JUICIO DE REVISIÓN CONSTITUCIONAL ELECTORAL.

EXPEDIENTE: SUP-JRC-140/2001.

ACTOR: PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.

AUTORIDAD RESPONSABLE: TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL DE CHIHUAHUA.

MAGISTRADO PONENTE: LEONEL CASTILLO GONZÁLEZ.

SECRETARIO: CARLOS ALBERTO ZERPA DURÁN.

México, Distrito Federal, a seis de septiembre del año dos mil uno.

VISTO para resolver el juicio de revisión constitucional electoral SUP-JRC-140/2001, promovido por el Partido Acción Nacional, por conducto de su representante ante la Asamblea General del Instituto Electoral de Chihuahua, Ramón Rocha Jaime, contra la resolución de treinta de julio del presente año, dictada por el Tribunal Electoral de dicha entidad federativa, en el recurso de inconformidad con número de expediente 26/2001.

R E S U L T A N D O :

PRIMERO. Acto electoral impugnado. El primero de julio del año en curso, se realizaron elecciones en el Estado de Chihuahua, para elegir síndico de los ayuntamientos.

El tres siguiente, la Asamblea Municipal de Julimes realizó el cómputo de la elección de síndico, obteniéndose los resultados siguientes:

PARTIDO POLÍTICO

RESULTADOS

CON NÚMERO

CON LETRA

PAN

1113

Mil ciento trece

PRI

1168

Mil ciento sesenta y ocho

VOTOS NULOS

70

Setenta

VOTACIÓN TOTAL EMITIDA

2351

Dos mil trescientos cincuenta y uno

En ese acto se declaró la validez de la elección y se expidió la constancia de mayoría a la planilla postulada por el Partido Revolucionario Institucional.

SEGUNDO. Recurso de inconformidad. El Partido Acción Nacional interpuso recurso de inconformidad contra los actos mencionados, aduciendo la nulidad de la votación recibida en las casillas 2199 Básica, 2200 Básica, 2201 Básica, 2202 Básica, 2203 Básica, 2203 Contigua 1 y 2204 Básica que se mencionan en el siguiente cuadro ilustrativo:

 

CASILLA

CAUSAS DE NULIDAD

1

2199 Básica

Instalación de la casilla en lugar distinto al señalado por la Asamblea municipal, sin causa justificada .

2

2200 Básica

Dolo o error en el cómputo.

3

2201 Básica

Recibir la votación en fecha distinta a la señalada para la celebración de la elección.

4

2202 Básica

Instalación de la casilla en lugar distinto al señalado por la Asamblea municipal, sin causa justificada.

5

2203 Básica

Instalación de la casilla en lugar distinto al señalado por la Asamblea municipal, sin causa justificada

6

2203 Contigua Uno

Instalación de la casilla en lugar distinto al señalado por la Asamblea municipal, sin causa justificada

7

2204 Básica

Instalación de la casilla en lugar distinto al señalado por la Asamblea municipal, sin causa justificada

El recurso de inconformidad se registró con el número 26/2001, ante el Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua, el cual mediante sentencia de treinta de julio del presente año confirmó el acto impugnado.

TERCERO. Juicio de Revisión Constitucional Electoral. Contra tal resolución, el cuatro de agosto siguiente el Partido Acción Nacional promovió juicio de revisión constitucional electoral, en el que impugna únicamente la votación recibida en las casillas 2200 Básica y 2201 Básica.

El tribunal responsable remitió a este órgano jurisdiccional la demanda, con los expedientes de inconformidad, su informe circunstanciado, la constancia de publicitación del medio de impugnación y el escrito de comparecencia del Partido Revolucionario Institucional, como tercero interesado, del cual se advierte que se encuentra presentado oportunamente, y en él se formulan alegatos, los cuales se tomarán en consideración en el presente fallo.

El presidente de la Sala Superior turnó el expediente al magistrado Leonel Castillo González, para su substanciación.

El diez de agosto de este año se radicó el expediente, y el veintinueve siguiente se admitió a trámite la demanda y, por estimar que el expediente se encuentra debidamente integrado, se declaró cerrada la instrucción, con lo que quedó en estado de dictar sentencia.

C O N S I D E R A N D O :

PRIMERO. Jurisdicción y competencia. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ejerce jurisdicción, y la Sala Superior es competente, para conocer y resolver el presente asunto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 99, párrafo cuarto, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 186, fracción III, inciso b), y 189, fracción I, inciso e), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y 87 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, por tratarse de un juicio de revisión constitucional electoral, promovido contra una resolución de una autoridad jurisdiccional estatal, respecto de un acto surgido en el proceso de elección de autoridades municipales.

SEGUNDO. Requisitos de la demanda. En el juicio de revisión constitucional de que se trata, se encuentran satisfechos los requisitos esenciales del artículo 9, apartado 1, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

También se reúnen los presupuestos procesales y requisitos especiales de procedibilidad, como se verá a continuación.

Oportunidad. La demanda se presentó dentro del plazo de cuatro días que fija el artículo 8 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, porque la resolución impugnada fue notificada al Partido Acción Nacional, el treinta y uno de julio del año que transcurre, y la demanda fue presentada el cuatro de agosto siguiente.

Legitimación y personería. El juicio de revisión constitucional electoral fue promovido por parte legítima, conforme a lo previsto por el artículo 88, apartado 1, inciso b), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, porque el actor es un partido político y su representante, Ramón Rocha Jaime, fue quien interpuso el recurso de inconformidad ante la autoridad local.

Actos definitivos y firmes. Está satisfecho el requisito de definitividad y firmeza previsto en el artículo 99, párrafo cuarto, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y que se desarrolla en el artículo 86, apartado 1, incisos a) y f), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, al reiterar, por una parte, que los actos o resoluciones impugnables en el juicio de revisión constitucional electoral deben ser definitivos y firmes, y por la otra, que para la promoción de dicho proceso tienen que haberse agotado, en tiempo y forma, todas las instancias previas establecidas por las leyes, en virtud de las cuales se pudieron haber modificado, revocado o anulado.

Respecto al acto impugnado en el presente asunto, no está previsto ningún medio de impugnación para combatirlo, ni se encuentra disposición o principio jurídico alguno en la legislación electoral del Estado de Chihuahua, de donde se desprenda la autorización a alguna autoridad de esa entidad para poder revocarlo, modificarlo o nulificarlo oficiosamente.

