JUICIO DE REVISIÓN CONSTITUCIONAL ELECTORAL

EXPEDIENTE: SUP-JRC-031/2001

ACTOR: PARTIDO DEL TRABAJO

AUTORIDAD RESPONSABLE: PLENO DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES

MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ LUIS DE LA PEZA

SECRETARIO: RAFAEL ELIZONDO GASPERÍN

México, Distrito Federal, a veintitrés de mayo de dos mil uno.

VISTOS para dictar sentencia los autos del expediente citado al rubro, formado con motivo del juicio de revisión constitucional electoral promovido por el Partido del Trabajo, por conducto de Ricardo Barba Parra, en contra de la resolución de nueve de abril del año en curso, dictada por el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Aguascalientes, en el toca electoral identificado con el número 0007/2001, formado con motivo del recurso de apelación interpuesto por el citado partido político, y

R E S U L T A N D O

I. En sesión extraordinaria celebrada el diecinueve de enero de dos mil uno, el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Aguascalientes emitió el acuerdo por el cual se "establece la distribución del financiamiento público estatal a los partidos políticos nacionales acreditados, tanto para su operación normal, como el relativo a gastos de campaña, correspondientes al ejercicio 2001".

II. Inconforme con el citado acuerdo, el veinticinco de enero siguiente, el Partido del Trabajo interpuso recurso de apelación, el cual fue resuelto por el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Aguascalientes el nueve de abril del presente año.

Las consideraciones, en lo que importa, y los puntos resolutivos del fallo en comento son:

"III.- EL PRIMER AGRAVIO expresado por el recurrente Ricardo Barba Parra, es inoperante e infundado.

Es cierto que los artículos 42 y 43 del Código Electoral del Estado, determinan que en el presupuesto de egresos del Estado deben incorporarse las partidas que correspondan al financiamiento público de los partidos políticos y que para ese efecto, el Consejo General del Instituto Estatal Electoral tiene el deber de realizar un estudio actuarial que le permita proyectar el monto de ese financiamiento, para enviarlo a la Secretaría de Finanzas de Gobierno del Estado a más tardar en el mes de septiembre de cada ejercicio presupuestal.

También es verídica la aseveración del impetrante en cuanto a que el Consejo General del Instituto Estatal Electoral se encontraba fácticamente imposibilitado para cumplir con aquellas bases, porque comenzó a ejercer sus funciones a partir de que inició la vigencia del Código Electoral del Estado, lo que sucedió el día treinta y uno de octubre del año dos mil, conforme a los lineamientos del artículo Primero Transitorio del Decreto número 130 de la H. LVII Legislatura de la Entidad, publicado en el Periódico Oficial el día treinta de octubre del año dos mil, es decir, con posterioridad al mes de septiembre del año próximo pasado, que era la fecha límite para llevar a cabo y dar curso legal al informe financiero de mérito.

No obstante, la ausencia de ese estudio en nada beneficia al apelante, ni es motivo de reparación en esta instancia, porque con independencia del mismo, el Congreso del Estado de Aguascalientes, en pleno ejercicio de las facultades consagradas en su favor en el artículo 27, fracción III, de la Constitución Política de la Entidad, dio cumplimiento al mandato de los artículos 41, 42 y 46 del Código Electoral del Estado, mediante la aprobación y publicación en la sexta sección del Periódico Oficial del Estado, correspondiente al día veintiocho de diciembre del año dos mil, del presupuesto de egresos de la Entidad, pues en el artículo 27 del decreto correspondiente, contempló expresamente una partida presupuestal para el financiamiento público a los partidos políticos acreditados, a ejercerse durante el año dos mil uno, por la suma de treinta y siete millones quinientos mil pesos, con lo cual, el derecho del partido político recurrente para recibir un financiamiento público que le permita realizar sus actividades ordinarias, así como las inherentes al período electoral programado para llevarse a cabo en este año, quedó debidamente salvaguardado.

En relación con el tema de que el Congreso del Estado, al momento de fijar aquella partida presupuestal, no tomó en cuenta el texto del artículo 46 del Código Electoral del Estado, en el que se establece que en años electorales, el financiamiento para la operación normal de los partidos políticos debe incrementarse en una cantidad equivalente al cincuenta por ciento de su monto, para financiar los gastos de campaña, debe decirse al recurrente que ello es infundado, pues expresamente, en el artículo 27 del Decreto número 151, de la LVII Legislatura del Estado, que contiene el presupuesto de egresos del Estado de Aguascalientes para el ejercicio fiscal del año dos mil uno, se establece que ‘el importe correspondiente al financiamiento público a partidos políticos se refiere a lo dispuesto en el Código Electoral del Estado de Aguascalientes’, con lo cual, queda claro que el Congreso del Estado, al fijar el monto de la ayuda financiera a los partidos políticos, sí tomo en cuenta que éste es un año electoral, e incluyó los gastos de campaña que debían repartirse entre aquellas organizaciones políticas, siguiendo las bases del artículo 46 del Código Electoral del Estado, tanto porque es un hecho notorio que en este año habrá de celebrarse un proceso electoral en la Entidad, para la elección de Presidentes Municipales y Diputados, como porque al precisar que el financiamiento presupuestado se refería al previsto en aquel ordenamiento, el Congreso del Estado no excluyó de tal partida, al financiamiento para gastos de campaña.

IV.- EL SEGUNDO AGRAVIO expresado por el recurrente Ricardo Barba Parra, es insuficiente.

En efecto, el impetrante se concreta a afirmar de manera dogmática, que la responsable hace un reparto del financiamiento público a los partidos políticos, de manera inequitativa, ‘ya que emite un acuerdo que va en perjuicio de mi representada, toda vez que la coloca en un estado de total indefensión al dejarla prácticamente sin presupuesto para participar en la próxima competencia electoral local, por demás desigual’, pero no expone ningún razonamiento lógico-jurídico que permita a este Pleno del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, concluir que la responsable o bien no aplicó determinada disposición constitucional o legal en el acto reclamado, siendo ésta aplicable, o por el contrario aplicó otra que no resultaba pertinente al caso concreto, o en todo caso, realizó una incorrecta interpretación jurídica de la disposición aplicada, y es claro que ante esta deficiencia técnica, no es posible ponderar debidamente el motivo de inconformidad que se contesta, pues al tenor de los artículos 12, fracción I, y 28, fracción III, de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado de Aguascalientes, en los que se establece que los medios de impugnación son improcedentes cuando no se expresan agravios y que las resoluciones de las autoridades jurisdiccionales en materia electoral deben analizar los agravios expresados, los recursos electorales previstos en la propia ley, son de estricto derecho y no permiten la suplencia de la queja.

En todo caso, debe hacerse notar al recurrente que la disposición contenida en la fracción IV, inciso f), del artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, referente a que los partidos políticos deben recibir un financiamiento público equitativo, no significa que el reparto de fondos públicos a esas agrupaciones sea idéntico e igualitario en todos los casos, en un contexto puramente aritmético; por el contrario, su alcance jurídico está determinado por la fórmula de la justicia distributiva, relativa al trato igual a los iguales y desigual a los desiguales, a partir de parámetros tales como su historia política y su fuerza electoral.

Más aún, dado que la Constitución Federal no fija lineamientos precisos para establecer los alcances objetivos de esa distribución equitativa, es incuestionable que corresponde a cada legislatura local determinar cuáles son los factores que deben tomarse en cuenta para definir la distribución del financiamiento público a los partidos políticos; y en el caso de Aguascalientes, tales bases están debidamente especificadas en los artículos 44 y 45 del Código Electoral del Estado, los cuales, por el sólo hecho de no guardar correspondencia con las disposiciones del artículo 41, fracción II, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no pueden estimarse como ilegales o inequitativos, que a fin de cuentas, es lo que pretende el apelante.

Sirve de apoyo legal a esta conclusión, la jurisprudencia número J.08/2000, Tercera Época, Sala Superior, Materia Electoral, que es del tenor literal siguiente: ‘FINANCIAMIENTO PÚBLICO. LAS LEGISLATURAS LOCALES NO SE ENCUENTRAN OBLIGADAS A FIJARLO EN IGUALES TÉRMINOS QUE EN EL ORDEN FEDERAL.- La facultad de cada legislatura local para regular el financiamiento de los partidos políticos, en términos de lo dispuesto en el artículo 116, fracción IV, inciso f), de la Constitución General del país, toma como base el concepto de equidad, el cual debe traducirse, necesariamente, en asegurar a aquellos el mismo trato cuando se encuentren en igualdad de circunstancias, de tal manera que no exista un mismo criterio que rija para todos ellos cuando sus situaciones particulares sean diversas. En estos términos, para satisfacer la equidad que impone la Constitución Federal, es necesario establecer un sistema de distribución del financiamiento público, que prevea el acceso a éste de los partidos políticos, reconociendo sus distintas circunstancias. Luego, el hecho de que los criterios establecidos por un Congreso Local sean diferentes a los que señala el artículo 41 Constitucional para las elecciones federales, no significa que tal motivo determine, por sí solo, la inconstitucionalidad de la ley secundaria local por infracción al concepto de equidad, toda vez que, el constituyente dejó a la soberanía de los Estados la facultad de señalar las bases de distribución del financiamiento público a los partidos, de acuerdo con las características particulares de cada uno de ellos’.

V.- EL TERCER AGRAVIO expresado por el recurrente Ricardo Barba Parra, es infundado.

Esencialmente, el quejoso sostiene que el Consejo General del Instituto Estatal Electoral hace una indebida interpretación del concepto ‘votación total en el Estado’, pues la fijación de sus alcances no se ajusta a lo dispuesto por los artículos 3º, 67, fracciones XX y XXXII, 101, segundo párrafo, y 206, fracción I, del Código Electoral del Estado, ya que de conformidad con tales preceptos, según el dicho del apelante, por votación total emitida debe entenderse la suma de la votación estatal emitida, que es la correspondiente a la elección de diputados de mayoría relativa en todo el Estado, más los votos a favor de los partidos políticos que no hayan alcanzado el dos punto cinco por ciento, más los votos nulos, es decir, ‘es la suma de todos los votos depositados en las urnas, de la elección de diputados por mayoría relativa’, y no como erróneamente lo consideró la autoridad responsable, al señalar que la votación total emitida correspondía a la suma de los votos sufragados en las cuatro elecciones locales celebradas en mil novecientos noventa y ocho, pues con ello el partido político que representa, fue afectado ‘en la distribución del financiamiento público estatal para el ejercicio del año dos mil uno’, ya que fue excluido del reparto del financiamiento a que se refiere el artículo 44, fracción I, del Código Electoral del Estado, pese a que en la elección correspondiente a los diputados por mayoría relativa alcanzó el dos punto diez por ciento efectivo de la votación.

Son infundados los conceptos de agravio que se proponen, por las siguientes razones:

De acuerdo con el artículo 44 del Código Electoral del Estado, los partidos políticos acreditados ante el Instituto Estatal Electoral, tienen derecho a un financiamiento público de carácter anual, para su sostenimiento y desarrollo de las actividades tendientes a la obtención del voto.

El fondo de financiamiento se divide, para su distribución, en dos partes; la primera de ellas representa el treinta por ciento del total de los recursos disponibles y se destina a fortalecer el sistema de partidos, en tanto que la segunda porción, que equivale al setenta por ciento de aquellos fondos públicos, se distribuye atendiendo a criterios de estricta proporcionalidad, para permitirle a los partidos políticos, la realización de las actividades encaminadas a la obtención del sufragio popular.

Ahora bien, de acuerdo con la fracción I, del artículo 44, del Código Estatal Electoral, que a la letra dice: ‘La primera porción del 30% se destinará al fortalecimiento del sistema de partidos acreditados en el Estado, y se distribuirá en forma igualitaria a los partidos políticos que hubieran alcanzado el dos por ciento de la votación total en el Estado, quienes lo destinarán a su operación normal’, no todos los partidos políticos acreditados ante el Instituto Estatal Electoral tienen derecho a recibir, a prorrata y de manera mensual, una parte proporcional del porcentaje del financiamiento público destinado al fortalecimiento del sistema de partidos; por el contrario, ese derecho sólo se concede a los institutos políticos que acreditan tener un mínimo de presencia en el electorado, en concreto, a los partidos políticos que hubieren alcanzado por lo menos el equivalente al dos por ciento de la votación total sufragada en el Estado, en las elecciones inmediatas anteriores al ejercicio fiscal de que se trate.

Al efecto, por votación total en el Estado debe entenderse, la suma de todos los votos emitidos en las diversas elecciones que hayan generado el proceso electoral estatal previo a la asignación presupuestaria en cuestión, con exclusión de las elecciones federales, y no sólo a la convocada para elegir diputados de mayoría relativa, como erróneamente supone el apelante, porque así se deduce de la interpretación gramatical y sistemática de los artículos 44, fracciones I y V, y 45, párrafo primero, del Código Electoral del Estado.

Ciertamente, el artículo 44, fracción I, del Código Electoral del Estado, no define explícitamente el alcance jurídico del concepto votación total en el Estado, pero sí se toma en cuenta que en la fracción V del mismo numeral, claramente se menciona que el restante setenta por ciento del financiamiento será entregado a los partidos políticos acreditados, de manera proporcional y acorde con los resultados electorales de las elecciones inmediatas anteriores para Gobernador, Diputados de Mayoría Relativa y miembros del Ayuntamiento, conforme a los porcentajes que para cada caso se fijan en dicho precepto, y que en el artículo 45 del Código Electoral del Estado se reitera que esa asignación, determinada por un criterio de estricta proporcionalidad, ‘se calculará obteniendo el porcentaje que corresponda de votos recibidos por cada partido con derecho al financiamiento, en las elecciones inmediatas anteriores respectivas’, sólo puede llegarse a la conclusión de que, tratándose del fondo destinado al funcionamiento normal de los partidos políticos, a fin de establecer válidamente quienes están legitimados para disfrutar de los recursos que lo conforman, es imprescindible tomar como referente en el cálculo del porcentaje mínimo exigido por la ley como condición de acceso, la cantidad global de sufragios depositados en las urnas durante el proceso electoral estatal previo, sin contabilizarlos de manera separada, ni considerar exclusivamente una sola de las elecciones que lo conforman, porque de haber sido esa la intención del legislador, en el Código Electoral del Estado se habría precisado, como en el caso de la asignación del presupuesto destinado a la captación del voto, en el cual, las diversas elecciones que integran un proceso electoral se valoran de manera aislada, que la distribución de los fondos para la operación normal de los partidos políticos, dependería del porcentaje de votación obtenido en el proceso de elección de diputados de mayoría relativa.

