JUICIO DE REVISIÓN CONSTITUCIONAL ELECTORAL

EXPEDIENTE: SUP-JRC-189/2002

ACTOR: PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL

AUTORIDAD RESPONSABLE: LXIX LEGISLATURA DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN

TERCEROS INTERESADOS: PARTIDO ACCION NACIONAL, ARTURO SALINAS SALINAS, GRACIELA BUCHANAN ORTEGA, PEDRO TREVIÑO GARCÍA, GUILLERMO CAMPUZANO ZAMBRANO Y GUILLERMO GUZMÁN DE LA GARZA.

MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ FERNANDO OJESTO MARTÍNEZ PORCAYO

SECRETARIO: JOSÉ ALBERTO CASAS RAMÍREZ

México, Distrito Federal, cuatro de diciembre del año dos mil dos.

V I S T O S para resolver los autos del juicio de revisión constitucional electoral número sup-jrc-189/2002, promovido por el Partido Revolucionario Institucional, por conducto de su representante María Cristina Díaz Salazar, en contra de la designación de magistrados realizada por la LXIX Legislatura del Estado de Nuevo León, para conformar el Tribunal Estatal Electoral en dicha entidad federativa con motivo del proceso electoral local 2002-2003; y

R E S U L T A N D O

I. El doce de junio del año dos mil dos, el Pleno de la LXIX Legislatura del Estado, publicó en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León, el Acuerdo número 296, mediante el cual se hacían del conocimiento público las bases de la Convocatoria para que las agrupaciones y organizaciones no gubernamentales, legalmente constituidas y los ciudadanos en general, tuvieran la posibilidad de proponer a la autoridad responsable, a las personas que en su opinión podrían ser los magistrados electorales que integrarían el Tribunal Electoral del Estado, durante el periodo comprendido entre el día primero de noviembre de 2002, y el 31 de diciembre de 2003, la que se trascribirá en la parte considerativa.

II. El diecinueve de julio siguiente, el presidente de la mesa directiva del Congreso, turnó a la Comisión de Gobernación y Organización Interna de los Poderes, para su estudio y dictamen el expediente 1921, integrado con la documentación de las treinta y dos solicitudes presentadas.

III. Los días veintiocho y veintinueve de octubre del presente año, dicha Comisión celebró reunión de trabajo, con el objeto, entre otros, de acordar lo relativo a las propuestas de magistrados para integrar el Tribunal Estatal Electoral, resultando de la sesión, en lo que nos interesa, la aprobación de cinco propuestas que recayeron en: Guillermo Guzmán de la Garza, Graciela Buchanan Ortega, Guillermo Campuzano Zambrano, Arturo Salinas Salinas y Pedro Treviño García, tal y como consta en el acta número treinta de la comisión, la que se trascribirá en la parte considerativa.

IV. Como resultado de la referida sesión, la Comisión de Gobernación y Organización Interna de los Poderes, emitió el siguiente dictamen:

"Honorable Asamblea:

A la Comisión de Gobernación y Organización Interna de los Poderes, con fundamento en lo establecido en los artículos 44 y 63 fracción XLVI de la Constitución Política del Estado de Nuevo León, así como en el artículo 39 fracción I inciso d) del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado, le fueron turnados en sesión ordinaria de fecha 19 de julio de 2002, para su estudio y dictamen, los expedientes integrados con motivo de la convocatoria expedida por este H. Congreso del Estado para la designación de los magistrados que integrarán el Tribunal Electoral del Estado de Nuevo León.

En los términos de la convocatoria respectiva, la recepción de propuestas se llevó a cabo del día 15 de junio al día 16 de julio del presente año.

Ahora bien, con el propósito de dar cumplimiento a lo preceptuado en la fracción II del artículo 229 de la Ley Electoral del Estado de Nuevo León, los diputados que suscribimos el presente dictamen procedimos a realizar las acciones necesarias a fin de revisar y analizar las propuestas recibidas, así como la documentación que en cada caso se hizo llegar al Congreso del Estado a través de la Oficialía Mayor.

La revisión y análisis llevada a cabo por los suscritos tuvo como objetivo primordial verificar que los ciudadanos propuestos al cargo de magistrados del Tribunal Electoral del Estado de Nuevo León cumplieran con las bases legales establecidas en al convocatoria mencionada anteriormente, así como con los requisitos consignados en los artículos 229 y 230 de la Ley Electoral del Estado de Nuevo León.

Resulta necesario hacer mención de que los treinta y dos ciudadanos propuestos a esta Soberanía con los siguientes:

C. José Ángel González Solís

C. Jorge Rolando Treviño Villarreal

C. Francisco Javier Guerra Sepúlveda

C. Arturo Salinas Salinas

C. Hernán Patricio Mora Sáenz

C. Leonardo Franco Salinas

C. Jesús Alejandro Mena Gauna

C. Salvador Reyes Garza

C. Jorge Arnoldo Salazar Rodríguez

C. Guillermo Guzmán de la Garza

C. Pedro Treviño García

C. Graciela Buchanan Ortega

C. Horacio Tijerina Saldivar

C. Nora Leticia Alanís Díaz

C. Jacqueline Antun Halun

C. María Olivia Chung Vázquez

C. Sonia Garza Guajardo

C. Graziella Fulvi D’pietrogiacomo

C. María Guadalupe Palomares Alonso

C. Alfonso Gerardo Moreno Cervantes

C. Juan Hinojosa Villarreal

C. Luis Gerardo Alanís Salinas

C. Aidee García Arzavala

C. Juanita García Aragón

C. Javier Sepúlveda Ponce

C. Tomas Eduardo Cantú Aguillén

C. Raymundo Ramón Garza

C. Spencer René Martínez García

C. René Barrera Pérez

C. Gerardo Salazar Lara

C. Guillermo Campuzano Zambrano

C. Alberto García Farfán

Del anterior listado, los suscritos diputados integrantes de esta comisión ponente, procedimos a analizar que las personas propuestas para el cargo acrediten los requisitos señalados en los artículos 229 fracción I y 230 de la Ley Electoral del Estado de Nuevo León, los cuales a la letra dice:

229.-.....

1.- El Congreso del Estado expedirá una Convocatoria abierta para la elección de los Magistrados antes del día 15 de junio del año anterior a la elección a la cual deberán concurrir Licenciados en Derecho que reúnan los requisitos señalados en esta ley, con excepción de los poderes, dependencias y funcionarios públicos municipales, estatales y federales, tendrán derecho a presentar propuestas cualquier ciudadano, agrupación y organización social no gubernamentales legalmente constituido. A las propuestas deberán incluir la aceptación por escrito del candidato y el curriculum vitae del mismo.

230.- Son requisitos para ser Magistrado del Tribunal Electoral del Estado:

Ser ciudadano nuevoleonés en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos, inscrito en la lista nominal de electores del Estado y contar con credencial para votar con fotografía;

Tener residencia ininterrumpida en alguno de los Municipios del Estado, no menor de cinco años anteriores a la fecha de su designación, salvo por desempeñar cargos públicos al servicio del Estado o de la Nación o por estar realizando estudios académicos fuera de la entidad. La ausencia por menos de tres meses de la entidad no interrumpe la residencia en el Estado;

Tener más de 35 años el día de su designación; ser profesional del derecho con una experiencia mínima de 10 años en el ejercicio de la profesión;

No haber sido condenado por delito intencional;

No. haber desempeñado en el período de cinco años anteriores a su designación ningún cargo o empleo público en la federación, estado o municipios o en los organismos descentralizados, excepto quienes hayan desarrollado actividades relacionadas con la docencia;

No ser ni haber sido miembro de algún partido político nacional, estatal o de alguna asociación política, en el período de tres años anteriores al día de su postulación;

No haber sido registrado como candidato para algún cargo de elección popular en un término de cinco años anteriores a su designación;

No encontrarse sujeto a concurso de acreedores, suspensión de pagos o quiebra; y

Ser de reconocida honorabilidad.

En este orden de ideas, encontramos al analizar cada uno de los documentos contenidos en los expedientes, que únicamente cinco de las treinta y dos propuestas cumplen con los requisitos establecidos tanto en la convocatoria como en la propia Ley Electoral del Estado.

En virtud de lo anterior y para los efectos de la fracción II del artículo 229 de la Ley Electoral del Estado, los diputados que suscribimos el presente dictamen nos permitimos presentar al pleno de esta Soberanía, el listado de los ciudadanos que cumplieron con los requisitos legales contenidos tanto en la convocatoria como en la Ley Electoral del Estado de Nuevo León, a fin de que se continúe con el procedimiento establecido en la referida ley hasta la designación de los magistrados del Tribunal Electoral del Estado de Nuevo León, proponiendo a los mismos en el siguiente orden:

Como Magistrados Numerarios:

Lic. Arturo Salinas Salinas

Lic. Guillermo Campuzano Zambrano

Lic. Guillermo Guzmán de la Garza

Como Magistrados Supernumerarios:

Lic. Graciela Buchanan Ortega

Lic. Pedro Treviño García"

V. El treinta de octubre del presente año, el Pleno de la LXIX Legislatura del Estado de Nuevo León, celebró sesión ordinaria, en la cual se incluyó la discusión de la designación de los magistrados que conformarían el Tribunal Estatal Electoral, lo que quedó consignado en el acta respectiva, que en lo que concierne se transcribe a continuación:

"ACTA NÚM. 238 DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA H. SEXAGÉSIMA NOVENA LEGISLATURA AL CONGREGO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN. CELEBRADA EL DÍA 30 DE OCTUBRE DE 2002, CORRESPONDIENTE AL PRIMER PERÍODO ORDINARIO DE SESIONES, DEL TERCER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL.

PRESIDENCIA DEL C. DIP.

ÁNGEL ELISEO CANO GARZA

EN LA CIUDAD DE MONTERREY, CAPITAL DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, SIENDO LAS DIEZ HORAS CON DIEZ MINUTOS, DEL DÍA 30 DE OCTUBRE DE 2002, CON LA ASISTENCIA DE 42 LEGISLADORES EL C. PRESIDENTE DECLARÓ ABIERTA LA SESIÓN.

DANDO LA BIENVENIDA A UN GRUPO DE ALUMNOS DE DIVERSOS SEMESTRES DE LA PREPARATORIA 15 UNIDAD MADERO.

EL C. SECRETARIO DIO LECTURA AL ORDEN DEL DÍA, APROBADO EN LA SESIÓN ANTERIOR.- INTERVINO EL DIP. JESÚS GUADALUPE HURTADO RODRÍGUEZ SOLICITANTDO MODIFICACIÓN AL MISMO, PARA INCLUIR ANTES DE ASUNTOS EN CARTERA UN PUNTO RELATIVO PARA LA DESIGNACIÓN DE LOS MAGISTRADOS DEL TRIBUNAL ELECTOTRAL DEL ESTADO, SECUNDADO POR EL DIP. JUAN CARLOS RUÍZ GARCÍA.- INTERVINIERON CON DIVERSOS SEÑALAMIENTOS Y PROPUESTAS RESPECTO AL CONTENIDO DEL ORDEN DEL DÍA, LOS C. C. DIPUTADOS: MIGUEL ÁNGEL SÁNCHEZ OBREGÓN, HÉCTOR HUMBERTO GUTIÉRREZ DE LA GARZA, MARCELA GUERRA CASTILLO, INTERVINIERON CON MOCIONES LOS DIPUTADOS: RAMÓN SALAS LÓPEZ, ANTONIO PERALES ELIZONZO, JOSÉ FRANCISCO HERNÁNDEZ SÁNCHEZ…..

EN EL MOMENTO EN QUE EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL SÁNCHEZ OBREGÓN CONTINUABA CON SU EXPOSICIÓN EN LA TRIBUNA EN LA QUE HABÍA SOLICITADO LA LECTURA DEL ARTÍCULO 63 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA LOCAL Y ESTANDO EN LA LECTURA DE LA FRACCIÓN XIV, LOS ASISTENTES EN LAS GALERÍAS LA MAYORÍA DEL BARZÓN QUE PROTESTABAN POR LAS TARIFAS DEL AGUA, CONTINUABAN EXTERNANDO A CORO DIVERSAS PROTESTAS.- POR LO MISMO, EL PRESIDENTE DECRETÓ UN RECESO POR TIEMPO INDEFINIDO, SOLICITANDO A LOS C. C. DIPUTADOS ESTAR AL PENDIENTE DEL LLAMADO DE LA PRESIDENCIA.- SUSPENDIENDO LA SESIÓN A LAS ONCE HORAS CON CINCUENTA Y CUATRO MINUTOS.

TRANSCURRIDO EL RECESO, EL PRESIDENTE REANUDÓ LA SESIÓN SIENDO LAS TRECE HORAS CON OCHO MINUTOS, SOLICITANDO AL C. SECRETARIO PASARA LISTA DE ASISTENCIA PARA VERIFICAR EL QUÓRUM LEGAL, INTERVINO CON UNA MOCIÓN EL DIPUTADO HÉCTOR HUMBERTO GUTIÉRREZ DE LA GARZA RESPECTO AL RECESO.- VERIFICADO EL QUÓRUM LEGAL CON LA ASISTENCIA EN ESE MOMENTO DE 41 DIPUTADOS. EL PRESIDENTE REINICIÓ LA SESIÓN, SOLICITANDO AL SECRETARIO CONTINUARA CON LA LECTURA DEL ARTÍCULO 63.- INTEVINO MIGUEL ÁNGEL SÁNCHEZ OBREGÓN QUIEN CONTINUABA EN LA TRIBUNA, SOLICITANDO SE VUELVA A LEER EL ARTÍCULO DESDE EL PRINCIPIO.- TERMINADA LA LECTURA DE LAS 49 FRACCIONES DEL ARTÍCULO 63 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA LOCAL.- INTERVINO CON UNA INTERPELACIÓN DEL DIP. ABRAHAM COLUNGA FLORES.- FINALMENTE EL DIP. MIGUEL ÁNGEL SÁNCHEZ OBREGÓN SEÑALÓ QUE EL CONTENIDO DEL ARTÍCULO 63 NO FACULTA PARA VIOLENTAR LOS ACUERDOS, Y RESPECTO AL ARTÍCULO 54 FRACCIÓN IV OBLIGA A LA DIRECTIVA A CUMPLIR CON EL ORDEN DEL DÍA, POR LO MISMO SEÑALÓ QUE LA ENTRADA A LA SOLICITUD DEL DIPUTADO JESÚS GUADALUPE HURTADO VIOLENTA EL ACUERDO TOMADO EN LA SESIÓN ANTERIOR.- INTERVINO JUAN CARLOS RUIZ GARCÍA BASADO EN DIVERSOS DIARIOS DE DEBATES, EN LOS QUE SE SEÑALA QUE EN OTRAS OCASIONES YA SE HABÍA DADO EL CASO DE MODIFICAR EL ORDEN DEL DÍA.- INTERVINO HÉCTOR HUMBERTO GUTIÉRREZ DE LA GARZA SOLICITANDO SE INSTRUYA A LA OFICIALÍA MAYOR QUE ATIENDA EQUITATIVAMENTE EN LAS PETICIONES DE LOS GRUPOS LEGISLATIVOS DEL PRI, PRD Y PT.- EL PRESIDENTE RECOGIÓ EL PLANTEAMIENTO SEÑALANDO QUE LA OFICIALÍA MAYOR HARÁ LO PROPIO CON LOS INTEGRANTES DE LA LEGISLATURA.- FUE APROBADO EL ORDEN DEL DÍA CON LA MODIFICACIÓN SEÑALADA POR MAYORÍA DE 22 VOTOS A FAVOR, 18 VOTOS EN CONTRA Y 1 ABSTENCIÓN. INTERVINO CON UNA MOCIÓN EL DIP. HÉCTOR HUMBERTO GUTIÉRREZ SOLICITANDO LA LECTURA DEL ORDEN DEL DÍA MODIFICADO. ASIMISMO SOLICITO QUE SE HAGA CONSTAR EN EL ACTA QUE EL DIPUTADO JOSÉ ARTURO SALINAS GARZA QUIEN ESTA EXCUSADO EMITIÓ SU VOTO A FAVOR DEL ACUERDO.- INTERVINO JOSÉ ARTURO SALINAS SEÑALANDO QUE SE EXCUSO DE PARTICIPAR EN LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN RESPECTO AL ASUNTO DEL EXPEDIENTE 1921 DE LA DESIGNACIÓN DE LOS MAGISTRADOS DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO.-

A CONTINUACIÓN SE DIO LECTURA AL ACTA CORRESPONDIENTE, LA CUAL FUE APROBADA POR UNANIMIDAD.

COMO SIGUIENTE PUNTO, DESIGNACIÓN DE LOS MAGISTRADOS DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO.-INTERVINO EL DIP. JOSÉ ARTURO SALINAS GARZA, COMUNICANDO QUE COMO LO HIZO MESES ANTES, AL EXCUSARSE EN LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, REITERA SU EXCUSA PARA EFECTOS DE LA DISCUSIÓN Y VOTACIÓN DEL DICTAMEN CORRESPONDIENTE.- TAMBIÉN REITERÓ SU EXCUSA EL DIP. AMÉRICO A. RAMÍREZ RODRÍGUEZ RESPECTO AL EXPEDIENTE EN MENCIÓN.

ACTO SEGUIDO, INTERVINO CON UNA MOCIÓN EL DIP. SANTIAGO GONZÁLEZ SOTO RESPECTO AL TIEMPO DE DURACIÓN DE LA SESIÓN.- POR LO MISMO EL PRESIDENTE SOMETIÓ A VOTACIÓN SI SE PROLONGABA LA SESIÓN.-FUE APROBADA POR MAYORÍA DE 22 VOTOS A FAVOR Y 13 ABSTENCIONES DE QUE SE PROLONGUE LA SESIÓN.- INTERVINO EL DIP. JUAN CARLOS RUIZ GARCÍA, PROPONIENDO SE PROLONGUE LA SESIÓN HASTA AGOTAR EL PUNTO DE LA ELECCIÓN DE LA DIRECTIVA QUE FUNGIRÁ DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2002, SECUNDADO POR EL DIP. HUGO SALAZAR MATA.- INTERVINIERON CON MOCIONES LA DIP. MARCELA GUERRA CASTILLO Y EL DIP. PEDRO MORALES SOMOHANO.- FUE APROBADA LA PROPUESTA POR MAYORÍA DE 21 VOTOS A FAVOR Y 13 ABSTENCIONES.

ACTO SEGUIDO, EL C. DIP. JUAN CARLOS RUIZ GARCÍA, SOLICITO LA DISPENSA DEL TRÁMITE ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 49 DEL REGLAMENTO INTERIOR PARA DAR LECTURA AL DICTAMEN RELATIVO A LA DESIGNACIÓN DE LOS MAGISTRADOS QUE INTEGRARÁN EL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN.- ACORDÁNDOSE PROPONER COMO MAGISTRADOS NUMERARIOS A LOS C. C. LIC. ARTURO SALINAS SALINAS, GUILLERMO CAMPUZANO ZAMBRANO Y GUILLERMO GUZMÁN DE LA GARZA, COMO MAGISTRADOS SUPERNUMERARIOS A LOS C. C. LIC. GRACIELA BUCHANAN ORTEGA Y PEDRO TREVIÑO GARCÍA.- INTERVINIERON CON MOCIONES AL INICIO DE LA SOLICITUD DE DISPENSA DE TRÁMITE LOS C. C. DIPUTADOS: HÉCTOR HUMBERTO GUTIÉRREZ DE LA GARZA Y MIGUEL ÁNGEL SÁNCHEZ OBREGÓN EL PRIMERO SOLICITANDO EL NÚMERO DE CUARTILLAS QUE CONSTABA EL DICTAMEN Y EL SEGUNDO, SEÑALANDO QUE EL DICTAMEN NO FUE TURNADO A LOS DIPUTADOS DEL PRI PARA SU FIRMA.- ACTO SEGUIDO, FUE APROBADA LA DISPENSA DEL TRÁMITE ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 49 DEL REGLAMENTO, POR MAYORÍA DE 21 VOTOS A FAVOR, 19 EN CONTRA. INTERVINO EL DIP. HÉCTOR HUMBERTO GUTIÉRREZ CON UNA MOCIÓN RESPECTO A LA VOTACIÓN ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 141 DEL REGLAMENTO INTERIOR.- INTERVINIERON CON MOCIONES LOS C. C. DIPUTADOS: JOSÉ HUMBERTO SÁNCHEZ GUTIÉRREZ, MIGUEL ÁNGEL SÁNCHEZ OBREGÓN, SANTIAGO GONZÁLEZ SOTO, ANTONIO PERALES ELIZONDO, ABRAHAM COLUNGA FLORES.- ENSEGUIDA, SE PROCEDIÓ CON LA DISCUSIÓN DEL DICTAMEN, INTERVINIENDO LOS C. C. DIPUTADOS: HÉCTOR HUMBERTO GUTIÉRREZ DE LA GARZA, ABRAHAM COLUNGA FLORES Y SANTIAGO GONZÁLEZ SOTO EN CONTRA; JOSÉ HUMBERTO SÁNCHEZ GUTIÉRREZ A FAVOR.- ENSEGUIDA SE CONSIDERÓ SUFICIENTEMENTE DISCUTIDO EL DICTAMEN POR MAYORÍA DE 21 VOTOS A FAVOR Y 19 VOTOS EN CONTRA.- INTERVINO CON UNA MOCIÓN EL DIP. HÉCTOR HUMBERTO GUTIÉRREZ DE LA GARZA RESPECTO DE LA VOTACIÓN.- ENSEGUIDA SE LLEVÓ A CABO EL PROCEDIMIENTO DE LA VOTACIÓN MEDIANTE CÉDULA RESULTANDO 21 VOTOS A FAVOR Y 19 VOTOS EN CONTRA. EN CONSECUENCIA EL PRESIDENTE SEÑALÓ QUE AL NO ALCANZAR LA VOTACIÓN POR CONSENSO Y POR ENDE TAMPOCO LAS DOS TECERAS PARTES DEL PLENO SE INICIA EL PROCEDIMIENTO DE DESIGNACIÓN POR INSACULACIÓN DE LOS MAGISTRADOS ANTES CITADOS Y EN VIRTUD DE NO EXISTIR DEFINICIÓN ALGUNA SOBRE EL PROCESO QUE ESTABLECE LA LEY ELECTORAL POR INSACULACIÓN, SOLICITO A LA SECRETARIA DIERA A CONOCER LA DEFINICIÓN DE LA PALABRA INSACULACIÓN COMO LO ESTABLECE LA REAL ACADEMIA DE LA LENGUA ESPAÑOLA.- INTERVINIERON DANDO SUS PUNTOS DE VISTA LOS C. C. DIPUTADOS: HÉCTOR HUMBERTO GUTIÉRREZ DE LA GARZA, PEDRO VÁZQUEZ GONZÁLEZ Y ABRAHAM COLUNGA FLORES.-

ACTO SEGUIDO, EN ESE MOMENTO LOS DIPUTADOS DE LOS GRUPOS LEGISLATIVOS DEL PRI, PRD, Y PT ABANDONARON LA SESIÓN.

LLEVADO A CABO EL PROCEDIMIENTO POR INSACULACIÓN FUERON DESIGNADOS MAGISTRADOS NUMERARIOS DE LA SIGUIENTE MANERA: PRIMERO, LIC. PEDRO TREVIÑO GARCÍA, SEGUNDO, LIC. GRACIELA BUCHANAN ORTEGA; TERCERO, LIC. ARTURO SALINAS SALINAS, Y MAGISTRADOS SUPERNUMERARIOS: CUARTO, LIC. GUILLERMO CAMPUZANO ZAMBRANO Y QUINTO, LIC. GUILLERMO GUZMÁN DE LA GARZA.- EFECTUADO LO ANTERIOR, EL C. PRESIDENTE SOLICITÓ SE ELABORARA EL ACUERDO CORRESPONDIENTE QUE ENTRARA EN VIGOR AL MOMENTO DE SU APROBACIÓN.

ACTO SEGUIDO, INSTRUYO AL OFICIAL MAYOR PARA QUE LLAME A LOS MAGISTRADOS ELECTOS A FIN DE QUE ACUDAN A RENDIR LA PROTESTA DE LEY ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 63 FRACCIÓN XVI DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA LOCAL, DECRETANDO UN RECESO.- SUSPENDIENDO LA SESIÓN A LAS QUINCE HORAS CON VEINTICUATRO MINUTOS.

TRANSCURRIDO EL RECESO, EL PRESIDENTE REANUDO LA SESIÓN SIENDO LAS DIECISÉIS HORAS CON DIECISIETE MINUTOS, CON LA ASISTENCIA DE 22 LEGISLADORES, DESIGNANDO UNA COMISIÓN DE DIPUTADOS PARA QUE ACOMPAÑEN HASTA EL RECINTO OFICIAL A LOS MAGISTRADOS ELECTOS.- DECRETANDO UN RECESO.

TRANSCURRIDO EL RECESO, ENCONTRÁNDOSE PRESENTES LOS MAGISTRADOS NUMERARIOS Y SUPERNUMERARIOS, RINDIERON SU PROTESTA DE LEY, EXTERNÁNDOLES EL PRESIDENTE FELICITACIONES POR SU NOMBRAMIENTO.- ENSEGUIDA DESIGNÓ UNA COMISIÓN DE DIPUTADOS PARA QUE LOS ACOMPAÑEN HASTA LA SALIDA DEL RECINTO.

SE CONTINUÓ CON EL ORDEN DEL DÍA ..............

VI. Como consecuencia de la sesión descrita en el resultando anterior, en lo que corresponde a la designación de magistrados, el Congreso del Estado expidió el acuerdo 363, que a la letra señala:

EL H. CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE NUEVO LEÓN, LXIX LEGISLATURA, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE CONCEDE EL ARTÍCULO 63, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA LOCAL, EXPIDE EL SIGUIENTE:

ACUERDO

NÚM......363

Artículo Primero.-Con fundamento en los Artículos 63 Fracción XLVI de la Constitución Política del Estado y 229 de la Ley Electoral del Estado de Nuevo León, se designan como Magistrados del Tribunal Estatal Electoral a los siguientes:

Como Magistrados Numerarios:

Lic. Pedro Treviño García

Lic. Graciela Guadalupe Buchanan Ortega

Lic. Arturo Salinas Salinas

Como Magistrados Supernumerarios:

Lic. Guillermo Campuzano Zambrano

Lic. Guillermo Guzmán de la Garza

Artículo Segundo.-Los Magistrados designados en el Artículo anterior durarán en su encargo, el período que establece el Artículo 228 de la Ley Electoral del Estado de Nuevo León vigente.

TRANSITORIO

Artículo Primero.- El presente Acuerdo entrará en vigor al momento de su aprobación.

Artículo Segundo.- Una vez aprobada la designación, mándese llamar a los Magistrados designados a fin de que rindan la protesta de ley de acuerdo a lo establecido en el Artículo 63 Fracción XVI de la Constitución Política del Estado de Nuevo León

Por lo tanto envíese al Ejecutivo del Estado, para su publicación en el Periódico Oficial del Estado.

Dado en el Salón de Sesiones del H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, en Monterrey, su Capital, a los treinta días del mes de octubre del dos mil dos.

El mismo treinta de octubre del año en curso, los magistrados designados rindieron la protesta de ley para desempeñar el cargo, según consta en el acuerdo número 364 expedido por el Congreso del Estado.

VII. Inconforme con esa asignación, a las diecisiete horas con diez minutos del día tres de noviembre del presente año, el Partido Revolucionario Institucional, por conducto de C. María Cristina Díaz Salazar, presidenta del Comité Directivo Estatal en Nuevo León, promovió, juicio de revisión constitucional electoral expresando los siguientes argumentos:

Que por medio del presente escrito y con fundamento en los artículos 14, 16, 41, 99 y 116, párrafo segundo, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 1°, 2°, 3°, párrafos 1 y 2, inciso d), 4°, 6°, 7°, 8°, 9°, 12, párrafo 1, inciso a), 13, párrafo 1, inciso a), fracción II, 17, 86, 87, 88, 90 y demás relativos y aplicables a la (sic) Ley General de Medios de Impugnación en Materia Electoral, vengo a promover JUICIO DE REVISIÓN CONSTITUCIONAL en contra de la designación que LXIX Legislatura del Estado hizo de los magistrados para conformar el Tribunal Estatal Electoral en Nuevo León con motivo del proceso electoral local 2002 – 2003, toda vez que la misma irroga perjuicios graves a mi representado y a los ciudadanos nuevoleonenses, en razón de que su integración tiene un vicio de origen, se aparta de los principios básicos que deben regir en todo proceso electoral, violándose una serie de disposiciones constitucionales federales y locales, que afectan el desarrollo del proceso electoral, por lo que atento a lo dispuesto por el artículo 86 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, procedo a manifestar lo siguiente:

El acto que por esta vía se combate es definitivo y ha adquirido firmeza, en razón de que quien lo emite es la Legislatura LXIX de Nuevo León, acto contra el cual, a nivel estatal, no existe medio de impugnación o recurso alguno por el que pueda combatirse con objeto de que el mismo se revoque, modifique, o en su defecto, se confirme, de tal suerte que atendiendo a la Tesis de Jurisprudencia emitida por esta H. Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación identificada con el número S3ELJ 04/2001, es que solicito que esta máxima autoridad en materia electoral entre a conocer los actos que se reclaman.

El acto reclamado emitido por la responsable (Legislatura LXIX de Nuevo León) viola preceptos fundamentales como son los artículos 14, 16, 41 y 116, párrafo segundo, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, causando un perjuicio grave y directo al Partido que represento, quien además como entidad de interés público, acredita también su interés jurídico, respecto de que esa actuación afecta al proceso electoral en su conjunto y a los ciudadanos nuevoleoneses, que como sociedad o grupos amorfos pueden ver representados sus intereses a través de los partidos políticos, dada su naturaleza jurídica prevista en el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Al respecto este H. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación establece la siguiente tesis de jurisprudencia:

JUICIO DE REVISIÓN CONSTITUCIONAL ELECTORAL, INTERPRETACIÓN DEL REQUISITO DE PROCEDENCIA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 86, PÁRRAFO 1, INCISO B), DE LA LEY DE LA MATERIA (Se transcribe)

Por otra parte, es claro que la violación reclamada a la responsable puede ser determinante para el resultado de la elección, en razón de que la designación de los magistrados electorales, por sustentarse en una serie de violaciones constitucionales, además de ser un factor que afecta los principios básicos que rigen en materia electoral, dado que se produjeron infracciones substanciales al procedimiento de designación (lo que provoca un vicio de origen), causaría serios problemas de equidad en la contienda entre los que en ella participan, fundamentalmente, cuando fueron exclusivamente designados por legisladores del Partido Acción Nacional, quienes ven representados sus intereses en los magistrados que seleccionaron, haciendo uso indebido, para esos fines, (adicionales a la inobservancia del procedimiento claramente identificado en la ley electoral) de la mayoría de votos que representan en la Legislatura, lo que además de distorsionar la finalidad de la representación de la sociedad nuevoleonés, protegidos en una supuesta mayoría que no existió, dolosamente llevaron a cabo la infracción sistemática a la ley.

Adicionalmente, la determinancia para el desarrollo del proceso electoral, se sustenta cuando corresponde al Tribunal Estatal Electoral de Nuevo León, entre otras cosas, resolver todas las controversias correspondientes al proceso electoral, a través de los medios de impugnación en materia electoral que se prevén en la Ley Electoral vigente en el Estado, lo que sin duda, al contemplarse que es a este órgano a quien se le atribuye esa gran responsabilidad, es que el presente juicio, por los vicios invocados, encuentra sustento jurídico y de procedencia.

El acto que se reclama es válidamente reparable, dado que su designación (con un vicio de origen claramente configurado) se da con motivo de un acto preparatorio y de organización previo al proceso electoral, específicamente, en la etapa preparatoria, misma que culmina el día en que se celebra, a la hora señalada por la norma, la jornada electoral, para que una vez que se verifique ésta, se de paso al desarrollo de los actos posteriores a la elección (en donde, por ministerio de ley, conocerán y resolverán, entre otras cosas, sobre los medios de impugnación que se presenten respecto de los cómputos Estatal, distritales y municipales, así como sobre las declaraciones de validez de la elección de Gobernador, diputados y miembros de ayuntamientos, y su respectiva entrega de constancias de mayoría); etapas en las que actuarán de forma continuada, revisando los actos y resoluciones que al efecto sean impugnados por los diversos contendientes en los comicios, propiciando de manera adicional que, al ser designados como indebidamente lo hizo la LXIX Legislatura, se irrogue un perjuicio grave y directo, no sólo al Partido Político que en este acto represento, sino además a la sociedad nuevoleonés, quienes al ejercer su derecho de voto el día de la jornada electoral, no verán garantizado su libre, secreto, personal e intransferible sufragio, ya que el mismo podrá ser objeto de las diversas revisiones parciales, iniquitativas, dependientes y nada objetivas por parte de quienes representan los intereses de un solo contendiente, en la especie el Partido Acción Nacional, ostentando un cargo de jueces y parte en el desarrollo del proceso.