Actos que violen algún precepto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El requisito en comento debe estimarse satisfecho, porque en la demanda del juicio de revisión constitucional electoral se hace valer la violación a los artículos 14 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Que la violación reclamada pueda resultar determinante para el desarrollo del proceso electoral o en el resultado final de las elecciones. La violación reclamada puede ser determinante para el resultado final de la elección, porque la pretensión del actor está dirigida a lograr la nulidad de la votación recibida en dos casillas instaladas para la elección de síndico en el municipio de Julimes, del Estado de Chihuahua, y de ser acogida en esta ejecutoria, se produciría la nulidad de la votación recibida en el veinte por ciento de las casillas instaladas en el municipio de que se trata, en virtud de que el universo en tales comicios fue de diez casillas, según consta de la copia certificada del encarte que obra en autos, con lo que se actualizaría la hipótesis contenida en el apartado 1, inciso a), del artículo 171 de la Ley Electoral del Estado de Chihuahua y, consecuentemente, procedería declarar la nulidad de la elección en dicho municipio.

Que la reparación solicitada sea factible. La reparación solicitada por el promovente es material y jurídicamente posible, porque conforme al artículo 130 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chihuahua, los ayuntamientos se instalarán el día diez de octubre de los años correspondientes a su renovación.

TERCERO. La resolución reclamada se funda en las consideraciones siguientes:

"CUARTO.- Antes de entrar al estudio de las causales de nulidad invocadas por el inconforme y de los hechos, agravios y probanzas presentados para sustentar el recurso de cuenta, este Tribunal estima necesario dejar debidamente sentadas una serie de premisas esenciales que tendrá que atender a lo largo de esta resolución...

6.- Ahora bien, respecto a las causales de nulidad previstas en el artículo 170 de la Ley Electoral del Estado, en los incisos aplicables al presente caso, se considerará lo siguiente: ...

C) En lo que respecta a la causal de nulidad prevista en el artículo 170.1.f) de la Ley Electoral, relativa a "Haber mediado dolo o error en la computación de los votos que beneficie a uno de los candidatos y esto sea determinante para el resultado de la votación"; cabe destacar que si el partido político recurrente no especifica si se dio el error o en su caso el dolo en el escrutinio y cómputo, pues hace un señalamiento dual al respecto, se partirá de la base de un posible error, entendiéndose éste como cualquier idea o expresión no conforme a la verdad o que tenga diferencia con el valor correcto y que jurídicamente implica la ausencia de mala fe, para luego determinar lo que en derecho proceda, pues debemos estarnos a la presunción de la buena fe en las actuaciones de los órganos electorales, toda vez que se trata de personas inexpertas en la materia, elegidas al azar para realizar estas funciones y que han sido capacitadas en lo posible para tal efecto; dado que el dolo, entendido como una conducta que lleva implícita el engaño, el fraude, la simulación o la mentira implica un elemento subjetivo que debe quedar plenamente acreditado en autos. Ahora bien, al advertir el órgano jurisdiccional en las actas de escrutinio y cómputo discordancia entre apartados que deberían consignar las mismas cantidades, en aras de privilegiar la recepción de la votación emitida y la conservación de los actos de las autoridades electorales válidamente celebrados, debe revisar en principio, el contenido de las demás actas y documentación que obra en el expediente a fin de subsanar el dato incorrecto, pues los rubros de "TOTAL DE CIUDADANOS QUE VOTARON CONFORME A LA LISTA NOMINAL", "TOTAL DE BOLETAS EXTRAÍDAS DE LA URNA" y "VOTACIÓN EMITIDA Y DEPOSITADA EN LA URNA", registrados en el acta de escrutinio y cómputo, deben consignar valores idénticos o equivalentes, por lo que, al plasmarse en uno de ellos una cantidad inferior a los valores consignados u obtenidos en los otros dos apartados, sin que medie ninguna explicación racional, el dato no congruente debe estimarse que no deriva propiamente de un error en el cómputo de los votos, sino como un error involuntario e independiente de aquél, que no afecta la validez de la votación recibida, teniendo como consecuencia la simple rectificación del dato. Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha emitido el criterio de jurisprudencia número J. 8/97, visible bajo el rubro "ERROR EN LA COMPUTACIÓN DE LOS VOTOS EL HECHO DE QUE DETERMINADOS RUBROS DEL ACTA DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO APAREZCAN EN BLANCO O ILEGIBLES, O EL NÚMERO CONSIGNADO EN UN APARTADO NO COINCIDA CON OTROS DE SIMILAR NATURALEZA, NO ES CAUSA SUFICIENTE PARA ANULAR LA VOTACIÓN, (Compilación de Jurisprudencia y Tesis Relevantes. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Sala Superior. 1996-2000. Primera Edición. Pág. 25.

D) Por lo que toca a la causal de nulidad consistente en "Recibir la votación en fecha distinta a la señalada para la celebración de la elección", establecida en el inciso d) del artículo 170 de la ley de la materia, primeramente debe señalarse que por fecha de la elección, para los efectos de la recepción de la votación durante la jornada electoral, debe entenderse no un periodo de veinticuatro horas de un día determinado, sino como el lapso que va de las ocho a las dieciocho horas de día de la jornada electoral, salvo los casos de excepción previstos en la propia legislación. Por otra parte, anular la votación en casillas en la que no hubiera existido causa justificada para su instalación con posterioridad a las ocho de la mañana y dentro del término previsto en la ley, sería tanto como atentar en contra del bien jurídico tutelado por las normas jurídico-electorales, sobre todo cuando lo importante es que se reciba la votación...

OCTAVO.- El recurrente, manifiesta como agravio, en lo medular, que en la casilla 2200 básica se actualiza la causal de nulidad establecida en el artículo 170.1.f) de la Ley Electoral, referente al haber mediado dolo o error en la computación de los votos que beneficie a uno de los candidatos, fórmula de candidatos y esto sea determinante para el resultado de la votación, de la siguiente manera: "...en el presente caso, aparecen más votos (la suma de votos válidos más los extraídos de la urna que el número de boletas extraídas de la urna. En el presente caso se violenta el principio de certeza, en virtud de que los datos que aparecen en el acta de escrutinio y cómputo transgreden los principios rectores que debieron imperar en el escrutinio y cómputo de la votación recibida en la casilla en comento. Esto en virtud de que no es posible que exista mayor votación para los partidos políticos que el número de boletas extraídas de la urna. Rompiéndose con ello el principio de certeza...".

