RECURSO DE APELACIÓN

EXPEDIENTE: SUP-RAP-002/2001

ACTOR: HÉCTOR FELIPE HERNÁNDEZ GODÍNEZ, POR SU PROPIO DERECHO Y OSTENTÁNDOSE COMO MIEMBRO DE LA COMISIÓN EJECUTIVA NACIONAL DEL PARTIDO DEL TRABAJO

AUTORIDAD RESPONSABLE: DIRECTOR EJECUTIVO DE PRERROGATIVAS Y PARTIDOS POLÍTICOS DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

TERCERO INTERESADO: PARTIDO DEL TRABAJO

MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ LUIS DE LA PEZA

SECRETARIA: LILIANA RÍOS CURIEL

México, Distrito Federal a treinta de enero del dos mil uno.

VISTOS para resolver los autos del expediente indicado al rubro, integrado con motivo del recurso de apelación, interpuesto por Héctor Felipe Hernández Godínez, por su propio derecho y ostentándose como miembro de la Comisión Ejecutiva Nacional del Partido del Trabajo, en contra del oficio DEPPP/DPPF/28654/2000, de fecha tres de enero del año en curso, "que contiene la negativa de considerar válido jurídicamente el Congreso Nacional del Partido del Trabajo, de fecha 6 de diciembre del 2000", emitido por la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Federal Electoral, y

R E S U L T A N D O

I. El quince de diciembre del año dos mil, el hoy actor, ostentándose con el carácter de miembro de la Comisión Ejecutiva Nacional del Partido del Trabajo, presentó un escrito dirigido al Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Federal Electoral, en el cual solicitó esencialmente que se tuviera por registrada a la nueva Comisión Ejecutiva Nacional del citado partido político, surgida en el Congreso Nacional celebrado el seis de diciembre del mismo año. Asimismo, que el Secretario Ejecutivo del referido instituto expidiera la certificación correspondiente.

II. El Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Federal Electoral dio contestación a la solicitud mencionada en el numeral inmediato anterior, mediante oficio DEPPP/DPPF/28654/2000, de fecha tres de enero del año en curso, en el cual rechazó la pretensión formulada. Las consideraciones fueron las que se exponen a continuación.

"Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 93, párrafo 1, inciso i), en relación con el diverso numeral 38, párrafo 1, incisos l) y m), todos del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, me refiero a su atento escrito de fecha 15 de diciembre del año próximo pasado, a través del cual comunica la celebración de un ‘Congreso Nacional del Partido del Trabajo’, en donde presuntamente se realizaron nombramientos de diferentes integrantes de la Comisión Ejecutiva Nacional del citado partido político nacional, asimismo solicita se registren dichos nombramientos en los libros correspondientes y se le otorgue la certificación de la integración de dicha Comisión Ejecutiva Nacional.

Sobre el particular, es necesario hacer las siguientes consideraciones:

1. Los artículos 26 y 39, inciso d) de los Estatutos del Partido del Trabajo, señalan:

‘Art. 26.- El Congreso Nacional se reunirá cada tres años en forma ordinaria. Podrán emitir la convocatoria la Comisión Ejecutiva Nacional, el Consejo Político Nacional o a negativa u omisión de estas cuando menos con la aprobación por mayoría simple del 50% de las Comisiones Ejecutivas Estatales. La convocatoria deberá emitirse por lo menos con dos meses de anticipación a su celebración y difundirse en forma amplia a todas las instancias estatales y publicarse por lo menos en un periódico de circulación nacional quince días naturales antes de la celebración del Congreso’

‘Art. 39.- Son atribuciones de la Comisión Ejecutiva Nacional:…d) convocar al Congreso Nacional y a las asambleas del Consejo Político Nacional’

La convocatoria que anexó a su escrito de cuenta no satisface los requisitos estatutarios antes descritos, en virtud de que en el análisis vertido a los documentos que anexó a su escrito de cuenta, no se desprende que haya sido emitida por quien debió hacerlo (la Comisión Ejecutiva Nacional, el Consejo Político Nacional o a negativa u omisión de estas cuando menos con la aprobación por mayoría simple del 50% de las Comisiones Ejecutivas Estatales).

Por lo expuesto, la asamblea notificada por usted no se puede considerar debidamente instalada conforme a la norma estatutaria del propio partido político, ya que no se encontraban presentes quienes deberían de estarlo, conforme al artículo 25, que a la letra señala: ‘Artículo 25.- El Congreso Nacional se integra por: a) la Comisión Ejecutiva Nacional, Comisión Nacional de Contraloría y Fiscalización y la Comisión Nacional de Garantías, Justicia y Controversias. b) por los Legisladores Federales y Locales del Partido, Comisionados Políticos Nacionales (sic). c) Presidentes Municipales del Partido, d) Representantes Nacionales ante los órganos electorales federales, e) Delegados en el número y proporción que se establezca en la convocatoria respectiva, que emita la instancia convocante, tomando en cuenta: crecimiento y consolidación de las organizaciones sociales, el desarrollo político e ideológico del partido, compromiso con el proyecto nacional del partido, resultados electorales, y peso específico de cada estatal’.

A mayor abundamiento, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al resolver el expediente SUP-RAP-018/99, señaló ‘…las autoridades electorales en la emisión de sus actos deben adecuarse de manera irrestricta al principio de legalidad, esto es, que en el ejercicio de sus atribuciones, los actos que emitan se encuentren debidamente fundados y motivados. En la especie, si de conformidad con el artículo 93 párrafo 1, inciso i) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos tiene la facultad de realizar el registro de los integrantes de los órganos directivos de los partidos políticos, es incuestionable que para ejercer tal función, debe analizar y revisar el cumplimiento del procedimiento a seguir para el nombramiento de los dirigentes partidistas, requisito que se debe satisfacer para que tengan vigencia tales designaciones, pues sin dicha verificación se convertiría en una simple registradora de actos, lo que imposibilitaría a la mencionada autoridad a cumplir adecuadamente con la atribución consistente en llevar el libro de registro de los integrantes de los órganos directivos de los partidos políticos, por lo que es evidente que para ejercer tal atribución, en acatamiento al principio de legalidad que debe regir su actuación, debe realizar el referido procedimiento de verificación a efecto de determinar si la selección de los miembros de los órganos directivos se ajustó a lo establecido en los estatutos del propio partido solicitante… Es por ello que este tribunal concluye, que la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, únicamente habrá de efectuar el registro de representantes de los partidos, cuando se acredite de manera fehaciente que se agotó el procedimiento estatutario establecido para tal fin…’

Por lo expuesto, y en virtud de que los procedimientos estatutarios para la celebración del congreso nacional notificado por usted no fueron atendidos, éste resulta jurídicamente inválido, razón por la cual su petición de que se registre la presuntamente nueva integración de la Comisión Ejecutiva Nacional del Partido del Trabajo y se le expida una constancia de dicho acto jurídico, es inatendible."

III. Inconforme con el acto mencionado en el resultando anterior, Héctor Felipe Hernández Godínez interpuso, el ocho de enero del año en curso, recurso de apelación ante la Presidencia del Consejo General del Instituto Federal Electoral, y al efecto hizo valer lo siguiente:

"HECHOS

1. Con fecha 6 de diciembre del 2000, se publicó en el periódico LA UNIÓN DE MORELOS la convocatoria pública para llevar a cabo un Congreso Nacional del Partido del Trabajo el día 6 de diciembre del 2000.

2. Con fecha 6 de diciembre del 2000, ante la presencia del licenciado Marcelino Fernández Urquiza adscrito a la notaria Número 8 de la primera demarcación notarial del estado de Morelos, actuando como suplente del titular el señor licenciado Alfredo Gutiérrez Quintanilla, en la Ciudad de Cuernavaca, Estado de Morelos, se declaró legalmente instalada y se celebró el Congreso Nacional de Miembros del Partido del Trabajo, tal y como se acredita con el instrumento notarial número 57,144, levantado en virtud de dicho evento en la fecha y ante la fe la persona antes señalada.

3. En dicho congreso, se llevó a cabo la elección de la nueva Comisión Ejecutiva Nacional del Partido del Trabajo, tal y como consta en el instrumento notarial número 57,144 ya señalado.

4. Con fecha 15 de diciembre del 2000, se presentó ante la Dirección de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Federal Electoral un escrito en el cual se informa la celebración del jurídicamente válido Congreso Nacional, ya señalado, y los cambios de los integrantes de la Comisión Ejecutiva Nacional del Partido del Trabajo, en los términos de la citada acta del congreso que consta en el instrumento notarial Número 57,144, señalado con anterioridad.

5. En dicho escrito se solicitó, por ser procedente y estar ajustado a derecho, se registraran en el libro correspondiente los nombres de los integrantes de la recién electa Comisión Ejecutiva Nacional del Partido del Trabajo.

6. Con fecha 3 de enero del 2001, me fue notificado el oficio número DEPPP/DPPF/28654/2000, EMITIDO POR LA Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, Dirección de Partidos Políticos y Financiamiento.

7. En dicho oficio la autoridad realiza las siguientes consideraciones:

Sobre el particular, es necesario hacer las siguientes consideraciones:

1. Los artículos 26 y 39, inciso d) de los estatutos del Partido del Trabajo señalan:

‘Art. 26.- El Congreso Nacional se reunirá cada tres años en forma ordinaria. Podrán emitir la convocatoria la Comisión Ejecutiva Nacional, el Congreso Político Nacional o a negativa u omisión de estas cuando menos con la aprobación por mayoría simple del 50% de las comisiones Ejecutivas Estatales. La convocatoria deberá emitirse por lo menos con dos meses de anticipación a su celebración y difundirse en forma amplia a todas las instancias estatales y publicarse por lo menos en un periódico de circulación nacional quince días naturales antes de la celebración del congreso.

‘Art. 39.- Son atribuciones de la Comisión Ejecutiva:…d) convocar al Congreso Nacional y a las asambleas del Consejo Político Nacional’

La convocatoria que anexó a su escrito de cuenta no satisface los requisitos estatutarios antes descritos, en virtud de que en el análisis vertido a los documentos que anexó a su escrito de cuenta, no se desprende que haya sido emitida por quien debió hacerlo (la Comisión Ejecutiva Nacional, el Consejo Político Nacional o a negativa u omisión de estas cuando menos con la aprobación por mayoría simple del 50% de las Comisiones Ejecutivas Estatales).

