JUICIO DE REVISIÓN CONSTITUCIONAL ELECTORAL EXPEDIENTE: SUP-JRC-040/2001.

ACTOR: ANTONIO LEAL RULLÁN QUIEN SE OSTENTA COMO REPRESENTANTE DEL PARTIDO DE CENTRO DEMOCRÁTICO.

AUTORIDAD RESPONSABLE:

CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DE TABASCO.

MAGISTRADO PONENTE: MAURO MIGUEL REYES ZAPATA.

SECRETARIO: JOSÉ ARQUÍMEDES GREGORIO LORANCA LUNA.

México, Distrito Federal, a veintitrés de mayo de dos mil uno.

V I S T O S para resolver los autos del juicio de revisión constitucional electoral número SUP-JRC-040/2001, promovido por Antonio Leal Rullán, quien se ostenta como representante propietario del Partido de Centro Democrático, en contra "del acto de omisión del Consejo Estatal Electoral del Instituto Electoral de Tabasco, correspondiente a la sesión celebrada el día dos de abril del año dos mil uno", y;

R E S U L T A N D O

I.- El dos de abril de dos mil uno, el Consejo Estatal Electoral del Instituto Electoral de Tabasco celebró sesión de instalación del propio cuerpo colegiado en la que, entre otras cuestiones, declaró formalmente el inicio del proceso estatal electoral extraordinario dos mil uno.

II. Mediante escrito presentado el cinco de abril de dos mil uno, ante el Tribunal Electoral de Tabasco, Carlos Armando Vera Díaz, quien se ostentó como representante suplente del Partido de Centro Democrático, presentó recurso de apelación en contra "del acto de omisión del Consejo Estatal Electoral del Instituto Electoral de Tabasco, correspondiente a la sesión celebrada el día dos de abril del año dos mil uno".

III. El recurso de apelación fue radicado ante el Tribunal Electoral de Tabasco, bajo el número de expediente TET-AP-007/2001. Mediante resolución de veintisiete de abril de dos mil uno, dicho tribunal desechó el medio de impugnación, al considerar que en el caso se actualizaban las causas de improcedencia previstas en el artículo 306, fracciones I y II, del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Tabasco.

IV. Esta resolución fue notificada mediante cédula fijada en los estrados del referido tribunal, el veintisiete de abril de dos mil uno, según constancias que obran a fojas 77 a 80 del expediente TET-AP-007/2001.

V. Antonio Leal Rullán, quien se ostentó como representante propietario del Partido de Centro Democrático, promovió juicio de revisión constitucional electoral, en contra

"del acto de omisión del Consejo Estatal Electoral del Instituto Electoral de Tabasco, correspondiente a la sesión celebrada el día dos de abril del año dos mil uno". El escrito correspondiente fue presentado ante el Tribunal Electoral de Tabasco, a las doce horas con cuarenta y cinco minutos del treinta de abril de dos mil uno.

VI. A las quince horas con doce minutos del dos de mayo de dos mil uno, en la oficialía de partes de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se recibieron, entre otras constancias, el original de la demanda de juicio de revisión constitucional electoral, el expediente TET-AP-007/2001 y el informe circunstanciado de ley.

VII. Por acuerdo de dos de mayo de dos mil uno, el Presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación turnó el expediente en que se actúa, al Magistrado Electoral Mauro Miguel Reyes Zapata, para los efectos precisados en los artículos 19 y 92, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, y

C O N S I D E R A N D O

PRIMERO. Esta Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es competente para resolver el presente juicio de revisión constitucional electoral, de conformidad con los artículos 99, párrafo cuarto, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 184, 186, fracción III, inciso b), 189, fracción I, inciso e), y 199, fracciones II y III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y 87 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

SEGUNDO. En el presente caso no se actualizan los requisitos de procedencia del juicio de revisión constitucional electoral, previstos en los artículos 86, párrafo 1, inciso a) y 88, párrafo 1, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86, párrafo 1, inciso a), del señalado ordenamiento, el juicio de revisión constitucional electoral es procedente siempre y cuando se cumplan, entre otros, los siguientes requisitos:

"Artículo 86.

1. El juicio de revisión constitucional electoral sólo procederá para impugnar actos o resoluciones de las autoridades competentes de las entidades federativas para organizar y calificar los comicios locales o resolver las controversias que surjan durante los mismos, siempre y cuando se cumplan los requisitos siguientes:

a) Que sean definitivos y firmes;"

(...)