Por tanto, toda vez que de la copia certificada del acuerdo del Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Aguascalientes, en el que se establece la distribución del financiamiento público estatal a los partidos políticos nacionales acreditados, tanto para su operación normal, como para lo relativo a los gastos de campaña, correspondiente al ejercicio fiscal del año dos mil uno, que es visible a fojas de la ciento cuarenta y tres a la ciento cincuenta y ocho del toca electoral en que se actúa, cuyo valor probatorio es pleno respecto de su contenido, de conformidad con los artículos 17, fracción I; y 21, párrafo segundo, de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado, por tratarse de un documento expedido por la secretaría técnica del Consejo General del Instituto Estatal Electoral en ejercicio de sus funciones, se desprende que en el último proceso electoral celebrado en Aguascalientes de manera previa al año dos mil uno, sumando los resultados de las elecciones que lo constituyeron, y con exclusión de las federales, fueron sufragados efectivamente, un millón trescientos sesenta y ocho mil novecientos diecinueve votos válidos, es inconcuso que para tener derecho a las ministraciones mensuales del fondo de financiamiento público previsto en la fracción I, del artículo 44, del Código Electoral del Estado, los partidos políticos interesados deben acreditar que en aquellas elecciones, por lo menos, veintisiete mil trescientos setenta y ocho votos fueron emitidos en su favor, independientemente de la elección local a que corresponda, pues esa cantidad es el equivalente al dos por ciento del total ponderado de sufragios depositados en las urnas del Estado, en el proceso electoral llevado a cabo en mil novecientos noventa y ocho.

Debe aclararse que en la hipótesis a estudio no se soslaya el deber de contabilizar los votos nulos, porque el artículo 44, fracción I, del Código Electoral del Estado se refiere a la votación total, y no sólo a la votación válida; sin embargo, aun cuando de autos no se desprende cuantos votos fueron declarados nulos en el pasado proceso estatal electoral, resulta innecesario indagar al respecto, porque de hacerlo, ello sólo contribuiría a aumentar el número de votos, que con el carácter de porcentaje mínimo debió alcanzar el partido político apelante en dichas elecciones, para tener derecho al financiamiento previsto en aquel precepto, y ello en vez de beneficiarle, le causaría un gravamen adicional.

Así entonces, dado que el acuerdo en análisis también pone en evidencia que en el último proceso electoral estatal celebrado en la entidad, el Partido del Trabajo, sumando los votos que obtuvo en las elecciones para gobernador, diputados de mayoría relativa, diputados de representación proporcional y miembros de los ayuntamientos, solamente consiguió un resultado global de veintitrés mil quinientos dieciocho votos sufragados en su favor, es incuestionable que dicho partido político carece de derecho para exigir que se le suministre el financiamiento a que se refiere el artículo 44, fracción I, del Código Electoral del Estado, pues le faltaron tres mil ochocientos sesenta votos para alcanzar el porcentaje mínimo que exige la ley para ser beneficiado con su distribución; luego entonces, es obvio que por no haberlo incluido en la repartición de tales fondos, el Consejo General del Instituto Estatal Electoral no transgrede en perjuicio del referido Partido del Trabajo, el principio constitucional de legalidad electoral.

No obsta a esta conclusión, la aseveración del apelante en el sentido de que, acorde con el artículo 206, párrafo final, del Código Electoral del Estado, por votación total emitida debe entenderse la suma de la votación correspondiente a la elección de diputados de mayoría relativa en todo el Estado, más la votación emitida a favor de los partidos políticos que no hayan obtenido el dos punto cinco por ciento, más los votos nulos, porque aunado al hecho de que expresamente, tal precepto no sugiere la fórmula que indica el apelante, de ser cierta su interpretación, ello solo tendría el carácter de regla especial que solo surtiría efectos en relación con ‘la asignación de las diputaciones de representación proporcional’, sin que jurídicamente pudiese trascender su aplicación al ámbito del financiamiento público a los partidos políticos, porque es un principio general de derecho, contemplado en el artículo 8 del Código Civil del Estado, aplicable supletoriamente en la especie, conforme a las bases del artículo 3 de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral de Aguascalientes, que ‘las leyes que establecen excepciones a las leyes generales, no son aplicables a caso alguno que no esté expresamente especificado en las mismas leyes’.

En el mismo sentido, es inexacto que para normar el caso concreto, deba acudirse al texto del artículo 12 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electoral, pues tal precepto, atendiendo a su literalidad, sólo puede entenderse referido a la aplicación del artículo 54, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el cual se reglamenta la atribución de diputados en el Congreso de la Unión por el principio de representación proporcional, sin hacer mención al financiamiento público de los partidos políticos.

En cuanto al tópico consistente en que no es válido sumar las cuatro elecciones locales celebradas en mil novecientos noventa y ocho, para fijar la votación total emitida en el Estado, porque según el dicho de Ricardo Barba Parra, a cada elector corresponde un voto, el cual es único e intransferible, ‘y de llegar a sumarse entonces equivaldría a sumar cuatro veces el mismo voto’, cabe decir que ello es infundado, porque si bien, de conformidad con los artículos 116, fracción IV, inciso a), de la Constitución General de la República, 17, de la Constitución Política del Estado, y 4 del Código Electoral del Estado, el voto es universal, libre, secreto, directo, personal e intransferible, ello no significa, como equivocadamente aduce el apelante, que cada potencial elector solo tenga derecho a ejercer un sufragio en un proceso electoral compuesto por varias elecciones, pues el artículo 12, fracción I, de la Constitución Política de Aguascalientes le concede a los habitantes de la Entidad, varones y mujeres, el inalienable derecho de votar en todas las elecciones populares que se celebren en el territorio del Estado, siempre y cuando cumplan con los requisitos legales pertinentes, sin limitarlo a un número determinado de elecciones, de modo que cada ciudadano mexicano con residencia en Aguascalientes no menor a seis meses y en pleno ejercicio de sus derechos, tiene derecho a votar tantas veces como elecciones sean convocadas, y su voto, lógicamente, por cada elección en la que participe, deberá ser contabilizado individualmente; pensar de otra manera, llevaría al absurdo de obligar a los electores a que, en los procesos electorales que se integran por varias elecciones, optaran por votar en una sola de ellas, restringiéndoles injustificadamente el derecho de sufragar en las otras, con lo cual, el sistema democrático en que se sustenta el Estado Mexicano, no sería posible.

En esa tesitura, habida cuenta que los motivos de inconformidad previamente analizados han sido desestimados, procede confirmar el acuerdo que da materia a la Alzada, en sus términos y por sus fundamentos.

Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 8,31,49 y 51 de la Ley del sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado de Aguascalientes, es de resolverse y se resuelve:

PRIMERO.- Se confirman los acuerdos de fecha diecinueve de enero del año dos mil uno, mediante los cuales, el Consejo General del Instituto Estatal Electoral estableció la distribución del financiamiento público a los partidos nacionales acreditados, para el ejercicio fiscal del año dos mil uno.

SEGUNDO.- Remítase testimonio de esta resolución al Instituto Estatal electoral y en su oportunidad, archívese el presente toca electoral como asunto concluido"

III. En contra del sentido del fallo precisado en el resultando inmediato anterior, el Partido del Trabajo, a través de su representante Ricardo Barba Parra, mediante escrito presentado ante la autoridad responsable el dieciséis de abril del año que transcurre, promovió juicio de revisión constitucional electoral, en el que hizo valer lo siguiente:

"FUENTE DE AGRAVIO

I.- NOMBRE DEL ACTOR: PARTIDO DEL TRABAJO, REPRESENTADO EN ESTE JUICIO POR EL EXPONENTE, CUYO NOMBRE Y PERSONALIDAD CON LA QUE SE ACTÚA, HAN QUEDADO PRECISADOS EN EL PROEMIO DE LA PRESENTE DEMANDA.

II.- DOMICILIO Y PERSONA AUTORIZADA PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES: LOS SEÑALADOS EN EL PROEMIO DE ESTA DEMANDA, LOS CUALES PIDO SE TENGAN POR REPRODUCIDOS EN EL PRESENTE APARTADO PARA LOS EFECTOS DE LEY.

III.- PERSONALIDAD DE LOS PROMOVENTES: SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE ACREDITADA EN LOS TÉRMINOS DEL PÁRRAFO PRIMERO, INCISO B) DEL ARTÍCULO 88 DE LA LEY GENERAL DEL SISTEMA DE MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL.

IV.- AUTORIDAD RESPONSABLE: EL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES.

V.- ACTO O RESOLUCIÓN QUE SE IMPUGNA: LA SENTENCIA QUE EMITE LA AUTORIDAD SEÑALADA COMO RESPONSABLE, EN EL TOCA ELECTORAL NÚMERO 0007/2001, DICTADA EL DÍA 9 DE ABRIL DEL 2001; Y POR MEDIO DE LA CUAL CONFIRMA LOS ACUERDOS DE FECHA DIECINUEVE DE ENERO DEL AÑO 2001, MEDIANTE LOS CUALES EL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL ESTABLECIÓ LA DISTRIBUCIÓN DEL FINANCIAMIENTO PÚBLICO A LOS PARTIDOS POLÍTICOS NACIONALES ACREDITADOS, PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO DOS MIL UNO.

VI.- ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO:

EL DÍA 25 DE ENERO DEL 2001, EL PARTIDO POLÍTICO DEL TRABAJO, PRESENTÓ ANTE EL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL EL RECURSO DE APELACIÓN CONTRA EL ACUERDO DE FECHA DIECINUEVE DE ENERO DEL AÑO DOS MIL UNO, MEDIANTE EL CUAL SE ESTABLECE LA DISTRIBUCIÓN DEL FINANCIAMIENTO PÚBLICO ESTATAL A LOS PARTIDOS POLÍTICOS NACIONALES ACREDITADOS, TANTO PARA SU OPERACIÓN NORMAL COMO EL RELATIVO AL GASTO DE CAMPAÑA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2001.

CON FECHA TREINTA Y UNO DE ENERO DEL AÑO DOS MIL UNO, MEDIANTE OFICIO NÚMERO IEE/ST/0175/2001 EL C. LIC. FLAVIO HUGO RUBALCAVA MÁRQUEZ SECRETARIO TÉCNICO DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL, REMITIÓ AL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO EL EXPEDIENTE IEE/RA/006/2001 RELATIVO RECURSO DE APELACIÓN INTERPUESTO POR MI REPRESENTADA, MISMO QUE FUE ADMITIDO EN FECHA SIETE DE FEBRERO DEL AÑO 2001, CERRANDO LA INSTRUCCIÓN EN EL MISMO AUTO DONDE LO ADMITE Y CITANDO A LAS PARTES PARA OÍR SENTENCIA.

EL DÍA NUEVE DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL UNO, EL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO, DICTÓ SENTENCIA MEDIANTE EL CUAL CONFIRMA LOS ACUERDOS DE FECHA DIECINUEVE DE ENERO DEL AÑO 2001, MEDIANTE LOS CUALES EL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL ESTABLECIÓ LA DISTRIBUCIÓN DEL FINANCIAMIENTO PÚBLICO A LOS PARTIDOS POLÍTICOS NACIONALES ACREDITADOS, PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO DOS MIL UNO, SENTENCIA QUE CARECE DE FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN, VIOLENTANDO CON ESTO LOS ARTÍCULOS 14, 16, 41, 60, 94, 99 Y 116 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 2, 3 Y 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES; Y 41, 42, 43, 44 PRIMER PÁRRAFO Y FRACCIÓN I, Y 205 FRACCIÓN II DEL CÓDIGO ELECTORAL VIGENTE EN EL ESTADO. ASÍ MISMO LA SENTENCIA COMBATIDA, NOS FUE NOTIFICADA POR CÉDULA AL INSTITUTO POLÍTICO QUE REPRESENTO, EL DÍA 11 DE ABRIL DE LOS CORRIENTES. VII.- CONCEPTOS DE VIOLACIÓN:

PRIMERO.- EL CONSIDERANDO TERCERO DE LA SENTENCIA EMITIDA POR EL H. SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO MEDIANTE EL CUAL DECLARA INOPERANTE E INFUNDADO EL PRIMER AGRAVIO ESGRIMIDO POR MI REPRESENTADA EN EL RECURSO DE APELACIÓN.

PRECEPTOS VIOLADOS.- SE VIOLAN LOS ARTÍCULOS 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 1, 2 Y 3 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES; 41, 42, 43, 44 Y 46 DEL CÓDIGO ELECTORAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES EN VIGOR.

