-91.

Mayoría de votos.

SC-I-RI-159/91. Partido Acción Nacional. 7-X-91.

Mayoría de votos.

SC-I-RI-043-B/91. Partido de la Revolución Democrática.17-X-91. Unanimidad de votos con reserva.

SC-I-RI-056-B/91. Partido Acción Nacional. 17-X-91.

Unanimidad de votos.

NOTA: Esta jurisprudencia fue reiterada además en los expedientes siguientes:

SC-I-RI-053/91. Partido Acción Nacional. 14-IX-91.

Unanimidad de votos.

SC-I-RI-007/91. Partido Acción Nacional. 22-X-91.

Unanimidad de votos con reserva.

ELEMENTOS PROBATORIOS

Por lo que se refiere a las probanzas las partes, ofrecen las documentales públicas consistentes en las Actas de Jornada Electoral, Actas de Escrutinio y Cómputo y Hojas de Incidentes. En este tenor esta Sala se aboca al estudio de dichas documentales para conocer si en ellas se asientan datos que permiten esclarecer lo relacionado con la causal en estudio, documentales públicas que por naturaleza tienen pleno valor probatorio; y de las documentales privadas, consistentes en Escritos de Protesta y Escritos de Incidentes, que con base en el artículo 16 de la ley adjetiva de la materia sólo harán prueba plena cuando a juicio de este órgano colegiado, y por las relaciones que guarden entre sí con las otras documentales que obran en autos, generen convicción sobre la veracidad de los hechos afirmados, junto con los demás elementos que obran en el expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio.

Ahora bien, del análisis preliminar de las constancias antes aludidas, y con el objeto de sistematizar el estudio de los agravios formulados por la parte actora, a continuación se presenta un cuadro comparativo en el que se consigna la información relativa al número y tipo de casillas; la ubicación de las casillas publicadas en el llamado encarte, así como la precisada en las actas de la jornada electoral; si coincide o no el domicilio; en su caso, la causa por la que se cambió de ubicación la casilla; si resulta o no determinante y, por último, se incluye un apartado referente a observaciones, en el cual quedan señaladas las circunstancias especiales que puedan ser tomadas en cuenta para la resolución de los casos concretos. Obteniéndose los datos siguientes:

CUADRO COMPARATIVO DE UBICACIÓN DE CASILLAS

CASILLA

UBICACIÓN ENCARTE

UBICACIÓN ACTA JORNADA

COINCIDE

CAUSA JUSTIFICADA

DETERMINANTE

OBSERVACIONES

020-C1

AV. PUEBLO NUEVO No. 27, JUNTO A LA TORTILLERIA "SANTA CECILIA I" COL. SANTA CECILIA

FRENTE A LA CASA DEL SR. ANTONIO VEGA, AV. PYEBLO NUEVO No. 27 JUNTO A LA TORTILLERIA SANTA CECILIA.

SI

NO

SI

NO

SI

NO

DATOS COINCIDENTES

X

0024-C1

AV. PASEO DE LA COMUNIDAD, S/N, JARDÍN DE NIÑOS "EDUCADORA GUERRERENSE" FRENTE A RINCONADA LANCHA, MODULO SOCIAL VICENTE GUERRERO.

PASEO DE LA COMUNIDAD S/N JARDÍN DE NIÑOS EDUCADORA GUERRERENSE FRENTE RCNADA LANCHA MODULO SOCIAL VICENTE GUERRERO

X

         

DATOS COINCIDENTES

026-B

ESC. SEC. No. 2 "JESÚS MASTACHE ROMAN", AV. REFORMA Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, COL. MORELOS.

ESC. SEC. No. 2 "JESÚS MASTECHE ROMAN" AV. REFORMA Y CALLE FRANCISCO I. MADERO S/N

X

         

DATOS COINCIDENTES

026-C

ESC. SEC. No. 2 "JESÚS MASTACHE ROMAN" AV. REFORMA Y CALLE FRANCISCO I. MADERO COL. MORELOS.

ESC. SEC. No. 2 "JESÚS MASTECHE ROMAN" AV. REFORMA CALLE FRANCISCO I. MADERO S/N.

X

         

DATOS COINCIDENTES

030-B

CALLE 16 No. 4 ESQ. CON CALLE ANTONIO NAVA, A UN COSTADO DE LA TORTILLERIA "CALLE 16", COL. JUAN R. ESCUDERO

CALLE. 16 No. 4 ESQ. CON CALLE ANTONIO NAVA, A UN COSTADO DE LA TORTILLERIA "CALLE 16" COL. JUAN R. ESCUDERO.

X

         

DATOS IDÉNTICOS

030-C

CALLE 16 No 4 ESQ. CON CALLE ANTONIO NAVA, A UN COSTADO DE LA TORTILLERIA "CALLE 16" COL. JUAN ESCUDERO

CALLE 16 No. 4 ESQ CON CALLE ANTONIO NAVA, A UN COSTADO DE LA TORTILLERIA "CALLE 16" COL. JUAN R. ESCUDERO

X

         

DATOS IDÉNTICOS

035-C

CALLE 11 No. 366 B CASI ESQ. CIB CALLEJÓN FRANCISCO GONZÁLEZ BOCANEGRA, COL. CUAUHTEMOC.

CALLE 11 No. 366 B CASI ESQ. CON CALLEJÓN FRANCISCO GONZÁLEZ BOCANEGRA, COL. CUAUHTEMOC.

X

         

DATOS IDÉNTICOS

0039-B

CALLE ZIMAPAN No. 1 ESQ. CON AV. BAJA CALIFORNIA FRENTE A SERVICIO DE CLUTCH Y FRENOS "EL CHINO", COL. PROGRESO.

CALLE ZIMAPAN No. 1. ESQ. CON AV. BAJA CALIFORNIA, FRENTE A SERVICIO DE CLUTCH YFRENOS "EL CHINO" COL. PROGRESO

X

         

DATOS IDÉNTICOS

0043-B

CALLE 5 No. 257 A ESQ. CON AV. ACAPULCO FRENTE A LA MISCELÁNEA "LA NUEVA" Y CONTRAESQUINA CON PAPELERIA "DOS ESTRELLAS" COL. BELLA VISTA

CALLE 5 ESQ. AVE. ACAPULCO No. 262, COL. BELLA VISTA.

X

         

DATOS COINCIDENTES

0047-B

AV. SANTA CRUZ No. 153 ESQ. CON CALLE 13, COL JUAN R. ESCUDERO.

AV. SANTA CRUZ No. 153 ESQ. CON CALLE 13, JUNTO A MISC. "ZADY" COL. JUAN R. ESCUDERO

X

         

DATOS COINCIDENTES

0054-B

CALLE RÍO BRAVO ESQ. CON CALLE PERDIDA; CASI FRENTE A MISCELÁNEA "CHELY" COL. HOGAR MOERNO.

CALLE RÍO BRAVO No. 45 COL. AGUAS BLANCAS.

 

X

X

   

X

ACTA DE JORNADA "DEVIDO A QUE LA CASILLA NO TENIA LA VISIBILIDAD ADECUADA".

NO HAY HOJA DE INCIDENTES.

LOS SIGNOS EXTERNOS SON LOS PERTINENTES.

054-C

CALLE RÍO BRAVO ESQ. CON CALLE PERDIDA; CASI FRENTE A MISCELÁNEA "CHELY", COL. HOGAR MODERNO.

CALLE RÍO BRAVO ESQ. CON CALLE PERDIDA; CASI FRENTE A MISCELÁNEA "CHELY" COL. HOGAR MODERNO.

X

         

DATOS IDÉNTICOS

056-B

AV. IGNACIO VALLARTA No. 37, FRENTE A LA NEGOCIACIÓN "REFPLOM" ENTRE LA CALE CAMPECHE Y PROLONGACIÓN GUERRERO, COL. PROGRESO.

AV. IGNACIO VALLARTA No. 37, FRENTE A LA NEGOCIACIÓN "REFPLOM" ENTRE LA CALLE CAMPECHE Y PROLONGACIÓN GUERRERO, COL. PROGRESO.

X

         

DATOS IDÉNTICOS

056-C1

AV. IGNACIO VALLARTA No. 37 FRENTE A LA NEGOCIACIÓN "REFPLOM" ENTRE LA CALLE CAMPECHE Y PROLONGACIÓN GUERRERO COL. PROGRESO.

AV. IGNACIO VALLARTA No. 37 COL. PROGRESO.

X

         

DATOS COINCIDENTES

SIGNOS PERTINENTES

056-C2

AV. IGNACIO VALLARTA No. 37, FRENTE A LA NEGOCIACIÓN "REFPLOM" ENTRE LA CALLE CAMPECHE Y PROLONGACIÓN GUERRERO, COL. PROGRESO.

AV. IGNACIO VALLARTA No. 37 COL. PROGRESO

X

         

DATOS COINCIDENTES

SIGNOS PERTINENTES

057-B

CALLE CAMPECHE S/N ESQ. CON CALLE OAXACA, JARDÍN DE NIÑOS "TERESA GAMINDE" COL. PROGRESO.

CALLE CAMPECHE S/N ESQ. CON CALLE OAXACA, JARDÍN DE NIÑOS "TERESA GAMINDE" .

X

         

DATOS COINCIDENTES

060-B

CALLE SINALOA ESQ. CON NIÑOS HEROES JUNTO AL CONSULTORIO DENTAL, COL. PROGRESO.

SINALOA ESQ. CON HEROES JUNTO AL CONSULTORIO DENTAL.

X

         

DATOS COINCIDENTES

0060-C1

CALLE SINALOA ESQ. CON NIÑOS HEROES JUNTO AL CONSULTORIO DENTAL, COL. PROGRESO.

SINALOA ESQ. CON NIÑOS HEROES COL. PROGRESO.

X

         

DATOS COINCIDENTES

0061-B

AV. BERNAL DÍAZ DEL CASTILLO No. 27, ESQ. CON CALLE COAHUILA, COL. PROGRESO.

AV. BERNAL DÍAS DEL CASTILLO No.27, ESQ. CON CALLE COAHUILA, COL. PROGRESO.

X

         

DATOS IDÉNTICOS

0063-B

CALLE VALLARTA, ENTRE LAS CALLES DE SONORA Y 18 DE MARZO, S/N, EN LA ESC. SEC. PRIM. FED. "JUSTO SIERRA" COL. PROGRESO.

CALLE VALLARTA, ENTRE LAS CALLES DE SONORA Y 18 DE MARZO, S/N, EN LA SEC. PRIM. FED. "JUSTO CIERRA".

X

         

DATOS COINCIDENTES

0067-B

CALLE EMILIO CARRANZA No. 18, MISCELÁNEA "EL TRIUNFO" ESQ. CON MAGALLANES, FRENTE A HERRERIA "VALLE" COL. MIGUEL ALEMAN

CALLE EMILIO CARRANZA No. 18, MISCELÁNEA "EL TRIUNFO" ESQ. CON MAGALLANES COL. MIGUEL ALEMAN.

X

         

DATOS COINCIDENTES

0067-C1

CALLE EMILIO CARRANZA No. 18 MICELANEA "EL TRIUNFO, "ESQ. CON MAGALLANES, FRENTE A HERRERIA "VALLE" COL. MIGUEL ALEMAN.

CALLE EMILIANO CARRANZA No. 18, MISCELÁNEA "EL TRUNFO" ESQ. CON MAGALLANES, FRENTE A HERRERIA "VALLE" COL. MIGUEL ALEMAN.

X

         

DATOS IDENTICOS

0093-B

PLAZOLETA DE LA ADOBERIA, ESQ. CON CALLEJÓN SIN NOMBRE No. 150, BARRIO DE LA ADOBERIA.

PLAZOLETA DE LA ADOBERIA. ESQ. CON CALLEJÓN SIN NOMBRE No. 150. BARRIO DE LA ADOBERIA.

X

         

DATOS IDÉNTICOS

0109-B

AV. GRAN VÍA TROPICAL No. 526 ESQ. CON CALLE CERRO DE LOS CAÑONES; FRACC, LAS PLAYAS.

GRAN VÍA TROPICAL Y CALLE CERRO DE LOS CAÑONES 526.

X

         

DATOS COINCIDENTES

0109-C1

AV. GRAN VÍA TROPICAL No. 526 ESQ. CON CALLE CERRO DE LOS CAÑONES; FRACC. LAS PLAYAS.

AV. GRAN VÍA TROPICAL No. 526 ESQ. CON CALLE CERRO DE CAÑONES; FRACC. LAS PLAYAS.

X

         

DATOS IDÉNTICOS

0110-B

CALLE LIBERTAD ESQ. CON FEBRONIO DÍAZ FIGUEROA, ANTES ESC. "ANTONIA VIUDA DE CATALAN" Y FRENE A LA CANCHA DE BÁSQUET BOL, LOCALIDAD EL PEDREGOSO.

CALLE LIBERTAD ESQ. CON FEBRONIO DÍAZ FIGUEROA.

X

         

DATOS COINCIDENTES

SIGNOS PERTINENTES

0110-C1

CALLE LIBERTAD ESQ. CON FEBRONIO DÍAZ FIGUEROA, ANTES ESQ. "ANTONIA VIUDA DE CATALAN" Y FRENTE A LA CANCHA DE BÁSQUET BOL. LOCALIDAD EL PEDREGOSO.

CALLE LIBERTAD ESQ. CON FEBRONIO DÍAZ FIGUEROA, ANTONIA VIUDA DE CATALAN, FRENTE A LA CANCHA DE BÁSQUET BOL.

X

         

DATOS COINICIDENTES

0110-C2

CALLE LIBERTAD ESQ. CON FEBRONIO DÍAS FIGUEROA ANTES ESQ. "ANTONIA VIUDA DE CATALAN" Y FRENTE A LA CANCHA DE BÁSQUET BOL. LOCALIDAD EL PEDREGOSO.

CALLE LIBERTAD ESQ. CON FEBRONIO DÍAZ FIGUEROA, ANTES ESC. LA VIUDA DE CATALAN FRENTE A LA CANCHA DE BÁSQUET BOL.

X

         

DATOS COINCIDENTES

0125-B

CARR. NAL. ACAPULCO ZIHUATANEJO; PATIO DE LA COMISARIA MUNICIPAL; LOCALIDAD DE PIE DE LA CUESTA (BÁSICA Y CONTIGUA).

CARRETERA NACIONAL ACAPULCO-ZIHUATANEJO; DE PIE DE LA CUESTA.

X

         

DATOS COINCIDENTES

SIGNOS PERTINENTES

0125-C1

CARR. NAL. ACAPULCO ZIHUATANEJO; PATIO DE LA COMISARIA MUNICIPAL; LOCALIDAD DE PIE DE LA CUESTA (BASICA Y CONTIGUA).

CARR. NAC. ACAPULCO. ZIHUATANEJO PIE DE LA CUESTA PATIO DE LA COMISARIA MUNICIPAL.

X

         

DATOS COINCIDENTES

SIGNOS PERTINENTES.

0192-B

CALLE PALMA SOLA No. 17, MANZANA 10, ESQ. PRIM. "GRAL. BALTAZAR R. LEYVA MANCILLA", COL. INDEPENDENCIA

CALLE PALMA SOLA No. 17 MANZANA 10, ESCUELA PRIMARIA GENERAL, BALTAZAR R. LEYVA MANCILLA, COL. INDEPENDENCIA.

X

         

DATOS IDÉNTICOS

0192-C2

CALLE PALMA SOLA No. 17 MANZANA 10, ESQ. ESC. PRIM. "GRAL. BALTAZAR R. LEYVA MANCILLA", COL. INDEPENDENCIA.

CALLE PALMA SOLA No. 17 MANZANA 10, ESC. PRIM. GRAL. BALTAZAR R. LEYVA MANCILLA. COL. INDEPENDENCIA.

X

         

DATOS IDÉNTICOS

0217-B

ESQ. QUE FORMAN LA CARR. NAL. MÉXICO-ACAPULCO Y CALLE MORELOS; EN LA ACERA DE LA FARMACIA "EL PASTILERO", JUNTO AL MERCADO COL. 20 DE NOVIEMBRE.

FRANCISCO I. MADERO CON CARRETERA NACIONAL ACAPULCO MÉXICO MODULO DE POLICIA.

 

X

X

   

X

ACTA DE JORNADA ELECTORAL= "NO SE INSTALO EN EL LUGAR INDICADO, ESTABA INVADIDO EL ESPACIO NO MOVIERON LOS AUTOS".

HOJA DE INCIDENTES= SE HIZO EL CAMBIO DE CASILLA PORQUE NO SE QUITARON LOS AUTOS QUE ESTABAN EL EN LUGAR, YA SE ESTABA PASANDO LA HORA.

CAMBIO DE LUGAR DE INSTALACIÓN.

0217-C1

ESQ. QUE FORMAN LA CARR. NAL. MÉXICO-ACAPULCO Y CALLE MORELOS; EN LA ACERA DE LA FARMACIA "EL PASTILLERO" JUNTO AL MERCADO, COL. 20 DE NOVIEMBRE.

ESQUINA QUE FORMAN LA CARRETERA NACIONAL MÉXICO ACA. Y CALLE MORELOS EN LA ACERA DE LA FARMANCIA EL PASTILLERO JUNTO AL MERCADO COLONIA 20 DE NOV.

X

         

DATOS IDÉNTICOS

0221-B

AV. QUEBRADORA S/N, ESC. PRIM. MAT. JUSTICIA SOCIAL, Y VESP. VICENTE GUERRERO ENTRE LA CALLE AMPL. QUEBRADORA Y AV. RUIZ CORTINEZ, COL. QUEBRADORA.

AV. QUEBRADORA ESCUELA PRIMARIA MAT. JUSTICIA SOCIAL Y VESP. VICENTE GUERRERO ENTRE LA CALLE AMPL. QUEBRADORA Y AVENIDA RUIZ CORTINEZ COLONIA QUEBRADORA.

X

         

DATOS COINCIDENTES

0222-B

ANDADOR ALEMENDROS, ESQ. CON ESCALERA DE LOS COCOS, A 20 M, DE CALLE VICTORIA, COL. LA LAJA.

ANDADOR ALMENDROS ESQUINA ARROYO DE LOS COCOS COLONIA LA LAJA.

X

         

DATOS COINCIDENTES

SIGNOS PERTINENTES

0228-B

AV. PASEO DE LA CAÑADA ESQ. CON AVENIDA BUGAMBILIAS, ESC. PRIM. FED. "GUILLERMO PRIETO" 4ª. ETAPA, UNIDAD HABITACONAL INFONAVIT, ALTA PROGRESO.

DENTRO DE ESCUELA PRIMARIA GUILLERMO PRIETO INFONAVIT ALTA PROGRESO.

X

         

DATOS COINCIDENTES

0228- C1

AV. PASEO DE LA CAÑADA, ESQ. CON AVENIDA BUGAMBILIAS, ESC. PRIM. FED. "GUILLERMO PRIETO" 4ª. ETAPA, UNIDAD HABITACIONAL INFONAVIT, ALTA PROGRESO.

AVENIDA PASEO DE LA CAÑADA ESQ. CON AV. BUGAMBILIAS ESC. PRIM. FED. GUILLERMO PRIETO 4ª. ETAPA, UNIDAD HABITACIONAL INFONAVIT, ALTA PROGRESO.

X

         

DATOS IDÉNTICOS

0231-C1

CALLE DEL PANTEÓN VIEJO, No. 13, A UN LADO DEL PANTEÓN; ESQ. CON CALLE DE LAS ANIMAS CONTRAESQUINA CON ANDADOR EL POETA, COL. AMPL. SANTA CRUZ

CALLE DEL PANTEÓN VIEJO, No. 13, A UN LADO DEL PANTEÓN; ESQ. CON CALLE DE LAS ANIMAS CONTRAESQUINA CON ANDADOR EL POETA, COL. AMPL. SANTA CRUZ.

X

         

DATOS IDÉNTICOS

0238-B

AV. PASEO DE LA CAÑADA, ESQ. CON AVENIDA BUGAMBILIAS. ESC. PRIM. FED. "GUILLERMO PRIETO" 4ª. ETAPA, UNIDAD HABITACIONAL INFONAVIT, ALTA PROGRESO.

ESCALERA MADRE SELVA LOTE 827 MANZANA 7 ENTRE ANDADOR PALMAS Y CALLE VICTORIA COLONIA LA LAJA.

X

X

X

ACTA DE JORNADA ELECTORAL= "NO SE ENCONTRABA EL DOMICILIO PRECISO DE INSTALACIÓN DE LA CASILLA. NO LLEGABAN LOS REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS".

HOJA DE INCIDENTES SE SUSPENDIO LA VOTACIÓN 10 MINUTOS YA QUE EL LUGAR QUE LE CORRESPONDIO NO ERA VISIBLE PARA LAS PERSONAS Y EL ESPACIO ERA MUY REDUCIDO POR TENER LA CASILLA CONTIGUA AL LADO, SE INSTALO LA CASILLA PASOS MÁS ADELANTE DEBIDO A LA LLUVIA YA QUE ESTA ERA MUY MOLESTA. LA CASILLA SE MIOVIO 2 METROS DE DONDE ESTABA CUANDO SE TENIA EL SOL DE FRENTE

0238-C1

AV. PASEO DE LA CAÑADA ESQ. CON AVENIDA BUGANBILIAS, ESC. PRIM. FED. "GUILLERMO PRIETO" 4ª ETAPA, UNIDAD HABITACIONAL INFONAVIT, ALTA PROGRESO.

ESCALERA MADRE SELVA LOTE 827 MANZANA 7 ENTRE ANDADOR PALMAS Y CALLE VICTORIA COLONIA LA LAJA

 

X

X

   

X

ACTA DE JORNADA ELECTORAL = "SE DINSTALO EN LUGAR DIFERENTE POR LA POCA VISIBILIDAD QUE TENÍA LA CASILLA".

HOJA DE INCIDENTES = CAMBIO LA UBICACIÓN DE LA CASILLA APETICIÓN DE LA CIUDADANIA DEBAIDO A QUE NO ERA DEL TODO VISIBLE Y A QUE EN ELECCIONES PASADAS LA UBUCACIÓN DE ESTA CASILLA ERA OTRA QUE YA ERA MUY CONOCIDA POR LOS VOTANTES.

0243-C1

AV. PINO SUAREZ No. 404, ESQ. CON ANDADOR DIVISIÓN DEL NORTE, EN ACERA DE ABARROTES "SAN LUIS ACATLAN", COL. 20 DE NOVIEMBRE.

AV. PINO SUAREZ No. 404 CON ANDADOR DIVISIÓN DEL NORTE, COL. 20 DE NOVIEMBRE.

X

         

DATOS COINCIDENTES

0244-C1

AV. BENITO JUÁREZ, ESQ LAZARO CARDENAS JUNTO A LA TIENDA DE ABARROTES "IRIS", COL. 20 DE NOVIEMBRE.

AV. BENITO JUÁREZ, ESQ LAZARO CARDENAS JUNTO A LA TIENDA DE ABARROTES "IRIS", COL. 20 DE NOVIEMBRE.

X

         

DATOS IDÉNTICOS

0250-B

AV. PASEO DE LA CAÑADA, EN EL ESTACIONAMIENTO No. 4 DE LA 3ª ETAPA. FRENTE AL EDIFICIO 4-A; UNIDAD HABITACIONAL INFONAVIT, ALTA PROGRESO.

PASEO DE LA CAÑADA ENTRE EL ESTACIONAMIENTO 5 Y 6.

 

X

X

   

X

ACTA DE JORNADA ELECTORAL = EN VIRTUD DE QUE ESTABA MUY ESCONDIDA, DE COMÚN ACUERDO LOS REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS QUE CONFORMABAN LA CASILLA, SE OPTO POR EL UBICAR LA MISMA EN EL LUGAR DE COSTUMBRE, PASEO DE LA CAÑADA ENTRE EL ESTACIONAMI-

ENTO 5 Y 6.

HOJA DE INCIDENTES = "7:45 AM. NOS REUNIMOS EN EL LUGAR QE EL IFE HABIA (SIC) SEÑALADO PERO QUEDABA MUY ESCONDIDO, Y DE COMUN ACUERD NOS PUSIMOS EN EL LUGAR DE SIEMPRE, ESTACIONAMI-ENTO 5 Y 6".

"HABIAMOS TODOS LOS REPRESENTANTES Y 2 DEL PRI Y 2 DEL PRD DE LOS DEMAS PARTIDOS NO HABÍA NINGUNO".

0250-C1

AV. PASEO DE LA CAÑADA, EN EL ESTACIONAMIENTO NO. 4 DE LA 3ª. ETAPA FRENTE AL EDIFICIO 4-A, UNIDAD HABITACIONAL INFONAVIT, ALTA PROGRESO.

AV. PASEO DE LA CAÑADA, EN EL EST. 4 FRENTE AL EDIFICIO 4-A 3ERA., UNIDAD HABITACIONAL INFONAVIT ALTA PROGRESO.

X

         

DATOS COINCIDENTES

0251-B

CALLE CHETUMAL, No. 170 CASI ESQ. CON CALLE GUAYMAS, COL. FLORIDA.

CALLE CHETUMAL, No. 170 CASI ESQ. CON CALLE GUAYMAS, COL. FLORIDA.

X

         

DATOS IDÉNTICOS

0255-B

CALLE MONTEBLANCO S/N JUNTO A CONCINA ECONOMICA"LA NEGRA"EN LA ACERA DEL ESTACIONAMIENTO DE AMUEBLADOS "GINA", FRACC. HORNOS INSURGENTES.

CALLE MONTEBLANCO S/N JUNTO A CONCINA ECONOMICA"LA NEGRA"EN LA ACERA DEL ESTACIONAMIENTO DE AMUEBLADOS "GINA", FRACC. HORNOS INSURGENTES.

X

         

DATOS IDÉNTICOS

0256-C1

AV. CUAUHTEMOC, ESQ. CON CALLE MARACAS EN LA AGENCIA AUTOMOTRIZ DODGE, FRACC. MARROQUIN.

AV. CUAUHTEMOC, ESQ. CON CALLE MARACAS EN LA AGENCIA AUTOMOTRIZ DODGE, FRACC. MARROQUIN.

X

         

DATOS IDÉNTICOS

0256-C3

AV. CUAUHTEMOC, ESQ. CON CALLE MARACAS, EN LA AGENCIA AUTOMOTRIZ DODGE, FRAC. MARROQUIN.

AV. CUAUHTEMOC, ESQ. CON CALLE MARACAS INTERIOR CHRYSLER.

X

         

DATOS COINCIDENTES

0257-B

CALLE 4. LOTE 3, MANZANA 5, ESQ CON CALLE 6; 20 M. ANTES DE MISCELÁNEA ESTHER COL. ALIANZA POPULAR

CALLE 4, LOTE 3, MANZ. 5, CASI ESQ CON CALLE 6.

X

         

DATOS COINCIDENTES

0259-B

PRIVADA CALETA, No. 16 ESQ. CON CALLE ARGENTINA, ENTRANDO POR LA GASOLINERA DE LA LAJA, COL. BOCAMAR.

PRIVADA CALETA, No. 16 ESQ. CON CALLE ARGENTINA, ENTRANDO POR LA GASOLINERA DE LA LAJA, COL. BOCAMAR.

X

         

DATOS IDÉNTICOS

0259-C1

PRIVADA CALETA, No 16, ESQ. CON CALLE ARGENTINA, ENTRANDO POR LA GASOLINERA DE LA LAJA COL BOCAMAR.

PRIVADA CALETA, No 16, ESQ. CON CALLE ARGENTINA, ENTRANDO POR LA GASOLINERA DE LA LAJA.

x

         

DATOS COINCIDENTES

0260-B

EN LA ACERA DE LA CASA MARCADA CON EL NUMERO 522 DE LA CALLE 6 DE ENERO, ESQ. CON ANDADOR AHUEHUETE; A UN LADO DE LA MISCELÁNEA "LA CHATITA", COL. LA LAJA.

EN LA ACERA DE LA CASA MARCADA CON EL NUMERO 522 DE LA CALLE 6 DE ENERO, ESQ. CON ANDADOR AHUEHUETE; A UN LADO DE LA MISCELÁNEA "LA CHATITA", COL. LA LAJA.

X

         

DATOS COINCIDENTES

0260-C1

EN LA ACERA DE LA CASA MARCADA CON EL NUMERO 522 DE LA CALLE 6 DE ENERO, ESQ. CON ANDADOR AHUEHUETE; A UN LADO DE LA MISCELÁNEA "LA CHATITA", COL. LA LAJA.

CALLE 6 DE ENERO NO. 696 COLONIA LA LAJA.

 

X

X

   

X

NO SE PERMITIO COLOCAR LA CASILLA EN EL DOMICILIO MARCADO POR EL IFE, SE OPUSIERON A QUE SE INSTALARA LA CASILLA (HOJA DE INCIDENTES).

SIGNOS PERTINENTES.

0274-C1

CALLE TLAXCALA, ESQ. CON AV. NIÑOS HEROES; EN LA ACERA DEL RESTURANTE "ESQUINA TARASCA", COL. PROGRESO.

CALLE TLAXCALA, ESQ. CON AV. NIÑOS HEROES; EN LA ACERA DEL RESTAURANTE "ESQUINA TARASCA", COL. PROGRESO.

X

         

DATOS IDENTICOS

0383-B

AV. MANGOS, ESQ. CON ANDADOR 5, A 50 M. DE CARR. NAL., A LA ALTURA DE LA CURVA DE LA TOLVA; MISCELÁNEA Y ROSTICERÍA "JOSE MIGUEL", COL. VICENTE GUERRERO.

AV. MANGOS, ESQ. CON ANDADOR 5, A 50 M. DE CARR. NAL., A LA ALTURA DE LA CURVA DE LA TOLVA; MISCELÁNEA Y ROSTICERÍA "JOSE MIGUEL", COL. VICENTE GUERRERO.

X

         

DATOS IDÉNTICOS

SUPUESTOS DERIVADOS DEL CONTENIDO DEL CUADRO

A. LUGARES QUE COINCIDEN PLENAMENTE

A) Debe declararse infundado el agravio esgrimido respecto de las veintidós casillas siguientes: 030-B, 030-C, 035-C, 039-B, 054-C, 056-B, 061-B, 067-C1, 093-B, 109-C1, 192-C1, 192-B, 192-C2, 217-C1, 228-C1, 231-C1, 244-C1, 251-B, 255-B, 256-C1, 259-B, 274-C1 y 238-B.

Del análisis comparativo del encarte de las actas de la jornada electoral de las referidas casillas, específicamente, del apartado relativo a la instalación de la casilla, se advierte que los datos del lugar en el que fueron ubicadas, coinciden plenamente con los publicados y aprobados por el Consejo Distrital correspondiente.

Por lo que respecta a la casilla 256-C1 se presentó escrito de protesta por instalar la casilla en lugar distinto al señalado por el Consejo Distrital.

En esa virtud, y al no existir prueba en contrario respecto del contenido y autenticidad de las actas electorales que se analizan, toda vez que el actor no ofreció probanza alguna, como era su obligación, conforme con lo dispuesto en el artículo 15, párrafo 2, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, para acreditar su afirmación, en el sentido de que las casillas impugnadas se instalaron en un lugar distinto al autorizado, se concluye que en la especie, no se actualiza el primer extremo de la causal de nulidad prevista en el párrafo 1, inciso a) del artículo 75 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral y, por ende, no procede declarar la nulidad de la votación solicitada.

B. DIFERENCIA APARENTE POR DATOS INCOMPLETOS

B) Debe declararse infundado el agravio hecho valer por la parte actora, respecto de las veintiocho casillas siguientes: 020-C1, 024-C1, 026-B, 026-C, 043-B, 047-B, 056-C1, 056-C2, 057-B, 060-B, 060-C1, 063-B, 067-B, 109-B, 110-B, 110-C1, 110-C2, 125-B, 125-C1, 221-B, 222-B, 228-B, 243-C1, 250-C1, 256-C3, 257-B, 259-C1 y 260-B.

Del análisis de las actas de la jornada electoral, específicamente en el apartado relativo a la instalación, se observa que se asentaron de manera incompleta, lo datos correspondientes al lugar en donde fueron ubicadas las casillas de referencia.

Por lo que respecta a la casilla O24-C1 el partido recurrente presentó un escrito de incidentes en el que indica que se cambió la casilla al interior del jardín de niños, un escrito de protesta en el que señala la instalación de casilla en lugar distinto; por lo que respecta, la casilla 057-B se presentó un escrito de incidentes donde se protesta por poner la casilla dentro del jardín; por lo que respecta a la casilla 221-B se presentó escrito de protesta por instalar la casilla en lugar distinto; por lo que respecta a la casilla 256-C3, se presentó escrito de protesta por instalar la casilla en lugar distinto al señalado, por el Consejo Distrital.

LUGAR DE UBICACION

Es importante precisar que por lugar de ubicación no debe entenderse únicamente una dirección, integrada por el señalamiento de una calle y un número, sino que lo preponderante deben ser que los signos externos del lugar en donde se ubique la casilla, signos que garanticen su plena identificación, con el objeto de evitar que se produzca confusión o desorientación en el electorado.

EL QUE LAS ACTAS NO CONTENGAN EL LUGAR PRECISO DONDE SE EFECTUÓ LA ELECCIÓN ES INSUFICIENTE PARA SUPONER QUE SE INSTALÓ EN LUGAR DIVERSO.

En tal virtud, si en las actas de la jornada electoral no se anotó el lugar preciso de su ubicación en los términos en que apareció publicado en el encarte respectivo o no se asentaron los datos completos del lugar donde se ubicó la casilla, ello es insuficiente para considerar, que la casilla se instaló en lugar diverso al autorizado por el Consejo Distrital respectivo, máxime que la parte actora no ofreció prueba alguna para acreditar su afirmación, como debió hacerlo en los términos de ley.

CASO EN QUE LAS ACTAS NO CONTIENEN TEXTOS QUE IMPLIQUEN DIFERENCIA

Se debe declarar infundado el agravio respecto de las 2 casillas siguientes: 054-B y 217-B, toda vez que en ninguna de las actas de la jornada electoral, se advierten textos que necesariamente deban entenderse como lugares diferentes, pues siempre se encuentra alguna vinculación entre el contenido del encarte y la anotación del acta de la jornada electoral, lo que hace presumir que los datos precisados se refieren mismo lugar, máxime que la parte actora no ofreció prueba alguna para acreditar su afirmación, como debió hacerlo, conforme con lo dispuesto en el artículo 15, del párrafo 2 de la ley adjetiva de la materia.

CONCLUSIONES DEL INCISO

De los anteriores datos comparativos, se puede colegir que no existen bases suficientes para tener por acreditado que las casillas se instalaron en un lugar distinto al publicado en el encarte, antes bien, se encuentra coincidencia parcial en las dos formas de referirse a los sitios de que se trata, en tanto que las diferencias radican únicamente en que, mientras el encarte contiene mayor número de datos, las actas no se incluyeron todos ellos.

De ahí que, al no acreditarse plenamente que las casillas cuestionadas se ubicaron en un lugar distinto al publicado en el encarte, y existir elementos que generan la convicción de que sólo se trata de la falta de anotación de datos completos en las actas de la jornada electoral, esta Sala concluye que la instalación de las referidas casillas se realizó en los lugares determinados por el Consejo Distrital respectivo.