Como se puede observar, el precepto transcrito impone, que el acto o resolución materia del juicio de revisión constitucional electoral deba tener las cualidades consistentes, en la definitividad y firmeza. Lo definitivo da la idea de finalización, de conclusión y, en consecuencia, al aplicar tal concepto, por ejemplo, a la resolución que constituye la máxima expresión de la función jurisdiccional, se atribuye la calidad de sentencia definitiva a la que decide el fondo del litigio, con cuya emisión el proceso, normalmente, termina.

La firmeza encierra la idea de inmutabilidad, es decir, lo que ya no admite ser alterado. Por este motivo cuando esa palabra se relaciona también con alguna resolución judicial, por ejemplo, una sentencia, se considera que un fallo es firme, cuando ya no admite impugnación alguna y, por tanto, ya no puede ser modificado, revocado o nulificado.

Estas ideas provenientes del lenguaje forense constituyen valiosos auxiliares para intelegir los requisitos a que se refiere el inciso a) del párrafo 1 del artículo 86 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

De esta manera, el acto o la resolución definitiva será la que pone fin a una determinada cuestión o situación.

Por otra parte, el acto o resolución firme será la que ya no admite impugnación a través de un medio ordinario de defensa y, por tanto, desde el punto de vista de una legislación local ha devenido en inmutable. En resumen, las ideas inherentes a la conclusión y finalización, así como a la inmutabilidad, constituyen cualidades que debe tener el acto o resolución que se impugne mediante el juicio de revisión constitucional electoral. Por tanto, si alguna de estas características no se encuentra contenida en el acto o resolución que se pretenda combatir por medio del citado juicio, no cabe aceptar que se surta la hipótesis del precepto invocado.

En lo atinente a la firmeza, es conveniente tener presente que, como antes se precisó, el concepto se relaciona con la idea de inmutabilidad y, por esta razón, en el lenguaje procesal se aplica a lo irrecurrible, esto es, a lo que no es susceptible de ser impugnado (para los fines del juicio de revisión constitucional electoral, es posible limitar el concepto de firmeza, al acto o resolución que ya no admite

recurso o medio de impugnación previsto en una legislación local).

En estas circunstancias, para considerar que un acto o resolución es recurrible, basta con que se presente la simple posibilidad de hacer valer recurso o medio de impugnación. Es decir, es suficiente que contra determinado acto o resolución, la ley prevea la existencia de un medio de impugnación, para considerar que ese acto o resolución no es firme, aun cuando por una situación de hecho, el propio medio de impugnación no haya logrado la finalidad de modificar, revocar o nulificar el acto o resolución, como pudiera suceder, por ejemplo, que el recurso se haya promovido extemporáneamente, que quien lo haya hecho valer hubiera desistido, o bien, que no se hubiera emitido resolución de fondo por la falta de surtimiento de algún presupuesto procesal, etcétera.

Lo anterior debe ser considerado así en el juicio de revisión constitucional electoral, porque éste constituye un medio de defensa extraordinario y excepcional. Lo ordinario es que las controversias concluyan dentro del ámbito de las entidades federativas. Lo extraordinario implicaría que la controversia continúe ante un Tribunal del Poder Judicial de la Federación, porque se aduzca una violación constitucional.

De ahí que, si contra un acto o resolución, la ley local prevé la existencia de un medio de impugnación apto para provocar su modificación, revocación o nulificación, se justifica considerar que ese acto o resolución carece de firmeza, según se ha dejado sentado con anterioridad.

Hay ocasiones en que un acto o resolución adquieren firmeza; pero porque los afectados con su emisión se abstienen de interponer los recursos previstos en la ley para invalidarlos, a pesar de estar legitimados para hacerlo.

En estos casos, aunque se estaría ante la presencia de un acto o resolución firme, no cabe impugnarlos a través del juicio de revisión constitucional electoral, porque entonces deja de observarse el distinto requisito de procedencia, que establece el artículo 86, párrafo 1, inciso f), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, que impone a los promoventes del citado medio de impugnación, el agotamiento de instancias previas, en virtud de las cuales los actos o resoluciones que se estiman dictados contra derecho pudieran ser modificados, revocados o nulificados.

