JUICIO DE REVISIÓN CONSTITUCIONAL ELECTORAL.

EXPEDIENTES: SUP-JRC-058/2001 Y SUP-JRC-059/2001.

ACTORES: PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA Y PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.

AUTORIDAD RESPONSABLE:

TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE YUCATÁN.

MAGISTRADO PONENTE: LEONEL CASTILLO GONZÁLEZ.

SECRETARIO: JAIME DEL RÍO SALCEDO.

México, Distrito Federal, a veinticuatro de mayo del año dos mil uno.

V I S T O S para resolver los juicios de revisión constitucional electoral SUP-JRC-058/2001 y SUP-JRC-059/ 2001, promovidos por el Partido de la Revolución Democrática y el Partido Acción Nacional, respectivamente, en contra de la resolución de diecinueve de mayo de dos mil uno, emitida por el Tribunal Electoral del Estado de Yucatán, en el recurso de apelación RA-041/2001; y,

R E S U L T A N D O:

PRIMERO. Acto electoral impugnado. El seis de mayo del año dos mil uno, el Consejo Electoral del Estado de Yucatán emitió un acuerdo relativo a la contratación del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) para las elecciones a celebrarse en esa entidad federativa el día veintisiete del mismo mes de mayo.

SEGUNDO. Recurso de apelación. El nueve de mayo, el Partido Revolucionario Institucional interpuso en contra del citado acuerdo recurso de apelación. Dicho medio de defensa se registró, en el Tribunal Electoral de Yucatán, con el número RA-041/2001.

El diecinueve de mayo, el Tribunal local mencionado dictó sentencia definitiva, en la que revocó el acuerdo impugnado y dejó sin efectos todos los actos derivados del mismo.

TERCERO. Juicio de revisión constitucional electoral. El veintiuno de mayo, Jorge Antonio Vallejo Buenfil, en representación del Partido de la Revolución Democrática, y Jorge Manuel Puga Rubio, en representación del Partido Acción Nacional, promovieron sendos juicios de revisión constitucional electoral contra la sentencia indicada en el punto anterior.

El tribunal responsable remitió a este órgano jurisdiccional las demandas, el expediente de apelación, las constancias de publicitación de la demanda origen del juicio, su informe justificado y el escrito del tercero interesado.

El magistrado presidente de esta Sala Superior turnó los expedientes al magistrado Leonel Castillo González, para su substanciación, quien mediante proveído de veintitrés de mayo del año en curso, radicó el expediente y admitió a trámite la demanda.

Por proveído de veinticuatro de mayo, se admitieron diversos medios de prueba para mejor proveer; en diverso. acuerdo se declaró cerrada la instrucción y se ordenó formular el proyecto de resolución respectivo.

C O N S I D E R A N D O:

PRIMERO. Jurisdicción y competencia. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ejerce jurisdicción, y la Sala Superior es competente, para conocer y resolver el presente asunto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 99, párrafo cuarto, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 186 fracción III inciso b), y 189 fracción I inciso e), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el 87 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, por tratarse de un juicio de revisión constitucional electoral promovido contra una resolución de una autoridad jurisdiccional estatal, respecto de un acto surgido en la etapa de preparación del proceso electoral en curso en el Estado de Yucatán.

SEGUNDO. Por encontrarse dentro del supuesto previsto en el artículo 88, inciso b), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, se tiene al Partido Revolucionario Institucional, por conducto de su representante Reyes Cortés Pech, como tercero interesado.

TERCERO. Toda vez que los expedientes SUP-JRC-058/ 2001 y SUP-JRC-059/2001 se integraron con motivo de la interposición de dos distintos juicios de revisión constitucional electoral; el primero, por parte del Partido de la Revolución Democrática, y el segundo por el Partido Acción Nacional, para impugnar, en ambos casos, la sentencia del diecinueve de mayo, dictada por el Tribunal Electoral del Estado de Yucatán, recaída al recurso de apelación número RA-041/2001, y en virtud de que existe identidad en el acto reclamado, la autoridad responsable y las pretensiones, de conformidad con los artículos 31 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, y 73, fracción VII, del Reglamento Interno del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, debe decretarse la acumulación de los juicios de revisión constitucional electoral con números de expediente SUP-JRC-058/2001 y SUP-JRC-059/ 2001, para que sean resueltos de manera conjunta, quedando como índice el primero de ellos, por ser el primero en número.

CUARTO. Requisitos de la demanda. En este juicio de revisión constitucional electoral se encuentran satisfechos los requisitos del artículo 9, apartado 1, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

Presupuestos procesales y requisitos especiales de procedibilidad. Éstos también están reunidos, como se verá a continuación.

Oportunidad. La demanda se presentó dentro de los cuatro días que fija el artículo 8 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, pues la notificación de la resolución impugnada a los partidos accionantes se practicó personalmente el diecinueve de mayo de dos mil uno, y la demanda se presentó el veintiuno siguiente.

Legitimación y personería. El juicio de revisión constitucional electoral fue promovido por parte legítima, conforme a lo previsto por el artículo 88, apartado 1, inciso c), de la ley en cita, ya que los actores son partidos políticos que comparecieron como terceros interesados al juicio de origen; y quienes promueven tiene personería, pues son los representantes que acudieron al mismo

Actos definitivos y firmes. El requisito de definitividad y firmeza previsto en el artículo 99, párrafo cuarto, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y que se desarrolla en el artículo 86, apartado 1, incisos a) y f), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, se encuentra cumplido, conforme a la tesis de jurisprudencia identificada con el rubro "DEFINITIVIDAD Y FIRMEZA, CONSTITUYEN UN SOLO REQUISITO DE PROCEDIBILIDAD DEL JUICIO DE REVISIÓN CONSTITUCIONAL ELECTORAL" de esta Sala Superior, porque, conforme a la legislación de Yucatán, la sentencia impugnada ya no admite en su contra ningún otro medio de impugnación, y tampoco existe disposición o principio jurídico de donde se desprenda la autorización a alguna autoridad para revisar y, en su caso revocar, modificar o nulificar oficiosamente el acto impugnado.

Actos que violen algún precepto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En el juicio de revisión constitucional se hacen valer agravios, en los cuales se exponen argumentos dirigidos a demostrar la transgresión de los artículos 14, 16, 17, 41 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que resulta suficiente para tener por satisfecho el requisito que se examina.

Las violaciones hechas valer en la demanda pueden ser determinantes para el desarrollo del proceso electoral y el resultado final de las elecciones que se celebrarán el veintisiete de mayo del presente año en el Estado de Yucatán. Porque en las elecciones democráticas se ha venido revelando la existencia de una necesidad cultural y cívica de la ciudadanía, consistente en obtener información, más o menos confiable, de los resultados de los comicios, en la inmediatez posible después de concluida la jornada electoral, y la satisfacción a esta necesidad, cuando no es posible obtener los resultados definitivos con la rapidez deseable, se ha encausado, según enseña la experiencia, a través del establecimiento, organización y vigilancia de mecanismos como el que determinó el Instituto Estatal Electoral de Yucatán, en la República Mexicana bajo el nombre de Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), mediante el cual se pretende garantizar una información no definitiva pero inmediata, e impedir que fuentes interesadas, carentes de elementos adecuados y objetivos o inducidas a error, puedan divulgar y difundir resultados claramente alejados o hasta opuestos a la verdad contenida en las urnas, de buena fe o tendenciosamente, que puedan generalizarse y permear en la sociedad, de manera que le hagan concebir algo distinto a la verdad objetiva y crear un ambiente post-electoral, de incertidumbre y hostilidad a los factores políticos, que a la postre pueda influir en la legitimidad política y en la gobernabilidad durante el ejercicio del cargo de los candidatos triunfantes.

En estas condiciones, si la determinancia no sólo consiste en una alteración jurídico-formal del proceso, sino también comprende la desviación material y social que pueda generarse con los actos electorales ilícitos, tiene que concluirse que el resultado de un proceso electoral sí se puede ver afectado de modo determinante como consecuencia de la falta de un programa de resultados preliminares o con el establecimiento de uno que sea conculcatorio de los principios fundamentales rectores de los comicios, que se encuentran previstos en la Constitución General de la República y en las demás leyes.

La reparación solicitada es factible, porque de conformidad con el artículo 7 del Código Electoral del Estado de Yucatán, las elecciones en dicha entidad se celebrarán el 27 de mayo, y ésta es la prevista para el funcionamiento del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) en esa entidad.

Lo anterior no varía con la invocación de causas de improcedencia del juicio de revisión constitucional electoral que hace valer el tercero interesado, Partido Revolucionario Institucional.

En efecto, dicha organización aduce que los agravios expresados por el Partido Acción Nacional son deficientes, empleando varios calificativos como el de "redactados de manera lacónica", "incoherentes", "incongruentes", "faltos de claridad", "imprecisos", "redactados de manera general", a lo cual agrega que no expresan el modo en que la sentencia combatida transgrede derechos constitucionales en su perjuicio, faltando así los elementos esenciales que deben contener los agravios, como son los hechos que se estimen violatorios, las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que sucedieron, y explicar con razonamientos lógico-jurídicos los hechos ilegales.

Es infundada la alegación. En primer lugar porque las exigencias para considerar que un agravio reúne los requisitos necesarios para ser examinado en un medio de impugnación se han orientado a la simplificación en tribunales federales, comenzando por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y por este Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con el objeto de facilitar el acceso efectivo a la justicia, para determinar que es suficiente que en el escrito respectivo se precise el acto combatido, la causa de pedir y la lesión que el acto le causa, para que se esté en presencia de un agravio suficiente y apto para su examen de fondo, superando así el criterio anterior en que efectivamente se exigía con mayor formalismo la redacción en forma de un silogismo lógico formal, en donde se precisara detalladamente la normatividad violada, la parte del acto en que se cometió la violación y el razonamiento demostrativo de las aseveraciones del impugnante, que sirvieran de apoyo para arribar a la conclusión pretendida. En segundo lugar, porque de la lectura de los agravios referidos se advierte que el actor sí señala con claridad el fallo y la parte correspondiente que combaten en cada uno, las disposiciones constitucionales y legales que consideran contrariadas, y los razonamientos para tratar de demostrar sus aseveraciones, como quedará de manifiesto en el examen pormenorizado que se hará posteriormente.

Sirve de apoyo a lo anterior la tesis de jurisprudencia número J.03/2000, de esta Sala Superior, publicada en la Compilación de Jurisprudencia y Tesis Relevantes, Tercera Época, página A.1.1, que es del tenor siguiente:

"AGRAVIOS. PARA TENERLOS POR DEBIDAMENTE CONFIGURADOS ES SUFICIENTE CON EXPRESAR LACAUSA DE PEDIR. En atención a lo previsto en los artículos 2, párrafo 1, y 23, párrafo 3, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, que recogen los principios generales del derecho iura novit curia y da mihi factum dabo tibi jus ("el juez conoce el derecho" y "dame los hechos y yo te daré el derecho"), ya que todos los razonamientos y expresiones que con tal proyección o contenido aparezcan en la demanda constituyen un principio de agravio, con independencia de su ubicación en cierto capítulo o sección de la misma demanda o recurso, así como de su presentación, formulación o construcción lógica, ya sea como silogismo o mediante cualquier fórmula deductiva o inductiva, puesto que el juicio de revisión constitucional electoral no es un procedimiento formulario o solemne, ya que basta que el actor exprese con claridad la causa de pedir, precisando la lesión o agravio que le cause el acto o resolución impugnado y los motivos que originaron ese agravio, para que, con base en los preceptos jurídicos aplicables al asunto sometido a su decisión, la Sala Superior se ocupe de su estudio."

Esgrime el citado tercero interesado que la demanda del Partido Acción Nacional debe considerarse un medio de impugnación frívolo.

No asiste razón a la parte indicada, porque si bien es cierto que el concepto frivolidad está referido a lo ligero, pueril, superficial y que conduce a la intrascendencia de lo alegado, tal situación no resulta aplicable a los agravios a los que se dirige, porque en ellos se hacen planteamientos concretos sobre diversas cuestiones, como por ejemplo, los relativos a que el acuerdo impugnado en la apelación sí se encuentra fundado y motivado, expresando las razones que tiene el actor para sostener esa afirmación; que el establecimiento de un programa de resultados preliminares sí encuentra apoyo dentro de las atribuciones del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Yucatán, fijando la posición con varios elementos; se exponen razones para considerar que la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios relacionados con Bienes Muebles del Estado de Yucatán, no es aplicable al Instituto Electoral del Estado, y que en caso de serlo dicha ley no lo obligaba a convocar una licitación pública, etcétera, ante lo cual, en el caso de prosperar cualquiera de tales razonamientos podría traer como consecuencia la revocación o modificación de la sentencia reclamada.

Respecto a la demanda del Partido de la Revolución Democrática el Partido Revolucionario Institucional, expone como causa de improcedencia, que en su concepto las posibles infracciones alegadas no pueden ser determinantes para el desarrollo o los resultados del proceso electoral, faltando así uno de los requisitos de procedibilidad previsto en el artículo 86 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

Para desestimar esta posición es suficiente la remisión a la consideración expuesta en párrafos precedentes, donde quedó demostrado que las cuestiones tratadas sí pueden ser determinantes para el resultado de la elección, en cuanto pueden poner en peligro importantes valores democráticos, como la de acceso inmediato a la información veraz y confiable de los resultados electorales, que evite incertidumbre o duda en la legitimidad de los candidatos que resulten triunfadores y asuman los cargos correspondientes para garantizar que éstos puedan desempeñar sus funciones en las condiciones más óptimas de gobernabilidad.

Otro hecho con el que se pretende configurar una causa de improcedencia, consiste en que no sería posible proveer a la reparación de las violaciones alegadas, en el caso de acogerse el medio de impugnación, porque para la instalación del Programa de Resultados Electorales Preliminares resulta indispensable que previamente se cuente con las instalaciones adecuadas en los consejos distritales y se demuestre el buen funcionamiento del programa ante los consejeros y representantes de los partidos políticos.

Es incorrecto el planteamiento, porque no existe ninguna disposición o principio jurídico que imponga como requisito indispensable para el funcionamiento válido de un programa de resultados preliminares la previa satisfacción de los requisitos mencionados, sin perjuicio de que cuando las circunstancias lo permitan pueda resultar conveniente en aras a la optimización del funcionamiento del programa, pero indudablemente no puede alzarse como un obstáculo jurídico o material para reparar las violaciones alegadas en esta revisión constitucional.

Finalmente, se sostiene que el juicio debe declararse improcedente porque el Partido de la Revolución Democrática se apoya en argumentos distintos a los que expuso en su comparecencia como tercero interesado en el recurso de apelación.

Lo inatendible de esta alegación radica, en primer término, en que tales hechos no están previstos como supuestos de improcedencia del juicio de revisión constitucional electoral, además de que tampoco existe disposición o principio que obligue o imponga la carga al tercero interesado de limitar su argumentación a lo expuesto en su comparecencia en el recurso ordinario, como coadyuvante entonces de la autoridad responsable, especialmente si se tiene en consideración que cuando promueve el juicio de revisión constitucional electoral lo hace como parte directa o protagonista principal, con el objeto de que se modifique o revoque la resolución dictada previamente, que estima le irroga perjuicios, para lo cual tiene que ocuparse de combatir los fundamentos que sirvan a ésta de sustento, independientemente de que los haya expuesto como tercero interesado anteriormente.

QUINTO. Las consideraciones de la resolución reclamada son del tenor siguiente:

"DÉCIMO SEXTO: Toda vez que de la lectura íntegra de los agravios hechos valer por el recurrente tienen relación directa entre sí; este cuerpo colegiado, en ejercicio del principio de economía procesal, decide estudiarlos en su conjunto. Al respecto se considera pertinente transcribir las siguientes tesis de jurisprudencia:

AGRAVIOS SU EXAMEN EN CONJUNTO O SEPARADO, NO CAUSA LESIÓN.

TIPO DE TESIS: Jurisprudencia.

No. TESIS: J.04/2000.

MATERIA: Electoral.

El estudio que realiza la autoridad responsable de los agravios propuestos, ya sea que los examine en su conjunto separándolos en distintos grupos o bien uno por uno y en el propio orden de su exposición o en orden diverso no causa afectación jurídica alguna que amerite la revocación del fallo impugnado porque no es la forma como los agravios se analizan lo que puede originar una lesión, sino que lo trascendental, es que todos sean estudiados.

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-249/98 y acumulado. Partidos Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática. 29 de diciembre de 1998.

Unanimidad de votos.

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-255/98.

Partido Revolucionario Institucional. 11 de enero de 1999.

Unanimidad de votos.

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-274/ 2000. Partido Revolucionario Institucional. 9 de septiembre de 2000. Unanimidad de votos.

TESIS DE JURISPRUDENCIA J.04/2000. Tercera Época.

Sala Superior. Materia Electoral. Aprobada por Unanimidad de votos.

Del estudio y análisis de los agravios que el recurrente pretende hacer valer, mismos que se tienen por aquí transcritos como si se insertasen a la letra para todos los efectos legales correspondientes, este Tribunal encuentra que los mismos son suficientemente fundados y operantes, por las consideraciones siguientes:

De la lectura del Acuerdo del Consejo Electoral del Estado de fecha 6 de mayo de 2001, relativo a la contratación del Programa de Resultados Electorales Preliminares para las elecciones del 27 de mayo del año 2001 se advierte que el mismo carece de elementos que lo funden y motiven, toda vez que en él no se cita algún precepto legal aplicable al caso que le sirva de apoyo jurídico y tampoco expresa los razonamientos que llevaron al Órgano Electoral, a emitir el acto impugnado que encuadre en los presupuestos de norma alguna establecida en el Código Electoral del Estado.

