JUICIOS DE REVISIÓN CONSTITUCIONAL ELECTORAL

EXPEDIENTES: SUP-JRC-067/2002 Y SUP-JRC-068/2002 ACUMULADOS

ACTORES: PARTIDOS REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL Y VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO

AUTORIDAD RESPONSABLE: TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA SUR

TERCERO INTERESADO: COALICIÓN DEMOCRÁTICA Y DEL TRABAJO

MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ LUIS DE LA PEZA

SECRETARIO: ADÍN DE LEÓN GÁLVEZ

México, Distrito Federal, a doce de marzo de dos mil dos.

VISTOS para resolver los juicios de revisión constitucional electoral identificados con las claves SUP-JRC-067/2002 y SUP-JRC-068/2002, promovidos por los partidos Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México, respectivamente, en contra de las sentencias dictadas el veinticuatro de febrero del año en curso, por el Tribunal Estatal Electoral de Baja California Sur, en los recursos de inconformidad identificados con las claves TEE-RI-018/2002 y TEE-RI-019/2002 interpuestos por los citados partidos políticos, y

R E S U L T A N D O

I. El domingo tres de febrero de dos mil dos, se llevaron a cabo los comicios en el Estado de Baja California Sur, para la elección, entre otros, de los diputados por el principio de mayoría relativa, del distrito electoral V, con residencia en la ciudad de La Paz.

II. El seis de febrero siguiente, el V Comité Distrital Electoral de La Paz, Baja California Sur, celebró sesión para hacer el cómputo distrital correspondiente y, al efecto, otorgó la constancia de mayoría a los integrantes de la fórmula propuesta por la Coalición Democrática y del Trabajo, la cual concluyó el siete de febrero. El acta correspondiente arrojó los resultados siguientes:

 

 

PARTIDOS

 

VOTACIÓN

(CON NÚMERO)

 

VOTACIÓN

(CON LETRA)

PAN

1,579

MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE

PRI

2,357

DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE

PRD-PT

4,476

CUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS

PVEM

2,910

DOS MIL NOVECIENTOS DIEZ

PSN

77

SETENTA Y SIETE

CDPPN

179

CIENTO SETENTA Y NUEVE

PAS

182

CIENTO OCHENTA Y DOS

PRS

0

CERO

CANDIDATOS NO REGISTRADOS

6

SEIS

VOTOS NULOS

378

TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO

 

III. El diez de febrero de dos mil dos, los partidos políticos Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México, a través de sus representantes, interpusieron sendos recursos de inconformidad en contra del cómputo precisado en el resultando inmediato anterior, mismos que se registraron con las claves TEE-RI-018/2002 y TEE-RI-019/2002.

En ambos recursos se hicieron valer las causales de nulidad de votación recibida en las casillas que a continuación se detallan:

 

RECURSOS DE INCONFORMIDAD

ARTÍCULO 310 DE LA LEY ELECTORAL DEL ESTADO

DE BAJA CALIFORNIA SUR

#

CASILLA

CAUSAL

1.

 

208 C

Cuando se ejerza violencia física o exista cohecho, soborno o presión de alguna autoridad o particular sobre los funcionarios de casilla o sobre los electores.

Que exista error o dolo en el escrutinio y cómputo de los votos.

2.

210 C1

Instalar la casilla en lugar distinto al señalado.

Permitir sufragar sin credencial para votar.

3.

210 C2

 

Instalar la casilla en lugar distinto al señalado.

4.

211 B

 

Instalar la casilla en lugar distinto al señalado.

5.

214 B

 

Que exista error o dolo en el escrutinio y cómputo de los votos.

6.

214 C

Que exista error o dolo en el escrutinio y cómputo de los votos.

7.

215 C

Permitir sufragar sin credencial para votar.

8.

217 B

Instalar la casilla en lugar distinto al señalado.

9.

 

217 C

Instalar la casilla en lugar distinto al señalado.

Recepción de la votación por personas u organismos distintos a los facultados.

10.

219 B

Instalar la casilla en lugar distinto al señalado.

11.

220 B

 

Instalar la casilla en lugar distinto al señalado.

12.

220 C

 

Instalar la casilla en lugar distinto al señalado.

13.

221 B

 

Instalar la casilla en lugar distinto al señalado.

14.

 

223 C

Cuando se ejerza violencia física o exista cohecho, soborno o presión de alguna autoridad o particular sobre los funcionarios de casilla o sobre los electores.

15.

253 B

Recepción de la votación por personas u organismos distintos a los facultados.

16.

257 B

Instalar la casilla en lugar distinto al señalado.

17.

257 C

Instalar la casilla en lugar distinto al señalado.

18.

260 B

Que exista error o dolo en el escrutinio y cómputo de los votos.

19.

261 B

Que exista error o dolo en el escrutinio y cómputo de los votos.

20.

264 B

Instalar la casilla en lugar distinto al señalado.

Que exista error o dolo en el escrutinio y cómputo de los votos.

21.

264 EXT

Que exista error o dolo en el escrutinio y cómputo de los votos.

22.

265 EXT

Que exista error o dolo en el escrutinio y cómputo de los votos.

23.

266 B

Que exista error o dolo en el escrutinio y cómputo de los votos.

Recepción de la votación por personas u organismos distintos a los facultados.

24.

266 EXT1

Que exista error o dolo en el escrutinio y cómputo de los votos.

25.

266 EXT2

Que exista error o dolo en el escrutinio y cómputo de los votos.

26.

288 B

Instalar la casilla en lugar distinto al señalado.

27.

289 B

Instalar la casilla en lugar distinto al señalado.

28.

348 B

Recepción de la votación por personas u organismos distintos a los facultados.

29.

350 B

Que exista error o dolo en el escrutinio y cómputo de los votos.

 

IV. El veinticuatro de febrero de dos mil dos, el Tribunal Estatal Electoral de Baja California Sur, dictó resoluciones en los recursos de inconformidad precisados, en ambas resolvió desechar de plano los medios de impugnación por lo que corresponde a las casillas 208 Contigua, 210 Contigua 1, 214 Básica, 214 Contigua, 215 Contigua, 217 Contigua, 223 Contigua, 253 Básica, 260 Básica, 261 Básica, 264 Básica, 264 Extraordinaria, 265 Extraordinaria, 266 Básica, 266 Extraordinaria, 348 Básica y 350 Básica; y, por lo que hace a las restantes casillas, declarar inoperantes los agravios, en consecuencia, confirmó la declaración de validez de la elección y la entrega de la constancia de mayoría y validez expedida a favor de la fórmula postulada por la Coalición Democrática y del Trabajo.

En virtud de que, las consideraciones, en lo que importa, y los puntos resolutivos de los fallos en comento son los mismos, únicamente se transcribirán los referentes al expediente TEE-RI/018/2002.

"II.- Vistos los agravios hechos valer por el C. LIC. JOSÉ ARMANDO ROMERO DÍAZ, en su carácter de Representante Propietario del PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL ante el Comité Distrital Electoral V, con sede en esta ciudad de La Paz, Baja California Sur, en contra de la votación recibida en diversas casillas pertenecientes al Distrito número V del Municipio de La Paz, B.C.S., y en consecuencia, de la Validez de la Elección recibida en el distrito y de la respectiva Constancia de Mayoría que expidió el mencionado Comité Distrital número V, a favor de la fórmula de la Coalición Democrática y del Trabajo; que a continuación se transcribe como sigue: ‘RECURSO DE INCONFORMIDAD EN CONTRA DE LOS RESULTADOS CONTENIDOS EN EL ACTA DE CÓMPUTO DISTRITAL, DE LA ELECCIÓN DE DIPUTADOS DE MAYORÍA RELATIVA EMITIDA Y EXPEDIDA POR EL COMITÉ DISTRITAL ELECTORAL No. V DE LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR, ASÍ COMO DE LA DECLARACIÓN DE VALIDEZ DE DICHA ELECCIÓN Y EN CONSECUENCIA EL OTORGAMIENTO DE LA CONSTANCIA DE MAYORÍA RESPECTIVA, POR LA NULIDAD DE LA VOTACIÓN RECIBIDA EN VARIAS CASILLAS Y OTROS HECHOS IRREGULARES’.

III.- Este Órgano Colegiado determina no entrar al análisis de los hechos y agravios que expresa el partido recurrente, habida cuenta que el ocursante está procediendo de manera frívola, toda vez que, en principio, pretende hacer valer una causal de nulidad a la que determina CAUSAL GENÉRICA DE NULIDAD, que no se encuentra contemplada en nuestra Legislación Electoral Estatal, como se analizará a continuación y en segundo término, se coloca en el supuesto de notoria improcedencia señalado en la fracción VI del artículo 338 de la Ley Electoral del Estado de Baja California Sur, que a la letra y en conducente dice:

Artículo 338.- ‘El organismo electoral y el Tribunal Estatal Electoral podrán desechar aquellos recursos evidentemente frívolos o cuya notoria improcedencia se derive de las disposiciones de esta Ley.

En todo caso los recursos se entenderán como notoriamente improcedentes y deberán ser desechados de plano, cuando:

I...VI. No se hayan presentado en tiempo los escritos de protesta o no reúnan los requisitos que esta Ley señala para que proceda el recurso de inconformidad’.

Al efecto, en primer término nos referimos a la FRIVOLIDAD del ocursante, por virtud de estar señalando una causal de nulidad que no esta contemplada como tal en nuestra legislación, según se aprecia del contenido del numeral 310 de nuestra multicitada legislación electoral, que a la letra dice:

Artículo 310.- Se declarará la nulidad de las votaciones recibidas en una casilla, únicamente en los siguientes casos:

I. Instalar la casilla electoral, sin causa justificada, en lugar distinto del señalado o en condiciones diferentes a las establecidas por esta Ley;

II. Cuando se ejerza violencia física o exista cohecho, soborno o presión de alguna autoridad o particular sobre los funcionarios de la mesa directiva de la casilla o sobre los electores, de tal manera que se viole la libertad o el secreto del voto y tengan relevancia en los resultados de la votación en la casilla;

III. Realizar, sin causa justificada, el escrutinio y cómputo en local diferente al determinado por el Comité Distrital Electoral correspondiente;

IV. Que exista dolo o error en el escrutinio y cómputo de los votos que beneficien a uno de los candidatos, fórmula o planilla de candidatos y que ésta sea determinante para el resultado de la votación, salvo que éste sea corregido en el cómputo correspondiente;

V. Cuando sin causa justificada el paquete electoral sea entregado al órgano electoral respectivo, fuera de los plazos que esta Ley establece y su contenido se encuentre alterado;

VI. Se hubiese permitido sufragar sin credencial con fotografía para votar o a aquellos cuyo nombre no aparezcan en la lista nominal de electores, salvo los casos de excepción señalados en los artículos 220 y 226 de esta Ley y siempre que ello sea determinante para el resultado de la votación;

VII. Haber impedido el acceso a los representantes de los partidos políticos o haberlos expulsado sin causa justificada, y siempre que ello sea determinante para el resultado de la elección;

VIII. Se compruebe que se impidió, sin causa justificada, ejercer el derecho de voto a los ciudadanos y esto sea determinante para el resultado de la votación;

IX. La recepción de votación por personas u organismos distintos a los facultados por esta Ley; y

X. Recibir la votación en fecha distinta a la señalada para la celebración de las elecciones.’

... basta ‘leer’, no analizar acaso, el numeral referido anteriormente, para apreciar que en su contenido no se comprende lo que el recurrente ha denominado como CAUSAL GENÉRICA DE NULIDAD, ni gramatical ni por interpretación de manera que el criterio jurisprudencial que relaciona, el cual si bien es cierto ha sido emitido por el H. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, no menos cierto es que dicho criterio así como otros emitidos y sustentados por dicho órgano jurisdiccional, no deben extrapolar los límites de las legislaciones, sino únicamente interpretarlas o llenar vacíos de las mismas para facilitar su aplicación y entendimiento pero, tan solo aplicable el criterio referido, para todas aquellas actuaciones o resoluciones de autoridades electorales que aplican legislaciones de dicha naturaleza que, en sus dispositivos relativos, es decir, sobre causas de nulidad, CONTIENEN LA CAUSAL GENÉRICA DE NULIDAD, de manera que en la especie no resulta aplicable, muy a pesar de que el H. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación así lo disponga, más como órgano encargado de velar por la constitucionalidad de los actos de Autoridades Electorales, como lo podría ser la que ahora nos ocupa; estará de acuerdo en que no ‘NO PUEDE IR MÁS ALLÁ DE LO PRECEPTUADO POR NUESTRA LEGISLACIÓN ELECTORAL, MÁXIME QUE POR LO QUE HACE A LA CAUSAL EN ANÁLISIS, NO PRESENTA CONFUSIÓN O VACÍO ALGUNO, POR LA RAZÓN SENCILLA DE QUE NO EXISTE CAUSA PARA ELLO’, sin embargo, existe razón suficiente para desechar la causal MÁS QUE POR RESULTAR IMPROCEDENTE, POR FRÍVOLA, que definitivamente la hace IMPROCEDENTE. A mayor abundamiento y suponiendo sin otorgar, que esta causal aplicase en la especie, por sí sola nada diría, habida cuenta que a juicio de este Órgano Colegiado, tendría que ser adminiculada con los elementos de prueba que acreditasen que influyó en el resultado final de la elección. El argumento anterior para considerar frívolo el proceder del recurrente al invocar la CAUSAL GENÉRICA DE NULIDAD, se ve robustecido con el criterio jurisprudencial que a continuación se relaciona:

RECURSO FRÍVOLO. QUE DEBE ENTENDERSE POR.- ‘Frívolo’ desde el punto de vista gramatical significa ligero, pueril, superficial, anodino; la frivolidad en un recurso implica que el mismo deba resultar totalmente intrascendente, esto es, que la eficacia jurídica de la pretensión que haga valer un recurrente se ve limitada por la subjetividad que revistan los argumentos plasmados en el escrito de interposición del recurso.

ST-V-RIN/202/94. Partido Acción Nacional, 25-IX-94. Unanimidad de votos.

ST-V-RIN/206/94. Partido Auténtico de la Revolución Mexicana. 30-IX-94. Unanimidad de votos.

Sala: Toluca

Época: Segunda.

Al efecto, no es válido pretender anular la votación recibida en un Distrito Electoral como lo es el No. V, señalando consideraciones subjetivas en beneficio del mismo y, decir que se actualiza una causal de nulidad inexistente, traduce su proceder en intrascendente y por demás carente de objetividad legal.

Asimismo, de manera por demás frívola, pretende impugnar por lo que el recurrente ha llamado ACTOS POSTERIORES, esto es, por virtud del cómputo distrital, ante el que –de manera inexplicable- se hizo del conocimiento del Comité Distrital, sobre diversas irregularidades observadas en las casillas 127C, 129B, 137B, 137C, y 149B, siendo que dichas casillas SENCILLAMENTE NO EXISTEN EN EL DISTRITO ELECTORAL NÚMERO V, según se aprecia del documento llamado UBICACIÓN DE CASILLAS ELECTORALES, relativo al DISTRITO ELECTORAL NÚMERO V, que obra agregado a los autos y es visible a fojas folios 123 y 1224, documento que sin duda conoce el partido recurrente, por lo que este H. Tribunal Estatal Electoral de Baja California Sur, considera innecesario dedicarle mayor tiempo al análisis de esta causal, por carecer de relevancia y materia para su estudio. Por virtud de los anteriores razonamientos, SE DESECHAN DE PLANO la causal GENÉRICA DE NULIDAD y, LA DERIVADA DE LA IMPUGNACIÓN POR ACTOS POSTERIORES aludidas por el partido recurrente.

IV.- Ahora bien, por lo que el recurrente REFIERE COMO CAUSALES DE NULIDAD, LAS COMPRENDIDAS EN LAS FRACCIONES II, IV, VI y IX DEL ARTÍCULO 310 DE NUESTRA LEY ELECTORAL ESTATAL, RELATIVAS A LA VIOLENCIA FÍSICA, COHECHO, SOBORNO O PRESIÓN DE ALGUNA AUTORIDAD O PARTICULAR SOBRE LOS FUNCIONARIOS DE LA MESA DIRECTIVA; AL ERROR O DOLO EN EL ESCRUTINIO Y CÓMPUTO DE LOS VOTOS QUE BENEFICIEN A UNO DE LOS CANDIDATOS, FÓRMULA O PLANILLA DE CANDIDATOS, PERMITIR EL SUFRAGIO SIN CREDENCIAL O NO ENCONTRÁNDOSE EL CIUDADANO EN EL LISTADO NOMINAL Y, LA RECEPCIÓN DE VOTACIÓN POR PERSONAS U ORGANISMOS DISTINTOS A LOS FACULTADOS POR LA LEY ELECTORAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR; en la especie debió cumplir, como requisito de procedibilidad del medio de impugnación que ahora se resuelve; con la presentación de escritos de protesta, YA ANTE LAS PROPIAS CASILLAS que se consideran violentadas por cuanto al escrutinio y cómputo en ellas realizado POR VIOLENCIA FÍSICA, COHECHO, SOBORNO O PRESIÓN y que el recurrente identifica con los números 208C y 223C; POR ERROR O DOLO y que el recurrente identifica con los números 208C, 210C1, 214B, 214C, 260B, 261B, 264B, 264EXT, 265EXT, 266B, 266EXT y 350B; POR PERMITIR SUFRAGAR A CIUDADANOS SIN CREDENCIAL PARA VOTAR O NO ENCONTRÁNDOSE EN EL LISTADO NOMINAL y que el recurrente identifica con los números 210C1 y 215C y, POR RECEPCIÓN DE VOTACIÓN POR PERSONAS DISTINTAS DE LAS FACULTADAS y que el recurrente identifica con los números 217C, 248B, 253B y 266B, YA ANTE EL PROPIO COMITÉ DISTRITAL NÚMERO V, EN FORMA PREVIA AL CÓMPUTO RESPECTIVO y, en la especie, si bien el recurrente presentó el llamado ESCRITO DE PROTESTA ante el Comité Distrital Electoral No. V, en forma oportuna, señalando algunas causales de nulidad que a su juicio se observaron en las casillas impugnadas considerando la violencia física, el cohecho, el soborno, la presión, el error o dolo y, la recepción de la votación por personas distintas de las facultadas; EL MENCIONADO ESCRITO DE PROTESTA, NO CUMPLE CON LOS EXTREMOS QUE PARA SU VALIDEZ Y ACEPTACIÓN SEÑALA LA LEY APLICABLE, como lo menciona la fracción VI del numeral 338 de la Ley Estatal Electoral del Estado de Baja California Sur, que antes ha sido transcrito, toda vez que: VI.- NO SE HAYAN PRESENTADO EN TIEMPO LOS ESCRITOS DE PROTESTA O NO REÚNAN LOS REQUISITOS QUE ESTA LEY SEÑALA PARA QUE PROCEDA EL RECURSO DE INCONFORMIDAD, EN VIRTUD DE QUE LOS SEÑALAMIENTOS SON REALIZADOS DE MANERA GENÉRICA. Por que se dice que el escrito de protesta no reúne los requisitos que den procedibilidad al recurso interpuesto en razón de sus señalamientos genéricos’, por la sencilla razón de que incumple con el señalamiento que al efecto refiere el artículo 323 del Ordenamiento Legal Electoral multicitado, en sus fracciones IV y V, que a la letra dicen:

‘...El escrito de protesta deberá contener:

IV.- LA DESCRIPCIÓN SUSCINTA DE LOS HECHOS que estimen violatorios de los preceptos legales que rigen el desarrollo de la jornada electoral; y

V.- Cuando se presente ante el Comité Distrital o Municipal Electoral correspondiente, se deberá identificar, además, INDIVIDUALMENTE CADA UNA DE LAS CASILLAS QUE SE PRETENDE IMPUGNAR; y...’

Incumplimiento que se aprecia de la sola lectura del escrito de protesta que el recurrente exhibe como prueba, en el que únicamente hace mención en sus puntos del 1 al 10 que hace ‘...UNA NARRACIÓN DE MANERA LACÓNICA –sic- DE LOS HECHOS OCURRIDOS EN LAS SIGUIENTES CASILLAS:’ POR VIOLENCIA FÍSICA, COHECHO, SOBORNO O PRESIÓN y que el inconforme identifica con los números 208C y 223C; POR ERROR O DOLO y que el inconforme identifica con los números 208C, 210C1, 214B, 214C, 260B, 261B, 264B, 264EXT, 265EXT., 266B y 266 EXT.; POR PERMITIR SUFRAGAR A CIUDADANOS SIN CREDENCIAL PARA VOTAR O NO ENCONTRARSE EN EL LISTADO NOMINAL, y que el inconforme identifica con los números 210C1 y 215C, y POR RECEPCIÓN DE VOTACIÓN POR PERSONAS DISTINTAS DE LAS FACULTADAS y que el inconforme identifica con los números 217C, 248B, 253B y 266B, señalando –como se indica anteriormente para cada apartado de casillas- de manera general o lacónica –como lo señala el promovente- LA SUPUESTA VIOLACIÓN QUE EN SU CASO GENERARÍA NULIDAD. Así las cosas, DE NINGUNA FORMA el partido recurrente en su escrito DESCRIBE DE MANERA SUSCINTA LOS HECHOS QUE ESTIMAN COMO VIOLATORIOS DE LOS PRECEPTOS LEGALES QUE RIGEN EL DESARROLLO DE LA JORNADA ELECTORAL IDENTIFICANDO DE MANERA INDIVIDUAL A CADA CASILLA, CON SUS HECHOS DETERMINANTES, FALTANDO TODOS AQUELLOS HECHOS QUE EN CADA CASILLA SE SUSCITARON IMPORTANTES DE MANERA TAL QUE SE HAYAN TRADUCIDO EN SU CASO EN CAUSALES DE NULIDAD, según se deriva de la interpretación gramatical de los conceptos legales consagrados en los artículos analizados, según interpretación dispuesta por el artículo 4 de la Ley multireferida. Por lo que se considera por este Cuerpo Colegiado, que al no contener aquellos requisitos el escrito de protesta, NO REÚNE LOS REQUISITOS QUE LA LEY SEÑALA PARA QUE PROCEDA EL RECURSO DE INCONFORMIDAD, ENTENDIÉNDOSE EL DE LA ESPECIE, COMO UN RECURSO NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE QUE DEBE SER DESECHADO. Ahora bien, las condiciones que el recurrente considera como irregularidades en la recepción de la votación en las casillas que impugna, comprendidas en las fracciones II, IV, VI, y IX del artículo 310 de nuestra Ley Electoral Estatal, relativas a la violencia física, cohecho, soborno o presión de alguna autoridad o particular sobre los funcionarios de la mesa directiva; al error o dolo en el escrutinio y cómputo de los votos que beneficien a uno de los candidatos, fórmula o planilla de candidatos y, la recepción de votación por personas u organismos distintos a los facultados por la Ley Electoral del Estado de Baja California Sur; no se comprenden en las excepciones que el numeral 323 del propio Ordenamiento Legal invocado señala en su párrafo segundo, a saber expresamente y en lo conducente:

Artículo 323.- ‘El escrito de protesta que se presente por los resultados contenidos en el apartado correspondiente al escrutinio y computación de la casilla del acta de la jornada electoral, es un medio para establecer la existencia de presuntas violaciones...

No se requerirá la presentación del escrito de protesta cuando se impugne en los casos señalados en las fracciones III, IV y V del artículo 264, o se haga valer la causal de nulidad señalada en las fracciones I y V del artículo 310, o cuando se impugnen por error aritmético las actas de cómputo distrital de la elección... de Diputados por ambos principios...’

Como es de apreciarse, en la especie no se está impugnando el cómputo de la elección a diputado que se lleva a cabo como lo fue, en el Comité Distrital Electoral número V, AUNQUE ASÍ LO PRETENDA HACER NOTAR DE MANERA SIMULADA EL RECURRENTE, al decir en su ocurso: ‘... en contra de los resultados contenidos en el acta de Cómputo Distrital...’ –toda vez que su impugnación refiere a la forma de recepción de votación en casillas y, al escrutinio y cómputo de las mismas-; según lo dispone el numeral 262 del Ordenamiento Legal invocado por irregularidades detectadas, como lo podría haber sido, arguyendo: no coincidencia de las actas- hasta dicho momento, es decir, siendo observadas durante el cómputo, señalando en la propia acta resultante, la inconformidad que en su caso se tenga-, que se observen errores aritméticos por virtud del cómputo –debiéndose asimismo señalar la inconformidad detectada ní, se está ante el grave supuesto de paquetes electorales con, muestras de alteración. Circunstancias éstas que se traducen u originan la salvedad a la regla en torno a los escritos de protesta, no siendo estos requisito de procedibilidad para el recurso de inconformidad cuando se está ante ellas, más sin embargo, en la especie no se refiere la impugnación a situaciones como las indicadas anteriormente. Concomitantemente, de igual forma no se está recurriendo la elección recepcionada en las casillas 208C, 210C1, 214B, 214C, 215C, 217C, 223C, 248B, 253B, 260B, 261B, 264B, 264EXT, 265EXT, 266B, y 266EXT; por virtud de haberse instalado la casilla de que se trata en lugar distinto del señalado, sin causa justificada ni por haber sido entregado el paquete electoral al órgano electoral respectivo, como lo es el propio Comité Distrital número V, fuera de los plazos que establece la Ley y, que su contenido se encuentre alterado; como lo consagran las fracciones I y V del artículo 310 del multicitado Ordenamiento Legal invocado, que asimismo se traduce en excepción a la regla que exige como requisito de procedibilidad la presentación del llamado escrito de protesta. Más aún, funda sus pretensiones en las fracciones II, IV, VI y IX del numeral 310 –por lo que se corresponde a las casillas antes relacionadas-, que se refiere precisamente a la existencia de VIOLENCIA FÍSICA, COHECHO, SOBORNO, PRESIÓN DE AUTORIDAD O PARTICULAR, DOLO O ERROR en el ESCRUTINIO y CÓMPUTO, HABER PERMITIDO EL SUFRAGIO A CIUDADANOS SIN CREDENCIAL O NO ENCONTRÁNDOSE EN EL LISTADO NOMINAL y, RECEPCIÓN DE LA VOTACIÓN POR PERSONAS DISTINTAS DE LAS FACULTADAS POR LA LEY, observadas en CADA UNA DE LAS CASILLAS DE QUE SE TRATA, causales estas de nulidad que para su procedencia no sólo requiere sino que exige la presentación previa del escrito de protesta, debiendo cumplir con estrictos requisitos como ya se han analizado. Así las cosas, ha sido el propio recurrente quien ha dado cabida al desechamiento del medio de impugnación, por lo que no es dable cambiar el sentido de la presente resolución, según lo dispone el criterio que a continuación se relaciona, cuya razón es aplicable al presente caso:

IMPROCEDENCIA DE LAS CAUSAS QUE SE FUNDAN EN DEFICIENCIAS DE LA DEMANDA SÓLO SE ACTUALIZAN SÍ SON IMPUTABLES A LOS PROMOVENTES. (se transcribe)

A mayor abundamiento, al nada decir el recurrente en torno a los resultados obtenidos en el cómputo distrital a modo de inconformidad, de manera que se hubiese asentado ésta en la correspondiente acta circunstanciada que se levantó con dicho motivo y en preparación del ejercicio de sus derechos ante este H. Tribunal Estatal Electoral como lo dispone el numeral 264 del Ordenamiento Legal multicitado, en su fracción III; carece de interés jurídico directo para promover este medio de impugnación, como se concluye en el criterio que a continuación se relaciona y transcribe:

INTERÉS JURÍDICO DIRECTO PARA PROMOVER MEDIOS DE IMPUGNACIÓN. REQUISITOS PARA SU SURTIMIENTO. (se transcribe)

Al efecto, desde el momento en que el ahora recurrente estuvo representado ante el Comité Distrital número V multicitado y, estando de alguna manera conforme, no obstante el no haber firmado el acta –toda vez que no señaló inconformidad alguna con el resultado obtenido-, es de concluirse por este concepto, que no le asiste derecho alguno para impugnar como lo hace, la votación de las casillas que han sido relacionadas en apartado anterior de esta resolución, por lo que se robustece para todos los efectos legales a que haya lugar, EL DESECHAMIENTO QUE AHORA SE DECRETA.

Asimismo y a mayor abundamiento, el desechamiento al que este Cuerpo Colegiado ha llegado, en lo referente a las casillas antes señaladas; se ve apoyado con el siguiente criterio jurisprudencial, que confirma no sólo la procedibilidad del recurso de inconformidad sustentada en la requisitación del escrito de protesta a partir de la relación suscinta que de los hechos acaecidos en cada casilla se efectúe de manera individualizada en dicho escrito; a saber:

CASILLAS. INDIVIDUALIZACIÓN DE LAS.- Cuando el recurrente señale en forma genérica que en todas las casillas de un Distrito se cometieron violaciones, sin individualizar éstas, debe desecharse el recurso por frívolo e improcedente ya que las causas de nulidad establecidas en la Ley deben ser particularmente precisadas y comprobadas.

Sala: Central

Época: Primera

V.- Por lo que se refiere el recurrente en torno a la causal de nulidad prevista por el artículo 310 fracción I de la Ley Electoral del Estado de Baja California Sur, que consiste en LA INSTALACIÓN DE CASILLAS, SIN CAUSA JUSTIFICADA, EN LUGAR DISTINTO DEL SEÑALADO O EN CONDICIONES DIFERENTES A LAS ESTABLECIDAS POR ESTA LEY y que el inconforme manifiesta haberla observado en las casillas 210C1, 210C2, 211B, 217B, 217C, 219B, 219C, 220B, 220C, 221B, 257B, 257C, 264B, 288B y 289B, que conlleva a la práctica del cómputo de casilla, consecuente en lugar diverso al autorizado por el Consejo. Esta última apreciación no será analizada como una causal más de las manifestadas por la recurrente, habida cuenta que es únicamente consecuencia de la principal relacionada anteriormente, de manera que seguirá su suerte para todos los efectos legales a que haya lugar; es de señalarse al recurrente, intenta simular actos que no ocurrieron o fabricar causales que no se materializaron, toda vez que como a manera de ejemplo se menciona -asimismo en el escrito de impugnación-, la casilla 221B, cuyo domicilio en el encarte corresponde a Boulevard Agustín Olachea y Colima, en la ubicación planteada por los funcionarios de casilla en el acta respectiva dicen: Las Garzas y Colima y, Las Garzas es el nombre común con el que se conoce al Boulevard Agustín Olachea, por lo que probado está que en efecto, la casilla fue instalada en el lugar que le correspondía. En el mismo orden de ideas se encuentran las casillas 219C, 220B, 220C, 257B, 257C, 264B, 288B y 289B, en cuyo encarte aparecen ubicadas en parques o escuelas de diversas localidades y, en el llenado del acta, se señalaron las direcciones de cada uno, mencionando la nomenclatura de las calles, por lo que EL AHORA RECURRENTE PRETENDE APROVECHAR ERRORES DE LLENADO DE ACTAS QUE DE NINGUNA FORMA SE TRADUCEN EN CAMBIOS DE DOMICILIO INJUSTIFICADOS. Más aún, suponiendo sin otorgar que en efecto se hubiese llevado a cabo algún cambio de domicilio de última hora, para que esta situación dé cabida a la vida jurídica a la causal de nulidad, es necesario que en la especie, es decir, el cambio de domicilio debe atender no sólo la dirección, entendiéndose por ésta una calle y número, sino que lo preponderante, son los signos externos del lugar que garanticen su plena identificación evitando inducir a confusión al electorado; razón por la que esta finalidad de certeza, no se ve desvirtuada o no se hace nugatoria si la casilla no obstante sí se hubiese instalado en lugar distinto del señalado, pero de manera tal que por su proximidad física y los signos externos NO PROVOCAN DESORIENTACIÓN O CONFUSIÓN EN EL ELECTORADO y, en la especie no sólo no se PROVOCÓ DESORIENTACIÓN O CONFUSIÓN EN EL ELECTORADO, sino que COMPARECIERON A EMITIR SUFRAGIO, MÁS DEL 50% DE ELECTORES ENLISTADOS EN EL PADRÓN DE CADA CASILLA, como el propio recurrente lo pone de manifiesto lo que prueba en contra de sus intereses, por lo que este H. Tribunal Estatal Electoral le concede valor probatorio pleno, por lo que es de considerarse como inoperante el agravio que esgrime el recurrente en su escrito de impugnación, por lo que es de confirmarse la declaración de validez de la votación recibida en las casillas que por este concepto o causa se impugnan, por ende los resultados consignados en el cómputo distrital y, la constancia de mayoría otorgada a la fórmula de candidatos a Diputados por el Principio de Mayoría Relativa, presentada por la Coalición Democrática y del Trabajo. Lo anterior, según se origina de la prueba PRESUNCIONAL que por virtud de la documentación generada, ofrecida y aportada por el propio recurrente se origina, adminiculada con las demás evidencias documentales que se encuentran glosadas a los autos, probanza a la que por su naturaleza y conforme a lo preceptuado por el segundo párrafo del artículo 358 de la Ley Electoral del Estado de Baja California Sur, se le otorga valor probatorio pleno.

La argumentación sostenida por este Cuerpo Colegiado, encuentra su apoyo y sustento en el criterio jurisprudencial que a continuación se señala:

INSTALACIÓN DE LA CASILLA SIN CAUSA JUSTIFICADA EN LUGAR DISTINTO AL SEÑALADO POR LA JUNTA ACTUALMENTE CONSEJO DISTRITAL CORRESPONDIENTE. INTERPOSICIÓN PARA LOS EFECTOS DE LA CAUSA DE NULIDAD. En las resoluciones de la Sala Central del Tribunal Federal Electoral, en la que los partidos recurrentes han solicitado la nulidad de votación de casillas, en razón de que éstas se han instalado sin causa justificada en lugar distinto al señalado por la junta actualmente Consejo Distrital se han asentado diversos criterios respecto a la interposición y alcance de las disposiciones relativas en la materia, siendo los más importantes los siguientes: I. La Sala Central del Tribunal Federal Electoral sostiene que no puede convalidarse una trasgresión expresa de la ley, por el común acuerdo entre autoridades y representantes de los partidos políticos, las disposiciones del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, son de orden público y por ende, su cumplimiento aún puede quedar al arbitrio de los agentes que participan en el proceso electoral. El único caso de excepción que se contempla, es el caso del común acuerdo a que se refiere el artículo 215 párrafo 1 inciso d) del Código de la materia, pero para que este principio opere y se tenga por justificada la causa, para la instalación de una casilla en un lugar distinto al señalado, es indispensable además, que se acredite de manera indubitable, que si alguna de las causas que establece el propio precepto en comentario, o sea, que las condiciones del local no permitan asegurar la libertad o el secreto del voto o el fácil y libre acceso de los electores, o bien no garanticen la realización de las operaciones electorales en forma normal. II. El común acuerdo a que se refiere el inciso d) párrafo 1 artículo 215 del Código de la materia puede tenerse por acreditado cuando el acta de instalación actualmente apartado de instalación del acta de la jornada electoral no se desprenda que hubo oposición al cambio y en ella aparezcan las firmas, sin que se consigne que se estampan bajo protesta, de los representantes de los partidos políticos presentes durante la instalación de la casilla. III. Si en el acta de instalación de la casilla actualmente apartado de instalación del acta de la jornada electoral aparece la firma del representante del partido político recurrente, debe darse plena validez a la manifestación de voluntad formulada precisamente en ese momento en el que el propio recurrente participó en el acuerdo que motivó dicho cambio, y, por ende, resulta improcedente la posterior impugnación hecha por el partido recurrente. IV. Para los efectos de la hipótesis contemplada en el inciso b) párrafo 1 del artículo 215 del Código de la materia, se entiende que habitan en el local se encuentra cerrado y que no se puede realizar la instalación de la casilla, cuando quienes habitan en el local, por cualquier circunstancia, no permiten la instalación, impidiendo a los funcionarios correspondientes el acceso al lugar. V. La intención del legislador al fijar un lugar para la ubicación de las casillas, responde al cumplimiento del principio de certeza que va dirigido tanto a los partidos como a los electores de manera tal que se oriente a los votantes respecto al lugar donde deben ejercer de sufragio, por ende, por lugar de ubicación de la casilla no debe entenderse únicamente una dirección entendiendo por ésta una calle y un número, sino que lo preponderante, son los signos externos del lugar que garanticen su plena identificación evitando inducir a confusión al electorado; por ello, esta finalidad primordial de certeza, no se ve desvirtuada cuando la casilla se instala en lugar distinto al señalado, pero de manera tal que por la proximidad física y los signos externos no provocan desorientación o confusión en el electorado.

Por lo anterior, SE CONSIDERAN INOPERANTES LOS AGRAVIOS EXPRESADOS POR EL PARTIDO RECURRENTE, RELATIVOS A LA CAUSAL DE NULIDAD APOYADA EN LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 310 DEL MULTICITADO ORDENAMIENTO LEGAL INVOCADO, QUE CONSISTE EN EL ESTABLECIMIENTO DE CASILLAS EN LUGAR DIVERSO DEL SEÑALADO. Por lo que no se hace necesario el análisis de los conceptos y argumentos vertidos por el tercero interesado, COALICIÓN DEMOCRÁTICA Y DEL TRABAJO, por conducto de su representante legal para la presente causa, la C. NELLY AMAYA TÉLLEZ.

Por lo expuesto, razonado y fundado y con apoyo además en los artículos, 1, 2, 3, 4, 6, 264, 310, 323, 325 Fracción II, 328, 329, 331, 334, 336, 338 Fracción VI, 341, 342, 343, 344, 346, 349, 353, 358, 361, 364, 366, y demás relativos y aplicables de la Ley Electoral para el Estado de Baja California Sur, es de resolverse y se:

R E S U E L V E

PRIMERO.- Por las razones expuestas en los Considerandos III y IV de la presente resolución; se desecha de plano el recurso de Inconformidad interpuesto por el Partido Revolucionario Institucional, presentado por el C. JOSÉ ARMANDO ROMERO DÍAZ, en su carácter de representante propietario del recurrente, ante el Comité Distrital número V, con sede en la ciudad de la Paz, Baja California Sur, en fecha 13 de Febrero del año en curso, por lo que corresponde a las casillas 208C, 210C1, 214B, 214C, 215C, 217C, 223C, 248B, 253B, 260B, 261B, 264B, 264EXT, 265EXT, 266B y 266EXT, 350B.

SEGUNDO.- Por las razones expuestas en el Considerando V de la presente resolución; se confirma la Declaratoria de Validez de la elección recibida en las casillas 210C1, 210C2, 211B, 217B, 217C, 218B, 219C, 220B, 220C, 257B, 257C, 264B, 288B y 289B para Diputado por el Principio de Mayoría Relativa y con ello, asimismo la Validez de la Constancia de Mayoría expedida por el Comité Distrital número V, a favor de la fórmula presentada por la Coalición Democrática y del Trabajo."

Esta determinación le fue notificada a los partidos ahora promoventes el veintiocho de febrero de dos mil dos.

V. Mediante escritos presentados el primero de marzo de dos mil dos, los partidos Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México, promovieron sendos juicios de revisión constitucional electoral, en contra de las sentencias detalladas en el resultando inmediato anterior. Cabe mencionar que, en las demandas correspondientes, se hicieron valer los mismos hechos y agravios, por lo que para evitar repeticiones ociosas e innecesarias, sólo se transcribe en lo conducente el ocurso presentado por el primero de los citados institutos políticos.

"FUENTE DEL AGRAVIO

Lo es el considerando III de la resolución que por esta vía se impugna, misma que fue dictada por el Tribunal Estatal Electoral de Baja California Sur de fecha veinticuatro de febrero de dos mil dos, la cual fue notificada al Partido que represento en fecha veinticinco del mismo mes y año.

CONCEPTO DEL AGRAVIO

PRIMERO.- Causa agravio al Partido Revolucionario Institucional la errónea apreciación que la responsable hace en cuanto a que manifiesta ‘Este Órgano Colegiado determina no entrar al análisis de los hechos y agravios que expresa el Partido recurrente, habida cuenta que el ocursante está procediendo de manera frívola, toda vez que, en principio, pretende hacer valer una causal de nulidad a la que denomina CAUSAL GENÉRICA DE NULIDAD, que no se encuentra contemplada en nuestra Legislación Electoral Estatal, como se analizará a continuación y en segundo término, se coloca en el supuesto de notoria improcedencia señalado en la fracción VI del artículo 338 de la Ley Electoral del Estado de Baja California Sur y en lo conducente dice...’ lo anterior desde luego denota una falta de tecnicismo jurídico por parte de los integrantes del Tribunal Estatal Electoral, así como el total desconocimiento de los criterios jurisprudenciales que actualmente sostiene nuestro máximo Tribunal en la materia, que son de observancia general y obligatoria en términos del artículo 233 de la Ley orgánica del Poder Judicial de la Federación.

Por otro lado y en atención a que la responsable manifiesta que la causal genérica de nulidad planteada por el recurrente no se encuentra contemplada en la Legislación para el Estado de Baja California Sur, de ninguna manera justifica el hecho de no entrar al análisis de los hechos y agravios planteados, pues como es de explorado derecho la responsable tuvo que haber agotado el principio de exhaustividad de las sentencias, conculcando con ello diversas disposiciones de carácter federal y local mismas que son de orden público y que previamente fueron señaladas.

En este orden de ideas, cabe mencionar que el A quo desestima el recurso de inconformidad planteado alegando que la causal genérica de nulidad hecha valer por el recurrente se encuentra fuera de su mundo cognoscitivo y que por ende debe tomarse como una conducta frívola y que consecuentemente debe desecharse, basándose para ello en el artículo 338 fracción VI de la Ley Electoral Local, dispositivo que aplica indebidamente, ya que según nuestro máximo tribunal frívolo desde el punto de vista gramatical significa ligero, pueril, superficial, anodino, y no, la falta de regulación del término causal genérica de nulidad, como lo señala la responsable.

Ahora bien, es necesario llamar la atención de este H. Tribunal a efecto de resaltar que el recurrente planteó ante la responsable efectivamente, la nulidad genérica, misma que consistió en aquellas violaciones previas al desarrollo de la jornada electoral y durante ésta, pero es el caso que no solo dejó de realizar el estudio sino que además al momento de dictar la resolución correspondiente asevera el desconocimiento del concepto planteado y por consiguiente se limita a desechar el recurso planteado, pero de ninguna forma funda y motiva su razonamiento razón por la cual se ocurre ante esta instancia, a efecto de solicitar se lleve a cabo el estudio lógico jurídico de los argumentado, con la finalidad de que no se siga violentando disposiciones expresas para el caso concreto, entrando al estudio de las pruebas aportadas y que desde luego dejaron de valorarse y adminicularse con los hechos planteados y no como lo dice la responsable en apreciaciones subjetivas, por el contrario, partiendo de la idea que los criterios jurisprudenciales emitidos por esta H. Autoridad son de observancia general se concluye que la responsable pasa por alto tales determinaciones, aún en el caso de que la propia ley electoral no la contempla debió velar por los principios de constitucionalidad y no desentenderse de la causa, desechando el recurso planteado, arguyendo inclusive, el recurso materia del presente se desecha por frívolo, denotando con ello su desconocimiento, ya que si fue precisamente dicha autoridad quien admitió a trámite el mismo no puede de ninguna manera resolver que éste se desecha por improcedente, con la anterior queda claro que la responsable confunde dos conceptos totalmente diferentes, uno de desechamiento que establece el artículo 338 de la legislación electoral local y otro por notoria improcedencia establecido en el dispositivo mencionado, es pues necesario que sea este H. Tribunal quien debe entrar al estudio pormenorizado de la cuestión de fondo.

Por otra parte y con la finalidad de facilitar el estudio lógico jurídico que se sirva realizar este H. Tribunal, respecto de las irregularidades suscitadas en la etapa previa a la jornada electoral, me permito hacer un resumen de las mismas en los términos siguientes:

En fecha dos de enero del año en curso, el Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Baja California Sur, acordó la exhortación a los Gobiernos Estatal y Municipales de la entidad, para que treinta días antes de la jornada electoral y el día de la elección dejaran de difundir sus programas de trabajo, acciones y obras realizadas.

En fecha cuatro de enero del presente el Gobernador del Estado LEONEL COTA MONTAÑO y el presidente Municipal de la Paz, BCS, ALFREDO PORRAS DOMÍNGUEZ, fueron notificados del acuerdo mediante el cual el Consejo General del IEE los exhorta para que treinta días antes de la jornada electoral y el día de la elección dejen de difundir sus programas de trabajo, acciones y obras realizadas.

No obstante lo anterior, tanto el Gobernador del estado como el Presidente Municipal de la Paz, hicieron caso omiso a la exhortación referida y por el contrario intensificaron la difusión de sus programas de trabajo, acciones y obras realizadas.

En el mes de enero del año en curso, se presentó ante el Comité Distrital No. V un escrito que contenía una formal queja en materia de propaganda electoral, en la que se denunciaba que la Coalición Democrática y del Trabajo, estaba difundiendo sendos Spots publicitarios en los que entre otras cosas señalaba ‘EL GOBIERNO DEL PRD HA CONSTRUIDO MÁS CARRETERAS EN BAJA CALIFORNIA SUR, QUE LOS GOBIERNOS PRIÍSTAS EN DIECIOCHO AÑOS, TODAVÍA FALTAN CARRETERAS, ESTE TRES DE FEBRERO VOTA POR LOS CANDIDATOS A PRESIDENTES MUNICIPALES Y DIPUTADOS DE LA COALICIÓN PRD-PT’.

Cabe señalar respecto de dicha Queja, que el Comité Distrital Electoral No. V del Instituto Estatal Electoral de Baja California Sur, nunca efectúo pronunciamiento alguno, ni se tomó las medidas pertinentes para evitar el descrédito público de mi representado, en virtud de que se solicitó la suspensión de la difusión del referido spot.

Por tales motivos debe entenderse que, el exhorto enviado al C. Gobernador y al C. Presidente Municipal de la Paz era para evitar que se violentara o presionara la voluntad del electorado, para que pudiera emitir su sufragio reflexivamente, suspendiendo cualquier tipo de influencia o manipulación de tipo partidista, que le impidiera razonarlo. Cuestión ésta a la que evidentemente están obligadas todas las autoridades de todos los niveles, en tanto que el artículo 3 de la Ley Electoral del Estado de Baja California Sur, establece que: ‘Corresponde a las autoridades estatales y municipales, a el Instituto Estatal Electoral y sus órganos y al Tribunal Estatal Electoral, en el ámbito de sus respectivas competencias, con la participación de los ciudadanos y partidos políticos, vigilar y garantizar el libre desarrollo del proceso electoral, la efectividad del sufragio, así como la autenticidad e imparcialidad de las elecciones’, y si por una parte, el artículo 78 de la Ley Electoral del Estado de Baja California Sur, determina que el Instituto Estatal Electoral, es depositario de la autoridad electoral, y por otra, el artículo 92 fracción I de la ley de la materia, concede al Consejero Presidente la representación de dicho organismo, siendo evidente que dicho funcionario actúo dentro del ámbito de sus facultades, para hacer la exhortación, en tanto que no se requiere para ello, que el oficio sea suscrito por todos los consejeros que integran el órgano electoral.

Ahora bien, la legislación electoral, en aras de proteger el principio de equidad que rige los procesos electorales, prohíbe genéricamente actos que produzcan presión o coacción sobre los electores. Es reconocido que la presión puede ser ejercida por personas, organismos o autoridades, que puede ser física o moral, que ésta puede llevarse a cabo, en el caso de las autoridades aprovechando la posición que el cargo les otorga y la influencia que pueden generar, y que la presión moral puede llevarse a cabo a través de la manipulación social, en sus diferentes formas entendido esto como se comenta en el Diccionario Electoral 2000, del Instituto Nacional de Estudios Políticos, A.C., en su página 426, México Distrito Federal, 1999: ‘La manipulación informativa, que se realiza con base en las premisas de las creencias de una persona o grupo mediante la supresión, distorsión, o exceso de información, de modo que, previendo su posible reacción, se le induce a sacar conclusiones equivocadas, o tomar acciones con base en información falsa, incompleta, deformada o excesiva que le proporciona...’ Es por esto que los mensajes que motiva este agravio, por la procedencia partidista de su emisor y si contenido, aunque vago, evidentemente dirigido a desprestigiar a todo partido político que no sea el del autor, es decir la Coalición Democrática y del Trabajo, influyeron relevantemente en la orientación del voto en la ciudadanía Sudcaliforniana, por la circunstancia de que en una comunidad como ésta, la máxima autoridad en el Estado es el Gobernador y en la ciudad de la Paz es el Presidente Municipal, y que por ello, pueda considerarse por el común de las personas, como legítimo todo lo que estos comenten, opinen u ordenen. Aunado a lo anterior, resulta más que explicativo, lo que al respecto se comenta en el ya citado Diccionario, en su página 428: ‘Muy a menudo, los mensajes persuasivos usan recursos que son inadmisibles, pues están dirigidos a engañar a los destinatarios, a plasmar sus opciones sin respetar su libertad, por ejemplo, en los casos de distorsión, supresión o exceso de la información...’

Todo lo anteriormente expuesto, debe conducir a este H. Tribunal a concluir que la emisión de los mensajes o spots que motivaron el agravio, constituye una violación sustancial dirigida a la jornada electoral, y durante ésta, tomando en cuenta los mensajes transmitidos en los diversos medios de comunicación, es decir, televisión, radio y prensa, según se desprende de los cuadros esquemáticos que fueron narrados sucintamente y soportados con los medios de prueba que obran en los autos del recurso materia del presente juicio.

Es decir, los mensajes televisivos y periodísticos ordenados por el Gobernador del Estado y el Presidente Municipal y difundidos dentro de dichos plazos, ponen en claro que sí existió la intención del Gobierno del Estado y de la administración municipal mencionada, de tratar de orientar el voto a favor de la Coalición Democrática y del Trabajo, esto porque, las declaraciones que aquí se tratan sí contienen una comparación entre la actual administración de origen Perredista-Petista, con las anteriores, que fueron de procedencia Priísta, ya que es público y notorio que la anterior administración municipal en la Paz, ha sido de extracción priísta, por lo tanto, los señalamientos en contra de las administraciones municipales priístas, vertidas por dicho funcionario, deben entenderse como de propaganda negativa para el Partido Revolucionario Institucional y sus candidatos, con la intención de influir en el electorado, para que favorezca con su voto, a los candidatos de la Coalición Democrática y del Trabajo, lo cual, constituye una irregularidad grave, plenamente acreditada, violatoria al principio de equidad en la elección de que se trata y por lo tanto, del de certeza respecto del resultado de la votación.

Por lo tanto, atendiendo a la relación de los hechos entre sí, la verdad conocida y la adminiculación de las pruebas desahogadas en el sumario, deberán generar convicción sobre su veracidad y en conjunto las violaciones sustanciales desarrolladas en el proceso electoral, deberán estimarse determinantes para el resultado de la elección de Diputados de Mayoría Relativa del Distrito Electoral número V de la Paz, Baja California Sur.

Las manifestaciones hechas valer con antelación, causan agravio al partido político que represento ya que como se puede inferir, la responsable de la sentencia que hoy se recurre mediante el presente Juicio de Revisión Constitucional Electoral violó los principios de certeza, legalidad, objetividad y profesionalismo que son principio rectores de todo proceso electoral y de la actuación de cualquier autoridad electoral, máxime de las que tienen como fundamental misión la impartición de justicia en la materia. Y esto debe ser valorado por esta H. Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Por todo lo anteriormente expuesto, considero que esta Honorable Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación debe reparar la ilegal resolución emitida por la responsable en donde se violaron artículos diversos de la Ley Electoral del Estado de Baja California Sur; transgrediéndose en consecuencia la disposición de la Constitución Política Federal que prevé el multicitado principio de legalidad; específicamente el artículo 116, fracción IV, inciso d) de nuestra Carta Magna.

Ahora bien, de acuerdo con lo hasta ahora expuesto se desprende que las actividades y conductas adoptadas por el Gobernador del Estado y el Presidente Municipal de la Paz, consistentes en la realización, producción y difusión de los videos a los que se ha hecho alusión, por sí solos, son suficientes para que este máximo órgano jurisdiccional electoral considere que constituyen violaciones sustanciales al proceso electoral. Lo anterior se evidencia aún más por la actitud tomada por el Gobernador del Estado y Presidente Municipal de no acatar los exhortos de que fueron objeto por parte de las autoridades del Estado de Baja California Sur, por tanto, si bien no se puede estrictamente atribuir al partido político la responsabilidad de los actos que lleva a cabo un representante popular electo como consecuencia de que el propio instituto político lo postuló, sí se puede apreciar que las tendencias realizadas mediante los actos o conductas que asuma el representante popular, puedan beneficiar en cierto modo a un contendiente, por lo que válidamente se puede deducir que en el caso, contrariamente a lo que alega la Coalición Democrática y del Trabajo, no se trata de sancionarlo por las conductas que llevó a cabo el Gobernador y funcionario municipal ya aludido, sino más bien el objetivo es evitar que mediante la expresión de votos irregulares de parte de los ciudadanos, cuyo sentido fue determinado por una influencia indebida, ya que no se les dejó actuar con libertad, se violenten los principios de legalidad y de certeza que deben regir la celebración de elecciones libres y auténticas.

