JUICIO PARA DIRIMIR LOS CONFLICTOS O DIFERENCIAS LABORALES DE LOS SERVIDORES DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

EXPEDIENTE: SUP-JLI-008/2001.

GLORIA HERNÁNDEZ ESPINOSA

VS.

INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

MAGISTRADO PONENTE: ELOY FUENTES CERDA

SECRETARIA: AIDÉ MACEDO BARCEINAS

México, Distrito Federal, a nueve de mayo de dos mil uno.

VISTOS para resolver en definitiva, los autos del juicio laboral promovido por Gloria Hernández Espinosa, en contra del Instituto Federal Electoral, expediente SUP-JLI-008/2001; y

R E S U L T A N D O

1. El quince de enero del año en curso, el Vocal Ejecutivo de la Junta Distrital Ejecutiva del 12 Distrito Electoral Federal del Instituto Federal Electoral, en el Estado de Guanajuato, mediante oficio VE/0023/2001 de doce del mismo mes y año, comunicó a la hoy actora Gloria Hernández Espinosa, que quedaba separada del Instituto Federal Electoral, en los términos siguientes:

"C. GLORIA HERNÁNDEZ ESPINOSA

P R E S E N T E .

Por este medio hago de su conocimiento que con fundamento en lo ordenado por el acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Federal Electoral, aprobado en sesión ordinaria celebrada el 11 de octubre de 1999, por el cual se establecen los Lineamientos y Procedimientos para el Pago de Compensación por Término de la Relación Laboral al Personal que por renuncia deja de prestar sus servicios en el Instituto Federal Electoral; se le comunica a usted, quien ocupa el puesto de especialista técnico con clave 0701 0300 CF33821 00076 311, en la 12 Junta Distrital Ejecutiva en el Estado de Guanajuato, que en virtud de la ejecución de este acuerdo y basado en las políticas de programas laborales de la Dirección Ejecutiva de Administración y toda vez que por el ajuste presupuestal, la plaza que ocupa ha sido suprimida con fecha 31 de diciembre del 2000, procede hacer su liquidación con el pago de la compensación respectiva, quedando separada del Instituto.

Correlativo a lo anterior, específicamente el punto resolutivo cuarto del documento legal enunciado, señala que el pago de la compensación materia del acuerdo en cita, se hará extensivo a aquellos servidores del Instituto Federal Electoral que como consecuencia de una reestructuración o una reorganización administrativa que implique supresión o modificación de áreas dentro de este Instituto o en su estructura ocupacional queden separados del mismo debiendo observarse en el presente asunto lo prescrito por los artículos 199, 212 y demás aplicables del Estatuto del Servicio Profesional Electoral y del Personal del Instituto Federal Electoral con relación a este punto. Situación que en el caso particular opera atendiendo las circunstancias presupuestales y administrativas vigentes derivadas de la racionalización de recursos, austeridad, programas, políticas y ajustes administrativos y financieros en oficinas centrales y órganos desconcentrados del Instituto.

Por lo antes expuesto y de conformidad con las normas y lineamientos anteriormente referidos, se le otorga su finiquito legalmente, equivalente a 3 meses, más 12 días por cada año trabajado por concepto de prima de antigüedad.

Sirva la presente como notificación de la conclusión de la relación laboral, a efecto de que se integre al expediente laboral respectivo, incorporándose, también el recibo del finiquito en caso de que éste se firme de conformidad.

EL VOCAL EJECUTIVO

LIC. GABRIEL MEDINA RODRÍGUEZ"

2. Inconforme con lo anterior, el seis de febrero del año en curso, ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, la accionante demandó del Instituto Federal Electoral la reinstalación en el empleo que venía desempeñando, el pago de salarios vencidos y gastos del juicio, así como la nulidad del oficio antes transcrito, bajo las consideraciones siguientes:

"HECHOS:

1.- Desde el día 1 primero de abril de 1991, mil novecientos noventa y uno, la exponente ingresé al servicio activo del Instituto Federal Electoral, en donde se me asignó el puesto de base como especialista técnico en procesos electorales, con nivel 25, dentro de la infraestructura para el personal de la rama administrativa, consistiendo mis labores propiamente de secretaria del Vocal Ejecutivo, con una jornada normal de ocho horas de lunes a viernes y durante los procesos electorales 1991, 1994, 1997 y 2000 una jornada fluctuante entre 14 y 24 horas.

2.- Con el motivo precisado en el punto uno, fui inicialmente asignada a los actuales: VIII Distrito Electoral Federal (VI anteriormente), ubicado en la ciudad de Salamanca, Guanajuato y posteriormente al 12 Distrito Electoral Federal en la ciudad de Celaya, Guanajuato, prestando en ambos órganos desconcentrados del Instituto Federal Electoral, el cargo de especialista técnico en procesos electorales, aclarando que durante el tiempo que fui asignada al 12 Distrito Electoral Federal en la ciudad de Celaya, Guanajuato, se me asignaron diversas labores de apoyo a las Vocalías de Capacitación Electoral y Educación Cívica, Organización Electoral y Registro Federal de Electores, y finalmente mi apoyo laboral fue en la Vocalía de Organización Electoral, en donde desarrollé labores de oficina, tales como formatos de nombramiento a funcionarios de casilla, anuencias para la instalación de casillas, conteo de material electoral, apoyo logístico en las sesiones de Consejo Distrital, distribución de material electoral, además apoyo logístico de recepción de material electoral, armado de paquetes, armado de expedientes electorales y remisión a las instancias respectivas, informes, oficios, estadísticas, todo lo que corresponde propiamente a los procesos electorales.

3.- Inicialmente se me asignó un salario mensual de $30,424.00 en antiguos pesos y a partir del 16 de junio de 2000, me fue asignado un salario de $103.13 diarios. Ininterrumpidamente presté mis servicios hasta el día 15 de enero del año en curso, en que la demandada, sin mediar causa justificada, me notificó por oficio VE/0023/2001, fechado el 12 de enero del presente año, suscrito por el Vocal Ejecutivo de la 12 Junta Distrital Ejecutiva en la ciudad de Celaya, Gto., la conclusión de la relación laboral, con efectos retroactivos al 31 de diciembre del año 2000.

4.- Con vista en el oficio aludido, al parecer, la causa de mi despido es en base a unos "lineamientos" y un "acuerdo" de la Junta General Ejecutiva del Instituto Federal Electoral, que ad cautelam acompaño a la presente, mismos que pude obtener con esfuerzo, desconociendo, bajo protesta de decir verdad, si son o no la base o fundamento legal de mi injustificado despido, por lo cual sirva de interpelación al Instituto Federal Electoral para que ratifique o revoque los actos a que me refiero, llevados a cabo por personas, que en mi opinión, carecen de facultades como es el Presidente de la 12 Junta Distrital Ejecutiva en la ciudad de Celaya, Gto.

5.- Con fecha 22 de Diciembre de 2000, al 7 de enero de 2001, obtuve mi segundo periodo vacacional del año 2000 dos mil, por lo que la exponente me presenté a laborar normalmente el día 8 ocho de enero del año en curso, en el horario acostumbrado, es decir, de 9:00 a las 18:00 horas, con una hora de descanso para tomar alimentos y donde permanecí laborando hasta el día 15 del mismo mes y año, en que fui separada de mi cargo. Al momento de mi despido, me fue presentado un finiquito en forma de nómina oficial, un recibo de pago oficial del mismo, asimismo un recibo extra por la cantidad de $23,888.81 y un sobre con el contenido de la cantidad mencionada en billetes de curso legal y por último, a insistencia de mi parte, el oficio que menciono en el apartado número 3 de "Hechos", haciendo de mi conocimiento que ya no formaba parte de la nómina que para esa fecha correspondía para el pago de mi salario, y el de los demás empleados, lo cual pude verificar en ese momento.

En este punto y para acreditar ante ese H. Tribunal mi dicho, solicito se gire atento exhorto a las áreas competentes del Instituto Federal Electoral: Dirección Ejecutiva de Administración, Junta Local Ejecutiva en el Estado de Guanajuato, y 12 Junta Distrital Ejecutiva en la ciudad de Celaya, Gto., con domicilio, la primera de ellas, en que se menciona como el de la demanda; la segunda con domicilio en Villas Manchegas No.____, Kilómetro_________Carretera Silao-Guanajuato, en el Estado de Guanajuato y la tercera, con domicilio en calle Benito Juárez No. 358, Zona Centro, de la ciudad de Celaya, Gto., para que remitan a ese H. Tribunal Federal los documentos originales, la primera, y certificaciones las nombradas en segundo término, que se aluden en este punto.

6.- Es el hecho, que por oficio No. VE/0023/2001, de fecha 12 de enero de 2001, ya mencionado, se hizo de mi conocimiento que en virtud de la ejecución del acuerdo de fecha 11 de octubre de 1999 y en base en las políticas de programas laborales de la Dirección Ejecutiva de Administración y por ajuste presupuestal, mi plaza que venía desempeñando se suprime con fecha 31 de diciembre de 2000, procediendo mi LIQUIDACIÓN Y PAGO DE LA COMPENSACIÓN RESPECTIVA, QUEDANDO SEPARADA DEL INSTITUTO, es decir, sin oposición, concurso, o prioridad escalafonaria, con los demás empleados del Instituto y desconociendo los criterios que se siguieron para que la exponente fuera despedida injustificadamente, sin tomar en cuenta mi antigüedad, en relación con los demás empleados, mi capacidad reconocida por el propio Vocal Ejecutivo de la 12 Junta Distrital Ejecutiva, en su escrito del 25 de julio del año 2000, notándose literalmente el despecho jurídico a lo establecido en el artículo 43 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, así como tampoco responde a los objetivos planteados en el Estatuto del Servicio Profesional Electoral y del Personal del Instituto Federal Electoral, en su artículo 3, fracciones II y V, y por lo tanto, al no existir causa justificada para la separación del Instituto Federal Electoral, desde este momento pido se ordene mi reinstalación y el pago de los salarios vencidos hasta la consumación del laudo.

7.- Es el hecho que la exponente no soy conforme con la alusión que se pretende dar el acuerdo de la Junta General Ejecutiva por aplicación del Artículo 212 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral y del Personal del Instituto Federal Electoral, si existe éste, porque el propio artículo 212 del Estatuto, en relación al 222 y 224 del Reglamento en cita, establece los supuestos y procedimientos conducentes, máxime que a la fecha había hecho los trámites administrativos para mi readscripción a la 08 Junta Distrital Ejecutiva en la ciudad de Salamanca, Gto., con el beneplácito verbal y escrito de las autoridades del propio Instituto, en sus áreas central, local y distrital en virtud de que la plaza original que venía desempeñando en la Junta mencionada, no ha sido suprimida, sino antes bien, a la fecha es ocupada por el personal temporal, con cargo a honorarios, por lo que de haberse llevado a efecto una reestructuración en igualdad de condiciones buen juicio y con el reconocimiento a la calidad de mis servicios al Instituto, el propio y aludido Artículo 212 párrafo segundo, en relación al 209, 222, 224 fracción I y III, 225 párrafo segundo, 226, del Estatuto del Servicio Profesional Electoral y del Personal del Instituto Federal Electoral, define su procedimiento, así como el artículo 51 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, de supletoriedad aplicable, y lo ordenado por nuestra Carta Magna en su Artículo 123, Apartado "B", fracción VIII. Adjuntando en este proemio los acuses de recibo a mi solicitud, y además documentos relativos, que acreditan mi dicho".