C. INFUNDADO A PESAR DE INSTALACIÓN EN LUGAR DIVERSO, POR CAUSA JUSTIFICADA Y CON TODOS LOS REQUISITOS

C) Deben declararse infundados los agravios esgrimidos por la parte actora, respecto de la casilla siguiente: 26O-C1.

En efecto, del análisis de las actas de la jornada electoral correspondientes a las casillas de referencia, específicamente, del apartado relativo a: "Si la casilla se instala en lugar distinto al aprobado por el Consejo Distrital, explicar la causa", se observa que se instalaron en un lugar diverso al señalado por la autoridad electoral en el encarte respectivo.

Sin embargo, este hecho por sí solo no es causa suficiente para anular la votación recibida en las casillas en cuestión, ya que, si las mismas se instalaron en un lugar distinto al publicado en el encarte que contiene las listas de ubicación e integración de las casillas, ello obedeció a que los integrantes de las mesas directivas al pretender instalarlas en el lugar indicado por la autoridad electoral, encontraron que: en el domicilio marcado por el Instituto Federal Electoral, se opusieron a que se instalara la casilla, por lo que, de común acuerdo con los representantes de los partidos políticos, determinaron ubicarlas en otro sitio.

Luego entonces, la decisión adoptada por los integrantes de la mesa directiva y los representantes partidistas para instalar la casilla en un sitio diverso, estuvo apegada a derecho, toda vez que tal determinación atendió a una de las causas justificadas para la instalación de la casilla en un lugar distinto al publicado en el encarte, como lo es el hecho de que el local se encuentre cerrado o clausurado y no se pueda realizar su instalación, de acuerdo con lo dispuesto en el párrafo 1, inciso b), del artículo 215 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Además, en dicho cambio, se observaron las formalidades previstas en el párrafo 2 del artículo en cita, ya que en la respectiva hoja de incidentes se puso de manifiesto, en lo que interesa, que la casilla se instaló en la misma sección del sitio publicado en el encarte, de lo que se deduce que fue en el lugar adecuado más próximo. Asimismo, no se advierte la existencia de incidente alguno durante el desarrollo de la jornada electoral; razón por la cual, no procede declarar la nulidad de la votación recibida en la casilla de que se trata.

Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente, el criterio del Tribunal Electoral, de que resulta justificado el cambio de lugar de instalación de la casilla cuando, entre otras causas, el lugar no garantice la realización de las operaciones electorales en forma normal y exista común acuerdo entre los funcionarios y representantes del partido, como puede verse en el texto de la ya referida tesis de jurisprudencia número 25, Primera Época, emitida por la Sala Central del entonces Tribunal Federal Electoral, visible a fojas 686 y 687 del Tomo II de la Memoria 1994 de dicho Tribunal, y que a juicio de esta Sala resultaría aplicable, según lo dispuesto por el artículo QUINTO transitorio del Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación del 22 de noviembre de 1996, por el que, entre otros, se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, por no oponerse sustancialmente a las reformas relativas. Dicho criterio orientador fue publicada bajo el rubro: "INSTALACIÓN DE LA CASILLA CAUSA JUSTIFICADA EN LUGAR DISTINTO AL SEÑALADO POR LA JUNTA DISTRITAL CORRESPONDIENTE. INTERPRETACIÓN PARA LOS EFECTOS DE LA CAUSA DE NULIDAD."

D) INFUNDADO A PESAR DE TRATARSE DE LUGAR DIVERSO, CON MOTIVO JUSTIFICADO

D) Deben declarase infundados los agravios que aduce el promovente, respecto de las tres casillas siguientes: 238-B, 238-C1 y 250-B.

Del cotejo de los datos contenidos en el encarte, con los anotados en las actas de la jornada electoral de las referidas casillas, se advierte que, como lo aduce el actor, el lugar en donde se instalaron, es distinto al autorizado por el Consejo Distrital respectivo.

Sin embargo, del análisis de las actas de la jornada electoral, específicamente del apartado correspondiente a la instalación de la casilla, así como de las hojas de incidentes levantadas por los funcionarios electorales, se observa que el cambio de ubicación se debió a la poca visibilidad que tenían las propias casillas, lo cual, a juicio de esta Sala, no garantizaba la realización de las operaciones electorales en forma eficaz, constituyendo una causa justificada para el cambio de la casilla de conformidad con lo dispuesto en el artículo 215, párrafo 1, inciso d), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Además, en dicho cambio, se observaron las formalidades previstas en el párrafo 2 del artículo 215 en cita, ya que como se desprende de la respectiva hoja de incidentes, la casilla se instaló en la misma sección del sitio publicado en el encarte y en el lugar adecuado más próximo (pasos más adelante). Motivo por el cual no procede declarar la nulidad de la votación recibida.

Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente, el Criterio del Tribunal Electoral de que resulta justificado el cambio de lugar de instalación de la casilla cuando, entre otras causas, el lugar no garantice la realización de las operaciones electorales en forma normal, como puede verse en el texto de la ya referida tesis de jurisprudencia número 25, Primera Época, emitida por la Sala Central del entonces Tribunal Federal Electoral, visible a fojas 686 y 687 del Tomo II de la Memoria 1994 de dicho Tribunal, y que a juicio de esta Sala resultaría aplicable, según lo dispuesto por el artículo QUINTO transitorio del Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación del 22 de noviembre de 1996, por el que, entre otros, se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, por no oponerse sustancialmente a las reformas relativas. Dicho criterio orientador fue publicado bajo el rubro: "INSTALACION DE LA CASILLA SIN CAUSA JUSTIFICADA EN LUGAR DISTINTO AL SEÑALADO POR LA JUNTA DISTRITAL CORRESPONDIENTE, INTERPRETACIÓN PARA LOS EFECTOS DE LA CAUSA DE NULIDAD."

En esta causal, esta Sala entra al análisis de las treinta y nueve pruebas ofrecidas y aportadas por el inconforme, mismas que aquí se desahogan: las setenta y ocho documentales consistentes en treinta y nueve constancias de hechos protocolizadas por la Notaria Pública Número Nueve en Acapulco, Guerrero, en la que da fe de la solicitud del licenciado Alan Ramírez Hernández, representante del Partido Revolucionario Institucional "para que de fe de hechos del levantamiento cartográfico de la ubicación de las casillas electorales que se instalaron el día dos de julio del año dos mil"; asimismo, entra al análisis de los treinta y nueve mapas cartográficos que se anexan a dicha constancia notarial.

De ambas documentales se desprenden las siguientes conclusiones: a) carece de valor probatorio el levantamiento cartográfico, toda vez que son planos del INEGI (Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática) que no constituyen probanza alguna salvo que estuviesen adminiculados con la técnica censal a la que se refieren los artículos 141, párrafos 1 y 2, y el 152 de la ley sustantiva de la materia; b) carecen de valor probatorio dichas documentales ya que se afirma que quien levanta los planos cartográficos es un individuo del que no se anexa cédula profesional, ni su patente como perito que demuestre estar en posibilidades de emitir dictamen pericial en la materia, y c) que siendo dicho peritaje una mera probanza privada carece para este órgano jurisdiccional de valor probatorio alguno.

CONCLUSIÓN GENERAL RELATIVA A LA CAUSAL DEL INCISO "a"

De acuerdo con las consideraciones que anteceden, deben declararse infundados los agravios esgrimidos por la actora en relación con la votación recibida en las casillas: 020-C1, 0024-C, 026-B, 026-C, 030-B, 030-C1, 035-C, 0039-B, 0043-B, 0047-B, 0054-B, 054-C, 056-B, 056-C1, 056-C2, 057-B, 060-B, 0060-C1, 0061-B, 0063-B, 0067-B, 0067-C1, 0093-B, 0109-B, 0109-C1, 0110-B, 0110-C1, 0110-C2, 0125-B, 0125-C1, 0192-B, 0192-C2, 0217-B, 0217-C1, 0221-B, 0222-B, 0228-B, 0228-C1, 0231-C1, 0238-B, 0238-C1, 0243-C1, 0244-C1, 0250-B, 0250-C1, 0251-B, 0255-B, 0256-C1, 0256-C3, 0257-B, 0259-B, 0259-C1, 0260-B, 0260-C1, 0274-C1, 0383-B, por la causal de nulidad prevista en el párrafo 1, inciso a) del artículo 75 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, consistente en instalar la casilla, sin causa justificada, en lugar distinto al señalado por el Consejo Distrital correspondiente.

CAUSAL DEL INCISO "e"

QUINTO.- La parte actora hace valer la causal de nulidad prevista en el párrafo 1, inciso e), del artículo 75 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, respecto de la votación recibida en treinta y siete casillas, mismas que se señalan a continuación: 06-B, 06-C1, 013-C, 021-B, 022-B, 025-C1, 031-C1, 032-C1, 037-B, 037-C1, 056-B, 060-B, 061-C1, 074-C1, 077-B, 083-B, 085-C1, 091-C, 101-B, 104-C1, 105-C1, 116-C1, 123-B, 124-C1, 126-B, 167-C1, 198-B, 216-B, 216-C1, 221-B, 230-C1, 236-B, 239-B, 239-C1, 240-C1, 244-C2, 248-C1. El supuesto de nulidad consiste en la recepción de la votación por personas u órganos distintos a los facultados por el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

ARGUMENTACIONES DE LAS PARTES

En su demanda el actor manifiesta que en las susodichas casillas, los funcionarios electorales que sustituyeron a los propietarios no se les tomó la protesta de ley tal como lo dispone el articulo 125 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales ya que dicho precepto señala; "los integrantes del Consejo General, de los Concejos Locales y Distritales y los ciudadanos que integran las mesas directivas de casilla, deberán rendir protesta de guardar y hacer guardar a Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las Leyes que de ella emanen, cumplir con las normas contenidas en este Código, y desempeñar leal y patrióticamente la función que se les ha encomendado", ello en relación con el artículo 128 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos el cual señala; "Todo funcionario público sin excepción alguna, antes de tomar posesión de su cargo prestará la protesta de guardar la Constitución y las leyes que de ella emanen", luego entonces al no haberse observado tales preceptos no puede convalidarse una transgresión expresa de la ley, por el común acuerdo entre autoridades y representantes de los partidos políticos, ya que las disposiciones del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, son de orden público y por ende, su cumplimiento no puede quedar al arbitrio de los agentes que participan en el proceso electoral; luego entonces, es un deber constitucional obligatorio el tomar protesta para desempeñar el cargo de uncionario de casilla.

La autoridad responsable, en su informe circunstanciado expone que "En el presente caso, es de clarificar que el artículo 213, párrafo 1, inciso a) al f), del Código de la Materia, contemplan los procedimientos de sustitución, cuando los Funcionarios de casilla propietarios no se presenten a cumplir con su funciones el día de la Jornada Electoral contemplándose inclusive que pueden asumir tal responsabilidad los electores que se encuentren en la casilla para emitir su voto; en este extremo, la Ley no, prevé la toma de protesta del ciudadano, que en esas circunstancias acepta asumir la responsabilidad que el presidente de casilla le conceda, debiéndose entender que al momento de la aceptación va implícita la toma de protesta, recordemos que el bien jurídico que debe tutelarse por encima de cualquier circunstancia es el derecho de la ciudadanía a sufragar como lo establece el artículo 35 de nuestra Ley Fundamental y la falta de una formalidad no puede llevar implícita una causal de nulidad".

Una vez precisados los argumentos que hacen valer las partes, esta Sala procede a determinar si en el presente caso y respecto de las casillas señaladas se actualiza la causal de nulidad establecida en el artículo 75, párrafo 1, inciso e), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

SUPUESTOS DE LA CAUSAL

La causal de nulidad que se estudia se entenderá actualizada cuando se acredite que la votación, efectivamente, se recibió por personas distintas a las facultadas conforme al Código, sea que hayan sido designadas durante la etapa de preparación de la elección, en el procedimiento relativo a la integración de las mesas directivas de casilla, o durante el día de la jornada electoral, en cualquiera de los supuestos de sustitución contemplados por el Código de la materia.

ELEMENTOS PROBATORIOS

Por lo que se refiere a las probanzas las partes, ofrecen documentales públicas consistentes en las Actas de Jornada Electoral, Actas de Escrutinio y Cómputo, Hojas de Incidentes y Listas Nominales de Electores. En este tenor esta Sala se aboca al estudio de dichas documentales para conocer si en ellas se asientan datos que permitan esclarecer lo relacionado con la causal en estudio, documentales públicas que por su naturaleza tienen pleno valor probatorio; y de las documentales privadas, consistentes en Escritos de Protesta, que con base en el artículo 16 de la ley adjetiva de la materia sólo harán prueba plena cuando a juicio de este órgano colegiado, y por las relaciones que guarden entre sí con las otras documentales que obran en autos, generen convicción sobre la veracidad de los hechos afirmados, junto con los demás elementos que obran en el expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio.

ARGUMENTACIÓN DE LAS PARTES

En el caso que nos ocupa y respecto de las casillas impugnadas, el actor se concreta a señalar que los funcionarios electorales que sustituyeron a los propietarios no les fue tomada la protesta de ley, desprendiéndose como consecuencia, según el inciso e) del artículo 75 de la ley procesal de la materia que por ese sólo hecho, al no haberse realizado la protesta de ley, los funcionarios sustitutos, están impedidos para recibir la votación en la casilla, es decir, que el no haber cumplido, según el actor, con el requisito del artículo 125 de la ley sustantiva en la materia se actualiza dicha causal.

Por su parte la autoridad responsable señala que el propio artículo 75 párrafo 1, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral no contempla dentro del propio catalogo de causales que el no rendir la protesta de ley sea causa de nulidad. Además, los representantes del Partido Revolucionario Institucional, respecto de esta cuestión no firmaron ninguna casilla bajo protesta, como se desprende de las Actas de la Jornada Electoral, de Escrutinio y Cómputo y Hojas de Incidentes, que ofrece como pruebas.

De las argumentaciones sostenidas por las partes esta Sala se avoca a realizar un estudio puntual de las posiciones sostenidas por las partes:

INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 125 Y 213 DEL COFIPE PARA SU RESOLUCIÓN EN ESTE INCISO "e"

Es cierto que, en los términos del artículo 125 del código sustantivo de la materia los ciudadanos que integren las Mesas directivas de casilla deberán rendir la protesta de guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen.

Si se parte de una interpretación sistemática y funcional, como lo establece el artículo 3 de la propia ley en comento, es posible tener un primer acercamiento al espíritu de la propia normatividad: La actuación de las mesas directivas de casilla como órganos electorales formados por ciudadanos, facultados para recibir la votación y realizar el escrutinio y cómputo de las elecciones federales se encuentra regulada en los artículos 118 al 124 del Título Quinto, del Libro Tercero del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; dentro de ese mismo libro Tercero como Título Sexto se regulan las disposiciones comunes generales a las autoridades del Instituto Federal Electoral (Consejo General, Consejos Locales Distritales) y de los ciudadanos que integran las mesas directivas de casilla. Como puede observarse, ese Libro Tercero regula la actividad ordinaria y normal de las autoridades electorales previas al día de la jornada electoral, por lo tanto es un régimen específico y enmarcado dentro de sus propios tiempos, situaciones y circunstancias. Por otra parte, en el Libro Quinto denominado "Del Proceso Electoral en su Título Tercero", denominado "De la Jornada Electoral" y en su Capítulo Primero llamado "De la Instalación y Apertura de Casillas", en su artículo 213, regula la designación de los funcionarios de casilla necesarios para la integración de la misma y, como consecuencia, las características, los modos y circunstancias, en que es posible habilitar suplentes para cubrir las vacantes provocadas por la ausencia de los funcionarios designados, en los términos de los artículos 192 y 193, del Capítulo Tercero, llamado de los Procedimientos para la Integración y Ubicación de las mesas directivas de casilla" del Título Segundo denominado "De los Actos Preparatorios de la Elección".

Como puede observarse, las situaciones especificas difieren marcadamente, mientras que el artículo 125 se encuentra inmerso en el Libro Tercero, que regula las funciones y competencias de las autoridades electorales; de ahí que se señalen disposiciones comunes para las autoridades y los propios ciudadanos integrantes de las mesas directivas de casilla; esto es, entendidos unos y otros desde una perspectiva eminentemente formal e institucional; el artículo 213 se encuentra regulado dentro del libro Quinto que refiere específicamente "al proceso electoral" y con mayor precisión "a la instalación y apertura de casillas" en el propio proceso electoral.

Cabe advertir, que como se sostiene doctrinariamente, hay dos tipos de protesta, la solemne y la ordinaria: la solemne es aquella que efectúan ciudadanos como el Presidente de la República, los Ministros de la Suprema Corte, los Magistrados del Tribunal Electoral, esto es, todos aquellos que exprofesamente informa el texto constitucional; y la ordinaria que tiene un carácter meramente formal y que por lo tanto puede presentarse de diversas maneras, protesta que se hace en un simple acto inmediato y sin protocolo alguno, circunscribiéndose a un mero encargo, puesto o desempeño.

Sin embargo, ello no quiere decir que una y otra protesta no conlleve sus propios valores. En la primera, es decir la protesta solemne, se inscribe en el ámbito de lo político y republicano, esto es, en actos de Estado, la segunda, ordinaria, se inscribe en actos cívicos y de moral pública. Ambos, tienen su propia razón de ser y su propio ámbito de presentación y de eficacia.

La protesta solemne y la protesta formal, son de interés público, y constituyen una situación específica y concreta en el derecho electoral que las hace excluyentes mutuamente, mas no contradictorias, es decir, las separa, por la voluntad del legislador que les dio origen, circunscribiéndolas a situaciones concretas, por lo tanto son categorías diversas; la primera es una conducta sine qua non, podría actuar quien ha sido investido de autoridad, es decir, es el elemento formal y material respecto del cual el derecho positivo ha dispuesto que el incumplimiento de la formalidad exigida traiga como consecuencia la inexistencia de los actos que se celebren por quien haya omitido este requisito de seguridad jurídica; la segunda, constituye una formalidad legal de exteriorizar la voluntad de cierta manera, esto es, un mero requisito de aceptación, sin mayor trascendencia que la afirmación de la voluntad de querer ser y hacer, dicho en otras palabras es una posibilidad objetiva de verificación y de comprobación, susceptible de ser descrita o prevista de modo cualificable.

El Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales tiene su propia ratio jure scripto, es decir, su razón de haber sido redactado de tal manera, por tanto, los valores que se tutelan en uno y otro "libro", como les designa el Código, son diversos, y por consiguiente obedecen a su propia circunstancia, es decir, al tiempo, modo y lugar que condición la forma de ser o de hacer respecto de una conducta susceptible de ser exigida: en la primera conducta a exigir, que regula el artículo 125 del Código, las formalidades institucionales prevalecen sobre los actos o actividades de los individuos, toda vez que la protesta exigida a los ciudadanos que integran la mesa directiva de casilla, se hace para darles relevancia como autoridades electorales, durante la jornada electoral y, de esa manera, en los términos del artículo 118, párrafo 2, del Código que se estudia, respetar y hacer respetar la libre emisión y efectividad del sufragio, garantizar el secreto del voto y asegurar la autenticidad del escrutinio y el cómputo.

Estos son los valores que se tutelan en esta parte del Código. Ello quiere decir que constituye un requisito indispensable que alcanza a todos los niveles de las autoridades electorales, como un compromiso público, a efecto de poder derivar de éste las responsabilidades en que incurran.

En la segunda situación, es posible extrapolar lo señalado en el propio artículo 125 con el artículo 213, ambos del Código sustantivo que se estudia: en el artículo 125 se exige una conducta a los que van a fungir como autoridades electorales en el día de la jornada electoral, dicha conducta consiste en protestar el cargo y es lo que pudiera llamarse la forma ordinaria en que se debería desarrollar el proceso electoral; sin embargo, por circunstancias ajenas a la voluntad de las autoridades del Instituto Federal Electoral el día de la elección alguno, algunos o todos los funcionarios de casilla, no hacen el acto de presencia en el lugar establecido para instalar la misma y recibir la votación respectiva; esto es lo que pudiera llamarse, desde esta perspectiva, una situación extraordinaria dentro del proceso electoral.

Son dos situaciones claramente diversas, en donde las circunstancias de tiempo, modo y lugar determinan o condicionan las conductas y lo actos de los sujetos electorales.

Si esto es así, cuando se presentan situaciones que son reguladas en los términos del artículo 213 que se comenta, el régimen específico para esta circunstancia es otro diverso al del artículo 125. En esta situación los valores que se tutelan son de naturaleza diferente a los tutelados del artículo 125, que ya se han comentado, los trasciende: aquellos tienen su origen y su sostenimiento en el artículo 41 constitucional, estos otros tienen su origen y sostenimiento en las prerrogativas ciudadanas consagradas en la fracción I del articulo 35 constitucional. El valor que el legislador quiso dejar incólume, fue, precisamente, el valor irrestricto al ejercicio del voto activo; por ello, evitó disponer en el Título Tercero del Libro Quinto, requisito de forma alguno que entorpeciera la dinámica natural que exige la jornada electoral respecto de la instalación y la apertura de casillas, privilegiando en toda circunstancia el que las casillas fuesen instaladas en tiempo y forma, su criterio se manifiesta a tal extremo, que el propio artículo 213, párrafo 2, inciso b), admite que: bastará que los representantes de los partidos políticos ante las mesas directivas de casilla expresen su conformidad para designar, de común acuerdo a los miembros de la mesa directiva de casilla".

Con esta materialización de la voluntad del legislador, éste no hace, sino someterse a los supremos preceptos constitucionales plasmados en el artículo 39 constitucional donde se denota que la soberanía nacional reside esencial y originaria ente en el pueblo y que éste, tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar su forma de gobierno. Además agrega la propia norma que todo poder público dimana del pueblo. Si esto es así, los valores que se reconocen y tutelan son el de cuidar el ejercicio soberano de la voluntad popular mediante el sufragio, el ejercicio soberano de, mediante el voto, participar en la vida democrática y a través, de este, nombrar a las autoridades que ejerciten el poder público que en los términos del propio artículo 39 constitucional, dimana del pueblo y se instituye para su beneficio. Confirmando así su voluntad de constituirse en una República representativa, en donde el pueblo ejerce su soberanía por medio de los poderes de la Unión.

Por lo antes expuesto, es posible afirmar que los ciudadanos que constituyeron a los originalmente nombrados miembros de las mesas de casilla y que "no se les tomó la protesta de ley", no Incurrieron en conducta ilícita alguna: Primero, porque como se desprende de lo ya argumentado, la propia normatividad, no señala ese acto o requisito para integrar las mesas directivas de casilla. Segundo. Dadas las características de tiempo, modo, lugar y circunstancias, que condicionan conductas en situaciones diversas, la ley únicamente puede exigir los comportamientos sólo posibles y por consecuencia exigir que conductas similares sean tratadas de modo similar, dicho en otras palabras, si un ciudadano ubicado en la situación del artículo 125 del Código sustantivo no protesta el cargo, podrá ese hecho repercutir de algún modo en su esfera jurídica, por otra parte, si algún ciudadano no protesta el cargo porque ésta no le es exigida, situación del artículo 213, la consecuencia en su esfera jurídica es que se ha conducido dentro de los términos señalados por la norma (esto es, es consecuente con la norma), pero más aún, suponiendo que un ciudadano, de alguna manera, efectúa una protesta del cargo, en las circunstancias del artículo 213, con dicha conducta el orden no ha sido transgredido, simplemente, dicha acción tiene su ubicación en una moral pública o en luna ética republicana.

Por lo antes argumentado, las afirmaciones hechas por el actor carecen de todo fundamento, pues el hecho de no rendir lo que el llama "la protesta de ley", con esa conducta no se violenta el inciso e) del artículo 75 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Material Electoral, pues el que los ciudadanos que sustituyeron a los funcionarios de casilla no hayan protestado el cargo, nunca por ese motivo, se convierten en "personas distintas a las facultadas por el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales" y por consiguiente carentes de autorización para recibir la votación.

CONCLUSIÓN GENERAL DE LA CAUSAL RELATIVA AL INCISO "e"

De acuerdo con las consideraciones anteriores, deben declararse infundados los agravios esgrimidos por la actora en relación con la votación recibida en las casillas 06-B, 06-C1, 013-C, 021-B, 022-B, 025-C1, 031-C1, 032-C1, 037-B, 037-C1, 056-B, 060-B, 061-C1, 074-C1, 077-B, 083-B, 085-C1, 091-C, 101-8, 104-C1, 105-C1, 116-C1, 123-B, 124-C1, 126-B, 167-C1, 198-B, 216-B, 216-C1, 221-B, 0230-C1, 236-B, 239-B, 239-C1, 240-C1, 244-C2, 248-C1, consistente en la recepción de la votación por personas u órganos distintos a los facultados por el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

CAUSAL DEL INCISO "g"

SEXTO.- La parte actora invoca la causal de nulidad prevista en el párrafo 1, inciso g) del artículo 75 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, consistente en permitir a ciudadanos sufragar sin credencial para votar con fotografía o cuyo nombre no aparezca en la lista nominal de electores y siempre que ello sea determinante para el resultado de la votación, salvo los casos de excepción previstos en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y en el artículo 85 de la propia ley adjetiva. Dicha causal de nulidad el partido actor la hace valer respecto de la votación recibida en trece casillas, que son las siguientes: 017-B, 027-C, 027-C2, 035-B, 040-B, 041-C1, 049-B, 049-C1, 068-B, 068-C1, 0235-C1, 0242-B y 0252-B.

ARGUMENTACIONES DE LAS PARTES

En su demanda el actor manifiesta que el hecho de que Funcionarios Electorales permitieran sufragar a ciudadanos que no se encontraban en la Lista Nominal de Electores y que tampoco contaban con su credencial para votar, fue causa determinante para que el candidato de la Coalición Electoral Alianza por México haya obtenido el triunfo en forma ilegal, cuando de haberse respetado la normatividad éste hubiera obtenido el segundo lugar.

La autoridad responsable, en su informe circunstanciado, expone: Que con tales actos no se le causa ningún agravio al promovente, en virtud de que, suponiendo sin conceder, si se hubiese permitido sufragar a ciudadanos que no estuvieran en la lista nominal o no tuvieran su credencial para votar con fotografía, definitivamente, en este caso, esa situación no sería determinante en el resultado de la votación y menos aun, afectado las posibilidades de triunfo del partido recurrente, ya que las personas a las que se les permitió votar, fueron una o dos, mientras que en cada casilla la diferencia de votos entre el Partido Revolucionario Institucional y la coalición Alianza por México fue de más de 15 votos, circunstancia que desvirtúa la afirmación del partido recurrente; por otra parte, afirma la autoridad, que en ningún momento los funcionarios de las casillas obraron con dolo o mala fe.

Una vez precisados los argumentos que hacen valer las partes, esta Sala procede a determinar si en el presente caso y respecto de las casillas señaladas se actualiza la causal de nulidad establecida en el artículo 75, párrafo 1, inciso g) de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

SUPUESTOS DE LA CAUSAL

Para decretar la nulidad de la votación recibida en casillas, se deben colmar los siguientes elementos esenciales:

a) Que se demuestre que en la tasilla se permitió votar a individuos que no mostraron su credencial para votar o cuyo nombre no aparecía en la lista nominal de electores, fuera de los casos de excepción; y

b) Que se pruebe que la anterior circunstancia sea determinante para el resultado de la votación recibida en la casilla.

En el caso que nos ocupa y respecto de las casillas impugnadas, el actor se concreta a señalar en su demanda, en el capítulo de agravios, que: "los funcionarios electorales permitieron sufragar a los electores que no se encontraban en la lista nominal y tampoco contaban con su credencial de elector", aduciendo que dicha situación le causa serios agravios a su partido, ya que ese hecho fue determinante para que el candidato de la Coalición Alianza por México, hubiese obtenido ilícitamente el triunfo; advirtiendo que en realidad el candidato de la coalición antes mencionada habría obtenido el segundo lugar de haberse respetado la normatividad electoral. Como se señala en el artículo 15 de la ley adjetiva en la materia, el que afirma está obligado a probar. Si esto es así, en este caso, no basta que el actor afirme su dicho, sino es menester que pruebe que se permitió sufragar a ciudadanos sin tener derecho a ello, y además, que esa conducta necesariamente afectó a su partido quitándole triunfo que hubiese obtenido si a aquellos se les hubiese dejado votar, toda vez que, el demandante da por cierto, sin probarlo, que esos votantes, sufragaron por el partido ganador, afirmación absurda puesto que jamás podría demostrar que los susodichos electores sin derecho, votaron por la Coalición Alianza por México.

En este sentido tiene razón la autoridad responsable al advertir que este hecho, por sí mismo no le causa agravio al promovente, toda vez que, ello no es determinante para el resultado de la elección, como se desprende de los datos asentados en las públicas idóneas, mismas a las que a continuación se entra al estudio.

ELEMENTOS PROBATORIOS

Por lo que se refiere a las probanzas las partes, ofrecen las documentales públicas consistentes en las Actas de Jornada Electoral, Actas de Escrutinio y Cómputo y Hojas de Incidentes. En este tenor esta Sala se aboca al estudio de dichas documentales para conocer si en ellas se asientan datos que permitan esclarecer lo relacionado con la causal en estudio, documentales públicas que por su naturaleza tienen pleno valor probatorio; y de las documentales privadas, consistentes en Escritos de Incidentes, que con base en el artículo 16 de la ley adjetiva de la materia sólo harán prueba plena cuando a juicio de este órgano colegiado, y por las relaciones que guarden entre sí con las otras documentales que obran en autos, generen convicción sobre la veracidad de los hechos afirmados, junto con los demás elementos que obran en el expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio.

INFUNDADO PORQUE A PESAR DE QUE SE PERMITIÓ VOTAR A DETERMINADO NÚMERO DE CIUDADANOS NO INSCRITOS EN LA LISTA NOMINAL DE CASILLA, NO FUE DETERMINANTE PARA EL RESULTADO

El agravio que esgrime el actor, respecto de las casillas 027-C, 027-C2, 035-B, 041-C1, 049-B, 049-C1, 068-B, 068-C1, y 0235-C1, resulta INFUNDADO; puesto que, en el caso concreto, aunque quedó demostrado que en la casilla O17-B votó una persona en la que no coincidía la edad registrada en su credencial de elector, con la inscrita en la lista nominal de electores, resulta infundado porque a pesar de que el ciudadano votó con las características antes mencionadas, dicho acto no es determinante para el resultado de la votación. En las casillas 040-B, 0242-B y 0252-B impugnadas, se permitió a una persona votar en cada una de ellas sin que su nombre apareciera en la lista nominal de electores o tuviese credencial para votar con fotografía y sin que existiera además constancia de que dicha circunstancia obedeció a alguna de las causas de excepción previstas por el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales o la ley adjetiva de la materia, sin embargo la mencionada irregularidad no resulta determinante para el resultado e la votación, dado que el número de personas que votaron sin derecho, es menor a la diferencia de votos entre los partidos que ocuparon el primero y segundo lugar como se demuestra en el cuadro a propósito que se expone más adelante.

Respecto e las casillas 027-C1, 027-C2, 035-B, 041-C1, 068-B y 068-C1, no se hace en las actas de la jornada electoral, actas de escrutinio y cómputo y hojas de incidentes, mención alguna de incidentes relacionados con la causal en estudio. En cuanto a las casillas 049-B y 049-C1 en las actas de escrutinio y cómputo actas de la jornada electoral tampoco se hace mención de incidentes relacionados con esta causal además en dichas casillas no existen hojas de incidentes en el expediente.

Por lo que se refiere a la casilla 0235-C1, en donde el actor al ciudadano José Esteban Leyva Gallardo, "se le permitió sufragar, no obstante de que no se encontraba o aparecía e la lista nominal", la autoridad de la mesa directiva de casilla se señala en el acta circunstanciada lo que sigue: "voto anulado del Sr. José Esteban Leyva Gallardo por no aparecer en la lista nominal de la L-Z, la lista empieza en López hasta la Z"; por lo que se refiere al agravio de que al C. Jorge Gómez Ortega, "le faltaba a su credencial la fotografía, además de que no coincidía su edad con la edad que se señalaba en su supuesta credencial", en este caso la autoridad no se pronuncia en ningún sentido. Para mayor abundamiento en este asunto se remite su lectura a la "Argumentación de las partes de la causal "i", en el punto referente al actor.

Es pertinente atender el criterio de jurisprudencia número 40, Primera Época, emitido por la Sala Central del entonces Tribunal Federal Electoral, visible a fojas 689 del Tomo II de la Memoria 1994 de dicho Tribunal, y que a juicio de esta Sala resultaría aplicable, según lo dispuesto por el artículo QUINTO transitorio del Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación del 22 de noviembre de 1996, por el que, entre otros, se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, por no oponerse sustancialmente a las reformas relativas. Dicho criterio orientador sostiene:

SUFRAGAR SIN CREDENCIAL PARA VOTAR O SIN APRECER EN LA LISTA NOMINAL DE ELECTORES. SU INTERPRETACION PARA LOS EFECTOS DE LA CAUSA DE NULIDAD.- Este Tribunal Federal Electoral considera que no basta que se pruebe que sufragaron sin tener derecho a ello un número determinado de electores, sino que además esa conducta debe ser determinante para el resultado de la votación. Para deducir si este hecho es trascendente en dicho resultado, se debe acudir a los datos relativos a los votos obtenidos por los partidos que se encuentran en primero y segundo lugar, y comparar la diferencia de esas votaciones con el número de electores que sufragaron indebidamente; de tal manera que si se restan los votos irregulares a los obtenidos por el partido en primer lugar, y se altera el resultado de la votación favoreciendo al partido que está en segundo lugar, deberá decretarse la nulidad de la votación recibida en la casilla de que se trate. Por otra parte, si de las constancias de autos se demuestra que la autoridad reconoce haber permitido sufragar a un número indefinido de votantes, sin credencial para votar o bien, que no aparecían en la lista nominal de electores a pesar de desconocerse el número de ellos, debe decretarse la nulidad de la casilla, pues se está en presencia de una violación sistemática de las disposiciones conducentes de la ley que configura plenamente, a juicio de este Tribunal, los extremos del inciso g) párrafo 1 del artículo 287 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Clave de publicación: Sala Central. SC1ELJ 40/91.

SC-I-RI-158/91. Partido Acción Nacional. 2-X-91. Unanimidad de votos con reserva.

SC-I-RI-048/91. Partido de la Revolución Democrática. 14-X-91. Unanimidad de votos con reserva.

SC-I-RI-108/91. Partido Acción Nacional. 14-X-91. Unanimidad de votos con reservas.

SC-I-RI-121/91. Partido de la Revolución Democrática. 14-X-91. Unanimidad de votos.

NOTA: El criterio contenido en esta jurisprudencia fue reiterado además en los expedientes siguientes: SC-I-RI-019/91. Partido Acción Nacional. 14-IX-91. Unanimidad de votos.

SC-I-RI-022/91. Partido Acción Nacional. 14-IX-91. Unanimidad de votos.

SC-I-RI-126/91. Partido Acción Nacional. 14-X-91. Mayoría de votos. SC-I-RI-043-B/91.