En este sentido, debe considerarse que una interpretación armónica de lo que dispone el texto del artículo 41, fracción I, de la Constitución Federal, en relación con lo dispuesto en el artículo 116, fracción IV, del mismo ordenamiento legal, permite establecer que las constituciones y leyes de los estados en materia electoral regularán la forma concreta de cómo intervienen los partidos políticos en su fin primordial, que es el de promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación popular y, como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de estos al ejercicio del poder público. De esta forma, en conformidad con lo dispuesto en los artículos 36, de la Constitución Política del Estado de Baja California Sur y 26 y 27 de la ley electoral de la misma entidad federativa, los partidos políticos tienen como fin promover la participación de la ciudadanía en la vida democrática del Estado; contribuir a la integración de sus poderes y hacer posible el acceso de los ciudadanos al poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulen, lo cual se estima por este órgano jurisdiccional federal tiene como único objeto permitir al electorado tener claridad de la oferta política que representan los candidatos postulados por los partidos políticos de acuerdo con un programa de gobierno que dicho candidato, a menos de que exista renuncia expresa a las ligas o compromisos con el instituto político que postuló, está obligado a desarrollar y seguir, por lo tanto, en el caso bajo estudio, como ya se apuntó, lo que se está sancionando es la influencia indebida que el Gobernador del Estado y el Presidente Municipal de la Paz, ejercieron sobre el electorado.

De lo anterior se desprende que el tribunal responsable no realizó una valoración de los medios de prueba conforme con lo dispuesto en el artículo 357 de la Ley Electoral del Estado de Baja California Sur, en el cual se establece, en lo que interesa, que la valoración de las pruebas señaladas en el mismo artículo se hará atendiendo a las reglas de la lógica, de la sana crítica y de la experiencia, tomando en cuenta, como reglas especiales, que las pruebas técnicas y las pruebas presuncionales, entre otras, sólo harán prueba plena cuando, a juicio del Tribunal Estatal Electoral, los demás elementos que obren en el expediente, los hechos afirmados, la verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que guarden entre sí, generen convicción sobre la veracidad de los hechos afirmados. Bajo este sistema de valoración de los medios de prueba, conocido como de la sana crítica o de la libre apreciación razonada, los juzgadores no son libres de razonar a voluntad, caprichosa o discrecionalmente, sino que están sujetos a las reglas de la lógica y de la experiencia y a determinadas reglas especiales, según las cuales los medios de prueba de que se trata sólo adquieren una fuerza demostrativa plena sí, y sólo sí, los contenidos de cada uno de ellos se adminiculan no sólo entre sí, sino con otros elementos con una fuerza demostrativa independiente que los corroboren, de tal modo que la coherencia racional que guarden entre sí genere suficiente convicción en el tribunal sobre la veracidad de los hechos afirmados.

A mayor ilustración, resulta pertinente describir lo que la Real Academia de la Lengua Española ha sostenido que se entiende por publicidad como enseguida se transcribe:

Publicidad. f. Calidad o estado de público. La PUBLICIDAD de este caso avergonzó a su autor. || 2. Conjunto de medios que se emplean para divulgar o extender la noticia de las cosas o de los hechos. || 3. Divulgación de noticias o anuncios de carácter comercial para atraer a posibles compradores, especuladores, usuarios, etc.

Propaganda. (Del lat. Propaganda, que ha de ser propaganda) f. Congregación de cardenales nominada De propaganda fide, para difundir la religión católica. || 2. Por ext., asociación cuyo fin es propagar doctrinas, opiniones, etc. || 3. Acción o efecto de dar a conocer una cosa con el fin de atraer adeptos o compradores. || 4. Textos, trabajos y medios empleados para este fin.

Partiendo de su significado en el lenguaje ordinario, se desprende que hacer publicidad o propaganda, para efectos de la interpretación de la disposición legal que se analiza, significan, respectivamente, divulgar o dar a conocer la noticia de las cosas o de los hechos y dar a conocer una cosa con el fin de atraer adeptos, significado que es esencialmente coincidente con el legal, Ley Electoral, correspondiente a los conceptos de campaña y propaganda electorales, en plena concordancia con lo señalado por la Constitución General en su artículo 6, por lo que puede concluirse que lo que establece el precepto citado es que cualquier autoridad que actúe dentro de la entidad, sea cual sea su rango, deberá abstenerse de divulgar o extender la noticia de las acciones u obras de gobierno, o bien, divulgar o dar a conocer las mismas con el fin de atraer adeptos, cuando menos treinta días antes de la jornada electoral y de igual forma sujetarse al principio de equidad no propiciando el descrédito hacia partido alguno.

En este tenor, ese H. Tribunal ha sostenido en diferentes sentencias que si las autoridades de la entidad o que actúen dentro de la misma llevan a cabo las acciones de hacer publicidad o propaganda de su gestión u obras públicas, dentro de los treinta días anteriores al de la jornada electoral, a través de entrevistas otorgadas a los medios de comunicación, se actualiza una violación a los principios rectores de todos proceso electoral como lo son el de Legalidad, Imparcialidad y Equidad.

Lo anterior no significa que las autoridades de la entidad o las que actúen dentro de la misma no puedan llevar a cabo acciones de gobierno o de obra pública dentro del plazo referido, pues la prohibición que se analiza no debe implicar, por motivo alguno, la inactividad gubernamental, sino únicamente la prudencia y el silencio de las autoridades en el sentido de no divulgar, por cualquier medio, dichas acciones, gestiones u obras públicas, ello en aras de propiciar y conservar la equidad en las campañas electorales.

Asimismo, la conclusión a la que se arriba no implica que los medios de comunicación social, como son noticieros o periódicos, no puedan tampoco cubrir y dar a conocer espontáneamente gestiones u obras públicas que estén llevando a cabo las autoridades de la entidad en donde se llevará a cabo la elección correspondiente, de tal forma que en el plazo de treinta días antes de la jornada electoral hasta celebrada ésta exista una desinformación a la población acerca de las gestiones y obras públicas realizadas por las autoridades, pues, como ha quedado precisado la exhortación que se les hizo está dirigida únicamente a las autoridades que actúen dentro de tal entidad, sin embargo, pueden presentarse situaciones en que la fuerza mayor y el caso fortuito que pongan a la sociedad en grave peligro o conflicto, o bien, tratándose de una situación de emergencia que amenace la seguridad pública o las condiciones de salud de la población, que haga necesario, por ejemplo, la difusión de programas de asistencia social o ayuda a la comunidad, en la medida estrictamente necesaria para remediar esa situación de emergencia, como implícitamente deriva de lo previsto en los artículos 29 de la Constitución federal, así como el 4 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 27 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ya que en dichos preceptos jurídicos se contienen supuestos específicos en que operan excepciones a normas generales.

Asimismo, cabe destacar que el hacer propaganda electoral no sólo debe entenderse en el sentido de estar dirigida a captar adeptos, pues lo ordinario es que el propósito sea efectivamente el de presentar ante la ciudadanía las candidaturas y programas electorales con la finalidad de obtener mayor número de votos, sin embargo, atendiendo a las reglas de la experiencia y la sana crítica, se puede llegar a la convicción de que la propaganda electoral no solamente se limita a lo señalado, sino que también busca reducir el número de adeptos, simpatizantes y/o votos de los otros partidos políticos que participan en la contienda electoral, lo cual puede lograrse descalificando a los candidatos o partidos adversarios ante la ciudadanía; no obstante, tal actitud puede conllevar dos efectos, por una parte, el atraer votos en detrimento de los contrincantes, o bien, únicamente reducir las preferencias electorales hacia éstos, lo cual puede traducirse en abstencionismo en la jornada electoral, situación que en la especie aconteció, tal y como se demuestra con el escrito de queja en materia de propaganda electoral que se ofreció como prueba y del que se desprende como se induce a la ciudadanía a el descrédito para mi representado y sus candidatos.

Esto se corrobora de manera fehaciente al observarse un índice de abstencionismo de 49.17%.

Efectivamente, debe considerarse que no se propició un trato equitativo para los partidos durante la campaña electoral, con lo cual se afectó un principio fundamental o básico del régimen electoral vigente en México y que se reitera en el orden jurídico de esta entidad federativa, porque, con dicha conducta, los gobiernos estatal y municipales realizaron actos para darle publicidad y hacer propaganda de su gestión y obra pública, a la vez que transmitió sendos spots que no eran inocuos por su contenido, más por el contrario, con una clara vinculación propagandístico-electoral, en un lapso en el cual se había girado una atenta exhortación por parte del Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Baja California Sur, por lo que se rompió dicho principio de equidad (cuando sin exagerar se podían atribuir los actos de publicidad y propaganda de obra y gestión públicas efectuados por un servidor público de elección popular postulado por la Coalición Democrática y del Trabajo, como favorables a ese Instituto Político).

Ciertamente, se transgredió dicho principio de equidad, en virtud de que, se estaba en un período de reflexión para los ciudadanos y, por ende, era y es válido presumir que estaba ausente la participación de toda fuerza política que se hubiere manifestado contraria a la Coalición, lo cual, a su vez, propició condiciones que conferían una ventaja indebida para la realización de esos actos ilícitos de propaganda, campaña y proselitismo electoral efectuados por los gobiernos estatal y municipal de La Paz, que a la postre, redundarían en beneficio de la coalición, atendiendo a su exclusivo contenido y el origen de quien los hacía. Es decir, el hecho de que hubiere terminado el tiempo para efectuar campañas electorales por los partidos políticos, hacía que el actuar irregular del servidor público indicado resultara más eficaz y correlativamente lesivo del bien jurídico tutelado (la ‘equidad en la contienda electoral’), ya que legalmente no había posibilidad de que se produjera alguna respuesta, rectificación o cuestionamiento que pudiera restar trascendencia a las apreciaciones y afirmaciones.

Según se ha dilucidado, está acreditado que, en el proceso electoral llevado a cabo para la elección de Diputado de Mayoría Relativa en el Distrito Electoral No. V de la Paz, Baja California Sur, se incurrió en una nueva transgresión a el multicitado principio de Equidad, puesto que se efectuaron actos de publicidad y propaganda, en materia de gestión y obras públicas, por una autoridad de la entidad, a través de los desplegados ofrecidos como prueba en el Recurso de Inconformidad del que emanó la resolución hoy impugnada, treinta días antes del día de la elección, todo lo cual redundó en el quebrantamiento del principio de equidad que debe imperar en las campañas electorales.

También está evidenciado que, en la medida en que se utilizó la referencia al adecuado resultado de la gestión y obra pública municipal, para desmentir a quienes sugerían lo contrario, ex profeso se realizaron actos de campaña y propaganda electoral que también implican el quebranto de principios constitucionales de primer orden que deben imperar en la materia electoral.

Es indudable que, con la disposición legal de prohibir realizar actos de propaganda o de proselitismo electorales el día de la jornada electoral y durante los tres días anteriores, se busca asegurar ciertas condiciones que permitan que los partidos políticos participantes en una elección estén en igualdad de oportunidades para acceder al electorado, de modo que, al violarse tal prohibición favoreciendo a un determinado partido político, ello pone a los demás en una situación desventajosa, ya que la indebida propaganda realizada en los tiempos prohibidos por la ley en favor de determinado partido político puede orientar el sentido del voto en favor del partido político por el que se hizo tal propaganda, no obstante que es indispensable que el elector cuente con un período de reflexión que le permita razonar y emitir libremente su voto.

En el caso está plenamente demostrado que la propaganda a favor de la coalición, se realizó en los tiempos prohibidos por la ley, lo que le representó una indebida ventaja que vulneró la igualdad de oportunidades que deben tener todos los partidos políticos en una contienda electoral y que influyó en los destinatarios de la citada propaganda, potenciales electores, en un período decisivo para reflexionar sobre el sentido de su voto, como lo son los 3 días previos a la jornada electoral. esta propaganda partidista, difundida en los tiempos prohibidos en la ley materializados en difusión de obra pública y aplicación de programas de acción, le acarreó a la referida coalición una ventaja indebida, en detrimento de los otros partidos políticos e interfirió, además, en el período de reflexión de los votantes destinados del mensaje, puesto que la igualdad de oportunidades de todos los partidos políticos contendientes constituye un prerrequisito para tener condiciones de competencia política auténtica, la realización de propaganda partidista en franca violación de lo dispuesto en el ordenamiento electoral invocado, afectó, en consecuencia, las condiciones necesarias para que se pudieran realizar elecciones libres y auténticas, a través del sufragio universal, libre, secreto y directo, en términos de lo dispuesto en los artículos 41, párrafo segundo, fracción I, y 116, párrafo segundo, fracción IV, inciso a) de la Constitución Federal.

En lo que corresponde al agravio que se estima inoperante, igualmente tiene trascendencia para efectos de la confirmación del acto impugnado en relación con la elección de Diputado de Mayoría Relativa del Distrito Electoral V de la Paz, Baja California Sur. Dicho agravio está referido a los razonamientos que realizó la autoridad responsable desestimó siquiera entrar al estudio de los agravios vertidos en el escrito inicial de recurso de Inconformidad en donde de los hechos que se desprenden de las probanzas enumeradas tienen que ver con la realización de actos que afectaron las condiciones necesarias para que se pudieran realizar elecciones libres, periódicas y auténticas, a través del sufragio universal, libre, secreto y directo, en términos de lo que se prescribe en los artículos 41, párrafo segundo, fracción I, y 116, párrafo segundo, fracción IV, inciso a), de la Constitución federal, por lo que se afectaron principios fundamentales electorales del régimen republicano, representativo, democrático y federal del Estado Mexicano.

PRECEPTOS LEGALES VIOLADOS

La resolución impugnada, viola los artículos 14, 16, 17, 41 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 20 y 36 de la Constitución Política del Estado de Baja California Sur; 310, 317, 322, 323, 328, 338, 342, 349, 350, 352, 353, 354, 355, 356, 358, 361, 362, 364, 366 de la Ley Electoral del Estado de Baja California Sur y el artículo 233 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

FUENTE DEL AGRAVIO

Lo es el considerando IV de la resolución que por esta vía se impugna, misma que fue dictada por el Tribunal Estatal Electoral de Baja California Sur de fecha veinticuatro de febrero de dos mil dos, la cual fue notificada al Partido que represento en fecha veinticinco del mismo mes y año.

CONCEPTO DEL AGRAVIO

SEGUNDO. Por lo que respecta al considerando IV de la resolución materia del presente juicio, cabe destacar que la responsable sólo se limita a manifestar que en cuanto a las causales de nulidad invocadas son improcedentes por el solo hecho, según arguye, por la falta de cumplimiento en cuanto al escrito de protesta, sin que entre el estudio tanto de los hechos y agravios vertidos, si bien es cierto que el escrito de protesta es un requisito de procedibilidad para el recurso de inconformidad, no menos cierto es que nuestro máximo Tribunal a sustentado de manera categórica que:

ESCRITO DE PROTESTA, SU EXIGIBILIDAD COMO REQUISITO DE PROCEDIBILIDAD DE LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL, ES VIOLATORIO DEL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. (se transcribe)

En este sentido, es evidente que la responsable lleva a cabo ‘razonamientos’ ligeros y faltos de probidad, poniendo de manifiesto su desconocimiento en cuanto al criterio adoptado en tal sentido, pasando por alto el escrito de protesta que fue exhibido oportunamente y que más aún se encuentra apoyado en el criterio transcrito anteriormente, ahora bien en el supuesto sin conceder de que efectivamente el escrito de protesta presentado por el recurrente adoleciera de los requisitos establecidos en la legislación local, es indudable que se tuvo que haber agotado el principio de exhaustividad que en toda resolución es un elemento sine quanon, de tal suerte que tuvo que entrar al estudio de fondo de los hechos y agravios que le fueron planteados, por ser una premisa consagrada en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial.

Por otro lado y entrando al análisis de los agravios hechos valer ante la responsable, es necesario hacer notar que, desde luego estos fueron planteados en hechos y no en apreciaciones subjetivas relacionándolos con las pruebas que fueron exhibidas en el respectivo capítulo, es decir las causales contenidas en las fracciones I, II, IV, VI y IX del artículo 310 de la Ley Electoral de Baja California Sur, mismas que se encuentran debidamente acreditadas, según se advierte de las constancias que integran el recurso de inconformidad materia del presente juicio, y que desde luego nada menciona la responsable siendo omisa en ese sentido, conculcando en perjuicio del Instituto Político que represento lo dispuesto por el artículo 364 de la ley en comento, así como los artículos 14, 16, 17, 41 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 20 y 26 de la Constitución Local.

PRECEPTOS LEGALES VIOLADOS

La resolución impugnada, viola los artículos 14, 16, 17, 41 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 20 y 36 de la Constitución Política del Estado de Baja California Sur; 310, 317, 322, 323, 328, 338, 342, 349, 350, 352, 353, 354, 355, 356, 358, 361, 362, 364, 366 de la Ley Electoral del Estado de Baja California Sur y el artículo 233 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

FUENTE DEL AGRAVIO TERCERO

Lo es el considerando V de la resolución que por esta vía se impugna, misma que fue dictada por el Tribunal Estatal Electoral de Baja California Sur de fecha veinticuatro de febrero de dos mil dos, la cual fue notificada al Partido que represento en fecha veinticinco del mismo mes y año.

CONCEPTO DEL AGRAVIO

TERCERO. Causa agravio al Instituto Político que represento el considerando V de la resolución que se impugna, ya que la responsable no entra al fondo del estudio de los hechos y agravios hechos valer, limitándose exclusivamente a mencionar de manera subjetiva que la causal de nulidad invocada corre la misma suerte que la identificada con la fracción I del artículo 310 de la Ley Electoral de Baja California Sur, ya que según lo refiere se pretende aprovechar errores de llenado de actas haciendo a un lado el sentido común para llegar a esa conclusión, es obvio pues, que lejos de dedicarle el tiempo necesario para su estudio, realizó valoraciones ligeras y fuera de la realidad, ya que como se desprende del recurso de inconformidad planteado, efectivamente las casillas 210 C1, 210 C2, 211 B, 217 B, 217 C, 219 B, 219 C, 220B, 220C, 221 B, 257 B, 257C, 264 B, 288 B, y 289 B, fueron instaladas en lugares distintos a los aprobados por el Comité Distrital correspondiente y como consecuencia de lo anterior el escrutinio y cómputo también fue realizado en lugares diversos a los previamente establecidos, tal aseveración acredita con los medios de prueba que fueron ofrecidos oportunamente, así las cosas, y tal y como se desprende de la resolución que se combate, estos no fueron tomados en consideración para llegar a tal conclusión, dejando de aplicar adecuadamente los numerales 352, 352, 354, 355, 356, 358, 361 de la Ley Electoral del Estado de Baja California Sur, transgrediendo con ello la esfera jurídica del Partido que represento, por ser disposiciones de orden público y estricta observancia general.

Por lo expresado con antelación, es visible la falta de profesionalismo del Juzgador al momento de emitir la resolución a la inconformidad planteada, ya que pasa por alto los principios de certeza, legalidad, imparcialidad, independencia y objetividad, así como la exhaustividad con la que debió pronunciarse en su determinación, existiendo con ello un vacío en cuanto a la impartición de justicia por parte de ese Tribunal, solicitando se lleve a cabo el estudio de la causal genérica, así como las previstas por el artículo 310 de la Ley Electoral de Baja California Sur, planteadas por el recurrente, con la finalidad de que este Supremo Tribunal siga garantizando los principios de constitucionalidad y legalidad que en toda resolución deben imperar.

Ahora bien, para que este H. Tribunal esté en condiciones de valorar cuáles son las irregularidades que se constituyen como causal de nulidad de la elección de Diputado de Mayoría Relativa del Distrito V de la Paz, Baja California Sur, será necesario imponerse de las constancias que contienen los elementos esenciales e imprescindibles de dicha elección.

Los artículos donde se contienen estos elementos esenciales, con relación a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, son los siguientes:

‘ARTÍCULO 39.- La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno.

ARTÍCULO 41.- El pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión, en los casos de la competencia de éstos, y por los de los Estados, en lo que toca a sus regímenes interiores, en los términos respectivamente establecidos por la presente Constitución Federal y las particulares de los Estados, las que en ningún caso podrán contravenir las estipulaciones del Pacto Federal.

La renovación de los poderes Legislativo y Ejecutivo se realizará mediante elecciones libres, auténticas y periódicas, conforme a las siguientes bases:

I. Los partidos políticos son entidades de interés público; la ley determinará las formas específicas de su intervención en el proceso electoral. Los partidos políticos nacionales tendrán derecho a participar en las elecciones estatales y municipales.

Los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación nacional y como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo. Sólo los ciudadanos podrán afiliarse libre e individualmente a los partidos políticos;

II. La ley garantizará que los partidos políticos nacionales cuenten de manera equitativa con elementos para llevar a cabo sus actividades. Por tanto, tendrán derecho al uso en forma permanente de los medios de comunicación social, de acuerdo con las formas y procedimientos que establezca la misma. Además, la ley señalará las reglas a que se sujetará el financiamiento de los partidos políticos y sus campañas electorales, debiendo garantizar que los recursos públicos prevalezcan sobre los de origen privado.

(...)

III. La organización de las elecciones federales es una función estatal que se realiza a través de un organismo público autónomo denominado Instituto Federal Electoral, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, en cuya integración participan el Poder Legislativo de la Unión, los partidos políticos nacionales y los ciudadanos, en los términos que ordene la ley. En el ejercicio de esa función estatal, la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad serán principios rectores.

(...)

IV. Para garantizar los principios de constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones electorales, se establecerá un sistema de medios de impugnación en los términos que señalen esta Constitución y la ley. Dicho sistema dará definitividad a las distintas etapas de los procesos electorales y garantizará la protección de los derechos políticos de los ciudadanos de votar, ser votado y de asociación, en los términos del artículo 99 de esta Constitución.

(...)

ARTÍCULO 99.- El Tribunal Electoral será, con excepción de lo dispuesto en la fracción II del artículo 105 de esta Constitución, la máxima autoridad jurisdiccional en la materia y órgano especializado del Poder Judicial de la Federación.

Para el ejercicio de sus atribuciones, el Tribunal funcionará con una Sala Superior así como con Salas Regionales y sus sesiones de resolución serán públicas, en los términos que determine la ley.

(...)

IV. Las impugnaciones de actos o resoluciones definitivos y firmes de las autoridades competentes de las entidades federativas para organizar y calificar los comicios o resolver las controversias que surjan durante los mismos, que puedan resultar determinantes para el desarrollo del proceso respectivo o el resultado final de las elecciones.

Esta vía procederá solamente cuando la reparación solicitada sea material y jurídicamente posible dentro de los plazos electorales y sea factible antes de la fecha constitucional o legalmente fijada para la instalación de los órganos o la toma de posesión de los funcionarios elegidos;

(...)

ARTÍCULO 116 El poder público de los Estados se dividirá, para su ejercicio, en Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y no podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el Legislativo en un solo individuo.

Los Poderes de los Estados se organizarán conforme a la Constitución de cada uno de ellos, con sujeción a las siguientes normas:

(...)

La elección de los gobernadores de los Estados y de las legislaturas locales será directa y en los términos que dispongan las leyes electorales respectivas.

(...)

IV. Las Constituciones y leyes de los Estados en materia electoral garantizarán que:

a) Las elecciones de los gobernadores de los Estados, de los miembros de las legislaturas locales y de los integrantes de los ayuntamientos se realicen mediante sufragio universal, libre, secreto y directo;

b) En el ejercicio de la función electoral a cargo de las autoridades electorales sean principios rectores los de legalidad, imparcialidad, objetividad, certeza e independencia;

c) Las autoridades que tengan a su cargo la organización de las elecciones y las jurisdiccionales que resuelvan las controversias en la materia, gocen de autonomía en su funcionamiento e independencia en sus decisiones;

d) Se establezca un sistema de medios de impugnación para que todos los actos y resoluciones electorales se sujeten invariablemente al principio de legalidad;

f) De acuerdo con las disponibilidades presupuestales, los partidos políticos reciban, en forma equitativa, financiamiento público para su sostenimiento y cuenten durante los procesos electorales con apoyos para sus actividades tendientes a la obtención del sufragio universal;

g) Se propicien condiciones de equidad para el acceso de los partidos políticos a los medios de comunicación social;

(...)

Con relación a la Constitución Política del Estado de Baja California Sur:

1o. El Estado de Baja California Sur es parte integrante de los Estados Unidos Mexicanos, y es libre y soberano en todo lo que concierne a su régimen interior, conforme a los preceptos de la Constitución General de la República.

2o. La Constitución General de la República y esta Constitución son la Ley suprema del Estado. Los ordenamientos que de ellas emanen, forman la estructura jurídica del Estado de Baja California Sur.

3o.- Las Autoridades y Funcionarios del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les conceden esta Constitución, la General de la República y las Leyes que de ellas emanen.

36.- La soberanía del Estado reside esencial y originariamente en el pueblo Sudcaliforniano, quien la ejerce por medio de los poderes constituidos en los términos de esta Ley fundamental. La renovación de los poderes Legislativo y Ejecutivo, así como de los Ayuntamientos, se realizará mediante elecciones libres, auténticas y periódicas, conforme a las siguientes bases:

I. Los partidos políticos son entidades de interés público; la Ley determinará las formas específicas de su intervención en los procesos electorales. Los partidos políticos nacionales tendrán derecho a participar en las elecciones estatales y municipales.

Los partidos políticos nacionales y estatales tienen como fin promover la participación del pueblo sudcaliforniano en la vida democrática, contribuir en la integración de la representación del Estado, y como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público en las esferas estatal y municipal, y de acuerdo a los programas, principios e ideas que postulan, y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo. Sólo los ciudadanos podrán afiliarse libre e individualmente a los partidos políticos;

II. La Ley garantizará que en los procesos electorales estatales y municipales los partidos políticos cuenten de manera equitativa con los recursos para llevar a cabo sus actividades político electorales;

De igual manera determinará condiciones de equidad para que los partidos políticos tengan acceso a los medios de comunicación social;

III. La Ley señalará las reglas a las que se sujetará el financiamiento de los partidos políticos y de sus campañas político electorales, debiendo garantizar que los recursos públicos prevalezcan sobre los de origen privado.

El financiamiento público para los partidos políticos que mantengan su registro después de cada elección, se compondrá de las ministraciones destinadas al sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes y a las que se produzcan durante los procesos políticos electorales, mismas que se otorgarán de acuerdo con las disponibilidades presupuestales y conforme a lo prescrito en la Ley.

La Ley fijará los criterios para determinar los límites a las erogaciones de los partidos políticos en sus campañas electorales; establecerá los montos máximos que tendrán las aportaciones pecuniarias de sus simpatizantes y los procedimientos para el control y vigilancia del origen y el uso de todos los recursos con que cuenten, y asimismo, señalará las sanciones que deban imponerse por el incumplimiento de estas disposiciones;

IV. La organización de los procesos electorales es una función que corresponde realizar al poder público a través de un organismo público autónomo en su funcionamiento e independiente en sus decisiones, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, que se denominará Instituto Estatal Electoral y en cuya integración concurren el Poder Legislativo del Estado, los partidos políticos y los ciudadanos, en los términos que disponga la Ley. En el ejercicio de las funciones del organismo electoral, serán principios rectores la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad.

El Instituto Estatal Electoral residirá en la Ciudad Capital del Estado y se conformará por un Consejo General, que será su órgano superior de dirección, el cual se integrará por un consejero Presidente y cuatro consejeros electorales con voz y voto. También concurrirán, con voz pero sin voto, un representante de cada uno de los partidos políticos que participen en las elecciones; un representante de cada una de las fracciones parlamentarias del Congreso del Estado; el Director del Registro Estatal de Electores y un Secretario General que se designará a propuesta del consejero Presidente

con la aprobación de la mayoría de los consejeros electorales.

Los Comités Distritales y Municipales Electorales y el Registro Estatal de Electores formarán parte de su estructura orgánica. Las mesas directivas de casilla estarán integradas por ciudadanos.

El consejero Presidente y los consejeros electorales del Instituto Estatal Electoral, serán electos sucesivamente por el voto de las dos terceras pares de los miembros presentes del Congreso del Estado de entre los propuestos por la fracciones parlamentarias del propio Congreso del Estado. Conforme al mismo procedimiento, se designarán un consejero presidente y cuatro consejeros electorales suplentes, en orden de prelación. El consejero Presidente y los consejeros electorales durarán en su encargo 6 años.

La Ley señalará los requisitos que deben reunir el consejero Presidente y los consejeros Electorales del Instituto Estatal Electoral y determinarán las reglas y procedimientos correspondientes a su elección.

El Instituto Estatal Electoral tendrá a su cargo en forma integral y directa, además de las que determine la Ley, las actividades relativas a la capacitación electoral y educación cívica, geografía electoral, los derechos y prerrogativas de las agrupaciones y de los partidos políticos, impresión de materiales electorales, preparación de la jornada electoral, los cómputos en los términos que señale la Ley, declaración de validez y otorgamiento de constancias en las elecciones de Diputados locales y Ayuntamientos, cómputo de la elección de Gobernador del Estado de Baja California Sur en cada uno de los distritos electorales uninominales, así como la regulación de la observancia electoral y de las encuestas o sondeos de opinión con fines electorales. Lo relativo al catálogo general de electores, padrón electoral, listado nominal y credencial para votar con fotografía, se sujetará a los convenios que celebre el Instituto Estatal Electoral con el Instituto Federal Electoral, preparar, desarrollar y vigilar los procesos de plebiscito y referéndum en el Estado y los Municipios. Las sesiones de todos los órganos electorales de dirección serán publicadas en los términos que señale la Ley.

V.- Para garantizar los principios de constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones electorales, se establecerá un sistema de medios de impugnación en los términos que señalen esta Constitución y la Ley. Dicho sistema dará definitividad a las distintas etapas de los procesos electorales y garantizará la protección de los derechos políticos de los ciudadanos de votar, ser votado y de asociación.

En materia electoral, la interposición de los medios de impugnación constitucionales o legales no producirá efectos suspensivos sobre la resolución del acto impugnado.

Vl.- La Ley correspondiente tipificará los delitos y determinará las faltas en materia electoral, así como las sanciones que por ellos deban imponerse.

37.- El Estado adopta para su régimen interior, la forma de Gobierno Republicano, representativo, teniendo como base de su división territorial, de su organización política y administrativa, el Municipio Libre.

41.- El Congreso del Estado de Baja California sur se integrará con quince Diputados de Mayoría Relativa, electos en su totalidad cada tres años por votación directa y secreta mediante el sistema de Distritos Electorales Uninominales y hasta con seis Diputados electos mediante el principio de Representación Proporcional, apegándose en ambos casos, a las siguientes reglas:

l.- La base para realizar la demarcación territorial de los 15 Distritos Electorales, será la resultante de dividir la población total del Estado, conforme al último Censo General de Población, entre el número de distritos señalados, teniendo también en cuenta para su distribución el factor geográfico y socioeconómico.

ll.- La elección de diputados por el principio de representación proporcional se efectuará conforme al sistema de listas de candidatos que presenten los partidos políticos y a los resultados electorales, y se sujetarán a las siguientes bases:

a).- Se constituirá una sola circunscripción plurinominal que comprenderá todo el Estado.

b).- Los partidos políticos tendrán derecho a postular candidatos por el principio de Representación Proporcional, siempre y cuando hayan registrado candidatos, por lo menos, en ocho distritos electorales uninominales.

c).- Para que un partido político tenga derecho a que le sean acreditados de entre sus candidatos, diputados de representación proporcional, deberá alcanzar, por lo menos, el dos por ciento del total de las votaciones emitidas en el Estado para todas las listas y siempre que no haya logrado más de cinco diputaciones de mayoría relativa, en los términos que establezca la Ley.

lll.- La Comisión Estatal Electoral asignará las diputaciones por el principio de representación proporcional a los partidos políticos o coaliciones con derecho a ello, conforme a las bases siguientes:

a).- En primer término, asignará a una diputación a todo aquel partido o coalición que tenga derecho a ello y no haya obtenido constancia de mayoría en ningún distrito electoral, conforme lo disponga la Ley de la materia.

b).- Si después de hechas las asignaciones que señalan en el inciso anterior aún quedaran diputaciones por distribuir, éstas se otorgarán a los partidos políticos o coaliciones que hayan logrado hasta cinco diputaciones de mayoría relativa, sin que en ningún caso logren más de seis diputaciones por ambos principios.

c).- No podrán asignarse más de cuatro diputaciones por el principio de representación proporcional a los partidos políticos o coaliciones que no hayan obtenido diputación de mayoría relativa.

La ley determinará las fórmulas electorales y el procedimiento que se observará en las asignaciones.

99.- El Tribunal Estatal Electoral tendrá la competencia y organización que determine la Ley, funcionará en pleno y resolverá en una sola instancia, y sus sesiones serán públicas, a excepción de las que determine el propio Tribunal. Los Poderes Legislativo y Judicial garantizarán su debida integración. Para el ejercicio de sus funciones, el Tribunal Estatal Electoral estará integrado con tres Magistrados numerarios y dos supernumerarios, los cuales ejercerán el cargo por seis años y responderán sólo al mandato de la Ley. El Presidente del mismo será elegido de entre sus miembros, para ejercer la función por seis años.

[…]

Respecto de la Ley Electoral de Baja California Sur, se destacan los siguientes artículos:

ARTÍCULO 1º. Las disposiciones de esta Ley son de orden público y de observancia general en el Estado de Baja California Sur y reglamentan los preceptos constitucionales relativos al ejercicio de los derechos políticos de los ciudadanos; a la constitución y registro de las organizaciones políticas estatales; a la preparación, desarrollo y vigilancia de los procesos electorales, ordinarios y extraordinarios, para elegir a los integrantes de los Poderes Legislativo y Ejecutivo y a los miembros de los Ayuntamientos de la Entidad; a la declaración de validez de los resultados electorales y los medios de impugnación para garantizar la legalidad de los actos y resoluciones electorales.

ARTÍCULO 2º. La organización de las elecciones, es una función estatal que se realiza a través de un organismo público autónomo, de carácter permanente, denominado Instituto Estatal Electoral de Baja California Sur, dotado de personalidad

jurídica y patrimonio propio, en cuya integración participan el Poder Legislativo del Estado, los Partidos Políticos Nacionales y Estatales y los ciudadanos en los términos que ordene esta Ley. La certeza, legalidad, independencia, equidad, imparcialidad y objetividad serán principios rectores en el ejercicio de esta función.

ARTÍCULO 5º El sufragio expresa la voluntad soberana del pueblo de Baja California Sur.

Votar en las elecciones constituye un derecho y una obligación de los ciudadanos que se ejerce para cumplir la función pública de integrar los órganos de elección popular del Estado y municipios. El voto es universal, libre, secreto, directo, personal e intransferible.

ARTÍCULO 14. El Poder Legislativo se deposita en una Asamblea que se denomina ‘Congreso del Estado de Baja California Sur’, que deberá estar integrada con quince Diputados electos según el principio de votación de mayoría relativa en su totalidad cada tres años, mediante el sistema de Distritos Electorales Uninominales y hasta con seis Diputados electos según el principio de representación proporcional, de conformidad con los artículos 41, 42 y 43 de la Constitución Política del Estado de Baja California Sur y por el procedimiento que esta Ley establece. Por cada Diputado Propietario, se elegirá un Suplente.

ARTÍCULO 47. Son derechos de los partidos políticos:

I. Ejercer las atribuciones que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado y esta Ley les confieren en la preparación, desarrollo y vigilancia del proceso electoral;

II. Gozar de las garantías que esta Ley les otorga para realizar libremente sus actividades;

III. Disfrutar las prerrogativas y recibir el financiamiento público en los términos de esta Ley;

IV. Postular candidatos en las elecciones estatales y municipales;

V. Formar frentes y coaliciones, así como fusionarse, en los términos de esta Ley;

VI. Formar parte del Instituto Estatal Electoral, de los Comités Municipales y Distritales Electorales, así como del Comité de Vigilancia del Registro Estatal de Electores;

VII. Nombrar representantes ante la mesa directiva de casilla y los representantes generales que le correspondan, quienes deberán cumplir con los requisitos señalados por esta Ley;

VIII. Solicitar al Instituto Estatal Electoral que investigue las actividades de los demás partidos políticos, cuando exista motivo fundado para considerar que no cumplen alguna de las obligaciones o que sus actividades no se apegan a la Ley; y

IX. Las demás que le confiere esta Ley.

ARTÍCULO 51. Los partidos políticos tendrán las siguientes prerrogativas:

I. Gozar de la exención de impuestos y derechos sobre los bienes o actividades destinadas al cumplimiento de los fines que le sean propios, a excepción de lo que establece el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

II. Recibir, en los términos de esta Ley, el financiamiento público correspondiente para sus actividades;

III. Contar en forma equitativa con un mínimo de elementos para sus actividades y para su participación en las campañas electorales;

IV. Tener acceso en forma equitativa y permanente a la radio y televisión estatal; y

V. Las demás que les confieran esta Ley y otros ordenamientos legales.

ARTÍCULO 52. Los partidos políticos, al ejercer sus prerrogativas en radio y televisión, deberán difundir sus principios ideológicos, programas de acción y plataformas electorales.

Cada partido político dispondrá de quince minutos semanales en las estaciones de radio y televisión de administración estatal y de treinta minutos durante el período de campaña. El orden de presentación de los programas se hará mediante sorteos mensuales.

El Instituto Estatal Electoral celebrará con el organismo estatal correspondiente, los convenios en materia de radio y televisión para que los partidos políticos puedan gozar de las prerrogativas señaladas.

ARTÍCULO 78. El Instituto Estatal Electoral es el organismo público, autónomo en su funcionamiento e independiente en sus decisiones, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, a cuyo cargo compete la coordinación, preparación, desarrollo y vigilancia de los procesos electorales para renovar los Poderes Legislativo y Ejecutivo, así como los Ayuntamientos de la Entidad y de igual manera, preparar, desarrollar y vigilar los procedimientos de plebiscito y referéndum en el Estado y los Municipios. Tendrá su residencia en la Ciudad Capital del Estado y a su integración concurrirán el Poder Legislativo del Estado, con la participación de los ciudadanos y partidos políticos en los términos que dispone la Constitución Política del Estado y la Ley de la Materia y la presente Ley.

El Instituto Estatal Electoral elaborará, administrará y ejercerá en forma autónoma su presupuesto de egresos que enviará por conducto del Ejecutivo al Congreso del Estado para su aprobación, incluyendo en éste el financiamiento público de los partidos políticos, y estará obligado a presentar su cuenta pública en los términos legales. Los recursos financieros necesarios para la ejecución de los procedimientos de referéndum y plebiscito, serán aportados por el Gobierno del Estado al Instituto Estatal Electoral, mediante convenio que para tal efecto se signe, previa presentación al Ejecutivo del Estado del presupuesto correspondiente.

ARTÍCULO 91. El Consejo General del Instituto Estatal Electoral tendrá las siguientes atribuciones:

I. Confirmar ante el organismo federal electoral la vigencia del registro de los partidos políticos nacionales, que tengan derecho a participar en las elecciones de Diputados por los principios de mayoría relativa y de representación proporcional; Gobernador del Estado y miembros de los Ayuntamientos de la entidad, en los términos que establece esta Ley;

II. Expedir las constancias de registro de partidos políticos estatales y asociaciones políticas estatales que hubieren satisfecho los requisitos exigidos en la presente Ley o en su caso, cancelarlas en los términos de este ordenamiento;

III. Registrar los programas, declaración de principios, estatutos y plataforma electoral mínima de los partidos políticos, así como vigilar su cumplimiento en la realización de las campañas electorales de acuerdo a los términos establecidos por esta Ley;

IV. Resolver sobre las peticiones, consultas y controversias que le presenten los ciudadanos y partidos políticos registrados o acreditados, relativas al funcionamiento de este organismo y de los órganos que integran el mismo y demás asuntos de su competencia;

V. Investigar por los medios legales pertinentes, cualquier hecho relacionado con el proceso electoral y de manera especial, los que denuncien los partidos políticos por actos violatorios a esta Ley realizados por las autoridades u otros partidos en contra de su propaganda, candidatos o sus miembros;

VI. Resolver sobre la procedencia y en su caso registrar los convenios de coalición, frentes y fusión que celebren los partidos políticos, con la incorporación en su caso de las asociaciones políticas estatales, en los términos de lo dispuesto en esta Ley;

VII. Aprobar y publicar, antes del día 25 de septiembre del año anterior al de la elección, la división del territorio del Estado en distritos y secciones electorales, ajustándose a lo dispuesto por la Constitución Política del Estado;

VIII. Nombrar a los presidentes y Consejeros ciudadanos que integrarán los Comités Distritales y Municipales Electorales;

IX. Publicar en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, la integración y domicilio legal de los diversos órganos que forman parte de la misma, dentro de los cinco días posteriores a su instalación;

X. Cuidar la oportuna integración, instalación y funcionamiento de los Comités Distritales y Municipales Electorales;

XI. Proporcionar a los Comités Distritales y Municipales Electorales la documentación y útiles necesarios para el cumplimiento de sus funciones;

XII. Disponer la organización y funcionamiento del Registro Estatal de Electores, en los términos señalados por esta Ley y nombrar a su Director, Secretario Técnico, Delegados y Coordinadores municipales;

XIII. Registrar supletoriamente los nombramientos de los representantes de los partidos políticos ante los Comités Distritales y Municipales Electorales;

XIV. Registrar a los ciudadanos sudcalifornianos residentes en la entidad para participar como observadores durante el proceso electoral;

XV. Recibir y registrar supletoriamente, en su caso, las solicitudes de candidaturas de Diputados al Congreso del Estado, por el principio de mayoría relativa y planillas de integrantes de Ayuntamientos;

XVI. Aprobar y registrar las candidaturas al cargo de Gobernador del Estado y las listas de candidatos a Diputados por el principio de representación proporcional;

XVII. Determinar la fecha en que los órganos electorales entrarán en receso;

XVIII. Realizar la asignación de Diputados por el principio de representación proporcional en los términos de esta Ley;

XIX. Calificar la elección de Gobernador del Estado y declarar electo al candidato que haya obtenido la mayoría de votos, en los términos previstos por esta Ley, y remitir al Congreso del Estado la declaratoria de Gobernador Electo;

XX. Ordenar hacer la publicación de la ubicación e integración de las mesas directivas de casillas en los términos que establece esta Ley;

XXI. Se deroga;

XXII. Vigilar el cumplimiento de la legislación electoral y las disposiciones que con base en ellas se dicten;

XXIII. Autorizar al Consejero Presidente para suscribir el convenio que se celebre con el organismo federal electoral para la prestación del servicio del Registro Estatal de Electores;

XXIV. Sustanciar y resolver los recursos que le competan;

XXV. Aplicar las sanciones que correspondan conforme a las disposiciones previstas en esta Ley;

XXVI. Elaborar anualmente, dentro de la primera quincena del mes de octubre, el proyecto de presupuesto de egresos, que será remitido al Ejecutivo para su inclusión en el proyecto de presupuesto de egresos del Estado. El presupuesto aprobado se ejercerá y administrará en forma autónoma. El presupuesto del Instituto Estatal Electoral incluirá el financiamiento

público para los partidos políticos;

XXVII. Aprobar el texto de la convocatoria para la celebración de las elecciones que contempla esta Ley, que será elaborada por el Presidente del Instituto;

XXVIII. Aprobar los calendarios oficiales para el otorgamiento del financiamiento público a los partidos políticos;

XXIX. Determinar con base a lo establecido en el artículo 55 de esta Ley el monto del financiamiento público que corresponda a los partidos políticos;

XXX. Nombrar a propuesta del Presidente, a los integrantes de la comisión revisora del financiamiento de los partidos políticos, así como el personal técnico necesario para el desempeño de sus funciones;

XXXI. Aprobar la forma y términos en que los partidos políticos deberán comprobar el origen y destino de sus recursos financieros;

XXXII. Aprobar los modelos de actas, boletas y demás documentación y material electoral;

XXXIII. Aplicar las reglas establecidas por el artículo 182-A de esta Ley para determinar los topes de gastos de campaña para las elecciones de Diputados por el principio de mayoría relativa, Gobernador del Estado y Ayuntamientos;

XXXIV. Resolver en los términos de esta Ley, las solicitudes de registro de los partidos políticos y asociaciones políticas estatales;

XXXV. Proveer que lo relativo a las prerrogativas de los partidos políticos y asociaciones políticas estatales se desarrollen con apego a esta Ley;

XXXVI. Expedir su reglamento interior, a propuesta que le formule el Presidente;

XXXVII. Organizar, en la etapa de preparación del proceso electoral, reuniones de orientación a funcionarios electorales, así como formular los instructivos de capacitación que se aplicarán para dichos funcionarios;

XXXVIII. Recibir del Tribunal Estatal Electoral, información sobre las resoluciones dictadas en los recursos de apelación y de inconformidad;

XXXIX. Recibir la información sobre los cómputos y las declaratorias de validez de las elecciones de Diputados por el principio de mayoría relativa y de Ayuntamientos, así como la expedición de las constancias de mayoría respectivas, por parte de los Comités Distritales y Municipales Electorales, respectivamente;

XL. Contar directamente o por medio de sus órganos, con el auxilio de la fuerza pública necesaria para garantizar en los términos de esta Ley, el desarrollo del proceso electoral; y

XLI. Las demás que le sean conferidas por esta Ley.

ARTÍCULO 164. El proceso electoral es el conjunto de actos ordenados por la Constitución Política del Estado de Baja California Sur y por esta Ley, realizados por las autoridades electorales, los partidos políticos y los ciudadanos, que tiene por objeto la renovación periódica de los integrantes de los Poderes Legislativo y Ejecutivo, así como de los Ayuntamientos de la entidad, que comprende las siguientes etapas:

a) La preparación de las elecciones;

b) La jornada electoral; y

c) La posterior a las elecciones.

De las disposiciones referidas se puede desprender cuáles son los elementos fundamentales de una elección democrática, cuyo cumplimiento debe ser imprescindible para que una elección se considere producto del ejercicio popular de la soberanía, dentro del sistema jurídico-político construido en la Carta Magna y en las leyes electorales estatales, que están inclusive elevadas a rango constitucional, y son imperativos, de orden público, de obediencia inexcusable y no son renunciables. Dichos principios son, entre otros, las elecciones libres, auténticas y periódicas; el sufragio universal, libre, secreto y directo; que en el financiamiento de los partidos políticos y sus campañas electorales prevalezcan los recursos públicos sobre los de origen privado; la organización de las elecciones a través de un organismo público y autónomo; la Certeza, Legalidad, Independencia, Imparcialidad y Objetividad como principios rectores del proceso electoral, el establecimiento de condiciones de equidad para el acceso de los partidos políticos a los medios de comunicación social, el control de la constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones electorales.

Como consecuencia de lo anterior, si esos principios son fundamentales en una elección libre, auténtica y periódica, es admisible arribar a la conclusión de que cuando en una elección, donde se consigne una fórmula abstracta de nulidad de una elección, se constate que alguno de estos principios ha sido perturbado de manera importante, trascendente, que impida la posibilidad de tenerlo como satisfecho cabalmente, y que por esto se ponga en duda fundada la credibilidad y la legitimidad de los comicios y de quienes resulten de ellos, resulta procedente considerar actualizada dicha causal.

Lo anterior significa que el sufragio ha de ajustarse a pautas determinadas para que las elecciones puedan calificarse como democráticas, pautas que parten de una condición previa: LA UNIVERSALIDAD DEL SUFRAGIO.

La universalidad del sufragio se funda en el principio de un hombre, un voto. Con la misma se pretende el máximo ensanchamiento del cuerpo electoral en orden a asegurar la coincidencia del electorado activo con la capacidad de derecho público.

La libertad de sufragio, cuyo principal componente es la vigencia efectiva de las libertades políticas, se traduce en que el voto no debe estar sujeto a presión, intimidación o coacción alguna. La fuerza organizada y el poder del capital no deben emplearse para influir al elector, porque destruyen la naturaleza del sufragio.

El secreto del sufragio constituye fundamental de su libertad, considerada desde la óptica individualista. El secreto del voto es en todo caso un derecho del ciudadano-elector, no una obligación jurídica o un principio objetivo.

Consecuentemente, si el acto jurídico consistente en el ejercicio del derecho al voto no se emite en las condiciones indicadas, porque por ejemplo, el autor del acto no votó libremente, ya que fue coaccionado, etcétera, es inconcuso que la expresión de voluntad del votante no merece efectos jurídicos.

Incluso, ese acto, si no cumple con los requisitos esenciales es posible estimar que no se ha perfeccionado y que no debe producir efectos.

Entonces, la libertad de los votantes es un elemento esencial del acto del sufragio y por ende de la elección propiamente dicha, para que pueda ser considerada democrática.

En efecto, la elección es el mecanismo por el cual se logra la expresión de la voluntad popular, se constituye por todas las etapas que preparan la jornada electoral y definen su resultado. Su significado como concepto, está marcado por un dualismo de contenido.

Por una parte puede tener un sentido neutro o ‘técnico’, y por la otra, un sentido sesgado u ‘ontológico’.

El significado neutro de elecciones puede ser definido como ‘una técnica de designación de representantes’. En esta acepción no cabe introducir distinciones sobre los fundamentos en los que se basan los sistemas electorales, las normas que regulan su verificación y las modalidades que tiene su materialización.

El significado ontológico de ‘elecciones’ se basa en vincular el acto de elegir con la existencia real de la posibilidad que el elector tiene de optar libremente entre ofertas políticas diferentes y con la vigencia efectiva de normas jurídicas que garanticen el derecho electoral y las libertades y derechos políticos; lo cual constituye su esencia.

En ese sentido se da una confluencia entre los conceptos técnicos (proceso electoral) y ontológico (la esencia del sufragio universal, libre, secreto, directo, personal e intransferible) de la elección, como método democrático para designar a los representantes del pueblo.

Para ejercer realmente el sufragio, el elector debe tener oportunidad de elegir y gozar de la libertad de elección. Sólo quien tiene la opción entre dos alternativas reales, por lo menos, puede ejercer verdaderamente el sufragio. Además, debe tener libertad para decidirse por cualquiera de ellas; de lo contrario, no tendría opción.

Las elecciones democráticas deben efectuarse siguiendo diferentes principios (procedimientos) formalizados. La garantía de esos principios constituye el presupuesto esencial para que se reconozcan las decisiones sobre personas postulantes y contenidos políticos a través de las elecciones, que son vinculantes para el electorado, por parte de los propios electores.

Entre estos principios que procuran la capacidad legitimadora de las elecciones, y que gozan al mismo tiempo de una importancia normativa para una elección libre son:

1) la propuesta electoral, que, por un lado, está sometida a los mismos requisitos de la elección (debe ser libre, competitiva) y por otro, no puede sustituir a la decisión selectiva de electorado;

2) la competencia entre candidatos, los cuales se vinculan en una contienda entre posiciones y programas políticos;

3) LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES EN EL ÁMBITO DE LA CANDIDATURA (CANDIDATURA Y CAMPAÑA ELECTORAL);

4) la libertad de elección que se asegura por la emisión secreta del voto;

5) el sistema electoral (reglas para la conversión de votos en escaños) no debe provocar resultados electorales peligrosos para la democracia o que obstaculicen la dinámica política;

6) la decisión electoral limitada en el tiempo sólo para un período electoral.

Estos principios se consagran en la Constitución Federal y en la del Estado de Baja California Sur, se reflejan en el sufragio universal y el derecho al voto libre, secreto igual y directo.

El derecho de sufragio, además de ser un derecho subjetivo, en el doble sentido, es sobretodo un principio, el más básico de la democracia, o hablando en términos más precisos del Estado democrático. La solidez de este aserto parece indiscutible en la medida en que si se reconoce que la soberanía reside en el pueblo, no hay otra forma más veraz de comprobación de la voluntad popular, que mediante el ejercicio del voto.

Para llegar a él, como se dijo, el elector debe elegir, cuando menos entre dos alternativas, y sólo puede hacerlo si conoce las propuestas de los candidatos.

El conocimiento de la oferta política del partido, deriva de la comunicación que tiene con el electorado. Resulta obvia la importancia que tienen los medios de difusión en este intercambio de información. La importancia de acceder en condiciones equitativas a los espacios en la radio, televisión y distintos medios de difusión mismos que deben ser objetivos y propiciar un ambiente de igualdad respecto del partido en el ejercicio del poder y demás partidos contendientes, en el caso concreto, la desatención que hicieron los gobiernos estatal y municipal de La Paz al no dejar de difundir su obra pública y aplicación de programas de acción 30 días antes de la jornada electoral y el mismo día de la elección en aras de una contienda justa y equitativa arremetiendo incluso con una oleada exagerada de difusión de obras electoreras, situación que derivó en la gran eficacia y penetración que tienen en la ciudadanía. Impidiéndose que a través de estos medios de difusión los partidos políticos y candidatos tuvieran la oportunidad de exponer los puntos de vista sobre la forma de enfrentar los problemas que afectan a la ciudadanía, los aspectos sobresalientes de su programa de trabajo, los principios ideológicos del instituto político y la opinión crítica de la posición que sostienen sus adversarios.

Entonces, la equidad en las oportunidades para la comunicación constituye, entre otros, uno de los elementos esenciales en una elección democrática, cuya ausencia da lugar a la ineficacia de la elección.

Todo lo anterior nos lleva a estimar el clima de libertad que debe imperar en una elección, para que cumpla con el principio democrático que prevé la Constitución Federal, pues es obvio que no es posible una elección si se celebran en una sociedad que no es libre.

Tratar de definir el concepto libre, nos enfrenta ante un término relativo, pues dependerá de la concepción histórica y social de cada grupo social que la defina. Sin embargo, existe un común denominador, las elecciones no pueden ser libre, si las libertades públicas no están al menos relativamente garantizadas.

La noción de libertades públicas puede concebirse en términos de un clima social o en términos de derechos y garantías

Un clima de libertad es aquel en que circula ampliamente una abundante y variada información sobre los asuntos públicos; lo que se oye o se lee suele ser discutido y las personas se agrupan en organizaciones para ampliar su propia opinión, o en contrario, verse inducidas con la información que se les proporciona.