CONCEPTOS DE AGRAVIO.- EL 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, ESTABLECEN LA GARANTÍA DE LEGALIDAD JURÍDICA, LEGALIDAD QUE NO FUE RESPETADA POR EL H. SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES AL EMITIR SU CONSIDERANDO TERCERO;

1.- ES EL CASO, QUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE NO FUNDÓ NI MOTIVÓ ADECUADAMENTE EL CONSIDERANDO EMITIDO, TODA VEZ QUE ÚNICAMENTE SE LIMITA A SEÑALAR LA RESPONSABLE, QUE EL CONGRESO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES SI DIO CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 41, 42 Y 46 DEL CÓDIGO ELECTORAL DEL ESTADO MEDIANTE LA APROBACIÓN Y PUBLICACIÓN EN LA SEXTA SECCIÓN DEL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO, CORRESPONDIENTE AL DÍA VEINTIOCHO DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL, DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA ENTIDAD, YA QUE SEÑALA QUE EL ARTÍCULO 27 DEL DECRETO CORRESPONDIENTE, CONTEMPLÓ EXPRESAMENTE UNA PARTIDA PRESUPUESTAL PARA EL FINANCIAMIENTO PÚBLICO A LOS PARTIDOS POLÍTICOS ACREDITADOS, A EJERCERSE EL AÑO DOS MIL UNO, POR LA SUMA DE TREINTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS, CON LO CUAL, SEÑALA LA RESPONSABLE, EL DERECHO DE ESTE INSTITUTO POLÍTICO PARA RECIBIR UN FINANCIAMIENTO PÚBLICO QUE LE PERMITA REALIZAR SUS ACTIVIDADES ORDINARIAS, ASÍ COMO LAS INHERENTES AL PERIODO ELECTORAL PROGRAMADO PARA LLEVARSE A CABO EN ESTE AÑO, QUEDÓ DEBIDAMENTE SALVAGUARDADO, RAZONAMIENTO QUE NO SE AJUSTA A LO SEÑALADO EN EL ARTÍCULO 16 DE NUESTRA CARTA MAGNA, YA QUE EN NINGÚN MOMENTO FUNDA NI MOTIVA EL CONSIDERANDO QUE EMITE Y QUE SIRVIÓ PARA CONFIRMAR EL ACUERDO QUE EMITIÓ EL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL, YA QUE EN NINGÚN MOMENTO LOS PRECEPTOS LEGALES INVOCADOS POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE, FACULTA AL CONGRESO DEL ESTADO PARA QUE DISCRECIONALMENTE PUEDA APROBAR UNA PARTIDA PRESUPUESTAL PARA EL FINANCIAMIENTO DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS SIN EL DEBIDO ESTUDIO QUE DE EL HAGA EL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y QUE PREVIAMENTE LA HAYA INCORPORADO EL PODER EJECUTIVO, PARA LO ANTERIOR TENGO A BIEN CITAR LAS SIGUIENTES TESIS JURISPRUDENCIALES:

9ª ÉPOCA

ADMINISTRATIVO

JURISPRUDENCIA

TESIS CON EJECUTORIA PUBLICADA

2º TRIBUNAL COLEGIADO DEL 6º CIRCUITO

FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. LA DEBIDA FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN LEGAL, DEBEN ENTENDERSE, POR LO PRIMERO, LA CITA DEL PRECEPTO LEGAL APLICABLE AL CASO, Y POR LO SEGUNDO, LAS RAZONES, MOTIVOS O CIRCUNSTANCIAS ESPECIALES QUE LLEVARON A LA AUTORIDAD A CONCLUIR QUE EL CASO PARTICULAR ENCUADRA EN EL SUPUESTO PREVISTO POR LA NORMA LEGAL INVOCADA COMO FUNDAMENTO.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO.

(VI.2ºJ/43).

AMPARO DIRECTO 194/88. BUFETE INDUSTRIAL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. 28 DE JUNIO DE 1988. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: GUSTAVO CALVILLO RANGEL. SECRETARIO: JORGE ALBERTO GONZÁLEZ ÁLVAREZ.

REVISIÓN FISCAL 103/88. INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. 18 DE OCTUBRE DE 1988. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: ARNOLDO NÁJERA VIRGEN. SECRETARIO: ALEJANDRO ESPONDA RINCÓN.

AMPARO EN REVISIÓN 333/88. ADILIA ROMERO. 26 DE OCTUBRE DE 1988. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: ARNOLDO NÁJERA VIRGEN. SECRETARIO: ENRIQUE CRISPÍN CAMPOS RAMÍREZ.

AMPARO EN REVISIÓN 597/95. EMILIO MAURER BRETÓN. 15 DE NOVIEMBRE DE 1995. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: CLEMENTINA RAMÍREZ MOGUEL GOYZUETA. SECRETARIO: GONZALO CARRERA MOLINA.

AMPARO DIRECTO 7/96. PEDRO VICENTE LÓPEZ MIRO. 21 DE FEBRERO DE 1996. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: MARÍA EUGENIA ESTELA MARTÍNEZ CARDIEL. SECRETARIO: ENRIQUE BAIGTS MUÑOZ.

APÉNDICE. SEMANARIO JUDICIAL. NOVENA ÉPOCA. TOMO III. MARZO 1996. TRIBUNALES COLEGIADOS. PÁG. 769.

MOTIVACIÓN, CONCEPTO DE. LA MOTIVACIÓN EXIGIDA POR EL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL CONSISTE EN EL RAZONAMIENTO, CONTENIDO EN EL TEXTO MISMO DEL ACTO AUTORITARIO DE MOLESTIA, SEGÚN EL CUAL QUIEN LO EMITE LLEGA A LA CONCLUSIÓN DE QUE EL ACTO CONCRETO AL CUAL SE DIRIGE SE AJUSTA EXACTAMENTE A LAS PREVENCIONES DE DETERMINADOS PRECEPTOS LEGALES. ES DECIR, MOTIVAR UN ACTO ES EXTERIORIZAR LAS CONSIDERACIONES RELATIVAS A LAS CIRCUNSTANCIAS DE HECHO QUE SE FORMULA LA AUTORIDAD PARA ESTABLECER LA ADECUACIÓN DEL CASO CONCRETO A LA HIPÓTESIS LEGAL.

SEXTA ÉPOCA, TERCERA PARTE:

VOL. LXXVI, PÁG. 44. A.R. 4862/59. PFIZER DE MÉXICO, S.A. 5 VOTOS.

SÉPTIMA ÉPOCA, TERCERA PARTE:

VOLS. 127-132, PÁG. 59. A.R. 766/79. COMISARIO EJIDAL DEL POBLADO EMILIANO ZAPATA, MPIO. DE LA HUERTA, JALISCO. UNANIMIDAD DE 4 VOTOS.

VOLS. 133-138, PÁG. 73. A.R. 3459/78. LORENZO PONCE DE LEÓN SOTOMAYOR Y OTRA (ACUMULADOS). UNANIMIDAD DE 4 VOTOS.

VOLS. 151-156, PÁG. 133. R.F. 6/81. ARMANDO’S BEACH CLUB, S.A. UNANIMIDAD DE 4 VOTOS.

VOLS. 151-156, PÁG. 133. A.D. 1278/80. CONSTRUCTORA ITZA, S.A. UNANIMIDAD DE 4 VOTOS.

APÉNDICE 1917-1985, OCTAVA PARTE, PÁG. 312.

APÉNDICE DE JURISPRUDENCIA 1917-1988 AL SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. SEGUNDA PARTE. SALAS Y TESIS COMUNES. VOL. IV. PÁG. 1889.

AHORA BIEN, CABE SEÑALAR, QUE LA RESPONSABLE SOLO SE LIMITA A SEÑALAR QUE NUESTRO DERECHO HA QUEDADO SALVAGUARDADO, AL APROBAR EL CONGRESO DEL ESTADO UNA PARTIDA PRESUPUESTAL PARA EL FINANCIAMIENTO DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS Y QUE EN ELLA SE CONTEMPLA TAMBIÉN LO SEÑALADO EN EL ARTÍCULO 46. RAZONAMIENTO QUE NO SE AJUSTA LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 42 DEL CÓDIGO ELECTORAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, QUE A LA LETRA DICE: ‘EL PODER EJECUTIVO EN LA FORMULACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO, QUE APROBARA EL PODER LEGISLATIVO, INCORPORARA LAS PARTIDAS QUE CORRESPONDAN AL FINANCIAMIENTO PÚBLICO DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS.’ ESTO ES QUE EL CONGRESO DEBIÓ DE HABER APROBADO LA PARTIDA CORRESPONDIENTE A LOS GASTOS ORDINARIOS Y DE CAMPAÑA Y NO SOLAMENTE LA PARTIDA DE GASTO ORDINARIO PARA EL EJERCICIO DEL 2001. COMO FUE APROBADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS A QUE ANTERIORMENTE SE HA HECHO MENCIÓN.

POR OTRO LADO, LA FRACCIÓN II INCISO B) DEL ARTÍCULO 41 DE NUESTRA CARTA MAGNA SEÑALA LO SIGUIENTE: ‘....EL FINANCIAMIENTO PÚBLICO PARA LAS ACTIVIDADES TENDIENTES A LA OBTENCIÓN DEL VOTO DURANTE LOS PROCESOS ELECTORALES, EQUIVALDRÁ A UNA CANTIDAD IGUAL AL MONTO DEL FINANCIAMIENTO PÚBLICO QUE LE CORRESPONDA A CADA PARTIDO POLÍTICO POR ACTIVIDADES ORDINARIAS EN ESE AÑO, Y...’ DE LO ANTERIOR SE DESPRENDE QUE EL H. CONGRESO DEL ESTADO, DEBIÓ HABER CONTEMPLADO EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, PARA EL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2001 LA PARTIDA CORRESPONDIENTE PARA EL FINANCIAMIENTO PÚBLICO DE LOS GASTOS DE CAMPAÑA QUE ORDENA EL ARTÍCULO CONSTITUCIONAL ANTERIORMENTE INVOCADO, ASÍ COMO EL ARTÍCULO 46 DEL CÓDIGO DE LA MATERIA, OMISIÓN QUE HIZO EL LEGISLATIVO AL NO CONTEMPLAR EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS LA PARTIDA PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE AL FINANCIAMIENTO PÚBLICO PARA LOS GASTOS DE CAMPAÑA, COMO SE DESPRENDE DE LA PUBLICACIÓN HECHA EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, EN SU TOMO I NÚMERO 2 DE FECHA 28 DE DICIEMBRE DEL 2000, MISMO QUE EN SU ARTÍCULO 27 NO CONSIDERA LA PARTIDA CORRESPONDIENTE PARA EL FINANCIAMIENTO PÚBLICO DE LOS GASTOS DE CAMPAÑA, VIOLACIÓN, QUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE, DEBIÓ HABER PREVISTO ANTES DE DICTAR SU SENTENCIA, YA QUE NO CUMPLE CON LAS DISPOSICIONES CONSTITUCIONALES NI LOCALES, Y NO HABER DISTINGUIDO LO QUE EL LEGISLADOR NO DISTINGUIÓ, VIOLANDO LA RESPONSABLE EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD QUE ORDENA EL ARTÍCULO 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

SEGUNDO.- FUENTE DE AGRAVIO.- EL CONSIDERANDO CUARTO DE LA SENTENCIA EMITIDA POR EL H. SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO MEDIANTE EL CUAL DECLARA INSUFICIENTE EL SEGUNDO AGRAVIO ESGRIMIDO POR MI REPRESENTADA EN EL RECURSO DE APELACIÓN.

PRECEPTO VIOLADO.- SE VIOLA EL ARTÍCULO 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

CONCEPTO DE AGRAVIOS.- SE VIOLA EN PERJUICIO DE MI REPRESENTADA EL ARTÍCULO 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, TODA VEZ QUE LA AUTORIDAD NO FUNDA NI MOTIVA EL CONSIDERANDO CUARTO QUE EMITIÓ Y QUE SIRVIÓ DE BASE PARA CONFIRMAR EL ACUERDO EMITIDO POR EL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL, ENTENDIÉNDOSE, POR LO PRIMERO, LA CITA DEL PRECEPTO LEGAL APLICABLE AL CASO, Y POR LO SEGUNDO, LAS RAZONES, MOTIVOS O CIRCUNSTANCIAS ESPECIALES QUE LLEVARON A LA AUTORIDAD A CONCLUIR QUE EL CASO PARTICULAR ENCUADRA EN EL SUPUESTO PREVISTO POR LA NORMA LEGAL INVOCADA COMO FUNDAMENTO. YA QUE SOLO SE LIMITA A DECIR QUE ES INSUFICIENTE EL SEGUNDO AGRAVIO HECHO VALER POR MI REPRESENTADA EN EL ESCRITO DE APELACIÓN, ADEMÁS, DE QUE SEÑALA LA RESPONSABLE QUE ‘MI REPRESENTADA NO EXPONE NINGÚN RAZONAMIENTO LÓGICO JURÍDICO QUE PERMITA AL TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO, CONCLUIR QUE LA RESPONSABLE O BIEN NO APLICÓ DETERMINADA DISPOSICIÓN CONSTITUCIONAL O LEGAL EN EL ACTO RECLAMADO, SIENDO ESTE APLICABLE O POR EL CONTRARIO APLICO OTRA QUE NO RESULTABA PERTINENTE AL CASO CONCRETO’, LO ANTERIOR SIN UNA ADECUADA FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN QUE PERMITA A LA RESPONSABLE LLEVARLA A CONCLUIR QUE NUESTRO AGRAVIO ES INSUFICIENTE. AHORA BIEN CABE HACER MENCIÓN, QUE EN EL SEGUNDO AGRAVIO ESGRIMIDO POR MI REPRESENTADA SI FUNDAMENTA Y MOTIVA SU AGRAVIO, YA QUE EN EL MISMO SE SEÑALA LA VIOLACIÓN QUE HACE EL CONSEJO GENERAL A LOS ARTÍCULOS 41 FRACCIONES I Y II Y 116 FRACCIÓN IV INCISO f) DE NUESTRA CARTA MAGNA LO ANTERIOR EN VIRTUD DE QUE HACE UN REPARTO DE MANERA INEQUITATIVO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS PARA LOS PARTIDOS POLÍTICOS EN EL EJERCICIO FISCAL DEL 2001, VIOLACIÓN QUE HACE ADEMÁS AL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE AGUASCALIENTES, COMO A LOS ARTÍCULOS 27 FRACCIÓN II, 41, 44 Y 46 DEL CÓDIGO ELECTORAL DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, AGRAVIO QUE ESTÁ PLENAMENTE MOTIVADO Y FUNDADO.