En esa virtud, y al no existir prueba en contrario respecto del contenido y autenticidad de las actas electorales que se analizan, toda vez que el actor no ofreció probanza alguna, como era su obligación conforme con lo dispuesto en el artículo 15, párrafo 2, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, para acreditar su afirmación, en el sentido de que los votos emitidos de más son determinantes para el resultado de la votación, se concluye en la especie, que no se actualiza el segundo extremo de la causal de nulidad prevista en el párrafo 1, inciso g) del artículo 75 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral y, por ende, no procede declarar la nulidad de la votación solicitada, como queda plenamente demostrado en el cuadro siguiente.

 

CASILLA

VOTOS EMITIDOS IRREGULARMENTE

VOTACIÓN DEL PARTIDO O COALICIÓN 1ER. LUGAR

VOTACIÓN PARTIDO O COALICIÓN 2DO. LUGAR

DIFERENCIA

DETERMINANTE

017-B

1

100

78

22

NO

027-C

0

126

71

55

NO

027-C2

0

112

90

22

NO

035-B

0

94

78

16

NO

040-B

1

131

95

36

NO

041-C1

0

144

90

54

NO

049-B

0

99

78

21

NO

049-C1

0

88

73

15

NO

068-B

0

132

81

51

NO

068-C1

0

138

79

59

NO

0235-C1

1

100

93

7

NO

0242-B

1

110

80

30

NO

0252-B

1

118

76

42

NO

CONCLUSIÓN GENERAL DE LA CAUSAL RELATIVA AL INCISO "g"

De acuerdo con las consideraciones anteriores, deben declararse infundados los agravios esgrimidos por la actora en relación con la votación recibida en las casillas 017-B, 027-C, 027-C2, 035-B, 040-B, 041-C1, 049-B, 049-C1, 068-B, 068-C1, 0235-C1, 0242-B y 0252-B, por la causal de nulidad prevista en el párrafo 1, inciso g) del artículo 75 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, consistente en permitir a ciudadanos sufragar sin credencial para votar o cuyo nombre no aparezca en la lista nominal de electores y siempre que ello sea determinante para el resultado de la votación, salvo los casos de excepción previstos en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y en el artículo 85 de la propia ley adjetiva.

CAUSAL DEL INCISO "i"

SEPTIMO.- La parte actora invoca la causal de nulidad prevista en el párrafo 1, inciso i) del artículo 75 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, consistente en ejercer violencia física o presión sobre los miembros de la mesa directiva de casilla o sobre los electores y siempre que esos hechos sean determinantes para el resultado de la votación.

Dicha causal de nulidad la hace valer respecto de la votación recibida en trece casillas, que son las siguientes: 05-B, 05-C1, 017-B, 021-C1, 023-B, 051-B, 055-ESP, 099-C1, 0102-B, 228-B, 0235-C1, 249-B, 0268-B.

Por lo que se refiere a las casillas 017-B y 0235-C1, esta Sala, atendiendo a la suplencia en la expresión de los agravios, previsto en el artículo 23 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, las desahogó en el Considerando Quinto referente a la causal del inciso g) del artículo 75 de la ley antes citada, por ser esta causal la que se actualiza con base en los hechos expresados por el actor.

ARGUMENTACIONES DE LAS PARTES

En su demanda el actor manifiesta el hecho de que los funcionarios de la Mesa Directiva de Casilla, permitieron a simpatizantes de las Coaliciones Electorales, Alianza por México y Alianza por el Cambio, y a simpatizantes del Partido de la Revolución Democrática, que ejercieran violencia física y presión sobre los electores para que votaran a favor de sus candidatos y sus coaliciones, impidiendo con ello que los electores sufragaran libremente, ya que, de no haberse dado esos hechos, el "Candidato de mi partido" hubiera obtenido el triunfo y como consecuencia la Constancia de Mayoría y Validez, pues de anularse la votación recibida en las casillas de referencia, se revertirían los resultados a favor del candidato del partido demandante.

Llama la atención de esta Sala el hecho singular de que seis veces, en otras tantas casillas, en la demanda de Juicio de Inconformidad un señor de nombre Pedro Sánchez N, descrito como simpatizante del PRD, "en forma violenta ejercía presión sobre los electores impidiendo que sufragaran libremente" en las casillas 05-B, 05-C1, 023-B, 051-B, 228-B y 249-B. Asimismo, es de atenderse que cuatro veces, en otras tantas casillas, en dicha demanda de Juicio de Inconformidad el actor señale que un individuo de nombre Jorge Gómez Ortega "le faltaba a su credencial la fotografía además de que no coincidía su edad con la edad que se señalaba en la supuesta credencial" en las casillas 055-ESP, 099-C1, 0102-B y 0235-C1.

Ese mismo individuo, Jorge Gómez Ortega es señalado en el acta de la jornada electoral.

Por su parte, en su informe circunstanciado la autoridad responsable señala que resultan infundados los agravios que pretende hacer valer el promovente, ya que en ningún caso se ejerció presión o violencia en contra de los Funcionarios de Casilla por los representantes de partidos políticos y coaliciones ni tampoco sobre los votantes, que fuera determinante para los resultado de la votación; como se puede corroborar en las Actas de Jornada Electoral, de Escrutinio y Cómputo y Hoja de Incidentes, ya que ni en las Actas de la Jornada Electoral ni en las de Escrutinio y Cómputo los representantes del Partido Político Revolucionario Institucional ante las casillas de referencia, firmaron bajo protesta; asimismo, de las hojas de incidentes no se desprenden actos de violencia física o presión extrema que pudieran haber sido determinantes en los resultados de la elección y, por consiguiente, configurar o acreditar la causal de nulidad que pretende hacer valer el impugnante.

VALORES TUTELADOS POR LA CAUSAL

Las disposiciones legales aplicables en esta causal, protegen los valores de libertad, secreto, autenticidad y efectividad en la emisión de los sufragios de los electores, así como la integridad e imparcialidad en la actuación de los integrantes de la mesa directiva de casilla, para lograr la certeza de que los resultados de la votación recibida en una casilla expresen fielmente la voluntad de los ciudadanos, y no estén viciados con votos emitidos bajo presión o violencia.

SUPUESTOS DE LA CAUSAL

Para la actualización de la causal de nulidad prevista en el artículo 75, párrafo 1, inciso i), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, es preciso que se acrediten plenamente tres elementos:

a) Que exista violencia física o presión;

b) Que ejerza sobre los miembros de la mesa directiva de casilla o sobre los electores; y

c) Que esos hechos sean determinantes para el resultado de la votación.

La violencia física se entiende como los actos materiales que afectan la integridad física de las personas y la presión implica ejercer apremio o coacción moral sobre las personas, siendo la finalidad en ambos casos provocar determinada conducta que se refleje en el resultado de la votación de manera decisiva; lo anterior, de acuerdo con la tesis de jurisprudencia J.43/91, Primera Época, emitida por la Sala Central del entonces Tribunal Federal Electoral visible a fojas 689 y 690, del Tomo II de la Memoria 1994 de dicho órgano jurisdiccional y que a juicio de esta Sala resulta aplicable, según lo dispuesto por el artículo QUINTO transitorio del Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación del 22 de noviembre de 1996, por el que, entre otros, se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, por no oponerse sustancialmente a las reformas relativas. Dicho criterio orientador sostiene:

VIOLENCIA FÍSICA O PRESIÓN. EXTREMOS QUE SE DEBEN ACREDITAR PARA QUE SE CONFIGURE LA CAUSAL DE NULIDAD POR. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 287, párrafo 1, inciso i) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales la votación recibida en casilla será nula si se ejerce violencia física o presión sobre los miembros de la mesa directiva de casilla o sobre los electores y siempre que esos hechos sean determinantes para e resultado de la votación. Para que se configure dicha causal de nulidad, es necesario que el recurrente acredite los siguientes extremos: que se ejerció violencia física o presión sobre los miembros de la mesa directiva de casilla o sobre los electores y que dicha violencia física o presión fue determinante para el resultado de la votación; en la inteligencia de que por "violencia física" se entienden aquellos actos materiales que afectan la integridad física de las personas y la "presión" implica ejercer apremio o coalición moral sobre las personas, siendo la finalidad en ambos casos el provocar determinada conducta que se refleje en el resultado de la votación de manera decisiva.

SC-I-RI-107/91. Partido Acción Nacional. 14-IX-91. Unanimidad de votos.

SC-I-RI-120/91. Partido de la Revolución Democrática. 14-IX-91. Unanimidad de votos.

SC-I-RI-035/91. Partido Acción Nacional. 23-IX-91. Unanimidad de votos.

SC-I-RI-005/91. Partido Acción Nacional. U-X-91. Unanimidad de votos.

SC-I-RI-159/91. Partido Acción Nacional. U-X-91. Mayoría de votos.

SC-I-RI-108/91. Partido Acción Nacional. 14-X-91. Unanimidad de votos con reservas.

SC-I-RI-121/91. Partido de la Revolución Democrática. 14-X-91. Unanimidad de votos.

SC-I-RI-005-B/91. Partido Acción Nacional.

Una vez precisados los argumentos que hacen valer las partes, esta Sala procede a determinar, si en el presente caso y respecto de las casillas señaladas, se actualiza la causal de nulidad establecida en el artículo 75, párrafo 1, inciso i) de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, consistentes en ejercer violencia física o presión sobre los miembros de la mesa directiva de casillas o sobre los electores y siempre que esos hechos sean determinantes para el resultado de la votación.

ELEMENTOS PROBATORIOS

Por lo que se refiere a las probanzas, las partes, ofrecen las documentales públicas consistentes en las Actas de Jornada Electoral, Actas de Escrutinio y Computo y Hojas de Incidentes. En este tenor esta Sala se aboca al estudio de dichas documentales para conocer si en ellas se asientan datos que permitan esclarecer lo relacionado con la causal en estudio, documentales públicas que por su naturaleza tienen pleno valor probatorio; y de las documentales privadas, consistentes en Escritos de protesta y Escritos de Incidentes, que con base en el artículo 16 de la ley adjetiva de la materia, sólo harán prueba plena cuando a juicio de este órgano colegiado, y por las relaciones que guarden entre sí con las otras documentales que obran en autos, generen convicción sobre la veracidad de los hechos afirmados, junto con los demás elementos que obran en el expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio.

VALORES TUTELADOS POR LA CAUSAL

Esta causal protege los valores de libertad, secreto, autenticidad y efectividad en la emisión de los sufragios de los electores, así como la integridad e imparcialidad en la actuación de los integrantes de la mesa directiva de casilla para lograr la certeza de que los resultados de la votación recibida en una casilla expresen fielmente la voluntad de los ciudadanos, la que se vicia los votos emitidos bajo presión o violencia.

INFUNDADO A PESAR DE QUE SE ACREDITARON ACTOS DE PROSELITISMO EN LA CASILLA PERO ESTO NO FUE DETERMINANTE.

En las casillas: 005-C1, 0021-C1, 0051-B, 0099-C1, 102-B, 249-B, en cuanto a las actas de la jornada electoral, las escrutinio y computo, así como las hojas de incidentes, no se hace mención alguna de incidentes relacionados con la causal "i" en estudio. En la casilla 005-B, en el acta de la jornada electoral se asienta en la parte conducente que "se le estaba indicando las personas cómo o por quien (sic) votar una persona con una playera del logo del PRD"; en el acta de escrutinio y computo no se hace mención alguna a ese hecho; en la hoja de incidentes correspondientes se consigna que "el señor Pedro Sánchez "N" le estaba indicando a la gente por quién votar, aparte de que traía en su playera un logotipo de su partido "PRD". En la casilla 023-B, en el acta de escrutinio y cómputo señala que la representante del PRI denunció que en una mampara estaban escritas con marcador las siglas del PRD, "pensamos, dijo ella, que algún votante lo puso"; en dicha acta de escrutinio y cómputo, también se asienta que "a la hora del conteo, representantes del PAN que no estaban registrados en la casilla estuvieron con nosotros sin querer apartarse"; estos mismos hechos son consignados en la hoja de incidentes; por su parte en el acta de escrutinio y cómputo no se consigna hecho alguno. Con base en el artículo 223, párrafo 2, inciso a), del Código sustantivo de la materia se hace el análisis de la casilla 055-ESP: tanto en el acta de la jornada electoral como en la hoja de incidentes se consigna el hecho de que el "representante del PRD llegó muy agresivo insultando a los de la casilla y con aliento alcohólico"; por lo que respecta al acta de escrutinio y computo de esa misma casilla no se consigna hecho alguno. En la casilla 228-B, en el acta de la jornada electoral se consigna la agresividad de los representantes del "partido" Alianza por México, así como que representantes de este "partido" estuvieron proporcionando información a los representantes y a los funcionarios de casilla. Sin que se diga en qué consistía la información. En cuanto a la hoja de incidentes, se señala lo que durante el transcurso de las votaciones, la Señora Bertha Morelos Hernández estuvo (sic) recibiendo (sic) información sobre la que las personas (sic) que asistían a votar la proporcionada por los representantes (sic) del PRI, cabe mencionar que la señora antes nombrada y una cuyo nombre desconozco (sic) inervinieron en ambas casillas, durante todo el tiempo, el presidente de la casilla contigua es el hermano de la señora Bertha Morelos Hernández (sic) la cual presumiendo, (sic) que tenía nombramiento estaba interviniendo, (sic) nombramiento que nunca presentó ante los representantes de casillas ni de partidos"; en el acta de escrutinio y computo, a este respecto, no se consigna ningún hecho.

Es INFUNDADO el agravio hecho valer por el actor, respecto de las casilla: 05-B, 05-C1, 021-C1, 023-B, 051-B, 055-ESP, 099-C1, 0102-B, 228-B, 249-B, 0268-B, porque aún cuando las partes documentales públicas y privadas aportadas por las partes acreditan que en las casillas de mérito tuvieron lugar actos de proselitismo a favor del Partido de la Revolución Democrática y de la Alianza por México y Alianza por el Cambio, lo que se traduce en una forma de presión sobre los electores, que lesiona y el secreto del sufragio, y por tanto actualiza el primero y segundo de los elementos de la causal de nulidad en estudio, en el caso concreto, las constancias donde se registraron los actos de proselitismo o presión que tuvieron lugar en las casillas impugnadas, no evidencian que dicha circunstancia haya sido determinante para el resultado de la votación, por lo que no puede tenerse por acreditado el tercero de los elementos necesarios para la actualización de la causal de nulidad que nos ocupa. Se afirma lo anterior, porque con los medios de convicción que obran en el expediente, no es posible determinar el número de votantes sobre los que se ejerció presión ni en qué consistió ésta, puesto que ni en las hojas de incidentes elaboradas por el secretario de la casilla, ni en los ritos de protesta, ni en los escritos de incidentes, presentados por los representantes del partido político inconforme, en las casillas analizadas, se indica el número de electores sujetos a los actos de proselitismo ni se hace referencia verosímil que permita establecer el tiempo durante el cual ocurrieron los actos de proselitismo en las casillas que se analizan.

CONCLUSIÓN GENERAL DEL CONSIDERANDO RELATIVO A LA CAUSAL DEL INCISO "i"

De acuerdo con las consideraciones anteriores, deben declararse infundados los agravios esgrimidos por la actora en relación con la votación recibida en las casillas 05-B, 05-C1, 021-C1, 023-B, 051-B, O55-ESP, 099-C1, 0102-B, 228-B, 249-B y 0268-B por la causal e nulidad prevista en el párrafo 1, inciso i) del artículo 75 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, consistente en ejercer violencia física o presión sobre los miembros de la mesa directiva de casilla o sobre los electores y siempre que esos hechos sean determinantes para el resultado de la votación.

CAUSAL DEL INCISO "j"

OCTAVO.- La parte actora invoca la causal de nulidad prevista en el párrafo 1, inciso j) del artículo 75 de la Ley General del e Medios de Impugnación en Materia Electoral, consistente en impedir, sin causa justificada, el ejercicio del derecho de voto a los ciudadanos y esto sea determinante para el resultado de la votación.

Dicha causal de nulidad la hace valer respecto de la votación recibida en una casilla, que es la 021-C1.

ARGUMENTACIONES DE LAS PARTES

En su demanda el actor manifiesta: Que en la casilla 021-C1 del Distrito No. 10 del Municipio de Acapulco, Guerrero, la Mesa Directiva de dicha casilla no le permitió a la Presidenta de esa misma "casilla contigua", que votara porque, supuestamente, ya se había agotado el tiempo para ello.

Por su parte, en su informe circunstanciado la autoridad responsable no refuta lo sostenido por el actor.

Una vez precisados los argumentos que hacen valer la actora, esta Sala procede a determinar si en el presente caso y respecto de la casilla señalada se actualiza la causal de nulidad establecida en el artículo 75, párrafo 1, inciso j) de la Ley General el Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

DETERMINANCIA PARA ESTA CAUSAL

La irregularidad que en su oportunidad se acredite será determinante cuando el número de electores a los que se haya impedido votar sea igualo mayor a la diferencia de votos existentes entre los lugares primero y segundo de la votación en la casilla; o cuando, sin haber quedado demostrado en autos el acto de personas a quienes se impidió sufragar, quede afectación del valor tutelado, dadas las circunstancias de tiempo, modo y lugar, que acrediten que se impidió votar a un gran número de electores.

ELEMENTOS PROBATORIOS

Por lo que se refiere a las probanzas, las partes ofrecen las documentales públicas consistentes en las Actas de Jornada Electoral, Actas de Escrutinio y Cómputo y Hojas de Incidentes. En este tenor esta Sala se aboca al estudio de dichas documentales para conocer si en ellas se asientan datos que permitan esclarecer lo relacionado con la causal "j" en estudio; documentales públicas que por su naturaleza tienen pleno valor probatorio.

En el caso que nos ocupa el acta de la jornada electoral deja consignado el hecho, en el apartado a propósito, de que "al momento de cerrar la votación los funcionarios de la casilla básica no permitieron en el último minuto, que la presidenta de la casilla contigua emitiera su voto por considerar que el tiempo se había agotado"; este mismo concepto es reiterado en la hoja de incidentes no así en el acta de escrutinio y cómputo donde no se señala el hecho.

INFUNDADO PORQUE EL NÚMERO DE VOTANTES A LOS QUE SE LES IMPIDIO VOTAR RESULTÓ INFERIOR A LA DIFERENCIA DE VOTOS ENTRE EL PRIMERO Y SEGUNDO LUGAR

El agravio expresado respecto a la casilla 021-C1 resulta INFUNDADO; puesto que en el caso concreto, aunque quedó demostrado que en la casilla impugnada se impidió votar a una ciudadana que ahí se encontraba y además, por obvias razones reunía los requisitos que la ley exige para votar, con lo que se surte el primero de los elementos constitutivos de la causal de nulidad en estudio, la mencionada irregularidad no resulta determinarte para el resultado de la votación, dado que el número de personas a quienes injustificadamente se impidió sufragar (una) es menor a la diferencia de votos entre los partidos que ocuparon el primero y segundo lugar, como se demuestra en el cuadro siguiente.

CASILLA

CIUDADANOS A LOS QUE INDEBIDAMENTE SE LES IMPIDIÓ VOTAR

TOTAL DE CIUDADANOS A LOS QUE SE LES IMPIDIÓ VOTAR

DIFERENCIA ENTRE 1º. Y 2º. LUGAR

DETERMINANTE SI/NO

021-C1

DURANTE LA JORNADA

DE LOS FORMADOS A LAS 18:00 HRS

POR CIERRE ANTICIPADO

-

1

-

1

16

NO

En consecuencia, corresponde formular las consideraciones siguientes:

CONCLUSIÓN GENERAL DEL CONSIDERANDO RELATIVO A LA CAUSAL DEL INCISO "j"

De acuerdo con las consideraciones anteriores, deben declararse infundados los agravios esgrimidos por la actora en relación con la votación recibida en la casilla 021-C1 , por la causal de nulidad prevista en el párrafo 1, inciso j) del artículo 75 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, consistente en impedir, sin causa justificada, el ejercicio del derecho de voto a los ciudadanos y esto sea determinante para el resultado de la votación.

CAUSAL DEL INCISO "k"

NOVENO.- La parte actora invoca la causal de nulidad prevista en el párrafo 1, inciso k), del artículo 75 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, consistente en existir irregularidades graves, plenamente acreditadas y no reparables durante la jornada electoral o en las actas de escrutinio y computo que, en forma evidente, pongan en duda la certeza de la votación y sean determinantes para el resultado de la misma.

Dicha causal de nulidad la hace valer respecto de la votación recibida en treinta y siete casillas, que son las siguientes: 06-B, 06-C1, 013-C, 021-B, 022-B, 025-C1, 031-C1, 032-C1, 037-B, 037-C1, 056-B, 060-B, 061-C1, 074-C1, 077-B, 083-B, 085-C1, 091-C1, 101-B, 104-C1, 105-C1, 116-C1, 123-B, 124-C1, 126-B, 167-C1, 198-B, 216-B, 216-C1, 221-B, 230-C1, 236-B, 239-B, 239-C1, 240-C1, 244-C2, 248-C.

SUPUESTOS DE LA CAUSAL DE NULIDAD

En términos de lo previsto en el párrafo 1, inciso a) del artículo 75 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, la votación recibida en una casilla será nula, cuando se actualicen los supuestos normativos siguientes:

a) Que existan irregularidades graves plenamente acreditadas;

b) Que no sean reparables durante la jornada electoral o en las actas de escrutinio y cómputo;

c) Que en forma evidente pongan en duda la certeza de la votación, y

d) Que sean determinantes para el resultado de la votación.

Respecto a los citados supuestos normativos y en relación con el asunto que nos ocupa, se hace necesario pronunciarse sobre los agravios aducidos por el actor, sin que se analicen en esta causal toda vez que dicho estudio se llevó acabo en el Considerando Quinto que corresponde al análisis de la causal e) del párrafo 1, inciso k), del artículo 75 de la ley procesal de la materia.

Hecha esta aclaración, sólo resta decir que el agravio hecho valer por la autora, que se sintetiza en el discurso: "los funcionarios electorales que sustituyeron a los propietarios no se les tomó la protesta de ley", en consecuencia, el agravio, "recibir la votación por personas distintas a las facultadas por el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales", no tiene relación con esta causal k), sino, como acertadamente el propio actor la hace valer conjuntamente con esta causal, su relación es con la causal e), por una parte, por la otra, que el hecho antes citado no cumple con ninguno de los extremos del propio inciso k), pues, esta causal, dada su naturaleza y estructura formal dentro del sistema de medios de impugnación electoral es independiente de las otras causales, que tienen una estructura radicalmente excluyente, de ahí, que por una parte, sólo pueda ser aplicable cuando los agravios difieran o estén fuera de las causales de la a) a la j) del artículo 75 en comento, o bien, que las irregularidades o violaciones sean de tal gravedad que sus consecuencias o repercusiones jurídicas incidan negativamente en el resultado de la votación de manera necesaria y fatal.

Asimismo, el actor, dicha causal de nulidad la hace valer respecto de las diez siguientes casillas 017-B, 023-B, 051-B, 055-ESP, 099-C1, 102-B, 228-B, 235-C1, 249-B y 268-B, por lo que respecto a estas casillas esta Sala también se pronuncia:

En este tenor, las casillas 017-B y 235-C1 ya fueron desahogadas en el Considerando Sexto relativo a la causal del inciso g), del párrafo 1, del artículo 75 de la ley en comento. De igual manera, las casillas 023-B, 051-B, 055-ESP, 099-C1, 102-B, 228-B, 249-B y 268-B, fueron desahogadas en el Considerando Séptimo, relativo a la causal del inciso i). Lo anterior, en virtud de que no tienen relación con la causal k), sino, como acertadamente el propio actor las hace valer, su relación es con las causales "g)" e "i)", respectivamente, por las cuales esta Sala se pronunció, por una parte, y por la otra, que agravios citados por el actor respecto de las casillas mencionadas, no cumplen con ninguno de los extremos del propio inciso k), pues, esta causal, dada su naturaleza y estructura formal dentro del Sistema de Medios de Impugnación Electoral es. independiente de las otras causales, que tienen una estructura radicalmente inclusivas, de ahí que, sólo pueda ser aplicable cuando los agravios difieran o estén fuera de las causales de la a) a la j) del artículo 75 en comento o bien que los hechos, las irregularidades o violaciones, sean de tal gravedad que sus consecuencias o repercusiones jurídicas incidan negativamente en el resultado de la votación, de manera necesaria y fatal.

CONCLUSIÓN GENERAL DEL CONSIDERANDO RELATIVO A LA CAUSAL "k"

De acuerdo con las consideraciones anteriores, deben declararse improcedentes conocer de los agravios esgrimidos por la actora en relación con la votación recibida en las casillas 06-B, 06C1, 013-C, 021-B, 022-B, 025-C1, 031-C1, 032-C1, 037-B, O37-C1, 056-B, 060-B, 061-C1, 074-C1, 077-B, 083-B, 085-C1, 091-C, 101-B, 104-C1, 105-C1, 116-C1, 123-B, 124-C1, 126-B, 167-C1, 198-B, 216-B, 216-C1, 221-B, 230-C1, 236-B, 239-B, 239-C1, 240-C1, 244-C2 y 248-C1; de igual manera, de las casillas 017-B, 023-B, 051-B, 055-ESP, 099-C1, 102-B, 228-B, 235-C1, 249-B y 268-B, por la causal del nulidad prevista en el párrafo 1, inciso k) del artículo 75 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, consistente en existir irregularidades graves, plenamente acreditadas y no reparables durante la jornada electoral en las actas de escrutinio y cómputo que, en forma evidente, pongan en duda la certeza de la votación y sean determinantes para el resultado de la misma.

DECIMO. Por lo anterior y dado que el presente juicio fue el único que se interpuso impugnando los resultados del cómputo distrital para la elección de Diputados por el principio de mayoría relativa, realizado por el 10 Consejo Distrital Electoral en Acapulco Estado de Guerrero, en favor de los CC. DAVID AUGUSTO SOTELO ROSAS, en su carácter de propietario, y AMERICA GUADALUPE GARCIA AGUILERA, como suplente, con fundamento en el artículo 57 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral no ha lugar a la modificación del acta de computo distrital, confirmándose la votación recibida en las casillas impugnadas. Por lo que se confirma la declaración de validez de la elección impugnada, así como la expedición de la Constancia de Mayoría y Validez de la Elección de Diputados de mayoría relativa a la fórmula de candidatos de la Coalición Electoral Alianza por México, otorgada por el Presidente del 10 Consejo Distrital con sede en Acapulco, Estado de Guerrero.

Por lo expuesto y con fundamento en lo preceptuado por los artículos 41, párrafo 2, base IV, 94, párrafo 1 y 99, párrafo 4, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 186, fracción 1, 192, 193 y 195, fracción II y 204, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 3, párrafo 1 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; 1, 3, párrafo 2, inciso b), 4, 6, párrafo 3, 16, 22 al 25, 49, 50, párrafo 1, inciso a), o inciso b) en su caso de senadores, 53, párrafo 1, inciso b) y 56 a 59 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; así como 21, fracción I y 79 del Reglamento Interno Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, es de resolverse y se

RESUELVE

PRIMERO. Son INFUNDADOS los agravios invocados en la demanda relativa al presente juicio de inconformidad en las casillas 05-B, 05-C1, 06-B, 06-C1, 013-C, 017-B, 020-C1, 021-B, 021-C1 , 022-B, 023-B, 024-C, 025-C1, 026-B, 026-C, 027-C, 027-C2, 030-B, 030-C1, 031-C2, 032-C1, 035-B, 035-C, 37-B, 037-C1, 039-B, 040-B, 041-C1, 043-B, 047-B, 049-B, 049-C1, 051-B, 054-B, 054-C, 055-ESP, 056-B, 056-C1, 056-C2, 057-B, 060-B, 060-C, 061-B, 061-C1, 063-B, 067-B, 067-C1, 068-B, 068-C1, 074-C1, 077-B, 083-B, 085-C1, 091-"

CUARTO. Los agravios expuestos son del siguiente tenor.

"De la anterior sentencia que se combate, se desprende que la misma es totalmente incongruente, imprecisa, parcial, y no obstante que el juzgador dice que entró al fondo del estudio de los hechos y agravios, de la misma se advierte lo contrario, ya que dejó de valorar los hechos, agravios, pruebas y derechos que se hicieron valer en forma individualizada, relacionada, y circunstanciadas en cuanto a tiempo, modo, lugar y circunstancias, sin embargo la autoridad señalada como responsable dejó de estudiar y valorar, como dije antes los agravios y pruebas, ya que en ninguno de sus considerandos del Uno al Décimo de dicha resolución, se refirió a las pruebas marcadas del I al XI, y sólo como ejemplo me permito señalar las pruebas que se ofrecieron en la casilla 020-C1, Sección 20, ya que estas mismas pruebas las ofrecí en forma individualizada y relacionadas con las 59 casillas que impugné en el Juicio de Inconformidad, por la Causal a que se refiere el artículo 75 inciso a), con la aclaración que efectivamente en la apertura o instalación de las casillas debo decir, que se instalaron y ubicaron en el lugar señalado en el Encarte Oficial, y autorizado por el Consejo Distrital 10, pero posteriormente a su instalación los Funcionarios de las Mesas Directivas de Casillas impugnadas, sin razón o causa legal que lo justificara y sin autorización del Consejo Distrital, se cambiaron de lugar o de ubicación, tal como se desprende de todos y cada uno de los incidentes que obran en los 59 paquetes electorales de las casillas que se impugnan por la causal que señalé anteriormente, y para demostrar que la Autoridad Responsable no las estudió y mucho menos las valoró, en términos de lo que dispone el artículo 16 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, por lo que como ejemplo me permito transcribir las siguientes:

"PRUEBAS.

l. LA DOCUMENTAL PRIVADA.- Consistente en el escrito de incidentes que presentó el representante de mi partido acreditado en la casilla 020-C1. El cual obra agregado en el paquete de esta Casilla Electoral, solicitando desde este momento le requiera a la Autoridad Responsable, le remita a esta Autoridad Federal el paquete electoral de esta casilla.

II.- LA DOCUMENTAL PRIVADA.- Consistente en el Escrito de Protesta que presentó el representante de mi partido acreditado en la casilla 020-C1. El cual obra agregado en el paquete de esta Casilla Electoral, solicitando desde este momento le requiera a la Autoridad Responsable, le remita a esta Autoridad Federal el paquete electoral de esta casilla.

III. LA DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en la Hoja de Incidente, correspondiente a la casilla 020-C1. El cual obra agregado en el paquete de esta casilla electoral, solicitando desde este momento le requiera a la autoridad responsable, le remita a esa autoridad federal el paquete electoral de esta casilla.

IV. LA DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en el Acta de Instalación de Casilla, correspondiente a la casilla 020-C1. El cual obra agregado en el paquete de esta casilla electoral, solicitando desde este momento le requiera a la autoridad responsable, le remita a esta autoridad federal el paquete electoral de esta casilla.

V. LA DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en el Acta de la Jornada Electoral, correspondiente a la casilla 020-C1. El cual obra agregado en el paquete de esta casilla electoral, solicitando desde este momento le requiera a la autoridad responsable, le remita a esta autoridad federal el paquete electoral de esta casilla.

VI.- LA DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en el Acta de escrutinio y cómputo, correspondiente a la casilla 020-C1. El cual obra agregado en el paquete de esta casilla electoral, solicitando desde este momento le requiera a la autoridad responsable, le remita a esta autoridad federal el paquete electoral de esta casilla.

VII. LA DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en el Acta de la clausura de la casilla correspondiente a la casilla 020-C1. El cual obra agregado en el paquete de esta casilla electoral, solicitando desde este momento le requiera a la autoridad responsable, le remita a esta autoridad federal el paquete electoral de esta casilla.

VIII. LA PRUEBA DE RECONOCMIENTO INSPECCIÓN JUDICIAL.- Consistente en que el personal de esta H. QUINTA SALA RGIONAL DEL TRIBUNAL FEDERAL ELECTORAL, se traslade hasta la Sección 020-C1, del Distrito Electoral Federal Diez, del Municipio de Acapulco, Guerrero, para que de fe y se cerciore de lo siguiente:

A).- Que personal de esta H. QUINTA SALA REGIONAL, de fe y se cerciore del lugar donde se debió haberse instalado la casilla 020-C1, Sección 020 del Distrito Electoral Federal Diez, del Municipio de Acapulco, Guerrero.

B).- Que personal de esta H. QUINTA SALA REGIONAL, de fe y se cerciore del lugar donde se instaló en forma ilegal e indebida la casilla 020-C1, Sección 020 del Distrito Electoral Federal Diez, del Municipio de Acapulco, Guerrero.

C).- Que personal de esta H. QUINTA SALA REGIONAL, de fe y se cerciore cual es la distancia del lugar donde debió haberse instalado de acuerdo con la Ley y donde se instaló en forma ilegal e indebida la casilla 020-C1, Sección 020 del Distrito Electoral Federal Diez, del Municipio de Acapulco, Guerrero.

D).- Que personal de esta H. QUINTA SALA REGIONAL, de fe y se cerciore donde se instaló en forma ilegal e indebida la casilla 020-C1, Sección 020 del Distrito Electoral Federal Diez, del Municipio de Acapulco, Guerrero, cuenta con visibilidad y es de fácil acceso para que el electorado no se confundiera y acudiera a votar.

E).- Que personal de esta H. QUINTA SALA REGIONAL, de fe y se cerciore donde se instaló en forma ilegal e indebida la casilla 020-C1, Sección 020 del Distrito Electoral Federal Diez, del Municipio de Acapulco, Guerrero, es el lugar apropiado o inapropiado de acuerdo con lo mandatado por el Consejo Distrital Electoral Federal Número Diez.

Para los efectos de desahogar la presente prueba, me permito acompañar el plano cartográfico que levantó el C. Ing. DANTE URIOSTEGUI PEREZ, y el cuál se realizó ante la presencia del Fedatario Lic. BELLA HURI HERNÁNDEZ FELIZARDO, Notario Número 9 del Distrito Judicial de Tabares.

Solicitando que la presente Inspección Judicial, se levante una Acta Circunstanciada de el resultado que arroje la presente inspección, ordenando se mande a agregar a los autos del presente Juicio de Inconformidad para que surtan sus efectos legales correspondientes.

1. LA PRUEBA DE RECONOCIMIENTO INSPECCIÓN JUDICIAL. Consistente en que el personal de esta H. QUINTA SALA REGIONAL DEL TRIBUNAL FEDERAL ELECTORAL, de fe y se cerciore de lo siguiente:

A).- Que el personal de esta H. QUINTA SALA REGIONAL, de fe y se cerciore si en el paquete electoral correspondiente a la casilla 020-C1, Sección 020 del Distrito Electoral Federal Diez, del Municipio de Acapulco, Guerrero, obra acuerdo o autorización específica para el traslado o cambio de la casilla electoral antes referida.

B).- Que el personal de esta QUINTA SALA REGIONAL, se cerciore y de fe si en el paquete electoral correspondiente a la casilla 020-C1, Sección 020 del Distrito Electoral Federal Diez, del Municipio de Acapulco, Guerrero, la solicitud de cambio de ubicación de la casilla de referencia por causa justificada.