Por lo expuesto, la asamblea notificada por usted no se puede considerar debidamente instalada conforme a la norma estatutaria del propio partido político, ya que no se encontraban presentes quienes deberían de estarlo conforme al artículo 25 que a la letra señala: ‘ Artículo 25. El Congreso nacional se integra por: a). La Comisión Ejecutiva Nacional, Comisión Nacional de Contraloría y Fiscalización y la Comisión Nacional de Garantías, Justicia y Controversias. b). Por los legisladores federales y locales del partido, Comisionados Políticos Nacionales c). Presidentes Municipales del Partido, d). Representantes Nacionales ante los órganos electorales federales, e). Delegados en el número y proporción que se establezca en la convocatoria respectiva, que emita la instancia convocante, tomando en cuenta: crecimiento y consolidación de las organizaciones sociales, el desarrollo político e ideológico del partido, compromiso con el proyecto nacional del partido, resultados electorales, y peso específico de cada estatal).

A mayor abundamiento, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al resolver el expediente SUP-RAP-018/99, señaló ‘ …las autoridades electorales en la emisión de sus actos deben adecuarse de manera irrestricta al principio de legalidad, esto es, que en el ejercicio de sus atribuciones, los actos que emitan se encuentren debidamente fundados y motivados. En la especie, si de conformidad con el artículo 93 párrafo 13 inciso i) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos tiene la facultad de realizar el registro de los integrantes de los órganos directivos de los partidos políticos, es incuestionable que para ejercer tal función, debe analizar y revisar el cumplimiento del procedimiento a seguir para el nombramiento de los dirigentes partidistas, requisito que se debe satisfacer para que tengan vigencia tales designaciones, pues sin dicha verificación se convertiría en una simple registradora de actos, lo que imposibilitaría a la mencionada autoridad cumplir adecuadamente con la atribución consistente en llevar el libro de registro de los integrantes de los órganos directivos de los partidos políticos, por lo que es evidente que para ejercer tal atribución, en acatamiento al principio de legalidad que debe regir su actuación, debe realizar el referido procedimiento de verificación a efecto de determinar si la selección de los miembros de los órganos directivos se ajustó a lo establecido en los estatutos del propio partido solicitante. Es por ello que este tribunal concluye, que la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos únicamente habrá de efectuar el registro de representantes de los partidos, cuando se acredite de manera fehaciente que se agotó el procedimiento estatutario establecido para tal fin…’

Por lo expuesto, y en virtud de que los procedimientos estatutarios para la celebración del congreso nacional notificado por usted no fueron atendidos, ésta resulta jurídicamente inválido razón por la cual su petición de que se registre la presuntamente nueva integración de la Comisión Ejecutiva Nacional del Partido del Trabajo y se le expida una constancia de dicho acto jurídico, es inatendible.

AGRAVIOS

PRIMERO.- La resolución recurrida me causa agravios, ya que la autoridad responsable niega la validez jurídica del congreso nacional del 6 de diciembre de 2000 y sus acuerdos.

Es una exigencia que los partidos políticos, que están sujetos al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE), cumplan con los requisitos establecidos en la Constitución y en las leyes que los rigen, pues de esta manera están vinculados al sistema de legalidad y constitucionalidad emanado de nuestra ley fundamental, así se exige que cumplan con los principios democráticos marcados por nuestra constitución y vinculados a ella por el artículo 41 constitucional en relación con el 27 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE), en el inciso c) del párrafo 1 que señala: ‘1. Los estatutos establecerán: c) Los procedimientos democráticos para la integración y renovación de los órganos directivos así como las funciones, facultades y obligaciones de los mismos. Entre sus órganos…’ Cosa que en la especie no se cumple, ya que como se señala en el párrafo segundo de la fracción l del artículo 41 de nuestra carta magna. ‘Los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación nacional y como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de estos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo. Sólo los ciudadanos podrán afiliarse libre e individualmente a los partidos políticos.’ Cosa que tampoco se cumple, pues más bien, los estatutos del Partido del Trabajo impiden la participación democrática de los miembros del partido en la integración y renovación de los órganos directivos del partido.

Es el caso que los artículos de los estatutos en que se fundamenta la responsable para negar el registro, se abstienen de cumplir los principios rectores de la democracia establecidos en el transcrito artículo 41 y el 27 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE) en su parte relativa, pues el mencionado numeral estatutario señala que:

Esta fuera de toda lógica jurídica que un congreso será válido únicamente cuando estén presentes las personas a que hace mención el artículo 25 de los estatutos, pues es a capricho de ellos el asistir o no a los mencionados Congresos, con lo que cierra la posibilidad del ejercicio libre y democrático de los demás miembros del partido, pues aún estando reunidos todos los militantes el congreso es inválido, según el mencionado artículo 25, considerando que quien da vida a los partidos políticos, no es la voluntad de un grupo, sino la participación libre y democrática de sus militantes, que deben estar por encima de esa única voluntad.

Como consecuencia, los estatutos del Partido del Trabajo, se abstienen de cumplir con lo establecido en el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el inciso c) del párrafo 1 del artículo 27 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE), por ser antidemocráticos, por concentrar en un grupo de personas todas las facultades de convocatoria, derecho de veto y asistencia obligatoria para que puedan ser declarados válidos los congresos.

Ahora bien, el acto que se reclama me causa agravio, pues al aplicarse el artículo 25 del estatuto, se deja de aplicar el artículo 41 de la Constitución y el inciso c) del párrafo 1 del artículo 27 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE) ya que impide que el Congreso Público, con previa convocatoria, la cual permite que los militantes del Partido del Trabajo, ejercitemos nuestros derechos políticos, e integremos y renovemos democráticamente los órganos de dirección del partido, al cual estamos afiliados y somos militantes, sea declarada válida jurídicamente.

Es necesario que se revise la constitucionalidad de los estatutos del Partido del Trabajo, para ello me fundo en las siguientes tesis emanadas del Tribunal Federal Electoral del Poder Judicial de la Federación:

‘ESTATUTOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS. SU CONSTITUCIONALIDAD DEBE ANALIZARSE AÚN CUANDO HAYAN SIDO APROBADOS POR AUTORIDAD ADMINISTRATIVA. (Se transcribe tesis)’

Es necesario y procedente realizar un análisis de la constitucionalidad de los estatutos del Partido del Trabajo, actualmente registrados, ya que la autoridad administrativa que limitó a señalar que los mencionados estatutos cumplían con los requisitos legales para satisfacer la hipótesis del inciso c) del párrafo 1 del artículo 27 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Desde luego, la democracia implica la posibilidad de la participación de los Ciudadanos, libre y directa, no sólo en la elección de los Poderes de la Unión, sino en la vida interna de los Partidos Políticos, porque de lo contrario, se perdería el sentido del sistema político electoral de partidos políticos que vive nuestro país, porque sólo algunos podrían gobernar por medio de ellos, cosa que es errónea, pues no es posible decir que se cumplen con las exigencias del inciso c) del párrafo 1 del artículo 27 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE) cuando en un solo grupo se concentran y a nivel jurídico y de facto, todas las facultades.

De lo anterior se desprende que los mencionados estatutos deben ser revisados en su constitucionalidad por parte de este órgano jurisdiccional, ya que la autoridad administrativa incumplió con el análisis de legalidad y constitucionalidad de los mismos, limitándose a señalar que los mencionados artículos estatutarios cumplían con los requisitos del párrafo segundo de la fracción l del articulo 41 Constitucional y el inciso c) del párrafo 1 del artículo 27 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE).

Como consecuencia de lo anterior, la autoridad responsable, al aplicarme el artículo 25 estatutario, me perjudica y a todos los militantes del Partido del Trabajo, pues impide el registro de los nuevos integrantes de los Órganos del Instituto Político, impidiendo así la libre participación democrática en la renovación e integración de los órganos directivos del partido.

Desde este momento solicito que en caso de ser necesario, se realice la suplencia de los agravios formulados.

Fundo el presente recurso en los artículos 6°, 7°, 8°, 9°, 44, 45, 46 y demás relativos y aplicables de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral y en las tesis emitidas por este H. Tribunal:

‘SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA EN LA ARGUMENTACIÓN DE LOS AGRAVIOS. ALCANCE DEL PRINCIPIO DE EXHAUSTIVIDAD EN LAS RESOLUCIONES DICTADAS POR LA JURISDICCIÓN ELECTORAL. El Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en su artículo 316 establece como carga procesal para los partidos políticos los requisitos que deben cumplir los escritos por los que se interpone un recurso, y entre ellos, en su inciso e) establece que se deben "mencionar de manera expresa y clara los agravios que cause el acto o resolución impugnado, los preceptos presuntamente violados y los hechos en que se basa la impugnación". Este requisito debe cumplirse en principio, no obstante que la propia ley electoral en el mismo artículo, en su párrafo 4, inciso d), establece una suplencia parcial al señalar que "cuando exista deficiencia en la argumentación de los agravios pero éstos puedan ser deducidos claramente de los hechos expuestos en el recurso, la Sala no lo desechará y resolverá con los elementos que obren en el expediente". De lo anterior se deduce que los recurrentes siguen teniendo la obligación de mencionar de manera expresa y clara los agravios, y que si no lo hacen en esa forma, pero están deficientemente argumentados, las Salas de Primera Instancia del Tribunal Federal Electoral deben suplir dicha deficiencia, siempre que puedan deducirlos claramente de los hechos expuestos en el recurso. Consecuentemente, la regla de la suplencia establecida en el ordenamiento electoral presupone los siguientes elementos ineludibles: a) que haya expresión de agravios, aunque ésta sea deficiente; b) que existan hechos; y c) que de los hechos las Salas puedan deducir claramente los agravios. Es claro que el legislador le dio a las Salas una amplia facultad discrecional para deducir los agravios y en consecuencia éstas lo pueden hacer si encuentran en el recurso de inconformidad hechos, señalamiento de actos o, inclusive, invocación de preceptos legales, de los cuales puedan deducirse los agravios que pretende hacer valer el recurrente. No obstante lo anterior, las Salas no deben, bajo el argumento de la aplicación del principio de exhaustividad de la sentencia, introducir, inventar o crear agravios que no puedan ser deducidos claramente de los hechos. Es concluyente por lo tanto, que el principio de exhaustividad tiene su límite, por una parte, en las facultades discrecionales, que no arbitrarias, de las Salas para deducir de los hechos los agravios y por otra, en los planteamientos mismos de los recurrentes. Cualquier exceso a dichos límites viola la ley electoral y en consecuencia, ello puede ser argumentado ante la Sala de Segunda Instancia como agravio, el cual deberá ser estudiado en estricto derecho, en virtud de que el recurso de reconsideración, su tramitación y resolución, así como la actuación de la Sala de Segunda Instancia, se rige por tal principio, por lo cual no hay posibilidad de suplencia del derecho ni de agravios o de su deficiente argumentación.