En efecto, en este sentido cabe destacar que el Código Electoral del Estado no contempla procedimiento distinto al que se refiere en su Libro Tercero, Título Cuarto, Capítulo Primero respecto a la información preliminar de los resultados electorales, específicamente en su articulo 234 que a la letra dispone: "Para el mejor conocimiento de los ciudadanos, concluidos los plazos para remitir los paquetes electorales, a que se refiere este Código, el Presidente deberá fijar en el exterior del local del Consejo Distrital, o Municipal en su caso, los resultados preliminares de las elecciones en el Distrito y en el Municipio", aún más, de las constancias que obran en autos, se advierte que el Consejo Electoral del Estado no emitió un Acuerdo previo en el que se determine la necesidad, y sus causas, de contar con un programa de resultados electorales preliminares además del establecido por el Código Electoral del Estado, así como el procedimiento para determinar su asignación conforme a la normatividad a que debe apegarse toda autoridad que disponga de recursos que provengan del erario público.

En este sentido, este Tribunal considera que el acto motivo de este recurso al no estar debidamente fundamentado y motivado, viola los principios rectores de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad, establecidos en el numeral primero del Código Electoral del Estado, y también el dispositivo legal número 96 noventa y seis, fracción primera, que establece: "El Consejo Electoral del Estado tiene las atribuciones y obligaciones siguientes: 1.- Vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y las contenidas en este Código..." Por otra parte, es necesario hacer notar que el supuesto procedimiento llevado a cabo por el Consejo Electoral del Estado, que culminó con la emisión del acuerdo de fecha 06 seis de mayo del año en curso, carece de legalidad, toda vez que, fue emitido cuando el Presidente de dicho órgano, sin facultad alguna determinó asignar a la empresa "PROISI", S.A. de C.V., la implementación del Programa de resultados electorales preliminares, circunstancia que comunicó oficialmente a través de los oficios identificados todos con el mismo número 152/01 y de la misma fecha 26 veintiséis de abril del presente año, girados a las empresas interesadas en llevar a cabo dicho programa, notificación oficial que hizo el Presidente del Consejo Electoral del Estado sin que existiera una convocatoria previa que motivare el interés de las mencionadas empresas en participar en el referido programa.

De lo expuesto se desprende, y así se establece por este Tribunal, que el presidente del Consejo Electoral del Estado al llevar a cabo dicha asignación se extralimitó de las facultades establecidas en el artículo 97 noventa y siete del Código Electoral del Estado, habida cuenta, de que es facultad exclusiva del órgano Colegiado, Consejo Electoral del Estado, establecer el procedimiento mediante el cual se asigne el programa señalado, atendiendo a lo dispuesto en la fracción II del artículo 96 noventa y seis, del Código Electoral del Estado, debiendo además ajustarse para tal efecto a lo preceptuado en el artículo 80 ochenta, último párrafo y el artículo 84 ochenta y cuatro, del Código de la Materia. Confrontada la actuación del Presidente del Consejo Electoral del Estado con lo dispuesto por los artículos mencionados, se concluye que el Presidente de dicho Consejo con la asignación que indebidamente realizó, pone en riesgo que no solo se manipulen los resultados electorales preliminares, sino aun los finales, creando además con su actuación incertidumbre, duda y confusión entre los partidos políticos, situación con muy altas probabilidades de hacerse extensiva al electorado, ya que la asignación notificada oficialmente en fecha 26 de abril del año en curso, no fue producto de un acuerdo realizado por los propios consejeros Ciudadanos y los partidos Políticos.

Lo anterior independientemente que los consejeros ciudadanos hayan pretendido convalidar dicha asignación al emitir el acuerdo de fecha 6 de mayo del año en curso, mismo que como ya se ha señalado carece de fundamentación y motivación.

Por otra parte, cabe señalar que si bien es cierto, que el artículo 79 setenta y nueve, del Código Electoral del Estado señala que el Instituto Electoral del Estado, es un organismo público, autónomo, de carácter permanente y con personalidad jurídica y patrimonios propios, como lo señala el Presidente del Consejo Electoral del Estado, la interpretación que de autonomía hace este funcionario en su informe circunstanciado, es contraria a la que resulta de una correcta interpretación lógica jurídica, ya que la autonomía que a dicho consejo le confiere tanto la Constitución Política del Estado y el Código Electoral del Estado, es en el sentido de que la misma no es dirigida al organismo, considerado este como ente jurídico sujeto al orden jurídico mexicano, sino a sus decisiones, y éstas deberán estar ajustadas a los principios rectores de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad, asentándose así mismo que la autonomía de un órgano público, de ninguna manera le permite separarse del estado de derecho que toda autoridad debe observar, máxime si se trata de destinar recursos provenientes del erario público, por lo que su ejercicio y aplicación deben estar apegados a las disposiciones legales y administrativas, a fin de que sean aplicados con eficiencia, eficacia y honradez, para satisfacer los objetivos a los que están destinados, asimismo, teniendo la obligación de asegurar las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, solvencia, oportunidad, y demás circunstancias pertinentes. En consecuencia, de no existir en la ley de la materia un procedimiento específico para asegurar tales condiciones, como acontece en el caso particular que nos ocupa la autoridad responsable debió establecer las bases, procedimientos, reglas, requisitos y demás elementos, para garantizar la adecuada aplicación de los recursos con que cuenta el Instituto Electoral del Estado.

DÉCIMO SÉPTIMO.- Por lo que respecta a los escritos presentados por el Partido Acción Nacional, y por el Partido de la Revolución Democrática, terceros interesados en este asunto, es pertinente mencionar que este Tribunal considera que del análisis de dichos escritos, contrario (sic) a lo que manifiestan dichos partidos políticos, sus argumentaciones vertidas en los mismo son infundadas e inoperantes por los motivos y fundamentos establecidos con anterioridad y en consecuencia, no favorecen las pretensiones de los partidos políticos terceros interesados.

Atento a lo anterior este tribunal, considera que el acuerdo impugnado no fue emitido con apego a derecho, debiendo REVOCARSE en consecuencia dicho acuerdo.

Por lo anteriormente expuesto y fundado y en virtud de que los agravios, los preceptos legales y los razonamientos planteados por el C. REYES CORTES PECH, Representante propietario del Partido Revolucionario Institucional acreditado ante el Consejo Electoral del Estado, mediante el cual impugna el acuerdo adoptado en la sesión extraordinaria celebrada el día seis de mayo del año en curso, relativo a la contratación del programa de resultados electorales preliminares para las elecciones del 27 de mayo del año dos mil uno, por medio del cual el Consejo Electoral del Estado asignó a la empresa PROISI, S.A. de C.V., la elaboración e implementación del programa de resultados electorales preliminares para las elecciones del veintisiete de mayo del 2001; el procedimiento de adjudicación llevado a cabo por el Consejo Electoral del Estado, respecto a la asignación del programa de resultados electorales preliminares para las elecciones del veintisiete de mayo de 2001, y el programa de resultados electorales preliminares (PREP)", resultan suficientes, fundados y operantes, debe resolverse la procedencia del recurso interpuesto".

SEXTO. Los agravios expresados por el Partido de la Revolución Democrática son del tenor siguiente:

"CONSIDERACIONES DE DERECHO Y PRECEPTOS VIOLADOS 1.- En principio es de decirse que el Tribunal Electoral del Estado, rompe el Principio de Igualdad de las partes ante la ley toda vez que en la Resolución emitida, omite hacer un análisis, valoración y estudio de lo expresado por quienes comparecen como Terceros Interesados así como por la autoridad señalada como responsable en el Recurso de Apelación relativo. En tal sentido y considerando que los Escritos de Terceros Interesados, así como el Informe Circunstanciado que debe rendir toda autoridad señalada como responsable en un medio de impugnación, constituyen en esencia, el ejercicio de la garantía de audiencia tutelada por la Constitución Federal, es de señalarse que de manera infundada, el Tribunal Electoral del Estadio viola tal garantía, ya que aunque alude a dichos documentos en el cuerpo de su Resolución, de forma por demás graciosa, desestima su contenido y aun peor, omite su análisis y estudio exhaustivo.

2.- La Resolución que se impugna es violatoria del artículo 360 del Código Electoral del Estado y de los artículos 14, 16, 17 y 116 de la Constitución Federal en virtud de lo siguiente:

a).- El Tribunal Electoral del Estado omite contextualizar o hacer un resumen de los hechos o puntos de derecho controvertidos. La señalada como responsable, omite enunciar los hechos y puntos de derecho expresados como sustento jurídico por cada una de las partes y en consecuencia, omite realizar un análisis objetivo, exhaustivo y completo de cada uno de ellos para determinar la esencia de la litis y ubicar específicamente la controversia a resolver.

b) El Tribunal Electoral del Estado no analiza ni estudia los supuestos agravios expresados por la parte actora en el Recurso de Apelación relativo a la Resolución que en este acto se impugna. Por el contrario, se limita a transcribirlos en el cuerpo de su Resolución y en un mal ejercicio del principio de economía procesal, se limita a realizar una interpretación y consideración subjetiva supuestamente relacionada con todos y cada uno de los supuestos agravios expresados por la actora, sin que en ningún momento determine con claridad, la relación de todos los supuestos agravios entre sí.

c) El Tribunal Electoral omite hacer el examen y la valoración de las pruebas ofrecidas y aportadas por cada una de las partes, ya que aunque alude a las pruebas aportadas por la parte actora, no alude en ningún momento a las ofrecidas y aportadas por quienes comparecieron con el carácter de Terceros Interesados. Se manifiesta lo anterior en virtud de que no obstante el hecho de que comparecí como Tercero Interesado en el expediente relativo a la Resolución que en este acto se impugna y ofrecí como prueba, en términos del artículo 349 del Código Electoral del Estado de Yucatán, la instrumental de actuaciones dentro de la cual se encuentra el propio Informe Circunstanciado rendido por el Presidente del Consejo Electoral del Estado, el citado Tribunal, no realiza un examen de dicho documento y por tanto evita e impide la adquisición procesal a mi favor, de elementos que sustentaran y fundaran las consideraciones, expresiones y pretensiones vertidas en mi escrito de Tercero Interesado.

3.- La Resolución emitida por el Tribunal señalado como responsable carece de fundamentación y motivación en virtud de que en ninguna parte de la Resolución impugnada, el Tribunal Electoral del Estado expresa con precisión, los ordenamientos jurídicos que sustenten y funden sus consideraciones y valoraciones acerca del acto impugnado en el Recurso de Apelación.

AGRAVIOS

1.- Los hechos señalados en el presente escrito y que son violatorios del orden jurídico, me causan agravio en virtud de que los ordenamientos violados, son normas generales de orden público y de observancia obligatoria por lo que todos los particulares y especialmente toda autoridad está obligada a su observancia y debido cumplimiento.

2.- Las violaciones en que incurrió la señalada como responsable, agravian a la parte que represento en virtud de lo siguiente:

a).- De haberse examinado, analizado y valorado lo expuesto en mi escrito de Tercero Interesado y de haberse estudiado y valorado las pruebas que ofrecí, la señalada como responsable hubiera podido concluir, que el Recurso de Apelación interpuesto por el Partido Revolucionario Institucional era evidentemente frívolo e improcedente, toda vez que el acto impugnado, no podría generarle ningún tipo de agravio a la parte promovente en virtud de que dicho acto, estaba debidamente fundado y motivado e iba encaminado a aportar elementos adicionales de certeza al Proceso Electoral, y en consecuencia, la hoy señalada como responsable hubiera podido desechar de plano el referido medio de impugnación y por tanto el acto impugnado se mantendría firme y vigente, tal y como era mi pretensión, según lo exprese en mi escrito de Tercero Interesado.

b).- Al no determinar claramente los puntos de controversia del asunto sometido a su jurisdicción, la señalada como responsable, realizó razonamientos subjetivos equivocados que en consecuencia, la llevaron a inmotivados puntos resolutivos que derivaron en la Revocación del Acto Impugnado, hecho totalmente opuesto a las pretensiones expresadas en mi escrito de Tercero Interesado.

c).- La omisión en que incurre el Tribunal Electoral del Estado al no realizar el estudio y análisis exhaustivo de los supuestos agravios expuestos por la parte actora en el Recurso de Apelación relativo a la Resolución que en este acto se combate, generó un grave perjuicio a mi representada, toda vez que de haber actuado exhaustivamente, hubiera concluido que lo expresado como agravios por la parte actora de ese infundado medio de impugnación, eran únicamente consideraciones de carácter subjetivo, infundadas e inoperantes y que en todo caso, no denotaban afectación o daño a la parte actora, lo cual hubiera derivado en que dicho Recurso hubiera podido ser declarado improcedente y por tanto el acto impugnado se mantuviera firme y válido.

CONSIDERACIONES FINALES

La etapa de preparación de la elección relativa al Proceso Electoral de Yucatán, ha sufrido graves afectaciones derivadas del sistemático desacato a las Resoluciones y Acuerdos emitidos por esa Sala Superior en los expedientes SUP-JRC-440/2000 y SUP-JRC-445/2000 ACUMULADOS en que incurrieron diversas autoridades del Estado de Yucatán. La etapa de preparación de la elección de consecuencia, aún tratándose de un Proceso Electoral Ordinario, se ha llevado a cabo en condiciones extraordinarias, con ajustes a diversos términos y plazos electorales buscando en todo momento, garantizar la celebración de la elección constitucional que debe realizarse el cuarto domingo del mes de mayo del año en curso. Sin embargo es de entenderse, que todo el impacto negativo que tuvieron los reiterados desacatos a las Resoluciones de ese Tribunal, hacen necesario introducir elementos adicionales de certeza al Proceso Electoral, que motiven al electorado a ejercer su derecho ciudadano de votar y elegir a sus autoridades.

En tal sentido, el Programa de Resultados Electorales Preliminares que pretende implementar el Consejo Electoral del Estado de Yucatán, debe entenderse como un medio que contribuye al desarrollo de la vida democrática en el Estado encaminado a dar mayor certeza a la emisión de los resultados electorales preliminares que deben publicitar los órganos electorales en la etapa posterior-inmediata a la jornada electoral.

Siendo aquel uno de los fines del Instituto Electoral del Estado, en términos de la fracción I del artículo 80 del Código de la Materia, es plenamente válido y legal que en ejercicio de la facultad que le otorga el artículo 96 fracción VI del Código Electoral, el Consejo Electoral del Estado dicte los Acuerdos necesarios para la implementación de dicho Programa, más aún si se toma en cuenta, que en términos de la fracción II del citado numeral 96, el Consejo Electoral del Estado tiene la atribución de fijar las políticas generales, LOS PROGRAMAS Y LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO.

En razón de lo anterior, resulta claro que la asignación para la elaboración e implementación del Programa de Resultados Electorales Preliminares para las elecciones del veintisiete de mayo de 2001, a la empresa "PROISI" S.A. de C.V. realizada mediante Acuerdo del Consejo Electoral del Estado, está debidamente fundada y motivada, sobre todo si se toma en cuenta que dicha asignación, constituye un acto de carácter administrativo al igual que lo es, la suscripción del contrato respectivo por parte del Presidente del Consejo Electoral del Estado y el representante legal de la citada empresa.

Por otra parte es importante subrayar, que la naturaleza jurídica del Instituto Electoral del Estado como organismo público AUTÓNOMO y la función de interés público que Constitucionalmente está facultado a realizar, implica entender dicha autonomía en sentido amplio, y que toda restricción al ejercicio pleno de las facultades del Instituto, puede redundar en el incumplimiento de la función que Constitucionalmente le corresponde realizar de manera exclusiva.

Por lo anterior, no resultan aplicables al Instituto Electoral del Estado, todas aquellas disposiciones y ordenamientos legales que puedan influir en las decisiones, acuerdos y resoluciones que en ejercicio pleno de sus facultades encaminadas a la función de organizar elecciones, deben tomar en cumplimiento de sus atribuciones y obligaciones y para hacer efectivas las disposiciones del Código Electoral del Estado.

Con relación al patrimonio del Instituto Electoral, conviene apuntar que en el ejercicio del mismo, el Instituto Electoral del Estado debe privilegiar en todo momento, el cumplimiento de la función de interés público que la ley le ordena, como lo es la organización de las elecciones locales en aras de alcanzar uno de sus fines, como lo es, garantizar la celebración periódica y pacífica de las elecciones para la renovación de los integrantes de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y de los Ayuntamientos del Estado. Hacerlo de otra forma intentando sujetar el ejercicio de su presupuesto y patrimonio a disposiciones de carácter administrativo que no le son aplicables, constituiría en si, una grave vulneración al Principio de Certeza, toda vez que se estaría alejando de su objeto y función específica.

2.- El interés jurídico de impugnar la Resolución emitida por el Tribunal Electoral del Estado deriva del hecho de que al haber sido Revocado el Acuerdo relativo al Programa de Resultados Electorales Preliminares, se está vulnerando el derecho a la información que todo ciudadano tiene, para conocer con un mayor grado de certeza, los resultados electorales preliminares de las elecciones a celebrarse el próximo 27 de mayo del año en curso. En tal sentido, se genera una afectación a mi representado en virtud de que de esa forma, se atenta contra uno de los fines del Partido de la Revolución Democrática, que es, en términos de lo establecido en el artículo 41 fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, PROMOVER LA PARTICIPACIÓN DEL PUEBLO EN LA VIDA DEMOCRÁTICA. Aunado a lo anterior, debe tenerse en cuenta que como Partido Político, no sólo actuamos como titulares de su acervo jurídico propio, sino como entidades de interés público con el objeto de preservar las prerrogativas de la ciudadanía, de manera que las acciones que emprendemos no son puramente individuales, sino que gozan, en buena medida, de las características reconocidas a las llamadas acciones de interés público o colectivas, dentro de las cuales se suelen ubicar las acciones de clase o de grupo, que existen en otros países y que se comienzan a dar en México, o las dirigidas a tutelar los derechos difusos de las comunidades indeterminadas y amorfas, acciones que se ejercen a favor de todos los integrantes de cierto grupo, clase o sociedad, que tienen en común cierta situación jurídica o estatus.