AHORA BIEN, SE LE OLVIDA A LA AUTORIDAD RESPONSABLE, QUE TRATÁNDOSE DE MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL, EL JUZGADOR DEBE LEER DETENIDA Y CUIDADOSAMENTE EL OCURSO QUE CONTENGA EL QUE SE HAGA VALER, PARA QUE, DE SU CORRECTA COMPRENSIÓN, ADVIERTA Y ATIENDA LOS AGRAVIOS EXPRESADOS, CON EL ÚNICO OBJETO DE DETERMINAR LA INTENCIÓN DEL PROMOVENTE, YA QUE SOLO ASÍ SE PUEDE LOGRAR UNA RECTA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA EN MATERIA ELECTORAL, O BIEN DICHO DE OTRA MANERA DEBIÓ ESTIMARSE QUE LOS AGRAVIOS ADUCIDOS POR MI REPRESENTADA, EN EL ESCRITO DE APELACIÓN SE PUEDE DESPRENDER DE CUALQUIER CAPÍTULO DEL ESCRITO INICIAL Y NO NECESARIAMENTE EN EL CAPÍTULO PARTICULAR DE LOS AGRAVIOS, POR LO QUE NO DEBIÓ SEÑALAR QUE EL AGRAVIO ES INSUFICIENTE Y HABER ENTRADO AL ESTUDIO CORRECTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS PARTES DE LA DEMANDA INICIAL, PARA LO ANTERIOR TENGO A BIEN CITAR LAS SIGUIENTES TESIS JURISPRUDENCIALES:

AGRAVIOS. PUEDEN ENCONTRARSE EN CUALQUIER PARTE DEL ESCRITO INICIAL. (SE TRANSCRIBE)

MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL. EL RESOLUTOR DEBE INTERPRETAR EL OCURSO QUE LOS CONTENGA PARA DETERMINAR LA VERDADERA INTENCIÓN DEL ACTOR. (SE TRANSCRIBE)

TERCERO.- FUENTE DE AGRAVIO.- EL CONSIDERANDO QUINTO DE LA SENTENCIA EMITIDA POR EL H. SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO MEDIANTE EL CUAL DECLARA INFUNDADO EL TERCER AGRAVIO ESGRIMIDO POR MI REPRESENTADA EN EL RECURSO DE APELACIÓN.

PRECEPTO VIOLADO.- SE VIOLA EL ARTÍCULO 14, 16, 41 FRACCIÓN II DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE AGUASCALIENTES, 44 FRACCIÓN I DEL CÓDIGO ELECTORAL DEL ESTADO.

CONCEPTO DE AGRAVIOS.- AGRAVIA A MI REPRESENTADA EL HECHO DE QUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE DECLARE INFUNDADO EL TERCER AGRAVIO DEL RECURSO DE APELACIÓN, EN VIRTUD DE QUE HACE UNA FRANCA VIOLACIÓN A LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TODA VEZ QUE EL CONSIDERANDO QUINTO CARECE DE FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN, PRIVÁNDONOS CON ESTE ACTUAR DEL DERECHO QUE COMO PARTIDO POLÍTICO NACIONAL DEBIDAMENTE ACREDITADO ANTE EL INSTITUTO ELECTORAL, DE PARTICIPAR EN EL REPARTO DEL FINANCIAMIENTO PÚBLICO ESTATAL QUE SE CONTEMPLA EN EL ARTÍCULO 44 FRACCIÓN I, EN VIRTUD DE QUE NO HA SIDO CONSIDERADO ESTE INSTITUTO POLÍTICO, COMO DE LOS PARTIDOS QUE SI ALCANZARON EL 2% DE LA VOTACIÓN TOTAL EN EL ESTADO, TODA VEZ QUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE SEÑALA QUE DEBEN DE CONTEMPLARSE COMO VOTACIÓN TOTAL EN EL ESTADO LA SUMA DE TODOS LOS VOTOS EMITIDOS EN LA PASADA CONTIENDA ELECTORAL DE 1998 Y QUE CORRESPONDEN A LAS ELECCIONES DE GOBERNADOR, AYUNTAMIENTOS, DIPUTADOS POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA Y DIPUTADOS POR EL PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL, AHORA BIEN, SI BIEN ES CIERTO, LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 44 DEL CÓDIGO ELECTORAL DE AGUASCALIENTES SEÑALA QUE PARA TENER DERECHO A LA PRIMERA PORCIÓN DEL 30% QUE SE DESTINA AL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE PARTIDOS ACREDITADOS EN EL ESTADO ES NECESARIO ALCANZAR EL 2% DE LA VOTACIÓN TOTAL EN EL ESTADO, TAMBIÉN LO ES QUE EN DICHO ORDENAMIENTO LEGAL NO SEÑALA QUE DEBE DE ENTENDERSE POR ‘VOTACIÓN TOTAL EN EL ESTADO’, POR LO CUAL ES ILÓGICO PENSAR QUE DEBA DE ENTENDERSE POR VOTACIÓN TOTAL EN EL ESTADO LA SUMA DE TODOS LOS VOTOS DE LAS CUATRO ELECCIONES QUE HUBO EN EL PROCESO ELECTORAL LOCAL DE 1998, YA QUE DE 515,743 ELECTORES INSCRITOS EN LA LISTA NOMINAL Y DE LOS CUALES EMITIERON 347,603 SU VOTO AHORA RESULTA QUE HUBO 1’368,919 VOTOS EN TOTAL.

AHORA BIEN, LA AUTORIDAD RESPONSABLE HACE UNA MALA FUNDAMENTACIÓN AL QUERER INTERPRETAR LA VOTACIÓN TOTAL EN EL ESTADO, YA QUE AL SEÑALAR LO SIGUIENTE: ‘CIERTAMENTE, EL ARTÍCULO 44, FRACCIÓN I, DEL CÓDIGO ELECTORAL DEL ESTADO, NO DEFINE EL ALCANCE JURÍDICO DEL CONCEPTO DE VOTACIÓN TOTAL EN EL ESTADO, PERO SI SE TOMA EN CUENTA LA FRACCIÓN V DEL MISMO NUMERAL, CLARAMENTE SE MENCIONA QUE EL RESTANTE SETENTA POR CIENTO DEL FINANCIAMIENTO SERÁ ENTREGADO A LOS PARTIDOS POLÍTICOS ACREDITADOS, DE MANERA PROPORCIONAL Y ACORDE CON LOS RESULTADOS ELECTORALES DE LAS ELECCIONES, INMEDIATAS ANTERIORES PARA GOBERNADOR, DIPUTADOS DE MAYORÍA RELATIVA Y MIEMBROS DEL AYUNTAMIENTO, CONFORME A LOS PORCENTAJES QUE PARA CADA CASO SE FIJAN EN DICHO PRECEPTO, Y QUE EN EL ARTÍCULO 45 DEL CÓDIGO ELECTORAL DEL ESTADO SE REITERA QUE ESA ASIGNACIÓN, DETERMINADA POR UN CRITERIO DE ESTRICTA PROPORCIONALIDAD, ‘SE CALCULARÁ OBTENIENDO EL PORCENTAJE QUE CORRESPONDA DE VOTOS RECIBIDOS POR CADA PARTIDO CON DERECHO AL FINANCIAMIENTO, EN LAS ELECCIONES INMEDIATAS ANTERIORES RESPECTIVAS’, SOLO PUEDE LLEGARSE A LA CONCLUSIÓN DE QUE, TRATÁNDOSE DEL FONDO DESTINADO AL FUNCIONAMIENTO NORMAL DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS, A FIN DE ESTABLECER VÁLIDAMENTE QUIENES ESTÁN LEGITIMADOS PARA DISFRUTAR DE LOS RECURSOS QUE LO CONFORMAN, ES IMPRESCINDIBLE TOMAR COMO REFERENTE EN EL CÁLCULO DEL PORCENTAJE MÍNIMO EXIGIDO POR LA LEY COMO CONDICIÓN DE ACCESO, LA CANTIDAD GLOBAL DE SUFRAGIOS DEPOSITADOS EN LAS URNAS DURANTE EL PROCESO ELECTORAL ESTATAL PREVIO, SIN CONTABILIZARLOS DE MANERA SEPARADA, NI CONSIDERAR EXCLUSIVAMENTE UNA SOLA DE LAS ELECCIONES QUE LO CONFORMAN,.....’ DE LO ANTERIOR SE DESPRENDE QUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE PRETENDE HACER UNA DEFINICIÓN DEL CONCEPTO VOTACIÓN TOTAL EN EL ESTADO, QUE NO SE AJUSTA AL PRINCIPIO DE LEGALIDAD Y MUCHO MENOS A LO CONSAGRADO EN EL ARTÍCULO 41 FRACCIÓN II INCISO A), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, QUE EL MISMO SEÑALA ‘.....EL 30% DE LA CANTIDAD TOTAL QUE RESULTE DE ACUERDO CON LO SEÑALADO ANTERIORMENTE SE DISTRIBUIRÁ ENTRE LOS PARTIDOS POLÍTICOS EN FORMA IGUALITARIA Y EL 70% RESTANTE SE DISTRIBUIRÁ EN LOS MISMOS DE ACUERDO CON EL PORCENTAJE DE VOTOS QUE HUBIEREN OBTENIDO EN LA ELECCIÓN DE DIPUTADOS INMEDIATA ANTERIOR;’ ES CLARO PUES, QUE EL MENCIONADO ORDENAMIENTO SEÑALA QUE LA CANTIDAD DESTINADA AL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE PARTIDOS DEBE DE REPARTIRSE EN FORMA IGUALITARIA, AHORA BIEN, SI BIEN ES CIERTO, QUE EL ARTÍCULO 44 FRACCIÓN I DEL CÓDIGO ELECTORAL EN EL ESTADO SEÑALA QUE PARA ENTRAR AL REPARTO DE LA BOLSA DEL 30% QUE SE DESTINA AL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE PARTIDOS, ES NECESARIO ALCANZAR EL 2% DE LA VOTACIÓN TOTAL EN EL ESTADO, TAMBIÉN ES CIERTO QUE DICHO CONCEPTO NO DEBE DE SER TOMADO COMO LA SUMA DE LAS CUATRO ELECCIONES QUE SE VIVIERON EN EL PROCESO LOCAL INMEDIATAMENTE ANTERIOR, PUES PENSAR LO ANTERIOR, NOS LLEVARÍA AL ABSURDO DE HACER OTRO CÓMPUTO QUE NO SE REALIZÓ EN EL PROCESO EN MENCIÓN, LO ANTERIOR PORQUE LA SEGUNDA BOLSA QUE SE REPARTE DE CONFORMIDAD A LOS VOTOS QUE OBTENGAN CADA PARTIDO, ESTA DEBIDAMENTE REGLAMENTADA, Y DE ACUERDO CON EL PORCENTAJE DE VOTOS OBTENIDOS EN LAS ELECCIONES DE GOBERNADOR, DIPUTADOS SEGÚN EL PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA Y MIEMBROS DEL AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIÉNDOLE A CADA ELECCIÓN EL 36%, 32% Y 32% RESPECTIVAMENTE.

AHORA BIEN, LA INTERPRETACIÓN QUE HACE LA AUTORIDAD SEÑALADA COMO LA RESPONSABLE DE LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 44, DEL CÓDIGO ELECTORAL EN EL ESTADO, AL DECIR QUE SI BIEN EL LEGISLADOR NO ESTABLECIÓ QUE POR VOTACIÓN TOTAL EN EL ESTADO DEBERÍA ENTENDERSE LA CORRESPONDIENTE A LA ELECCIÓN DE DIPUTADOS, PORQUE SU INTERPRETACIÓN ESTABLECE, QUE SI ÉSE HUBIERA SIDO EL SENTIR DEL LEGISLADOR ASÍ LO HUBIERA PLASMADO. SIN EMBARGO TAMBIÉN CON ESTE MISMO ARGUMENTO RESULTA QUE ES IGUALMENTE INCORRECTO EL PRETENDER QUE POR VOTACIÓN TOTAL EN EL ESTADO DEBERÁ ENTENDERSE LA SUMA DE LOS RESULTADOS ELECTORALES EN CADA UNA DE LAS CUATRO ELECCIONES EFECTUADAS EN 1998, INCLUIDA EN FORMA POR DEMÁS ABSURDA Y DUPLICADA LOS RESULTADOS DE LA ELECCIÓN DE DIPUTADOS DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL, PORQUE ADEMÁS DE NO EXISTIR EL ANTERIOR DATO YA QUE EL MIÉRCOLES SIGUIENTE DESPUÉS DE LA ELECCIÓN, LOS CONSEJOS DISTRITALES Y MUNICIPALES SE REUNIERON PARA HACER LOS CÁLCULOS DE LA VOTACIÓN OBTENIDA POR CADA PARTIDO EN CADA DISTRITO Y EN CADA MUNICIPIO, ENVIANDO LOS RESULTADOS AL CONSEJO GENERAL. ASÍ PUES, AL SIGUIENTE DOMINGO DESPUÉS DE LA ELECCIÓN EL CONSEJO GENERAL SESIONARA A FIN DE REALIZAR LOS CÁLCULOS DE LA ELECCIÓN DE GOBERNADOR, DIPUTADOS DE MAYORÍA RELATIVA, Y MIEMBROS DEL AYUNTAMIENTO, ESTABLECIÉNDOSE PRIMERAMENTE EL CÓMPUTO FINAL DE LA ELECCIÓN DE GOBERNADOR DEL ESTADO, PASANDO EN SEGUNDO TÉRMINO AL CÓMPUTO FINAL DE LA ELECCIÓN PARA DIPUTADOS DE MAYORÍA RELATIVA Y POR ÚLTIMO A LOS CÓMPUTOS MUNICIPALES, LO ANTERIOR SE ESTABLECE EN FORMA ORDENADA DICHOS CÓMPUTOS Y NUNCA LOS REVUELVEN, ESTO ES, SE CALCULA EL RESULTADO DE CADA ELECCIÓN POR SEPARADO, DESPRENDIÉNDOSE PUES DE MANERA SISTEMÁTICA Y FUNCIONAL QUE POR VOTACIÓN TOTAL EN EL ESTADO DEBE DE SER LA VOTACIÓN OBTENIDA POR CADA PARTIDO EN CUALQUIERA DE LAS TRES ELECCIONES.