En el presente caso, el acto impugnado no cumple con los requisitos de procedencia previstos en el artículo 86, párrafo 1, inciso a), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, como se demuestra a continuación.

Es necesario hacer algunas precisiones sobre los antecedentes del presente juicio de revisión constitucional electoral:

a) El dos de abril de dos mil uno, el Consejo

Estatal Electoral del Instituto Electoral de Tabasco celebró

sesión de instalación del propio órgano colegiado, donde entre otras cuestiones, declaró formalmente el inicio del proceso estatal electoral dos mil uno. A esta sesión no fue convocado el que se dice Partido de Centro Democrático, el cual interpuso recurso de apelación en contra "del acto de omisión del Consejo Estatal Electoral del Instituto Electoral de Tabasco, correspondiente a la sesión celebrada el día dos de abril del año dos mil uno", que se radicó ante el tribunal electoral de ese mismo estado. El recurso fue desechado mediante resolución de veintisiete de abril de dos mil uno.

b) En la demanda del presente juicio de revisión constitucional electoral se reclama destacadamente una vez más, el acto mencionado en el inciso precedente.

Como se observa, tanto en el recurso de apelación como en el presente juicio se impugna el "acto de omisión del Consejo Estatal Electoral del Instituto Electoral de Tabasco, correspondiente a la sesión celebrada el día dos de abril del año dos mil uno".

En consecuencia, el acto impugnado a través de este juicio de revisión constitucional electoral no tiene el carácter de definitivo, ya que la situación que antecedió a este medio de impugnación se refiere a la sesión de instalación del Consejo del Instituto Electoral de Tabasco, en donde se dice aconteció la omisión en convocar al que se ostenta como Partido de Centro Democrático, y culminó con el desechamiento del recurso de apelación. En esta resolución no se entró al análisis del fondo del litigio; pero sí se puso fin al proceso judicial que motivó la interposición del referido medio de impugnación ordinario.

Se concluye entonces que el acto combatido no tiene el carácter de definitivo; pero además debe anotarse, que tampoco cumple con el requisito de firmeza.

Esto es así, ya que la parte actora impugna la omisión de convocarla a la sesión de instalación del Consejo del Instituto Electoral de Tabasco, celebrada el dos de abril de dos mil uno.

Con fundamento en los artículos 99 y 286, fracción II, del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Tabasco, procede el recurso de apelación contra los actos y resoluciones de los órganos centrales del instituto electoral de esa misma entidad federativa, entre los que se halla el Consejo Estatal Electoral señalado.

De las constancias existentes en autos se aprecia que contra el mismo acto ahora impugnado, efectivamente, se presentó recurso de apelación, que fue radicado ante el Tribunal Electoral de Tabasco, bajo el número de expediente TET-AP-007/2001.

En consecuencia, es obvio que el acto reclamado no tiene la calidad de firme por sí mismo, pues era impugnable mediante recurso ordinario, ya que, como se ha visto, en su contra procede el recurso de apelación, e incluso, la parte ahora actora presentó dicho medio de impugnación Sobre la base de lo hasta aquí analizado, en virtud de que el acto reclamado no tiene las cualidades de ser definitivo y firme, procede desechar de plano la demanda del presente juicio de revisión constitucional electoral, conforme a lo dispuesto en el artículo 86, párrafo 2, de la Ley General del Sistemas de Medios de Impugnación en Materia Electoral. Con independencia de las consideraciones anteriores, tampoco se actualiza el requisito de procedencia previsto en el artículo 88, párrafo 1, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, pues el promovente carece de legitimación, según se demostrará a continuación.

El invocado artículo 88, en sus párrafos 1 y 2 establece a la letra:

"Artículo 88 1. El juicio sólo podrá ser promovido por los partidos políticos a través de sus representantes legítimos, entendiéndose por éstos:

(...) 2. La falta de legitimación o personería será causa para que el medio de impugnación sea desechado de plano".

De acuerdo al numeral transcrito, los entes jurídicos reconocidos como partidos políticos son los únicos que están legitimados para promover el juicio de revisión constitucional electoral.

Por otra parte, la falta de legitimación en la promoción de dicho medio de impugnación da lugar al desechamiento de plano de la demanda.