Ofreció como pruebas de su parte: dos recibos de pago expedidos por la demandada a nombre de la actora, de fechas siete de diciembre de dos mil y ocho de enero de dos mil uno, por un importe neto de tres mil quinientos sesenta y cinco pesos con seis centavos y veintitrés mil tres cientos ochenta y ocho pesos con ochenta y un centavo, respectivamente; copia simple del acuerdo de la Junta General Ejecutiva del once de octubre de mil novecientos noventa y nueve, por el que se aprobaron los lineamientos y procedimientos para el pago de compensación por término de la relación laboral al personal que por renuncia deje de prestar sus servicios en el Instituto Federal Electoral; copia simple de las normas aplicables a servicios personales y programas laborales; escrito de fecha diez de enero del año en curso, suscrito por la actora y dirigido al Vocal Secretario de la 12 Junta Distrital Ejecutiva en el Estado de Guanajuato, por el que solicita la devolución del fondo del ahorro capitalizable; recibo de pago por la cantidad de veintitrés mil doscientos ochenta y ocho pesos con ochenta y un centavos, suscrito por la accionante, por concepto de pago por única vez; oficio número VE/0023/2001 del doce de enero del año en curso, suscrito por el Vocal Ejecutivo de la Junta Distrital Ejecutiva del 12 Distrito Electoral Federal, dirigido a la parte demandante, por el que le informa que deja de prestar sus servicios en el Instituto Federal Electoral; dos escritos fechados el quince de enero del presente año, suscritos por la oferente y dirigidos, el primero, al vocal secretario de la 12 Junta Distrital Ejecutiva, por el que solicita copia certificada del comunicado referente a su separación, y el segundo, dirigido al Vocal Ejecutivo de la mencionada Junta Distrital, por el que solicitó copia certificada de la nómina correspondiente a la primera quincena del año en curso y la expedición de una constancia de los motivos por los que fue separada del Instituto demandado; dos constancias de estudio expedidas a favor de Gloria Hernández Espinosa y de Raúl Lucero Hernández, respectivamente; copias con acuse de recibo de los escritos de fechas veinticuatro de julio y once de septiembre del año dos mil, suscritos por la promovente y dirigidos al Vocal Ejecutivo de la Junta Local en el Estado de Guanajuato, por los que solicita su cambio de adscripción; dos oficios de fechas veintiuno y veinticinco de julio del dos mil, firmados por el Vocal Ejecutivo de la Junta Distrital en comento, dirigidos a la hoy actora, por los que se le hace saber que no tiene inconveniente de su cambio de adscripción, y el agradecimiento por su trabajo en el proceso electoral federal pasado; oficio número DESPE/578/98 del dos de abril de mil novecientos noventa y ocho, firmado por el Director Ejecutivo del Servicio Profesional Electoral y dirigido a la actora, por el que se le informa que debe participar en el concurso respectivo para ingresar al Servicio Profesional Electoral; oficio del tres de marzo de mil novecientos noventa y tres por el que el subdirector de sistemas y operaciones de pago hace constar el cargo que desempeñaba la promovente en esa fecha; recibo número 2137801, expedido por la Secretaría de Educación Publica a favor de Enrique Vera Hernández por la cantidad de setecientos setenta pesos.

3. El Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, mediante acuerdo del veinte de febrero de este año, se declaró incompetente para conocer del presente asunto y remitió los autos a esta Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

4. Recibido que fue el escrito inicial de demanda en la oficialía de partes de esta Sala Superior, el mismo fue turnado al Magistrado Eloy Fuentes Cerda, quien por proveído de diecinueve de marzo de dos mil uno, admitió a trámite la demanda y ordenó correr traslado con copia de la misma y sus anexos al Instituto Federal Electoral.

5. El referido Instituto dio contestación a la demanda formulada en su contra por Gloria Hernández Espinosa, negando la procedencia de la misma en todas y cada una de sus partes al tenor siguiente:

"C U E S T I ÓN P R E V I A

Como cuestión previa, se hace valer la excepción de caducidad en términos de lo dispuesto por el artículo 96 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, en virtud de que la hoy actora tuvo conocimiento de la reestructuración efectuada en la plaza que venía ocupando, con fecha 15 de enero del año en curso, fecha en que le fue notificado el oficio VE/0023/2001, de fecha 12 de enero del mismo año, el cual ofrece como prueba la propia actora tal y como se puede observar del mismo, por lo que antes de entrar al fondo del presente conflicto, se hace notar que la acción intentada por la actora en el presente juicio, resulta notoriamente extemporánea, de conformidad a la tesis de jurisprudencia emitida por este H. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ya que ésta presentó su demanda ante esta H. Autoridad hasta el mes de marzo, tesis que a continuación se transcribe:

"ACCIONES DE LOS SERVIDORES DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL. EL PLAZO PARA EJERCITARLAS ES DE CADUCIDAD. (SE TRANSCRIBE TÉSIS).

Resultando de lo anterior, improcedente su acción intentada, ya que de la fecha en la que tuvo conocimiento de la supresión de la plaza que ocupaba por un ajuste presupuestal sufrido por mi representada, a la fecha de presentación de la demanda ante ese H. Tribunal (que tomando en cuenta el acuerdo de fecha 19 de marzo del 2001 emitido por el Magistrado Eloy Fuentes Cerda fue aproximadamente el 16 de marzo), transcurrió en exceso el término de 15 días hábiles establecido en el artículo 96, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, para que la parte demandante hiciera valer su acción ante la Autoridad correspondiente, oponiendo desde este momento por resultar procedente, la EXCEPCIÓN DE CADUCIDAD, en los términos de la Tesis Jurisprudencial que se menciona, permitiéndome transcribir el citado artículo para mayor referencia:

"ARTÍCULO 96

1. El Servidor del Instituto Federal Electoral que hubiere sido sancionado o destituido de su cargo o que considere haber sido afectado en sus derechos y prestaciones laborales, podrá inconformarse mediante demanda que presente directamente ante la Sala Superior del Tribunal Electoral, dentro de los quince días hábiles siguientes al en que se le notifique la determinación del Instituto Federal Electoral ."

Acción que se encuentra a todas luces caduca ya que claramente se nota que dejó transcurrir en exceso los 15 días mencionados desde el 15 de enero del 2001, haciendo notar el dolo y mala fe con los que se condujo la actora al haber presentado su escrito inicial de demanda ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje con fecha 6 de febrero del año en curso, siendo que en el año de 1999 presentó dos demandas distintas ante ese Tribunal Electoral, las cuales fueron radicadas con números de expediente SUP-JLI-025/99, por lo que ella tenía pleno conocimiento de que ese H. Tribunal era la autoridad competente para conocer de su conflicto y no obstante presentó su demanda ante autoridad diversa con el presumible objeto de retardar su trámite o de entorpecer la actuación de esa superioridad, por lo que se deberá tomar en cuenta la fecha en la cual presentó su escrito de demanda ante este Tribunal Electoral que fue aproximadamente el 15 de marzo del año en curso. No obstante lo anterior y para efectos de que mi representada no quede en estado de indefensión, se contesta la demanda de la siguiente manera:

EN CUANTO A LAS PRESTACIONES QUE SEÑALA EN EL PROEMIO DE SU DEMANDA SE CONTESTA

1.- Carece de acción y derecho la actora para reclamar de mi representada la reinstalación en el empleo que ocupaba, toda vez que en el mes de diciembre del año 2000 se suprimieron algunas plazas en el Instituto Federal Electoral con motivo de una reestructuración administrativa, entre las cuales se encontraba la plaza de la C. GLORIA HERNÁNDEZ ESPINOSA, habiéndole otorgado finiquito con salario integrado equivalente a 3 meses más 12 días por cada año trabajado por concepto de prima de antigüedad, conforme a lo establecido en el "Acuerdo JGE/61/99 de la Junta General Ejecutiva del Instituto Federal Electoral por el cual se aprueban los lineamientos y procedimientos para el pago de compensación por término de la relación laboral al personal que por renuncia deja de prestar sus servicios en el Instituto Federal Electoral" así como en sus lineamientos aprobados en sesión ordinaria el 11 de octubre de 1999, en relación con el artículo 212 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral y del Personal del Instituto Federal Electoral, los cuales se transcriben en su parte conducente para mayor referencia a continuación:

"CONSIDERANDO

...

IV. Que por las cargas de trabajo, la responsabilidad del personal de estructura en el desempeño de sus funciones y por el tiempo laborado se considera pertinente otorgar una compensación por término de la relación laboral al personal que por renuncia deje de prestar sus servicios en el Instituto, en los términos que se precisan en los lineamientos y procedimientos, objeto del presente acuerdo.

...

ACUERDO

...

CUARTO.- El pago de la compensación materia del presente acuerdo, se hará extensivo a aquellos servidores del Instituto Federal Electoral que como consecuencia de una reestructuración o reorganización administrativa que implique supresión o modificación de áreas dentro de este Instituto o en su estructura ocupacional, queden separados del mismo, debiendo observarse lo dispuesto por el Estatuto del Servicio Profesional Electoral y del Personal del Instituto Federal Electoral con relación a este punto...

...

OCTAVO.- Tomando en consideración que el pago de los doce días de salario por año de servicios prestados, a que hacen referencia los lineamientos que se aprueban, se le entregan al servidor de este Instituto por concepto de prima de antigüedad, y que el monto de tal prestación es superior al establecido por la Ley Federal del Trabajo en tanto que no se le aplica el límite establecido por los artículos 162 y 486 de dicho ordenamiento, con el pago de los mismos se tendrá por cubierta cualquier reclamación que se haga por dicho concepto...

..."

"LINEAMIENTOS

...

NORMAS

- Al personal que con plaza presupuestal del nivel 14 al 27-C con renuncia voluntaria a la relación jurídico laboral del Instituto se le otorgará el finiquito, con salario integrado equivalente a 3 meses más 12 días por cada año trabajando por concepto de prima de antigüedad.

- ..."

"ARTÍCULO 212.- El personal administrativo podrá quedar separado del Instituto cuando se lleve a cabo una reestructuración o reorganización que implique la supresión o modificación de áreas del organismo o de su estructura ocupacional.

..."