En primer término, cabe destacar que el partido político recurrente no especifica si se dio el error o en su caso el dolo en el escrutinio y cómputo, pues hace un señalamiento dual al respecto. Por lo que, como se señaló en el considerando cuarto, numeral 6 inciso C) de esta sentencia, este tribunal estudiará la impugnación partiendo de la base de un posible error, para luego determinar lo que en derecho proceda.

Ahora bien, para el debido estudio del presente agravio, se procedió a comparar los datos asentados en las copias certificadas de las Actas de la Jornada Electoral y de Escrutinio y Cómputo de la casilla de que se trata, mismas que obran a fojas 55 y 64 del sumario, documentos a los cuales, por ser públicos se les otorga valor probatorio pleno de conformidad con el artículo 198.7.a) de la ley electoral, a fin de determinar si existió error en el cómputo de votos, habiéndose obtenido los siguientes datos:

CASILLA

BOLETAS RECIBIDAS

CIUDADANOS QUE VOTARON

BOLETAS EXTRAÍDAS

BOLETAS SOBRANTES INUTILIZADAS

CANDIDATOS NO REGISTRADOS

VOTOS NULOS

PAN

PRI

VOTACIÓN EMITIDA

2200 B

428

274

274

154

0

11

136

127

274

 

a) Del Acta de la Jornada Electoral se desprende que las boletas recibidas para la elección de síndico comprenden del folio 0718 al 1145, resultando la cantidad de 428 boletas recibidas en esta casilla.

b) La votación emitida (suma de los votos emitidos a favor de los partidos contendientes más los votos nulos) corresponde a la cantidad de 274 votos, dato que coincide con lo asentado en el Acta de Escrutinio y Cómputo.

c) El número total de boletas sobrantes e inutilizadas en el Acta de Escrutinio y Cómputo (154), más la votación emitida (274) nos arroja la cantidad de 428 boletas, que corresponde a las boletas recibidas, antes señaladas.

d) El total de electores que votaron conforme a la lista nominal (274) asentado en el Acta de Escrutinio y Cómputo, coincide con la votación emitida.

e) De lo anterior se colige que el número de BOLETAS EXTRAÍDAS DE LA URNA debe corresponder a la cantidad de 274 boletas.

Del cuadro que antecede se deduce que el agravio resulta infundado, toda vez que de la propia copia certificada del Acta Final de Escrutinio y Cómputo de la casilla 2200 básica, expedida por el Secretario de la Asamblea Municipal de Julimes, se puede advertir fácilmente que el dato registrado en el espacio relativo al número de boletas extraídas de las urnas en el que aparece el número 266 (doscientos sesenta y seis), se debió a un error involuntario por parte de los integrantes de la mesa directiva de casilla, pues es evidente que la suma de los votos que correspondieron a cada uno de los partidos contendientes, corresponde al número de electores que votaron conforme a la lista nominal, registrado en la misma acta. En efecto, como se dijo en el considerando cuarto numeral 6 inciso f) de esta sentencia, al advertir el órgano jurisdiccional en las actas de escrutinio y cómputo discordancia entre apartados que deberían consignar las mismas cantidades, debe revisar en principio, el contenido de las demás actas y documentación que obra en el expediente a fin de subsanar el dato incorrecto, pues los rubros de "TOTAL DE CIUDADANOS QUE VOTARON CONFORME A LA LISTA NOMINAL", "TOTAL DE BOLETAS EXTRAÍDAS DE LA URNA" y "VOTACIÓN EMITIDA Y DEPOSITADA EN LA URNA", registrados en el acta de escrutinio y cómputo, deben consignar valores idénticos o equivalentes, por lo que, al plasmarse en uno de ellos una cantidad inferior a los valores consignados u obtenidos en los otros dos apartados, sin que medie ninguna explicación racional, el dato no congruente debe estimarse que no deriva propiamente de un error en el cómputo de los votos, sino como un error involuntario e independiente de aquél, que no afecta la validez de la votación recibida, teniendo como consecuencia la simple rectificación del dato. Máxime cuando se aprecia una identidad entre las demás variables, como sucede en el particular, pues de la comparación que se hizo de los datos asentados en las Actas de Escrutinio y Cómputo y de la Jornada Electoral, se advierte que el número de boletas recibidas en dicha casilla corresponde a la cantidad de 428 (cuatrocientas veintiocho), dato coincidente en ambos documentos, así mismo, al restar de esta cantidad la suma de los votos emitidos a favor de cada uno de los partidos contendientes más los votos nulos, los cuales corresponden a 274 (doscientos setenta y cuatro) votos, nos arroja como resultado la cantidad de 154 (ciento cincuenta y cuatro) boletas sobrantes e inutilizadas, datos todos estos que aparecen correctamente asentados en el Acta de Escrutinio y Cómputo, por lo que, fácilmente puede deducirse, a partir de datos conocidos, que el dato desconocido del TOTAL DE BOLETAS EXTRAÍDAS DE LA URNA debe corresponder a la cantidad de 274 (doscientas setenta y cuatro) boletas; así pues, se trata de un error meramente involuntario que no resulta determinante para actualizar los extremos de la causal prevista en el artículo 170.1.f) de la Ley Electoral del Estado.

Por lo anterior, partiendo de las premisas de que las mesas directivas de casilla se integran por ciudadanos escogidos al azar que si bien son capacitados, no constituyen órgano especializado ni profesional y que el recurrente no aportó otros medios de prueba que adminiculados entre sí dejaran plenamente acreditado el error en el cómputo, así como el que dicho error resultara determinante para el resultado de la elección se concluye que el agravio es infundado, pues no se vulneró el principio de certeza, toda vez que el error es subsanable y no tiene la magnitud que alega el recurrente y por tanto resulta improcedente la nulidad de la votación recibida en esta casilla.

NOVENO.- Por lo que toca al agravio hecho valer por el partido inconforme al invocar en la casilla 2201 básica, la causal de nulidad prevista en el inciso d) del artículo 170 de la ley de la materia, relativa a recibir la votación en fecha distinta a la señalada para la celebración de la elección, el recurrente argumenta: "La Ley señala imperativamente que la jornada electoral iniciará a las 8:00 horas del primer domingo de julio, sin embargo, los integrantes de la mesa directiva de casilla procedieron a la instalación de la misma a las 07:30 horas, como consta y lo acreditó con la documental pública del Acta de la Jornada Electoral de la casilla 2201 Básica que se acompaña al presente.