AHORA BIEN, DE LO ANTERIOR SE DESPRENDE, QUE LA INTERPRETACIÓN QUE HACE LA AUTORIDAD DE VOTACIÓN TOTAL EN EL ESTADO NO ESTÁ DEBIDAMENTE FUNDADA Y MOTIVADA, EN RAZÓN, DE QUE, ES CLARO QUE CADA PROCESO SE COMPONE DE DIFERENTES ELECCIONES, Y QUE EL ELECTOR TIENE DERECHO AL SUFRAGIO, ES DECIR TIENE DERECHO A UN VOTO Y QUE LO DEPOSITA EN LAS URNAS PARA ELEGIR A LOS CIUDADANOS DEPENDIENDO DE LA ELECCIÓN DE QUE SE TRATE, ENTENDIÉNDOSE ESTO, COMO EVENTOS DIFERENTES PERO CON EL MISMO VOTO, ES DECIR, QUE EL CIUDADANO NO TIENE DERECHO A CUATRO VOTOS, VOTA UNA SOLA VEZ PARA GOBERNADOR, PARA AYUNTAMIENTO Y PARA DIPUTADOS POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA. ASÍ MISMO, CUANDO LA AUTORIDAD ELECTORAL HACE LOS CÓMPUTOS DE LOS VOTOS DEPOSITADOS EN LAS URNAS LO HACE POR SEPARADO, ES DECIR SE CONTABILIZAN LOS VOTOS POR SEPARADO DE GOBERNADOR DE AYUNTAMIENTOS Y DE DIPUTADOS, LO ANTERIOR PARA PODER DETERMINAR LA VOTACIÓN TOTAL EN EL ESTADO EN CADA UNA DE LAS ELECCIONES EN QUE SE SUFRAGÓ, ASÍ MISMO LA AUTORIDAD ELECTORAL EN NINGÚN MOMENTO CONTABILIZÓ EL TOTAL DE VOTOS OBTENIDOS EN TODAS LAS ELECCIONES, TODA VEZ, QUE NO TENDRÍA RAZÓN DE SER, ADEMÁS DE QUE LA LEY ELECTORAL NO CONTEMPLA ESE TIPO DE CÓMPUTO, POR LO QUE AHORA, LA AUTORIDAD RESPONSABLE PRETENDE ESTABLECER UN NUEVO CÓMPUTO EN EL QUE SE HAGA LA CONTABILIDAD DE LOS VOTOS OBTENIDOS EN LAS CUATRO ELECCIONES DEL PROCESO ELECTORAL DE 1998.

DE LO ANTERIOR SE DESPRENDE, QUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE LO QUE DEBERÍA DE HABER HECHO, ERA DETERMINAR LA APLICACIÓN DE LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 44 DEL CÓDIGO ELECTORAL DEL ESTADO, SEÑALANDO CUÁL DE LAS ELECCIONES SE TOMARÍA COMO VOTACIÓN TOTAL EN EL ESTADO, TAL COMO EXISTE EN LA DISTINCIÓN EN EL CASO DEL FINANCIAMIENTO, EN LA ASIGNACIÓN DE REGIDORES Y DIPUTADOS POR EL PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL, POR LO QUE NO ES VÁLIDO QUE EN VEZ DE QUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE HAYA DISTINGUIDO CUÁL DE LAS CUATRO ELECCIONES QUE SE CELEBRARON EN EL PROCESO ELECTORAL DE 1998 SIRVIERA PARA TOMAR EL CONCEPTO DE VOTACIÓN TOTAL EN EL ESTADO, HUBIERA OPTADO MEJOR POR MEZCLARLAS.

AHORA BIEN LA AUTORIDAD RESPONSABLE SEÑALA QUE ES IMPOSIBLE TOMAR EL CONCEPTO DE VOTACIÓN TOTAL EN EL ESTADO QUE SEÑALA EL ARTÍCULO 206 PÁRRAFO FINAL DEL CÓDIGO ELECTORAL DEL ESTADO, TODA VEZ QUE ES UNA REGLA ESPECIAL QUE SOLO SURTE EFECTOS PARA LA ASIGNACIÓN DE DIPUTACIONES DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL, PERO LA AUTORIDAD SE OLVIDA QUE ES EN LA ÚNICA PARTE DE NUESTRO ORDENAMIENTO LEGAL APLICABLE EN LA QUE DEFINE EL CONCEPTO DE VOTACIÓN TOTAL EN EL ESTADO, RAZÓN POR LA CUAL SI BIEN ES CIERTO HABLA SOBRE LA ASIGNACIÓN DE DIPUTADOS DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL, TAMBIÉN LO ES QUE DEBE DE SERVIR COMO SUSTENTO LEGAL PARA QUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE PUEDA DEFINIR CON CERTEZA JURÍDICA EL CONCEPTO DE VOTACIÓN TOTAL EN EL ESTADO Y SEÑALAR ADEMÁS QUÉ ELECCIÓN ES LA QUE SE DEBE DE CONTEMPLAR PARA EL REPARTO DE LA PRIMERA PORCIÓN QUE SEÑALA EL ARTÍCULO 44 FRACCIÓN I.

CUARTO.- FUENTE DE AGRAVIO.- LA OMISIÓN QUE HACE H. SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO AL CONTEMPLAR A LOS PARTIDOS DE NUEVO REGISTRO DENTRO DE LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 44 DEL CÓDIGO ELECTORAL DEL ESTADO.

PRECEPTO VIOLADO.- SE VIOLA EL ARTÍCULO 14, 16 DE LA CONTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

CONCEPTO DE AGRAVIOS.- AGRAVIA A MI REPRESENTADA, EL HECHO DE QUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE HAYA PASADO POR ALTO, EL CONSIDERAR QUE LOS PARTIDOS POLÍTICOS SOCIEDAD NACIONALISTA, ALIANZA SOCIAL Y CONVERGENCIA POR LA DEMOCRACIA, PARTIDOS DE NUEVO REGISTRO, Y QUE NO HAN PARTICIPADO EN NINGÚN PROCESO ELECTORAL LOCAL, ESTÉN CONTEMPLADOS EN LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 44 DEL CÓDIGO ELECTORAL DEL ESTADO, YA QUE LOS MISMOS DEBIERON DE SER CONSIDERADOS EN LA FRACCIÓN III DEL ORDENAMIENTO EN CITA, QUE A LA LETRA DICE: ‘EN CASO DE QUE SE REGISTREN NUEVOS PARTIDOS POLÍTICOS NACIONALES, DE LA PRIMERA PORCIÓN QUE SE DESTINARA EL 5% EL CUAL SERÁ DISTRIBUIDO ENTRE DICHOS PARTIDOS DE MANERA IGUALITARIA, SIEMPRE Y CUANDO EL PORCENTAJE NO REBASE EL 0.5% DE DICHO PRESUPUESTO POR CADA PARTIDO POLÍTICO.’ SE DESPRENDE PUES, DEL CITADO ORDENAMIENTO, QUE EL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL, DEBIÓ DE HABER CONTEMPLADO A LOS PARTIDOS DE NUEVO REGISTRO, DENTRO DE LA FRACCIÓN III DEL CITADO ORDENAMIENTO LEGAL, Y NO CONTEMPLARLO DENTRO DE LA FRACCIÓN II DEL YA CITADO ARTÍCULO, LO ANTERIOR, POR QUE EN VEZ DE HABER SIDO CONTEMPLADO SOLAMENTE DOS PARTIDOS POLÍTICOS DENTRO DE LA FRACCIÓN II CONTEMPLA 5 PARTIDOS POLÍTICOS, LO QUE AGRAVIA TAMBIÉN A ESTE INSTITUTO PORQUE SUFRE UN MENOSCABO EN SU PRERROGATIVA, YA QUE SE DIVIDE EN 5 EL PORCENTAJE EN VEZ DE HABER SIDO DIVIDIDO ENTRE DOS PARTIDOS POLÍTICOS, VIOLENTANDO CON ESTO LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 14 Y 16 CONSTITUCIONAL YA QUE DE MANERA ILEGAL NOS PRIVAN DE UN DERECHO QUE COMO INSTITUTO POLÍTICO TENEMOS.

POR LO ANTERIORMENTE EXPUESTO Y FUNDADO, A ESTA H. SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, ATENTAMENTE SOLICITO:

PRIMERO: SE ME TENGA POR PRESENTADO EN LOS TÉRMINOS DEL PRESENTE OCURSO, PROMOVIENDO JUICIO DE REVISIÓN CONSTITUCIONAL ELECTORAL, EN CONTRA DE LA SENTENCIA DICTADA POR EL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, EL DÍA 9 DE ABRIL DEL 2001, Y QUE ME FUE NOTIFICADA 11 DE ABRIL, MISMA QUE SE PRESENTA HASTA ESTA FECHA POR NO HABER LABORADO LA AUTORIDAD RESPONSABLE LOS DÍAS 12, 13, 14 Y 15 DE ABRIL, NI HABIENDO DEJADO GUARDIA PARA QUE LA RECIBIERA, POR LO QUE DEBE DE CONSIDERARSE QUE ESTAMOS EN TIEMPO Y FORMA LEGALES PRESENTANDO EL PRESENTE JUICIO DE REVISIÓN CONSTITUCIONAL.

SEGUNDO: SEGUIDO EL JUICIO PARA TODOS SUS TRÁMITES, REVOCAR LA SENTENCIA RECURRIDA DECLARANDO QUE SON FUNDADOS LOS AGRAVIOS HECHOS VALER POR EL EXPONENTE, DICTANDO UNA NUEVA SENTENCIA EN EL QUE SE DECLARE COMO PROCEDENTE LA APELACIÓN INTERPUESTA POR MI REPRESENTADA, Y ORDEN AL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL MODIFICAR SU ACUERDO DEL FONDO DEL NEGOCIO QUE NOS OCUPA."

IV. Mediante oficio número doscientos diecinueve, de fecha veinte de abril de dos mil uno, y presentado ante la Oficialía de Partes de esta Sala Superior el veintitrés siguiente, el Magistrado Presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Aguascalientes remitió, entre otros documentos, el original del escrito que contiene el juicio de revisión constitucional electoral de mérito, los autos originales del toca electoral 0007/2001, así como el informe circunstanciado de ley.

V. Por acuerdo de veintitrés de abril del año en curso, el Magistrado Presidente de esta Sala Superior, ordenó la integración del expediente en que se actúa y remitió los autos a la ponencia del Magistrado José Luis de la Peza, para los efectos previstos en los artículos 19 y 92 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; determinación que fue cumplida mediante oficio TEPJF-SGA-339/01, signado por el Secretario General de Acuerdos de este órgano jurisdiccional.

VI. Por auto de fecha veintidós de mayo de este año, se admitió a trámite la demanda del juicio de revisión constitucional electoral de mérito y, en virtud de que no quedaban diligencias pendientes por desahogar, se cerró la instrucción.

C O N S I D E R A N D O

PRIMERO. Esta Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es competente para conocer y resolver el presente juicio de revisión constitucional electoral, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 99, párrafo cuarto, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 186, fracción III, inciso b), 189, fracción I, inciso e), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como 3 párrafo 2, inciso d) y 87, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

SEGUNDO. La procedencia del presente juicio, se encuentra plenamente acreditada, en términos de los artículos 8, 9, 86 y 88, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, pues el escrito de demanda se presentó ante la autoridad responsable, en éste consta el nombre del partido actor, nombre y firma autógrafa del promovente, se encuentra identificado el acto combatido y la autoridad emisora, los hechos en que se basa la impugnación, así como los agravios que le causa la citada determinación.

Asimismo, el juicio que nos ocupa se presentó oportunamente, ya que fue promovido dentro del plazo legal establecido por el artículo 8, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, no obstante que la sentencia combatida le fue notificada personalmente al enjuiciante, el once de abril del presente año, como consta a fojas 221 y 222 del cuaderno accesorio número 1, y la demanda se presentó el dieciséis siguiente, como se advierte a foja 8 del cuaderno principal.

Lo anterior, en razón de que la autoridad responsable, tal y como lo hace constar en su informe circunstanciado, el cual obra a foja 2 del expediente en que se actúa, determinó como inhábiles los días doce, trece, catorce y quince de abril del año en curso, atendiendo al calendario interno de labores, por lo que, dichos días no deben incluirse en el cómputo que se realice para establecer la oportunidad de la presentación del escrito de demanda, ya que es patente que la situación descrita produce imposibilidad para que el interesado pueda ejercitar legalmente su derecho de impugnación, por ello, se estima oportuna la promoción del presente juicio, ya que se realizó el primer día hábil siguiente al en que el enjuiciante tuvo conocimiento del acto impugnado, es decir, el dieciséis de abril del año en curso, resultando aplicable al respecto, la tesis de jurisprudencia S3EL 02/98, que lleva por rubro "DÍAS NO LABORADOS POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE. NO DEBEN COMPUTARSE EN EL PLAZO LEGAL PARA PROMOVER MEDIO DE IMPUGNACIÓN", visible en la página 42, del Suplemento 2, de Justicia Electoral, Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

De igual forma, proviene de parte legítima y se acredita la personería, ya que fue promovido por el Partido del Trabajo, a través de Ricardo Barba Parra, quien es la misma persona que interpuso el medio de impugnación al cual le recayó la resolución combatida en esta vía, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 88, párrafo 1, inciso b) de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

Adicionalmente, esta Sala Superior considera que se cumplieron los requisitos establecidos en el párrafo 1, del artículo 86, de la Ley General anteriormente citada, por los razonamientos que a continuación se exponen.

a) La resolución reclamada a través de este juicio es definitiva y firme, en atención a que la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral de Aguascalientes, no contempla otro medio de impugnación local por el cual el partido accionante pueda obtener la revocación del fallo controvertido.