Por lo que atento a lo anterior, mi representada tomando en consideración los años de servicios prestados y el desempeño de la hoy actora, le entregó la cantidad de $23,388.81 pesos, por concepto de finiquito de prestaciones, suma con la que quedó cubierta en exceso cualquier cantidad que le hubiera podido corresponder a la actora derivada de su relación laboral y que recibió la actora con fecha 15 de enero del 2001, firmando el recibo correspondiente el 9 de enero de 2001, documento en el que manifestó que le fue liquidada la totalidad de las cantidades en dinero estipuladas para el nivel del puesto que tenía asignado, que aunque puso la leyenda de que firmaba bajo protesta, se hace notar que a nadie se le obliga a recibir dinero y mucho menos a hacer uso de éste, resultando absurda su pretensión, toda vez que con el hecho de haberlo recibido manifestó tácitamente su conformidad con ello, además de que derivado de que recibió dicha cantidad por concepto de finiquito que lleva implícito su anuencia en la conclusión de la relación de trabajo, por lo que carece de acción y derecho para reclamar la reinstalación que en este correlativo indica ya que con el mismo se dio por pagada de todas las prestaciones que le pudieron haber correspondido derivadas de su relación con mi representada, siendo que la propia actora aceptó que le fuera cubierta dicha cantidad ya que en días anteriores a que ésta le fuera entregada, acordó con el Vocal Ejecutivo del 12 Distrito Electoral Federal en el Estado de Guanajuato dicha suma, habiendo dicho que quedaba satisfecha con la misma, como se acreditará en el momento procesal oportuno.

2.- Carece de acción y derecho la hoy actora para reclamar del Instituto el pago de los salarios vencidos que refiere y los gastos que "se tengan que erogar con motivo del presente juicio" y mucho menos en la forma que falsamente indica, ya que en ningún momento fue despedida ni mucho menos injustificadamente como señala, insistiendo que derivado de la adecuación a la plantilla presupuestal para el año 2001 o reestructuración presupuestal en la que quedó suprimida la plaza que ocupaba, mi representada le pagó la cantidad de $23,388.81 pesos de conformidad a lo establecido en el "Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Federal Electoral por el cual se aprueban los lineamientos y procedimientos para el pago de compensación por término de la relación laboral al personal que por renuncia deja de prestar sus servicios en el Instituto Federal Electoral" así como en sus lineamientos, por concepto de finiquito en atención al tiempo que laboró y a las funciones desempeñadas, suma que aceptó la actora y que comprendía todas las percepciones inherentes al puesto que ocupaba tal y como consta en el escrito de recibo de finiquito que la propia actora ofrece como prueba de su demanda, de fecha 9 de enero del 2001, haciendo notar que por ser ésta una prestación accesoria a la principal deberá seguir la misma suerte y que por lo que hace a los gastos que reclama carece de acción y derecho para reclamarlos ya que como es de explorado derecho, dichos pagos no se hacen en materia laboral, toda vez que no se encuentra disposición alguna que regule este tipo de reclamaciones, tanto en materia laboral como en materia electoral, además de que es gratuito el servicio que presta el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con lo establecido por el párrafo segundo del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en relación con el artículo 19 de la Ley Federal del Trabajo.

3.- Carece de acción y derecho la actora para demandar de mi representada la nulidad del oficio VE/0023/2001, de fecha 12 de enero del 2001, dirigido a la C. GLORIA HERNÁNDEZ ESPINOSA por el Vocal Ejecutivo del 12 Distrito Electoral Federal en el Estado de Guanajuato, resultando inútil e intrascendente esta reclamación, en virtud de que en dicho oficio se le hace saber a la actora que por motivos de un ajuste presupuestal sufrido por mi representada la plaza que ocupaba había sido suprimida con fecha 31 de diciembre del 2000, y que en cumplimiento al Acuerdo aprobado el 11 de octubre de 1999, antes citado, se le otorgaba su finiquito legalmente equivalente a 3 meses más 12 días por año trabajado por concepto de antigüedad, por lo que dicho oficio únicamente fue para dar cumplimiento a las necesidades presupuestales de mi representada más no fue una determinación unilateral de quien lo suscribió que en este caso fue el Vocal Ejecutivo del 12 Distrito Electoral Federal en el Estado de Guanajuato, resultando que, como se ha dicho, derivado de su notificación del oficio en cuestión, la actora recibió la cantidad de $ 23,388.81 por concepto de finiquito, siendo que en el supuesto no concedido de que dicho oficio no hubiera existido, hubiera habido otro medio legal para hacerle saber su situación laboral con el Instituto además de que, se insiste, la actora recibió la suma antes citada no habiendo sido obligada a cobrarla ni mucho menos a gastarla, por lo que lejos de obrar dicho oficio en su perjuicio, por medio de éste se le hizo de su conocimiento la situación en la que se encontraba su plaza y sus derechos para recibir lo que en derecho le correspondía en su beneficio.

EN CUANTO A LOS HECHOS SE CONTESTA

1.- Es falso y por lo tanto se niega el hecho en el correlativo que se contesta, siendo lo único cierto que ingresó a laborar para mi representada con fecha 1 de abril de 1991 con nivel 25, con la plaza de especialista técnico adscrita al 08 Distrito Electoral Federal en el Estado de Guanajuato, siendo falso el horario que aduce que tenía en los años que refiere, haciendo notar la obscuridad y la mala fe con la se conduce, ya que resulta increíble que una persona pueda trabajar tantas horas al día como las 24 horas! que indica la actora, por lo que se opone la excepción de obscuridad y defecto legal de la demanda, en virtud de que omite señalar circunstancias de modo tiempo y lugar, dejando a mi representada en completo estado de indefensión para poder excepcionarse debidamente, tales como, fechas, periodos, horario en los que supuestamente trabajo esas horas extras, lugar o lugares en donde las laboró, el trabajo que desarrolló, nombres de las personas de las que recibía la indicación, etcétera, situación que deja a mi representada en completo estado de indefensión para poder excepcionarse debidamente, por tal motivo y sin conceder, se deja la carga de la prueba a la actora, para que acredite lo que afirma debiéndole tener por precluido su derecho para hacerlo con posterioridad de conformidad a lo establecido por el artículo 97 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, resultado aplicable la tesis que a continuación se transcribe:

"HORAS EXTRAS (SE TRANSCRIBE TESIS)

Asimismo solicito a esa H. Sala, que al momento de resolver el presente conflicto tome en cuenta la tesis I 6. T.7 sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo, del Primer Circuito, publicado en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación No. 41, página 41, del mes de mayo de 1991, que a la letra dice:

"HORAS EXTRAORDINARIAS.- APRECIACIONES EN CONCIENCIA POR LAS JUNTAS (SE TRANSCRIBE TÉSIS)

En el mismo orden de ideas, también resulta aplicable la siguiente jurisprudencia emitida por la Cuarta Sala del Tribunal Colegiado que me permito transcribir:

"HORAS EXTRAS, RECLAMACIONES INVEROSÍMILES (SE TRANSCRIBE TÉSIS)

Además, se hace del conocimiento de esta H. Sala, que el horario de labores establecido por el Instituto Federal Electoral, es el comprendido de las 9:00 a las 18:00 horas, de lunes a viernes de cada semana, con derecho de una hora para tomar sus alimentos fuera del Instituto de conformidad con lo establecido en el acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Federal Electoral por el que se establece la jornada laboral, aprobada el 6 de mayo de 1998, el cual se transcribe en su parte medular para mayor referencia:

"ACUERDO

UNICO.- SE APRUEBA A PARTIR DEL PRÓXIMO 6 DE MAYO DE 1998 LA APLICACIÓN DE LA JORNADA LABORAL DE NUEVE A DIECIOCHO HORAS CON UNA HORA PARA COMER, POR REGLA GENERAL DE LUNES A VIERNES EN LOS ÓRGANOS CENTRALES Y DESCONCENTRADOS DEL INSTITUTO..."

Por lo que se insiste en lo contradictorio de la prestación que reclama la actora y el lucro indebido que pretende obtener al reclamar, por lo cual, corresponderá a ésta acreditar que efectivamente prestó sus servicios a mi mandante en ese inverosímil e increíble horario, lo cual se insiste es falso, por lo que carece de acción y derecho para reclamar su pago, haciendo notar también la contradicción en la que incurre la actora con relación a lo manifestado en el apartado 5 de su demanda, debiendo tener como confesión expresa de su parte el hecho de que dice que su horario era de las 9:00 a las 18:00 horas con una hora de descanso para tomar alimentos, jornada que también se ajusta a lo establecido por el artículo 289, fracción II, del Estatuto del Servicio Profesional Electoral y del Personal del Instituto Federal Electoral, situación que deberá tomar en cuenta este H. Tribunal al momento de resolver el presente asunto.

2.- Es cierto el hecho en el correlativo que se contesta, con la salvedad de que las funciones que realizaba eran exclusivamente las inherentes al puesto que desempeñaba como especialista técnico.

3.- Es falso y se niega el hecho en el correlativo que se contesta, lo cierto sobre el particular es que a la fecha en la que ingresó la actora a laborar para mi representada, es decir, el 1 de abril de 1991, tenía una percepción mensual de $652,071.00 antiguos pesos, haciendo notar la falsedad con la que se conduce a este respecto como se acreditará en su oportunidad, siendo igualmente falso que haya prestado como se acreditará en su oportunidad, sus servicios para mi representada hasta el 15 de enero del 2001 ya que no siguió laborando a partir del 31 de diciembre del 2000 y del 8 de enero en que regresó de vacaciones (como ella misma lo indica en el apartado 5 del capítulo de hechos de su demanda) al 15 de ese mismo mes, únicamente se presentó para ver los trámites de su finiquito, haciendo notar la falsedad en la incurre y la contradicción toda vez que ofrece como prueba de su parte un escrito de fecha 10 de enero signado por ella misma y dirigido al Vocal Secretario de la 12 Junta Distrital Ejecutiva en Guanajuato, en el que claramente manifiesta que "hasta el 31 de Diciembre laboré en esta 12 Junta Distrital en el Estado de Guanajuato...", con lo que queda de manifiesto que el último día que laboró para mi representada fue hasta el 31 de diciembre del año próximo pasado, en el entendido de que gozó de sus vacaciones del 22 de diciembre del 2000 al 7 de enero del 2001. Lo único cierto es que la actora percibía como último salario la cantidad de $1,547.04 pesos quincenales, los cuales arrojan la cantidad de $103.13 pesos diarios como se demostrará más adelante. Por otra parte es falso y se niega que se le haya notificado el oficio que alude de manera injustificada, insistiendo que por haberse suprimido la plaza que ocupaba la actora derivado de la reestructuración o reorganización presupuestal que sufrió mi representada y con base al acuerdo aprobado el 11 de octubre de 1999 antes señalado, fue que se le otorgó el finiquito que en derecho le correspondía como se señalará en los apartados siguientes, habiendo manifestado que se daba por pagada de todas las percepciones inherentes al puesto que ocupaba y habiendo cobrado la cantidad de $23,388.81 pesos por dicho concepto.