Lo anterior es así, cuando este H. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha establecido, primero, en su tesis de jurisprudencia número S3ELJ/04/2001, que la designación de los órganos encargados de organizar las elecciones o de resolver las controversias derivadas de los comicios locales son actos que deben considerarse como propios de la "…organización y preparación de las elecciones, en un sentido amplio y no únicamente restringido a los actos que, ya iniciado el proceso electoral, se llevan a cabo previamente al día en que habrá de realizarse la jornada electoral correspondiente.", y segundo, por que dentro del criterio sostenido en el expediente SUP-JRC-391/2000, visible en la foja 48 de dicha resolución, sostuvo que:

"No es obstáculo para lo anterior, el hecho que los consejeros ciudadanos ratificados por el decreto multicitado, ya hayan rendido protesta de ley ante el H. Congreso del Estado, respecto del nuevo periodo, como lo informó el Presidente de la Diputación Permanente del H. Congreso del Estado de Yucatán, a través de su escrito del cuatro de octubre del año en curso, toda vez que la limitante que se establece en el artículo 86, párrafo 1, inciso e), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, relativa a que la reparación sea factible antes de la fecha constitucional o legalmente prevista para la instalación de los órganos o la toma de posesión de los funcionarios electos, se refiere únicamente a los órganos y funcionarios que son electos en los comicios que se celebran para renovar a los poderes públicos, concretamente el legislativo y el ejecutivo, en el ámbito local o municipal, es decir, se refiere a que los ciudadanos electos no hayan tomado posesión o los órganos formados con motivo del proceso electoral respectivo hayan tomado posesión, por lo que, es claro, que en el presente asunto no opera dicha limitante, puesto que en el caso concreto se refiere a la integración del organismo público que precisamente se encargará de la organización de las elecciones locales."

La designación de los magistrados por parte de la legislatura LXIX en el Estado de Nuevo León, son actos propios de la organización y preparación de las elecciones, por tanto, cuando observamos que los mismos no están apegados de manera completa a las disposiciones normativas en materia electoral, entonces, ello constituye una infracción que afecta no sólo a los partidos políticos contendientes, sino también a la sociedad en su conjunto, quien al igual que los partidos necesita tener certeza de que su sufragio será plenamente respetado por los órganos encargados tanto de la organización de las elecciones en el Estado como de aquellos que tienen la responsabilidad de resolver en su oportunidad los medios de impugnación que se promuevan, salvaguardando la legalidad de los actos y en sí de todos los principios rectores del proceso electoral a que deben estar sujetas las actuaciones de las autoridades electorales administrativas y jurisdiccionales, incluyendo, por supuesto, los actos emitidos por ellas; esto es así, ya que al no estar garantizada esta circunstancia respecto de las autoridades jurisdiccionales (magistrados electorales) por haber sido designadas con un vicio de origen, generan, como consecuencia lógica, que sus actos y resoluciones sean inconstitucionales e ilegales, las cuales, sin duda, favorecerán a una de las partes en el proceso electoral, propiciando una incertidumbre e inseguridad jurídica a los partidos políticos como el Revolucionario Institucional y a los ciudadanos que pretendan participar en el proceso electoral.

Tal circunstancia ha sido adoptada por este H. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la siguiente Tesis de Jurisprudencia:

AUTORIDADES ELECTORALES LOCALES ENCARGADAS DE ORGANIZAR LAS ELECCIONES O DE RESOLVER LAS CONTROVERSIAS DERIVADAS DE LOS COMICIOS LOCALES. SU DESIGNACIÓN FORMA PARTE DE LA ORGANIZACIÓN DEL PROCESO ELECTORAL. (Se transcribe).

En tal sentido, es evidente que el interés jurídico del Partido Revolucionario Institucional que en este acto represento, no sólo se limita a que la designación hecha de forma irregular por la responsable le causa un agravio directo, sino que también, justifica la presente actuación al proteger para ello los intereses de la sociedad nuevoleonés, quien en términos estrictamente legales se consideran intereses colectivos, de grupo o difusos, que tienen como características definitorias corresponder a todos y cada uno de los integrantes de comunidades de personas indeterminadas, comunidades que crecen y disminuyen constantemente, carecen de organización, de representación común, y de unidad en sus acciones, y respecto de cuyos intereses colectivos, de grupo o difusos, la ley no prevé medio de impugnación alguno por el cual puedan combatir los actos de la etapa organizativa o de preparación de los comicios, de tal manera que es aquí cuando los partidos políticos son considerados los entes jurídicos idóneos para deducir las acciones colectivas descritas, porque tal actividad encaja perfectamente dentro de los fines constitucionales de éstos, en cuanto a entidades de interés público, creadas, entre otras cosas, para promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación nacional, y como organizaciones de ciudadanos hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo, en cuyos procesos se deben observar invariablemente los principios de constitucionalidad y legalidad, mismos a quienes también se les confiere la legitimación preponderante para hacer valer los medios de impugnación previstos en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

Ello ha quedado sustentado en la siguiente Tesis de Jurisprudencia emitida por este H. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación:

PARTIDOS POLÍTICOS NACIONALES. PUEDEN DEDUCIR ACCIONES TUITIVAS DE INTERESES DIFUSOS CONTRA LOS ACTOS DE PREPARACIÓN DE LAS ELECCIONES (Se transcribe).

En tales condiciones el ámbito de competencia de este Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación esta plenamente acreditado, a partir de los planteamientos anteriormente señalados, máxime cuando existe precedente similar, en donde este máximo órgano jurisdiccional en materia electoral sostuvo dentro del expediente SUP-JRC-391/2000, la fundamentación y motivación para entrar al estudio de un caso relativo a la legislatura del Estado de Yucatán, en contra de la ratificación de consejeros electorales locales, mismo que en su parte conducente sostiene:

CONSIDERANDO

PRIMERO. Esta Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es competente para conocer y resolver el presente medio de impugnación en materia electoral, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 99, párrafo cuarto, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 186, fracción III, inciso b), y 189, fracción I, inciso e), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como 4 y 87 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, en virtud de que se trata de un juicio de revisión constitucional electoral promovido por un partido político en contra de la resolución de un Congreso local que actuó como autoridad electoral de una entidad federativa, a efecto de integrar al órgano competente para organizar y calificar los comicios locales.

En efecto, el acto que se impugna consiste en la ratificación de los actuales consejeros ciudadanos y del secretario técnico del Consejo Electoral del Estado de Yucatán hasta por un periodo electoral más, la cual fue realizada por el Congreso de la referida entidad federativa, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 86 del Código Electoral del Estado de Yucatán, lo que implica que la actuación del órgano legislativo local es un acto materialmente administrativo de carácter electoral, lo cual cabe dentro del ámbito material de validez de las disposiciones citadas, como se razona a continuación.

En primer término, es necesario señalar que se reconoce ampliamente tanto por la jurisprudencia del poder judicial federal como por la doctrina, que los poderes públicos realizan actos que pueden ser considerados desde dos puntos de vista: Uno formal y otro material. El primero, el formal, atiende a la naturaleza propia del órgano que emite el acto, en tanto que el segundo, el material, atiende a la naturaleza intrínseca del propio acto, a afecto de considerarlo administrativo, legislativo o jurisdiccional.

En el presente caso, si bien el acto impugnado es un acto formalmente legislativo, al haber sido emitido por el Congrego del Estado de Yucatán, lo cierto es que se trata de un acto materialmente administrativo electoral, a través del cual se ejerce una atribución prevista en una ley, ya que, en la especie, se está frente a la ratificación de los integrantes de los consejeros ciudadanos y el secretario técnico que integran el Consejo Electoral del Estado de Yucatán, por dicha legislatura local, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 86, fracción VI, del Código Electoral del Estado de Yucatán.

Ahora bien, en el presente asunto es inconcuso que se está frente a un acto, genéricamente considerado, que es determinante para el desarrollo del proceso electoral respectivo, consistente en la señalada ratificación, la cual finalmente se traduce en la integración del órgano superior de dirección del Instituto Electoral del Estado de Yucatán, mismo que, en términos del artículo 79 del código electoral local, es un organismo público autónomo, de carácter permanente, con personalidad jurídica y patrimonio propios, depositario de la autoridad electoral y responsable del ejercicio de la función estatal de organizar las elecciones. Esta misma aserción se puede corroborar a través de lo preceptuado en el artículo 84 del referido ordenamiento electoral local, en el cual se dispone que el Consejo Electoral del Estado es el órgano superior de dirección, responsable de vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en materia electoral, así como de velar porque los principios de certeza, legalidad, imparcialidad y objetividad determinen todas las actividades del Instituto Electoral del Estado.

La determinación del Congreso local relativa a la integración del Consejo Electoral del Estado, a través de la ratificación de sus actuales miembros, se constituye en un acto de carácter evidentemente electoral que se dictó en preparación al proceso electoral que habrá de iniciar en el presente mes de octubre. En este sentido, la ratificación que realizó el poder legislativo local, respecto de los consejeros ciudadanos y el secretario ejecutivo integrantes del Consejo Electoral del Estado de Yucatán, es un acto que debe considerarse propiamente de organización y preparación de las elecciones, en un sentido amplio y no únicamente restringido a los actos que, ya iniciado el proceso electoral, se llevan a cabo previamente al día en que habrá de realizarse la jornada electoral correspondiente.

En efecto, la integración del referido órgano electoral local no puede ser entendido de otra forma, pues evidentemente el propósito de integrar al órgano superior de dirección del organismo electoral local responsable del ejercicio de la función estatal de organizar las elecciones, se constituye en un acto de preparación a lo que habrá de ser el proceso electoral en esa entidad federativa, máxime que, en el artículo 86 del Código Electoral del Estado de Yucatán, se dispone que los consejeros ciudadanos serán designados por el Congreso del Estado, a más tardar el último día de septiembre del año previo al de la elección, es decir, en el mes previo a aquel en que inicia el proceso electoral, en términos del artículo 144 del mismo ordenamiento electoral local. Esta inmediatez entre el nombramiento de los integrantes del Consejo Electoral del Estado y el inicio del proceso electoral local, evidencia que la determinación que se tomo respecto de cómo habrá de quedar integrado el referido Consejo, es un acto tendente precisamente a la organización del proceso electoral respectivo que se realiza en preparación de la elección, pues efectivamente ese es el sentido que tiene, atendiendo a una interpretación sistemática y funcional del referido artículo 86, más no sólo a una interpretación gramatical del artículo 144 del código electoral local, como la que pretende el Partido Revolucionario Institucional al acudir como tercero interesado.

Lo anteriormente razonado lleva a considerar que el Congreso del Estado de Yucatán, exclusivamente respecto del acto impugnado en el presente medio de impugnación que materialmente constituye un acto administrativo por el cual se ejerce una atribución prevista previamente en una ley, para designar, o bien, ratificar a los integrantes del Consejo Electoral del Estado, es autoridad electoral responsable para efectos del juicio de revisión constitucional electoral y, como consecuencia de ello, el acto que impugna el ahora actor es susceptible de ser objeto de conocimiento de esta Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en términos de lo señalado en los artículos 99, párrafo cuarto, fracción IV, de la Constitución Federal; 186, fracción III, inciso b), y 189, fracción I, inciso e), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como 4 y 87 de la ley adjetiva federal.

Ahora bien, es necesario tener en consideración que en la iniciativa de reformas y adiciones en materia electoral y del Distrito Federal, a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentada por los coordinadores de los Grupos Parlamentarios de los partidos políticos representados en la Cámara de Senadores, así como por el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, el veinticinco de julio de mil novecientos noventa y seis, expresamente se proponía que el Tribunal Electoral también conociera de aquellos actos o resoluciones de las autoridades electorales locales que vulneraran los preceptos establecidos en la propia Constitución federal.

Asimismo, en la iniciativa se señaló que el mecanismo que se proponía es respetuoso de nuestro sistema federal, al prever que esta vía sólo procediera cuando hubiera violaciones directas a la Constitución federal y en casos determinados que, por su trascendencia, ameritaran ser planteados ante esta instancia jurisdiccional.

Sobre el particular, en el Dictamen a la minuta con proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, elaborado por las Comisiones Unidas de Gobernación, Primera Sección, Puntos Constitucionales, Distrito Federal y Estudios legislativos, Primera Sección, de la Cámara de Senadores, respecto de la iniciativa antes precisada, particularmente cuando se hace referencia al perfeccionamiento de la justicia electoral, se sostuvo lo siguiente:

El concepto de "justicia electoral" posee varias connotaciones. En su acepción más difundida alude a los diversos medios jurídicos y técnicos de control, para garantizar la regularidad de las elecciones al efecto de corregir errores o infracciones electorales. La finalidad esencial ha sido la protección auténtica o tutela eficaz del derecho a elegir o bien, a ser elegido para desempeñar un cargo público, mediante un conjunto de derechos establecidos a favor de los ciudadanos, candidatos o partidos políticos, para pedir o enmendar cualquier violación que afecta la libre expresión de la voluntad ciudadana manifestada a través del voto.

En un sentido amplio, la "justicia electoral" se refiere a todas aquellas medidas encaminadas a la realización de la democracia representativa, mediante la celebración de elecciones periódicas y justas, a través del sufragio universal, libre y secreto para alcanzar una adecuada integración de los órganos de representación política, que garanticen y fomenten la libertad de asociación, reunión y expresión de las ideas políticas, acceso equitativo al financiamiento de las campañas y respeto al pluralismo.

El proceso de juridicidad del derecho no es ajeno a la expectativa liberal de limitación del poder, sometiéndolo al derecho. No. Basta, para completar el panorama de la nueva legitimación liberal del poder, con que su ejercicio quedara sometido al derecho, es necesario igualmente que el propio acceso al poder se realice mediante un procedimiento reglado. Las normas que disciplinan los procesos electorales tienen que configurarse como verdaderas normas jurídicas para que pueda hablarse de un verdadero Estado de Derecho. Debemos recordar que el principio de legalidad es piedra angular sobre la que se levantan las elecciones.

Las normas que disciplinan los procesos electorales tienen que configurarse como verdaderas normas jurídicas para que pueda hablarse de un verdadero Estado de Derecho. Debemos recordar siempre que el principio de legalidad es la piedra angular sobre la que se levantan las elecciones y cuya observancia es de importancia fundamental en todo Estado de Derecho, ya que constituye la adecuación de toda conducta, a los vigentes ordenamientos jurídicos.

Es por ello que todas las fases del proceso electoral deben ajustarse estrictamente a las normas jurídicas aplicables y a su recta interpretación, desde la fase previa del registro empadronamiento de los ciudadanos con derecho al sufragio, hasta la etapa casi final de la decisión de los recursos y el paso definitivo de la calificación electoral. En ningún momento el proceso electoral debe abandonar el cauce legal. Debemos evitar de una vez y para siempre que los conflictos postelectorales se diriman al margen del derecho y que se destierren las negociaciones cupulares que negocian, al margen de la voluntad ciudadana, los votos emitidos.

En estos momentos, cuando efectivamente se trata de someter al derecho y a la revisión de los tribunales el acceso al poder además de su ejercicio, se pretende completar el círculo que delimita la legitimidad y la legalidad democráticas. El poder al que se le exige legitimidad por el origen y legitimidad en el ejercicio, las consigue mediante el sometimiento a la legalidad, misma que garantiza la justicia en los procesos de acceso al poder y la democraticidad de los mismos. Por ello mismo, se busca que el principio de legalidad quede plenamente incorporado a nuestra legislación electoral.

En este sentido, las propuestas que contiene la iniciativa que hoy se dictamina representan un avance trascendental para la consolidación de una verdadera justicia electoral. Por principio de cuentas, se incorpora plenamente el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y lo hace como un órgano especializado del mismo y a sus integrantes se les dará el mismo tratamiento que a los demás integrantes de este poder.

Conforme con lo antes expuesto, al establecerse en el artículo 99, párrafo cuarto, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que al Tribunal Electoral le corresponde resolver, en forma definitiva e inatacable, en los términos de la Constitución y según lo disponga la ley, sobre las impugnaciones de actos o resoluciones definitivas y firmes de las autoridades competentes de las entidades federativas para organizar y calificar los comicios, que puedan resultar determinantes para el desarrollo del proceso respectivo o el resultado final de las elecciones, debe interpretarse en forma amplia y no limitada, pues no proceder así implicaría ir en contra del propósito perseguido por el poder revisor de la Constitución, al realizar las reformas constitucionales en materia electoral en MIL NOVECIENGTOS NOVENTA Y SEIS, EN EL SENTIDO DE SUJETAR CUALQUIER ACTO RELATIVO A LA ORGANIZACIÓN Y REALIZACIÓN DE LAS ELECCIONES PARA RENOVAR a los poderes públicos, tanto federales como locales, al principio de legalidad, y para lo cual es necesario que, en caso de existir una posible irregularidad, la misma sea sometida al conocimiento del órgano jurisdiccional correspondiente a efecto de que exista pleno respecto del mismo. En este sentido, es importante tener presente que en dicho dictamen expresamente se evidencia el propósito de que respecto de "todas aquellas medidas encaminadas a la realización de la democracia representativa" (por lo cual es claro que la integración de un organismo electoral, en ejercicio de una atribución legal, es decir, que estaba prevista en una ley, es una de esas medidas), se debe permitir la actualización de ese control de constitucionalidad contemplado en la Constitución Federal a cargo de la Sala Superior, para que revise "la adecuación de toda conducta", si bien no propiamente realizada dentro de una de "las fases del proceso electoral", pero que por la relevancia del acto de autoridad, genérica y materialmente entendido como administrativo, realizado por el Congreso del Estado de Yucatán, desde luego, es susceptible de impugnarse por medio del juicio de revisión constitucional electoral, ya que nítidamente está comprendido en el ámbito material de validez de la norma constitucional en la que se prevé la competencia genérica del Tribunal Electoral ["…actos …definitivos y firmes de las autoridades competentes de las entidades federativas para organizar y calificar los comicios o resolver las controversias que surjan durante los mismos, que puedan resultar determinantes para el desarrollo del proceso respectivo…" ( artículo 99, párrafo cuarto, fracción IV)]. En este orden de ideas, debe tenerse presente que el recto sentido de la norma por la cual se delinea la competencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y que ahora aquí se estudia para considerar que está comprendido el acto realizado por el Congreso del Estado de Yucatán, viene delimitado también por el principio que parte del artículo 17, párrafos primero y segundo, de la Constitución federal, cuando se establece que está prohibida la autocomposición y se establece el derecho a la tutela judicial efectiva para el individuo.

Además, en adición a lo antes señalado, es necesario precisar que en el artículo 41, párrafo cuarto, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el poder revisor de la Constitución dispuso que para garantizar los principios de constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones electorales, se establecería un sistema de medios de impugnación, que tendría entre sus propósitos el de dar definitividad a las distintas etapas de los procesos electorales.

En este mismo sentido, el artículo 86 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral debe ser interpretado atendiendo a lo dispuesto en los artículos 2 y 3 de la misma ley, es decir, cuando, en el primero de los citados artículos, se dispone que el juicio de revisión constitucional electoral procederá para impugnar actos o resoluciones de las autoridades competentes en las entidades federativas para organizar y calificar los comicios locales, en una interpretación sistemática y funcional, así como considerando que el sistema de medio de impugnación en materia electoral tiene por objeto garantizar que todos los actos y resoluciones de las autoridades electorales se sujeten invariablemente, según corresponda, a los principios de constitucionalidad y de legalidad, es necesario considerar que en el caso concreto, como ya se ha señalado, el Congreso del Estado de Yucatán actuó como autoridad electoral, teniendo presente que la ratificación que realizó, respecto de los consejeros ciudadanos y el secretario ejecutivo integrantes del Consejo Electoral del Estado de Yucatán, es un acto que debe considerarse como de organización de las elecciones, en un sentido amplio, sin restringirlo únicamente a los actos que, dentro del proceso electoral, se llevan a cabo previamente al día en que habrá de realizarse la jornada electoral correspondiente.

Asimismo, es necesario tener presente la tesis relevante de esta Sala Superior, identificada con la clave S3EL 040/97, cuyo rubro es PRINCIPIO DE LEGALIDAD ELECTORAL, visible en las páginas 58 y 59 de Justicia Electoral Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Suplemento N° 1, año 1997, y en la cual se sostiene que, de conformidad con las reformas a los artículos 41, fracción IV; 99, párrafo cuarto; 105, fracción II, y 116, fracción IV, incisos b) y d), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en términos de los artículos 186 y 189 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y 3°. de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, se estableció un sistema integral de justicia en materia electoral cuya trascendencia radica en que, por primera vez, en el orden jurídico mexicano se prevén los mecanismos para que todas las leyes, actos y resoluciones electorales se sujeten invariablemente a lo previsto en la Constitución federal y, en su caso, las disposiciones legales aplicables, tanto para proteger los derechos político electorales de los ciudadanos mexicanos como para efectuar la revisión de la constitucionalidad o, en su caso, legalidad de los actos y resoluciones definitivos de las autoridades electorales federales y locales.

Interpretar de otra manera las disposiciones antes referidas, como lo pretenden sostener los terceros interesados y la propia autoridad responsable, implicaría que pudieran existir actos o resoluciones evidentemente de carácter electoral, con trascendencia en el desarrollo del proceso electoral y en el resultado mismo de los comicios, que no podrían ser del conocimiento y resolución por parte del órgano jurisdiccional electoral federal, lo que implicaría que en esos casos pudieran darse violaciones al principio de legalidad, que no serían susceptibles de ser impugnadas y, en su caso, reparadas a través de uno de los medios de impugnación en materia electoral previstos constitucional y legalmente, con lo que se estaría desatendiendo el propósito del constituyente permanente, mismo que ha quedado evidenciado en las citas antes precisadas.

Conforme con lo anteriormente razonado, es claro que esta Sala Superior tiene competencia para conocer y resolver respecto de la impugnación planteada en contra de la ratificación de los consejeros ciudadanos y el secretario ejecutivo que integran el Consejo Electoral del Estado de Yucatán, determinada por el Congreso del Estado."

HECHOS

PRIMERO.- El miércoles 12 de junio de 2002, se publicó en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León, la Convocatoria emitida por la legislatura del Estado para la designación de los cinco magistrados que conformarían el Tribunal Electoral del Estado.

SEGUNDO.- Conforme a los plazos previstos en la Convocatoria, se recibieron del 15 de junio al 16 de julio del presente año, 32 propuestas de candidatos para magistrados electorales.

TERCERO.- El día 19 de julio del año en curso, el Pleno de la Legislatura turnó a la Comisión de Gobernación y Organización Interna de los Poderes, los expedientes que se integraron conforme a cada solicitud que fue presentada para " …su estudio y dictamen…" según puede apreciarse del dictamen general emitido por dicha Comisión y remitido, posteriormente, al Pleno.

CUARTO.- Los días 28 y 29 de octubre de 2002, la Comisión de Gobernación y Organización Interna de los Poderes, celebró sesión con objeto de someter a consideración de los presentes el dictamen general – por cierto irregular – que se emitió sobre las solicitudes que procedieron, tal y como queda probado con la prueba técnica que al respecto exhibimos a este escrito, sin que para ello se pusiera a consideración, como debía ser, los 32 dictámenes correspondientes a las 32 solicitudes presentadas.

Para esos efectos, el Presidente de la Comisión de Gobernación y Organización Interna de los Poderes, sin motivar y fundar él por qué de las improcedencias de 27 expedientes, se limitó de manera inexplicable a manifestar en lo abstracto y difuso, que únicamente 5 habían cumplido con los requisitos, de los cuales tampoco señaló, de forma motivada y fundada, por qué se había considerado que éstos expedientes si habían cumplimentado con lo requerido por la Convocatoria, casos en los cuales tampoco se señaló la forma en que lo acreditaron, ni de qué manera fue sometido, valorado y desarrollado el estudio individualizado de cada solicitud, ni por quién.

Esto es, nunca se fundó ni motivó por qué eran procedentes unos expedientes y por qué eran improcedentes otros, dónde no cumplían los requisitos y dónde si, es decir, no se señalan las causas particulares, circunstancias especiales o razones inmediatas para sustentar la procedencia del dictamen con los cinco supuestos aspirantes que sí alcanzaron, a dicho de la Comisión integrada con legisladores panistas, el cumplimiento de los requisitos legales (los cuales por cierto, contenían dos nombres de personas que guardan relación consanguínea o laboral con dos diputados quienes se excusaron para conocer sobre todo lo relativo a este punto desde la publicación de la Convocatoria).

Ante este hecho se manifestó por otros legisladores (que no son de extracción panista) que, al analizar otros expedientes se había considerado la posibilidad que 23 candidatos sí cumplían con los requisitos para ser considerados por el Pleno, por lo que se proponía la revisión de expediente por expediente a fin de determinar quiénes sí cumplían los requisitos señalados y quiénes no, lo que atrajo, como consecuencia, que los diputados panistas, incluyendo el Presidente de la Comisión, Diputado Alfredo Garza Reyna, se negaron aceptar siquiera su revisión y discusión correspondiente y haciendo uso inadecuado de su mayoría representativa en la Comisión (6 legisladores de extracción panista vs. 4 legisladores de extracción priísta y 1 legislador de extracción petista), simplemente decidieron no entrar a la revisión de todos y cada uno de los expedientes presentados, por lo que procedieron a la votación correspondiente para ser turnado al pleno de la legislatura.

Cabe llamar la atención que la falta de fundamentación y motivación es conculcatoria de derechos básicos de los ciudadanos aspirantes y de quienes participan en la decisión para integrar el Tribunal Estatal Electoral: los partidos políticos, representados en la Legislatura y los cuales participarán en la elección para renovar los poderes del Estado en los próximos comicios; de tal suerte que cuando un órgano encargado de resolver las controversias que surjan en materia electoral, no garantiza la equidad, la imparcialidad, la objetividad, la legalidad y la independencia de sus actos, por ser designado de manera ilegal, impide la participación equilibrada de los partidos políticos en la contienda. Dicho equilibrio debe ser observado desde el momento mismo de la integración de los órganos responsables de organizar las elecciones y de resolver las controversias en materia electoral a nivel estatal. Tal criterio, incluso ha sido sostenido por este Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la resolución emitida dentro del expediente identificado como SUP-JRC-391/2000, visible en su foja 41, en donde se expresa claramente que " …el propósito perseguido con el establecimiento del referido artículo 86 del código electoral local, va en el sentido de que la designación de los consejeros ciudadanos que habrán de integrar el Consejo Electoral del Estado de Yucatán requiere de contar con el mayor consenso posible entre los distintos partidos políticos, por lo que no puede ser realizada por un solo partido político, así sea éste quien tenga el mayor número de diputados en la legislatura."

QUINTO.- Que el día martes 29 de octubre del presente año, se sometió a consideración de los legisladores integrantes del Pleno, la modificación para el inicio de la sesión a celebrarse el día siguiente, con objeto de que en lugar de iniciar a las once horas como señala los artículos 79 y 89 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, ésta tuviera verificativo a las diez horas, el cual fue aprobado por unanimidad de los asistentes.

SEXTO.- Que el 30 de octubre de 2002, el Pleno de la LXIX Legislatura del Estado de Nuevo León, celebró sesión ordinaria a las diez horas, tal y como se había acordado en la sesión del 29 del mismo mes y año, por el Pleno del Congreso Estatal.

El diputado Jesús Guadalupe Hurtado Rodríguez, solicitó la inclusión en la orden del día del punto relativo a la designación de los magistrados que conformarían el Tribunal Estatal Electoral en Nuevo León, tal y como podrá acreditarse con el acta de sesión y la prueba técnica que al respecto anexo al presente, consistente en el video casete número 1 de 4.

Cabe señalar a este máximo órgano jurisdiccional en materia electoral, que en sesión celebrada el martes 11 de junio de 2002, los diputados Arturo Salinas Garza y Américo Alejandro Ramírez Rodríguez, solicitaron el uso de la palabra, con objeto de manifestar su excusa para conocer, en lo subsecuente, de todo lo relativo al punto por el que designa a los magistrados del Tribunal Estatal Electoral en Nuevo León.

No obstante lo anterior, cuando en sesión de fecha 30 de octubre del presente año, finalizó el debate sobre la inclusión o no del punto relativo a la designación de los magistrados del Tribunal Estatal Electoral en Nuevo León, se sometió a votación de los legisladores presentes el contenido de la orden del día, votando ilegalmente e incongruentemente, hecho que fue consentido por el Presidente de la Mesa Directiva, diputado Ángel Eliseo Cano Garza, el diputado Arturo Salinas Garza, quién, como hemos dicho, se excusó de conocer sobre el punto en particular, por tener un interés incompatible con el mismo, violentado así el contenido del artículo 142 del Reglamento para el gobierno Interior del Congreso, tal y como puede acreditarse en el acta correspondiente de dicha sesión y en el video casete 2 de 4. La orden del día se aprobó con la inclusión del punto correspondiente, por 22 votos de los integrantes del grupo parlamentario de Acción Nacional.

En ese sentido, atento a la previsión contenida en los artículos 135 y 141, inciso a), del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, todos los asuntos se resolverán a mayoría simple de votos de los presentes, es decir, si en el presente caso existían 42 asistentes, dos de los cuales estaban excusados para votar, entonces la mayoría simple se alcanza "… con la mitad más uno de los diputados asistentes a la sesión.", esto es, con 22 diputados de 42 que fueron debidamente registrados por la Secretaría de la Mesa Directiva de la Legislatura del Estado.

Efectivamente, si había 42 diputados cuya asistencia fue registrada, es claro que la mayoría simple equivale a 22 votos, sin embargo, si dos de los 42 diputados asistentes estaban excusados, entonces, el sentido de su voto, para todos los efectos normativos, se toma como abstención, dada la naturaleza jurídica de cómo opera la excusa.

Así las cosas, si el Pleno no contaba con la votación correspondiente, es que con ello se violó el procedimiento para la inclusión del punto de la orden del día propuesto, ya que este H. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación podrá observar que al primer momento en que se toma la votación, se llega a penas a 20 votos, sin que para ello votarán los diputados Arturo Salinas Garza y Américo Alejandro Ramírez Rodríguez, y al dar cuenta el Secretario de la Mesa Directiva de cuántos votos fueron emitidos, el Presidente de la misma, diputado Ángel Eliseo Cano Garza y el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional reparan inmediatamente para que se vuelva a tomar la votación, y de manera ilegal, el Presidente de la Mesa en un acto claramente para favorecer los intereses de su grupo parlamentario, vuelve a solicitar la votación, en donde, aparecen de pronto 22 votos, en los cuales se cuenta el sufragio emitido por el diputado Arturo Salinas Garza, quien indebidamente vota ante la desesperación de que se sometiera a consideración el punto donde él expresamente se había excusado para participar. Por ello es importante que este órgano jurisdiccional se dé cuenta de que en realidad se contaba con 21 votos, lo que evidentemente no representaba de ninguna forma la mayoría simple.

Cabe hacer del conocimiento de esta H. Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que la excusa acogida por el diputado Arturo Salinas Garza, se sustenta en que el mismo es hijo (parentesco en línea recta) de quien fue ilegalmente designado magistrado electoral numerario, C. Arturo Salinas Salinas.

Por otro lado, la excusa del diputado Américo Alejandro Ramírez Rodríguez, se sustentó en que éste trabajó o mantuvo una relación laboral con Pedro Treviño García, aspirante a ser magistrado del Tribunal Estatal Electoral, quien casualmente también fue designado (de manera ilegal) como magistrado numerario.

Se llama la atención de este H. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, para que observe, en detalle, las coincidencias que se plantean, entre quienes casualmente se excusaron para conocer del tema por tener algún interés con algunos de los aspirantes, ya sea por ser familiares o por haber sostenido una relación laboral, y de quienes finalmente resultaron designados magistrados.

Ahora bien, en acto seguido, el Presidente de la Mesa Directiva de la Legislatura del Estado, concedió el uso de la palabra al diputado Juan Carlos Ruiz (del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional) quien solicitó la dispensa de trámite para el conocimiento de los integrantes del pleno del punto relativo a la designación de los magistrados del Tribunal Estatal Electoral, atento a lo previsto en el artículo 49, en relación con los diversos 135 y 141 inciso a), del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso.