En el aspecto legal, las libertades públicas comprenden las clásicas libertad de palabra, de prensa, de reunión, de asociación pacífica y el no ser sancionado económicamente o privado de libertad sin mediar sentencia de tribunal que aplique las leyes establecidas.

De ello se sigue que, en el terreno político, el elector debe quedar libre de ciertas formas explícitas de coacción: Las libertades elementales consisten en que su voto no se vea influido por intimidación, soborno ni inducción, es decir, que no reciba castigo ni recompensa por su voto individual, aparte de las consecuencias públicas, que emita su voto en el escenario antes mencionado, garantizado por sus libertades públicas, que lo haga con pleno conocimiento de las propuestas políticas derivado de una equitativa posibilidad de difusión de las propuestas de los partidos políticos y no por una amplia y desmedida de la obra pública y aplicación de programas de acción del partido en el poder.

Estas son las condiciones que debe tener una elección, que tiende a cumplir con el principio fundamental de que los poderes públicos se renueven a través del sufragio universal, tal como lo establece la Constitución Federal; que se cumpla con la voluntad pública de constituirse y seguir siendo un Estado democrático, representativo, en donde la legitimidad de los que integran los poderes públicos, derive de la propia intención ciudadana.

Una elección sin estas condiciones, en la que en sus etapas concurran intimidaciones, prohibiciones, vetos, iniquidades, desinformación, violencia e inducciones; en donde no estén garantizadas las libertades públicas ni los elementos indicados, no es, ni representa la voluntad ciudadana, no puede ser basamento del Estado democrático que como condición estableció el constituyente, no legitima a los favorecidos, ni justifica una correcta renovación de poderes.

Entonces, en los casos indicados anteriormente, la elección resulta nula, por no ser legal, cierta, imparcial, equitativa ni objetiva y pronunciarse respecto de ello, es simplemente el analizar y declarar si los actos electorales en su conjunto cumplieron con el mandato constitucional. Lo que válidamente podía hacer la autoridad responsable, dado que la propia ley electoral estatal, prevé la posibilidad de que se declare dicha nulidad y en consecuencia se revoque la constancia de mayoría que expida el Comité Electoral Distrital No. V, relativa a la elección de Diputados de Mayoría Relativa, tal como se desprende del artículo 366 fracciones lX y último párrafo, de la Ley Electoral del Estado de Baja California Sur.

Lo anterior no es contrario al principio de definitividad de los actos electorales, de acuerdo con lo siguiente:

Primero, porque este principio está referido a los actos que realizan las autoridades electorales en relación con un proceso electoral, de manera que no opera con relación a actos de personas o entidades distintas como pueden ser los actos de los ciudadanos de los partidos políticos y de otras autoridades distintas a las que organizan y llevan a cabo las elecciones.

Segundo, porque constituye una medida de seguridad para garantizar que el procedimiento por el que se desarrolla el proceso electoral se realice sana pero firmemente, de manera que si los actos procedimentales incurren en irregularidades estas pueden ser corregidas de inmediato a través de los medios de impugnación y si no se combaten en éstos, se logre la firmeza para servir de base sólida a los actos procedimentales subsiguientes, sin embargo como dicho procedimiento constituye sólo una parte del proceso y este desempeña una función instrumental respecto de los actos jurídicos sustantivos, que se constituyen y realizan por esa vía, y que a través de ella deben llegar y cumplir la finalidad principal, resulta obvio que respecto de éstos no opera dicho principio de definitividad principal, de manera que cuando las irregularidades cometidas en éstos afecten los elementos fundamentales de las elecciones democráticas y pueden producir su nulidad no es obstáculo para el examen de la cuestión y la declaratoria de nulidad.

De todo lo anterior es posible determinar que conforme con la legislación electoral del Estado de Baja California Sur, sí cabe posibilidad de declarar la nulidad de la elección de Diputados De Mayoría Relativa en el Distrito electoral No. V de la Paz, Baja California Sur, a través del recurso de inconformidad previsto en el mismo ordenamiento.

Al aplicar todos los anteriores conceptos al presente caso y relacionarlos con algunos de los hechos evidenciados a través de las probanzas que antes de mencionaron, con el fin de abordar el estudio de varios planteamientos formulados y que se encuentran, por ejemplo, en le apartado de los agravios hechos valer con anterioridad, se encuentra que existen determinados hechos que impiden considerar, que la elección de Diputados de Mayoría Relativa en el el Distrito V de la Paz, Estado de Baja California Sur se haya realizado mediante el sufragio libre y, por tanto, tal circunstancia conduce a estimar, que en el presente caso no fueron observados los artículos 116, fracción lV, incisos a) y g), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 36 fracción l párrafo segundo in fine, de la Constitución Política del Estado de Baja California Sur, los cuales prevén el sufragio universal libre, secreto y directo, como elemento indispensable de la elección, sin intervención, coacción o inducción de autoridad alguna, entre otras, la de gobernador, así como que deben propiciarse condiciones de equidad en los usos del tiempo en los medios de comunicación social.

Se parte de la base que el derecho al sufragio, con las características precisadas en las disposiciones constitucionales mencionadas, constituye la piedra angular del sistema democrático; de ahí que si se considera que en una elección, el sufragio no se ejerció con las características antes citadas, ello conduce a establecer que se han infringido los preceptos constitucionales invocados y que se ha atentado contra la esencia del sistema democrático.

Se tiene en cuenta que para apreciar si se ha respetado la libertad en la emisión del sufragio, no basta con examinar el hecho aislado referente así, en el momento de votar, el acto fue producto de la manifestación de una decisión libre, es decir, de una voluntad no coaccionada, sino que para considerar que el derecho al sufragio se ha ejercido con libertad es necesario establecer, si en la elección han existido otra serie de libertades, sin cuya concurrencia no podría hablarse en expresión, de asociación de reunión, de libre desarrollo de la campaña electoral, etcétera.

Se debe tener presente que para que realmente al ciudadano esté en aptitud de ejercer el sufragio con libertad, se requiere que en la organización de las elecciones se dé a los contendientes políticos un margen de equidad en aspectos tales, como el no inducir al electorado, inundándolo de información sobre las obras públicas y aplicación de programas de acción por parte de los Gobiernos Estatal y Municipal de La Paz lo cual fue hecho del conocimiento al Órgano Electoral correspondiente con sendos escritos de manifestaciones, además de dañar la imagen de mi representada en los spots publicitarios efectuados por la coalición Democrática y del Trabajo en donde de manera directa señala que los gobiernos perredistas han trabajado más que los gobiernos priístas, tal y como se acredita en la correspondiente queja en Materia de Propaganda Electoral interpuesta por mi representada y de la cual nunca se hizo pronunciamiento alguno ni siquiera en el medio de impugnación del cual emana la resolución que hoy se combate pese a que incluso se hizo valer como irregularidad en el proceso electoral en su fase previa de manera oportuna en atención al principio de inmediatez.

Si se hubiera garantizado ese margen de equidad entre los distintos partidos y candidatos que participan en las elecciones, quedará asegurado también, que el elector tendrá varias opciones entre las cuales podrá escoger realmente, con absoluta libertad, la que más se apegue a su convicción política y no será víctima de inducciones provenientes del hecho de que, por ejemplo, se dañe la imagen de mi representado y sus candidatos y se haga incurrir en error al ciudadano, de modo que éste piense que no tiene otras alternativas más que la resultante de la saturación publicitaria de quien ha contado ampliamente con ventaja de esos medios de comunicación, lo cual afecta desde luego, esa libertad que debe tener el elector al ejercer el derecho al sufragio.

En el presente caso existen elementos que afectan la libertad con la que debió ejercerse el sufragio en la elección de Diputados de Mayoría Relativa en el Distrito V de la Paz, Baja California Sur.

Estos momentos resultan evidenciados con varias de las pruebas que se ofrecieron como medio de convicción y que no valoró la A quo.

La apreciación de dichas probanzas se hace sobre la base de que los hechos que constituyen materia de la prueba, la mayoría de las veces son ocultados, ya que en ocasiones, incluso, se trata de verdaderos actos ilícitos, por lo que es muy difícil su demostración. De ahí que ante tal dificultad, sólo es posible tener convicción de ellos a través de los indicios que aportan los referidos medios de convicción, los cuales deben ser valorados atendiendo a las circunstancias descritas.

Tal y como se destacó en mi escrito inicial de Recurso de Inconformidad, en el cual se relataron los medios de impugnación, Denuncias y Escritos de Manifestaciones en Materia de Propaganda Electoral en donde fue excesivo el tiempo y bastante desproporcionado el que se utilizó para enviar spots que como se ha dicho inducen al electorado hacia el descrédito de mi representado y sus candidatos así como la también inducción del votante por la difusión de obras públicas y aplicación de los programas de acción para favorecer a los candidatos del partido en el poder, ya que en el monitoreo promedio que se ofreció como prueba así como de los periódicos, cintas magnetofónicas y audio fónicas en las quejas y escritos de manifestaciones y en el propio cuerpo del recurso de inconformidad. De igual forma, la mención de que causaba agravio al debido proceso electoral, al voto libre universal y directo y a mi representado y sus candidatos, el hecho de que el Gobierno Estatal y Municipal tuvieran como logotipo oficial un sol azteca con una leve distorsión principalmente el de su parte inferior derecha, la cual plenamente se identifica con el Partido de la Revolución Democrática el cual forma parte de la Coalición Democrática y del Trabajo.

La experiencia a que se refiere el artículo 16, párrafo 1, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral muestra, que en la actualidad los partidos políticos tienen plena conciencia de la importancia de ganar presencia ante la opinión pública y saben que los medios de comunicación, constituyen la vía más rápida para llegar a los electores.

La doctrina se refiere también a esta situación, por ejemplo, en la obra ‘Homo videns. La sociedad teledirigida’, editorial Taurus, 1998, página 66, al analizar la definición sobre democracia, según la cual, ésta es un gobierno de opinión, Giovanni Sartori dice que ‘…esta definición se adapta perfectamente a la aparición de la video-política. Actualmente, el pueblo soberano ‘opina’ sobre todo en función de cómo la televisión le induce a opinar. Y en el hecho de conducir la opinión, el poder de la imagen se coloca en el centro de todos los procesos de la política contemporánea.- Para empezar, la televisión condiciona fuertemente l proceso electoral, …bien en su modo de plantear la batalla electoral, o en la forma de ayudar a vencer al vencedor.’

En estas circunstancias, si como quedó demostrado, en la elección de Diputados de Mayoría Relativa en el Distrito V de la Paz, Baja California Sur, el partido político triunfador tuvo gran acceso a los medios televisivos, a diferencia de los demás partidos políticos; pero sobre todo, el Gobierno Estatal arremetió con una oleada de difusión en su Obra pública y Aplicación de Programas De Acción, es fácil advertir no solamente la inequidad en lo que hace al acceso a un medio de comunicación, lo cual por sí mismo es conculcatorio del artículo 116, fracción lV, inciso g), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sino que también es patente que la ventaja que tuvo el partido ganador fue proporcionada por quien tiene el poder del Gobierno del Estado y del Municipio de la Paz.

Esta desproporción en el acceso a un importante medio masivo de comunicación afecta el derecho al sufragio en dos vertientes:

Por una parte, según se vio con anterioridad, se ocasiona una limitación en las opciones que tiene el elector para decidir libremente entre las distintas propuestas de los partidos políticos que participan en los comicios, puesto que el ciudadano está más en contacto con la plataforma política de quien ha aparecido más en el medio de comunicación indicado y en mayor o menor medida se le hace perder el contacto de los partidos políticos que menos aparecen en el propio medio de comunicación, lo cual afecta la libertad con la que se debe ejercer el derecho al sufragio.

Por otra parte, la neutralidad gubernamental constituye un factor fundamental en la salvaguarda de la libertad con que debe ejercerse el derecho al sufragio; pero si no existe una actitud en ese sentido, la libertad en el ejercicio en el sufragio se ve afectada.

Podría partirse de la base que esta irregularidad, por sí sola, no pudiera constituir un factor determinante en el resultado de la elección de Diputados de Mayoría Relativa en el Distrito V de la Paz, Baja California Sur; sin embargo, esta no es la única anomalía que aparece demostrada en el expediente, puesto que en el presente caso acontecieron otras que se mencionarán enseguida.

A este respecto, se tiene presente lo resuelto en la ejecutoria de diecisiete de noviembre de mil novecientos noventa y ocho, dictada en el expediente SUP-JRC-124/98, relativo a la elección de Concejales del Ayuntamiento de Santiago Jamiltepec, Oaxaca. Existió un caso similar en San Luis Potosí, analizado en la ejecutoria de once de septiembre de mil novecientos noventa y siete, dictada en el juicio de revisión constitucional electoral, expediente SUP-JRC-036/97. En esta ejecutoria se sostuvo la siguiente tesis relevante, publicada en el Suplemento número 1 de la Revista Justicia electoral, páginas 51 y 52, que dice:

‘NULIDAD DE ELECCIÓN. VIOLACIONES SUSTANCIALES QUE SON DETERMINANTES PARA EL RESULTADO DE LA ELECCIÓN (LEGISLACIÓN DE SAN LUIS POTOSÍ).’ (Se transcribe)"

VI. Mediante oficios TEE-BCS-089/2002 y TEE-BCS-090/2002 del tres de marzo del año en curso, el Magistrado Presidente del Tribunal Estatal Electoral de Baja California Sur remitió, entre otros documentos, los escritos de demanda correspondientes a los juicios de revisión constitucional electoral presentados por los partidos Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México, los autos originales de los expedientes formados con motivo de los recursos de inconformidad, identificados con las claves TEE-RI-018/2002 y TEE-RI-019/2002, así como los informes circunstanciados de ley.

VII. Por acuerdos de cuatro de marzo del presente año, el Magistrado Presidente por Ministerio de Ley de este órgano jurisdiccional, tuvo por recibida la documentación precisada en el resultando anterior, ordenó la integración de los expedientes SUP-JRC-067/2002 y SUP-JRC-068/2002, formados con motivo de los juicios de revisión constitucional electoral promovidos por los partidos de Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México, respectivamente, y remitió los autos a su ponencia para los efectos previstos en los artículos 19 y 92 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; turno que se cumplió mediante oficios TEPJF-SGA-292/02 y TEPJF-SGA-293/02, suscritos por el Secretario General de Acuerdos de esta Sala Superior.

VIII. El siete de marzo del presente año, fueron presentados ante la Oficialía de Partes de esta Sala Superior los oficios TEE-104/2002 y TEE-096/2002, por los cuales el Magistrado Presidente del Tribunal Estatal Electoral de Baja California Sur informó que en los juicios promovidos por los partidos Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México, dentro del término legal establecido para ello, compareció como tercero interesado en ambos juicios, la Coalición Democrática y del Trabajo, haciendo valer en sus escritos las alegaciones que estimó convenientes.

IX. Mediante proveídos del cinco de marzo de dos mil dos, se admitieron a trámite las demandas de los juicios de revisión constitucional electoral referentes a los expedientes SUP-JRC-067/2002 así como SUP-JRC-068/2002, y, en virtud de que en los autos que integran los mismos no se encontraban determinadas constancias, indispensables para la debida resolución del presente medio de impugnación, se requirió tanto al V Comité Distrital Electoral de la Paz, como al Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Baja California Sur.

X. Por autos de once de marzo del año en curso, se tuvieron por cumplimentados los requerimientos precisados en el numeral inmediato anterior y en virtud de que no quedaban diligencias pendientes por desahogar, se cerró la instrucción en ambos juicios.

C O N S I D E R A N D O

PRIMERO. Esta Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es competente para conocer y resolver los presentes juicios de revisión constitucional electoral, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 99, párrafo cuarto, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 186, fracción III, inciso b), 189, fracción I, inciso e) de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como 4, y 87 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

SEGUNDO. En los expedientes registrados con las claves SUP-JRC-067/2002 y SUP-JRC-068/2002 existe conexidad en la causa, pues si bien fueron promovidos en contra de las sentencias que resolvieron los recursos de inconformidad identificados con las claves TEE-RI-018/2002 y TEE-RI-019/2002, que también fueron promovidos por los hoy actores, estos se encuentran relacionados con el mismo acto impugnado, esto es, la elección de diputados por el principio de mayoría relativa del V Distrito Electoral con cabecera en La Paz, Baja California Sur.

Por tanto, al existir identidad en el acto reclamado así como en la autoridad responsable, además de que el resultado de los juicios se encuentra estrechamente vinculado en forma recíproca y con el fin de facilitar la pronta y expedita resolución de los juicios en mención y evitar la existencia de fallos contradictorios, atendiendo a lo dispuesto por el artículo 31 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral y 73 fracciones VII y IX del Reglamento Interno de este Tribunal, ha lugar a decretar la acumulación de los juicios de revisión constitucional electoral antes referidos, debiendo acumularse el expediente SUP-JRC-068/2002 al diverso SUP-JRC-067/2002, por ser éste el más antiguo.

En consecuencia, deberá glosarse copia certificada de este fallo al expediente SUP-JRC-068/2002.

TERCERO. La procedencia de los presentes juicios se encuentra plenamente acreditada, en términos de los artículos 8, 9, 86 y 88 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, pues los escritos de demanda se presentaron ante la autoridad responsable, en éstos constan los nombres de los actores, nombres y firmas autógrafas de los promoventes, se encuentra identificado el fallo combatido y la autoridad emisora, los hechos en que se basan las impugnaciones, así como los agravios que les causa la citada determinación.

Del mismo modo, los juicios en estudio son oportunos, toda vez que se hicieron valer dentro del plazo legal establecido por el artículo 8, de la ley adjetiva aplicable, en tanto que las sentencias impugnadas les fueron notificadas personalmente a los partidos enjuiciantes el veinticinco de febrero del presente año (fojas 351 y 310 de los respectivos cuadernos accesorios número 1 de los expedientes SUP-JRC-067/2002, y el diverso SUP-JRC-068/2002), mientras que las demandas se presentaron el primero de marzo siguiente (foja 3 de ambos cuadernos principales de los citados expedientes), es decir, dentro del plazo legal de cuatro días previsto por el mencionado artículo.

De igual forma, provienen de parte legítima y se acredita la personería.

En efecto, atento a lo que establece el artículo 88, párrafo 1, de la ley adjetiva aplicable, el juicio de revisión constitucional electoral únicamente puede ser promovido por los partidos políticos y, en el caso, ambos juicios se entablaron por los partidos Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México, mediante representantes con personería suficiente para ello, ya que José Armando Romero Díaz y María de la Paz Reza Olivares son las mismas personas que promovieron los recursos de inconformidad cuyas resoluciones se combaten en esta vía, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1, inciso b) del referido artículo 88.

Asimismo, se satisfacen los requisitos especiales que exige el artículo 86 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, respecto de los presentes medios de control constitucional, en atención a las consideraciones siguientes:

a) El cumplimiento del requisito previsto en el inciso a), del referido artículo 86, que consiste en que los actos impugnados sean definitivos y firmes, pretende garantizar que el ejercicio de la jurisdicción de los tribunales cumpla el cometido atinente a su naturaleza jurídica, de resolver el litigio mediante una resolución que establezca la verdad legal sobre el asunto, propósito que sólo se puede alcanzar a través de un fallo único que obligue imperativamente a las partes y que no encuentre oposición de ninguna especie en la ley o en otros actos de autoridad, toda vez que la exigencia de que el acto impugnado no pueda revocarse, modificarse o anularse a través de un medio de control oficioso o de un juicio o recurso procedente en su contra, proporciona la seguridad de que la decisión adoptada en el medio extraordinario constituirá la única verdad legal del caso concreto, a la cual las partes deberán atenerse para todos los efectos, al no poder oponer ya nada para resistir legalmente su cumplimiento.

Por otra parte, el cumplimiento del requisito previsto en el inciso f), del mismo artículo, relativo a agotar las instancias previas, en virtud de las cuales pudiera haberse modificado, revocado o anulado el acto combatido responde al principio de definitividad, rector de los procesos jurisdiccionales excepcionales y extraordinarios, como es el juicio de revisión constitucional electoral, conforme al cual los justiciables sólo deben ocurrir a la vía especial, cuando sea el único medio para conseguir de manera pronta y adecuada la restitución, en la mayor medida posible, del goce de los derechos sustantivos controvertidos que estiman conculcados con las violaciones aducidas, pues no se justifica ocurrir a lo extraordinario cuando es más fácil e inmediato valerse de un medio ordinario eficaz para lograr lo pretendido.

Así, en el presente caso, las resoluciones reclamadas a través de estos juicios son definitivas y firmes, en atención a que la Ley Electoral del Estado de Baja California Sur, no contempla otro juicio o recurso local por el cual los partidos accionantes puedan obtener la revocación de los fallos controvertidos, tal y como se deduce de lo dispuesto por los artículos 319, fracción III, 322, fracción II y 325, fracción II del citado ordenamiento legal; además, los accionantes, como se desprende de autos, agotaron en tiempo y forma el recurso de inconformidad, establecido por la ley electoral local, como instancia previa, para impugnar la declaración de validez de la elección de diputados de mayoría relativa y, por lo tanto, el otorgamiento de la constancia de mayoría y validez, por las causales de nulidad establecidas en la ley, por lo que, como ya se precisó, se tienen por satisfechos los requisitos previstos en los incisos a) y f), del artículo 86, de la citada ley general.

Al respecto, resulta aplicable la tesis de jurisprudencia J.23/2000, aprobada por esta Sala Superior, y publicada en el Suplemento número 4, página 8, de Justicia Electoral, Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cuyo rubro es: "DEFINITIVIDAD Y FIRMEZA, CONSTITUYEN UN SOLO REQUISITO DE PROCEDIBILIDAD DEL JUICIO DE REVISIÓN CONSTITUCIONAL ELECTORAL".

b) En relación al requisito de procedibilidad señalado en el párrafo 1, inciso b), del artículo 86, de la ley general en cita, de los escritos de demanda de los juicios en estudio, se advierte que, los dos partidos políticos actores señalan que se violentaron, entre otros, los artículos 1, 6, 14, 16, 17, 41 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que resulta suficiente para tener por satisfecho el presupuesto que se examina; además, el hecho de que las resoluciones combatidas hayan violado o no algún precepto de la Constitución Federal, no es obstáculo para estudiar la procedencia de los presentes juicios, en virtud de que ello deriva, en su caso, del análisis de fondo de estos medios de impugnación, resultando innecesario que los accionantes acrediten a priori la violación de algún precepto constitucional, atento a que ello, se insiste, es consecuencia del análisis de los agravios esgrimidos.

Sirve de sustento a lo aquí expuesto la tesis de jurisprudencia emitida por esta Sala Superior y visible en las páginas 25 y 26 del Suplemento número 1, de Justicia Electoral, Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cuyo rubro es "JUICIO DE REVISIÓN CONSTITUCIONAL ELECTORAL. INTERPRETACIÓN DEL REQUISITO DE PROCEDENCIA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 86, PÁRRAFO 1, INCISO B), DE LA LEY DE LA MATERIA".

c) En los medios de impugnación que se examinan, la violación reclamada puede ser determinante para el desarrollo del proceso electoral o el resultado final de la elección, en razón de lo siguiente.

El concepto determinante para el resultado de la elección, según criterio reiterado de esta Sala Superior, debe entenderse como el cúmulo de hechos ciertos que entrañan circunstancias irregulares y contraventoras de los principios rectores de la función electoral, suficientes por sí mismos, para generar la posibilidad real y efectiva de que sus efectos influyan en forma trascendental en la secuela de los comicios, a grado tal de desvirtuar la credibilidad de los resultados, por estar sustentados en la constitucionalidad y legalidad que debe regir en los procesos electorales, especialmente en la jornada electoral.

Bajo esta premisa, los partidos actores se quejan, tanto en la instancia primigenia, como en las demandas de los juicios en que se actúa, de la presencia de violaciones sustanciales previas, durante y con posterioridad al desarrollo de la jornada electoral, esto es, la existencia de una causal genérica de nulidad que afecta la elección de diputados por el principio de mayoría relativa del V distrito electoral.

De tal forma, de asistirles la razón a los promoventes y comprobarse fehacientemente la existencia de las violaciones aducidas, con las cuales se hubieren vulnerado uno o más de los principios constitucionales de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad que rigen la función electoral de organizar las elecciones, así como el respeto al sufragio universal, libre, secreto y directo, ello traería como consecuencia que la elección cuestionada fuera anulada, lo que afectaría decisivamente el resultado del proceso electoral, razón por la cual, esta Sala Superior considera satisfecho el requisito de procedibilidad que se examina.

d) La reparación solicitada por los inconformes es material y jurídicamente posible dentro de los plazos electorales, toda vez que, en conformidad con lo dispuesto en los artículos 5 y 24 de la Ley Reglamentaria del Poder Legislativo de Baja California Sur, los diputados rinden protesta el catorce de marzo, día que corresponde al anterior a la fecha de inicio del primer periodo ordinario de sesiones y ese día catorce se instalará el Honorable Congreso, por lo que existe plena factibilidad de que la violación alegada a través de este medio constitucional de defensa sea reparada, en su caso, antes de la citada fecha.

Por lo expuesto, a juicio de este órgano colegiado se encuentra plenamente justificada la procedencia de los presentes medios de control constitucional electoral.

CUARTO. Los partidos políticos Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México, en sus respectivos escritos de demanda, dirigen sus agravios a combatir lo resuelto por el Tribunal Estatal Electoral de Baja California Sur en los sendos recursos de inconformidad identificados con las claves TEE-RI-018/2002 y TEE-RI-019/2002, haciendo valer en esencia lo siguiente:

Que les causa agravio la errónea apreciación que el tribunal estatal realizó en el considerando tercero de las resoluciones que se impugnan, con respecto a la causal genérica de nulidad de elección que hicieron valer, limitándose dicha autoridad a manifestar que al no estar contemplada en la legislación electoral local debía tomarse como una conducta frívola y en consecuencia, ser desechada, lo cual de ninguna manera justifica el no entrar al análisis de los hechos y agravios planteados, y por el contrario, tenía la obligación de agotar el principio de exhaustividad que debe regir en toda sentencia, conculcando con ello diversas disposiciones federales y locales, así como los criterios jurisprudenciales emitidos por esta Sala Superior.

Que el órgano a quo no sólo dejó de realizar el estudio de la causal genérica de nulidad planteada, sino que al dictar las resoluciones combatidas se limitó a desechar por frívolos los recursos planteados, fundando indebidamente dicha determinación en el artículo 338, fracción VI de la ley electoral local, ya que por frívolo, desde el punto de vista gramatical significa ligero, pueril, superficial, anodino y no la falta de regulación del término causal genérica de nulidad de elección, como lo señala el tribunal responsable.

Que les causa agravio el considerando cuarto de las resoluciones impugnadas en virtud de que la responsable se limita a manifestar que las causales de nulidad de votación recibida en las casillas invocadas son improcedentes por el solo hecho de que no se presentaron los respectivos escritos de protesta o bien por considerar que el escrito de protesta que oportunamente se exhibió adolecía de los requisitos establecidos en la legislación local, sin agotar el principio de exhaustividad que debe regir en toda resolución y pasando por alto el criterio de jurisprudencia sostenido por esta Sala Superior en el sentido de que el citado escrito de protesta es violatorio del artículo 17 de la Constitución federal.

Que les causa agravio lo expuesto en el considerando quinto de las resoluciones impugnadas, ya que el responsable, sin estudiar a fondo los hechos y agravios planteados, expresa diversas consideraciones subjetivas y ligeras, pasando por alto los principios de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad y exhaustividad con los que debió pronunciarse en su determinación.

Esta Sala Superior estima que son sustancialmente fundados los agravios hechos valer por los accionantes.

En relación con los motivos de inconformidad señalados en los incisos a) y b) este órgano colegiado considera que les asiste la razón a los enjuiciantes al señalar que el tribunal responsable "desechó" indebidamente la causal genérica de nulidad por considerarla frívola, al no estar contemplada en la legislación electoral sudcaliforniana, vulnerando con ello el principio de exhaustividad que debe regir en toda sentencia, toda vez que la falta de regulación de ninguna manera justifica el hecho de no realizar el estudio de las cuestiones planteadas.

Al mismo tiempo, se estima que les asiste la razón a los quejosos al señalar que el órgano a quo consideró de manera errónea que la aparente falta de regulación del término causal genérica de nulidad daba lugar a desechar por frívolos los recursos planteados, cuando la expresión frivolidad, desde el punto de vista gramatical, tiene una connotación totalmente distinta a la falta de regulación sostenida por el responsable.

En efecto, de la lectura del considerando tercero de las sentencias impugnadas, se observa que el tribunal responsable determinó no entrar al análisis de los hechos y agravios que expresaron los recurrentes al considerarlos frívolos, toda vez que pretendían hacer valer una causal genérica de nulidad que no se encontraba contemplada en la legislación electoral local, estimando además que se actualizaba el supuesto de notoria improcedencia señalado en la fracción VI del artículo 338 del referido ordenamiento.

En este contexto, resulta incuestionable que el tribunal estatal electoral desestimó incorrectamente las irregularidades aducidas por los recurrentes en los hechos y agravios de sus respectivos recursos, a fin de acreditar que a lo largo del proceso electoral para la elección de diputados de mayoría relativa en el V Distrito Electoral del Estado de Baja California Sur se materializó la causal genérica de nulidad de la elección, estableciendo como obstáculo para ello el que dicha causal no estuviera contemplada en la legislación electoral local.

Se afirma lo anterior toda vez que el tribunal local estaba obligado a cumplir con el principio de exhaustividad que impone a los juzgadores, una vez constatada la satisfacción de los presupuestos procesales, como en el caso ocurrió, el deber de estudiar completamente todos y cada uno de los puntos integrantes de las cuestiones o pretensiones sometidas a su consideración y no únicamente algún aspecto concreto, pues sólo ese proceder exhaustivo asegurará el estado de certeza jurídica de las resoluciones emitidas por todo órgano jurisdiccional electoral, lo cual en la especie no aconteció, toda vez que el tribunal local, se limitó a desestimar la causal genérica de nulidad aducida por los partidos políticos actores, sobre la base de que era frívola e improcedente al no estar contemplada en los ordenamientos electorales de la entidad.

En este sentido, en lugar de descalificar a priori los motivos de inconformidad referidos por los recurrentes, el tribunal local debió de analizar todos los argumentos y razonamientos contenidos en los agravios de los sendos recursos de inconformidad y, en su caso, valorar las pruebas aportadas, para emitir una resolución en la que se pronunciara sobre la procedencia o no de las pretensiones de los partidos ahora enjuiciantes.

Sirven de sustento a lo anterior, la tesis de jurisprudencia y la tesis relevante emitidas por esta Sala Superior del Tribunal Electoral, identificadas bajo el rubro "EXHAUSTIVIDAD EN LAS RESOLUCIONES. COMO SE CUMPLE" y "EXHAUSTIVIDAD PRINCIPIO DE. LAS AUTORIDADES ELECTORALES DEBEN OBSERVARLO EN LAS RESOLUCIONES QUE EMITAN" visibles en los suplementos de la Revista Justicia Electoral, número 5, año 2002, páginas 16 y 17, y número 1, año 1997, página 42, respectivamente, las cuales a continuación se reproducen:

"EXHAUSTIVIDAD EN LAS RESOLUCIONES. COMO SE CUMPLE. Este principio impone a los juzgadores, una vez constatada la satisfacción de los presupuestos procesales y de las condiciones de la acción, el deber de agotar cuidadosamente en la sentencia, todos y cada uno de los planteamientos hechos por las partes durante la integración de la litis, en apoyo de sus pretensiones; si se trata de una resolución de primera o única instancia se debe hacer pronunciamiento en las consideraciones sobre los hechos constitutivos de la causa petendi, y sobre el valor de los medios de prueba aportados o allegados legalmente al proceso, como base para resolver sobre las pretensiones, y si se trata de un medio impugnativo susceptible de abrir nueva instancia o juicio para revisar la resolución de primer o siguiente grado, es preciso el análisis de todos los argumentos y razonamientos constantes en los agravios o conceptos de violación y, en su caso, de las pruebas recibidas o recabadas en ese nuevo proceso impugnativo.

Sala Superior. S3EL 010/2000

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-167/2000. Partido Revolucionario Institucional. 16 de agosto de 2000. Unanimidad de votos. Ponente: Leonel Castillo González. Secretario: Rafael Rodrigo Cruz Ovalle.

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-309/2000. Partido de la Revolución Democrática. 9 de septiembre de 2000. Unanimidad de votos. Ponente: Alfonsina Berta Navarro Hidalgo. Secretario: Rafael Quiroz Soria."

"EXHAUSTIVIDAD PRINCIPIO DE. LAS AUTORIDADES ELECTORALES DEBEN OBSERVARLO EN LAS RESOLUCIONES QUE EMITAN. Las autoridades electorales, tanto administrativas como jurisdiccionales, cuyas resoluciones admitan ser revisadas por virtud de la interposición de un medio de impugnación ordinario o extraordinario, están obligadas a estudiar completamente todos y cada uno de los puntos integrantes de las cuestiones o pretensiones sometidas a su conocimiento y no únicamente algún aspecto concreto, por más que lo crean suficiente para sustentar una decisión desestimatoria, pues sólo ese proceder exhaustivo asegurará el estado de certeza jurídica que las resoluciones emitidas por aquéllas deben generar, ya que si se llegaran a revisar por causa de un medio de impugnación, la revisora estaría en condiciones de fallar de una vez la totalidad de la cuestión, con lo cual se evitan los reenvíos, que obstaculizan la firmeza de los actos objeto de reparo e impide que se produzca la privación injustificada de derechos que pudiera sufrir un ciudadano o una organización política, por una tardanza en su dilucidación, ante los plazos fatales previstos en la ley para las distintas etapas y la realización de los actos de que se compone el proceso electoral. De ahí que si no se procediera de manera exhaustiva podría haber retraso en la solución de las controversias, que no sólo acarrearía incertidumbre jurídica, sino que incluso podría conducir a la privación irreparable de derechos, con la consiguiente conculcación al principio de legalidad electoral a que se refieren los artículos 41, fracción III, y 116, fracción IV, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Sala Superior. S3EL 005/97.

juicio para la protección de los derechos político-electorales del cudadano. SUP-JDC-010/97. Organización Política "Partido de la Sociedad Nacionalista". 12 de marzo de 1997. Unanimidad de votos. Ponente: Mauro Miguel Reyes Zapata".

Lo expuesto cobra mayor relevancia si se toma en cuenta que el artículo 343, fracciones III y IV de la Ley Electoral del Estado de Baja California Sur, contempla la exigencia de que la autoridad jurisdiccional resuelva, entre otros, el recurso de inconformidad tomando en cuenta los preceptos que resulten aplicables a los hechos expuestos en el escrito de demanda, así como también de deducir los agravios de tales hechos, aún cuando se expresen deficientemente, resolviendo con los elementos que obren en el expediente.

De tal suerte si, como se ha constatado, la responsable se limitó a desestimar los hechos y agravios relacionados con lo que los entonces recurrentes denominaban "causal genérica de nulidad", por considerar que ésta no se encuentra contemplada en la legislación electoral aplicable, sin detenerse a analizar si lo expuesto por los partidos inconformes podría configurar alguna irregularidad de las tipificadas expresamente como invalidantes y, de ser así, si estas se encontraban o no acreditadas en autos, la violación al principio de exhaustividad se torna aún más manifiesta.

También se estima incorrecta la apreciación de la responsable, en el sentido de que la falta de regulación de la causal genérica de nulidad da lugar a la improcedencia del recurso de inconformidad por frívolo.

En efecto, un recurso en el que se reclame una determinada pretensión basada en una figura jurídica que expresamente no encuentra apoyo en la ley, como lo es la causal genérica de nulidad a que aluden los actores, de manera alguna se traduce en que sea frívolo dicho recurso, puesto que, como es sabido, un medio de impugnación es frívolo cuando se promueve sin existir motivo o fundamento para ello, o que en forma evidente no puede alcanzar su objeto, lo que no sucede en la especie.

Los escritos de demanda formulados por los partidos Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México en modo alguno merecen el calificativo de frívolos, pues la mera lectura de los hechos y agravios en ellos plasmados permite observar que éstos van dirigidos a evidenciar la existencia de presuntas violaciones ocurridas antes, durante y con posterioridad a la jornada electoral, con la finalidad de demostrar que en la especie se materializó una causal genérica de nulidad de la elección de diputados en el V distrito electoral de Baja California Sur, lo cual de ninguna manera implica que tales manifestaciones resulten intrascendentes y carentes de eficacia jurídica a grado tal que deban desecharse.

Por el contrario, las mismas le imponían a la responsable la obligación de llevar a cabo un análisis de lo argumentado a la luz de la normatividad vigente y, de ser el caso de los medios probatorios aportados con la finalidad de pronunciarse con respecto a su procedencia o no.

Tan es así que el propio tribunal estatal electoral, al desarrollar sus argumentos para justificar la supuesta frivolidad de la pretensión deducida, sostiene que la denominada causal genérica de nulidad no es posible desprenderla gramaticalmente ni por interpretación de la ley, por lo que el "criterio jurisprudencial" de este Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación no debe extrapolar los límites de las legislaciones, siendo "tan sólo aplicable... para todas aquellas actuaciones o resoluciones de autoridades electorales que aplican legislaciones de dicha naturaleza".

Lo que pone de manifiesto que la responsable, para arribar a la conclusión de que se está en presencia de una petición "frívola", realiza o pretende realizar un estudio de las disposiciones de la ley electoral local, con miras a demostrar que la causal genérica de nulidad no se encuentra prevista explícitamente, ni es posible deducirla mediante la interpretación normativa, lo que ciertamente resulta contradictorio con las características propias de una demanda que efectivamente sea frívola, así como también con la naturaleza de las causas de improcedencia a que alude el artículo 338 de la Ley Electoral del Estado de Baja California Sur, cuyo texto literal es el siguiente:

"Artículo 338

El organismo electoral y el Tribunal Estatal Electoral podrán desechar aquellos recursos evidentemente frívolos o cuya notoria improcedencia se derive de las disposiciones de esta Ley.

En todo caso los recursos se entenderán como notoriamente improcedentes y deberán ser desechados de plano, cuando:.

I. No se interpongan por escrito ante el organismo electoral que realizó el acto, dictó la resolución o realizó el cómputo que se impugna;

II. No estén firmados autógrafamente por quien los promueva;

III. Sean interpuestos por quien no tenga legitimación o interés jurídico en los términos de esta Ley;

IV. Sean presentados fuera de los plazos que señala esta Ley;

V. No se ofrezcan ni se aporten pruebas en los plazos señalados en esta Ley, salvo que se indiquen las razones justificadas por las que no obren en poder del promovente. No se requerirá de pruebas cuando el recurso se refiera en forma exclusiva sobre puntos de derecho;

VI. No se hayan presentado en tiempo los escritos de protesta o no reúnan los requisitos que esta Ley señala para que proceda el recurso de inconformidad;

VII. No se señalen agravios o los que se expongan manifiestamente no tengan relación directa con el acto, resolución o resultados de la elección que se pretende combatir; y

VIII. Se impugne más de una elección con un mismo recurso."

La lectura de este dispositivo pone en evidencia que las causas de improcedencia ahí contempladas necesariamente deben actualizarse de manera manifiesta e indudable, de suerte tal que los actos posteriores del procedimiento no sean necesarios para configurarla en forma acabada y tampoco puedan, previsiblemente, desviar su contenido, toda vez que el precepto utiliza expresiones como "evidentemente frívolos", "notoria improcedencia" y "desechados de plano", las que denotan la naturaleza extrema e indubitable.

Consecuentemente, si para llegar a la determinación de que los recursos de inconformidad interpuestos por los ahora enjuiciantes resultaban frívolos, la responsable tuvo que recurrir a una lectura y análisis de la normatividad electoral, así como a ejercicios de interpretación (pues sólo una vez realizados éstos se entiende su afirmación consistente en que la causal genérica de nulidad no es posible deducirla de la interpretación de la ley), entonces es indudable que la supuesta causa de improcedencia no era evidente, además que la pretensión en comento ni siquiera resultaba frívola, pues si para llegar a calificar de este modo a los hechos y agravios expuestos era necesario verificar si la causa petendi encontraba sustento jurídico, debe igualmente concluirse que entonces lo solicitado no reviste tal carácter, pues la respuesta dependía, en todo caso, del examen de cuestiones substanciales, lo que en si mismo denota que no se está en presencia de un medio de impugnación ligero, pueril, superficial, anodino, o que de manera evidente no pueda alcanzar su objeto.

En relación con el motivo de inconformidad sintetizado en el inciso c) este órgano colegiado estima que resultan sustancialmente fundados aquellos asertos en los que se destaca que el tribunal responsable "desechó" los agravios encaminados a lograr la nulidad de la votación recibida en las casillas 208 contigua, 210 contigua 1, 214 básica, 215 contigua, 217 contigua, 223 contigua, 253 básica, 260 básica, 261 básica, 264 básica, 264 extraordinaria, 265 extraordinaria, 266 básica, 266 extraordinaria, 348 básica y 350 básica, por el solo hecho de que no se presentaron los respectivos escritos de protesta o bien, por considerar que el escrito de protesta que se presentó adolecía de los requisitos establecidos por la legislación local, pasando por alto el criterio de jurisprudencia sostenido por esta Sala Superior en el sentido de que el citado escrito de protesta es violatorio del artículo 17 de la Constitución federal.

Lo anterior en razón de que la aplicación que el tribunal responsable le dio a los artículos 323 y 338, fracción VI de la Ley Electoral del Estado de Baja California Sur, violenta la garantía consagrada en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al impedirle a los partidos políticos actores el acceso a la posibilidad de que se les administre justicia por los tribunales expeditos para impartirla, en la medida de que dicho dispositivo constitucional, establece específicamente, que ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho, por lo que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial; y que, el hecho de que el Tribunal Estatal Electoral de Baja California Sur, desestimara su recurso de inconformidad en los términos que lo hizo, implicaba que se impedía a los impetrantes el ejercicio de su derecho constitucional a que se les administre justicia por dicho tribunal electoral, en la medida de que la procedibilidad del escrito de protesta como requisito de procedencia para el recurso de inconformidad, no puede ser considerada como tal, toda vez que, dicho dispositivo establece un obstáculo para la impartición de justicia a que tienen derecho, que en todo caso, el recurso de inconformidad, debe ser resuelto en el fondo ya que se interpuso específicamente en el ejercicio de un derecho constitucional al que ninguna ley secundaria o reglamentaria debe restringir.

Para una mejor comprensión del sentido de lo afirmado se estima pertinente tener presente el marco normativo relativo al escrito de protesta y al recurso de inconformidad previstos en la legislación electoral sudcaliforniana, así como lo atinente a la garantía de acceso a la justicia que a su vez establece el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Respecto del escrito de protesta, cabe tener en cuenta las disposiciones de la Ley Electoral del Estado de Baja California Sur que lo regulan, mismas que en lo que importa, son del tenor literal siguiente:

"Artículo 121.

Los secretarios de la mesa directiva de casilla tendrán las siguientes atribuciones:

...

III. Recibir los escritos de protesta que presenten los representantes de los partidos políticos o coaliciones acreditados en la casilla al término del escrutinio y cómputo;

...

Artículo 201.

La actuación de los representantes generales de los partidos políticos estará sujeta a las normas siguientes:

...

VI. En todo tiempo podrán presentar escritos de incidentes que se susciten durante el desarrollo de la jornada electoral, pero sólo podrán presentar escritos de protesta al término del escrutinio y cómputo, cuando el representante de su partido político ante la mesa directiva de casilla no estuviere presente;

...

Artículo 202

Los representantes de los partidos políticos o coaliciones ante las mesas directivas de casillas, tendrán los siguientes derechos:

...

VII. Estar presentes en el escrutinio y cómputo, y en su caso, al término del mismo, interponer el escrito de protesta;

...

Artículo 239

Se levantará un acta de escrutinio y cómputo para cada elección. Cada acta contendrá, por lo menos:

...

V. La relación de escritos de protesta presentados por los representantes de los partidos políticos al término del escrutinio y cómputo.

...

Artículo 242

Al término del escrutinio y cómputo de cada una de las elecciones, se integrará el expediente electoral de la casilla con la documentación siguiente:

...

III. Los escritos de protesta que se hubiesen recibido; y

...

Artículo 323

El escrito de protesta que se presente por los resultados contenidos en el apartado correspondiente al escrutinio y computación de la casilla del acta de la jornada electoral, es un medio para establecer la existencia de presuntas violaciones durante el día de la jornada electoral y requisito de procedibilidad para interponer el recurso de inconformidad.

No se requerirá la presentación del escrito de protesta cuando se impugne en los casos señalados en las fracciones III, IV y V del artículo 264, o se haga valer la causal de nulidad señalada en las fracciones I y V del artículo 310, o cuando se impugnen por error aritmético las actas de cómputo distrital de la elección de Gobernador del Estado y de Diputados por ambos principios, de cómputo municipal de la elección de Ayuntamientos, de cómputo de la circunscripción plurinominal y de cómputo general de la elección de Gobernador del Estado.

El escrito de protesta deberá contener:

I. El partido político que lo presenta;

II. La mesa directiva de casilla ante la que se presenta;

III. La elección que se protesta;

IV. La descripción sucinta de los hechos que se estimen violatorios de los preceptos legales que rigen el desarrollo de la jornada electoral;.

V. Cuando se presente ante el Comité Distrital o Municipal Electoral correspondiente, se deberá identificar, además, individualmente cada una de las casillas que se pretende impugnar; y

VI. El nombre, la firma autógrafa y cargo partidario de quien lo presenta.

El escrito de protesta deberá presentarse por los representantes de partido acreditados ante la mesa directiva de casilla, o bien por el representante general al término del escrutinio y cómputo. También podrá presentarse hasta antes de iniciar el cómputo respectivo en el Comité Distrital o Municipal electoral correspondiente, por el representante del partido acreditado ante éstos.

De la presentación del escrito de protesta deberán acusar recibo o razonar de recibida una copia del respectivo escrito los funcionarios de la casilla u órgano electoral, asentando en las copias de los escritos que presenten los partidos políticos la fecha y hora de recibido.

Artículo 338

El organismo electoral y el Tribunal Estatal Electoral podrán desechar aquellos recursos evidentemente frívolos o cuya notoria improcedencia se derive de las disposiciones de esta Ley.

En todo caso los recursos se entenderán como notoriamente improcedentes y deberán ser desechados de plano, cuando:

...

VI. No se hayan presentado en tiempo los escritos de protesta o no reúnan los requisitos que esta Ley señala para que proceda el recurso de inconformidad;

..."

Ahora bien, en relación con el recurso de inconformidad y la nulidad de la votación recibida en una o varias casillas y en su caso, con las causas de nulidad de una elección, la reglamentación relativa es la siguiente:

"Artículo 1º

Las disposiciones de esta Ley son de orden público y de observancia general en el Estado de Baja California Sur y reglamentan los preceptos constitucionales relativos al ejercicio de los derechos políticos de los ciudadanos; a la constitución y registro de las organizaciones políticas estatales; a la preparación, desarrollo y vigilancia de los procesos electorales, ordinarios y extraordinarios, para elegir a los integrantes de los Poderes Legislativo y Ejecutivo y a los miembros de los Ayuntamientos de la Entidad; a la declaración de validez de los resultados electorales y los medios de impugnación para garantizar la legalidad de los actos y resoluciones electorales.

Artículo 310

Se declarará la nulidad de las votaciones recibidas en una casilla, únicamente en los siguientes casos:

I. Instalar la casilla electoral, sin causa justificada, en lugar distinto del señalado o en condiciones diferentes a las establecidas por esta Ley;

II. Cuando se ejerza violencia física o exista cohecho, soborno o presión de alguna autoridad o particular sobre los funcionarios de la mesa directiva de la casilla o sobre los electores, de tal manera que se viole la libertad o el secreto del voto y tengan relevancia en los resultados de la votación en la casilla;

III. Realizar, sin causa justificada, el escrutinio y cómputo en local diferente al determinado por el Comité Distrital Electoral correspondiente;

IV. Que exista dolo o error en el escrutinio y cómputo de los votos que beneficien a uno de los candidatos, fórmula o planilla de candidatos y que ésta sea determinante para el resultado de la votación, salvo que éste sea corregido en el cómputo correspondiente;

V. Cuando sin causa justificada el paquete electoral sea entregado al órgano electoral respectivo, fuera de los plazos que esta Ley establece y su contenido se encuentre alterado;

VI. Se hubiese permitido sufragar sin credencial con fotografía para votar o a aquellos cuyo nombre no aparezcan en la lista nominal de electores, salvo los casos de excepción señalados en los artículos 220 y 226 de esta Ley y siempre que ello sea determinante para el resultado de la votación;

VII. Haber impedido el acceso a los representantes de los partidos políticos o haberlos expulsado sin causa justificada, y siempre que ello sea determinante para el resultado de la elección;

VIII. Se compruebe que se impidió, sin causa justificada, ejercer el derecho de voto a los ciudadanos y esto sea determinante para el resultado de la votación;

IX. La recepción de votación por personas u organismos distintos a los facultados por esta Ley; y

X. Recibir la votación en fecha distinta a la señalada para la celebración de las elecciones.

Artículo 311

Una elección será nula cuando:

Las causas de nulidad a que se refiere el artículo anterior se declaren existentes en por lo menos el veinte por ciento de las casillas de un distrito electoral, municipio o del Estado, según sea el caso, y sean determinantes en el resultado de la elección;

Cuando no se instalen las casillas en el veinte por ciento de las secciones del distrito electoral, municipio o del Estado, según corresponda, y consecuentemente la votación no haya sido recibida; y

Los candidatos que hayan obtenido mayoría de votos en el cómputo de la elección respectiva, se vean afectados por causa superviniente que los haga inelegibles para el cargo para el que fueron postulados, tratándose de:

a) El candidato a Gobernador del Estado;

b) Los dos integrantes de la fórmula de Diputados por el principio de mayoría relativa;

c) Los integrantes de las listas de Diputados por el principio de representación proporcional;

d) La mitad más uno de los candidatos propietarios para la planilla de Presidente, Síndico y Regidores de Ayuntamientos.

Artículo 312

Ningún partido político o coalición podrá invocar, como causa de nulidad hechos o circunstancias que el propio partido dolosamente haya provocado.

Artículo 313

En el caso de la nulidad de la votación de una o más casillas, se descontará la votación anulada de la votación para la elección de Diputados por ambos principios, para Gobernador del Estado, así como para la elección de Presidente, Síndico y Regidores de los Ayuntamientos de la entidad, para obtener los resultados de la votación válida, siempre que no se esté en el supuesto de la fracción I del artículo 311 de esta Ley.

Artículo 314

Los efectos de las nulidades declaradas por el Tribunal Estatal Electoral se contraen exclusivamente a la votación o elección para la que expresamente se haya hecho valer el recurso de inconformidad.

Artículo 315

Tratándose de la inelegibilidad de candidatos propietarios y suplentes a Diputados y Regidores por el principio de representación proporcional que deban asignarse a un partido político o coalición, tomarán el lugar de los declarados no elegibles los que les sigan en la lista o planilla correspondiente al mismo partido político o coalición. En el supuesto de que dicha lista o planilla se agote, tomará el lugar el que sea designado por el propio partido político.

Artículo 316

Las elecciones cuyos cómputos, constancias de mayoría y validez o de asignación que no sean impugnadas en tiempo y forma, se considerarán válidas, definitivas e inatacables.

Artículo 317

Los recursos son aquellos medios de impugnación con que cuentan los ciudadanos, partidos y asociaciones políticas y coaliciones, para efecto de garantizar la vigencia del principio de legalidad en los procesos electorales y tienen como finalidad revocar, modificar o confirmar en los términos de esta Ley los actos o resoluciones impugnadas.

Artículo 319

Durante el proceso electoral, para garantizar la legalidad de los actos, resoluciones y resultados electorales, se podrán interponer ante el Instituto Estatal Electoral o el Tribunal Estatal Electoral, según corresponda, los siguientes medios de impugnación:

Recurso de revisión;

II. Recurso de apelación; y

III. Recurso de inconformidad.

Artículo 322

Los partidos políticos podrán interponer el recurso de inconformidad para impugnar:

...

II. La declaración de validez de la elección de Diputados por el principio de mayoría relativa y, por lo tanto, el otorgamiento de la constancia de mayoría y la declaratoria de validez respectiva, por las causales de nulidad establecidas en esta Ley;

...

Artículo 328

El recurso de inconformidad deberá interponerse:

...

II. Dentro de los tres días contados a partir del día siguiente de que concluya la práctica del cómputo distrital correspondiente, para objetar los resultados contenidos en el acta respectiva, para la elección de Diputados por mayoría relativa, en los casos previstos en las fracciones II y V del artículo 322 de esta Ley, y dentro del mismo término para objetar los resultados contenidos en el acta de cómputo distrital respectiva para la elección de Diputados por el principio de representación proporcional, en los casos previstos en las fracciones I y V del artículo 322 de esta Ley;

..."

Atendiendo a una interpretación gramatical, sistemática y funcional de los preceptos legales invocados en líneas precedentes, concretamente de los artículos 1, 317, 319 y 322, es válido inferir que es a través del recurso de carácter jurisdiccional denominado de inconformidad, como se puede anular la votación recibida en una o varias casillas o de una elección, por alguna de las causas señaladas limitativamente en los artículos 310 y 311 del código electoral de esa entidad federativa, y que el órgano facultado para resolver lo conducente es el Tribunal Estatal Electoral de Baja California Sur.