Se entiende por fecha distinta la hora y el tiempo total en que tal recepción del sufragio debió llevarse a cabo para la elección que se celebró el domingo primero de julio del dos mil uno por parte de los funcionarios que conformaban la mesa directiva de la casilla 2201 Básica.

El legislador así, en base al principio de certeza que orienta todo proceso electoral tuvo especial cuidado en precisar que la jornada electoral se iniciará a las 8:00 horas del día de la jornada electoral (sic), esta disposición tiene por objeto que el electorado y los representantes de los partidos políticos ante las casillas, tengan pleno conocimiento del día y la hora en que podrá hacer uso de sus derechos; hecho de que se instale la casilla antes de la hora, puede dar lugar a que se haga sin la presencia de los representantes de los partidos políticos, dado que es obligación de estos presentarse a las 8:00 horas y vigilar la jornada electoral y que esta se desarrolle con apego a las disposiciones legales conducentes, consecuentemente si se inicia antes de la hora prevista y sin su presencia no podrán vigilar el armado de las urnas, verificar que estas se encuentren vacías, contabilizar las boletas electorales y otras anomalías que atentan contra los principios constitucionales de seguridad y certeza. En consecuencia debe concluirse que si alguna casilla se instala antes de la hora fijada se debe declarar nula la votación recibida en la misma...".

En obvio de repeticiones innecesarias nos remitidos a las argumentaciones expresadas en el considerando cuarto, numeral 6 inciso D) resulta infundado y por tanto improcedente el agravio hecho valer por el inconforme pues aún cuando de la copia certificada del Acta de la Jornada Electoral, visible a fojas 66 de los autos, se desprende que la casilla se instaló a las siete horas con treinta minutos como manifiesta en su escrito recursal, sin embargo, de la misma constancia se advierte que el inicio de la votación fue a las ocho horas con treinta y tres minutos de ese mismo día, es decir, que se dio inicio a la recepción del sufragio en los términos que señala la Ley Electoral del Estado en su artículo 116.5; así mismo, la referida constancia señala que las urnas se armaron ante los funcionarios y representantes de los partidos políticos, que se comprobó que éstas estaban vacías y que se colocaron en un lugar adecuado a la vista de todos. Por otro lado, no existen reportes de incidencias al respecto por parte de los representantes de los partidos políticos ante esa mesa directiva de casilla. En este tenor, este Tribunal considera que no se actualiza irregularidad grave que afecte los principios de certeza, legalidad o imparcialidad, o inconsistencia de fondo que ponga en evidencia que se haya alterado la voluntad popular expresada en el sufragio y en tal virtud debe atenderse al interés público del voto, por lo que debe confirmarse la validez de la votación recibida en esta casilla.

En virtud de las anteriores consideraciones, es de concluirse que los agravios hechos valer por el PARTIDO ACCIÓN NACIONAL para impugnar la votación recibida en las casillas antes referidas, resultan infundados y por tanto improcedentes, por lo que ha lugar a confirmar los resultados consignados en el Acta de Cómputo Municipal de la Asamblea Municipal de la elección de síndico, así como la expedición de la Constancia de Mayoría al candidato registrado por el PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL."

CUARTO. Los agravios expresados por el partido actor son del tenor siguiente.

"I.- La sentencia recaída al recurso de inconformidad origen del presente medio de impugnación, y que a través del mismo se combate, violenta en agravio de mi representado el artículo 116, fracción IV inciso d) de la Constitución General de la República, en relación con diversos artículos de la Constitución Política del Estado de Chihuahua y 1, 2 y demás relativos del Código Estatal Electoral de Chihuahua.

Causa agravio al partido político que represento, en particular, el considerando Octavo de la sentencia contra la que se endereza el presente medio de impugnación, que en sus partes conducentes establecen y rezan lo siguiente:

Considerando Octavo: "...Se procedió a comparar los datos asentados en las copias certificadas de las Actas de la Jornada Electoral y de Escrutinio y Cómputo de la casilla de que se trata, mismas que obran a fojas 55 y 64 del sumario, documentos a los cuales, por ser públicos se les otorga valor probatorio pleno de conformidad con el artículo 198.7 a) de la ley electoral, a fin de determinar si existió error en el cómputo de los votos, habiéndose obtenido los siguientes datos: ... Del cuadro que antecede se deduce que el agravio resulta infundado, toda vez que la propia copia certificada del Acta Final de Escrutinio y Cómputo de la casilla 2200 básica expedida por el Secretario de la Asamblea Municipal de Julimes, se puede advertir fácilmente que el dato registrado en el espacio relativo al número de boletas extraídas de las urnas en el que aparece el número 266 (doscientos sesenta y seis), se debió a un error involuntario por parte de los integrantes de la mesa directiva de casilla, pues es evidente que la suma de votos que correspondieron a cada uno de los partidos contendientes correspondieron al número de electores que votaron conforme a la lista nominal, registrado en la misma acta. En efecto, como se dijo en el considerando cuarto numeral 6 inciso f) de esta sentencia, al advertir el órgano jurisdiccional en las actas de escrutinio y cómputo discordancia entre apartados que deberían consignar las mismas cantidades, debe revisar en principio, el contenido de las demás actas y documentos que obran en el expediente a fin de subsanar el dato incorrecto, pues los rubros de "Total de ciudadanos que votaron conforme a la lista nominal", "Total de boletas extraídas de la urna" y "Votación emitida y depositada en la urna", registradas en el acta de escrutinio y cómputo, deben consignar valores idénticos o equivalentes, por lo que, al plasmarse en uno de ellos una cantidad inferior a los valores consignados u obtenidos en los dos apartados, sin que medie ninguna explicación racional, el dato no congruente debe estimarse que no deriva propiamente de un error en el cómputo de los votos, sino como un error involuntario e independiente de aquel, que no afecta la validez de la votación recibida, teniendo como consecuencia la simple rectificación del dato..."