C).- Que el personal de esta QUINTA SALA REGIONAL, se cerciore y de fe si en el paquete electoral de la casilla antes referida existe acta incidental en la que establezca las causas de fuerza mayor que motivaron el cambio o traslado de la ubicación de la casilla.

D).- Que el personal de esta QUINTA SALA REGIONAL, de fe y se cerciore si en el paquete electoral existe alguna orden del Consejo Distrital Federal, el cambio de la ubicación de la casilla de referencia.

E).- El personal de la QUINTA SALA REGIONAL, de fe y se cerciore si en el paquete electoral de la casilla de referencia existe alguna orden por parte del Consejo Distrital, autorizando por escrito el cambio de la ubicación de casilla.

Solicito que al momento de desahogar la presente prueba de inspección judicial, se levante una acta circunstanciada del resultado que arrojé la presente inspección, ordenado se mande a agregar a los autos del presente juicio de inconformidad para que surta sus efectos legales correspondientes.

X. LA PRUEBA PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA.- En todo lo que le beneficie al partido que represento.

XI. LA PRUEBA DE INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES.- En todo lo que le beneficie al partido que represento.

Todas estas pruebas las relaciono con el presente hecho y agravio señalado anteriormente."

Con lo anterior demuestro que la autoridad responsable violó en agravio y perjuicio del partido que represento los principios rectores que rigen al Derecho Electoral, como son los de legalidad, certeza, imparcialidad, objetividad, así como los artículos 14, 16, 17, 41, 60, 87, 99 y 128 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 3, 20, 116 inciso c), 118, 119, 120, 121, 125, 140, 145, 154, 164, 167, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 210, 211, 212 párrafo 5 inciso a) y f), 215, 217 párrafo 2, 218 párrafo 1, 219 párrafo 1, 2, 3 inciso c), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en concordancia con los artículos 14, 15, 16, 20, 21, 22, 23, 71, 72, 75 y 76 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

4.- Al respecto debo de precisar que en mi juicio de inconformidad, fui claro y preciso, al señalar que las 59 (cincuenta y nueve) casillas que impugné de acuerdo con la causal que prevé el artículo 75 párrafo 1 inciso a), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación, que éstas las impugnaba por el cambio de lugar y ubicación que en forma indebida e ilegal realizaron los Funcionarios de las Mesas Directivas de Casillas, es decir que en un principio se instalaron las mesas directivas que impugno en el lugar señalado en el Encarte Oficial, que previamente había ordenado el Consejo Distrital número 10, sin embargo como aparece en los Escritos de Incidentes, levantados por los Secretarios de las Mesas Directivas de Casillas Impugnadas, éstas fueron cambiadas del lugar en forma ilegal como se puede corroborar con el referido escrito que obra en el paquete electoral de las Mesas Directivas Impugnadas, así mismo también se comprueba y corrobora con el Plano Cartográfico que levantó el C. Ing. DANTE URIOSTEGUI PÉREZ, ante la presencia del Fedatario la Licenciada BELLA HURI HERNÁNDEZ FELIZARDO, Notario Público número 09, del Distrito Judicial de Tabares, correspondiente al Municipio de Acapulco, Guerrero, en todas y cada una de las Mesas Directivas de Casillas, que en forma ilegal acordaron cambiar de lugar o de ubicación los mismos funcionarios que ahí fungían como Autoridades Electorales, receptores del voto.

Por lo que con fundamento en lo que dispone el artículo 8º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, (Derecho de Petición), solicito se desahoguen LAS DOS PRUEBAS DE RECONOCIMIENTO DE INSPECCIÓN JUDICIAL, que ofrecí, individualice y relacione en las 59 casillas que impugné, de conformidad con lo que dispone el artículo 14 párrafo 3, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, ya que las mismas no se ordenó se desahogan en términos de Ley, por parte la autoridad señalada como responsable en este recurso de reconsideración, violando en consecuencia el precepto antes invocado, dejado en consecuencia en estado de indefensión a los candidatos y al partido que represento.

Así mismo también solicito se le requieran a la autoridad señalada como responsable, para que por su conducto le haga llegar a esta H. Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, los 59 paquetes electorales, de las casillas que impugné, y donde obran los escritos de incidentes que levantaron los mismos secretarios de las casillas impugnadas, en el transcurso de la jornada electoral del pasado dos de julio del año en curso, donde consta que después de haberse instalado en el lugar señalado por el Consejo Distrital 10, sin razón o causa justificada, procedieron a cambiarse de lugar, por ello cabe insistir que la autoridad señalada como responsable en este recurso de reconsideración, hizo un mal estudio en su sentencia que se combate, ya que dejó de valorar los agravios y pruebas que se aportaron en el juicio de inconformidad, ya que sostiene y afirma que las casillas impugnadas no se instalaron en lugares diferentes, ya que de acuerdo con las actas de instalación y de la jornada electoral, coinciden los domicilios señalados en el Encarte Oficial, a lo cual debo de decir que efectivamente coinciden ambos domicilios, pero es el caso que como he venido diciendo, que después de su apertura o instalación, se cambiaron de lugar y de ubicación las casillas, a un lugar distinto al señalado en el Encarte Oficial y autorizado por el Consejo Distrital 10, lo cual se corrobora y prueba con los escritos de incidente, que fueron levantados por los mismos Secretarios de las Mesas de Casillas impugnadas, ya que se encuentra plasmado con puño y letra de los diferentes secretarios, donde consta que se cambiaron a un lugar diferente al señalado por la Ley, lo cual corrobora con todas y cada una de las pruebas aportadas en cada una de las Mesas Directivas impugnadas, pruebas que hacen prueba plena en términos de lo que dispone el artículo 16 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, y que sin embargo la responsable ni siquiera las estudió o valoró, mucho menos ordenó su preparación y desahogo, violando en agravio y perjuicio de los candidatos y al partido que represento los artículos anteriormente señalados.

Para ello paso a expresar los siguientes:

AGRAVIOS:

PRIMER AGRAVIO.- Que la Sentencia de fecha 21 de julio del año 2000, y que se combate en este Recurso de Reconsideración, le causa Agravio y perjuicios a los Candidatos y al Partido que represento, ya que la misma sentencia rompe con los principios de legalidad, imparcialidad, certeza y objetividad, que rigen al Derecho Procesal Electoral y a la Jurisprudencia, por ser incongruente, con la litis que se planteó, por lo siguiente:

Primero que en el primer caso respecto de la nulidad que hice valer, ya que se refiere el artículo 75 inciso a), el juzgador tenía la obligación de estudiar y desahogar todas y cada una de las pruebas que aportó el actor, en virtud de que fueron admitidas las mismas, y no como ocurrió que no sólo dejó de estudiarlas, si no que no ordenó su desahogo de las mismas, tal como se puede corroborar en los autos del Juicio de Inconformidad, y con los autos de la sentencia que se recurre, además de que no fundó ni motivó el por qué no las desahogó en tiempo y forma, violando en agravio y perjuicio del partido que represento los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 116, 121, 192, 194, 195, 196, 196 y 212 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, así mismo el artículo 75 inciso a), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Mataría Electoral.

Segundo que en relación de la segunda causal que hice valer respecto de la nulidad a que se refiere el artículo 75 incisos e) y k) de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, la Autoridad Responsable pasó por alto la supremacía de la Ley es decir que una ley o tesis secundaria, pueda estar por encima de la Ley primaria, como es el caso que existe mandamiento expreso en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el sentido que todo funcionario sin excepción alguna antes de tomar posesión de su cargo, presentará la protesta de Ley, sin embargo la Autoridad Responsable hace una inverosímil interpretación del artículo 128 Constitucional, 125 y 213 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, ya que si bien es cierto que la instalación y apertura de las Casillas se regula por el artículo 213 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, esto es correcto, sin embargo lo que es ilegal e indebido es lo que no se cumplió con la que mandátan los artículos 128 Constitucional, y 125 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, advirtiéndose que la responsable sostiene que doctrinariamente, hay dos tipos de protesta la solemne y la ordinaria: dice, la solemne es aquella que efectúan ciudadanos como el presidente de la República, los Magistrados de la Suprema Corte, los Magistrados del Tribunal Electoral, esto es, todos aquéllos que exprofesamente informa el texto Constitucional: y la ordinaria que tiene un carácter meramente formal y que por lo tanto puede presentarse de diversas maneras, protesta que hacen en un simple acto inmediato y sin protocolo alguno, circunscribiéndose a un mero encargo, puesto o desempeño, es decir que la misma responsable acepta que en ambos casos se debe de protestar, pero además lo que no se vale es que un funcionario de alto rango como lo es la responsable sostenga que doctrinariamente hay dos tipos de protesta la solemne y la ordinaria, pero además que no se fundamente ni motive para sostener tal afirmación, pues si vivimos en un estado de derecho, este se debe de respetar, y más aún por las circunstancias a que se refiere un proceso federal electoral, donde está en juego la estabilidad y la paz social de una nación, no puede ser que la responsable sostenga que doctrinariamente hay dos tipos de protesta, pasando por alto lo que mandata el artículo 128 de la Constitución Federal, así como lo ordenado en forma sistemática y categórica por el artículo 125 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, pues no se trata de lo que doctrinariamente se diga, es decir de usos y costumbres, si no que se debe de estar al régimen de derecho escrito y vigente por ser el que nos rige, porque vivimos en un estado de derecho, y no como doctrinariamente la responsable lo sostiene que se trata de usos y costumbres, como doctrinariamente se haga o se deje de hacer, por cierto indebidos e ilegales, pues yo me pregunto donde deja la observancia y Supremacía de la Ley, ya que al no haber observado la responsable dichos mandamientos Constitucionales y legales, rompe con los principios de legalidad y de certeza, por lo que me permito recordarle a esa Sala Responsable, que la doctrina y los usos y costumbres no pueden estar por encima de ley, que tampoco son fuentes formales de creación del derecho, y que en todo caso su criterio y principio que es más importante la instalación de las casillas para recepcionar el voto o la observancia estricta del derecho, ya que el juzgador sólo debe concretarse a aplicar la ley y no a legislar, toda vez que corresponde a un poder diferente el hacerlo y la sala debió concretarse a resolver en estricto derecho sin ir más allá de lo mandatado por la ley y no buscar con que suplirla, pues insisto la sala responsable debe ser garante de la preservación de los principios legales y sobre todo de los Constitucionales, por ello también se viola en agravio del partido que represento los artículos 14, 16 y 128 de la Constitución Federal, así como los artículos 118, 119, 120 y 125 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en razón de que estos mandamientos no hacen ninguna diferencia de protesta solemne o protesta ordinaria, y como consecuencia también se viola en agravio de mi partido el artículo 75 incisos e) y k) de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

Tercero que la responsable dejó de estudiar y valorar en apego irrestricto a la nulidad prevista por el artículo 75 inciso g), ya que se olvidó o no quiso hacer, valorar y estudiar las pruebas que ofrecí en todas y cada una de las casillas que impugné por esta violación, es decir que señalé que las pruebas que aporté se encontraban en los paquetes electorales de las casillas que impugné, solicitando para ello que se le requiriera a la Autoridad Responsable Consejo Distrital 10, enviara la paquetería a la hoy Autoridad Responsable Quinta Sala Regional para que observara las irregularidades graves que existían en las Documentales privadas y publicas que ofrecí para comprobar mis hechos y agravios en las casillas impugnadas, y donde consta fehacientemente las irregularidades graves e ilegales y que si son determinantes para la votación en el Distrito Electoral 10 de Guerrero, violando en agravio y perjuicio del partido que represento, los artículos 14 y 16 Constitucional, así como los artículos 217 y 218 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como el artículo 75 inciso g) de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

Cuarto que la responsable dejó de estudiar y valorar la causal que impugné correspondiente al artículo 75 inciso j) k) e i) de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, ya que sostiene que en el acta de la Jornada Electoral no Consigna tales irregularidades, lo cual resulta ser erróneo ya que de las pruebas privadas y públicas que ofrecí para impugnar las casillas, se advierte en todas y cada una de las actas, incidentes y escritos de protesta, que sí constan tales irregularidades graves y que por lo mismo son determinantes para los resultados que se impugna en dichas casillas y como consecuencia para la elección que se impugna, violando en agravio y perjuicio de mi partido los artículos 14 y 16 Constitucionales, así como los artículos 3, 4 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como el artículo 75 incisos j), k) e i) de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, pues en ningún momento la Autoridad responsable ordenó desahogar las pruebas documentales privadas y documentales publicas, ni tampoco le requirió a la responsable le enviara la paquetería de las casillas impugnadas y donde obran las pruebas con las que demuestro las graves irregularidades, mismas que son determinantes para el resultado de la elección que se impugna, resultando probada la incongruencia ya que son violaciones de fondo y no formales y por lo mismo la responsable incurre en incongruencia de su sentencia que se combate, en virtud de se trata de cuestiones de orden público, pues tales incongruencias están estrechamente vinculados con el acto reclamado y la negativa del informe circunstanciado que rindió la autoridad responsable que se impugnó originariamente, o sea el Consejo Distrital Electoral Federal lO, con residencia en el Municipio de Acapulco, Guerrero, de tal suerte que resulta probada la incongruencia con la lítis planteada con lo que resolvió indebidamente e ilegalmente la Responsable en su sentencia en forma aislada, por ello corresponde a la H. Sala Superior del Tribunal Federal Electoral de Poder Judicial de la Federación subsanar las irregularidades, agravios y violaciones cometidas al partido que represento, para que no lo deje en estado de indefensión, de manera congruente con la litis planteada y cometido en agravio de los candidatos y partido que represento. Para la cual me permito transcribir las siguientes jurisprudencias que a la letra dicen:

DILIGENCIAS PARA MEJOR PROVEER. PROCEDE REALIZARLAS CUANDO EN AUTOS NO EXISTAN ELEMENTOS SUFICIENTES PARA RESOLVER. Cuando la controversia planteada en un medio de impugnación en materia electoral, verse sobre nulidad de la votación recibida en ciertas casillas, en virtud de irregularidades, verbigracia, espacios en blanco o datos incongruentes en las actas que deben levantarse con motivo de los actos que conforman la jornada electoral; con el objeto de determinar si las deficiencias destacadas son violatorias de los principios de certeza o legalidad, determinantes para el resultado final de la votación y, por ende, si efectivamente se actualiza alguna causa de nulidad, resulta necesario analizarlas a la luz de los acontecimientos reales que concurrieron durante tal jornada, a través de un estudio pormenorizado del mayor número posible de constancias en que se haya consignado información, naturalmente, relacionadas con las circunstancias que mediaron en la recepción del sufragio y la contabilización de los votos respectivos. Por ello, si en los autos no se cuenta con elementos suficientemente ilustrativos para dirimir la contienda, la autoridad sustanciadora del medio de impugnación relativo, debe, mediante diligencias para mejor proveer, recabar aquellos documentos que la autoridad que figure como responsable, omitió allegarle y pudieran ministrar información que amplíe el campo de análisis de los hechos controvertidos, por ejemplo, los encartes, las actas de los consejos distritales o municipales en que se hayan designado funcionarios de casillas, los paquetes electorales, relacionados con las casillas cuya votación se cuestiona, así como cualquier otro documento que resulte valioso para tal fin, siempre y cuando la realización de tal quehacer, no represente una dilación que haga jurídica o materialmente irreparable la violación reclamada, o se convierta en obstáculo para resolver dentro de los plazos establecidos en la ley; habida cuenta que, las constancias que lleguen a recabarse, pueden contener información útil para el esclarecimiento de los hechos que son materia del asunto y, en su caso, la obtención de datos susceptibles de subsanar las deficiencias advertidas que, a su vez, revelen la satisfacción de los principios de certeza o legalidad, rectores de los actos electorales, así como la veracidad de los sufragios emitidos, dada la naturaleza excepcional de las causas de nulidad y, porque, ante todo, debe lograrse salvaguardar el valor jurídico constitucionalmente tutelado de mayor trascendencia, que es el voto universal, libre, secreto y directo, por ser el acto mediante el cual se expresa la voluntad ciudadana para elegir a sus representantes.

Novena Época.

Instancia: Pleno.

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.

Tomo: X, Noviembre de 1999.

Tesis: P./J. 133/99.

Página: 36.

SENTENCIA DE AMPARO. INCONGRUENCIA ENTRE LOS RESOLUTIVOS y LA PARTE CONSIDERATIVA, EL TRIBUNAL REVISOR DEBE CORREGIRLA DE OFICIO. Siendo el dictado de las sentencias de amparo y su correcta formulación una cuestión de orden público, al constituir la base del cumplimiento correcto que eventualmente pudiera darse a la ejecutoria de amparo, evitando ejecutorias forzadas e incongruentes que lleven a un imposible cumplimiento, además de que en las incongruencias puedan verse involucradas causales de improcedencia que son también de orden público y de estudio oficioso, y en atención a que el artículo 79 de la Ley de Amparo otorga al juzgador la facultad de corregir los errores en la cita de garantías violadas, para amparar por las realmente transgredidas, dicha facultad debe ser aplicada, por igualdad de razón, al tribunal revisor para corregir de oficio las incongruencias que advierta en las sentencias, ajustando los puntos resolutivos a las consideraciones de la misma, pues son éstas las que rigen el fallo y no los resolutivos, contemplándose la posibilidad de que, en el supuesto de que una incongruencia fuese de tal modo grave que su corrección dejara a alguna de las partes en estado de indetensión, el órgano revisor revocará la sentencia y ordenará la reposición del procedimiento para que el Juez de Distrito emita otra resolución, toda vez que es un error no imputable a ninguna de las partes y que puede depararles un perjuicio no previsto en su defensa. Lo anterior no debe confundirse con la suplencia de la queja, en virtud de que la coherencia en las sentencias de amparo al igual que la improcedencia del juicio es de orden público y por ello de estudio oficioso, y la suplencia de la queja presupone la interposición del medio de defensa por la parte perjudicada y sólo se lleva a cabo en los supuestos previstos por el artículo 76 bis de la Ley de Amparo, para beneficio o por interés del sujeto a quien se le suple la queja, y no del bien común de la sociedad que deposita su orden jurídico, entre otros, en los órganos judiciales. Por las razones expuestas se abandona el criterio sostenido en la tesis visible en las páginas mil doscientos cuarenta y siete y mil doscientos cuarenta y ocho de la Primera Parte, Sección Segunda del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de mil novecientos diecisiete; a mil novecientos, ochenta y ocho, cuyo rubro dice: "SENTENCIA DE AMPARO CONTRA LEYES. INCONGRUENCIA ENTRE LOS RESOLUTIVOS y LA PARTE CONSIDERATIVA, CUANDO NO PUEDE CORREGIRSE DE OFICIO.", en virtud de que éste se supera con lo mencionado, toda vez que, como se explicó el dictado de la sentencia y su congruencia son de orden público, y por ende, de estudio oficioso, existiendo la posibilidad de revocar la sentencia y ordenar la reposición del procedimiento para el efecto de que se dicte otra, cuando la corrección de la incongruencia sea de tal manera grave que se deje en estado de indefensión a alguna de las partes, pero de no ser así, el órgano revisor de oficio debe corregir la incongruencia que advierta en la sentencia recurrida, máxime que se encuentra sub judice y constituirá la base del cumplimiento que eventualmente pudiera dársele.

Amparo en revisión 440/93. Semillas Agrícolas Balanceadas de México, S.A. de C.V. 30 de septiembre de 1996. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: Humberto Román Palacios y Juan N. Silva Meza. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretaria: Guadalupe Robles Denetro.

Amparo en revisión 135/98. Hotelera Los Cabos. S.A. de C.V. 4 de febrero de 1999. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: Humberto Román Palacios: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: María Estela Ferrer Mac Gregor Poisot.

Amparo en revisión 1475/98. Sindicato Nacional de Controladores de Tránsito Aéreo. 11 de mayo de 1999. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Humberto Román Palacios. Secretario: Antonio Espinoza Rangel.

Amparo en revisión 340/99. Mario Fregoso Macías o Efrén Fregoso. 10 de agosto de 1999. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: José Vicente Aguinaco Alemán y José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán; en su ausencia hizo suyo el proyecto Oiga María Sánchez Cordero. Secretaria: Claudia Mendoza Polanco.

Amparo en revisión 1229/98. Concepción Castañares de Ley. 24 de agosto de 1999. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: José Luis González.

El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el veintiséis de octubre en curso, aprobó, con el número 133/1999, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a, veintiséis de octubre de mil novecientos noventa y nueve.

Nota: Esta tesis abandona el criterio sustentado en la tesis: "SENTENCIA DE AMPARO CONTRA LEYES. INCONGRUENCIA ENTRE LOS RESOLUTIVOS y LA PARTE CONSIDERA TIV A. CUÁNDO NO PUEDE CORREGIRSE DE OFICIO.", publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Primera Parte, Sección Segunda, página 1247.

SEGUNDO AGRAVIO.- Que también le causa agravios la sentencia que se combate en su Cuarto considerando, en razón de que la responsable dejó de estudiar, los hechos, agravios, pruebas y derechos, que se individualizaron y relacionaron en las 59 casillas que se impugnaron por la causal a que se refiere el artículo 75 inciso a) de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, ya que si bien es cierto que la responsable hizo un cuadro esquemático de las Casillas Impugnadas, en el considerando cuarto de su sentencia, en el que se corrobora que la mayoría de las casillas coinciden en su ubicación que se señala en el Encarte Oficial, con la ubicación que asienta en el acta de la jornada electoral, y sólo en 6 (seis) casillas no coinciden con la ubicación del encarte, con la ubicación que se señala en el acta de la jornada, desprendiéndose que efectivamente coincide en la mayoría de las casillas impugnadas, ya que como he venido diciendo tanto en mi demanda del Juicios de Inconformidad, como en el presente Recurso de Reconsideración, que las casillas se instalaron e iniciaron su apertura, comenzaron a funcionar recibiendo el voto de los electores en los lugares señalados por la Ley, pero posteriormente en algunos casos como a la hora, y en otros casos como a las dos horas se cambiaron de lugar las casillas impugnadas, como se corrobora con las pruebas documentales públicas, consistentes en los escritos de Incidentes que levantaron los mismos Secretarios de las Mesas Directivas de Casillas Impugnadas, en la que consta el cambio ilegal e indebido de las casillas, ya que de hecho propio y sin la autorización correspondiente realizaron los de casillas funcionarios de la Casillas impugnadas, además también se prueba con el plano cartográfico, que levantó el Ing. DANTE URIOSTEGUI PEREZ, en presencia del Fedatario la C. Licenciada BELLA HURl HERNÁNDEZ FELIZARDO, Notario público número 09 del distrito Judicial de Tabares, correspondiente al Municipio de Acapulco, Estado de Guerrero, Documental Pública que acompañé y exhibí a mi demanda de Juicio de Inconformidad. Documental Pública que serviría de base para desahogar la Prueba de Reconocimiento e Inspección Judicial, que ofrecí e individualicé y relacioné con las 59 casillas, en términos de lo que dispone el artículo 52 inciso c), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral y que indebidamente la responsable ubica como prueba pericial sin serlo, y que además admitió como prueba documental por lo que no pude desahogarla como prueba distinta, violando la correcta interpretación y valoración de las pruebas.

Las Documentales que obran agregadas en los paquetes de las Casillas Electorales impugnadas, habiendo solicitado en su momento a la Quinta Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, le requiriera al Consejo Distrital Federal 10, los 59 paquetes electorales sobre las casillas impugnadas, sin embargo la hoy, Autoridad Señalada como responsable, no atendió tal solicitud, ya que de Autos ni de su Sentencia que se combate aparece que haya requerido al Consejo Distrital lO, los paquetes electorales que originalmente solicite, y en los cuales obran las Documentales Privadas y Públicas que ofrecí como pruebas en todas y cada una de las casillas impugnadas, al respecto y solo a modo de ejemplo me permito transcribir las pruebas que ofrecí en las casillas 020-C1, Sección 020, del Distrito X, del Municipio de Acapulco, Guerrero, pero que las mismas se ofrecieron en todas y cada una de las casillas impugnadas, pero que omito para evitar repeticiones, insisto como ejemplo siendo las siguiente:

"PRUEBAS.

1.- LA DOCUMENTAL PRIVADA.- Consistente en el Escrito de Incidentes que presento el Representante de mi partido acreditado en la casilla 020-CI. El cual obra agregado en el paquete de esta Casilla Electoral, solicitando desde este momento le requiera a la Autoridad Responsable, le remita a esta Autoridad Federal el paquete Electoral de esta Casilla.

II.- LA DOCUMENTAL PRIVADA.- Consistente en el Escrito de Protesta que presentó el Representante de mi partido acreditado en la casilla 020-CI. El cual obra agregado en el paquete de esta Casilla Electoral, solicitando desde este momento le requiera a la Autoridad Responsable. le remita a esta Autoridad Federal el paquete Electoral de esta Casilla.

III.- LA DOCUMENTAL PÚBLICA .- Consistente en la Hoja de Incidente, correspondiente a la casilla 020-CI. El cual obra agregado en el paquete de esta Casilla Electoral, solicitando desde este momento le requiera a la Autoridad Responsable, le remita a esta Autoridad Federal el paquete Electoral de esta Casilla.

IV.- LA DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en el Acta de Instalación de Casilla, correspondiente a la casilla 020-CI. El cual obra agregado en el paquete de esta casilla Electoral, solicitando desde este momento le requiera a la Autoridad Responsable, le remita a esta Autoridad Federal el paquete Electoral de esta Casilla.

V.- LA DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en el Acta de la Jornada Electoral, correspondiente a la casilla 020-C1 .El cual obra agregado en el paquete de esta casilla Electoral, solicitando desde este momento le requiera a la Autoridad Responsable, le remita a esta Autoridad Federal el paquete Electoral de esta Casilla.

VI.- LA DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en el Acta de Escrutinio y Cómputo, correspondiente a la casilla 020-C I. El cual obra agregado en el paquete de esta casilla Electoral, solicitando desde este momento le requiera a la Autoridad Responsable, le remita a esta Autoridad Federal el paquete Electoral de esta Casilla.

VII.- LA DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en el Acta de la Clausura de la Casilla, correspondiente a la casilla 020-CI. El cual obra agregado en el paquete de esta casilla Electoral, solicitando desde este momento le requiera a la Autoridad Responsable, le remita a esta Autoridad Federal el paquete Electoral de esta Casilla.

VIII.- LA PRUEBA DE RECONOCIMIENTO INSPECCIÓN JUDICIAL.- Consiste en que el personal de esta H. QUINTA SALA REGIONAL DEL TRIBUNAL FEDERAL ELECTORAL, se traslade hasta la Sección 020-C1 del Distrito Electoral Federal Diez, del Municipio de Acapulco, Guerrero, para que de fe y se cerciore de lo siguiente:

A).- Que personal de esta H. QUINTA SALA REGIONAL, de fe y se cerciore del lugar donde se debió haberse instalado la casilla 020-C1, Sección 020 del Distrito Electoral Federal Diez, del Municipio de Acapulco, Guerrero.

B).- Que personal de esta H. QUINTA SALA REGIONAL, de fe y se cerciore del lugar donde se instaló en forma ilegal e indebida la casilla 020-C1, Sección 020 del Distrito Electoral Federal Diez, del Municipio de Acapulco, Guerrero.

C).- Que personal de esta H. QUINTA SALA REGIONAL, de fe y se cerciore cual es la distancia del lugar donde debió haberse instalado de acuerdo con la Ley y donde se instaló en forma ilegal e indebida la casilla 020-C1, Sección 020 del Distrito Electoral Federal Diez, del Municipio de Acapulco, Guerrero.

D).- Que personal de esta H. QUINTA SALA REGIONAL, de fe y se cerciore si donde se instaló en forma ilegal e indebida la casilla 020-C1, Sección 020 del Distrito Electoral Federal Diez, del Municipio de Acapulco, Guerrero, cuenta con visibilidad y es de fácil acceso para que el electorado no se confundiera y acudiera a votar.

E).- Que personal de esta H. QUINTA SALA REGIONAL, de fe y se cerciore si donde se instaló en forma ilegal e indebida la casilla 020-C1 Sección 020 del Distrito Electoral Federal Diez, del Municipio de Acapulco, Guerrero, es el lugar apropiado o inapropiado de acuerdo con lo mandatado por el Consejo Distrital Electoral Federal Número Diez.

Para los efectos de desahogar la presente prueba, me permito acompañar el plano cartográfico que levantó el C. Ing. DANTE URIOSTEGUI PEREZ, y el cuál se realizo ante la presencia del Fedatario Lic. BELLA HURl HERNÁNDEZ FELIZARDO, Notario número 9 del Distrito Judicial de Tabares.

Solicitando que de la presente Inspección Judicial, se levante una Acta Circunstanciada de le resultado que arroje la presente inspección, ordenando se mande a agregar a los autos del presente Juicio de Inconformidad para que surtan sus efectos legales correspondientes.

I.- LA PRUEBA DE RECONOCIMIENTO INSPECCIÓN JUDICIAL.- Consiste en que el personal de esta H. QUINTA SALA REGIONAL DEL TRIBUNAL FEDERAL ELECTORAL, de fe y se cerciore de lo siguiente:

A).- Que el personal de esta QUINTA SALA REGIONAL, de fe y se cerciore si en el Paquete Electoral correspondiente a la Casilla 020-C1 Sección 020 del Distrito Electoral Federal Diez, del Municipio de Acapulco, Guerrero, obra Acuerdo o autorización específica para el traslado o cambio de la Casilla Electoral antes referida.

B).- Que el personal de la QUINTA SALA REGIONAL, se cerciore y de fe si en el Paquete Electoral de la Casilla 020-C1, Sección 020 del Distrito Electoral Federal Diez, del Municipio de Acapulco, Guerrero, la solicitud de cambio de ubicación de la Casilla de referencia por causa justificada.

C).- Que el personal de la QUINTA SALA REGIONAL, se cerciore y de fe si en el Paquete Electoral de la Casilla antes referida existe Acta Incidental en la que establezca las causas de fuerza mayor que motivaron el cambio o traslado de la ubicación de la Casilla.

D).- Que el personal de esta QUINTA SALA REGIONAL, de fe y se cerciore si en el Paquete Electoral existe alguna orden del Consejo Distrital Federal, el cambio de la ubicación de la casilla de referencia.

E).- El personal de la QUINTA SALA REGIONAL, de fe se cerciore si en el paquete electoral de la casilla de referencia existe alguna orden por parte del Consejo Distrital, autorizando por escrito el can1bio de la ubicación de casilla.

Solicito que al momento de desahogar la presente proba de Inspección Judicial, se levante una acta circunstanciada del resultado que arrojé la presente inspección, ordenado se mande a agregar a los autos del presente Juicio de Inconformidad para que surta sus efectos legales correspondientes.

X.- LA PRUEBA PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA.- En todo lo que le beneficie la partido que represento.

XI.- LA PRUEBA DE INSTRUMENT AL DE ACTUACIONES.- En todo lo que le beneficie la partido que represento.

Todas esta pruebas las relaciono con el presente hecho y agravio señalado anteriormente."

Que de lo anterior se desprende que la Autoridad señalada como responsable al haberme admitido todas y cada una de las pruebas que ofrecí en las 59 casillas impugnadas, las cuales relacioné e individualicé tal como lo dispone el artículo 52 inciso c) de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación, ya que las mismas no fueron objetadas ni impugnadas por ninguna de las partes en el juicio de inconformidad, estas debió haber ordenado la responsable su preparación y desahogo de todas y cada una de ellas por haber sido ofrecidas conforme a derecho, en forma individualizadas y relacionadas, tal como se desprende del Juicio de Inconformidad al cual le recayó el número ST-V-JIN-012/2000, y al no haberlas desahogado viola en perjuicio del partido que represento, el artículo 14 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, así como los artículos 14 y 16 Constitucionales, 116, 121, 192, 194, 195, 196, 197, 212 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, así mismo los artículos 14 y 75 de la Ley General del Sistema de Medios de lmpugnación en Materia Electoral.

Desde luego no me pasa desapercibido el informe circunstanciado que rindió la Autoridad Responsable en la cual señala "que en (esta) época de lluvias se acentúa el calor", así mismo, otras casillas fueron instaladas en "andadores", sin embargo, para mejorar su ubicación las desplazaron algunos metros, "sin que ello alterara el lugar autorizado y mucho menos la recepción de la votación,....", sin embargo tales afirmaciones circunstanciadas, no subsanan tales ilegalidades, ya que en todo caso para que se justificara el cambio de casilla por parte de los funcionarios electorales que fungieron en las casillas impugnadas, deberían de estar en el supuesto que señala el artículo 215 del COFIPE, el cual a la letra dice:

Artículo 215.

I. Se considera que existe causa justificada para la instalación de casilla en un lugar distinto al señalado, cuando:

a). No exista el local indicado en las publicaciones respectivas;

b). El local se encuentre cerrado o clausurado y no se pueda realizar la instalación:

c). Se advierta al momento de la instalación de la casilla, que esta se pretende realizar en un lugar prohibido por la ley;

d). Las condiciones del local no permitan asegurar la libertad o el secreto del voto, o el fácil y libre acceso de los electores, o bien, no garanticen la realización de las operaciones electorales en forma normal. En este caso será necesario que los funcionarios y representantes presentes tomen la determinación de común acuerdo; y

e). El consejo distrital así lo disponga por causa de fuerza mayor o caso fortuito y se lo notifique al presidente de la casilla.

2. Para los casos señalados en el párrafo anterior la casilla deberá quedar instalada en la misma sección y en el lugar adecuado más próximo, debiéndose dejar aviso de la nueva ubicación en el exterior del lugar original que no reunió los requisitos.

Bien, de lo anterior se advierte que no hay ningún supuesto que convalide, lo aseverado por el Consejo Distrital 10, en su informe circunstanciado que por el hecho de que se acentúa el calor en esta época justifique el cambio de casilla, ni mucho menos el juzgador lo estimó prudente que por el hecho de que se acentúa el calor se cambie las casillas, pero además también señala el artículo 215 inciso d), que cuando exista causa justificada, para el cambio de casilla a un lugar distinto al señalado por la Ley, será necesario que los funcionarios de casilla y los representantes de partido tomen de común acuerdo el cambio de casilla, en este caso no existió, pero aun suponiendo sin conceder que existiera tal acuerdo, este no puede ir en contra de lo que dispone la Ley, ya que el derecho no está sujeto a convenios entre las partes, ya que la ley señala y sostiene que no puede convalidarse una transgresión expresa de la ley, por el común acuerdo entre autoridades y representantes de los partidos políticos, las disposiciones del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, son de orden público y por ende, su cumplimiento no puede quedar al arbitrio de los agentes que participan en el proceso electoral, así mismo se combate este mismo considerando en razón que la responsable sostiene que no actualicé ni ofrecí pruebas para acreditar los supuestos de los extremos de las nulidades de las 59 casillas que se impugnan, ahora bien la responsable hace un análisis aislado sobre las casillas siguientes: 030-B, 030-C, 035-C, 39-B, 054-C, 056-B. 061-B, 067-Cl, 093-8, 109-Cl, 192-8, 192-C2, 217-Cl, 228-Cl, 231-Cl, 244-Cl, 251-8, 255-8, 256-Cl, 259-B, 274-CI y 238-B. Casillas que dice la responsable que del "análisis comparativo del encarte y de las actas de la jornada electoral de las referidas casillas, específicamente, del apartado relativo a la instalación de la casilla se advierte que los datos del lugar en que fueron ubicadas coinciden plenamente con lo publicado y aprobado por el consejo distrital correspondiente".