Ahora bien, como se anticipó, se estima necesario reproducir lo dispuesto en los artículos 14, párrafo segundo; 17, párrafos primero y segundo; 41, párrafos primero y cuarto, fracción IV; 99, párrafos primero y cuarto, fracción IV; 116, párrafo segundo, fracción IV, inciso d), y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 7, 36, fracciones IV y V, así como 99 de la Constitución Política del Estado de Baja California Sur, para efecto de determinar las normas jurídicas aplicables a la causa de pedir de los actores, que es en el sentido de que se vulneran sus derechos de acceso a la justicia, así como la debida aplicación de las leyes electorales cuando el tribunal estatal electoral considera que el escrito de protesta es requisito de procedencia del juicio de inconformidad, en forma tal que se impide el estudio del fondo por el órgano jurisdiccional competente de ese medio de impugnación, por la falta de presentación del mismo o de alguno de sus requisitos.

De la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:

"Artículo 14

...

Nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho.

...

Artículo 17

Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho.

Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales.

...

Artículo 41

El pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión, en los casos de la competencia de éstos, y por los de los Estados, en lo que toca a sus regímenes interiores, en los términos respectivamente establecidos por la presente Constitución Federal y las particulares de los Estados, las que en ningún caso podrán contravenir las estipulaciones del Pacto Federal.

...

IV. Para garantizar los principios de constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones electorales, se establecerá un sistema de medios de impugnación en los términos que señalen esta Constitución y la ley.

Dicho sistema dará definitividad a las distintas etapas de los procesos electorales y garantizará la protección de los derechos políticos de los ciudadanos de votar, ser votado y de asociación, en los términos del artículo 99 de esta Constitución.

...

Artículo 99

El Tribunal Electoral será, con excepción de lo dispuesto en la fracción II del artículo 105 de esta Constitución, la máxima autoridad jurisdiccional en la materia y órgano especializado del Poder Judicial de la Federación.

...

Al Tribunal Electoral le corresponde resolver en forma definitiva e inatacable, en los términos de esta Constitución y según lo disponga la ley, sobre:

...

IV. Las impugnaciones de actos o resoluciones definitivos y firmes de las autoridades competentes de las entidades federativas para organizar y calificar los comicios o resolver las controversias que surjan durante los mismos, que puedan resultar determinantes para el desarrollo del proceso respectivo o el resultado final de las elecciones. Esta vía procederá solamente cuando la reparación solicitada sea material y jurídicamente posible dentro de los plazos electorales y sea factible antes de la fecha constitucional o legalmente fijada para la instalación de los órganos o la toma de posesión de los funcionarios elegidos.

...

Artículo 116

...

IV. Las Constituciones y leyes de los Estados en materia electoral garantizarán que:

...

d) Se establezca un sistema de medios de impugnación para que todos los actos y resoluciones electorales se sujeten invariablemente al principio de legalidad.

...

Artículo 133

Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión. Los jueces de cada Estado se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de los Estados".

Constitución Política del Estado de Baja California Sur:

"Artículo 7o.

En el Estado de Baja California Sur todo individuo gozará de las garantías que otorga la Constitución General de la República, las cuales no podrán restringirse ni suspenderse, sino en los casos y con las condiciones que ella misma establece.

...

Artículo 36

La soberanía del Estado reside esencial y originariamente en el pueblo Sudcaliforniano, quien la ejerce por medio de los poderes constituidos en los términos de esta Ley fundamental. La renovación de los poderes Legislativo y Ejecutivo, así como de los Ayuntamientos, se realizará mediante elecciones libres, auténticas y periódicas, conforme a las siguientes bases:

...

IV. La organización de los procesos electorales es una función que corresponde realizar al poder público a través de un organismo público autónomo en su funcionamiento e independiente en sus decisiones, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, que se denominará Instituto Estatal Electoral y en cuya integración concurren el Poder Legislativo del Estado, los partidos políticos y los ciudadanos, en los términos que disponga la Ley. En el ejercicio de las funciones del organismo electoral, serán principios rectores la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad.

...

V. Para garantizar los principios de constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones electorales, se establecerá un sistema de medios de impugnación en los términos que señalen esta Constitución y la Ley. Dicho sistema dará definitividad a las distintas etapas de los procesos electorales y garantizará la protección de los derechos políticos de los ciudadanos de votar, ser votado y de asociación.

...

Artículo 99

El Tribunal Estatal Electoral tendrá la competencia y organización que determine la Ley, funcionará en pleno y resolverá en una sola instancia, y sus sesiones serán públicas, a excepción de las que determine el propio Tribunal. Los Poderes Legislativo y Judicial garantizarán su debida integración. Para el ejercicio de sus funciones, el Tribunal Estatal Electoral estará integrado con tres Magistrados numerarios y dos supernumerarios, los cuales ejercerán el cargo por seis años y responderán sólo al mandato de la Ley. El Presidente del mismo será elegido de entre sus miembros, para ejercer la función por seis años.

..."

Así, la autoridad responsable desechó el recurso de inconformidad respecto de las casillas 208 contigua, 210 contigua 1, 214 básica, 215 contigua, 217 contigua, 223 contigua, 253 básica, 260 básica, 261 básica, 264 básica, 264 extraordinaria, 265 extraordinaria, 266 básica, 266 extraordinaria, 348 básica y 350 básica, invocando lo dispuesto por los artículos 323 y 338, fracción VI de la ley electoral sudcaliforniana, que disponen que el escrito de protesta es requisito de procedibilidad del recurso de inconformidad; sin embargo, tal requisito resulta contrario al artículo 17 de la Constitución federal, que proscribe la autotutela en materia de justicia y, en contrapartida, prevé la heterocomposición a través de tribunales, los cuales deben estar expeditos para impartir justicia en los plazos y términos que fijen las leyes, mediante resoluciones que se emitan de manera pronta, completa e imparcial.

Esto implica que, según dicho precepto constitucional, las resoluciones de los tribunales constituyen el medio más natural para la solución de los litigios. Para que esto pueda operar, nada debe interferir entre los gobernados y los tribunales, puesto que el libre acceso que aquéllos tengan a los órganos jurisdiccionales garantizará que éstos puedan cumplir con la función que les encomienda el referido artículo constitucional, en los términos previstos por el propio precepto. Por tanto, la existencia de un obstáculo que impida a los gobernados a acceder a los órganos jurisdiccionales debe estimarse contrario a la citada disposición constitucional.

En el ámbito electoral, en lo que respecta a las entidades federativas, los incisos b), c) y d) de la fracción IV del artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevén que las constituciones y leyes de los estados en materia electoral garantizarán, que en el ejercicio de la función electoral a cargo de las autoridades electorales sean principios rectores los de legalidad, imparcialidad, objetividad, certeza e independencia; las autoridades que tengan a su cargo la organización de las elecciones y las jurisdiccionales que resuelvan las controversias en la materia, gocen de autonomía en su funcionamiento e independencia en sus decisiones; y se establezca un sistema de medios de impugnación para que todos los actos y resoluciones electorales se sujeten invariablemente al principio de legalidad.

De los incisos mencionados importa destacar, el imperativo de que los actos y resoluciones electorales se encuentren siempre apegados al principio de legalidad. Para garantizar el cumplimiento de esta disposición debe existir un sistema de medios de impugnación, además, de estar instituidos órganos jurisdiccionales que resuelvan las controversias, los cuales deben gozar de autonomía en su funcionamiento e independencia en sus decisiones.

Al relacionar los preceptos constitucionales mencionados se encuentra que, en materia electoral, las resoluciones que emitan los tribunales de la materia constituirán el medio natural, desde el punto de vista constitucional, para la solución de las controversias que surjan dentro del indicado ámbito. Consecuentemente, en materia electoral debe acatarse también el imperativo consistente en que nada debe obstaculizar el libre acceso de ciudadanos y partidos políticos a los órganos jurisdiccionales a fin de que no se obstruya la expeditez de la función jurisdiccional a que se refiere el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En el Estado de Baja California Sur existe un tribunal electoral que, en términos del artículo 99 de la constitución política, en relación con los numerales 319 y 325, fracción II de la ley electoral de dicha entidad, tiene jurisdicción y competencia para conocer y resolver en única instancia, así como de manera definitiva, las impugnaciones que se presenten en materia electoral. Por tanto, en el Estado de Baja California Sur existen las condiciones jurídicas adecuadas para que los litigios en materia electoral se solucionen, conforme a lo prevenido en el artículo 17 constitucional.

En consecuencia, si el artículo 323 de la Ley Electoral del Estado de Baja California Sur establece la presentación del escrito de protesta como requisito de procedibilidad del recurso de inconformidad, dicho precepto es conculcatorio del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Sirve de apoyo a lo anterior la tesis jurisprudencial J.06/99 dictada por esta Sala Superior, publicada en el Suplemento de la Revista Justicia Electoral, número 3, año 2000, páginas 14 y 15 que es del tenor siguiente:

"ESCRITO DE PROTESTA, SU EXIGIBILIDAD COMO REQUISITO DE PROCEDIBILIDAD DE LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL, ES VIOLATORIO DEL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS". En términos del artículo 99 de la Constitución Federal, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es, con excepción de lo dispuesto en la fracción II del artículo 105 constitucional, máxima autoridad jurisdiccional en la materia y órgano especializado del Poder Judicial de la Federación. Como tal, está facultado por la Carta Magna para decidir el conflicto de normas que en su caso se presente, y determinar que no se apliquen a actos o resoluciones combatidos por los medios de impugnación que corresponden a su jurisdicción y competencia, los preceptos de leyes secundarias que se invoquen o puedan servir para fundarlos, cuando tales preceptos se opongan a las disposiciones constitucionales. A su vez, con base en lo establecido por los artículos 41, base cuarta, y 116, fracción IV, inciso d), en relación con el artículo 17 constitucional, que proscribe la autotutela en materia de justicia y, en contrapartida, impone la expeditez en la actividad de los órganos jurisdiccionales responsables de impartirla, de manera que entre éstos y los gobernados no exista obstáculo alguno para que aquéllos estén prontos a obrar, desempeñando la función jurisdiccional, con la consecuencia de resolver en forma definitiva y firme, así como de manera pronta, completa e imparcial las controversias que se sometan a su consideración, debe considerarse que el escrito de protesta como requisito de procedibilidad de los medios impugnativos en materia electoral, constituye una limitación al ejercicio del derecho constitucional de acceder a la administración de justicia impartida por los Tribunales Electorales del Estado Mexicano, por constituir, de manera evidente, un obstáculo a la tutela judicial y por no responder a la naturaleza que identifica los procesos jurisdiccionales electorales ni a las finalidades que los inspiran, cuyo objeto es el de que mediante decisión jurisdiccional se controle la constitucionalidad y la legalidad de los actos y resoluciones propios de la materia, razones por las cuales, al citado escrito de protesta, al atentar contra lo dispuesto por el artículo 17 de la Carta Magna, no debe atribuírsele el requisito de procedibilidad de los medios de impugnación de que se trata.

Sala Superior. S3ELJ 006/99

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-041/99. Coalición integrada por los Partidos de la Revolución Democrática, del Trabajo y Revolucionario de las y los Trabajadores. 30 de marzo de 1999. Unanimidad de votos.

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-127/99. Coalición integrada por los Partidos Acción Nacional y Verde Ecologista de México. 9 de septiembre de 1999. Unanimidad de votos.

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-165/99. Partido de la Revolución Democrática. 29 de octubre de 1999. Unanimidad de votos.

TESIS DE JURISPRUDENCIA J.06/99. Tercera Época. Sala Superior. Materia Electoral. Aprobada por Unanimidad de votos."

En consecuencia, la determinación por parte de la responsable deviene inconstitucional e ilegal, al no tener en consideración el criterio expresado en la jurisprudencia precedente al momento de emitir su fallo, la cual resulta obligatoria, en términos de los artículos 99, párrafo sexto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 233 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

Por otro lado, se estima sustancialmente fundado el motivo de inconformidad que se sintetiza en el inciso d) relativo a que el órgano jurisdiccional responsable, sin estudiar a fondo los hechos y agravios planteados por los ahora enjuiciantes, expresa diversas consideraciones subjetivas pasando por alto los principios de exhaustividad, certeza y legalidad.

En efecto, según se aprecia en el considerando quinto de las sentencias impugnadas, la responsable calificó como inoperantes los agravios relativos a la causal de nulidad de la votación recibida en casilla prevista en el artículo 310, fracción I de la legislación electoral sudcaliforniana, consistente en la instalación de casillas, sin causa justificada, en un lugar distinto del señalado o en condiciones diferentes a las establecidas por la ley electoral.

En esta tesitura, la responsable, respecto de las casillas 210 contigua 1, 210 contigua 2, 211 básica, 217 básica, 217 contigua, 219 básica, 219 contigua, 220 básica, 220 contigua, 221 básica, 257 básica, 257 contigua, 264 básica, 288 básica y 289 básica, indicó que "los recurrentes intentaron simular actos que no ocurrieron o fabricar causales que no se materializaron", que además "pretendían aprovecharse de errores de llenado de actas que de ninguna forma se traducen en cambios de domicilio injustificados" y que aun en el caso de que las casillas se hubiesen instalado en un lugar distinto, el principio de certeza no se vería afectado, habida cuenta de que los recurrentes señalaron que más del cincuenta por ciento de los electores que aparecen en los sendos listados nominales acudieron a emitir su voto, por lo que de ninguna manera se provocó desorientación o confusión en el electorado.

Sin embargo, debe enfatizarse que las consideraciones a las que arribó el órgano jurisdiccional local se emitieron sin que en los autos de los expedientes formados con motivo de los respectivos recursos de inconformidad obrara constancia o documento alguno relativo a la instalación de las casillas en cuestión, a saber las actas de la jornada electoral, de escrutinio y cómputo, hojas de incidentes, o bien, el listado de la ubicación e integración de los referidos centros de votación (encarte), lo cual se puede constatar en los cuadernos accesorios anexos a los expedientes de los juicios citados al rubro, motivo suficiente para considerar que el tribunal responsable expresó consideraciones subjetivas carentes de respaldo documental y, por ende, contrarias a derecho.

Ahora bien, tomando en cuenta que los motivos de inconformidad aducidos por los partidos Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México han resultado sustancialmente fundados, lo procedente es revocar las sentencias emitidas por el Tribunal Estatal Electoral de Baja California Sur, en los expedientes TEE-RI-018/2002 y TEE-RI-019/2002.

De igual forma, es preciso enfatizar que conforme los artículos 5 y 24 de la Ley Reglamentaria del Poder Legislativo del Estado de Baja California Sur, los diputados electos deben tomar posesión el próximo catorce de marzo, por ello, a fin de reparar la violación cometida, con fundamento en los artículos 6, párrafo 3, y 93, párrafo 1, inciso b) de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, esta Sala Superior en plenitud de jurisdicción se avocará al estudio conjunto de los agravios esgrimidos en los sendos recursos de inconformidad presentados por los partidos políticos actores y, de manera previa, a las causas de improcedencia respecto de tales recursos, invocadas por el V Comité Distrital Electoral de La Paz, Baja California Sur y por la Coalición tercera interesada.

QUINTO. Los partidos Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México, según se precisó con anterioridad, interpusieron sus respectivos recursos de inconformidad en contra de los mismos actos, es decir, los resultados contenidos en el acta de cómputo distrital de la elección de diputados por el principio de mayoría relativa, emitida por el V Comité Distrital Electoral de la Paz, Baja California Sur, así como de la declaración de validez de dicha elección y el otorgamiento de constancia de mayoría respectiva, porque, en concepto de los inconformes, se actualizan causales de nulidad de votación recibida en diversas casillas, así como otros hechos irregulares.

Consecuentemente, con el objeto de facilitar la pronta y expedita resolución de los recursos en mención y evitar la existencia de fallos contradictorios, atendiendo a lo dispuesto por el artículo 340 de la Ley Electoral del Estado de Baja California Sur, ha lugar a decretar la acumulación de los recursos de inconformidad antes referidos, debiendo acumularse el expediente TEE-RI-019/2002 al diverso TEE-RI-018/2002, por ser éste el más antiguo.

En esta tesitura, previo al análisis de los agravios expuestos por los partidos recurrentes, en sus respectivos medios impugnativos locales, a efecto de que esta Sala Superior se pueda pronunciar sobre las cuestiones de fondo planteadas en los citados recursos, se estudiarán las causales de improcedencia hechas valer tanto por el V Comité Distrital Electoral de la Paz, en su carácter de autoridad responsable, como por la Coalición Democrática y del Trabajo, quien compareció en su carácter de tercero interesado, por ser su examen preferente y de orden público.

Así, el referido Comité Distrital en sus respectivos informes circunstanciados hizo valer que los recursos sujetos a examen debían desecharse en atención a que resultaban evidentemente frívolos, porque la demanda presentada por el Partido Verde Ecologista de México, era una copia del medio impugnativo interpuesto por el Partido Revolucionario Institucional.

Este órgano colegiado considera que debe desestimarse la causal de improcedencia sujeta a análisis, en atención a que el hecho de que las demandas que contienen los recursos de inconformidad interpuestos por los mencionados partidos políticos expresen iguales argumentos y se combata la votación de las mismas casillas, de manera alguna se traduce en que sean frívolos dichos recursos, puesto que, como se dijo en párrafos precedentes, un medio de impugnación es frívolo cuando se promueve sin existir motivo o fundamento para ello, o que en forma evidente no puede alcanzar su objeto; lo que no sucede en la especie, pues en los recursos de inconformidad en estudio ambos actores exponen argumentos que tienden esencialmente a modificar los resultados obtenidos en la elección de diputados por el principio de mayoría relativa correspondiente al V Distrito Electoral de Baja California Sur, a través de la impugnación de la votación en diversas casillas, por considerar que se actualizan causales de nulidad y, eventualmente, revocar el triunfo de la coalición triunfadora.

Es decir, existe la posibilidad de que les asista la razón, se declaren fundados sus agravios y pueda modificarse el resultado de la citada elección, ello independientemente de que sus argumentos y las casillas que combaten sean las mismas, puesto que los dos partidos tienen igual pretensión, esto es, modificar el resultado final de la elección combatida. Lo que resulta suficiente para examinar el fondo de la cuestión planteada en ambos recursos, ello con independencia de la viabilidad o eficacia jurídica de los agravios expuestos en los respectivos escritos de demanda, para revocar o modificar el acto combatido, lo que será materia de análisis y pronunciamiento al resolver el fondo de los presentes asuntos.

Además, las disposiciones conducentes de la Ley Electoral del Estado de Baja California Sur, en especial del artículo 341, fracción V, únicamente imponen la carga a los incoantes de hacer mención expresa y clara de los agravios que cause el acto combatido, sin que tales agravios deban revestir una característica de individualidad u originalidad respecto de otros medios de impugnación, lo que se corrobora con el diverso numeral 338, fracción VII del mismo cuerpo legal, que exclusivamente sanciona con el desechamiento de plano a la ausencia de agravios, o bien, que éstos manifiestamente, no guarden relación directa con el acto, resolución o resultados de la elección impugnada.

Por ende, si no existe precepto o principio alguno del cual desprender la exigencia insinuada por la autoridad administrativa responsable, entonces no cabe sino concluir que es infundada la causa de improcedencia alegada.

En diverso aspecto, el V Comité Distrital Electoral, respecto del recurso de inconformidad interpuesto por el Partido Verde Ecologista de México, en su informe circunstanciado hace valer como causal de improcedencia, esencialmente, que este recurso es extemporáneo, puesto que se presentó "incompleto" a las veinticuatro horas del día diez de febrero del año que transcurre y "lo entregaron ya completo a las cero horas con cuarenta minutos del día once de febrero".

La causal en estudio debe desestimarse en atención a que, según se advierte de autos, la sesión de cómputo distrital de la elección de diputados por el principio de mayoría relativa, efectuada por el V Comité Distrital Electoral, con cabecera en La Paz, Baja California Sur, inició el día seis de febrero del año en curso y concluyó a las cuatro horas con cuarenta y cinco minutos del día siete siguiente, mientras que el escrito de demanda fue presentado ante la referida autoridad, el diez del mismo mes y año, tal como lo reconoce el citado Comité en el mismo informe circunstanciado (foja 76 del cuaderno accesorio número 1 del expediente SUP-JRC-068/2002); es decir, dentro del plazo de tres días siguientes, contados a partir de la conclusión del cómputo correspondiente, en cumplimiento a lo que dispone el artículo 328, fracción II de la ley electoral estatal.

No es obstáculo a la conclusión anterior, la afirmación de la entonces responsable en el sentido de que dicho recurso, en principio fue presentado incompleto el diez de febrero de este año y fue hasta el día once siguiente que se presentó lo que faltaba, porque de acuerdo a las constancias que obran en autos, en específico del documento denominado "CÉDULA", dirigido al público en general y a los partidos políticos terceros interesados, emitido por la Secretaria del mencionado órgano electoral (foja 66 del cuaderno accesorio número 1 del expediente SUP-JRC-068/2002), el cual tiene pleno valor probatorio, en términos de lo dispuesto por la fracción II del artículo 354, en relación con el 358 de la ley electoral estatal, al momento de presentarse (veinticuatro horas del diez de febrero) la demanda y sus anexos por los representantes del partido recurrente ante el V Comité Distrital Electoral de Baja California Sur, ésta manifestó que al escrito de demanda correspondiente, que consta de 56 hojas, le faltaba la número 48, pidiendo la oportunidad de anexarla posteriormente, solicitud que fue aprobada por el Presidente del mencionado órgano electoral, por lo que a las cero horas con cuarenta minutos del día siguiente, fue recibida la citada hoja.

De lo anterior se infiere que el Partido Verde Ecologista de México manifestó clara e indubitablemente su voluntad de oponerse al cómputo y resultados de la elección reclamada, mediante la presentación de una demanda por escrito, debidamente firmada autógrafamente y cumpliendo con los demás requisitos a que se refiere el artículo 341 recién invocado dentro del plazo legalmente concedido, razón por la cual no puede sostenerse que el recurso fue interpuesto de manera extemporánea.

Ahora bien, la presentación posterior de la hoja 48 del escrito inicial en nada modifica la presentación oportuna del medio impugnativo, en virtud de que, en todo caso, aún en el supuesto de que la misma no se hubiere presentado, de manera voluntaria, con posterioridad por la propia promovente, el órgano jurisdiccional encargado de conocer y resolver el recurso de mérito, se hubiere encontrado en la necesidad legal de requerir el documento faltante.

Se sostiene lo anterior, porque si el artículo 343, fracciones I y II de la Ley Electoral del Estado de Baja California Sur, admite la posibilidad de que el órgano resolutor requiera al promovente cuando la demanda o alguno de sus anexos presenten determinadas deficiencias tales como la ausencia de documento que acredite su personería, la omisión en el señalamiento en la omisión del acto combatido o de los agravios o hechos que funden la demanda, o bien cuando omita aportar las pruebas que se hubiesen ofrecido, entonces, por mayoría de razón, debe admitirse la posibilidad de que fuere requerida la documentación faltante del escrito de demanda, que por error se haya omitido. Fundamentos y razones que ponen de manifiesto la intrascendencia de la presentación posterior al término legal de la mencionada hoja 48, misma que cabe precisarlo, no contiene un elemento esencial para la validez del acto, como podría serlo la firma del promovente.

Por otra parte, esta Sala Superior considera igualmente inatendible la causal de improcedencia aducida por el V Comité Distrital Electoral, en los correspondientes informes circunstanciados, consistente, esencialmente, en que los recurrentes no cumplieron con los requisitos de los escritos de protesta, pues, entre otras cosas, supuestamente no identificaron individualmente las casillas cuya votación impugnaban, e incluyeron en sus demandas casillas no protestadas.

Ciertamente, como ya se estudió ampliamente en el considerando cuarto de esta sentencia, el artículo 323 de la Ley Electoral del Estado de Baja California Sur establece la presentación del escrito de protesta, como requisito de procedibilidad del recurso de inconformidad, lo que conculca el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al constituirse en un obstáculo que le impide a los promoventes el libre acceso a la función jurisdiccional pronta y expedita. Por tanto, si se ha concluido que no es necesario el escrito de protesta como requisito de procedibilidad para la interposición del recurso de inconformidad, menos aún será el que dicho escrito cumpla con los requisitos previstos en la ley electoral estatal para su presentación.

Finalmente, la Coalición Democrática y del Trabajo, respecto de ambos recursos de inconformidad alega que son improcedentes, esencialmente porque: a) los recurrentes, al quejarse de que hubo actos previos a la elección que violentaron el voto ciudadano, omitieron indicar las disposiciones legales violadas, únicamente narraron supuestos hechos que según éstos influyeron en la votación y omitieron aportar elementos que sustentaran su afirmación; b) que no se actualiza la causal de error o dolo en el cómputo de los votos que invocan los recurrentes, pues si bien hubo errores, ello no es suficiente para configurar dicha causal, y c) que los recurrentes no aportaron elementos probatorios para sustentar sus afirmaciones y la resolutora no puede convertirse en un ente persecutorio o investigador, como lo pretendieron los actores.

Las causales precisadas son inatendibles en atención a que, como se observa, las mismas se refieren a cuestiones que esencialmente tienen que ver con la litis planteada en ambos recursos de inconformidad, por lo que no es factible realizar un pronunciamiento de fondo de manera previa respecto de los argumentos precisados en las citadas causales, en virtud de que, con ello se estaría prejuzgando y generando un estado de indefensión a los partidos recurrentes.

Una vez estudiadas y desestimadas las causales de improcedencia hechas valer tanto por la entonces autoridad responsable, como por la Coalición Democrática y del Trabajo, en el siguiente considerando se hará el estudio, en plenitud de jurisdicción, de los agravios expuestos por los partidos Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México, mismos que, al versar sobre las mismas casillas y causales de nulidad se analizarán conjuntamente en el orden expuesto en los respectivos escritos de demanda.

SEXTO. A fin de realizar el estudio de los motivos de inconformidad planteados por los demandantes en sus recursos de inconformidad, por cuestión de método, a continuación se transcribe la parte conducente del escrito de demanda presentado por el Partido Revolucionario Institucional, que, como ya se mencionó, contiene los mismos argumentos y casillas combatidas que el diverso recurso hecho valer por el Partido Verde Ecologista de México.

"H E C H O S

1.- En el mes de septiembre de 2001, quedó instalado formalmente el Instituto Estatal Electoral de Baja California Sur, y en consecuencia dio inicio el Proceso Electoral para elegir Diputados por ambos principios y Miembros de los Ayuntamientos para el Proceso Electoral del 2002.

2.- La Ley Electoral del Estado de Baja California Sur, señala en su artículo 103 que a más tardar el día cuatro de octubre del año próximo pasado, quedarán instalados Comités Distritales Electorales de la entidad, iniciando sus sesiones y actividades regulares.

3.- Para efectos de acreditar los extremos de mi acción, el presente Recurso de Inconformidad se dividirá en tres aparatados, los cuales contienen y describen de manera evidente, las irregularidades que se suscitaron a todo el largo del proceso electoral para la elección de Diputados de Mayoría Relativa, en sus tres fases, es decir, los actos previos jornada electoral y actos posteriores al día de la elección, que en su conjunto y del análisis lógico jurídico, sistemático y funcional que esa Juzgadora se sirva realizar, dan convicción plena de las aseveraciones sustentados a lo largo del presente ocurso, materializándose la CAUSAL GENÉRICA DE NULIDAD, causal que se encuentra ya contemplada en mundo jurídico electoral como lo ha sostenido el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la jurisprudencia que enseguida se transcribe.

CAUSAL GENÉRICA DE NULIDAD. SU ESTUDIO POR PARTE DE LAS SALAS DEL TRIBUNAL FEDERAL ELECTORAL PROCEDE AUN DE OFICIO.- (Se transcribe)

CAUSAL GENÉRICA DE NULIDAD. INTERPRETACIÓN DE LA.- (Se transcribe)

ACTOS PREVIOS

Como es de explorado derecho, el bien jurídicamente tutelado en materia electoral, es el Voto, el cual se violentó a lo largo del proceso electoral en que nos encontramos, infringiéndose en todo momento los principios rectores de Legalidad, Objetividad, Independencia, Imparcialidad y Certeza.

Por otra parte el Consejo General, Órgano superior de organización y vigilancia, actuó contrario a derecho al estar capacitando a los funcionarios de casilla, con un material que no era el oficial y por ende era un material diverso al que se empleó el día de la jornada electoral, esto aunado a la deficiente capacitación que se dio a los funcionarios electorales y más aun a los que actuaron sin estar previamente elegidos por insaculación. Este hecho fue denunciado por el Instituto Político que represento y otros al solicitar se me otorgara una copia de las actas que se utilizaron el día de la jornada electoral para efecto de capacitar a mis Representantes Generales y de Casilla, y en donde se me hizo del conocimiento que ese material era de uso exclusivo del Instituto Electoral y que incluso ni siquiera los capacitadores del propio Instituto contaban con el, de lo que se deduce y pone en duda la buena capacitación otorgada a los funcionarios de casilla, lo cual y de manera adminiculada atenta a su vez con el principio de Certeza y que incluso se ve reflejado en el llenado de las actas de las casillas que en este medio se impugna, hecho del cual se tratará en el apartado correspondiente.

A todo lo largo el proceso electoral, la Coalición Democrática y del Trabajo, violentó de manera flagrante los lineamientos en materia de propaganda electoral, hechos que fueron también denunciados mediante escritos de Queja presentados ante el Consejo General del IEE y el propio Comité Distrital No. V, en donde no se hizo pronunciamiento alguno, tal y como se acredita con los acuses respectivos de las Quejas interpuestas que se anexan al cuerpo del presente.

El principio de Equidad, fue lesionado en su totalidad al no existir una contienda justa y equitativa en el presente proceso electoral afectando y agraviando directamente a mi representado en la elección que por esa vía se impugna, lo anterior se acredita con los hechos que a continuación se narran; por oficio de fecha dos de enero del año en curso, suscrito por los representantes de los partidos políticos PNA, PRI, PVEM, PAS y PSN, se solicitó al Consejo General, que se hiciera una atenta exhortación a los Gobiernos Estatal y Municipales, para efecto de que dejaran de difundir sus programas de acción y obras públicas treinta días antes de la jornada electoral y en el propio día de la elección, desde luego no se solicitaba la suspensión de dichos programas y obras e incluso que no se comprenderán aquellos que por su especial naturaleza no pueden dejar de hacerse del conocimiento público como lo son los de asistencia social y de salubridad, solicitud que fue acordada por unanimidad por parte del Consejo General y que fue hecho del conocimiento de todos los gobiernos municipales y el estatal, en donde incluso mi propio partido cuenta con gobierno, ante tal circunstancia, lejos de sumarse al compromiso de una contienda justa, el gobierno estatal arremetió con una oleada de difusión de sus programas de acción y obras públicas situación que se hizo del conocimiento al Consejo General mediante escrito de manifestaciones, de los que se desprende que los mismos fueron con fines proselitistas, impactando al electorado e induciéndolo a votar por el partido que gobierna en este estado y municipio. La magnitud de difusión se ve reflejada en el siguiente cuadro esquemático:

 

NOMBRE DEL PERIÓDICO

COLUMNA

DÍA DE PUBLICACIÓN

SECCIÓN

PÁGINAS

El Sudcaliforniano

Respuesta a opositores

Giras y obras, permanentes: Leonel Cota Montaño.

‘Es ilógico pedir que la administración se paralice, sólo porque se da un proceso electoral’, afirma el gobernador

Enero 5 de 2002

A

1 y 8

La Extra

El gobierno trabaja para el pueblo, no para promocionar candidatos: Leonel Cota Montaño.

Las campañas solo corresponden a partidos , indica.

Enero 5 de 2002

A

1 y 8

La Extra

La obra pública se realiza en el Estado sin distintos partidistas: Leonel Cota.

Enero 6 de 2002

A

3

La Extra

DIF cumple una vez más con la niñez sudcaliforniana.

Entregó juguetes a los niños en el festiva ‘día de reyes’.

Enero 6 de 2002

A

5

El Peninsular

Festejos de reyes del DIF

Dedicado a los seres más importantes, nuestros niños: Araceli Cárdenas.

Con la presentación de programa artístico se sortearon atractivos regalos.

Enero 6 de 2002

Primera

1 y 5

El Peninsular

Seguirá la entrega de obras.

Fuera de contexto las críticas de los Partidos: Leonel Cota Montaño.

El IEE no puede obligarnos a dejar de trabajar, dijo.

El trabajo ha sido permanente no en época electoral.

Enero 6 de 2002

Primera

3

El Sudcaliforniano

Equipo y material para Hospital General.

Más de 5 millones de pesos a salud.

Beneficiará a más de 40 mil personas que utilizan los servicios de salud; Leonel Cota Montaño.

Mejorará el nivel técnico en el área de cirugía, ortopedia y tejidos.

Enero 7 de 2002

A

1

Reportaje

Pavimentó el Gobierno la Márquez de León, 5 millones 620 mil 394 pesos de inversión.

Enero 7 de 2002

Única

1

Reportaje

Gráfica.- Leonel Cota Montaño, gobernador del Estado y el Alcalde Alfredo Porras Domínguez, mostraron nuevamente estar del lado del pueblo y a pesar de las críticas infundadas de los partidos políticos, se comprometieron a seguir entregando obra pública en todo el Estado, muchas personas encuestadas dijeron que las autoridades emanadas del PRD-PT han trabajado todos los días del año y no tienen porqué dejarlo de hacer ante la cercanía de una elección estatal.

Enero 7 de 2002

Única

2

Reportaje

Todosanteños recibieron obras sociales de parte del Gobernador.

Enero 7 de 2002

Única

6

Reportaje

Leonel Cota Montaño y Narciso Agundez Montaño pusieron en marcha otra obra de pavimentación en San Lucas.

Enero 7 de 2002

Única

6

Reportaje

El Gobernador Leonel Cota Montaño inauguró obras de electrificación en las colonias Cangrejos y Mesa Colorada.

La inversión representó una inversión superior a 11 millones de pesos y será de beneficio para más de 5 mil familias que habitan estas colonias.

Enero 7 de 2002

Única

7

Reportaje

300 familias damnificadas ya tiene terrenos.

El gobernador Leonel Cota Montaño, acompañado por el presidente municipal Narciso Agúndez Montaño, puso al servicio de las Colonias Lomas del Sol un paquete recreativo y deportivo, y entregó los primeros 300 lotes de terreno a familias afectadas por el huracán Juliette.

Enero 7 de 2002

Única

7

El Sudcaliforniano

En este mes de enero queda comunicado San José de la Noria –Agua Verde, para ser inaugurada por Francisco Javier Obregón Espinoza y el ejecutivo estatal Leonel Cota.

Cumplen autoridades al rehabilitar la carreta a López Mateos

Gracias al fuerte apoyo del gobernador del estado Leonel E. Cota Montaño y el Presidente Municipal Francisco Javier Obregón Espinoza.

Enero 8 de 2002

Comondú

1

El Peninsular

Con recursos propios del gobierno

Será terminada la Torre del Salvatierra.

No podemos esperar a contar con presupuesto federal: Leonel Cota Montaño.

Enero 9 de 2002

Primera

5

La Extra

Este año, el nuevo palacio municipal; Leonel Cota Montaño.

El Gobernador del Estado, anunció ayer el inició de construcción del nuevo edificio de la presidencia municipal de la Paz.

Enero 9 de 2002

A

1 y 6

La Extra

El DIF Estatal, más allá del cumplimiento.

Otorgan becas académicas, protección a menores y ancianos, Brindan cocinas populares y créditos a microempresas, así como asesorías jurídicas

Enero 9 de 2002

A

9

El Peninsular

El Gobernador Leonel Cota Montaño responde a los partidos políticos:

Clara la función del gobierno.

No necesitamos procesos electorales para responder a la ciudadanía.

En nuestro tiempo libre, tenemos todo el derecho de participar en diversas actividades, como la política.

 

Enero 12 de 2002

 

Primera

 

1 y 4

La extra

Una vez más el DIF Estatal cumple con la niñez de la Paz

Gráfica.- La Sra. Araceli Cárdenas de Cota entregó el primer premio en cada uno de los festivales del día de reyes que se llevaron a cabo en las colonias populares Solidaridad, 20 de noviembre y Navarro Rubio que organizó el DIF Estatal.

 

Enero 12 de 2002

 

A

 

5

La Extra

El Gobernador Leonel Cota Montaño entregará un autobús al Instituto Sudcaliforniano de la Juventud.

Enero 12 de 2002

A

5

El Sudcaliforniano

El Hospital General ya cuenta con ultrasonido en urgencias, gracias al apoyo e interés que ha tenido el Gobierno de Leonel E. Cota Montaño.

Enero 12 de 2002

Comondú

1

El Peninsular

Extraordinario apoyo otorgará el Gobierno Estatal a la UABCS.

El Ejecutivo Estatal Lic. Leonel Cota Montaño tomó la decisión de realizar un histórico aumento en materia de crecimiento a favor de la UABCS. Con anterioridad el apoyo del Gobierno Estatal era de 15% por cada peso que pone el federal.

Por cada peso de la federación, pondrá otro el estatal.

 

Enero 13 de 2002

 

Primera

 

5

La extra

Gobierno Estatal fortalece a la UABCS.

El apoyo que brinda el jefe del ejecutivo estatal, es histórico.

Gráfica.- Las autoridades de la Universidad Autónoma Local, señalan que el apoyo que ha brindado el gobierno de Leonel Cota Montaño, es Histórico.

 

Enero 13 de 2002

 

A

 

1

El Peninsular

Leonel Cota Montaño entrega autobús al Instituto Sudcaliforniano de la Juventud,

Ofrece Leonel Cota Montaño seguir respaldando a la juventud.

Gráfica.- El Gobernador Leonel Cota Montaño entregó ayer un autobús a la directora del Instituto Sudcaliforniano de la Juventud, y dijo continuará respaldando a las instituciones que atienden a los jóvenes.

Enero 15 de 2002

Primera

4

La Extra

Leonel Cota Montaño respalda con hechos a instituciones que se dedican a promover la educación.

Gráfica.- El Gobernador Leonel Cota Montaño entregó a Laura González un autobús para el ISJ. Le acompañaron el Alcalde de la Paz, el secretario de educación, Victor Castro y Laura González.

Enero 15 de 2002

A

1 y 6

El Peninsular

Ofrece Gobernador Audiencias sobre la Procuración de Justicia.

Más de setenta asuntos serán atendidos, entre ellos el caso del exsubdelegado de las Cuevas.

El Gobernador del Estado Leonel Cota Montaño y la Presidenta del Tribunal Superior de Justicia ofrecerán audiencias públicas para atender a ciudadanos con asuntos relacionados con la procuración e impartición de justicia

Enero 16 de 2002

Los Cabos

VII

La Extra

Reitera Leonel Cota Montaño no suspender entrega de obras por las elecciones de febrero 3.

‘... el ejecutivo estatal, Leonel Cota Montaño aseguró que no suspenderá la entrega de obras previo a las elecciones, porque se perdería el ritmo de trabajo ante la proximidad de su tercer informe de gobierno...’

Enero 16 de 2002

A

1

El Sudcaliforniano

Gira del Gobernador Leonel Coat Montaño por Comondú.

Por primera vez visita los invernaderos de Comondú y varias comunidades

Enero 16 de 2002

Comondú

1

El Forjador

Inician hoy el pago de las becas.

‘... una veintena de personas y grupos que se hicieron acreedores a un estímulo económico dentro del Fondo Estatal para la Cultura y las Artes, así lo dio a conocer el Instituto Sudcaliforniano de Cultura...’

Enero 16 de 2002

Única

1 y 6

El Peninsular

En gira de trabajo el Gobernador Leonel Cota Montaño, entregará obras en Comondú y Loreto, de pavimentación de calles y también concederá audiencias públicas.

‘El Gobernador del Estado Leonel Cota Montaño, llevará a cabo este fin de semana una gira de trabajo por los municipios de Comondú y Loreto, donde entregará a los vecinos obras realizadas de manera conjunta con la comunidad y autoridades, y supervisará e iniciará además otras, que llevan el mismo propósito de beneficio común informó el Coordinador General de Comunicación Social, Juan Antonio Flores Ojeda.

Enero 17 de 2002

Primera

1 y 3

El Peninsular

Intensa jornada de audiencias ofreció Leonel Cota Montaño, atendió 104 ciudadanos en asuntos relacionados con la procuración e impartición de justicia.

Enero 17 de 2002

Los Cabos

I y IV

La Extra

Gráfica.- El gobernador Leonel Cota Montaño puso en marcha la remodelación de que fue objeto la cancha Manuel Gómez Jiménez

Enero 17 de 2002

A

3

La Extra

Más de 60 mdp ejerció el DIF en el 2001.

Seguirán fortaleciendo los apoyos a familias de escasos recursos.

Despensas, cocinas populares y becas; lo más requerido.

Enero 17 de 2002

A

9

La Extra

Más de 100 personas acudieron al palacio municipal para plantear sus problemas, en materia de procuración y administración de justicia, al Gobernador Leonel Cota Montaño.

Enero 17 de 2002

B. los Cabos

1

El Sudcaliforniano

Gira del Gobernador Leonel Cota Montaño por el municipio de Comondú.

‘Leonel Cota Montaño llevará a cabo, este fin de semana, una gira de trabajo por los municipios de Comondú y Loreto, en la cual entregará a los vecinos obras realizadas con el trabajo de la comunidad y sus autoridades y supervisará o iniciara otras que llevan el mismo propósito de beneficio común.

Enero 17 de 2002

Comondú

1

 

De igual forma me permito transcribir de manera literal las siguientes notas periodísticas en las que el C. Gobernador pública y abiertamente declara su apoyo incondicional en todas las formas a los candidatos de la coalición y su partido no dejando en ningún momento de dejarlo patente al momento de seguir publicitando su obra pública y la aplicación de sus programas de acción como me permito transcribir en el siguiente cuadro:

Fuente

Información/ periodista

7 de Diciembre

· La Extra. Secc. Primera. P. 9 A

 

Candidatos del PRD-PT tienen buena oportunidad de ganar: Leonel Cota

En una entrevista que dio el gobernador COTAL, consideró que a pesar de los riesgos normales de una elección los candidatos de la coalición tienen una buena oportunidad de obtener el triunfo en los comicios del próximo 3 de febrero Aclaró que como perredista pidió a sus compañeros de partido que participan en las candiaturas, que trabajen con la gente, que recorran los domicilios para que den a conocer sus propuestas y conozcan las inquietudes de los ciudadanos./ (Raymundo León Verde)

18 de dic

· Noticiero Pulso del Mundo Canal 10 (19:00 hrs.)

El gobernador del Estado de BCS dijo ‘que no dejará de trabajar por motivo del proceso electoral, que él seguirá como siempre apoyando a la ciudadanía y que no tiene nada de malo porque es su trabajo.’ /(Jesús Taylor Martínez)

3 de Enero

La Extra. Primera Plana

Mi candidato por la Paz es Víctor Guluarte: Leonel

‘Los candidatos de la coalición PRD-PT, son los candidatos de Leonel y para La Paz, Víctor Guluarte es mi gallo’, así respondió ayer el gobernador del Estado Lic. Leonel Cota Montaño, a pregunta de un reportero a 30 días de las elecciones para elegir presidentes y renovar el Congreso del Estado./(Francisco Javier Sandoval)

5 de Enero

El Sudcaliforniano. Primera Plana

Giras y obras permanentes: LCM

Leonel Cota Montaño, gobernador del Estado, expresó que no suspenderá la entrega de obras públicas, ni el desarrollo de programas de beneficio social, ya que esto ha sido una constante de la presente administración./(Antonio Alcántar L)

7 de Enero

· El Sudcaliforniano. Secc. Los Cabos. P. ll

Más de 5 millones de pesos a salud

Leonel Cota Montaño jefe del Ejecutivo Estatal, dijo que con la inversión de 5 millones 350 mil pesos, la jurisdicción sanitaria del municipio de los Cabos que recibirá sin precedentes beneficiará a más de 40 mil personas y consideró que está cumpliendo con el desarrollo de programas y acciones sociales, lo que demuestra que su administración trabaja para beneficio de toda la gente, no para determinado candidato ni partido./ (Sin autor)

9 de Enero

· La Extra. Primera Plana

Este año, el nuevo palacio municipal: LCM

El gobernador del Estado Leonel Cota Montaño, anunció ayer el inicio de la construcción del nuevo edificio de la presidencia municipal de La Paz./ (Francisco Sandoval)

11 de Enero

· La Extra. Secc. Los Cabos. P.2

Entregará material deportivo a escuelas

El gobernador del Estado Leonel Cota Montaño y el secretario de educación harán entrega de material deportivo a todas las escuelas de educación básica en el Estado./ (Enrique Valenzuela)

12 de Enero

· El Sudcaliforniano. Secc. Los Cabos. P. 1

Se reunirá gobernador con ejidatarios de San José

El gobernador del Estado Leonel Cota Montaño, se reunirá con la base ejidal de San José del Cabo para definir la forma en que se otorgarán terrenos donde se construirá el libramiento carretero de 20 kilómetros con miras a la reunión del APEC./ (Manuel Espinoza)

· El Extra. Secc. Primera. P. 5

El gobernador entregará autobús al ISJ

El gobernador del Estado, Leonel Cota Montaño, el próximo lunes 14 entregará un autobús para el transporte de los jóvenes sudcalifornianos que participen en los distintos programas de ese instituto./(Sin autor)

14 de Enero

· Calisureño. Secc. Primera. P. 8

Impedirán cenecistas que el gobernador inaugure obras de Las Pocitas

El dirigente de la confederación Nacional Campesina en el Estado de BCS, Javier Romero Jordán y el comisionado ejidal de la comunidad de San Hilario, rechazaron la actitud del gobernador que con fines netamente electorales pretende inaugurar la obra del acueducto San Hilario-Las Pocitas, el próximo martes del presente./(Antonio Chávez)

15 de Enero

· El Sudcaliforniano. Sec. Primera. P. 2 A

Entregó Leonel Cota Montaño autobús al ISJ

El mandatario estatal hizo entrega de un autobús a la directora del Instituto Sudcaliforniano de la Juventud, Laura Elsa González Villalobos, mismo que se destinará a prácticas de campo y labor social./ (Sin autor)

· El Sudcaliforniano. Secc. Comondú p.1

Gira de LCM por Comondú

Este fin de semana el gobernador del Estado Leonel Cota Montaño, realizará una gira de trabajo por los municipios de Comondú y Loreto, en donde entregará a los vecinos obras de pavimentación, repavimentación, alumbrado público, drenaje y un proyecto de la unidad deportiva, así como materiales y equipo a una escuela secundaria./(Sin autor)

18 de Enero

· La Extra y El Sudcaliforniano. Secc. Comondú. P. 1

Importantes apoyos entregó el gobernador en Comondú

Leonel Cota Montaño, entregó importantes obras de beneficio social durante su gira por el municipio de Comondú entre las cuales se encuentran la ampliación a cuatro carriles un tramo de carretera Transpeninsular, teniendo un costo aproximado de 40 millones de pesos y puso en funcionamiento el camino al ejido Ley Federal de Aguas No. 5 cuya pavimentación se realizó con recursos del orden de los 6 millones 656 mil pesos. /(Sin autor)

· El Sudcaliforniano. Secc. Santa Rosalía. P. 5

Confirman visita de Leonel Cota

Quedó confirmada la visita del gobernador Leonel Cota a las instalaciones del centro de salud de Santa Rosalía, para hacer entrega de ambulancia y equipo médico y por la tarde dará el banderazo a los trabajos de reencarpetado al tramo de la carretera Transpeninsular.

21 de Enero

· El Sudcaliforniano. Secc. Primera. P.2

Recorrerá diversos sectores de la ciudad, el gobernador

Este día, el gobernador Leonel Cota Montaño, realizará una serie de recorridos por diversos sectores de La Paz, en donde se llevaron a cabo obras, entre las que destacan el reencarpetado de diversos cruceros, así como obras de pavimentación./(Sin autor)

· El Sudcaliforniano. Secc. Santa Rosalía. P. 5

Entrega el gobernador del Estado equipo médico al hospital general de Santa Rosalía

En reciente gira de trabajo por el municipio de Mulegé, el gobernador del Estado Leonel Cota Montaño, hizo entrega de un equipo de ultrasonido, anestesia y una ambulancia. Asimismo entregó al cuerpo de bomberos de Santa Rosalía una pipa equipada./(Ofelia Peralta Aguilar)

25 de Enero

· El Sudcaliforniano. Secc. Primera. P. 7 A

Realizó gira de trabajo por diversas comunidades

El gobernador del Estado Leonel Cota Montaño, en una gira de trabajo por las comunidades del Carrizal, la Trinidad y Álvaro Obregón, hizo entrega de material a una escuela y presentó proyectos para el mejoramiento de instalaciones./ (Sin autor)

26 de Enero

· El Sudcaliforniano. Secc. Primera. P. 2 A

El gobernador dio banderazo de inicio de las obras de construcción a la UABCS

Leonel Cota Montaño, gobernador del Estado, dio el banderazo de inicio a las obras de acceso a la universidad con una inversión total de un millón 685 mil 371 pesos, siendo estas obras, la construcción de una glorieta, barda de acceso, muro emblemático, señalización, semáforos y la rehabilitación de 900 metros de banqueta./ (Minerva Semeón)

2 de Febrero

· El Sudcaliforniano y El Peninsular. Primera Plana

5.2 millones de pesos en equipo para el hospital Salvatierra

El gobernador del Estado, Leonel Cota, entregó equipo de tecnología de punta y una planta de luz al hospital Salvatierra con recursos provenientes de los 10 millones remanentes del IEE y que el congreso local canalizó al rubro de salud.

 

Por otra parte, cabe señalar que la Constitución Política del Estado establece en su artículo 36 que los Partidos Políticos son entidades de interés público con derecho a participar en los procesos electorales del Estado, teniendo como fin primordial el promover en el pueblo Sucaliforniano la participación en la renovación de poderes, así como contribuir en la integración de la representación del Estado, y como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de los mismos al ejercicio del poder público, con el único fin de lograr una sana y libre competencia electoral entre los actores políticos del municipio, distrito, entidad o de la república, dentro del marco legal aplicable por lo que todas y cada una de sus actuaciones, se encuentran de manera invariable e irrestricta sujetas a los principios rectores de todo proceso electoral.

Ahora bien con el fin de dar a conocer a la ciudadanía su ideología, los partidos políticos hacen uso de medios propagandísticos, entendiéndose por propaganda electoral el conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que durante la campaña electoral producen y difunden los partidos políticos, los candidatos registrados y sus simpatizantes, con el propósito de presentar ante la ciudadanía las candidaturas registradas, ello de conformidad con lo dispuesto por el artículo 182 de la Ley Electoral del Estado.

En este sentido, dicha propaganda electoral deberá ajustarse a lo previsto por el numeral 185 de la Ley Electoral del Estado, en relación con los artículos 6° y 7° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que establecen:

Artículo 185 LEEBCS.- ‘La propaganda impresa que los ciudadanos utilicen durante la campaña electoral deberá contener, en todo caso una impresión precisa del partido político o coalición que ha registrado al candidato.

La propaganda que en el curso de una campaña difundan por medios gráficos los partidos políticos, las coaliciones y los candidatos, no tendrá más límite en los términos del artículo 7° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que el respeto a la vida privada de Candidatos, Autoridades, Terceros y a las Instituciones y valores democráticos.

La propaganda que en el curso de una campaña difundan los partidos políticos, coaliciones o candidatos, a través de la radio y la televisión, comprendida la que emitan en ejercicio de las prerrogativas que en la materia les confiera la presente Ley, se ajustará a lo dispuesto por el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.’

Artículo 6 CPEUM.- ‘La manifestación de ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de ataque a la moral, los derechos de tercero, provoque algún delito o perturbe el orden público; el derecho de la información será garantizado por el Estado.’

Artículo 7 CPEUM.- ‘Es inviolable la libertad de escribir y publicar escritos sobre cualquier materia. Ninguna ley ni autoridad pueden establecer la previa censura, ni exigir fianza a los autores o impresores, ni coartar la libertad de imprenta, que no tiene más límites que el respeto a la vida privada, a la moral y a la paz publica...’

Siendo en el caso que a partir del día 14 de enero del año en curso, las estaciones de Radio la Paz XENT-AM 790 Khz., Alegría Mexicana 90.1 de FM y Radio Futura 97.1 de FM, comenzaron a transmitir periódicamente spots publicitarios de la Coalición Democrática y del Trabajo (PRD-PT), en los cuales de manera, dolosa, mañosa e ilegal, señalan lo siguiente:

‘EL GOBIERNO DEL PRD HA CONSTRUIDO MÁS CARRETERAS EN BAJA CALIFORNIA SUR, QUE LOS GOBIERNOS PRIÍSTAS EN 18 AÑOS, TODAVÍA FALTAN CARRETERAS, ESTE 3 DE FEBRERO VOTA POR LOS CANDIDATOS A PRESIDENTES MUNICIPALES Y DIPUTADOS DE LA COALICIÓN PRD-PT (Publicidad contratada por el PRD)’.

Ahora bien, dichos spots publicitarios dañan la imagen del Instituto Político que represento, pues como se deduce del análisis textual del spot en comento, induce de manera dolosa al ciudadano a tener una preferencia a favor de la Coalición Democrática y del Trabajo, propiciando con ello un descrédito, deshonra, perjuicio y exposición al desprecio de la ciudadanía con respecto al Partido Revolucionario Institucional y sus Candidatos.

Dichos spots publicitarios se han transmitido en los términos que se precisan a continuación:

 

NOMBRE DE LA ESTACIÓN

FRECUENCIA

DÍA DE TRANSMISIÓN

HORARIOS DE TRANSMISIÓN

Radio la Paz

790 AM

14 de enero del 2002

11:23 hrs.

Alegría Mexicana

90.1 FM

16 de enero del 2002

13:18 hrs.

Alegría Mexicana

90.1 FM

16 de enero del 2002

14:37 hrs.