Igualmente es de decirse, que para el ejercicio de un derecho, es necesario que existan las condiciones necesarias, que garanticen a satisfacción y suficiencia el ejercicio pleno del mismo y en tal sentido, al Revocarse el Acuerdo relacionado con el Programa de Resultados Electorales Preliminares, se está eliminando un mecanismo adicional para una correcta participación en el desarrollo y vigilancia del Proceso Electoral, con lo cual se vulneraría el derecho que se otorga a los Partidos Políticos, en términos del artículo 41 fracción I del Código Electoral del Estado de Yucatán."

SÉPTIMO. Los agravios hechos valer por el Partido Acción Nacional son los siguientes:

"A G R A V I O S

PRIMERO: La sentencia que hoy se impugna causa agravio al partido político que represento, toda vez que la responsable al decidir el derecho en la controversia que se le planteó dejó de aplicar los principios fundamentales de apego a la legalidad, no responde ninguno de los agravios manifestados en su momento y además se arroga facultades que no le corresponden, vulnerando así disposiciones legales expresas del Código Electoral del Estado de Yucatán, aplicando además en forma incorrecta disposiciones diversas del ordenamiento legal en comento y de la Constitución General de la República.

Con ello se actualiza la procedencia del juicio de revisión constitucional electoral, que podrá ser interpuesto por violaciones flagrantes al principio de legalidad, de acuerdo a las tesis siguientes:

PRINCIPIO DE LEGALIDAD CONSTITUCIONAL ELECTORAL. ESTÁ VIGENTE PARA TODOS LOS ESTADOS, DESDE EL 23 DE AGOSTO DE 1996. De la interpretación sistemática de la fracción IV del artículo 116 de la Ley Fundamental, en relación con lo dispuesto en los párrafos sexto y séptimo del artículo SEGUNDO TRANSITORIO del decreto por el que se adicionó la primera norma, revela que el principio constitucional federal de legalidad en materia electoral rige a los comicios de todas las entidades federativas de la República, desde el veintitrés de agosto de mil novecientos noventa y seis, sin que su vigencia esté condicionada a su aceptación, inclusión o reglamentación en las leyes estatales, y que lo único que se aplazó fue la exigibilidad de cumplimientos de la obligación impuesta a las legislaturas estatales de incluir, necesariamente, en su normatividad constitucional y legal (si no existían con anterioridad, desde luego) disposiciones jurídicas para garantizar el cabal apego y respeto a dicho principio. Consecuentemente, el legislador constituyente permanente en la iniciativa del decreto de reformas, distinguió dos elementos: El primero es la existencia de un conjunto de principios o bases con rango constitucional, rector de las elecciones locales; el segundo consiste en la obligación que se impone a las legislaturas estatales de establecer normas en su Constitución y en sus leyes electorales, mediante las cuales quede plenamente garantizado el respeto al principio indicado. Este principio constitucional inició su vigencia conjuntamente con la generalidad de las reformas y adiciones hechas entonces a la Carta Magna, lo único que se suspendió por los párrafos sexto y séptimo del artículo SEGUNDO TRANSITORIO del decreto correspondiente, fue la obligación, impuesta a las legislaturas estatales, de reformar y adicionar su marco constitucional y legal, en cumplimiento a lo mandado en el artículo 116, fracción IV, de la Ley Fundamental. El párrafo sexto no determina que la adición al artículo 116 de referencia entre en vigor con posterioridad a las demás disposiciones del decreto, sino únicamente que no se aplicarán a las disposiciones constitucionales y legales de los estados que deban celebrar procesos electorales cuyo inicio haya ocurrido u ocurra antes del 1º de enero de 1997; esto es, la relación que se establece en esta primera parte del texto es entre las reformas constitucionales indicadas (cuya vigencia se rige por el artículo PRIMERO TRANSITORIO), con las disposiciones constitucionales y legales de los Estados que se encuentren en la situación descrita, y no entre la reforma constitucional y todas las autoridades de las citadas entidades federativas, por lo que no se exime de su cumplimiento sino a las legislaturas, en lo que directamente les atañe; la siguiente parte del párrafo determina que las legislaturas dispondrán de un plazo de un año, contando a partir de la conclusión de sus procesos electorales, para adecuar su marco constitucional y legal al precepto citado, y no para que comience a regir la adición constitucional. Asimismo, el párrafo séptimo insiste en que los Estados que no se encuentren en la hipótesis anterior deberán adecuar su marco constitucional y legal a lo dispuesto por el artículo 116 modificado por el presente Decreto, en un plazo que no excederá de seis meses contados a partir de su entrada en vigor. Aquí nuevamente se acota el alcance del precepto transitorio a la obligación de adecuar las leyes estatales, e inclusive se reconoce textualmente que el artículo 116 modificado va a entrar en vigor de inmediato, y por eso se cuenta el término de seis meses a partir de su entrada en vigor. En el supuesto, inadmitido, de que los principios constitucionales para las elecciones de los Estados sólo se considerarían vigentes a partir de su regulación en las legislaciones estatales, no existe algún elemento en el decreto para considerar que ese argumento tendría que hacerse necesariamente mediante un acto legislativo formal posterior al decreto de reforma constitucional, por lo cual se consideraría suficiente que las legislaturas locales ya hubieran incluido en sus Constituciones o en sus leyes las bases fundamentales de que se trata, antes o después de la reforma constitucional federal.

Sala Superior. S3EL 034/97.

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-080/97.

Partido Acción Nacional. 5 de septiembre de 1997.

Unanimidad de votos. Ponente: Leonel Castillo González.

PRINCIPIO DE LEGALIDAD ELECTORAL. De conformidad con las reformas a los artículos 41, fracción IV; 99, párrafo cuarto; 105, fracción II, y 116, fracción IV, incisos b) y d), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en términos de los artículos 186 y 189 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y 3º de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, se estableció un sistema integral de justicia en materia electoral cuya trascendencia radica en que por primera vez en el orden jurídico mexicano se prevén los mecanismos para que todas las leyes, actos y resoluciones electorales se sujeten invariablemente a lo previsto en la Constitución Federal y, en su caso, las disposiciones legales aplicables, tanto para proteger los derechos político electorales de los ciudadanos mexicanos como para efectuar la revisión de la constitucionalidad o, en su caso, legalidad de los actos y resoluciones definitivos de las autoridades electorales federales y locales.

Sala Superior. S3EL 040/97.

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-085/97. Partido Acción Nacional. 5 de septiembre de 1997.

Unanimidad de votos. Ponente: José de Jesús Orozco Henríquez.

Es decir la autoridad responsable se excede en cuanto a sus facultades, contraviniendo flagrantemente el axioma jurídico contenido en el principio de legalidad que establece que cualquier autoridad solamente estará facultada para actuar estrictamente en lo que la ley le faculte, sin poder rebasarla.

A manera de resumen, la resolución origen de la impugnación viola el principio de legalidad, en otros, de la función electoral que contempla el artículo 25 de la Constitución Local y su correlativo en nuestra Carta Magna que resulta ser el 41, conjuntamente con el 116; en razón de que está incurriendo en la realización de un acto sin sustento jurídico y ajeno al principio de legalidad violentando dicho principio debido a que vas más allá de lo que la propia ley le faculta. Recordemos que el principio de legalidad representando por el axioma jurídico la autoridad está facultada para realizar exclusivamente aquello que la ley expresamente le señale, los particulares podrán hacer todo lo que la ley no les prohíba." En consecuencia, si de ninguno de los artículos que contiene el código, se desprende relación fundamentación, como equívocamente pretende la responsable; indudablemente nos encontramos ante un acto de autoridad sin sustento jurídico y ajeno al principio de legalidad a que se alude.

Lo anterior, indudablemente violenta el espíritu de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, contenida en el inciso d) fracción IV, de su artículo 116, el cual establece como principio rector de todo proceso electoral el de legalidad; el cual de igual manera, se encuentran inserto en el artículo 25 de la Constitución Política del Estado de Yucatán. Lo vertido en el presente agravio, en forma indubitable viola también el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que establece los principios rectores de la función electoral en lo general.

SEGUNDO: Causa agravio al Partido Acción Nacional el considerando Décimo Sexto de la resolución recurrida, toda vez que conculca el principio de legalidad electoral consagrado tanto en el inciso b) de la fracción IV del artículo 116, como en la fracción III del artículo 41, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; para sustentar mi dicho, a continuación me dispongo a especificar las ilegalidades de la sentencia impugnada, combatiendo, mediante razonamientos lógico-jurídicos, la inexacta o nula aplicación de la hipótesis normativa al caso concreto, lo cual derivó en la declaración, por parte del Ad quem, de que los agravios que hizo valer el representante del Partido Revolucionario Institucional en su escrito de Apelación eran "suficientemente fundados y operantes".

La autoridad responsable señala que el Acuerdo del Consejo Electoral del Estado de Yucatán de fecha 6 de mayo de 2001, relativo a la contratación del Programa de Resultados Electorales Preliminares para las elecciones del 27 de mayo del año 2001 carece de elementos que lo funden y motiven, toda vez que en él no se cita algún precepto legal aplicable al caso que le sirva de apoyo jurídico y tampoco expresa los razonamientos que llevaron al órgano electoral a emitir el acto impugnado que encuadre en los presupuestos de norma alguna establecida en el Código Electoral del Estado. Más adelante el ad quem añade que al no estar debidamente fundamentado y motivado el acuerdo del Consejo Estatal Electoral, viola los principios rectores de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad, establecidos en el numeral primero del Código Electoral del Estado, y también el dispositivo legal número 96 (sic) noventa y seis, fracción primera, que establece lo siguiente: "El Consejo Electoral del Estado tiene las atribuciones y obligaciones siguientes: I. Vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y las contenidas en este Código...

" El Tribunal responsable también señala indebidamente que el Código Electoral del Estado no contempla procedimiento distinto al que se refiere en su Libro Tercero, Título Cuarto, Capítulo Primero respecto a la información preliminar de los resultados electorales, específicamente en su artículo 234 que a la letra dispone "Para el mejor conocimiento de los ciudadanos, concluidos los plazos para remitir los paquetes electorales, a que se refiere este Código, el Presidente deberá fijar en el exterior del local del Consejo Distrital, o Municipal en su caso, los resultados preliminares de las elecciones en el Distrito y en el Municipio".

Lo señalado por el Tribunal responsable es falso, ya que el Consejo Electoral del Estado de Yucatán sí fundamentó y motivó el acuerdo, hoy revocado, tal y como se desprende de la simple lectura de los considerandos de dicho acuerdo, los cuales, a manera de ilustración me permito transcribir a continuación:

C O N S I D E R A N D O S

1. Que el artículo 16 apartado A de la Constitución Política del Estado de Yucatán, entre otras cosas indica, que la organización de las elecciones locales es una función estatal que se realiza a través de un organismo público autónomo dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, a cuya integración concurren los Poderes del Estado, con la participación de los partidos políticos y los ciudadanos, de la manera que disponga la ley.

2. Que de acuerdo con el numeral 79 del Código Electoral del Estado de Yucatán, el Instituto Electoral del Estado es un organismo público autónomo, de carácter permanente, con personalidad jurídica y patrimonio propios, depositario de la autoridad electoral y responsable del ejercicio de la función estatal de organizar las elecciones.

3. Que de igual manera, el numeral 80 del Código de la Materia establece, entre otras cosas, que todas las actividades del Instituto Electoral del Estado se regirán por los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad.

4. Que son fines del Instituto Electoral del Estado entre otras, contribuir al desarrollo de la vida democrática en el Estado; asegurar a los ciudadanos el ejercicio de sus derechos político-electorales y vigilar el cumplimiento de sus obligaciones; velar por la autenticidad y efectividad del sufragio y coadyuvar en la promoción y difusión de la cultura política de la ciudadanía yucateca, según lo establecen las fracciones I, IV, VI y VII del artículo 80 del Código Electoral.

5. Que el patrimonio del Instituto Electoral se integra con los bienes que se destinen al cumplimiento de su objeto y las partidas que anualmente se le señalen en el presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado, de acuerdo al artículo 81 del Código Electoral del Estado.

6. Que atento a lo dispuesto en el artículo 84 del Código Electoral del Estado, el Consejo Electoral del Estado es el órgano superior de dirección, responsable de vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en materia electoral, así como de velar porque los principios de certeza, legalidad, imparcialidad y objetividad determinen todas las actividades del Instituto.

7. Que con fundamento en las fracciones III, V, VI, VII, XXXV y XXXVIII del articulo 96 del Código Electoral el Consejo Electoral del Estado tiene, entre otras, las atribuciones y obligaciones siguientes: representar al Instituto Electoral del Estado y celebrar convenios a nombre de él con instituciones públicas o privadas; asegurar el cumplimiento de lo acordado en los convenios que celebren el Instituto Electoral del Estado con el Gobierno del Estado, el Instituto Federal Electoral o cualquier organismo público o privado; dictar los acuerdos necesarios para hacer efectivas sus atribuciones y las disposiciones del Código Electoral; llevar a cabo la preparación, desarrollo y vigilancia del proceso electoral; desahogar las dudas que se presenten sobre la aplicación e interpretación del Código y todas las demás que señale el mismo.

8. Que de conformidad con el artículo 97 del Código Electoral del Estado, es facultad del Presidente del Consejo Electoral, entre otras, la de representar legalmente a dicho Consejo.

9. Que como consecuencia de los considerandos anteriores y con el fin de proporcionar resultados preliminares confiables el mismo día de la jornada electoral, contribuyendo así a dar certeza al proceso electoral del próximo día veintisiete de los corrientes, se han recibido por parte del Instituto Electoral del Estado, propuestas de varias empresas, para la recopilación de datos, procesamiento y difusión de resultados preliminares, a través del Programa de Resultados Electorales Preliminares. Dichas empresas son las siguientes:

Podernet, Grupo Proisi, Best Harware & Sofware, Telec y Macro Tecnology.

10. Que las propuestas presentadas comprendieron, en su mayoría, los aspectos básicos para un Programa de Resultados Electorales preliminares eficiente, como son : identidad del personal, varios niveles de usuarios para registro de datos y retención de información, uso de claves de identificación y contraseñas de equipos y capturistas, cifrado y comprensión de datos, doble captura de datos, validación de votos respecto del padrón, protocolos de comunicación propios, redundancia o almacenamiento en línea de datos en dos o más equipos para soportar fallas, publicación de resultados e impresión de reportes a solicitud.

11. Que para la selección de la mejor propuesta se consideraron los aspectos siguientes: número de centros de acopio de datos, los requerimientos de líneas telefónicas para recepción de datos, el sistema operativo a utilizar; la forma en que proporciona mayor seguridad y la redundancia de datos.

12. Que habiéndose conjugado los aspectos técnicos y económicos de las propuestas, las experiencias y resultados en trabajos similares previos, se define como alternativa más conveniente para el Instituto Electoral del Estado la propuesta presentad por "PROISI", S. A. de C.V., representada por el Ing. Carlos Treviño Ramírez, con la opción de 50 centros de captación de información por un monto aproximado de $1’900,000.0 (un millón novecientos mil pesos sin centavos moneda nacional), más por el monto por detalles técnicos adicionales para hacer más eficiente la red de captura de datos y mejorar su difusión vía internet, sin que rebase un monto financiero máximo de hasta $2’300,000,00 (dos millones trescientos mil pesos sin centavos moneda nacional), más el importe correspondiente al Impuesto al Valor Agregado.

Como se puede observar el acuerdo si está debidamente fundado y motivado y por supuesto los preceptos legales que señala son perfectamente aplicables al caso concreto; ahora, si bien es cierto que no existe una norma que regule lo relativo al establecimiento de un Programa de Resultados Preliminares en los específico, ello no impide que se puedan aplicar perfectamente preceptos legales más amplios por virtud de los cuales, el Consejo Electoral del Estado de. Yucatán, se encuentra facultado para implementar ese u otros programas que deriven en el cumplimiento de los fines del Instituto Electoral del Estado de Yucatán y del Propio Consejo Electoral.

Tal y como lo establece el considerando noveno, lo que motiva el establecimiento de un Programa de Resultados Electorales Preliminares por parte del Consejo Electoral del Estado de Yucatán, es darle una mayor transparencia al proceso electoral, fortaleciendo dentro del ámbito de su competencia uno de los principios rectores de todo proceso electoral como lo es el de certeza; y evidente que el Consejo puede, en ejercicio de sus facultades, dictar las medidas que considere pertinentes para "contribuir al desarrollo de la vida democrática en el estado", y no cabe duda que el establecimiento de un programa como el que nos ocupa apuntala el principio de Certeza, referido previamente, con lo cual se contribuye decididamente al fortalecimiento de la democracia en Yucatán.

No debemos olvidar que las disposiciones del Código Electoral del Estado son de orden público y de observancia general, y que además deben ser interpretadas conforme a los criterios gramatical, sistemático y funcional. En ese sentido no cabe duda de que el órgano superior de dirección del Instituto Electoral, es decir, el Consejo Electoral del Estado, tiene las atribuciones y obligaciones que le señala, entre otros, el artículo 96 del Código Electoral del Estado de Yucatán, destacando, tal y como se señaló en el considerando séptimo del acuerdo indebidamente revocado las siguientes: representar al Instituto Electoral del Estado y celebrar convenios a nombre de él con instituciones públicas o privadas; asegurar el cumplimiento de lo acordado en los convenios que celebren el Instituto Electoral del Estado con el Gobierno del Estado, el Instituto Federal Electoral o cualquier organismo público o privado; dictar los acuerdos necesarios para hacer efectivas sus atribuciones y las disposiciones del Código Electoral; llevar a cabo la preparación, desarrollo y vigilancia del proceso electoral; desahogar las dudas que se presenten sobre la aplicación e interpretación del Código y todas las demás que señale el mismo.