4 y 5.- Son falsos y por lo tanto se niegan los hechos en los correlativos que se contestan, por la forma dolosa en la que los narra la actora, haciendo notar el reconocimiento expreso de la misma, del "Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Federal Electoral por el cual se aprueban los lineamientos y procedimientos para el pago de compensación por término de la relación laboral al personal que por renuncia deja de prestar sus servicios en el Instituto Federal Electoral" así como en sus lineamientos, los cuales incluso ofrece y exhibe como prueba de su parte, siendo por demás falso que haya sido sujeto de un despido ya que como se ha dicho, por haber sufrido mi representada una reorganización presupuestal y reestructuración que derivó en la supresión de la plaza que ocupaba y con base en dicho Acuerdo, fue que se le otorgó el finiquito que en derecho le correspondía, siendo cierto que la actora disfrutó de sus vacaciones en el período que indica y el horario que aduce que tenía, haciendo notar nuevamente la contradicción en la que incurre con relación al apartado 1 de este capítulo de su demanda ya que por un lado aduce que tenía un horario inverosímil de tantas horas y, por otro, dice que su horario era de las 9:00 a las 18:00 horas con una hora para tomar alimentos, como es en realidad, lo cual deberá ser tomando en cuenta por ese Tribunal al momento de resolver este asunto.

Sobre este mismo punto cabe señalar, que mi mandante en atención a la antigüedad que tenía la hoy actora en su servicio, así como al desempeño mostrado en su trabajo, le entregó la cantidad de $23,388.81 pesos, por concepto de pago finiquito de prestaciones con base en el multicitado acuerdo aprobado el 11 de octubre de 1999, la cual comprendió el pago de la quincena del 1 al 15 de enero del 2001 no obstante que no laboró en dicha fecha para mi representada, sino que como ya se dijo, fue hasta el 31 de diciembre del 2000 y se presentó en ocasiones hasta el 15 de enero para ver los trámites de su finiquito correspondiente, el cual cubrió los siguientes conceptos:

CONCEPTO

CANTIDAD

Tres meses de salario a razón de $103.13 diarios

$9,281.70

Prima de antigüedad a razón de 12 días por año (108 días tomando en cuenta su fecha de ingreso el 1 de abril de 1991)

$11,138.04

Parte proporcional de prima de antigüedad (9.5 días)

$979.73

Quincena del 1 al 15 de enero del 2001

$1,547.04

Pago de cualquier otra cantidad que le pudiera corresponder derivada de su relación de trabajo

$442.30

TOTAL

$23,388.81

Esta cantidad le fue entregada a la actora el 15 de enero del 2001, y si bien, la actora en esa fecha le puso la leyenda "bajo protesta" en el recibo de finiquito correspondiente, aceptó de conformidad tal cantidad, dándose por pagada de todas y cada una de las prestaciones a que tenía derecho conforme al puesto que venía desempeñando, no reservándose acción, ni derecho alguno que ejercitar con posterioridad en contra del Instituto Federal Electoral, por lo que se hace del conocimiento de este Tribunal que mi representada, durante el tiempo que duró la relación laboral con la C. GLORIA HERNÁNDEZ ESPINOSA, cubrió todas y cada una de las prestaciones a que tuvo derecho y que además en atención al tiempo laborado para mi representada, esta última cubrió en exceso aquellas a las que tenía derecho como lo es la quincena del 1 al 15 de enero del 2001 como se puede observar del simple cálculo que se haga del finiquito en cuestión.

Por lo que se hace a la solicitud de que se gire oficio a este Instituto a fin de que se remitan las certificaciones que refiere, se hace del conocimiento de esta H. Sala que la nómina correspondiente será exhibida como prueba en el capítulo respectivo y por lo que hace al oficio y recibo que refiere la actora, éste fue ofrecido como prueba por la misma, por lo que resulta inútil la petición que hace a este respecto.

6.- Es falso y por lo tanto se niega el hecho en el correlativo que se contesta, debiéndose tomar en cuenta el reconocimiento expreso que hace la actora del acuerdo aprobado el 11 de octubre de 1999 y por lo tanto de su contenido literal, siendo falso que no se haya tomado en cuenta su antigüedad, ya que como se ha dicho, en el finiquito referido en el apartado anterior, se tomaron en cuenta los 9 años, 9 meses y 15 días que laboró para mi representada, insistiendo que con base en el artículo 212 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral y del Personal del Instituto Federal Electoral y lo establecido en el acuerdo antes citado, y por haberse suprimido la plaza que venía ocupando la actora fue que se le otorgó el mismo conforme a derecho, resultando inaplicable lo establecido por el artículo 43 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, haciendo notar que la actora no dice a cuál de las fracciones de dicho numeral se refiere, dejando a mi representada en completo estado de indefensión para poder excepcionarse debidamente, sin embargo, no resulta aplicable toda vez que son el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y el Estatuto del Servicio Profesional Electoral y del Personal de Instituto Federal Electoral los ordenamientos que por mandato del artículo 41 constitucional, rigen las relaciones laborales entre el Instituto Federal Electoral y sus servidores y en el caso que nos ocupa la actora no encuadra en ninguno de los supuestos que indica el artículo 43 de referencia. Siendo falso además, que no haya respondido mi representada a los objetivos que señala el citado Estatuto, insistiendo que carece de derecho y acción la actora para demandar la reinstalación y los salarios caídos que en este correlativo indica, ya que le fue pagado el finiquito que en derecho procedía conforme al propio Estatuto y al acuerdo multicitado de 11 de octubre de 1999, remitiéndome a lo manifestado en el capítulo de Prestaciones por lo que hace a dichos conceptos en obvio de repeticiones.

7.- Es falso y por lo tanto se niega el hecho en el correlativo que se contesta, haciendo notar que la actora no encuadra en los supuestos de los artículos 222, 224, 225, 226 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral y del Personal del Instituto Federal Electoral ya que los mismos se refieren al traslado de personal, cambios de adscripción del mismo por necesidades del Instituto o disposición del personal, y en el caso que nos ocupa, derivado de una reestructuración que sufrió mi representada que hizo necesaria la supresión de la plaza que ocupaba la C. GLORIA HERNÁNEZ ESPINOSA entre otras, fue que se le otorgó el finiquito a que se ha hecho alusión a lo largo del presente escrito, resaltando que la actora no ofrece medio de convicción ni de prueba alguno que sustente la afirmación que hace consistente en que existe otra plaza en el 08 Distrito Electoral Federal en el Estado de Guanajuato que pudo haber ocupado, dejándole la carga de la prueba para que acredite su dicho en este punto, debiéndole tener por precluido su derecho para hacerlo con posterioridad conforme a lo establecido por el artículo 97 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, no siendo aplicable tampoco, lo establecido por el artículo 123, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos toda vez que por mandato constitucional, son el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y el Estatuto mencionado, los ordenamientos que rigen las relaciones laborales entre mi representada y sus servidores, por lo que de igual manera, no encuadra en los supuestos que refiere el artículo 51 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado.

OBJECIÓN A LAS PRUEBAS DE LA ACTORA

Primeramente, en forma general se objetan en cuanto al alcance y valor probatorio, que pretende atribuirles su oferente, haciendo notar que con las mismas en ningún momento acredita los extremos planteados en la litis además de que no se encuentran ofrecidas conforme a derecho además de que sólo se encuentran agregadas las documentales a que se hará referencia más adelante, por lo que en forma pormenorizada se objetan las mismas de la siguiente manera:

1. El recibo de pago por concepto de finiquito por la cantidad de $23,388.81 pesos, en cuanto al alcance y valor probatorio que supuestamente pretende atribuirle la actora, prueba que hago mía para acreditar que mi representada otorgó a la C. GLORIA HERNÁNDEZ ESPINOSA dicha cantidad por concepto de finiquito, la cual cubrió todas y cada una de las prestaciones a que tuvo derecho.

2. El recibo de pago del 1 al 31 de diciembre del 2000, en cuanto al alcance y valor probatorio que pretende atribuirle su oferente, prueba que hago mía para acreditar que le fue pagada a la actora dicha mensualidad.

3. La copia del Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Federal Electoral por el cual se aprueban los lineamientos y procedimientos para el pago de compensación por término de la relación laboral al personal que por renuncia deja de prestar sus servicios en el Instituto Federal Electoral, en cuanto al alcance y valor probatorio que pretende atribuirle la actora, haciendo notar que la copia certificada de dicho Acuerdo será ofrecida como prueba más adelante para acreditar lo manifestado a lo largo del presente escrito y que está incompleta la copia que ofrece la actora junto con su demanda, como se acreditará en su oportunidad.

4. Escrito de fecha 10 de enero del 2001, signado por la C. GLORIA HERNÁNDEZ ESPINOSA, en cuanto al alcance y valor probatorio que pretende atribuirle, prueba que hago mía y que relaciono con lo manifestado en los apartados 3, 4 y 5, del capítulo de Hechos de la demanda, para acreditar que la actora laboró hasta el 31 de diciembre para mi representada como ella misma lo indica en el escrito de referencia en el que solicitó el pago de FONAC que le correspondía.

5. El recibo de finiquito de fecha 9 de enero del 2001, por la cantidad de $23,388.81, en cuanto al alcance y valor probatorio que pretende atribuirle la actora, prueba que hago mía y que relaciono con todo lo manifestado a lo largo del presente escrito de contestación y en especial con los apartados 3, 4 y 5 del capítulo de Hechos, para acreditar que le fueron cubiertas todas y cada una de las prestaciones a que tuvo derecho y en exceso incluso, de conformidad con el cuadro transcrito en los apartados 4 y 5 antes citados.

6. El oficio VE/0023/2001, de fecha 12 de enero del 2001, dirigido a la hoy actora por el Vocal Ejecutivo del 12 Distrito Electoral Federal en el Estado de Guanajuato, en cuanto al alcance y valor probatorio que pretende atribuirle la oferente, prueba que hago mía, relacionándola con todo lo manifestado en el presente escrito, para acreditar que en virtud del Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Federal Electoral por el cual se aprueban los lineamientos y procedimientos para el pago de compensación por término de la relación laboral al personal que por renuncia deja de prestar sus servicios en el Instituto Federal Electoral, y por el ajuste presupuestal que sufrió mi representada, la plaza que ocupaba quedó suprimida y por tanto tenía el derecho de recibir el finiquito que en derecho le correspondía.

7. El escrito de fecha 15 de enero del 2001 dirigido por la C. GLORIA HERNÁNDEZ ESPINOSA al Vocal Secretario del 12 Distrito Electoral Federal en el Estado de Guanajuato, en el que solicita copia certificada de documento diverso, en cuanto al alcance y valor probatorio que pretende atribuirle, haciendo notar que la misma no se relaciona con los hechos controvertidos en la litis.

8. El escrito de fecha 15 de enero de 2001, dirigido al Vocal Ejecutivo del 12 Distrito Electoral Federal por la hoy actora, en el que solicita copia certificada de otros documentos, en los mismos términos que la probanza anterior.

9. Constancia de estudios de la hoy actora, en cuanto al alcance y valor probatorio que pretende atribuirle además de que la misma en nada tiene relación con la litis planteada en el presente asunto.