Radio la Paz

790 AM

17 de enero del 2002

20:10 hrs.

Alegría Mexicana

90.1 FM

17 de enero del 2002

10:17 hrs.

Alegría Mexicana

90.1 FM

17 de enero del 2002

12:20 hrs.

Alegría Mexicana

90.1 FM

17 de enero del 2002

14:22 hrs.

Radio Futura

97.1 FM

17 de enero del 2002

9:56 hrs.

Radio Futura

97.1 FM

17 de enero del 2002

11:35 hrs.

 

Así mismo a partir del día 14 de enero del año en curso, las Empresas Televisoras Instituto Estatal de Radio y Televisión y TV Azteca la Paz en los canales XEBCS Canal 8 y XHDF Canal 13 respectivamente, comenzaron a transmitir periódicamente spots publicitarios de la Coalición Democrática y del Trabajo (PRD-PT), en los cuales de manera, dolosa, mañosa e ilegal, señalan lo siguiente:

Candidatos.

Dichos spots publicitarios se han transmitido en los términos que se precisan a continuación:

 

NOMBRE DE LA ESTACIÓN

FRECUENCIA

DÍA DE TRANSMISIÓN

HORARIOS DE TRANSMISIÓN

Radio la Paz

790 AM

14 de enero del 2002

11:23 hrs.

Alegría Mexicana

90.1 FM

16 de enero del 2002

13:18 hrs.

Alegría Mexicana

90.1 FM

16 de enero del 2002

14:37 hrs.

Radio la Paz

790 AM

17 de enero del 2002

20:10 hrs.

Alegría Mexicana

90.1 FM

17 de enero del 2002

10:17 hrs.

Alegría Mexicana

90.1 FM

17 de enero del 2002

12:20 hrs.

Alegría Mexicana

90.1 FM

17 de enero del 2002

14:22 hrs.

Radio Futura

97.1 FM

17 de enero del 2002

9:56 hrs.

Radio Futura

97.1 FM

17 de enero del 2002

11:35 hrs.

 

Así mismo a partir del día 14 de enero del año en curso, las Empresas Televisoras Instituto Estatal de Radio y Televisión y TV Azteca la Paz en los canales XEBCS Canal 8 y XHDF Canal 13 respectivamente, comenzaron a transmitir periódicamente spots publicitarios de la Coalición Democrática y del Trabajo (PRD-PT), en los cuales de manera, dolosa, mañosa e ilegal, señalan lo siguiente:

‘EL GOBIERNO DEL PRD HA CONSTRUIDO MÁS CARRETERAS EN BAJA CALIFORNIA SUR, QUE LOS GOBIERNOS PRIÍSTAS EN 18 AÑOS, TODAVÍA FALTAN CARRETERAS, ESTE 3 DE FEBRERO VOTA POR LOS CANDIDATOS A PRESIDENTES MUNICIPALES Y DIPUTADOS DE LA COALICIÓN PRD-PT (Publicidad contratada por el PRD)’.

Dichos spots publicitarios dañan la imagen del Instituto Político que represento, pues como se deduce del análisis textual del spot en comento, induce de manera dolosa al ciudadano a tener una preferencia a favor de la Coalición Democrática y del Trabajo, propiciando con ello un descrédito, deshonra, perjuicio y exposición al desprecio de la ciudadanía con respecto al Partido Revolucionario Institucional y sus Candidatos.

La presente situación se agrava si se toma en consideración que el hombre, ser eminentemente visual, como en palabras del afamado analista social y político, el italiano Guillermo Sartory lo llama, un ‘hommo videns’, se ve influenciado e incluso confundido con este tipo de situaciones las cuales desde luego causan un perjuicio directo hacia mi representado y al debido proceso electoral.

En este mismo sentido, en vía de propaganda televisiva se han reproducido los mismos spots en los términos que se precisan a continuación:

 

NOMBRE DE LA TELEVISORA

CANAL

DÍA DE TRANSMISIÓN

HORARIOS DE TRANSMISIÓN

Televisión Azteca la Paz

XHDF canal 13

14 de enero del 2002

14:28 hrs.

Televisión Azteca la Paz

XHDF canal 13

16 de enero del 2002

8:10 hrs.

Instituto Estatal de Radio y Televisión

XEBCS canal 8

16 de enero del 2002

20:05 hrs.

 

Todos estos actos irregulares, fueron hechos valer oportunamente por mi representado como se acredita con los acuses respectivos, sin embargo y atentando a lo dispuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 14, no se atentó a la expedites y oportunidad en las resoluciones continuando los propios hechos suscitándose de manera constante, de lo cual y aplicándose en su más amplio concepto el silogismo presuncional por parte de esa juzgadora, se entenderá que el hecho cierto es que existieron hechos irregulares concluyéndose que afectaron de manera directa la votación en la elección que se impugna y en agravio del libre voto y de mi representado.

JORNADA ELECTORAL

Por cuanto hace a la fracción III del citado artículo 342, procedo a señalar de manera individualizada aquellas casillas en las que se actualizaron varios de los supuestos de nulidad contemplados en el artículo 310 de la Ley Electoral y que se señalan por causal de la siguiente manera:

En relación con lo previsto por la fracción I del artículo 310 de la Ley Electoral del Estado de Baja California Sur que señala: ‘se declarará la nulidad de las votaciones recibidas en una casilla, únicamente en los siguientes casos: ...instalar la casilla electoral, sin causa justificada en lugar distinto del señalado o en condiciones diferentes a las establecidas por esta ley’; este se actualiza en las siguientes casillas:

El día de la Jornada Electoral, en la demarcación electoral en mención, se registraron irregularidades consistentes en la instalación de la Mesa Directiva de Casilla en lugar distinto al señalado por el Comité Distrital Electoral No. V de la Paz, Baja California Sur, sin causa justificada, como se desprende de las Actas de la Jornada Electoral, en el aparatado correspondiente a la instalación de las mismas; las mesas receptoras del voto que se ubicaron indebidamente en lugar distinto al señalado por el órgano electoral correspondiente, son las que a continuación se señalan:

 

CASILLA

LUGAR AUTORIZADO POR EL CONSEJO DISTRITAL

UBICACIÓN DURANTE LA JORNADA ELECTORAL

221 B

JARDÍN DE NIÑOS ‘PROF. MARCELO RUBIO RUIZ’, CALLE COLIMA ESQUINA BLVD. AGUSTÍN OLACHEA, COLONIA PUEBLO NUEVO, C.P. 23090, LA PAZ, B.C.S

COLIMA Y LAS GARZAS

264 B

ESCUELA PRIMARIA ‘BENITO JUÁREZ’, SAN EVARISTO, B.C.S.

NO APARECE EN EL ACTA

288 B

ESCUELA JARDÍN DE NIÑOS ‘RICARDO FLORES MAGÓN’, EL CENTENARIO, B.C.S.

CALLE CALIFORNIA Y JOSEFA ORTIZ

257 B

ESC. SECUNDARIA ‘JOSÉ MARÍA GARMA GONZÁLEZ, CALLE EMILIANO ZAPATA ESQ. CON ROSAURA ZAPATA, EL CENTENARIO, B.C.S

CALLE ALFREDO V. BONFIL

 

257 C

ESC. SECUNDARIA ‘JOSÉ MARÍA GARMA GONZÁLEZ’, CALLE EMILIANO ZAPATA ESQ. CON ROSAURA ZAPATA, EL CENTENARIO B.C.S.

CALLE LÁZARO CÁRDENAS Y ALFREDO V. BONFIL

 

289 B

JARDÍN DE NIÑOS ‘NUEVA CREACIÓN’, CALLE PROLONGACIÓN LÁZARO CÁRDENAS ESQ. CON CALLE 6, EL CENTENARIO B.C.S.

PROLONGACIÓN EMILIANO ZAPATA Y CALLE NO. 6.

 

219 B

JARDÍN DE NIÑOS ‘PROFRA JOSEFA HIRALES CARBALLO, PROL. HÉROES DE LA INDEPENDENCIA, ESQ. CON CALLE PERLA U. HABITACIONAL LAS GARZAS, C.P. 23090, LA PAZ, B.C..S.

HÉROES DE INDEPENDENCIA ESQUINA PERLA Y SAN LORENZO

 

220 B

PARQUE PÚBLICO EN CALLE HÉROES DE INDEPENDENCIA E/CALLE CEDROS Y CAOBA, UNIDAD HABITACIONAL, LAS ARBOLEDAS, C.P. 23090, LA PAZ, B.C.S.

 

CEDROS ESQUINA HÉROES DE INDEPENDENCIA

 

220 C

PARQUE PÚBLICO EN CALLE HÉROES DE INDEPENDENCIA E/CALLE CEDROS Y CAOBA, UNIDAD HABITACIONAL, LAS ARBOLEDAS, C.P. 23090, LA PAZ, B.C.S.

 

CEDROS ESQUINA HÉROES DE INDEPENDENCIA

 

211 B

CALLE PROLONGACIÓN GMO. PRIETO FTE. AL NO. 420, ESQ. CON GALEON, CONJUNTO HABITACIONAL, BALANDRA, PUESTA DEL SOL, C.P. 23090, LA PAZ B.C.S.

 

PROLONGACIÓN GUILLERMO PRIETO Y CALLEJÓN GALEÓN.

 

217 B

ESC. PRIM. ‘IGNACIO ALTAMIRANO’ AVENIDA IGNACIO ALTAMIRANO E/RETORNO CHICORI AÑIÑI, COL. PERICUES, C.P. 23090, LA PAZ, B.C.S.

 

IGNACIO ALTAMIRANO Y BOTON

 

217 C

ESC. PRIM. ‘IGNACIO ALTAMIRANO’ AVENIDA IGNACIO ALTAMIRNO E/RETORNO CHICORI AÑIÑI, COL. PERICUES, C.P.23090, LA PAZ, B.C.S.

 

IGNACIO ALTAMIRANO Y BOTON

 

210 C1

JARDÍN DE NIÑOS ‘MANUEL MÁRQUEZ DE LEÓN’, CALLE AIRAPI. ESQ. CON GUASINAPI, FRACC. GUAYCURA, C.P. 23090, LA PAZ B.C.S.

 

NO APARECE EN EL ACTA

 

210 C2

JARDÍN DE NIÑOS ‘MANUEL MÁRQUEZ DE LEÓN’, CALLE AIRAPI. ESQ. CON GUASINAPI, FRACC. GUAYCURA, C.P. 23090, LA PAZ B.C.S.

 

FRACC. GUAIRCURA AIRAPI

 

En las actas de la jornada electoral, actas de incidentes y demás documentación de todas y cada una de las casillas mencionadas en el hecho anterior, no se precisan ni justifican las causas por las cuales se instalaron las casillas en lugares distintos a los aprobados por el Comité Distrital correspondiente, violando en consecuencia los artículos 192, 195 y 196 de la Ley Electoral del Estado, al no contemplarse los supuestos normativos para el cambio de casillas.

De la documentación electoral anexa y de lo expuesto en el presente capítulo de hechos, no se desprende que haya existido causa justificada para instalar las casillas en lugares distintos a los aprobados por los respectivos Comités Distritales.

A G R A V I O S

La instalación de las casillas, sin causa justificada, en lugar distinto al señalado por el órgano electoral correspondiente, plenamente acreditadas que se detallan por casilla en los párrafos que anteceden, causa agravio al Partido Revolucionario Institucional, ya que en forma evidente ponen en duda la certeza de la votación, lo que implica una clara violación a las disposiciones aplicables a la materia, así como a los principios de imparcialidad, legalidad, independencia, certeza y objetividad que deben regir invariablemente todos y cada uno de los actos electorales, lo que configura perjuicios irreparables para mi representado, y actualiza la causal de nulidad prevista por la fracción I del artículo 310 de la Ley invocada.

Causan agravio al Partido Revolucionario Institucional, los hechos acontecidos en las casillas electorales instaladas en lugar distinto el día de la Jornada Electoral, en relación a la elección de Diputados de Mayoría Relativa, de las que se realiza un análisis individualizado, casilla por casilla, de todos y cada uno de los casos en que se dio la presencia de la causal de nulidad referida, fundándose adecuadamente con exposición de las circunstancias de modo, tiempo y lugar, así como los fundamentos de derecho y los elementos de prueba.

En no apegarse al procedimiento que se establece para ubicar a las mesas receptoras del voto, en lugar distinto al señalado por el órgano electoral correspondiente, cuando exista causa justificada; perjudica en forma determinante a toda la ciudadanía que trato de ejercer su derecho a votar, y en particular a los militantes del Partido Revolucionario Institucional, toda vez que acudieron a votar al lugar señalado en el encarte correspondiente; lo anterior provoco que un gran número de votantes, dejara de emitir su voto, por lo que la votación obtenida fue mucho menor al número de votantes en promedio a las secciones de referencia, por tanto tal situación irregular repercutió en forma determinante en el resultado del cómputo Distrital de la elección de Diputados de Mayoría Relativa que se impugna.

También causa agravio al partido político que represento el hecho de que los funcionarios de las mesas directivas de casilla, no cumplieran a cabalidad su actividad encomendada; más aún, que su actuar no se ajusta a los principios rectores de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad, que deben prevalecer en todo proceso electoral, en tal razón, los hechos narrados se dan fuera del marco jurídico previamente establecido; por lo que se debe proceder a la anulación de la votación correspondiente.

Los agravios que se causan al Partido Revolucionario Institucional, configuran violación a los artículos 192, 195 y 196 de la Ley Electoral, haciéndose consistir en que el cambio de ubicación de casilla, se realizo sin cumplir la legalidad con que deben conducirse los funcionarios de casilla, es decir no hubo motivo o razón para el cambio de la ubicación de casilla; no se asentó en el Acta de la Jornada Electoral los motivos del cambio, por no tener elementos para hacerlo; no se dejó el aviso correspondiente en el lugar autorizado por el órgano electoral para la instalación de la casilla, a efecto de que la ciudadanía pudiera ejercer su derecho a votar, por tanto, se colige que el cambio de ubicación de la casilla se realizó indebidamente.

Lo expuesto tiene sustento en las documentales públicas consistentes en el último encarte y la información consignada en las actas de la jornada electoral, de escrutinio y cómputo y hojas de incidentes, de las cuales se deriva el cambio de forma injustificada del lugar destinado para la instalación de la mesa directiva de casilla de igual forma con el acta de sesión expedida por la responsable en donde acordó en definitiva el lugar donde debían de instalarse las casillas impugnadas y que en adminiculación con el referido encarte, dan certeza de lo aquí expuesto.

El ubicar sin causa justificada la casilla en lugar distinto al señalando por el órgano electoral correspondiente, vulnera los preceptos legales de la Ley Electoral del Estado que a continuación se expresan:

Artículo 196.- El cual dispone los requisitos que deberán reunir los lugares en los cuales se pretendan instalar las casillas.

Artículo 192.- Que dispone los procedimientos para determinar la ubicación de las casillas y señala los supuestos por los cuales se considera que existe causa justificada para la instalación de una casilla, en lugar distinto al previamente aprobado, situación que en la especie no aconteció.

No obstante, de la formalidad legal que se siguió en la determinación de los lugares para la instalación de las casillas electorales y que fueron aprobados por los respectivos Comités Distritales Electorales, mismos que se hicieron del conocimiento público en términos de las disposiciones invocadas; mas sin embargo las casillas electorales detalladas en el presente capítulo de hechos, fueron instaladas en lugares distintos a los aprobados sin que existiera causa justificada prevista en los términos del artículo recién invocado (artículo 192 de la ley de la materia), con lo que se actualiza la causal de nulidad prevista en la fracción I del artículo 310 de la Ley Electoral del Estado.

Se viola por parte de los funcionarios de las casillas recurridas, el acuerdo número ___ del Comité Distrital. No. V de la Paz, Baja California Sur; en el que se aprobó la ubicación definitiva de las casillas correspondientes, hecho que se acredita con la publicación de los encartes correspondientes.

Como consecuencia del cambio efectuado sin causa justificada de las casillas que han sido enlistadas; resulta evidente que se imposibilito votar a un número determinante de ciudadanos que pretendían emitir su voto, vulnerando el derecho de todo ciudadano a sufragar lo cual se vio reflejado en el bajo flujo de votación recibida en las casillas mencionadas.

INDIVUDUALIZACIÓN POR CASILLA

Las irregularidades consistentes en instalar la casilla, sin causa justificada, en lugar distinto al señalado por el órgano electoral correspondiente, plenamente acreditadas, violando con esto los artículos 192, 195 y 196 de la Ley Electoral del Estado de Baja California Sur. Hechos que causan agravio al Partido que represento, poniendo en duda la certeza de la votación, por lo que este Órgano Jurisdiccional debe considerar la nulidad de la votación en las casillas que a continuación se detallan:

 

CASILLA

DEBIÓ DE UBICARSE

UBICACIÓN INJUSTIFICADA DURANTE LA JORNADA ELECTORAL

L.N.

No. ELECTORES QUE VOTARON

No. PERSONAS QUE DEJARON DE VOTAR

DIF. ENTRE 1° Y 2° LUGAR

 

221 B

JARDÍN DE NIÑOS ‘PROF. MARCELO RUBIO RUIZ’, CALLE COLIMA ESQUINA BLVD. AGUSTÍN OLACHEA, COLONIA PUEBLO NUEVO, C.P. 23090, LA PAZ. B.C.S.

 

COLIMA Y LAS GARZAS

 

379

 

182

 

199

 

13

 

264 B

ESCUELA PRIMARIA ‘BENITO JUÁREZ’, SAN EVARISTO, B.C.S.

NO APARECE EN EL ACTA

 

62

     

 

288 B

ESCUELA JARDÍN DE NIÑOS ‘RICARDO FLORES MAGÓN’, EL CENTENARIO, B.C.S.

 

CALLE CALIFORNIA Y JOSEFA ORTIZ

 

468

 

225

 

243

 

32

 

257 B

ESC. SECUNDARIA ‘JOSÉ MARÍA GARMA GONZÁLEZ’, CALLE EMILIANO ZAPATA ESQ. CON ROSAURA ZAPATA, EL CENTENARIO B.C.S.

 

CALLE ALFREDO V. BONFIL

 

392

 

206

 

189

 

66

 

257 C

ESC. SECUNDARIA ‘JOSÉ MARÍA GARMA GONZÁLEZ’, CALLE EMILIANO ZAPATA ESQ. CON ROSAURA ZAPATA, EL CENTENRIO B.C.S.

CALLE LAZARO CÁRDENAS Y ALFREDO V. BONFIL

 

392

 

193

 

199

 

36

 

289 B

JARDÍN DE NIÑOS ‘NUEVA CREACIÓN’, CALLE ROLONGACIÓN LÁZARO CÁRDENAS ESQ. CON CALLE 6, EL CENTENARIO B.C.S.

PROLONGACIÓN EMILIANO ZAPATA Y CALLE NO. 6.

 

593

 

265

 

127

 

47

 

219 B

JARDÍN DE NIÑOS ‘PROFA JOSEFA HIRALES CARBALLO, PROL. HÉROES DE LA INDEPENDENCIA, ESQ. CON CALLE PERLA U. HABITACIONAL LAS GARZAS, C.P. 23090, LA PAZ, B.C..S.

HÉROES DE INDEPENDENCIA ESQUINA PERLA Y SAN LORENZO

 

453

 

226

 

227

 

35

 

220 B

PARQUE PÚBLICO EN CALLE HÉROES DE INDEPENDENCIA E/CALLE CEDROS Y CAOBA, UNIDAD HABITACIONAL, LAS ARBOLEDAS, C.P. 23090, LA PAZ, B.C.S.

 

CEDROS ESQUINA HÉROES DE INDEPENDENCIA

 

547

 

301

 

246

 

47

 

220 C

PARQUE PÚBLICO EN CALLE HÉROES DE INDEPENDENCIA E/CALLE CEDROS Y CAOBA, UNIDAD HABITACIONAL, LAS ARBOLEDAS, C.P. 23090, LA PAZ, B.C.S.

 

CEDROS ESQUINA HÉROES DE INDEPENDENCIA

 

548

 

297

 

251

 

38

 

211 B

CALLE PROLONGACIÓN GMO. PRIETO FTE. AL NO. 420, ESQ. CON GALEON, CONJUNTO HABITACIONAL, BALANDRA, PUESTA DEL SOL, C.P. 23090, LA PAZ B.C.S.

 

PROLONGACIÓN GUILLERMO PRIETO Y CALLEJÓN GALEON.

 

458

 

221

 

236

 

49

 

217 B

ESC. PRIM. ‘IGNACIO ALTAMIRANO’ AVENIDA IGNACIO ALTAMIRANO E/RETORNO CHICORI AÑIÑI, COL. PERICUES, C.P. 23090, LA PAZ, B.C.S.

 

IGNACIO ALTAMIRANO Y BOTON

 

643

 

325

 

318

 

36

 

217 C

ESC. PRIM. ‘IGNACIO ALTAMIRANO’ AVENIDA IGNACIO ALTAMIRNO E/RETORNO CHICORI AÑIÑI, COL. PERICUES, C.P.23090, LA PAZ, B.C.S.

 

IGNACIO ALTAMIRANO Y BOTON

 

643

 

318

 

325

 

22

 

210 C1

JARDÍN DE NIÑOS ‘MANUEL MÁRQUEZ DE LEÓN’, CALLE AIRAPI. ESQ. CON GUASINAPI, FRACC. GUAYCURA, C.P. 23090, LA PAZ B.C.S.

 

NO APARECE EN EL ACTA

 

531

 

279

 

252

 

51

 

210 C2

JARDÍN DE NIÑOS ‘MANUEL MÁRQUEZ DE LEÓN’, CALLE AIRAPI. ESQ. CON GUASINAPI, FRACC. GUAYCURA, C.P. 23090, LA PAZ B.C.S.

 

FRACC. GUAIRCURA AIRAPI

 

532

 

270

 

262

 

11

 

A efecto de robustecer lo antes expuesto, resulta conveniente hacer referencia a los siguientes criterios jurisprudenciales:

INSTALACIÓN DE LA CASILLA SIN CAUSA JUSTIFICADA EN LUGAR DISTINTO AL SEÑALADO POR LA JUNTA (ACTUALMENTE CONSEJO) DISTRITAL CORRESPONDIENTE, INTERPRETACIÓN PARA LOS EFECTOS DE LA CAUSA DE NULIDAD. (se transcribe).

INSTALAR LA CASILLA, SIN CAUSA JUSTIFICADA, EN LUGAR DISTINTO AL SEÑALADO POR EL CONSEJO DISTRITAL CORRESPONDIENTE, ELEMENTOS PROBATORIOS QUE DEBEN TOMARSE EN CUENTA PARA LOS EFECTOS DE LA CAUSAL DE NULIDAD.- (se transcribe).

En relación con lo previsto por la fracción II del artículo 310 de la Ley Electoral del Estado de Baja California Sur que señala: ‘se declarará la nulidad de las votaciones recibidas en una casilla, únicamente en los siguientes casos... Cuando se ejerza violencia física o exista cohecho, soborno o presión de alguna autoridad o particular sobre los funcionarios de la mesa directiva de casilla o sobre los electores, de tal manera que se viole la libertad o el secreto del voto y tengan relevancia en los resultados de la votación en la casilla’; este se actualiza en las siguientes casillas:

Primeramente, causa agravio al Partido Revolucionario Institucional, el hecho de que se haya ejercido violencia física o presión de alguna autoridad o particular sobre los funcionarios de la mesa directiva de casilla o sobre los electores, de tal manera que se afecte las características del sufragio de ser universal, libre, secreto, directo, personal e intransferible, y además que ese hecho sea determinante para el resultado de la votación en la casilla de que se trate, causa agravio al Partido Político que represento, ya que en forma evidente ponen en duda la certeza de la votación, lo que implica una clara violación a las disposiciones aplicables a la materia, así como a los principios de constitucionales de certeza, legalidad, imparcialidad, independencia y objetividad que deben regir invariablemente todos y cada uno de los actos electores, por lo que se desprende que tales hechos por demás ilegales, configura perjuicios irreparables para mi representado, y actualiza la causal de nulidad previsto por la fracción II del artículo 310 de la Ley Electoral del Estado.

La presión que fue ejercida sobre los funcionarios de la mesa directiva de casilla y sobre los electores el día de la Jornada Electoral, afectó gravemente la libertad y el secreto del voto, siendo estos hechos determinantes para el resultado de la votación en las casillas 223 C y 208 C, con relación a la elección de Diputados de Mayoría Relativa.

Las irregularidades suscitadas en las casillas referidas, consistentes en que se haya ejercido violencia física o presión de alguna autoridad o particular sobre los funcionarios de la mesa directiva de casilla o sobre los electores causan agravio al partido que represento, porque de acuerdo a la función que nos otorga el artículo 26 de la Ley de la materia de velar por nuestro derecho como partido político, participando conforme lo dispuesto de la Constitución Política del Estado y en esta Ley, en la preparación, desarrollo y vigilancia del proceso electoral, a efecto de que los procesos electorales sean organizados, desarrollados y vigilados por órganos profesionales conforme a los principios rectores de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad.

En consecuencia, también nos corresponde velar por el derecho que tiene todo ciudadano de emitir su voluntad a través del voto, lo que precisamente se vio afectado con los hechos ocurridos el día de la jornada electoral en las casillas que nos ocupa.

Para los efectos de puntualizar la violencia física o presión, expuesta anteriormente en el capítulo de hechos del presente medio de impugnación que se interpone, y que incuestionablemente afectó la libertad o el secreto del voto, se hace referencia a los siguientes preceptos legales de la Ley de Instituciones y Procesos Electorales del Estado, que son vulnerados con tales irregularidades por demás ilegales:

ARTÍCULO 219.- Una vez llenada y firmada el acta de la jornada electoral en el apartado correspondiente a la instalación, el presidente de la mesa directiva anunciará el inicio de la recepción de la votación.

ARTÍCULO 220.- Los electores votarán en el orden en que se presenten ante la mesa directiva de casilla, debiendo cumplir, previamente, los siguientes requisitos.

I.- Exhibir su credencial con fotografía para votar;

II.- Mostrar el dedo pulgar derecho para cerciorarse de que no ha votado en otra casilla: y

III.- El Presidente de la mesa directiva de casilla se cerciorará de que el nombre del ciudadano que aparece en la credencial con fotografía para votar figure en el listado nominal de electores de la sección a que corresponda la casilla.

De esta regla se exceptuarán los ciudadanos que, teniendo su credencial con fotografía para votar, sean representantes propietarios o suplentes de algún partido político o coalición acreditados ante la mesa directiva de casilla.

ARTÍCULO 223.- Una vez comprobado que el elector aparece en las listas nominales y que haya exhibido su credencial con fotografía para votar, el presidente le entregará las boletas de las elecciones para que libremente y en secreto marque sus boletas en el círculo correspondiente al partido político por el que sufraga, o anote el nombre del candidato no registrado por el que desea emitir su voto.

Aquellos electores que no sepan leer o que se encuentren impedidos físicamente para marcar sus boletas de voto, podrán hacerse asistir por una persona de su confianza que les acompañe.

Acto seguido, el elector doblará sus boleta y se dirigirá a depositarlas en la urna correspondiente.

El Secretario de la casilla anotará la palabra ‘voto’ en la lista nominal correspondiente y procederá a:

a).- Marcar la credencial con fotografía para votar del elector que ha ejercido su derecho de voto;

b).- Impregnar con líquido indeleble el dedo pulgar derecho del elector; y

c).- Devolver al elector su credencial con fotografía para votar.

Los representantes de los partidos políticos ante las mesas directivas, podrán ejercer su derecho de voto en la casilla en la que estén acreditados, para la cual se seguirá el procedimiento señalado en éste artículo, anotando el nombre completo y la clave de la credencial para votar de los representantes al final de la lista nominal de electores.

ARTÍCULO 224.- A fin de asegurar la libertad y secreto del voto, únicamente permanecer en la casilla:

I.-Los electores que hayan sido admitidos por el Presidente de la casilla en los términos que señala esta Ley;

II.- Los representantes de los partidos políticos debidamente acreditados.

III.- Los notarios públicos y los jueces que deban dar fe de cualquier acto relacionado con la integración de la mesa directiva, la instalación de la casilla y, en general, con el desarrollo de la votación siempre y cuando se hayan identificado ante el Presidente de la mesa directiva y precisada la índole de la diligencia a realizar, misma que en ningún caso podrá oponerse al secreto del voto;

IV.- Los funcionarios del Comité Distrital Electoral respectivo, que fueron llamados por el Presidente de la mesa directiva; y

V.- Los observadores electorales acreditados en los términos de esta Ley.

De las irregularidades suscitadas se causó que el electorado no ejerciera con plenitud su derecho y voluntad popular, la cual debe estar libre del ejercicio de la violencia y de toda posible coacción para ser realmente democrático el prestigio del voto, cuyas características son las de ser universal, libre, secreto, directo, personal, e intransferible; por lo que tales hechos irregulares causan agravio del Partido Revolucionario Institucional, toda vez que estos se reflejan en forma determinante en los resultados de la votación, con relación de la elección de Diputados de Mayoría Relativa.

El agravio aducido respecto de las casillas que a continuación se detallan consiste en señalar que el hecho de ejercer violencia física o presión sobre los miembros de la mesa directiva de casilla o sobre los electores, resulta determinante para el resultado de la votación, por lo que debe proceder a su respectiva anulación.

INDIVIDUALIZACIÓN POR CASILLAS

La violencia física o presión de alguna autoridad o particular sobre los funcionarios de la casilla de que se trate, causa agravio al Partido que represento, poniendo en duda la certeza de la votación, por lo que este Órgano Jurisdiccional debe considerar la nulidad de la mesa directiva de casilla o sobre los electores, de tal manera que afecte la libertad o el secreto del voto, y esos hechos sean determinantes para el resultado de la votación en la votación en las casillas que a continuación se detallan.

EN LA CASILLA 208 C ubicada en Nayarit e/ Madero y Revolución, siendo las 11:15 horas, un representante del PRD, durante toda la Jornada Electoral ejerció presión sobre los electores, ya que antes de que éstos emitieran su voto, se les acercaba para pedirles su credencial para votar con fotografía, hecho que hizo notar el representante del Partido Revolucionario Institucional acreditado ante la Mesa Directiva de Casilla, a través del escrito sobre incidentes, como se aprecia en el acta de la Jornada Electoral y en la hoja de incidentes firmando bajo protesta en el apartado respectivo.

EN LA CASILLA 223 C ubicada en Antonio A. Rico, el C. Aníbal Villarivera Jafthet en su carácter de Representante de la Coalición Democrática y del Trabajo, ejerció presión sobre los Funcionarios de la Mesa de Casilla, ya que estuvo interrumpiendo constantemente cuando los escrutadores estaban contando los votos, donde el presidente de casilla le pidió la de la manera más atenta que se retirara de la mesa, o se concretara a observar el escrutinio, contestándole y amenazándolo diciendo que estábamos violando la ley, finalmente se retiro a las 21:10 hrs., sin avisarle al presidente de casilla y sin esperarse a la firma de las actas, hecho que hizo notar el representante del Partido Revolucionario Institucional acreditado ante la mesa Directiva de Casilla, a través del escrito sobre incidentes como se aprecia en el acta de la Jornada Electoral y en la hoja de incidentes firmando bajo protesta en el apartado respectivo.

Por lo anterior, resulta conveniente hacer referencia a los siguientes criterios jurisprudenciales a fin de robustecer los hechos y agravios antes aludidos.

JURISPRUDENCIA

VIOLENCIA FÍSICA O PRESIÓN. QUE DEBE ENTENDERSE POR. (se transcribe)

VIOLENCIA FÍSICA O PRESIÓN. EXTREMOS QUE SE DEBEN ACREDITAR PARA QUE SE CONFIGURE LA CAUSAL DE NULIDAD POR. (se transcribe)

A mayor abundamiento y a manera de antecedente ilustrativo me permito transcribir las siguientes tesis de Jurisprudencia emitida por el máximo Tribunal Federal Electoral de la Nación, correspondientes a la Segunda y Tercera Época, que la letra dicen:

SEGUNDA ÉPOCA

PRESIÓN SOBRE LOS ELECTORES, CUANDO ES DETERMINANTE PARA EL RESULTADO DE LA VOTACIÓN. (se transcribe)

EJERCER VIOLENCIA FÍSICA O PRESIÓN SOBRE LOS MIEMBROS DE LA MESA DIRECTIVA DE CASILLA O SOBRE LOS ELECTORES Y SIEMPRE QUE ESOS HECHOS SEAN DETERMINANTES PARA EL RESULTADO DE LA VOTACIÓN. CUANDO NO SE CONFIGURA LA CAUSAL DE NULIDAD. (se transcribe)

TERCERA ÉPOCA

VIOLENCIA FÍSICA, COHECHO, SOBORNO O PRESIÓN SOBRE LOS FUNCIONARIOS DE LA MESA DIRECTIVA O DE LOS ELECTORES, COMO CAUSAL DE NULIDAD DE VOTACIÓN RECIBIDA EN CASILLA (LEGISLACIÓN DE JALISCO). (se transcribe).

PRESIÓN SOBRE LOS ELECTORES. CUANDO ES DETERMINANTE PARA EL RESULTADO DE LA VOTACIÓN. (se transcribe)

En relación con lo previsto por la fracción IV del artículo 310 de la Ley Electoral del Estado de Baja California Sur que señala: ‘se declarará la nulidad de las votaciones recibidas en una casilla, únicamente en los siguientes casos. . . Que exista dolo o error en el escrutinio y cómputo de los votos que beneficie a uno de los candidatos, formula o planilla de candidatos y que ésta sea determinante para el resultado de la votación, salvo que éste sea corregido en el cómputo correspondiente’; este se actualiza en las siguientes casillas:

El supuesto normativo que aquí se invoca se actualiza en las casillas que enseguida se detallan:

 

CASILLA

TIPO

UBICACIÓN

350

B

FRENTE AL EDIFICIO 135, DEPTO. 102 ANDADOR CONTRIBUCIÓN E/ANDADOR O Y ANDADOR I, COLONIA SOLIDARIDAD, LA PAZ, B.C.S.

210

C1

JARDÍN DE NIÑOS ‘MANUEL MARQUEZ DE LEÓN’, CALLE AIRAPI ESQ. CON GUASINAPI FRACC. GUAYCURA, C.P. 23090, LA PAZ, B.C.S.

260

B

ESCUELA TELESECUNDARIA NO. 4 SAN JUAN DE LA COSTA, B.C.S.

266

B

ESCUELA PRIMARIA ‘LÁZARO CÁRDENAS’, SANTA RITA, B.C.S.

266

EXT.

ESCUELA PRIMERA ‘BENITO JUÁREZ’, PUERTO CHALE, B.C.S.

264

B

ESCUELA PRIMARIA ‘BENITO JUÁREZ’, SAN EVARISTO, B.C.S.

264

EXT.

ESCUELA PRIMARIA ‘CONAFE’, LOS BURROS, B.C.S.

265

EXT.

ESCUELA PRIMARIA ‘MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA’, SANTA MARÍA DE TORIS, B.C.S.

261

B

ESCUELA PRIMARIA ‘GUILLERMO PRIETO’, LAS POCITAS, B.C.S.

208

C

ESCUELA SECUNDARIA ‘DAVID PERALTA OSUNA’ CALLE NAYARIT, E/MADERO Y REVOLUCIÓN, COL. PUEBLO NUEVO, C.P. 23090, B.C.S.

214

B

LUGAR PÚBLICO, CALLE COLIMA ESQ. CON CALLE DE LA LUZ, COL. PUEBLO NUEVO, RESIDENCIAL, LORETO, COL. PUEBLO NUEVO, C.P. 23090, B.C.S.

214

C

LUGAR PÚBLICO, CALLE COLIMA ESQ. CON CALLE DE LA LUZ, COL PUEBLO NUEVO, RESIDENCIAL LORETO, COL PUEBLO NUEVO, C.P. 23090, B.C.S.

 

A efecto de comprobar las irregularidades aritméticas, es procedente realizar los siguientes razonamientos aritméticos que nos permita apreciar de manera conjunta el error o el dolo que se suscitó en cada una de las casillas que se mencionan, al no concordar los apartados siguientes: el número de boletas recibidas, menos el número de boletas sobrantes, con el número de boletas extraídas de la urna.

1er. Supuesto

 

CASILLA

TIPO

350

B

 

En el acta de Escrutinio y Cómputo de la presente casilla aparece que, el número de boletas sobrantes es 176; más el número de boletas extraídas de la urna que es 149; dan una cantidad de 425; monto que es inferior al total de boletas entregadas que fueron 426; tal y como consta en la jornada electoral y del acta de escrutinio y cómputo.

 

CASILLA

TIPO

210

C1

 

En el acta de Escrutinio y Cómputo de la presente casilla aparece que, el número de boletas sobrantes es 251; más el número de boletas extraídas de la urna que es 279; dan una cantidad de 530; monto que es inferior al total de boletas entregadas que fueron 531; tal y como consta en la jornada electoral y del acta de escrutinio y cómputo.

 

CASILLA

TIPO

266

B

 

En el acta de Escrutinio y Cómputo de la presente casilla aparece que, el número de boletas sobrantes es 48; pero no señala el número de boletas extraídas de la urna, hecho que impide materialmente hacer la suma de estos rubros, para determinar si coincide con el total de boletas entregadas, cuyo rubro también aparece en blanco; tal y como consta en la jornada electoral y del acta de escrutinio y cómputo.

 

CASILLA

TIPO

266

EXT 1

 

En el acta de Escrutinio y Cómputo de la presente casilla, aparecen en blanco los rubros de boletas sobrantes inutilizadas y total de boletas extraídas de la urna, hecho que imposibilita al partido que represento determinar, si la suma de estos dos rubros coincide monto que supera al total de boletas entregadas que fueron 165; tal y como consta en la jornada electoral y del acta de escrutinio y cómputo.

 

CASILLA

TIPO

266

EXT 2

 

En el acta de Escrutinio y Cómputo de la presente casilla, aparecen en blanco los rubros de boletas sobrantes inutilizadas y total de boletas extraídas de la urna, hecho que imposibilita al partido que represento determinar, si la suma de estos dos rubros coincide monto que supera al total de boletas entregadas que fueron 165; tal y como consta en la jornada electoral y del acta de escrutinio y cómputo.

 

CASILLA

TIPO

264

B

 

En el acta de Escrutinio y Cómputo de la presente casilla aparecen en blanco los rubros de boletas sobrantes inutilizadas y total de boletas extraídas de la urna, hecho que imposibilita al partido que represento determinar, si la suma de estos dos rubros coincide monto que supera al total de boletas entregadas que fueron 62; tal y como consta en la jornada electoral y del acta de escrutinio y cómputo.

 

CASILLA

TIPO

264

EXT

 

En el acta de Escrutinio y Cómputo de la presente casilla aparecen en blanco los rubros de boletas sobrantes inutilizadas y total de boletas extraídas de la urna, hecho que imposibilita al partido que represento determinar, si la suma de estos dos rubros coincide monto que supera al total de boletas entregadas que fueron 73; tal y como consta en la jornada electoral y del acta de escrutinio y cómputo.

 

CASILLA

TIPO

208

C

 

En el acta de Escrutinio y Cómputo de la presente casilla aparece que, el número de boletas sobrantes es 227; más el número de boletas extraídas de la urna que es 192; dan una cantidad de 419; monto inferior al total de boletas entregadas que fueron 423; tal y como consta en la jornada electoral y del acta de escrutinio y cómputo.

 

CASILLA

TIPO

214

B

 

En el acta de Escrutinio y Cómputo de la presente casilla aparece que, el número de boletas sobrantes es 195; más el número de boletas extraídas de la urna que es 218; dan una cantidad de 413; monto que supera al total de boletas entregadas que fueron 218; tal y como consta en la jornada electoral y del acta de escrutinio y cómputo.

2º Supuesto

 

CASILLA

TIPO

350

B

En el Acta de Escrutinio y Cómputo correspondiente a la Casilla impugnada, no aparece número total de ciudadanos que votaron conforme a la lista nominal, situación que atenta de manera flagrante contra el principio de certeza y pone en duda el resultado de la votación en la presente casilla, ya que es materialmente imposible determinar si dicha cantidad coincide con la suma de la votación obtenida por los partidos políticos, candidatos no registrados y votos nulos, por lo que es dable declarar la nulidad de la votación recibida.

 

CASILLA

TIPO

210

C1

 

En el Acta de Escrutinio y Cómputo correspondiente a la Casilla impugnada, el total de ciudadanos que votaron conforme a la lista nominal es de 280, cantidad que difiere de la sumatoria de votación obtenida por los partidos políticos, candidatos no registrados y votos nulos que es de 279, situación que atenta de manera flagrante contra el principio de certeza y pone en duda el resultado de la votación en la presente casilla por lo que es dable declarar la nulidad de la votación recibida.

 

CASILLA

TIPO

266

B

 

En el Acta de Escrutinio y Cómputo correspondiente a la Casilla impugnada, el total de ciudadanos que votaron conforme a la lista nominal es de 103, cantidad que difiere de la sumatoria de votación obtenida por los partidos políticos, candidatos no registrados y votos nulos que es de 101, situación que atenta de manera flagrante contra el principio de certeza y pone en duda el resultado de la votación en la presente casilla por lo que es dable declarar la nulidad de la votación recibida.

 

CASILLA

TIPO

266

EXT. 1

En el Acta de Escrutinio y Cómputo correspondiente a la Casilla impugnada, no aparece el total de ciudadanos que votaron conforme a la lista nominal, hecho que imposibilita materialmente al partido que represento para comparar dicha cantidad con relación a la sumatoria de la votación obtenida por los partidos políticos, candidatos no registrados y votos nulos que es de 101, situación que atenta de manera flagrante contra el principio de certeza y pone en duda el resultado de la votación en la presente casilla por lo que es dable declarar la nulidad de la votación recibida.

 

CASILLA

TIPO

266

EXT. 2

En el Acta de Escrutinio y Cómputo correspondiente a la Casilla impugnada, no aparece el total de ciudadanos que votaron conforme a la lista nominal, hecho que imposibilita materialmente al partido que represento para comparar dicha cantidad con relación a la sumatoria de la votación obtenida por los partidos políticos, candidatos no registrados y votos nulos que es de 101, situación que atenta de manera flagrante contra el principio de certeza y pone en duda el resultado de la votación en la presente casilla por lo que es dable declarar la nulidad de la votación recibida.

 

CASILLA

TIPO

264

B

 

En el Acta de Escrutinio y Cómputo correspondiente a la Casilla impugnada, no aparece el total de ciudadanos que votaron conforme a la lista nominal, hecho que imposibilita materialmente al partido que represento para comparar dicha cantidad con relación a la sumatoria de la votación obtenida por los partidos políticos, candidatos no registrados y votos nulos que es de 30, situación que atenta de manera flagrante contra el principio de certeza y pone en duda el resultado de la votación en la presente casilla por lo que es dable declarar la nulidad de la votación recibida.

 

CASILLA

TIPO

264

EXT.

 

En el Acta de Escrutinio y Cómputo correspondiente a la Casilla impugnada, no aparece el total de ciudadanos que votaron conforme a la lista nominal, hecho que imposibilita materialmente al partido que represento para comparar dicha cantidad con relación a la sumatoria de la votación obtenida por los partidos políticos, candidatos no registrados y votos nulos que es de 26, situación que atenta de manera flagrante contra el principio de certeza y pone en duda el resultado de la votación en la presente casilla por lo que es dable declarar la nulidad de la votación recibida.

 

CASILLA

TIPO

208

C

 

En el Acta de Escrutinio y Cómputo correspondiente a la Casilla impugnada, el total de ciudadanos que votaron conforme a la lista nominal refiere un total de 195, cantidad que difiere de la sumatoria de votación obtenida por los partidos políticos, candidatos no registrados y votos nulos que es de 192, situación que atenta de manera flagrante contra el principio de certeza y pone en duda el resultado de la votación en la presente casilla por lo que es dable declarar la nulidad de la votación recibida.

3er. Supuesto

 

CASILLA

TIPO

350

B

 

En el Acta de Escrutinio y Cómputo correspondiente a la presente casilla, no aparece el número de boletas extraídas de la urna, lo que hace materialmente imposible determinar si dicha cantidad resulta mayor o menor al número de ciudadanos que sufragaron conforme a la lista nominal de ésta casilla, ya que también aparece en blanco, situación que resulta determinante en el resultado de la votación y en consecuencia se actualiza la causal de nulidad invocada.

 

CASILLA

TIPO

210

C1

 

En el Acta de Escrutinio y Cómputo correspondiente a la presente casilla, el número de boletas extraídas de la urna es de 279, lo que resulta menor al número de ciudadanos que sufragaron conforme a la lista nominal de ésta casilla, que es de 280, lo cual resulta determinante entre el primer y segundo lugar actualizándose la causal de nulidad invocada.

 

CASILLA

TIPO

266

B

 

En el Acta de Escrutinio y Cómputo correspondiente a la presente casilla, el apartado correspondiente al número de boletas extraídas de la urna aparece en blanco, lo que hace materialmente imposible determinar si dicha cantidad resulta mayor o menor al número de ciudadanos que sufragaron conforme a la lista nominal de ésta casilla que es de 103, lo cual resulta determinante entre el primer y segundo lugar actualizándose la causal de nulidad invocada.

 

CASILLA

TIPO

266

EXT. 1

 

En el Acta de Escrutinio y Cómputo correspondiente a la presente casilla, no aparece el número de boletas extraídas de la urna, lo que hace materialmente imposible determinar si dicha cantidad resulta mayor o menor al número de ciudadanos que sufragaron conforme a la lista nominal de ésta casilla, ya que también aparece en blanco, lo cual resulta determinante entre el primer y segundo lugar actualizándose la causal de nulidad invocada.

 

CASILLA

TIPO

266

EXT. 2

 

En el Acta de Escrutinio y Cómputo correspondiente a la presente casilla, no aparece el número de boletas extraídas de la urna, lo que hace materialmente imposible determinar si dicha cantidad resulta mayor o menor al número de ciudadanos que sufragaron conforme a la lista nominal de ésta casilla, ya que también aparece en blanco, lo cual resulta determinante entre el primer y segundo lugar actualizándose la causal de nulidad invocada.

 

CASILLA

TIPO

264

B

 

En el Acta de Escrutinio y Cómputo correspondiente a la presente casilla, no aparece el número de boletas extraídas de la urna, lo que hace materialmente imposible determinar si dicha cantidad resulta mayor o menor al número de ciudadanos que sufragaron conforme a la lista nominal de ésta casilla, ya que también aparece en blanco, lo cual resulta determinante entre el primer y segundo lugar actualizándose la causal de nulidad invocada.

 

CASILLA

TIPO

264

EXT.

 

En el Acta de Escrutinio y Cómputo correspondiente a la presente casilla, no aparece el número de boletas extraídas de la urna, lo que hace materialmente imposible determinar si dicha cantidad resulta mayor o menor al número de ciudadanos que sufragaron conforme a la lista nominal de ésta casilla, ya que también aparece en blanco, lo cual resulta determinante entre el primer y segundo lugar actualizándose la causal de nulidad invocada.

 

CASILLA

TIPO

208

C

 

En el Acta de Escrutinio y Cómputo correspondiente a la presente casilla, el número de boletas extraídas de la urna es de 192, lo que resulta menor al número de ciudadanos que sufragaron conforme a la lista nominal de esta casilla, que es de 195, lo cual resulta determinante entre el primer y segundo lugar actualizándose la causal de nulidad invocada.

4º Supuesto

 

CASILLA

TIPO

350

B

 

En el Acta de Escrutinio y Cómputo correspondiente, no aparece el total de boletas extraídas de la urna, lo que hace materialmente posible determinar si dicha cantidad que difiere de la sumatoria de votación obtenida por los partidos políticos, candidatos no registrados y votos nulos que es de 149.

 

CASILLA

TIPO

266

B

 

En el Acta de Escrutinio y Cómputo correspondiente, no aparece el total de boletas extraídas de la urna, lo que hace materialmente posible determinar si dicha cantidad que difiere de la sumatoria de votación obtenida por los partidos políticos, candidatos no registrados y votos nulos que es de 101.

 

CASILLA

TIPO

266

EXT.1

 

En el Acta de Escrutinio y Cómputo correspondiente, no aparece el total de boletas extraídas de la urna, lo que hace materialmente posible determinar si dicha cantidad que difiere de la sumatoria de votación obtenida por los partidos políticos, candidatos no registrados y votos nulos que es de 101.

 

CASILLA

TIPO

266

EXT. 2

 

En el Acta de Escrutinio y Cómputo correspondiente, no aparece el total de boletas extraídas de la urna, lo que hace materialmente posible determinar si dicha cantidad que difiere de la sumatoria de votación obtenida por los partidos políticos, candidatos no registrados y votos nulos que es de 101.

 

CASILLA

TIPO

264

B

 

En el Acta de Escrutinio y Cómputo correspondiente, no aparece el total de boletas extraídas de la urna, lo que hace materialmente posible determinar si dicha cantidad que difiere de la sumatoria de votación obtenida por los partidos políticos, candidatos no registrados y votos nulos que es de 30.

 

CASILLA

TIPO

264

EXT.

 

En el Acta de Escrutinio y Cómputo correspondiente, no aparece el total de boletas extraídas de la urna, lo que hace materialmente posible determinar si dicha cantidad que difiere de la sumatoria de votación obtenida por los partidos políticos, candidatos no registrados y votos nulos que es de 26.

 

CASILLA

TIPO

208

C

 

En el Acta de Escrutinio y Cómputo correspondiente, el total de boletas extraídas de la urna es de 196, cantidad que difiere de la sumatoria de votación obtenida por los partidos políticos, candidatos no registrados y votos nulos, que es de 192.

5º Supuesto

 

CASILLA

TIPO

350

B

 

En el Acta de Escrutinio y Cómputo correspondiente, el número de boletas recibidas es de 326, cantidad que no se puede comparar con relación al número de ciudadanos inscritos en la lista nominal de esta casilla que aparece en blanco.

 

CASILLA

TIPO

266

B

 

En el Acta de Escrutinio y Cómputo correspondiente, el número de boletas recibidas se encuentra en blanco, cantidad que no se puede comparar con relación al número de ciudadanos inscritos en la lista nominal de esta casilla que es de 151.

 

CASILLA

TIPO

214

B

 

En el Acta de Escrutinio y Cómputo correspondiente, el número de boletas recibidas es de 218, cantidad que difiere de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de esta casilla, que es de 413.

En todos los casos referidos anteriormente, es de considerarse que existió error en la computación de los votos.

FACTOR DETERMINANTE

La suma total de los errores en la computación de los votos, es determinante para el resultado de la casilla impugnada y para el resultado total obtenido en la misma en virtud de que dicho dolo o error es grave y determinante, beneficiando así a la Coalición Democrática y del Trabajo; por lo que de no haber existido el dolo o error de parte de los funcionarios de las mesas directivas de casilla en comento, el resultado final hubiera sido diverso.

Lo anterior nos lleva a considerar que el Partido Revolucionario Institucional hubiera obtenido el primer lugar y no el segundo, ya que si restamos los votos que se anotaron erróneamente en beneficio de la Coalición Democrática y del Trabajo que obtuvo el primer sitio, éste hubiere quedado en segundo lugar.

Con relación a los hechos que se plantean en el presente medio de impugnación de manera oportuna se presentaron los escritos correspondientes de incidentes, se firmó bajo protesta las actas de escrutinio y cómputo, así mismo se presentó el escrito de protesta que el artículo 323 de la Ley de la materia señala como requisito de procedibilidad para interponer el presente recurso de inconformidad.

Así mismo los hechos que anteceden constituyen irregularidades que configuran la causal de nulidad de la votación, prevista en el artículo 310 fracción IV de la Ley Electoral del Estado; lo que tiene sustento legal en los siguientes:

AGRAVIOS Y PRECEPTOS LEGALES VIOLADOS

El haber mediado dolo o error en el Escrutinio y Cómputo de los votos, causa agravio al Partido Revolucionario Institucional, ya que en forma evidente ponen en duda la certeza de la votación, además de ser factor determinante para el resultado de la misma, lo que implica una clara violación a las disposiciones aplicables a la materia, así como a los principios constitucionales de certeza, legalidad, imparcialidad, independencia y objetividad que deben regir invariablemente todos y cada uno de los actos electorales, lo que configura perjuicios irreparables para mi representado, y actualiza la causal de nulidad prevista por la fracción IV del artículo 310 de la Ley de la materia, y contraviniendo los artículos del mismo ordenamiento, que a continuación se hacen referencia.

El artículo 231 del ordenamiento invocado, establece que:

ARTÍCULO 231.- Una vez cerrada la votación, llenado y firmado el apartado correspondiente del acta de la jornada electoral, los integrantes de la mesa directiva de casilla, procederán al escrutinio y cómputo de los votos sufragados en la casilla.

Por otro lado el artículo 233 del mismo ordenamiento refiere:

ARTÍCULO 233.- Se entiende por voto nulo aquel expresado por un elector en una boleta que depositó en la urna, pero que no marcó ningún círculo; más de un círculo o fuera del círculo en el que se contenga el emblema de un partido político o coalición.

Así mismo el artículo 236 dispone:

ARTÍCULO 236.- El escrutinio y cómputo de cada elección se realizará conforme a las reglas siguientes.

I.- El Secretario de la mesa directiva de la casilla contará las boletas sobrantes; las inutilizará por medio de dos rayas diagonales y anotará el número de éstas en el acta de escrutinio y cómputo;

II.- El primer Escrutador contará el número de electores que votaron conforme al listado nominal de electores en la casilla;

III.- El Secretario abrirá la urna, sacará las boletas depositadas por los electores y mostrará a los presentes que la urna quedó vacía;

IV.- El segundo Escrutador contará las boletas extraídas de la urna;

V.- El Presidente, auxiliado por los escrutadores, clasificará las boletas para determinar:

a).- El número de votos emitidos a favor de cada uno de los partidos políticos o candidatos; y

b).- El número de votos que resulten anulados.