Además, atento a lo que regula el artículo 49, párrafo 1 del mencionado ordenamiento legal, el recurso de apelación es el único medio de impugnación que procede contra actos o resoluciones emitidos por el Instituto Estatal Electoral, que no sean impugnables a través del recurso de revisión; así, tomando en cuenta que el original acto impugnado lo constituye un acuerdo emitido por el Consejo General del Instituto Estatal Electoral y no se encuadra en los supuestos de procedencia del recurso de revisión, resulta claro que la única instancia previa que debió agotar el partido actor es precisamente el citado recurso de apelación, por lo que se tienen por satisfechos los requisitos previstos en los incisos a) y f), del artículo 86, de la citada ley general.

Al respecto resulta aplicable la tesis de jurisprudencia S3ELJ023/2000, aprobada por esta Sala Superior, publicada en el Suplemento número 4, página 8 de "Justicia Electoral" Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial del Federación, cuyo rubro es "DEFINITIVIDAD Y FIRMEZA, CONSTITUYEN UN SOLO REQUISITO DE PROCEDIBILIDAD DEL JUICIO DE REVISIÓN CONSTITUCIONAL ELECTORAL."

b) Del escrito de demanda del juicio en estudio, se advierte que el partido actor señala que, con la emisión de la resolución reclamada, se violentaron los artículos 14, 16, 41, 60, 94, 99 y 116, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que resulta suficiente para tener por satisfecho el presupuesto que se examina; además, el hecho de que la resolución impugnada haya violado o no algún precepto del referido cuerpo normativo, no es obstáculo para estudiar la procedencia del presente juicio, en virtud de que ello deriva, en su caso, del análisis de fondo de este medio de impugnación, resultando innecesario que el promovente acredite a priori la violación de algún precepto constitucional, atento a que ello, se insiste, es consecuencia del análisis de los agravios esgrimidos.

Asimismo, resulta aplicable el criterio de jurisprudencia S3ELJ02/97 emitido por esta Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y visible en las páginas 25 y 26 del Suplemento número 1, "Justicia Electoral", Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cuyo rubro es "JUICIO DE REVISIÓN CONSTITUCIONAL ELECTORAL. INTERPRETACIÓN DEL REQUISITO DE PROCEDENCIA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 86, PÁRRAFO 1, INCISO B), DE LA LEY DE LA MATERIA".

c) Igualmente se cumple con el requisito previsto en el inciso c), del artículo 86 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, consistente en que la violación reclamada pueda resultar determinante para el desarrollo del proceso electoral respectivo o el resultado final de las elecciones, por lo siguiente:

En el asunto que nos ocupa, la autoridad responsable declaró firme el acuerdo dictado por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Aguascalientes, por el cual se "establece la distribución del financiamiento público estatal a los partidos políticos nacionales acreditados, tanto para su operación normal, como el relativo a gastos de campaña, correspondientes al ejercicio 2001", que, en concepto del actor, es ilegal y por ende violatorio de la Carta Magna.

Tal hecho, en el supuesto de resultar cierto, podría dar origen a la alteración o modificación sustancial de las condiciones jurídicas y materiales que son necesarias como requisito sine qua non para calificar a unas elecciones como libres y auténticas, por estar relacionado con el financiamiento público que al actor legalmente le corresponde, pues constituye un elemento esencial para la realización del conjunto de actividades que deben y necesitan llevar a cabo los partidos políticos en su actuación ordinaria y durante los períodos electorales y cumplir con su encomienda constitucional de promover la participación del pueblo en la vida democrática, a la integración de la representación nacional y hacer posible el acceso de los ciudadanos a los cargos de elección popular, de manera tal que, cualquier afectación a su derecho de percibir el financiamiento público que le corresponde es determinante para el desarrollo del proceso electoral respectivo y para el resultado final de las elecciones

Las anteriores consideraciones son acordes con el criterio de jurisprudencia S3ELJ 09/2000 emitido por esta Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y visible en las páginas 12 y 13 del Suplemento número 4, de "Justicia Electoral", Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cuyo rubro es "FINANCIAMIENTO PÚBLICO. TODA AFECTACIÓN A ESTE DERECHO ES DETERMINANTE PARA LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE REVISIÓN CONSTITUCIONAL". Lo que permiten a este órgano colegiado concluir que la violación reclamada por el partido impugnante sí satisface el requisito de procedibilidad previsto en el inciso c) del artículo 86 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

d) Finalmente la reparación solicitada es material y jurídicamente posible dentro de los plazos electorales porque en el supuesto de que se acredite que el Partido del Trabajo tiene derecho a recibir un financiamiento mayor al que actualmente está recibiendo, el ajuste del monto de financiamiento público se puede realizar en las ministraciones mensuales que están pendientes de entregar a los partidos políticos, como son las correspondientes a los meses de mayo a diciembre del año en curso, de conformidad con los montos y el calendario que el propio Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Aguascalientes estableció en el acuerdo del diecinueve de enero del año que transcurre.

TERCERO. Previo al análisis de los argumentos que en vía de agravio hace valer el promovente en su escrito de demanda, debe precisarse que el juicio de revisión constitucional electoral es de estricto derecho y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 23, párrafo 2, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral debe resolverse con sujeción a las reglas contenidas en el Capítulo IV, Título Único, Libro Cuarto de la citada ley, en el que no se permite la suplencia de las deficiencias u omisiones que pudieran existir en los agravios expresados por el partido actor.

Del análisis integral al escrito de demanda es posible desprender los siguientes agravios:

1.- Los relacionados con la falta de motivación y fundamentación del considerando III de la resolución impugnada, pues en concepto del enjuiciante la autoridad responsable se limita a señalar que el Congreso del Estado de Aguascalientes sí dio cumplimiento a lo establecido en el código electoral local, mediante la aprobación y publicación correspondiente en el periódico oficial del presupuesto de egresos de dicha entidad federativa, en donde se contempló expresamente una partida presupuestal para el financiamiento público a los partidos políticos acreditados.

Asimismo, el actor estima que el congreso local en dicho presupuesto de egresos, discrecionalmente y sin haber cumplido con el procedimiento, solamente aprobó la partida de gasto ordinario para el ejercicio del presente año, siendo que debió incluir por igual la partida correspondiente a los gastos de campaña y no lo hizo, "...violación que la autoridad responsable debió haber previsto antes de dictar sentencia, ya que no cumple con las disposiciones constitucionales ni locales...".

2.- Los vinculados con la falta de motivación y fundamentación del considerando IV de la resolución impugnada, puesto que, en concepto del actor la autoridad responsable sólo se constriñe a mencionar que es insuficiente el segundo agravio hecho valer, además de que no expone ningún razonamiento lógico-jurídico, siendo que, en opinión del enjuiciante, su agravio se encuentra debidamente configurado ya que, en el mismo se señala la violación que hace el Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Aguascalientes a diversos preceptos de la Carta Magna, puesto que hace un reparto inequitativo de los recursos públicos, olvidándose la autoridad responsable que los agravios aducidos se pueden desprender de cualquier capítulo del escrito inicial de demanda y no necesariamente del capítulo particular de los agravios, por lo que debió entrar al estudio de ellos.

3.- Los relacionados con la violación a los artículos 14 y 16 constitucionales por la ausencia de fundamentación y motivación del considerando V de la resolución impugnada, puesto que, alega el enjuiciante que la autoridad responsable con su actuar, priva del derecho que, como partido político nacional debidamente acreditado, tiene de participar en el reparto de financiamiento público estatal contemplado en el artículo 44, fracción I del Código Electoral del Estado de Aguascalientes, al no haber sido considerado como partido político que sí alcanza el 2% de la votación en el estado.

Lo anterior, en virtud de que dicho ordenamiento legal no señala qué debe entenderse por "votación total en el estado", por lo que, en concepto del actor, la interpretación que realiza la responsable es incorrecta, ya que resulta "...ilógico pensar que deba entenderse por votación total en el estado la suma de todos los votos de las cuatro elecciones que hubo en el proceso electoral local de 1988...", puesto que, como lo sostiene la autoridad responsable, si ése hubiera sido el sentir del legislador así lo hubiera plasmado, por tanto, si cada proceso se compone de diferentes elecciones y cuando la autoridad electoral hace los cómputos de los votos depositados en las urnas lo hace por separado, "...nunca los revuelven, esto es, se calcula el resultado de cada elección por separado, desprendiéndose pues de manera sistemática y funcional que por votación total en el estado debe ser la votación obtenida por cada partido en cualquiera de las tres elecciones".

4.- Los relacionados, en opinión del actor, con la omisión de la autoridad responsable de considerar que los partidos políticos Sociedad Nacionalista, Alianza Social y Convergencia por la Democracia, que son de nuevo registro y que no han participado en ningún proceso electoral local, estén contemplados en la fracción II, del artículo 44, del Código Electoral local, ya que los mismos debieron ser considerados en la fracción III, del ordenamiento en cita, ocasionando un menoscabo en su prerrogativa al actor, toda vez que se divide en cinco el porcentaje en vez de haber sido dividido sólo entre dos partidos políticos, privando en consecuencia de manera ilegal un derecho que como instituto político le pertenece al enjuiciante.

Precisado lo anterior, se procede al estudio de los mismos, en donde esta Sala Superior considera que los motivos de inconformidad que se resumen en los puntos 1 y 4, del presente considerando resultan inatendibles, en atención a los razonamientos siguientes:

Por lo que hace al número 1, si bien es cierto, el actor dirige su impugnación en contra de la resolución recaída al recurso de apelación que confirmó el acuerdo de la autoridad administrativa electoral, por medio del cual se establece la distribución del financiamiento público estatal a los partidos políticos debidamente acreditados, también lo es que, de los agravios expuestos por el mismo, claramente se puede advertir que su inconformidad toral o intención principal es en contra del presupuesto de egresos del Estado de Aguascalientes, contenido en el Decreto número 151, emitido por la LVII Legislatura y publicado en el Periódico Oficial del estado el veintiocho de diciembre de dos mil, pues en su concepto, el Congreso del Estado aprobó discrecionalmente y sin cumplir con el procedimiento sólo una partida, que es la de gasto ordinario, sin incluir la de gastos de campaña, violación que según el actor debió ser reparada por la autoridad responsable.

Por tanto, es evidente que el enjuiciante pretende combatir un acto del Congreso del Estado de Aguascalientes, mismo que, por provenir del poder legislativo local, es imposible de reparar mediante el recurso de apelación intentado, puesto que dicho medio de impugnación, de conformidad con el artículo 49, de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación de Aguascalientes procede contra actos o resoluciones que recaigan a los recursos de revisión planteados en dicha ley; y contra los actos o resoluciones emitidos por el Instituto Estatal Electoral, resultando en consecuencia inatendibles los agravios expuestos en contra del presupuesto de egresos del Estado de Aguascalientes, por tratarse de un acto distinto al acuerdo controvertido, proveniente de una autoridad diversa a la impugnada e imposible de ser reparado a través del medio de impugnación intentado.

A mayor abundamiento, debe decirse que contrario a lo argumentado por el actor, el estudio realizado por la autoridad responsable sí se encuentra fundado y motivado, en razón de que, como se puede advertir del texto de la resolución impugnada la cual ha quedado debidamente transcrita en el resultando II de la presente sentencia, dicha autoridad lejos de limitarse a señalar que el Congreso local había dado cumplimiento a lo establecido en el Código Electoral local, admitió que en los artículos 42 y 43 de dicho ordenamiento se determina que en el presupuesto de egresos deben incorporarse las partidas que correspondan al financiamiento público de los partidos políticos, y que para el efecto el Consejo General del Instituto, tiene el deber de realizar un estudio, para enviarlo a la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado, asimismo, dicha autoridad, estimó como verídica la aseveración del impetrante de que el Consejo General del referido instituto se encontraba fácticamente imposibilitado para cumplir con aquellas bases, pues comenzó a ejercer sus funciones a partir de la vigencia del Código Electoral local, lo que sucedió el treinta y uno de octubre del año dos mil, es decir, con posterioridad al mes de septiembre, fecha límite para llevar a cabo y dar curso al informe financiero de mérito

Asimismo, la responsable estimó que la ausencia del citado estudio en nada beneficia al apelante, ni es motivo de reparación en la instancia intentada, puesto que el Congreso local en ejercicio de las facultades consagradas en los artículos 27, fracción III, de la Constitución Política del Estado dio cumplimiento al mandato de los artículos 41, 42 y 46 del Código Electoral del Estado, mediante la aprobación y publicación del Presupuesto de Egresos de la entidad, en donde contempló una partida presupuestal para el financiamiento público a los partidos políticos acreditados a ejercerse durante el presente año, quedando así, el derecho del partido actor de recibir financiamiento debidamente salvaguardado.

Finalmente, la autoridad jurisdiccional responsable expuso que, en relación con la falta de previsión en el presupuesto de egresos de los gastos de campaña, el Congreso local expresamente estableció que "el importe correspondiente al financiamiento público a partidos políticos se refiere a lo dispuesto por el Código Electoral del Estado de Aguascalientes", con lo cual, dicha responsable estimó que quedaba claro que en el monto aprobado como financiamiento público estatal incluía la partida presupuestal para cubrir los gastos de campaña, siguiendo así las bases del artículo 46, del Código Electoral local, "...tanto porque es un hecho notario que en este año habrá de celebrarse un proceso electoral en la entidad, para la elección de Presidentes Municipales y Diputados, como porque al precisar que el financiamiento presupuestado se refería al previsto en aquel ordenamiento, el Congreso del Estado no excluyó de tal partida al financiamiento para gastos de campaña.".