Por lo que respecta a la casilla 256-C1, la Responsable sostiene "al no existir prueba en contrario respecto del contenido y autenticidad de las actas electorales que se analizan, y toda vez que el actor no ofreció probanza alguna, como era su obligación, conforme a lo dispuesto en el artículo 15 párrafo 2, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, para acreditar su afirmación, en el sentido de que las casillas impugnadas se instalaron en un lugar distinto al autorizado, se concluye que en la especie no se actualiza el primer extremo de su causal de nulidad"; de lo anterior se advierte que la autoridad responsable en este Recurso de Reconsideración, o no se tomó la molestia de leer y estudiar mi Juicio de Inconformidad, o bien que esta parcializando su sentencia que se combate, ya que no solo exhibí una prueba, sino que exhibí once pruebas, que individualicé y relacioné con la casilla 256-C1, luego entonces como es posible que afirme no ofrecí probanza alguna para actualizar el extremo de la causal de nulidad.

Así mismo la responsable declaró infundados lo agravios que hice valer respecto de las CasiIIas siguientes:

029-Cl, 024-Cl, 026-B, 026-C, 043-B, 047-B, 056-Cl, 056-C2, 057-8, 060-8, 060-Cl, 063-8, 067-B, 109-B, 110-B, 110-Cl, 110-C2, 125-B, 125-Cl, 221-B, 222-B, 228-8, 243-C, 250-Cl, 256-C3, 257-B, 259-Cl y 260-B. La autoridad responsable sostiene, "Del análisis de las actas de la jornada electoral, específicamente en el apartado relativo a la instalación, se observa que se asentaron de manera incompleta, los datos correspondientes al lugar en donde fueron ubicadas las casillas de referencia".

De lo anterior debo de decir que la responsable es omisa y sólo se concreta a decir que se observa que se asentaron de manera incompleta los datos correspondientes a la instalación de las casillas referencia, lo que no dice es que en todas estas casillas existen pruebas contundentes con la que se demuestra que los funcionarios de las casiIIas de referencia las cambiaron de lugar, es decir se instalaron el lugar señalado por la ley, pero después como consta en el plano cartográfico levantado por el C. Ing. DANTE URIOSTEGUI PEREZ, y el cuál se realizó ante la presencia del Fedatario Lic. BELLA HURI HERNÁNDEZ FELIZARDO, Notario Número 9 del Distrito Judicial de Tabares, Municipio de Acapulco, Guerrero, en la que consta la hora en la que se cambiaron de lugar, además de que si la responsable tenía duda de los datos incompletos respecto de estas casillas, porque no requirió a la responsable, los paquetes electorales tal como lo solicité en mis capítulos de ofrecimiento de pruebas, pero además por tratarse de normas de orden público, debió la responsable tener por probados nuestros hechos y agravios, toda vez que la norma prevé, que la Ley debe de aplicarse en benefició de reo.

Por lo que respecta a las casillas 024-CI, 057-B, 221-B y 254-C, la responsable sostiene "que es importante precisar que por lugar de ubicación no debe de entenderse únicamente una dirección, integrada por el señalamiento de una calle o número, si no que lo preponderante deben ser los signos externos el lugar en donde se ubica la casilla, signos que garanticen su plena identificación, con el objeto de evitar que se produzca confusión o desorientación en el electorado", "agregando que eIIo es insuficiente para considerar, que la casilla se instaló en un lugar diverso al autorizado por el consejo distrital respectivo, máxime que la parte actora no ofreció prueba alguna para acreditar su afirmación, como debió de hacerlo en términos de Ley".

De lo anterior se desprende que la responsable ni siquiera se tomó la molestia de leer mi demanda de Juicio de Inconformidad, ya que como puede corroborar en los autos de dicha demanda existen pruebas de sobra las cuales ofrecí, e individualicé y relacioné con las casillas anteriormente señaladas, y las cuales la responsable señala en forma irresponsable que no ofrecí prueba alguna para probar mi afirmación, agregando además, que una cosa es que no haya leído mi demanda de Juicio de Inconformidad, y por ello no se dio cuenta que las pruebas que ofrecí, y menos aun ordenar su desahogo como era su obligación, o en todo caso hubiese fundamentado, rechazado mis pruebas ofrecidas y admitidas y si fueron admitidas en términos de ley debieron ser desahogadas en sus términos, ya que no puede pensarse en estricto derecho que un secretario actuario, comparezca a notificar en un número específicamente señalado, y luego al momento de notificar asiente o haga constar que la notificación la hizo a un metro o a dos metros de distancia, además afirme que dicha notificación sea legal, sostenga o afirme que no tiene ninguna diferencia el hecho de notificar un lugar distinto al señalo, pues todos sabemos que legalmente sí repercute aun sea medio metro tratándose de ubicación de casillas, cuando esto afecte la visibilidad de los electores y cree confusión, como es el caso concreto que las casillas fueron cambiadas e introducidas a lugares donde no tenían visibilidad y crearon confusión en los electores, máxime que se supone que en uso de sus atribuciones el Consejo Distrital ubicó y comprobó que el encarte estuvo bien realizado y que para autorizar un cambio de ubicación debió hacerlo conforme a lo que el COFIPE le obliga y no dejarlo al libre arbitrio de quienes formaron parte como funcionarios de casilla y por tanto órganos electorales.

Por lo que respecta a las casillas 054-8 y 217-8 la responsable sostiene "que es importante precisar que por lugar de ubicación no debe de entenderse únicamente una dirección, integrada por el señalamiento de una calle o número, si no que lo preponderante deben ser los signos externos el lugar en donde se ubica la casilla, signos que garanticen su plena identificación, con el objeto de evitar que se produzca confusión o desorientación en el electorado", "agregando que ello es insuficiente para considerar, que la casilla se instaló en un lugar diverso a la autorizado por el consejo distrital respectivo, máxima que la parte actora no ofreció prueba alguna para acreditar su afirmación, como debió de hacerlo en términos de Ley".

De lo anterior se desprende que la responsable ni siquiera se tomó la molestia de leer mi demanda de Juicio de Inconformidad, ya que como puede corroborar en los autos de dicha demanda existen pruebas de sobra las cuales ofrecí, e individualicé y relacioné con las casillas anteriormente señaladas, y que fueron admitidas y ahora la sala responsable señala en forma irresponsable que no ofrecí prueba alguna para probar mi afirmación, agregando además, que una cosa es que no haya leído mi demanda de Juicio de Inconformidad, y por ello no se dio cuenta que las pruebas que ofrecí, y menos aun ordenar su desahogo como era su obligación, ya que no puede pensarse en estricto derecho que un secretario actuario, comparezca a notificar en un número específicamente señalado, y luego al momento de notificar asiente o haga constar que la notificación la hizo a un metro o a dos metros de distancia, además afirme que dicha notificación sea legal, sostenga o afirme que no tiene ninguna diferencia el hecho de notificar un lugar distinto al señalado, pues todos sabemos que legalmente si repercute aun sea medio metro tratándose de ubicación de casillas, cuando esto afecte la visibilidad de los electores y cree confusión, como es el caso concreto que las casillas fueron cambiadas e introducidas a lugares donde no tenían visibilidad y crearon confusión en los electores.

Por cuanto a la casilla 260-C, la responsable señala que "si la casilla se instaló en un lugar distinto al señalado por el encarte que contiene las listas de ubicación e integración de la casillas ello obedeció a que los integrantes de las mesas directivas de casillas, al pretender instalarlas en el lugar indicado por la Autoridad Electoral, encontraron que: en el domicilio marcado por el Instituto Federal Electoral, se opusieron a que se instalara la casilla, por lo que de común acuerdo con los representantes de los partidos políticos, determinaron ubicarlas en otro sitio" agregando demás que con lo que dispone el artículo 215 del COFIPE, es causa justificada ya que dice se observaron las formalidades a las que se refiere el titulo anterior; sigue diciendo la responsable que sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente el criterio del Tribunal Electoral, de que resulta justificado el cambio de lugar de la instalación de la casilla, cuando entre otras cosas, el lugar no garantice la realización de las operaciones electorales en forma normal y exista común acuerdo entre los funcionarios y los representantes de partido, agregando que existe el incidente correspondiente al respecto, es decir que en este caso concreto le da plena validez al incidente que levantó el secretario de ficha mesa directiva de casilla, y en los otros casos donde también existen el incidente levantados por los secretarios de dicha mesas directivas de casillas no les da ninguna validez, con lo que se desprende que la responsable ni siquiera se tomó la molestia de leer mi demanda de Juicio de Inconformidad, ya que como puede corroborar en los Autos de dicha demanda existen pruebas de sobra las cuales ofrecí, e individualicé y relacioné con la casilla anteriormente señalada, y la cual la responsable señala en forma irresponsable que no ofrecí prueba alguna para probar mi afirmación, agregando además, que una cosa es que no haya leído mi demanda de Juicio de Inconformidad, y por ello no se dio cuenta que las pruebas que ofrecí, y menos aún ordenar su desahogo como era su obligación, agregando además que la ubicación donde se instalara la casilla no se trata de ningún local prohibido por la Ley y menos constan las circunstancias de modo, tiempo y lugar de que porque supuestamente se justifica el cambio de lugar, luego entonces no puede haber una causa justificada como lo afirma indebidamente la responsable en la sentencia que se combate.

Respecto de las casillas siguientes: 238-8, 238-C1 y 250-8. La responsable sostiene "que efectivamente se instalaron en un lugar distinto al autorizado por el consejo distrital, sin embargo, sigue diciendo la responsable que de los incidentes levantados por los funcionarios electorales, se observa que el cambio de ubicación se debió a la poca visibilidad que tenían las propias casillas, lo cual, a Juicio de esta Sala, no garantizaba la realización de las operaciones electorales en forma eficaz, constituyendo una causa justificada para el cambio de casilla, tal como lo dispone el articulo 215 párrafo 1 inciso d) de COFIPE, además, en dicho cambio, dice que se observaron la formalidades previstas en el párrafo segundo en el artículo en cita, tal como se desprende en las hojas de incidentes".

Lo que la responsable no dice es que las casillas impugnadas por el actor, y que se han señalado anteriormente, en el encarte oficial no se señalan que deban de instalarse dentro de ningún local, en la que las mesas directivas de casillas no se puedan ver o carezcan de visibilidad, y que sean motivo para la confusión de los electores para sufragar, ya que estas casillas se debieron instalar en el domicilio que se señaló en el encarte oficial, y ahí no existe ningún local o bien inmueble en el que se pudieran pensarse que se instalaría dentro de algún local, en el que existiera poca visibilidad para desempeñar sus funciones los funcionarios electorales, pero además si existía alguna duda por parte de la Autoridad señalada como responsable en este Recurso de Reconsideración, debió de haber ordenado la preparación y desahogo de todas y cada una de las pruebas que ofrecí y aporté en forma individualizada y relacionadas con cada una de las casillas impugnadas, pero suponiendo sin conceder que efectivamente hayan acordado funcionarios y representantes de partidos, esto no es motivo de consolidarse una transgresión expresa de la ley, por el común acuerdo entre autoridades y representantes de los partidos políticos, las disposiciones del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, son de orden público y por ende, su cumplimiento no puede quedar al arbitrio de los agentes que participan en el proceso electoral, y por ello se violan en agravio y perjuicio del partido que represento, los artículos 14 y 16 Constitucionales, 116, 121, 192, 194, 195, 196, 197, 212 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, así mismo los artículos 14 y 75 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

También le causa agravios al partido que represento este mismo cuarto considerando de la sentencia que se combate en razón de que la autoridad responsable dice "en esta causal esta sala entra al análisis de las treinta y nueve pruebas ofrecidas y aportadas por el inconforme, mismas que se desahogan: las 78 documentales consistentes en 39 constancias de hechos protocolizados por la Notario Público número nueve en Acapulco, Guerrero, en la que se da fe de la solicitud del Licenciado Alan Ramírez Hernández, representante del Partido Revolucionario Institucional "para que de fe de hechos del levantamiento cartográfico de la ubicación de las casillas electorales que se instalaron el día dos de julio del año dos mil"; así mismo, entra al análisis de los 39 mapas cartográficos que se anexan a dicha constancia notarial.

"De ambas documentales se desprenden las siguientes conclusiones: a) carece de valor probatorio el levantamiento cartográfico toda vez que son planos del INEGI (Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática), que no constituyen probanza alguna salvo que estuviesen adminiculados con la técnica censal a que se refiere los artículos 141 párrafo 1 y 2, y el 152 de la Sustantiva de la Materia; b) carecen de valor probatorio dichas documentales ya que se afirma de quien levantó los planos cartográficos es un individuo de que no se anexa cédula profesional, ni su patente como perito que demuestre estar en posibilidades de emitir dictamen pericial en la materia, y c) que siendo dicho peritaje una mera probanza privada carece para este órgano jurisdiccional de valor probatorio alguno."

De lo anterior se corrobora que el mismo cuarto considerando de la sentencia que se combate en este Recurso de Reconsideración, se desprende que la responsable hace una mala apreciación y valoración de esta probanza ya que afirma que se trata de una prueba pericial, cuando que la verdad de los hechos esta prueba debe servir de base para el desahogo de la prueba de reconocimiento e inspección judicial, la cual se encuentra marcada con el número VIII, en todas y, cada una de las casillas que impugne, la cual relacione e individualicé, para el efecto de que la Quinta Sala Regional levantara una acta circunstanciada del resultado que arrojara dicha prueba, porque se mandara agregar a los Autos del Juicio de Inconformidad, es decir el Plano Cartográfico que levantó el C. Ing. DANTE URIOSTEGUI PEREZ, y el cual se realizó ante la presencia del Fedatario Lic. BELLA HURI HERNÁNDEZ FELIZARDO, Notario Número 9 del Distrito Judicial de Tabares, Municipio de Acapulco, Guerrero, pero sin embargo la responsable no obstante haber admitido todas y cada una de las pruebas que ofrecí en forma individualizada y relacionada con las 59 Casillas Impugnadas, con las que justifiqué y probé los extremos de la nulidad de las Casillas que impugné, debo aclarar que estas documentales públicas, tanto del Plano Cartográfico que levanto el C. Ing. DANTE URIOSTEGUI PEREZ, y el cual se realizó ante la presencia del Fedatario Lic. BELLA HURI HERNÁNDEZ FELIZARDO, Notario Número 9 del Distrito Judicial de Tabares, Municipio de Acapulco, Guerrero, se hizo con la finalidad de que la hoy Autoridad Responsable se apoyara para poder desahogar la Prueba de Reconocimiento e Inspección Judicial, en relación con todas y cada una de las pruebas marcadas del I al XII, que obran en todas y cada una de las casillas que impugné pero además también debo de señalar que ninguna de las otras pruebas que ofrecí fueron desahogas por la responsable, no obstante de que fueron admitidas y en ningún momento fueron objetadas e impugnadas por ninguna de las partes en el Juicio de Inconformidad, y sin embargo la autoridad responsable no ordenó desahogar las pruebas privadas y publicas, así como las pruebas de reconocimiento e inspección judicial, ni tampoco le requirió a la responsable le enviara la paquetería de las casillas impugnadas, donde obran las pruebas con las que demuestro las graves irregularidades, mismas que son determinantes para el resultado de la elección que se impugna, resultando probada mi acción ya que son violaciones de fondo y no formales, por lo mismo la responsable incurre en violaciones y agravios en perjuicio del partido que represento, en su sentencia que se combate, en virtud de que se trata de cuestiones de orden público, pues tales incongruencias están estrechamente vinculados con el acto reclamado y la negativa del informe circunstanciado que rindió la autoridad responsable o sea el Consejo Distrital Electoral Federal 10, con residencia en el Municipio de Acapulco, Guerrero, de tal suerte que resulta probada mi acción en la litis planteada e incongruente con lo que resolvió ilegalmente la Responsable en su sentencia en forma aislada, por ello corresponde a la H. Sala Superior del Tribunal Federal Electoral del Poder Judicial de la Federación, subsanar las irregularidades graves como es el desahogo de las pruebas admitidas y no desahogas en tiempo y forma, por lo cual esta H. Sala Superior, debería de ordenarle a la responsable, la reposición de procedimiento, ya que se trata de cuestiones de orden público y del procedimiento, para resolver el fondo del Juicio de Inconformidad, para que la misma dictara una nueva sentencia apegada a derecho, sin violaciones al procedimiento que son cuestiones de fondo y no formales, por lo mismo le causa al partido que represento serios agravios y violaciones, pues de no hacerlo dejaría en estado de indefensión a mi partido, para que en su oportunidad esta H. Sala Superior, resuelva con plenitud de Jurisdicción subsanando las violaciones y agravios que la responsable ha cometido en agravio de los candidatos y del partido que represento. Por lo que violan en agravio del partido que represento los artículos 14 y 16 Constitucionales, 116, 121, 192, 194, 195, 196, 197, 212 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, así mismo los artículos 14 y 75 inciso a), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral. Así como las siguientes jurisprudencias que a la letra dicen:

PRUEBAS DE INSPECCIÓN JUDICIAL, RECONOCIMIENTO Y PERICIAL. DERECHO A SU OFRECIMIENTO Y REQUISITOS PARA SU ADMISIÓN. Conforme a una interpretación sistemática de lo previsto en los artículos 14, párrafo 3, en relación con los párrafos I y 2 del propio precepto, y 19, párrafo 1, inciso e), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, las partes y, en su caso, el coadyuvante, tienen derecho a ofrecer también como pruebas, dentro de los plazos previstos legalmente, las de inspección judicial, el reconocimiento y la pericial, siendo atribución del Magistrado Electoral encargado de la sustanciación del respectivo medio de impugnación, proveer sobre su admisión y ordenar su desahogo, siempre y cuando se desprenda de las constancias en autos que la violación reclamada lo amerita, los plazos permiten su desahogo y se estimen determinantes para que con su perfeccionamiento se pueda modificar, revocar o anular el acto o resolución impugnado.

Sala: Superior.

Época: Tercera.

Tipo de Tesis: Jurisprudencia.

No. de Tesis: 110/97.

Votación: Unanimidad.

Clave de Publicación: S3ELJ 10/97.

Materia: Electoral.

DILIGENCIAS PARA MEJOR PROVEER, PROCEDE REALIZARLAS CUANDO EN AUTOS NO EXISTAN ELEMENTOS SUFICIENTES PARA RESOLVER. Cuando la controversia planteada en un medio de impugnación en materia electoral, verse sobre nulidad de la votación recibida en ciertas casillas, en virtud de irregularidades, verbigracia, espacios en blanco o datos incongruentes en las actas que deben levantarse con motivo de los actos que conforman la jornada electoral; con el objeto de determinar si las deficiencias destacadas son violatorias de los principios de certeza o legalidad, determinantes para el resultado final de la votación y, por ende, si efectivamente se actualiza alguna causa de nulidad, resulta necesario analizarlas a la luz de los acontecimientos reales que ocurrieron durante tal jornada, a través de un estudio pormenorizado del mayor número posible de constancias en que se haya consignado información, naturalmente, relacionadas con las circunstancias que mediaron en la recepción del sufragio y la contabilización de los votos respectivos. Por ello, si en los autos no se cuenta con elementos suficientemente ilustrativos para dirimir la contienda, la autoridad sustanciadora del medio de impugnación relativo, debe, mediante diligencias para mejor proveer, recabar aquellos documentos que la autoridad que figure como responsable, omitió allegarle y pudieran ministrar información que amplíe el campo de análisis de los hechos controvertidos, por ejemplo, los encartes, las actas de los consejos distritales o municipales en que se hayan designado funcionarios de casillas, los paquetes electorales, relacionados con las casillas cuya votación se cuestiona, así como cualquier otro documento que resulte valioso para tal fin, siempre y cuando la realización de tal quehacer, no represente una dilación que haga jurídica o materialmente irreparable la violación reclamada, o se convierta en obstáculo para resolver dentro de los plazos establecidos en la ley; habida cuenta que, las constancias que lleguen a recabarse, pueden contener información útil para el esclarecimiento de los hechos que son materia del asunto y, en su caso, la obtención de datos susceptibles de subsanar las deficiencias advertidas que, a su vez, revelen la satisfacción de los principios de certeza o legalidad, rectores de los actos electorales, así como la veracidad de los sufragios emitidos, dada la naturaleza excepcional de las causas de nulidad y, porque, ante todo, debe lograrse salvaguardar el valor jurídico constitucionalmente tutelado de mayor trascendencia. que es el voto universal, libre, secreto y directo, por ser el acto mediante el cual se expresa la voluntad ciudadana para elegir a sus representantes.

Juicio de revisión constitución. SUP-JRC-O46/97. Partido Acción Nacional. 25 de septiembre 1997. Unanimidad de votos. Ponente: ALFONSINA BERTA NAVARRO HIDALGO.

Juicio de revisión constitución electoral. SUP-JRC-O61/97. Coalición Democrática, integrada por los partidos de la Revolución Democrática y Verde Ecologista de México, así como, por la Organización denominada "el Barzón", 25 de septiembre de 1997. Unanimidad de votos. Ponente ALFONSINA BERTA NAVARRO HIDALGO.

Juicio de revisión constitución electoral. SUP-JRC-082/97. Partido de Revolución Democrática. 25 de septiembre de 1997, Unanimidad de votos. Ponente: ALFONSINA BERTA NAVARRO HIDALGO.

No. de Registro: 204,858. Jurisprudencia.

Materias(s): Laboral Novena Época.

Instancia: TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO.

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.

Tomo: II, Julio de 1995.

Tesis: 1.60. T .J/6.

Página: 145.

PRUEBAS ADMITIDAS Y NO DESAHOGADAS, VIOLACION PROCESAL. Si la autoridad responsable admitió una prueba ofrecida por el quejoso, y no obstante ello omitió desahogarla, tal omisión vulnera las leyes del procedimiento y hace que se actualice el supuesto del artículo 159, fracción III, de la Ley de Amparo.

SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo directo 1496/88. Mario Ariza Hernández. 22 de septiembre de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: J. Refugio Gallegos Baeza. Secretario: José Luis Martínez Luis.

Amparo directo 7286/89. Graciela Gama Morales. 30 de noviembre de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: Carolina Pichardo Blake. Secretario: José Guillermo Cuadra Ramírez.

Amparo directo 6996/90. Sección 35 del Sindicato Revolucionario de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana. 4 de octubre de 1990. Unanimidad de votos. Ponente: María del Rosario Mota Cienfuegos. Secretario: Félix Arnulfo Flores Rocha.

Amparo directo 384/93. Iris Pérez Galindo. 26 de febrero de 1993. Unanimidad de votos. Ponente: María del Rosario Mota Cienfuegos. Secretario: José Guillermo Cuadra Ramírez.

Amparo directo 4136/95. Comisión Federal de Electricidad. 8 de junio de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: Francisco Javier Patiño Pérez. Secretaria: María Eugenia Olascuaga García.

No. de Registro: 248792 Aislada.

Materia(s): Común Séptima Época.

Instancia: TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. Fuente: Semanario Judicial de la Federación.

Tomo: 193-198 Sexta Parte Página: 215.

PRUEBAS EN EL INCIDENTE DE SUSPENSION, PROCEDE LA REPOSICION DEL PROCEDIMIENTO CUANDO FUERON ADMITIDAS y NO DESAHOGADAS LAS. Siendo la falta de desahogo de una probanza un hecho omisivo, un no hacer de la autoridad respecto de la cual no procede el recurso de queja, pues éste sólo es admisible para impugnar resoluciones que son actos positivos, lo correcto es mandar reponer el procedimiento respectivo, a fin de no dejar en estado de indefensión a la oferente de la prueba, ya que la referida falta de desahogo tampoco podría argüirse como hecho superveniente en términos del artículo 140 de la Ley de Amparo, pues sabido es que las resoluciones que deciden sobre la suspensión sólo son susceptibles de modificación en caso de que existan datos o elementos de prueba diferentes de aquéllos que tuvieron a su alcance las partes antes de que se pronunciara la interlocutoria respectiva.

TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO.

Amparo en revisión 1038/84. Josefina Vázquez de Serrano. 5 de diciembre de 1984. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel.

INSTALACION DE LA CASILLA SIN CAUSA JUSTIFICADA EN LUGAR DISTINTO AL SEÑALADO POR LA JUNTA DISTRlTAL CORRESPONDIENTE. INTERPRETACION PARA LOS EFECTOS DE LA CAUSA DE NULIDAD. En las resoluciones de la Sala Central del Tribunal Federal Electoral, en las que los partidos recurrentes han solicitado la nulidad de votación de casillas, en razón de que estas se han Instalado sin causa justificada en lugar distinto al señalado por la Junta Distrital, se han sentado diversos criterios respecto a la interpretación y alcance de las disposiciones relativas en la materia, siendo los más importantes los siguientes: I.- La Sala Central del Tribunal Federal Electoral, sostiene que no puede convalidarse una transgresión expresa de la ley, por el común acuerdo entre autoridades y representantes de los partidos políticos, las disposiciones del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, son de orden público y por ende, su cumplimiento no puede quedar al arbitrio de los agentes que participan en el proceso electoral. El único caso de excepción que se contempla, es el caso del común acuerdo a que se refiere el artículo 215 párrafo I inciso d) del código de la materia, pero para que este principio opere y se tenga por justificada la causa, para la instalación de una casilla en lugar distinto al señalado, es indispensable además, que se acredite de manera indubitable, que se dá alguna de las causas que establece el propio precepto en comentario, o sea, que las condiciones del local no permitan asegurar la libertad o el secreto del voto o el fácil y libre acceso de los electores, o bien no garanticen la realización de las operaciones electorales en forma normal. II. El común acuerdo a que se refiere el inciso d) párrafo 1 del artículo 215 del código de la materia puede tenerse por acreditado cuando del acta de instalación no se desprenda que hubo oposición al cambio y en ella aparezcan las firmas, sin que se consigne que se estampan bajo protesta, de los representantes de los partidos políticos presentes durante la instalación de la casilla. III. Si en el acta de la instalación de la casilla aparece la firma del representante del partido político recurrente, debe darse plena validez a la manifestación de voluntad formulada precisamente en ese momento en que el propio recurrente participó en el acuerdo que motivó dicho cambio, y por ende, resulta improcedente la posterior impugnación hecha por el partido recurrente. IV. Para los efectos de la hipótesis contemplada en el inciso b) párrafo 1 del artículo 215 del código de la materia, se entiende que el local se encuentra cerrado y no se puede realizar la instalación de la casilla, cuando quienes habitan en el local, por cualquier circunstancia, no permiten la instalación, impidiendo a los funcionarios correspondiente el acceso al lugar. V. La intención del legislador al fijar un lugar para la ubicación de las casillas, responde al cumplimiento del principio de certeza que va dirigido tanto a los partidos como a los electores de manera tal que se oriente a los votantes respecto al lugar donde deben ejercer su derecho de sufragio, por ende, por lugar de ubicación de la casilla no debe entenderse únicamente una dirección entendiendo por esta una calle y un número, sino que lo preponderante, son los signos externos del lugar que garanticen su plena identificación evitando inducir a confusión al electorado; por ello, esta finalidad primordial de certeza, no se ve desvirtuada cuando la casilla se instala en lugar distinto al señalado, pero de manera tal que por la proximidad física y los signos externos no provocan desorientación o confusión en el electorado.

SC-l-RI-120/91. Partido de la Revolución Democrática. 14-IX-91. Unanimidad de votos.

SC-l-RI-O40/91. Partido Acción Nacional. 14-IX-91. Unanimidad de votos.

SC-l-RI-O31/91. Partido Acción Nacional. 23-IX-91. Unanimidad de votos.

SC-I-RI-O36/91. Partido Acción Nacional. 23-IX-91. Unanimidad de votos con reserva.

SC-I-R1-052/91. Partido Acción Nacional. 30-IX-91. Mayoría de votos.

SC-I-R1-010/91. Partido Acción Nacional. 30-IX-91. Unanimidad de votos.

SC-I-R1-068/91. Partido de la Revolución Democrática. IO-IX-91. Mayoría de votos con reserva.

SC-I-R1-159/91. Partido Acción Nacional. 2-X-91. Unanimidad de votos con reserva.

SC-I-R1-008/91. Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, Partido de la Revolución Democrática y Partido de los Trabajadores. 7-IX-91. Mayoría de votos.

SC-I-RI-020/91. Partido Acción Nacional. 7-X-91. Mayoría de votos.

SC-I-RI-O47/91. A. Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional. 7-X-91, conserva.

SC-I-RI-O63/91. Partido Acción Nacional. 7-X-9l. Mayoría de votos.

SC-I-RI-116/91. Partido Auténtico de la Revolución Mexicana. 7-X-91. Unanimidad de votos.

SC-I-RI-143/9l. Partido Acción Nacional. 7-X-91. Mayoría de votos.

SC-I-RI-159/91. Partido Acción Nacional. 7-X-91. Mayoría de votos.

SC-I-043/91. B. Partido de la Revolución Democrática. 17-X-YI. Unanimidad de votos con reserva.

SC-I-RI-O56/91. B. Partido Acción Nacional. 17-X-91. Unanimidad de votos.

NOTA.- Esta Jurisprudencia fue reiterada además en los expedientes siguientes:

SC-I-RI-O53/91. Partido Acción Nacional. 14-X-91. Unanimidad de votos.

SC-I-RI-OO7/91. Partido Acción Nacional. 22-X-91. Unanimidad de votos con reserva.

TERCER AGRAVIO.- Que también le causa agravios al partido que represento, el quinto considerando de la Sentencia que se impugna, en virtud de que la Responsable resolvió en forma ilegal y antijurídica las 36 casillas que impugné, por violaciones al artículo 75 inciso c) de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, ya que de acuerdo con los argumentos que hice valer en los hechos y agravios, señalé textualmente lo siguiente:

"Los Funcionarios de la Mesa Directiva de Casilla, deben de rendir protesta de Ley, tal como la disponen los artículos 118, 119, 120 y 125 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en relación con lo que dispone el articulo 128 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y al no hacerlo no están legitimados legalmente para recibir la votación de los electores, violando el articulo 75 inciso e) e inciso k) de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, ya que es claro el mandato constitucional, que señala "Todo funcionario público sin excepción alguna, antes de tomar posesión de su cargo, prestará la protesta de guardar la constitución y las leyes que de ella emanen." Así mismo el Código de la Materia señala "los integrantes del Consejo General, de los Consejos Locales y Distritales y los ciudadanos que integran las mesas directivas de casilla, deberán rendir la protesta de guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las Leyes que de ella emanen, cumplir con las normas contenidas en este Código, y desempeñar leal y patrióticamente la función que se les ha encomendado"; por otra parte el artículo 75 señala como causal de nulidad el hecho de recibir la votación por personas u órganos distintos a los facultados por el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, así también señala que es causal de nulidad, existir irregularidades graves, plenamente acreditadas y no reparables durante la jornada electoral o en las actas de Escrutinio y Cómputo que, en forma evidente, pongan en duda la certeza de la votación y sean determinantes para el resultado de la misma, y en el presente caso es causa determinante para que la Coalición Alianza por México, obtuviera el triunfo en forma definitiva e ilegal, agraviando al partido que represento; para probar mis aseveraciones ofrecí como medios de prueba, las Documentales Privadas y Públicas, la Presunciones Legal y Humana, y la Instrumental de actuaciones, pruebas que individualice y relacioné en cada una de las 36 casillas que impugne por la falta de protesta, causal que prevé el artículo 75 incisos e) y k) de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, las cuales transcribo una a manera de ejemplo, pero que existen por haberlas ofrecido y exhibido en mi escrito de Juicio de Inconformidad, en las 36 Casillas Impugnadas y debidamente relacionadas e individualizadas, y como digo transcribo las pruebas a manera de ejemplo, para mejor proveer siendo las siguientes:

"A).- LA DOCUMENTAL PRIVADA.- Consistente en el escrito de incidente, que presentó el representante de mí partido acreditado en la casillas 06-B. La cual obra agregada en el paquete de esta casilla electoral, solicitando desde este momento le requiera a al Autoridad Responsable, le remita a esta Autoridad Federal el paquete electoral de esta casilla.

B).- LA DOCUMENTAL PRIVADA.- Consistente en el escrito de protesta, que presentó el representante de mí partido acreditado en la casillas 06-B. La cual obra agregada en el paquete de esta casilla electoral, solicitando desde este momento le requiera a al Autoridad Responsable, le remita a esta Autoridad Federal el paquete electoral de esta casilla.

C).- LA DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en la hoja de incidente, correspondiente a la casillas 06-B. La cual obra agregada en el paquete de esta casilla electoral, solicitando desde este momento le requiera a al Autoridad Responsable, le remita a esta Autoridad Federal el paquete electoral de esta casilla.

D).- LA DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en el acta de instalación de casilla, correspondiente a la casillas 06-B. La cual obra agregada en el paquete de esta casilla electoral, solicitando desde este momento le requiera a al Autoridad Responsable, le remita a esta Autoridad federal el paquete electoral de esta casilla.

E).- LA DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en el acta de la jornada electoral, correspondiente a la casillas 06-B. La cual obra agregada en el paquete de esta casilla electoral, solicitando desde este momento le requiera a al Autoridad Responsable, le remita a esta Autoridad Federal el paquete electoral de esta casilla.

F).- LA DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en el acta de escrutinio y computo, correspondiente a la casillas 06-B. La cual obra agregada en el paquete de esta casilla electoral. solicitando desde este momento le requiera a al Autoridad Responsable, le remita a esta Autoridad Federal el paquete electoral de esta casilla.

H).- LA DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en el acta de clausura de la casilla, correspondiente a la casillas 06-B. La cual obra agregada en el paquete de esta casilla electoral, solicitando desde este momento le requiera a al Autoridad Responsable, le remita a esta Autoridad Federal el paquete electoral de esta casilla.

I).- LA PRUEBA PRESUNCIONAL LEGAL y HUMANA.- En todo lo que le beneficié al partido que represento.

J).- LA PRUEBA DE INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES En todo lo que le beneficié al partido que represento.

Todas estas pruebas relaciones con los hechos y agravios señalados anteriormente."

Por otra parte la Autoridad responsable en su informe circunstanciado señalo "que el artículo 213 párrafo I, inciso a) al f) del Código de la Materia, contempla los procedimientos de sustitución cuando los funcionarios de casilla propietarios no se presenten a cumplir con sus funciones el día de la jornada electoral, contemplándose inclusive que pueden asumir tal responsabilidad los electores que se encuentren en la casilla para emitir su voto; en este extremo la ley no, prevé la toma de protesta de ciudadano, que en esas circunstancias acepta asumir la responsabilidad que el presidente de la casillas le conceda, debiéndose entender que al momento de la aceptación va implícita la toma de protesta, recordemos que el bien jurídico debe de tutelarse por encima de cualquier circunstancia es el derecho de la ciudadanía a sufragar como lo establece el artículo 35 de nuestra ley fundamental y la falta de una formalidad no puede llevar implícita una causal de nulidad".