VI.- El Secretario anotará en hojas por separado los resultados de cada una de las operaciones señaladas en las fracciones anteriores, los que una vez verificados, transcribirá en las respectivas actas de escrutinio y cómputo de cada elección.

El artículo 237 de la misma Ley especifica que: ‘Para determinar la validez o nulidad de los votos se observarán las reglas siguientes:

ARTÍCULO 237.- Para determinar la validez o nulidad de los votos, se observarán las reglas siguientes:

Se contará un voto válido por la marca que haga el elector en un solo círculo en el que se contenga el emblema de un partido político o coalición;

Se contará como nulo cualquier voto emitido en forma distinta de la señalada; y

Los votos emitidos a favor de candidatos no registrados se asentarán en el acta por separado.

De todo lo anterior podemos señalar que con tales irregularidades por demás ilegales suscitadas en las casillas que se impugnan son determinantes en el resultado de la votación obtenida entre los partidos contendientes y el partido político que represento, toda vez de no ocurrir tal irregularidad, el resultado de la votación fuera otro.

Los datos antes desarrollados aparecen en todas y cada una de las Actas de Escrutinio y Cómputo de las casillas que se impugnan y que se ofrecen como prueba en el capítulo correspondiente; en razón de lo anterior, debe operar la causal de nulidad, prevista por el artículo 310 fracción IV de la Ley de la materia, por ser claro el error y el dolo en la elección de Diputados de Mayoría Relativa y por estar acreditado el factor determinante.

Del estudio previo de las casillas, vale tener en cuenta que los datos que deben verificarse para determinar si existió error en la computación de los votos, son los que se asientan en el acta de escrutinio y cómputo de casilla, en su caso, los del acta levantada por el Comité Distrital Electoral, relativos a:

1.- Total de boletas sobrantes (no usadas), que fueron inutilizadas y quedaron adheridas al talón, de la elección de Diputados de Mayoría Relativa.

2.- Total de boletas de la elección de Diputados de Mayoría Relativa que fueron encontradas dentro de las urnas.

3.- Total de electores que votaron inscritos en la Lista Nominal, incluyendo a los Representantes de los Partidos Políticos.

En todos los datos debe existir coincidencia, toda vez que el número de electores que sufragaron en la casilla, debe ser idéntico al total de boletas extraídas de la urna correspondientes a la elección de Diputados de Mayoría Relativa al total que resulte de sumar los votos computados a favor de cada partido político, candidatos no registrados y votos nulos.

Por todo lo anterior, resulta conveniente hacer referencia a los siguientes criterios jurisprudenciales a fin de robustecer los hechos y agravios antes aludidos:

JURISPRUDENCIA

ERROR EN EL ESCRUTINIO Y CÓMPUTO DE LOS VOTOS. EL INTERÉS PARA IMPUGNARLO CORRESPONDE A CUALQUIERA DE LOS PARTIDOS CONTENDIENTES EN LA ELECCIÓN. (Se transcribe)

ERROR O DOLO EN LA COMPUTACIÓN DE LOS VOTOS. CUANDO ES DETERMINANTE PARA EL RESULTADO DE LA VOTACIÓN. (Se transcribe)

ERROR O DOLO EN LA COMPUTACIÓN DE LOS VOTOS. ELEMENTOS QUE DEBE CONSIDERAR EL JUZGADO PARA EL ANÁLISIS DE LA CAUSA DE NULIDAD POR. (Se transcribe)

ERROR O DOLO EN LA COMPUTACIÓN DE LOS VOTOS. ANÁLISIS DE LA CAUSAL DE NULIDAD CUANDO APARECEN EN BLANCO DATOS CONTENIDOS EN EL ACTA DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO. (Se transcribe)

ERROR O DOLO EN LA COMPUTACIÓN DE LOS VOTOS. EN QUÉ CASO LA DIFERENCIA ENTRE EL NÚMERO DE BOLETAS ENTREGADAS Y LAS SOBRANTES E INUTILIZADAS CONFIGURA LA CAUSAL DE NULIDAD. (Se Transcribe)

ERROR O DOLO EN LA COMPUTACIÓN DE LOS VOTOS. QUÉ DEBE ENTENDERSE POR BOLETAS CONTABILIZADAS DE MANERA IRREGULAR PARA LOS EFECTOS DE LA CAUSAL DE NULIDAD.- (Se transcribe)

ERROR O DOLO EN LA COMPUTACIÓN DE LOS VOTOS. QUÉ DEBE ENTENDERSE POR VOTACIÓN EMITIDA Y DEPOSITADA EN LA URNA PARA EFECTOS DE LA CAUSAL DE NULIDAD.- (Se transcribe)

ERROR O DOLO EN LA COMPUTACIÓN DE LOS VOTOS. QUÉ DEBE ENTENDERSE POR VOTOS COMPUTADOS DE MANERA IRREGULAR PARA LOS EFECTOS DE LA CAUSAL DE NULIDAD.- (Se transcribe)

ERROR O DOLO EN LA COMPUTACIÓN DE LOS VOTOS. CUANDO EXISTA UNA GRAN DISPARIDAD SIN JUSTIFICACIÓN EN LOS DATOS ASENTADOS EN EL ACTA, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE NO SE ALTERE EL RESULTADO DE LA VOTACIÓN EN LA CASILLA, PROCEDE DECLARAR LA NULIDAD POR LA CAUSAL DE.- (Se transcribe)

ERROR O DOLO EN LA COMPUTACIÓN DE LOS VOTOS. ALCANCE DE LA FACULTAD DE SUPLENCIA CUANDO SE HACE VALER LA CAUSAL DE NULIDAD.- (Se transcribe)

ERROR O DOLO EN LA COMPUTACIÓN DE LOS VOTOS. CASO EN QUE SE ACTUALIZA LA CAUSAL DE NULIDAD POR VIOLARSE EL PRINCIPIO DE CERTEZA.- (Se transcribe)

En relación con lo previsto por la fracción Vl del artículo 310 de la Ley Electoral del estado de Baja California Sur que señala: ‘se declarará la nulidad de las votaciones recibidas en una casilla, únicamente en los siguientes casos… Se hubiese permitido sufragar sin credencial con fotografía para votar o a aquellos cuyo nombre no aparezca en la lista nominal de electores salvo los casos de excepción señalados en los artículos 220 y 226 de esta Ley y siempre que ello sea determinante para el resultado de la votación’; este se actualiza en las siguientes casillas:

Durante la Jornada electoral en el Distrito Electoral referido, se suscitaron varias irregularidades en las casillas 210 C1 y 215 C, consistentes en que los funcionarios de las mesas directivas de casillas referidas, permitieron a ciudadanos sufragar sin aparecer en el Listado Nominal de Electores, estos acontecimientos se detallan a continuación, individualizando las casillas que se impugnan y que en lo específico son:

En la casilla 210, tipo Contigua 1, ubicada en JARDÍN DE NIÑOS ‘MANUEL MÁRQUEZ DE LEÓN’, CALLE AIRAPI ESQ. CON GUASINAPI, FRACC. GUAYCURA, C.P. 23090, LA PAZ, B.C.S, siendo las 17:25 horas, un ciudadano que no era de la casilla depositó un voto en nuestra casilla, sin estar en el listado nominal.

Los acontecimientos suscitados en la casilla referida en el hecho que antecede, son determinantes para el resultado de la votación obtenida, porque si restamos los votos obtenidos en circunstancias irregulares a la Coalición Democrática y del Trabajo que obtuvo el primer lugar, se altera el resultado de la votación y favorecería al Partido que está en segundo lugar, esto es al Partido Revolucionario Institucional.

En la casilla 215, tipo Contigua, ubicada en RETORNO FOSFORITA FTE, AL NO. 4405, E/BLVD. COLOSIO Y CALLEJÓN PERLA, COL. MINEROS C.P. 23090, LA PAZ, B.C.S., siendo las 9:15 horas, un ciudadano que no era de la casilla depositó un voto en nuestra casilla, sin estar en el listado nominal.

Los acontecimientos suscitados en la casilla referida en el hecho que antecede, son determinantes para el resultado de la votación obtenida, porque si restamos los votos obtenidos en circunstancias irregulares a la Coalición Democrática y del Trabajo que obtuvo el primer lugar, se altera el resultado de la votación y favorecería al partido que está en segundo lugar, esto es al Partido Revolucionario Institucional.

A efecto de comprobar las irregularidades mencionadas, es procedente realizar un cuadro esquematizado en donde de manera individualizada nos permita apreciar de manera conjunta el número de electores que sufragaron indebidamente en las casillas a que se hace referencia, así como para deducir que tal hecho resulta trascendente en el resultado de la votación, por lo que se debe proceder a la anulación de la votación correspondiente:

 

CASILLA

TIPO

UBICACIÓN

210

CONTIGUA 1

UBICADA EN JARDÍN DE NIÑOS ‘MANUEL MÁRQUEZ DE LEÓN’, CALLE AIRAPI, ESQ. CON GUASINAPI, FRACC. GUAYCURA, C.P. 23090, LA PAZ, B.C.S

215

CONTIGUA

RETORNO FOSFORITA FTE. AL NO. 4405, E/BLVD. COLOSIO Y CALLEJÓN PERLA, COL MINEROS, C.P. 23090, LA PAZ, B.C.S.

 

PERSONAS QUE SUFRAGARON SIN CREDENCIAL PARA VOTAR

PERSONAS QUE SUFRAGARON CUYO NOMBRE NO APARECE EN LISTA NOMINAL

No. DE ELECTORES QUE SUFRAGARON INDEBIDAMENTE

1

1

1

1

1

1

 

Como puede observarse, el número de electores que sufragaron indebidamente en todas y cada una de las casillas que se impugnan, es determinante para el resultado obtenido en la elección de Diputados de Mayoría Relativa, en virtud de que dicha votación obtenida indebidamente benefició a la Coalición Democrática y del Trabajo, por lo que de no haber sido recibida la votación por parte de los funcionarios de las mesas directivas de casilla en comento el Partido Revolucionario Institucional hubiera obtenido el primer lugar.

AGRAVIOS Y PRECEPTOS LEGALES VIOLADOS

A) Permitir sufragar a quien no presente su Credencial Estatal de Electora, o no aparezcan en el Listado Nominal de Electores, causan agravio al Partido Revolucionario Institucional, ya que en forma evidente ponen en duda la certeza de la votación, además de ser factor determinante para el resultado de la misma, lo que implica una clara violación a las disposiciones aplicables a la materia, así como a los principios de certeza, legalidad, imparcialidad, independencia y objetividad, que deben regir invariablemente todos y cada uno de los actos electorales, lo que configura perjuicios irreparables para mi representado, y actualiza la causal de nulidad prevista por la fracción Vl del artículo 310 de la Ley Electoral del Estado.

B) Por otra parte, en virtud de que en forma indebida se permitió sufragar a quien no presente su Credencial Estatal de Electora o no aparezcan en el Listado Nominal de Electores, afecta los resultados consignados en el acta de escrutinio y cómputo de cada mesa directiva de casilla que fue individualizada en el apartado de hechos, lo que contraviene lo establecido por los artículos 219, 220, 221 y 223 de la Ley de referencia, mismos que señalan:

ARTÍCULO 219.- Una vez llenada y firmada el acta de la jornada electoral en el apartado correspondiente a la instalación, el presidente de la mesa directiva anunciará el inicio de la recepción de la votación.

ARTÍCULO 220.- Los electores votarán en el orden en que se presenten ante la mesa directiva de casilla, debiendo cumplir, previamente, los siguientes requisitos:

I. Exhibir su credencial con fotografía para votar;

II. Mostrar el dedo pulgar derecho para cerciorarse de que no ha votado en otra casilla; y

III. El Presidente de la mesa directiva de casilla se cerciorará de que el nombre del ciudadano que aparece en la credencial con fotografía para votar figure en el listado nominal de electores de la sección a que corresponda la casilla.

De esta regla se exceptuarán los ciudadanos que, teniendo su credencial con fotografía para votar, sean representantes propietarios o suplentes de algún partido político o coalición acreditados ante la mesa directiva de casilla.

ARTÍCULO 221 El Presidente de la casilla podrá permitir sufragar a los ciudadanos que, estando en el listado nominal de electores correspondiente a su domicilio, su credencial con fotografía para votar contenga errores de seccionamiento.

En este caso, dicho funcionario, además de identificar a los electores, en los términos de esta Ley, se cerciorará de su residencia en la sección correspondiente, por el medio que estime más idóneo.

ARTÍCULO 223.- Una vez comprobado que el elector aparece en las listas nominales y que haya exhibido su credencial con fotografía para votar, el Presidente le entregará las boletas de las elecciones para que libremente y en secreto marque sus boletas en el círculo correspondiente al partido político por el que sufraga, o anote el nombre del candidato no registrado por el que desea emitir su voto.

Aquellos electores que no sepan leer o que se encuentren impedidos físicamente para marcar sus boletas de voto, podrán hacerse asistir por una persona de su confianza que les acompañe.

Acto seguido, el elector doblará sus boletas y se dirigirá a depositarlas en la urna correspondiente.

El Secretario de la casilla anotará la palabra "votó" en la lista nominal correspondiente y procederá a:

a) Marcar la credencial con fotografía para votar del elector que ha ejercido su derecho de voto;

b) Impregnar con líquido indeleble el dedo pulgar derecho del elector; y

c) Devolver al elector su credencial con fotografía para votar.

Los representantes de los partidos políticos ante las mesas directivas, podrán ejercer su derecho de voto en la casilla en la que estén acreditados, para la cual se seguirá el procedimiento señalado en este artículo, anotando el nombre completo y la clave de la credencial para votar de los representantes al final de la lista nominal de electores.

C) No obstante, de las disposiciones antes señaladas, en las casillas descritas relativas a la elección de Diputados de Mayoría Relativa se permitió sufragar a quien no presente su Credencial Estatal de Elector, o no aparezcan en el Listado Nominal de Electores con Imagen, hechos que por su reiterada aceptación o número, son determinantes para el resultado de la elección en cada casilla, en violación flagrante de los numerales a que se hace referencia.

D) Derivado de lo anterior, y encontrándose contemplada la hipótesis que refiere el numeral 310 fracción Vl de la Ley de referencia, concatenado con los artículos 219, 220, 221 y 223 del mismo ordenamiento; por tanto, se deduce de los hechos, que los funcionarios de las mesas directivas de casilla en forma indebida y reiterada permitieron sufragar a quien no presentó su Credencial Estatal de Elector, o no aparezcan en el Listado Nominal de Electores, infringiendo con ello lo establecido por los artículos 115 y 116 del mismo ordenamiento, al no desempeñar su cargo como autoridades electorales, por lo que su actuación fue determinante para los resultados de la elección de Diputados de Mayoría Relativa; lo anterior además transgrede los principios de constitucionalidad y legalidad, que consisten en ajustarse al marco jurídico establecido, ya que por ser de orden público, no deben sujetarse al arbitrio de los agentes que participan en el proceso electoral; y con relación a la causal invocada por cuanto a las excepciones, el artículo 220 de la misma Ley, que dispone que los representantes de los partidos políticos ante las Mesas Directivas de Casilla, podrán ejercer su derecho de voto en la que estén acreditados, debiendo el secretario de la Mesa Directiva de Casilla anotar el nombre completo y la clave de la Credencial Estatal de Electora, al final de la Lista Nominal de Electores con imagen lo que en la especie no aconteció en virtud de que por acuerdo del Consejo General, los representantes de los partidos políticos pertenecían a la casilla en donde estaban acreditados por lo que incluso no hubo excedentes en la entrega de boletas en los propias casillas; lo que a juicio de esta parte actora, se debió haber presentado sin excepción la Credencial Estatal de Elector, lo que finalmente no se dio en la práctica y en concreto en las casillas cuya votación se impugna de manera fundada.

E) El agravio aducido respecto de las casillas que se detallan, consistente en señalar que el hecho de permitir sufragar a ciudadanos, que no presentaron su Credencial Estatal de Elector, o no aparezcan en el Listado Nominal de Electores, resulta determinante para el resultado de la votación, y para deducir que tales irregularidades son trascendentes se alude a los datos relativos a los votos obtenidos por los partidos que se encuentran en primero y segundo lugar, y comparar la diferencia de esas votaciones con el número de electores que sufragaron indebidamente, de tal manera que si se altera el resultado de la votación favoreciendo al partido que se encuentra en segundo lugar, deberá decretarse la nulidad de la votación recibida en la casilla de que se trate:

JURISPRUDENCIA

A efecto de robustecer todo lo expuesto en la presente, resulta conveniente hacer referencia a los siguientes criterios jurisprudenciales: a fin de robustecer los hechos y agravios antes aludidos:

40.- SUFRAGAR SIN CREDENCIAL PARA VOTAR O SIN APARECER EN LA LISTA NOMINAL DE ELECTORES. SU INTERPRETACIÓN PARA LOS EFECTOS DE LA CAUSA DE NULIDAD. (Se transcribe)

102. SUFRAGAR SIN CREDENCIAL PARA VOTAR O SIN APARECER EN LA LISTA NOMINAL DE ELECTORES Y SIEMPRE QUE ELLO SEA DETERMINANTE PARA EL RESULTADO DE LA VOTACIÓN. CUANDO NO SE ACTUALIZA LA CAUSAL DE NULIDAD. (Se transcribe)

SUFRAGAR SIN CREDENCIAL O SIN APARECER EN LA LISTA NOMINAL DE ELECTORES. SU INTERPRETACIÓN PARA LOS EFECTOS DE LA CAUSAL DE NULIDAD. (Se transcribe)

En relación con lo previsto por la fracción lX del artículo 310 de la Ley Electoral del Estado de Baja California Sur que señala: ‘se declarará la nulidad de las votaciones recibidas en una casilla, únicamente en los siguientes casos… la recepción de votación por personas u organismos distintos a los facultados por esta Ley’; este se actualiza en las siguientes casillas;

H E C H O S

En las casillas que en este apartado se impugnan, la recepción de la votación se efectuó por personas distintas a las legalmente facultadas para ello como se desprende de las actas de Jornada electoral y del encarte definitivo así como del acuerdo en donde se aprobó a los funcionarios de casilla, pruebas que adminiculadas entre sí, dan convicción plena de lo aquí aseverado; en este tenor, el artículo 115 de la Ley Electoral del Estado, establece que las Mesas Directivas de Casillas estarán integradas por ciudadanos y los requisitos que deben cumplir, asimismo el artículo 119 refiere que éstos estarán facultados para instalar y clausurar la casilla, la recepción, escrutinio y cómputo del sufragio emitido, respetar y hacer respetar la libre emisión del sufragio, garantizar el secreto del voto y asegurar la autenticidad del escrutinio y cómputo.

1. Por su parte, el artículo 116 del propio cuerpo de leyes indica que las Mesas Directivas de Casilla se integran con un Presidente, un Secretario, dos Escrutadores y tres suplentes generales, que cubrirán indistintamente a los titulares, quienes serán designados mediante el método de insaculación.

2. Durante el mes de octubre del año próximo pasado, los Comités Distritales Electorales sortearon a un veinte por ciento de los ciudadanos de cada sección electoral que se encuentren comprendidos en los Listados básicos.

3. Los ciudadanos seleccionados recibieron capacitación e instrucción electoral para el desempeño de cualquiera de las funciones que corresponda a las Mesas Directivas de Casilla.

4. Los Comités Distritales Electorales, realizaron una evaluación objetiva para seleccionar de entre dichos ciudadanos a los más aptos, efectuándose una segunda insaculación de estos en el mes de diciembre.

Ahora bien para acreditar la ilegal integración de las casillas que en este apartado se impugnan, se ofrecen los siguientes cuadros esquemáticos:

Para ilustración de esta instancia se pone a consideración el cuadro siguiente:

EN LA CASILLA ELECTORAL No. 253 B, la persona que fungió como primer escrutador, no fue la legalmente facultada por el Comité Electoral respectivo.

 

Funcionarios autorizados

Propietarios

Suplentes

ESTEBAN SALINAS RUEDAS

ANTONIO OCHOA MARTÍNEZ

ESTEBAN SALINAS RUEDAS

ORALIA MONSERRAT NÚÑEZ L.

FERNANDO VILLALOBOS SANDOVAL

ANTONIO OCHOA SÁNCHEZ

JUANA PALMA ARELLANO

BEATRIZ YEPIZ GONZÁLEZ

MARÍA DE LOS ÁNGELES COTA LARA

JORGE ESTEBAN MENDOZA FÉLIX

 

BEATRIZ YEPIZ GONZÁLEZ

 

A mayor abundamiento sobre la irregularidad descrita es necesario además especificar que dichas personas que actuaron ilegalmente como funcionarios al no ser los autorizados por el Comité respectivo, además se encontraban impedidos para ejercer el cargo de funcionarios de casilla al encontrarse en los siguientes supuestos:

 

 

CASILLA

 

CARGO

Está inscrito en la lista nominal

Pertenece a la sección en la que se instaló la casilla

Cuenta con credencial para votar con fotografía

253 B

1 ESCRUTADOR

NO

NO

NO

 

EN LA CASILLA ELECTORAL No. 266 B, las personas que fungieron como Presidente y 2° Escrutador, no fueron los legalmente facultados por el Comité electoral respectivo

 

Funcionarios autorizados

Propietarios

Suplentes

PORFIRIO OCHOA LUCERO

MARTÍN G. BARRERA GERALDO

BIBIANA OCHOA LUCERO

CLAUDIA L. RANGEL GÓMEZ

JUAN P. CESEÑA ARCE

CLAUDIA L. RANGEL GÓMEZ

SAUL CAMACHO MAGDON

MARÍA DE LOS ANGELES MENDEZ GERALDO

SAUL CAMACHO MAGDON

NORA MURILLO VÁZQUEZ

 

SALVADOR ARCE GERALDO

 

A mayor abundamiento sobre la irregularidad descrita es necesario además especificar que dichas personas que actuaron ilegalmente como funcionarios al no ser los autorizados por el Comité respectivo, además se encontraban impedidos para ejercer el cargo de funcionarios de casilla al encontrarse en los siguientes supuestos:

 

 

CASILLA

 

CARGO

Está inscrito en la lista nominal

Pertenece a la sección en la que se instaló la casilla

Cuenta con credencial para votar con fotografía

PRESIDENTE

NO

NO

NO

2° ESCRUTADOR

NO

NO

NO

 

EN LA CASILLA ELECTORAL No. 217 C, la persona que fungió como 2° escrutador, no fueron los legalmente facultados por el Comité Electoral respectivo

 

Funcionarios autorizados

Propietarios

Suplentes

MIGUEL ORTOÑO SALGADO

ROBERTO CARLOS GIJÓN GALINDO

MIGUEL ORTOÑO SALGADO

MARÍA DEL SOCORRO ESTRADA ZÚÑIGA

OKAMY SUI QUI PÉREZ

MARÍA DEL SOCORRO ESTRADA ZÚÑIGA

JOSÉ LUIS PÉREZ MENDOZA

JOSÉ MARTÍN MÉNDEZ

ANA LIDIA SÁNCHEZ HIGUERA

ANA LIDIA SÁNCHEZ HIGUERA

 

JOSÉ LUIS PÉREZ MENDOZA

 

A mayor abundamiento sobre la irregularidad descrita es necesario además especificar que dichas personas que actuaron ilegalmente como funcionarios al no ser los autorizados por el Comité respectivo, además se encontraban impedidos para ejercer el cargo de funcionarios de casilla al encontrarse en los siguientes supuestos:

 

 

CASILLA

 

CARGO

Está inscrito en la lista nominal

Pertenece a la sección en la que se instaló la casilla

Cuenta con credencial para votar con fotografía

266 B

2° ESCRUTADOR

NO

NO

NO

 

EN LA CASILLA ELECTORAL No. 348 B, la persona que fungió como 1° escrutador, no fueron los legalmente facultados por el Comité Electoral respectivo

 

Funcionarios autorizados

Propietarios

Suplentes

ANTONIO OLACHEA ROCHIN

BLANCA H. COTA MURILLO

ANTONIO OLACHEA ROCHIN

LORENA DOMÍNGUEZ LECHUGA

GUADALUPE DOMÍNGUEZ HERNÁNDEZ

LORENA DOMÍNGUEZ LECHUGA

JOSEFINA RUIZ AYALA

LAURA C. ALONSO CANETT

JOSÉ MARTÍN CORTES BRAVO

LADISLAO MÉNDEZ GONZÁLEZ

 

LADISLAO MÉNDEZ GONZÁLEZ

 

A mayor abundamiento sobre la irregularidad descrita es necesario además especificar que dichas personas que actuaron ilegalmente como funcionarios al no ser los autorizados por el Comité respectivo, además se encontraban impedidos para ejercer el cargo de funcionarios de casilla al encontrarse en los siguientes supuestos:

 

 

CASILLA

 

CARGO

Está inscrito en la lista nominal

Pertenece a la sección en la que se instaló la casilla

Cuenta con credencial para votar con fotografía

348 B

1° ESCRUTADOR

NO

NO

NO

 

Los anteriores casos se realizaron sin que se cumplieran las formalidades legales para tal efecto, por lo que su actuación es ilegítima, lo que se comprueba al analizar las actas de la Jornada Electoral, Escrutinio y Cómputo y de las Hojas de Incidentes, en las que en ninguna de ellas se hace constar la razón por la cual los funcionarios originalmente facultados fueron indebidamente sustituidos, violando el artículo 215 de la Ley Electoral del Estado, y en consecuencia, se actualiza la causal de nulidad prevista por el artículo 310 fracción X del mismo ordenamiento, ya que no existe causa legal alguna que justifique su actuación, luego entonces como se puede observar en los cuadros comparativos, se aprecia quienes eran los funcionarios legalmente facultados y los que indebidamente recibieron la votación el día de la Jornada Electoral, violándose con ello los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad que deben ser observados en materia electoral.

AGRAVIOS Y PRECEPTOS LEGALES VIOLADOS

A) El hecho de que la recepción o el cómputo de la votación fuere hecho por personas u órganos distintos a los facultados para hacerlo, que se detallan por casilla en los párrafos que anteceden, causa agravio al Partido Revolucionario Institucional, ya que en forma evidente ponen en duda la certeza de la votación, además de ser factor determinante para el resultado de la misma, lo que implica una clara violación a las disposiciones aplicables a la materia, así como a los principios de imparcialidad, legalidad, independencia, certeza y objetividad que deben regir invariablemente todos y cada uno de los actos electorales, lo que configura perjuicios irreparables para mi representado, y actualiza la causal de nulidad prevista por la fracción lX del artículo 310 de la Ley Electoral del Estado de Baja California Sur.

B) La integración, la recepción de la votación o el cómputo de la votación fue hecha por persona u órganos distintos a los facultados por la Ley, toda vez que este ordenamiento jurídico establece el procedimiento para designar y sustituir a las personas que fungirán como funcionarios de las Mesas Directivas de Casilla, con el fin de que desempeñen sus funciones satisfactoriamente conforme a los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad; por tal razón, los hechos narrados se dan fuera del marco jurídico previamente establecido, rompiendo con los principios que regulan todo proceso electoral, lo que afectó determinantemente sobre los resultados obtenidos en la(s) casilla(s) cuya votación se impugna.

C) Que las personas que actuaron el día de la Jornada Electoral en la recepción o escrutinio y cómputo de la votación recibida en casilla, no fueron las que designó el órgano electoral competente; lo que tiene como soporte la documental pública consistente en el último encarte y la información consignada en las documentales públicas, consistentes en las actas de la jornada electoral, actas de escrutinio y cómputo y hojas de incidentes, de las cuales se deriva la diferencia entre los designados y los que desempeñaron ilegalmente los cargos de funcionarios de mesas directivas de casilla.

D) Aunado a lo anterior y conforme a las hipótesis de la causal prevista en la fracción lX del artículo 310 de la Ley de la materia; se señala que los ciudadanos que participaron en la recepción o el escrutinio y cómputo de la votación, no estuvieron debidamente facultados por el artículo 116 del ordenamiento legal de la materia, por las siguientes razones:

ARTÍCULO 116.- Las Mesas Directivas de Casilla se integrarán con un Presidente, un Secretario, dos Escrutadores y tres suplentes generales, quienes deberán ser residentes de la sección electoral respectiva, en pleno ejercicio de sus derechos políticos, de reconocida probidad, que tengan modo honesto de vivir y los conocimientos suficientes para el desempeño de sus funciones.

JURISPRUDENCIAS

Por todo lo anterior, resulta conveniente hacer referencia a los siguientes criterios jurisprudenciales a fin de robustecer los hechos y agravios antes aludidos:

RECEPCIÓN DE LA VOTACIÓN POR PERSONAS U ORGANISMOS DISTINTOS A LOS FACULTADOS POR EL CÓDIGO FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES. CASO EN EL QUE SE ACTUALIZA LA CAUSAL DE NULIDAD. (Se transcribe)

RECEPCIÓN DE LA VOTACIÓN POR PERSONAS U ORGANISMOS DISTINTOS A LOS LEGALMENTE FACULTADOS. LA INTEGRACIÓN DE LAS MESAS DIRECTIVAS DE CASILLA CON UNA PERSONA NO DESIGNADA NI PERTENECIENTE A LA SECCIÓN ELECTORAL, ACTUALIZA LA CAUSAL DE NULIDAD DE VOTACIÓN (LEGISLACIÓN DE BAJA CALIFORNIA SUR) (Se transcribe)

ESCRUTADORES. SU AUSENCIA TOTAL DURANTE LA FASE DE RECEPCIÓN DE LA VOTACIÓN, ES MOTIVO SUFICIENTE PARA CONSIDERAR QUE LA MESA DIRECTIVA DE CASILLA SE INTEGRÓ INDEBIDAMENTE. (Se transcribe)

SUSTITUCIÓN DE FUNCIONARIOS EN CASILLAS. DEBE HACERSE CON PERSONAS DISTINTAS INSCRITAS EN LA LISTA NOMINAL. (Se transcribe)

NULIDAD DE ELECCIÓN, VIOLACIONES SUSTANCIALES QUE SON DETERMINANTES PARA EL RESULTADO DE LA ELECCIÓN (LEGISLACIÓN DE SAN LUIS POTOSÍ) (Se transcribe)

NULIDAD DE LA ELECCIÓN O DE LA VOTACIÓN RECIBIDA EN UNA CASILLA. CRITERIOS PARA ESTABLECER CUÁNDO UNA IRREGULARIDAD ES DETERMINANTE PARA SU RESULTADO (Se transcribe)

En este mismo orden de ideas denuncio y señalo que durante las jornadas electorales se suscitaron hechos irregulares de manera(sic) en toda la demarcación territorial que comprende el distrito en la elección que se impugna y que consistieron en que un grupo de personas a bordo de vehículos y con casacas color naranja que contenía la leyenda ‘CAZA MAPACHES’ estuvieron operando impunemente coaccionando al electorado, inhibiendo el voto sin que ninguna autoridad detuviera tales hechos, tal y como se corrobora en sendos juegos de cintas de video magnéticas que se acompañan al cuerpo del presente, en donde el colmo de la impunidad que operó a lo largo de todo el proceso electoral fueron incluso entrevistados en un canal de televisión local.

De igual forma y como se apreciará de las cintas video magnéticas varios vehículos de diferentes marcas y tipos con diversas leyendas en color amarillo aduciendo a la Coalición Democrática y del Trabajo, estuvieron operando el día de la jornada electoral haciendo acarreo de votos sin que de nueva cuenta ninguna autoridad hiciera algo al respecto.

Finalmente y como hecho irregular al día de la jornada en la cintas citadas, en varias de las casillas aparece excesiva propaganda por parte de la coalición e incluso en las casillas mismas.

88. PROSELITISMO. CUANDO CONSTITUYE CAUSAL DE NULIDAD DE LA VOTACIÓN RECIBIDA EN LA CASILLA.- (Se transcribe)

ACTOS POSTERIORES

Tal y como lo indica la Ley de la materia, el miércoles siguiente al día de la elección se llevó a cabo la sesión de cómputo distrital en la que el representante de mi partido ante ese órgano electoral, hizo patente la serie de irregularidades que ocurrieron durante la jornada electoral, e incluso solicitó la apertura de los paquetes electorales de las casillas 127 contigua, 129 básica, 137 básica, 137 contigua y 149 básica en atención al principio rector de ‘Certeza’ principio que al ser elevado a rango Constitucional su observancia y aplicación es irrestricta, sobre todo porque se hizo patente que de manera especial en las casillas 127 contigua, 129 básica, 137 básica, 137 contigua y 149 básica existían errores aritméticos que ponían en duda la certeza de la votación; que en los paquetes de casillas se apreciaba que los paquetes electorales se encontraban evidentemente alterados; que en las casillas la cantidad de votos nulos era determinante para el resultado de la votación de manera genérica; que en los paquetes de las casillas.

Por lo que procede también la nulidad de las casillas que en este apartado se indican o que en su caso esa H. Juzgadora en atención al citado principio rector de ‘Certeza’ se proceda a la apertura de dichos paquetes y corroboren las irregularidades descritas en este apartado, lo anterior para efectos de mejor proveer.

80. INSPECCIÓN JUDICIAL CASO EN EL QUE RESULTA PROCEDENTE SU REALIZACIÓN.- (Se transcribe)

Finalmente y en atención al principio de exhaustividad de las sentencias solicitó de la manera más atenta que esa H. Juzgadora se pronuncie respecto de todos y cada uno de los hechos y agravios señalados a lo largo del presente ocurso así como subsane las diferencias tal y como lo indica el artículo 343 fracción II y en atención a la jurisprudencia que a continuación se transcribe:

10. SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA EN LA ARGUMENTACIÓN DE LOS AGRAVIOS. ALCANCE DEL PRINCIPIO DE EXHAUSTIVIDAD EN LAS RESOLUCIONES DICTADAS POR LA JURISDICCIÓN ELECTORAL.- (Se transcribe)"

En los primeros apartados de sus escritos iniciales, particularmente en los identificados con los rubros "HECHOS" y "ACTOS PREVIOS", los recurrentes denuncian la presencia de irregularidades que califican como sustanciales y que, en su concepto, invalidan el proceso electoral y sus resultados al trastocar principios medulares para la eficacia y validez de los comicios por lo que en su concepto se actualiza una causal de nulidad a la que califican como genérica.

Sobre el particular, debe decirse lo siguiente:

Le asiste la razón a los actores en relación con que, la nulidad de la elección de diputados de mayoría relativa se puede declarar por actualizarse lo que denomina "causa genérica de nulidad", por violaciones a los principios rectores de legalidad, objetividad, independencia, imparcialidad y certeza, como consecuencia de la realización de irregularidades suscitadas a lo largo del proceso electoral, que en su concepto se llevaron a cabo desde los actos previos, la jornada electoral y actos posteriores al día de la elección.

En este contexto, una de las cuestiones más importantes a dilucidar en la presente controversia consiste en determinar, si conforme a la legislación electoral del Estado de Baja California Sur, es posible legalmente declarar la nulidad de la elección de diputados de mayoría relativa, sobre la base de la existencia de alguna causa de nulidad de elección genérica, misma que no se encuentra expresamente dentro de las previstas específicamente en el artículo 311 de la ley electoral de la citada entidad.

A este respecto se considera que, en la legislación positiva electoral del Estado de Baja California Sur, no sólo se encuentran previstas determinadas causas de nulidad específicas, sino que al lado de éstas es posible desprender una causa de nulidad abstracta o no específica, la cual se advierte a través de la interpretación sistemática de distintos preceptos, para lo cual, se debe tener en cuenta lo señalado en el citado artículo 311, de la ley electoral local, cuyo tenor es el siguiente:

"Artículo 311

Una elección será nula cuando:

I. Las causas de nulidad a que se refiere el artículo anterior se declaren existentes en por lo menos el veinte por ciento e las casillas de un distrito electoral, municipio o del Estado, según sea el caso y sean determinantes en el resultado de la elección;

II. Cuando no se instalen las casillas en el veinte por ciento de las secciones del distrito electoral, municipio o del Estado, según corresponda, y consecuentemente la votación no haya sido recibida; y

III. Los candidatos que hayan obtenido mayoría de votos en el cómputo de la elección respectiva, se vean afectados por causa superveniente que los hagan inelegibles para el cargo para el que fueron postulados, tratándose de:

a) El candidato a Gobernador del Estado;

b) Los dos integrantes de la fórmula de Diputados por el principio de mayoría relativa;

c) Los integrantes de las listas de Diputados por el principio de representación proporcional;

d) La mitad más uno de los candidatos propietarios para la planilla de Presidente, Síndico y Regidores de Ayuntamientos."

Una interpretación gramatical y aislada de este numeral permitiría sostener, que la nulidad de una elección de diputados de mayoría relativa, por ejemplo, debería producirse necesariamente de la circunstancia de que en el veinte por ciento de las casillas de un distrito se dieran alguna o algunas de las causas de nulidad previstas en el artículo 310, del mismo ordenamiento legal, y que sean determinantes en el resultado de la elección, o en su caso, que no se instalaran las casillas en el veinte por ciento de las secciones del distrito electoral correspondiente y consecuentemente la votación no haya sido recibida, o bien, cuando los candidatos triunfadores en el cómputo de la elección respectiva se vean afectados por alguna causa de inelegibilidad.

Si las cosas fueran así se entendería, que sólo las irregularidades que se suscitaran durante la jornada electoral podrían ser invocadas para sustentar la nulidad de la elección de diputados de mayoría relativa.

Sin embargo, el sistema electoral está integrado por un conjunto de normas que deben también ser observadas y cuyo sentido, obtenido a través de una interpretación sistemática pone de manifiesto, como se anticipó, que al lado de causas de nulidad, que bien pueden denominarse específicas, existe una causa de nulidad abstracta o no específica, que puede producirse por la inobservancia de principios fundamentales que rigen a todo proceso electoral en un régimen democrático.

Esto es así, ya que en el artículo 116, fracción IV, inciso d), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el artículo 36 de la Constitución Política del Estado de Baja California Sur se ordena, que los poderes de los estados se organizarán conforme con la constitución de cada uno de ellos, con sujeción a las normas que en el primero de dichos numerales se establecen y que, por medio de las leyes de los estados en materia electoral, deberá garantizarse que se establezca un sistema de medios de impugnación, para que todos los actos y resoluciones electorales se sujeten invariablemente al principio de legalidad. Esto implica que, por regla general, ningún acto o resolución electoral puede sustraerse al sistema de medios de impugnación que las leyes de los estados determinen en materia electoral, conforme con el mandato constitucional, y menos aún al principio de legalidad.

En el caso particular de la Ley Electoral del Estado de Baja California Sur, con relación a la elección de diputados de mayoría relativa, el sistema referido comprende cuatro especies de nulidades específicas, según lo dispuesto en los artículos 310 y 311 de ese cuerpo normativo.

La primera se relaciona con la nulidad de la votación recibida en casillas. Surge de la actualización de una o varias de las causas previstas en el artículo 310 de la ley invocada.

La segunda se refiere a la nulidad de elección. Al efecto se toma como base la primera de las nulidades mencionadas, siempre que se acredite su actualización en el veinte por ciento de las casillas del distrito.

La tercera versa también sobre la nulidad de la elección, pero con motivo de la falta de instalación de las casillas del veinte por ciento de las secciones que correspondan al distrito y que, consecuentemente, evite que la votación se reciba en ellas.

La cuarta atiende al hecho de que, los candidatos triunfadores en la elección de diputados de mayoría relativa se vean afectados por una causa de inelegibilidad.

Pero además de estas causas concretas, se encuentra prevista una especie de nulidad no específica que afecta también a la elección de diputados de mayoría relativa, proveniente de diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Constitución Política del Estado de Baja California Sur y de la propia ley electoral de esta entidad federativa.

En el artículo 36 de la Constitución Política del Estado de Baja California Sur se observa, que la organización de las elecciones locales es una función estatal que se realiza a través de un organismo público autónomo en su funcionamiento e independiente en sus decisiones, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios. Según este precepto, con motivo de los comicios, una de las funciones del citado organismo público autónomo (al cual el artículo 78 de la ley electoral estatal denomina: Instituto Electoral del Estado), es la de que en el ejercicio de sus funciones sean principios rectores la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad, organismo público, además de ser quien declarará la validez de las elecciones de diputados de mayoría relativa, y otorgar las constancias respectivas a los candidatos que hubieran obtenido la mayoría de votos.

Por otra parte, en los artículos 102, 103 y 107, fracción IX, 164, inciso c), 167, 262, 263, 264, 268 y 269 de la Ley Electoral del Estado de Baja California Sur se aprecia, que en la última etapa del proceso electoral, o sea, en la posterior a las elecciones, se faculta al Comités Distritales Electorales para que, una vez que haya concluido el cómputo, éste califique y, en su caso, declare la validez de la elección de diputados de mayoría relativa, con el fin de que posteriormente, expida la constancia de mayoría y validez a los candidatos que hayan resultado electos.

Lo expuesto hasta este momento pone de manifiesto, que la etapa posterior a las elecciones no se compone exclusivamente del acto de cómputo, para determinar al triunfador en los comicios, sino que además del acto de cómputo, apto para conducir a la expedición de la constancia de mayoría a los candidatos triunfadores, existe también el acto consistente, en la declaración de validez de la elección.

Es verdad que lo ordinario es que los comicios se celebren con estricto apego a la ley y que en ellos se observen los principios fundamentales que deben regir las elecciones democráticas. Por este motivo, lo común es que el acto de declaración de validez de la elección pase inadvertido, a pesar de que constituye un acto de gran relevancia, como lo demuestra la circunstancia de que varias disposiciones de la constitución local y de la Ley Electoral del Estado de Baja California se refieran a ese acto de validez de la elección.

Incluso en el caso particular de la elección de diputados de mayoría relativa, el artículo 264, fracción VII de la ley electoral de esta entidad permite advertir, que la declaración de validez de la elección se encuentra precedida de un acto de calificación. Esto tiene especial importancia, porque evidencia que la declaración de validez de la elección de diputados de mayoría relativa no constituye un formalismo vacío, sino que debe ser producto del examen de todas las circunstancias, hechos y actos que conforman el proceso electoral, todo lo cual debe ser confrontado con normas y principios rectores de la actividad electoral. A través de la referida calificación, la autoridad electoral estará en condiciones de emitir un juicio sobre si el proceso electoral se encuentra ajustado a la ley, a fin de que la respuesta positiva conduzca a la declaración de validez, o bien, en caso contrario, a la nulidad de la elección.

Confirma el alto grado de importancia de la declaración de validez de la elección, la mención que sobre ésta se advierte en el artículo 43 de la Constitución Política del Estado de Baja California Sur, que dice:

"Artículo 43

Las elecciones de Diputados por el principio de mayoría relativa serán computadas y declaradas válidas por los órganos electorales en cuyo territorio se haya llevado a cabo el proceso electoral correspondiente, el que otorgará las constancias respectivas a las fórmulas de candidatos que hubiesen obtenido mayoría de votos, en los términos de la ley de la materia.

El cómputo de las elecciones de Diputados por el principio de representación proporcional, así como la asignación de éstos, será efectuada por el Instituto Estatal Electoral."

Las precisiones hechas en los párrafos anteriores permiten concluir, que la calificación y declaración de validez de la elección, así como la expedición de la correspondiente constancia de validez, constituyen actos fundamentales en la etapa posterior a las elecciones.

En la emisión de dichos actos, los Comités Distritales Electorales deben sujetarse también al principio de legalidad previsto en el artículo 116, fracción IV, inciso d) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Pero independientemente de esto, también por disposición de la señalada Carta Magna (artículo 41, segundo párrafo, fracción IV) y de la constitución local (artículo 36) los medios de impugnación se han establecido para garantizar, que todos los actos y resoluciones electorales se encuentren apegados al principio de legalidad. De ahí que el juicio de los Comités Distritales Electorales sobre la validez o invalidez de la elección de diputados de mayoría admita ser cuestionado a través de alguno de los medios de impugnación, como se verá más adelante.

Lo que importa resaltar es que son varios los preceptos de ley que se refieren a la importantísima actividad que se realiza en la etapa posterior a las elecciones, consistente en la declaración de validez de la elección de diputados de mayoría relativa.

Al hacer esta calificación los señalados Comités Distritales Electorales emitirán un juicio de valoración sobre el proceso electoral.

Pero para llevar a cabo la valoración en comento, dichos comités deben contar con determinados puntos de referencia, que no son otros, sino los principios a que debe sujetarse toda elección democrática, los cuales permitirán determinar, si las circunstancias que acontecen antes, durante y después de la jornada electoral afectan o no, de una manera cualitativamente substancial, los resultados de las elecciones y, por ende, si procede o no hacer la declaración de validez de la elección de diputados de mayoría relativa.

En este contexto, si se advierte que los Comités Distritales Electorales no valoraron dichas circunstancias o que lo hicieron de una manera incorrecta y que se transgredieron los señalados principios, y no obstante esto, declararon la validez de la elección, ha lugar a considerar, que se está ante la presencia de una situación que admite ser combatida a través de alguno de los recursos previstos en el sistema de medios de impugnación.

Todo lo que precede permite concluir, que en el sistema de nulidades de la Ley Electoral del Estado de Baja California Sur, se puede establecer una distinción de dos órdenes de causas de nulidad de la elección de diputados de mayoría relativa. El primero está compuesto por causas específicas, provenientes tanto de la nulidad de la votación recibida en el veinte por ciento de las casillas instaladas en el Estado, como de la falta de instalación de las casillas de las secciones en el propio porcentaje, o que pueda existir una causa de inelegibilidad que afecte a los candidatos triunfadores. El segundo está integrado por una sola categoría abstracta de nulidad, cuyo contenido puede encontrarlo el juzgador en cada situación que se someta a su decisión, atendiendo a las circunstancias concurrentes en cada caso concreto, a la naturaleza jurídica de las instituciones electorales, a los fines perseguidos con ellas, y dentro de este marco, a que la elección específica que se analice satisfaga los requisitos exigidos como esenciales e indispensables por la constitución y las leyes, para que pueda producir efectos.

De sostener la postura de que sólo por las señaladas causas específicas se puede invocar la nulidad de la elección de diputados de mayoría relativa, se impediría declarar la ineficacia de ésta, aun cuando acontecieran irregularidades no remediables con la nulidad de la votación recibida en casillas, lo que llevaría a aceptar, que la elección debe prevalecer a pesar de la evidencia de ciertas irregularidades inadmisibles, que al afectar elementos esenciales, cualitativamente sean determinantes para el resultado de la elección, como podrían ser, por ejemplo: a) la comisión generalizada de violaciones substanciales antes, durante y después de la jornada electoral, en todo el distrito, que atenten claramente contra principios esenciales de toda elección democrática, etcétera.

Para conocer cuáles son las irregularidades que podrían constituirse como causa no específica de nulidad de la elección de diputados de mayoría relativa, es necesario recurrir a las distintas disposiciones donde se contienen los principios fundamentales o los elementos esenciales e imprescindibles de dicha elección.

Los artículos donde se contienen estos principios y elementos esenciales, con relación a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, son los siguientes:

"ARTÍCULO 39.

La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno.

ARTÍCULO 41.

El pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión, en los casos de la competencia de éstos, y por los de los Estados, en lo que toca a sus regímenes interiores, en los términos respectivamente establecidos por la presente Constitución Federal y las particulares de los Estados, las que en ningún caso podrán contravenir las estipulaciones del Pacto Federal.

La renovación de los poderes Legislativo y Ejecutivo se realizará mediante elecciones libres, auténticas y periódicas, conforme a las siguientes bases:

I. Los partidos políticos son entidades de interés público; la ley determinará las formas específicas de su intervención en el proceso electoral. Los partidos políticos nacionales tendrán derecho a participar en las elecciones estatales y municipales.

Los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación nacional y como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo. Sólo los ciudadanos podrán afiliarse libre e individualmente a los partidos políticos;

II. La ley garantizará que los partidos políticos nacionales cuenten de manera equitativa con elementos para llevar a cabo sus actividades. Por tanto, tendrán derecho al uso en forma permanente de los medios de comunicación social, de acuerdo con las formas y procedimientos que establezca la misma. Además, la ley señalará las reglas a que se sujetará el financiamiento de los partidos políticos y sus campañas electorales, debiendo garantizar que los recursos públicos prevalezcan sobre los de origen privado.

[...]

III. La organización de las elecciones federales es una función estatal que se realiza a través de un organismo público autónomo denominado Instituto Federal Electoral, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, en cuya integración participan el Poder Legislativo de la Unión, los partidos políticos nacionales y los ciudadanos, en los términos que ordene la ley. En el ejercicio de esa función estatal, la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad serán principios rectores.

[...]

IV. Para garantizar los principios de constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones electorales, se establecerá un sistema de medios de impugnación en los términos que señalen esta Constitución y la ley. Dicho sistema dará definitividad a las distintas etapas de los procesos electorales y garantizará la protección de los derechos políticos de los ciudadanos de votar, ser votado y de asociación, en los términos del artículo 99 de esta Constitución.

[...]

ARTÍCULO 99.

El Tribunal Electoral será, con excepción de lo dispuesto en la fracción II del artículo 105 de esta Constitución, la máxima autoridad jurisdiccional en la materia y órgano especializado del Poder Judicial de la Federación.

Para el ejercicio de sus atribuciones, el Tribunal funcionará con una Sala Superior así como con Salas Regionales y sus sesiones de resolución serán públicas, en los términos que determine la ley.

[...]

IV. Las impugnaciones de actos o resoluciones definitivos y firmes de las autoridades competentes de las entidades federativas para organizar y calificar los comicios o resolver las controversias que surjan durante los mismos, que puedan resultar determinantes para el desarrollo del proceso respectivo o el resultado final de las elecciones. Esta vía procederá solamente cuando la reparación solicitada sea material y jurídicamente posible dentro de los plazos electorales y sea factible antes de la fecha constitucional o legalmente fijada para la instalación de los órganos o la toma de posesión de los funcionarios elegidos;

[...]

ARTÍCULO 116.

El poder público de los Estados se dividirá, para su ejercicio, en Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y no podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el Legislativo en un solo individuo.

Los Poderes de los Estados se organizarán conforme a la Constitución de cada uno de ellos, con sujeción a las siguientes normas:

[...]

La elección de los gobernadores de los Estados y de las legislaturas locales será directa y en los términos que dispongan las leyes electorales respectivas.

[...]

IV. Las Constituciones y leyes de los Estados en materia electoral garantizarán que:

a) Las elecciones de los gobernadores de los Estados, de los miembros de las legislaturas locales y de los integrantes de los ayuntamientos se realicen mediante sufragio universal, libre, secreto y directo;

b) En el ejercicio de la función electoral a cargo de las autoridades electorales sean principios rectores los de legalidad, imparcialidad, objetividad, certeza e independencia;

c) Las autoridades que tengan a su cargo la organización de las elecciones y las jurisdiccionales que resuelvan las controversias en la materia, gocen de autonomía en su funcionamiento e independencia en sus decisiones;

d) Se establezca un sistema de medios de impugnación para que todos los actos y resoluciones electorales se sujeten invariablemente al principio de legalidad;

[...]

f) De acuerdo con las disponibilidades presupuestales, los partidos políticos reciban, en forma equitativa, financiamiento público para su sostenimiento y cuenten durante los procesos electorales con apoyos para sus actividades tendientes a la obtención del sufragio universal;

g) Se propicien condiciones de equidad para el acceso de los partidos políticos a los medios de comunicación social;

[...]".

Con relación a la Constitución Política del Estado de Baja California Sur.

"ARTÍCULO 1.

El Estado de Baja California Sur es parte integrante de los Estados Unidos Mexicanos, y es libre y soberano en todo lo que concierne a su régimen interior, conforme a los preceptos de la Constitución General de la República.

ARTÍCULO 28.

Son prerrogativas del ciudadano Sudcaliforniano:

I. Votar en las elecciones populares en los términos que señale la Ley;

II...

ARTÍCULO 29.

Son deberes del ciudadano Sudcaliforniano:

I...

IV. Votar en las elecciones; y

[...]

ARTÍCULO 36.

La Soberanía del Estado reside esencial y originariamente en el pueblo Sudcaliforniano, quien la ejercerá por medio de los poderes constituidos en los términos de esta Ley fundamental. La renovación de los poderes Legislativo y Ejecutivo, así como de los Ayuntamientos, se realizará mediante elecciones libres, auténticas y periódicas, conforme a las siguientes bases:

I. Los partidos políticos son entidades de interés público; la Ley determinará las formas específicas de su intervención en los procesos electorales. Los partidos políticos nacionales tendrán derecho a participar en las elecciones estatales y municipales.

Los partidos políticos nacionales y estatales tienen como fin promover la participación del pueblo sudcaliforniano en la vida democrática, contribuir en la integración de la representación del Estado, y como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público en las esferas estatal y municipal, y de acuerdo a los programas, principios e ideas que postulan, y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo. Sólo los ciudadanos podrán afiliarse libre e individual-mente a los partidos políticos;

II. La Ley garantizará que en los procesos electorales estatales y municipales los partidos políticos cuenten de manera equitativa con los recursos para llevar a cabo sus actividades político electorales;

De igual manera determinará condiciones de equidad para que los partidos políticos tengan acceso a los medios de comunicación social;

III. La Ley señalará las reglas a las que se sujetará el financiamiento de los partidos políticos y de sus campañas político electorales, debiendo garantizar que los recursos públicos prevalezcan sobre los de origen privado.