Ahora bien, por lo que respecta al número 4 anterior, debe decirse que lo inatendible de los motivos de inconformidad deviene en razón de que el agravio expuesto por el actor no fue hecho valer dentro de la demanda del recurso de apelación, cuya resolución ahora se controvierte, puesto que, del análisis efectuado por esta Sala Superior de dicho escrito, el cual corre agregado a fojas 13 a 38 del cuaderno accesorio del expediente en que se actúa, se puede advertir la ausencia de referencia alguna sobre el hecho de que partidos políticos de reciente creación, como Convergencia por la Democracia, Alianza Social y Sociedad Nacionalista debieran ser contemplados en el reparto del financiamiento para gastos de campaña, dentro de la hipótesis contenida en la fracción III, del artículo 44 del Código Electoral del Estado de Aguascalientes, por carecer de antecedentes electorales, o bien, en el sentido de que el Consejo General del Instituto Estatal Electoral, de forma indebida haya estimado que dichos partidos encuadraban en la fracción II del precepto antes citado, menoscabando con ello el derecho del partido enjuiciante.

Por lo anterior, este órgano colegiado considera que si dichos argumentos no fueron hechos valer ante la instancia previa, la autoridad responsable no tuvo oportunidad de pronunciarse al respecto, denotando así, lo inatendible en que devienen los agravios hechos valer por el actor, dado que, en esta instancia, al tratarse de un medio de control constitucional de las autoridades electorales locales, no se encuentra permitido ampliar o variar los puntos de litis originalmente propuestos ante las mismas.

En relación con los motivos de inconformidad indicados en el número 2 anterior, esta Sala Superior estima los mismos resultan inoperantes por lo siguiente:

En el considerando IV de la resolución impugnada, el cual ha quedado debidamente transcrito en el resultando II de la presente resolución, claramente se puede advertir que la autoridad responsable estimó como insuficientes los agravios hechos valer, en razón de que, el recurrente, no expuso razonamiento lógico-jurídico que permitiera concluir que no se aplicó determinada disposición constitucional o legal, o que se aplicó indebidamente otra que no resultara pertinente al caso concreto, o en todo caso, que se haya realizado una incorrecta interpretación, por lo que, ante la deficiencia técnica y al no permitirse la suplencia de la queja, con fundamento en los artículos 12, fracción I y 28 fracción III de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado de Aguascalientes, desestimó los agravios expuestos por el actor.

No obstante lo anterior, dicha autoridad responsable en el mismo apartado en estudio, también expresó que "...que la disposición contenida en la fracción IV, inciso f) del artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, referente ante los partidos políticos deben recibir un financiamiento público equitativo no significa que el reparto de fondos públicos a esas agrupaciones sea idéntico e igualitario en todos los casos, en un contexto puramente aritmético; por el contrario, su alcance jurídico está determinado por la fórmula de justicia distributiva, relativa al trato igual a los iguales y desigual a los desiguales, a partir de parámetros tales como su historia política y su fuerza electoral...".

Aunado a lo anterior, la responsable continuó argumentando que resultaba incuestionable que corresponde a cada legislatura local determinar cuáles son los factores que deben tomarse en cuenta para definir la distribución del financiamiento público a los partidos políticos la Constitución, "...y en el caso de Aguascalientes tales bases están debidamente especificadas en los artículos 44 y 45 del Código Electoral del Estado...", citando y transcribiendo la Tesis de jurisprudencia emitida por este órgano jurisdiccional, bajo el rubro "FINANCIAMIENTO PÚBLICO. LAS LEGISLATURAS LOCALES NO SE ENCUENTRAN OBLIGADAS A FIJARLO EN IGUALES TÉRMINOS QUE EN EL ORDEN FEDERAL."

Bajo este orden de ideas, resulta evidente que la responsable sí fundó y motivó su determinación y por otro lado, que el enjuiciante no controvierte todas y cada una de las consideraciones expuestas por la autoridad responsable, así como tampoco especifica en qué consiste la supuesta violación en que incurre el Consejo General del Instituto Electoral de Aguascalientes, de qué parte de su demanda original se desprendía la misma, o bien, en qué radica lo inequitativo del reparto de los recursos públicos, por lo que, al no encontrarse debidamente controvertidos los diversos motivos y fundamentos expuestos por el tribunal responsable, y ante la imposibilidad, como se anticipó, de suplir la deficiencia de la queja, esta Sala Superior, estima deben seguir rigiendo en sus términos los razonamientos expuestos en la resolución impugnada.

Finalmente, por lo que atañe a los agravios sintetizados en el número 3 anterior, esta Sala Superior considera los mismos resultan sustancialmente fundados por las siguientes consideraciones:

En síntesis, la autoridad responsable reconoce que el artículo 44, fracción I del Código Electoral del Estado, no define explícitamente el alcance jurídico del concepto "votación total en el Estado", pero que, de una interpretación gramatical y sistemática de los artículos 44, fracciones I y V, y 45, párrafo primero del Código Electoral del Estado de Aguascalientes, se puede llegar a la conclusión de que "...por votación total en el Estado debe entenderse, la suma de todos los votos emitidos en las diversas elecciones que hayan generado el proceso electoral estatal previo a la asignación presupuestaria en cuestión, con exclusión de las elecciones federales...", es decir, "...sin contabilizar de manera separada, ni considerar exclusivamente una sola de las elecciones que lo conforman, porque de haber sido esa la intención del legislador, en el Código Electoral del Estado se habría precisado...".

Por tanto, el punto a dilucidar para poder establecer si el actor tiene derecho o no de recibir el financiamiento público que reclama, es determinar el alcance jurídico del concepto votación total en el Estado, puesto que, en opinión del enjuiciante, la interpretación que realiza la autoridad responsable del artículo 44, fracción I del Código Electoral local es incorrecta ya que, debe entenderse por tal, el total de la votación obtenida por cada partido en cualquiera de las tres elecciones.

Tal afirmación resulta acertada en lo medular ya que, como a continuación se demuestra, cuando el legislador local utilizó la expresión "votación total en el estado" en el precepto citado no se refería a la suma de los resultados de cada una de las elecciones que en los últimos comicios se hubieren celebrado, sino por el contrario, a los resultados estatales, individualmente considerados, de cada una de tales elecciones, pues la votación recibida en ellas, al tener como objetivo, en cada caso, la selección democrática de los ciudadanos que deberán ocupar los cargos públicos de origen popular, produce sus propios efectos jurídicos, resultando secundario o accesorio el hecho que tuviere verificativo su celebración en la misma fecha.

La experiencia enseña que cuando el legislador emplea en un ordenamiento palabras de uso general en el vocabulario común y, como en el presente caso, se abstiene de proporcionarles una noción jurídica específica, esto obedece a que el uso del término del que se trata se hizo en la acepción que corresponde al uso común o generalizado.

Este es el caso del vocablo "votación" que en el código de mérito no se precisa conceptuación específica alguna, por lo que, hay que acudir a su significado ordinario, mismo que, según el Diccionario de la Lengua Española, vigésima primera edición, Espasa Calpe, Madrid 1992, Tomo II, página 2106, comprende dos acepciones. Por un lado, refiere a la acción y efecto de votar y, por otro, al conjunto de votos emitidos, connotaciones que, en efecto, son utilizadas en uno y otro caso por el legislador del Estado de Aguascalientes, en aquellos ordenamientos que más inciden en la materia electoral.

Los artículos 27, fracción XXXI, 66, último párrafo, 94, fracción II, de la Constitución Política del Estado, 65, 95, incisos A), párrafos 3 y 4, B), párrafos 4 y 5, C), párrafo 2, 151, fracción VI, 159, fracción I, incisos e) y g), 161, fracción III, 166, fracción VII, 170, 173, 175, 178, 181, 182, 183, 196, fracción VI, 224, fracción VII, del Código Electoral del Estado; y 30 de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, utilizan el concepto "votación" en su primera acepción, es decir, como la actividad que se tiene que desarrollar para la consecución de ciertos objetivos, tales como, integrar los distintos órganos de poder, conformar las autoridades encargadas de organizar y calificar las elecciones, crear, adicionar o reformar ordenamientos jurídicos, confirmar, modificar o revocar actos o resoluciones, o bien, todo lo que implique ejercitar el derecho u obligación de votar para producir un determinado efecto jurídico.

En tanto, los artículos 17, párrafos primero y segundo, fracción II, de la Constitución Política del Estado, 16, 38, fracción V, 67, fracción XV, 79, fracción VI, 206, 207, 209, inciso b) del Código Electoral del Estado, 52, 53, fracciones I, inciso a), II, inciso a), III, inciso a), IV, inciso a), 55, fracciones I y III, 58, 62 y 63 de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, emplean la segunda acepción del concepto, esto es, como la representación de los resultados obtenidos como consecuencia del ejercicio del voto o el número de veces que se eligió una opción preestablecida, para poder producir los efectos o consecuencias jurídicas pretendidos. Es con dicha connotación que se emplea la palabra en la norma que se encuentra bajo análisis.

Un estudio del segundo grupo de preceptos que se han relacionado permite encontrar que, en todos ellos, la votación obtenida como consecuencia del ejercicio del voto, es decir, los resultados electorales o conjunto de votos emitidos, siempre se entiende referenciada a un tipo de elección en particular, ya sea la de gobernador, la de diputados o bien, la de ayuntamientos.

Así, por ejemplo, los preceptos enunciados de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes consagran, por un lado, que el Congreso local se integra entre otros, por dieciocho diputados electos según el principio de votación de mayoría relativa, mediante un sistema de distritos electorales uninominales, es decir, la "votación" se encuentra referenciada a un sistema electoral determinado por virtud del cual se especifica cómo el conjunto de votos se traducirán en escaños parlamentarios. De otro lado, se prescribe que las diputaciones por el principio de representación proporcional se otorgarán a todo partido político que obtenga por lo menos el dos punto cinco por ciento de la votación emitida, por lo que en este caso se utiliza el vocablo para relacionarlo a un porcentaje que debe conseguirse para acceder al derecho a que le sean otorgadas diputaciones bajo este sistema electoral.

Por su parte, el código electoral de la entidad, en su artículo 16, utiliza la palabra "votación" en un sentido similar al artículo 17, párrafo primero, de la constitución local. El 38, fracción V, lo emplea para determinar el conjunto de votos emitidos que debe considerarse en los respectivos escrutinios y cómputos en los casos en que se celebre una coalición por la que se postule candidatos a gobernador, diputados de mayoría relativa o miembros de los ayuntamientos. En los artículos 69, fracción XV, y 79, fracción VI, se relaciona con las facultades de los consejos General y distritales para realizar los cómputos de las elecciones de gobernador y diputados de mayoría relativa, respectivamente. Los artículos 206, 207 y 209 del ordenamiento en cita ocupan el término para hacer mención del porcentaje de votos que se requiere para acceder, según sea el caso, a las diputaciones o regidurías de representación proporcional (votación total emitida, tanto a nivel estatal o municipal), así como para establecer el tanto por ciento fijado para acceder a la primera ronda de votación en el caso de las diputaciones (votación estatal emitida o simplemente votación estatal). Del mismo modo, cuando el numeral 143, último párrafo, condiciona al Instituto Estatal Electoral para divulgar los resultados del Programa de Resultados Electorales Preliminares, a que exista una diferencia mínima en los niveles de votación entre la primera y la segunda fuerza política de cuando menos tres puntos porcentuales y que se hubiere computado cuando menos el cuarenta por ciento de las casillas electorales, implícitamente se refiere a las distintas elecciones individualmente consideradas, pues sólo de esta manera es posible distinguir entre las primeras dos fuerzas políticas que contienden para la obtención de un cargo público de elección.

Como se anticipó, la normatividad relacionada evidencia que, para el sistema jurídico estatal de Aguascalientes, cada tipo de elección es considerada por separado, con efectos jurídicos independientes. El hecho de que, en algunas ocasiones, pudieran encontrarse relacionados o vinculados, por encontrar su origen en la misma jornada electoral y gozar de procedimientos preparatorios comunes, en nada disminuye su autonomía, pues nada impide que, como ocurre en otras legislaciones estatales del país, que se establezcan fechas de elección distintas en una misma anualidad, para la celebración de las diferentes elecciones.

Esto es así, atento a los artículos 35, fracción II, 36, fracción III, 40, 41, párrafo primero, 115, fracción I, 116, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 8, 12, fracción I y 13, fracción II, 16, 41 y 66, párrafo segundo, de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes y 4, 16, 17 y 18 del Código Electoral del Estado de Aguascalientes, porque en el marco de una república democrática y representativa, los ciudadanos cuentan con el inalienable derecho a sufragar en las elecciones que periódicamente se celebren para designar a los ciudadanos que habrán de integrar los poderes públicos susceptibles de renovación por la vía popular, en la especie, los cargos de gobernador, diputados, presidentes municipales, síndicos y regidores.

En este sentido, como lo reconoce expresamente el artículo 4 del código electoral citado, la finalidad del ejercicio del sufragio es integrar los poderes y ayuntamientos del estado a través de los comicios, de ahí que los votos en los que se traduce dicho ejercicio produzcan efecto particularizado en la elección en la que fueron emitidos, no siendo lógica ni jurídicamente posible mezclarlos o yuxtaponerlos a un proceso o elección para el que no ha sido ejercitado tal derecho fundamental.

La autonomía e independencia de los efectos que producen cada una de las elecciones y sus resultados se corrobora aún más en los preceptos de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado de Aguascalientes que en párrafos precedentes se han debidamente señalado, de cuya interpretación gramatical y sistemática, en términos del artículo 3 del propio cuerpo legal, se infiere que cuando lo que se impugna son resultados electorales, esto es, los distintos conjuntos de votos emitidos y consignados en los cómputos respectivos, en el medio de defensa respectivo debe señalarse la elección que se controvierte (artículo 55, fracción I), no siendo jurídicamente válido combatir en un mismo escrito de demanda más de una elección (artículo 12, fracción IV) en tanto que, las nulidades decretadas por la autoridad jurisdiccional estatal respecto de la votación emitida en una o varias casillas o de una elección, se contraen exclusivamente a la votación o elección para la que expresamente se haya hecho valer el recurso de inconformidad. Por ello, si bien es cierto que en algunos de los preceptos indicados el término "votación" no se encuentra expresamente referido a una elección concreta, sino en apariencia a la totalidad de los votos emitidos en una casilla, lo cierto es que siempre guarda relación con una elección en particular.