Como vemos evidentemente causa agravio la determinación tomada por el Tribunal Estatal Electoral; en lo concerniente al Considerando Octavo, que se refiere al error en el cómputo de la casilla 2200 Básica; causa agravio en virtud de que de la resolución por este medio combatida, violenta los principios de legalidad al carecer de motivación y fundamentación en sus consideraciones y resolución.

Así, en el escrito inicial de recurso de inconformidad se hizo en forma clara la mención de los agravios sufridos, esto, por la confrontación de todos y cada uno de los datos contenidos en el acta de escrutinio y cómputo de la casilla 2200 Básica, se observa que no existe congruencia entre las diferentes cifras anotadas, siendo que las cifras anotadas en el acta de escrutinio y cómputo de la elección de síndico y reconocida por el Tribunal Local (aparecieron más boletas en la urna que los electores que votaron), constituyendo un dato grave e irregular que violenta la certeza en forma determinante para el resultado de la elección; debe considerarse por esta Sala Superior que se vulnera el principio de certeza que ha elevado a rango constitucional y que, en consecuencia, procede anular la votación en la casilla en comento. Esto repito, en virtud de que al existir una disparidad de 14 votos injustificada, que resulta determinante para el resultado de la votación en casilla, se está en presencia de un error sustancial que pone en duda el cumplimiento del principio constitucional y legal de certeza que rige o debiera regir en la función electoral. Así, en el presente caso se vulnera flagrantemente el principio de certeza, en virtud de consistir esta situación en una anormalidad, sui generis, que no se puede pasar por alto.

En el presente caso el Tribunal Electoral Local del Estado de Chihuahua desatendió obedecer el principio de legalidad, esto en virtud de que su resolución fue dictada en forma desapegada al principio de legalidad, al mencionar que "...se debió a un error involuntario por parte de los integrantes de la mesa directiva de casilla, ...". Como vemos es una argumentación carente totalmente de seriedad y de legalidad (falta de motivación y fundamentación). El legislador estableció como causa de nulidad, el hecho de que exista error en el cómputo de votos y que altere el resultado de la votación, al no poderse configurar la votación adecuadamente. En el presente caso se altera substancialmente el resultado de la elección, al existir un error grave consistente en existir más boletas extraídas de la urna que el número de electores que votaron. Se vulneró así uno de los principios fundamentales, como lo es el de certeza en el recuento de votos, los artículos 127, 128, 130, 131, 132, 133 y 134 fueron vulnerados, dado que no se estableció en la operación matemática la exactitud de los rubros que deben desprenderse del escrutinio, lo que originó el error que benefició al Partido Revolucionario Institucional quien ocupó el primer lugar.

Principio de Legalidad que fue vulnerado y que rige como mecanismo para que todas las leyes, actos y resoluciones judiciales electorales se sujeten invariablemente a lo previsto por la Constitución General de la República y a la Constitución particular del Estado de Chihuahua, así como lo establecido por el Código Electoral de la misma entidad.

En segundo lugar, causa agravio la resolución del Tribunal Estatal Electoral del Estado de Chihuahua, en lo concerniente al Considerando Noveno del cuerpo de la sentencia, por lo que toca a la petición de decretar la nulidad de la votación recibida en la casilla 2201 básica por el motivo de haberse recibido la votación en fecha distinta a la señalada por la ley; causa agravio en virtud de que de la resolución por este medio combatida, violenta los principios de legalidad al carecer de motivación y fundamentación en sus consideraciones y resolución.

Así, en el escrito inicial de recurso de inconformidad se hizo en forma clara la mención de los agravios sufridos, esto, en virtud de haber acreditado plenamente que la ley señala imperativamente que la jornada electoral iniciará a las 08:00 horas del primer domingo de julio con la instalación de la mesa directiva de casilla, sin embargo, los integrantes de la mesa procedieron a realizar dicha instalación de la misma a las 07:30 horas, como consta y lo acredité plenamente con la documental pública del Acta de Jornada Electoral de la casilla 2201 Básica que se acompañó al escrito de recurso de inconformidad.

Ya es criterio de este Tribunal Electoral Federal, que por fecha se entiende la hora y el tiempo en que se debió llevar a cabo la jornada electoral y recepción del sufragio por parte de los funcionarios de casilla.

El legislador así, sobre la base del principio de certeza que orienta todo proceso electoral tuvo especial cuidado en precisar que la jornada electoral se iniciará a las 08:00 horas del día de la jornada electoral (sic), esta disposición tuvo por objeto que el electorado y los representantes de los partidos políticos ante las casillas, tuvieran el pleno conocimiento del día y la hora en que podrían hacer uso de sus derechos; el hecho de que se instalara la casilla media hora antes de la hora autorizada por la ley, pudo dar lugar a que se hiciera sin la presencia de los representantes de los partidos políticos, dado que es obligación de éstos presentarse a las 8:00 horas y vigilar la jornada electoral y que ésta se desarrolle con apego a la legalidad; consecuentemente si se instaló la casilla a las 7:30 horas, antes de la hora prevista por la ley, y sin la presencia de los representantes de los partidos políticos, estos no pudieron vigilar el armado de las urnas, verificar que estas se encontraban vacías, contabilizar las boletas recibidas para cada una de las elecciones, y cualquier otra anomalía que atentará contra los principios constitucionales de certeza y seguridad. En consecuencia debe de concluirse que si esta casilla se instaló en fecha distinta al establecido por la ley para llevar a cabo la jornada electoral.

Por lo cual solicito, proceda esta Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a revocar la sentencia emitida por el Tribunal Local Electoral de Chihuahua y decretar la nulidad de la votación de la casilla en comento, al no haber reconocido los agravios vertidos y esgrimidos en tiempo y forma a este en su momento.

En el presente caso el Tribunal Electoral Local del Estado de Chihuahua desatendió obedecer el principio de legalidad, esto en virtud de que su resolución fue dictada en forma desapegada al principio de legalidad, al mencionar que "...se desprende de la casilla, se instaló a las 7:30 horas, como lo manifiesta en su escrito inicial, sin embargo, de la misma constancia se advierte que el inicio de la votación fue a las ocho horas...". Como vemos es una argumentación carente totalmente de seriedad y de legalidad (falta de motivación y fundamentación). El legislador estableció como causa de nulidad, el hecho de que se celebre la elección en fecha distinta. La misma ley establece en el capítulo relativo a la jornada electoral, que a las ocho de la mañana del día de la elección los funcionarios de la mesa directiva de casilla y los representantes de los partidos políticos realizarán la instalación de la misma. Continua señalando la ley que, se armarán las urnas, se contarán boletas, etc., etc. Situación que fue vulnerada y transgredida violando con ello dos de los principios rectores del proceso electoral como lo es el de certeza y legalidad electoral.