El financiamiento público para los partidos políticos que mantengan su registro después de cada elección, se compondrá de las ministraciones destinadas al sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes y a las que se produzcan durante los procesos políticos electorales, mismas que se otorgarán de acuerdo con las disponibilidades presupuestales y conforme a lo prescrito en la Ley.

La Ley fijará los criterios para determinar los límites a las erogaciones de los partidos políticos en sus campañas electorales; establecerá los montos máximos que tendrán las aportaciones pecuniarias de sus simpatizantes y los procedimientos para el control y vigilancia del origen y el uso de todos los recursos con que cuenten, y asimismo, señalará las sanciones que deban imponerse por el incumplimiento de estas disposiciones;

IV. La organización de los procesos electorales es una función que corresponde realizar al poder público a través de un organismo público autónomo en su funcionamiento e independiente en sus decisiones, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, que se denominará Instituto Estatal Electoral y en cuya integración concurren el Poder Legislativo del Estado, los partidos políticos y los ciudadanos, en los términos que disponga la Ley. En el ejercicio de las funciones del organismo electoral, serán principios rectores la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad.

El Instituto Estatal Electoral residirá en la Ciudad Capital del Estado y se conformará por un Consejo General, que será su órgano superior de dirección, el cual se integrará por un consejero Presidente y cuatro consejeros electorales con voz y voto. También concurrirán, con voz pero sin voto, un representante de cada uno de los partidos políticos que participen en las elecciones; un representante de cada una de las fracciones parlamentarias del Congreso del Estado; el Director del Registro Estatal de Electores y un Secretario General que se designará a propuesta del consejero Presidente con la aprobación de la mayoría de los consejeros electorales. Los Comités Distritales y Municipales Electorales y el Registro Estatal de Electores formarán parte de su estructura orgánica. Las mesas directivas de casilla estarán integradas por ciudadanos.

El consejero Presidente y los consejeros electorales del Instituto Estatal Electoral, serán electos sucesivamente por el voto de las dos terceras pares de los miembros presentes del Congreso del Estado de entre los propuestos por la fracciones parlamentarias del propio Congreso del Estado. Con-forme al mismo procedimiento, se designarán un consejero presidente y cuatro consejeros electorales suplentes, en orden de prelación. El consejero Presidente y los consejeros electorales durarán en su encargo 6 años.

La Ley señalará los requisitos que deben reunir el consejero Presidente y los consejeros Electorales del Instituto Estatal Electoral y determinarán las reglas y procedimientos correspondientes a su elección.

El Instituto Estatal Electoral tendrá a su cargo en forma integral y directa, además de las que determine la Ley, las actividades relativas a la capacitación electoral y educación cívica, geografía electoral, los derechos y prerrogativas de las agrupaciones y de los partidos políticos, impresión de materiales electorales, preparación de la jornada electoral, los cómputos en los términos que señale la Ley, declaración de validez y otorgamiento de constancias en las elecciones de Diputados locales y Ayuntamientos, cómputo de la elección de Gobernador del Estado de Baja California Sur en cada uno de los distritos electorales uninominales, así como la regulación de la observancia electoral y de las encuestas o sondeos de opinión con fines electorales. Lo relativo al catálogo general de electores, padrón electoral, listado nominal y credencial para votar con fotografía, se sujetará a los convenios que celebre el Instituto Estatal Electoral con el Instituto Federal Electoral, preparar, desarrollar y vigilar los procesos de plebiscito y referéndum en el Estado y los Municipios. Las sesiones de todos los órganos electorales de dirección serán públicos en los términos que señale la Ley;

V. Para garantizar los principios de constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones electorales, se establecerá un sistema de medios de impugnación en los términos que señalen esta Constitución y la Ley. Dicho sistema dará definitividad a las distintas etapas de los procesos electorales y garantizará la protección de los derechos políticos de los ciudadanos de votar, ser votado y de asociación.

En materia electoral, la interposición de los medios de impugnación constitucionales o legales no producirá efectos suspensivos sobre la resolución del acto impugnado;

VI. La Ley correspondiente tipificará los delitos y determinará las faltas en materia electoral, así como las sanciones que por ellos deban imponerse.

ARTÍCULO 40.

El Poder Legislativo se deposita en una asamblea que se denominará "Congreso del Estado de Baja California Sur".

Respecto de la Ley Electoral del Estado de Baja California Sur, se destacan los siguientes artículos:

"ARTÍCULO 1.

Las disposiciones de esta Ley son de orden público y de observancia general en el Estado de Baja California Sur y reglamentan los preceptos constitucionales relativos al ejercicio de los derechos político de los ciudadanos; a la constitución y registro de las organizaciones políticas estatales; a la preparación, desarrollo y vigilancia de los procesos electorales, ordinarios y extraordinarios, para elegir a los integrantes de los Poderes Legislativo y Ejecutivo y a los miembros de los Ayuntamientos de la Entidad; a la declaración de validez de los resultados electorales y los medios de impugnación para garantizar la legalidad de los actos y resoluciones electorales.

ARTÍCULO 5.

El sufragio expresa la voluntad soberana del pueblo de Baja California Sur.

Votar en las elecciones constituye una derecho y una obligación de los ciudadanos que se ejerce para cumplir la función pública de integrar los órganos de elección popular del Estado y municipios. El voto es universal, libre, secreto, directo, personal e intransferible.

ARTÍCULO 11.

Son obligaciones de los ciudadanos:

I...

IV. Votar en las elecciones estatales, municipales y Distritales en la casilla que corresponda a su domicilio, salvo las excepciones que establece esta Ley.

[...]

ARTÍCULO 14.

El Poder Legislativo se deposita en una Asamblea que se denomina "Congreso del Estado de Baja California Sur.

ARTÍCULO 19.

Las elecciones ordinarias de Diputados al Congreso del Estado y de los miembros de los Ayuntamientos, se celebrarán cada tres años; las de Gobernador del Estado se efectuarán cada seis años.

ARTÍCULO 26.

Los partidos políticos son formas de organización política y constituyen entidades de interés público. Conforme a lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado y esta Ley, tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación estatal y municipal y como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo a los programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto, directo, personal e intransferible.

ARTÍCULO 77.

La preparación, desarrollo y vigilancia de los procesos electorales es una función estatal a cargo del poder público con la participación corresponsable de los partidos políticos y ciudadanos en los términos de esta Ley.

ARTÍCULO 78.

El Instituto Estatal Electoral es un organismo público autónomo en su funcionamiento e independiente en sus decisiones, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, cuyo cargo compete la coordinación, preparación, desarrollo y vigilancia de los procesos electorales para renovar los Poderes Legislativo y Ejecutivo, así como los Ayuntamientos de la Entidad y de igual manera preparar, desarrollar y vigilar los procedimientos de plebiscito y referéndum en el Estado y los Municipios...

ARTÍCULO 164.

El proceso electoral es el conjunto de actos ordenados por la Constitución Política del Estado de Baja California Sur y por esta Ley, realizados por las autoridades electorales, los partidos políticos y los ciudadanos, que tiene por objeto la renovación periódica de los integrantes de los Poderes Legislativo y Ejecutivo, así como de los Ayuntamientos de la entidad, que comprenden las siguientes etapas

..."

De las disposiciones referidas se puede desprender cuáles son los principios fundamentales de una elección democrática, cuyo cumplimiento debe ser imprescindible para que una elección se considere producto del ejercicio popular de la soberanía, dentro del sistema jurídico-político construido en la Carta Magna y en las leyes electorales estatales, como principios que están elevados, inclusive a rango constitucional, los cuales son imperativos, de orden público, de obediencia inexcusable y no son renunciables.

No obsta que la Constitución Política del Estado de Baja California Sur y la ley electoral de la propia entidad federativa omitan disposiciones que prevean algunos de esos principios fundamentales de una elección democrática, para ser aplicados en dicha entidad, porque lo importante es que tales principios se encuentran contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuya imperatividad es indiscutible.

Uno de esos principios fundamentales en materia electoral es el de legalidad, que se encuentra previsto en el artículo 116, fracción IV, inciso d), de la Constitución federal. Dicho principio rige a los comicios de todos los estados de la República Mexicana desde el veintitrés de agosto de mil novecientos noventa y seis. Su vigencia no está condicionada a su aceptación, inclusión o reglamentación en las leyes estatales. Esto es así, porque el legislador constituyente permanente en la iniciativa del respectivo decreto de reformas, distinguió dos elementos. El primero es la existencia de un conjunto de principios o bases con rango constitucional, rector de las elecciones locales. El segundo consiste, en la obligación que se impone a las legislaturas estatales de establecer normas en su constitución y en sus leyes electorales, mediante las cuales quede plenamente garantizado el respeto al principio previsto en el precepto antes referido. En estas condiciones, aunque sobre tal principio no haya una mención expresa en un ordenamiento local, a fin de cuentas, el constreñimiento a la observancia de tal principio tendría como sustento la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Estos dos elementos operan también para los demás principios fundamentales que se encuentran en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y que se consideran imprescindibles para estimar a una elección democrática. Por tanto, aun cuando la constitución y las leyes electorales de determinada entidad federativa no establezcan algunos de esos principios rectores de las elecciones locales, de todos modos se tienen que tomar en consideración, para regular los comicios locales, porque esos principios se encuentran previstos en la Constitución federal y están vigentes desde el veintitrés de agosto de mil novecientos noventa y seis.

Como se ve, los preceptos que han quedado transcritos contienen los principios esenciales que deben observarse en los comicios electorales, para lograr la renovación eficaz de los poderes legislativo y ejecutivo.

Los principios que se pueden desprender de tales disposiciones para que una elección se considere producto del ejercicio popular de la soberanía, entre otros, son los siguientes:

a) Las elecciones deben ser libres, auténticas y periódicas;

b) El sufragio debe ser universal, libre, secreto, directo, personal e intransferible;

c) En el financiamiento público de los partidos políticos y sus campañas electorales debe prevalecer el principio de equidad;

d) La organización de las elecciones debe hacerse a través de un organismo público y autónomo;

e) La certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad constituyen principios rectores del proceso electoral;

f) En el proceso electoral deben estar establecidas condiciones de equidad para el acceso de los partidos políticos a los medios de comunicación social; y

g) En los procesos electorales debe haber un sistema de impugnación para el control de la constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones electorales.

Los anteriores principios electorales, constitucional y legalmente previstos, deben ser observados en todo proceso electoral para que tales comicios puedan ser calificados como democráticos.

Las elecciones libres se dan cuando se ejerce la facultad natural del sufragante de dirigir su pensamiento o su conducta según los dictados de la razón y de su propia voluntad sin influencia del exterior; sin embargo, para apreciar si se ha respetado la libertad en la emisión del sufragio, no basta con examinar el hecho aislado referente a si, en el momento de votar, el acto fue producto de una decisión libre, es decir de una libertad no coaccionada, sino que para considerar que el derecho al sufragio se ha ejercido con libertad, es necesario establecer, si en la elección han existido otra serie de libertades, sin cuya concurrencia no podría hablarse en propiedad de un sufragio libre, por ejemplo, la libertad de expresión, de asociación, de reunión, de libre desarrollo de la campaña electoral, etcétera.

La autenticidad de las elecciones se relaciona con el hecho de que la voluntad de los votantes se refleje de manera cierta y positiva en el resultado de los comicios.

Lo periódico de los sufragios es que éstos se repitan con frecuencia a intervalos determinados en la propia ley electoral local, para lograr la renovación oportuna de los poderes.

La no discriminación del sufragio se funda en el principio de un hombre, un voto.

El secreto del sufragio constituye una exigencia fundamental de la libertad del ciudadano-elector, para votar de manera reservada, a fin de que en el momento de la elección quede asentada su expresión de voluntad y merezca efectos jurídicos.

Estas son algunas de las condiciones que debe tener una elección, que tienda a cumplir con el principio fundamental de que los poderes públicos se renueven a través del sufragio universal, tal como lo establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; que se cumpla con la voluntad pública de constituirse y seguir siendo un estado democrático, representativo, en donde la legitimidad de los que integran los poderes públicos, derive de la propia intención ciudadana.

Una elección sin estas condiciones, en la que en sus etapas concurran, en forma determinante para el resultado, intimidaciones, prohibiciones, vetos, iniquidades, desinformación, violencia; en donde no estén garantizadas las libertades públicas ni los elementos indicados, no es, ni representa la voluntad ciudadana, no puede ser basamento del Estado democrático que como condición estableció el constituyente, no legitima a los favorecidos, ni justifica una correcta renovación de poderes.

Como consecuencia de lo anterior, si los citados principios fundamentales son esenciales en una elección es admisible arribar a la conclusión, de que cuando en la ley electoral local no se prevea una causa abstracta o no específica de nulidad de una elección y se constate que alguno de estos principios ha sido perturbado de manera importante, determinante o trascendente, que impida la posibilidad de tenerlo como satisfecho cabalmente, y que por esto se ponga en duda fundada la autenticidad, la libertad, la credibilidad y la legitimidad de los comicios y de quienes resulten de ellos, cabe considerar actualizada dicha causa.

Entonces, en el caso indicado anteriormente, la elección resulta nula, por no ser legal, cierta, imparcial, ni objetiva y pronunciarse respecto de ello, es simplemente el analizar y declarar, si los actos electorales en su conjunto cumplieron con el mandato constitucional.

En relación con las anteriores argumentaciones, resulta ilustrativo el criterio sostenido por esta Sala Superior en la tesis relevante S3EL 011/2001, aprobada por esta Sala Superior, y publicada en el Suplemento número 5, página 101, de Justicia Electoral, Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, misma que es del tenor siguiente:

"NULIDAD DE ELECCIÓN. CAUSA ABSTRACTA (Legislación del Estado de Tabasco). Los artículos 39, 41, 99 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 9 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, establecen principios fundamentales como: el sufragio universal, libre, secreto y directo; la organización de las elecciones a través de un organismo público y autónomo; la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad como principios rectores del proceso electoral; el establecimiento de condiciones de equidad para el acceso de los partidos políticos a los medios de comunicación social; el control de la constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones electorales, así como que en el financiamiento de los partidos políticos y sus campañas electorales en los comicios, para considerar que las elecciones son libres, auténticas y periódicas, tal y como se consagra en el artículo 41 de dicha constitución, propias de un régimen democrático. Esta finalidad no se logra si se inobservan dichos principios de manera generalizada. En consecuencia, si alguno de esos principios fundamentales en una elección es vulnerado de manera importante, de tal forma que impida la posibilidad de tenerlo como satisfecho cabalmente y, como consecuencia de ello, se ponga en duda fundada la credibilidad o la legitimidad de los comicios y de quienes resulten electos en ellos, es inconcuso que dichos comicios no son aptos para surtir sus efectos legales y, por tanto, procede considerar actualizada la causa de nulidad de elección de tipo abstracto, derivada de los preceptos constitucionales señalados. Tal violación a dichos principios fundamentales podría darse, por ejemplo, si los partidos políticos no tuvieran acceso a los medios de comunicación en términos de equidad; si el financiamiento privado prevaleciera sobre el público, o bien, si la libertad del sufragio del ciudadano fuera coartada de cualquier forma, etcétera. Consecuentemente, si los citados principios fundamentales dan sustento y soporte a cualquier elección democrática, resulta que la afectación grave y generalizada de cualquiera de ellos provocaría que la elección de que se trate carecería de pleno sustento constitucional y, en consecuencia, procedería declarar la anulación de tales comicios, por no haberse ajustado a los lineamientos constitucionales a llos que toda elección debe sujetarse.

Sala Superior. S3EL 011/2001

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-487/2000 y acumulado. Partido de la Revolución Democrática y Partido Acción Nacional. 29 de diciembre de 2000. Mayoría de 4 votos. Ponente: Mauro Miguel Reyes Zapata. Secretario: Juan Manuel Sánchez Macías. Disidentes: Eloy Fuentes Cerda y Alfonsina Berta Navarro Hidalgo. El Magistrado José Fernando Ojesto Martínez Porcayo no intervino, por excusa."

De todo lo anterior es posible determinar, que conforme con la legislación electoral del Estado de Baja California Sur, cabe la posibilidad de declarar la nulidad de la elección de diputados de mayoría relativa entre otros casos, por la causa abstracta o no específica, antes analizada, es decir, cuando está demostrada la existencia de conculcaciones a los principios fundamentales que rigen a toda elección, las cuales sean determinantes para su resultado.

Sin embargo, debe señalarse que a pesar de asistirle la razón a los actores en relación con la posibilidad de la existencia de una causal de nulidad de elección abstracta, resultan infundados los agravios expresados por estos, relacionados con la actualización de dicha causal genérica, pues, en todo caso, los hechos identificados por el actor en su demanda de inconformidad no se encuentran acreditados en autos, por lo mismo en forma alguna conducirían a la revocación de la constancia de mayoría y de la declaración de validez de la elección de diputados de mayoría relativa otorgada por el V Comité Distrital, correspondiente a La Paz, Baja California Sur.

A fin de demostrar lo anterior, esta Sala Superior se avocará al análisis de aquellos hechos y argumentos que los recurrentes señalaron en sus demandas de inconformidad, como constitutivos de la causal de nulidad de elección abstracta.

Los partidos actores manifiestan que a lo largo del proceso electoral se violentó el bien jurídicamente tutelado en la materia que es el voto, ya que se infringieron en todo momento los principios rectores de legalidad, objetividad, independencia, imparcialidad y certeza; asimismo, argumentan que el Consejo General, órgano superior de organización y vigilancia, del Instituto Estatal Electoral de Baja California Sur, actuó contrario a derecho al estar capacitando a los funcionarios de casilla, en su opinión, con un material que no era el oficial y, por ende, diverso al que se utilizó el día de la jornada electoral, aunado a la deficiente capacitación dada a los funcionarios de casilla, quienes fungieron sin haber sido previamente insaculados, hechos que, dicen, fueron denunciados por ellos.

Igualmente, continúan manifestando los recurrentes que en todo el proceso electoral, la Coalición Democrática del Trabajo, violentó de manera flagrante los lineamientos en materia de propaganda electoral, hechos que también fueron denunciados por el Partido Revolucionario Institucional, mediante un escrito de queja presentado ante el Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Baja California Sur y el propio Comité Distrital V.

Asimismo, sostienen los recurrentes que el principio de equidad fue vulnerado al no existir una contienda justa y equitativa, puesto que a pesar de la exhortación solicitada por diversos partidos políticos a los gobiernos estatal y municipal, para efectos de que se abstuvieran de difundir sus programas de acción y obra pública treinta días antes de la jornada electoral y el día de la celebración de los comicios, dichas autoridades no lo cumplieron, situación que se hizo del conocimiento del Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Baja California Sur, mediante un escrito de manifestaciones, de donde se desprende que semejantes conductas fueron con fines proselitistas, impactando al electorado e induciendo a votar por el partido en el gobierno.

Además, los accionantes se quejan de que la Coalición Democrática y del Trabajo, mediante una serie de "spots" publicitarios transmitidos, tanto en radio como en televisión, de manera dolosa e ilegal dañó su imagen, propiciando con ello un descrédito, deshonra, perjuicio y exposición al desprecio de la ciudadanía afectando la libre emisión del sufragio.

Esta Sala Superior estima infundado el agravio aducido por los recurrentes, relativo a que a lo largo del proceso electoral se violentó, en todo momento, tanto el voto como los principios rectores de legalidad, objetividad, independencia, imparcialidad y certeza.

Lo anterior, en virtud de que los actores, si bien señalan la presencia de las citadas violaciones, se abstienen de precisar en qué se hicieron consistir, es decir, no mencionan las circunstancias de modo, tiempo y lugar en las que a su juicio se presentaron, además de que no ofrecen ni aportan elemento probatorio alguno que las evidencie, motivo por el cual este juzgador constitucional carece de elementos para resolver conforme a lo solicitado por los inconformes.

En adición a lo anterior, es preciso destacar que no basta que los recurrentes aduzcan de manera profusa la existencia de diversas violaciones para que este órgano jurisdiccional proceda al estudio oficioso de las mismas, sino que, por el contrario atento a lo dispuesto por el artículo 361 a la ley electoral local se encontraban compelidos a individualizar y probar cada una de las violaciones reclamadas con la finalidad de obtener una resolución acorde con sus pretensiones. Conclusión que se corrobora con lo establecido en el artículo 343 del mismo ordenamiento, según el cual, en el recurso de inconformidad sólo se podrán suplir las deficiencias en la fundamentación y en la argumentación de los agravios, siempre y cuando, en este último caso, éstos puedan ser deducidos de los hechos expuestos en el recurso, motivo por el cual este juzgador se encuentra impedido para resolver con base en elementos que, al no ser aducidos por los promoventes, no hayan sido materia de la controversia.

Por las mismas razones, resulta infundado el agravio hecho valer por los inconformes respecto a que el Consejo General actuó al margen de la ley al capacitar a funcionarios de casilla con un material que no era el oficial y, por ende, diverso al que se empleó el día de la jornada electoral, redundando en la deficiente capacitación que se les dio a dichos funcionarios. Toda vez que las manifestaciones de los partidos políticos recurrentes se tornan subjetivas por el hecho de que no ofrecieron ni aportaron elemento probatorio con el que sustenten su dicho.

Adicionalmente, en los escritos de demanda de los recursos de inconformidad, fojas 9 y 10 del cuaderno accesorio número uno del expediente SUP-JRC-067/2002, así como 7 y 8 del diverso accesorio del SUP-JRC-068/2002, se puede apreciar que los recurrentes fundan la razón de su dicho en el hecho de que al momento de que solicitaron copias de las actas que se utilizan el día de la jornada electoral para efecto de capacitar a sus representantes generales y de casilla, se les hizo de su conocimiento, "... que ese material era de uso exclusivo del Instituto Electoral y que incluso ni siquiera los capacitadores del propio Instituto contaban con él...", sin embargo, no precisan ni prueban en qué fecha y ante qué autoridad solicitaron la documentación referida, amén de que la respuesta que según los recurrentes se les dio, además de que no se la atribuyen a ningún funcionario electoral, nunca se acreditó. Es por lo anterior, que los hechos en los que fundan su agravio carecen de eficacia jurídica, de ahí lo infundado del mismo.

Ahora bien, lo infundado de los motivos de inconformidad relacionados con la supuesta violación al principio de equidad por parte de los gobiernos estatal y municipal al difundir sus programas de acción y obra pública dentro de los treinta días previos a la jornada electoral, así como también durante la celebración de los comicios, esencialmente estriba en la falta de prueba del dicho de los actores, ya que, éstos pretenden acreditar sus afirmaciones con los ejemplares de diversos periódicos, los cuales fueron aportados como anexos en el escrito de manifestaciones presentado ante el Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Baja California Sur, medios probatorios que fueron previamente requeridos por el Magistrado Instructor de los presentes juicios de revisión constitucional electoral, por proveídos de cinco de marzo del año en curso, acervo probatorio del cual se puede advertir lo siguiente:

 

NUMERO

NOMBRE DEL PERIÓDICO

SÍNTESIS DEL CONTENIDO

DÍA DE PUBLICACIÓN

PÁG

 

1

El Sudcaliforniano

Respuesta a opositores

Giras y obras, permanentes: Leonel Cota Montaño.

‘Es ilógico pedir que la administración se paralice, sólo porque se da un proceso electoral’, afirma el gobernador

Enero 5 de 2002

1 y 8

 

2

La Extra

El gobierno trabaja para el pueblo, no para promocionar candidatos: Leonel Cota Montaño.

Las campañas solo corresponden a partidos , indica.

Enero 5 de 2002

1 y 8

 

3

La Extra

La obra pública se realiza en el Estado sin distintos partidistas: Leonel Cota.

Enero 6 de 2002

3

 

4

La Extra

DIF cumple una vez más con la niñez sudcaliforniana.

Entregó juguetes a los niños en el festiva ‘día de reyes’.

Enero 6 de 2002

5

 

5

El Peninsular

Festejos de reyes del DIF

Dedicado a los seres más importantes, nuestros niños: Araceli Cárdenas.

Con la presentación de programa artístico se sortearon atractivos regalos.

Enero 6 de 2002

1 y 5

 

6

El Peninsular

Seguirá la entrega de obras.

Fuera de contexto las críticas de los Partidos: Leonel Cota Montaño.

El IEE no puede obligarnos a dejar de trabajar, dijo.

El trabajo ha sido permanente no en época electoral.

Enero 6 de 2002

3

 

7

El Sudcaliforniano

Equipo y material para Hospital General.

Más de 5 millones de pesos a salud.

Beneficiará a más de 40 mil personas que utilizan los servicios de salud; Leonel Cota Montaño.

Mejorará el nivel técnico en el área de cirugía, ortopedia y tejidos.

Enero 7 de 2002

1

 

8

Reportaje

Pavimentó el Gobierno la Márquez de León, 5 millones 620 mil 394 pesos de inversión.

Enero 7 de 2002

1

 

9

Reportaje

Gráfica.- Leonel Cota Montaño, gobernador del Estado y el Alcalde Alfredo Porras Domínguez, mostraron nuevamente estar del lado del pueblo y a pesar de las críticas infundadas de los partidos políticos, se comprometieron a seguir entregando obra pública en todo el Estado, muchas personas encuestadas dijeron que las autoridades emanadas del PRD-PT han trabajado todos los días del año y no tienen porqué dejarlo de hacer ante la cercanía de una elección estatal.

Enero 7 de 2002

2

 

10

Reportaje

Todosanteños recibieron obras sociales de parte del Gobernador.

Enero 7 de 2002

6

 

11

Reportaje

Leonel Cota Montaño y Narciso Agundez Montaño pusieron en marcha otra obra de pavimentación en San Lucas.

Enero 7 de 2002

6

 

12

Reportaje

El Gobernador Leonel Cota Montaño inauguró obras de electrificación en las colonias Cangrejos y Mesa Colorada.

La inversión representó una inversión superior a 11 millones de pesos y será de beneficio para más de 5 mil familias que habitan estas colonias.

Enero 7 de 2002

7

 

13

Reportaje

300 familias damnificadas ya tiene terrenos.

El gobernador Leonel Cota Montaño, acompañado por el presidente municipal Narciso Agúndez Montaño, puso al servicio de las Colonias Lomas del Sol un paquete recreativo y deportivo, y entregó los primeros 300 lotes de terreno a familias afectadas por el huracán Juliette.

Enero 7 de 2002

7

 

14

El Sudcaliforniano

En este mes de enero queda comunicado San José de la Noria –Agua Verde, para ser inaugurada por Francisco Javier Obregón Espinoza y el ejecutivo estatal Leonel Cota.

Cumplen autoridades al rehabilitar la carreta a López Mateos

Gracias al fuerte apoyo del gobernador del estado Leonel E. Cota Montaño y el Presidente Municipal Francisco Javier Obregón Espinoza.

Enero 8 de 2002

1

 

15

El Peninsular

Con recursos propios del gobierno

Será terminada la Torre del Salvatierra.

No podemos esperar a contar con presupuesto federal: Leonel Cota Montaño.

Enero 9 de 2002

5

 

16

La Extra

Este año, el nuevo palacio municipal; Leonel Cota Montaño.

El Gobernador del Estado, anunció ayer el inició de construcción del nuevo edificio de la presidencia municipal de la Paz.

Enero 9 de 2002

1 y 6

 

17

La Extra

El DIF Estatal, más allá del cumplimiento.

Otorgan becas académicas, protección a menores y ancianos, Brindan cocinas populares y créditos a microempresas, así como asesorías jurídicas

Enero 9 de 2002

9

 

18

El Peninsular

El Gobernador Leonel Cota Montaño responde a los partidos políticos:

Clara la función del gobierno.

No necesitamos procesos electorales para responder a la ciudadanía.

En nuestro tiempo libre, tenemos todo el derecho de participar en diversas actividades, como la política.

 

Enero 12 de 2002

 

1 y 4

 

19

La extra

Una vez más el DIF Estatal cumple con la niñez de la Paz

Gráfica.- La Sra. Araceli Cárdenas de Cota entregó el primer premio en cada uno de los festivales del día de reyes que se llevaron a cabo en las colonias populares Solidaridad, 20 de noviembre y Navarro Rubio que organizó el DIF Estatal.

 

Enero 12 de 2002

 

5

 

20

La Extra

El Gobernador Leonel Cota Montaño entregará un autobús al Instituto Sudcaliforniano de la Juventud.

Enero 12 de 2002

5

 

21

El Sudcaliforniano

El Hospital General ya cuenta con ultrasonido en urgencias, gracias al apoyo e interés que ha tenido el Gobierno de Leonel E. Cota Montaño.

Enero 12 de 2002

1

 

22

El Peninsular

Extraordinario apoyo otorgará el Gobierno Estatal a la UABCS.

El Ejecutivo Estatal Lic. Leonel Cota Montaño tomó la decisión de realizar un histórico aumento en materia de crecimiento a favor de la UABCS. Con anterioridad el apoyo del Gobierno Estatal era de 15% por cada peso que pone el federal.

Por cada peso de la federación, pondrá otro el estatal.

 

Enero 13 de 2002

 

5

 

23

La extra

Gobierno Estatal fortalece a la UABCS.

El apoyo que brinda el jefe del ejecutivo estatal, es histórico.

Gráfica.- Las autoridades de la Universidad Autónoma Local, señalan que el apoyo que ha brindado el gobierno de Leonel Cota Montaño, es Histórico.

 

Enero 13 de 2002

 

1

 

24

El Peninsular

Leonel Cota Montaño entrega autobús al Instituto Sudcaliforniano de la Juventud,

Ofrece Leonel Cota Montaño seguir respaldando a la juventud.

Gráfica.- El Gobernador Leonel Cota Montaño entregó ayer un autobús a la directora del Instituto Sudcaliforniano de la Juventud, y dijo continuará respaldando a las instituciones que atienden a los jóvenes.

Enero 15 de 2002

4

 

25

La Extra

Leonel Cota Montaño respalda con hechos a instituciones que se dedican a promover la educación.

Gráfica.- El Gobernador Leonel Cota Montaño entregó a Laura González un autobús para el ISJ. Le acompañaron el Alcalde de la Paz, el secretario de educación, Victor Castro y Laura González.

Enero 15 de 2002

1 y 6

 

26

El Peninsular

Ofrece Gobernador Audiencias sobre la Procuración de Justicia.

Más de setenta asuntos serán atendidos, entre ellos el caso del exsubdelegado de las Cuevas.

El Gobernador del Estado Leonel Cota Montaño y la Presidenta del Tribunal Superior de Justicia ofrecerán audiencias públicas para atender a ciudadanos con asuntos relacionados con la procuración e impartición de justicia

Enero 16 de 2002

VII

 

27

La Extra

Reitera Leonel Cota Montaño no suspender entrega de obras por las elecciones de febrero 3.

‘... el ejecutivo estatal, Leonel Cota Montaño aseguró que no suspenderá la entrega de obras previo a las elecciones, porque se perdería el ritmo de trabajo ante la proximidad de su tercer informe de gobierno...’

Enero 16 de 2002

1

 

28

El Sudcaliforniano

Gira del Gobernador Leonel Cota Montaño por Comondú.

Por primera vez visita los invernaderos de Comondú y varias comunidades

Enero 16 de 2002

1

 

29

El Forjador

Inician hoy el pago de las becas.

‘... una veintena de personas y grupos que se hicieron acreedores a un estímulo económico dentro del Fondo Estatal para la Cultura y las Artes, así lo dio a conocer el Instituto Sudcaliforniano de Cultura...’

Enero 16 de 2002

1 y 6

 

30

El Peninsular

En gira de trabajo el Gobernador Leonel Cota Montaño, entregará obras en Comondú y Loreto, de pavimentación de calles y también concederá audiencias públicas.

‘El Gobernador del Estado Leonel Cota Montaño, llevará a cabo este fin de semana una gira de trabajo por los municipios de Comondú y Loreto, donde entregará a los vecinos obras realizadas de manera conjunta con la comunidad y autoridades, y supervisará e iniciará además otras, que llevan el mismo propósito de beneficio común informó el Coordinador General de Comunicación Social, Juan Antonio Flores Ojeda.

Enero 17 de 2002

1 y 3

 

31

El Peninsular

Intensa jornada de audiencias ofreció Leonel Cota Montaño, atendió 104 ciudadanos en asuntos relacionados con la procuración e impartición de justicia.

Enero 17 de 2002

I y IV

 

32

La Extra

Gráfica.- El gobernador Leonel Cota Montaño puso en marcha la remodelación de que fue objeto la cancha Manuel Gómez Jiménez

Enero 17 de 2002

3

 

33

La Extra

Más de 60 mdp ejerció el DIF en el 2001.

Seguirán fortaleciendo los apoyos a familias de escasos recursos.

Despensas, cocinas populares y becas; lo más requerido.

Enero 17 de 2002

9

 

34

La Extra

Más de 100 personas acudieron al palacio municipal para plantear sus problemas, en materia de procuración y administración de justicia, al Gobernador Leonel Cota Montaño.

Enero 17 de 2002

1

 

35

El Sudcaliforniano

Gira del Gobernador Leonel Cota Montaño por el municipio de Comondú.

‘Leonel Cota Montaño llevará a cabo, este fin de semana, una gira de trabajo por los municipios de Comondú y Loreto, en la cual entregará a los vecinos obras realizadas con el trabajo de la comunidad y sus autoridades y supervisará o iniciara otras que llevan el mismo propósito de beneficio común.

Enero 17 de 2002

1

 

Las probanzas relacionadas, contrariamente a lo pretendido por los actores, no crean un ánimo de convicción en este órgano jurisdiccional, respecto de los hechos denunciados, habida cuenta que se trata de diversos ejemplares de publicaciones que, entre otras cuestiones, contienen notas y reportajes informativos, transcripciones de entrevistas, de discursos, textos sin signante, narraciones de eventos, cartas y encuestas.

La Ley Electoral del Estado de Baja California Sur, en su artículo 357, así como el artículo 16, párrafos 1 y 3 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, prevén que los medios de prueba admitidos deben ser valorados atendiendo a las reglas de la lógica, la sana crítica y la experiencia.

Teniendo esto en cuenta, las documentales privadas, de conformidad con los artículos 358, párrafo segundo, de la legislación electoral estatal y 14 párrafo 5 de la ley adjetiva invocada, únicamente gozan de eficacia probatoria plena cuando, a juicio de juzgador, de los demás elementos que obren en el expediente, los hechos afirmados, la verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que guarden entre sí, generen convicción sobre la veracidad de los hechos afirmados.

Por ende, si los documentos en cuestión consisten en determinadas publicaciones de los periódicos "El Sudcaliforniano", "La Extra", "El Peninsular", "Reportaje" y "El Forjador" relativas a distintas fechas, atendiendo a los principios y reglas referidos, lo más que podrían acreditar las referidas constancias sería que la noticia, evento o entrevista fue difundida por un periódico o publicación, más no que los hechos que en los mismos se describen o narran hubieren acontecido en los términos en los que se sostienen en las mismas, sin que el entonces recurrente hubiere alegado que tales circunstancias se corroboran con algún otro medio de convicción, puesto que su intención manifiesta consistía en demostrar, exclusivamente con estas publicaciones, las condiciones anómalas en las que, en su concepto, se desarrollaron las fases del proceso electoral, en específico, la difusión de los gobiernos estatal y municipal, de los programas de acción y obra pública dentro de los treinta días previos a la jornada electoral y el día de la celebración de los comicios.

Lo anterior es así, toda vez que la mera publicación o difusión de una información por un medio de comunicación no trae aparejada, indefectiblemente, la veracidad de los hechos de que se da cuenta, pues el origen de su contenido puede obedecer a muy diversas fuentes cuya confiabilidad no siempre es constatable, además de que en el proceso de obtención, procesamiento y redacción de la noticia puede existir una deformación del contenido informativo, ya sea por omisiones o defectos en la labor periodística o a la personal interpretación de los hechos por parte de quienes intervienen en su recolección y preparación.

El limitado alcance probatorio de este tipo de medios de convicción ha sido criterio sostenido por este órgano jurisdiccional en la tesis relevante S3EL 029/2001, aprobada por esta Sala Superior, y publicada en el Suplemento número 5, páginas 98 y 99, de Justicia Electoral, Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, misma que resulta aplicable y es del tenor siguiente:

"NOTAS PERIODÍSTICAS. ELEMENTOS PARA DETERMINAR SU FUERZA INDICIARIA. Los medios probatorios que se hacen consistir en notas periodísticas, sólo pueden arrojar indicios sobre los hechos a que se refieren, pero para calificar si se trata de indicios simples o de indicios de mayor grado convictivo, el juzgador debe ponderar las circunstancias existentes en cada caso concreto. Así, si se aportaron varias notas, provenientes de distintos órganos de información, atribuidas a diferentes autores y coincidentes en lo sustancial, y si además no obra constancia de que el afectado con su contenido haya ofrecido algún mentís sobre lo que en las noticias se le atribuye, y en el juicio donde se presenten se concreta a manifestar que esos medios informativos carecen de valor probatorio, pero omite pronunciarse sobre la certeza o falsedad de los hechos consignados en ellos, al sopesar todas esas circunstancias con la aplicación de las reglas de la lógica, la sana crítica y las máximas de experiencia, en términos del artículo 16, apartado 1, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, o de la ley que sea aplicable, esto permite otorgar mayor calidad indiciaria a los citados medios de prueba, y por tanto, a que los elementos faltantes para alcanzar la fuerza probatoria plena sean menores que en los casos en que no medien tales circunstancias.

Sala Superior. S3EL 029/2001

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-170/2001. Partido Revolucionario Institucional. 6 de septiembre de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: Leonel Castillo González. Secretaria: Mónica Cacho Maldonado."

Aplicando el criterio precedente con el material probatorio que ha quedado sucintamente descrito en el cuadro antes inserto, debe reconocerse que ciertamente existen algunas notas periodísticas que provienen de distintos órganos de información y son atribuidas a diversos autores, lo cual las dota de una mayor fuerza indiciaria, las mismas no dejan de tener la calidad de indicios, las cuales deben ser ponderadas, tomando en consideración las circunstancias particulares de cada caso en concreto, para poder generar convicción en el ánimo del juzgador sobre la veracidad de los hechos afirmados, además de que deben encontrase corroborados con algún otro medio de convicción, lo que en la especie no sucede.

Aunado a lo anterior, debe resaltarse el hecho de que, si bien existen un conjunto de actividades atribuidas al titular del Ejecutivo estatal, así como, en menor grado de otras autoridades administrativas e incluso de la Presidente del Tribunal Superior de Justicia local, en donde se puede apreciar la realización de determinadas conductas, tales como, giras de trabajo, audiencias entrevistas, entrega de obra publica, de asistencia social y de salubridad, reuniones de trabajo y diversos actos protocolarios, éstas, en ningún momento violentan disposición legal alguna, puesto que, en las diversas normas jurídicas vigentes en la entidad federativa de que se trata, no se contiene prohibición al respecto.

Por otro lado, esta Sala Superior estima infundado el agravio relativo a que la Coalición Democrática y del Trabajo, mediante una serie de "spots" publicitarios transmitidos, tanto en radio como en televisión, a partir del catorce de enero del presente año, de manera dolosa e ilegal se dañó la imagen de los partidos políticos actores, propiciando con ello un descrédito, deshonra, perjuicio y exposición al desprecio de la ciudadanía en su contra.

Lo anterior, en virtud de que los hechos que se le atribuyen a la referida coalición en ningún momento se pueden considerar como elementos constitutivos de la causal genérica de nulidad de la elección, toda vez que como lo señalan los propios recurrentes en los cuadros que aparecen en sus demandas, (fojas 17 del cuaderno accesorio número uno del expediente SUP-JRC-067/2002, así como 15 del diverso accesorio del SUP-JRC-068/2002), dichos anuncios publicitarios se transmitieron, en radio, del catorce al diecisiete de enero, y, en televisión, del 14 al 16 del mismo mes, por lo que es dable deducir que los mismos formaron parte de la propaganda electoral de la referida coalición, la cual la pudieron difundir validamente hasta el día treinta y uno de enero, es decir, tres días antes de la elección, en términos del artículo 188 de la ley electoral local.

Ahora bien, para un mejor análisis de la cuestión planteada, se estima oportuno reproducir los preceptos de la Constitución federal y de la legislación electoral local aplicables a las campañas electorales, con el fin de hacer evidente que los actos imputados a la Coalición Democrática y del Trabajo en forma alguna pueden ser constitutivos de la causal genérica de nulidad alegada.

De la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:

"Artículo 6o.

La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, los derechos de tercero, provoque algún delito o perturbe el orden público; el derecho a la información será garantizado por el Estado.

Artículo 7o

Es inviolable la libertad de escribir y publicar escritos sobre cualquier materia. Ninguna ley ni autoridad puede establecer la previa censura, ni exigir fianza a los autores o impresores, ni coartar la libertad de imprenta, que no tiene más límites que el respeto a la vida privada, a la moral y a la paz pública...

De la Ley Electoral del Estado de Baja California Sur:

ARTÍCULO 49

Son obligaciones de los partidos políticos:

XIII. Abstenerse de cualquier expresión que denigre a los ciudadanos, a las instituciones públicas o a otros partidos políticos y sus candidatos;

Artículo 182

Para los efectos de esta Ley, la campaña electoral es el conjunto de actividades llevadas a cabo por los partidos políticos, las coaliciones y los candidatos registrados para la obtención del voto. Se entienden por actos de campaña las reuniones públicas, asambleas, marchas y en general aquéllos en que los candidatos o voceros de los partidos políticos se dirigen al electorado para promover sus candidaturas. Se entiende por propaganda electoral, el conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que durante la campaña electoral producen y difunden los partidos políticos, los candidatos registrados y sus simpatizantes, con el propósito de presentar ante la ciudadanía las candidaturas registradas.

Tanto la propaganda electoral como las actividades de campaña a que se refiere el presente capítulo, deberán propiciar la exposición, desarrollo y discusión ante el electorado de los programas y acciones fijados por los partidos políticos en sus documentos básicos y, particularmente en la plataforma electoral que para la elección en cuestión hubieren registrado.

Artículo 185

La propaganda impresa que los candidatos utilicen durante la campaña electoral deberá contener, en todo caso una identificación precisa del partido político o coalición que ha registrado al candidato.

La propaganda que en el curso de una campaña difundan por medios gráficos los partidos políticos, las coaliciones y los candidatos, no tendrá más límite en los términos del artículo 7º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que el respeto a la vida privada de candidatos, autoridades, terceros y a las instituciones y valores democráticos.

La propaganda que en el curso de una campaña difundan los partidos políticos, coaliciones y candidatos, a través de la radio y la televisión, comprendida la que emita en ejercicio de las prerrogativas que en la materia les confiere la presente Ley, se ajustará a lo dispuesto por el artículo 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 188

Las campañas electorales de los partidos políticos se iniciarán oficialmente a partir de la fecha de registro de candidaturas para la elección respectiva y concluirán tres días antes de la elección".

De los preceptos trasuntos, se puede deducir lo siguiente:

Los partidos políticos (dirigentes, afiliados, candidatos y simpatizantes activos) deben abstenerse de cualquier expresión que denigre a los ciudadanos, a las instituciones públicas o a otros partidos políticos y sus candidatos.

Las campañas electorales son el conjunto de actividades desarrolladas por los partidos políticos con la finalidad de obtener el voto.

- Que dentro de la propaganda electoral se encuentran incluidas las grabaciones y proyecciones que durante las campañas producen y difunden los partidos políticos, los candidatos registrados y sus simpatizantes con el propósito de presentar ante la ciudadanía las candidaturas registradas.

- Que en la propaganda electoral se debe propiciar la exposición de los programas y acciones fijados por los partidos políticos en sus documentos básicos como en su plataforma electoral.

- La propaganda que durante una campaña electoral difundan los partidos políticos o coaliciones, a través de la radio y la televisión, tendrá como único limite el que no se ataque la moral, los derechos de tercero, provoque algún delito o perturbe el orden público.

- Las campañas electorales de los partidos políticos concluirán tres días antes de la elección.

Ahora bien, el mensaje único que los accionantes imputan a la coalición mencionada dice así: "EL GOBIERNO DEL PRD HA CONSTRUIDO MÁS CARRETERAS EN BAJA CALIFORNIA SUR, QUE LOS GOBIERNOS PRISITAS EN 18 AÑOS, TODAVÍA FALTAN CARRETERAS, ESTE 3 DE FEBRERO VOTA POR LOS CANDIDATOS A PRESIDENTES MUNICIPALES Y DIPUTADOS DE LA COALICIÓN PRD-PT (publicidad contratada por el PRD)".

Sobre estas bases, independientemente de que no se encuentran acreditadas de manera fehaciente las transmisiones que alegan los recurrentes, debe concluirse que, en todo caso, la supuesta difusión en radio y televisión de los anuncios publicitarios de mérito, a cargo de modelos integrantes de la Coalición Democrática y del Trabajo se encontraría apegada a las normas legales y constitucionales que regulan las campañas electorales de los partidos políticos, toda vez que no existe prohibición alguna para difundir su propaganda en tales medios electrónicos y las fechas de su emisión se encuentran dentro del periodo comprendido en la ley para tal efecto.

Asimismo, la referencia a que en tres años de gobierno del Partido de la Revolución Democrática se han construido más carreteras en el Estado que en dieciocho años de "gobiernos priístas", en modo alguno puede estimarse como denigratorio, ofensivo o injurioso, o bien, que ataque la moral, los derechos de tercero, tipifique un delito o perturbe el orden público, dado que resulta acorde con el propósito de las campañas electorales el que los distintos contendientes, en su afán de allegarse del mayor porcentaje de las preferencias, no sólo propicie la exposición de sus programas y acciones contenidos en los respectivos documentos básicos y plataformas, sino que, en más casos, difundan los beneficios y logros obtenidos durante el mandato de los funcionarios y autoridades postulados por determinado instituto político (comparando incluso sus resultados con los logrados en ejercicios pretéritos); y, en otros casos, se desplieguen críticas a determinadas acciones o posturas adoptadas por los órganos de gobierno y sus integrantes, complementando este discurso con la promesa de acabar con determinados problemas y la forma en que lo harían.

Debe dejarse debidamente puntualizado que, en el presente asunto, no se encuentra siquiera alegado, mucho menos probado, que la fase que se adjudica a los promocionales de los candidatos municipales de la Coalición Democrática y del Trabajo, no resultare acorde con la realidad de los hechos o que la misma fuese presentada en forma sesgada, con la finalidad de desinformar a la ciudadanía.

Por otro lado, es preciso indicar que los recurrentes omiten precisar la forma como el "spot" o anuncio difundido por la coalición desacredita y deshonra su imagen como partidos políticos frente a la ciudadanía; nunca señalan cómo con tal propaganda se vulnera lo dispuesto por el artículo 6º de la Constitución federal, y tampoco indican la manera como se afectó directamente el voto libre expresado en la elección, motivo por el cual este órgano jurisdiccional carece de elementos para determinar que tal propaganda resulta atentatoria de la calidad del proceso electoral a grado tal que se actualice la causal genérica de nulidad de la elección.

Por otra parte, aducen los actores que en las casillas 210 contigua 1, 210 contigua 2, 211 básica, 217 básica, 217 contigua, 219 básica, 220 básica, 220 contigua, 221 básica, 257 básica, 257 contigua, 264 básica, 288 básica y 289 básica se actualiza la causal de nulidad prevista en la fracción I del artículo 310 de la Ley Electoral del Estado de Baja California Sur, consistente en instalar la casilla electoral, sin causa justificada, en lugar distinto del señalado o en condiciones diferentes a las establecidas por la ley, en razón de que en las actas de la jornada electoral, actas de incidentes y demás documentación, no se precisan, ni justifican las causas por las cuales se instalaron dichas casillas en lugares distintos a los aprobados por el comité distrital correspondiente; situación que, en su concepto, provocó que un gran número de votantes, dejara de emitir su voto, repercutiendo en forma determinante en el resultado de la elección que se impugna, por lo que al ponerse en duda la certeza de la votación, se violaron los principios rectores del proceso electoral.

Ahora bien, para el efecto de determinar si en el caso efectivamente se actualiza la causal invocada por los actores, se estima conveniente precisar el marco normativo en que se encuadra la hipótesis de nulidad de mérito.

Así, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 107, fracción V y 108, fracción III de la Ley Electoral del Estado de Baja California Sur, corresponde al Presidente del Comité Distrital Electoral elaborar el proyecto de ubicación de las casillas, el cual será aprobado por el mencionado órgano.

Según lo previsto por los artículos 195 y 196 del ordenamiento en cita, los lugares en donde se instalen las casillas deben reunir las condiciones necesarias para hacer posible el fácil y libre acceso a los electores y la emisión secreta del sufragio; y no podrán ubicarse en casas habitadas por servidores públicos federales, estatales o municipales, templos o lugares destinados al culto, ni establecimientos fabriles, tampoco pueden instalarse en casas habitadas por candidatos, ni en locales de los partidos políticos.

Con el objeto de que los electores conozcan la ubicación de la casilla en la que emitirán su voto, el artículo 193 de la ley electoral en comento, establece que los comités distritales deberán publicar en sus respectivos distritos avisos sobre la ubicación de las casillas electorales que se instalarán.

Los anteriores dispositivos atienden al principal valor jurídicamente tutelado por las normas electorales que es el sufragio universal, libre, secreto y directo; en este sentido, se estima que el establecimiento y publicación de un lugar determinado para la instalación de la casilla tiende a conseguir las condiciones óptimas para la emisión y recepción de los sufragios, garantizando que los electores tengan la plena certeza de la ubicación de los sitios en donde deberán ejercer el derecho al sufragio.

En consecuencia, de conformidad con lo previsto en la fracción I, del artículo 310 de la ley electoral local, la votación recibida en una casilla será nula, cuando se actualicen los supuestos normativos siguientes:

Que la casilla se instale en un lugar distinto al señalado por el consejo distrital respectivo; y,

Que el cambio de ubicación se realice sin justificación legal para ello.

Para que se actualice el primer elemento de la causal de nulidad en análisis, será necesario que la parte actora acredite con las pruebas conducentes, que el lugar donde se instaló la casilla es distinto al que aprobó y publicó el comité distrital respectivo.

En cuanto al segundo extremo, corresponde a la autoridad acreditar que el cambio de ubicación atendió a la existencia de una causa justificada de las previstas en el artículo 216 de la ley de la materia.

Luego entonces, la causal en estudio se integra por diversos elementos que corresponden a cargas probatorias diferentes, pues la votación recibida en casilla se declarará nula, cuando se actualicen plenamente los dos extremos que integran la causal en análisis, es decir, cuando el demandante pruebe el hecho positivo (cambio de ubicación) y la responsable no acredite la justificación legal de ello, salvo, que existan constancias suficientes que provoquen convicción plena de que no se hubiese vulnerado el principio de certeza, respecto del lugar donde los electores debían ejercer su derecho al sufragio.

Precisado lo anterior, para el análisis de la causal de nulidad que nos ocupa, esta Sala toma en consideración copias certificadas de las documentales siguientes, mismas que fueron aportadas por la autoridad distrital electoral responsable: a) listas de ubicación e integración de las mesas directivas de casilla publicadas por el Comité Distrital V -comunmente llamadas encarte-; b)actas de la jornada electoral, y, en su caso, c) hojas de incidentes que se levantaron el día de la jornada electoral de las casillas cuya votación se impugna. Documentales a las que se les confiere pleno valor probatorio, en términos de lo dispuesto por los artículos 354 y 358 de la Ley Electoral del Estado de Baja California Sur.

Ahora bien, con base en la información precisada en el cuadro siguiente, se procederá a ponderar si en las casillas cuya votación se impugna, se actualizan los extremos que integran la causal invocada, atendiendo a las características similares que presentan las particularidades de su ubicación y a los supuestos que se deriven.

 

CASILLA

LUGAR DE INSTALACIÓN DE ACUERDO AL ENCARTE

LUGAR DE INSTALACIÓN DE ACUERDO AL ACTA DE JORNADA

CONCUERDA

210 C

Jardín de niños "Manuel Mérquez de León", calle Airapi, esquina con Guasinapi, Fracc. Guaycura, C.P. 23090, La Paz, B.C.S.

Airapi esquina Gasinapi.

 

SI

210 C2

Jardín de niños "Manuel Mérquez de León", calle Airapi, esquina con Guasinapi, Fracc. Guaycura, C.P. 23090, La Paz, B.C.S.

Airapi fracc. Guaycura.

 

SI

211 B

Calle Prolongación Gmo. Prieto, fte. al No. 420, esq. con Galeón, Conjunto Habitacional Balandra, Puesta del Sol, C.P. 23090, La Paz, B.C.S.

Prolongación G. Prieto número 8 esquina Galeón

 

SI

217 B

Esc. Prim. "Ignacio Altamirano", avenida Ignacio Altamirano e/retorno Chicori y Añiñi, colonia Pericues, C.P. 23090, La Paz, B.C.S.

Altamirano y Botón.

 

SI

217 C

Esc. Prim. "Ignacio Altamirano", avenida Ignacio Altamirano e/retorno Chicori y Añiñi, colonia Pericues, C.P. 23090, La Paz, B.C.S.

Altamirano e/ Chicori y Añiñi

 

SI

219 B

Jardín de niños "Profra. Josefa Hirales Carballo", Prol. Héroes de Independencia, esq. con calle Perla, U. Habitacional las Garzas, C.P. 23090, La Paz, B.C.S.

Héroes de Ind.

 

SI

220 B

Parque público en calle Héroes de Independencia, e/calle Cedros y Caoba, Unidad Habitacional las Arboledas, C.P. 23090, La Paz, B.C.S.

Cedros esq. Héroes de Ind.

 

SI

220 C

Parque público en calle Héroes de Independencia, e/calle Cedros y Caoba, Unidad Habitacional las

Arboledas, C.P. 23090, La Paz, B.C.S.