En consecuencia, se puede concluir al respecto que, como se ha probado, el acuerdo está debidamente fundado y motivado y, por tal motivo, no viola principio alguno de los que rigen la materia electoral, sino que por el contrario fortalece de manera fundamental uno de los principios rectores de la materia: el de certeza.

En el mismo considerando el ad quem señala también que el Consejo Electoral del Estado no emitió un Acuerdo previo en el que se determine la necesidad, y las causas, de contar con un programa de resultados electorales preliminares además del establecido por el Código Electoral del Estado, así como. el procedimiento para determinar su asignación conforme a la normatividad a que debe apegarse toda autoridad que disponga de recursos que provengan del erario público.

Es importante señalar que la responsable no fundamenta en precepto legal alguno la obligación de emitir un acuerdo previo en el que se determine la necesidad y las causas de contar con un programa de resultados electorales preliminares, tampoco señala cual es, en su concepto, la normatividad aplicable y las razones por las cuales la misma deba aplicarse, razón por la que su dicho carece de absoluta fundamentación y motivación. Independientemente de lo anterior es importante señalar que no había necesidad de emitir un acuerdo previo, ya que, tal y como lo reconoció el representante del Partido Revolucionario Institucional en su escrito de apelación, los integrantes del Consejo Estatal Electoral fueron legalmente convocados el día cinco de mayo de 2001, a una sesión extraordinaria de dicho Consejo a celebrarse el día seis del mismo mes y año a las once treinta horas y en la convocatoria respectiva se establecía claramente que éste, es decir, la asignación del PREP, sería uno de los puntos a tratar del orden del día. El punto del orden del día se desahogó, emitiendo un acuerdo el cual manifiesta de manera clara por qué es necesario contar con un instrumento de esta naturaleza.

La responsable argumenta también, que el supuesto procedimiento llevado a cabo por el Consejo Electoral del Estado, que culminó con la emisión del acuerdo de fecha 06 de mayo del año en curso, carece de legalidad, toda vez que, fue emitido cuando el Presidente de dicho órgano, sin facultad alguna, determinó asignar a la empresa "PROISI", S. A. de C. V., la implementación del Programa de resultados electorales preliminares, circunstancias que comunicó mediante oficialmente (sic) a través de los oficios identificados todos con el mismo número 152/01 y de la misma fecha 26 (sic) veintiséis de abril del presente año, girados a las empresas interesadas en llevar a cabo dicho programa, notificación oficial que hizo el Presidente del Consejo Electoral del Estado sin que existiera una convocatoria previa que motivare el interés de las mencionadas empresas en participar en el referido programa.

El acto que el PRI impugna originalmente en su escrito es el acuerdo, no el procedimiento llevado a cabo por la responsable para dar vida a dicho acuerdo, por lo cual si no existe suplencia de la queja, no es posible para la resolutora, ampliar la litis; careciendo en consecuencia de la relevancia si el proceso fue o no legal. Aunado a lo anterior es de resaltarse que el Código Electoral del Estado de Yucatán no establece un procedimiento específico para la toma de acuerdo alguno, salvo el que el mismo sea aprobado por la mayoría de los integrantes del mismo con facultad de votación dentro del propio Consejo y durante la Sesión respectiva en que el acuerdo de marras haya sido previamente discutido; lo cual acaeció en el presente caso; sin dejar de pasar por alto que el Consejo Electoral cuenta con autonomía para la toma de decisiones que lo lleven a la consecución de sus fines.

El Tribunal Ad quem también establece de manera por demás ilegal y superficial, que el Presidente del Consejo Electoral del Estado al llevar a cabo dicha asignación se extralimitó de las facultades establecidas en el artículo 97 (sic) noventa y siete del Código Electoral del Estado, habida cuenta, de que es facultad exclusiva del órgano Colegiado, Consejo Electoral del Estado, establecer el procedimiento mediante el cual se asigne el programa señalado, atendiendo a lo dispuesto en la fracción II del artículo 96 (sic) noventa y seis, del Código Electoral del Estado, debiendo además ajustarse, para tal efecto, a lo preceptuado en el artículo 80 (sic) ochenta, último párrafo y el artículo 84 (sic) ochenta y cuatro, del Código de la Materia. Confrontada la actuación del Presidente del Consejo Electoral del Estado con lo dispuesto por los artículos mencionados, se concluye que el presidente de dicho Consejo con la asignación que indebidamente realizó, pone en riesgo que no sólo se manipulen los resultados electorales preliminares, sino aún los finales, creando además con su actuación incertidumbre, duda y confusión entre los partidos políticos, situación con muy altas probabilidades de hacerse extensiva al electorado, ya que la asignación notificada oficialmente en fecha 26 de abril del año en curso, no fue producto de un acuerdo realizado por los propios Consejeros Ciudadanos y los Partidos Políticos.

Resulta inexacto lo señalado por la Ad quem, dado que, si bien el Consejero Presidente pudo haber incurrido en cualquier error, dicho error quedó sin efectos al momento de que el acuerdo mediante el cual es asignada a la empresa denominada PROISI, S.A. de C.V., el Programa de Resultados Electorales Preliminares fue aprobado por la mayoría de los Consejeros con voz y voto dentro de dicho organismo, dando cabal forma al acuerdo en cita; siendo además una falacia el que actitud alguna del Consejero Presidente "cree además con su actuación incertidumbre, duda y confusión entre los partidos políticos". Lo que sí resulta francamente grave es que el Tribunal Electoral del Estado afirme sin fundamento alguno, y además sin aportar pruebas de su decir que tal confusión "pueda hacerse extensiva al electorado", puesto que con dicha afirmación esta demeritando la capacidad del electorado yucateco, además de que incurre en falsas afirmaciones al señalar "que la asignación notificada oficialmente en fecha 26 de abril del año en curso, no fue producto de un acuerdo realizado por los propios Consejeros Ciudadanos y los Partidos Políticos"; ya que precisamente lo que dicho Tribunal está revocando es precisamente un acuerdo emanado del propio Consejo Electoral del Estado de Yucatán..

De conformidad con el artículo 85 del Código Electoral del Estado de Yucatán, el Consejo Electoral se integrará con siete Consejeros ciudadanos, dos consejeros del Poder Legislativo, un secretario técnico y un representante de cada uno de los partidos políticos que participen en la elección. Sin embargo, a pesar de que los partidos políticos están representados en el Consejo Estatal Electoral, no es necesario que los acuerdos que toma el Consejo sean en consenso con los partidos políticos, ya que el articulo 89 del multicitado ordenamiento establece que "los partidos políticos acreditarán ante el Consejo Electoral del Estado un representante con su respectivo suplente, quienes actuarán en su caso, con voz pero sin voto."

Ahora bien, el propio Tribunal Electoral del Estado de Yucatán, reconoce en su propia sentencia que es facultad exclusiva del órgano Colegiado, Consejo Electoral del Estado, establecer el procedimiento mediante el cual se asigne el programa señalado (PREP), atendiendo a lo dispuesto en la fracción II del artículo 96 (sic) noventa y seis, que señala que el Consejo Electoral del Estado tiene las atribuciones y obligaciones siguientes: II. Fijar las Políticas generales, los programas y los procedimientos administrativos del Instituto Electoral del Estado, pero posteriormente se contradice al señalar que el Consejo no puede convalidar actos, olvidando que el Consejo en ningún momento señaló que estaba convalidando actos, sino que llegó a un acuerdo con fundamento en lo establecido en el artículo 93 del Código Electoral del Estado que establece que "para que el Consejo Electoral del Estado pueda sesionar es necesaria la presencia de las dos terceras partes de sus integrantes con derecho a voz y voto, entre los que deberá estar el Presidente. Toda resolución se tomará por mayoría de votos. De no concurrir las dos terceras partes se citará a otra sesión en fecha posterior, la cual se efectuará con los consejeros que asistan, entre los que deberá estar el Presidente, lo cual ocurrió en la especie. Es decir, que el acuerdo no fue aprobado sólo por el Presidente, como lo afirma la responsable, sino por el Pleno del Consejo y con la cantidad de votos necesarios para ello.

La responsable señala que si bien es cierto que el artículo 79 (sic) setenta y nueve del Código Electoral del Estado señala que el Instituto Electoral del Estado, es un organismo público autónomo, de carácter permanente y con personalidad jurídica y patrimonio propios, como lo señala el Presidente del Consejo Electoral del Estado, la interpretación que de autonomía hace este funcionario en su informe circunstanciado, es contraria a la que resulta de una correcta interpretación lógico-jurídica, ya que la autonomía que ha (sic) dicho consejo le confiere tanto la Constitución Política del Estado y el Código Electoral del Estado, es en el sentido de que la misma no es dirigida al organismo, considerado éste como ente jurídico sujeto al orden jurídico mexicano, sino a sus decisiones, y éstas deberán estar ajustadas a los principios rectores de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad, asentándose así mismo que la autonomía de un órgano público, de ninguna manera le permite separarse del estado de derecho que toda autoridad debe observar, máxime si se trata de destinar recursos provenientes del erario público, por lo que su ejercicio y aplicación deben estar apegados a las disposiciones legales y administrativas, a fin de que sean aplicados con eficiencia, eficacia y honradez, para satisfacer los objetivos a los que están destinados, así mismo, teniendo la obligación de asegurar las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, solvencia, oportunidad y demás circunstancias pertinentes. En consecuencia, de no existir en la ley de la materia un procedimiento específico para asegurar tales condiciones, como acontece en el caso particular que nos ocupa, la autoridad responsable debió establecer las bases, procedimientos, reglas, requisitos y demás elementos, para garantizar la adecuada aplicación de los recursos con que cuenta el Instituto Electoral del Estado.

Con respecto a lo señalado en el párrafo anterior por la responsable, en primer lugar resulta pertinente señalar que el Instituto Electoral del Estado de Yucatán es autónomo tanto en sus decisiones como en la forma de administración de su patrimonio, siendo así mismo titular de dichos conceptos.

Para fortalecer lo anterior me permito citar textualmente lo señalado por el Dr. Flavio Galván Rivera, Secretario General de Acuerdos de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación: "...autonomía e independencia, resultan ser voces sinónimas; por ende, era innecesario incluir este principio en el multicitado precepto constitucional (el que establece los principios rectores de la materia electoral), porque ya estaba y sigue estando previsto en la ley suprema, al establecer que el Instituto es autoridad en la materia, independiente en sus decisiones y funcionamiento profesional en su desempeño. Sin embargo el principio en comento viene a fortalecer la característica constitucional en cita, porque el Instituto Federal Electoral (al igual que el Instituto Estatal Electoral para el presente caso) no está subordinado de manera inmediata y directa, a ninguno de los tres poderes mediante los cuales se ejerce la soberanía nacional.

De lo anterior se infiere que la autonomía no sólo es respecto al poder de decisión sino también administrativa con relación a su actuar, y bien se ha dicho que los Institutos Electorales, dentro del ámbito de su competencia, se asimilan a una especie de cuarto poder, el poder electoral, y por tanto no dependen de regulaciones que norman al resto de los poderes.

Ahora bien, se está obligando al Instituto Electoral del Estado de Yucatán a regirse bajo diversos cuerpos normativos, sin precisar en modo alguno cuáles son estos. El ad quem no hace ningún razonamiento que derive en la obligatoriedad de aplicar alguna legislación específica para asignar e implementar el Programa de Resultados Electorales Preliminares, lo cual causa agravio al Partido Político que represento, dada la indebida fundamentación y motivación de su decir.

Por otro lado, me permito precisar, que los ordenamientos jurídicos citados por el Representante Legal del Partido Revolucionario Institucional en su escrito de apelación, no resultan aplicables al Instituto Electoral del Estado y por ende a su órgano central de dirección, por las siguientes razones.

El Presupuesto de egresos de gobierno del Estado de Yucatán para el ejercicio fiscal 2001, en su artículo 3º distingue dentro de las ramas autónomas, por un lado al Consejo Electoral del Estado y por otro a los organismos descentralizados, enfatizando la naturaleza diversa de ambos organismos, lo que nos lleva a concluir que lo que le es aplicable a los organismos descentralizados no lo resulta para el Consejo Electoral del Estado por tratarse de organismos distintos.

Por su parte, la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado prevé las relaciones entre distintas dependencias, ya sean centralizadas, descentralizadas o desconcentradas, con el Poder Ejecutivo o dependiente de él, así como las empresas de participación estatal mayoritaria y los fideicomisos en los que el fideicomitente sea el Gobierno Estatal, organismos en los que no puede incluirse en modo alguno al Instituto Electoral del Estado y mucho menos a su Consejo. En primer lugar porque no es de los sujetos a quienes aplica la ley como ya se mencionó; y en segundo, en función de la autonomía que tiene con respecto al Ejecutivo citada con anterioridad.

Por último, tampoco es aplicable al caso que nos ocupa la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de servicios relacionados con Bienes Muebles en el Estado, ya que su artículo segundo señala que las diversas erogaciones del gasto público del Estado comprenden las realizadas por las instituciones, dependencias, organismos, fideicomisos y en general las entidades siguientes: Poder Legislativo, Poder Judicial, Poder Ejecutivo así como las dependencias determinadas por la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado, los organismos descentralizados, las empresas en que la participación del Gobierno del Estado sea mayoritaria y los fideicomisos en los que el fideicomitente sea el Gobierno del Estado; en consecuencia las erogaciones del Gasto Público reguladas por la ley en cita no incluyen al Instituto Electoral del Estado.

En el supuesto sin conceder de que si estuviera incluido el Instituto Electoral del Estado dentro de los sujetos a quienes aplica la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de servicios relacionados con bienes Muebles en el Estado,. tampoco debía realizar licitación pública alguna, ya que el artículo 25 de dicho ordenamiento establece que "la Dirección y las entidades, bajo su propia responsabilidad podrá fincar pedidos o celebrar contratos, sin llevar a cabo las licitaciones que establece el artículo 18 de esta Ley, en los supuestos que a continuación se señalan: ...II. Cuando existen condiciones o circunstancias extraordinarias o imprevisibles."

Lo que pretende el Tribunal con la resolución que hoy se combate, respecto al punto específico al cual respondo, no es sino someter en forma grosera el Instituto Electoral del Estado al Poder Ejecutivo.

TERCERO: Causa agravio al Partido Acción Nacional el considerando Décimo Séptimo de la resolución recurrida, toda vez que conculca el principio de legalidad electoral consagrado en el inciso b) de la fracción IV del artículo 116, en al fracción III del artículo 41 y en el artículo 14, todos ellos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; lo anterior por la inobservancia que la responsable hizo de los artículos 317, 318 y 343 del Código Electoral del Estado de Yucatán.

La resolución que se combate a través del presente Juicio de Revisión Constitucional Electoral deja de observar el principio de exhaustividad al que debe ceñirse todo tribunal al pronunciar su juicio definitivo.

En efecto, toda sentencia debe de contener una valoración sucinta sobre los argumentos vertidos por cada una de las partes durante el proceso.

Así, acorde a lo dispuesto por el artículo 343 del Código Electoral del Estado de Yucatán, el Partido que represento es parte dentro del proceso de impugnación seguido por el Partido Revolucionario Institucional, motivo por el cual, los argumentos esgrimidos en su escrito de tercero interesado debieron ser motivo de valoración y estudio en la resolución que hoy se impugna.

Con lo anterior se priva a mi representado de su garantía de audiencia al abstenerse de estudiar y valorar determinadamente los argumentos esgrimidos en el estudio de fecha 11 de mayo de 2001, tomando en consideración que la garantía de audiencia no se limita a permitir a las partes el exponer sus argumentos sino que implica su consecuente estudio por parte del tribunal de resolver sobre la procedencia y operancia de los mismos, de una manera detallada y precisa.

Este criterio ha sido sostenido por la Sala Superior de ese H. Tribunal como se desprende de la siguiente tesis de jurisprudencia que a continuación y para mayor claridad me permito transcribir:.

TERCEROS INTERESADOS. DEBE ADMITIRSE SU INTERVENCIÓN AUN CUANDO NO LO ESTABLEZCA LA LEY (LEGISLACIÓN DE AGUASCALIENTES). Si bien es verdad que en la legislación electoral del Estado de Aguascalientes no se contempla la figura jurídica del Tercero Interesado, también lo es que al haberse otorgado tal carácter al partido político que obtuvo el triunfo en la elección correspondiente, el atender sus alegatos, se hace en estricto acatamiento de la garantía de audiencia prevista en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que la autoridad, dentro de los procedimientos contencioso electorales, debe respetar a todo posible afectado, al tener un interés jurídico legítimo en la causa, derivado de un derecho incompatible con el del actor, en tanto que la resolución que se llegue a pronunciar podría resultar contraria a sus intereses y afectar su esfera de derecho.

Sala Superior. S3EL 062/98.

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-120/98.

Partido del Trabajo. 27 de octubre de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Eloy Fuentes Cerda. Secretario: Anastasio Cortés Galindo.

Ahora bien, la violación al principio de exhaustividad conlleva a la inobservancia de diversos principios rectores de todo proceso, como lo son el de expeditez y el de economía, ya que supone la tramitación de los recursos o medios de impugnación establecidos en la ley para el estudio de los conceptos vertidos por la parte afectada, retardando en ello la administración de justicia.