Bien, del informe circunstanciado que rindió la autoridad responsable, en el Juicio de Inconformidad, erróneamente sostiene que la Ley no prevé la toma de protesta del ciudadano, cosa por demás absurda y antijurídica, ya que los artículos 118, 119, 120 y 125 del COFIPE, así como el artículo 128 Constitucional señala en forma categórica que se debe de tomar la protesta de Ley antes de tomar posesión del cargo, es decir que si bien es cierto que el artículo 213 de COFIPE, no señala que deban de tomar protesta de Ley, los Ciudadanos que sustituya a los que por cualquier razón o motivo no comparezcan a desempeñar el cargo el día de la jornada electoral, pero si es que no lo señala es precisamente porque ya esta previsto en el artículo 125 del COFIPE, luego entonces resulta totalmente contradictorio el informe circunstanciado que rindió la Autoridad Responsable, y que se contrapone con la Ley de la Materia y con la propia Constitución General de la República.

Además también le causa agravios el presente considerado quinto que se combate, en virtud que la autoridad responsable en forma irresponsable señala y sostiene lo siguiente:

Cabe advertir como se sostiene doctrinariamente, hay dos tipos de protesta, la solemne y la ordinaria: la solemne es aquella que efectúan ciudadanos como el presidente de la República, los Magistrados de la Suprema Corte, los Magistrados del Tribunal Electoral, esto es, todos aquellos que expresamente informa el texto Constitucional; y la ordinaria que tiene un carácter meramente formal y por lo tanto puede presentarse de diversas maneras, protesta que hacen en un simple acto inmediato y sin protocolo alguno, circunscribiéndose a un mero encargo, puesto o desempeño.

Sigue diciendo la responsable, sin embargo, ello, no quiere decir que una y otra protesta no conlleve sus propios valores. En la primera, es decir la protesta solemne, se inscribe en el ámbito de lo político y republicano, esto es, en actos de Estado, la segunda, ordinaria, se inscribe en actos cívicos y de moral pública, ambos, tiene su propia razón de ser y su propio ámbito de representación y de eficacia. La protesta solemne y la protesta formal, son de interés público y constituyen una situación especifica y concreta en el derecho electoral que las hace excluyente mutuamente, más no contradictoria, es decir, las separa, por la voluntad del legislador que les dio origen, circunscribiéndolas a situaciones concretas, por lo tanto son categorías diversas; la primera es una conducta sine qua non, podría actuar quien ha sido investido de autoridad, es decir, es el elemento formal y material respecto del cual el derecho positivo a dispuesto que el incumplimiento de la formalidad exigida traiga como consecuencia la inexistencia de los actos que se celebren por quien haya omitido este requisito de seguridad jurídica. La segunda constituye una formalidad legal de exteriorizar la voluntad de cierta manera, esto es, un mero requisito de aceptación sin mayor trascendencia que la afirmación de la voluntad de querer ser y hacer, dicho en otras palabras, es una posibilidad objetiva de verificación y de comprobación susceptible de ser descrita o prevista de modo cualificable.

Sigue diciendo la responsable "por lo antes argumentado, las afirmaciones hechas por el actor carecen de todo fundamento, pues el hecho de no rendir lo que el llama "la protesta de Ley", con esa conducta no se violenta el inciso e) del artículo 75 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, pues el que los ciudadanos que sustituyeron a los funcionarios de casilla no hayan protestado el cargo, nunca por ese motivo se convierten en "personas distintas a las facultadas por el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales" y por consiguiente carentes de autorización de recibir la votación.

De lo anterior se advierte que la responsable lejos de apegarse a la legalidad ya la certeza, se convierte en una Autoridad arbitraria y deslegitimadora del proceso electoral en los juicios que hoy se ventilan, ya que no es posible ni remotamente que trate de soslayar en forma parcial y arbitraria que hay dos tipos de protesta la solemne y la ordinaria, a lo cual me pregunto que donde o en que ley existen las dos protestas a la que se refiere la responsable, porque tanto en la Constitución Federal en su artículo 128, como en el artículo 125 del COFIPE, solo habla, de rendir protesta y de guardar la constitución y las leyes que de ella emanen, pero en ningún momento hablan de haya dos tipos de protesta, la solemne y la ordinaria, y mucho menos de situaciones extraordinarias, lo cual resulta notoriamente improcedente que una autoridad de tan alta investidura trate de contraponer un criterio doctrinario y personal, en contra de lo que disponen la Constitución General y el COFIPE, y como consecuencia violan en agravio y perjuicio del partido que represento, los artículos 118, 119, 120 y 125 del COFIPE, así como el articulo 128 de la Constitución General, así como las siguientes jurisprudencias que a la letra dice:

"1472 CONSTITUCION, SUPREMACIA DE LA. ES UN DERECHO PUBLICO INDIVIDUAL. FUENTES Y EVOLUCION DE ESTE DERECHO. Es lógico contemplar que cuando los quejosos, en el amparo, reclaman la violación al artículo 133 de la Constitución Política de México, están Planteando, a la consideración de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, diversas cuestiones constitucionales que es inaplazable discernir, con el fin de valorar, en su caso, si la supremacía constitucional es un derecho constitucional que entra en el ámbito de los derechos del hombre instituidos, por dicha Constitución, y si puede efectuarse, ese derecho fundamental publico, en perjuicio de una persona física o moral.

La enunciación de esas cuestiones, obliga a contemplar el origen del principio de la supremacía constitucional, dentro de las legislaciones mexicana y extranjera, e incluso, dentro de la Teoría de la Constitución, para poder encarar su significado y alcances como derecho fundamental del individuo.

Frente al Derecho Público Europeo, de tenaz y tradicional resistencia para insertar, en sus cláusulas constitucionales positivas, una norma que reconozca la supremacía de la Constitución, con respecto a los actos que en ejercicio de su soberanía expidan o dicten los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial de un Estado. el Derecho Público de las Américas (Argentina, Colombia, Estados Unidos, México, Uruguay y Venezuela) ha sido expresamente consciente, desde su nacimiento hasta ahora, de una evolución positivamente, ascendente en favor del principio de la supremacía constitucional al consignarse, en los textos de las diversas Constituciones de varios nos de los países americanos, los antes nombrados, aquel principio, que ha adquirido la categoría política de ser un derecho fundamental público del hombre manifestado en la proposición de que "nadie podrá ser privado de sus derechos" (artículo 14 de la Vigente Carta Política de México), y, entre esos derechos tiene valor primordial, el derecho a la supremacía de la Constitución, reconocida como norma normarum y estar sobre cualquier acto de tipo legislativo, o bien de la administración pública o de naturaleza judicial que desconozca, viole o se aparte del conjunto de cláusulas y principios estructurales del orden constitucional positivo de una Nación.

La Constitución de los Estados Unidos de América, del 17 de septiembre de 1787, en su artículo VI. párrafo segundo es el primer código fundamental de una Nación que llegó a establecer, en una norma constitucional positiva, que la Constitución es la Ley Suprema de la tierra y está por encima de, las leyes federales y locales y de 105 tratados o actos de cualquiera otra autoridad y "los jueces en cada Estado, estarán sujetos a ella, a pesar de lo que en contrario dispongan la Constitución o leyes de cada Estado".

La doctrina y jurisprudencia norteamericanas, lo mismo en las lucubraciones de Story que en las de Kent, en el Siglo pasado, que en las de Corwin, en este Siglo, son de una incontrovertible reciedumbre sobre la supremacía de la Constitución frente a cualquier ley federal o local en pugna con ella, o en un punto a los actos que la contradigan y realicen los otros poderes federales o locales de los Estados Unidos. Los precedentes de la jurisprudencia de la Corte Suprema, desde el año de 1816 hasta la fecha, han mantenido, igual mente. la supremacía de la Constitución contra cualquier acto de autoridad que trate de desconocer el alcance y significado evolutivo de sus cláusulas, como quiere, Corwin, en sus valiosos comentarios en orden a este tema.

La Teoría de la Constitución en México ha sido siempre irrefragablemente, firme en tomo de la supremacía de la Constitución, como norma fundamental y primaria en el ejercicio del poder público, y uno de los elementos integrantes de esta supremacía está presente en el artículo 376 de la Constitución de Cádiz del 19 de marzo le 1812 y su trazo es más patente en el artículo 237 de la Constitución de Apatzingán del 22 de octubre del año de 1814.

Escindido nuestro Derecho Público del Siglo XIX, por las dos corrientes doctrinarias que lo informan, esto es, la Teoría del Estado Federal, siempre progresivamente en superación, y la corriente ideológica del Estado unitario, acogida por el pensamiento conservador, cada vez se hizo más notable, en el Derecho Público Mexicano, el régimen constitucional federal instituido a partir del Acta Constitutiva de la Federación Mexicana del 31 de enero de 1824, respetado, después, por la primera de nuestras constituciones federales, la del de octubre de aquel año de 1824, y restituido, definitivamente, por el Acta de Reforma del 18 de mayo y por las constituciones del 5 de febrero de 1857 y de 1917, que adoptaron, ininterrumpidamente, el principio de la supremacía de la Constitución, determinado en textos expresos, e instituido, también, al través de otros factores integrantes de la Teoría de la Supremacía Constitucional como los concernientes a que la Ley Fundamental de un Estado es expedida por el Poder Constituyente del Pueblo y que debe ser confiada a un órgano especial, diverso al previsto f) elaboración de las leyes ordinarias.

Procede invocar, para los fines de este principio de la supremacía constitucional, que si el acta que creó el Estado Federal en México, la ya comentada del 31 de enero de 1824, instituyó, título 24, que "las Constituciones de los Estados no podrán a esta Acta ni a lo que establezca la Constitución General", del 4 de octubre del nombrado año de 1824, lo regula con extensión y más amplios alcances, cuándo en las fraccionen de su articulo 161 decreta que los Estados de la Federación obligados a "organizar su Gobierno y administración oponerse a esta Constitución, ni a la Acta Constitutiva" y dar y hacer guardar la Constitución y las leyes generales de y los tratados hechos o que en adelante se hicieren por la autoridad suprema de la Federación, con alguna potencia extranjera".

El Acta de Reformas del 18 de mayo de 1847 da cabida a esta nación de la supremacía constitucional, en los artículos 22, 23, 24, 25 y 28, pero sin que deba desconocerse que es el Proyecto de Constitución del 16 de junio de 1856, formulado por Ponciano Arriaga, León Guzmán y Mariano Yáñez, el que habrá de considerar, en su artículo 123, que la Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados hechos o que se por el Presidente de la República, con aprobación de dicho Congreso, serán la Ley Suprema de la Unión, y los jueces de cada Estado arreglarán a ella, a las leyes federales ya los tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constitución o leyes de los Estados.

El Congreso Constituyente de 1856-1857, aprobó por 79 votos, la norma sobre la supremacía de la Constitución, que se convirtió, después, en su artículo 126 y en el 133 de la Ley Fundamental República, actualmente en vigor, que sancionó el Congreso Constituyente de 1916-1917 por el voto unánime de los 154 Diputados que concurrieron a la sesión pública del 25 de enero de 1917, quienes se manifestaron conformes con el dictan1en presentado por Paulino Machorro y Narváez, Heriberto Jara, Arturo Méndez e Hilario Medina, a fin de que se restituyera, a la Constitución en formación, el artículo 126 de la de 1857, suprimido en el Proyecto de Constitución propuesto por don Venustiano Carranza.

Así pasó a formar parte del acervo de los principios integrantes del régimen constitucional del Estado Federal en México, el de la Supremacía de la Constitución, prevalente frente a cualquier ley federal o local, o frente a cualquier tratado, o a los actos que estén en pugna con la misma Constitución y provengan de alguna otra autoridad federal o local, administrativa, judicial o del trabajo, siempre con la mira, como se expresó desde el año de 1856, de que la supremacía constitucional sirviera de "salvaguardia del Pacto Federal".

Entre los sistemas que han pugnado por el principio de la supremacía de la Constitución, Inglaterra no lo ha consignado jamás en algún texto expreso de sus flexibles leyes constitucionales, a pesar de que lo han reconocido la doctrina y los tribunales ingleses a diferencia de Francia que, sin adoptarlo categóricamente, desde la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, del 24 de Agosto de 1789, consideró a la rigidez constitucional base indirecta de la supremacía de la Constitución, puesto que por medio de la institución del Poder Constituyente del Pueblo, como único titular de la soberanía para aprobar y expedir la Constitución, se apoya la noción de la superioridad de ella frente a las leyes ordinarias. Sin embargo, no puede negarse que este país no ha sido partidario de que en una cláusula positiva de sus constituciones se inserte, expresamente, que la Constitución es la ley suprema, aunque Italia le dé ya relativa información en su Constitución del 31 de diciembre de 1947 artículo XVIII de las disposiciones transitorias y finales).

En verdad: el sistema francés, de repercusión universal por su observancia en muchos Estados de Europa y del resto del mundo, va insistido en la doctrina de la superlegalidad constitucional (Haurion, Principios de Derecho Público y Constitucional páginas 304 a 10, a través del principio teorético de la concepción de que la Constitución es una super ley, por ser ella decretada por el Poder Constituyente del Pueblo y no poder ser reformada por los mismos procedimientos decretados para la expedición, modificación y adición de las demás leyes de un país, sino sólo por conducto del Órgano Revisor e la Constitución, que algunas veces exige que su aprobación se haga también por el pueblo, por medio del referéndum o del plebiscito.

Sólo el Derecho Público de Estados Unidos, desde el año de 1787, ocho pocos años después lo hará el de México, en su Acta Constitutiva de la Federación Mexicana de 1824 y, más concretamente, a partir de la Constitución del 5 de febrero de 1857, han influido en la Teoría de la Constitución que exige la declaración expresa, en un precepto de ella, de que dicha Constitución es una norma suprema aunque, desde luego, en directa conjunción con los otros elementos que integran la doctrina de la supremacía constitucional, como lo son el de sujetar su reforma al Órgano Revisor de la Constitución, con la observancia de un procedimiento especial; a que la aprobación y expedición de la propia Constitución quede exclusivamente confiada al Poder constituyente del Pueblo; ya que su respeto o reparación en caso de haberse infringido sus normas, se haga por un procedimiento especial que, en el sistema constitucional de México, es el juicio de amparo, ejemplo de institución sobre la materia.

La supremacía de la Constitución en México estriba en estar, ésta, sobre cualquier ley federal o tratado internacional, o sobre cualquier ley local que esté en pugna con ella, sin que ninguno de 108 actos del Poder Público Administrativo o del Poder Judicial, Federal o Local, que no tengan lugar en un juicio de amparo, queden fuera de esta supremacía constitucional, lo cual es significativo para el orden jerárquico constitucional mexicano, por encarecer que la Constitución está por encima de cualquier otra ley o tratado, o de cualquier otro acto del poder público que la contradiga o la viole, y lo que define, en su esencia más nítida, esta supremacía de la Constitución, es su expresión como un derecho individual público de la persona humana o de las personas morales, en punto a que cualquier desconocimiento de ella o infracción a sus normas, es encomendado y es reparado por medio del juicio de amparo.

Amparo en revisión 5369/1967. María Marín del Campo Vda. dé Vidales. Junio 16 de 1970. Unanimidad 4 votos. Ponente: Mtro. Luis Felipe Canudas Orezza.

Amparo en revisión 3642/1958, José Barajas Calderón y Coags, Junio 16 de 1970. Unanimidad 4 votos. Ponente: Mtro. Luis Felipe Canudas Orezza.

Amparo en revisión 4759/1958. Tomás Urruti Desentis y Coags, Junio 16 de 1970. Unanimidad 4 votos. Ponente: Mtro. Luis Felipe Canudas Orezza.

Amparo en revisión 7820/1958. Federico Ruiz Fulcheri y Coag Junio 16 de 1970. Unanimidad 4 votos. Ponente: Mtro. Luis Felipe Canudas Orezza.

SALA AUXILIAR. Informe 1970, Pág. 36.

TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. TIENE FACULTADES PARA DETERMINAR LA INAPLICABILIDAD DE LEYES SECUNDARIAS CUANDO ESTAS SE OPONGAN A DISPOSICIONES CONSTITUCIONALES. De una interpretación teleológica, sistemática y funcional de los diferentes artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que contienen las bases fundamentales rectoras de la jurisdicción electoral, se desprende que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación está facultado por la Carta Magna para decidir el conflicto de normas que en su caso se presente, y determinar que no se apliquen a actos o resoluciones combatidos por los medios de impugnación que corresponden a su jurisdicción y competencia, los preceptos de leyes secundarias que se invoquen o puedan ser para fundarlos, cuando tales preceptos se oponen a las disposiciones constitucionales; esto con el único objeto de que los actos o resoluciones impugnados en cada proceso jurisdiccional de su conocimiento se ajusten a los lineamientos de la Ley Fundamental y se aparten de cualquier norma, principio o lineamiento que se les oponga, pero sin hacer declaración general o particular en los puntos resolutivos, sobre inconstitucionalidad de las normas desaplicadas, sino limitándose únicamente a confirmar, revocar o modificar los actos o resoluciones concretamente reclamados en el proceso jurisdiccional de que se trate. La interpretación señalada lleva a tal conclusión, pues en el proceso legislativo del que surgió el Decreto de Reformas Constitucionales publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de agosto de 1996, se pone de manifiesto la voluntad evidente del órgano revisor de la Constitución de establecer un sistema integral de justicia electoral, con el objeto de que todas las leyes, actos y resoluciones electorales se sujetaran, invariablemente, a lo dispuesto en la Carta Magna, para lo cual se fijó una distribución competencial del contenido total de ese sistema integral de control de constitucionalidad, entre la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral, sistema que finalmente quedó recogido en los términos pretendidos, pues para la impugnación de leyes, como objeto único y directo de la pretensión, por considerarlas inconstitucionales, se concedió la acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el artículo 105, fracción II, Constitucional, y respecto de los actos y resoluciones en materia electoral, la jurisdicción para el control de su constitucionalidad se confirió al Tribunal Electoral, cuando se combaten a través de los medios de impugnación de su conocimiento, como se advierte de los artículos 41 fracción IV, 99 y 116 fracción IV, de la Ley Fundamental, y en este supuesto, la única forma en que el Tribunal Electoral puede cumplir plenamente con la voluntad señalada, consiste en examinar los dos aspectos que pueden originar la inconstitucionalidad de los actos y resoluciones: la posible contravención de disposiciones constitucionales que las autoridades electorales apliquen o deban aplicar directamente, y el examen de las violaciones que sirvan de sustento a los actos o resoluciones, que deriven de que las leyes aplicadas se encuentren en oposición con las normas fundamentales. No constituye obstáculo a lo anterior, la previsión contenida en el artículo 105, fracción II, Constitucional, en el sentido de que "la única vía para plantear la no conformidad de leyes electorales a la Constitución es la prevista en este artículo", que prima facie, podría implicar una prohibición del análisis de la oposición de leyes secundarias a la Constitución, en algún proceso diverso a la acción de inconstitucionalidad, dado que esa apariencia se desvanece, si se ve el contenido del precepto en relación con los fines perseguidos con el sistema del control de la constitucionalidad que se analiza, cuyo análisis conduce a concluir, válidamente, que el verdadero alcance de la limitación en comento es otro, y se encuentra en concordancia con las demás disposiciones del ordenamiento supremo y con los fines perseguidos por éstas, a la vez que permite la plena satisfacción de los fines perseguidos con la institución, y la interpretación estriba en que el imperativo de que "la única vía para plantear la no conformidad de las leyes electorales a la Constitución", sólo significa que los ordenamientos legislativos no pueden ser objeto directo de una acción de anulación en una sentencia, sino exclusivamente en la vía específica de la acción de inconstitucionalidad, lo cual no riñe con reconocerle al Tribunal Electoral la facultad de desaplicar a los actos y resoluciones combatidos, en los medios de impugnación de su conocimiento, las leyes que se encuentren en oposición con las disposiciones constitucionales, en los términos y con los lineamientos conducentes para superar un conflicto de normas, como lo hace cualquier juez o tribunal cuando enfrenta un conflicto semejante en la decisión jurisdiccional de un caso concreto, y la intelección en este sentido armoniza perfectamente con todas las partes del sistema constitucional establecido. Esto se ve robustecido con lo previsto en el párrafo quinto del artículo 99 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque dada la distribución de competencias del sistema íntegro de justicia electoral, tocante al control de constitucionalidad, entre la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral, el supuesto en que se ubica la previsión constitucional que se analiza, respecto a la hipótesis de que este tribunal sustente una tesis sobre la inconstitucionalidad de un acto o resolución y que la Suprema Corte sostenga un criterio contrario en algún asunto de su jurisdicción y competencia, únicamente se podría presentar para que surtiera efectos la regla en el caso de que, habiéndose promovido una acción de inconstitucionalidad en contra de una ley electoral, el Pleno la desestimara, y declarara la validez de la norma, y que, por otro lado, con motivo de la aplicación de esa norma para fundar un acto o resolución, se promoviera un medio de impugnación en el que se invocara la oposición de la misma norma a la Carta Magna, y el Tribunal Electoral considerara que sí se actualiza dicha oposición, ante lo cual cabría hacer la denuncia de contradicción de tesis prevista en el mandamiento comentado. También cobra mayor fuerza el criterio, si se toma en cuenta que el legislador ordinario comprendió cabalmente los elementos del sistema integral de control de constitucionalidad de referencia, al expedir la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al no incluir en sus artículos 43 y 73 al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, entre las autoridades a las que obligan las razones contenidas en los considerandos que funden los resolutivos de las sentencias aprobadas por cuando menos ocho en las controversias constitucionales y en las acciones de inconstitucionalidad, pues esto revela que a dicho legislador le quedó claro que el Tribunal Electoral indicado puede sostener criterios diferentes en ejercicio de sus facultades constitucionales, de control de la constitucionalidad de actos y resoluciones electorales.

Octava Época.

Instancia: TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO.

Fuente: Semana o Judicial de la Federación.

Tomo: III, Segunda Parte-1. Enero a Junio de 1989.

Página: 228.

CONTROL DIFUSO DE LA CONSTITUCIONALIDAD DE LAS LEYES. Del artículo 133 de la Carta Magna, se deriva el principio de supremacía constitucional, según el cual una norma secundaria contraria a la ley suprema, no tiene posibilidad de existencia dentro del orden jurídico. Asimismo, se desprende de dicho numeral, el llamado control difuso del Código Político que implica el que todo juzgador, federal o local, tiene el indeclinable deber de preferir la ley de leyes a cualquier otra aplicación de normas secundarias que la contraríen; es decir, toda vez que la Constitución es la Ley Suprema, ningún precepto puede contradecirla y como a los juzgadores les corresponde interpretar las leyes para decir el derecho, a la luz de ese numeral cimero, éstos tienen el inexcusable deber de juzgar de conformidad o inconformidad de la ley secundaria con la fundamental, para aplicar o no aquélla, según que al código político le sea o no contraria. El control difuso de la constitucionalidad de las leyes, no ha sido aceptado por la doctrina jurisprudencial. Los Tribunales de Amparo se han orientado por sostener que, en nuestro régimen d derecho debe estarse al sistema de competencias que nos rige, según el cual sólo el Poder Judicial de la Federación puede hacer declaraciones de inconstitucionalidad y no tiene intención de una la justicia local en la defensa jurisdiccional de la Constitución aún en el caso del artículo 133 de la misma, en relación con el 128 del propio ordenamiento, que impone a los juzgadores la obligación de preferir a la Ley Suprema, cuando la ley del estado o local la contraria, a que, de acuerdo con los artículos 103 de la Ley Suprema y primero de la Ley de Amparo, la constitucionalidad o inconstitucionalidad de las leyes, es de la competencia exclusiva de los Tribunales Federales de Amparo, y los Tribunales Locales carecen en absoluto de competencia par decidir controversias suscitadas con ese motivo. Ahora bien, aun cuando el Tribunal Fiscal de la Federación, no sea un Tribunal Local; sin embargo, también carece de competencia para decidir sobre cuestiones constitucionales, ya que es un tribunal sólo de legalidad, en los términos del Código Fiscal de la Federación y de la Ley Orgánica del Tribunal Fiscal de la Federación, por lo que, de conformidad con el artículo 104 del precepto primero, sólo compete al Poder Judicial Federal juzgar de las controversias que surjan contra los actos de los demás Poderes e la Unión y si bien el mismo precepto prevé la existencia de Tribunales Administrativos, pero cuyas resoluciones o sentencias pueden ser revisadas, en último extremo, por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, iría contra la división de poderes que establece el artículo 49 constitucional, que el Tribunal de Anulación en México tuviese competencia para conocer de la constitucionalidad de una ley expedida por el Poder Legislativo, ya que el Poder Ejecutivo, a través de "su tribunal", estaría juzgando actos emitidos por el Poder Legislativo. En estas condiciones. o le asiste razón a la quejosa en el sentido de que, en los términos del artículo 133 multicitado, el Tribunal Contencioso Administrativo debió examinar el concepto de nulidad donde planeaba el argumento relativo a la "ineficacia" de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal por carecer del refrendo de los Secretarios de Estado, a que se refiere el artículo 92 de la Carta Magna ya que el Tribunal Fiscal carece de competencia para pronunciarse sobre tales cuestionamientos porque el argumento de mérito no es, en absoluto, de contenido meramente legal, aun cuando el requisito del refrendo también se encuentre contemplado en una ley ordinaria, sino que alude a la constitucionalidad de dicha ley, pues si se sostuviera que la misma es "ineficaz" por carecer del refrendo, como pretende la quejosa, la consecuencia serias no aplicabilidad en el caso concreto por ser contraria a la Ley Suprema, cuestionamiento que, lógicamente, es de naturaleza constitucional, sobre el cual el Tribunal Contencioso Administrativo no puede pronunciarse.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo directo 115785. Offset e Impresos, S. A. 14 de marzo de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretaria: María Guadalupe Saucedo Zavala.

Novena Época.

Instancia: Pleno.

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.

Tomo: X, Agosto de 1999.

Tesis: P./J. 73/99.

Página: 18.

CONTROL JUDICIAL DE LA CONSTITUCIÓN. ES ATRIBUCIÓN EXCLUSIVA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. La supremacía constitucional se configura como un principio consustancial del sistema jurídico-político mexicano, que descansa en la expresión primaria de la soberanía en la expedición de la Constitución. y que por ello coloca a ésta por encima e todas las leyes y de todas las autoridades, de ahí que las actuaciones de éstas deben ajustarse estrictamente a las disposiciones de aquélla. En este sentido, más que una facultad, la supremacía constitucional impone a toda autoridad el deber de ajustar a los preceptos fundamentales, los actos desplegados en ejercicio de sus atribuciones. Por tanto, si bien es cierto q e los tres Poderes de la Unión deben observar la Ley Suprema, no puede afirmarse que por esta razón, las autoridades puedan, por sí y ante sí, en el ejercicio de funciones materialmente jurisdiccionales, examinar la constitucionalidad de sus propios actos o de los ajenos, toda vez que, al respecto, la propia Constitución consagra, en sus artículos 103 y 107, un medio e defensa exprofeso, por vía de acción, como es el juicio de amparo y lo encomienda, en exclusiva, al Poder Judicial de la Federación, sentando las bases de su procedencia y tramitación.

Amparo en revisión 1878/93. Sucesión intestamentaria a bienes de María Alcocer Vda. de Gil. 9 de mayo de 1995 Once votos. Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Secretario: Alfredo López Cruz.

Amparo en revisión 1954/95. José Manuel Rodríguez Velarde y coags. 30 de junio de 1997. Once votos. Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Secretario: Mario Flores García.

Amparo directo en revisión 912/98. Gerardo Kalifa Matta. 19 de noviembre de 1998. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: José Vicente Aguinaco Alemán y José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: Alejandro Villagómez Gordillo.

Amparo directo en revisión 913/98. Ramona Matta Rascala. 19 de noviembre de 1998. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: José Vicente Aguinaco Alemán y José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: osé de Jesús Gudiño Pelayo; en su ausencia, hizo suyo el proyecto Genaro David Góngora Pimentel. Secretario: Miguel Ángel Ramírez González.

Amparo directo e revisión 914/98. Magda Perla Cueva de Kalifa. 19 de noviembre de 1998. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: José Vicente Aguinaco Alemán y José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretaria: Guillermina Coutiño Mata.

El Tribunal Pleno en su sesión privada celebrada el trece de julio del año en curso, aprobó. con el número 73/199, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a catorce de julio de mil novecientos noventa y nueve.

CUARTO AGRAVIO.- Que también le causa agravios el sexto considerando de la sentencia que se combate al partido que represento, en virtud de que la autoridad señalada como responsable admite y reconoce que se presentaron en las casillas números 017-B, 027-B, 027-C2, 035-B, 040-B, 041-C1, 049-B, 049-C1, 068-B, O68-C1, 0235-C1, 0242-B y 0252-B, electores a votar sin que contaran con credencial para votar, además de que no se encontraban en la lista nominal de electores, éstas son graves irregularidades que a juicio del actor si son determinantes para el resultado de la votación en las casillas que se impugnan, ya que no se trata sólo de un elector, sino que fueron mas de uno, también cabe aclarar que en las casillas que se impugna en algunos casos no fueron mas de 2 o 5 votos la diferencia, y no como lo firman las autoridades del primero y segundo grado, de que son 15 votos la diferencia, pero además como muestra un botón, en la casilla 0040-B, el presidente de dicha casilla, levantó una relación de ciudadanos que no aparecen en la lista nominal, relación que obra en el paquete de la casilla 004-B, pero además este hecho se repitió en todas y cada una de las mesas impugnadas, se presentaron en estas graves irregularidades, de los cuales los funcionarios de esas mesas de casillas, levantaron un relación de las personas que no se encontraban en la lista nominal y que se les permitió, en las casilla impugnadas, así mismo también se observa y a manera de ejemplo también que en la casilla 0027-Cl, ciudadanos sin estar en la lista nominal se les permitió sufragar, hecho que se puede comprobar en Ia hoja de incidentes que levantó el secretario de esa casillas, y que obra agregados en el paquete electoral de dicha casilla, y la cual ofrecí como prueba debidamente individualizada y relacionada en la casilla que se impugna, solicitando en dichas pruebas que la hoy autoridad señalado como responsable requiriera al inferior la paquete electoral, para comprobar si en el mismo se encontraba dicho incidente, y de esta forma probar mis aseveraciones, ya que como he dicho anteriormente en todas las casillas impugnadas se presentaron grandes irregularidades permitiendo a ciudadanos sufragar sin credencial y sin estar en lista nominal, violando en consecuencia los artículos 217, 218 del COFIPE, así como el artículo 75 inciso g), así como la jurisprudencia que a continuación se señala:

"40.- SUFRAGAR SIN CREDENCIAL PARA VOTAR O SIN APARECER EN LA LISTA NOMINAL PARA ELECTORES SU INTERPRETACIÓN PARA LOS EFECTOS DE LA CAUSA DE NULIDAD.- Este Tribunal Federal Electoral, considera que no basta que se pruebe que sufragaron sin tener derecho a ello, un numero determinado de Electores sino que además esa conducta debe ser determinante para el resultado de la votación. Para deducir este hecho es trascendente en dicho resultado, se debe acudir a los datos relativos a los votos obtenidos por los partidos que se encuentran en primero y segundo lugar, y para comparar la diferencia de esas votaciones con el número de lectores que sufragaron indebidamente; de tal manera que si se restan los votos irregulares a los obtenidos por el partido en primer lugar, y se altera el resultado de la votación favoreciendo al partido que está en segundo lugar, se deberá decretarse la nulidad de la votación recibida en la casilla de que se trata. Por otra parte, si de las constancias de autos, se demuestra que la autoridad reconoce haber permitido sufragar a un número indefinido de votantes sin credencial para votar o bien, que no aparecían en la lista nominal de lectores a pesar de descontarse el número de ellos debe decretarse la nulidad de la casilla pues se está en la presencia de una violación sistemática de las disposiciones conducentes de la ley que configura plenamente, a juicio de este tribunal, los extremos del inciso "g" Párrafo 1, del Artículo 287 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. Por lo anterior, esta sala regional considera fundado el agravio que hace valer el partido promovente y en consecuencia al acreditarse los extremos de la causal de nulidad prevista en el inciso "g" del artículo 75 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral. Resulta procedente anular la votación recibida en la casilla de referencia."

QUINTO AGRAVIO.- Que también la causa agravios al partido que represento, el séptimo considerando de la sentencia que se combate, y en la cual se hace valer la causal de nulidad prevista en el artículo 75 inciso i), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación el Materia Electoral, ya que según la responsable resulta infundada dicha causal en las casillas impugnadas números 005-C1, 0021-C1, 0051-B1, 0099-C1, 102-B, 249-B, 268-B, 235-C1, 249-B y 268-B, ya que supuestamente sostiene la responsable que en las hojas de incidentes no se hace mención de dicha causal, pero además sostiene que dicha circunstancia, no es determinante para el resultado de la votación, no obstante de que se me tenga por acreditado la causal del inciso i) en las casillas de referencia, ya que no son determinantes para el resultado de la votación, al respecto cabe aclarar que la autoridad señalada como responsable al no haber desahogado todas y cada una de las pruebas que ofrecí en todas y cada una de las casillas impugnadas respecto de la nulidad que invoque en su inciso i) del artículo 75 de la L.G.S.M.I.M.E, pruebas que fueron debidamente relacionadas e individualizadas con las casillas impugnadas, y en virtud de que no tenía en mi poder dichas probanzas, ya que existían estas en poder de la responsable del primer grado, solicite a la autoridad que conocieron del Juicio de Inconformidad, requiriera a su inferior los paquetes electorales para cerciorarse y comprobar mis aseveraciones, y de esta forma probar mis extremos de la causal de nulidad invocadas, y al no desahogar mis probanzas dejó en estado de indefensión al partido que represento, violando en perjuicio de mi partido los artículos 3 y 4 del COFIPE y 75 inciso i) de la L.G.S.M.I.M.E, así como los artículos 14 y 16 Constitucionales, y en consecuencia la siguiente jurisprudencia que a continuación transcribo.

"43. VIOLENCIA FÍSICA O PRESIÓN. EXTREMOS QUE SE DEBEN ACREDITAR PARA QUE SE CONFIGURE LA CAUSAL DE NULIDAD POR. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 287 párrafo 1 inciso i) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales la votación recibida en casilla será nula si se ejerce violencia física o presión sobre los miembros de la mesa directiva de casilla o sobre los electores y siempre que esos hechos sean determinantes para el resultado de la votación. Para que se configure dicha causal de nulidad, es necesario que el recurrente acredite los siguientes extremos: que se ejerció violencia física o presión sobre los miembros de la mesa directiva de casilla o sobre los electores y que dicha violencia física o presión fue determinante para el resultado de la votación: en la inteligencia de que por "violencia física" se entienden aquellos actos materiales que afectan la integridad física de las personas y la "presión" implica ejercer apremio o coacción moral sobre las personas. siendo la finalidad en ambos casos el provocar detem1inada conducta que se refleje en el resultado de la votación de manera decisiva.