Este juicio fue promovido por el que se dice Partido de Centro Democrático, a través de Antonio Leal Rullán, quien se ostentó como representante propietario de ese partido ante el Consejo Estatal Electoral del Instituto Electoral de Tabasco. La pérdida de registro como partido político nacional de la parte ahora actora, se invoca como un hecho notorio, en términos de lo dispuesto por el artículo 15, párrafo 1, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, respecto del cual, debe anotarse que la resolución que determinó esto fue publicada en el Diario Oficial de la Federación de quince de septiembre de dos mil, y que en autos existe copia simple de esa publicación.

La resolución a que se hace referencia es la JGE146/2000, aprobada en la sesión extraordinaria celebrada el treinta de agosto de dos mil, mediante la cual, entre otras cuestiones, la Junta General Ejecutiva del Instituto Federal Electoral declaró la pérdida de registro del Partido de Centro Democrático, como partido político nacional, al no haber obtenido el dos por ciento de la votación emitida en ninguna de la elecciones federales de dos de julio de dos mil, con lo cual se ubicó en la causal prevista en el artículo 66, párrafo 1, inciso b), en relación con el artículo 32, párrafo 1, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; con base en esto, el segundo punto resolutivo de la resolución en comento determinó que a partir del día siguiente a su aprobación, dicho partido perdía todos los derechos y prerrogativas que establecen la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el código antes señalado.

Por otra parte, debe anotarse, que en atención a una promoción de la ahora parte actora, con base en la resolución antes señalada, la Secretaria Ejecutiva del Instituto Electoral de Tabasco giró el oficio número S.E./0059/2001, de veintitrés de enero del dos mil uno, al licenciado Carlos Armando Vera Díaz, en su carácter de Coordinador Estatal del Partido de Centro Democrático, recibido por ese partido el veinticinco siguiente, cuyo texto es del siguiente tenor:

"Por instrucciones del licenciado Leonardo Sala Poisot, Presidente del Consejo Estatal Electoral y en atención a su escrito de fecha tres de enero del presente año, recibido a las trece horas de la misma fecha, por este medio le informo lo siguiente:

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 9, párrafo noveno, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, en la integración del Instituto Electoral de Tabasco, participan el Poder Legislativo, los partidos políticos nacionales y locales, así como los ciudadanos en términos que ordene la ley. En este sentido, el numeral 36, del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Tabasco, dispone que son considerados partidos políticos nacionales, aquéllos que cuenten con registro ante el Instituto Federal Electoral, asimismo, establece que los partidos políticos tienen personalidad jurídica, gozan de los derechos y de las prerrogativas y quedan sujetos a las obligaciones que establecen la constitución y el mencionado código.

Ahora bien, de una interpretación sistemática y funcional de los artículos 59 y 60 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Tabasco, se desprende que los derechos que se consignan a favor de los partidos políticos en el numeral primeramente invocado, sólo podrán ser ejercidos por aquellos partidos políticos que cuenten con registro. En cuanto al registro que nos ocupa, se debe recurrir a lo que dispone el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, por ser la normatividad atinente, la cual regula tanto la obtención del registro de un partido político nacional, como la pérdida del mismo. Así se tiene, que el artículo 66 del código invocado, en su inciso b), señala como una de las causas para la pérdida de registro de un partido político nacional, el hecho de que éste no obtenga por lo menos el 2% de la votación emitida en alguna de las elecciones ordinarias para Diputados, Senadores o Presidente de los Estados Unidos Mexicanos; de surtirse este supuesto, el numeral 67 del propio ordenamiento legal dispone que la Junta General Ejecutiva del Instituto Federal Electoral emitirá la resolución sobre la pérdida del registro y la publicará en el Diario Oficial de la Federación; hipótesis que se surte a cabalidad, respecto del Partido de Centro Democrático, toda vez que en términos de la resolución JGE/146/2000, emitida por la Junta General Ejecutiva del Instituto Federal Electoral, aprobada en sesión extraordinaria de fecha 30 de agosto del año próximo pasado, publicada en el Diario Oficial de la Federación número 11, Tomo DLXIV, de fecha 15 de septiembre del año 2000, resolvió acerca de la pérdida del registro de dicho instituto político, toda vez que no obtuvo el porcentaje de votación antes referido.