Héroes de Independencia

 

SI

221 B

Jardín de niños "Profr. Marcelo Rubio Ruiz", calle Colima, esq. Blvd.. Agustín Olachea, col. Pueblo Nuevo, C.P. 23090, La Paz, B.C.S.

Colima y Avenida A. Olachea

 

SI

257 B

Esc. Secundaria "José María Garma González", calle Emiliano Zapata esq. con Rosaura Zapata, El Centenario, B.C.S.

Alfredo V. Bonfil

 

NO

257 C

Esc. Secundaria "José María Garma González", calle Emiliano Zapata esq. con Rosaura Zapata, El Centenario, B.C.S.

Ruiz Cortines y Alfredo V. Bonfil.

 

NO

264 B

Escuela Primaria " Benito Juárez", San Evaristo, B.C.S.

Conocido

 

NO

288 B

Jardín de niños " Ricardo Flores Magón", El Centenario, B.C.S.

Baja California y J. Ortiz de Domínguez.

 

NO

289 B

Jardín de niños "Nueva Creación", calle Prolongación Lázaro Cárdenas esq. con calle 6, El Centenario, B.C.S.

Prolong. E. Zapata y calle # 6

 

NO

 

Como consecuencia de lo anterior, el agravio esgrimido por los impetrantes, resulta infundado.

En efecto, respecto de las casillas 210 contigua, 210 contigua 2, 211 básica, 217 básica, 217 contigua, 219 básica, 220 básica, 220 contigua y 221 básica, del análisis de las actas de la jornada electoral, específicamente en el apartado relativo a la instalación, se observa que se asentaron de manera incompleta, los datos correspondientes al lugar en donde fueron ubicadas las casillas de referencia.

Es importante precisar que por lugar de ubicación no debe entenderse únicamente una dirección, integrada por el señalamiento de una calle y un número, sino que lo preponderante debe ser que los signos externos del lugar en donde se ubique la casilla, garanticen su plena identificación, con el objeto de evitar que se produzca confusión o desorientación en el electorado.

En tal virtud, si en las actas de la jornada electoral no se anotó el lugar preciso de su ubicación en los términos en que apareció publicado en el encarte respectivo, debido a que no se asentaron los datos completos del lugar donde se ubicó la casilla, ello es insuficiente para considerar, que la casilla se instaló en lugar diverso al autorizado por el consejo distrital respectivo, máxime que la parte actora no ofreció prueba alguna para acreditar su afirmación, como debió hacerlo, en conformidad con lo dispuesto en los artículos 310, primera parte y 361, segundo párrafo de la ley electoral local.

Aunado a lo anterior, se debe hacer notar, que en ninguna de las actas de la jornada electoral, se advierten textos que necesariamente deban entenderse como lugares diferentes, por el contrario, siempre se encuentra alguna vinculación entre el contenido del encarte y la anotación del acta de la jornada electoral, lo que hace presumir que los datos precisados se refieren al mismo lugar.

Por lo anterior, se puede colegir que no existen bases suficientes para tener por acreditado que las casillas se instalaron en un lugar distinto al publicado en el encarte, antes bien, se encuentra coincidencia parcial en las formas de referirse a los sitios de que se trata, en tanto que las diferencias radican únicamente en que, mientras el encarte contiene mayor número de datos, en las actas no se incluyeron todos ellos.

De ahí que, al no acreditarse plenamente que las casillas cuestionadas se ubicaron en un lugar distinto al publicado en el encarte, y existir elementos que generan la convicción de que sólo se trata de la falta de anotación completa en las actas de la jornada electoral, esta Sala arriba a la conclusión de que la instalación de las referidas casillas se realizó en los lugares determinados por el comité distrital respectivo.

Sirve de apoyo a lo anterior la tesis de jurisprudencia publicada en las páginas 18 y 19 del Suplemento 5 de Justicia Electoral, Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que es del tenor siguiente:

"INSTALACIÓN DE CASILLA EN LUGAR DISTINTO. NO BASTA QUE LA DESCRIPCIÓN EN EL ACTA NO COINCIDA CON LA DEL ENCARTE, PARA ACTUALIZAR LA CAUSA DE NULIDAD. El concepto de lugar de ubicación de la casilla, ha sido criterio reiterado de este órgano jurisdiccional, con expresiones gramaticales distintas, que su concepto no se refiere rigurosa y necesariamente a un punto geográfico preciso, que sólo se pueda localizar mediante trabajos técnicos de ingeniería o cálculos matemáticos, o con los elementos de la nomenclatura de una población, sino que es suficiente la referencia a un área más o menos localizable y conocida en el ámbito social en que se encuentre, mediante la mención de los elementos que puedan ser útiles para tal objetivo, por lo que se pueden proporcionar diversos signos externos del lugar, que sean suficientes para evitar confusiones al electorado. Así, a guisa de ejemplo, puede identificarse, lo que usualmente acontece, con el señalamiento del nombre de una plaza, de un edificio, de un establecimiento comercial, de alguna institución pública o privada, como las bibliotecas, las escuelas, las comisarías, los mercados, etcétera; mismas que son del conocimiento común para los habitantes del lugar, y estas referencias llegan a cumplir con el fin más que los datos de nomenclatura que les corresponden, sucediendo con frecuencia que muchas personas conozcan plenamente el lugar pero ignoren el nombre de la calle, el de la colonia, y el número con que está marcado un inmueble. Los anteriores argumentos resultan lo suficientemente ilustrativos para arribar al convencimiento del hecho de que, si en el acta de la jornada electoral o en aquella destinada para asentar los datos obtenidos con motivo del escrutinio y cómputo realizados en las casillas, no se anota el lugar de su ubicación en los mismos términos publicados por la autoridad competente, esto de ninguna manera implica, por sí solo, que el centro de recepción de votos ubicado en un lugar distinto al autorizado, sobre todo que, conforme con las máximas de la experiencia y la sana crítica, a que se refiere el artículo 16, apartado 1, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, surge la convicción de que, ocasionalmente, los integrantes de las mesas directivas de casilla, al anotar en las actas respectivas el domicilio de instalación, omiten asentar todos los datos que se citan en el encarte como fueron publicados por el Consejo Electoral del Estado, sobre todo cuando son muchos, y normalmente, el asiento relativo lo llenan sólo con los datos a los que se da mayor relevancia en la población, que se relacionan con el lugar físico de ubicación de la casilla, o con los que se identifica en el medio social. En esa medida, cuando concurren circunstancias como las anotadas, en donde el mismo sitio puede ser conocido de dos, tres o más formas, cuyas denominaciones, aunque aparentemente resultan distintas, se comprueba que se refieren a idéntico lugar, verbigracia "frente a la plaza municipal", "en la escuela Benito Juárez", "a un lado de la comisaría", etcétera, donde aparentemente la descripción de un lugar se hace de modo distinto, lógicamente pueden referirse al mismo sitio, lo que hace indiscutible que para estimar transgredido el anotado principio se requiere la existencia, en el juicio correspondiente, de elementos probatorios que tengan el alcance para acreditar, de manera plena, los hechos en que se sustenta la causal de nulidad de que se trata, tendientes a poner de manifiesto el cambio de ubicación, para poder acoger favorablemente la pretensión respectiva. En las condiciones anteriores, cuando de la comparación de los lugares de ubicación de las casillas establecidos en el encarte con los datos asentados en las actas de la jornada electoral, o en aquellas destinadas para asentar los resultados del escrutinio y cómputo, se advierte que existen coincidencias sustanciales, que al ser valoradas conforme a las máximas de la experiencia y las reglas de la lógica, produzcan la convicción en el juzgador de que existe una relación material de identidad, esto es suficiente para acreditar tal requisito, aunque se encuentren algunas discrepancias o diferencias de datos, y si después de esto el impugnante sostiene que, no obstante ello, se trata de lugares distintos, pesa sobre el mismo la carga de la prueba, en términos de lo dispuesto por el artículo 15, apartado 2, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral."

Ahora bien, por lo que hace a la casilla 264 básica, del análisis del acta de la jornada electoral correspondiente, se advierte que en el espacio relativo al lugar de su instalación, se asentó la palabra "conocido"; sin embargo, no se aprecia que de la propia acta, específicamente, del apartado relativo a: "Si la casilla se instala en lugar distinto al aprobado por el Comité Distrital Electoral, explicar la causa", que la casilla se hubiere instalado en un lugar diverso al señalado por la autoridad electoral en el encarte respectivo.

Así, a juicio de esta Sala, dicha situación constituye una simple omisión formal por parte del funcionario de casilla, ya que del análisis efectuado a las aludidas documentales, no se advierte que las casillas hubieran funcionado en un lugar distinto al determinado por el comité distrital. En todo caso, las referidas actas demuestran únicamente, que existió omisión en la especificación del lugar de instalación de las casillas, mas no que se instalaran y funcionaran en un sitio diverso al publicado.

Además, se debe advertir, que el cambio de ubicación de una casilla constituye una circunstancia visible y relevante, por tanto, es lógico considerar que si lo aducido por los enjuiciantes hubiera ocurrido en la realidad, los representantes de los demás partidos o coaliciones, lo hubieran hecho valer, situación que no aconteció, ya que ninguno de los representantes que estuvieron presentes durante la instalación de las casillas firmó las actas bajo protesta, ni presentó escritos de incidentes relacionados con su ubicación.

En esta tesitura y habida cuenta que los inconformes no ofrecieron prueba alguna para acreditar su afirmación, en el sentido de que la referida casilla se instaló en un lugar distinto al autorizado, deviene infundado el agravio que hace valer en relación a la casilla de referencia.

En relación con las casillas 257 básica, 257 contigua, 288 básica y 289 básica, a juicio de esta Sala el hecho de que, en el acta de la jornada electoral o en aquella destinada para asentar los datos obtenidos con motivo del escrutinio y cómputo realizado en las casillas, no se haya anotado el lugar preciso de su ubicación, en los términos publicados por la autoridad competente, de manera alguna implica, por sí solo, que aquel centro de acopio fue ubicado en lugar distinto al autorizado; máxime que, conforme con las reglas de la experiencia y de la sana crítica, surge la convicción de que, ocasionalmente los integrantes de la mesa directiva de casilla, al anotar en el acta o en las actas respectivas, el domicilio de instalación, omiten asentar los datos precisos publicados por el comité distrital y, normalmente, el asiento relativo lo refieren respecto de los datos más relevantes del lugar físico de ubicación de la casilla.

En esa medida, para estimar transgredido el principio de certeza, se requiere la existencia de elementos probatorios que tengan el alcance suficiente para acreditar de manera plena los hechos en que se sustenta la causal de nulidad de que se trata y, consecuentemente, deba acogerse favorablemente la petición de los actores, en este caso la nulidad de la votación recibida en las casillas, apoyada en lo dispuesto por el artículo 310, fracción I de la Ley Electoral del Estado de Baja California, consistentes en instalar la casilla, sin causa justificada, en lugar distinto al señalado por el comité distrital electoral correspondiente.

En consecuencia, si los partidos promoventes, pretenden la anulación de la votación recibida en esas casillas, porque según su dicho, fueron instaladas en lugares diversos a aquéllos indicados por el comité distrital, resulta claro que a los impugnantes del recurso de inconformidad, correspondió la carga de demostrar, precisamente, cuál fue el espacio geográfico en que, según ellos, se instalaron las casillas y, como consecuencia de ello, que el mismo carece de identidad al señalado por el comité citado.

Por tanto, los datos asentados en las actas de la jornada electoral respectiva, producen convicción de la instalación de las casillas en el lugar autorizado, misma que para no ser tomada en consideración, debe desvirtuarse, lo que en la especie no acontece; antes bien, se advierten circunstancias que permiten arribar al convencimiento de que aun cuando no exista identidad absoluta entre la información asentada en las indicadas actas, con la hecha pública para la instalación de las casillas, es insuficiente para establecer contundentemente, que trajo como consecuencia la transgresión al principio de certeza salvaguardado con esos actos.

Ciertamente, basta imponerse del texto de esos documentos para advertir diáfanamente, que en los apartados correspondientes a incidentes durante la instalación de casilla, no se hizo anotación alguna; además no existe hoja de incidentes que indiciariamente revele la veracidad de lo aducido por los partidos inconformes.

Asimismo, como ya se mencionó, en autos no existe ningún medio de convicción que ponga de relieve fehacientemente que las referidas casillas se instalaron en lugar diverso al previamente autorizado por la autoridad electoral, por lo que se presume que las mismas se ubicaron en el que había sido designado para ello, lo que torna infundados los agravios relativos.

De igual forma debe tenerse en cuenta que en la mayoría de los casos, quienes actúan como funcionarios de casilla, son ciudadanos comunes, con una capacitación previa respecto del manejo de la documentación electoral, pero que no tienen la formación suficiente para exigírseles que al realizar el llenado de las actas reproduzcan exactamente los datos establecidos por el órgano electoral para identificar el domicilio discutido, de ahí que si no existe prueba en contrario, que demuestre que la casilla se ubicó en lugar diferente al determinado en el encarte, debe desestimarse ese alegato.

Sin que esté por demás destacar, que los integrantes de la mesa directiva de casilla y los representantes de los partidos políticos incoantes, estuvieron presentes durante el desarrollo de la jornada electoral, según aparece en las actas relativas, en las cuales, no se asentó alguna incidencia relacionada con cambio de ubicación de casilla, desprendiéndose de todo lo anterior, que la instalación se hizo en el lugar que efectivamente correspondía, lo que resulta evidente, desde el momento en que tales funcionarios electorales a ellas acudieron, así como los votantes, todo lo cual impide declarar la nulidad de la votación recibida en las casillas de referencia, como lo pretenden los institutos políticos.

En otro punto, los incoantes señalan que con la citada irregularidad no pudieron sufragar un gran número de votantes, motivo por el cual es necesario determinar si efectivamente con el asentamiento incompleto de los datos del domicilio en el acta de la jornada electoral, se vulneró el principio de certeza al provocar confusión o desorientación en los ciudadanos respecto del sitio exacto donde debían sufragar.

Para tal efecto, y en términos del artículo 357 de la ley electoral en cita, de acuerdo con las reglas de la lógica y de la experiencia, en particular con el principio ontológico en materia probatoria conforme al cual, lo ordinario se presume y lo extraordinario se prueba, se tiene que es un hecho conocido y cierto en los procesos electorales, ya sean federales o de las entidades federativas, que son excepcionales las casillas que alcanzan el cien por ciento de participación ciudadana, constituyendo una circunstancia reiterada que sólo un porcentaje del electorado acude a sufragar, el cual suele variar de una casilla a otra.

Por tal motivo, para determinar si la irregularidad apuntada vulneró el principio de certeza, se pueden tomar en cuenta las circunstancias y hechos que rodean el ámbito de participación ciudadana en las casillas cuya votación se solicita sea anulada. Para ello, es posible establecer un parámetro que considere la muestra más representativa de la participación del electorado en una elección, dentro de un ámbito territorial determinado.

A partir de esta idea, es factible establecer un parámetro idóneo para analizar la causal en estudio, por ejemplo, el porcentaje de votación recibida a nivel distrital de la elección impugnada, toda vez que un distrito uninominal, estadísticamente, es un ámbito territorial que puede aportar una información apegada a la realidad acerca de la participación de los votantes en las casillas que lo integran.

En el caso a estudio el porcentaje de la votación emitida en el V Distrito Electoral en el Estado de Baja California Sur, de conformidad con las constancias que obran en autos, es del 50.8%, mismo que se obtiene de multiplicar la cantidad que representa el total de ciudadanos que votaron en el distrito electoral (12,144), por cien, y dividirlo entre el total de ciudadanos inscritos en la lista nominal correspondiente a dicho distrito (23,893).

Ahora bien, en las casillas que nos ocupan, el porcentaje de votación es ligeramente inferior en unos casos y superior en otros, al porcentaje de votación distrital, lo cual genera convicción en esta Sala en el sentido de que contrariamente a lo afirmado por los promoventes, no se vulneró el principio de certeza. En tales condiciones, resulta infundado el agravio planteado por los impetrantes.

Por otra parte, los recurrentes aducen sustancialmente que en las casillas 208 contigua y 223 contigua se actualiza la causal de nulidad de votación consistente en ejercer violencia o presión sobre los funcionarios de la casilla o sobre los electores; pues, por lo que hace a la primer casilla nombrada, argumentan que el día de la jornada electoral un representante de la Coalición Democrática y del Trabajo se les acercaba a los electores para pedirles su credencial para votar, hecho que, según refieren los actores, se asentó tanto en el escrito como en la hoja de incidentes correspondientes.

Igualmente, respecto de la casilla 223 contigua, los inconformes aducen que un representante de la coalición triunfadora ejerció presión sobre los electores, ya que interrumpió constantemente a los escrutadores al momento de contar los votos; el Presidente de casilla le pidió que se retirara, pero éste lo amenazó diciendo que "estábamos violando la ley, finalmente se retiró a las 21:10 hrs...", acontecimiento que, afirman, consta tanto en el escrito, como en la hoja de incidentes de la casilla en cuestión.

Cabe hacer mención que la causal invocada por los actores se relaciona con lo prescrito en el artículo 5 de la Ley Electoral del Estado de Baja California Sur, que establece como características del voto ciudadano, el ser universal, libre, secreto, directo, personal e intransferible, y prohíbe los actos que generen presión o coacción a los electores. Esta causal protege los valores de libertad, secreto, autenticidad y efectividad en la emisión de los sufragios de los electores, así como la integridad e imparcialidad en la actuación de los integrantes de la mesa directiva de casilla, para lograr la certeza de que los resultados de la votación recibida en ella expresen fielmente la voluntad de los ciudadanos, la que se vicia con los votos emitidos bajo ciertas conductas como la violencia o la presión.

Conforme a lo establecido en el artículo 225 de la ley electoral estatal, el presidente de la mesa directiva de casilla, cuenta incluso con el auxilio de la fuerza pública, para preservar el orden en la casilla, garantizar la libre y secreta emisión del sufragio y la seguridad de los electores, los representantes de los partidos políticos y los integrantes de la mesa directiva de casilla. Dicho funcionario puede suspender temporal o definitivamente la votación, o retirar a cualquier persona, en caso de alteración del orden o por la existencia de circunstancias o condiciones que impidan la libre emisión del sufragio, el secreto del voto o que atenten contra la seguridad personal de los electores, los representantes de partidos o los miembros de la mesa directiva.

Ahora bien, la fracción II del artículo 310 del citado cuerpo normativo establece:

"ARTÍCULO 310

Se declarará la nulidad de las votaciones recibidas en una casilla, únicamente en los siguientes casos:

...

II. Cuando se ejerza violencia física o exista cohecho, soborno o presión de alguna autoridad o particular sobre los funcionarios de la mesa directiva de casilla o sobre los electores, de tal manera que se viole la libertad o el secreto del voto y tengan relevancia en los resultados de la votación en la casilla"

De la lectura de los preceptos legales antes referidos, es posible concluir que para la actualización de esta causal, es preciso que se acrediten plenamente tres elementos:

a) Que exista violencia física, cohecho, soborno o presión;

b) Que se ejerza sobre los miembros de la mesa directiva de casilla o sobre los electores; y

c) Que estos hechos sean determinantes para el resultado de la votación.

Por lo que hace al primer elemento descrito, en el caso que nos ocupa, los recurrentes, alegan que en las casillas en estudio existió violencia física o presión sobre los electores, así como sobre los funcionarios de casilla, por lo que son los conceptos que interesa definir; así, por violencia física se entienden aquellos actos materiales que afecten la integridad física de las personas, mientras que la presión implica ejercer apremio o coacción moral sobre las personas, siendo la finalidad en ambos casos el provocar determinada conducta que se refleje en el resultado de la votación de manera decisiva; lo anterior, de acuerdo con la tesis de jurisprudencia J.01/2000, publicada en la página número 31 del Suplemento 4 de Justicia Electoral, Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, bajo el rubro, "VIOLENCIA FÍSICA O PRESIÓN SOBRE LOS MIEMBROS DE LA MESA DIRECTIVA DE CASILLA O LOS ELECTORES COMO CAUSAL DE NULIDAD. CONCEPTO DE (LEGISLACIÓN DE GUERRERO Y LAS QUE CONTENGAN DISPOSICIONES SIMILARES".

Respecto del segundo elemento para actualizar la causal en estudio, los actos de violencia física o presión sancionados, entre otros, por la causal invocada, pueden ser a cargo de cualquier persona.

En relación con el tercer elemento, a fin de que se pueda evaluar de manera objetiva si los actos de presión o violencia física son determinantes para el resultado de la votación en la casilla, es necesario que el demandante precise y pruebe las circunstancias de modo, lugar y tiempo en que se dieron los actos reclamados.

Por lo que, en un primer orden, el órgano jurisdiccional debe conocer con certeza el número de electores que votó bajo presión o violencia física, para, en un segundo orden, comparar este número con la diferencia de votos entre los partidos que ocuparon el primero y segundo lugar en la votación en la casilla, de tal forma, que si el número de electores es igual o mayor a dicha diferencia, debe considerarse la irregularidad como determinante para el resultado de la votación en la casilla.

También puede tenerse por actualizado el tercer elemento, cuando sin tenerse probado el número exacto de electores cuyos votos se viciaron por presión o violencia, queden acreditadas en autos, circunstancias de modo lugar y tiempo, que demuestren que un gran número de sufragios se viciaron por esos actos de presión o violencia, y que por tanto, esa irregularidad es decisiva para el resultado de la votación, porque de no haber ocurrido, el resultado final pudo haber sido distinto, afectándose el valor de certeza que tutela esta causal.

Bajo estas condiciones, derivado del análisis de las constancias que obran en los expedientes en que se actúa, esta Sala Superior considera que los motivos de inconformidad hechos valer por los recurrentes resultan infundados en virtud de que, como se ha venido sosteniendo, para que pueda actualizarse la causal de nulidad en comento es necesario satisfacer y probar los extremos a los que se hizo referencia, tales como la existencia de violencia física o presión, que se ejerza sobre los funcionarios de casilla o electores y que sea determinante para el resultado de la votación, mediante la acreditación fehaciente de las circunstancias de modo, tiempo y lugar, que demuestren la lesión de la libertad y el secreto del sufragio, poniendo en consecuencia, en duda la certeza de la votación recibida en esas casillas, situación y elementos que no se encuentran colmados, como se demuestra a continuación.

Respecto de la casilla 208 contigua, en autos obra el "Acta especial de incidentes", mas no el escrito de incidentes que señalan los actores, dicha acta fue remitida en original por el V Comité Distrital Electoral, junto con otros documentos, en cumplimiento al requerimiento formulado por esta Sala Superior, a la cual se le otorga pleno valor probatorio, en términos de lo dispuesto por el artículo 354, fracción I, en relación con el 358 de la Ley Electoral del Estado de Baja California Sur.

Sin embargo, como se advierte del citado documento, contrariamente a lo expuesto por los partidos inconformes, no se anotó incidente alguno relacionado con los hechos relatados por dichos partidos. En efecto, en el acta citada se indican seis incidentes relativos a: 1. que la votación se inició a las 8:15 horas porque no estaban presentes los funcionarios de casilla y se nombró a un ciudadano como segundo escrutador; 2. hubo boletas equivocadas en cantidad; 3. "reclamo de un partido a otro partido por estar de pie en la entrada de la casilla; 4. se anuló un voto por no corresponder a la sección; 5. "un representante del PAN vino a decir que se sacaran a dos suplentes del PRI", y 6. "vino el representante consejero a decir que los suplentes deben estar fuera de aquí a los 50 mts."

En consecuencia, no existe prueba alguna en autos que demuestre lo alegado por los promoventes, como serían las circunstancias de modo, tiempo y lugar, que permitieran precisar a cuantas personas se les presionó con el supuesto hecho de pedirles su credencial para votar, cómo se realizaron estos supuestos hechos y en qué consiste lo determinante para el resultado de la votación.

Lo mismo sucede respecto de la casilla 223 contigua, en la que, como ya se indicó, se aduce sustancialmente que el representante de la coalición triunfadora estuvo interrumpiendo a los escrutadores al momento de realizar el cómputo de votos, pues, si bien en la hoja número 2 del acta especial de incidentes que en copia certificada obra en autos, a la que se le otorga pleno valor probatorio en términos de la fracción I del artículo 354, en relación con el 358 de la mencionada ley estatal se puede advertir que, efectivamente se afirma que: "el Sr. Aníbal estuvo interrumpiendo constantemente cuando los escrutadores estaban contando los votos, donde el presidente de casilla le pidió de la manera más atenta que se retirara de la mesa de trabajo o se concretara a observar el escrutinio, contestándonos y amenazándonos y que estábamos violando la ley, finalmente se retiró a las 21:10 horas, sin avisar al presidente de casilla y sin esperarse para las firmas en las actas ... cabe hacer mención que todos los representantes de los partidos quedaron inconformes con él".

Sin embargo, de lo consignado en dicha acta no se desprende cómo este hecho pudo influir o presionar a los funcionarios de casilla, pues de acuerdo a lo acontecido, el presidente de casilla, en uso de sus facultades, puso orden a esta situación para evitar un conflicto en la etapa de escrutinio y cómputo de los votos y, finalmente, lo que sucedió fue que el representante general se retirara y, dicho sea de paso, como consta en autos, el referido representante fue acreditado por el Partido Acción Nacional, no por la coalición triunfadora como erróneamente lo alegan los recurrentes.

Por tanto, con base en las consideraciones anteriores, esta Sala Superior, estima que no les asiste la razón a los partidos inconformes, al no acreditarse los extremos de la causal de nulidad prevista en la fracción II, del artículo 310 de la Ley Electoral del Estado de Baja California Sur, por lo que no ha lugar a declarar la nulidad de votación recibida en las casillas 208 contigua y 223 contigua.

Por otra parte, los incoantes expresaron como motivo de queja que en las casillas 208 contigua, 210 contigua 1, 214 básica, 214 contigua, 260 básica, 261 básica, 264 básica, 264 extraordinaria, 265 extraordinaria, 266 básica, 266 extraordinaria 1, 266 extraordinaria 2 y 350 básica se actualiza la causal de nulidad prevista en la fracción IV del artículo 310 de la Ley Electoral del Estado de Baja California Sur, consistente en que exista dolo o error en el escrutinio y cómputo de los votos que beneficien a uno de los candidatos, fórmula o planilla de candidatos y que éste sea determinante para el resultado de la votación, salvo que sea corregido en el cómputo correspondiente.

Alegan los demandantes, en esencia, que en las actas de escrutinio y cómputo de las casillas que impugnan, no concuerdan las cifras que resultan de la operación de deducir del apartado de "boletas recibidas", el número de "boletas sobrantes", con el correspondiente al de "boletas extraídas de la urna"; que en determinadas actas existen espacios en blanco; y que estas irregularidades son determinantes para el resultado de la votación recibida en cada una de las casillas mencionadas.

El agravio hecho valer por los recurrentes con respecto a la causal de nulidad antes mencionada, resulta inoperante.

En efecto, de las constancias que obran en autos se advierte que la autoridad electoral responsable, con fundamento en el artículo 264, fracción III de la ley electoral local, realizó nuevamente el escrutinio y cómputo de todas y cada una de las casillas en cuestión, tal y como se observa del acta circunstanciada de escrutinio y cómputo distrital que obra en autos, documental pública con pleno valor probatorio, en términos de lo dispuesto por el artículo 354 en relación con el 358 de la Ley Electoral del Estado de Baja California Sur; en consecuencia, esta Sala Superior considera que la irregularidad en la pudieron haber incurrido los funcionarios de las mesas directivas de casilla en el llenado de las actas respectivas, quedó legalmente subsanado con la realización del nuevo escrutinio y cómputo llevado a cabo por el comité distrital responsable.

Corrobora lo anterior, la transcripción, en lo conducente de la referida acta:

"Se tomó la determinación por parte de todos los ahí presentes que dada la dificultad que tuvieron los funcionarios de casilla en cuanto al llenado de las actas, se haría el Cómputo Distrital de todas las casillas para verificar la concordancia entre el llenado de actas y el conteo real de los votos, teniendo participación activa en esta tarea los partidos políticos que decidieron estar presentes, de manera conjunta con los consejeros ciudadanos, quienes se dieron a la tarea de verificar los datos ahí vertidos. El procedimiento fue el de abrir todos y cada uno de los paquetes electorales para cotejar los datos que se expresaban en las actas, para posteriormente corregirlos en caso de ser necesario."

Esto es, resulta innecesario estudiar la causal en comento, pues, en primer lugar, es evidente que cambió la situación jurídica y fáctica de los referidos escrutinios y cómputos de la votación recibida en casilla, así como de sus respectivas actas levantadas en los centros receptores del voto, toda vez que como ya se mencionó, el comité correspondiente realizó un nuevo escrutinio y cómputo que sustituye para todos sus efectos el realizado por los funcionarios de casilla, en la inteligencia de que este nuevo cómputo también es susceptible de ser impugnado en caso de que se estime que en su realización hubo error o dolo. Asimismo, resulta de importancia destacar que, como se desprende de los escritos de demanda, los accionantes no controvierten la apertura de paquetes realizada por el comité distrital, ni combaten el nuevo escrutinio y cómputo, razón por la cual éste debe permanecer incólume.

Por otra parte, los partidos recurrentes señalan que en las casillas 210 contigua 1 y 215 contigua votaron personas sin aparecer en la lista nominal, lo cual, en su concepto, es determinante para el resultado de la elección, en virtud de que la votación obtenida indebidamente benefició a la coalición triunfadora, por lo que se actualiza la causal de nulidad de votación establecida en la fracción VI del artículo 310 de la ley electoral estatal.

El agravio expuesto es parcialmente fundado por las razones siguientes:

a) El artículo 310 de la Ley Electoral del Estado de Baja California Sur especifica de manera limitativa las causales de nulidad de votación recibida en casilla, y en su fracción VI contempla como causa invalidante si "se hubiese permitido sufragar sin credencial con fotografía para votar o a aquellos cuyo nombre no aparezca en la lista nominal de electores, salvo los casos de excepción señalados en los artículos 220 y 226 de esta Ley y siempre que ello sea determinante para el resultado de la votación..." .

De lo anterior se desprende que el supuesto normativo está integrado por dos elementos: que se permita a ciudadanos votar sin su credencial o sin aparecer en el listado nominal (salvo los casos de excepción establecidos en ley, que se refieren a los representantes acreditados ante las casillas, así como a los electores en tránsito), y que el número de ciudadanos que haya votado en esas condiciones sea suficiente o determinante para cambiar el resultado de la votación recibida en la casilla, en el sentido de que la cantidad de votos irregulares sea igual o mayor a la diferencia existente entre el partido que ocupó el primer lugar de votación en la casilla correspondiente y el que ocupó el segundo.

En el caso concreto, los propios recurrentes indican que sólo un elector en cada casilla fue el que votó sin estar inscrito en el listado nominal, dato que se corrobora de lo asentado en las "actas especiales de incidentes", documentos que en original obran en autos y a los que se les concede pleno valor probatorio, en términos de lo dispuesto por la fracción I del artículo 354, en relación con el 358 de la ley electoral estatal.

Ahora bien, para determinar si se actualiza la causal en estudio se toma en consideración el número de votos obtenidos por el primero y segundo lugares en las casillas cuestionadas, con base en los resultados obtenidos en la sesión de cómputo correspondiente, con motivo del nuevo escrutinio y cómputo realizado por el órgano electoral distrital. Los datos de referencia se describen en la tabla siguiente:

 

CASILLA

 

C PRD PT

PVEM

 

VOTOS IRREGULARES

DIFERENCIA

ENTRE 1° Y 2° LUGAR

210 C1

94

94

1

0

215 C

108

55

1

53

 

Una vez expuestos los resultados de votación de las casillas cuestionadas se arriba a la conclusión de que por lo que toca a la casilla 215 contigua, la irregularidad invocada no es determinante para el resultado de la votación emitida porque, aun cuando votó una persona sin aparecer en la lista nominal correspondiente, al restar este voto irregular al primer lugar de votación, es decir a la Coalición Democrática y del Trabajo, ésta seguiría conservando dicho sitio, ya que, como puede observarse de la tabla que a continuación se describe, existe una diferencia entre dicha coalición y el segundo lugar de 53 votos.

No sucede lo mismo en relación con la casilla 210 contigua, puesto que se actualizan los extremos de la causal de nulidad en estudio, ya que el voto del ciudadano que no estaba inscrito en el listado nominal es determinante para el resultado de la votación recibida en dicha casilla, al ser mayor a la diferencia existente entre el primero y segundo lugares de votación, que es de cero.

En atención a las consideraciones que anteceden, resulta procedente decretar la nulidad respecto de la votación recibida en la casilla 210 contigua y, con fundamento en los artículos 6, párrafo 3, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, así como 366, fracción II de la Ley Electoral del Estado de Baja California Sur, efectuar la recomposición del cómputo distrital, lo cual, por cuestión de método, se efectúa en el considerando séptimo de esta sentencia.

En relación a la causal de nulidad consistente en recibir la votación personas distintas a las facultadas por la ley, los accionantes aducen respecto de la casilla 253 básica, que la persona que fungió como primer escrutador, no fue la legalmente facultada por el comité respectivo, además de no encontrarse inscrita en el listado nominal; que lo mismo sucedió en la casilla 266 básica, respecto al presidente y al segundo escrutador; que en la casilla 217 contigua, quien fungió como segundo escrutador no estaba inscrito en el listado nominal y, que en la casilla 348 básica, la persona que fungió como primer escrutador, no estaba facultada conforme a la ley, además de no estar inscrito en el listado nominal de la sección correspondiente; circunstancias que ponen en duda la certeza de la votación, además de ser determinantes para el resultado de la misma.

Antes de proceder al análisis del agravio expuesto, se precisa que esta Sala Superior no entrará al estudio de la causal invocada, por lo que hace a la casilla 253 básica, pues según se informó oportunamente por el V Comité Distrital Electoral, en cumplimiento al requerimiento formulado por este órgano colegiado, la mencionada casilla no existe en el Distrito Electoral de La Paz, Baja California Sur, documental a la que se le otorga pleno valor probatorio, en términos del artículo 354, fracción I, en relación con el 358 de la ley electoral estatal.

Hecho lo anterior, esta Sala Superior considera parcialmente fundados los conceptos de inconformidad que se analizan, por los razonamientos siguientes:

Los artículos 115, 116, 210 y 215 de la Ley Electoral del Estado de Baja California Sur, prevén en lo que importa, lo que se transcribe a continuación:

"ARTÍCULO 115

Las mesas directivas de casilla son los organismos que tienen a su cargo la recepción, escrutinio y cómputo del sufragio popular en las secciones en que se dividan los Distritos Electorales del Estado y participan en la preparación, desarrollo y vigilancia del proceso electoral.

ARTÍCULO 116

Las mesas directivas de casilla se integrarán con un Presidente, un Secretario, dos Escrutadores y tres suplentes generales, quienes deberán ser residentes de la sección electoral respectiva, en pleno ejercicio de sus derechos políticos, de reconocida probidad, que tengan modo honesto de vivir y los conocimientos suficientes para el desempeño de sus funciones.

ARTÍCULO 210

El primer domingo del mes de febrero del año de la elección ordinaria, a las 8:00 horas, los ciudadanos nombrados Presidente, Secretario y Escrutadores Propietarios de la casilla electoral, procederán a su instalación en el lugar señalado, en presencia de los representantes de los partidos políticos que concurran, elaborando el acta de jornada electoral, llenándose y firmándose los apartados correspondientes a la instalación de la casilla.

ARTÍCULO 215

De no instalarse la casilla a las 08:15 horas de conformidad a lo señalado por el artículo 210, se estará a lo siguiente:

a) Si estuviera el Presidente, este designará a los funcionarios necesarios para su integración, recorriendo en primer término y en su caso, el orden para ocupar los cargos de los funcionarios ausentes con los propietarios presentes y habilitando a los suplentes presentes para los faltantes y en ausencia de los funcionarios designados, de entre los electores que se encuentren en la casilla;

b) Si no estuviere el Presidente, pero estuviera el Secretario, éste asumirá las funciones del Presidente de la casilla y procederá a integrarla en los términos señalados en el inciso anterior;

c) Si no estuviera el Presidente ni el Secretario, pero estuviera alguno de los escrutadores, éste asumirá las funciones del Presidente y procederá a integrar la casilla de conformidad con lo señalado en el inciso a);

d) Si sólo estuvieren los suplentes, uno de ellos asumirá las funciones del Presidente, los otros las de Secretario y Primer Escrutador, procediendo el primero a instalar la casilla nombrando a los funcionarios necesarios de entre los electores presentes;

e) Si no asistiera ninguno de los funcionarios de la casilla, el Comité Distrital tomará las medidas necesarias para la instalación de la misma y designará al personal encargado de ejecutarlas y cerciorarse de su instalación;

f) Cuando por razones de distancia o dificultad de las comunicaciones, no sea posible la intervención oportuna del personal del Comité Distrital Electoral designado, a las 10:00 horas los representantes de los partidos políticos ante las mesas directivas de casilla designarán, por mayoría, a los funcionarios necesarios para integrar las casillas de entre los electores presentes; y

g) En todo caso, integrada conforme a los anteriores supuestos, la mesa directiva de casilla iniciará sus actividades, recibirá validamente la votación y funcionará hasta su clausura.

En el supuesto previsto en el inciso f) anterior, se requerirá la presencia de un Juez o Notario Público, quienes tienen la obligación de acudir y dar fe de los hechos, y en ausencia del Juez o Notario Público, bastará que los representantes de los partidos políticos ante la casilla expresen su conformidad para designar de común acuerdo a los miembros de la mesa directiva.

Los nombramientos que conforme a lo dispuesto en este artículo deban recaer en los electores presentes, se entenderán referidos a los electores que se encuentren en la casilla para emitir su voto; en ningún caso podrán recaer los nombramientos en los representantes de los partidos políticos."

De los anteriores preceptos legales se desprende, en lo que interesa, el procedimiento para integrar las mesas directivas de casilla, y al efecto se establece que si a las 8:15 horas no se instala la casilla, el presidente en funciones designará a los funcionarios necesarios para suplir a los ausentes y procederá a la instalación de la casilla, primeramente recorriendo el orden para ocupar los cargos de los ausentes, con los propietarios presentes y habilitando a los suplentes para los faltantes y en ausencia de los funcionarios designados, de entre los electores que se encuentren en la casilla. De lo que se sigue que, invariablemente, los funcionarios que integren las mesas directivas de casilla, ya sea que hubiesen sido designados previamente por la autoridad electoral competente o por el presidente de casilla en funciones el día de la jornada electoral, deberán pertenecer a la sección electoral respectiva, debiendo estar inscritos en el Registro Federal de Electores y contar con credencial para votar, es decir, deberán aparecer en la lista nominal de electores que corresponda.

Ahora bien, de una interpretación sistemática de las disposiciones legales en estudio, se arriba a la convicción de que los procedimientos o mecanismos a seguir en caso de que no pueda instalarse la mesa directiva de casilla con la normalidad prevista en el artículo 210 de la ley electoral estatal, entre cuyos supuestos eventualmente puede y debe recurrirse a ocupar los cargos faltantes ante la ausencia de alguno o algunos de los funcionarios designados para integrar la mesa directiva de casilla, sean propietarios o suplentes, dentro del lapso comprendido entre las 8:15 y las 10:00 horas del día de la jornada electoral, el presidente en funciones designará a los funcionarios necesarios para suplir a los ausentes, de entre los electores que se encuentren presentes y que aparezcan inscritos en la lista nominal de electores correspondiente a la sección de la casilla de que se trate, para proceder a su instalación.

Bajo estas condiciones debe considerarse que el simple hecho de que una persona que formó parte en la integración de la mesa directiva de casilla, cualesquiera que hubiera sido el cargo ocupado, sin que hubiese sido designada por el organismo electoral competente ni apareciera en el listado nominal correspondiente a la sección electoral de que se trate, constituye una irregularidad que no puede calificarse como meramente circunstancial, sino una franca trasgresión al deseo manifestado del legislador ordinario, de que los órganos receptores de la votación se integren, en todo caso, con electores residentes en la sección electoral que corresponda, circunstancia que pone en entre dicho el apego irrestricto a los principios de certeza y legalidad del sufragio; por lo que, en tal supuesto, debe anularse la votación recibida en la casilla.

Lo anterior tiene como sustento las consideraciones de esta Sala Superior, emitidas precisamente en relación a un asunto entablado con motivo de las elecciones celebradas en el mil novecientos noventa y nueve, en el Estado de Baja California Sur, que dieron lugar a la Tesis de Jurisprudencia, identificada con el rubro: "RECEPCIÓN DE LA VOTACIÓN POR PERSONAS U ORGANISMOS DISTINTOS A LOS LEGALMENTE FACULTADOS. LA INTEGRACIÓN DE LA MESA DIRECTIVA DE CASILLA CON UNA PERSONA NO DESIGNADA NI PERTENECIENTE A LA SECCIÓN ELECTORAL, ACTUALIZA LA CAUSAL DE NULIDAD DE VOTACIÓN (LEGISLACIÓN DE BAJA CALIFORNIA SUR)", con clave S3ELJ.13/2002, aprobada por esta Sala Superior el veintiuno de febrero del dos mil dos.

A efecto de ilustrar si los nombres de los funcionarios que actuaron en las mesas directivas de casilla, coinciden o no con los designados conforme a la ley, tomando en consideración los originales de las actas de jornada electoral, así como las "listas de funcionarios de casilla" emitidas por el V Comité Distrital Electoral, documentales públicas a las que se les concede valor probatorio pleno, en términos de lo dispuesto por la fracción I del artículo 354 de la Ley Electoral del Estado de Baja California Sur, se muestra el cuadro siguiente.

 

CASILLA

FUNCIONARIOS DESIGNADOS POR EL V COMITÉ DISTRITAL ELECTORAL

FUNCIONARIOS QUE ACTUARON EL DÍA DE LA JORNADA ELECTORAL

217 C

PRESIDENTE: ORTUÑO SALGADO MIGUEL

SECRETARIO: ESTRADA ZÚÑIGA MARÍA DEL SOCORRO

1 ESCRUTADOR: SEPÚLVEDA ARRIOLA LORETO DEL CARMEN

2 ESCRUTADOR: SÁNDEZ HIGUERA ANA LIDIA

SUPLENTE GENERAL: BENÍTEZ VÁZQUEZ BULMARO

SUPLENTE GENERAL: SUI QUI PÉREZ OKAMY

SUPLENTE GENERAL: LÓPEZ MÉNDEZ JOSÉ MARTÍN

PRESIDENTE: MIGUEL ORTUÑO SALGADO

SECRETARIO: Ma. DEL SOCORRO ESTRADA ZÚÑIGA.

1 ESCRUTADOR: ANA LIBIA SÁNDEZ HIGUERA

2 ESCRUTADOR: JOSÉ LUIS PÉREZ MENDOZA

266 B

PRESIDENTE: OCHOA LUCERO PORFIRIO

SECRETARIO: RANGEL GÓMEZ CLAUDIA LIZETH

1 ESCRUTADOR: CAMACHO MAGDON SAÚL

2 ESCRUTADOR: MAGDON ESPINOZA JOSÉ CAMILO

SUPLENTE GENERAL: BARRERA GERALDO MARTÍN GUADALUPE

SUPLENTE GENERAL: CESEÑA ARCE JUAN PERFECTO

SUPLENTE GENERAL: MÉNDEZ GERALDO MARÍA DE LOS ÁNGELES

PRESIDENTE: BIBIANA E. OCHOA LUCERO

SECRETARIO: CLAUDIA LIZETH RANGEL

1 ESCRUTADOR: SAÚL CAMACHO MAGDÓN

2 ESCRUTADOR:

SALVADOR ARCE GERALDO

348 B

PRESIDENTE: OLACHEA ROCHIN ANTONIO

SECRETARIO DOMÍNGUEZ LECHUGA LORENA

1 ESCRUTADOR: RUIZ AYALA JOSEFINA

2 ESCRUTADOR: MÉNDEZ GONZÁLEZ LADISLAO

SUPLENTE GENERAL: SANDOVAL JACINTO ANDRÉS

SUPLENTE GENERAL: DOMÍNGUEZ HERNÁNDEZ GUADALUPE

SUPLENTE GENERAL: ALONSO CANETT LAURA CRISTINA

PRESIDENTE: ANTONIO OLACHEA ROCHIN

SECRETARIO: LORENA DOMÍNGUEZ LECHUGA

1 ESCRUTADOR: JOSÉ MARTÍN CORTÉS BRAVO

2 ESCRUTADOR: LADISLAO MÉNDEZ GONZÁLEZ

 

De la información antes asentada se advierte que en las casillas 217 contigua y 348 básica, efectivamente las personas señaladas por los partidos recurrentes no fueron designados por el V Comité Distrital Electoral, sin embargo, sí aparecen en la lista nominal de electores correspondiente.

En efecto, José Luis Pérez Mendoza, quien fungió como segundo escrutador en la casilla primeramente mencionada y José Martín Cortés Bravo, en su carácter de primer escrutador en la mencionada casilla 348 básica, aparecen en los listados nominales de electores de las secciones 217 y 348, respectivamente, según consta en autos. Asimismo, las casillas en cuestión se instalaron entre las 8:15 y las 8:25 horas, es decir, dentro del tiempo en que el presidente de casilla puede designar a los funcionarios necesarios para su integración, entre éstos, a los electores presentes. Por tanto, se considera que la recepción de la votación en las casillas mencionadas fue conforme a la ley, por lo que no ha lugar a la nulidad de su votación.

Ahora bien, respecto de la casilla 266 básica, se observa que, contrario a lo alegado por los inconformes, quien fungió como segundo escrutador en la referida casilla sí se encuentra en el listado nominal correspondiente a la sección 266; no sucede lo mismo respecto de Bibiana E. Ochoa Lucero, quien actuó con el carácter de Presidente de casilla, ya que no aparece en la "lista de funcionarios de casilla" expedida por el V Comité Distrital Electoral, enviada a esta Sala Superior, por el citado órgano; como tampoco se encuentra en el listado nominal de electores correspondiente a la sección 266, de lo que se desprende la violación al principio de certeza en la emisión del sufragio. En consecuencia resulta procedente decretar la nulidad respecto de la votación recibida en la mencionada casilla 266 básica.

Ahora bien, aun cuando existieron irregularidades acontecidas durante la jornada electoral y por las que este órgano jurisdiccional decretó la nulidad de la votación recibida en dos de las casillas combatidas por los recurrentes, ello de manera alguna puede tener como consecuencia la pretendida actualización de la causal genérica de nulidad de la elección invocada, ya que dichas anomalías no afectaron los principios rectores del proceso electoral de manera tal que pudiera considerarse que los comicios no se celebraron de forma libre y auténtica, o bien que vulneraran los principios fundamentales que sustentan cualquier elección democrática, puesto que la única consecuencia jurídica de la comisión de dichas irregularidades, como ya se hizo ver en párrafos pretéritos, es la de actualizar los extremos legales previstos en la norma jurídica local para decretar la nulidad de la votación recibida en casilla.

SÉPTIMO. Toda vez que ha resultado procedente declarar la nulidad de la votación recibida en las casillas 210 contigua uno y 266 básica, esta Sala Superior, en términos de lo previsto por el artículo 6, párrafo 3 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, en relación con el 366, fracción II de la Ley Electoral del Estado de Baja California Sur, procede a modificar los resultados del cómputo distrital, tomando en cuenta los datos obtenidos del acta de dicho cómputo efectuado por el V Comité Distrital Electoral, con cabecera en La Paz, Baja California Sur, el seis de febrero de dos mil dos, a efecto de que a éste le sean restados los votos correspondientes a las casillas 210 contigua uno y 266 básica, como se muestra a continuación:

 

VOTACIÓN DE LAS CASILLAS ANULADAS

CASILLA

PAN

PRI

PRD-

PT

PVEM

PSN

CDPPN

PAS

PRS

CAND.

NO REG.

VOT.

NULOS

VOT.

TOTAL

 

210 C1

 

38

 

43

 

94

 

94

 

0

 

1

 

4

 

0

 

1

 

4

 

279

 

266 B

 

13

 

21

 

54

 

13

 

0

 

2

 

0

 

0

 

0

 

0

 

103

 

TOTAL

 

51

 

64

 

148

 

107

 

0

 

3

 

4

 

0

 

1

 

4

 

382

 

Con base en los resultados de dichas casillas, el cómputo distrital se modifica en los siguientes términos:

 

PARTIDOS

POLÍTICOS

RESULTADOS del ACTA DE CÓMPUTO DISTRITAL

TOTAL DE VOTOS QUE SE ANULAN

CÓMPUTO DISTRITAL RECOMPUESTO

PAN

1,579

51

1,528

PRI

2,357

64

2,293

PRD-PT

4,476

148

4,328

PVEM

2,910

107

2,803

PSN

77

0

77

CONVERGENCIA

179

3

176

PAS

182

4

178

PRS

0

0

0

CANDIDATOS NO REGISTRADOS

6

1

5

VOTOS NULOS

378

4

374

VOTACIÓN TOTAL EMITIDA

12,144

382

11,762

 

En atención a que la modificación efectuada al cómputo distrital no altera la posición de la coalición que obtuvo el triunfo en la elección de diputados por el principio de mayoría relativa del V Distrito Electoral, con cabecera en La Paz, Baja California Sur, es procedente confirmar la declaración de validez de la elección, así como el otorgamiento de la constancia de mayoría y validez expedida por el respectivo Comité Distrital Electoral a favor de la fórmula registrada por la Coalición Democrática y del Trabajo.

Por lo expuesto y con fundamento además en los artículos 41, fracción IV, y 99, fracción lV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 1, 2, 3 párrafo 1, inciso d), 6, 22, 25 y 93, párrafo 1, inciso b), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, se

R E S U E L V E

PRIMERO. Se decreta la acumulación del expediente relativo al juicio de revisión constitucional electoral identificado con la clave SUP-JRC-068/2002 promovido por el Partido Verde Ecologista de México, al expediente del diverso SUP-JRC-067/2002, hecho valer por el Partido Revolucionario Institucional, debiendo glosarse copia certificada de la presente sentencia en el primero de los juicios citados.

SEGUNDO. Se revocan las sentencias dictadas el veinticuatro de febrero del año en curso, por el Tribunal Estatal Electoral de Baja California Sur, en los expedientes TEE-RI-018/2002 y TEE-RI-019/2002, formados por los recursos de inconformidad interpuestos por los partidos Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México.

TERCERO. Se declara la nulidad de la votación recibida en las casillas 210 contigua uno y 266 básica, por las razones expuestas en el Considerando Sexto de esta sentencia.

CUARTO. En consecuencia, se modifica el cómputo distrital efectuado por el V Comité Distrital Electoral, en términos de la parte final del Considerando Séptimo de esta sentencia.

QUINTO. Se confirma la declaración de validez de la elección de diputados por el principio de mayoría relativa del V Distrito Electoral, con cabecera en La Paz, Baja California Sur y el otorgamiento de la constancia de mayoría y validez expedida por el respectivo Comité Distrital Electoral, a favor de la fórmula registrada por la Coalición Democrática y del Trabajo.

Notifíquese por estrados la presente sentencia a los partidos Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México, por así solicitarlo en sus respectivos escritos de demanda y a los demás interesados; asimismo a la autoridad responsable, mediante oficio, acompañado de la copia certificada de esta sentencia y vía fax los puntos resolutivos; con apoyo en lo dispuesto en los artículos 26, 27, párrafo 6, 28 y 93, párrafo 2 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

En su oportunidad, devuélvanse los documentos atinentes a la autoridad responsable, y archívese este expediente como asunto concluido.

Así, lo resolvieron por unanimidad de cinco votos, los Magistrados que integran la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en ausencia de los Magistrados José Fernando Ojesto Martínez Porcayo y José de Jesús Orozco Henríquez, por estar desempeñando una comisión oficial. Autoriza y da fe el Secretario General de Acuerdos. CONSTE.

VOTO ACLARATORIO QUE FORMULAN LOS MAGISTRADOS ALFONSINA BERTA NAVARRO HIDALGO Y ELOY FUENTES CERDA, en el expediente SUP-JRC-067 y su acumulado 068, ambos del 2002, con base en lo establecido en el artículo 187, último párrafo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

Aunque estamos de acuerdo con el sentido de la ejecutoria, no lo estamos, en cambio, con todas las consideraciones que la sustentan.

En efecto, estamos conformes con la parte de dicha sentencia en la que se desestiman las causales específicas de nulidad de la votación recibida en casilla, argüidas por los partidos accionantes, previstas por el artículo 310 de la Ley Electoral de Baja California Sur.

De igual manera, lo estamos con la justipreciación que se efectúa de las pruebas que fueron ofrecidas por los actores, para demostrar los hechos en los que fundaron su pretensión de nulidad de la elección, con base en la que denominaron causal genérica de nulidad, y que en la sentencia se examina como causal abstracta; análisis del cual se concluye que los enjuiciantes no comprobaron tales hechos.

Así las cosas, al no estar probados los hechos con base en los cuales los accionantes pretendieron configurar la citada causa de nulidad de la elección, es por lo que, en nuestro concepto, ello basta para confirmar la sentencia reclamada, lo que hace que resulte innecesario que esta Sala Superior se pronuncie acerca de si la legislación electoral de Baja California Sur prevé o no la causal de nulidad, abstracta o no específica.

 

MAGISTRADO PRESIDENTE

POR MINISTERIO DE LEY

 

JOSÉ LUIS DE LA PEZA

MAGISTRADO

 

LEONEL CASTILLO GONZÁLEZ

MAGISTRADO

 

ELOY FUENTES CERDA

MAGISTRADO

 

MAURO MIGUEL REYES ZAPATA

MAGISTRADA

 

ALFONSINA BERTA NAVARRO HIDALGO

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS

 

FLAVIO GALVÁN RIVERA