10. El escrito que no tiene fecha, ni firma, ni nombre de quien lo suscribe, dirigido al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva en el Estado de Guanajuato, en cuanto al alcance y valor probatorio que le atribuye la actora, haciendo notar que además de que no se relaciona con la litis, el mismo resulta notoriamente obscuro, vago e impreciso por lo que no se deberá dar valor probatorio alguno.

11. El escrito de fecha 21 de julio del 2000 dirigido por la hoy actora al Vocal Ejecutivo de la Junta Local de Guanajuato, en cuanto al alcance y valor probatorio que pretende atribuirle, además de que el mismo no se relaciona con la litis.

12. El escrito de fecha 25 de julio del 2000, dirigido a la hoy actora por el Presidente del 12 Consejo Distrital y Vocal Ejecutivo del 12 Distrito en Guanajuato, en cuanto al alcance y valor probatorio que pretende la actora, insistiendo que tampoco este documento se relaciona con la litis.

13. El oficio VE/1961/2000, de fecha 21 de julio del 2000, en cuanto al alcance y valor probatorio que le atribuye su oferente, haciendo notar que no se relaciona con la litis planteada en este asunto.

14. El oficio DESPE/578/98, de fecha 2 de abril de 1998, en los mismos términos que la probanza anterior.

15. La constancia de la hoy actora signada por el Lic. Alejandro O. Alonso Fonseca, de fecha 24 de marzo de 1993, en los mismos términos de la probanza anterior.

16. La constancia a nombre del C. Raúl Lucero Hernández, de fecha 29 de enero del 2001, en los mismos términos de la probanza anterior.

17. El recibo de cobro a nombre del C. Vera Hernández Enrique, en los mismos términos de la probanza anterior.

EXCEPCIONES Y DEFENSAS

De manera adicional a las excepciones y defensas que han quedado planteadas en el cuerpo del presente escrito, se oponen formalmente las siguientes:

1. LA DE FALTA DE ACCIÓN Y DE DERECHO DE LA HOY ACTORA, para demandar a mi representada las prestaciones que reclama, por las razones de hecho y de derecho que han quedado precisadas al dar contestación al escrito de demanda.

2. LA DE OBSCURIDAD Y DEFECTO LEGAL, de la demanda, toda vez que la actora omite señalar circunstancias de modo, tiempo y lugar en qué basar sus pretensiones, dejando a mi representada en estado de indefensión para poder excepcionarse debidamente, en particular en el capítulo de Hechos de la demanda, de conformidad a lo manifestado en este escrito no obstante que esta representación haya dado contestación a todas y cada una de las partes de la demanda con el objeto de no quedar en estado de indefensión, lo cual no implica que la demanda no sea obscura, ya que la parte actora es obscuro, vago e impreciso, lo que viola el principio de congruencia y armonía procesal, dejando con su proceder en franco estado de indefensión a la parte demandada.

3. LA DE FALSEDAD, en virtud de que la demandante apoya sus reclamaciones en hechos falsos.

4. LA DE PLUS PETITIO. Toda vez que la actora pretende obtener un lucro indebido en perjuicio del patrimonio del Instituto.

5. LA DE CADUCIDAD, en términos de lo dispuesto por el artículo 96 de al Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, ya que de la fecha en la que tuvo conocimiento la actora de la supresión de la plaza que ocupaba con motivo de la reestructuración sufrida por mi representada, a la fecha en la que presentó su demanda ante ese H. Tribunal, transcurrieron en exceso los 15 días hábiles a que se refiere dicho numeral.

6. DE MANERA CAUTELAR LA DE CADUCIDAD, en términos de lo dispuesto por el artículo 96, párrafo 1 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, para todas aquellas prestaciones, cantidades o conceptos que no hayan sido reclamadas por la actora dentro del término de 15 días hábiles a partir de la fecha en que se haya hecho exigible la prestación.

7. LA DE PAGO, por lo que hace a cualquier prestación que le hubiera podido corresponder con motivo del finiquito que conforme a derecho le otorgó mi representada.

8. TODAS LAS DEMÁS que se deriven de los términos en que se encuentra contestada la demanda, atendiendo al principio jurisprudencial de que la acción como la excepción procede en juicio sin necesidad de que se indique su nombre.

Para acreditar las Excepciones y Defensas opuestas por este Instituto, se ofrecen las siguientes:

PRUEBAS

Además de las pruebas que hice mías en el capítulo de Objeción a las Pruebas de la Actora, en los apartados 1, 2, 4 ,5 y 6, se ofrecen las siguientes:

I. LA INSTRUMENTAL PÚBLICA DE ACTUACIONES, consistente en todo lo actuado y por actuar en el presente expediente, en aquello que beneficie los intereses de la parte que represento en especial el escrito de contestación de demanda y las pruebas ofrecidas y el recibo de finiquito que presenta la actora como prueba de su parte, de fecha 9 de enero del 2001, en la que se da por pagada de todas las percepciones que le pudieron haber correspondido derivadas del puesto que ocupaba, derivado de que su plaza fue suprimida con motivo del reajuste presupuestal que sufrió mi representada y con base al Acuerdo aprobado el 11 de octubre de 1999.

II. LA PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA, consistente en las inferencias lógico-jurídicas que realice ese H. Tribunal de los hechos conocidos para averiguar la verdad de los desconocidos, en lo que beneficie a los intereses de mi representado y en especial el hecho de que el Instituto le entregó la cantidad de $23,388.81, como pago finiquito de prestaciones, derivado de la reestructuración que sufrió mi representada y conforme a lo establecido por el Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Federal Electoral por el cual se aprueban los lineamientos y procedimientos para el pago de compensación por término de la relación laboral al personal que por renuncia deja de prestar sus servicios en el Instituto Federal Electoral.

III. LA CONFESIONAL personalísima y no por conducto de apoderado, a cargo del C. GLORIA HERNÁNDEZ ESPINOSA en lo individual, al tenor de las posiciones que se le formularán el día y la hora que se señale para tal efecto, debiéndosele apercibir de tenerla por confesa fictamente de todas y cada una de las posiciones que se le formulen y que sean calificadas de legales para el caso de que deje de comparecer sin justa causa el día y hora que se señale este H. Tribunal.

IV. LA DOCUMENTAL, que se distribuye bajo los siguientes apartados:

a) Original de las nóminas de pago de las quincenas 13/2000, 14/2000, 15/2000, 16/2000, 17/2000, 18/2000, 19/2000, 20/2000, 21/2000, 22/2000 y 24/2000, así como las nóminas 24/2000 gratificación de fin de año 1 parte y 01/2001 nómina de aguinaldo; prueba que se relaciona con todo lo manifestado a lo largo del presente escrito y en especial con el apartado 3 de hechos y se ofrece para acreditar que el último salario que percibía la actora era de $1,547.04 pesos quincenales y que el aguinaldo del último año laborado le fue cubierto en su totalidad.

b) Original de la nómina extraordinaria quincena 01/2001, en la que aparece el pago por concepto de finiquito a la C. GLORIA HERNÁNDEZ ESPINOSA de la cantidad de $23,388.81 pesos; prueba que se relaciona con todo lo manifestado a lo largo del presente escrito de contestación y en especial con los apartados 4 y 5 del capítulo de Hechos y se ofrece para acreditar que la cantidad que le fue cubierta por dicho concepto, cubrió en exceso las prestaciones a que tuvo derecho y que además incluyó la quincena del 1 al 15 de enero del 2001 no obstante que la actora laboró hasta el 31 de diciembre del 2000.

c) Formato Único de Movimientos a nombre de la C. GLORIA HERNÁNDEZ ESPINOSA, prueba que se relaciona con lo manifestado en el apartado 3 del capítulo de Hechos y se ofrece para acreditar que la percepción mensual que tenía la actora mensualmente era por la cantidad de $652,071 antiguos pesos, además de que en ella consta la fecha de ingreso del 1 de abril de 1991.

d) Copia certificada del Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Federal Electoral por el cual se aprueban los lineamientos y procedimientos para el pago de compensación por término de la relación laboral al personal que por renuncia deja de prestar sus servicios en el Instituto Federal Electoral, aprobado el 11 de octubre de 1999, prueba que se relaciona con todo lo manifestado a lo largo del presente escrito de contestación a la demanda y se ofrece para acreditar que derivado del mismo y de la supresión de la plaza que ocupaba la actora por la reestructuración sufrida por mi representada, le fue otorgado el finiquito que en derecho correspondía como se ha venido mencionando.

e) Copia certificada del Acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Federal Electoral por el que se establece la jornada laboral continua a partir del 6 de mayo de 1998; prueba que se relaciona con lo manifestado en el apartado 1 del capítulo de Hechos de este escrito de contestación y se ofrece para acreditar el horario que tienen los empleados del Instituto Federal Electoral que es de 9:00 a 18:00 horas con una hora para alimentos.

Para el caso de fueran objetadas por mi contraparte las documentales ofrecidas en este apartado, en los incisos a) y b) en cuanto a su autenticidad de contenido y firma, no obstante que la carga de la prueba para acreditar la objeción corresponde a la propia objetante por tratarse de la suscriptora, se ofrece como medio de perfeccionamiento la ratificación del contenido y firma a cargo de la C. GLORIA HERNÁNDEZ ESPINOSA, con relación a sus contratos de prestación de servicios profesionales, debiendo señalar día y hora para que se lleve a cabo dicha ratificación, solicitando se le notifique y aperciba en términos de ley.

En el supuesto de que la C. GLORIA HERNÁNDEZ ESPINOSA, llegase a desconocer como suya la firma que aparece en las documentales mencionadas en el párrafo que antecede, se ofrece la pericial calígrafa, grafométrica y grafoscópica, a cargo del Perito LIC. RODOLFO EVANGELISTA RAMÍREZ, a quien me comprometo a presentar el día y hora que se señale para tal efecto, quien deberá rendir su dictamen al tenor del siguiente cuestionario:

1) Que diga el Perito si alguna de las firmas que aparecen en los contratos de prestación de servicios celebrados entre el Instituto Federal Electoral y la C. GLORIA HERNÁNDEZ ESPINOSA, ofrecidos como prueba por parte de este Instituto, en el apartado IV, incisos a) y b) en donde aparece el nombre de la C. Gloria Hernández Espinosa, fueron puestas de su puño y letra.

2) Que diga el Perito sus conclusiones técnico legales.

Reservándome el derecho de ampliar y/o modificar el presente cuestionario si a los intereses de mi representada conviniera.

Para efectos de rendir el dictamen, se deberá tener como firmas indubitables de la actora, las que aparecen en las documentales materia de esta prueba, las que estampe durante sus comparecencias ante esa H. Sala o cualquier otro documento que a juicio del Perito considere necesario, así como los ejercicios caligráficos que realice. Debiendo quedar notificado y apercibido, en caso de negativa o inasistencia, que se tendrá por perfeccionado el documento."