Principio de legalidad que fue vulnerado y que rige como mecanismo para que todas las leyes, actos y resoluciones judiciales electorales se sujeten invariablemente a lo previsto por la Constitución General de la República y a la Constitución particular del Estado de Chihuahua, así como por lo establecido por el Código Electoral de la misma entidad; así como el de certeza, en virtud de no haberse dado las condiciones necesarias para que los actos electorales llevados a cabo en la mesa directiva en comento, fueran estos verificables.

Como se observa de la simple lectura de los considerandos descritos de la sentencia que hoy se impugna, la responsable realiza una interpretación asistemática, infuncional y carente de toda lógica gramatical y jurídica de los preceptos constitucionales y legales que en el Estado de Chihuahua regulan las causales de nulidad del artículo 170 de la Ley Electoral del Estado de Chihuahua.

Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, creo haber demostrado plenamente lo antijurídico del acto o resolución impugnado, situación que agravió directamente al Partido Acción Nacional y que violentó, entre otros, los artículos 14 y 116 fracción II, párrafo tercero y fracción IV inciso b), c) y d), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos relativos de la Ley Electoral del Estado de Chihuahua."

QUINTO. Son infundados los motivos de inconformidad.

Contrariamente a lo afirmado por el actor la resolución emitida por el Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua sí se encuentra fundada y motivada, pues en relación a la casilla 2200 básica, en que se hizo valer la causal de nulidad contenida en el artículo 170, apartado 1, inciso f), de la Ley Electoral del Estado de Chihuahua, consistente en haber mediado dolo o error en la computación de votos que beneficie a uno de los candidatos o fórmula de candidatos, y esto sea determinante para el resultado de la votación, consideró que el dato consignado en el espacio relativo al número de boletas extraídas de la urna, se debió a un error involuntario por parte de los integrantes de la mesa directiva de la casilla, en virtud, de que el acta de escrutinio y cómputo debe consignar en todos sus rubros valores idénticos o equivalentes, y si al plasmarse en uno de ellos un valor distinto a los demás sin explicación alguna, debe estimarse que ello es consecuencia de un error involuntario que no afecta la validez de la votación recibida, así, estableció que al restar al número de boletas recibidas (cuatrocientos veintiocho), la votación total emitida (doscientos setenta y cuatro) da como resultado ciento cincuenta y cuatro boletas sobrantes e inutilizadas, con lo que dedujo que a partir de esos datos conocidos se podía establecer que el total de boletas extraídas de la urna debió ser doscientas setenta y cuatro.

Tampoco se violenta el principio de certeza citado por el promovente, por el hecho de existir disparidad entre las cifras de boletas extraídas de la urna y el total de electores que votaron en la casilla, en atención a lo siguiente.

De acuerdo con el artículo 130 de la Ley Electoral del Estado de Chihuahua, en el escrutinio y cómputo de la votación recibida en casilla intervienen reglas específicas que se desarrollan de manera sistemática, para obtener el resultado final de la votación. Así, el procedimiento de escrutinio y cómputo de una casilla es el siguiente: el presidente de la mesa directiva de casilla cuenta el número de electores que votaron conforme a la lista nominal de la casilla, incluyendo a los representantes de los partidos políticos y coaliciones que votaron y se anotaron al final de esta; el secretario de la mesa directiva cuenta las boletas sobrantes, y las inutiliza; los escrutadores abren las urnas, sacan las boletas y muestran a los presentes el recipiente vacío, asimismo, con el auxilio del presidente y del secretario seleccionan y cuentan las boletas contenidas en las urnas de cada elección, clasificando y computando los votos válidos, nulos y de candidatos no registrados, emitidos para cada elección, de lo cual toma nota el secretario, asentando en las actas sus resultados.

Como se ve, el procedimiento, está compuesto por etapas sucesivas que se desarrollan de manera continúa y ordenada, sin intervalos entre una y otra, con el objeto común de lograr un fin determinado, en cada una de esas etapas intervienen destacadamente uno o varios de los funcionarios de la casilla, para obtener y constatar un resultado específico, lo que constituye una forma de control de la actividad de uno por los demás, así como por los representantes de los partidos políticos que se encuentran presentes, y un sistema de evaluación sobre la certeza, eficacia y transparencia de sus actos, que se ve acreditado con la concordancia de los datos obtenidos en cada fase, una vez hechas las operaciones aritméticas necesarias.

Por esta razón, la concordancia de los resultados anotados en los diversos espacios contenidos en el acta de escrutinio y cómputo sirven como prueba de que esa actuación electoral se llevó a cabo adecuada y correctamente.

El valor probatorio del acta de escrutinio y cómputo debe ser total, pleno e indiscutible, cuando se dé la coincidencia numérica sustancial de todos los rubros que contiene. Empero, la discordancia de alguno de ellos merma su poder jurídico de convicción en proporción a la importancia del o los datos que no cuadren con los demás. Así, si el número de ciudadanos que votó conforme a la lista nominal es mayor que los otros dos datos fundamentales: Boletas extraídas de la urna y votación total emitida, el valor probatorio del acta se disminuye en forma mínima, en cuanto encuentra una posible explicación en el desarrollo de la jornada electoral, consistente en que algunos electores pueden asistir al centro de votación, registrarse en la casilla, recibir su boleta y luego retirarse con ella o destruirla sin depositarla en la urna, de tal manera que el indicio sobre posibles irregularidades en el escrutinio resulta realmente insignificante; la falta de armonía entre el número de boletas recibidas, número de boletas sobrantes e inutilizadas con cualquiera de las otras anotaciones tienen una fuerza escasa pero mayor que la anterior, para poner en duda la regularidad del escrutinio y cómputo, en tanto que en el campo de las posibilidades también puede deberse a un hecho distinto al cómputo mismo, como es que se haya realizado un conteo incorrecto de las boletas sobrantes, que se hayan traspapelado o perdido algunas pero no depositado en la urna de esa casilla, u otras similares. Las discrepancias entre el número de personas que votaron conforme a la lista nominal con cualquiera de los otros datos fundamentales, cuando alguno de éstos, o los dos, resulte mayor que la primera, se considera error grave, porque permite presumir que el escrutinio y cómputo no se llevó a cabo adecuadamente con trasparencia y certeza.