EXHAUSTIVIDAD, MODO DE CUMPLIR ESTE PRINCIPIO CUANDO SE CONSIDEREN INSATISFECHAS FORMALIDADES ESENCIALES. Las autoridades electorales, administrativas y jurisdiccionales, cuyas resoluciones sobre acreditamiento o existencia de formalidades esenciales o presupuestos procesales de una solicitud concreta, admitan ser revisadas en un medio de impugnación ordinario o extraordinario, están obligadas a estudiar, primordialmente, si tienen o no facultades (jurisdicción y/o competencia) para conocer de un procedimiento o decidir la cuestión sometida a su consideración; y si estiman satisfecho ese presupuesto fundamental, proceder al examen completo de todos y cada uno de los demás requisito formales, y no limitarse al estudio de alguno que en su criterio no esté satisfecho, y que pueda ser suficiente para desdeñar la petición. Ciertamente, si el fin perseguido con el principio de exhaustividad consisten que las autoridades agoten la materia de todas las cuestiones sometidas a su conocimiento, mediante el examen y determinación de la totalidad de las cuestiones concernientes a los asuntos de que se ocupen, a efecto de que no se den soluciones incompletas, se impone deducir, como consecuencia lógica y jurídica, que cuando se advierta la existencia de situaciones que pueden impedir el pronunciamiento sobre alguno o algunos de los puntos sustanciales concernientes a un asunto, el principio en comento debe satisfacerse mediante el análisis de todas las demás cuestiones no comprendidas en el obstáculo de que se trate, pues si bien es cierto que la falta de una formalidad esencial (o de un presupuesto procesal) no permite resolver el contenido substancial atinente, también es verdad que esto no constituye ningún obstáculo para que se examine los demás elementos que no correspondan a los aspectos sustanciales, por lo que la omisión al respecto no encuentra justificación, y se debe considerar atentatoria del principio de exhaustividad. Desde luego, cuando una autoridad se considera incompetente para conocer o decidir un asunto, esto conduce, lógicamente, a que ya no se pronuncie sobre los demás requisitos formales y menos sobre los de carácter sustancial, pero si se estima competente, esto la debe conducir al estudio de todas las otras exigencias formales. El acatamiento del principio referido tiene relación, a la vez, con la posibilidad de cumplir con otros principios, como el de expeditez en la administración y en la justicia dado que a medida que la autoridad electoral analice un mayor número de cuestiones, se hace factible que en el medio de impugnación que contra sus actos se llegue a presentar, se resuelva también sobre todos ellos, y que de este modo sea menor el tiempo para la obtención de una decisión definitiva y firme en los negocios, ya sea porque la autoridad revisora lo resuelva con plenitud de facultades, o porque lo reenvíe a la autoridad revisora por la sola ocasión con todos los aspectos formales decididos, para que se ocupe de lo substancial, evitando la multiplicidad de recursos que puedan generarse si una autoridad administrativa o jurisdiccional denegara una petición en sucesivas ocasiones, porque a su juicio faltara, en cada ocasión, algún requisito formal distinto. Por tanto, si no se procede de manera exhaustiva en el supuesto del análisis de los requisitos formales, también puede provocar retraso en la solución de las controversias, que no sólo acarrearía incertidumbre jurídica, sino también podría llevar finalmente a la privación irreparable de derechos, con la consiguiente conculcación al principio de legalidad electoral, previsto en los artículos 41 fracción III, y 116 fracción IV inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Sala Superior. S3EL 026/99.

Recurso de apelación. SUP-RAP-001/99. Partido de la Revolución Democrática. 23 de marzo de 1999. Unanimidad de votos. Ponente: Leonel Castillo González. Secretario: Ángel Ponce Peña.

CUARTO: La resolución impugnada, causa agravio al Partido Político que represento, ya que viola el artículo 14 constitucional en relación con el inciso b) de la fracción IV del artículo 116 con la fracción III del artículo 41 ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo anterior por la inobservancia de la fracción III del artículo 345 del Código Electoral del Estado de Yucatán..

La fracción III del segundo párrafo del artículo 345 del Código en comento, dispone lo siguiente:

"ARTÍCULO 345.- Los Tribunales y el Consejo Electoral del Estado, en su caso, podrán desechar de plano aquellos recursos que considere evidentemente frívolos o cuya notoria improcedencia se deriva de las disposiciones de este Código.

En todo caso, los recursos se entenderán como notoriamente improcedentes, y deberán ser desechados de plano, cuando:

...

III.- Sean interpuestos por quien no tenga legitimación o interés jurídico en términos de este Código;"

El Diccionario Jurídico Mexicano del Instituto de Investigaciones Jurídicas define el agravio como "la lesión o afectación de los derechos e intereses jurídicos de una persona, en especial, a través de una resolución judicial, y por extensión, también cada uno de los motivos de impugnación expresados en el recurso de apelación contra una resolución de primera instancia."

En este sentido, quien no sufre una afectación directa a sus derechos e intereses jurídicos, no es susceptible de sufrir un agravio.

Por lo anterior, de la lectura de los conceptos de agravio expuestos por el Partido Revolucionario Institucional en su respectivo recurso de apelación, no se desprende lesión o afectación de sus derechos e intereses jurídicos, puesto que el acuerdo de fecha 6 de mayo emitido por el Consejo Electoral del Estado de Yucatán no es susceptible de causarle agravio alguno.

En tales circunstancias, el Ad Quem viola lo dispuesto por la fracción III del Artículo 345 del Código Electoral del Estado de Yucatán, ya que el Partido Revolucionario Institucional no tiene legitimación ni interés jurídico para impugnar el acuerdo emitido por el Consejo Electoral del Estado de Yucatán, tomando en consideración que aquél no le arroga ningún agravio, por lo cual, la Autoridad Responsable debió haber desechado el recurso de apelación en cumplimiento a lo dispuesto por el precepto legal en cita.

Así las cosas, cuando a ese H. Tribunal a fin de revocar la sentencia de fecha 19 de mayo del año en curso, tomando en consideración la falta tanto de legitimación en la causa como de interés jurídico por parte del Partido Revolucionario Institucional para recurrir el acuerdo de fecha 6 de mayo de 2001."

El representante legal del Partido Alianza por Yucatán manifiesta que el presente juicio de revisión constitucional electoral es improcedente, en razón de que el veintidós de mayo del presente año, el Consejo Electoral del Estado del Instituto Electoral de Yucatán procedió a cancelar el acuerdo aprobado en la sesión extraordinaria de seis de mayo, que es el acto combatido en el recurso de apelación, por lo que considera que el acto impugnado en esta instancia constitucional ha quedado consumado.

Es infundada la alegación, porque la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral no prevé como supuesto de improcedencia de este juicio constitucional la sola circunstancia de que un acto se haya consumado, sino que exige la consumación de un modo irreparable, según se lee en el artículo 10, apartado 1, inciso b), del citado ordenamiento. Empero, con los hechos expuestos no se configuraría la irreparabilidad, en tanto que en el caso de acogerse las pretensiones en este juicio, el fallo traería como efecto dejar insubsistente la sentencia del Tribunal Electoral del Estado de Yucatán, y con ello los actos emitidos por el Consejo Estatal Electoral para darle cumplimiento a tal resolución jurisdiccional, con lo que quedarían reparadas las violaciones cometidas.

OCTAVO. Por razón de orden lógico, dado que su posible acogimiento traería como consecuencia que no fuera necesario el estudio de los argumentos referentes al fondo, se procede examinar, en primer término, algunos razonamientos de los actores en ambos juicios, con los que tratan de demostrar que el recurso de apelación resuelto en el fallo ahora combatido resultaba improcedente, y que por tanto la demanda debió desecharse o decretarse el sobreseimiento en el recurso.

Estos argumentos se resumen en que, a juicio de los demandantes, la apelación tenía que reputarse como frívola e improcedente, porque el acto combatido en ella no produjo ningún agravio al partido recurrente, en tanto que estaba

encaminado a aportar elementos adicionales de certeza al proceso electoral.

Debe rechazarse este argumento, porque para la procedencia de los medios de impugnación que se hacen valer contra los actos de preparación de un proceso electoral, no constituye requisito sine qua non que el acto atacado afecte un interés jurídico o derecho subjetivo que corresponda al ámbito personal y directo de un partido político, en razón de que éstos han sido considerados por este tribunal como entidades idóneas para hacer valer juicios o recursos contra actos del proceso electoral, especialmente los de preparación del proceso, con los que se afecten los intereses difusos o colectivos del conjunto de ciudadanos que puedan votar en los comicios, y que no obstante carezcan de acción individual o colectiva para impetrar la enmienda de los actos que pueda influir para que el derecho político al sufragio no se ejerza con apego a los requisitos constitucionales establecidos al efecto, o a que se alteren las condiciones necesarias para garantizar el respeto a la voluntad popular depositada en las urnas y a sus consecuencias.

Esto se encuentra establecido en la tesis de jurisprudencia J.15/2000, publicada en la Compilación de Jurisprudencia y Tesis Relevantes, Tercera Época, que es del tenor siguiente:

PARTIDOS POLÍTICOS NACIONALES. PUEDEN DEDUCIR ACCIONES TUITIVAS DE INTERESES DIFUSOS CONTRA LOS ACTOS DE PREPARACIÓN DE LAS ELECCIONES. La interpretación sistemática de las disposiciones de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, en relación con el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, y especialmente los principios rectores en la materia electoral federal consignados medularmente en el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos hace patente que los partidos políticos nacionales están facultados para deducir las acciones colectivas, de grupo o tuitivas de intereses difusos que sean necesarias para impugnar cualquier acto de la etapa de preparación de los procesos electorales, por las siguientes razones: Para la consecución de los valores de la democracia representativa, se requiere la elección de los gobernantes mediante el ejercicio del sufragio universal, libre, secreto y directo de la ciudadanía. Para hacer posible el ejercicio del derecho activo y pasivo del voto con esas calidades, se hace indispensable la organización de los procesos electorales, cuya primera etapa es, precisamente, la preparación de las condiciones necesarias para hacer realidad dicho objetivo. Si los actos preparatorios son de carácter instrumental respecto al ejercicio del derecho al sufragio que se lleva a cabo en la jornada electoral, es indudable que las deficiencias, irregularidades o desviaciones de tales actos preparatorios, afectan el interés de cada uno de los ciudadanos que pueden votar en los comicios que posteriormente se deben celebrar. Sin embargo, la ley no confiere a los ciudadanos ninguna acción jurisdiccional para la defensa de ese interés, ni en forma individual ni en conjunto con otros ciudadanos, sino que sólo les otorga acción respecto de algunas violaciones directas al citado derecho político, y ni siquiera les permite invocar en estos casos como agravios las violaciones cometidas durante el proceso electoral, como causantes de la conculcación directa del derecho político, ya que tiene establecido que los actos preparatorios se convierten en definitivos e inimpugnables al término de esa etapa del proceso electoral. Las circunstancias apuntadas ubican a los intereses de los ciudadanos en los actos de preparación del proceso electoral en condición igual a los que la doctrina contemporánea y algunas leyes denominan intereses colectivos, de grupo o difusos, que tienen como características definitorias corresponder a todos y cada uno de los integrantes de comunidades de personas indeterminadas, comunidades que crecen y disminuyen constantemente, carecen de organización, de representación común y de unidad en sus acciones, y respecto de cuyos intereses colectivos, de grupo o difusos, se han venido diseñando acciones jurisdiccionales con el mismo nombre, pero dotadas de cualidades acordes con su finalidad y naturaleza, y por tanto, diferentes a las de las acciones tradicionales construidas para la tutela directa de derechos subjetivos claramente establecidos y acotados, acciones individuales que se conceden solamente a los sujetos que se puedan ver afectados directa e individualmente por determinados actos. En consecuencia, en procesos jurisdiccionales nuevos, como los de la jurisdicción electoral, se deben considerar acogidos estos tipos de acciones, cuando se produzcan actos que afecten los derechos de una comunidad que tenga las características apuntadas, y que sin embargo no se confieran acciones personales y directas a sus integrantes para combatir tales actos, siempre y cuando la ley dé las bases generales indispensables para su ejercicio, y no contenga normas o principios que las obstaculicen. En la legislación electoral federal mexicana, no existen esos posibles obstáculos, porque sólo exige que los actores tengan un interés jurídico, como se advierte, por ejemplo, en el artículo 40, apartado 1, inciso b) de la primera ley citada, pero no se requiere que este interés derive de un derecho subjetivo o que el promovente resienta un perjuicio personal y directo en su acervo puramente individual, para promover los medios de impugnación válidamente. Para este efecto, los partidos políticos son los entes jurídicos idóneos para deducir las acciones colectivas descritas, porque tal actividad encaja perfectamente dentro de los fines constitucionales de éstos, en cuanto entidades de interés público, creadas, entre otras cosas, para promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación nacional, y como organizaciones de ciudadanos hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo, en cuyos procesos se deben observar invariablemente los principios de constitucionalidad y legalidad, mismos a quienes se confiere la legitimación preponderante para hacer valer los medios de impugnación en esta materia, según se ve en los artículos 13, apartado 1, inciso a); 35, apartados 2 y 3; 45, apartado 1, incisos a) y b), fracción I; 54, apartado 1, inciso a); 65, apartado 1, y 88, apartado 1, todos de la citada ley de medios de impugnación.

En el caso, como ya se explicó en los antecedentes, al considerar satisfechos los requisitos de procedibilidad, la contratación del programa de resultados electorales preliminares es un acto de preparación del proceso que tiende, entre otros objetivos, a garantizar la realización de elecciones en forma pacífica y a evitar que la desinformación de la ciudadanía sobre los resultados pueda lesionar la legitimidad de los mismos, y contra las determinaciones que tome la autoridad electoral al respecto, no se encuentran previstos medios de impugnación para los que se confiera legitimación a los ciudadanos individualmente o reunidos en grupos transitorios, por lo que tal defensa la deben realizar los partidos políticos a través de los medios de impugnación.

NOVENO. Enseguida se procede al examen de los demás agravios expuestos por el Partido Acción Nacional.

En la parte inicial del segundo de dichos agravios, se dice que, contrariamente a lo sostenido en el fallo impugnado, el acuerdo del Consejo Electoral del Estado de Yucatán recurrido en apelación sí se encuentra fundado y motivado.

Tiene razón el enjuiciante en tales argumentos, pues la autoridad electoral sí motivó y fundamentó el acuerdo tomado en sesión extraordinaria de seis de mayo, en la que determinó la realización de un Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) para las elecciones que tendrán verificativo el próximo veintisiete de mayo, y la asignación del contrato respectivo a una empresa privada.

Lo anterior, en virtud de que, como se desprende de la copia certificada del acuerdo en cita, visible a fojas 259 a 261 del cuaderno principal, con valor probatorio pleno, de acuerdo con los artículos 14, apartado 1, inciso a) y apartado 4, inciso

b), y 16 apartado 2, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, se desprende que el Consejo Electoral del Estado apoyó el acuerdo en los artículos 16, apartado a), de la Constitución Política del Estado de Yucatán; 79, 80 fracciones I, IV, VI y VII, 81, 84, 96 fracciones III, V, VI, XI, XXXV y XXXVIII, y 97 del Código Electoral del Estado, al referirse a su contenido en las consideraciones que preceden al punto de acuerdo.

Asimismo, estableció las razones por las cuales se consideraba necesario y ajustado a derecho realizar el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), relativas a que con esa medida se daría cumplimiento a la función electoral y a los principios que la rigen, especialmente al de certeza, puesto que el mismo día de la jornada electoral se tendrían resultados preliminares confiables de cada una de las elecciones.

Por último, la autoridad fijó los motivos que se tuvieron para elegir a la empresa denominada Grupo Proisi, S.A. de C.V., para la ejecución del mencionado programa; que se fundan en consideraciones de carácter técnico, en la que se tomaron en cuenta el número de centros de acopio de datos, los requerimientos de líneas telefónicas para la recepción de datos, el sistema operativo a utilizar, la forma en que proporciona mayor seguridad y "redundancia" de datos las experiencias y resultados en trabajos similares previos, y también se tuvo en cuenta el aspecto económico, pues la empresa elegida ofreció cincuenta centros de captación de información por un costo aproximado de $1,900,000.00 un millón novecientos mil pesos, más el monto por detalles técnicos adicionales para hacer más eficiente la red de captura de datos, estableciendo como límite máximo el de $2,300,000.00 dos millones trescientos mil pesos, más el impuesto al valor agregado.

De ese modo, se advierte que la autoridad responsable dio cumplimiento a los principios de motivación y fundamentación que cualquier autoridad debe observar, de acuerdo con el artículo 16 constitucional. Cuestión diferente es que se esté de acuerdo con la aplicabilidad de dichos fundamentos y con la validez de tales motivos, porque esto ya no es objeto de una violación formal, sino de fondo, y por tanto debe combatirse directamente en los agravios y no constreñirse a señalar que faltan estos requerimientos constitucionales.

No es óbice a lo anterior el hecho de que el precio del servicio se haya fijado en una cantidad de dinero fijo, que es la más importante, más una cantidad variable con un tope máximo, porque esto ya no se traduce en falta de fundamentación y motivación, además de que la experiencia enseña que en la práctica comercial cotidiana suelen hacerse estas estipulaciones en los contratos de prestación de servicios cuando las partes no ven la posibilidad de establecer con exactitud todos los trabajos y elementos que se requiere realizar y emplear, por la magnitud o complejidad del servicio pactado. Tanto es así, que hasta el legislador llega a tomar en cuenta tal situación, como es el caso del artículo 44 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, donde se prevé que debe pactarse preferentemente un precio fijo, pero admite que en casos justificados se puedan pactar en el contrato decrementos o incrementos en los precios.