SI-REC-072/94. Partido Revolucionario Institucional. 19-X-94. Unanimidad de votos.

SI-REC-192/94. Partido Acción Nacional. 26-X-94. Unanimidad de votos.

SI-REC-203/94. Partido de la Revolución Democrática. 26-X-94. Unanimidad de votos.’

‘CIUDADANOS, RECURSO DE APELACIÓN DE LOS. EL TRIBUNAL FEDERAL ELECTORAL DEBE SUPLIR LA DEFICIENCIA EN LA CITA A LOS PRECEPTOS JURÍDICOS PRESUNTAMENTE VIOLADOS. Conforme a lo previsto por el artículo 316, párrafo 4, inciso c) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, cuando el ciudadano funde su pretensión en diversos artículos del Código de la materia y lo haga de manera equivocada, las Salas del Tribunal Federal Electoral deben suplir dicha deficiencia y considerar los que debieron ser invocados de manera correcta.

SC-I-RAP-005/94. Agapito Clicerio López Contreras. 26-IV-94. Unanimidad de votos.

SC-I-RAP-008/94. María Sonia López Lorenzano. 26-IV-94. Unanimidad de votos.

SC-I-RAP-015/94. Eliseo Rojas Pérez. 29-IV-94. Unanimidad de votos.

SC-I-RAP-020/94. Fernando Clemente Morquecho. 4-V-94. Unanimidad de votos.

SC-I-RAP-035/94. Pedro Astudillo Mata. 4-V-94. Unanimidad de votos.

SC-I-RAP-025/94. Gonzalo David Hernández García. 6-V-94. Unanimidad de votos.

SC-I-RAP-485/94. Rosa Josefina Contreras Espinosa. 17-VI-94. Unanimidad de votos.

SC-I-RAP-1329/94 y Acumulados. Sixto Luna Mata y otros. 01-VII-94. Unanimidad de votos.’

‘CIUDADANOS, RECURSO DE APELACIÓN DE LOS. INTERPRETACIONES INDUBIO PRO CIVE. En los recursos de apelación interpuestos por los ciudadanos, opera el principio in dubio pro cive en caso de que exista duda en la aplicación de un precepto jurídico relacionado con sus derechos políticos, toda vez que la autoridad debe abstenerse de realizar interpretaciones in pejus que vayan en detrimento y agravio del ciudadano, máxime cuando se advierta que éste cumplió, en tiempo y forma, con las obligaciones correspondientes para que se le expidiera la Credencial para Votar con fotografía, ya que, en términos de lo dispuesto por el artículo 3, párrafo 2 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en relación con el último párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debe estarse a los principios generales del derecho que recogen los aforismos latinos favorabilia sunt amplianda y odiosa sunt restringenda, para realizar las interpretaciones que impliquen una aplicación legal favorable para la tutela de los derechos políticos del ciudadano.

SC /I/RAP/3038/94 y acumulados. Clara Rojas Contreras y otros. 15/Vll/94. Unanimidad de votos.

SC/I/RAP/3845/94. María Guadalupe González Márquez. 22/Vll/94. Unanimidad de votos.

SC/I/RAP/6482/94. Silvia Rodríguez. 22/Vll/94. Unanimidad de votos.’

‘MEDIO DE IMPUGNACIÓN. EL ERROR EN LA ELECCIÓN O DESIGNACIÓN DE LA VÍA NO DETERMINA NECESARIAMENTE SU IMPROCEDENCIA. (Se transcribe tesis)’

‘EXHAUSTIVIDAD PRINCIPIO DE. LAS AUTORIDADES ELECTORALES DEBEN OBSERVARLO EN LAS RESOLUCIONES QUE EMITAN. (Se transcribe tesis)’

‘MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL. EL RESOLUTOR DEBE INTERPRETAR EL OCURSO QUE LOS CONTENGA PARA DETERMINAR LA VERDADERA INTENCIÓN DEL ACTOR. (Se transcribe tesis)’

‘CÓDIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES, CRITERIOS PARA SU INTERPRETACIÓN JURÍDICA. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 3, párrafo 2 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, la interpretación jurídica de las disposiciones del propio Código se debe hacer conforme a los criterios gramatical, sistemático y funcional, atendiendo a lo dispuesto en el último párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El criterio de interpretación gramatical, básicamente consiste en precisar el significado del lenguaje legal que se emplea en determinado precepto jurídico, cuando genera dudas o produce confusiones, ya sea porque alguno o algunos de los términos empleados por el legislador no se encuentran definidos dentro de su contexto normativo, o bien, porque los vocablos utilizados tienen diversos significados. El criterio sistemático consiste en determinar el sentido y alcance de una disposición, cuando la misma resulta contradictoria o incongruente con otras disposiciones o principios pertenecientes al mismo contexto normativo. Conforme al criterio funcional, para interpretar el sentido de una disposición que genera dudas en cuanto a su aplicación, se deben tomar en cuenta los diversos factores relacionados con la creación, aplicación y funcionamiento de la norma jurídica en cuestión, que no pertenezcan a los criterios de interpretación gramatical y sistemático. Siendo el factor que tiene mayor relevancia, el de la intención o voluntad del legislador, incluyendo todos los intrincados problemas acerca de los propósitos e intereses que influyen en el Derecho. Ahora bien, la enunciación que hace el artículo 3 del Código de la materia respecto de estos criterios de interpretación jurídica, no implica que se tengan que aplicar en el orden en que están referidos, sino en función del que se estime más conveniente para esclarecer el sentido de la disposición respectiva.’

SC-I-RAP-500/94. Partido de la Revolución Democrática. 22-VI-94. Unanimidad de votos.

SC-I-RIN-241/94. Partido de la Revolución Democrática. 10-X-94. Unanimidad de votos."

IV. Por oficio SE/030/2001, de diecisiete de enero del año en curso, y recibido en la misma fecha por la Oficialía de Partes de esta Sala Superior, el Secretario Ejecutivo del Instituto Federal Electoral remitió el expediente ATG-002/2001, formado con motivo del recurso de apelación de mérito, integrado, entre otros documentos, con el original de dicho recurso, anexos, copia certificada de la resolución impugnada, cédulas y razones de publicitación, así como el informe circunstanciado de ley.

V. Mediante acuerdo del Magistrado Presidente de este Tribunal, de fecha diecisiete de enero del presente año, se ordenó integrar el expediente respectivo con la clave SUP-RAP-002/2001, así como turnar a la ponencia del Magistrado José Luis de la Peza el asunto de mérito. Dicho acuerdo se cumplió mediante oficio TEPJF-SGA-040/01, signado por el Secretario General de Acuerdos de la Sala Superior.

VI. Por auto del veintinueve de enero del año en curso, el Magistrado Instructor acordó admitir a trámite la demanda recursal de mérito, y una vez agotado el trámite y substanciado el recurso de cuenta, en virtud de no existir diligencias pendientes por desahogar, se cerró la instrucción, quedando el presente asunto en estado de resolución.

C O N S I D E R A N D O

PRIMERO. Esta Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es competente para resolver el presente asunto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 99, párrafo cuarto, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 186, párrafo primero, fracción III, inciso a), y 189, párrafo primero, fracción I, inciso c) de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y 44, párrafo 1, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, por tratarse de un recurso de apelación interpuesto en el tiempo que transcurre entre dos procesos electorales federales.

SEGUNDO. En este considerando se estudiarán las causales de improcedencia aducidas tanto por la autoridad responsable, como por el tercero interesado, en relación al presente recurso de apelación, ya que por tratarse de cuestiones de orden público su estudio es preferente.

Así, respecto a la legitimación y personería del recurrente, la autoridad responsable en su informe circunstanciado argumenta que el actor no acredita su carácter de representante con la documentación que exhibió junto con el recurso de apelación; por su parte, el tercero interesado aduce que el actor carece de legitimación ya que atendiendo al criterio sustentado por esta Sala Superior en el expediente identificado con la clave SUP-RAP-023/2000, si bien los ciudadanos están legitimados para interponer este recurso, sólo ocurre en los casos en los que se hubiese determinado y aplicado alguna sanción, lo que no sucede en la especie.

Esta Sala Superior considera que son inatendibles las causales de improcedencia expuestas, en atención a los razonamientos siguientes.

Como es sabido, la legitimación (ad processum) consiste en la aptitud o idoneidad para actuar en un proceso, en el ejercicio de un derecho propio o en representación de otro. En el recurso de apelación, atento a lo dispuesto por el artículo 45 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, entre otros supuestos, están facultados para interponer el recurso de apelación, los partidos políticos, a través de sus representantes legítimos, entendiéndose por estos, según lo precisa el artículo 13 del mismo ordenamiento legal, entre otros, a los miembros de los comités nacionales, estatales, distritales, municipales, o sus equivalentes, debiendo acreditar su personería con el nombramiento hecho de acuerdo a los estatutos del partido, así como los que tengan facultades de representación conforme a los estatutos, o mediante poder otorgado en escritura pública por los funcionarios de partido facultados para ello.