Evidentemente esta circunstancia impide que su representado, quien ha perdido su registro como partido político nacional, pueda ser titular de los derechos que a su favor señala el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Tabasco, principalmente el de mayor trascendencia como lo es el de ser considerado como parte integrante del Consejo Estatal Electoral, máximo órgano del Instituto Electoral de Tabasco y por ende, de igual forma no pueda participar en las comisiones que se conformen con los consejeros electorales del citado consejo.

Sin otro particular, me es grato reiterarle mis respetos distinguidos".

Hasta el momento no constituye materia de controversia, la inmutabilidad de la resolución que determinó la perdida del registro como partido político nacional del ahora actor.

En consecuencia, sí el Partido de Centro Democrático perdió su registro como partido político nacional, es claro que a partir del primero de septiembre de dos mil, ya no contaba con los derechos y prerrogativas que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. Incluso también se observa que, mediante oficio de veintitrés de enero de dos mil uno, recibido el veinticinco siguiente, el Instituto Electoral de Tabasco le notificó a dicho partido, que al haber perdido su registro como partido político nacional, ya no era titular de los derechos que con esta calidad gozaba conforme al Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Tabasco.

En tales condiciones, si el ahora promovente no tiene la calidad de partido político nacional desde el primero de septiembre de dos mil, dado que la demanda de juicio de revisión constitucional electoral fue presentada el treinta de abril de dos mil uno, es lógico deducir que conforme al artículo 88, párrafo 1, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, no está legitimado para promover dicho juicio, ya que la promoción de éste se reserva exclusivamente a los partidos políticos, cualidad de la que el ahora actor carece.

No es obstáculo a lo anterior, el hecho de que en la demanda del presente juicio, la parte actora alegue que mediante la sentencia emitida el veintinueve de diciembre de dos mil, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación anuló la elección para Gobernador del Estado de Tabasco y ordenó la reposición del proceso electoral; por lo que, de acuerdo al criterio del enjuiciante, al ordenarse la reposición es procedente que se le reconozca la calidad de partido político —de que gozaba en la elección anulada— en el proceso electoral extraordinario.

La parte actora toma como base de su argumentación, la premisa falsa consistente en que existe una ejecutoria de este tribunal donde se ordena la reposición de la señalada elección. Con esta idea implícitamente considera, que con la reposición deben participar los mismos partidos que antes contendieron, en la elección que supuestamente será repuesta.

Para demostrar que esta premisa es falsa, ya que esta sala no ordenó la mencionada reposición, es necesario transcribir aquí los resolutivos de la sentencia emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el veintinueve de diciembre de dos mil, en el expediente SUP-JRC-487/2000 y su acumulado SUP-JRC-489/ 2000, lo cual es un hecho notorio para esta sala, en términos del artículo 15, párrafo 1, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

En los resolutivos de dicha ejecutoria a la letra se determinó:

"PRIMERO. Se decreta la acumulación del expediente SUP-JRC- 489/2000 al expediente SUP-JRC-487/2000.

En consecuencia, glócese copia certificada de la presente ejecutoria en el expediente SUP-JRC-489/2000.

SEGUNDO. Se revocan las sentencias de nueve de noviembre del año dos mil, emitidas por el Tribunal Electoral de Tabasco, en los expedientes T.E.T-RI-014/ 2000 y T.E.T-RI-013/2000, en los recursos de inconformidad interpuestos por el Partido de la Revolución Democrática y por el Partido Acción Nacional, respectivamente.

TERCERO. Se declara la nulidad de la elección de Gobernador del Estado Libre y Soberano de Tabasco.

CUARTO. Se revoca la constancia de mayoría y validez otorgada a Manuel Andrade Díaz, candidato del Partido Revolucionario Institucional, de lo cual se deberá dar aviso al Congreso del Estado Libre y Soberano de Tabasco".

Esta transcripción permite advertir que la sentencia emitida por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es de carácter declarativo, pues anuló la elección de Gobernador para el Estado Libre y Soberano de Tabasco y revocó la constancia de mayoría y validez otorgada a Manuel Andrade Díaz, candidato del Partido Revolucionario Institucional.

Como puede apreciarse, la sentencia de mérito no tiene los efectos que pretende la parte actora en el presente juicio de revisión constitucional electoral, toda vez que en ella no se ordena la reposición de la elección anulada.