En el mismo segundo agravio, se enfrentan las consideraciones del fallo de apelación en donde se sostiene que el establecimiento del Programa de Resultados Electorales Preliminares no encuentra apoyo jurídico en la legislación electoral de Yucatán, porque al respecto sólo está prevista la fijación de resultados electorales en el exterior del local, con motivo de los cómputos estatales y municipales, en términos del artículo 234 del Código Electoral del Estado de Yucatán, y que por tanto el Consejo Electoral del Instituto carece de facultades para acordar y organizar dicho programa. Al respecto, el actor dice que aunque no exista una norma que regule específicamente lo relativo al Programa de Resultados Electorales Preliminares, sí se encuentran otras previsiones de mayor amplitud, dentro de las cuales queda comprendido el mismo, como son la que faculta al susodicho Consejo Electoral para implementar programas que deriven en el cumplimiento de los fines de la institución, pues el programa de referencia está motivado en la búsqueda de una mayor transparencia del procedimiento electoral, en el fortalecimiento de la certeza y en la contribución al desarrollo de la vida democrática del Estado, y las disposiciones que contienen tales principios son de orden público y de observancia general, las cuales deben ser interpretadas conforme a los sistemas gramatical, sistemático y funcional. Y dentro de las aludidas disposiciones destaca el artículo 96 del Código invocado, que faculta al Consejo Electoral para representar al Instituto Electoral del Estado y celebrar convenios a nombre de él con instituciones públicas o privadas, asegurar el cumplimiento de los convenios que celebren, dictar los acuerdos necesarios para hacer efectivas sus atribuciones y las otras disposiciones del Código, llevar a cabo las distintas etapas del proceso electoral, etcétera.

Es fundado el argumento indicado, en razón de que, mediante la interpretación sistemática y funcional de diversas disposiciones de la legislación aplicable a la materia electoral en el Estado de Yucatán, en relación con algunos principios rectores en que se sustenta dicha disciplina, se arriba al conocimiento de que la implantación de un programa para proporcionar los resultados preliminares que se vayan obteniendo en los momentos inmediatos posteriores a la jornada electoral, constituye un medio o instrumento que puede ser idóneo para garantizar una de las finalidades primordiales impuestas por el legislador a las autoridades electorales superiores, consistente en la realización de elecciones pacíficas y dotadas de certeza y credibilidad, y por lo mismo forma parte de las atribuciones indiscutibles de dichas autoridades, aunque no se localice inmediatamente en la literalidad de los preceptos.

Dicho en otras palabras, la realización del programa en mención debe entenderse como una facultad o atribución del Consejo Electoral del Estado, que le es otorgada por la legislación electoral yucateca, por ser necesaria para el cumplimiento de sus finalidades.

El origen o fundamento de estas facultades radica esencialmente en el axioma o principio general del derecho que reza Fine concesso, concessa intelliguntur, que consiste en que concedido el fin, se entienden concedidos los medios.

Lo anterior se justifica en razón de que, efectivamente, no es posible para una autoridad alcanzar los fines para los cuales se encuentra constituida, si no tiene, a su vez, los medios necesarios para lograrlo.

En efecto, toda autoridad tiene una función qué cumplir, misma que tiene un objetivo o finalidad. En consecuencia, para dar debido cumplimiento a la misma, se entiende que la autoridad cuenta con las atribuciones o facultades necesarias para ello. De lo contrario, se encontraría imposibilitada para cumplirla cabalmente.

Por tanto, debe entenderse que la autoridad está investida de las facultades necesarias para el cumplimiento de su función y el logro de sus fines.

Ciertamente, el artículo 80, fracción V, del Código Electoral del Estado de Yucatán establece, como uno de los fines del Instituto Electoral del Estado, el de garantizar la celebración pacífica de las elecciones para renovar a los integrantes de los poderes ejecutivo, legislativo y de los ayuntamientos del Estado. Una de las acepciones del vocablo garantizar consiste en asegurar y proteger contra algún riesgo, de modo que para garantizar la celebración de elecciones pacíficas es necesario tomar las medidas y providencias que aseguren que durante los procesos electorales no se van a suscitar inquietudes o incertidumbres susceptibles de romper la paz social y provocar conatos de violencia o situaciones de mayor gravedad.

En el párrafo final del mismo artículo 80 se dispone, imperativamente, que todas las actividades del Instituto se regirán por los principios de certeza, legalidad, imparcialidad y objetividad. Esto hace patente que la certeza debe ser una guía e ingrediente de cualquiera de las medidas que se adopten para garantizar la celebración de elecciones pacíficas.

El artículo 84 del cuerpo normativo citado precisa que el Consejo Electoral del Estado es el órgano superior de dirección, responsable de vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en materia electoral, así como de velar porque los principios de certeza, legalidad, imparcialidad y objetividad determinen todas las actividades del Instituto, de manera que este órgano superior debe mantenerse alerta y activo para que se cumplan las finalidades del Instituto Electoral del Estado, entre las que se encuentra la de garantizar la celebración pacífica de las elecciones, y si debe velar porque los órganos de esa autoridad realicen sus actividades con apego a los principios citados, resulta indiscutible que el primero que debe seguir esa pauta es el Consejo, por lo cual no se concibe el cumplimiento de tales disposiciones con actitudes omisivas o pasivas.

En el artículo 96 se contemplan las atribuciones y obligaciones del Consejo Electoral del Estado, dentro de las cuales destacan las que se transcriben a continuación:

"Artículo 96. El Consejo Electoral del Estado tiene las atribuciones y obligaciones siguientes:

I. Vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y las contenidas en este Código.

II. Fijar las políticas generales, los programas y los procedimientos administrativos del Instituto Electoral del Estado.

III. Representar al Instituto Electoral del Estado y celebrar convenios a nombre del Instituto Electoral del Estado, con las instituciones públicas o privadas; [...]

VI. Dictar los acuerdos necesarios para hacer efectivas sus atribuciones y las disposiciones de este Código[...]

XI. Llevar a cabo la preparación, desarrollo y vigilancia del proceso electoral [...]".

La primera es una obligación, y encuentra relación con el tema de que se trata, porque los principios rectores de la materia electoral a los que se ha hecho referencia se encuentran consagrados constitucionalmente y reiterados en el código, en tanto que los fines multicitados también están acogidos en este último ordenamiento, lo que implica que el Consejo Electoral está obligado a vigilar el cumplimiento de ellos.

El texto de la fracción II consigna una atribución, que permite al Consejo fijar las políticas generales, los programas y los procedimientos administrativos del Instituto Electoral del Estado, con cuyo poder se encuentra en aptitud de implantar los programas necesarios para que se cumplan los fines del Instituto, como el de garantizar la celebración de elecciones pacíficas con apego, entre otros principios, al de certeza.

La previsión de la fracción III también constituye una atribución, que igualmente facilita al Consejo proveer lo necesario para la satisfacción del fin en comento, al actuar en representación del Instituto y estar en condiciones de celebrar convenios a nombre de éste con instituciones públicas o privadas, a través de los cuales puede allegarse los servicios o elementos que se requieran para el cumplimiento de los programas que establezca con el propósito mencionado.

La fracción VI contiene una atribución de gran importancia, en tanto que permite al Consejo complementar sus demás atribuciones legales, mediante el dictado de todos los acuerdos que sean necesarios para hacerlas efectivas, facultad que constituye un auxilio fundamental que puede emplear en las actividades que emprenda, o en los programas que instrumente encaminados al cumplimiento de sus fines.

Finalmente, le corresponde llevar a cabo la preparación, desarrollo y vigilancia del proceso electoral, por lo que dentro de éste puede incorporar las medidas o programas conducentes para el cumplimiento de las finalidades perseguidas y la mejor realización de los comicios, así como a no perder de vista (vigilar) dicho proceso, con lo cual se encuentra en aptitud de prevenir o corregir las situaciones atentatorias contra el mismo, con la adopción de las medidas pertinentes y acordes con el sistema legal.

La experiencia reiterada en la celebración de elecciones democráticas en muchos países y en las Entidades de esta república ha venido a evidenciar que, en los momentos inmediatos siguientes a la jornada electoral, se puede producir como reacción natural cierto grado de incertidumbre, que tiende a desaparecer en la medida en que se conocen los resultados, cuya información inmediata se ha tornado en el medio para satisfacer una necesidad importante, que requiere ser atendida a la brevedad, con los elementos adecuados y suficientes, para evitar el riesgo de que sea aprovechada con los más distintos propósitos, a través de información generada en fuentes inseguras o contrarias a la verdad, que originen mayores inquietudes o falsas expectativas, capaces de provocar la interrupción de la vida pacífica en distintas modalidades.

La organización de un programa supervisado y vigilado por la autoridad electoral, al que se le proporcionen las fuentes ciertas, se le dote de los instrumentos necesarios para divulgarlos y actualizarlos conforme vayan adquiriéndose nuevos datos veraces, y se esté en condiciones de hacer correcciones o de fincarles una responsabilidad a quienes los ejecuten, ante un eventual manejo indebido, se puede constituir en un elemento idóneo para contrarrestar o evitar los riesgos referidos.

Lo mejor, desde luego, sería la disposición de los resultados definitivos, pero como en muchas ocasiones y lugares no es posible obtener éstos con la rapidez deseable para enfrentar la situación posible descrita, se ha venido recurriendo entonces a la publicación constante del avance de los resultados provisionales confiables.

Con lo anterior inclusive se puede combatir también una posible afectación a la autenticidad de las elecciones, en tanto que ésta se podrá poner en duda si se cruzan las más diversas informaciones que no corresponden al resultado real y definitivo que se obtenga, pudiendo así también restar legitimidad a los gobernantes, que se traduciría siempre en perjuicio de la ciudadanía.

La medida de proporcionar resultados provisionales dignos de credibilidad no se ha quedado en la mera práctica o disposición administrativa de las autoridades electorales, sino que ha sido apreciada también por los legisladores, como se advierte, por ejemplo, en la República Mexicana, en donde en la legislación federal se prevé legislativamente que debe establecerse un programa de publicación de resultados preliminares, desde el año mil novecientos noventa y tres, y esto ha propiciado que también se acoja en las leyes locales, a grado tal que en la actualidad son escasas las entidades federativas que no han llevado a la ley estas medidas.

Esto es, la organización de mecanismos para difundir los resultados preliminares inmediatamente, se ha convertido en un elemento prácticamente esencial o consubstancial de los comicios democráticos.

Es más, en la propia legislación electoral de Yucatán, a pesar de no haberse reformado sustancialmente desde mil novecientos noventa y cinco, ya se recoge la institución de la publicación de los resultados preliminares, aunque sólo se impone como obligatoria respecto de los Consejos Municipales y Distritales, según se advierte en los artículos 147 fracciones I y II inciso b), y 234 del Código Electoral del Estado de Yucatán, lo que pudo obedecer a que tales autoridades pueden proporcionar los resultados que van conociendo, con facilidad y prácticamente sin costo, lo que no ocurre si la información se pretende llevar al orden estatal y difundir inmediatamente en todo su territorio, porque esto implica la necesidad de una organización especializada, complementaria y la inversión consecuente de mayores recursos financieros, lo cual pudo llevar al legislador a no imponer la obligación de esta última, pero dejar la posibilidad de su implantación a la decisión del máximo órgano electoral, sobre todo si se toma en cuenta que éste tiene una facultad inherente a ese ámbito y que propende a satisfacer una importante necesidad, que ya no se puede pasar por alto, o sea que la decisión corresponde a la autoridad máxima electoral de la entidad, de acuerdo con sus disponibilidades y apreciación de las circunstancias que se produzcan en cada proceso electoral, pero no se puede sustentar que al no fijarse como actividad obligatoria, se proscribió del sistema legal.

De los últimos razonamientos del segundo agravio del Partido Acción Nacional, una parte es fundada e infundada la otra.

Es infundada la parte relativa a que la autonomía del Consejo Electoral del Estado de Yucatán pueda servir de fundamento para considerar que la contratación de la compañía que llevaría a cabo el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) no debió sujetarse al procedimiento de licitación previsto en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles del Estado de Yucatán.

La creación del Consejo Electoral, por parte del constituyente yucateco, tiene por finalidad que las elecciones sean organizadas y calificadas por un órgano independiente de los poderes u órganos estatales y que, por tanto, no se encuentre subordinado a éstos, persiguiendo así, entre otros fines, evitar en lo posible la injerencia en las decisiones del consejo electoral, que pudiera afectar o alterar la certeza y objetividad de las elecciones en detrimento del voto libre y directo de los ciudadanos.

Por ello se dotó al Consejo Electoral del Estado de Yucatán de dicha autonomía, además de personalidad jurídica y patrimonio propios.

Sin embargo, la autonomía, personalidad y patrimonio propios de que goza el Consejo Electoral, no debe interpretarse en el sentido de que su actuación queda al margen de los lineamientos jurídicos que se aplican en las demás entidades para el uso de los recursos públicos con los que se le dota, pues la finalidad pretendida es que el ente que organice las elecciones no se vea influenciado o apremiado por poderes públicos ajenos a él, y no que su actuación escape a cualquier control legislativo o jurisdiccional.

En efecto, el artículo 116, fracción IV, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone que en el ejercicio de la función electoral sean principios rectores los de legalidad, imparcialidad, objetividad, certeza e independencia; en tanto que el inciso c) dispone que las autoridades que organicen las elecciones gozarán de autonomía en su funcionamiento e independencia en sus decisiones.

De lo anterior se advierte que las autoridades electorales deben ceñir su actuación al principio de legalidad, y que la autonomía es precisamente en la realización de las funciones que constitucional y legalmente se les encomiendan, pero no que dicha autonomía las ubique en un régimen normativo especial y totalmente diferente, sea cual sea su actividad, al que están sujetas las demás autoridades.

Referente al gasto público, el Estado está obligado a realizar las funciones de organización y rectoría que le son propias y proporcionar servicios a los gobernados, y éstos están obligados a contribuir para el gasto público necesario para que el Estado cumpla con su cometido.

En atención a la diversidad de funciones que debe realizar el Estado, las que en ocasiones requieren de conocimientos especiales, infraestructura adecuada, etc., existe la necesidad de que celebre contratos con particulares o con otras entidades públicas para la realización de obras o servicios determinados, lo que necesariamente implica erogación de recursos públicos por parte del Estado.

El constituyente originario y el revisor han estimado necesario fijar una serie de requisitos y procedimientos especiales para el ejercicio, por parte del Estado, de los recursos que obtiene, y así garantizar que sean utilizados con eficiencia, eficacia y honradez, y vayan encaminados a satisfacer los objetivos a los que estén destinados.

Así, el segundo párrafo del artículo 134 de la Constitución Federal dispone que las adquisiciones, arrendamientos y enajenaciones de todo tipo de bienes, prestación de servicios de cualquier naturaleza y la contratación de obra que realicen con recursos económicos de que dispongan el gobierno federal y el gobierno del Distrito Federal, se adjudicarán o llevarán a cabo a través de licitaciones públicas, a fin de asegurar al Estado las mejores condiciones disponibles, en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes, y así obtener al proveedor con las aptitudes y capacidad técnica necesarias para el caso concreto; asimismo, busca transparencia en la utilización de los recursos.

Con base en los anteriores principios, el legislador ordinario emitió la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y

Servicios del Sector Público, cuerpo normativo que contiene los requisitos y procedimientos especiales en materia federal.

El artículo 107 de la Constitución del Estado de Yucatán establece que los contratos que celebre el gobierno y los municipios se adjudicarán por subasta, y con base en los principios constitucionales contenidos en dicho precepto, el legislador ordinario emitió, entre otras leyes, la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles del Estado de Yucatán, que establece las bases del gasto público en dicha entidad.

La función de organizar y calificar las elecciones es propia del Estado; por ello, crea organismos autónomos a los cuales les confiere esa función y los dota de patrimonio para la prosecución del fin que se les encomienda.

No debe perderse de vista que el patrimonio dado a los consejos o institutos electorales sigue gozando de la calidad de recursos económicos estatales, y no por el hecho de que sean asignados a un organismo autónomo pierden esa calidad, pues finalmente ese organismo realiza una función que corresponde al Estado y la autonomía se les otorga para conseguir elecciones ciertas, objetivas, imparciales y ajustadas a derecho.

En conclusión, debe considerarse que la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles del Estado de Yucatán es aplicable, en lo que no contravenga a la normatividad electoral, a los contratos que celebre el Consejo Electoral del Estado de Yucatán, pues el ejercicio de su patrimonio constituye una forma de gasto público.

Sin que pueda desvirtuar lo anterior, el argumento en donde se aduce, que no puede aplicarse al Instituto Estatal Electoral la mencionada ley, por no estar incluido en la enumeración que se hace en los artículos 1 y 2 de la misma.

Ciertamente, de la lectura a esos preceptos se puede constatar que no está literalmente incluido el Instituto Electoral del Estado, en la mención de las entidades, dependencias y organismos a los que obliga la ley; empero, el listado de organismos no puede considerarse como limitativo, sino meramente enunciativo, pues la finalidad de dicha ley es regular los fondos públicos, al margen de la entidad, organismo o dependencia a quien estén asignados, porque basta la sola lectura de la enunciación que hace, para estimar que el legislador pretendió incluir a todos los organismos que dispusieran de fondos públicos, independientemente de su naturaleza o relación directa con el Estado, toda vez que trató de abarcar las distintas situaciones previsibles, al referirse a las diferentes formas y denominaciones o clasificaciones que comúnmente adopta los organismos del Estado, bajo los nombres de Secretarías, Direcciones, dependencias y entidades, pero sin tratar de elaborar una relación exhaustiva de todos los organismos estatales con la mención de su nombre o denominación sino que se refirió a ellos por los géneros a los que puedan pertenecer o donde se les pueda colocar.

Por ende, cualquier organismo público estatal que disponga de dichos fondos debe observar en la disposición y manejo de éstos, la normatividad en cita.

En consecuencia, al resultar aplicable dicha ley, para los actos que celebre el Instituto Estatal Electoral de esa entidad federativa a través de su órgano superior de administración, evidentemente se tiene que cumplir con las disposiciones que establece dicho ordenamiento para el ejercicio del gasto público.

No obstante, es fundado el argumento dirigido a demostrar que la contratación del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), no tenía que llevarse a cabo necesariamente a través del procedimiento de licitación pública, previsto en la citada ley, por lo siguiente.

Goza de una cabal aceptación en el ámbito del Derecho Administrativo, el criterio de que los órganos de la administración pública suelen disponer de tres procedimientos distintos para ejercer los recursos económicos que tienen asignados para el cumplimientos de sus fines, atribuciones y obligaciones.