Ahora bien, quien promueve el presente recurso, Héctor Felipe Hernández Godínez, se ostenta como integrante de la Comisión Ejecutiva Nacional del Partido del Trabajo, y tomando en consideración que la razón de que en el presente asunto, el fondo de la cuestión a dilucidar es precisamente la legalidad de la determinación adoptada por la autoridad responsable, de negar el reconocimiento y registro de la Comisión Ejecutiva Nacional del Partido del Trabajo, órgano que atento a lo dispuesto por el artículo 39, inciso i) de los estatutos del Partido del Trabajo, tiene como función representar al partido en cualquier asunto de carácter legal, ello impide a esta Sala Superior pronunciarse previamente respecto de la legitimación y personería del promovente, pues esto implicaría prejuzgar sobre la cuestión medular de la presente controversia.

En apoyo a lo antes considerado, es de tomarse en cuenta el criterio sostenido por este órgano colegiado, en la tesis de jurisprudencia emitida por esta Sala Superior y visible en las páginas 16 y 17 del Suplemento número 3, de Justicia Electoral, Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cuyo rubro es "IMPROCEDENCIA. NO PUEDE DECRETARSE SOBRE LA BASE DE QUE LOS PROMOVENTES CARECEN DE PERSONERÍA SI EL ACTO RECLAMADO CONSISTE EN SU FALTA DE RECONOCIMIENTO".

Por otra parte, se precisa que el criterio sustentado en el medio de impugnación resuelto por este órgano colegiado, identificado con la clave SUP-RAP-023/2000, a que alude el tercero interesado, no es aplicable al presente caso, en atención a que, como claramente se aprecia de la sentencia correspondiente, el asunto versó sobre la denuncia que dos ciudadanos, en su carácter de militantes del Partido de la Revolución Democrática, presentaron ante el Instituto Federal Electoral, en relación a la supuesta inobservancia a normas estatutarias de dicho partido, respecto al procedimiento para la selección de candidatos; denuncia que fue declarada improcedente por el citado instituto, y contra dicha resolución los mencionados ciudadanos interpusieron un "recurso de inconformidad" que la autoridad responsable tramitó como recurso de apelación.

Pues bien, en la sentencia dictada por este tribunal se resolvió declarar improcedente el referido medio de impugnación, en virtud de que no se actualizaba alguna de las hipótesis de procedencia del recurso de apelación, además de que no se advertía que pudiera causar algún perjuicio a determinado partido o agrupación política, pues se trataba de una declaración de improcedencia de una denuncia presentada por ciudadanos, quienes únicamente están legitimados para interponer el medio impugnativo en cuestión en el caso de determinación e imposición de sanciones.

Entonces, el caso que nos ocupa es distinto, pues como ya se dijo, quien interpone el presente recurso lo hace ostentándose como miembro de la Comisión Ejecutiva Nacional del Partido del Trabajo, carácter que derivó del Congreso Nacional que se realizó el seis de diciembre del año dos mil, acto que originó la emisión de la resolución impugnada, y que será objeto de análisis de fondo en el presente asunto si la determinación adoptada por la autoridad responsable de negar el registro de los integrantes de la referida comisión, se ajustó o no a derecho, por lo que, en caso de resultar fundados los agravios del promovente, se podría ordenar el registro solicitado, y atento a los artículos 13 y 45 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, éste tendría personería para comparecer por esta vía en representación del Partido del Trabajo.

Por otra parte, la autoridad responsable argumenta que la aprobación de los estatutos y las modificaciones a los mismos son actos consentidos, puesto que no se impugnaron dentro del plazo en el cual se tenía derecho a ello, por lo que no se puede impugnar su ilegalidad o inconstitucionalidad.

Tal apreciación resulta incorrecta, porque el análisis de la constitucionalidad y legalidad de los estatutos de un partido puede ser tanto en el momento de aprobar la solicitud de registro correspondiente o, en su caso, las modificaciones que respecto de los mismos sean aprobadas, como también en el momento de su aplicación al caso concreto. Al respecto resulta aplicable la tesis relevante emitida por esta Sala Superior y visible en la página 45 del Suplemento número 3, de Justicia Electoral, Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cuyo rubro es "ESTATUTOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS. SU CONSTITUCIONALIDAD DEBE ANALIZARSE AUN CUANDO HAYAN SIDO APROBADOS POR AUTORIDAD ADMINISTRATIVA".

Es así que, el hecho de que no se presente algún medio de impugnación en contra de las normas que componen los estatutos de un partido político, o sus modificaciones, no produce en forma inmediata la consecuencia de que tales disposiciones internas se tengan por legalmente consentidas, sino que este consentimiento se actualiza, respecto de cada persona, cuando se presenta un acto de autoridad que afecta su interés jurídico, cuyo contenido y sentido encuentran sustento esencial en las normas estatutarias o sean efecto o consecuencia de ellas, y ésta se abstiene de promover el medio de impugnación que proceda. Lo anterior sin prejuzgar sobre si en el presente caso procede o no el estudio de la posible inconstitucionalidad de los estatutos del Partido del Trabajo a que se refiere el apelante en su escrito de demanda.

Finalmente, el tercero interesado alega que los hechos de los que se duele el accionante son consentidos al no haber agotado los mecanismos de resolución de controversias a que deben sujetarse los militantes del partido, en términos de lo que dispone el artículo 27, párrafo 1, inciso g) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales

Resulta inatendible lo argumentado por el tercero interesado, en atención a que esta situación no constituye motivo legal para considerar que la supuesta inconstitucionalidad de los estatutos fue consentida, toda vez que los preceptos de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, que establecen causas de improcedencia, son dispositivos específicos, que sólo admiten la interpretación estricta y rechazan la extensiva, o la que se funde en la analogía o en la mayoría de razón, motivo por el cual sólo comprenden los casos clara y expresamente incluidos en ellas. De esa manera, el artículo 10, apartado 1, inciso b), de la ley de la materia, dispone la causa de improcedencia a estudio, únicamente en el consentimiento de los actos concretos que se impugnen en la demanda atinente, como lo es, en el caso específico, el oficio DEPPP/DPPF/28654/2000, dictado por el Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos, por el que se niega la petición de registrar la nueva integración de la Comisión Ejecutiva Nacional del Partido del Trabajo, así como la expedición de la constancia del citado acto jurídico, acto contra el cual procede el presente medio impugnativo.

TERCERO. En el presente considerando se entrará al estudio de los motivos de inconformidad expuestos por el apelante en su recurso de apelación.

Del análisis integral del escrito de demanda se desprende que el recurrente, esencialmente alega que le causa agravio que la responsable haya negado la validez jurídica del Congreso Nacional celebrado el seis de diciembre del año dos mil, y que los artículos de los estatutos en que se fundamenta para negar el registro de la Comisión Ejecutiva Nacional no cumplan con los principios rectores de la democracia establecidos en los artículos 41, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 27 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, por ser antidemocráticos y concentrar en un grupo de personas todas las facultades de convocatoria, derecho de voto y asistencia obligatoria para que puedan ser declarados válidos los congresos.

Igualmente señala, que es necesario que se revise la constitucionalidad de los estatutos del Partido del Trabajo, ya que no es posible decir que cumplen con las exigencias de ley, pues impiden la participación democrática de los miembros de dicho partido en la integración y renovación de sus órganos directivos, pues de acuerdo al artículo 25 del citado ordenamiento, un congreso será válido únicamente cuando estén presentes las personas a que hace referencia dicho precepto; por tanto, es a capricho de ellos el asistir o no a los congresos, lo que cierra la posibilidad del ejercicio libre y democrático de los demás miembros del partido. Estudio que la autoridad administrativa omitió hacer, limitándose a señalar que estos cumplían con los artículos 41 constitucional y 27 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Antes de examinar los agravios expuestos por el accionante es conveniente, para la mejor comprensión del tratamiento de la litis, precisar cuáles fueron las pretensiones originalmente planteadas ante la autoridad responsable, para lo cual se debe atender al contendido de la solicitud presentada ante el Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Federal Electoral, que es del tenor siguiente:

"HECHOS

1.- En virtud de que el C. Alberto Anaya, ha manejado en forma arbitraria, antidemocrática, unilateral y personal al Partido del Trabajo y que ha impuesto a personas incondicionales como integrantes de la Comisión Ejecutiva Nacional, así como ha promovido a familiares y amigos a los cargos de elección popular, un grupo numeroso de militantes de nuestro Instituto Político decidió de forma democrática la realización de un Congreso Nacional de nuestro Partido, a través de una Convocatoria publicada en el periódico ‘La Unión de Morelos’ el día 6 de diciembre del 2000.

2.- Que en virtud de lo anterior dicho Congreso se llevó a cabo el día 6 de diciembre del 2000 a las ocho horas, en el inmueble ubicado en Apolo Xl #200 en la Colonia El Empleado, en la ciudad de Cuernavaca, Morelos, tal y como se desprende del instrumento notarial número 57,144 pasado ante la fe del Lic. Marcelino Fernández Urquiza adscrito a la Notaria Pública número ocho de la Primera Demarcación Notarial del Estado de Morelos, actuando como suplente del titular Lic. Alfredo Gutiérrez Quintanilla.

3.- Que en atención al orden del día señalado en la Convocatoria antes mencionada y que obra en el instrumento notarial descrito en el proemio del presente escrito y que se anexa a este, dando cumplimiento al punto 4 del mismo se eligió a la nueva Comisión Ejecutiva Nacional del Partido del Trabajo, quedando conformada de la siguiente manera:

 

Comisión Nacional Coordinadora

 

Héctor F. Hernández Godinez

Comisión Nacional de Organización

Armando Vega Castro

Comisión Nacional de Movimientos Sociales y Ciudadanos

Flavio Martínez Garza

Comisión Nacional de Asuntos Electorales

Heriberto Juárez Magaña

Comisión Nacional de Comunicación Social

Rodrigo Antuñano Garza

Comisión Nacional de Capacitación Política y Electoral

Arturo Sánchez Fernández

Comisión Nacional de Prensa y Propaganda

Francisco Méndez Castro

Comisión Nacional de Difusión Ideológica

Angélica López Contreras

Comisión Nacional de Finanzas

Beatriz del Río

 

Por lo antes expuesto a usted C. Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Federal Electoral con fundamento en lo dispuesto por el artículo 93, párrafo 1, fracciones d) e i) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales atentamente solicito lo siguiente:

PRIMERO: Se tenga por registrada a la nueva Comisión Ejecutiva Nacional del Partido del Trabajo ante la autoridad electoral y solicite al Secretario Ejecutivo del Instituto Federal Electoral expida la certificación que la acredite como tal.