Cabe señalar que la dispensa de trámite implica que de no aprobarse ésta por mayoría simple de los asistentes a la sesión, el documento debe ser circulado a todos los miembros del Pleno para su conocimiento y posterior discusión, dicho de otra manera, el dictamen general –por cierto ilegal– debió ser, cuando menos, circulado con veinticuatro horas de anticipación a la sesión en la que se someterá a consideración de los integrantes del Pleno. Hecho que nunca sucedió así, dado que en la Comisión de Gobernación y Organización Interna de los Poderes, aunque fue presentado a los integrantes de la misma, no implica, obviamente que fuera del conocimiento de todos los diputados del pleno.

Ahora bien, cabe recordar que en la sesión de fecha 30 de octubre del presente año, se registraron 42 diputados asistentes, tal y como puede constatarse en el acta y el diario de debates de esta fecha, así como en la prueba técnica que al efecto adjunto.

Si de acuerdo a lo previsto en los artículos 49, en relación con los diversos 135 y 141, inciso a), del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, para la dispensa del trámite en relación al punto propuesto, se requería la mayoría simple para su aprobación, ello significaba que por lo menos hubieran (sic) 22 votos a favor de la misma.

Si tomamos en cuenta que dos diputados, Arturo Salinas Garza y Américo Alejandro Ramírez Rodríguez, se habían excusado de conocer, entonces su votación, por la naturaleza jurídica de la excusa, equivale a la abstención, por lo que el Partido Acción Nacional contaba únicamente con 21 votos correspondientes al resto de los diputados de ese grupo parlamentario, sin embargo, de nueva cuenta el Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, violentando flagrantemente el procedimiento, dio por aprobada la dispensa que se comenta, declarando válida la misma con apenas 21 votos de 42 asistentes, obviamente, sin alcanzar la mitad más uno, tal y como exige el artículo 141 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso.

SÉPTIMO.- Que una vez que ilegalmente se aprueba la inclusión en la orden del día la designación de los magistrados del Tribunal Estatal Electoral y la dispensa de trámite, respectivamente, el Presidente de la Mesa Directiva, procedió bajo flagrante (sic) procedimiento a someter a consideración el dictamen general, el cual no está ni fundado ni motivado debidamente.

Después de las discusiones correspondientes, el Presidente de la Mesa Directiva de la Legislatura, al pedir la votación para la aprobación del dictamen, señala que el mismo es válido con apenas 21 votos de 42 los asistentes, en contra de 19 votos que lo desaprobaron, es decir, no cumple nuevamente con la mayoría simple que exige el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso y da por aprobado el dictamen.

Es necesario hacer un alto aquí para señalarte a esta H. Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, otras irregularidades importantes.

Cuando se somete a consideración el dictamen, el mismo es para determinar, como lo señala la ley, quién de los aspirantes sí cumplen con los requisitos y quién no (con su correspondiente fundamentación y motivación), sin embargo, como podrá desprender este órgano máximo en materia jurisdiccional electoral federal, la ilegalidad comienza, respecto de este punto del dictamen, en que el mismo además de señalar quién cumplió y quién no, según la Comisión de Gobernación, va más allá, porque los diputados (de extradición panista) que resolvieron en la sesión del 29 de octubre del presente año e integrantes de la Comisión de Gobernación y de Organización Interna de los Poderes, que además son los únicos que suscriben el dictamen, adicionalmente a la aprobación de dichos registros, proponen cómo deben ser designados, violentando la disposición contenida en los artículos 44 de la Constitución Política del Estado y 229, fracción II, de la Ley Electoral del Estado, ya que un primer momento es el dictamen por si sólo sin que se proponga algún tipo de integración; un segundo momento es determinar la integración del Tribunal Estatal Electoral con los que sí cumplieron los requisitos, a través del método de consenso; un tercer momento es que no logrando la elección por consenso, se pasa a la conformación del Tribunal entre los que sí cumplieron los requisitos con la votación de las dos terceras partes de los integrantes del Congreso (28); y un cuarto y último momento, es que no cumpliendo lo anterior, los mismos deben insacularse.

Lo anterior no seria trascendente, si los que cumplieron los requisitos hubieran sido electos por consenso, empero ello resulta sumamente trascendental, cuando a partir de la presentación del dictamen por la Comisión de Gobernación suscrito únicamente por los diputados del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, dolosamente el Presidente de la Mesa Directiva del Congreso, pretende, ilegalmente, pasar por alto dos momentos relevantes e inmediatos a la a probación del dictamen, uno el de conformar el Tribunal por consenso y otro el de intentar alcanzar la integración de este con la mayor participación y consenso posible a partir de votación que se alcance con las dos terceras partes de los integrantes de la Legislatura.

Efectivamente, el Presidente de la Mesa Directiva sin observar el procedimiento previsto en los artículos 44, párrafo cuarto, de la Constitución Política del Estado y el artículo 229, fracción II de la Ley Electoral del Estado de Nuevo León, y apoyándose en una ilicitud clara y contundente, determinó la presentación del dictamen con la aprobación de únicamente con 21 votos, el dictamen ya traía – ilegalmente – una propuesta de integración, la cual, a juicio del Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara, al haberse aprobado (el dictamen con la propuesta) con sólo 21 votos, entonces ello significó para él que no se llegó al consenso y, en consecuencia, de manera automática, tampoco se había cumplido con las dos terceras parte para su integración, inobservando los preceptos mencionados, pasando ipso facto a la insaculación.

Esto es, el presidente no siguió correctamente el procedimiento de integración del Tribunal Estatal Electoral, primero porque de manera irregular somete a consideración un dictamen que contiene una propuesta de integración, lo cual no debió ser así, sino que únicamente se tenía que haber presentado los aspirantes que cumplían con los requisitos sin que se dijera quién para qué cargo, con objeto de dejar, después de esto, que en un primer momento los partidos políticos integrantes de la Legislatura intentarán la conformación con los cinco aspirantes que sí cumplían con los requisitos de manera consensada, o bien, designar, por lo menos, de manera consensada aquellos aspirantes que no hubieran tenido alguna objeción por parte de los legisladores de los diferentes grupos parlamentarios integrantes de la Cámara; de no haber sido así, lograr en la medida de lo posible la designación de los aspirantes a magistrado con, por lo menos, las dos terceras partes de los diputados integrantes de la Cámara; y en un tercer momento, insacular a los aspirantes.

Nada de ello aconteció, por el contrario, el Presidente de la Mesa Directiva, ilegalmente se arrogó atribuciones interpretativas de la norma constitucional y legal, estableciendo que al haber sido aprobado el dictamen con sólo 21 diputados (que no fue así, dado que la asistencia fue de 42 diputados), y el mismo al contener una propuesta de integración del Tribunal (que no debía estar dentro del dictamen de procedencia de registros), consideraba que la propuesta no estaba consensada y, consecuentemente, que no se cubrían las dos terceras partes de los integrantes de la Cámara, para pasar ipso facto a la insaculación, es decir, a la luz del razonamiento jurídico, resulta insostenible la forma en como actúo el Presidente de la Cámara de Diputados en el Estado, que de una interpretación unilateral de la ley, inobservó e incumplió el procedimiento claramente definido por la disposición constitucional y legal (dictamen – consenso para integrar entre las propuestas – de no lograrse intentar que con las dos terceras partes se integre – insaculación).

Pero más grave aún, las irregularidades continuaron, ya que al advertirse las reincidentes y sistemáticas violaciones al procedimiento, los diversos grupos parlamentarios de los partidos Revolucionario Institucional, del Trabajo y de la Revolución Democrática (quedando únicamente los de Acción Nacional), determinaron retirarse del recinto, entonces, el Presidente de la Mesa Directiva de la Legislatura, decide seguir con la insaculación, para ello decide tomar cinco boletas con los nombres de los cinco únicos aspirantes que, a juicio de los diputados que resolvieron aprobar los registros con propuesta de los legisladores de Acción Nacional (que por cierto fueron los que integraron la Comisión de Gobernación, incluyendo su Presidente) conformaría el Tribunal Estatal Electoral.

Como podrá apreciarse del video casete número 3 de 4, los secretarios de la Mesa Directiva (del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional), diputados David Puente Rodríguez (traje gris) y Armando Rodríguez Anguiano (traje negro), respectivamente, quienes flanquean al Presidente de la misma, para llevar a cabo la insaculación, deciden romper con los principios básicos y rectores de todo proceso de elección, la transparencia y legalidad, ya que primero, traen un saco o bolsa de "tela negra", donde colocan cinco tarjetas con los cinco nombres propuestos, por cierto una de ellas (la única) se dobla con el nombre de Guillermo Guzmán de la Garza, las otras se colocan sin mayor dilación dentro del saco, y comienzan a insacular, a su leal saber y entender, obteniendo una integración viciada y al mero interés del Partido Acción Nacional.

AGRAVIOS

PRIMERO.- La responsable cometió un aserie de irregularidades en el procedimiento que constituyen, a su vez, una serie de violaciones constitucionales y legales, fundamentalmente las relativas a los artículos 14, 16, 41, 116, fracciones III y IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 44 de la Constitución Política del Estado; y 229, fracción II, de la Ley Electoral vigente en la entidad.

Efectivamente, la responsable aprobó un dictamen general que atenta en contra de las garantías previstas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal ya que no fundó, ni motivó porque de las 32 solicitudes presentadas en el periodo establecido en la Convocatoria, 27 fueron declaradas improcedentes y 5 procedentes.

En el dictamen que se consideró indebidamente aprobado por 21 diputados de 42 asistentes a la sesión de la Legislatura, mismo que fue presentado por el Presidente de la Comisión de Gobernación y de Organización Interna de los Poderes, prevé literalmente lo siguiente:

HONORABLE ASAMBLEA:

A la Comisión de Gobernación y Organización, Interna de los Poderes, con fundamento en lo establecido en los artículos 44 y 63 fracción XLVI de la Constitución Política del Estado de Nuevo León, así como en el 39 fracción I inciso d) del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado, le fueron turnados en sesión ordinaria de fecha 19 de Julio de 2002, para su estudio y dictamen, los expedientes integrados con motivo de la convocatoria expedida por este H. Congreso del Estado para la designación de los magistrados que integrarán el Tribunal Electoral del Estado de Nuevo León.

En los términos de la convocatoria respectiva, la recepción de propuestas se llevó a cabo del día 15 de junio al día 16 de julio del presente año.

Ahora bien, con el propósito de dar cumplimiento a lo preceptuado en la fracción II del artículo229 de la Ley Electoral del Estado de Nuevo León, los diputados que suscribimos el presente dictamen procedimos a realizar las acciones necesarias a fin de revisar y analizar las propuestas recibidas, así como la documentación que en cada caso se hizo llegar al Congreso del Estado a través de la Oficialía Mayor.

La revisión y análisis llevaba a cabo por los suscritos tuvo como objetivo primordial verificar que los ciudadanos propuestos al cargo de magistrados del Tribunal Electoral del Estado de Nuevo León cumplieran con las bases legales establecidas en la convocatoria mencionada anteriormente, así como los requisitos consignados en los artículos 229 y 230 de la Ley Electoral del Estado de Nuevo León.

Resulta necesario hacer mención de que los treinta y dos ciudadanos propuestos a esta Soberanía son los siguientes:

C. José Ángel González Solís C. Jorge Rolando Treviño Villarreal C. Francisco Javier Guerra Sepúlveda C. Arturo Salinas Salinas C. Hernán Patricio Mora Sáenz C. Leonardo Franco Salinas C. Jesús Alejandro Mena Gaona C. Salvador Reyes Garza C. Jorge Arnoldo Salazar Rodríguez C. Guillermo Guzmán de la Garza C. Pedro Treviño García C. Graciela Buchanan Ortega C. Horacio Tijerina Saldivar C. Nora Leticia Alanís Díaz C. Jacqueline Antun Halun C. María Olivia Chung Vázquez C. Sonia Garza Guajardo C. Graziella Fulvi D´ Pietrogiacomo C. María Guadalupe Palomares Alonso C. Alfonso Gerardo Moreno Cervantes C. Juan Hinojosa Villarreal C. Luis Gerardo Alanís Salinas C. Aidee García Arzavala C. Juanita García Aragón C. Javier Sepúlveda Ponce C. Tomás Eduardo Cantú Aguillén C. Raymundo Ramón Garza C. Spencer René Martínez García C. Rene Barrera Pérez C. Gerardo Salazar Lara C. Guillermo Campuzano Zambrano C. Alberto García Farfán

Del anterior listado, los suscritos diputados integrantes de esta comisión ponente, procedimos a analizar que las personas propuestas para el cargo acrediten los requisitos señalados en los artículos 229 fracción I y 230 de la Ley Electoral del Estado de Nuevo León, los cuales a la letra dicen:

229.-…

I.- El Congreso del Estado expedirá una Convocatoria abierta para la elección de los Magistrados antes del día 15 de junio del año anterior a la elección a la cual deberán concurrir Licenciados en Derecho que reúnan los requisitos señalados en esta ley, con excepción de los poderes, dependencias y funcionarios públicos municipales, estatales y federales, tendrán derecho a presentar propuestas cualquier ciudadano, agrupación u organización social no gubernamentales legalmente constituido. A las propuestas deberán incluir la aceptación por escrito del candidato y el currículum vital del mismo.

230.- Son requisitos para ser Magistrado del Tribunal Electoral del Estado:

I. Ser ciudadano nuevoleonés en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos, inscrito en la lista nominal de electores del Estado y contar con credencial para votar con fotografía;

II. Tener residencia interrumpida en alguno de los Municipios del Estado, no menor de cinco años anteriores a la fecha de su designación, salvo por desempeñar cargos públicos al servicio del Estado o de la Nación o por estar realizando estudios académicos fuera de la entidad. La ausencia por menos de tres meses de la entidad no interrumpe la residencia en el Estado.

III. Tener más de 35 años el día de su designación; ser profesional del derecho con una experiencia mínima de 10 años en el ejercicio de la profesión;

IV. No haber sido condenado por delito intencional

V. No haber desempeñado en el período de cinco años anteriores a su designación ningún cargo o empleo público en la federación, estado o municipios o en los organismos descentralizados, excepto quienes hayan desarrollado actividades relacionadas con la docencia;

VI. No ser ni haber sido miembro de algún partido político nacional, estatal o de alguna asociación política en el período de tres años anteriores al día de su postulación;

VII No haber sido registrado como candidato para algún cargo de elección popular en un término de cinco años anteriores a su designación;

VIII. No encontrarse sujeto a concurso de acreedores, suspensión de pagos o quiebra; y

IX. Ser de reconocida honorabilidad.

En este orden de ideas, encontramos al analizar cada uno de los documentos contenidos en los expedientes, que únicamente cinco de las treinta y dos propuestas cumplen con los requisitos establecidos tanto en la convocatoria como en la propia Ley Electoral del Estado.

En virtud de lo anterior y para los efectos de la fracción II del artículo 229 de la Ley Electoral del Estado, los diputados que suscribimos el presente dictamen nos permitimos presentar al Pleno de esta Soberanía, el listado de los ciudadanos que cumplieron con los requisitos legales contenidos tanto en la convocatoria como en la Ley Electoral del Estado de Nuevo León, a fin de que se continúe con el procedimiento establecido en la referida ley hasta la designación de los magistrados del Tribunal Electoral del Estado de Nuevo León, proponiendo a los mismos en el siguiente orden:

Como Magistrados Numerarios

Lic. Arturo Salinas Salinas

Lic. Guillermo Campuzano Zambrano

Lic. Guillermo Guzmán de la Garza

Como Magistrados Supernumerarios

Lic. Graciela Buchanan Ortega

Lic. Pedro Treviño García

Monterrey, Nuevo León a (sic)

Comisión de Gobernación y Organización

Interna de Poderes

El anterior dictamen, es evidente que infringe la disposición contenida en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal que consagran las garantías básicas de seguridad jurídica y de fundamentación y motivación.

Efectivamente, el artículo 14 de la Constitución establece que nadie puede ser privado de un derecho, sino se acatan, entre otros supuestos, el de cumplir con las formalidades esenciales del procedimiento. Es el caso que, al menos 27 de los ciudadanos propuestos fueron afectados, incluyendo al Partido Revolucionario Institucional y a la sociedad nuevoleonés, representada a través de este Instituto Político en su calidad de entidad de interés público y con representación en la Cámara de Diputados, cuando la autoridad señalada como responsable, sin fundar, ni motivar, simplemente de manera abstracta y general estableció, primero, en la sesión de la Comisión de Gobernación y de Organización Interna de los Poderes, y segundo, en la propia sesión de pleno, que 27 solicitudes de aspirantes no habían cumplido los requisitos de ley, sin establecer las razones particulares, causas inmediatas y circunstancias especiales que los llevó a tomar semejante resolución.

En un primer momento, la Comisión de Gobernación y Organización Interna de los Poderes, con el voto únicamente de los legisladores del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, emitieron, resolvieron y aprobaron un dictamen que no tiene sustento legal alguno, ni motivación específica de las solicitudes presentadas, es más, ni siquiera un dictamen o dictámenes que en lo particular pudieron ser emitidos y, en su caso, haber sustentado el acto que se reclama.

En esas condiciones, cuando la autoridad responsable establece en la publicación en el Diario oficial del Estado, el acuerdo número 363 en el que designa, a partir del dictamen y la insaculación derivada de un procedimiento irregular, a los magistrados del Tribunal Estatal Electoral, es nula de pleno de derecho, ya que para arribar a la misma, se actualizaron una serie de violaciones al procedimiento previsto en los artículos 44 de la Constitución Política del Estado y 229, fracción II, de la Ley Electoral del Estado.

Tal y como lo desarrollamos en el capítulo correspondiente a "hechos", la autoridad responsable, no fundó ni motivó su dictamen, ya que en ningún caso justifica la aprobación, únicamente de cinco ciudadanos aspirantes, dos de los cuales tienen plena relación (comprobada la excusa que los diputados Arturo Salinas Garza y Américo Alejandro Ramírez Rodríguez, hicieron de manera explicita ante el Pleno de la Legislatura) con dos diputados pertenecientes al grupo parlamentario del Partido Acción Nacional en la Cámara de Diputados del Estado de Nuevo León, los cuales "casualmente" obtuvieron su dictamen aprobatorio, primero en la Comisión de Gobernación y Organización Interna de los Poderes, segundo, en el Pleno de la Legislatura, quienes fueron únicamente designados e insaculados por los legisladores de acción nacional. (sic)

Todas las autoridades están sujetas a fundar y motivar sus actos, así como a garantizar la seguridad jurídica de los gobernados, hechos que no fueron tomados en cuenta por la autoridad responsable en ningún momento. La garantía de legalidad rige para todos y cada uno de los actos que al efecto se apliquen con efectos generales y, en particular, para aquellos quienes participan como entidades de interés público en el proceso electoral.

En ese sentido, es claro que la aprobación de un dictamen que era correspondiente, únicamente, a los registros de aquellos casos que cumplieran cabalmente con los requisitos de ley, y no a los que incluyera una propuesta de designación de magistrados, es inválido y en consecuencia nulo, nulidad que acarrea la ilegalidad del Acuerdo número 363 publicado en el Diario Oficial del Estado.

El hecho de que el Presidente de la Mesa Directiva de la legislatura del Estado pretendiera, per fast et nefas (por todos los medio posibles o en una segunda acepción por lo lícito o ilícito) designar únicamente a los cinco miembros de que hablaba el dictamen, constituye una circunstancia que es trascendente para el desarrollo del proceso electoral, máxime cuando se trata de integrar a uno de los órganos del Estado encargado de salvaguardar la legalidad de los actos y la preservación de los principios rectores en materia electoral, factores que se ven trastocados por una ilicitud en la designación de los ciudadanos que los conforman, los cuales no aseguran por ningún medio, dado el modo y la forma en que fueron designados, que eso se cumpla cabalmente.

Ahora bien, por imperativo de lo dispuesto en el principio constitucional de legalidad electoral, con sus consabidos desdoblamientos que obligan a la autoridad a fundar y motivar debidamente sus actos, así como lo previsto en los principios constitucionales de certeza y objetividad, resulta que al no ser observados esos factores mínimos en la revisión y resolución de los expedientes de los aspirantes, es que este Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación debe considerar la necesidad de obligar al Congreso del Estado a cumplir cabalmente con el procedimiento previsto a nivel constitucional local y legal, o bien, a que sea éste máximo órgano jurisdiccional en la materia quien designe, previa revisión de los expedientes correspondientes quiénes cumplen y quiénes no con los requisitos de ley, para propiciar, entre otras cosas, la igualdad entre los aspirantes de competir de manera equitativa y legitima para conformar a los órganos encargados de vigilar y resolver , en su oportunidad, los medios de impugnación que se promuevan en contra de las autoridades administrativas.

Al respecto se ha emitido diversos criterios que señalan la obligatoriedad de fundar y motivar toda resolución que tenga como propósito emitir un acto de molestia.

Novena Época

Instancia: PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO CUARTO CIRCUITO.

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

Tomo: VIII, Diciembre de 1998

Tesis: XIV. 1°. 8k

Página: 1061

JURISPRUDENCIA. ES OBLIGATORIA PARA LAS AUTORIDADES ADMINSITRATIVAS EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE LEGALIDAD QUE DIMANA DEL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL. Si bien los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo que determinan la obligatoriedad de la jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia funcionando en Pleno o en Salas y cada uno de los Tribunales Colegiados de Circuito, se refieren de manera genérica a órganos jurisdiccionales sin hacer mención a las autoridades administrativas, éstas también quedan obligadas a observarla y aplicarla, lo cual se deduce del enlace armónico con que se debe entender el texto del artículo16, primer párrafo, de la Constitución Federal y el séptimo párrafo del artículo 94 de la misma Codificación Suprema; ello porque, por un lado, la jurisprudencia no es otra cosa sino la interpretación reiterada y obligatoria de la ley, es decir, se trata de la norma misma definida en sus alcances a través de un procedimiento que desentraña su razón y finalidad; y por el otro, que de conformidad con el principio de legalidad que consagra la primera de las disposiciones constitucionales citadas, las autoridades están obligadas a fundar y motivar en mandamiento escrito todo acto de molestia, o sea que deberán expresar con precisión el precepto legal aplicable al caso, así como las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del mismo. Por tanto, conjugando ambos enunciados, obvio es que para cumplir cabalmente con esta obligación constitucional, toda autoridad deberá no solamente aplicar la ley al caso concreto, sino hacerlo del modo que ésta ha sido interpretada con fuerza obligatoria por los órganos constitucional y legalmente facultados para ello. En conclusión, todas las autoridades, incluyendo las administrativas, para cumplir cabalmente con el principio de legalidad emanado del artículo 16 constitucional, han de regir sus actos con base en la norma, observando necesariamente el sentido que la interpretación de la misma ha sido fijado por la jurisprudencia.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO CUARTO CIRCUITO.

Revisión fiscal 27/98. Administrador Local Jurídico de Ingresos de Mérida. 1°. De octubre de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretario: Rafael Quero Mijangos.

Octava Época

Instancia: TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEGUNDO CIRCUITO.

Fuente: Semanario Judicial de la Federación

Tomo: VIII-Diciembre

Página: 217

FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. DEBE CONSTAR EN EL CUERPO DE LA RESOLUCIÓN Y NO EN DOCUMENTO DISTINTO. Las autoridades responsables no cumplen con la obligación constitucional de fundar y motivar debidamente las resoluciones que pronuncian, expresando las razones de hecho y las consideraciones legales en que se apoyan, cuando éstas aparecen en documento distinto

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEGUNDO CIRCUITO.

Amparo en revisión 134/91. Fuegos Artificiales de México, S. A. de C. V. 22 de Mayo de 1991, Unanimidad de votos. Ponente: José Ángel Mandujano Gordillo. Secretaria: Julieta María Elena Anguas Carrasco.

Precedente:

Revisión fiscal 21/89. Instituto México del Seguro Social. 19 de abril de 1989. Ponente José Ángel Mandujano Gordillo.

Secretaria: Lidia López Villa.

Octava Época, Tomo III, Segunda Parte-1, pág. 357.

Octava Época

Instancia: SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO.

Fuente: Semanario Judicial de la Federación

Tomo: IV Segunda Parte-2

Tesis: VI. 2°. J/31

Página: 622

FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. Por fundar se entiende que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso, y por motivar que deberán señalarse, claramente las circunstancias especiales, razones o causas inmediatas que se hayan tenido en cuenta para la emisión del acto, siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO.

Amparo directo 194/88. Bufete Industrial Construcciones, S. A. de C. V., 28 de junio de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Álvarez.

Revisión fiscal 103/88. Instituto Mexicano del Seguro Social. 18 de octubre de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: Arnoldo Nájera Virgen. Secretario: Alejandro Esponda Rincón.

Amparo en revisión 333/88. Adilia Romero. 26 de octubre de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: Arnoldo Nájera Virgen.

Secretario: Enrique Crispín Campos Ramírez.

Amparo en revisión 401/88. Enrique Sánchez Pérez. 28 de noviembre de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: José Galván Rojas. Secretario: Vicente Martínez Sánchez.

Amparo en revisión 286/89. Antonio Meza García. 10 de octubre de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: José Mario Machorro Castillo.

Nota: Esta tesis también aparece publicada en al Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, número 22-24, página 259.

SEGUNDO.-La responsable viola el artículo 41 y 116, fracciones III y IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que no se garantiza para los partidos políticos nacionales y la sociedad nuevoleonés un Tribunal Estatal Electoral, independiente, imparcial, objetivo, y comprometido con la legalidad.

Efectivamente, la autoridad electoral infringe el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone que los partidos políticos nacionales tienen derecho de participar en las elecciones locales y municipales, lo que implica, en relación a las disposiciones de carácter estatal, que cuenta con el derecho que le garanticen (sic) equidad en la contienda, de tal suerte que si se atiende al hecho de que el Tribunal Estatal Electoral, al ser conformado por ciudadanos designados de manera irregular, únicamente por legisladores del Partido Acción Nacional, ello implica, sin duda alguna, que su derecho de participación ha sido afectado por la Legislatura del Estado, al impedir el desarrollo de un proceso electoral transparente y equitativo, consecuentemente, la finalidad que se persigue de promover la participación de la sociedad en la vida democrática, a través del voto libre, directo y secreto, mismo que estará condicionado, en un momento dado a que, de ser impugnado por una probable irregularidad ante la instancia que no garantiza la legalidad y la imparcialidad en su función, en razón de estar plenamente identificadas a favor de un diverso partido político que fue quien lo designó de manera exclusiva, ello redundaría en el no respeto al ejercicio del sufragio.

Este H. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha señalado en la sentencia emitida en el expediente SUP-JRC-487/2000 y su acumulado que "…los elementos fundamentales de una elección democrática, cuyo cumplimiento debe ser imprescindible para que una elección se considere producto del ejercicio popular de soberanía, dentro del sistema jurídico-político construido en la Carta Magna y en las leyes electorales estatales, que están inclusive elevadas a rango constitucional, y son imperativos, de orden público, de obediencia inexcusable y no son renunciables. Dichos principios son, entre otros, las elecciones libres, auténticas y periódicas; el sufragio universal, libre, secreto y directo; que en el financiamiento de los partidos políticos y sus campañas electorales prevalezcan los recursos públicos sobre los de origen privado; la organización de las elecciones a través de un organismo público y autónomo; la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad como principios rectores del proceso electoral, el establecimiento de condiciones de equidad para el acceso de los partidos políticos a los medios de comunicación social, el control de la constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones electorales."

Por otra parte, la fracción III del artículo 116 de la Constitución Federal de la República, establece "…El Poder Judicial de los Estados se ejercerá por los tribunales que establezcan las Constituciones respectivas … La independencia de los magistrados y jueces en el ejercicio de sus funciones deberá estar garantizada por las Constituciones y las leyes Orgánicas de los Estados, las cuales establecerán las condiciones para el ingreso, formación y permanencia de quienes sirvan a los Poderes Judiciales de los Estados."; luego entonces, si observamos que la conformación del actual Tribunal Estatal Electoral está alejada de este requisito constitucional básico, dado que derivó de un procedimiento viciado, sujeto a la aplicación inadecuada de la mayoría que está representada en el Congreso, es claro, que los magistrados designados no actuarán independientemente, dado que todos, sin duda, fueron votados por los legisladores del Partido Acción Nacional y designados de manera irregular, a través de una insaculación que tuvo verificativo sin que para ello se agotaran los dos momentos previos relativos al consenso y a las terceras partes.

Es claro que con la figura jurídica del consenso y de las dos terceras partes de los integrantes de la Legislatura, previstos por el artículo 44 de la Constitución Política Estatal en Nuevo León y 229, fracción II de la Ley Electoral del Estado, se garantiza la mayor participación de los partidos políticos en el proceso de designación, evitando que una sola fuerza, como ocurrió en la realidad, por sí misma, adopte esa decisión. Tal y como se encuentra previsto constitucional y legalmente, se asegura de una mejor forma que la designación derive de la participación del mayor número de partidos políticos, porque implica, obviamente, el mayor número de voluntades de las distintas fuerzas políticas que se encuentren representadas en el Seno del Congreso Local, a efecto de que exista el mayor consenso o acuerdo posible respecto de qué ciudadanos deben estar integrando el órgano que resolverá sobre las controversias planteadas, con objeto de garantizar también la autonomía del propio Tribunal Estatal Electoral, así como la independencia e imparcialidad de sus integrantes.

Ello se refuerza ante el hecho de que ni el artículo 44 de la Constitución del Estado, ni el 229, fracción II de la Ley Electoral, establecen que al consensar o votar con las dos terceras partes se tenga que hacer por bloque, es decir, no excluye la posibilidad de estar de acuerdo por unanimidad o bien en sus dos terceras partes de manera parcial. Así, la Legislatura puede pronunciarse de la aprobación o designación de alguno o algunos de ellos, pues no existe en la normatividad electoral local disposición alguna en el sentido de que la designación de los magistrados deba ser total o en bloque, de tal manera que la designación puede operar de manera individual y no por planilla de candidatos o fórmulas en el escenario contrario.

Al haber actuado como lo hizo el Congreso del Estado, fundamentalmente, desde la emisión del dictamen por la Comisión de Gobernación y Organización Interna de los Poderes, que sustenta el acuerdo que se combate, no sólo se impidió que los integrantes del Pleno tuvieran una visión integral de los aspirantes, ya que no basta con que se dijera el nombre de los ciudadanos que cumplían los requisitos, sino que además debía haber una debida explicación de cada caso concreto. Eso, sin duda alguna, constituye una violación al principio de legalidad, porque en todo caso, tanto los que cumplían y no cumplían debían ser expuestos a los integrantes de la Comisión mencionada y en su totalidad a los miembros del Pleno, ello con la única finalidad de que el dictamen contara con la debida fundamentación y motivación, situación que no se dio al romperse con una de las formalidades legales para la designación de los magistrados.

En esas condiciones, la fracción IV del artículo 116, también se vio violentada con la inobservancia a los principios básicos que rigen los procesos electorales locales, consistentes en la legalidad, imparcialidad, objetividad, certeza e independencia, así como el hecho de que las autoridades que tengan a su cargo la organización de las elecciones y las jurisdiccionales que resuelvan las controversias en la materia, gozaran de autonomía en su funcionamiento e independencia en sus decisiones, en razón de que los únicos que resolvieron firmando el dictamen correspondiente en la Comisión de Gobernación y Organización Interna de los Poderes fueron los legisladores del Partido Acción Nacional, los cuales también fueron los que los votaron y designaron por el método de la insaculación.

Al respecto cabe señalar que la legalidad debe estar sujeta para todas las autoridades, como hemos señalado en reiteradas ocasiones, tal y como lo ha sustentado este órgano jurisdiccional federal en la siguiente Tesis de Jurisprudencia:

PRINCIPIO DE LEGALIDAD CONSTITUCIONAL ELECTORAL. ESTÁ VIGENTE PARA TODOS LOS ESTADOS, DESDE EL 23 DE AGOSTO DE 1996. (Se transcribe).

TERCERO.- Hemos reiterado que la responsable violentó lo prescrito para la designación de los magistrados electorales, previsto en el artículo 44 de la Constitución Política de la Entidad y 229, fracción II de la Ley Electoral del Estado, ya que nunca se respetó, verdaderamente, el procedimiento de designación, primero porque se sometió a consideración un dictamen – propuesta de designación, circunstancia que va en contra de la regla prevista para ese fin, ya que la finalidad de emitir un dictamen es para que únicamente se establezca quién de los aspirantes cumple o no los requisitos legales, segundo para que una vez que de forma fundada y motivada se establezca lo relativo al cumplimiento de los requisitos, se lleve a cabo con los partidos políticos representados en la Cámara de Diputados, las tareas tendientes al consenso en la designación, y una vez que la misma no se hubiere alcanzado proceder a ver si por medio de las dos terceras partes de la integración del Pleno, se logra designar a los magistrados, y finalmente, de no proceder las anteriores, entonces proceder a una insaculación transparente y legal, con utilización de ánforas transparentes, no de bolsas de tela negra y dudosas tarjetas, unas dobles y otras no para definir la integración y su consecuente designación.