Ahora bien, según sostuvo esta Sala Superior al resolver el recurso de apelación identificado como SUP-RAP-036/2000, el veintisiete de julio de dos mil, el sufragio es sólo el principio de una serie de actos jurídicos que tienen como efecto final el reconocimiento, por parte de la autoridad electoral, de una voluntad soberana de los ciudadanos para la designación de los órganos de autoridad que conforman el Estado. Sin embargo, el sufragio como primera etapa del acto jurídico complejo de carácter electoral también desencadena una serie de efectos que se dan ex lege, y entre los cuales no se encuentra solamente la formación del cómputo respectivo, y la subsecuente declaración de candidato ganador, sino también trae aparejados otros más que son consecuencia exclusiva de la actualización de supuestos hipotéticos conformados, por ejemplo, para el establecimiento de los montos del financiamiento público a que tienen derecho los partidos políticos, de conformidad con los artículos 116, fracción IV, inciso f), de la Constitución Federal, 17, párrafos vigésimo y vigésimo segundo, de la constitución estatal, y 41 a 46 del código aplicable, postura que se encuentra reconocida implícitamente en éste último ordenamiento, al establecer en el artículo 157, segundo párrafo, que en caso de cancelación del registro o de sustitución de uno o más candidatos, si no es factible la corrección o sustitución de las boletas o éstas ya estuvieran repartidas en las casillas, los votos cuentan para los partidos políticos y los candidatos que estuvieren legalmente registrados ante los organismos electorales correspondientes al momento de la elección.

De tal forma, atendiendo a la sistemática existente que se ha demostrado, debe concluirse que, necesariamente y salvo excepción expresa por parte del legislador, la autonomía de los efectos de las votaciones subsiste para los efectos legales que, como el ejemplo invocado, trascienden al propio proceso electoral en el que han tenido verificativo.

Sentado lo anterior, debe decirse que del artículo 44, fracciones I y II, no es posible desprender válidamente excepción alguna que rompa con los lineamientos generales que sigue la normatividad electoral estatal, toda vez que, en primer lugar, no lo menciona de manera diáfana y clara, y, en segundo lugar, la adminiculación del vocablo "votación" con el adjetivo "total" y la expresión "en el Estado" no conduce irremediablemente la intención del legislador de abandonar la sistemática adoptada sino que, por el contrario, permite arribar a conclusión diversa, que sí resulta acorde con el resto del ordenamiento estatal y con la forma en que utilizó el propio legislador dichos adjetivos y expresión en otras ocasiones dentro del propio código electoral.

En efecto, conforme los artículos 67, fracción XXII, 156 y 173 del ordenamiento de marras, los electores deben emitir sus votos en las boletas que para cada caso hubieren sido debidamente aprobadas por el Consejo General del Instituto Estatal Electoral, marcando el emblema del partido político o coalición por la que sufrague o escribiendo en el lugar correspondiente el nombre de su candidato o fórmula, si éstos no estuvieran registrados, para luego introducir la boleta en la urna respectiva.

Atendiendo a estas prescripciones, el artículo 188 que establece las reglas para determinar si un voto es válido o nulo, o si debe consignarse emitido a favor de un candidato o candidatos no registrados. Por ello, el numeral 184, siguiendo el procedimiento consignado en el 185, ambos del propio cuerpo legal, detalla dentro de los distintos rubros qué debe contener el acta de escrutinio y cómputo que para cada elección deben levantar los funcionarios de la mesa directiva de casilla, los relativos al número de votos emitidos a favor de cada partido o coalición, el número de votos nulos y, debe entenderse, el número de votos emitidos a candidatos no registrados.

Esta distinción que debe realizarse respecto de la votación recibida en las casillas para cada una de las elecciones que se celebren, se reitera en los cómputos municipales, distritales y estatales, de acuerdo con los artículos 201, 203 y 205 del código en cita, pues el procedimiento ordinario en los mismos es realizar las sumas de los resultados consignados originalmente asentados en las actas levantadas por los integrantes de las mesas directivas de casillas.

A la luz de lo anterior, como puede fácilmente advertirse, la votación que a final de cuentas se obtiene para cada una de las elecciones es posible no sólo advertirla como un conjunto global único e indiferenciado, sino que es factible diseccionarla atendiendo a la eficacia del sufragio o si el voto se emitió o no a un candidato o fórmula registrado ante los organismos atinentes.

De ahí que cuando, en el artículo 44, fracciones I y II, las normas se refieren a "votación total", lo hacen con el propósito de que, para los supuestos hipotéticos en ellas comprendidos, se tome en cuenta la totalidad de los votos depositados en las urnas para alguna de las elecciones celebradas, es decir, la suma de los votos válidos, nulos y de candidatos no registrados, sin excluir alguno de tales rubros. Es precisamente con dicha connotación que el legislador estatal utilizó la locución "votación total" en los artículos 206 (diferenciándola de la nueva "votación estatal emitida" o "votación estatal"), 207, fracción I, y 209, inciso b), de la codificación electoral local.

Esta comparación no resulta atentatoria de lo señalado en el 206, fracción II, que establece en su inicio "Para efectos de la asignación de las diputaciones de representación proporcional, se entiende por votación estatal emitida...", pues la regla especial que se introduce no se está refiriendo a que sólo en ese caso debe considerarse individualmente el cómputo de votos emitidos en la elección de diputados de mayoría relativa, puesto que, como se ha demostrado, ésa es la tendencia ordinaria del ordenamiento electoral, sino que la particularidad referente, lo que realmente pretendió individualizarse en dicha norma, es la exclusión de los votos obtenidos por los partidos políticos que no obtuvieron el dos punto cinco por ciento de la votación total emitida, así como los votos nulos, de los efectos que producen las elecciones para la asignación de diputados de representación proporcional, lo cual, dicho sea de paso, obedece a una estricta técnica jurídica y al sistema electoral de representación proporcional, como ciertamente ha sostenido este tribunal en múltiples ocasiones, con argumentos similares a los contenidos en la tesis relevante S3EL 080/98, visible en la página 91, del Suplemento número 2, de la Revista "Justicia Electoral" cuyo rubro es: "VOTOS NULOS. NO CUENTAN PARA LA ASIGNACIÓN POR REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL (LEGISLACIÓN DE CHIAPAS)".

Por otro lado, cuando las fracciones precisadas del artículo 44 agregan a "votación total" la expresión "en el Estado", lo único que ofrece adicionalmente es el marco territorial que debe comprender dicha votación, esto es, el ámbito geográfico con el que debe relacionarse cierto conjunto de votos. Lo anterior, toda vez que, conforme los artículos 16, 17, 18, 19, 185, 200, 201, 202 y 205 del código electoral estatal, de todas las elecciones posibles, sólo las relacionadas con la renovación del los cargos de gobernador y diputados de representación proporcional tienen como marco dicha circunscripción electoral, en tanto que las de diputados de mayoría relativa y de ayuntamientos cuentan con plena validez y efectos para los comicios en cada uno de los distintos distritos electorales uninominales y municipios en los que se recibe la votación, de ahí que el legislador, que en los preceptos estudiados, haya precisado que deba tomarse en cuenta la "votación total en el Estado", a efecto de que, para la asignación del porcentaje del financiamiento destinado al fortalecimiento del sistema de partidos, no pretendiera tomarse en cuenta los resultados obtenidos por un partido político en un distrito o municipio, de forma aislada e independiente al resto de los resultados conseguidos para cada una de dichas elecciones, pues sólo de esa manera es viable obtener una idea de la fuerza electoral con la que goza efectivamente cada uno de los partidos, que es el aspecto del que parte el legislador para que estos accedan igualitariamente al treinta por ciento del financiamiento público estatal anual o tan solo al cinco por ciento del mismo.

Bajo ese orden de ideas, y toda vez que los efectos jurídicos de las elecciones trascienden a la declaratoria del candidato o candidatos electos, así como también al hecho de que conservan su autonomía unos de otros, debe concluirse que, como el artículo 44, fracción I y II no establece el tipo de elección que debe tomarse en cuenta para la determinación del financiamiento público, debe atenderse a los resultados de cualquiera de ellas, siempre que provengan del último proceso electoral celebrado, habida cuenta que si la ley no distingue no corresponde a la autoridad jurisdiccional realizar distingo alguno, debiéndose acoger por ende la interpretación que resulta más benéfica para los destinatarios de la norma, esto es, los partidos políticos.

Consecuentemente, esta Sala Superior considera que la intención del legislador al haber establecido en el artículo 44, fracción I, del código electoral local, que la porción del treinta por ciento de financiamiento público que se reparte de manera igualitaria se distribuye "a los partidos que hubieran alcanzado el 2% de la votación total en el Estado", se refiere a la suma de los resultados totales de dicha entidad federativa de cualquiera de las elecciones inmediatas anteriores, es decir, por separado, puesto que, la distribución del financiamiento público se encuentra condicionada a un porcentaje de votación obtenido en las elecciones, lo cual quiere decir que, se encuentra supeditado o depende de los resultados electorales logrados y que estos, sólo se pueden concebir de manera autónoma e individual para cada tipo de elección, puesto que, lo contrario sería romper con la armonía del sistema y de las normas antes analizadas, sin que existiera una disposición legal que así lo autorice.

Por estas razones procede modificar el considerando V de la resolución combatida, quedando sustituido por la interpretación del artículo 44, fracción I, del Código Electoral del Estado de Aguascalientes, realizada por esta Sala Superior y, por vía de consecuencia, procede igualmente modificar el acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral de Aguascalientes originalmente combatido.

En efecto, como el partido político actor, en la elección de diputados de mayoría relativa celebrada el año de mil novecientos noventa y ocho, obtuvo la cantidad de 7,196 (siete mil ciento noventa y seis votos), es decir, el 2.10% (dos punto diez por ciento), de la votación total en el Estado, de conformidad con el considerando 16 del acuerdo emitido por el Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Aguascalientes, "MEDIANTE EL CUAL SE ESTABLECE LA DISTRIBUCIÓN DEL FINANCIAMIENTO PÚBLICO ESTATAL A LOS PARTIDOS POLÍTICOS NACIONALES ACREDITADOS, TANTO PARA SU OPERACIÓN NORMAL COMO EL RELATIVO A GASTOS DE CAMPAÑA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2001", del diecinueve de enero del año en curso, el cual obra a fojas 143 a 158 del cuaderno accesorio del expediente en que se actúa y con fundamento en el artículo 44, fracción I del Código Electoral del Estado de Aguascalientes, lo procedente es considerarlo como uno de los partidos políticos con registro nacional que alcanzó el dos por ciento de la votación total en el Estado y otorgarle el financiamiento público al que tiene derecho.

Por ende, con fundamento en el artículo 93, párrafo 1, inciso b) de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, con el objeto de reparar la violación constitucional reclamada, se ordena al Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Aguascalientes que, en un plazo de diez días contados a partir del siguiente al en que le sea legalmente notificada la presente resolución, provea lo necesario a efecto de ajustar del monto de las ministraciones que están pendientes de entregar a los partidos políticos, la cantidad que resulte necesaria para compensar el monto que debe recibir el Partido del Trabajo, debiendo informar a esta Sala Superior sobre su cumplimiento, dentro de los tres días siguientes al plazo antes referido.

Por lo expuesto, y además, con apoyo en los artículos 199 fracciones II a la V, y 201, fracciones II y IX, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 1, 22, 24, 25 y 93, párrafo 1, inciso a), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; se

R E S U E L V E

PRIMERO. Se MODIFICA la sentencia del nueve de abril de dos mil uno, dictada por el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Aguascalientes, recaída al recurso de apelación identificado con el toca electoral número 0007/2001, en los términos precisados en la parte final del considerando Tercero de esta sentencia.

SEGUNDO. Se ordena al Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Aguascalientes, provea lo necesario a efecto de ajustar del monto de las ministraciones que están pendientes de entregar a los partidos políticos, la cantidad que resulte necesaria para compensar el monto que legalmente le corresponde al Partido del Trabajo, e informe de su cumplimiento dentro de los plazos establecidos en la parte final del considerando aludido en el resolutivo anterior.

NOTIFÍQUESE personalmente la presente sentencia al actor, Partido del Trabajo, en Avenida Cuauhtémoc, número 47, colonia Roma, en esta ciudad; a la autoridad responsable así como, al Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Aguascalientes mediante oficio, acompañado de copia certificada anexa; y a los demás interesados por estrados; lo anterior, con apoyo en lo que disponen los artículos 26, 27, 28 y 93, párrafo 2, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; hecho lo cual devuélvanse los documentos atinentes; después archívese este expediente como asunto total y definitivamente concluido.

Así, lo resolvieron por unanimidad de votos, los Magistrados que integran la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ante el Secretario General de Acuerdos, que da fe. CONSTE.

PRESIDENTE DE LA SALA SUPERIOR

MAGISTRADO

 

JOSE FERNANDO OJESTO MARTINEZ PORCAYO

MAGISTRADO

 

LEONEL CASTILLO GONZÁLEZ

MAGISTRADO

 

JOSE LUIS DE LA PEZA

MAGISTRADO

 

ELOY FUENTES CERDA

MAGISTRADA

 

ALFONSINA BERTA NAVARRO HIDALGO

MAGISTRADO

 

JOSE DE JESÚS OROZCO HENRÍQUEZ

MAGISTRADO

 

MAURO MIGUEL REYES ZAPATA

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS

 

FLAVIO GALVÁN RIVERA