SEGUNDO: Se haga entrega del financiamiento público al que nuestro Partido tiene derecho a esta nueva Comisión Ejecutiva Nacional.

PROTESTO LO NECESARIO

(firma ilegible)

HÉCTOR FELIPE HERNÁNDEZ GODÍNEZ"

Esta Sala Superior considera que son inatendibles los agravios hechos valer por el apelante en su escrito inicial, en razón de lo siguiente.

Como consta en autos, (foja 207) el Partido del Trabajo, en sesión ordinaria del Consejo General del Instituto Federal Electoral, celebrada el trece de enero de mil novecientos noventa y tres, obtuvo su registro como partido político nacional y, por tanto, se encuentra en pleno goce de sus derechos y sujeto a las obligaciones que el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales le señala.

Del contenido de la copia certificada de la escritura número noventa y seis mil trescientos dieciocho, levantada el diecisiete de septiembre de mil novecientos noventa y nueve, ante la fe del notario público número sesenta y cuatro del Distrito Federal, (fojas 115 a 126 del expediente) se advierte que, el Partido del Trabajo, celebró su Cuarto Congreso Nacional Ordinario, los días diecisiete, dieciocho y diecinueve de septiembre de mil novecientos noventa y nueve, en donde, entre otros acuerdos, se tomó el de aprobar por unanimidad de votos, la propuesta de reforma de los documentos básicos del referido instituto político, lo cual fue hecho del conocimiento de la autoridad electoral el veintinueve siguiente, en acatamiento a lo dispuesto por el artículo 38, párrafo 1, inciso l) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. En tal virtud, el Consejo General del Instituto Federal Electoral, mediante resolución del catorce de octubre de mil novecientos noventa y nueve y publicada el veinticinco siguiente, en el Diario Oficial de la Federación, determinó declarar la procedencia constitucional y legal de las modificaciones realizadas a la declaración de principios, al programa de acción y a los estatutos del Partido del Trabajo, conforme al texto acordado por el mencionado Cuarto Congreso Nacional Ordinario.

Lo anterior deja claro que los partidos políticos nacionales (incluidos obviamente sus miembros), se encuentran constreñidos, en principio, a las disposiciones constitucionales y legales, que específicamente los regulan, como se corrobora con lo dispuesto en el inciso a), del artículo 25 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales, el que establece que la declaración de principios de un partido, invariablemente debe contener la obligación de observar la constitución federal y de respetar las leyes e instituciones que de ella emanen. Asimismo, los partidos políticos nacionales, se encuentran obligados a regir sus actividades conforme con sus documentos básicos, es decir, declaración de principios, programa de acción y estatutos, como requisitos normativos necesarios para su correcto funcionamiento; cuya modificación no surtirá efectos, si no media declaración de su procedencia constitucional y legal, por parte del Consejo General del Instituto Federal Electoral, de acuerdo con lo previsto por los artículos 38, párrafo 1, inciso l) y 82, párrafo 1, incisos h) y z) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Así que, los documentos básicos, entre los que obviamente se encuentran los estatutos que sirvieron para el otorgamiento del registro del Partido del Trabajo como partido político nacional, incluyendo las modificaciones relativas constituyen las disposiciones que norman sus actividades y de las cuales no le está permitido apartarse, pues de hacerlo, los actos que realice estarían privados de eficacia jurídica; de modo que, la integración y renovación de los órganos directivos partidistas, deben llevarse a cabo, invariablemente, con apego a los estatutos del partido, además de observar y respetar la constitución, en lo conducente y las leyes que de ella emanen.

Una vez expuesto lo anterior, la problemática a resolver en el presente asunto consiste en determinar si el actuar del Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Federal Electoral, para emitir la resolución impugnada, se encontró o no apegado al marco constitucional y legal atinente.

Como ya se precisó, las pretensiones originalmente planteadas ante la autoridad responsable, por el actor, consistieron esencialmente en la petición de tener por registrada a una nueva Comisión Ejecutiva Nacional del Partido del Trabajo, pretendiendo legitimar su solicitud en el hecho de que en su concepto, Alberto Anaya ha manejado en forma arbitraria, antidemocrática, unilateral y personal al referido partido político, por lo que se decidió "de forma democrática" la realización de un Congreso Nacional en el que se eligió a la nueva Comisión Ejecutiva Nacional.

Cabe precisar que en esta solicitud, no se hace referencia a que los estatutos del Partido del Trabajo son contrarios a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, sino que es hasta la promoción del presente recurso, cuando el inconforme se duele, entre otras cosas, de que los citados estatutos no cumplen con lo dispuesto por el artículo 41, fracción I de la constitución federal ni el artículo 27 del referido código electoral, por ser antidemocráticos y concentrar en un grupo de personas todas las facultades de convocatoria, derecho de voto y asistencia obligatoria para que puedan ser declarados válidos todos los congresos, situación que la responsable omitió estudiar.

No obstante lo anterior, incluso si en el referido escrito el solicitante se hubiera dolido de una supuesta inconstitucionalidad de los estatutos del Partido del Trabajo, ello no sería suficiente para revocar la resolución impugnada y ordenar el registro de la Comisión Ejecutiva Nacional a que alude dicho escrito, en atención a lo siguiente.

Los estatutos de un partido político contienen las normas internas de organización, funcionamiento, estructura, gobierno, procedimientos, patrimonio, miembros, derechos, obligaciones y responsabilidades existentes en el régimen de un partido político. Estas normas, tienen validez en el mundo del derecho y surten sus efectos, una vez que se cumpla con los requisitos que marca el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. En el supuesto de que se considere que alguna de estas normas, no es acorde a la constitución, tal situación no implica de manera alguna que deje de surtir efectos inmediatamente, puesto que no puede operar en ellas una nulidad de pleno derecho.

En efecto, los actos afectados de nulidad absoluta, tomando en consideración el grado o forma de su eficacia se clasifican en dos categorías:

a) Los actos en que la ineficacia opera por ministerio de la ley, de manera que no producen efecto alguno, provisional o definitivo, por lo que no es necesario hacerla valer por los interesados mediante una instancia de petición o por vía de acción o de excepción, sino que la autoridad competente, casi siempre un órgano jurisdiccional, debe tomarla en cuenta de oficio para la emisión de los actos o la toma de decisiones que tengan relación con el acto que se encuentra afectado con la nulidad mencionada, una vez que estén satisfechos y demostrados los requisitos que la pongan de manifiesto. A esta clase se le suele denominar por la doctrina, la ley y la jurisprudencia, nulidad de pleno derecho.

b) Los actos afectados de nulidad absoluta que producen provisionalmente sus efectos, hasta que no es declarada su ineficacia mediante la declaración de la autoridad competente para hacerlo, ordinariamente un tribunal jurisdiccional, y para cuya declaración se hace indispensable la petición o instancia concreta en tal sentido, de parte interesada, comúnmente mediante el ejercicio de una acción o la oposición de una defensa o excepción, sin que sean los únicos medios, ya que para esto debe estarse al régimen legal positivo aplicable a cada caso. Esta forma de operar no se distingue con denominación especial.

En el sistema jurídico mexicano la regla se constituye con las ineficacias de la segunda clase, en la cual los actos afectados de nulidad absoluta producen siempre sus efectos provisionalmente, mientras no se haga la declaratoria correspondiente por la autoridad competente, como respuesta a la petición, que en vía de acción o excepción haga valer parte interesada; y la excepción a tal regla de carácter general, se constituye con la ineficacia de pleno derecho, la cual debe estar consignada expresamente en la ley, ya sea con la expresión indicada, de que la nulidad de determinados actos es de pleno derecho, o a través de enunciados semejantes, como los relativos a que la parte nula de un acto se tendrá por no puesta o por no escrita, o que no surte efecto legal alguno, etcétera.

El contenido de este sistema jurídico nacional está reconocido, inclusive, por la jurisprudencia obligatoria vigente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según se constata con la tesis de la entonces Tercera Sala de dicho órgano jurisdiccional, consultable con el número 297, en la página 200 del Tomo IV, Materia Civil, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995, que es del siguiente tenor:

"NULIDAD. NO EXISTE DE PLENO DERECHO. Si no hay disposiciones expresas en las leyes y para los casos que ellas comprenden, nuestra legislación no autoriza que se reconozca la existencia de nulidades de pleno derecho, sino que las nulidades deben ser declaradas por la autoridad judicial, en todos los casos, y previo el procedimiento formal correspondiente.

Quinta Época:

Amparo civil en revisión 1015/26. Arias Briones Rafael. 31 de enero de 1929. Cinco votos.

Amparo penal con revisión 3652/28. Jáuregui Lázaro. 25 de septiembre de 1930. Mayoría de tres votos.

Amparo civil directo 2895/30. Ceballos vda. De Méndez Concepción, suc.de. 7 de abril de 1932. Mayoría de tres votos.

Amparo administrativo directo 4195/29. Kemo Coast Copper Company, S.A. 27 de febrero de 1933. Mayoría de cuatro votos.

Amparo civil en revisión 921/34. Chico vda. De Martín Francisca, suc. de y coags. 7 de julio de 1934. Cinco votos."

Esta tesis, sin ser obligatoria para este Tribunal Electoral, resulta ilustrativa para formarse la convicción del criterio que se sostiene.

Asimismo, ese contenido sistemático se advierte en la normatividad generalmente más amplia y completa en materia de nulidades, que está consignada en el Código Civil para el Distrito Federal en Materia Común y para toda la República en Materia Federal, y en la generalidad de los ordenamientos similares de las entidades federativas, el cual en su artículo 2226 prescribe lo siguiente:

"Artículo 2226. La nulidad absoluta por regla general no impide que el acto produzca provisionalmente sus efectos, los cuales serán destruidos retroactivamente cuando se pronuncie por el juez la nulidad. De ella puede prevalerse todo interesado y no desaparece por la confirmación o la prescripción."