Lo que se ha dicho es que constitucional y legalmente no se obliga a que los consensos se realicen por bloque, o que las dos terceras partes pueda operar de manera individual y no por listas o fórmulas, ya que la ley no expresa o limita a ello, circunstancia que permitiría la mayor participación de las fuerzas políticas con representación en la legislatura y el consecuente respaldo a los órganos electorales que se conforman, sean para organizar o para resolver las controversias que se presente en materia electoral, objeto que se persigue, sin lugar a dudas, en la disposición constitucional y legal.

Contrariamente a lo anotado, resulta que el Presidente de la Mesa Directiva de la Legislatura, somete a aprobación un dictamen que incluye una designación de magistrados con los únicos cinco aprobados por la Comisión de Gobernación y Organización Interna de los Poderes; aprobación que actualiza un vicio con 21 votos de 42 asistentes, lo que implicaba que el puro dictamen en sí fuera probado por mayoría simple (22), pero erróneamente mezcla el dictamen – propuesta de designación, con el hecho de que al ser aprobado con sólo 21 votos ello significó que no había consenso y consecuentemente no se llegaba a las dos terceras partes de los integrantes de la Cámara, dejando de privilegiar la disposición constitucional y la norma legal, pasando por alto, sin importancia alguna, dichos pasos para que finalizara con un también viciado procedimiento de insaculación.

PRUEBAS

DOCUMENTAL PÚBLICA.-Consistente en certificación expedida por el Secretario de la Comisión Electoral del Estado, ingeniero Juan Francisco Llaguno Farías, por el que se acredita la personalidad de la que se promueve en representación del Partido Revolucionario Institucional.

DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en ejemplar original de la publicación hecha en el Diario Oficial del Estado, de fecha 12 de junio de 2002, por el que se expide la Convocatoria para la designación de los magistrados electorales del Tribunal Estatal Electoral en Nuevo León, por parte de la LXIX Legislatura de esa entidad.

DOCUMENTAL PÚBLICA.-Consistente en ejemplar original sobre la publicación hecha en el Diario Oficial del Estado, de fecha 01 de noviembre de 2002, por el que se expide el acuerdo 363 de la LXIX Legislatura de esa entidad por que quedan designados cinco ciudadanos como magistrados del Tribunal Estatal Electoral.

DOCUMENTAL PRIVADA.-Consistente en copia fotostática, debidamente sellada por la Oficialía Mayor de la Legislatura del Estado, por medio del cual se están solicitando acta circunstancia de la reunión de trabajo de la sesión celebrada por la Comisión de Gobernación y Organización Interna de los Poderes, de fecha 29 de octubre de 2002, convocatoria expedida por el Congreso para la designación de los magistrados del Tribunal Estatal Electoral; documentos expedidos en el expediente número 1921; acta de sesión y diario de los debates de fecha 30 de octubre de 2002, sesión ordinaria del Pleno; video casete de la sesión ordinaria celebrada el 30 de octubre de 2002; y el Decreto por el que se contiene la designación de la Mesa Directiva durante el mes de octubre de 2002.

DOCUMENTAL PRIVADA.-Consistente en copia fotostática, debidamente sellada por la Oficialía Mayor de la Legislatura del Estado, por el que se solicita copia certificada del dictamen emitido por la Comisión de Gobernación y Organización Interna de los Poderes y remitida al Pleno para su incorporación en la orden del día a desahogarse el 30 de octubre de 2002.

DOCUMENTAL PRIVADA.-Consistente en copia fotostática, debidamente sellada por la Oficialía Mayor de la Legislatura del Estado, por medio del cual se están solicitando convocatoria por la reunión de trabajo de la Comisión de Gobernación y Organización Interna de los Poderes, convocada el 26 de octubre, para el lunes 28 y que finalizó el 30 de octubre de 2002; y acta circunstanciada de la reunión de trabajo de la propia Comisión iniciada el 28 de octubre y clausurada el día 30 de octubre.

Las anteriores dos documentales privadas (IV, V y VI), se presentan, a efecto de que sean requeridas a la responsable, en términos del artículo 9, párrafo 1, inciso f) de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

DOCUMENTAL PRIVADA.-Consistente en copia fotostática, en la que consta el dictamen emitido por la Comisión de Gobernación y Organización Interna de los Poderes y remitida al Pleno para su incorporación en la orden del día a desahogarse el 30 de octubre de 2002.

PRUEBA TÉCNICA.-Consistente en 4 video casetes, en el que se pueden observar el desarrollo de la sesión de fecha 30 de octubre de 2002, identificándose plenamente los hechos y personas que en ella intervienen de conformidad con el capítulo de hechos que describe a detalle las personas que intervinieron, los actos que se quieren destacar y los vicios en el procedimiento, todos cometidos por el Presidente de la Mesa Directiva de la Legislatura, sus secretarios en la insaculación, los diputados que estaban excusados para intervenir en todo lo relativo a la designación de los magistrados y que votaron, así como la designación de los magistrados hecha por exclusivamente legisladores del grupo parlamentario de Acción Nacional.

PRUEBA TÉCNICA.- Consistente en 1 video casete, en el que se puede observar el desarrollo de la sesión de fecha 29 de octubre de 2002, de la Comisión de Gobernación y Organización Interna de los Poderes, queda demostrada la incapacidad del Presidente de esta Comisión para, primero, no considerar la discusión en lo particular de las solicitudes presentadas y, segundo, para acreditar que nunca se fundó, ni motivó sobre la procedencia o improcedencia de los registros solicitados por los 32 aspirantes.

DOCUMENTAL PRIVADA.- Consistente en copia fotostática, de la página de Internet del periódico "El Norte", en el que se destaca la inconformidad de diversos aspirantes a quienes sin fundar y motivar se le negó la oportunidad de ser considerados como propuestas al Pleno para ser magistrados electorales, identificada con el encabezado "Aceptados en foros; rechazados para el TEE".

DOCUMENTAL PRIVADA.- Consistente en copia fotostática, de la página de Internet del periódico "El Norte", en el que se destaca la intención de revertir la designación para el Tribunal Estatal Electoral, identificada con el encabezado "Buscarán revertir designación para TEE".

DOCUMENTAL PRIVADA.- Consistente en copia fotostática, del periódico "Milenio", en el que se destaca la elección de magistrados en el Tribunal Estatal Electoral, identificado con el encabezado "Panistas eligen magistrados cómodos en TEE".

DOCUMENTAL PRIVADA.- Consistente en copias fotostáticas simples de las 32 curricula de los ciudadanos aspirantes a Magistrados del Tribunal Estatal Electoral entregados a la Oficialía Mayor del Congreso del Estado de acuerdo con la convocatoria correspondiente.

LA PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA E INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES en todo lo que le favorezca a mí representado.

Por lo anteriormente expuesto, solicito a ustedes señores magistrados:

PRIMERO.- Tenerme por presentado el presente JUICIO DE REVISIÓN CONSTITUCIONAL en tiempo y forma, en contra de la designación que hiciere la LXIX Legislatura del Estado de Nuevo León de los magistrados que conforman el Tribunal Estatal Electoral, reconociendo la personalidad que ostento, así como de los autorizados en términos de este proemio.

SEGUNDO.- Previo los trámites de ley, substanciar el presente medio de impugnación con toda oportunidad y resolver considerando estimados los agravios aquí expuestos, para que se revoque el dictamen y acuerdo número 363 aprobados por la Legislatura del Estado y en los que se sustenta de manera ilegal la designación de los cinco ciudadanos para integrar el Tribunal Estatal Electoral en Nuevo León.

TERCERO.- Tomar en cuenta lo trascendente que resulta esta circunstancia, para que la misma sea resuelta a la brevedad posible."

VIII. Por escrito presentado el siete de noviembre del presente año, compareció con el carácter de tercero interesado, el Partido Acción Nacional, por conducto del Ing. Carlos Domínguez Ahedo, Presidente del Comité Directivo Estatal en Nuevo León.

IX. Recibidas las constancias respectivas por este órgano jurisdiccional, por proveído del ocho de noviembre de dos mil dos, el Presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se turnó el presente expediente para los efectos a que se refieren los artículos 19 y 92 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, turno que se cumplimentó mediante oficio numero TEPJF-SGA-2297/02, de la misma fecha, suscrito por el Secretario General de Acuerdos de este órgano jurisdiccional.

X. El ocho de noviembre último se recibió en la oficialía de partes de esta Sala Superior, el escrito signado por la C. María Cristina Díaz Salazar, mediante el cual ofreció diversas pruebas supervenientes, consistentes en copia certificada del acta de la reunión de la comisión de gobernación y organización interna de los poderes, celebrada el seis de noviembre de dos mil dos y grabación de audio de la referida reunión.

XI. El nueve de noviembre del presente año se recibió en la oficialía de partes de esta Sala Superior el escrito signado por el Diputado Joel Ibarra Ortegón, Presidente del Congreso del Estado de Nuevo León, por medio del cual, remite la siguiente documentación: a) copia del Diario Oficial del Estado de fecha doce de junio del año en curso; b) copia certificada del Dictamen de la Comisión de Gobernación y Organización Interna de los Poderes y c) copia certificada del acta número treinta de dicha comisión del veintiocho de octubre del 2002.

XII. Por proveído de catorce de noviembre de dos mil dos, el Magistrado Electoral encargado de la instrucción del presente asunto, requirió a la C. María Cristina Díaz Salazar, Presidenta del Comité Directivo Estatal en Nuevo León, para que remitiera a esta Sala la documentación necesaria para acreditar que tiene facultades para ejercer la representación del Partido Revolucionario Institucional.

XIII. Mediante escrito presentado el dieciocho de noviembre pasado en la oficialía de partes de esta Sala Superior, el Diputado Joel Ibarra Ortegón, Presidente del Congreso del Estado de Nuevo León, remitió copias simples de diversos documentos de los aspirantes a magistrados que fueron presentadas junto con sus propuestas ante el Congreso del Estado, documentación que se integra en los tomos I/IV a IV/IV, del expediente en substanciación.

XIV. Con el propósito de dar plena vigencia a la garantía de audiencia, brindándoles la oportunidad de acudir a la presente instancia, como terceros interesados al proceso respectivo, mediante auto de veintisiete de noviembre de dos mil dos, formulado por el Magistrado Electoral encargado de la substanciación del presente expediente, se acordó dar vista a los a los integrantes del Tribunal Estatal Electoral del Estado de Nuevo León, designados por la LXIX Legislatura del Estado, licenciados Pedro Treviño García, Graciela Guadalupe Buchanan Ortega y Arturo Salinas Salinas, quienes fueron designados como magistrados numerarios, así como a los licenciados Guillermo Campuzano Zambrano y Guillermo Guzmán de la Garza, como supernumerarios con las copias certificadas de: el escrito presentado por el Partido Revolucionario Institucional, mediante el cual interpone el presente juicio de revisión constitucional electoral; auto del día catorce de noviembre del año dos mil dos, por medio del cual se requiere a la C. Maria Cristina Díaz Salazar, para que acredite tener la representación del Partido Revolucionario Institucional; cumplimiento del requerimiento por parte del Partido Revolucionario Institucional, por conducto de Rafael Ortiz Ruiz; escrito de fecha veintidós de noviembre del dos mil dos y su anexo, signado por Rafael Ortiz Ruiz.

XV. El día dos de diciembre del año en curso se recibió en la oficialía de partes de este órgano jurisdiccional el oficio número OM-856/2002, suscrito por el presidente del Congreso del Estado de Nuevo León, LXIX Legislatura, mediante el cual remite el escrito presentado el treinta de noviembre del año en curso, por los magistrados integrantes del Tribunal Electoral de dicha entidad federativa, en el que desahogan la vista que se les dio en el presente juicio de revisión constitucional electoral.

XVI. Mediante auto de tres de diciembre de dos mil dos, el Magistrado Electoral acordó tener por cumplimentado el requerimiento que se le hiciera a María Cristina Díaz Salazar, por desahogada la vista que se les diera a los magistrados del Tribunal Electoral del Estado de Nuevo León y admitir a tramite el juicio de revisión constitucional electoral, asimismo, en virtud de que no existía alguna diligencia pendiente de realizar, se declaró cerrada la instrucción, quedando los autos en estado de resolución, la que ahora se pronuncia al tenor de los siguientes:

C O N S I D E R A N D O S

PRIMERO. Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 41 párrafo segundo base IV y 99 párrafo cuarto fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 184, 186 fracción III inciso b) y 189 fracción I inciso e) de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el 4 y 87 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, esta Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es competente para conocer y resolver el presente medio de impugnación por las razones siguientes:

Por tratarse de un juicio de revisión constitucional electoral, promovido por un partido político, en contra de un acto emitido por la LXIX Legislatura del Estado de Nuevo León, quien actuó materialmente como órgano electoral, al llevar a cabo el proceso de integración del órgano jurisdiccional competente para resolver las controversias de los comicios locales.

El acto que se impugna, consiste en la designación de los Magistrados que deben integrar el Tribunal Electoral del Estado de Nuevo León, realizada por el Pleno del Congreso de dicha entidad federativa, mediante el procedimiento dispuesto por el artículo 229 de la Ley Electoral local.

Lo anterior implica, que la actuación del Pleno del Congreso local, es un acto materialmente administrativo de carácter electoral regulado por disposiciones de una ley electoral, como se razona a continuación.

La Jurisprudencia del Poder Judicial de la Federación así como la doctrina, reconocen que los poderes públicos realizan actos que pueden ser considerados, desde el punto de vista formal y material. El primero (el formal) atiende a la naturaleza propia del órgano que emite el acto; en tanto que, el segundo (el material) atiende a la naturaleza intrínseca del propio acto, a efecto de considerarlo administrativo, legislativo o jurisdiccional.

En cuanto al asunto planteado, si bien el acto impugnado es formalmente legislativo, en virtud de haber sido emitido por el Pleno del Congreso del Estado de Nuevo León, lo cierto es que, se trata de un acto materialmente administrativo electoral, a través del cual se ejerce una atribución prevista en una ley electoral, toda vez que se está frente a la designación de Magistrados que integrarán el Tribunal Electoral de la entidad, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 229 de la Ley Electoral de ese Estado.

Por lo anteriormente razonado, el Pleno del Congreso del Estado de Nuevo León, por lo que respecta al acto impugnado en el presente medio, ejerce una atribución prevista en una ley electoral, para designar a los integrantes del Tribunal Electoral, por lo que para efectos del presente juicio de revisión constitucional electoral, se le considera como autoridad electoral responsable, y en consecuencia, el acto que se impugna por el hoy actor es susceptible de ser objeto de conocimiento de esta Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en términos de lo señalado en los artículos 99, párrafo cuarto, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 184, 186, fracción III, inciso b) y 189 fracción I, inciso e), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el 4 y 87 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

Sirve de apoyo el criterio sostenido por esta Sala Superior en la Jurisprudencia S3ELJ.02/2001, visible a fojas 6 y 7 de la Revista Justicia Electoral, suplemento 5, editada por este Tribunal en el mes de febrero año en curso, cuyo texto es el siguiente:

ACTOS MATERIALMENTE ADMINISTRATIVOS DE ORGANIZACIÓN O CALIFICACIÓN DE COMICIOS LOCALES. SON IMPUGNABLES ANTE EL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. Atendiendo a lo dispuesto en los artículos 99, párrafo cuarto, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 186, fracción III, inciso b), y 189, fracción I, inciso e), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como 4o. y 87 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, la competencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para conocer y resolver cierto medio de impugnación en materia electoral, debe determinarse en función de la naturaleza del acto o resolución objeto del juicio de revisión constitucional electoral. Lo anterior es así, en virtud de que los órganos del poder público realizan actos que pueden ser considerados desde dos criterios distintos: Uno formal y otro material. El primero, el formal, atendiendo a la naturaleza propia del órgano que emite el acto, en tanto que el segundo, el material, observando la naturaleza intrínseca del propio acto, a efecto de considerarlo administrativo, legislativo o jurisdiccional. De acuerdo con lo anterior, por ejemplo, en ciertos casos, si bien el acto impugnado formalmente puede reputarse como legislativo, al haber sido emitido por determinado Congreso de un Estado, lo cierto es que al privilegiar la naturaleza intrínseca del acto, puede concluirse que se trata de un acto materialmente administrativo, particularmente en el supuesto en que no se esté en presencia de la emisión de una norma general, abstracta, impersonal y heterónoma, sino ante la designación de determinado funcionario, en el entendido de que si éste tiene carácter electoral, en tanto que participa en la organización de las elecciones, cabe calificar el correspondiente acto como materialmente administrativo electoral, toda vez que se trataría de una medida dirigida a la realización de la democracia representativa, a través de la celebración de elecciones periódicas, libres y auténticas, así como por el sufragio universal, libre, secreto y directo, a fin de integrar los órganos representativos del poder público del Estado; en efecto, se debe arribar a dicha conclusión, si se está en presencia de un asunto en el cual la autoridad responsable o legislatura del Estado ejerza una atribución prevista en una ley electoral, verbi gratia, la designación de los integrantes del órgano superior de dirección responsable de la organización de las elecciones, y si se tiene presente la naturaleza jurídica de dicho órgano electoral y las atribuciones que se prevean en su favor, tanto en la Constitución local como en las leyes electorales secundarias respectivas. Efectivamente, la determinación del Congreso local a que se alude en este ejemplo relativa a la integración del órgano responsable de la preparación de las elecciones en el Estado, a través de la designación de sus miembros, debe considerarse como un acto de carácter evidentemente electoral que se dicta en preparación al proceso electoral, entendido éste en un sentido amplio y no únicamente restringido a los actos que, ya iniciado el proceso electoral, se llevan a cabo previamente al día en que habrá de realizarse la jornada electoral correspondiente, razón por la cual debe considerarse como competencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral, en caso de que sea instada para ello, analizar si el acto referido se ajusta o no a los principios de constitucionalidad y legalidad electoral.

Tercera Época:

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-391/2000.-Partido de la Revolución Democrática.-12 de octubre de 2000.-Unanimidad de votos.

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-424/2000 y acumulado.-Partidos Acción Nacional y de la Revolución Democrática.-26 de octubre de 2000.-Unanimidad de seis votos.

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-004/2001.-Partido Revolucionario Institucional.-30 de enero de 2001.-Unanimidad de votos.

Es pertinente citar también el criterio contenido en la tesis I.3o.A.520 A, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo XII, noviembre de 1993, página 333, Tribunales Colegiados de Circuito.

DECRETO EXPEDIDO POR EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA. INCONSTITUCIONALIDAD DE. SU ESTUDIO A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO DIRECTO.-

El decreto administrativo es la expresión jurídica de la voluntad del órgano ejecutivo, que dicta resoluciones en el ejercicio de sus funciones, sobre una especie particular de los negocios públicos y tiene su base constitucional en la fracción I del artículo 89 constitucional, de acuerdo con el cual, el presidente de la República tiene facultades para emitir decretos, que desde un punto de vista formal son actos administrativos porque emanan de un órgano de tal naturaleza, pero que desde el punto de vista material, son actos creadores de situaciones jurídicas abstractas, generales e impersonales y que vienen a ser una forma de proveer a la observancia de las leyes. Existen decretos que tienen efectos generales y abstractos, que formalmente tienen una naturaleza administrativa y materialmente legislativa, es decir, son actos regla, y por ende, para su impugnación se aplican las reglas del amparo contra leyes. En efecto, si el decreto impugnado contiene disposiciones de carácter general y es materialmente legislativo, para su impugnación se deben seguir las mismas reglas que el amparo contra leyes. Ahora bien, conforme a lo dispuesto por el artículo 107 fracción V, inciso b), de la Constitución Federal, 44 fracción I, inciso b), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y 158 de la Ley de Amparo, el juicio de amparo directo procede contra sentencias definitivas, laudos o resoluciones que ponen fin al juicio, dictadas por los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de los cuales no procede ningún otro medio de defensa por el que puedan ser revocados o modificados. Así de la lectura de los citados preceptos, se aprecia que en esta instancia no se enjuicia a la ley, sino que se revisa la legalidad de la resolución dictada por el Juez común; de manera que, cuando se estima que la aplicación de una ley, que hace la Sala o Junta responsable como resultado de un juicio, resulta violatoria de garantías, el concepto de violación en que se alegue una inconstitucionalidad de tal naturaleza, no puede serlo en forma alguna en contra de la ley, sino de la sentencia o laudo mismo, en los términos del artículo 166, fracción IV de la Ley de Amparo. En el presente caso, la parte quejosa controvierte una sentencia, y en sus conceptos de violación hace valer la inconstitucionalidad de un decreto presidencial, que se encuentra entre los actos de autoridad cuya inconstitucionalidad puede ser alegada por excepción en amparo directo del cual toca conocer a un Tribunal Colegiado de Circuito.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo directo 453/93.-Sport Vil, S.A. de C.V.-11 de agosto de 1993.-Unanimidad de votos.-Ponente: Genaro David Góngora Pimentel.-Secretaria: Rosalba Becerril Velázquez.

Amparo directo 1493/93.-Ingeniería Eléctrica y Proyectos, S.A.-5 de agosto de 1993.-Unanimidad de votos.-Ponente: Genaro David Góngora Pimentel.-Secretaria: Rosa María Gutiérrez Rosas.

Octava Época

Instancia:Tribunales Colegiados de Circuito

Fuente:Apéndice 1917-2000

Tomo:Tomo III, Administrativa, Sección Precedente relevante T.C.C.

Tesis: 337

Página:321

Materia: Administrativa

Precedente relevante

En tal virtud, debe considerarse que esta Sala Superior tiene competencia para conocer y resolver respecto de las impugnaciones planteadas por el partido accionante, en contra de la designación de los magistrados que integran el Tribunal Electoral del Estado de Nuevo León.

SEGUNDO. En virtud de que el estudio de las causas de improcedencia es una cuestión de orden público y por tanto de análisis preferente, ya sea que las hagan valer las partes o se adviertan de oficio, en términos de lo dispuesto por los artículos 1°, 8°, 9°, 10, 11 y 86 al 88 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, se procede a examinar si en el caso se actualizan las que hacen valer tanto la autoridad responsable en su informe circunstanciado, como los magistrados del Tribunal Electoral del Estado de Nuevo León al desahogar la vista que se les mandó dar, así como el Diputado Alfredo Garza Reyna, en su calidad de Presidente de la Directiva correspondiente a la LXIX Legislatura del H. Congreso del Estado de Nuevo León.

La primera causa de improcedencia consiste en que, según la autoridad responsable, la Licenciada Ma. Cristina Díaz Salazar, en su calidad de promovente, no cumple con los requisitos que la ley exige para tener por acreditada su calidad de representante legítima del partido actor, toda vez que al ser la LXIX Legislatura del Estado la responsable del acto impugnado y al no encontrarse registro alguno en el Congreso que la acredite como representante del Partido Revolucionario Institucional, ni presentar algún documento del cual se pueda desprender que, conforme a los estatutos de dicho instituto político, tenga facultades de representación, en consecuencia no se acredita fehacientemente su personería.

Mientras que para los magistrados del Tribunal Electoral del Estado, en términos de lo dispuesto en el inciso d), párrafos 1 y 2 del artículo 88, en relación con el 89, ambos de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, la consecuencia de que la promovente no haya acreditado su personería debía haber sido el desechamiento de plano del juicio, sin embargo, sin expresión de motivos, la Sala Superior no aplica las reglas particulares del juicio de revisión constitucional electoral y lejos de desechar de plano requiere para que se subsane la omisión de personería aplicando reglas comunes, pasando por alto el mandato del artículo 6, párrafo 1, de la citada ley, en el que se excluye la aplicación de las reglas comunes, cuando existan reglas particulares.

Una vez desahogado el requerimiento, a juicio de los magistrados del Tribunal Estatal Electoral y del Presidente de la Directiva correspondiente a la LXIX Legislatura del H. Congreso del Estado de Nuevo León, no se acredita la personería por lo siguiente:

a) El C. Rafael Ortiz Ruiz no puede ser el conducto para acreditar la personalidad de la C. María Cristina Díaz Salazar, en virtud de que aún no se ha admitido el juicio y por lo tanto no se le puede tener como autorizado para presentar escritos, ni realizar trámite alguno, máxime que quien supuestamente lo autoriza no ha acreditado su personalidad.

b) Aún considerando como aplicable la norma genérica contenida en el párrafo II, del artículo 13, de la citada ley de medios de impugnación, no se anexa el nombramiento hecho de conformidad con los estatutos del partido, ni copia certificada de los estatutos. Toda vez que la constancia otorgada por el C. Licenciado Roberto Madrazo Pintado, como supuesto Presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional, no es nombramiento ni certificación del mismo, así como tampoco puede considerarse como acreditación para tener facultades de representación.

c) El Poder exhibido adolece de las siguientes irregularidades que lo anulan para los efectos de la representación pretendida:

1. El C. Miguel Ángel Yunes Linares se ostenta como Coordinador de Asuntos Jurídicos del Partido Revolucionario Institucional, situación que no se acredita dentro del texto del poder, así como tampoco se acredita en forma alguna que cuente con facultades expresas para delegar facultades a la C. María Cristina Díaz Salazar.

2. Al no inscribir los Poderes Generales en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de la jurisdicción correspondiente, no surte efectos frente a terceros, y al no acompañar los estatutos en el instrumento público, hace imposible conocer su contenido y alcance.

3. De la misma escritura se desprende que dicho mandato ha sido otorgado exclusivamente para ser ejercido dentro de la jurisdicción del Estado de Nuevo León, por lo que cualquier acto que no se circunscriba a dicha entidad queda fuera de la limitación dada por el poderdante para el ejercicio del mandato. Toda vez que el juicio promovido es de jurisdicción federal y el órgano a quien se dirige y debe tramitarlo y resolverlo se encuentra en el distrito federal, se extralimita en la territorialidad de su mandato.

4. No puede ser admitido el poder de referencia en virtud de que fue presentado fuera del término de veinticuatro horas señalado en el requerimiento.

Esta primera causa de improcedencia se estima infundada, en atención a lo siguiente:

De conformidad con lo establecido en los artículos 9, párrafo I, fracción c) y artículo 19, párrafo I, inciso b), de la Ley General del Sistema de Medios en Materia Electoral, cuando de las constancias que obran en el expediente no se pueda deducir claramente el requisito de procedibilidad, consistente en acreditar la personería del promovente o incluso se incumpla con la obligación de acompañar el documento necesario para acreditarla, podrá ser requerido, para que se subsane la deficiencia y se acredite fehacientemente la personería del promovente.

Esta regla, que se desprende de las normas comunes aplicables a todos los medios de impugnación contempladas en el Título Segundo del Libro Primero de la citada ley, no se contrapone con las reglas particulares del juicio de revisión constitucional electoral y contrario a lo expresado por los magistrados del Tribunal Electoral del Estado, sí resulta aplicable para la sustanciación de dicho medio de impugnación.

En efecto, ha sido criterio de esta Sala Superior que, toda vez que la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral no contiene un procedimiento específico o de excepción para la sustanciación de los juicios de revisión constitucional electoral, se debe considerar que ésta queda sujeta a las reglas comunes, esto es así, toda vez que por disposición del artículo 6, párrafo 1 de la multicitada ley, las reglas comunes rigen para el trámite, sustanciación y resolución de todos los medios de impugnación, con excepción de las reglas particulares señaladas para cada uno de ellos y por otro lado, el párrafo 1 del artículo 89, expresamente excluye la aplicación de tales reglas comunes únicamente en lo que atañe al trámite y resolución del juicio, pero no en lo que toca a la sustanciación.

Criterio que puede ser consultado en la Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación: Justicia Electoral, suplemento número 3, páginas 73 y 74, con el rubro "Revisión constitucional electoral. EN SU SUSTANCIACIÓN SON APLICABLES LAS REGLAS COMUNES A TODOS LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL".

En este orden de ideas, se puede afirmar que de acuerdo con lo establecido en la norma y lo dispuesto por este Tribunal, el juzgador tiene la más amplia facultad para ordenar la subsanación de las omisiones notadas durante la sustanciación de los juicios de revisión constitucional electoral, en cualquier estado de la instrucción, con el objeto de depurar el procedimiento, mediante la resolución de las objeciones aducidas respecto de los presupuestos procesales, ordenando la corrección de los errores subsanables advertidos sobre esos aspectos, así como de los cometidos en los escritos de las partes, regularizando con ello el procedimiento.

Las cuestiones de personería y representación son presupuestos procesales, según criterio uniforme que no genera controversia doctrinal o jurisprudencial, de modo que su satisfacción es un elemento indispensable para el dictado de una sentencia válida sobre la materia del juicio, así el Magistrado puede disponer, cuando advierta esa situación, que se cumpla el requisito omitido para regularizar el procedimiento, lo que puede realizarse en cualquier momento, en cumplimiento de un requerimiento del órgano jurisdiccional del conocimiento, en aras de la eficaz integración y desarrollo de la relación procesal.

Por lo tanto, si el requerido aporta los documentos que considere oportunos para acreditar su personería y el juzgador los considera suficientes para demostrar su calidad en el proceso, podrá dictar un auto mediante el cual acuerde sobre su acreditación, pero en caso de no hacerlo, la norma obliga al juzgador a proponer su desechamiento.

De conformidad con las constancias que obran en autos y de lo expuesto en el resultando XII de la presente resolución, por proveído de catorce de noviembre de dos mil dos, emitido por el Magistrado instructor, con fundamento en el artículo 19, párrafo primero, inciso b), de la Ley General del Sistema de Medios en Materia Electoral, se requirió a la C. Maria Cristina Díaz Salazar, Presidenta del Comité Directivo Estatal en Nuevo León, para que, dentro del término legal, remitiera los documentos necesarios para acreditar su personería.

El día quince de noviembre último, dentro del término concedido para el cumplimiento del requerimiento, el licenciado Rafael Ortiz Ruiz, quien se ostenta como Subsecretario de Derecho Electoral del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional, en su calidad de autorizado, remitió un escrito mediante el cual justificaba en términos de los estatutos del propio partido, las facultades de representación que la Presidenta del Comité Directivo Estatal del partido enjuiciante, por su calidad le confiere; una certificación del Presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional, mediante la cual afirma que la promovente, es Presidenta del Comité Directivo en el Estado y en consecuencia tiene delegadas las facultades de representación.

Posteriormente, mediante escrito de fecha veintidós de noviembre del año en curso, el propio licenciado Rafael Ortiz Ruiz, de manera espontánea presentó en alcance al escrito por el que dio cumplimiento al requerimiento, una copia certificada de la escritura publica número ciento noventa y uno, de fecha veinticinco de junio del dos mil dos, expedida por el licenciado Mauricio González Puente, notario público número sesenta y dos en Saltillo, Coahuila, solicitando que en términos de tal instrumento notarial se tuviera por acreditada la personería de la C. Maria Cristina Díaz Salazar.

Si bien es cierto que al momento de desahogar el requerimiento, al C. Rafael Ortiz Ruiz no se le había reconocido su carácter de autorizado en el presente juicio de revisión constitucional electoral, tal circunstancia de manera alguna puede servir de base para que esta Sala tome la determinación de no admitir el acceso al expediente de un documento indispensable para la procedencia de la acción intentada.

Al respecto resulta aplicable la jurisprudencia emitida por esta Sala Superior identificada con el número S3ELJ 07/97, consultable en el Suplemento 1 de la "Revista Justicia Electoral", páginas 19 y 20.