6. Celebrada la audiencia de ley y seguido el juicio por sus trámites legales, se declaró cerrada la instrucción y se citó a las partes para oír sentencia, misma que se pronuncia al tenor de los siguientes:

C O N S I D E R A N D O S :

I. Esta Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es competente para resolver el presente conflicto laboral, de conformidad con los artículos 99, párrafo cuarto, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en concordancia con lo que señalan los artículos 186 fracción III inciso e) y 189 fracción I inciso h), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y 94 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

II. Previa a cualquier consideración, se precisa resolver la excepción de caducidad opuesta por la parte demandada, toda vez que de resultar fundada, se haría innecesario el estudio de fondo de la cuestión planteada.

El Instituto Federal Electoral manifiesta que la acción intentada por la actora resulta extemporánea, en tanto que la demandante tuvo conocimiento de la separación de su empleo el día quince enero del año en curso, y la presentación de su demanda ante esta Sala Superior ocurrió el dieciséis de marzo de este año, transcurriendo en exceso el término de quince días hábiles establecido en el artículo 96 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, para que la actora hiciera valer su acción ante la autoridad correspondiente, argumentando además que la accionante se condujo con dolo y mala fe al haber presentado su escrito de demanda el seis de febrero del presente año ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, sabiendo que la autoridad competente es esta Sala Superior, toda vez que en el año de mil novecientos noventa y nueve la misma actora presentó dos demandas que dieron origen a los juicios SUP-JLI-025/99 y SUP-JLI-051/99.

En concepto de éste órgano jurisdiccional, resulta inatendible la excepción en estudio, por lo siguiente:

El artículo 96, párrafo 1, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral dispone que el servidor del Instituto Federal Electoral que hubiese sido sancionado o destituido de su cargo o que considere haber sido afectado en sus derechos y prestaciones laborales, podrá inconformarse mediante demanda que presente directamente ante la Sala del Tribunal Electoral, dentro de los quince días hábiles siguientes al en que se le notifique la determinación del Instituto Federal Electoral.

El anterior precepto contempla la figura jurídica de la caducidad, pues en tal disposición está expresada la voluntad del legislador de establecer como condición sine qua non de las acciones laborales de los mencionados servidores, que las mismas se ejerciten dentro del plazo de quince días hábiles siguientes al en que se les notifique o conozcan el acto o resolución que consideren lesivos a sus derechos laborales, tal como lo ha sustentado esta Sala Superior en la tesis de jurisprudencia consultable en la revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación "Justicia Electoral", suplemento número 2, año 1988, página 11, bajo el rubro: "ACCIONES DE LOS SERVIDORES DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL. EL PLAZO PARA EJERCITARLAS ES DE CADUCIDAD".

En el presente caso, la parte actora en su escrito inicial, manifiesta que el quince de enero del año en curso le fue notificado el oficio número VE/0023/2001, suscrito por el Vocal Ejecutivo de la 12 Junta Distrital Ejecutiva en la ciudad de Celaya, Guanajuato, mediante el cual le comunicaba la conclusión de la relación laboral con efectos retroactivos al treinta y uno de diciembre del dos mil; por lo que, si la actora en tal fecha tuvo conocimiento de su separación laboral del Instituto Federal Electoral, el plazo de quince días hábiles para ejercitar la acción correspondiente, transcurrió del dieciséis de enero al seis de febrero del año en curso.

De las constancias que informan el presente asunto, se aprecia que la demanda fue presentada ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje el día seis de febrero del año que transcurre, tal como se advierte del sello de recepción correspondiente (foja 4), por lo que es inconcuso, que la acción fue intentada dentro del plazo establecido por la ley de la materia, sin que sea óbice que el escrito de mérito no haya sido presentado directamente ante esta Sala Superior, en materia laboral electoral, la sola presentación de la demanda, aun cuando no se realice ante la autoridad competente, impide que opere la caducidad, pues de conformidad con lo dispuesto por el artículo 94 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, las diferencias o conflictos entre el Instituto Federal Electoral y sus servidores, serán resueltas por lo establecido en el libro Quinto de la propia ley dentro del cual no existe alguna que establezca como causa que impida el estudio de la cuestión planteada, el haberse presentado la demanda ante autoridad diversa a la Sala Superior. De ahí que, carezca de razón la parte enjuiciada, al alegar que en el caso deba considerarse la fecha de presentación de la demanda ante este órgano jurisdiccional, para efectos del cómputo del ejercicio de la acción.

Al no actualizarse la excepción de caducidad hecha valer, procede entrar al fondo de la cuestión planteada por la parte actora.

III. En principio, esta Sala Superior estima necesario precisar el punto principal a dilucidar en la presente controversia, y para ello, es menester señalar lo aducido en el escrito de demanda, así como lo manifestado por el Instituto Federal Electoral al dar contestación a la misma.

Así, en el primero de los escritos indicados, la actora demanda, entre otras prestaciones, la reinstalación del cargo que, como especialista técnico, desempeñaba al servicio de la demandada; aduciendo, en esencia:

a) Que a partir del primero de abril de mil novecientos noventa y uno y hasta el quince de enero del año que transcurre, prestó sus servicios al Instituto demandado en forma ininterrumpida, laborando en el 08 Distrito Electoral Federal y, posteriormente, en el 12 Distrito Electoral Federal, ambos en el Estado de Guanajuato, realizando diversas actividades;

b) Que del veintidós de diciembre de dos mil al siete de enero del año en curso, gozó de su segundo periodo vacacional correspondiente al primer año mencionado, presentándose a laborar normalmente el día ocho de enero del presente año y hasta el día quince siguiente, en que fue separada de su cargo;

c) Que sin mediar causa justificada, el quince de enero de este año, se le notificó mediante oficio VE/0023/2000, suscrito por el Vocal Ejecutivo del 12 Distrito Electoral, la conclusión de la relación laboral que tenía con el Instituto, con efectos retroactivos al treinta y uno de diciembre del año dos mil. En tal documento, continúa la actora, se señala que con base en el acuerdo de once de octubre de mil novecientos noventa y nueve, y de las políticas de programas laborales de la Dirección Ejecutiva de Administración, y por ajuste presupuestal, la plaza que venía desempeñando se suprimió con fecha treinta y uno de diciembre de dos mil, procediendo su liquidación y pago de la compensación respectiva, desconociendo si los lineamientos y el acuerdo ahí mencionados, son o no base de su despido injustificado; presentándole el demandado, al momento de su despido, un finiquito en forma de nómina oficial; un recibo oficial de pago; un recibo extra por la cantidad de $23,888.81 (VEINTITRÉS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 81/100 MONEDA NACIONAL) y un sobre conteniendo la cantidad antes indicada; y

d) Que fue separada sin oposición, concurso o prioridad escalafonaria en relación con los demás empleados del Instituto, y sin tomar en cuenta su antigüedad, ni su capacidad reconocida por el Vocal Ejecutivo del 12 Distrito Electoral; de ahí que no esté conforme con la aplicación del acuerdo de la Junta General Ejecutiva, pues el artículo 212 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral y del Personal del Instituto Federal Electoral, en relación con los numerales 209, 222, 224, 225 y 226 del mismo ordenamiento, en concepto de la promovente, constituyen el fundamento conducente para su readscripción a la 08 Junta Distrital Ejecutiva en la Ciudad de Salamanca, Guanajuato, sobre todo porque ya había realizado los trámites conducentes en virtud de que la plaza que en esa Junta ocupaba no ha sido suprimida, en tanto que está ocupada por personal temporal con cargo a honorarios.

El Instituto Federal Electoral, al dar contestación a la demanda incoada en su contra, negó que la actora tuviera derecho a las prestaciones reclamadas, manifestando:

En relación con los hechos resumidos en los incisos a) y b), que efectivamente la actora ingresó a trabajar para el Instituto el primero de abril de mil novecientos noventa y uno, siendo falso que haya prestado sus servicios hasta el quince de enero del año que transcurre, sino que el último día que laboró fue el treinta y uno de diciembre del año dos mil, tal como se advierte del escrito de diez de enero de este año, dirigido al Vocal Secretario de la 12 Junta Distrital Ejecutiva, en el que la promovente reconoce haber laborado hasta ese día; que del ocho de enero de este año, en que regresó de vacaciones la actora, sólo se presentó al Instituto para realizar los trámites de su finiquito;

En relación con el referido en el inciso c), que igualmente es falso que se le haya despedido injustificadamente, pues ello se debió al ajuste presupuestal atendiendo a las circunstancias administrativas vigentes, derivadas de la racionalización de recursos, austeridad, programas, políticas, ajustes administrativos y financieros en oficinas centrales y órganos desconcentrados del Instituto, lo que derivó en la supresión de la plaza que ocupaba la actora, por lo que con base en el acuerdo de la Junta General Ejecutiva, se le otorgó el finiquito que en derecho correspondía, mismo que le fue entregado el quince de enero de dos mil uno, y si bien, en el recibo se anotó que se recibía bajo protesta, lo cierto es que aceptó la cantidad entregada de conformidad, dándose por pagada de todas las prestaciones a que tenía derecho, no reservándose acción contra el Instituto, cubriéndole, además, en exceso la quincena del primero al quince de enero anterior; y

Finalmente, en cuanto a lo aducido en el inciso d), que contrariamente a lo señalado por la actora, sí le fue reconocida su antigüedad, tan es así que ello se reflejó en el finiquito, resultando, por tanto, inaplicable lo previsto en el artículo 43 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, ya que el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y el Estatuto del Servicio Profesional Electoral y del Personal del Instituto Federal Electoral, son los ordenamientos que regulan las relaciones laborales del Instituto y sus servidores. Asimismo que la actora no encuadra en los supuestos de los artículos 209, 222, 224, 225 y 226 del Estatuto citado, ya que se refieren a traslado de personal, cambios de adscripción por necesidades del Instituto o por disposiciones del personal, y en el caso la actora, fue separada por una reestructuración y ajuste presupuestal, sin que acredite la misma la existencia de la plaza que reclama en el 08 distrito electoral.

Como se advierte de las manifestaciones de las partes reseñadas con antelación, el punto medular a resolver, consiste en determinar si la separación de que fue objeto la actora con motivo de la reestructuración del Instituto Federal Electoral se encuentra o no justificada, en tanto que, su pretensión principal consiste en que se condene a éste su a reinstalación y al pago de salarios caídos, al estimar que fue despedida injustificadamente, ya que al haberse suprimido la plaza que ocupaba, se le debió reubicar en otra área, en términos de los artículos del Estatuto del Servicio Profesional Electoral y del Personal del Instituto Federal Electoral que invoca, máxime que previamente había iniciado trámites para su readscripción.

Antes de establecer si el despido resulta o no ajustado a derecho, se estima oportuno puntualizar lo siguiente:

1. No se encuentra controvertido por las partes, que debido a un ajuste presupuestal, el Instituto Federal Electoral sufrió una reestructuración que motivó la supresión de algunas plazas, entre ellas, la de la actora en el presente juicio.