Igualmente, contiene, los siguientes artículos, que pueden tomarse como ejemplos:

El 600, donde se determina que si en un acto jurídico se pusiere como condición, la dispensa de la obligación de dar cuenta de la tutela, tal condición se tendrá como no puesta; el artículo 1304, contenido en el capítulo referente a los testamentos en general, precisa que la expresión de una causa contraria a derecho, aunque sea verdadera, se tendrá por no escrita, y el artículo 1355 señala que se tendrán por no puestas las condiciones de no dar o de no hacer, y de no impugnar el testamento o alguna de las disposiciones que contenga, so pena de perder el carácter de heredero o legatario.

Asimismo, en el artículo 155 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal se encuentra un supuesto de nulidad que opera sin necesidad de declaración judicial, que está consignado expresamente, con relación a la nulidad, prevista en el artículo 154, de lo actuado por juez que fuere declarado incompetente, en el sentido de que "La nulidad a que se refiere el artículo anterior es de pleno derecho y, por tanto, no requiere declaración judicial".

Tal nulidad de pleno derecho, también se encuentra recogida por otras legislaciones, como la laboral, ya que el artículo 5° de la Ley Federal del Trabajo, es categórico al disponer que no producirá efecto legal, ni impedirá el goce y el ejercicio de los derechos, la estipulación que establezca condiciones contrarias a los supuestos descritos en esta norma, como por ejemplo, trabajos para niños menores de catorce años ó una jornada mayor que la permitida por dicho ordenamiento legal.

En la legislación electoral, a su vez, no existen elementos para considerar que el legislador la haya sustraído del sistema mencionado en cuanto al grado o forma de la ineficacia de los actos nulos, dado que no existen disposiciones determinantes de que dichas nulidades operen de manera diferente. Antes bien, en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, las normas que hacen referencia a la nulidad de la votación recibida en las casillas y a la nulidad de las elecciones, se encuentren reguladas de tal manera, que conduce a que tales actos producen sus efectos mientras no sea declarada legalmente su nulidad, y para este efecto, establece la vía de los medios de impugnación, que se inician necesariamente a instancia de parte mediante el ejercicio de una acción. Esto se puede ver en el análisis conjunto de los artículos 50, 51, 56, 57, 62, 74, 76, 77 y 78, del ordenamiento en comento, que por considerarse obvio y evidente, no se estima necesario asentarlo en este fallo.

En consecuencia, aun cuando un acto o norma tenga la apariencia de nulo o nula, no puede ser rechazado (a) de plano, si no que, como se dijo, se hace necesaria la declaración de nulidad correspondiente, producto de la acción o excepción planteada por quien justifique un interés legitimo que va en busca de la sanción legal, lo que resulta natural, ya que es la única manera de que exista certeza de que lo decidido entre partes o por un órgano superior, será respetado; sin embargo, la voluntad del posible afectado con actos de esa naturaleza no puede, por sí mismo y ante sí, purgar ni hacer desaparecer la ilicitud alegada, es decir, tal determinación queda bajo el imperio de la autoridad correspondiente.

En el caso que se examina, el promovente sustentó el conjunto de argumentos para conseguir su pretensión, en el hecho de que no estaba conforme con el manejo de la Comisión Nacional Ejecutiva, y que por tal razón, en forma "democrática" se nombró una nueva. Asimismo en el recurso que nos ocupa manifiesta que los estatutos del Partido del Trabajo, no cumplen con lo dispuesto por los artículos 41 constitucional y 27 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

En el escrito que contiene la solicitud de registro, ya referido, no se contiene ninguna pretensión de que la autoridad electoral formulara una declaración de que los estatutos mencionados se encuentran afectados de nulidad absoluta, para el efecto de que se destruyeran retroactivamente (en lo que esto fuere posible) los efectos jurídicos que se hubieran producido con ellos, o con alguna parte de ellos, y de que se dejaran de generar efectos hacia el futuro, incluso, no se hace mención alguna de los estatutos de dicho partido, sino que, la posición clara asumida en el escrito, toma como punto de partida el que en atención a que el señor Alberto Anaya "ha manejado en forma arbitraria, antidemocrática, unilateral y personal al Partido del Trabajo..." es por ello que un grupo de militantes decidió "en forma democrática" la realización de un Congreso Nacional con el fin de nombrar una nueva Comisión Ejecutiva Nacional. De lo que se puede inferir que en esta solicitud no se considera la validez de los estatutos que rigen la vida del mencionado instituto político.

Así, en seguimiento lógico de la posición asumida por el solicitante, tampoco se requeriría que, en el caso de resultar ilegales e inconstitucionales algunas disposiciones estatutarias, como él lo señala en el presente recurso, se proveyera lo necesario para que el partido político modificara los estatutos para hacerlos acordes con los citados preceptos, los que dice, deben apegarse, sino que el solicitante primigenio consideró que, ante la supuesta forma arbitraria y antidemocrática en que se manejaba a su partido, ello era suficiente para, nombrar una nueva Comisión Ejecutiva Nacional, sin ceñirse a lo establecido en los estatutos del partido, y se estableció un procedimiento que a su juicio era el correcto, para que su actuación en la renovación de la Comisión Ejecutiva Nacional tuviera plena validez, y como se obró en consecuencia de esa creencia, lo que se viene pidiendo es, precisamente, que se registre a la nueva integración del referido órgano colegiado, sobre la base del reconocimiento de validez de los actos y del procedimiento elegido y ejecutado según el promovente inicial, en ejercicio de su derecho establecido en los artículos 9 y 41, fracción I, de la Constitución Federal.

Así que, como en la legislación electoral aplicable no existe disposición alguna que determine que la nulidad de los estatutos de un partido político nacional opera de pleno derecho, resulta claro que la posición planteada originalmente por Héctor Felipe Hernández Godínez, carece de sustento jurídico para ser acogida, porque mientras los estatutos del partido no sean declarados nulos por una autoridad competente, es incontrovertible que dichos estatutos continúan surtiendo sus efectos.

Además, la autoridad responsable estaba impedida para pronunciarse en cuanto a la invalidez de los estatutos, toda vez que, dentro de las atribuciones que le otorga el artículo 93, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, no se aprecia que cuente con la facultad para realizar ese tipo de actuaciones.

Por otro lado, aún desde la hipótesis de que el apelante hubiera intentado la acción de nulidad que procedía y, en consecuencia, el órgano resolutor correspondiente, hubiera declarado nulos los estatutos cuestionados, ello resultaría insuficiente para que la autoridad responsable legitimara el actuar del promovente, a través del cual, pretendió convocar a la realización de un Congreso Nacional, a fin de nombrar nuevos miembros a la Comisión Ejecutiva Nacional del Partido del Trabajo, sujetándose a un procedimiento que, según su parecer, era el constitucionalmente correcto, porque la declaración de nulidad no tiene por objeto convalidar actos realizados al abrigo de consideraciones personales.

En otro aspecto, en torno a la supuesta violación al artículo 41, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 27, párrafo 1, inciso c), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, que invoca el recurrente en su escrito recursal, no pueden servir de fundamento al proceder del apelante, pues el hecho de que tales normas establezcan que los partidos políticos son entidades de interés público, que tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, así como que los estatutos deben establecer los procedimientos democráticos para la integración y renovación de los órganos directivos, así como sus funciones, facultades y obligaciones, no basta para que los ciudadanos o miembros de un partido político nacional se consideren legitimados para desobedecer la normatividad legal y estatutaria que lo rige, por el sólo hecho de considerar que los estatutos son antidemocráticos e inconstitucionales, ni que puedan apartarse libremente, en esas hipótesis, de los procedimientos establecidos para nombrar o renovar sus órganos de dirección, creando procedimientos diversos a los estatuidos, que, a su criterio, estimen constitucionales y democráticos, sino que, cuando se encuentren frente a una problemática tal, lo procedente es ocurrir, a través de los mecanismos jurídicos establecidos o que se desprendan de las leyes, ante las autoridades electorales o jurisdiccionales competentes, a fin de que se ponga remedio a tal situación.

No es obstáculo para la aplicación del sistema legal de nulidades a que antes se ha hecho referencia, la circunstancia de que, en la especie, no se esté en presencia de un acto jurídico simple o común, sino de los estatutos de un partido político, que guardan cierta analogía o semejanza con las leyes, en atención a que el sistema de nulidades no varía con relación a los cuerpos normativos según lo ha considerado también el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al sostener que, tratándose de leyes, no existen nulidades de pleno derecho, pues todas las normas jurídicas son válidas mientras no se declare su nulidad por un órgano competente; criterio visible en la página 47 del Volumen 80, Primera Parte, de la Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, que es del siguiente tenor:

"LEYES INCONSTITUCIONALES. NO EXISTEN DE PLENO DERECHO. No existen nulidades ab initio, pues todas las normas jurídicas son válidas mientras no se decrete su nulidad por órgano competente, y no porque los quejosos estimen que la ley viola preceptos constitucionales considerados como parte esencial de la Constitución, es inconstitucional la ley, pues precisamente el órgano estatal competente, en el caso, el Poder Judicial de la Federación, es quien determinará si existe o no la violación de preceptos constitucionales. En materia de amparo contra leyes no existen leyes inconstitucionales de pleno derecho, y siempre se requiere que un órgano así lo decida, y siempre se requiere que un órgano así lo decida, para considerar que la ley no debe producir consecuencias o que no debe aplicarse al caso concreto.

Amparo en revisión 5400/74. Lydia Soto Rodríguez de Lavín. 12 de agosto de 1975. Unanimidad de 18 votos. Ponente: Rafael Rojina Villegas."

Por otra parte, cabe dejar en claro que, aun en el supuesto de que hubiera alguna disposición legal que determinara la nulidad de pleno derecho de los estatutos de un partido político, cuando contravinieran alguna norma o principio constitucional, ello no implicaría necesariamente que los miembros o militantes del partido político pudieran, como ya se apuntó anteriormente, libremente y de manera unilateral, crear bajo un criterio subjetivo y en ejercicio de un pretendido derecho a la democracia, los procedimientos para llevar a cabo la renovación de los integrantes de los órganos directivos, sino que habría que atenerse a los que al efecto se dispusiera legalmente.