AUTORIZADO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES. PUEDE ACREDITAR LA PERSONERÍA DEL PROMOVENTE, EN CUMPLIMIENTO DE TAL REQUERIMIENTO. El artículo 19, párrafo 1, inciso b), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, concede a los magistrados instructores la facultad de requerir al promovente, para que acompañe la documentación necesaria para acreditar su personería, dentro de un plazo de veinticuatro horas, contadas a partir del momento de la notificación del auto, con apercibimiento de tener por no presentado el juicio o recurso de que se trate. El artículo 9, párrafo 1, inciso b), del ordenamiento procesal electoral citado permite al promovente designar a personas para oír y recibir en su nombre notificaciones. Aunque literalmente no precisa la ley las facultades de que están investidos los autorizados, de una correcta intelección del segundo precepto citado, se puede colegir que la autorización hecha por el promovente entraña una manifestación de voluntad del autorizante (que es una forma elemental del género del mandato y la representación, desde luego sin tener todas sus características), para auxiliarse de otras personas en actividades menores, relacionadas con el asunto, como enterarse del contenido de los distintos trámites y resoluciones que se emiten, para estar en posibilidad de cumplir oportunamente lo que corresponda o asumir la actitud conveniente a sus intereses, sobre todo cuando el órgano jurisdiccional emite una decisión en la que le impone cierta carga procesal y le concede un breve plazo para satisfacerla; pues si se conviene en que esa es la finalidad perseguida, se debe presumir que se le faculta para presentar las promociones necesarias para cumplir el requerimiento para acreditar la personería del promovente, en consideración al principio general existente para resolver las situaciones imprevistas que se le presentan a quien actúa en nombre de otro, cuando no tiene instrucciones y no está en condiciones de recibirlas con la oportunidad suficiente para evitar perjuicios al otorgante, relativo a que debe tomar la decisión más conveniente para éste, sobre todo si se toma en cuenta que los representantes de los partidos políticos muchas veces radican fuera del lugar donde se sigue el asunto, y se desplazan con frecuencia fuera de la población en que residen, lo que puede ocasionar que en el breve lapso que se les concede para cumplir, que además se cuenta de momento a momento, no alcancen a hacerlo directamente; que el objeto del requerimiento no necesita de conocimientos específicos y profundos del negocio, pues consiste únicamente en la presentación física de documentos; y que por otra parte no se altera el contenido de la litis ni los principios de igualdad y equidad de las partes, porque sólo se trata de cumplir una formalidad ad probationem, cuya insatisfacción inicial no produce de inmediato la preclusión, ya que se da oportunidad para subsanarla. Esta interpretación no se opone a lo dispuesto en el artículo 65 del ordenamiento procesal invocado, en el que se determina limitativamente quiénes son los representantes de los partidos políticos a los que se les confiere personería para comparecer al tribunal, porque no extiende a otros sujetos dicha personería, sino únicamente determina con mayor exactitud la relación existente entre el representante legitimado y la persona autorizada por éste, respecto de actos de poca trascendencia.

Sala Superior. S3ELJ 07/97

Recurso de reconsideración. SUP-REC-043/97. Partido de la Revolución Democrática. 16 de agosto de 1997. Unanimidad de votos. Ponente: Leonel Castillo

A mayor abundamiento, basado en el principio procesal que establece que para conocer la verdad sobre los puntos controvertidos, el juzgador puede valerse de cualquier persona, sea parte o tercero, y de cualquier cosa o documento, ya sea que pertenezca a las partes o a un tercero, sin más limitación que la de que las pruebas no estén prohibidas por la ley, ni sean contrarias a la moral; resulta inconcuso que el órgano estaba en aptitud de acoger una documental pública aún de un tercero ajeno al juicio prevista por la ley, que sirviera de base para acreditar la personería de la C. María Cristina Díaz Salazar, y con fundamento en el principio antes citado, esta Sala tenía la obligación de analizarla para conocer si en verdad la promovente es representante legitima del Partido Revolucionario Institucional.

Ahora bien, establecido lo anterior este órgano jurisdiccional procede a analizar si el poder exhibido es suficiente par tener por acreditada la personería de la promovente del juicio en que se actúa. Para ello se hace necesario transcribir su contenido:

"LIBRO CUARTO

ESCRITURA NÚMERO CIENTO NOVENTA Y UNO

EN LA CIUDAD DE SALTILLO, CAPITAL DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, siendo las (13:30) trece treinta horas del día de hoy (25) veinticinco de junio del año (2002) dos mil dos ANTE MÍ LICENCIADO MAURICIO GONZÁLEZ PUENTE, titular de la Notaría Pública número (62) sesenta y dos, en ejercicio en este Distrito Judicial de Saltillo, con despacho ubicado en la Avenida Presidente Lázaro Cárdenas número (1127) mil ciento veintisiete, planta alta, local (5) cinco, de la zona centro de esta ciudad, comparece el C. MIGUEL ÁNGEL YUNES LINARES, en su carácter de Coordinador de Asuntos Jurídicos del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional; quien manifiesta que el motivo de su comparecencia es el de otorgar PODER GENERAL a favor de la C. LIC. MARÍA CRISTINA DÍAZ SALAZAR, en su carácter de Presidenta del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional en el Estado de Nuevo León, que ejercerá con las siguientes facultades:

I.- PARA PLEITOS Y COBRANZAS, que le otorga con todas las facultades generales y las especiales que requieran cláusula especial conforme a la ley, por lo que debe entenderse conferido sin limitación alguna, para ser ejercido ante toda clase de autoridades o personas y faculta al apoderado para desistirse de juicios de amparo, de querellas, denuncias y acción de reparación del daño, para transigir, para comprometer en árbitros, para absolver y articular posiciones, para recusar, para recibir pagos y para los demás actos que expresamente determine la ley, como denuncias, querellas, averiguaciones o procesos penales, acción de reparación del daño, negocios o procedimientos del trabajo y desistirse de ellos y para constituirse en coadyuvante del Ministerio Público.

II.- PARA ADMINISTRAR BIENES.

III.- PARA OTORGAR PODERES GENERALES y especiales y revocarlos dentro de sus facultades.

El presente poder se confiere conforme al artículo (3008) tres mil ocho del Código Civil para el Estado de Coahuila, correlativo del artículo (2554) dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil para el Distrito Federal y del artículo (11) once en relación con los artículos (692) seiscientos noventa y dos y (693) seiscientos noventa y tres y demás relativos de la Ley Federal del Trabajo; de manera enunciativa y no limitativa el apoderado en ejercicio del presente mandato queda facultado para representar al Partido Político ante toda clase de autoridades o personas, judiciales, administrativas, fiscales, laborales, ya sean, Federales, Estatales o Municipales, iniciar o continuar toda clase de juicios, recursos o procedimientos y desistirse de ellos; así mismo para que comparezcan ante todo tipo de autoridades del trabajo, como representantes legales, facultándolos para realizar todo tipo de gestiones para la solución de los asuntos en que el Partido Político poderdante sea parte, en general tramitar, suscribir o realizar todo tipo de actos, convenios o contratos suscribiendo la documentación correspondiente que se requiera para el cumplimiento del poder que mediante el presente instrumento se les otorga, pero exclusivamente dentro de la jurisdicción del Estado de Nuevo León.

JUSTIFICA SU PERSONALIDAD y la legal existencia del PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL (PRI), el licenciado MIGUEL ÁNGEL YUNES LINARES, con escritura número (66,860) sesenta y seis mil ochocientos sesenta de fecha (24) veinticuatro de abril del año (2002) dos mil dos, otorgada en la Notaría Dos del Distrito Federal a cargo del Notario Público licenciado Alfredo González Serrano, mediante la cual se hizo constar PODER GENERAL que le otorgó el PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL (PRI), representado por el Presidente de su Comité Ejecutivo Nacional, señor licenciado ROBERTO MADRAZO PINTADO, en ejercicio de las facultades que le confieren los Estatutos del propio Partido Político, le otorgó PODER GENERAL para pleitos y cobranzas, con todas las facultades generales y las especiales que requieran cláusula especial conforme a la ley; para administrar bienes; conforme a los dos primeros párrafos del artículo (2554) dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil Vigente del Distrito Federal y del (2587) dos mil quinientos ochenta y siete del mismo ordenamiento y sus correlativos o concordantes en los diferentes Estados de la República Mexicana; para otorgar poderes generales y especiales y revocarlos dentro de sus facultades. En la misma escritura consta que se acreditó la legal existencia del Partido, así como las facultades de su Presidente con los siguientes documentos............................................................................

I.- Con el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, publicado en el Diario Oficial de fecha (15) quince de agosto del año (1990) mil novecientos noventa, en el que el artículo (1°) primero señala que las disposiciones del mismo son de orden público y de observancia general en los Estados Unidos Mexicanos; reglamenta las normas constitucionales relativas a la organización, función y prerrogativas de los partidos políticos.

II.- Con certificación expedida por el Instituto Federal Electoral de fecha (30) treinta de septiembre de (1992) mil novecientos noventa y dos; en la cual se hace constar que en los archivos de dicho instituto se encuentra debidamente registrado el PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, para gozar en consecuencia de los derechos y prerrogativas, así como de la personalidad jurídica que le otorga el Código Federal de instituciones y Procedimientos Electorales como Partido Político Nacional la que agrego al apéndice de mi protocolo.

III.- Con el texto de los Estatutos del Partido Revolucionario Institucional, aprobados por la Décima Octava Asamblea General de Delegados del propio Partido, que quedaron registrados ante el Instituto Federal Electoral, según Resolución de su Consejo General de fecha (18) dieciocho de diciembre del año (2001) dos mil uno.

Y me declara bajo protesta de decir verdad advertido de las penas en que incurren los que declaran falsamente ante Notario que su representado tiene capacidad legal y su representación no le ha sido revocada, limitada o terminada en forma alguna.

G E N E R A L E S

EL COMPARECIENTE DECLARA SER: mexicano por nacimiento, hijo y esposo de mexicanos por nacimiento, originario de Soledad Doblado, Estado de Veracruz, donde nació el cinco de diciembre de mil novecientos cincuenta y dos, coordinador de asuntos jurídicos del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional, con domicilio en Avenida de los Insurgentes Norte número cincuenta y nueve, Colonia Buenavista, Delegación Cuauhtémoc, Distrito Federal, con registro federal de contribuyentes número YULM-521205 (CINCUENTA Y DOS DOCE CERO CINCO).

YO, EL NOTARIO, DOY FE Y CERTIFICO:

--De la veracidad de lo asentado en el presente instrumento.

--Que conozco personalmente al otorgante a quien considero con capacidad legal para contratar y obligarse válidamente, sin que en contrario nada me conste, identificándose a plena satisfacción del suscrito Notario con credencial de elector expedida por el Instituto Federal Electoral con folio número 50105104.

--Que respecto al Impuesto Sobre la Renta, el otorgante manifestó ser causante de dicho impuesto y encontrarse al corriente en el pago del mismo sin acreditármelo, con Registro Federal de Contribuyentes número YULM-521205 (CINCUENTA Y DOS DOCE CERO CINCO).

--Que el compareciente leyó el contenido íntegro de la presente Escritura, manifestando con toda su conformidad, aceptándola en todas y cada una de sus partes, firmándola en presencia del suscrito Notario para todos los efectos legales correspondientes y debida constancia.

--De acuerdo con el Artículo (32) treinta y dos, Fracción (IV) cuarta, de la Ley del Notario del Estado, hago constar que esta Escritura se firmó el día de su otorgamiento. DOY FE.....

OTORGANTE.- MIGUEL ÁNGEL YUNES LINARES.- Firmado.- PASÓ ANTE MÍ.- LIC. MAURICIO GONZÁLEZ PUENTE NOTARIO PÚBLICO No. 62.- Firma y sello notarial de autorizar.

AUTORIZACIÓN DEFINITIVA

POR NO CAUSAR IMPUESTO ALGUNO, AUTORIZO DEFINITIVAMENTE EL ACTO QUE ANTECEDE EN LA CIUDAD DE SALTILLO, COAHUILA, A LOS (25) VEINTICINCO DÍAS DEL MES DE JUNIO DEL AÑO (2002) DOS MIL DOS.- LIC. MAURICIO GONZÁLEZ PUENTE NOTARIO PÚBLICO No. 62.- Firma y sello notarial de autorizar.

INSERCIÓN.

ARTÍCULO (3008) TRES MIL OCHO DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE COAHUILA, CORRELATIVO DEL ARTÍCULO (2554) DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL.

"En todos los Poderes Generales para Pleitos y Cobranzas bastará que se diga que se otorga con todas las facultades generales y especiales que requieren cláusula especial conforme a la ley, para que se entiendan conferidos sin limitación alguna.

En los Poderes Generales para Administrar bienes, bastará expresar que se dan con ese carácter, para que el apoderado tenga toda clase de facultades administrativas.

En los Poderes Generales para ejercer actos de dominio, bastará que se den con ese carácter para que el apoderado tenga todas las facultades de dueño, tanto en lo relativo a los bienes, como para hacer toda clase de gestiones a fin de defenderlos.

Cuando se requiera limitar, en los tres casos antes mencionados, las facultades de los apoderados, se consignarán las limitaciones o los poderes especiales.

Los notarios insertarán este artículo en los testimonios de los poderes que otorguen."

ES PRIMER TESTIMONIO, PRIMERO EN SU ORDEN SACADO DE SU ORIGINAL QUE OBRA EN MI PROTOCOLO DEL AÑO EN CURSO, EL CUAL EXPIDO BAJO MI FIRMA Y SELLO A USOS DE LA LIC. MARÍA CRISTINA DÍAZ SALAZAR VA EN (3) TRES FOJAS ÚTILES DEBIDAMENTE COTEJADAS, CORREGIDAS Y FIRMADAS CONFORME A LA LEY, SE EXPIDE EN LA CIUDAD DE SALTILLO, CAPITAL DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA A LOS (25) VEINTICINCO DÍAS DEL MES DE JUNIO DEL AÑO (2002) DOS MIL DOS. DOY FE."

Del documento anterior se aprecia, en lo que importa, lo siguiente:

Quedó acreditado ante el Notario Público número sesenta y dos de la ciudad de Saltillo, Coahuila, que el licenciado Miguel Ángel Yunes Linares justificó su personalidad y la legal existencia del Partido Revolucionario Institucional con una escritura pública en la que se hizo constar el poder general que le otorgó el Partido Revolucionario Institucional a través del presidente de su Comité Ejecutivo Nacional, licenciado Roberto Madrazo Pintado.

Que el licenciado Roberto Madrazo Pintado, en ejercicio de las facultades que le confieren los estatutos del propio partido político, le otorgó poder general para, entre otros actos, otorgar poderes generales y especiales y revocarlos dentro de sus facultades.

Que en uso de las facultades que al licenciado Miguel Ángel Yunes Linares le fueron concedidas, otorga poder general en favor de la licenciada María Cristina Díaz Salazar. Que dicho poder lo ejercerá con las siguientes facultades: para pleitos y cobranzas, para administrar bienes y para otorgar poderes generales.

Afirmaciones que se contienen en una documental pública, que hace prueba plena en términos de lo dispuesto por el artículo 16 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, toda vez que no se encuentra desvirtuada por otro medio de convicción, sino por el contrario, se robustece con el contenido del artículo 86 fracción XIII de los Estatutos del Partido Revolucionario Institucional, mismos que obran en el expediente en una publicación denominada Documentos Básicos, editada por el partido actor en septiembre del año en curso, en donde se establece:

Artículo 86. El Presidente del Comité Ejecutivo Nacional, tendrá las atribuciones siguientes:

...

XIII. Representar al Partido ante personas físicas y morales, ante toda clase de tribunales, autoridades e instituciones, con todas las facultades de Apoderado General para pleitos y cobranzas, para actos de administración y actos de dominio, incluyendo las facultades especiales, que conforme a la ley, requieran cláusula especial, con la única limitación de que, para enajenar o gravar inmuebles del Partido, requerirá del acuerdo expreso del Consejo Político Nacional, pudiendo sustituir el mandato, en todo o en parte. Podrá, así mismo otorgar mandatos especiales y revocar los que se hubieren otorgado y determinar las sustituciones teniendo facultades para celebrar convenios y firmar títulos y obligaciones de crédito, en los términos del artículo 9º de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito;

Sin que resulte trascendente para esta Sala Superior el hecho de que en el expediente no obre copia certificada de los citados estatutos, toda vez que como se ha sostenido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los tribunales en tratándose de leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general (como serían para este Tribunal los estatutos de los partidos políticos) no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no puedan argüir desconocerlo. Tesis 2ª./J.65/2000, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XII, agosto de 2000, página 260.

En la especie la resolución del Consejo General del Instituto Federal Electoral, sobre la procedencia constitucional y legal de las últimas modificaciones a los estatutos del Partido Revolucionario Institucional se publicaron en el Diario Oficial de la Federación el día veinticinco de mayo del dos mil uno.

También se ve robustecido, con el hecho notorio para este Tribunal, de que el licenciado Roberto Madrazo Pintado es el presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional. En efecto, es notorio el hecho cuyo conocimiento forma parte de la cultura normal propia de un determinado círculo social en el tiempo en que ocurre la decisión. En la especie, la notoriedad del hecho deriva de la actividad jurisdiccional que desarrolla este órgano, es público y sabido por los magistrados que lo integran el carácter con el que se desenvuelve el licenciado Madrazo dentro del partido actor.

Por cuanto hace a que el poder otorgado no surte efectos frente a terceros por no estar inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, tal aseveración carece de sustento, toda vez que si bien es cierto que el Código de Comercio en sus artículos 16, 18 y 21 impone a las sociedades mercantiles la obligación de inscribir en el Registro de Comercio los poderes de sus mandatarios, como se ve a continuación:

Artículo 16

Todos los comerciantes por el hecho de serlo están obligados:

I...

II. A l inscripción en el Registro Público de Comercio de los documentos cuyo tenor y autenticidad deben hacerse notorios.

Artículo 18

En el Registro Público de Comercio se inscriben los actos mercantiles, así como aquellos que se relacionan con los comerciantes y que conforme a la legislación lo requieran.....

Artículo 21

Existirá un folio electrónico por cada comerciante o sociedad, en el que se anotarán:

....

VII. Los poderes generales y nombramientos y revocación de los mismos si la hubiere, conferidos a los gerentes, factores, dependientes y cualesquiera otros mandatarios.

Tal obligación es sólo exigible a los comerciantes y en consecuencia no puede ser exigible a la actora.

Tampoco es cierto como lo sostienen los magistrados del Tribunal Electoral del Estado y el Presidente de la Directiva correspondiente a la LXIX Legislatura del H. Congreso del Estado de Nuevo León, que por el hecho de que el mandato otorgado en favor de la licenciada María Cristina Díaz Salazar haya sido otorgado exclusivamente para ser ejercitado dentro de la jurisdicción del Estado de Nuevo León, tal circunstancia la limite par interponer el presente juicio de revisión constitucional electoral, en virtud de que éste es de jurisdicción federal.

La falta de sustento de lo alegado deriva de que, en los artículos que regulan la forma de acreditar la personería de los partidos políticos que intervienen como actores en los distintos medios de impugnación y en especial en el juicio de revisión constitucional electoral, a saber: 9 párrafo 1, inciso c), 12 párrafo 1, inciso a), 13 párrafo 1, inciso a) y 88 párrafo 1, todos ellos de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, no se desprende que para acudir ante esta instancia federal el representante que lo promueva tenga que contar con representación de su partido en esta ciudad de México, Distrito Federal, sino que, por el contrario, puede contar con representación ante el órgano electoral responsable, o haber interpuesto el medio de impugnación al cual le recayó la resolución impugnada; o haber comparecido con el carácter de tercero interesado, o tener facultades de representación de acuerdo con los estatutos del partido.

En el caso, como ya se señaló, la licenciada María Cristina Díaz Salazar cuenta con facultades de representación de acuerdo con los estatutos del partido actor, toda vez que el licenciado Roberto Madrazo Pintado, único facultado por los estatutos para otorgar poder, otorgó uno para pleitos y cobranzas en favor del licenciado Miguel Ángel Yunez, en donde le confirió facultades para a su vez, otorgar poderes generales y especiales y revocarlos; quien a su vez otorgó poder general en favor de la licenciada María Cristina Díaz Salazar. Dicho instrumento se otorgó en concordancia con los estatutos del partido enjuiciante y si bien se otorga exclusivamente para ser ejercido dentro de la jurisdicción del Estado de Nuevo León, tal circunstancia no representa un obstáculo para concederle facultades de representación a la promovente, porque el acto impugnado deriva de una autoridad de dicha entidad federativa.

De conformidad con lo anterior y contrariamente a lo manifestado por la autoridad responsable, por los magistrados del Tribunal Electoral del Estado y el Presidente de la Directiva correspondiente a la LXIX Legislatura del H. Congreso del Estado de Nuevo León, la promovente del presente medio de impugnación, sí tienen representación suficiente para considerarse como legítima representante del Partido Revolucionario Institucional, al haber resultado idóneo y suficiente el instrumento notarial exhibido para tener por acreditada su personería.

Finalmente, tampoco les asiste la razón a los magistrados del Tribunal Electoral y al Presidente de la Directiva correspondiente a la LXIX Legislatura del H. Congreso del Estado de Nuevo León, por cuanto hace que no debía haber sido admitido el poder de referencia puesto que fue presentado fuera del término de veinticuatro horas señalado en el requerimiento. Lo anterior es así toda vez que esta Sala Superior tomó en cuenta la escritura pública exhibida, en virtud del estado que guardaba el expediente, según se razona a continuación:

Cuando el C. Rafael Ortiz Ruiz presentó el citado instrumento notarial, el magistrado a cargo de la sustanciación del presente asunto, aún no proveía respecto de la personería del promovente, ni cerraba la instrucción, como tampoco había hecho efectivo el apercibimiento decretado. Es decir, el asunto se encontraba en la etapa de trámite en la que las autoridades jurisdiccionales deben oír o las partes, hasta poner el juicio en estado de dictar sentencia.

Los términos procesales han sido clasificados por la doctrina, como "prorrogables" que son aquellos cuya duración puede ser aumentada por el tribunal, e "improrrogables" cuya denominación corresponde a aquellos que no se pueden extender en su duración.

En el caso, las circunstancias hicieron posible que el magistrado instructor considerara como prorrogable al plazo concedido a la actora para acreditar su personería en virtud de que aun no proveía al respecto ni la instrucción se había cerrado; en consecuencia, el apercibimiento no se había hecho efectivo; y porque el poder exhibido fue otorgado a la promovente con fecha anterior al requerimiento y a la propia presentación de la demanda.

En cuanto a la siguiente causal de improcedencia, la autoridad responsable considera que el presente medio de impugnación debe de ser desechado de plano, toda vez que el enjuiciante en principio debió de agotar las instancias previas locales, capaces de modificar o revocar el acto impugnado, por lo que al venir directamente a interponer este medio impugnativo, vulneró el principio de definitividad y firmeza, ya que de conformidad con la legislación local, el artículo 239, fracción I, inciso b), numeral tercero, de la ley electoral de la entidad, prevé que el recurso de revisión, procede contra todos los actos de las autoridades estatales y su sentencia tiene como posibles efectos, el de modificar o revocar el acto impugnado.

Esta causa de improcedencia se considera inatendible.

En principio es pertinente tener presente los recursos contemplado en la norma electoral local, para ello se transcribe el artículo 239:

"Para garantizar la legalidad de los actos, resoluciones y resultados electorales se establecen, en vía administrativa y en vía jurisdiccional, los siguientes medios de impugnación:

I. Los medios de impugnación, en la vía administrativa son:

a) Recurso de Revocación. Este recurso es procedente en contra de actos u omisiones que durante la etapa previa de la elección podrán interponer los ciudadanos, cuando:

1. Habiendo cumplido con los requisitos y trámites correspondientes no hubieren obtenido oportunamente la credencial de elector con fotografía para votar;

2. Habiendo obtenido oportunamente la credencial de elector con fotografía para votar no aparezca incluido en la lista nominal de electores de la sección correspondiente a su domicilio;

3. Consideren haber sido indebidamente incluidos o excluidos de la lista nominal de electores de la sección correspondiente a su domicilio;

4. Habiendo cumplido con los requisitos y trámites que esta Ley dispone, le sea negada la acreditación como observador electoral;

b) Revisión. Este recurso es procedente en la etapa de preparación de la elección para:

1. Impugnar los actos o resoluciones de las comisiones municipales electorales cuando causen un agravio directo;

2. Impugnar actos, omisiones o resoluciones de la Comisión Estatal Electoral o de las Comisiones Municipales Electorales cuando causen un agravio directo y en contra los cuales no se determine en esta Ley la procedencia de un medio de impugnación electoral propio;

3. Combatir los actos de las Autoridades Estatales y Municipales, en sus respectivas competencias, que no respeten el ejercicio de los derechos y las prerrogativas de los Partidos Políticos registrados, las Asociaciones Políticas, los candidatos y los ciudadanos.

II. Los medios de impugnación en vía jurisdiccional son:

a) Recurso de Apelación. Este recurso es procedente para combatir las resoluciones dictadas por la Comisión Estatal Electoral, durante el tiempo existente entre dos procesos electorales;

b) El Juicio de Inconformidad: Este juicio será procedente contra de:

1. Resoluciones dictadas en el Recurso de Apelación;

2. Resoluciones dictadas en el recurso de revisión;

3. Resoluciones relacionadas:

A) Con los resultados consignados en las actas de cómputo de la elección de Gobernador y Diputados de la Comisión Estatal Electoral, por violaciones al procedimiento durante la jornada electoral o después de ésta, hasta el cómputo total, o por nulidad de la votación recibida en una o varias casillas o por nulidad de la elección;

B) Con los resultados consignados en las actas de cómputo municipal para la elección de Ayuntamientos, por violaciones al procedimiento establecido en esta Ley, tanto durante la jornada electoral o después de ésta, hasta el cómputo total, o por nulidad de la votación recibida en una o varias casillas o por nulidad de elección;

C) Con la declaración de validez de la elección de Gobernador, Diputados o de Ayuntamientos, que realicen, respectivamente, la Comisión Estatal Electoral o las Comisiones Municipales Electorales y por consecuencia el otorgamiento de las constancias de mayoría y validez correspondientes, por las causales de nulidad establecidas en esta Ley;

D) Con la asignación de Diputados o de Regidores por el principio de representación proporcional que realicen respectivamente la Comisión Estatal Electoral y las Comisiones Municipales Electorales, cuando existan errores en dicha asignación; y

E) Con los resultados de los cómputos de la elección de Gobernador y de Diputados, o de los resultados de los cómputos municipales para la elección de Ayuntamientos, cuando en dichos cómputos exista error aritmético."

La norma antes trascrita, establece un sistema de medios de impugnación integrado por diversos recursos y juicios, unos de naturaleza administrativa y otros jurisdiccional.

Por cuanto hace a los medios de impugnación administrativos, esta Sala Superior considera que los mismos no son idóneos para cuestionar la legalidad de los actos emanados del Congreso del Estado de Nuevo León en virtud de que los medios jurídicos que tienen esta naturaleza fueron creados para impugnar un acto, o una resolución emanada de una autoridad administrativa, mediante un procedimiento en el que esta misma autoridad, o la jerárquicamente superior emite una nueva resolución.

Para el maestro Gabino Fraga, el recurso administrativo es "un medio legal de que dispone el particular, afectado en sus derechos o intereses por un acto administrativo determinado para obtener en los términos legales, de la autoridad administrativa una revisión del propio acto, a fin de que dicha autoridad lo revoque, lo anule o lo reforme en caso de encontrar comprobada la ilegalidad y la inoportunidad del mismo"

La palabra jurisdicción unida a la expresión contencioso-administrativa, señala la existencia de una función relativa a la decisión de los conflictos suscitados entre la Administración pública y los administrados, con motivo de actos o hechos regidos por el derecho administrativo.

De esta forma, el presupuesto básico del recurso contencioso-administrativo es que el acto o el hecho generador de la lesión se encuentre regido por el derecho administrativo y que haya sido dictado o ejecutado por la Administración Pública.

Para el maestro Fix Zamudio, una de las bases fundamentales de los recurso administrativos descansa en la conveniencia de que la misma administración revise sus propios actos para corregir los errores y violaciones que advierta y que afecten la esfera jurídica de los administrados, con el objeto de evitar un proceso posterior ante las autoridades judiciales.

Es decir, que los medios administrativos operan solo en el ámbito de la Administración Pública, de tal forma que no podríamos entender que un medio administrativo se utilizara para combatir un acto de un órgano distinto a la Administración Pública, como podría ser una resolución del Poder Judicial o un acto del Poder Legislativo.

Sentado lo anterior, es fácil advertir, que contrario a lo sostenido por la autoridad responsable, no es dable concluir que en el apartado 3, inciso b), párrafo I, del artículo 239 de la ley electoral antes transcrita, se pueda incluir al Congreso del Estado, pues conforme a lo argumentado anteriormente, la naturaleza de los medios de impugnación en la vía administrativa solo permite que sea parte demandada la Administración Pública y por lo tanto no es posible incluir al Congreso del Estado, que conforma un Poder distinto al Ejecutivo y que por lo tanto no es parte de la Administración Estatal. En esa tesitura, es indudable que la procedencia del recurso de revisión corresponde a la naturaleza jurídica que para él determinó el legislador nuevoleonés, es decir como recurso administrativo, pues en los dos primeros párrafos se previo que procedía respectivamente, contra actos de las comisiones municipales y la Comisión Estatal Electoral, mientras que en el tercero, contra las autoridades estatales y municipales, claro está, que pertenezcan a la administración pública del Estado de Nuevo León.

En conclusión la norma en análisis, consideró que la vía administrativa electoral, en específico los recursos de revocación y de revisión, procedían para impugnar actos administrativos, realizados tanto por las autoridades que conforman el organismo público denominado Comisión Estatal Electoral, como aquellos actos de las dependencias del Ejecutivo local y municipal que en sus respectivas competencias lesionen el ejercicio de los derechos y prerrogativas de los partidos políticos registrados, asociaciones políticas, candidatos y ciudadanos, y no incluyó los actos o resoluciones de Poderes distintos como podrían ser el Judicial y el Legislativo.

Como ya se señaló, al pertenecer el Congreso del Estado a una esfera distinta del ámbito donde tienen cabida los recursos administrativos, resulta incuestionable que no son aplicables para combatir sus actos.

Ahora bien por cuanto hace a la vía jurisdiccional tampoco se prevé un medio óptimo para revisar y en su caso revocar o anular actos emanados del Congreso del Estado.

En efecto el recurso de apelación procede para combatir resoluciones dictadas por la Comisión Estatal Electoral durante el tiempo existente entre dos procesos electorales; mientras que el juicio de inconformidad sólo procede contra resoluciones dictadas en los recursos de apelación y revisión, o contra resoluciones relacionadas con los resultados consignados en las actas de cómputo de las elecciones de gobernador, diputados y ayuntamiento, con las declaraciones de validez de dichas elecciones y con la asignación de diputados y regidores.

Por lo anterior se puede afirmar validamente que en la ley electoral local, no hay un medio jurisdiccional idóneo, mediante el cual se hubiera podido modificar, revocar o anular el tipo de acto impugnado.

Acorde con lo anterior, es procedente la vía federal cuando, como ocurre en la especie, ya no existan al alcance de los partidos políticos medios ordinarios para conseguir la reparación plena de los derechos o prerrogativas en los que se hubieran visto afectados.

Por lo que el principio de definitividad que consagra el artículo 99, párrafo cuarto, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y que se desarrolla en los invocados incisos a), y f), del artículo 86 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, al reiterar, por una parte, que los actos o resoluciones impugnables en el juicio de revisión constitucional electoral deben ser definitivos y firmes, y por la otra, que para la promoción de dicho juicio tienen que haberse agotado en tiempo y forma, todas las instancias previas establecidas por las leyes, se ve satisfecho plenamente, ya que la ley electoral del Estado, no contempla un medio de impugnación idóneo para impugnar el acuerdo emitido por el Pleno del Congreso del Estado.

Apoya lo anterior, la jurisprudencia número J.23/2000, sustentada por esta Sala Superior, consultable en el Informe Anual de Labores 1999-2000, que rindió el Presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que dice:

"DEFINITIVIDAD Y FIRMEZA, CONSTITUYEN UN SOLO REQUISITO DE PROCEDIBILIDAD DEL JUICIO DE REVISIÓN CONSTITUCIONAL ELECTORAL. El artículo 99, párrafo cuarto, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que se desarrolla en el artículo 86, apartado 1, incisos a) y f), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, al reiterar, por una parte, que los actos o resoluciones impugnables en el juicio de revisión constitucional electoral deben ser definitivos y firmes, y por la otra, que para la promoción de dicho proceso tienen que haberse agotado, en tiempo y forma, todas las instancias previas establecidas por las leyes, en virtud de las cuales se pudieron haber modificado, revocado o anulado, constituye un solo requisito que reconoce como razón lógica y jurídica el propósito, claro y manifiesto, de hacer del juicio de revisión constitucional electoral un medio de impugnación excepcional y extraordinario, al que sólo se pueda ocurrir cuando el acto o resolución de que se trate no sea susceptible de revocación, nulificación o modificación, ya sea porque no se pueda hacer oficiosamente por parte de la propia autoridad emisora, de su superior jerárquico o de alguna otra autoridad local competente para ese efecto, o porque no existan ya medios ordinarios para conseguir la reparación plena de los derechos o prerrogativas en los que se hubieran visto afectados, sea porque no están previstos por la ley, porque los contemplados en ella sean insuficientes para conseguir cabalmente ese propósito reparador, o porque los previstos y suficientes hubieran sido promovidos o interpuestos sin éxito para el afectado. Este razonamiento se ve corroborado con el texto del inciso f) del apartado 1 del artículo 86 de la invocada Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, en donde no sólo se exige que se agoten oportuna y formalmente las instancias previas establecidas por las leyes para combatir los actos o resoluciones electorales, sino que expresa y enfatiza que esas instancias previas deben ser aptas para modificar, revocar o anular los actos o resoluciones lesivos de derechos."