VIOLENCIA FÍSICA O PRESIÓN. CONCEPTO DE. Debe entenderse por violencia física aquellos actos materiales que afecten la integridad física de las personas; por presión, aquellos actos que implican ejercer coacción moral sobre éstas, pretendiendo en ambos casos provocar determinada conducta que llegue a influir en el resultado de la votación de manera contundente.

VOTO. VICIOS EN EL. Al enunciar el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales que la violencia física o la presión sobre los protagonistas del voto es causal de nulidad de la votación recibida en casilla, es precisamente porque semejantes eventos suprimen o, por lo menos, vician la libertad en la expresión de la voluntad.

VIOLENCIA FISICA, COHECHO, SOBORNO O PRESION SOBRE LOS FUNCIONARIOS DE LA MESA DIRECTIVA O DE LOS ELECTORES, COMO CAUSAL DE NULIDAD DE IVOTACIÓN RECIBIDA EN CASILLA (LEGISLACIÓN DE JALISCO). La nulidad de la votación recibida en casilla, por la causa contemplada por la fracción II del artículo 355 de la Ley Electoral del Estado de Jalisco, procede en aquellos casos en que se ejerza violencia física, exista cohecho, soborno o presión de alguna autoridad o particular, sobre los funcionarios de la mesa directiva de la casilla o de los electores, de tal manera que afecten la libertad o el secreto del voto y estos actos tengan relevancia en los resultados de la votación de la casilla. La naturaleza jurídica de esta causa de anulación requiere que se demuestren, además de los actos relativos, las circunstancias del lugar, tiempo y modo en que se llevaron a cabo, porque sólo de esta manera puede establecerse, con la certeza jurídica necesaria, la comisión de los hechos generadores de esa causal de nulidad y si los mismos fueron relevantes en el resultado de la votación recibida en la casilla de que se trate."

SEXTO AGRAVIO.- Que también le causa agravios al partido que represento, el octavo considerando de la sentencia que se recurre en virtud de que la responsable considero infundado el juicio de inconformidad respecto de la casilla 021-C1, esto en virtud que sostiene la responsable que no es causa determinante para el resultado de la votación, sin embargo este criterio debe de reconsiderarse por esta H. Sala Superior en virtud que este criterio viola los principios de legalidad y de certeza ya que es razonable y sensato comprender que si influye en los resultados de la votación, en forma general o global, es decir hoy las elecciones son muy competidas, es decir con un voto se gana o se pierde, luego entonces un solo voto puede ser determinante para ganar o perder la elección, más aun sumando todos los votos donde supuestamente no son determinantes para los resultados de la elección, criterio que ha venido sustentando la responsable, resulta que sumando todos los votos ya son miles, por lo que este criterio debe de corregirse, pues es de sabios reconocer que anteriormente se alentaba a los partidos llamados "chicos" a participar en los procesos electorales tanto políticamente como jurídicamente ante los Tribunales Electorales, y precisamente esta era una primicia de que un solo voto no cambiaba los resultados de una elección, pero hoy los tiempos ha cambiado y un voto puede ser la diferencia para ganar o se pierda una elección, ya que cada voto debe de ser respetado en forma irrestricto, por ser un derecho de orden público, por ello es que la responsable viola en agravio de mi partido los artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6, y de más relativo del COFIPE, así como los artículos 14, 16 y 35 Constitucionales, en concordancia con el artículo 75 inciso j) de la L.G.S.M.I.M.E, así como tesis y jurisprudencias que sostengan ese criterio de que un voto no es determinantes para los resultados de la votación de una casilla electoral, o de una elección de un Distrito Electoral.

SEPTIMO AGRAVIO.- Que también en el mismo tenor el noveno considerando de la sentencia que se recurre, le causa agravios al partido que represento, en virtud de que la responsable declaró improcedente el Juicio de Inconformidad que hice valer en todas y cada una de las casillas que impugné por los supuestos normativos siguientes: que no existían irregularidades graves plenamente acreditadas; que no se acreditaron que fueran irregularidades graves reparables durante la jornada electoral o en las actas de escrutinio y cómputo, que pusieran en duda la certeza de la votación, y que fueran determinantes para el resultado de la elección, así mismo determinó que en algunos supuestos no tenía relación con la causal que se invocaba, y en otras que no cumplía los extremos del acto impugnado para que se tuviera como acreditada la pretensión de la nulidad solicitado, concluyendo con su criterio que declaraba improcedentes los agravios esgrimidos por la actora en relación con la votación recibidas en las casillas que solicite la nulidad de la votación por la causal del inciso k) del artículo 75 de la L.G.S.M.I.M.E. ya que según la hoy responsable no se acreditaron plenamente los actos no reparable durante la jornada electoral, o en las actas de escrutinio y cómputo, que en forma evidente pongan en duda la certeza de la votación, existen en las actas de jornada electoral anotaciones incidentales que los funcionarios de casilla de puño y letra manifestaron la irregularidades que esta señaladas en las casillas en las que hace mención la autoridad responsable, por los que los agravios que le causan a mi partido, se desprenden de las actuaciones de los órganos electorales, en tanto corresponde a esta H. Sala Superior el cualificar lo grave de las anomalías e irregularidades cometidas por los inferiores, y por tanto la pruebas para confirmar el agravio se encuentran en los paquetes electorales que de manera irregular la Sala Responsable desestimo en perjuicio de mi partido.

OCTAVO AGRAVlO.- Causa agravio al partido que represento el décimo considerando de la sentencia que se recurre, la equivocada interpretación y calificación del proceso en el que la Sala responsable confirmo el acto realizado por el décimo Consejo Distrital Electoral en Acapulco, Estado de Guerrero, en el que se declaró triunfador a la formula de la Coalición Alianza por México, criterio que pretende fundarlo en los articulados que menciona pero pasa por alto que no desahogó las pruebas que admitió al actor y por tanto su declaración de validez debe de ser a su vez modificada por esta H. Sala Superior para sanear el procedimiento y en su caso obligar a la Sala responsable a la reposición de todo su procedimiento para que en sus puntos resolutivos se declaren fundados los agravios que hago valer.

NOVENO AGRAVIO- También le causa agravio al partido que represento el primero punto resolutivo de la sentencia que se recurre en la que Sala responsable declara infundado los agravios invocados en mi Juicio de Inconformidad fundándose para ello en las erróneas interpretaciones que realizaron en sus puntos del considerando cuarto al noveno y como consecuencia la confirmación de la votación recibidas en esas casillas, y manifiesto que son erróneas las apreciaciones porque se basan en criterios personales, doctrinales y de usos y costumbres y es de recordarle a la Sala Responsable que su función primordial es la aplicación estricta de la ley, y la defensa de la constitucionalidad de los preceptos que aplica porque las modificaciones y los conceptos en que pretende fundar sus considerandos son competencia del legislativo y no de la Autoridad Judicial. Por consecuencia, causa agravio la confirmación de la votación recibida sin que se hayan desahogado previamente las pruebas que la misma autoridad me recepcionó y admitió y que no desahogó, por lo que ha dejado al perdido que represento en estado de indefensión y sin posibilidad de demostrar las anomalías, violaciones a la Ley y a los principios de la contienda electoral, por lo que esta H. Sala Superior al entrar al estudio del presente recurso y con plenitud de jurisdicción debe obligar a la responsable a que sanee el presente procedimiento y lo reponga subsanando su omisión:

DECIMO AGRAVIO.- Causa agravio al partido que represento el resultando segundo de la sentencia que se recurre realizada por la Quinta Sala Regional del (sic). En donde confirma los resultados consignados en el acta de cómputo distrital de fecha 5 de julio del año en curso, realizada por el Décimo Consejo Distrital Federal Uninominal en Acapulco, estado de Guerrero, en la que reconoció a la formula de la Coalición Alianza por México como triunfadora de forma indebida sin que haya agotado el desahogo probatorio dejando en estado de indefensión al recurrente, y sin que haya valorado adecuadamente las documentales públicas que los mismos órganos electorales asentaron en incidentes sobre todo en las actas de la jornada electoral, mismas que debieron ser adminiculadas, con las pruebas documentales públicas que el actor ofreció y que fueron admitidas y no desahogadas por la Sala responsable, en consecuencia esta H. Sala Superior debe de corregir las violaciones procesales y de fondo par que se cambie la declaración de confirmación a declaración de reposición del procedimiento, que tenga como consecuencia la declaración de anulación de la Elección en el Décimo Distrito Electoral Federal.

DECIMO PRIMER AGRAVIO.- Causa agravio al partido que represento el resultando cuarto de la sentencia que se recurre en la que la Responsable ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto total y definitivamente concluido, dando por sentado que esta parte o bien será omisa en recurrir ante su superior jerárquico o dando entender que la sentencia dictada no tiene recurso alguna para ser combatida, y como tal es el caso en los términos de los artículos 61, 62 la 70 de L.G.S.M.I.M.E recurro en Recurso de Reconsideración, par que esta H. Sala Superior se aboque al estudio y valoración de los agravios que le presento, para que los declare fundados y obligue a la responsable para que reponga el procedimiento o en su caso en plenitud de jurisdicción esta H. Sala Superior subsane las violaciones causadas en agravio de mi representado y resuelva con forme a lo peticionado.

Que con la finalidad de que el partido que represento no quede en estado e indefensión y este consiente de que en el presente recurso no podrán ofrecerse o aportar prueba alguna, sin embargo y en razón de que la Autoridad no ordeno la preparación y desahogo de las pruebas que fueron admitidas en esa instancia, solicito a esta H. Sala Superior, en virtud de estas pruebas me fueron admitidas en tiempo y forma y no desahogadas por la Autoridad responsable, pido se desahoguen en la forma y términos en que fueron ofrecidas y admitidas por la responsable. las cuales reproduzco en todos y cada uno de su términos, por haber sido ofrecidas en el juicio de inconformidad, promovido ante la autoridad responsable."

QUINTO. En virtud de que en los hechos de la demanda y en el agravio primero el partido recurrente aduce tanto violaciones de carácter procesal como de fondo, relacionadas con las causas de nulidad que adujo ante la Sala Regional responsable, las cuales se reiteran en los restantes motivos de disenso, por orden y método, y para una mejor comprensión del asunto, esta Sala Superior se ocupará en este apartado únicamente de las violaciones a las reglas del procedimiento invocadas, teniendo en consideración las alegaciones que sobre el particular se formulan en los otros motivos de inconformidad, por lo cual el examen de los demás agravios se hará exclusivamente teniendo en consideración los aspectos de fondo planteados, a fin de evitar repeticiones innecesarias.

Respecto de la violación procesal apuntada, el partido impugnante aduce:

a) La Sala Regional responsable no ordenó el desahogo de las pruebas de reconocimiento e inspección judicial que ofreció, individualizó y relacionó con las cincuenta y nueve casillas que impugnó, bajo la causa de nulidad fundada en que se instalaron, sin causa justificada, en un lugar distinto al señalado por el Consejo Distrital, por lo cual solicita su desahogo.

b) Solicita se requiera a la responsable, para que por su conducto haga llegar a esta Sala Superior los cincuenta y nueve paquetes electorales de las casillas que impugnó, en donde constan los escritos de incidentes que levantaron los secretarios de casilla.

c) El juzgador tenía la obligación de estudiar y desahogar todas las pruebas que aportó, porque fueron admitidas, de manera que no sólo dejó de estudiarlas sino que no ordenó su desahogo, sin fundar ni motivar tal actuar.

d) El tribunal dejó de estudiar y valorar las pruebas que ofreció en relación a las causas de nulidad previstas en el artículo 75, incisos g), i), j), y k), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, las cuales señaló que se encontraban en los paquetes electorales de las casillas, solicitando que se requiriera a la responsable su envío, en donde constan fehacientemente las irregularidades, cuyo desahogo en ningún momento ordenó la responsable, ni tampoco las requirió, con lo cual prueba la incongruencia de la resolución, ya que son violaciones de fondo y no formales, que se combaten por ser de orden público, porque están estrechamente vinculados con el acto reclamado y la negativa del informe circunstanciado, por lo que corresponde a esta Sala subsanar tales irregularidades para que no se le deje en estado de indefensión.

Las anteriores alegaciones son inoperantes, atento a las siguientes consideraciones.

El artículo 41, párrafo segundo, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que para garantizar los principios de constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones electorales, se establecerá un sistema de medios de impugnación de acuerdo a los señalamientos que se establezcan en la propia constitución y la ley, cuyo sistema dará definitividad a las distintas etapas de los procesos electorales, y garantizará la protección de los derechos políticos de los ciudadanos de votar, ser votado y de asociación, en los términos del artículo 99 de la norma constitucional.

Por su parte, el mencionado artículo 99 prevé, en lo que interesa, que el Tribunal Electoral es, con excepción de lo dispuesto en la fracción II del artículo 105 de la propia Carta Magna, la máxima autoridad jurisdiccional en la materia y órgano especializado del Poder Judicial de la Federación, y que para el ejercicio de sus atribuciones funcionará con una Sala Superior así como con Salas Regionales. En el propio dispositivo se establece que, al Tribunal Electoral le corresponde resolver en forma definitiva e inatacable, en los términos de la constitución y según lo disponga la ley, entre otras, las impugnaciones en las elecciones federales de diputados y senadores.

De acuerdo con las anteriores disposiciones constitucionales, se arriba a una primera conclusión consistente en que, por regla general, las impugnaciones ante el Tribunal Electoral tienen el carácter unistancial, dado que se señala de manera clara que sus resoluciones serán definitivas e inatacables, esto es, en principio los fallos que dicten tanto la Sala Superior como las Salas Regionales no pueden ser controvertidas por alguna autoridad de cualquier naturaleza; sin embargo, esta regla no resulta absoluta, ya que en el mencionado artículo 99 esta característica queda sujeta a los términos de la propia constitución y según lo disponga la ley.

Un caso excepcional previsto en la propia constitución y la ley secundaria, lo constituyen las disposiciones contenidas en los artículos 60, párrafos 2 y 3, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 61 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

En el primero de los numerales, se dispone que las determinaciones sobre la declaración de validez, el otorgamiento de las constancias y la asignación de diputados o senadores, podrán ser impugnadas ante las Salas Regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en los términos que señale la ley; empero, en el referido párrafo 3 se estipula que las resoluciones de las Salas mencionadas, pueden ser revisadas exclusivamente por la Sala Superior del propio Tribunal, a través del medio de impugnación que los partidos pueden interponer únicamente cuando por los agravios esgrimidos se pueda modificar el resultado de la elección, fallos que serán definitivos e inatacables. Se señala también en la referida disposición constitucional, que la ley establecerá los presupuestos, requisitos de procedencia y el trámite para dicho medio de impugnación.

En el artículo 61 de la citada ley, se prevé que el recurso de reconsideración sólo procederá para impugnar las sentencias de fondo dictadas por las Salas Regionales en los juicios de inconformidad que se hayan promovido en contra de los resultados de las elecciones de diputados y de senadores, así como las asignaciones por el principio de representación proporcional que de tales elecciones efectúe el Consejo General del Instituto, siempre que se cumplan los presupuestos y requisitos establecidos en dicho ordenamiento.

De las citas anteriores, se obtiene un caso de excepción a los principios de definitividad y firmeza que rigen en materia electoral, respecto de las resoluciones pronunciadas por las Salas Regionales, de manera exclusiva, cuando se trate de aquellas dictadas en los juicios de inconformidad promovidas en contra de los resultados de las elecciones de diputados y senadores.

Sin embargo, la norma legal restringe la procedencia del recurso de reconsideración, tratándose de resoluciones dictadas en los juicios de inconformidad, únicamente a las sentencias de fondo, es decir, a aquéllas que resuelven la sustancia de la lítis o controversia planteada mediante la aplicación que hace el juzgador de la Ley General a un caso concreto, dentro de las que deben conceptuarse para tal efecto, las que, además de examinar el mérito de la controversia, determinan un desechamiento o sobreseimiento parcial, de manera que todas las resoluciones que no tengan este carácter, no son impugnables a través del recurso en cuestión, tal y como ya quedó establecido por esta Sala Superior en la tesis relevante con clave de publicación S3EL024/97, consultable en las páginas 62 y 63, Suplemento Número 1, 1997 de la Revista Justicia Electoral, órgano oficial de difusión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que a la letra dice:

RECONSIDERACIÓN. CONCEPTO DE SENTENCIA DE FONDO, PARA LA INTERPOSICIÓN DEL RECURSO. El artículo 61, párrafo 1, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral prescribe que el recurso de reconsideración sólo procederá para impugnar "las sentencias de fondo dictadas por las salas regionales en los juicios de inconformidad", por lo que queda excluido de este medio de impugnación el estudio de las cuestiones que no toquen el fondo sustancial planteado en el recurso de inconformidad, cuando se impugne la decisión de éste, como en el caso en que se deseche o decrete el sobreseimiento; sin embargo, para efectos del precepto mencionado, debe tomarse en cuenta que sentencia es un todo indivisible y, por consiguiente, basta que en una parte de ella se examine el mérito de la controversia, para que se estime que se trata de un fallo de fondo; en consecuencia, si existe un sobreseimiento parcial, conjuntamente con un pronunciamiento de mérito, es suficiente para considerar, la existencia de una resolución de fondo, que puede ser impugnada a través del recurso de reconsideración, cuya materia abarcará las cuestiones tocadas en ese fallo.

De acuerdo con lo expuesto, es evidente que la naturaleza del proceso electoral y su brevedad colocan a esta segunda instancia en un mecanismo de carácter excepcional y selectivo, dirigido de manera exclusiva a aquellos casos que tienen un impacto relevante para los comicios, razón por la cual se exige que en tal instancia sólo puedan examinarse las cuestiones del fondo del fallo que resolvió el recurso de primer grado, independientemente de la satisfacción de los demás requisitos que establece la ley, lo cual es acorde con el requisito especial establecido en el inciso c) del artículo 73 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, que previene que para la procedencia del recurso de reconsideración, además de los establecidos por el párrafo 1 del artículo 9 del propio ordenamiento, se deberán expresar agravios por los que se aduzca que la sentencia puede modificar el resultado de la elección.

Por tanto, es incuestionable que si la procedencia del medio de impugnación en estudio está restringida a las sentencias de fondo, como en todos los procesos de esta naturaleza la medida de la impugnación encuentra sus límites en el contenido del acto que es objeto de la misma, a menos que de la naturaleza y regulación positiva de procesos específicos se desprenda algo distinto, los agravios que se planteen, independientemente de reunir la condición prevista en los requisitos especiales del recurso, deben estar también dirigidos con la finalidad de controvertir y desvirtuar las consideraciones que sustentan la resolución impugnada en cuanto a los aspectos de fondo o las violaciones formales cometidas en la propia sentencia, con influencia decisiva en el sentido de la decisión sustancial, o inclusive violaciones procesales que se puedan reparar en la propia ejecutoria de reconsideración, sin necesidad de reponer el procedimiento por reenvío o con plena jurisdicción, porque de no considerarse así, se desvirtuaría el carácter excepcional, selectivo y extraordinario de que está revestido el recurso en cuestión, y se convertiría en un recurso general, abierto y ordinario, dotado de muchos de los inconvenientes que se pretendieron evitar al adoptar una segunda instancia tan especialmente acotada, dado que se apartaría de los principios de concertación y celeridad, cuyo cumplimiento es indispensable especialmente en la impartición de la justicia electoral.

Por lo que toca a violaciones procesales como la falta de pruebas que sean indispensables para resolver el asunto con el mayor apego a la verdad objetiva, no se pasa por alto que en este recurso, al igual que en los demás medios de impugnación, por ser inherente al ejercicio de la jurisdicción, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación puede ejercer la potestad probatoria prevista en los artículos 21, apartado 1, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral y 199, fracciones XXII y XIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en los que se recoge la facultad de, en unos casos a través del presidente y en otros de los magistrados electorales que instruyen los asuntos, de requerir a las autoridades federales, estatales y municipales, así como a los partidos políticos, candidatos, agrupaciones, organizaciones políticas, cualquier elemento o documentación que obrando en su poder pueda servir para la sustanciación y resolución de los medios de impugnación y, en casos extraordinarios, ordenar la realización de diligencias, perfeccionamiento o desahogo de pruebas con la condición de que esto no signifique una dilación que haga jurídica o materialmente irreparable la violación reclamada o sea un obstáculo para resolver dentro de los plazos legales, con el objeto de que al emitirse la sentencia los magistrados tengan conocimiento pleno de la verdad y de los puntos cuestionados o controvertidos en el recurso.

En la especie, el partido inconforme aduce violaciones a las reglas del procedimiento, derivadas del hecho de que la Sala Regional responsable omitió desahogar las diversas pruebas a que alude en los alegatos que se examinan, tales motivos de disenso no pueden ser estudiados en esta vía, dado que no están encaminados a controvertir, de manera directa e inmediata, las consideraciones que dieron respuesta a los agravios formulados en el juicio de inconformidad, o bien una violación de carácter formal cometida en el dictado de la sentencia misma, en virtud de que, por la naturaleza de la violación, es evidente que ésta se cometió en el desarrollo del procedimiento del juicio de donde emana el acto impugnado, dado que arguye que las pruebas no desahogadas fueron admitidas por la autoridad responsable, por lo que si se optara por su estudio, y resultaran fundadas, la consecuencia inmediata sería reponer el procedimiento a fin de que se recabaran las pruebas relativas, lo que de suyo implica que no se contendría el efecto directo de anular la elección o bien otorgar el triunfo a un candidato distinto al que inicialmente determinó la autoridad administrativa electoral, lo que confirma que no se estarían resolviendo las cuestiones precisas que constituyen la resolución de fondo del juicio de inconformidad.

En el segundo agravio el partido recurrente, para combatir las consideraciones relacionadas con la desestimación de la causa de nulidad prevista en el artículo 75, apartado 1, inciso a), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, aduce que la responsable dejó de estudiar los hechos, agravios, pruebas y derechos que individualizó y relacionó con las cincuenta y nueve casillas que impugnó por la causal citada, porque si bien la Sala efectuó un cuadro esquemático de las casillas cuestionadas, en el que se corrobora que la mayoría coinciden con la ubicación que señala el encarte oficial, con los datos que se asientan en el acta de la jornada electoral, y sólo en seis casillas no coinciden con la ubicación del encarte, también lo es que ha venido sosteniendo, tanto en la demanda del juicio de inconformidad como en el recurso, que las casillas sí se instalaron e iniciaron su apertura y comenzaron a recibir el voto de los ciudadanos, en los lugares señalados por la ley, es decir, en el documento oficial publicado por el Consejo Distrital número 10, pero posteriormente, en algunos casos, como a la hora, y otros, como a las dos horas, cambiaron de lugar o ubicación las casillas sin razón o causa legal que lo justificara, y sin autorización del Consejo Distrital, como se corrobora con las hojas de incidentes levantadas por los secretarios de las Mesas Directivas de Casillas, lo que además prueba con el plano cartográfico que levantó el ingeniero Dante Uriostegui Pérez en presencia de la Notario Público número 9 del Distrito Judicial de Tabares.

Previamente al examen del motivo de disenso sintetizado, es de señalar que resultan inoperantes todos los argumentos relacionados con el cambio de lugar de instalación de cincuenta casillas que fueron relacionadas por la Sala Regional responsable, en el cuadro comparativo que al efecto formuló, en donde consideró que los datos de ubicación asentados en el acta de la jornada electoral, en las siguientes veintidós casillas, 030-B, 030-C, 035-C, 039-B, 054-C, 056-B, 061-B, 067-C1, 093-B, 109-C1, 192-B, 192-C2, 217-C1, 228-C1, 231-C1, 244-C1, 251-B, 255-B, 256-C1, 259-B, 274-C1, 383-B, coincidían plenamente con los señalados en el encarte, y otras veintiocho, 020-C1, 024-C1, 026-B, 026-C1, 0043-B, 0047-B, 056-C1, 056-C2, 057-B, 060-B, 0060-C1, 0063-B, 0067-B, 109-B, 110-B, 110-C1, 110C2, 125-B, 125-C1, 221-B, 222-B, 228-B, 243-C1, 250-C1, 256-C3, 257-B, 259-C1, 0260-B, aun cuando los datos se asentaron de manera incompleta, se estimó que las casillas fueron instaladas de acuerdo con la publicación oficial; en virtud de que respecto de éstas el recurrente adujo, en el juicio de inconformidad, que no se instalaron en el lugar que la autoridad electoral administrativa señaló para recibir la votación el día de la jornada electoral.

Cabe también resaltar, que las casillas impugnadas por la causa de nulidad prevista en apartado 1 inciso a) del artículo 75 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, de acuerdo con el escrito inicial del juicio de inconformidad fueron cincuenta y ocho, y no cincuenta y nueve, como lo señala el partido recurrente en el agravio materia de análisis, de las cuales dos fueron declaradas inexistentes por la autoridad responsable, que son las casillas 192-E y 250-C, bajo el argumento de que no existían en el encarte, como puede advertirse en el fallo cuestionado a fojas 1105 del cuaderno accesorio uno del expediente, sin que sobre el particular el partido impugnante vierta razonamiento alguno para desestimar la inexistencia referida, razón por la cual dicho pronunciamiento también debe quedar incólume y continuar sustentando el sentido del fallo impugnado.

No obstante lo anterior, el partido político actor pretende modificar ahora los términos en que se estableció la materia de la controversia en la primera instancia, como se verá a continuación.

Del análisis del escrito primigenio se advierte que el partido político enjuiciante señaló como causa de pedir de la nulidad de la votación recibida en todas y cada una de las casillas impugnadas, su instalación en forma indebida e ilegal fuera de los sitios acordados para tal efecto por el Consejo Distrital, señalados en el encarte o sábana oficial, sin que de los agravios expuestos en el documento de referencia se advierta la exposición de algún otro hecho como fundatorio de su concreta pretensión de nulidad de la votación recibida en las susodichas casillas, con miras a la actualización de la causal prevista en el artículo 75, apartado 1, inciso a), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

No obstante, en el escrito de interposición del recurso de reconsideración expresa, en diversos agravios, que es cierto que las casillas de referencia se instalaron en el lugar señalado por el encarte, pero agrega que después de comenzar la recepción de la votación, cuando habría una hora en algunas, y dos horas en otras, éstas fueron cambiadas a un lugar distinto.

Como se ve, el recurrente pretende cambiar los hechos controvertidos en el juicio de inconformidad, para introducir algunos que entonces no se invocaron.

Esto se corrobora con el contenido del cuestionario formulado para el desahogo de la prueba de inspección judicial, en especial en sus incisos a) y b), que ofreció en relación a cada una de las casillas impugnadas, en los cuales señaló que el personal de la Quinta Sala Regional diera fe y se cerciorara del lugar donde debió instalarse la casilla y donde se instaló, todo lo cual pone de manifiesto que lo argüido en el agravio en análisis no fue materia de la lítis en el juicio de inconformidad, dado que ha quedado debidamente precisado que las cuestiones que ahora el partido político pretende hacer valer y demostrar, no fueron expuestas para su análisis ante la autoridad de primer grado, razón por la cual este no estuvo en aptitud legal de pronunciarse sobre el particular, para desde esta perspectiva examinar la causa de nulidad invocada y valorar la documentación electoral existente en autos, motivo por el que a la Sala Regional responsable no se le puede atribuir la falta de estudio de hechos, agravios y pruebas en los términos que lo alega el partido inconforme.

En consecuencia, es claro que lo argumentado por el partido actor para demostrar que se actualizó la causa de nulidad prevista en el apartado 1 inciso a) del artículo 75 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, porque las multicitadas casillas se trasladaron a otro lugar tiempo después de empezar a rendir la votación, no puede tenerse en consideración, dado que se pretende apoyar en cuestiones ajenas a la lítis planteada en el procedimiento de origen.

No obstante lo anterior, y sólo a manera de ilustración, cabe señalar que las casillas de las que constan en la documentación electoral que fueron removidas por alguna de las circunstancias que en ellas se apuntan, que son los instrumentos a los que el partido recurrente se refiere para tener por demostrados tales hechos, no darían lugar a la nulidad de la votación recibida en éstas, por lo siguiente.

Para lo anterior, se realiza un cuadro en el que se asienta el número de casilla y los datos que se pueden advertir de las actas de la jornada electoral y escrutinio y cómputo, y hoja de incidentes, en relación a la remoción de casillas de su instalación original.

CASILLA

ACTA DE LA JORNADA ELECTORAL

ACTA DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO.

HOJA DE INCIDENTES

1

024-C1

CAMBIO AL INTERIOR DEL JARDÍN DE NIÑOS POR INDICACIONES DEL IFE.

2

026-B

NO SE INSTALÓ EN LA ESQUINA

 

SE INSTALÓ EN INTERIOR DE LA ESCUELA, Y POR PROTESTA DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, SE CAMBIÓ A LA CALLE FCO. I MADERO, FRENTE A LA PUERTA DE LA ESCUELA, NO EN LA ESQUINA DONDE SE ACOSTUMBRA.

3

026-C1

   

SE INSTALÓ EN EL INTERIOR, Y POR PROTESTAS SE CAMBIO A LA BANQUETA, AFUERA DE LA ESCUELA

4

030-B

AL FRENTE POR SOL.

SE INSTALÓ EN FRENTE POR SOL.

5

039-B

POR LLUVIA, ADENTRO DE LA CASA

6

0047-B

ENFRENTE POR SOL

 

NO CONSTA EN AUTOS

7

056-C2

DOS VECES POR SOL.

 

9:59 POR TERRENO ACCIDENTADO.

3:15 POR SOL

8

057-B

DENTRO DEL JARDÍN DE NIÑOS.

 

REPRESENTANTE DEL PRI SE INCONFORMÓ POR INSTALARSE DENTRO DEL JARDÍN.

9

061-B

2 MTS. POR SOL

10

063-B

   

4:30 ACERA DE ENFRENTE POR SOL.

11

093-B

FALTA VISIBILIDAD

8:30 CAMBIO A 5MTS. 1 P.M. CAMBIO DE CASILLA POR SOL.4:40 NUEVO CAMBIO POR SOL

12

109-B

1ª , 15 MTS. 2ª 10MTS., POR SOL.

 

9:05 15 MTS. POR SOL,

14:30 A LA BANQUETA DE ENFRENTE POR SOL.

13

109-C1

POR SOL

9:40 CAMBIO A LA SOMBRA

14

110-B

15 MTS. POR SOL

 

4:50 CAMBIO POR SOL.

15

110-C1

A LAS 3:00 HRS. POR SOL.

 

5:35 CAMBIO 15 MTS ENFRENTE POR SOL.

16

110-C2

POR SOL.

 

4:45 CAMBIO POR SOL.

17

125-B

POR LLUVIA.

 

NO CONSTA EN AUTOS.

18

125-C1

UNOS CUANTOS METROS POR CLIMA.

 

SIN ANOTACIÓN

19

192-C2

A LA ENTRADA DE ESCUELA

8:OO AM CAMBIO CASILLA FUERA ESCUELA POR PROTESTA DE REPRESENTANTES 13:55 CAMBIO

20

222-B

IMPEDÍA SUBIR A PERSONAS DE EDAD AL LUGAR, ADEMÁS DE ESTAR OCULTA.

 

10:45 VOTANTES SOLICITARON CAMBIO POR OCULTA Y DIFÍCIL ACCESO A PERSONAS DE EDAD AVANZADA, SE INSTALÓ EN PLAZOLETA UBICADA AL BORDE DE LA CALLE VICTORIA.

21

228-C1

15:20 CAMBIO LUGAR SOL 10 MTS.

22

231-C1

POR SOL

CAMBIO OTRA DIRECCIÓN, CONTEO DE VOTOS REALIZÓ ESQ. CALLE ANIMAS

24

243-C1

AL COSTADO POR FALTA DE ESPACIO.

   

25

244-C1

SE INSTALÓ A UNA DISTANCIA CERCANA

26

250-C1

PARA SER MÁS VISIBLE

 

8:10 CAMBIO DE CASILLA AL PASEO DE LA CAÑADA ESTACIONAMIENTO 5.

27

251-B

12 mts. por sol.

12 A.M. CAMBIO 12 MTS. POR SOL.

28

255-B

10:45 CAMBIO 10 PASOS DEL LUGAR POR SOL.

29

257-B

NO HABÍA SOMBRA.

 

12:00 SE CAMBIÓ POR SOL.

30

259-B

DOS VECES

12:55 CAMBIO A LA ACERA DE ENFRENTE, POR SOL

31

259-C1

POR ESTAR EN LUGAR ESCONDIDO.

 

SE CAMBIÓ A CALLE ARGENTINA No 18 ESQ. CDA. CALETA, POR ESTAR EN LUGAR ESCONDIDO.

32

383-B

SER VISIBLE.

8:40, NO ERA VISIBLE.

De los datos que arroja el cuadro anterior, queda evidenciado que en las treinta y dos casillas relacionadas se efectuaron cambios en la ubicación del lugar en que originalmente se habían instalado; sin embargo, tales eventos no pueden considerarse jurídicamente para estimar la actualización de la hipótesis de la nulidad invocada, pues el hecho que se haya variado en tan poca medida la posición original de la mesa, como se señala en las actas, no conlleva a establecer necesariamente la existencia de un cambio de lugar donde se determinó para instalación de la casilla, dado que el lugar para ese efecto no debe conceptuarse en un punto determinado, a través de una medición geométrica y matemática exacta, sino la referencia a una área de ciertas dimensiones, dentro del cual se puede instalar la casilla en el punto que se estime más adecuado, es decir, no debe limitarse al señalamiento de una calle y un número, sino que deben tenerse en cuenta los signos externos del lugar que garanticen la plena identificación; por ejemplo, si se da como lugar una escuela determinada, la instalación se podrá hacer a la entrada, en los pasillos, en las aulas, en los patios, etcétera, desde luego, que garanticen las condiciones necesarias para la emisión libre y secreto del voto, o el fácil y libre acceso de los electores, por lo que el cambio que se llegue hacer en el curso de la jornada electoral de un punto a otro de la misma escuela, no implica cambiar el lugar de instalación dispuesta por la autoridad electoral.

Lo anterior cobra mayor trascendencia en el caso si se tiene en consideración que los cambios en las casillas apuntadas se debieron a las inclemencias del tiempo, tales como el sol y la lluvia, o bien porque algunas de las casillas fueron instaladas en terreno accidentado, o que no permitían la fácil visibilidad, circunstancias que son causas justificadas para el insignificante traslado que se puede apreciar de la documental electoral referida, y que quedaron reflejadas en el cuadro esquemático precedente.

Como consecuencia forzosa y necesaria de lo que ha quedado dicho, procede desestimar los restantes argumentos contenidos en el agravio, relacionados con las cincuenta casillas cuya instalación el partido recurrente admite que se realizó conforme al encarte, en virtud de que redunda en controvertir, por una parte, las causas que los funcionarios de casilla invocaron para justificar la remoción de la mesa de su ubicación original; y por otra, que no se tomaron en cuenta sus pruebas, con las que demostraba tales cambios y, por ende, era incorrecto que la responsable señalara que no ofreció prueba para demostrar la actualización de los extremos de la causa de nulidad que invocó, cuenta habida que ha quedado evidenciado que la causa de pedir de la nulidad pretendida no la fundó en esos hechos específicos, sino en la circunstancia de que las casillas controvertidas habían sido instaladas en lugar distinto al señalado por la publicación oficial, pues en la demanda inicial en ningún momento narró las situaciones específicas del hecho, modo, tiempo y lugar en que ocurrió algún cambio, razón por la cual los restantes agravios encaminados a demostrar la procedencia de la hipótesis de nulidad invocada bajo los hechos de cambio de ubicación de la casilla, no pueden tenerse en consideración.