No es obstáculo a lo antes mencionado, el contenido de la tesis sostenida por esta Sala Superior, al resolver el expediente SUP-RAP-018/99, de la cual ya se hizo mención en el considerando segundo de la presente sentencia, en la que se estableció, en lo que interesa, que la constitucionalidad de los estatutos de un partido que hubieran sido aprobados por la autoridad administrativa, puede ser examinada, entre otros momentos, cuando fueran aplicados a un caso concreto y que para tal fin, el recurso de apelación es el procedente, porque para que acontezca el supuesto a que alude la invocada tesis, por lo que hace a la aplicación de normas estatutarias que se califican apartadas de la constitución, cabe aclarar, se requiere cuando menos, que se satisfagan como requisitos de procedencia del análisis atinente, que se trate de un primer acto de aplicación de las normas estatutarias que se consideran inconstitucionales, eso por un lado, y por otro, que de hacerse la declaratoria correspondiente a la inconstitucionalidad alegada, el promovente alcanzaría su pretensión, esto es, que de estimarse inconstitucionales determinadas normas que rijan la vida interna del partido de que se trate, se eliminaría el obstáculo existente para que se lograra el fin pretendido con esa declaración, lo que, en el caso no se encuentra satisfecho.

En efecto, se considera que no se cumple con estos requisitos, pues por lo que hace al primero, no puede considerarse que la aplicación que de las normas conducentes de los estatutos hizo la responsable en la resolución combatida y que se tachan inconstitucionales, sea su primer acto de aplicación en perjuicio del inconforme, puesto que, como consta en el expediente identificado con la clave SUP-RAP-001/2000, el ahora actor presentó un recurso de apelación en contra del oficio DEPPP/DPPF/112/2000 emitido el diez de enero del año próximo pasado, por el cual el Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Federal Electoral negó el registro de la Comisión Ejecutiva Nacional del Partido del Trabajo, electa en el Congreso Nacional del trece de diciembre de mil novecientos noventa y nueve. En dicho recurso el actor se agravió esencialmente de que los estatutos del citado partido eran inconstitucionales, al no cumplir con el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; es decir, hizo valer sustancialmente los mismos agravios que los expuestos en el presente medio de impugnación.

Igualmente, no se colmaría a plenitud el segundo de los requisitos apuntados, porque aún partiendo de la hipótesis de que la resolución combatida fuera el primer acto de aplicación, no puede pasarse por alto que, el fin pretendido no se alcanzaría con sólo declararse la nulidad o inconstitucionalidad de los preceptos estatutarios que en opinión del inconforme, impiden la renovación democrática de los dirigentes del Partido del Trabajo, dado que, debe tenerse presente que la pretensión fundamental de dicho apelante consistió, en el registro de nuevos integrantes de la Comisión Ejecutiva Nacional; sin embargo, su actuar no se encaminó, en modo alguno, a cristalizar su propósito, ya que, se insiste, el recurrente junto con otras personas se constriñeron a encauzar su actividad a realizar un Congreso Nacional creando su propio procedimiento para renovar a los integrantes de la Comisión Ejecutiva Nacional del Partido del Trabajo, limitándose en su petición de registro respectiva a formular consideraciones de carácter personal a fin de disculpar el desapego de su actuar a las normas estatutarias que resultaban aplicables al caso en particular.

Partiendo de la base, pues, de que no puede reconocerse que los estatutos que rigen la vida interna del Partido del Trabajo, se encuentren afectados de nulidad como tampoco que sean inconstitucionales, es de estimarse, como se anticipó, la resolución apelada debe considerarse ajustada a derecho, en tanto que, el contenido de las disposiciones estatutarias vigentes que, en lo conducente, resultan aplicables a los actos desplegados presuntamente a nombre del Partido del Trabajo y que precedieron a la petición formulada al Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partido Políticos del Instituto Federal Electoral, cuya respuesta, constituye el acto reclamado en el presente medio de impugnación. Dicha normatividad es del tenor siguiente:

"Artículo 24. El Congreso Nacional es el órgano máximo de dirección y decisión del Partido. Sus acuerdos y resoluciones serán obligatorios para todas sus instancias, militantes y afiliados.

Artículo 25. El Congreso Nacional se integra por:

a) La Comisión Ejecutiva Nacional, Comisión Nacional de Contraloría y Fiscalización y la Comisión Nacional de Garantías, Justicia y Controversias.

b) Por los Legisladores Federales y Locales del Partido. Comisionados Políticos Nacionales.

c) Presidentes Municipales del Partido.

d) Representantes Nacionales ante los órganos electorales federales.

e) Delegados en el número y proporción que se establezca en la convocatoria respectiva, que emita la instancia convocante, tomando en cuenta:

- Crecimiento y consolidación de las organizaciones sociales,

- El desarrollo político e ideológico del partido,

- Compromiso con el proyecto nacional del partido,

- Resultados electorales, y

- Peso específico de cada estatal.

Artículo 26. El Congreso Nacional se reunirá cada tres años en forma ordinaria. Podrán emitir la convocatoria la Comisión Ejecutiva Nacional, el Consejo Político Nacional o a negativa u omisión de estas cuando menos con la aprobación por mayoría simple del 50% de las Comisiones Ejecutivas Estatales. La convocatoria deberá emitirse por lo menos con dos meses de anticipación a su celebración y difundirse en forma amplia a todas las instancias estatales y publicarse por lo menos en un periódico de circulación nacional quince días naturales antes de la celebración del Congreso.

Artículo 27. El Congreso Nacional podrá ser convocado en forma extraordinaria, cuando sea necesario, por las mismas instancias señaladas en el artículo anterior.

El Congreso Nacional Extraordinario deberá ser convocado cuando menos con un mes de anticipación a su celebración, y sólo tratará el o los puntos para los que expresamente fue convocado. Deberá publicarse la convocatoria por lo menos en un periódico de circulación nacional, quince días naturales antes de la celebración del Congreso.

Artículo 28. Son atribuciones del Congreso Nacional:

e) Nombrar en el número que lo acuerde el propio Congreso a los integrantes de la Comisión Ejecutiva Nacional. De entre sus miembros nombrará a la Comisión Coordinadora en el número que se acuerde.

Artículo 29. El quórum del Congreso será del 50% más uno de sus integrantes. Los acuerdos serán válidos con el voto del 50% más uno de los integrantes presentes. Para acordar la venta de bienes inmuebles, la disolución del Partido, el cambio de nombre y emblema se requerirá el 66% de los votos de los delegados presentes.

Artículo 37. La Comisión Ejecutiva Nacional es el órgano ejecutivo, con carácter colectivo y permanente del Partido, entre sesión y sesión de las Instancias Nacionales de Dirección. Su funcionamiento es colegiado y combinará la dirección colectiva con la responsabilidad individual. Sesionará ordinariamente una vez a la semana y en forma extraordinaria cuando se considere necesario.

Artículo 38. La Comisión Ejecutiva Nacional será elegida por el Congreso Nacional, en el número que éste acuerde, tomando en cuenta la opinión y propuesta de las instancias estatales.

Artículo 39. Son atribuciones de la Comisión Ejecutiva Nacional:

d) Convocar al Congreso Nacional y a las asambleas del Consejo Político Nacional".

De lo transcrito se desprende que para resultar viable jurídicamente cualquier cambio en la dirección de algún órgano del Partido del Trabajo, es requisito indispensable, para tal fin, el ajustarse a los procedimientos respectivos consignados en los estatutos, puesto que, son el instrumento vigente, rector de la vida interna del partido.

Así, la realización de un Congreso Nacional convocado para designar nuevos integrantes de la Comisión Ejecutiva Nacional, necesariamente debe efectuarse acatando cabalmente las prescripciones específicas consignadas en la normatividad correspondiente (estatutos), so pena que, de no ser así, carecerán de eficacia jurídica tal convención y los acuerdos que se tomen en la misma y, en consecuencia, ninguna obligación se generará a cargo del Instituto Federal Electoral para efectuar el registro correspondiente.

Cabe mencionar que este criterio ha sido sostenido por esta Sala Superior al resolver el recurso de apelación, que igualmente se interpuso por Héctor Felipe Hernández Godínez, en contra del oficio emitido por el Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos, que contiene la negativa de reconocer y registrar a la Comisión Ejecutiva Nacional del Partido del Trabajo, electa en el Congreso Nacional del trece de diciembre de mil novecientos noventa y nueve. Expediente que se identificó con la clave SUP-RAP-001/2000, del cual ya se hizo mención en párrafos anteriores.

En esta tesitura, lo inatendible de las alegaciones vertidas por el accionante, se deriva de que, como ha quedado precisado, los estatutos del Partido del Trabajo, constituyen el marco legal que regula en forma clara y precisa cómo debe desenvolverse el funcionamiento interno del referido instituto político, dado que, en dicho ordenamiento partidista se contienen las disposiciones que determinan el procedimiento a seguir para convocar a un Congreso Nacional (ordinario o extraordinario), cuya finalidad sea la de renovar la directiva de la Comisión Ejecutiva Nacional del partido. De suerte que, mientras no exista determinación de autoridad competente que declare la nulidad (por inconstitucionales o ilegales) de los citados estatutos, dicha normatividad surte sus efectos correspondientes y debe ser indefectiblemente acatada, para que, el órgano electoral esté en posibilidad de otorgar validez al acto en cuestión y a los acuerdos tomados en el mismo y pueda actuar en consecuencia. Así que, en lo que al caso atañe, la autoridad responsable, tuvo constreñido su actuar, a lo dispuesto en los preceptos contenidos en los estatutos del partido, máxime que éstos devienen y representan la voluntad de los integrantes del mismo y cuentan con la declaratoria de procedencia constitucional y legal de la autoridad electoral relativa.