Tanto la responsable, como los magistrados del Tribunal Electoral del Estado de Nuevo León, señalan que se trata de un acto totalmente consumado, siendo material y jurídicamente imposible de reparar, dentro de los plazos electorales, lo que conlleva a que se deseche de plano la impugnación pretendida, en virtud de que los funcionarios que integran el Tribunal Electoral del Estado de Nuevo León, tomaron posesión y rindieron la protesta de ley, el mismo día de que se tomó el acuerdo sobre la integración. Habiendo quedado instalados, conforme lo establece la legislación aplicable, el uno de noviembre, esto es antes de que se presentara el juicio que hoy nos ocupa, iniciando sus funciones respectivas el mismo día de la instalación.

Esta Sala Superior considera como inatendible esta causa de improcedencia, toda vez que cuando los artículos 99 de la Constitución federal y 86 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación hacen referencia a que la reparación solicitada sea material y jurídicamente posible dentro de los plazos electorales y sea factible antes de la fecha constitucional o legalmente fijada para la instalación de los órganos o la toma de posesión de los funcionarios electos, debe entenderse que se están refiriendo a instalación de órganos o toma de posesión de funcionarios producto de elecciones populares que se hayan celebrado; es decir, de órganos o funcionarios que hayan resultado electos a través de la emisión del voto universal, libre, directo y secreto depositado en las urnas, y no de la designación de magistrados que integran Tribunales Electorales, como acontece en la especie.

Lo anterior encuentra apoyo en la tesis de jurisprudencia S3ELJ 51/2002, emitida por la Sala Superior, consultable en el Informe Anual de Labores 2001-2002, que rindió el Presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que dice:

"REVISIÓN CONSTITUCIONAL ELECTORAL. EL REQUISITO DE REPARABILIDAD SE ENCUENTRA REFERIDO A LOS ÓRGANOS Y FUNCIONARIOS ELECTOS POPULARMENTE. La previsión del artículo 86, párrafo 1, incisos d) y e), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, en el sentido de que el juicio de revisión constitucional electoral sólo será procedente cuando la reparación solicitada sea material y jurídicamente posible dentro de los plazos electorales y sea factible antes de la fecha constitucional o legalmente fijada para la instalación de los órganos o la toma de posesión de los funcionarios elegidos, debe entenderse que hace referencia a la instalación de órganos o toma de posesión de funcionarios producto de elecciones populares que se hayan celebrado; es decir, de órganos o funcionarios que hayan resultado electos a través de la emisión del voto universal, libre, directo y secreto depositado en las urnas y no de órganos electorales, designados por un órgano legislativo, jurisdiccional o administrativo."

Los magistrados del Tribunal Estatal Electoral señalan que su designación no afecta el interés jurídico de partido político alguno, porque no puede considerarse a los aspirantes como candidatos de un partido o como candidatos de elección popular, además de que resulta evidente que su designación no es un acto de preparación comicial.

Respecto a que el partido actor carece de interés jurídico para impugnar el acto controvertido, porque la resolución no le causa agravio alguno, tal argumento es infundado, por las razones que a continuación se expresan.

El interés jurídico es una condición para que se dicte sentencia en un proceso, y consiste en la relación de utilidad e idoneidad existente entre la lesión de un derecho que ha sido afirmado, y el proveimiento de la tutela judicial que se viene demandando.

La necesidad de obtener una providencia surge no sólo cuando hay un estado de hecho contrario a derecho, sino también cuando existe un estado de hecho que produce incertidumbre y que es menester eliminar mediante la declaración judicial, para evitar posibles consecuencias dañosas.

En tales condiciones, es dable sostener que el interés jurídico que se exige como requisito para la procedencia del ejercicio de los medios de impugnación en materia electoral previsto en el artículo 10, párrafo 1, inciso b), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, consiste en la relación que se presenta entre la situación antijurídica que se denuncia y la providencia que se pide para poner el remedio a dicha situación, mediante la aplicación del derecho, así como la aptitud de ésta para concluir con dicha situación.

Lo anterior permite sostener que sólo puede iniciarse un procedimiento por quién afirmando una lesión en sus derechos o en los de otros respecto de los que pueda deducir acciones en nombre propio, pide, a través del medio de impugnación idóneo, la restitución a los que dice son titulares en el goce de los mismos, es decir, que el proceso elegido sea apto jurídicamente para poner fin a la situación demandada, sin que implique a priori que la demanda sea fundada o infundada.

Aplicado el criterio señalado al caso concreto, es claro que el Partido Revolucionario Institucional tiene interés jurídico para promover el presente juicio de revisión constitucional electoral, como a continuación se demuestra.

Del análisis del artículo 99 de la Constitución federal y del contenido de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, se aprecia que la legitimación para promover los juicios o interponer los recursos que forman el citado sistema impugnativo, y el reconocimiento del interés jurídico para hacerlo, en defensa de su acervo individual o de las situaciones que afecten intereses difusos de la ciudadanía, se confiere, como regla general, a los partidos políticos, mientras que su apertura para los ciudadanos en lo individual se concreta a los casos en que los actos o resoluciones de autoridad puedan producir una afectación individualizada, cierta, directa e inmediata, en el contenido de sus derechos político-electorales de votar, ser votado o de asociación, o cuando causen un daño o perjuicio en su persona o en su patrimonio, como cuando son objeto de imposición de sanciones, hipótesis en las cuales, además, la restitución en el goce de los derechos conculcados se pueda hacer efectiva mediante la anulación del acto o resolución combatidos, con el acogimiento de la cuestión concreta que se plantee en la demanda, con el ejercicio de la plenitud de jurisdicción, o con la orden específica a las autoridades responsables para que repongan al impugnante en el goce y disfrute de la prerrogativa o derecho de que se trate, sin que para hacerlo sea necesario involucrar al resto de la comunidad ciudadana, ni alterar en lo sustancial, con efectos generales, las medidas o determinaciones tomadas para la organización, preparación, realización y resultados de un proceso electoral, toda vez que tales situaciones ya están comprendidas en el campo impugnativo en que la legitimación se confiere sólo a los partidos políticos, que resultaría invadida sin ninguna justificación.

En la especie, el Partido Revolucionario Institucional considera que la designación impugnada al carecer de una debida fundamentación y motivación es contraria a derecho y, por ende, transgresora de los preceptos constitucionales y legales que expresa como fundamento de su demanda, con lo cual trata de hacer patente la existencia de una situación jurídica que hace necesaria una sentencia para poner fin a dicha situación.

Al ser el juicio de revisión constitucional electoral el medio idóneo para conocer y resolver de la constitucionalidad o legalidad del acto impugnado, de llegar a demostrarse la transgresión de los preceptos invocados, el juicio puede ajustar a derecho tal situación a través de la revocación o modificación de la resolución controvertida.

Por lo anterior es incuestionable la existencia del interés jurídico del Partido Revolucionario Institucional para la promoción del presente juicio, al quedar demostrado que el promovente esta haciendo valer la lesión de intereses difusos de la ciudadanía; que solicita la emisión de una sentencia que ponga fin al estado de incertidumbre, y por que además existe una relación de utilidad entre la lesión alegada y la providencia solicitada.

También alegan los magistrados del Tribunal Electoral del Estado, que el acto impugnado no es combatible a través del juicio de revisión constitucional electoral en virtud de que no encuadra en la hipótesis contenida en el primer párrafo del artículo 86 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, toda vez que el mismo se refiere exclusivamente a la impugnación de actos o resoluciones de las autoridades competentes de las entidades federativas para organizar y calificar los comicios locales o resolver las controversias que surjan durante los mismos, circunstancia que no se surten en la especie, ya que el Congreso del Estado no es un organismo electoral, ni tiene funciones propias de dichos organismos.

Como ya se señaló al establecer la competencia de esta Sala Superior respecto del presente juicio de revisión constitucional electoral, si bien el acto impugnado es formalmente legislativo, en virtud de haber sido emitido por el Pleno del Congreso del Estado de Nuevo León, lo cierto es que, se trata de un acto materialmente administrativo electoral, a través del cual, se ejerce una atribución prevista en una ley electoral, toda vez que se está frente a la designación de Magistrados que integrarán el Tribunal Electoral de la entidad, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 229 de la Ley Electoral de ese Estado.

En consecuencia, el Pleno del Congreso del Estado de Nuevo León, por lo que respecta al acto impugnado en el presente medio, ejerce una atribución prevista en una ley electoral, para designar a los integrantes del Tribunal Electoral, por lo que para efectos del presente juicio de revisión constitucional electoral, se le considera como autoridad electoral responsable, y en consecuencia, el acto que se impugna por el hoy actor es susceptible de ser objeto de conocimiento de esta Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en términos de lo señalado en los artículos 99, párrafo cuarto, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 184, 186, fracción III, inciso b) y 189 fracción I, inciso e), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el 4 y 87 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

Por otra parte, para los magistrados del Tribunal Electoral del Estado de Nuevo León, no se actualizan los requisitos de la hipótesis de procedencia contenida en el inciso c) del artículo 86 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, toda vez que no existe base legal alguna, ni elementos de prueba que puedan calificar la designación de los magistrados electorales designados como determinante.

Argumento que también deviene inatendible, en virtud de que, de acogerse la pretensión del actor y revocarse la resolución impugnada, esta Sala Superior dejaría sin efectos la designación de los magistrados integrantes del Tribunal Electoral del Estado de Nuevo León, el cual en términos del artículo 44 de la Constitución Política del Estado de Nuevo León, es el órgano encargado de conocer y resolver la impugnaciones y controversias que se susciten, dentro de los procesos electorales de la competencia estatal, por lo que, en el eventual caso de estar integrado en forma irregular, como lo alega el promovente y atendiendo a las atribuciones que legalmente se establecen para el funcionamiento de dicho órgano electoral, se puede concluir válidamente que su indebida integración, sería determinante para el desarrollo del proceso electoral de mérito.

Finalmente, los magistrados alegan que si esta Sala Superior sostiene su competencia para conocer del presente juicio estaría desaplicando los preceptos 86 y 87 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, facultad que es exclusiva de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Lo alegado por los magistrados es inatendible, en virtud de que esta Sala Superior ha determinado que es competente para conocer y resolver el presente juicio de revisión constitucional electoral, derivado de un análisis de las diversas disposiciones de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, en especial de los artículos 86, 87 y 88, y no basándose en una desaplicación o aplicación analógica o extensiva de un precepto constitucional y sus preceptos reglamentarios equivalentes, para extender o ampliar su competencia a casos no preceptuados en la ley y por lo tanto si resultan aplicables las tesis j.02/2001 y j.03/2001 que menciona, pues en ellas no se hace desaplicación alguna, sino por el contrario una interpretación sistemática que si esta dentro de sus facultades.

Una vez desestimadas las causales de improcedencia hechas valer por la autoridad responsable, procede examinar si el juicio de revisión constitucional electoral en que se actúa reúne los requisitos generales y especiales, así como los presupuestos procesales que exige la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

Al respecto, esta Sala Superior considera que se cumplen los requisitos formales estipulados en el artículo 9, párrafo 1 del citado ordenamiento, toda vez que el escrito de demanda además de haberse hecho valer ante la autoridad responsable, contiene el señalamiento del nombre del actor y el domicilio para recibir notificaciones, identifica la resolución impugnada y a la autoridad responsable, además de que, señala los hechos y agravios que le causa la resolución combatida, y finalmente se asienta el nombre y la firma autógrafa del promovente.

Por otra parte, en lo que concierne a los presupuestos procesales de los juicios esta autoridad estima que fueron observados por el enjuiciante, en atención a las consideraciones siguientes:

Legitimación y personería. Se encuentran debidamente acreditadas, toda vez que el Partido Revolucionario Institucional esta legitimado para promover este juicio, atento a lo dispuesto por el artículo 88, párrafo 1, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, por tratarse de un partido político nacional; mientras que la personería de quien suscribe la demanda, María Cristina Díaz Salazar, representante del Partido Revolucionario Institucional, se tiene por acreditada de conformidad con el artículo 88, párrafo 1, inciso d), de la ley antes mencionada, en términos de la escritura número 191, otorgada ante la fe del Licenciado Mauricio González Puente, Notario Público número 62 de la ciudad de Saltillo, Coahuila, mediante el cual Miguel Ángel Yunes Linares en su carácter de Coordinador de Asuntos Jurídicos del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional otorga poder general en favor de la licenciada María Cristina Díaz Salazar, en su carácter de presidenta del Comité Directivo Estatal de dicho instituto político en el Estado de Nuevo León, según quedó acreditado al desvirtuar las causales de improcedencia hechas valer por la autoridad responsable.

Es oportuno. El medio de impugnación en estudio fue promovido dentro del plazo de cuatro días establecido en el artículo 8 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, ya que como se advierte el acuerdo mediante el cual se designó a los magistrados para integrar el Tribunal Electoral del Estado, se tomó durante la sesión ordinaria del treinta de octubre del año dos mil dos, y la demanda del juicio de revisión constitucional electoral se presentó el tres de noviembre del mismo año, según se asienta en el sello de recepción que consta en la foja 64 del cuaderno principal.

Adicionalmente, esta Sala considera que se cumplen con los requisitos previstos en el párrafo 1 del artículo 86 de la Ley de la materia, en base a los razonamientos que a continuación se exponen:

Que se trate de actos definitivos y firmes. Se cumple este requisito en tanto que la resolución impugnada tiene el carácter de firme y definitiva para efectos del presente juicio de revisión constitucional electoral, pues la Ley Electoral del Estado de Nuevo León no prevé ningún medio de impugnación mediante el cual el enjuiciante pueda obtener la modificación o revocación del acto dictado por el Congreso del Estado de Nuevo León, en términos de lo sostenido por esta Sala Superior al desvirtuar las causas de improcedencia hechas valer.

Que se viole algún precepto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Esta exigencia se encuentra satisfecha, con el señalamiento del partido político actor, respecto de que se violan los artículos 14, 16, 17, 41 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud de que para admitir a tramite la demanda del juicio que nos ocupa, no se requiere la demostración fehaciente de la violación a una norma constitucional, toda vez que la satisfacción de tal requisito debe entenderse dentro de un contexto meramente formal, consistente en que en el juicio de revisión constitucional electoral se hagan valer agravios en los que se expongan argumentos tendientes a evidenciar la conculcación de algún precepto constitucional, resultando innecesario que el accionante acredite a priori la violación de algún precepto constitucional, atento a que ello es consecuencia del análisis de los agravios esgrimidos.

Sirve de sustento a lo aquí expuesto la tesis de jurisprudencia J.2/97, emitida por esta Sala Superior, y visible en las páginas veinticinco y veintiséis del suplemento número uno, de ''Justicia Electoral'', Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a mil novecientos noventa y siete, cuyo rubro es:

"JUICIO DE REVISIÓN CONSTITUCIONAL ELECTORAL. INTERPRETACIÓN DEL REQUISITO DE PROCEDENCIA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 86, PÁRRAFO 1, INCISO B), DE LA LEY DE LA MATERIA. Lo preceptuado por el artículo 86, párrafo 1, inciso b), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, referente a que el juicio de revisión constitucional electoral sólo procederá contra actos o resoluciones "Que violen algún precepto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos", debe entenderse en un sentido formal, relativo a su establecimiento como requisito de procedencia, y no al análisis propiamente de los agravios esgrimidos por el partido impugnante, toda vez que ello supone entrar al fondo del juicio; por lo tanto, dicho requisito debe considerarse que se acredita cuando en el escrito correspondiente se hacen valer agravios debidamente configurados, esto es, que éstos precisen claramente los argumentos o razonamientos enderezados a acreditar la afectación del interés jurídico del promovente, derivado de la indebida aplicación o incorrecta interpretación de determinada norma jurídica en el acto o resolución impugnado, por virtud de los cuales se pudiera infringir algún precepto constitucional en materia electoral, toda vez que ello supondría la presunta violación de los principios de constitucionalidad y legalidad electoral tutelados en los artículos 41, párrafo segundo, fracción IV y 116, párrafo segundo, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; o sea, que de los agravios esgrimidos se advierte la posibilidad de que se haya conculcado algún precepto constitucional en la materia, resultando irrelevante que se citen o no los artículos constitucionales presuntamente violados, ya que, de conformidad con el artículo 23, párrafo 3, de la Ley General citada, en la presente vía este órgano jurisdiccional, ante la omisión de los preceptos jurídicos presuntamente violados o su cita equivocada, resuelve tomando en consideración los que debieron ser invocados o los que resultaron aplicables al caso concreto. Por lo anterior, la omisión o cita errónea de los preceptos constitucionales presuntamente violados no tiene como consecuencia jurídica el desechamiento del juicio de revisión constitucional electoral."

Que la violación reclamada pueda resultar determinante para el desarrollo del proceso electoral respectivo o el resultado final de la elección. Como ya se señaló al desvirtuar las causas de improcedencia alegadas, se actualiza la exigencia en comento, en tanto que, de acogerse la pretensión del actor y revocarse la resolución impugnada, esta Sala Superior dejaría sin efectos la designación de los magistrados integrantes del Tribunal Electoral del Estado de Nuevo León, el cual en términos del artículo 44 de la Constitución Política del Estado de Nuevo León, es el órgano encargado de conocer y resolver la impugnaciones y controversias que se susciten, dentro de los procesos electorales de la competencia estatal, por lo que, en el eventual caso de estar integrado en forma irregular, como lo alega el promovente y atendiendo a las atribuciones que legalmente se establecen para el funcionamiento de dicho órgano electoral, se puede concluir válidamente que su eventual indebida integración, sería determinante para el desarrollo del proceso electoral de mérito.

Que la reparación solicitada sea material y jurídicamente posible dentro de los plazos electorales, así como sea factible antes de la fecha constitucional o legalmente fijada para la instalación de los órganos o toma de posesión de los funcionarios electos. Como se advirtió al desvirtuar la improcedencia hecha valer por la responsable y los magistrados del Tribunal Electoral del Estado, este requisito no se actualiza en el caso en estudio, porque se refiere a la instalación de órganos o toma de posesión de funcionarios producto de elecciones populares que se hayan celebrado, es decir, de órganos o funcionarios que hayan resultado electos a través de la emisión del voto universal, libre, directo y secreto, depositado en las urnas, y no de la designación de magistrados integrantes de Tribunales Electorales locales.

Que se hayan agotado en tiempo y forma todas las instancias previas establecidas en las leyes, para combatir los acto o resoluciones electorales en virtud de las cuales se pudieran haber modificado, revocado o anulado. Tal requisito se cumple en virtud de que, según se asentó al dar respuesta a las causales de improcedencia, en el caso a estudio, la Ley Electoral del Estado de Nuevo León, no contempla recurso o medio de impugnación por medio del cual el hoy actor hubiera podido impugnar el acto de designación de magistrados del Tribunal Electoral de dicha entidad, y de esta forma haber obtenido, a través de una instancia local, su modificación, revocación o anulación.

Tomando en consideración que se encuentran satisfechos los requisitos para la procedencia del juicio de revisión constitucional electoral, este órgano jurisdiccional se avoca al análisis de los motivos de inconformidad planteados.

TERCERO. De la lectura integral del escrito de demanda presentado por el Partido Revolucionario Institucional, y atendiendo a lo dispuesto en la tesis de jurisprudencia J.2/98, Tercera Época, Sala Superior, cuyo rubro es "AGRAVIOS. PUEDEN ENCONTRARSE EN CUALQUIER PARTE DEL ESCRITO INICIAL", visible en las páginas 11 y 12 de Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, suplemento número 2, año 1998, se advierte que el partido político actor alega que la resolución impugnada le causa agravio, en virtud de lo siguiente:

1.- La Comisión de Gobernación y Organización Interna de los Poderes, del Congreso del Estado de Nuevo León, violó el proceso de designación de los Magistrados del Tribunal Electoral del Estado previsto en el artículo 229 de la Ley Electoral del Estado, toda vez que al enviar el dictamen al Congreso, indebidamente, no lo integró con las 32 solicitudes que se presentaron; arrogándose atribuciones que sólo le competen al Pleno, puesto que en el dictamen propone los nombres de quienes deben integrar el Tribunal Electoral a manera de planilla, y que al no haber consenso, se debía proceder a la elección por insaculación, decisiones que corresponden sólo al Pleno del Congreso, quien es el facultado para designar de manera individual a cada uno de ellos y en su caso, decidir si se deben elegir por insaculación.

2.- El dictamen enviado al pleno, en el cual se consideró que sólo cinco de las veintisiete solicitudes presentadas para integrar el Tribunal Electoral local cumplían con los requisitos señalados en la ley, y la convocatoria, no están debidamente fundados y motivados, ya que en ellos no se explica el proceso de selección de los candidatos, ni el método para la revisión de los documentos que integraron cada una de las solicitudes, así como tampoco se señalan los motivos para rechazar las solicitudes que consideraron no cumplían requisitos, violando con ello los principios de constitucionalidad y legalidad.

3.- La designación de los Magistrados que integran el Tribunal Electoral del Estado de Nuevo León, es ilegal y violatoria del principio de equidad que debe regir todo proceso electoral, ya que éstos fueron designados exclusivamente por los legisladores del Partido Acción Nacional, haciendo uso indebido de la mayoría de votos que representan en la Legislatura, lo que vulnera la participación equilibrada de los partidos políticos en la contienda, toda vez que para la designación de los funcionarios que integren los órganos electorales, administrativos o jurisdiccionales, se debe contar con el mayor consenso posible entre los distintos partidos políticos, por lo que su designación no puede ser realizada por un solo partido, así sea éste quien tenga el mayor número de diputados en la legislatura.

4.- La aprobación final del dictamen que consignaba la integración del Tribunal Electoral local, carece de sustento legal alguno, ya que durante el proceso de designación se cometieron diversas irregularidades, entre ellas se recibió de manera ilícita, la votación de los diputados Arturo Salinas Garza y Américo Alejandro Ramírez Rodríguez, violentando lo establecido en el artículo 142 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado de Nuevo León, toda vez que en la sesión del 11 de junio del 2002, manifestaron su excusa para conocer del proceso de integración del Tribunal, uno por ser hijo de un aspirante, y el otro porque mantuvo una relación laboral con diverso aspirante.

Por cuestión de método se estudiará en primer término el agravio marcado con el número 2, pues de resultar fundado éste, se haría innecesario el estudio de los restantes motivos de inconformidad.

Son sustancialmente fundados los argumentos en los que se cuestiona la legalidad del acuerdo del Congreso del Estado de Nuevo León, por el que designó a los magistrados del Tribunal Electoral de esa entidad federativa.

Lo anterior porque, la designación de los magistrados es un acto jurídico complejo, que en el caso no está ajustado a derecho, toda vez que el procedimiento del cual deriva el acuerdo reclamado de referencia se encuentra viciado, pues en su desarrollo no se cumplieron las exigencias previstas en la ley y las irregularidades de tal procedimiento (que más adelante se precisarán) afectan a dicho acto.

Se afirma que la designación de los magistrados es un acto complejo, porque no es perfecto y completo por sí solo, sino que constituye la fase última de un procedimiento integrado por diversas etapas, concatenadas entre sí y cada una constituye antecedente y base de la siguiente, de manera que, sólo cuando esa cadena de actos sucesivos se realiza correctamente, se puede estimar que el procedimiento es válido y, por ende, puede servir de base a la decisión final que en ese proceso se emita. Por ese motivo, la decisión no es un acto aislado o individual sino que necesariamente, es el resultado en un proceso que debe ser válido.

La particularidad del acto jurídico complejo estriba, pues, en que está conformado por distintos actos, que por sí mismos no son perfectos, constituyen una de las dos o más etapas de las cuales se desarrolla el todo. La unidad del acto jurídico complejo se conforma por todos esos actos.

En el caso, como ya se dijo, la resolución reclamada consistente en el acuerdo que emitió el Congreso del Estado de Nuevo León; empero, este acto no es por sí mismo perfecto y válido, sino que depende de la validez de los actos que conforman el procedimiento previsto en la ley para la designación de los magistrados del Tribunal Electoral de ese Estado. La eficacia jurídica de la designación depende de que el proceso instruido al efecto sea válido.

Ahora bien la designación de los magistrados del Tribunal Electoral del Estado de Nuevo León tiene como fin la integración de un órgano jurisdiccional de naturaleza colegiada, autónomo e independiente, encargado de velar que los actos electorales se ajusten a la legalidad, como medio de garantizar y legitimar la renovación de los poderes públicos en dicha entidad federativa, mediante elecciones libres, auténticas y periódicas, a través del sufragio universal, igual, libre, secreto y directo. Tales fines no se lograrían si los magistrados designados para que integraran el órgano judicial electoral no se designan conforme a la ley, porque si existieron deficiencias en el proceso de su nombramiento, se pondría en duda la autonomía e independencia del tribunal, lo que afectaría al sistema electoral estatal, por no contar con un órgano que realmente se constituya en garantía de la legalidad de los actos y resoluciones electorales.

La cualidad del Tribunal electoral precisada y el procedimiento para la designación de los magistrados se desprende de la normatividad que a continuación se inserta:

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos:

Artículo 39.

La soberanía nacional reside esencial y originalmente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El Pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de gobierno.

Artículo 40.

Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República representativa, democrática, federal, compuesta de Estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior; pero unidos en una Federación establecida según los principios de esta ley fundamental.

Artículo 41, primer párrafo.

El pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión, en los casos de la competencia de éstos, y por los de los Estados, en lo que toca a sus regímenes interiores, en los términos respectivamente establecidos por la presente Constitución Federal y las particulares de los Estados, las que en ningún caso podrán contravenir las estipulaciones del Pacto Federal.

Artículo 116, fracción IV, incisos del a) al e).

El poder público de los Estados se dividirá, para su ejercicio, en Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y no podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el Legislativo en un solo individuo.

Los Poderes de los Estados se organizarán conforme a la Constitución de cada uno de ellos, con sujeción a las siguientes normas:

...

IV. Las Constituciones y leyes de los Estados en materia electoral garantizarán que:

a) Las elecciones de los gobernadores de los Estados, de los miembros de las legislaturas locales y de los integrantes de los ayuntamientos se realicen mediante sufragio universal, libre, secreto y directo;

b) En el ejercicio de la función electoral a cargo de las autoridades electorales sean principios rectores los de legalidad, imparcialidad, objetividad, certeza e independencia;

c) Las autoridades que tengan a su cargo la organización de las elecciones y las jurisdicciones que resuelvan las controversias en la materia, gocen de autonomía en su funcionamiento e independencia en sus decisiones;

d) Se establezca un sistema de medios de impugnación para que todos los actos y resoluciones electorales se sujeten invariablemente al principio de legalidad;

e) Se fijen los plazos convenientes para el desahogo de todas las instancias impugnativas, tomando en cuenta el principio de definitividad de las etapas de los procesos electorales;

Constitución Política del Estado de Nuevo León.

Artículo 41.

El sufragio es la expresión de la voluntad popular para la elección de los integrantes de los órganos del poder público. La renovación de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y de los Ayuntamientos del estado se realizará en elecciones libres, auténticas y periódicas, a través de la emisión del sufragio universal, igual, libre, secreto y directo.

Artículo 42, último párrafo.

...

La ley establecerá los recursos y medios de defensa, así como las responsabilidades y sanciones por actos violatorios a esta Constitución y a las leyes en materia electoral, garantizando que se fijen los plazos convenientes para el desahogo de todas las instancias impugnativas, tomando en cuenta el principio de definitividad de las etapas de los procesos electorales.

Artículo 44, primer párrafo.

Para conocer y resolver las impugnaciones y controversias que se susciten dentro de los procesos electorales de la competencia estatal o con motivo de la impugnación de resultados de los mismos, se establecerá en el estado un órgano jurisdiccional independiente con autonomía funcional y presupuestal, que tendrá a su cargo el desahogo de los recursos y resoluciones de las controversias que se planteen en la materia. La ley establecerá sus atribuciones, forma de organización y funcionamiento.

45, primer párrafo.

La Ley Electoral del Estado, reglamentaria de esta Constitución en la materia, regulará y garantizará el desarrollo de los procesos electorales; el ejercicio del sufragio; los derechos, obligaciones, organización y funciones de los partidos políticos, asociaciones políticas y organismos electorales; la preparación, desarrollo, vigilancia, cómputo y calificación de las elecciones; el procedimiento de lo contencioso electoral; y en general las demás disposiciones relativas al proceso electoral.

La Ley Electoral del Estado de Nuevo León.

Artículo 1.

La presente Ley es de orden público e interés general; regula el ejercicio de los derechos políticos de los ciudadanos del Estado de Nuevo León; la constitución y funcionamiento de las organizaciones políticas; la preparación, desarrollo y vigilancia del proceso electoral para la renovación de los Poderes Legislativo y Ejecutivo y de los Ayuntamientos del Estado; la declaración de los resultados electorales y la resolución de lo contencioso electoral.

Artículo 2.

En su régimen interior, el Estado de Nuevo León es republicano, democrático, representativo y popular. Tiene como base de su división territorial y de su organización política y administrativa el municipio libre.

Artículo 3.

El sufragio es la expresión libre, individual, igual y secreta de la voluntad popular para la elección de los integrantes de los órganos del poder público. Corresponde al Estado, a los partidos políticos y a los ciudadanos la preparación, desarrollo y vigilancia de los procesos electorales, en los términos de la presente Ley.

La equidad, independencia, imparcialidad, legalidad, objetividad y certeza son los principios rectores de todo proceso electoral. Todas las autoridades del Estado, incluyendo las electorales, están obligadas a garantizar la efectividad del sufragio.

Artículo 65, in fine.

La función electoral se ejerce por los organismos electorales, con la concurrencia de los partidos políticos y los ciudadanos, quienes participarán en la organización, desarrollo, vigilancia, e impugnación de los procesos electorales en los términos de la presente ley.

...

Para el control de la legalidad y resolución de las controversias que se susciten en materia electoral, se establece en el Título Primero de la Tercera Parte de esta Ley, el Tribunal Electoral del Estado.

Artículo 66.

Son fines de la Comisión Estatal Electoral, de las Comisiones Municipales Electorales y del Tribunal Electoral del Estado:

I. Contribuir al desarrollo de la vida democrática y al fortalecimiento del sistema de partidos políticos; garantizando el cumplimiento de los principios rectores del proceso electoral, contenidos en la Constitución

Política del Estado;

II. Garantizar a los ciudadanos el ejercicio de los derechos político electorales y vigilar el cumplimiento de las obligaciones que les impone esta Ley;

III. Garantizar la celebración periódica y pacífica de las elecciones para renovar a los integrantes de los Poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado así como de los Ayuntamientos de la entidad;

IV. Garantizar que los actos y resoluciones electorales de su competencia se sujeten al principio de legalidad;

V. Velar por la autenticidad y efectividad del sufragio y por la

imparcialidad de los organismos electorales; y

VI. Coadyuvar en la promoción y difusión de la cultura política.

Artículo 226.

El Tribunal Electoral del Estado es un organismo autónomo y permanente de acuerdo con lo establecido por la Constitución Política de Nuevo León, la máxima autoridad jurisdiccional en materia electoral para resolver los medios de impugnación que se presenten durante el desarrollo de los procesos electorales ordinarios o extraordinarios o los que surjan entre dos procesos electorales, conforme a lo establecido por la presente ley.

El Tribunal Electoral del Estado al resolver los asuntos de su competencia garantizará que los actos y resoluciones electorales se sujeten invariablemente al principio de legalidad.

Artículo 227.

El Tribunal Electoral del Estado se integrará por tres Magistrados Numerarios y dos Supernumerarios. Estos suplirán las ausencias de aquellos. Entre dos procesos eleccionarios funcionará con un solo Magistrado quien además de la actividad jurisdiccional realizará las atribuciones, dentro de ese período, que en esta ley se señala para el Presidente.

El Tribunal Electoral del Estado funcionará en Pleno durante los procesos electorales y con Magistrado Unitario en el tiempo que exista entre dos procesos electorales.

Artículo 229.

1. El Congreso del Estado expedirá una Convocatoria abierta para la elección de los Magistrados antes del día 15 de junio del año anterior a la elección a la cual deberán concurrir Licenciados en Derecho que reúnan los requisitos señalados en esta ley, con excepción de los poderes, dependencias y funcionarios públicos municipales, estatales y federales, tendrán derecho a presentar propuestas cualquier ciudadano, agrupación y organización social no gubernamentales legalmente constituido. A las propuestas deberán incluir la aceptación por escrito del candidato y el curriculum vitae del mismo.