2. Tampoco constituye un hecho debatido, que la enjuiciante fue separada del puesto que ocupaba al servicio del Instituto demandado en la 12 Junta Distrital Electoral, con sede en Celaya, Guanajuato;

3. Asimismo, queda fuera de controversia, que con motivo del despido de la actora, el Instituto Federal Electoral procedió a indemnizarla en términos del acuerdo de la Junta General Ejecutiva del Instituto Federal Electoral, aprobado el once de octubre de mil novecientos noventa y nueve, por el que se establecen los "Lineamientos y Procedimientos para el pago de compensación por término de la relación laboral al personal que por renuncia deja de prestar sus servicios en el Instituto Federal Electoral"; y

4. No se aduce por parte de la actora que el finiquito que le fue entregado con motivo de la separación no cubra las prestaciones a que tenía derecho.

Una vez hechas las precisiones que anteceden, cabe decir que la separación de la actora debido a la reestructuración del Instituto Federal Electoral no puede estimarse como un despido injustificado, por las razones que a continuación se exponen:

El Estatuto del Servicio Profesional Electoral y del Personal del Instituto Federal Electoral, normatividad que de acuerdo con el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, regula las relaciones laborales entre ese Instituto y sus servidores, dispone en lo conducente:

"ARTICULO 210. La separación es el acto por el cual el personal administrativo deja de prestar sus servicios la Instituto de manera definitiva.

ARTICULO 211. El personal administrativo quedará separado del Instituto por las causas siguientes:

I. Renuncia;

II. Retiro por edad y tiempo de servicios;

III. Incapacidad física o mental que le impida el desempeño de sus funciones;

IV. Fallecimiento;

V. Retiro por programas establecidos en el Instituto; y

VI. Destitución, en los términos de este estatuto.

ARTICULO 212. El personal administrativo podrá quedar separado del Instituto cuando se lleve a cabo una reestructuración o reorganización que implique supresión o modificación de áreas del organismo o de su estructura ocupacional.

En estos casos, el personal administrativo, con base en las necesidades y la disponibilidad presupuestal del Instituto, podrá ser reubicado en otras áreas o puestos."

De una interpretación sistemática de los anteriores preceptos, se desprende que el Instituto Federal Electoral está facultado para separar al personal administrativo, entre otras causas, cuando lleve a cabo una reestructuración o reorganización que implique supresión o modificación de áreas o de su estructura ocupacional; y en su caso, atendiendo a las necesidades y disponibilidad presupuestal, podrá reubicar al personal antes mencionado en diversa área o puesto.

Esta potestad se entiende, si se considera que el Instituto Federal Electoral debe contar con los elementos humanos o el personal necesario para cumplir con la función constitucional de organizar las elecciones de los órganos de elección popular a nivel federal; sin embargo, bien por cargas de trabajo o de orden presupuestal, su plantilla laboral puede alterarse. Así, durante los años de proceso electoral, en los que se eligen Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Senadores y Diputados al Congreso de la Unión, o en su caso, la última elección mencionada, debe contar con el personal necesario, atendiendo en principio, al presupuesto que les haya sido asignado.

De ahí que, una vez concluido el proceso electoral, el Instituto Federal Electoral pueda sufrir una reestructuración o reorganización para contar únicamente con el personal suficiente y necesario para desempeñar las actividades que debe desarrollar en épocas no electorales, en tanto que las actividades a desempeñar se disminuyen. Esta reducción de personal, también puede deberse entre otras causas, por ejemplo, a un ajuste de presupuesto, no estando así en condiciones de seguir manteniendo determinadas plazas; o bien, por que las funciones que se realizan en algunas áreas no sean indispensables o prioritarias para el cumplimiento de sus finalidades constitucionales y legales, de tal suerte que no podría estar obligado a conservar puestos que no considere absolutamente necesarios o improductivos, lo que justifica su cancelación o supresión.

Lo anterior, permite evidenciar la razón por la que en el Estatuto del Servicio Profesional Electoral y del Personal del Instituto Federal Electoral, según se deriva de la interpretación del artículo 212 antes invocado, se contemple la posibilidad de que el Instituto reduzca su plantilla de personal en aquellos casos en que son innecesarios sus servicios, o bien porque sufra un ajuste presupuestal; por tanto, es dable concluir que la separación de un trabajador efectuada en esos términos, no puede considerarse como un despido injustificado.

Consecuentemente, si en el presente asunto, la supresión de la plaza que ocupaba la actora en el 12 Distrito Electoral, se debió a un reajuste presupuestal, según se advierte del oficio número VE/0023/2001 de fecha doce de enero del año en curso, circunstancia que según quedó expuesto en párrafos precedentes, no es materia de controversia, es inconcuso que la separación de Gloria Hernández Espinosa del Instituto Federal Electoral, por haberse eliminado su plaza, no puede considerarse injustificada.

Por otra parte, resulta inexacto lo manifestado por la ahora enjuiciante en el sentido de que al haberse determinado la supresión de su plaza, el Instituto demandado debió, en términos del artículo 212 en relación con los diversos 222, 224, 225 y 226 del multireferido Estatuto del Servicio Profesional Electoral, proceder a su readscripción o reubicación en otra plaza, máxime que al momento de su separación había iniciado los trámites para su readscripción a la 08 Junta Distrital.

Al respecto, los artículos antes indicados, disponen:

"ARTÍCULO 222. Para los efectos de este ordenamiento, se entiende por movimiento del personal administrativo todo cambio en el lugar de adscripción del trabajador.

ARTÍCULO 224. Solamente se podrá ordenar el traslado del personal administrativo por las siguientes causas:

I. Por reestructuración o reorganización administrativa que implique supresión o modificación de áreas del organismo o de su estructura ocupacional;

II. Por permuta debidamente autorizada por el titular del área correspondiente y la Dirección Ejecutiva de Administración, y

III. Por solicitar del trabajador, previa autorización de la Dirección Ejecutiva de Administración, con el consentimiento del responsable del área de adscripción.

ARTÍCULO 225. Solamente se podrá poner a disposición de personal a un trabajador por las causas siguientes:

I. A solicitud justificada del titular de la unidad responsable del área de adscripción del trabajador, y

II. A solicitud justificada del trabajador, con el consentimiento del responsable del área de adscripción.

El personal administrativo será reubicado de conformidad con su perfil laboral, para desarrollar actividades afines con su formación académica y experiencia, dentro de la misma entidad federativa. Quedan exceptuados de lo antes señalado los mandos medios y superiores.

ARTÍCULO 226. En el supuesto señalado en la fracción II del artículo anterior, cuando el trabajador desee su cambio de adscripción, deberá presentar la solicitud correspondiente ante el coordinador administrativo del lugar de su adscripción, el cual la remitirá a la Dirección Ejecutiva de Administración, quien determinará sobre su procedencia."

De los anteriores preceptos se obtiene, en lo que interesa, que:

a) En atención a las necesidades del Instituto, el personal administrativo podrá ser readscrito a otra área;

b) También podrá ser trasladado el personal administrativo, por permuta debidamente autorizada por el titular del área y la Dirección Ejecutiva de Administración.

c) El personal administrativo sólo podrá ser trasladado por reestructuración o reorganización administrativa que implique supresión o modificación de áreas del organismo o de su estructura ocupacional; o a solicitud del trabajador, previa autorización de la Dirección Ejecutiva de Administración.

d) El personal administrativo será reubicado de conformidad con su perfil laboral, quedando exceptuados los mandos medios y superiores; y

e) El trabajador que desee su readscripción deberá presentar la solicitud correspondiente para que se determine respecto de su procedencia.

Si bien en cierto que en las disposiciones antes transcritas, se establece que el personal administrativo podrá ser trasladado a otras áreas cuando el Instituto Federal Electoral lleve a cabo una reestructuración o reorganización, también lo es que de una interpretación sistemática y funcional de los referidos artículos en relación con el 212 del Estatuto del Servicio Profesional Electoral, ello sólo será procedente cuando así lo requieran las necesidades del Instituto, atendiendo al perfil laboral del trabajador, siempre que no se trate de personal de mandos medios o superiores.

Cabe decir que al utilizarse en el artículo 222 antes transcrito, el término "podrá", se otorga al Instituto una facultad potestativa para que, en caso de ser necesario, atendiendo a las funciones que tiene encomendadas constitucional y legalmente, readscriba a un trabajador en el área que estime pertinente. En estas condiciones, contrariamente a lo alegado por Gloria Hernández Espinosa, si el Instituto Federal Electoral no hizo uso de dicha atribución, no existe fundamento de hecho o de derecho que sirva de base para considerar que el mismo estaba obligado a reubicar a la promovente en otra área de trabajo, no obstante que, según se desprende del escrito de veinticuatro de julio de dos mil (foja 26 de autos), previamente a su separación del Instituto enjuiciado, ésta hubiere solicitado su readscripción a la 08 Junta Distrital, en tanto que, finalmente, su solicitud debía ser aprobada por la Dirección Ejecutiva de Administración, como se establece de los anteriores preceptos; de ahí que, al no haberse resuelto favorablemente su petición, antes de dar por terminada la relación laboral, todavía no adquiría algún derecho susceptible de ser afectado, por lo que resulta irrelevante que exista o no en la 08 Junta Distrital, la plaza que inicialmente ocupó, habida cuenta que ésta ya no tenía derecho a ocuparla al ser trasladada a la 12 Junta Distrital.

Con independencia de lo anterior, es de destacar que a foja 19 de autos, corre agregado recibo suscrito por Gloria Hernández Espinosa por la cantidad de $23,388.81 (VEINTITRÉS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 81/100 MONEDA NACIONAL), que de acuerdo con el reconocimiento que hace la actora en su escrito de demanda, le fue entregada por el Instituto Federal Electoral por concepto de finiquito con motivo de la separación de su trabajo. De lo anterior, esta Sala aprecia que la demandada también dio cumplimiento a lo dispuesto por el punto cuarto del acuerdo de la Junta General Ejecutiva de fecha once de octubre de mil novecientos noventa y nueve, por el que se aprobaron los "Lineamientos y Procedimientos para el pago de compensación por término de la relación laboral al personal que por renuncia deja de prestar sus servicios en el Instituto Federal Electoral", de conformidad con el cual los servidores del Instituto que como consecuencia de una reestructuración o reorganización administrativa que implique supresión o modificación en su estructura ocupacional, queden separados del mismo, recibirán el pago de una compensación.