Pues bien, de los documentos aportados como pruebas por el recurrente, y con los que pretende acreditar lo correcto de su actuar, consistentes en copia certificada de la convocatoria publicada el seis de diciembre de dos mil, en el periódico "La Unión de Morelos", de Cuernavaca Morelos, para la celebración en esa misma fecha del Congreso Nacional, convocado, entre otros motivos, para renovar la Comisión Ejecutiva Nacional del Partido del Trabajo, la cual consta como anexo del acta cincuenta y siete mil ciento cuarenta y cuatro, levantada por el licenciado Alfredo Gutiérrez Quintanilla, notario número ocho del Estado de Morelos, con sede en Cuernavaca Morelos, que fue ofrecida en copia certificada, y fe de hechos contenida en el documento notarial antes precisado, se desprende que:

La convocatoria para el Congreso Nacional del Partido del Trabajo se emitió el seis de diciembre de dos mil y fue publicada ese mismo día, en el periódico denominado; "La Unión de Morelos", de Cuernavaca Morelos.

En el referido aviso, después de los rubros "ATENTAMENTE"; "UNIDAD NACIONAL"; "¡TODO EL PODER AL PUEBLO!"

El Congreso Nacional convocado inició a las ocho horas del día seis de dos mil, con un "grupo numeroso de personas" y "los organizadores participantes de la mencionada reunión...".

La apuntada reunión tenía como finalidad, entre otras cosas, la propuesta de ratificar la planilla única para integrar la Comisión Ejecutiva Nacional del Partido del Trabajo, conformada por las siguientes personas: Héctor Felipe Hernández Godínez, COMISIÓN NACIONAL COORDINADORA, Armando Vega Castro, COMISIÓN NACIONAL DE ORGANIZACIÓN, Flavio Martínez Garza, COMISIÓN NACIONAL DE MOVIMIENTOS SOCIALES Y CIUDADANOS, Heriberto Juárez Magaña, COMISIÓN NACIONAL DE ASUNTOS ELECTORALES, Rodrigo Antuñano Garza, COMISIÓN NACIONAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL, Arturo Sánchez Fernández, COMISIÓN NACIONAL DE CAPACITACIÓN POLÍTICA Y ELECTORAL, Francisco Méndez Castro, COMISIÓN NACIONAL DE PRENSA Y PROPAGANDA, Angélica López Contreras, COMISIÓN NACIONAL DE DIFUSIÓN IDEOLÓGICA, Beatriz, del Río, COMISIÓN NACIONAL DE FINANZAS "aprobada por unanimidad de los presentes a este Congreso Nacional".

El examen de lo anterior, permite arribar a las conclusiones siguientes:

La convocatoria para la realización del Congreso Nacional, en cuestión, incumple lo establecido en el artículo 26 de los Estatutos del Partido del Trabajo, que dispone que, el Congreso Nacional se reunirá cada tres años en forma ordinaria. Podrá emitir la convocatoria la Comisión Ejecutiva Nacional, el Consejo Político Nacional o a negativa u omisión de éstas con la aprobación de mayoría simple del cincuenta por ciento de las Comisiones Ejecutivas Estatales. La convocatoria deberá emitirse por lo menos con dos meses de anticipación a su celebración y difundirse en forma amplia a todas las instancias estatales y publicarse por lo menos en un periódico de circulación nacional quince días naturales antes de la celebración del Congreso.

Esto es así, porque como ya se dejó apuntado, el Partido del Trabajo llevó a cabo su Cuarto Congreso Nacional Ordinario, los días diecisiete, dieciocho y diecinueve de septiembre de mil novecientos noventa y nueve, de modo que, no se cumple entre la realización de éste último evento y el celebrado el seis de diciembre del año dos mil, con el término de tres años que dispone la norma estatutaria para estar en aptitud de congregarse de nueva cuenta de manera ordinaria.

Asimismo, desatiende el dispositivo estatutario de referencia, la convocatoria respectiva, emitida el mismo seis de diciembre del dos mil, y publicada en el periódico "La Unión de Morelos", de la Ciudad de Cuernavaca Morelos, el mismo día, en el que, inclusive, se llevó a cabo el Congreso Nacional de mérito, ya que, como se observa, el aviso que nos ocupa, se difundió sin respetar los dos meses de anticipación que dispone la norma invocada, pues fue el mismo día de la convocatoria cuando se efectuó el Congreso Nacional; además, no aparece como responsable de la publicación de la comunicación que nos ocupa, alguno de los órganos facultados para ello, como lo son la Comisión Ejecutiva Nacional, el Consejo Político Nacional y excepcionalmente las Comisiones Ejecutivas Estatales.

Igualmente, la convocatoria en análisis, no se hizo con quince días naturales antes de la celebración del Congreso Nacional, puesto que, se publicitó el mismo día en que éste tuvo verificativo, esto es, el seis de diciembre del dos mil; aunado a que se hizo en un diario de circulación local y no de naturaleza nacional como estatutariamente se establece. Sumado a lo anterior, también debe decirse que, del contenido de los autos, no se advierte la existencia de alguna constancia que revele que la multicitada convocatoria se difundió en forma amplia a todas las instancias estatales del partido, lo que, también evidencia un desapego al dispositivo estatutario de referencia.

Desde otro ángulo, partiendo del supuesto de que se hubiese invitado a un Congreso Nacional Extraordinario, toda vez que la pluricitada convocatoria, fue omisa en precisar la naturaleza de la invitación; también, desde ese punto de vista, se advierten irregularidades que se contraponen con lo dispuesto por el artículo 27 de los Estatutos del Partido del Trabajo. En efecto, de conformidad al precepto aludido, el Congreso Nacional podrá ser convocado en forma extraordinaria cuando sea necesario por las mismas instancias a que se refiere el artículo 26 de la norma estatutaria invocada (Comisión Ejecutiva Nacional, Consejo Político Nacional y excepcionalmente las Comisiones Ejecutivas Estatales), lo que, como ya se dijo, en la especie no aconteció; así también, se omitió realizar la publicación correspondiente, cuando menos con un mes de anticipación, tal como lo prevé, el citado artículo 27, pues se insiste, ésta se efectuó, en igual fecha (seis de diciembre del dos mil) a la que tuvo realización el Congreso Nacional al que se citó.

Igualmente, se aprecia transgresión a lo señalado por los artículos 25 y 29 de los Estatutos partidistas; tocante al primero, porque el referido Congreso Nacional, se integró con "un numeroso grupo de personas (militantes y afiliados a la asamblea)" y "los organizadores participantes", que constituyen entes diversos a los previstos estatutariamente, es decir, Comisión Ejecutiva Nacional, Comisión Nacional de Contraloría y Fiscalización, Comisión Nacional de Garantías, Justicia y Controversias; Legisladores Federales y Locales del Partido, Comisionados Políticos; Presidentes Municipales del Partido; Representantes Nacionales ante los órganos electorales federales y Delegados en el número y proporción que se establezca en la convocatoria respectiva, que emita la instancia convocante. En lo concerniente al segundo, porque, al haberse configurado indebidamente el Congreso Nacional, por obvio, el quórum necesario para sesionar y tomar acuerdos válidos, consistente en el cincuenta por ciento más uno de sus integrantes, no se cumplió; razón por la que, no basta que se haya asentado en el testimonio notarial ofrecido por el actor, que contiene la fe de hechos del referido congreso, que "Esta comisión Ejecutiva Nacional fue aprobada por unanimidad de los presentes a este Congreso Nacional", para tener por acreditado el quórum requerido y por válido tal acuerdo; además de que, en el referido instrumento notarial, se omite precisar el número de asistentes al Congreso Nacional, lo que, naturalmente impide establecer la cifra que corresponde al porcentaje del cincuenta por ciento más uno, que resulta indispensable, como ya se dijo, para sesionar y para la validez de los acuerdos que se adopten.

Por último, debe decirse que no se acató el artículo 28, inciso e), de los Estatutos del Partido del Trabajo, habida cuenta que, indebidamente en el Congreso Nacional cuestionado, se designaron a los integrantes de la Comisión Ejecutiva Nacional del partido, cuando dicha atribución corresponde únicamente a un Congreso Nacional debidamente convocado e integrado, lo que, como ha quedado de manifiesto en párrafos anteriores no aconteció.

Atendiendo a lo expuesto, es claro que, el actuar seguido por quienes pretendieron celebrar el seis de diciembre del dos mil, un Congreso Nacional para nombrar una nueva Comisión Ejecutiva Nacional del Partido del Trabajo, no se sujetó a los procedimientos exigidos para tal efecto. En consecuencia, la pretensión originaria del hoy apelante en el sentido de que el Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partido Políticos accediera a la petición que le formuló en el sentido de tener por registrado el cambio de Comisión Ejecutiva Nacional del instituto político antes precisado, resulta infundada.

En consecuencia, procede confirmar la resolución origen del presente medio de impugnación.

Por lo anteriormente expuesto y, además, con fundamento en los artículos 41, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 2, 6, 47 y 48 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, se

R E S U E L V E

ÚNICO. Se confirma la resolución contenida en el oficio DEPPP/DPPF/28654/2000, de tres de enero del dos mil uno, emitida por el Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Federal Electoral.

Notifíquese: personalmente al actor, Héctor Felipe Hernández Godínez, en el domicilio ubicado en Paricutín número 001, colonia Pedregal de Carrasco, delegación Coyoacán, código postal 04700 en esta ciudad; al tercero interesado, Partido del Trabajo, en el inmueble marcado con el número 100 de Viaducto Tlalpan y Periférico Sur, edificio A, planta baja, colonia Arenal Tepepan, delegación Tlalpan, en esta ciudad; por oficio a la autoridad responsable, anexando copia certificada de la presente resolución, y a los demás interesados a través de los estrados de este tribunal.

Así lo resolvieron, por unanimidad de votos los Magistrados que integran la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, quienes la firman ante el Secretario General de Acuerdos, que autoriza y da fe.

PRESIDENTE DE LA SALA SUPERIOR

MAGISTRADO

 

JOSE FERNANDO OJESTO MARTINEZ PORCAYO

MAGISTRADO

 

LEONEL CASTILLO GONZÁLEZ

MAGISTRADO

 

JOSE LUIS DE LA PEZA

MAGISTRADO

 

ELOY FUENTES CERDA

MAGISTRADA

 

ALFONSINA BERTA NAVARRO HIDALGO

MAGISTRADO

 

JOSE DE JESÚS OROZCO HENRÍQUEZ

MAGISTRADO

 

MAURO MIGUEL REYES ZAPATA

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS

 

FLAVIO GALVÁN RIVERA