No obstante lo anterior, como el acto electoral en comento se realiza por ciudadanos a los que se proporciona una instrucción muy elemental y en ocasiones ninguna, cuando se designa a personas de la fila de la casilla o sección ante la ausencia de los designados originalmente, existe la conciencia en el ánimo general de la posibilidad de que existan anotaciones incorrectas en el acta que sólo sean producto de descuido o distracción al momento de llenar el documento o de la falta de comprensión de lo exigido por la autoridad electoral en los formatos, sin corresponder al resultado de los actos llevados a cabo que ahí se pretenden representar.

Por esto, en la interpretación de los tribunales electorales ha surgido y se ha acrecentado la tendencia a considerar que cuando un solo dato de las actas de escrutinio y cómputo se aparte de los demás y éstos encuentren plena coincidencia y armonía substancial entrelazados de distintas maneras, aunado a la inexistencia de manifestaciones o elementos demostrativos de que el escrutinio y cómputo enfrentó situaciones que pudieran poner en duda su desarrollo pacífico y normal, se debe considerar válido, lógica y jurídicamente, calificar la discordancia como un mero producto de error en la anotación y no en el acto electoral, como lo manifestó el tribunal responsable, y enfrentar por tanto la impugnación que se haga de la votación recibida en esa casilla por la causal de error en el cómputo, con los demás datos substancialmente coincidentes.

El acta de escrutinio y cómputo de la casilla en análisis contiene el resultado del procedimiento citado, en el cual se puede advertir que al comparar y correlacionar los distintos datos anotados, se encuentra un faltante de ocho boletas, pues se recibieron cuatrocientos veintiocho boletas para la elección de ayuntamiento, de las cuales doscientos sesenta y cuatro se entregaron a los electores que acudieron a votar, de ahí, se obtiene que al restar al número de boletas entregadas en la casilla para la elección de ayuntamientos el número de boletas entregadas a los electores se obtiene un total de ciento cincuenta y cuatro boletas sobrantes tal como se asentó, de ahí, se impone concluir que la cantidad de boletas extraídas de la urna pudo ser de doscientas setenta y cuatro, de manera que si en lugar de este dato se anotaron doscientas sesenta y seis, esto pudo haber sido consecuencia de un descuido al contar dichas boletas, o bien, que algunos electores que asistieron al centro de votación, se registraron en la casilla, recibieron su boleta, pero se retiraron con ella o bien la destruyeron sin depositarla en la urna.

En esta tesitura, en el acta de escrutinio y cómputo no existe un error sustancial que hubiera puesto en duda el cumplimiento del principio constitucional y legal de certeza, como lo aduce el actor, ni se alteró el resultado de la elección, con la discrepancia de ocho boletas extraídas de la urna, pues como se explicó, tal situación sólo pudo obedecer a un error aritmético o de mera anotación, o bien que los electores no hayan depositado la boleta en la urna, que en modo alguno contravino el principio de legalidad.

Respecto a la casilla 2201 Básica, el argumento es infundado, pues contrariamente a lo afirmado por el actor, la resolución emitida por el tribunal responsable sí se encuentra debidamente fundada y motivada, en virtud de que la sentencia reclamada claramente se encuentra apoyada en el artículo 170, apartado 1, inciso d), de la Ley Electoral del Estado de Chihuahua, que establece como causa de nulidad de la votación recibida en una casilla, que ésta se realice en fecha distinta a la señalada para la elección, además, expresa la motivación conforme a la cual consideró que no era procedente declarar la nulidad de la votación recibida en esa casilla, al tomar en cuenta la copia certificada del acta de la jornada electoral, visible a fojas sesenta y seis del expediente relativo al recurso de inconformidad número 26/2001, de la que constató que si bien la casilla se instaló a las siete treinta horas, también lo es que de la misma advirtió que el inicio de la votación comenzó a las ocho horas treinta y tres minutos del día de la jornada electoral, destacó que las urnas se armaron ante los funcionarios de casilla y de los representantes de los partidos políticos, que se comprobó que éstas estaban vacías y que se colocaron en un lugar adecuado a la vista de todos, así como el hecho de que no se presentaron incidentes, y concluyó que en razón de ello no se violaron los principios rectores de la elección, lo que hace evidente que la sentencia sí se encuentra fundada y motivada.

Tampoco se violenta el principio de certeza a que alude el promovente, por el hecho de haberse instalado la casilla antes de las ocho horas, contrariamente a lo establecido en el artículo 116, apartado 6, de la Ley Electoral del Estado de Chihuahua, en atención a lo siguiente.

En las distintas leyes electorales se han introducido reglas para garantizar la seguridad en la instalación de las casillas y la recepción del voto, fijándose en la legislación vigente la hora y el procedimiento en que ha de llevarse a cabo. Empero, el principal valor que jurídicamente se protege es el sufragio universal, libre, secreto, y directo, así como las condiciones necesarias para que se compute el mismo, de suerte tal que la suma de votos emitidos para cada partido o candidato, sea la que determine el resultado electoral. A tal efecto, el artículo 116 de la ley electoral citada dispone que el primer domingo de julio del año de la elección ordinaria, a las ocho horas los ciudadanos nombrados presidente, secretario y escrutadores, propietarios, de las mesas directivas de casilla, procederán a la instalación en presencia de los representantes de los partidos políticos que concurran, levantándose el acta de instalación de la casilla, en la cual deberá certificarse que se comprobó que las urnas estaban vacías; así, como que las boletas electorales serán firmadas al reverso por uno de los representantes de los partidos políticos o coaliciones acreditados ante la mesa directiva.

En concepto del demandante la causa de nulidad prevista en el inciso d), apartado 1, del artículo 170 de la Ley Electoral del Estado Chihuahua, se actualiza con el sólo hecho objetivo de que la casilla sea instalada antes de las ocho horas del día de la jornada electoral.