Estos procedimientos concretos son: la licitación o adjudicación pública, como una regla general; la licitación privada o adjudicación mediante invitación, y el contrato directo o llamado por la doctrina trato directo, los últimos ordinariamente operan en casos concretos, en donde dependerá del monto de la operación, y por circunstancias excepcionales, por las condiciones particulares del producto o servicio que se necesite, las condiciones que puedan imperar en el momento que se presenta la necesidad de realizar el gasto, o las condiciones particulares del número o características de los proveedores

La legislación yucateca adopta esta forma tripartita de ejercer el gasto público.

Así, el artículo 107 de la Constitución yucateca dispone que ordinariamente los contratos que celebren los órganos de gobierno con motivo de la ejecución del gasto público, se realicen a través de una adjudicación pública, pero cuando el desarrollo económico y social lo haga necesario, el Estado y los Municipios pueden convenir y asumir la responsabilidad, en el ejercicio de sus funciones, de la ejecución y operación de obras y prestación de servicios públicos.

La Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles del Estado de Yucatán, recoge estos principios constitucionales y regula tres formas en que los órganos de gobierno pueden hacer uso de los fondos públicos para el cumplimiento de sus fines y objetivos.

En efecto, el artículo 18 de la citada ley establece que los actos en que se adquieran o arrienden bienes muebles o se contraten servicios en ejercicio de los fondos públicos, deberá existir una licitación pública, mediante una convocatoria también pública, para que libremente se presenten proposiciones solventes en sobre cerrado, y que los fines que se procuran con estos actos son: el de asegurar al Estado las mejores condiciones en cuanto a precio, calidad, funcionamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes.

El artículo 26 siguiente establece que, cuando por el monto de la adquisición, arrendamiento o servicio, resulte inconveniente llevar a cabo el procedimiento de adquisición o licitación pública por el costo que este represente, no será necesario agotar este procedimiento, sino que se podrá hacer mediante adjudicación directa o licitación por invitación. Agrega este dispositivo que esos montos serán precisados en el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado.

El Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Yucatán, para el Ejercicio Fiscal 2001, para efectos del párrafo anterior, establece en su artículo 47, que el monto máximo para una adjudicación directa será hasta de quinientos veinticuatro mil trescientos cuarenta y tres pesos con ochenta y siete centavos, y para una adjudicación con invitación a cuando menos tres proveedores será de la cantidad anterior más un centavo, hasta ochocientos setenta y un mil cuatrocientos veintiún pesos con noventa y un centavos, y que después de éste monto, siempre se deberá convocar a licitación pública.

Por su parte, el artículo 25 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles, establece como caso de excepción a las tres formas ordinarias de ejercer el gasto público, que los órganos de la administración pública podrán, bajo su propia responsabilidad, fincar pedidos o celebrar contratos, sin que agoten el procedimiento de adjudicación pública, siempre y cuando, se presenten los siguientes supuestos:

1. Se trate de adquisiciones de bienes perecederos, granos, productos alimenticios básicos o semiprocesados.

2. Existan condiciones o circunstancias extraordinarias o imprevisibles.

3. Que no existan por lo menos dos proveedores idóneos, previa investigación del mercado que al efecto se hubiera realizado, y,

4. Se trate de servicios de mantenimiento, conservación, restauración y reparación de bienes en los que no se pueda precisar su alcance, establecer el catálogo de conceptos cantidades de trabajo o determinar las especificaciones correspondientes.

Como se observa, el legislador yucateco estableció un riguroso control para que los bienes públicos sean administrados con eficacia, eficiencia y honradez, mediante un procedimiento general que limita la libertad contractual de la administración y que procura un control de los gastos públicos, moralización en la administración, transparencia en el manejo de los gastos públicos, evitar excesos y desvíos del erario público y un correcto cumplimiento de los fines, objetivos y servicios; además de que con este procedimiento se trata de lograr una mejor selección de la persona con la que se contrate, el menor costo, la mejor calidad, la mejor prestación o ejecución de una obra o servicio.

Empero, tampoco desconoció que la licitación pública no siempre representa la medida idónea, conveniente u oportuna para ejercer el gasto publico, pues en la actividades cotidianas de la administración pueden presentarse situaciones que hagan necesaria una contratación directa.

La primera finalidad del gasto público es la de conseguir la realización de las actividades propias del Estado, y para ello se establecen procedimientos para su uso adecuado; sin embargo, en los casos en que esos procedimientos puedan obstaculizar o impedir la realización de dichas actividades, y en consecuencia la falta de prestación de un servicio, deben omitirse y tomar las medidas necesarias para lograr que se lleve a cabo oportunamente, privilegiando el objetivo sobre el medio de control.

La anterior eventualidad se encuentra prevista en la legislación, al permitir la contratación directa, entre otras, por circunstancias extraordinarias o imprevisibles.

Sin embargo, el hecho de que la ley autorice una adjudicación directa, expresamente o por un caso de excepción, no implica que se exima a la autoridad de observar los principios, funciones y fines a los que está sujeto el gasto público, y buscar en la medida de lo posible respetar también los medios, pues su decisión no puede quedar fuera totalmente de la regulación a la que están sujetos los demás de su especie, y por esto, la determinación deberá observar el objeto que se persigue, las mejores condiciones de lograrlo, la obligación de satisfacer esa necesidad pública y el cumplimiento irrestricto al principio de legalidad.

En el caso concreto, existe una circunstancia extraordinaria consistente en que la integración actual del Consejo Electoral del Estado de Yucatán no asumió sus funciones regulares sino hasta el nueve de abril del año dos mil uno, derivado del desacato por parte del Congreso del Estado de la resolución dictada en los juicios de revisión constitucional electoral acumulados SUP-JRC-440/2000 y SUP-JRC-445/ 2000, circunstancias que por constar en los autos de dichos expedientes, constituyen un hecho notorio para este tribunal.

Conforme al artículo 143 del Código Electoral del Estado de Yucatán el proceso electoral debe iniciarse en el mes de octubre del año previo al de la elección, fecha en que se inicia con los actos preparatorios, y en la cual ya debe encontrarse en plenas funciones el máximo órgano electoral.

Como se dijo, en el caso concreto el Consejo Electoral del Estado de Yucatán asumió plenamente sus funciones hasta el nueve de abril del presente año, y fue hasta entonces que estuvo en condiciones de tomar plenamente la organización de los actos preparatorios; razón por la que resulta lógica la existencia de circunstancias extraordinarias en los actos de preparación de la elección, pues evidentemente no se contó con todo el tiempo que la ley dispone al efecto.

En consecuencia, debe estimarse que se actualiza el supuesto previsto en la fracción II del artículo 25 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles, que permite la celebración de contratos sin llevar a cabo el procedimiento de licitación y con ello se concluye que el Consejo Electoral estaba facultado para celebrar el contrato del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) sin necesidad de licitación pública.

No obsta para lo anterior que se sostenga que para la impresión de las boletas electorales y papelería electoral sí se hizo la licitación correspondiente, pues ello no significa que el instituto estuviera en condiciones de seguir el mismo procedimiento para la contratación del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), sino por el contrario, que al estar en un caso extraordinario, se vio en la necesidad de establecer prioridades, y con el afán de preservar los principios de eficiencia, eficacia y honradez en el gasto público privilegió la licitación para la elaboración de estos documentos, por la importancia y trascendencia que estos revisten para el proceso electoral, al constituir elementos indispensables para llevar a cabo las elecciones, lo cual previsiblemente lo estrechó más en sus tiempos, de modo que dificultaba más aun la posible licitación del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), que si bien es un elemento de gran importancia para que las elecciones sean auténticas y pacíficas, no se puede comparar con la de los otros documentos.

Otro de los argumentos que aduce el partido actor en el agravio que se estudia, es el relativo a que el Presidente del Consejo Electoral del Estado de Yucatán no se extralimita en sus funciones al notificar oficialmente a la empresa PROISI, S.A., de C.V., con fecha veintiséis de abril del año en curso, la asignación de la elaboración e implementación del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) para las elecciones del veintisiete de mayo próximo, toda vez que tal acto se tornó inocuo al momento de aprobarse el acuerdo respectivo por la mayoría de los integrantes de dicho órgano colegiado, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 85 del Código Electoral del Estado, sin que para ello sea necesario el consenso de los partidos políticos, los que en términos del diverso numeral 89 del ordenamiento citado, actúan, en su caso, con voz pero sin voto. Por tanto, no es correcta la determinación del Tribunal responsable en el sentido de que el comportamiento del consejero presidente permite la manipulación de los resultados electorales preliminares, incluso los finales, creando incertidumbre entre los partidos políticos, situación con muy altas probabilidades de hacerse extensiva al electorado, ya que la asignación en comento no fue producto de un acto realizado por el Consejo Estatal Electoral, aunque pretenda convalidarse posteriormente.

Son fundadas las alegaciones hechas valer por el instituto político enjuiciante, atentas las siguientes razones:

En el presente caso, el tribunal responsable consideró demostrado que el Presidente del Consejo Estatal Electoral, sin estar amparado por una cobertura jurídica, había decidido la empresa que realizaría el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), comunicando a todos los aspirantes dicha determinación el veintiséis de abril del presente año, sin que intervinieran todos los integrantes del órgano colegiado de referencia, lo que genera una situación de incertidumbre o desconfianza por parte de los actores políticos o sociales, ante la posibilidad de manipular los resultados de la jornada electoral.

Ciertamente, mediante diversos oficios suscritos por el Presidente del Consejo Electoral del Estado de Yucatán, el día veintiséis de abril del año en curso, identificados todos con el número 152/01, dirigidos a Gilberto Medina Casillas, Luis Ángel de la Colina Martínez, Marco Antonio Pérez León, Alberto Torres Díaz y Carlos Treviño Ramírez, representantes de las empresas TELEC, BEST HARDWARE & SOFTWARE, MACRO TECNOLOGY, PODERNET y PROISI, S.A de C.V., respectivamente, les comunicó que dicho cuerpo colegiado había asignado la implementación del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), a la última de las personas morales mencionadas.

Los referidos oficios, son del tenor siguiente:

"... En relación al PROGRAMA DE RESULTADOS ELECTORALES PRELIMINARES" (PREP) que implementará este Instituto con motivo del proceso electoral local 2001 y precisamente en base a las propuestas técnicas y económicas que presentaron para este propósito, le comunicamos que después de un análisis de las mismas, hemos decidido que la empresa PROISI, S.A. DE C.V., representada por el Ing. Carlos Treviño Ramírez sea quien realice.

No omitimos manifestarle nuestra gratitud y reconocimiento por su interés y participación en la invitación que le hiciéramos con este mismo fin".

Contrariamente a lo sostenido por la autoridad responsable, del contenido de estos oficios no puede inferirse válidamente que el Presidente del Consejo Electoral del Estado de Yucatán, motu proprio, haya asignado a la empresa que implementaría el programa en cuestión, toda vez que las expresiones "comunicamos", "hemos decidido", "omitimos", "hiciéramos", revelan la referencia a la participación de una pluralidad de sujetos (decisión colegiada) que si bien se expresa a través de una simple vía de hecho, como es un comunicado o pieza de correspondencia, en forma previa a la toma formal de la decisión por parte del órgano colegiado competente, a través del voto mayoritario de los ciudadanos consejeros en la sesión de seis de mayo de dos mil uno, es inconcuso que el surgimiento del acto válido dejó al del presidente como algo inocuo que a nadie dañó ni causó. perjuicio.

En principio, un acto no es válido cuando está viciado alguno de sus elementos esenciales, como podría ser el hecho de que el órgano de la administración que lo emite, no tuviera atribuida competencia para ello, es decir, que el legítimo titular no ejerza las atribuciones establecidas por la norma; que se omitan los requisitos exigidos por la ley; que existan vicios de procedimiento; que el acto se dicte en contravención de las disposiciones aplicables o, que se dejen de aplicar las debidas.

El artículo 16, apartado A, párrafo primero, de la Constitución Política del Estado de Yucatán, establece:

"La organización de las elecciones locales es una función estatal que se realiza a través de un organismo público autónomo dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, a cuya integración concurren los poderes del Estado, con la participación de los partidos políticos y los ciudadanos, de la manera que disponga la ley"

Por su parte, el numeral 79 del Código Electoral del Estado, previene:

"El Instituto Electoral del Estado es un organismo público autónomo, de carácter permanente, con personalidad jurídica y patrimonio propios, depositario de la autoridad electoral y responsable del ejercicio de la función estatal de organizar las elecciones."

Del contenido de los artículos 84, 85, 89 y 93 del ordenamiento antes citado se desprende que el Consejo Electoral del Estado es el Órgano Superior de Dirección del Instituto, responsable de vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en materia electoral, así como de velar porque los principios de certeza, legalidad, imparcialidad y objetividad determinen todas las actividades del mismo.

El órgano colegiado en cuestión se integra de la siguiente manera: siete consejeros ciudadanos, dos consejeros del Poder Legislativo, un Secretario Técnico y un representante de cada uno de los partidos políticos que participen en la elección, quienes actúan, en su caso, con voz pero sin voto.

Para que el Consejo Electoral del Estado pueda sesionar es necesaria la presencia de las dos terceras partes de sus integrantes con derecho a voz y voto, entre los que deberá estar el Presidente. Por último, toda resolución se tomará por mayoría de votos.

En esta forma, la notificación de los oficios mencionados no debe entenderse necesariamente como un indebido ejercicio de las facultades conferidas por la ley electoral de esa entidad al Presidente del Consejo, cuya actuación, en el último de los casos, resulta intrascendente, en virtud de que la asignación del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), fue aprobado por la mayoría de los integrantes de ese cuerpo colegiado, al haber sido sometido a votación en el orden del día de la sesión extraordinaria celebrada el seis de mayo del año en curso, destacando los siguientes elementos que se desprenden del contenido de las probanzas que, para mejor proveer, fueron recabadas en acuerdo de veinticuatro del presente mes y año, valoradas en términos de los artículos 16, apartados 1 y 2, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, y 353 del Código Electoral del Estado de Yucatán, como se razona a continuación.

Mediante oficio número 023/01, de fecha cinco de mayo de dos mil uno, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 92 del Código Electoral del Estado de Yucatán, y 5, inciso b), del Reglamento de Sesiones de los Consejos del Instituto Electoral de esa entidad federativa, el Presidente y Secretario Técnico de dicho órgano colegiado convocaron a sesión extraordinaria, para la cual fijaron las 11:30 horas del domingo seis de mayo del mismo mes y año.

De la versión estenográfica del proyecto de la citada sesión trasciende, en principio, que el Presidente del Instituto Estatal Electoral certificó la existencia del quórum legal y declaró debidamente instalada la misma.

Asimismo, que el octavo punto del orden del día se refirió a la "Aprobación en su caso del acuerdo del Consejo Electoral del Estado, relativo a la contratación del programa de resultados electorales preliminares para el proceso electoral del 27 de mayo de dos mil uno", de cuyo contenido, para los fines que aquí interesan, se enfatiza lo siguiente:

"En uso de la palabra el Presidente del Consejo Electoral del Estado, preguntó si no existían mas observaciones al respecto no habiéndolos, el Presidente, sometió para su aprobación el acuerdo del Consejo Electoral del Estado, relativo a la contratación del programa de resultados electorales preliminares para el proceso electoral del 27 de mayo de dos mil uno, solicitando al Secretario Técnico, Lic. Hernán Jesús Vega Burgos, reciba la votación de manera nominal. El Secretario Técnico procedió a recabar la votación de los Consejeros Ciudadanos con derecho a voto en forma nominal, resultando del mismo lo siguiente: Abogado Fernando Javier Bolio Vales, a favor del acuerdo; Contador Público Luis Felipe Cervantes González, a favor del acuerdo, en su turno la Licenciada Miriam Ivette Mijangos Orozco, voto en contra del acuerdo, y al intentar razonar su voto fue interrumpida por una moción del representante del Partido de la Revolución Democrática, quien solicitó a la presidencia se negara a la consejera señalada razonar su voto, toda vez que en esos momentos se encontraba en una votación y que debía limitarse a manifestar únicamente el sentido de su voto, ya que había tenido la oportunidad de manifestar su razonamiento en su momento debido (sic), en virtud de lo que se haga o se deje de hacer por este Órgano Electoral, puede afectar intereses de los partidos políticos, que este caso, toda vez que el razonamiento del voto que pretende hacer la Consejera Ciudadana que se encuentra en turno puede generar elementos incorporados al acta de la sesión que pueden afectar intereses de las representaciones partidistas, en razón de que el punto ya fue considerado lo suficientemente discutido, y se les estaría dejando en estado de indefensión, ya que no sería posible abrir una nueva ronda de intervenciones, para poder controvertir los planteamientos que pudieran ser expuestos, por lo que solicitó, se proceda a recoger el sentido de la votación. La Consejera Ciudadana, Miriam Ivette Mijangos Orozco, solicito nuevamente se le permita exponer su razonamiento, toda vez que le asiste el derecho al uso de la palabra. A lo que el Presidente respondió, que su solicitud no puede ser aceptada, toda vez que el artículo 17 del Reglamento de Sesiones, relativo a las votaciones dice: Los artículos y resoluciones del Consejo se tomaran por mayoría simple de votos, la votación se tomara contando los números de votos a favor, en contra y en su caso las abstenciones y, cuando algún miembro del Consejo solicite que en acta conste el sentido del voto de cada miembro del Consejo, el Secretario Técnico procederá a tomar la votación nominal, la cual quedara asentada en el acta correspondiente en el orden establecido en la lisita de asistencia, dejando indicado el sentido del voto de cada uno de los Consejeros, es decir si es a favor, si es en contra o se es abstención. El Lic. Jorge Vallejo Buenfil indicó que en el artículo 12 en su párrafo tercero, establece que cuando ningún miembro del Consejo pida la palabra, sobre algún punto del orden del día, y que en este caso ya se discutió, se procederá a la votación de conformidad con el Reglamento, y que ya se ha leído el artículo 17 del reglamento de sesiones, y en tal sentido solicito una moción, en el sentido de que la Consejera si bien tiene otros derechos y facultades, no esta facultada para someter a consideración de los demás Consejeros ninguna cuestión o votación, ya que en todo caso, eso le compete al Presidente, por tanto solicitó que se continué con la votación, ajustándose estrictamente al reglamento de sesiones. La Consejera Ciudadana, Lic. Miriam Ivette Mijangos Orozco solicitó, que se haga constar que el razonamiento de su voto lo entrega en ese momento por escrito al Secretario Técnico del Consejo Electoral del Estado, para que tenga a bien incluirlo en acta, en virtud de que se le ha negado el uso de la palabra. En moción de orden el Lic. Jorge Vallejo Buenfil solicitó, que se haga constar en acta que no se conoce el sentido de voto, expresando las consideraciones y razonamientos, y por tanto pudiera estarse dejando en estado de indefensión a los Partidos Políticos representados, por que no van a poder en todo caso controvertir los razonamientos que sean expuestos. La Lic. Miriam Ivette Mijangos Orozco confirmó el sentido de su voto, siendo este en contra, asimismo confirmó que por escrito entrego su razonamiento, en virtud de que le fue negado el uso de la palabra. Continuando con la votación, el Secretario Técnico, procedió a continuar con la recepción de la votación de los siguientes Consejeros Ciudadanos: Lic. Carlos Alberto Sosa Guillén, en contra del acuerdo; Cirujano Dentista José Abel Peniche Rodríguez, se abstiene de votar; Licenciado Ignacio Puerto Gutiérrez a favor del Acuerdo; Profesor Ariel Avilés Marín, a favor del acuerdo, siendo aprobado por mayoría de votos, por cuatro votos a favor, dos en contra y una abstención.