En consecuencia, esta reposición no puede ser respaldo para que proceda reconocer a la parte ahora enjuiciante, la calidad de partido político nacional que ostentaba al momento de llevarse a cabo la elección de Gobernador del Estado de Tabasco, que se anuló mediante la sentencia de este órgano jurisdiccional. Debe señalarse también, que el hecho de haberse convocado a la elección extraordinaria para elegir Gobernador del Estado de Tabasco —cuya realización, el enjuiciante pretende que sea la reposición a que alude— se llevo a cabo por las autoridades correspondientes en ejercicio de las facultades que le son inherentes y no en cumplimiento de esa sentencia.

Más aún, contra lo que pretende el enjuiciante, cabe anotar que no existe fundamento legal alguno para establecer, que un ente que ya no tiene la calidad de partido político pueda intervenir en una elección de carácter extraordinario. Por el contrario, es de afirmarse que sólo podrán contender los que tengan ese carácter.

Esto es así, ya que del artículo 41, párrafo segundo, fracción I, de nuestra Carta Magna; 9, párrafo cuarto, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 31, 36 y 37 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Tabasco, se aprecia que:

a) Los partidos políticos nacionales tienen derecho a participar en elecciones estatales, distritales y municipales.

b) Las elecciones extraordinarias se sujetarán a las disposiciones del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Tabasco y a lo que en particular establezca la convocatoria que al efecto expida el congreso local.

c) Se consideraran partidos políticos nacionales, aquellos que cuenten con registro ante el Instituto Federal Electoral, los cuales tendrán derecho a participar en elecciones estatales, distritales y municipales, cuando acrediten previamente que se encuentran registrados ante el consejo estatal, para lo cual deberán presentar las constancias respectivas, y su participación se sujetará a las disposiciones precisamente del código citado.

En estas condiciones se puede advertir, que los ordenamientos antes citados no determinan que un ente que ya no tenga la calidad de partido político puede intervenir en la elección extraordinaria para Gobernador del Estado de Tabasco, sino que por el contrario exigen esa calidad para tal efecto.

En conclusión, la circunstancia de que se haya anulado la elección de Gobernador del Estado de Tabasco, en la sentencia emitida por este tribunal el veintinueve de diciembre de dos mil, no admite servir de base para que a la parte ahora actora se le reconozca la calidad de partido político y la correspondiente legitimación para promover el presente juicio de revisión constitucional electoral, dado que esa sentencia no tiene los alcances que pretende el enjuiciante.

En las circunstancias señaladas, conforme a los artículos 86, párrafo 2 y 88, párrafo 2, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, ha lugar a desechar de plano la demanda de juicio de revisión constitucional electoral. Por lo anteriormente expuesto, fundado y de conformidad con los artículos 41, segundo párrafo, fracción IV, y 99, cuarto párrafo, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, 3, 6, 22 y 25 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, se resuelve:

ÚNICO.- Se desecha de plano la demanda de juicio de revisión constitucional electoral, promovida por Antonio Leal Rullán, quien dijo ser representante propietario del Partido de Centro Democrático, en contra "del acto de omisión del Consejo Estatal Electoral del Instituto Electoral de Tabasco, correspondiente a la sesión celebrada el día dos de abril del año dos mil uno".

Notifíquese; por correo certificado al promovente y por oficio al Consejo Estatal Electoral del Instituto Electoral de Tabasco así como al Tribunal Electoral de esa misma entidad federativa, acompañado de copia certificada de esta resolución, y por estrados a los demás interesados.

Asimismo, devuélvanse los autos del expediente TET-AP-007/ 2001 a la autoridad que los remitió.

En su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto total y definitivamente concluido.

Así lo resolvió la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, por UNANIMIDAD de votos de los señores Magistrados que integran la Sala, ante el Secretario General de Acuerdos, que autoriza y da fe.

MAGISTRADO PRESIDENTE

 

JOSÉ FERNANDO OJESTO MARTÍNEZ PORCAYO

MAGISTRADO

 

LEONEL CASTILLO GONZÁLEZ

MAGISTRADO

 

JOSÉ LUIS DE LA PEZA

MAGISTRADO

 

ELOY FUENTES CERDA

MAGISTRADA

 

ALFONSINA BERTA NAVARRO HIDALGO

MAGISTRADO

 

JOSÉ DE JESÚS OROZCO HENRÍQUEZ

MAGISTRADO

 

MAURO MIGUEL REYES ZAPATA

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS

 

FLAVIO GALVÁN RIVERA