En relación a las casillas 54-B y 17-B, el partido recurrente aduce:

I. Que la autoridad no se tomó la molestia de leer su demanda, pues existen pruebas que ofreció, individualizó y relacionó con las mencionadas casillas, que fueron admitidas y no se ordenó su desahogo.

II. No puede pensarse en estricto derecho que un secretario actuario comparezca a notificar en un número, y luego al momento de notificar asiente o haga constar que la efectuó a un metro o dos metros de distancia, y afirme que dicha notificación es legal, o que no tiene ninguna diferencia el hecho de notificar un lugar distinto al señalado, ya que legalmente si repercute, aun cuando sea medio metro tratándose de ubicación de casillas, cuando esto afecte la visibilidad de los electores y cree confusión, como en el caso concreto que las casillas fueron cambiadas e introducidas donde no tenían visibilidad y crearon confusión en los electores.

Son inatendibles lo anteriores motivos de inconformidad, por lo siguiente.

En lo que corresponde al punto uno, el mismo resulta inoperante, porque para controvertir la consideración de la Sala Regional responsable en el sentido de que la actora no ofreció prueba alguna para acreditar sus afirmaciones, insiste en que ofreció e individualizó pruebas en relación a las casillas cuestionadas, que fueron admitidas y no desahogadas, de manera que de nueva cuenta pretende apoyarse en violaciones de carácter procesal, que, concretamente, la hace consistir en la falta de desahogo de sus probanzas, aspecto sobre el cual ya se hizo pronunciamiento en esta sentencia, y se estableció que este tipo de agravios puede tenerse en cuenta al resolver el recurso de reconsideración, por no estar encaminados a combatir de manera directa e inmediata las cuestiones substanciales que fueron materia de la determinación judicial, por lo cual en forma alguna lograrían la modificación del resultado de la elección, en los términos que lo exige el artículo 63, apartado 1, inciso c), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, como es obtener la anulación de la elección u otorgar el triunfo a un candidato distinto al que originalmente determinó el Consejo Distrital responsable.

En lo que toca al segundo punto, es pertinente señalar que con dichas alegaciones no se combate la consideración que respecto de tales casillas vertió la Sala Regional responsable, quien sostuvo que en ninguna de las actas de la jornada electoral se advierten textos que deban entenderse, necesariamente, como lugares diferentes, ya que se encontraba alguna vinculación entre el contenido del encarte y la anotación del acta de la jornada electoral, lo que lo llevó a la presunción de que los datos precisados se referían al mismo lugar.

No obstante lo anterior, el partido recurrente parte del hecho de la existencia de un cambio y concluye que éstas no tenían la visibilidad y, por ende, crearon confusión en los electores, razonamientos con los que en forma alguna puede controvertirse los razonamientos de la responsable, ya que parte de la falsa premisa de la existencia de un hecho que fue negado en la resolución combatida, dado que la Sala Regional en ningún momento aceptó que las casillas cuestionadas se hubieran instalado en un lugar distinto al señalado en la publicación oficial, pues sostuvo que encontraba alguna vinculación entre el contenido del encarte y la anotación del acta de la jornada electoral, lo que lo llevaba a la presunción de que los datos contenidos en el documento electoral se referían al mismo lugar al del encarte, de modo que sobre el particular, para combatir dichas consideraciones, el partido responsable debió aducir, a manera de ejemplo, que los datos que arrojaba el acta de la jornada electoral no eran eficaces para obtener la presunción que sirvió a la autoridad para desestimar sus agravios, ya que no correspondía a los domicilios que fueron señalados en la publicación correspondiente, expresando las razones de hecho y de derecho que servirían de sustento a tal alegación.

Por tanto, es manifiesto que el motivo de disenso en examen resulta inoperante.

Respecto de la casilla 260-C1, el ente político impugnante arguye que, en el caso, la autoridad da plena validez al incidente que levantó el secretario de la mesa directiva de casilla, y en los otros casos donde también existen incidentes levantados, no les da ninguna validez, lo que evidencia que no leyó su demanda, pues ofreció, individualizó y relacionó pruebas concernientes a dicha casilla, y no obstante ello, la responsable señala que no ofreció prueba alguna para probar su afirmación. Además, de que no constan las circunstancias de modo, tiempo y lugar del porque se justifica la instalación en otro lugar, por lo cual no existe causa justificada, como lo afirma la responsable.

Son inatendibles los motivos de disenso antes sintetizados, en virtud de que es inexacto que la Sala responsable hubiera señalado, respecto de la casilla cuestionada, que no ofreció alguna prueba para probar su afirmación, pues contrariamente a lo sostenido por el partido recurrente, y como lo reconoce al inicio del agravio que se examina, la responsable estimó probada la afirmación en que hizo descansar la causa de nulidad de votación pretendida, de acuerdo con el acta de la jornada electoral; sin embargo, estimó que la instalación en lugar diverso de la casilla no era causa suficiente para anular la votación recibida en ella, dado que existió causa justificada para proceder a ubicarlas en un lugar distinto, de manera que en ningún momento estableció que no hubiere aportado prueba para acreditar sus hechos, razón por la que lo argumentado no puede prosperar.

Por cuanto hace a que no se hicieron constar las circunstancias de modo, tiempo y lugar para instalar la casilla en lugar diverso al señalado en el encarte, tal argumento resulta ineficaz, ya que del examen del acta de la jornada electoral se advierte que en el rubro correspondiente "si la casilla se instala en un lugar distinto al aprobado por el Consejo Distrital, explicar la causa:", se asentó que no se permitió colocar la casilla, precisándose en el rubro de incidentes de dicha acta "que el señor no estuvo de acuerdo y el mobiliario se entregó con demora". Además, en la hoja de incidentes los funcionarios de la mesa directiva señalaron que a las ocho horas con veinte minutos "En el domicilio marcado por el IFE, se opusieron a que se instalara la casilla y no se encontraban las personas que iban a prestar el mobiliario", agregando que "El presidente de la casilla solicitó la intervención de un ciudadano para el traslado e instalación de la mampara".

Lo anterior demuestra de manera clara que los funcionarios de casilla señalaron las circunstancias de modo, tiempo y lugar del hecho que justificó el cambio de instalación de la casilla cuestionada, sin que el partido inconforme controvierta si real y efectivamente las causas invocadas eran de aquellas que la ley tiene en consideración para justificar el cambio de ubicación de una casilla, por lo cual lo considerado por la Sala responsable debe permanecer incólume y continuar rigiendo el sentido de la resolución.

En lo tocante a las casillas 238-B, 238-C1 y 250-B, el partido recurrente alega lo siguiente:

a) La responsable no dice que en el encarte no se señala que las casillas deban instalarse dentro de algún local, en las que las mesas directivas de casilla carezcan de visibilidad y que sea motivo para la confusión de los electores para sufragar, ya que éstas se debieron instalar en el domicilio que se señaló en el encarte oficial, por lo que suponiendo que hayan acordado funcionarios y candidatos de partidos el cambio de instalación, no es motivo para convalidar una transgresión expresa de la ley por el común acuerdo por autoridades y representantes de los partidos políticos, ya que las disposiciones del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales son de orden público y, por ende, su cumplimiento no queda al arbitrio de las personas.

b) Que si existía alguna duda por parte de la autoridad responsable, debió haber ordenado la preparación y desahogo de todas y cada una de las pruebas que aportó y ofreció en forma individualizada.

Los anteriores argumentos son inatendibles, por lo siguiente.

En relación a la casilla 238-B, debe decirse que independientemente de lo fundado o infundado que pudieran resultar los argumentos materia de examen, la casilla en cuestión si fue instalada en el lugar señalado en la publicación oficial, pues de un análisis comparativo entre el encarte y el acta de la jornada electoral se advierte la similitud en los datos, como a continuación se verá.

CASILLA

UBICACIÓN SEGÚN ENCARTE

UBICACIÓN SEGÚN ACTA DE JORNADA ELECTORAL

0238-B

ESCALERA MADRE SELVA LOTE 827 MANZANA 7 ENTRE ANDADOR PALMAS Y CALLE VICTORIA COLONIA LA LAJA.

ESCALERA MADRE SELVA LOTE 827 MANZANA 7 ENTRE ANDADOR PALMAS Y CALLE VICTORIA COLONIA LA LAJA.

De acuerdo con lo anterior, queda plenamente justificado que la casilla cuestionada se ubicó en el lugar preciso que la autoridad administrativa electoral señaló, por lo cual en forma alguna podría actualizarse la causa de nulidad invocada por el partido recurrente en el juicio de inconformidad.

No pasa desapercibido para esta Sala Superior, el hecho de que se haya hecho constar, tanto en el acta de la jornada electoral como en la hoja de incidentes, que los integrantes de la mesa directiva no encontraban el lugar preciso de la instalación de la casilla, porque tal comentario no puede interpretarse en el sentido de que no encontraron el lugar de ubicación y, por ende, que lo hubieren instalado en un lugar distinto, ya que sólo hacen referencia a una circunstancia que vivieron en el momento de la instalación, por lo cual este evento en el caso resulta intrascendente.

Por otra parte, tampoco cobran relevancia las incidencias relativas al cambio de ubicación de la casilla del lugar originalmente instalado que se señalan en la hoja de incidentes, pues, como quedó ya establecido en párrafos precedentes, la nulidad invocada por el partido recurrente no se fundó en estos hechos; además, de que la variación que se señala en el documento de referencia resulta ser de poca medida con referencia a la posición original de la mesa, lo cual no implica cambio del lugar donde se determinó para la instalación de la casilla, en tanto en el documento de referencia se asentó que, a las ocho horas con cuarenta y cinco minutos, se instaló la casilla pasos más adelante debido a la lluvia, y que a las dieciséis horas, la casilla se movió a dos metros porque tenían el sol de frente.

Respecto de las dos casillas restantes, cabe señalar que lo argüido carece de eficacia, en virtud de que el partido inconforme soslaya el contenido de lo dispuesto por el artículo 215, apartado 1, inciso d), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en el que se señala una de las hipótesis que justifican la instalación de una casilla en lugar distinto al señalado, es decir, cuando las condiciones del local no permitan asegurar la libertad o el secreto del voto o el fácil y libre acceso de los electores o bien, no garanticen la realización de las operaciones electorales en forma normal, caso en el cual se autoriza a los funcionarios y representantes para que tomen la determinación de común acuerdo. Por consiguiente, es claro que cuando los funcionarios de casilla actúan en los términos de la hipótesis en comento, tal acto no puede reputarse contrario a las normas electorales, como indebidamente lo pretende establecer el partido impugnante.

En este contexto, es claro que si la autoridad electoral estimó que en la especie existió causa justificada para el cambio de la casilla, y que se observaron las formalidades previstas en el apartado 1 inciso d) y apartado 2 del artículo 215 en cita, por haberse instalado en la misma sección del sitio publicado en el encarte, y ser el lugar adecuado más próximo, sin que tales afirmaciones queden desvirtuadas por el partido político impugnante, éstos deben permanecer incólumes y continuar rigiendo el sentido del fallo.

En lo que corresponde al argumento identificado en el inciso b), debe desestimarse por inconducente, en virtud de que tal alegato propiamente no tiende a combatir las consideraciones de la resolución impugnada; sin embargo, sobre el particular cabe señalar que era al partido actor el que tenía la carga de acreditar los hechos en que fundó su pretensión de nulidad, de manera que la autoridad responsable no estaba obligada a recabar las pruebas de manera oficiosa, máxime que respecto del punto cuestionado existieron pruebas que apreció y valoró y que lo llevaron a la determinación que ahora se combate.

Finalmente, en el agravio que se examina se aduce que la responsable hizo una mala apreciación y valoración del levantamiento cartográfico, al afirmar que se trata de una prueba pericial, cuando este sólo iba a servir de base para el desahogo de la prueba de reconocimiento e inspección judicial que ofreció.

El anterior argumento es inoperante, porque con él no se combaten la totalidad de las consideraciones que la Sala Regional responsable vertió para desestimar la prueba de referencia, las cuales por si solas son aptas para mantener el sentido de la determinación, por lo siguiente.

En el fallo impugnado, el tribunal responsable estimó que el levantamiento cartográfico carecía de valor probatorio por lo siguiente:

a) Porque son planos del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, que no constituyen probanza alguna, salvo que estuviesen adminiculados con la técnica censal a la que se refieren los artículos 141, párrafos 1 y 2, y el 152 de la ley sustantiva de la materia.

b) Carecen de valor probatorio dichas documentales, ya que se afirma que quién levanta los planos cartográficos es un individuo del que no se anexa cédula profesional ni su patente como perito, que demuestre estar en posibilidades de emitir dictamen pericial en la materia.

c) Que siendo dicho peritaje una mera probanza privada carece para ese órgano jurisdiccional de valor probatorio alguno.

Como puede advertirse, la responsable expresó tres motivos por los cuales no le concedía valor probatorio al levantamiento cartográfico, situación que obliga al inconforme a destruir las tres razones expuestas; por consiguiente, si en el caso únicamente se constriñe a combatir las consideraciones sustentadas en el inciso b) precedente, quedando intocadas las precisadas en los incisos a) y c), es manifiesto que aun cuando se estimara fundado el motivo de disenso planteado, tal evento no sería suficiente para estimar indebidamente valorada la probanza de mérito, ya que en el fallo cuestionado subsistirían dos razones que sostendrían la determinación de la responsable, por lo cual lo argumentado resulta inepto para revocar el acto impugnado.

En el tercer agravio, el partido político recurrente aduce, en primer término, que la responsable pasó por alto la supremacía de la constitución, dado que una ley o tesis secundaría no puede estar por encima de ésta, ya que existe mandamiento expreso en el sentido de que todo funcionario, sin excepción alguna, antes de tomar posesión de su cargo rinda la protesta de ley; empero, la responsable realiza una interpretación inverosímil de los artículos 128 constitucional, 125 y 213 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, pues sostiene que doctrinariamente hay dos tipos de protesta, la solemne y la ordinaria, lo cual no está fundado y motivado, además de que en las normas citadas sólo se habla de rendir protesta y guardar la constitución y las leyes que de ella emanen, pero en ningún momento se refieren a la existencia de dos tipos de protesta, pues no se trata de lo que doctrinariamente se diga, sino que se debe estar al régimen de derecho escrito y vigente, y al no haber atendido el mandamiento constitucional rompe con los principios de legalidad y de certeza, de modo que su criterio y principio fundado en que es más importante la instalación de las casilla para la recepción de la votación, no puede estar por encima de la ley, dado que el juzgador sólo debe concretarse a aplicarla y no a legislar.

El anterior motivo de inconformidad es infundado, atento a las siguientes consideraciones.

Con independencia de lo que la Sala Regional responsable señaló respecto a que doctrinariamente existen dos tipos de protesta, cabe señalar que el fundamento toral de la determinación no descansó en dicho pronunciamiento, sino básicamente en que el requisito constitucional invocado por el partido recurrente no fue señalado como requisito formal en la sustitución de funcionarios de casilla el día de la jornada electoral, por ser la voluntad del legislador y una cuestión de carácter excepcional, por las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se deben llevar a cabo tales sustituciones, por lo cual concluyó que ante la falta de rendición de protesta no se convierten en personas distintas a las facultadas por el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y, por ende, carentes de autorización para recibir la votación, de manera que el pronunciamiento doctrinario finalmente ningún efecto básico tuvo en la decisión tomada, determinación final que, a juicio de esta Sala Superior, resulta correcta y, de forma alguna, violatoria de la supremacía constitucional que señala el partido inconforme, por lo siguiente.

Las personas autorizadas para recibir la votación son las que se designan por la autoridad electoral competente, a través de los procedimientos que al efecto establece la ley, que se dan a conocer al público mediante la publicación de una lista en los diarios de mayor circulación, a la que suele denominarse encarte, mismo que incluye a un propietario y a un suplente para cada puesto de la mesa directiva.

Asimismo se deben considerar personas autorizadas a los ciudadanos que suplen las ausencias de propietarios y suplentes, de conformidad con el artículo 213, apartado 3, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Estos ciudadanos no se convierten o transforman en personas distintas por el hecho de haber o no rendido la protesta a que se refiere el artículo 125 del ordenamiento antes citado.

Así pues, si la causal en comento sólo se puede actualizar cuando las personas que reciban la votación en una casilla sean distintas a las autorizadas legalmente, es inconcuso que si la reciben personas autorizadas ya no se puede dar esa causal, aunque éstas no hayan cumplido con el deber de rendir protesta.

Por tanto, lo resuelto por la Sala Regional responsable fue correcto, al estimar que el hecho de no rendir la protesta de ley no actualiza la hipótesis prevista en el apartado 1 inciso e) del artículo 75 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, no resultando aplicables las tesis que invoca el partido recurrente.

En otra parte del motivo de disenso que se examina, el impugnante aduce que en el informe circunstanciado rendido por la autoridad responsable en el juicio de origen, dicha autoridad sostiene erróneamente que la ley no prevé la toma de protesta del ciudadano, lo que es antijurídico, ya que los artículos 128 Constitucional, 118, 119, 120 y 125 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, señalan de manera categórica que se debe rendir la protesta de ley antes de tomar posesión del cargo, y si bien en el artículo 213 del código citado no se establece tal disposición, es porque está se encuentra prevista en el artículo 125 del propio ordenamiento. Este argumento se estima inoperante, en virtud de que está encaminado a controvertir las alegaciones vertidas por el Consejo Distrital del 10 Distrito Electoral Federal en el Estado de Guerrero, que resultan ajenas a la litis en esta instancia, la cual quedó integrada con la sentencia impugnada y los agravios hechos valer.

En consecuencia, al no impugnarse con dichos argumentos las consideraciones que sustenta el fallo controvertido, los mismos no pueden tenerse en consideración.

El cuarto agravio es infundado, por lo siguiente.

Señala el partido recurrente que la responsable admite y reconoce que se presentaron en las casillas 017-B, 027-B, 027-C2, 035-B, 040-B, 041-C1, 049-B, 049-C1, 068-B, 068-C1, 235-C1, 242-B y 252-B, electores a votar sin que contaran con la credencial, además de no estar en la lista nominal de electores, por lo cual son irregularidades graves que son determinantes para el resultado de la votación, ya que no se trata de un elector sino de más de uno, aunado a que en las casillas que impugna, en algunos casos, no fueron más de dos o cinco votos la diferencia.

El alegato en cuestión debe desestimarse, porque basta la lectura de la sentencia recurrida para advertir que respecto de las casillas 027-C1, 027-C2, 035-B, 041-C1, 068-B, 068-C1, 049-B y 049-C1, una vez hecho el análisis de las actas de la jornada electoral y de escrutinio y cómputo y hojas de incidentes, la Sala responsable determinó que en éstas no se advirtió que hubieran votado personas sin credencial o sin estar en la lista nominal (fojas 1143 y 1145 del cuaderno accesorio número 1), de manera que lo afirmado por el partido recurrente resulta inexacto, pues no es verdad que la responsable haya establecido que en todas las casillas cuestionadas se presentaron los hechos que sirven de sustento para actualizar la hipótesis de la causal de nulidad prevista en el apartado 1 inciso g) del artículo 75 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, por lo cual el hecho invocado no puede servir de sustento para combatir el fallo cuestionado, sin necesidad de hacer otras consideraciones.

Por cuanto aduce que la diferencia en el cómputo de las casillas no fueron más de dos o cinco votos es infundado, por lo siguiente.

En el cuadro que a continuación se ilustra, se relacionan las trece casillas impugnadas por el partido recurrente bajo la causal de nulidad antes mencionada, en el que se anotan los votos obtenidos por cada uno de los partidos políticos contendientes, cuyos datos se extraen de las actas de escrutinio y cómputo que obran en autos.

No.

CASILLA

ALIANZA CAMBIO

PRI

ALIANZA MÉXICO

PCD

PARM

DS

CAND. NO REG.

VOTOS NULOS

DIFERENCIA ENTRE 1º. Y 2º. LUGAR

1

017-B

51

78

100

2

0

3

2

2

22

2

027-C1

62

71

126

5

3

2

0

0

55

3

027-C2

65

90

112

0

2

4

0

16

22

4

035-B

78

78

94

0

0

2

0

4

16

5

040-B

74

95

131

5

4

4

0

3

36

6

041-C1

92

90

144

2

1

5

0

1

60

7

049-B

93

78

99

0

1

9

0

1

6

8

049-C1

80

73

88

1

3

9

0

3

8

9

068-B

81

81

132

2

4

7

0

0

51

10

068-C1

71

79

138

1

3

14

0

3

59

11

235-C1

93

60

100

17

1

4

0

2

7

12

242-B

69

80

110

4

2

0

0

8

30

13

252-B

106

76

118

6

2

9

0

5

12

De acuerdo con el cuadro anterior, es evidente que en ninguna de las casillas relacionadas se encuentran diferencias de votos entre el primero y segundo lugar, de menos de seis sufragios, por lo cual no es exacto lo argüido por el partido accionante; sin embargo, las casillas que se acercan más a los números que invocó el inconforme son la 49-B, 49-C1 y 235-C1, en las que existe una diferencia de seis, ocho y siete votos, con relación al segundo lugar, respectivamente, circunstancia que en la especie de ninguna forma resulta relevante, porque respecto de las dos casillas citadas en primer término, no se advierte que hubieren ocurrido los hechos que integran la causa de nulidad invocada, como correctamente lo precisó la autoridad responsable en la sentencia impugnada; y en lo que corresponde a la tercera casilla, es de señalarse que en ésta sólo se reporta que se anuló el voto de una persona por no aparecer en la lista nominal, dato que puede obtenerse de la hoja de incidentes relativa a la casilla en examen, de manera que en este caso, aun cuando se dieron los extremos del supuesto en que descansa la causa de nulidad alegada, finalmente tal evento resultó inocuo para la votación recibida en ésta, en virtud de que el voto cuestionado fue nulificado por la propia directiva de la mesa de casilla, según puede advertirse de la mencionada hoja de incidentes.

No es óbice a lo anterior, el hecho de que en autos conste el escrito de incidentes formulado por el partido recurrente, en el que pone de manifestó que cuatro persona votaron sin aparecer en la lista nominal, ya que independientemente de que no ofreció pruebas para demostrar tal extremo, en el mejor de los casos tal irregularidad no resultaría determinante, porque en la casilla de referencia la diferencia entre el primero y segundo lugar, que lo ocupa la coalición Alianza por el Cambio, fue de siete votos, de manera que aun cuando se descontara al partido ganador los cuatro votos que se mencionan, existiría una diferencia de tres sufragios, que mantendría a la coalición Alianza por México en el primer lugar.

Se alega también que en la casilla 040-B, el presidente de la misma levantó una relación de ciudadanos que no aparecen en la lista nominal, hecho que se repitió en las demás casillas impugnadas, a quienes se les permitió votar sin encontrarse en la lista nominal; asimismo, que en la casilla 027-C1, se permitió votar a cinco ciudadanos sin estar en la lista nominal, lo que se comprueba con la hoja de incidentes correspondiente.

El argumento en cuestión es infundado, atento a los siguientes razonamientos.

En la hoja de incidentes correspondiente a la casilla 040-B, se contiene la siguiente anotación: "Acudió a esta urna una persona que no está inscrita en la lista nominal, desconociendo el procedimiento se le otorgó boleta de cada una para realizar su elección post. se nos informa el procedimiento correcto, anexando a éstos una relación de ciudadanos que no aparecen en la lista nominal. Se dio conocimiento del incidente a los representantes de los partidos".

Independientemente de que en el agravio se señala que ciudadanos votaron sin estar en la lista nominal, es de precisar que de la transcripción precedente se llega al conocimiento de que la anotación contenida en la hoja de incidentes, no es suficiente para establecer que la relación de ciudadanos a que se refieren, hayan votado en la casilla, pues tal evento no se advierte de su simple apreciación literal; no obstante lo anterior, en autos obra una prueba que desvirtúa la conclusión a la que arribó el partido impugnante, consistente en la lista nominal de electores correspondiente a la sección 40 del Distrito Electoral 10, entidad 12, Guerrero, que en copia fotostática certificada obra en autos, documental a la que se le concede pleno valor probatorio en términos de los dispuesto por el artículo 16, apartados 1 y 2, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, instrumento del que se advierte que el total de votantes conforme a dicha lista fue de trescientos trece ciudadanos, más dos representantes de partido, mientras que el total de votos emitidos en la casilla cuestionada, de acuerdo al acta de escrutinio y cómputo, fue de trescientos dieciséis, cuya diferencia de un sufragio corresponde al voto de una persona que no estaba en la lista nominal, que se encuentra debidamente documentado en la hoja de incidentes, y el cual la autoridad responsable advirtió al emitir la sentencia impugnada, que como se dejó establecido, el mismo no resulta determinante, por existir una diferencia entre el primero y segundo lugar de treinta y seis sufragios.

En lo que atañe a la afirmación de que la violación examinada se repitió en las demás casillas impugnadas por la causa de nulidad invocada, es pertinente señalar que tal afirmación resulta incorrecta, porque el análisis de cada uno de los documentos elaborados el día de la jornada electoral no reporta dicha situación, de modo que incumbía al recurrente demostrar su aserto.

Por lo que hace a la aseveración relacionada con la casilla 027-C1, es pertinente señalar que si bien es cierto que en la hoja de incidentes se hace constar que se dieron cinco boletas a personas que no estaban en la lista nominal, no menos cierto es que en el propio documento se señala que las boletas relativas no fueron depositadas en la urna de la casilla cuestionada, sino en la casilla 027-C2, motivo por el cual en el momento del cómputo les hicieron falta cinco boletas, evento que pone de manifiesto que a pesar de que las boletas fueron entregadas para la emisión del sufragio, tal situación finalmente no repercutió en el resultado de la votación obtenida por los partidos políticos, dado que la irregularidad apuntada no se tradujo en votos a favor de ningún ente político; sin embargo, aun cuando se tuviera por cierto lo alegado, es claro que dicha circunstancia no resultaría determinante, porque la diferencia existente entre el primero y segundo lugar es de cincuenta y cinco votos, de manera que si se descontaran éstos al partido ganador, continuaría ocupando el primer lugar, con una diferencia de cincuenta votos.

Por las razones expuesta, lo alegado por el partido enjuiciante no puede prosperar.

El quinto agravio debe desestimarse por inoperante, en virtud de que el partido recurrente pretende impugnar la falta de determinancia establecida por la Sala Responsable en relación a las casillas 005-C1, 021-C1, 051-B, 099-C1, 102-B, 249-B, 268-B y 2351-C, examinadas bajo la causal prevista en el apartado 1, inciso i) del artículo 75 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, que se refiere a la nulidad de la votación recibida cuando se ejerza violencia física o presión sobre los miembros de casilla o sobre los electores, bajo el argumento de que no se desahogaron las pruebas que ofreció para acreditar los extremos de la hipótesis de nulidad pretendida, alegato que, como ya se dejó establecido al principio de este considerando, no puede tenerse en cuenta, en virtud de que en el recurso de reconsideración no es dable examinar los agravios que tengan por objeto poner de manifiesto una violación de carácter procesal, como es la falta de desahogo de las pruebas; por tal motivo, el agravio en cuestión no puede atenderse.

Tampoco asiste razón al partido impugnante en lo alegado en el agravio sexto, porque las causales de nulidad prevista en el artículo 75 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, dentro de las que se encuentra la relativa a impedir, sin causa justificada, el ejercicio del derecho de voto a los ciudadanos, se refieren única y exclusivamente a la votación recibida en una casilla electoral y, por tanto, los elementos constitutivos de cada una de dichas causales, están referidas a las circunstancias ocurridas en la casilla concreta, cuya votación se impugna de manera específica.

Un elemento constitutivo diverso de las causales indicadas, se hace consistir precisamente en que los hechos o elementos integrantes de la causal sea determinante para el resultado de la votación.

Las consideraciones precedentes conducen a determinar que la votación a la que se hace referencia en diversas hipótesis previstas en el artículo 75 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, es la suma de sufragios emitidos en cada una de las casillas impugnadas, y no la suma total de todos los votos recibidos en el universo de casillas en las que se llevó a acabo una elección; de manera que la determinancia exigida como requisito para la actualización de alguna causa de nulidad de la votación recibida en una casilla se encuentra referida, indudablemente, a la votación recibida solamente en esa casilla, por lo que el juzgador sólo la debe analizar en ese contexto y no en referencia a la votación total de la elección.

Lo anterior se corrobora plenamente con lo previsto en el artículo 76, apartado 1, inciso a), de la ley de medios citada, al establecer:

"Artículo 76.

1. Son causales de nulidad de una elección de diputados de mayoría relativa en un distrito electoral uninominal, cualesquiera de las siguientes:

a) Cuando alguna o algunas de las causales señaladas en el artículo anterior se acrediten en por lo menos el veinte por ciento de las casillas en el distrito en que se trate o ..."

De la lectura de este texto se advierte que reconoce como presupuesto, la actualización precedente de causas de nulidad de la votación recibida en casilla, esto es, respecto al requisito analizado, que la determinancia debe mediar con relación a la votación recibida en cada casilla, y que sólo cuando concurran todos los elementos para decretar dicha nulidad, ésta se constituye en un elemento, a su vez, para la posible nulidad de la elección.

En este contexto, es claro que no pueden tenerse en cuenta las alegaciones que el partido inconforme hace valer en el agravio materia de análisis, dado que la norma legal no prevé las situaciones de hecho que se invoca, para aplicar en forma diferente la disposición relativa a la determinancia.

El séptimo agravio es inatendible, porque en él no se expone ninguna consideración tendiente a poner de relieve que los hechos que invocó como causa de pedir de la nulidad de la votación recibida en una casilla, encuadran en la hipótesis prevista en el apartado 1 inciso k) del artículo 75 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, dado que la Sala Regional responsable estimó que los hechos que invocó no guardaban relación alguna con la causal de mérito, sino en las diversas hipótesis particulares que al efecto citó, y que fueron de materia de resolución en el juicio de inconformidad por lo que si en el motivo de disenso el impugnante únicamente se constriñe a señalar que en las actas de la jornada electoral existen anotaciones incidentales que los funcionarios de casilla de puño y letra realizaron, en las que manifestaron las irregularidades ocurridas en las casillas cuestionadas, relacionadas con la hipótesis de nulidad aducida, es claro que con tales alegaciones en forma alguna se tiende a controvertir las consideraciones por las que la Sala responsable determinó que no procedía efectuar el examen de la causa de nulidad pretendida en las casillas que el partido impugnante lo hizo valer, razón por la cual éstas deben permanecer incólumes.

Los agravios octavo, décimo y parte del noveno son inoperantes, porque en ellos se aduce como agravio la falta de desahogo de las pruebas que el partido recurrente ofreció en el juicio de inconformidad, y por lo cual considera que la resolución combatida es contraria a derecho, al dejarlo en estado de indefensión, y tales alegaciones, como ya se dejó apuntado a lo largo de esta ejecutoria, no son susceptibles de examen en el recurso de reconsideración, al no estar vinculados con las cuestiones sustanciales del fallo cuestionado, por lo cual esta Sala Superior no puede tenerlos en consideración.

Consecuencia forzosa y necesaria de todo lo considerado, es desestimar el argumento contenido en el agravio noveno, en el sentido de que se declararon infundados sus agravios con base en erróneas interpretaciones que se dejaron asentados en los considerandos cuarto al noveno y, como consecuencia, la confirmación de la votación recibida en las casilla impugnadas, ya que se basan en criterios personales, doctrinales y de usos y costumbres, puesto que a lo largo de ésta ejecutoria ha quedado evidenciado que las violaciones aducidas por el partido recurrente no se presentaron, y por lo cual se declaran infundados e inoperantes los motivos de disenso hechos valer.

Finalmente, es infundado el alegato contenido en el agravio décimo primero, en el cual el recurrente expresa que le causa perjuicio la determinación que ordena el archivo del expediente relativo al juicio de inconformidad, porque no es cierto que una decisión como la apuntada pueda tener los efectos que el recurrente le atribuye, dado que con independencia de que así se haya establecido en la resolución cuestionada, ello no implica de ninguna manera que por ese solo hecho tal determinación deba cumplirse de inmediato, y mucho menos que tenga por objeto impedir a las partes su impugnación, pues una determinación de naturaleza accesoria, como la que es objeto de atención, no tiene ese efecto; además, de que tampoco puede prevalecer sobre las disposiciones legales que establecen la procedencia de algún medio impugnativo, a través del cual se esté en aptitud de cuestionar el fallo, de modo que se trata de una providencia que se habrá de cumplir, una vez que la sentencia se torne irrecurrible, ya sea por no haberse impugnado oportunamente o bien, por haber adquirido definitividad a virtud de la confirmación, modificación o revocación del fallo por parte de la autoridad de segundo grado.

Por tal motivo, lo alegado por el partido impugnante no encuentra sustento legal alguno y, por ende, no demuestra la violación a su esfera de derechos alegada.

En consecuencia, al resultar los agravios infundados e inatendibles, lo procedente es confirmar la resolución impugnada.

Por lo expuesto y fundado, de conformidad con lo establecido en los artículos 99, párrafo IV, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 6 apartado 1, 68, 69 apartado 2, inciso a) y 70 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, se

R E S U E L V E

ÚNICO. Se confirma la resolución de veintiuno de julio del presente año, dictada por la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la V Circunscripción Plurinominal, con sede en Toluca de Lerdo, Estado de México, en el expediente del juicio de inconformidad ST-V-JIN-012/2000.

NOTIFÍQUESE personalmente al partido recurrente y al tercero interesado, en Avenida Insurgentes Norte número 59, edificio 1, piso 4, colonia Buenavista, delegación Cuahutémoc, código postal 06359 y en viaducto Tlalpan número 300, colonia arenal, delegación Tlalpan, ambos en esta ciudad, respectivamente; por oficio a la autoridad responsable, acompañándole copia certificada de esta sentencia, al Consejo General del Instituto Federal Electoral, y a la Secretaría General de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, de conformidad con lo establecido por el artículo 70, apartado 1, inciso c), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral y 14, apartado 1, inciso a), de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y por estrados a los demás interesados.

Así lo resolvieron por unanimidad de votos, los magistrados que forman la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ante el Secretario General de Acuerdos, que autoriza y da fe. CONSTE.

MAGISTRADO PRESIDENTE

 

JOSÉ LUIS DE LA PEZA

MAGISTRADO

 

LEONEL CASTILLO GONZÁLEZ

MAGISTRADO

 

ELOY FUENTES CERDA

MAGISTRADA

 

ALFONSINA BERTA NAVARRO HIDALGO

MAGISTRADO

 

J. FERNANDO OJESTO MARTÍNEZ PORCAYO

MAGISTRADO

 

JOSÉ DE JESÚS OROZCO HENRIQUEZ

MAGISTRADO

 

MAURO MIGUEL REYES ZAPATA

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS

 

FLAVIO GALVÁN RIVERA