No habiendo más asuntos que tratar, el Presidente del Consejo Electoral del Estado, dio por clausurada la presente sesión siendo las trece horas con cincuenta y seis minutos del día seis de mayo de dos mil uno."

En esta virtud, se concluye que el acto impugnado no puede ser afectado en su validez por la comunicación realizada por el Presidente del Consejo Electoral del Estado de Yucatán, previamente a la sesión en que fue ampliamente discutida y aprobada la asignación de dicho programa por el propio órgano colegiado, pues su comportamiento sólo daría lugar a una falta administrativa por dar a conocer el sentido de un proyecto sin haber sido formalmente adoptado; ya que, como se expuso, no fue aquél quien ejerció las facultades previstas por la ley de la materia para tal efecto.

Atento a lo antes expuesto, deberá revocarse la sentencia combatida y dejarse sin efectos los actos efectuados en cumplimiento de la misma, y confirmarse el acuerdo emitido por el Consejo Electoral del Estado de Yucatán, por el que establece la organización del Programa de Resultados Electorales Preliminares, ante lo cual resulta innecesario ocuparse de los demás agravios del Partido de la Revolución Democrática al estar cubierta su pretensión

Por lo expuesto, y con fundamento, además, en los artículos 99, párrafo cuarto, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 93, apartado 1, inciso b), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, se

R E S U E L V E:

PRIMERO. Se decreta la acumulación del juicio de revisión constitucional electoral número SUP-JRC-059/2001 al diverso SUP-JRC-058/2001. En consecuencia, glósese copia certificada de esta resolución en el primero de los expedientes señalados.

SEGUNDO. Se revoca la sentencia emitida el diecinueve de mayo del año dos mil uno por el Tribunal Electoral de Yucatán, en el recurso de apelación registrado con el número RA-041/2001 y, en consecuencia, se deja sin efectos todo lo actuado en el cumplimiento de la misma.

TERCERO. Se confirma el acuerdo de seis de mayo del año dos mil uno emitido por el Consejo Electoral del Estado del Instituto Electoral de Yucatán, relativo a la contratación del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) para las elecciones a celebrarse en esa entidad federativa el día veintisiete del mismo mes de mayo.

Notifíquese. Personalmente a los actores, Partido de la Revolución Democrática, en Viaducto Tlalpan número 100, colonia Arenal Tepepan, delegación Tlalpan, Edificio "A", de esta ciudad, y al Partido Acción Nacional, en Ángel Urraza número 812, colonia Del Valle en esta ciudad; de la misma forma al tercero interesado Partido Revolucionario Institucional, en Insurgentes Norte número 59, edificio I, mezanine, colonia Buena Vista, delegación Cuauhtémoc de esta ciudad; por fax los puntos resolutivos de la sentencia al Tribunal Electoral del Estado de Yucatán y al Consejo Electoral del Estado y posteriormente a estas autoridades por oficio, con copia certificada de la sentencia, y por estrados a los demás interesados; lo anterior con apoyo en lo que disponen los artículos 26, 27, 28 y 93 apartado 2, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

Devuélvanse los documentos atinentes a la autoridad responsable y, en su oportunidad, archívese este expediente como asunto concluido.

Así lo resolvió la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, por mayoría de seis votos de los señores magistrados José Fernando Ojesto Martínez Porcayo, en su carácter de presidente, Leonel Castillo González, quien fue ponente, José Luis de la Peza, Alfonsina Berta Navarro Hidalgo, José de Jesús Orozco Henríquez y Mauro Miguel Reyes Zapata, contra el voto del magistrado Eloy Fuentes Cerda, quien emite VOTO PARTICULAR al respecto.

El Secretario General de Acuerdos, que autoriza y da fe.

Conste.

VOTO PARTICULAR QUE EMITE EL MAGISTRADO ELOY FUENTES CERDA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 187 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, RESPECTO DE LA RESOLUCIÓN DICTADA POR MAYORÍA DE SIETE VOTOS EN EL JUICIO DE REVISIÓN CONSTITUCIONAL ELECTORAL, EN LA SESIÓN PÚBLICA DE VEINTICUATRO DE MAYO DEL AÑO DOS MIL UNO.

Por disentir de la resolución mayoritaria que se pronuncia en el presente juicio, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 187, último párrafo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, formulo voto particular en los términos siguientes.

El motivo de disenso deriva de la diversa conclusión que obtengo del examen de la causal de improcedencia que invoca el Partido Revolucionario Institucional, en su carácter de tercero interesado, y que hace consistir en la imposibilidad para proveer a la reparación de las violaciones alegadas, bajo el argumento de que, para la instalación del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), resulta indispensable que previamente se cuente con las instalaciones adecuadas en los consejos distritales, así como que se demuestre el buen funcionamiento del programa ante los consejeros y representantes de los partidos políticos.

Según se razona en la resolución, el requisito previsto en el artículo 86, párrafo 1, inciso d), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación, se satisface en el caso en estudio, porque de conformidad con el artículo 7 del Código Electoral del Estado de Yucatán, las elecciones en dicha entidad se celebrarán el 27 de mayo próximo, y ésta es la prevista para el funcionamiento del referido programa en esa entidad, estimando, por cuanto a la causal de improcedencia que invoca el tercero interesado, que es incorrecto su planteamiento, ya que no existe ninguna disposición o principio jurídico que imponga como requisito indispensable para el funcionamiento válido de un programa de resultados preliminares la previa satisfacción de los requisitos mencionados, sin perjuicio de que cuando las circunstancias lo permitan pueda resultar conveniente en aras a la optimización del funcionamiento del programa, pero indudablemente no puede alzarse como un obstáculo jurídico o material para reparar las violaciones alegadas en esta revisión constitucional.

En mi concepto, y contrariamente a lo que se sostiene, la causa de improcedencia de mérito resulta fundada y en todo caso, ello impediría entrar al estudio del fondo de la cuestión planteada en los presentes medios impugnativos. Esta afirmación la sustento en las consideraciones siguientes.

El Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), sin duda alguna, está previsto para operar el día de la jornada electoral. Sin embargo, el hecho de que ésta tenga verificativo el próximo día veintisiete, no conduce a estimar que sea factible la reparación de la violación solicitada antes de esa fecha, pues ello implica una visión superficial del contenido y propósito de un programa de esta naturaleza.

Tales programas, y su incorporación en la legislación electoral federal y de algunas entidades de la República en que se ha acogido, o inclusive, en aquellos casos en que sin existir un fundamento jurídico se ha implementado, obedece al propósito de inhibir la manipulación de la información sobre resultados electorales, al permitir que tanto los funcionarios encargados de la administración del proceso electoral, como la ciudadanía, conozcan en un breve lapso, posterior a la conclusión de la jornada electoral, la tendencia de los resultados electorales, sin que sea menester esperar a la conclusión de las tareas de escrutinio y cómputo y la difusión de resultados oficiales. Esta información, empero, ha de revestir ciertas características, de modo que sea apta para cumplir con el objetivo que le da origen, y no produzca efectos contrarios, constituyendo fuente de confusión, incertidumbre y, a la postre, de ilegitimidad para aquellos candidatos que resulten electos conforme a resultados oficiales. Así, el programa de mérito ha de aportar información de resultados que la propia autoridad electoral avale, mediante la encomienda a una empresa o entidad, que cuente con la infraestructura, elementos técnicos, humanos y logísticos suficientes para poder llevar a cabo las tareas de acopio de información en un breve lapso, pero con un alto grado de confiabilidad, con el propósito de que, aunque preliminares, los resultados que arroje sean confiables.

Ahora bien, no basta que una empresa acredite ante la autoridad electoral contar con los elementos antes aludidos, pues, con independencia de ello, una vez implementada la infraestructura para la operación del programa, para cerciorarse de su confiabilidad, es también necesario tener la certeza de su óptimo funcionamiento el día de la jornada electoral, así como de que la información que obtendrá y concentrará, se encuentra debidamente resguardada de cualquier posible manipulación o alteración por terceras personas.

Una óptima instalación y operación de un Programa de Resultados Electorales Preliminares deberá contar, según la experiencia nos indica, con los siguientes elementos:

a) Un programa de acopio y transmisión de información, cuyo funcionamiento y contenido sea del conocimiento de los actores políticos que, en su caso, confirmen su aplicación.

b) La determinación del lugar en que funcionará el sistema de información a que dé lugar.

c) La implementación de un programa de trabajo a realizar previo, y durante el día de la jornada electoral.

d) La capacitación del personal operativo necesario.

e) La operación de un equipo de informática acorde a las necesidades del trabajo a realizar.

f) Mobiliario e instalaciones accesorias para el funcionamiento del equipo.

g) La implementación de medidas preventivas para hacer frente a los imprevistos que pudieran presentarse el día de la jornada electoral.

h) La realización de pruebas del funcionamiento de las instalaciones físicas, programa de información y equipo de trabajo, a fin de solucionar las deficiencias que se presenten y las que previsiblemente pueda preverse se llegaren a presentar.

Los anteriores requerimientos fueron previstos por el Consejo Electoral del Estado de Yucatán, al suscribir el contrato mediante el cual convino con la persona moral denominada "GRUPO PROISI", S.A. DE C.V., el diseño e implementación del Programa de Resultados Electorales Preliminares para el proceso electoral del Estado de Yucatán a celebrarse el veintisiete de mayo del año dos mil uno, en el que específicamente se pactó la realización de las siguientes actividades:

1. Funcionamiento de cincuenta centros de captura, para lo que necesariamente se requiere:

a) El local o espacio destinado especialmente para cada uno de ellos.

b) Instalación de cincuenta líneas telefónicas (seis en Mérida), cableado, energía eléctrica, mobiliario, en cada lugar en que funcionará cada centro de captura. ( Cláusula Tercera, punto 1)

c) Instalación de cincuenta equipos de cómputo en estaciones remotas para trasmisión de información. (Cláusula Segunda, punto 4).

2. Un centro principal de cómputo en las instalaciones del Consejo Estatal Electoral que comprende:

a) Veinticinco computadoras de recepción en red. (Cláusula Segunda, punto 1)

b) Dos servidores de red en espejo (uno es de respaldo). (Cláusula Segunda, punto 1).

c) Instalación de catorce líneas telefónicas. (Cláusula Tercera, punto 2)

d) Una planta de luz e instalación eléctrica especial. (Cláusula Tercera, puntos 3 y 4)

e) Aire acondicionado. (Cláusula Tercera, punto 5) 3. Prueba de funcionamiento, que requiere:

a) Personal para atender los centros de captura. ( Cláusula Segunda, punto 4)

b) Capacitación del personal que atenderá los centros de captura. (Cláusula Segunda, punto 4)

c) Dos simulacros de captura y transmisión de datos, para verificar el funcionamiento del programa de resultados preliminares (Cláusula Segunda, punto 8)

d) Verificar y analizar las líneas telefónicas y demás instalaciones físicas para detectar fallas y, en su caso, subsanarlas previendo las que se pudieran presentarse el día de la jornada electoral. (Cláusula Segunda, punto 4).

De igual forma se requiere que el Consejo Estatal Electoral haya acordado el procedimiento para la entrega de las copias de las actas de escrutinio y cómputo a los centros de captura. ( Cláusula Tercera, punto 7)

Además, resulta necesario, dada la participación que corresponde a los partidos políticos en la organización de las elecciones, que éstos designen a sus representantes en cada centro de captura y estén presentes en las sesiones de prueba, así como que puedan verificar el contenido del programa de resultados preliminares, a través de sus asesores técnicos, para tener la certeza de su funcionalidad, y se cercioren de las medidas de seguridad contenidas en el mismo para que avalen su confiabilidad.

Me he permitido hacer los anteriores apuntamientos, a modo de fundar mi disenso con la consideración en que se sustenta la procedencia de los juicios de revisión constitucional electoral que se resuelven, por cuanto al requisito previsto en el artículo 86, párrafo 1, inciso d), antes invocado, en la medida que, a mi juicio, existe una circunstancia material, de orden temporal, que impide la reparación de las violaciones que aducen los institutos inconformes dentro de los plazos electorales. Cierto que entre la fecha en que se resuelven los juicios de mérito y la jornada electoral media un lapso casi de sesenta horas; no obstante, el mismo lo estimo insuficiente para que, con grados de confiabilidad aceptables, pudiera concebirse, ya no el diseño, el que podemos pensar debió haberse culminado por la empresa a la que se asignó, que inclusive, según consta en autos, ha tenido participación en otros diversos procesos electorales, pero sí su implementación. Del examen de los autos, no se desprende elemento de convicción alguno que permita concluir que existe tiempo suficiente para proveer a la adecuada instrumentación de la logística a llevar a cabo, y que se desprende en buena medida del referido contrato. Verbigracia, no existe constancia de la contratación de la líneas telefónicas de que se debe disponer, la contratación y capacitación del personal requerido para las diferentes tareas, la instalación de locales con los requerimientos técnicos y de seguridad indispensables, etcétera.

En la medida en que este tipo de programas han sido acogidos por las bondades que reportan al desarrollo del proceso electoral, en particular, en la etapa de resultados, en esa misma medida pueden tornarse en un elemento de incertidumbre, que lejos de contribuir a fortalecer la confianza de la ciudadanía en los resultados electorales que finalmente reporte la autoridad electoral competente, podrá mermarla, al generar duda sobre su legitimidad, como lo dicta la experiencia en otros procesos electorales que se han dado en nuestro país.

Bajo las anteriores consideraciones, es que estimo que la circunstancia del tiempo que medie entre esta resolución y el inicio de la jornada electoral, sí se constituye como un obstáculo material que hace imposible la reparación solicitada.

No es óbice para lo anterior, la consideración que vierte en la sentencia, a efecto de desestimar la causal de improcedencia que hace valer el tercero interesado, por cuanto a que no existe ninguna disposición o principio jurídico que imponga como requisito indispensable para el funcionamiento válido de un prog0rama de resultados preliminares la previa satisfacción de los requisitos que menciona el Partido Revolucionario Institucional, toda vez que la ley electoral del Estado de Yucatán, ni siquiera prevé la implementación de tales programas, de donde sería ilógico pretender regulara los requisitos para su validez.

Asimismo, tampoco comparto el razonamiento que se vierte por cuanto a que "cuando las circunstancias lo permitan pueda resultar conveniente en aras a la optimización del funcionamiento del programa" el cumplimiento de los requisitos a que alude el Partido Revolucionario Institucional al plantear la causal de improcedencia invocada, pues no se trata de una cuestión de conveniencia la que debe considerarse para su implementación óptima o no, sino de una exigencia de confiabilidad, sea en situaciones ordinarias o extraordinarias, que se sume a las otras medidas e instrumentos que proveyó el legislador, para dar certeza a lo que acontezca en cada una de las etapas del proceso electoral.

Finalmente, no pasa desapercibido para el suscrito el resultado de la evaluación de las propuestas presentadas al Instituto Electoral del Estado de Yucatán para la operación del Programa de Resultados Electorales, que presentó el Ingeniero Giovanni Mezquita Hoyos, misma que obra en autos, y de la que se desprende que la empresa PoderNet se consideró técnicamente la mejor opción, sin que en el Acuerdo que constituye el acto primigenio de impugnación, conste las razones por las que se optó por diversa selección.

MAGISTRADO PRESIDENTE

 

JOSÉ FERNANDO OJESTO MARTÍNEZ PORCAYO

MAGISTRADO

 

LEONEL CASTILLO GONZÁLEZ

MAGISTRADO

 

JOSÉ LUIS DE LA PEZA

MAGISTRADO

 

ELOY FUENTES CERDA

MAGISTRADA

 

ALFONSINA BERTA NAVARRO HIDALGO

MAGISTRADO

 

JOSÉ DE JESÚS OROZCO HENRÍQUEZ

MAGISTRADO

 

MAURO MIGUEL REYES ZAPATA

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS

 

FLAVIO GALVÁN RIVERA