Por lo que hace al argumento de la actora en el sentido de que en el caso, debió aplicarse lo dispuesto en los artículos 43 y 51 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, así como por el 123, apartado B, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; es inatendible, en tanto que, como ya se apuntó con anterioridad, de conformidad con lo previsto por el artículo 41, fracción III, segundo párrafo de la Constitución Federal, la ley electoral y el estatuto que al efecto apruebe el Consejo General, regirán las relaciones laborales de los servidores del Instituto Federal Electoral, por lo que las disposiciones legales que refiere la demandante, son inaplicables por existir normas específicas en el citado Estatuto, y la aplicación supletoria de dichos preceptos normativos sólo sería posible en caso de no existir regulación expresa en el ordenamiento aplicable. En cuanto al precepto constitucional que invoca la promovente, debe decirse que también resulta inaplicable, con base en las consideraciones contenidas en la jurisprudencia emitida por esta Sala Superior, consultable en la revista "Justicia Electoral", año 1998, suplemento 2, páginas 22-23, bajo el rubro y texto siguiente:

"RELACIONES DE TRABAJO DE LOS SERVIDORES DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL. DISPOSICIONES QUE LAS RIGEN. El Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, vigente a la fecha por disposición del artículo décimo primero transitorio del Decreto de reformas al primero de los ordenamientos mencionados, de diecinueve de noviembre de mil novecientos noventa y seis, regulan las relaciones de trabajo de los servidores del Instituto Federal Electoral. Desde una perspectiva constitucional el artículo 123 es el que establece las relaciones típicas del derecho del trabajo. El apartado A de tal artículo prevé las relaciones laborales de los sujetos relacionados con los factores de producción, pues las leyes que sobre ese tema expide el Congreso de la Unión rigen: "... los obreros, jornaleros, empleados, domésticos, artesanos..."; a su vez, el apartado B del propio artículo constitucional se refiere a las relaciones jurídicas de los Poderes de la Unión, del Gobierno del Distrito Federal y de algunas instituciones bancarias con sus servidores. El Instituto Federal Electoral no se sitúa en alguno de los supuestos mencionados por los apartados A y B del artículo 123 constitucional, en tanto que ninguna base hay para considerar que constituye uno de los factores de producción ni que pertenece a los Poderes de la Unión ni al Gobierno del Distrito Federal, sino que es un organismo público autónomo, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, en términos de lo dispuesto por la fracción III del artículo 41 constitucional. Además, en conformidad con esta disposición, las relaciones de trabajo de los servidores del referido se rigen por las disposiciones del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y del Estatuto del Servicio Profesional Electoral a la fecha vigente; de ahí que ante la regla general establecida en el artículo 123 y la regla especifica contenida en el artículo 41, fracción III, ambos de la Constitución Federal, resulta aplicable esta última con la salvedad a la que se refieren los artículos 172, párrafo I, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y 123, apartado B, fracción XIV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues en la técnica de la aplicación de la ley, lo específico priva sobre lo genérico, principio general de derecho que se invoca en términos del artículo 2 párrafo I, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral"

Por todo lo anterior, este órgano jurisdiccional arriba a la conclusión de que, contrariamente a lo señalado por la accionante, no existía razón jurídica para que el Instituto Federal Electoral, previamente a la separación de la enjuiciante, llevara a cabo una selección por oposición, concurso o tomara en cuenta su prioridad escalafonaria, o bien, fuera reubicada en diversa área o puesto, pues ello constituye una facultad discrecional, siempre supeditada a las necesidades del servicio y disponibilidad presupuestal, aspectos que, como ya se apuntó, solamente el enjuiciado está en posibilidad de valorar. En adición a lo anterior, cabe señalar que la actora fue indemnizada en términos de ley por la separación de su cargo, sin que ésta se queje que la cantidad que le fue entregada no cubra las prestaciones a que tenía derecho.

No es obstáculo para arribar a la anterior conclusión, el acervo probatorio aportado por la enjuiciante, en tanto que de éste no se desprende elemento alguno que pudiera servir de base para la procedencia de su pretensión, tal como se razona a continuación.

El escrito de diez de enero del año en curso, firmado por la hoy actora, mediante la cual solicita al Vocal Secretario de la 12 Junta Distrital Ejecutiva en el Estado de Guanajuato, se realicen las gestiones necesarias para el pago del fondo de Ahorro Capitalizable ( FONAC ) de manera anticipada, pues hasta el treinta y uno de diciembre laboró en la referida Junta (foja 18); sólo demuestra la solicitud de la prestación indicada y en todo caso le resulta adversa, en tanto que contiene el reconocimiento respecto a la fecha hasta la cual laboró.

Los recibos de pago expedidos por el Instituto Federal Electoral, por las cantidades de $3,565.06 (TRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 06/100 MONEDA NACIONAL) y $23,388.81 (VEINTITRÉS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 81 /100 MONEDA NACIONAL), respectivamente, (fojas 8 y 16), acreditan que la actora recibió las cantidades ahí especificadas, en razón de lo cual le son igualmente desfavorables, al acreditar el pago de la compensación procedente en caso de una reestructura que implique supresión de plazas, como sucedió en la especie.

El oficio número VE/0023/2001, de fecha doce de enero del presente año (fojas 20 y 21), prueba la fecha en que la demandada le dio aviso de su separación y que el acuerdo JGE/61/1999, de la Junta General Ejecutiva del Instituto Federal Electoral, aprobado en sesión ordinaria de once de octubre de mil novecientos noventa y nueve, sirvió de base para su liquidación; documental con valor probatorio pleno al no ser objetada por la actora.

Los escritos de quince de enero del año en curso mediante los cuales la actora solicita al Vocal Secretario y al Vocal Ejecutivo de la 12 Junta Distrital Ejecutiva en el Estado de Guanajuato, respectivamente, copias certificadas del comunicado referente a su separación, así como de la nómina correspondiente a la primera quincena del presente año y del registro de entradas y salidas de personal (fojas 22 y 23); únicamente demuestran la petición que hizo de los documentos que se indican para los fines que precisa.

El acuse de recibo del ocurso de once de septiembre del año dos mil, que obra a foja 25 de autos, mediante el cual la promovente manifiesta que su cambio debe ser ordenado por la autoridades superiores, es apto para demostrar solamente que gestionó un cambio de adscripción.

El escrito de veinticuatro de julio del dos mil, en que la demandante solicita se autorice su cambio de adscripción por contar con la anuencia de su superior (foja 26), sólo demuestra que la actora, en su oportunidad, pidió su cambio de adscripción, pero no acredita que se haya autorizado el mismo.

El oficio sin número de fecha veinticinco de julio del año dos mil, mediante el cual el Presidente del 12 Consejo Distrital Ejecutivo, agradece la colaboración de la actora en los trabajos que se desarrollaron en el proceso electoral 1999-2000 (foja 27), únicamente demuestra el reconocimiento laboral por la diligencia en sus actividades desempeñadas durante los procesos electorales que se mencionan, pero nada tiene que ver con la litis planteada en el presente juicio.

El oficio número VE/1961/2000, de fecha veintiuno de julio del año dos mil, en el cual el Vocal Ejecutivo de la 12 Junta Distrital Ejecutiva da respuesta a la petición de cambio de adscripción, manifestando que no existía inconveniente, por lo que le otorgaba su aprobación y apoyo (foja 28), demuestra que dicho funcionario electoral estaba de acuerdo con el cambio solicitado por la actora, pero con ello no se acredita que el mismo se haya materializado o autorizado por la autoridad correspondiente.

El oficio número DESPE/578/98, de dos de abril de mil novecientos noventa y ocho, a través del cual se informa a la actora que no pertenece al servicio del personal de carrera profesional electoral (foja 29), acredita únicamente el hecho que se contiene, lo que igualmente nada tiene que ver con la litis planteada en el presente juicio.

El oficio sin número de fecha veinticuatro de marzo de mil novecientos noventa y tres, mediante el cual se hace constar que la actora labora en el Instituto desde el primero de abril de mil novecientos noventa y uno (foja 30), prueba tan solo la fecha de su ingreso en el Instituto demandado a partir de la fecha que se señala.

Por lo que hace a las constancias de estudio expedidas a favor de la actora y Raúl Lucero Hernández (fojas 24 y 31), así como recibo de cobro número 2137801 (foja 32), cabe decir que las mismas, mediante proveído dictado en audiencia de diecisiete de abril del año en curso, no fueron admitidas por no estar relacionadas con la litis.

Como se observa, ninguna de las pruebas mencionadas es idónea para acreditar que la separación de la actora se hizo en forma injustificada.

En este orden de ideas, al no quedar acreditada la separación injustificada que alega la actora, resulta improcedente la acción principal de reinstalación intentada. Lo mismo ocurre con el reclamo de salarios caídos, por ser ésta una prestación accesoria, conforme con lo dispuesto por el artículo 48 de la Ley Federal del Trabajo, de aplicación supletoria en términos de lo previsto en el artículo 95, párrafo 1, inciso b), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

En cuanto a los gastos del juicio que reclama la actora, cabe decir que tal prestación es improcedente, toda vez que conforme a lo dispuesto por el artículo 685 de la Ley Federal del Trabajo, de aplicación supletoria, el proceso del derecho del trabajo es público y gratuito, por lo que no existe pago alguno en el proceso laboral que pudiera reclamar.

En relación con la solicitud de nulidad del oficio número VE/0023/2001 de doce de enero del dos mil, suscrito por el Vocal Ejecutivo de la 12 Junta Distrital Ejecutiva en el Estado de Guanajuato, este tribunal estima que tomando en consideración que el contenido del mismo se encuentra en íntima vinculación con la acción de reinstalación, dicha petición es improcedente, por las consideraciones expuestas para desestimar aquélla.

En cuanto a las excepciones y defensas opuestas por el enjuiciado, se tiene que la de falta de acción ya quedó analizada en el cuerpo de esta ejecutoria, en tanto este tribunal se ocupó de examinar lo relativo a los elementos de la acción ejercitada por la actora, de la cual derivó, incluso, la desestimación de las pretensiones de Gloria Hernández Espinosa.

Por otra parte, cabe decir que la finalidad de las excepciones y defensas es lograr la desestimación de las pretensiones de la accionante. En el presente caso, tales pretensiones ya fueron rechazadas por este órgano jurisdiccional, de ahí que sea innecesario examinar las demás excepciones y defensas hechas valer por el instituto.

Por lo expuesto y fundado, se

R E S U E L V E :

PRIMERO. El actor no probó su acción y la demandada sí justificó las excepciones y defensas que hizo valer. En consecuencia,

SEGUNDO. Se absuelve al Instituto Federal Electoral de las prestaciones reclamadas en el presente juicio.

Notifíquese por correo certificado a la parte actora, y personalmente a la demandada en el domicilio señalado en autos. En su oportunidad, archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido.

Así lo resolvieron por unanimidad de votos, los Magistrados Electorales que integran la Sala Superior del Tribunal Electoral

del Poder Judicial de la Federación, ante el Secretario General de Acuerdos, que autoriza y da fe.

MAGISTRADO PRESIDENTE

JOSÉ FERNANDO OJESTO

MARTÍNEZ PORCAYO

MAGISTRADO

LEONEL CASTILLO GONZÁLEZ

MAGISTRADO

JOSÉ LUIS DE LA PEZA

MAGISTRADO

ELOY FUENTES CERDA

MAGISTRADA

ALFONSINA BERTA NAVARRO HIDALGO

MAGISTRADO

JOSÉ DE JESÚS OROZCO HENRÍQUEZ

MAGISTRADO

MAURO MIGUEL REYES ZAPATA

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS

FLAVIO GALVÁN RIVERA