Independientemente de que los citados hechos pudieran integrar la causa de nulidad mencionada o la genérica prevista en el inciso l), apartado 1, del artículo 170 de la Ley Electoral del Estado Chihuahua, esta Sala Superior no comparte este punto de vista, porque ya ha considerado en la tesis de jurisprudencia identificada con la clave S3 ELJ 13/2000, consultable en la compilación de JURISPRUDENCIA Y TESIS RELEVANTES, Tercera época, publicada por la Coordinación de Jurisprudencia y Estadística del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cuyo rubro es NULIDAD DE SUFRAGIOS RECIBIDOS EN UNA CASILLA. LA IRREGULARIDAD EN QUE SE SUSTENTE SIEMPRE DEBE SER DETERMINANTE PARA EL RESULTADO DE LA VOTACIÓN, AUN CUANDO EN LA HIPÓTESIS RESPECTIVA, TAL ELEMENTO NO SE MENCIONE EXPRESAMENTE( LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO Y SIMILARES) que todas la causales de nulidad deben ser determinantes, pero presentan sus diferencias, pues la circunstancia de que se mencione explícitamente este elemento repercute únicamente en la carga de la prueba, así cuando el supuesto legal cita expresamente el elemento en cuestión, quién invoque la causa de nulidad debe demostrar, además del vicio o irregularidad previstos en dicho supuesto, que ese vicio o irregularidad es determinante para el resultado de la votación. En cambio, cuando la ley omite mencionar el requisito, la omisión significa, que dada la magnitud del vicio o irregularidad, o la dificultad de su prueba, existe la presunción iuris tantum de la "determinancia" en el resultado de la votación.

Como lo admite el actor, la finalidad perseguida con la disposición de que la casilla no se instale antes de las ocho horas, consiste en que los representantes de los partidos políticos no se vean sorprendidos u obstaculizados en su labor de vigilancia de los actos que se susciten en la casilla para verificar su apego a la ley, toda vez que estos están en conocimiento que las actividades empiezan a las ocho horas, ya que la verificación de los representantes consiste en constatar que se armaron las urnas, que éstas estaban vacías y que se colocaron a la vista de todos.

Así, en caso de haberse instalado antes de la hora prevista para el inicio de la jornada electoral, puede existir la posibilidad de que no se les respete tal derecho y se cometan irregularidades que no pueden impedir, lo que pudiera trascender a la legalidad de la recepción de la votación y poner en duda los principios que la rigen en especial el de certeza, sin embargo, ese peligro pasa de una situación meramente potencial cuando la casilla se instala algunos momentos antes de las ocho horas, pero en ese momento se encuentran presentes los representantes de varios de los partidos políticos contendientes en la elección, porque entonces no se ven privados de la oportunidad de vigilar y verificar que se cumplan los requisitos materiales y procedimentales de la instalación como las ya mencionados (constatar que se armaron las urnas, que éstas estaban vacías y que se colocaron a la vista de todos), por tanto, cuando se dan las circunstancias de ese modo, la irregularidad de abrirse la casilla unos momentos antes de la hora señalada para su instalación no actualiza una causa de nulidad por no resultar determinante para el resultado de la votación.

Sin embargo, si en el caso no se presenta esa determinancia, porque esta plenamente acreditado que al momento de armarse las urnas se constató que estaban vacías, y también en los demás actos que llevó a cabo la Mesa Directiva de Casilla estuvieron presentes los representantes partidistas, sin que hayan manifestado inconformidad por alguna actuación que les haya parecido indebida, y ni siquiera alude a omisiones efectuadas, todo lo cual prueba que la violación cometida se tornó inocua al haber quedado el peligro que se pretende evitar en una situación meramente potencial, que no se actualizó en los hechos.

A mayor abundamiento, en el caso no se alega por parte del partido actor la existencia de diversas irregularidades, sino el único motivo de queja consiste en el mero hecho de instalar la casilla antes de la hora dispuesta por la ley, pero además, si los representantes del partido actor estuvieron presentes y no trataron de impedir la instalación de la casilla antes de la hora señalada por la ley, se debe entender que participaron y provocaron esa situación al consentir tácitamente que se instalará en esa hora, lo cual llevaría a que no podrían invocar tal situación como causa de nulidad, tal como lo establece el artículo 173, apartado 1, de la ley electoral de la entidad.

En las condiciones apuntadas, al ser jurídicamente ineficaces los motivos de inconformidad, procede confirmar la resolución impugnada.

Por lo expuesto, con apoyo en los artículos 41, fracción IV, 94 y 99, párrafo cuarto, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 93, párrafo 1, inciso a), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, se

R E S U E L V E:

UNICO. Se confirma la resolución de treinta de julio del año dos mil uno, pronunciada por Tribunal Estatal Electoral del Estado de Chihuahua, dentro del recurso de inconformidad 26/2001 interpuesto por el Partido Acción Nacional, en contra de los resultados del cómputo de la elección de miembros de ayuntamiento del municipio de Julimes, Chihuahua.

Notifíquese la presente sentencia. Personalmente, al actor Partido Acción Nacional, en el inmueble ubicado en el número 812 de la avenida Ángel Urraza, de la colonia del Valle, Delegación Benito Juárez, de esta capital; al Partido Revolucionario Institucional, en su calidad de tercero interesado, en avenida Insurgentes Norte número 59, Edificio 1, Mezanine, Colonia Buenavista, Delegación Cuauhtémoc, de esta capital; por oficio, con copia certificada anexa, al Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua, y por estrados a los demás interesados. Lo anterior, con apoyo en lo que disponen los artículos 26, 27, 28 y 93 apartado 2 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral. Devuélvanse los documentos atinentes; y en su oportunidad, archívese este expediente como asunto total y definitivamente concluido.

Así lo resolvieron, por unanimidad de votos, los magistrados que integran la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ante el Secretario General de Acuerdos, que autoriza y da fe. Conste.

MAGISTRADO PRESIDENTE

 

JOSÉ FERNANDO OJESTO MARTÍNEZ PORCAYO

MAGISTRADO

 

LEONEL CASTILLO GONZÁLEZ

MAGISTRADO

 

JOSÉ LUIS DE LA PEZA

MAGISTRADO

 

ELOY FUENTES CERDA

MAGISTRADA

 

ALFONSINA BERTA NAVARRO HIDALGO

MAGISTRADO

 

JOSÉ DE JESÚS OROZCO HENRÍQUEZ

MAGISTRADO

 

MAURO MIGUEL REYES ZAPATA

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS

 

FLAVIO GALVÁN RIVERA