Artículo 230.

Son requisitos para ser Magistrado del Tribunal Electoral del Estado:

I. Ser ciudadano nuevoleonés en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos, inscrito en la lista nominal de electores del Estado y contar con credencial para votar con fotografía;

II. Tener residencia ininterrumpida en alguno de los Municipios del Estado, no menor de cinco años anteriores a la fecha de su designación, salvo por desempeñar cargos públicos al servicio del Estado o de la Nación o por estar realizando estudios académicos fuera de la entidad. La ausencia por menos de tres meses de la entidad no interrumpe la residencia en el Estado;

III. Tener más de 35 años el día de su designación; ser profesional del derecho con una experiencia mínima de 10 años en el ejercicio de la profesión;

IV. No haber sido condenado por delito intencional;

V. No haber desempeñado en el período de cinco años anteriores a su designación ningún cargo o empleo público en la federación, estado o municipios o en los organismos descentralizados, excepto quienes hayan desarrollado actividades relacionadas con la docencia;

VI. No ser ni haber sido miembro de algún partido político nacional, estatal o de alguna asociación política, en el período de tres años anteriores al día de su postulación;

VII. No haber sido registrado como candidato para algún cargo de elección popular en un término de cinco años anteriores a su designación;

VIII. No encontrarse sujeto a concurso de acreedores, suspensión de pagos o quiebra; y

IX. Ser de reconocida honorabilidad.

Artículo 231.

Los Magistrados designados como numerarios para integrar el Tribunal Electoral del Estado, en su primera sesión designarán, entre ellos a quien figurará como Presidente del Tribunal.

Artículo 232.

El Tribunal Pleno tendrá las siguientes atribuciones:

I. Elegir entre sus miembros a quien figure como Presidente;

II. Dictar disposiciones de carácter general para el desarrollo de sus funciones;

III. Emitir el Reglamento Interior;

IV. Fijar los criterios definitivos para la resolución de los diversos asuntos del conocimiento del Tribunal;

V. Resolver el juicio de inconformidad y el recurso de reclamación que se interponga en contra de los acuerdos de trámite dictados por el Presidente; y

VI. Las demás que se desprendan de esta Ley y del Reglamento Interior.

Artículo 235.

Al instalarse el Tribunal Electoral del Estado, el Presidente publicará un aviso en el Periódico Oficial y en tres diarios de los de mayor circulación en el Estado, dando a conocer la instalación del mismo.

Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado de Nuevo León.

Artículo 1.

El presente reglamento contiene la normatividad para la organización interna del Congreso del Estado de Nuevo León, su funcionamiento y los procedimientos de deliberación y resolución; los casos no previstos en éste, serán resueltos por el Pleno del Congreso, máxima autoridad del Poder Legislativo.

Artículo 37.

Para el despacho de los asuntos que competen al Congreso, se designarán las Comisiones que señala el Artículo 66 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, las cuales los estudiarán y dictaminarán.

Artículo 39, fracción I, inciso d).

Para la elaboración de los proyectos de dictámenes, las Comisiones de Dictamen Legislativo, establecidas en los términos del artículo 70 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, conocerán de los siguientes asuntos:

I. Comisión de Gobernación y Organización Interna de los Poderes:

(...)

d) La designación de Comisionados Ciudadanos de la Comisión Estatal Electoral y de los Magistrados del Tribunal Electoral del Estado;

(...)

Artículo 45.

Cuando algún miembro de cualquiera de las Comisiones tuviere interés en el asunto que les haya sido turnado para su estudio, se excusará y la Asamblea designará a la persona que deba sustituirlo para ese asunto, excepción hecha en aquellos casos en que la comisión conozca de un proyecto o iniciativa suscrito mediante Acuerdo Legislativo por unanimidad.

Artículo 46.

El Presidente de cada Comisión es responsable de los expedientes turnados en ella para su estudio y a este efecto, deberá firmar el recibo de ellos en el libro de turno que llevará la Oficialía Mayor, cesando aquélla responsabilidad cuando los mismos sean devueltos a este órgano de soporte técnico.

Artículo 47.

Las Comisiones emitirán sus juicios sobre los asuntos que se les turnen, por medio de dictámenes que deberán contener una parte expositiva que los fundamente, concluyendo con proposiciones concretas para ser sometidas a la votación de la Asamblea.

Artículo 48.

Las Comisiones deberán rendir dictamen sobre los asuntos de su competencia a la mayor brevedad después de recibir los expedientes relativos. El Presidente del Congreso podrá excitarlas para el cumplimiento de esta disposición, fijando términos para el efecto.

Artículo 49.

Para que el dictamen de cualquiera de las Comisiones pueda ser sometido a la Asamblea deberá presentarse suscrito por la mayoría de los Diputados que integren la comisión correspondiente y ser entregado con una anticipación de veinticuatro horas a los Diputados, salvo los casos en que el asunto haya sido recibido con el carácter de urgente, por acuerdo del Pleno o por un Acuerdo Legislativo. Si algún Diputado disintiera del criterio sustentado, podrá formular su voto particular, que dará a conocer por su lectura íntegra en la misma sesión, inmediatamente después de que sea leído el dictamen de que se trate.

Artículo 50.

Las Comisiones, por medio de su Presidente, podrán pedir a cualquier oficina del Estado o Municipal, todas las instrucciones y exhibición de documentos que estimen convenientes para el despacho de los negocios que se les hayan turnado, y esas constancias deben serle proporcionadas, siempre que el asunto de que se trate no sea de los que deben conservarse en secreto. Cuando la solicitud respectiva no sea atendida, podrá el Presidente dirigirse al Gobernador del Estado, al Presidente del Tribunal Superior de Justicia o al Ayuntamiento correspondiente.

Artículo 51.

Para el despacho de los asuntos que les hayan sido turnados por el Pleno del Congreso, las Comisiones sesionarán a convocatoria de su Presidente, quien informará de ello a la Oficialía Mayor para la programación y apoyo de las sesiones. Los Presidentes de las Comisiones deberán convocar a sesión cuando así lo soliciten al menos, la mitad más uno de sus integrantes.

La convocatoria deberá incluir el orden del día a tratar, lugar, fecha y hora de la sesión; en su entrega se levantará acuse de recepción.

Las sesiones de las Comisiones iniciarán sus trabajos en la hora señalada en la convocatoria respectiva, si se encuentran presentes al menos, la mitad más uno de sus integrantes; si no se cumple con este quórum en un plazo máximo de treinta minutos, contados a partir de la hora señalada en la convocatoria, la sesión no se llevará a cabo, debiéndose citar a una sesión subsecuente.

De cada sesión de las Comisiones, se levantará un acta que contendrá los datos fundamentales de la reunión y consignará los acuerdos a los cuales se llegue.

Artículo 53.

Los dictámenes deberán ser presentados por el Pleno preferentemente en el mismo Período de Sesiones en que se conoció el asunto y a más tardar en el siguiente Período Ordinario de Sesiones.

De las anteriores disposiciones se puede obtener lo siguiente:

1. La soberanía nacional reside esencial y originalmente en el pueblo y es voluntad de éste constituirse en una República representativa, democrática, federal, compuesta de Estados libres y soberanos, en lo concerniente a su régimen interior.

2. El pueblo ejerce su soberanía por medio de los poderes de la Unión, y por los de los Estados. La renovación de los poderes de la Unión y de los Estados se realiza mediante elecciones libres, auténticas y periódicas. Entre las bases para esa renovación se encuentra, la creación de un sistema de medios de impugnación que garantice la constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones electorales.

3. Para garantizar la legalidad de los actos electorales en los Estados se crean tribunales electorales, que deben ser autónomos en su funcionamiento e independientes en sus decisiones, y tendrá a su cargo la aplicación de los medios de impugnación en materia electoral, que garanticen la legalidad de los actos y resoluciones electorales.

4. La integración de los tribunales electorales en los Estados se regula por las constituciones locales y las leyes electorales reglamentarias correspondientes.

5. La legalidad de los actos y resoluciones electorales es imprescindible para que la renovación de los poderes de los Estados sea legítima, pues sólo así se puede estimar que hubo elecciones libres, auténticas y periódicas, a través del sufragio universal, igual, libre y directo.

6. La designación de los magistrados integrantes del Tribunal Electoral del Estado de Nuevo León se realiza mediante un procedimiento expresamente señalado en la ley, con el fin de garantizar su independencia y autonomía.

7. El procedimiento de designación de los magistrados del Tribunal Electoral del Estado de Nuevo León se lleva a cabo ante el Congreso del Estado y se rige, esencialmente por etapas, primero hay una convocatoria en la que se precisan los cargos que se pretenden ocupar, el procedimiento para la designación y los requisitos que deben cumplir los interesados; luego viene una etapa de revisión preliminar de las solicitudes que se hayan presentado, esta revisión la realiza el congreso a través de la comisión facultada para ello, la que debe emitir un dictamen en el que precise las razones y fundamentos que sirvieron para hacer su selección de los candidatos al cargo que cumplan con los requisitos exigidos; el dictamen posteriormente es sometido al Pleno del Congreso para que éste, conforme a la información técnica proporcionada por la comisión en el referido dictamen, proceda a hacer la designación de los magistrados como lo previene la ley.

8. Conviene resaltar, que el análisis preliminar de la documentación la realiza la Comisión de Gobernación y Organización Interna de los Poderes. La evaluación que hace esta comisión debe sustentarse en criterios objetivos, para que el dictamen que emita sirva realmente como instrumento técnico al Pleno del Congreso para hacer la designación.

9. El Congreso del Estado de Nuevo León, sobre la base de la información proporcionada en el dictamen, deberá hacer la designación de cada uno de los magistrados, la cual debe hacerse conforme al siguiente orden: a) la designación podrá hacerse mediante el consenso de los diputados que conformen la legislatura; b) a falta del consenso, la designación deberá realizarse mediante votación calificada de las dos terceras partes de los diputados presentes, y c) si no se logra la votación calificada, entonces la designación se debe realizar mediante insaculación de entre los interesados que hayan colmado los requisitos legales requeridos para ese cargo; este mecanismo debe aplicarse individualmente para cada uno de los candidatos al cargo de magistrado, lo que implica que pudiera darse el caso que uno o más magistrados fueran designados por cualquiera de esos métodos.

En el presente caso, del estudio de la convocatoria que constituyó propiamente el inicio del procedimiento de designación de los magistrados que integrarían el tribunal electoral, se exigían requisitos de carácter positivo y negativo.

Los positivos son los siguientes:

1. Ser ciudadano nuevoleonés en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos, inscrito en la lista nominal de electores del Estado y contar con credencial para votar con fotografía.

2. Tener residencia continua en alguno de los municipios del Estado de cuando menos cinco años anteriores a la fecha de la designación, con las excepciones relativas al desempeño de cargos públicos o la realización de estudios.

3. Tener más de treinta y cinco años al día de su designación.

4. Ser profesional del derecho con experiencia mínima de diez años.

5. Ser de reconocida honorabilidad.

Por otra parte, los requisitos de carácter negativo son los siguientes:

1. No haber sido condenado por delito intencional.

2. No haber desempeñado en el periodo de cinco años anteriores a su designación ningún cargo o empleo público, excepto quienes hayan desarrollado actividades docentes.

3. No ser ni haber sido miembro de partido político o de alguna asociación política, los tres años anteriores al día de su postulación.

4. No haber sido registrado como candidato para algún cargo de elección popular en un término de cinco años anteriores a su designación.

5. No encontrarse sujeto a concurso de acreedores, suspensión de pagos o quiebra.

Ahora bien, en dicha convocatoria únicamente se precisó que la documentación que se debía exhibir con la propuesta era la siguiente:

1. La que acreditara la personería de los proponentes.

2. La aceptación por escrito del candidato.

3. El curriculum vitae del candidato

Es decir que, salvo estas últimas precisiones, no se estableció la forma de acreditar los requisitos positivos enumerados, ni qué documentación los justificaba, mucho menos la manera en que la comisión tendría por satisfechos los requisitos de carácter negativo.

En tal virtud, ante las deficiencias de la convocatoria, la primera etapa procedimental natural que debió realizar la Comisión de Gobernación y Organización Interna de los Poderes, consistía en identificar con toda claridad y precisión, cuál sería el modo de comprobación de los requisitos, toda vez que en la convocatoria no se determinó o informó al público la necesidad de que con la propuesta, se anexaran pruebas ni se precisó cuáles debían ser éstas.

Posteriormente, la Comisión debió notificar personalmente a los interesados esa necesidad probatoria, fijando qué tipos de prueba podían aportarse para satisfacer la exigencia que desde la ley se encuentra prevista, a través de instrumentos accesibles para los ciudadanos, proporcionándoles un tiempo razonable para la obtención de esos elementos.

Enseguida, para la revisión correspondiente, la Comisión tenía que proceder al análisis individual de cada expediente, para lo cual debía, en principio, asegurarse de que cada uno de sus miembros tuviera con toda oportunidad la información y documentación necesaria para emitir una opinión debidamente razonada.

En esta dirección, dicho órgano también tenía la obligación de establecer cómo debían valorarse los documentos, cuáles eran aptos para el fin perseguido y cuáles no resultaban idóneos.

Después, para cumplir de manera correcta con sus obligaciones, se hacía necesario el establecimiento de la metodología a utilizar para la revisión de los elementos relacionados con cada uno de los candidatos propuestos, que la llevaran a determinar, de manera fundada y motivada, cuáles de las personas propuestas satisficieron los requisitos y cuáles no, de tal manera que la Comisión podía cumplir con sus funciones, de diversas maneras, siempre tomando en consideración los principios generales del derecho, las reglas de la lógica o las máximas de experiencia con las que se debe conducir un órgano colegiado para la toma de decisiones, esto es, que podía proceder, por ejemplo, de alguna de las siguientes maneras:

a) Encomendar a alguno o algunos de los miembros, para efecto de formular una minuta, proyecto de dictamen, propuesta de dictamen, opinión, etcétera, que contuviera una relación de las personas que cumplían a cabalidad los requisitos, en la que se indicara el análisis caso por caso de la documentación correspondiente, se precisara si reunían o no los elementos necesarios, para someterlo a todos los miembros de la comisión para su aceptación o rechazo.

b) Convocar oportunamente a una asamblea, sesión o reunión, estableciendo un orden del día, y entregando a cada uno de los miembros del órgano, la información y documentación vinculada con los aspectos a tratar, para que en ella se procediera al análisis y discusión correspondiente, otorgando participación a sus miembros en la forma que estimara más conveniente, como podría ser la inscripción de oradores, el turno de participación, etcétera.

c) Permitir que cada uno de los miembros de la Comisión elaborara por separado un proyecto de dictamen u opinión, para externar argumentos a favor o en contra de la satisfacción de los requisitos de los candidatos, con el objeto de que se escucharan las propuestas de todos los miembros de ese órgano colegiado, y se sometieran a su consideración.

Todo lo anterior, debe constar en un acta circunstanciada que se elabore al respecto y/o en alguna de las otras formas reconocidas o aceptadas para guardar la memoria de las actividades, como podría ser una versión estenográfica, grabación o videograbación oficiales.

En ninguno de los supuestos que a guisa de ejemplo se indicaron, se debe descartar la posibilidad de proyectos alternos que presente cualquiera de los integrantes del cuerpo colegiado, y en la sesión debe constar que oportunamente se distribuyeron a los demás los proyectos o se les dio lectura íntegra, o hubo dispensa para ésta, lo anterior fundado y motivado porque se trata de un dictamen técnico.

Finalmente, cuando el proyecto estuviera lo suficientemente discutido y fuera aprobado, ya por consenso o en su defecto, por mayoría, elaborar el dictamen definitivo, para proceder a la siguiente etapa de la designación de magistrados para integrar el tribunal electoral de dicha entidad federativa, consistente en la designación por el Pleno del Congreso.

Sin embargo, de las constancias que integran el expediente, esta Sala Superior advierte que el proceder de la Comisión fue deficiente, ya que no llevó a cabo los actos mínimos necesarios para que se pudiera considerar que el dictamen que elaboró esté debidamente fundado y motivado, y con el objeto de evidenciarlo se reproducirá la trascripción estenográfica de las reuniones que ésta celebró los días 28 y 29 de octubre del presente año, estableciendo que las mismas por estar certificadas por el Oficial Mayor del Congreso del Estado de Nuevo León, deben ser consideradas documentales públicas en términos de lo que establece el artículo 16 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral Federal y el 267 segundo párrafo de la ley local electoral, y en tal virtud hace prueba plena.

"EL H. CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE NUEVO LEÓN, LXIX LEGISLATURA, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE CONCEDE EL ARTÍCULO 63, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA LOCAL, EXPIDE EL SIGUIENTE:

ACUERDO

NÚM......296

Artículo Primero.- La LXIX Legislatura al Congreso del Estado de Nuevo León, en cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 229 y 230 de la Ley Electoral del Estado, en vigor,

CONVOCA

A las agrupaciones y organizaciones sociales no gubernamentales legalmente constituidas y a los ciudadanos en general, a presentar propuestas para seleccionar a los Magistrados del Tribunal Electoral del Estado que fungirán durante el período comprendido entre el día 1° de noviembre de 2002 y el día 31 de diciembre de 2003, de conformidad con las siguientes:

BASES

Primera.- Podrá presentar propuestas todo ciudadano, agrupación u organización social no gubernamental legalmente constituido. (sic) En ningún caso se aceptarán propuestas de los poderes, dependencias y funcionarios públicos municipales, estatales y federales.

Segunda.- Las propuestas se recibirán en la Oficialía Mayor del H. Congreso del Estado, planta baja de la Torre Administrativa, ubicada en Matamoros y Zaragoza, Monterrey, Nuevo León, de las 9:00 a las 18:00 horas, entre los días 15 de junio y 16 de julio del presente año, de lunes a viernes.

Tercera.- Los ciudadanos que sean objeto de propuesta deberán cubrir los requisitos que para el cargo de Magistrado exige el artículo 230 de la Ley Electoral del Estado, y que son los siguientes:

Ser ciudadano nuevoleonés en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos, inscrito en la lista nominal de electores del Estado y contar con credencial para votar con fotografía;

Tener residencia ininterrumpida en alguno de los Municipios del Estado, no menor de cinco años anteriores a la fecha de su designación, salvo por desempeñar cargos públicos al servicio del Estado o de la Nación o por estar realizando estudios académicos fuera de la entidad. La ausencia por menos de tres meses de la entidad no interrumpe la residencia en el Estado;

Tener más de 35 años el día de su designación;

Ser profesional del derecho con una experiencia mínima de 10 años en el ejercicio de la profesión;

No haber sido condenado por delito intencional;

Deberán acreditar, además, los siguientes requisitos:

No haber desempeñado en el período de cinco años anteriores a su designación ningún cargo o empleo público en la federación, estado o municipios o en los organismos descentralizados, excepto quienes hayan desarrollado actividades relacionadas con la docencia;

No ser ni haber sido miembro de algún partido político nacional, estatal o de alguna asociación política, en el período de tres años anteriores al día de su postulación;

No haber sido registrado como candidato para algún cargo de elección popular en un término de cinco años anteriores a su designación;

No encontrarse sujeto a concurso de acreedores, suspensión de pagos o quiebra; y

Ser de reconocida honorabilidad.

Cuarta.- Las propuestas se formularán por escrito y contendrán la documentación que acredite la personalidad de los proponentes. Asimismo, deberán incluir la aceptación por escrito del candidato a Magistrado y su curriculum vitae.

Quinta.- Las propuestas recibidas serán revisadas por la Comisión de Gobernación y Organización Interna de los Poderes, la cual elaborará un dictamen que contendrá las que cubran todos los requisitos legales, mismo que se hará del conocimiento del Pleno a fin de que haga las designaciones en la forma y plazos previstos por la Ley Electoral del Estado.

Sexta.- La información sobre los casos no previstos en la presente Convocatoria y la adicional que se requiera, será proporcionada por la Comisión de Gobernación y Organización Interna de los Poderes, a través de la Oficialía Mayor del H. Congreso del Estado, en días y horas hábiles.

Artículo Segundo.- El presente Acuerdo entrará en vigor al momento de su aprobación.

Artículo Tercero.- Publíquese por lo menos en un diario de mayor circulación en el Estado.

Artículo Cuarto.- Envíese al Ejecutivo para su publicación en el Periódico Oficial del Estado.

Por lo tanto envíese al Ejecutivo del Estado y publíquese en el Periódico Oficial del Estado.

Dado en el Salón de Sesiones del H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, en Monterrey, su capital a los once días del mes de junio del año dos mil dos."

"ACTA NÚMERO 30 DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y ORGANIZACIÓN INTERNA DE LOS PODERES, REUNIÓN DE TRABAJO CELEBRADA DENTRO DEL PRIMER PERIODO ORDINARIO DE SESIONES DEL TERCER AÑO DE EJERCICIO CONSTITUCIONAL DE LA LXIX LEGISLATURA AL H. CONGRESO DEL ESTADO.

PRESIDENCIA DEL C. DIPUTADO ALFREDO GARZA REYNA.

EN LA SALA DE JUNTAS DEL SÉTIMO PISO, SIENDO LAS 9:52 HORAS DEL DÍA 28 DE OCTUBRE DE 2002 SE PROCEDE A VERIFICAR LA ASISTENCIA DE LOS C. C. DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN, ESTANDO PRESENTES:

PRESIDENTE:DIP. ALFREDO GARZA REYNA

SECRETARIO:DIP. ANTONIO PERALES ELIZONDO

VOCAL:DIP. RODOLFO CAVAZOS AGUIRRE

VOCAL:DIP. ELOY TREVIÑO RODRÍGUEZ

VOCAL:DIP. SANTIAGO GONZÁLEZ SOTO

VOCAL:DIP. MIGUEL ÁNGEL SÁNCHEZ OBREGÓN

VOCAL:DIP. HUGO SALAZAR MATA

HABIENDO QUÓRUM LEGAL POR PARTE DE LOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y ORGANIZACIÓN INTERNA DE LOS PODERES, SE DA POR INICIADA LA REUNIÓN DE TRABAJO.

SE HACE MENCIÓN DE QUE LOS DIPUTADOS AMÉRICO ALEJANDRO RAMÍREZ RODRÍGUEZ Y JOSÉ ARTURO SALINAS GARZA SE EXCUSAN PARA TRATAR EL ASUNTO DE LOS MAGISTRADOS, TOMANDO SU LUGAR LOS DIPUTADOS RODOLFO CAVAZOS AGUIRRE Y HUGO SALAZAR MATA.

ENSEGUIDA, EL DIPUTADO ANTONIO PERALES ELIZONDO DA LECTURA AL ORDEN DEL DÍA, SIENDO EL SIGUIENTE:

1.- LISTA DE ASISTENCIA.

2.- LECTURA, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA REUNIÓN ANTERIOR.

3.- ANÁLISIS DE LAS PROPUESTAS DE MAGISTRADOS DEL TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL, EXPEDIENTE 1921.

4.- ASUNTOS GENERALES.

5.- CLAUSURA DE LA REUNIÓN.

ANTES DE PONER A VOTACIÓN EL ORDEN DEL DÍA, EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL SÁNCHEZ OBREGÓN MENCIONA QUE PROBABLEMENTE EL DÍA DE HOY SE TURNE A LA COMISIÓN EL ASUNTO DEL REGIDOR DE GALEANA, NUEVO LEÓN, Y DICE: " SI ACASO SE LLEGA A INTEGRAR TODO, QUE SE REVISE EL DÍA DE MAÑANA.

EN ESE SENTIDO, EL DIPUTADO ALFREDO GARZA REYNA MANIFIESTA QUE TAMBIÉN FUE TURNADA LA SOLICITUD DE LICENCIA DEL REGIDOR DE JUÁREZ, NUEVO LEÓN, A QUIEN ANTERIORMENTE LE FUE CONCEDIDA UNA LICENCIA POR TRES MESES, MISMA QUE YA VENCIÓ Y EN RAZÓN DE QUE EL PRESIDENTE MUNICIPAL LE HIZO LA INVITACIÓN DE NUEVA CUENTA PARA QUE CONTINUARA EN EL PUESTO DE DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD DEL MUNICIPIO DE JUÁREZ, NUEVO LEÓN, DOCUMENTO QUE YA FUE CIRCULADO A LOS GRUPOS LEGISLATIVOS COMO ANTEPROYECTO DE DICTAMEN JUNTO CON EL ASUNTO DEL FALLECIMIENTO DEL REGIDOR YA ANTES MENCIONADO. SERÍA FACTIBLE OCUPARSE DE DICTAMINAR AMBOS ASUNTOS.

EL SECRETARIO INFORMA QUE EN ESTE MOMENTO SE ACABA DE INCORPORAR A LA REUNIÓN LOS DIPUTADOS JOSÉ HUMBERTO SÁNCHEZ GUTIÉRREZ, JOSÉ RICARDO VILLARREAL BARBARÍN, HÉCTOR HUMBERTO GUTIÉRREZ DE LA GARZA, SANTIAGO GONZÁLEZ SOTO, ASÍ COMO AL DIPUTADO FERNANDO AGUILAR JIMÉNEZ, HACIENDO MENCIÓN QUE ÉSTE ÚLTIMO NO ES MIEMBRO DE LA COMISIÓN.

ENSEGUIDA, EL DIPUTADO JOSÉ HUMBERTO SÁNCHEZ PROPONE QUE LOS ASUNTOS MENCIONADOS SE AGREGUEN AL ORDEN DEL DÍA, Y QUE EN SU OPORTUNIDAD SE HAGAN LAS ANOTACIONES RESPECTIVAS PARA LA DELIBERACIÓN CORRESPONDIENTE CON LOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN A QUIENES DEBA CORRESPONDER CADA ASUNTO.

EN ESE SENTIDO, CON LA ACLARACIÓN ANTES MENCIONADA, SE PONE A CONSIDERACIÓN DE LOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN EL ORDEN DEL DÍA, CON LAS OBSERVACIONES ANTES SEÑALADAS.

SE APRUEBA POR UNANIMIDAD.

SE PROCEDE A DESAHOGAR EL SIGUIENTE PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, QUE ES LECTURA, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA REUNIÓN ANTERIOR.

SE PONE A CONSIDERACIÓN DE LOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN LA DISPENSA A LA LECTURA DEL ACTA DE LA REUNIÓN ANTERIOR, ASÍ COMO EL CONTENIDO DE LA MISMA..

SE APRUEBA POR UNANIMIDAD.

SE PROCEDE A DESAHOGAR EL SIGUIENTE PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA. QUE ES ANÁLISIS DE LAS PROPUESTAS DE MAGISTRADOS DEL TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL. EXPEDIENTE 1921.

RESPECTO DE LO ANTERIOR, EL DIPUTADO ALFREDO GARZA MENCIONA QUE SE ESTÁ TRABAJANDO EN EL INTERIOR DE LOS GRUPOS LEGISLATIVOS PARA TRATAR DE SACAR UN CONSENSO EN DICHO ASUNTO, POR LO CUAL FUE CONVOCADA LA COMISIÓN PARA EMPEZAR A TRABAJAR EN EL MISMO, POR LO QUE LA PRESIDENCIA PIDE SE DECLARE EN PERMANENTE.

ENSEGUIDA, EL DIPUTADO HÉCTOR HUMBERTO GUTIÉRREZ DE LA GARZA EXPRESÓ:"HASTA ESTE MOMENTO LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y ORGANIZACIÓN INTERNA DE LOS PODERES NO HA TOMADO NINGUNA DECISIÓN PARA DESCALIFICAR O CONSIDERAR QUE NO REÚNEN LOS REQUISITOS ALGUNO DE LOS ASPIRANTES, ES PREGUNTA, PARA QUE QUEDE CONSTANCIA QUE, HASTA ESTE MOMENTO TODOS ESTÁN JUGANDO, INDEPENDIENTEMENTE DE LA CALIFICACIÓN QUE EN SU MOMENTO REALICEMOS SOBRE EL PARTICULAR PARA QUE NO HAYA DISCUSIÓN."

A CONTINUACIÓN EL DIPUTADO JOSÉ HUMBERTO SÁNCHEZ PREGUNTA: "¿PROPONE LA PRESIDENCIA ALGUNA METODOLOGÍA PARA QUE HAGAMOS EL ANÁLISIS DE LOS CANDIDATOS?"

LUEGO, EL DIPUTADO SANTIAGO GONZÁLEZ SOTO MANIFIESTA: "ES EN EL MISMO SENTIDO, CONSIDERANDO QUE SE HAN ESTADO MENCIONANDO ALGUNOS NOMBRES, COMO QUE YA SON LOS QUE PUDIESEN INTEGRAR EL TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL, AHORA SÍ QUE ME GUSTARÍA QUE HUBIESE MÁS COMUNICACIÓN ENTRE LOS GRUPOS LEGISLATIVOS PORQUE PROBABLEMENTE USTEDES ESTÉN CONSIDERANDO ALGUNOS DE ELLOS; LOS DEL PRI, OTROS, Y NOSOTROS TAMBIÉN. ENTONCES YO PIENSO QUE YA CONVIENE IR CIRCULANDO ALGUNAS IDEAS; IR REBOTANDO PARA QUE SE HAGA EFECTIVO EL FAMOSO CONSENSO Y NO LLEGAR AL TAN LAMENTABLE SISTEMA DE LA INSACULACIÓN. YO PEDIRÍA POR ESE LADO ESO."

EL DIPUTADO ALFREDO GARZA REYNA MANIFIESTA: "SOBRE LA METODOLOGÍA QUE HA EXPRESADO EL DIPUTADO JOSÉ HUMBERTO SÁNCHEZ GUTIÉRREZ. TENEMOS DEL CONOCIMIENTO QUE TENEMOS... (ES INTERRUMPIDO POR EL DIPUTADO HÉCTOR HUMBERTO GUTIÉRREZ DE LA GARZA).

EL DIPUTADO HÉCTOR HUMBERTO GUTIÉRREZ DE LA GARZA EXPRESÓ: "ME GUSTARÍA QUE QUEDARA Y SE HICIERA CONSTAR QUE HASTA ESTE MOMENTO, PARA QUE QUEDE EN LA GRABACIÓN, NO SE HA TOMADO NINGUNA DETERMINACIÓN PARA CONSIDERAR QUE ALGUNO DE LOS ASPIRANTES NO REÚNE LOS REQUISITOS."

EL DIPUTADO ALFREDO GARZA REYNA EXPRESÓ: "ASÍ ES, EFECTIVAMENTE, CIERTAMENTE ES LA PRIMERA VEZ QUE ESTAMOS SESIONADO PARA ESTE EFECTO: LOS 32 EXPEDIENTES HAN SIDO TURNADOS PARA LAS OBSERVACIONES QUE CADA UNO DE LOS DIPUTADOS ESTIMEN PERTINENTES, OBVIAMENTE QUE VAMOS A PASAR POR UN PROCESO DE INTRODUCCIÓN EN CADA UNO DE LOS ASPIRANTES, HABRÁ UNOS CUADROS Y DATOS TÉCNICOS PARA APOYO DE LOS MISMOS. RESPECTO A LA METODOLOGÍA DEL PROCESO DE SELECCIÓN DE LOS DATOS EXISTENTES, DENTRO DE LOS EXPEDIENTES QUE CONFORMAN LOS 32, YA HAY TRABAJO AVANZADO. SI EN ESTE MOMENTO NOS DECLARAMOS EN PERMANENTE, PUDIÉSEMOS INTERCALAR INFORMACIÓN Y DE ALGUNA OTRA FORMA INICIAR YA LOS TRABAJOS FORMALES DE ESTE PROCESO DE SELECCIÓN."

EL DIPUTADO JOSÉ HUMBERTO SÁNCHEZ GUTIÉRREZ EXPRESÓ: "¿HAY ALGUNA PROPUESTA PARA PROCEDER A REVISAR LOS DOCUMENTOS QUE YA TENEMOS EN NUESTRO PODER?"

EL DIPUTADO ALFREDO GARZA REYNA EXPRESÓ: "PROPIAMENTE PARTIMOS DEL PRINCIPIO DE LAS PROPUESTAS INICIALES QUE SE FUERON ENTREGADOS COMO FICHAS TÉCNICAS POR PARTE DE LA OFICIALÍA MAYOR Y POR PARTE DE LA SECRETARÍA TÉCNICA, QUE EN SU MOMENTO OBRAN EN CADA UNO DE LOS EXPEDIENTES DE USTEDES. DE AHÍ PARTIRÍAMOS ESAS OBSERVACIONES."

EL DIPUTADO SANTIAGO GONZÁLEZ SOTO EXPRESÓ: "EFECTIVAMENTE, DE ESA DOCUMENTACIÓN QUE SE NOS HIZO LLEGAR A LOS MIEMBROS DE LA COMISIÓN, AHÍ YA VENÍA ESTABLECIDO QUIÉNES HABÍAN CUMPLIDO CON LOS REQUISITOS, QUIÉNES POR ALGUNA RAZÓN LES FALTABA ALGUNA DOCUMENTACIÓN Y QUIENES PRÁCTICAMENTE ESTABAN DESCALIFICADOS. A MÍ ME GUSTARÍA SABER QUIÉN ELABORÓ ESA INFORMACIÓN."

EL DIPUTADO ALFREDO GARZA REYNA MANIFIESTA: "ESA INFORMACIÓN SE ELABORÓ CON DATOS TÉCNICOS POR PARTE DEL APOYO DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, FUERON SACADOS DE LOS..."

EL DIPUTADO SANTIAGO GONZÁLEZ SOTO EXPRESÓ: "PERDÓN, ¿APOYO DE QUIÉN? ¿DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN?, PORQUE LA COMISIÓN SÓMOS TODOS Y NO SE NOS HABÍA CONVOCADO PARA EL TEMA."

EL DIPUTADO ALFREDO GARZA REYNA EXPRESÓ: "ES UNA PROPUESTA QUE HACE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN. CUANDO MANDAMOS SOLICITAR EL APOYO A TRAVÉS DE LA OFICIALÍA Y A TRAVÉS DEL SECRETARIO TÉCNICO, SE ABOCÓ A DAR EL ESTUDIO Y EL ANÁLISIS DE CADA UNO DE ÉSTOS. ÉSTA ES UNA OBSERVACIÓN QUE HACE EL PRESIDENTE PARA EFECTO DE QUE USTEDES TENGAN ALGÚN INICIO DE ESTOS TRABAJOS Y QUE DE ALGUNA OTRA FORMA SEA ANTECEDENTE Y DE ALGUNA OTRA FORMA SEA ALGO RESUMIDO DE LO EXTENSO QUE ESTÁN LOS EXPEDIENTES, PERO TODO ESTÁ SUJETO A REVISIÓN, OBVIAMENTE."

EL DIPUTADO SANTIAGO GONZÁLEZ SOTO EXPRESÓ: "A MÍ ME INTERESA QUE QUEDE CLARO QUE EFECTIVAMENTE NO ES LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, ES EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN, PERO LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN SOMOS TODOS LOS INTEGRANTES."

EL DIPUTADO ALFREDO GARZA REYNA EXPRESÓ: "HA SIDO UNA COSTUMBRE DE ESTA PRESIDENCIA QUE PARA AGILIZAR MUCHAS VECES LOS TRABAJOS TRAEMOS YA ALGUNA PROPUESTA, ALGÚN DICTAMEN, ETC., Y QUE LA CIRCULAMOS, EN ESE SENTIDO TAMBIÉN LO HEMOS HECHO ASÍ, Y OBVIAMENTE QUE EN EL CONTENIDO DEL DICTAMEN QUE VAYA A PRODUCIRSE HABRÁN DE PRODUCIRSE LAS 32 PROPUESTAS Y DE CÓMO FUERON SELECCIONADOS DE ACUERDO A LAS BASES ESTABLECIDAS EN LA PROPIA CONVOCATORIA Y ESOS REQUISITOS, PARA EN UN MOMENTO DADO, SI HAY UN CONSENSO, SABER EN QUE FORMA SE LLEVÓ A CABO."

EL PRESIDENTE PONE A CONSIDERACIÓN DE LOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN "QUE SE DECLARE PERMANENTE LA MISMA, PARA EFECTO DE CONTINUAR CON LOS TRABAJOS DE TRATAR DE SACAR UN CONSENSO Y AHORITA EN LO PARTICULAR ORGANIZARNOS PARA EL EFECTO DE TRABAJAR EN ESE PROCESO DE LA REVISIÓN DE LOS 32 EXPEDIENTES PARA SABER EN UN MOMENTO DADO QUIÉNES VAN A PASAR EN LA SEGUNDA ETAPA."

SE APRUEBA POR UNANIMIDAD Y SE DECLARA EN PERMANENTE LA REUNIÓN.

LA SESIÓN DECLARADA EN PERMANENTE SE REANUDA SIENDO LAS 16:30 HORAS DEL DÍA 29 DE OCTUBRE DEL AÑO 2002, CONTANDO CON LA ASISTENCIA DE LOS SIGUIENTES DIPUTADOS:

PRESIDENTE:DIP. ALFREDO GARZA REYNA

VICEPRESIDENTE:DIP. HÉCTOR HUMBERTO GUTIÉRREZ

DE LA GARZA

SECRETARIO:DIP. ANTONIO PERALES ELIZONDO

VOCAL:DIP. RODOLFO CAVAZOS AGUIRRE

VOCAL: DIP. ELOY TREVIÑO RODRÍGUEZ

VOCAL:DIP. SANTIAGO GONZÁLEZ SOTO

VOCAL:DIP. JUAN CARLOS RUIZ GARCÍA

VOCAL:DIP. MIGUEL ÁNGEL SÁNCHEZ OBREGÓN

VOCAL: DIP. HUGO SALAZAR MATA

VOCAL:DIP. JOSÉ HUMBERTO SÁNCHEZ GUTIÉRREZ

VOCAL:DIP. JOSÉ RICARDO VILLARREAL BARBARÍN

SE VERIFICA EL QUÓRUM LEGAL, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 51 PÁRRAFO TERCERO DEL REGLAMENTO PARA EL GOBIERNO INTERIOR DEL CONGRESO DEL ESTADO.

SE DECLARA UN RECESO DE 20 MINUTOS.

SE REANUDAN LOS TRABAJOS DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y ORGANIZACIÓN INTERNA DE LOS PODERES, SIENDO LAS 18:59 DEL DÍA 29 DE OCTUBRE DEL AÑO 2002.

PRESIDENTE:DIP. ALFREDO GARZA REYNA

VICEPRESIDENTE:DIP. HÉCTOR HUMBERTO GUTIÉRREZ

DE LA GARZA

SECRETARIO:DIP. ANTONIO PERALES ELIZONDO

VOCAL:DIP. RODOLFO CAVAZOS AGUIRRE

VOCAL: DIP. ELOY TREVIÑO RODRÍGUEZ

VOCAL:DIP. SANTIAGO GONZÁLEZ SOTO

VOCAL:DIP. JUAN CARLOS RUIZ GARCÍA

VOCAL:DIP. MIGUEL ÁNGEL SÁNCHEZ OBREGÓN

VOCAL: DIP. HUGO SALAZAR MATA

VOCAL:DIP. JOSÉ HUMBERTO SÁNCHEZ GUTIÉRREZ

VOCAL:DIP. JOSÉ RICARDO VILLARREAL BARBARÍN

EL DIPUTADO ALFREDO GARZA REYNA EXPRESÓ: "COMO USTEDES SABEN, TIENEN EN SU PODER LOS 32 EXPEDIENTES DE LAS PROPUESTAS RECIBIDAS A ESTE CONGRESO PARA CONFORMAR EL TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL, COMO LES HABÍA INDICADO EL DÍA DE AYER, Y CIERTAMENTE FORMAMOS PARTE DE LA PRIMER SESIÓN DE LOS TRABAJOS. NO HEMOS HECHO EL PROCESO DE SELECCIÓN DE LAS PERSONAS QUE HAN CUBIERTO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA PROPIA CONVOCATORIA. EN TAL RAZÓN LOS TRABAJOS INICIALES QUE SE ENTREGARON FORMAN PARTE DE UN ESTUDIO QUE SE ELABORÓ POR PARTE DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA OFICIALÍA MAYOR, AL IGUAL QUE LOS TRABAJOS REALIZADOS EN LA SECRETARÍA TÉCNICA, EN RAZÓN DE LA CUAL, UNA VEZ QUE LOS TIENEN USTEDES A LA VISTA, QUE LES FUERON CIRCULADOS, ME PERMITÍ DE NUEVA CUENTA UN ESTUDIO Y..."

EL DIPUTADO HÉCTOR HUMBERTO GUTIÉRREZ DE LA GARZA DIJO: "¿EL EX DIPUTADO LOCAL DEL PAN FUE EL QUE PREPARÓ EL PREYECTITO?"

EL DIPUTADO ALFREDO GARZA REYNA CONTINUÓ: "Y HACER DEL CONOCIMIENTO QUE PARA ESTA PRESIDENCIA CUMPLIERON LOS REQUISITOS LAS SIGUIENTES PERSONAS: C. ARTURO SALINAS SALINAS, C. GUILLERMO GUZMÁN DE LA GARZA, C. PEDRO TREVIÑO GARCÍA, C. GRACIELA BUCHANAN ORTEGA, C. GUILLERMO CAMPUZANO ZAMBRANO ES CONSIDERACIÓN Y DISCUSIÓN DE USTEDES."

EL DIPUTADO HÉCTOR HUMBERTO GUTIÉRREZ DE LA GARZA EXPRESÓ: " ¿POR QUÉ NO EVITAMOS LA BURLA, DIPUTADO PRESIDENTE, Y YA LO SOMETE A VOTACIÓN Y NOS EVITAMOS AQUÍ DE TANTA TONTERÍA? ES OBVIO QUE ESTÁ TRABAJANDO PARA TENER SU TRIBUNAL ELECTORAL, ENTONCES, DIGO, LAS SESIONES LAMENTABLEMENTE NO HAN ACEPTADO QUE SEAN PÚBLICAS; ENTONCES, DIGO, VAMOS A DEJARNOS DE SER TARUGOS; NOS PODEMOS IR UN POQUITO MÁS TEMPRANO. SOMÉTALO A VOTACIÓN, ES MUY CLARO LO QUE TRAEN, ESTÁ PREPARADO PARA USTEDES, LES GUSTA EL FRAUDE A LA LEY, YA LO HICIERON CON LA PROCURADORA, AHORA SIGUEN CON LOS MAGISTRADOS, VAMOS A CONTINUAR HOMBRE, PÓNGALO A VOTACIÓN Y YA."

EL DIPUTADO SANTIAGO GONZÁLEZ SOTO DIJO: "YO TAMBIÉN QUISIERA EMITIR MI COMENTARIO, DIPUTADO PRESIDENTE."

EL DIPUTADO ALFREDO GARZA REYNA PROPUSO: "EN ESTE MOMENTO QUISIERA PEDIRLES QUE VOLVAMOS DE NUEVA CUENTA A SUSPENDER LOS TRABAJOS, SI TIENEN A BIEN APROBARLO."

EL DIPUTADO SANTIAGO GONZÁLEZ SOTO EXPRESÓ: "DIPUTADO PRESIDENTE, SE ME LO PERMITE. ANTES YO QUISIERA SECUNDAR LO QUE DIJO EL DIPUTADO HÉCTOR GUTIÉRREZ EN EL SENTIDO DE QUE SI YA ESTO YA ESTÁ ARREGLADO QUE YA SE VOTE, QUÉ NECESIDAD HAY DE QUE TENGAMOS QUE ESTAR AL PENDIENTE OTRAS DOS O TRES HORAS, SI FINALMENTE VAMOS A CAER EN LO MISMO; ENTONCES YO QUIERO SECUNDAR LA PROPUESTA DÉ QUE SE VOTE EN ESTOS MOMENTOS LO QUE YA TRAIGAN USTEDES PREPARADO Y NOS VAMOS CÓMODAMENTE TODOS A DESCANSAR A NUESTRAS CASAS."

EL DIPUTADO ALFREDO GARZA REYNA CONTESTÓ: "DESDE LUEGO QUE USTEDES HAN VISTO LA DISPOSICIÓN QUE HA TENIDO ESTA PRESIDENCIA, SOBRE TODO RESPETANDO... LE PEDIRÍA, SI NO TIENEN NINGÚN INCONVENIENTE, EN QUE HAGAMOS OTRO RECESO EN ESTOS MOMENTOS."

EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL SÁNCHEZ OBREGÓN DIJO: "SÍ TENEMOS INCONVENIENTE. ES QUE NO TIENE CASO. MIRA, USTEDES ESTÁN ESPERANDO UN MILAGRO Y NO VA A SUCEDER, USTEDES ESTÁN EMPECINADOS EN SACAR A LAS MISMAS PERSONAS Y A COMO DÉ LUGAR HAY SITUACIONES EN LOS EXPEDIENTES DE ALGUNAS DE LAS PERSONAS DE LOS CINCO QUE NOMBRARON QUE NO CUMPLEN CON LOS REQUISITOS Y USTEDES MISMOS LO SABEN; ENTONCES, SI USTEDES TRAEN LA INSTRUCCIÓN DE SACAR A COMO DÉ LUGAR ESTO, PUES ESTAMOS PERDIENDO EL TIEMPO. ENTONCES, SOMÉTELO A VOTACIÓN Y YA."

EL DIPUTADO ALFREDO GARZA REYNA, PROPUSO: "YO LES PEDIRÍA SU VOTO DE CONFIANZA, QUE EN ESTOS MOMENTOS AGOTEMOS LOS TRABAJOS, HACEMOS UN PEQUEÑO RECESO DE TRES MINUTOS."

EL DIPUTADO SANTIAGO GONZÁLEZ SOTO DIJO: "DIPUTADO PRESIDENTE, UNA PETICIÓN: ¿ POR QUÉ NO ME REPITE LOS NOMBRES DE LOS QUE USTED DICE QUE SON LOS QUE PRESUNTAMENTE SI CUMPLEN?, SI ME HACE EL FAVOR."

EL DIPUTADO ANTONIO PERALES ELIZONDO EXPRESÓ: "ARTURO SALINAS, GUILLERMO GUZMÁN, PEDRO TREVIÑO, GRACIELA BUCHANAN Y GUILLERMO CAMPUZANO."

EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL SÁNCHEZ OBREGÓN DIJO: "YA, DE UNA VEZ, DÍGANOS QUIÉNES VAN A SER LOS TRES NUMERARIOS Y LOS DOS SUPERNUMERARIOS Y YA ESTÁ ARREGLADO TODO, SI NADA MAS SON CINCO."

EL DIPUTADO ALFREDO GARZA REYNA AFIRMÓ: "EN TAL RAZÓN, DECLARAMOS UN RECESO DE CINCO MINUTOS."

SE DECLARA UN RECESO DE CINCO MINUTOS.

EL DIPUTADO JOSÉ HUMBERTO SÁNCHEZ GUTIÉRREZ DIJO: "YO QUIERO DEJAR CONSTANCIA EN EL SENO DE ESTA COMISIÓN, DADOS LOS COMENTARIOS QUE AQUÍ MIS COMPAÑEROS DIPUTADOS HAN HECHO, DE QUE HEMOS HECHO UN EJERCICIO MUY RIGUROSO, MUY PUNTUAL DE LOS REQUISITOS QUE LA LEY ELECTORAL SEÑALA PARA..."

EL DIPUTADO HÉCTOR HUMBERTO GUTIÉRREZ DE LA GARZA, EXPRESÓ: "HEMOS, ¿QUIÉNES?, PUES LO HARÍAN USTEDES SOLOS, DIPUTADO, PORQUE NOSOTROS NO LO HEMOS HECHO. DICE "HEMOS" SI LO ESTAMOS APENAS REVISANDO; PUES DÍGAME CÓMO "HEMOS", ¿HEMOS A QUÉ HORAS? DIGO, PORQUE NO NOS DEJARON OPINAR A NOSOTROS."

EL DIPUTADO JOSÉ HUMBERTO SÁNCHEZ GUTIÉRREZ DIJO: "INSISTO EN QUE HEMOS HECHO UN EJERCICIO MUY RIGUROSO, MUY PUNTUAL, MUY EXIGENTE DE LAS CONDICIONES Y DE LAS PRUEBAS Y DEL VALOR DE LAS PRUEBAS."

EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL SÁNCHEZ OBREGÓN EXPRESÓ: "¿HICIMOS? ¿QUIÉN Y QUIÉN?"

EL DIPUTADO ALFREDO GARZA REYNA DIJO: "UNA MOCIÓN, CIERTAMENTE SUENA TONTO..."

EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL SÁNCHEZ OBREGÓN AFIRMÓ: "LO HIZO EL PRESIDENTE Y LA SECRETARÍA TÉCNICA, NADA MÁS, LA COMISIÓN NO."

EL DIPUTADO ALFREDO GARZA REYNA EXPRESÓ: "LES PIDO A LOS DIPUTADOS GUARDAR EL RESPETO Y EN SU OPORTUNIDAD QUE CADA QUIEN LO HAGA REGISTRÁNDOSE, EN EL SENTIDO DE QUE AL MOMENTO DE LA REDACCIÓN DEL ACTA NO TENGAMOS NINGÚN PROBLEMA DE QUIEN ESTÁ HACIENDO EL USO EN ESE MOMENTO Y NO SE VEA INTERRUMPIDO POR LOS DEMÁS COMPAÑEROS, EN SU OPORTUNIDAD LES VAMOS A CEDER EL USO DE LA PALABRA, PROCUREMOS NO HACER DIÁLOGOS Y DIRIGIRNOS A LOS QUE SOMOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN PARA LLEVAR UN ORDEN."

EL DIPUTADO JOSÉ HUMBERTO SÁNCHEZ GUTIÉRREZ EXPRESÓ: "DECÍA QUE, HEMOS HECHO UN EJERCICIO MUY RIGUROSO, MUY JURÍDICO DE LOS REQUISITOS QUE LA LEY SEÑALA PARA OCUPAR ESTOS CARGOS, QUE HEMOS REVISADO LOS DOCUMENTOS QUE LAS PERSONAS QUE HAN COMPARECIDO NOS HAN EXHIBIDO. HEMOS VALORADO LA JUSTIPRECIACIÓN DE ESOS DOCUMENTOS PARA ACREDITAR LOS HECHOS QUE LA LEY SEÑALA Y DE ESE EJERCICIO HEMOS CONCLUIDO QUE LAS CINCO PERSONAS QUE EL PRESIDENTE SEÑALÓ SON LAS QUE CUMPLEN CON ESOS REQUISITOS Y ÉSA ES LA PROPUESTA QUE NOSOTROS ESTAMOS HACIENDO."

EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL SÁNCHEZ OBREGÓN AFIRMÓ: "HEMOS CONCLUIDO. ¿QUIÉNES?"

EL DIPUTADO JOSÉ HUMBERTO SÁNCHEZ GUTIÉRREZ EXPRESÓ: "EL GRUPO LEGISLATIVO DEL PAN., ESTAMOS ESPERANDO QUE USTEDES NOS DEN SUS ARGUMENTOS."

EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL SÁNCHEZ OBREGÓN: "QUE QUEDE ASENTADO EN EL ACTA QUE EL GRUPO LEGISLATIVO DEL PAN ACORDÓ Y REVISÓ Y PROPUSO QUE NADA MÁS ESAS CINCO PERSONAS FUERAN."

EL DIPUTADO HUGO SALAZAR MATA EXPRESÓ: "EN EL MISMO SENTIDO, LOS INTEGRANTES DE ESTA COMISIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PAN LLEGAMOS A ESTA CONCLUSIÓN, PERO SIN EMBARGO ME GUSTARÍA CONOCER LOS RAZONAMIENTOS O LAS CONCLUSIONES A LAS QUE LLEGARON LOS DEMÁS GRUPOS PARLAMENTARIOS DE ESTA COMISIÓN, COMO ES EL PRI Y EL PT, Y PODEMOS HABLAR YA DE ALGO EN FIRME."

EL DIPUTADO HÉCTOR HUMBERTO GUTIÉRREZ DE LA GARZA DIJO: "PROPONGO QUE VALOREMOS PRUEBA POR PRUEBA DE CADA UNO DE LOS MIEMBROS. VAMOS A EMPEZAR A TRABAJAR, ¿QUÉ LES PARECE?, "PARA VER DE DÓNDE SALIÓ EL ANÁLISIS."

EL DIPUTADO ANTONIO PERALES ELIZONDO EXPRESÓ: "UNO POR UNO. A VER CUALES PASAN."

EL DIPUTADO HUGO SALAZAR MATA EXPRESÓ: "NO HAY TIEMPO."

EL DIPUTADO HÉCTOR HUMBERTO GUTIÉRREZ DE LA GARZA DIJO: "¿CÓMO QUE NO HAY TIEMPO? ¿ENTONCES ES LO QUE USTEDES DIGAN? PUES ESTÁ USTED EQUIVOCADO, DIPUTADO."

EL DIPUTADO SANTIAGO GONZÁLEZ SOTO EXPRESÓ: "NUEVAMENTE YO CREO QUE CONVENDRÍA HACER UNA REFLEXIÓN PROFUNDA, PORQUE SI NO HACEMOS UNA REFLEXIÓN PROFUNDA ACERCA DE ESTA INFORMACIÓN QUE NOS COMPARTIERON, HACE NO MUCHO Y QUE YO CUESTIONÉ EL DÍA DE AYER QUE NOS CITARON, QUIÉN FUE EL AUTOR DE ESTO, ES DECIR, ¿QUIÉN DESCARTÓ A 27 DE 32, QUIÉN LOS DESCARTÓ?, SI FUE LA OFICIALÍA MAYOR, FUE AQUÍ EL DIPUTADO RODOLFO, EL DIPUTADO RICARDO VILLARREAL, EL DIPUTADO JUAN CARLOS RUIZ, EL DIPUTADO JOSÉ HUMBERTO SÁNCHEZ, EL DIPUTADO HUGO SALAZAR O USTED DIPUTADO PRESIDENTE DE ESTA COMISIÓN. ¿QUIÉN DESCARTÓ A 27 DE LOS 32 CANDIDATOS? POR PRINCIPIO DE CUENTAS, YO CREO MERECEMOS UNA RESPUESTA, ESO ES EN PRIMER PUNTO. SEGUNDO PUNTO: YO PIENSO QUE CON EL. POR LO TANTO, YO PIENSO QUE NO ESTÁN DESCARTADOS NINGUNOS, PORQUE NO LES HEMOS VISTO SIMPLE Y SENCILLAMENTE, NO HEMOS VISTO ABSOLUTAMENTE NADA DEL INFORME COMPLETO QUE TRAE PRECISAMENTE EN SUS MANOS EL DIPUTADO ANTONIO PERALES; Y COMO ÚLTIMO PUNTO, SI USTEDES ME PIDEN MI CONCLUSIÓN ACERCA DE LO QUE ACABAN DE DECIR QUE YA HAY CINCO, QUE FUERON ELEGIDOS COMO LO SEÑALARON HACE UN MOMENTO POR EL GRUPO LEGISLATIVO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, PUES MI CONCLUSIÓN ES MUY SIMPLE Y MUY CLARA: ESTÁN PREPARANDO EL FRAUDE ELECTORAL PARA LAS ELECCIONES DEL 2003."

EL DIPUTADO ANTONIO PERALES ELIZONDO DIJO: "EN EL MISMO SENTIDO DEL DIPUTADO HÉCTOR GUTIÉRREZ DE LA GARZA, YO CREO QUE DEBEMOS ANALIZAR EXPEDIENTE POR EXPEDIENTE PARA CALIFICARLO O DESCALIFICARLO EN ESTE MOMENTO YA QUE ES TRABAJO DE ESTA COMISIÓN HACERLO, PRECISAMENTE, Y CREO QUE ES EN EL SENO DE LA COMISIÓN DONDE DEBE RESOLVERSE ESTA SITUACIÓN, ES UNA SITUACIÓN TRASCENDENTE EN LA QUE DEBEMOS ESTAR INMERSOS TODOS CON MUCHA RESPONSABILIDAD."

EL DIPUTADO JOSÉ HUMBERTO SÁNCHEZ GUTIÉRREZ EXPRESÓ: "EN PRIMER LUGAR, YO QUIERO DEJARLE MUY CLARO AL DIPUTADO SANTIAGO GONZÁLEZ SOTO QUE LOS REQUISITOS QUE LA LEY SEÑALA NO HABLAN DE CAPACIDAD COMPAÑERO DIPUTADO, LA LEY HABLA DE OTRO TIPO DE REQUISITOS QUE DEBEN ACREDITAR, NO LA CAPACIDAD; HABLA DE EXPERIENCIA EN EL EJERCICIO DE LA PROFESIÓN DE ABOGADOS, LO CUAL ESTÁ ACREDITADO EN LOS DOCUMENTOS QUE ESTÁN ACOMPAÑADOS AQUÍ. AHORA, POR OTRA PARTE, HICIMOS YA EL TRABAJO EL GRUPO LEGISLATIVO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. REVISAMOS TODOS LOS DOCUMENTOS ¿POR QUÉ NO HAN HECHO USTEDES EL TRABAJO QUE LES CORRESPONDE? PARA QUE NOS DIGAN EN ARAS DE LA BREVEDAD DE ESTE ASUNTO DE TRABAJO QUE HICIERON, EN CUALES DE LOS QUE ESTÁN AHÍ. YO SUGIERO QUE NOS DEN LA RAZÓN DE AQUELLAS PERSONAS QUE USTEDES ENCUENTRAN QUE NO CUMPLEN PARA PODER HACER MÁS ÁGIL EL TRABAJO DE ESTA COMISIÓN."

EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL SÁNCHEZ OBREGÓN EXPRESÓ: "YA LES DIJE DE ARTURO SALINAS, PARA EMPEZAR."

EL DIPUTADO SANTIAGO GONZÁLEZ SOTO DIJO: "TIENE UN IMPEDIMENTO LEGAL."

EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL SÁNCHEZ OBREGÓN AFIRMÓ: "NO ACREDITA QUE ES ABOGADO NADA MÁS, Y ES UN REQUISITO DE LA LEY Y DE LA CONVOCATORIA."

EL DIPUTADO HUGO SALAZAR MATA DIJO: "A NOSOTROS, CUANDO SE NOS CIRCULÓ, HICIMOS UN ESTUDIO BREVE Y LOS EXPEDIENTES TUVIMOS A VER LA CERTEZA DEL MISMO Y CHECAMOS UNO POR UNO, Y ASÍ FUE EL ACUERDO DE LA COMISIÓN QUE SE CIRCULABAN CON TODA INTENCIÓN, NO PARA TENERLOS AHÍ ARRIBA DE UN ESCRITORIO, SINO PARA ANALIZARLOS DE LA FORMA DE QUE CADA GRUPO PARLAMENTARIO TOMARA EL MÁS CONVENIENTE. SI ALGUNO DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS NO HIZO ESE ANÁLISIS PREVIO, PUES YO NO SÉ QUÉ INTENCIÓN TENÍA CIRCULAR LOS EXPEDIENTES Y EL ANÁLISIS DE LOS MISMOS PREVIOS QUE HIZO LA OFICIALÍA MAYOR; PORQUE AHORITA PODRÍAMOS HACERLO ESO, PERO QUÉ CASO TUVO ENTONCES CIRCULAR LOS EXPEDIENTES EN SU OPORTUNIDAD Y LOS RAZONAMIENTOS, DIGO, ESTO PARA MI QUEDA MUY CLARO QUE QUIEREN QUE ESTO SE ALARGUE MAS PARA QUE ESTO NO SALGA EN SU OPORTUNIDAD."

EL DIPUTADO ALFREDO GARZA REYNA EXPRESÓ: "ANTES DE DAR EL USO DE LA PALABRA AL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL SÁNCHEZ OBREGÓN, VOY A DAR CONTESTACIÓN A LA PREGUNTA QUE ME HABÍA HECHO EL DIPUTADO SANTIAGO GONZÁLEZ SOTO: CIERTAMENTE, DIPUTADO SANTIAGO GONZÁLEZ SOTO, COMO LO EXPRESÉ AYER CUANDO INICIAMOS CON LA APERTURA DE LOS TRABAJOS, LES HABÍA INDICADO QUE LA LISTA DE USTED TIENE EN SU PODER Y QUE FUE CIRCULADA A LOS ONCE INTEGRANTES DE LA COMISIÓN, AL IGUAL QUE LOS EXPEDIENTES, AL IGUAL QUE LAS DEMÁS CONSTANCIAS QUE OBRAN DENTRO DEL EXPEDIENTE, AQUÍ ESTÁN, FUERON POR INSTRUCCIONES DE MI PERSONA, COMO CALIDAD DE PRESIDENTE, A LA OFICIALÍA MAYOR Y A LOS ÓRGANOS DE APOYO PARA EFECTO DE QUE NOS HICIERAN ALGÚN ANTECEDENTE PREVIO, ESO NO SIGNIFICA QUE ES DEFINITIVO. OBVIAMENTE QUE EN ESTE MOMENTO TAMBIÉN VAMOS A PROPONER EL ABRIR CADA UNO DE LOS EXPEDIENTES; A ESO VENIMOS, A SER CLAROS Y TRANSPARENTES. AL PRINCIPIO DE ESTA INTRODUCCIÓN HABÍA EXPRESADO EN MI CALIDAD DE PRESIDENTE; Y COMO LO HABÍA DICHO JOSÉ HUMBERTO SÁNCHEZ, HABÍAMOS SACADO CINCO DE LAS PERSONAS QUE A CONSIDERACIÓN DEL GRUPO LEGISLATIVO DEL PAN HABÍAN CUMPLIDO LOS REQUISITOS, DE LA MISMA MANERA LES HAGO SABER A USTEDES PARA EFECTO DE EMPEZAR LA REVISIÓN RESPECTIVA, POR LO CUAL PREGUNTO, DIPUTADO SANTIAGO GONZÁLEZ SOTO, SI HAY UN LISTADO QUE EL PARTIDO DEL TRABAJO EN ESTE MOMENTO NOS PUEDA SEÑALAR, VAMOS A REVISAR TODOS, PERO EN LO PARTICULAR ¿SI ME LO PUEDE NOMBRAR PARA QUE LA SECRETARIA TOME NOTA EN EL MISMO?"

EL DIPUTADO HÉCTOR HUMBERTO GUTIÉRREZ DE LA GARZA EXPRESÓ: "DIPUTADO PRESIDENTE, ESTÁ GRABANDO LA SESIÓN, PERO CON VIDEO A MÍ ME GUSTARÍA QUE LA GRABARAN."

EL DIPUTADO SANTIAGO GONZÁLEZ SOTO DIJO: "A MÍ ME GUSTARÍA SEÑALAR QUE LA LISTA QUE NOSOTROS TENEMOS Y QUEREMOS PROPONER PARA SU ANÁLISIS EN SENTIDO COMO APARECE LA LISTA QUE USTEDES MISMOS NOS PROPORCIONARON, DEJANDO BIEN EN CLARO QUE NO HAY NINGÚN FAVORITISMO, POR LOS QUE VAMOS A MENCIONAR. YO QUIERO DECIR LO SIGUIENTE: ESTA LISTA COMPRENDE AL C. LUIS GERARDO ALANÍS SALINAS, AL C. JORGE ROLANDO TREVIÑO VILLARREAL. AL C. RENÉ BARRERA PÉREZ, AL C. SALVADOR REYES GARZA, AL C. HORACIO TIJERINA SALDÍVAR, AL C. JUAN HINOJOSA VILLARREAL, AL C. RAYMUNDO SERGIO RAMÓN GARZA, AL C. SPENCER RENÉ MARTÍNEZ GARCÍA, AL C. ALBERTO GARCÍA FARFÁN, AL C. ALFONSO GERARDO MORENO CERVANTES, A LA C. JUANITA GARCÍA ARAGÓN, AL C. JAVIER SEPÚLVEDA PONCE, AL C. GERARDO SALAZAR LARA, AL C. JESÚS ALEJANDRO MENA GAUNA, A LA C. MARÍA GUADALUPE PALOMARES ALONSO, A LA C. AIDÉE GARCÍA ARZAVALA, AL C. JORGE ARNOLDO SALAZAR RODRÍGUEZ, A LA C. NORA LETICIA ALANÍS DÍAZ, A LA C. JACQUELINE ANTUN JALUM, A LA C. MARÍA OLIVIA VÁZQUEZ, A LA C. SONIA GARZA GUAJARDO, A LA C. GRACIELA FULVI DE PIETROGIACOMO, AL C. JOSÉ ÁNGEL GONZÁLEZ SOLÍS, AL C. LEONARDO FRANCO SALINAS Y CONTINUANDO PRECISAMENTE CON ESTO, YO QUISIERA ESTABLECER QUE TODOS ÉSTOS QUE ACABO DE MENCIONAR CUMPLEN CABALMENTE CON LO PRECEPTUADO EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, EN SU ARTÍCULO No. 44 PÁRRAFO TERCER, ASÍ COMO LO ES EN LA LEY ESTATAL ELECTORAL PARA EL ESTADO DE NUEVO LEÓN EN SU ARTÍCULO 230 FRACCIONES I, II, III, IV, V, VI, Y LOS INCISOS A), B) Y C) DE ESTA FRACCIÓN VI DEL ARTÍCULO 230, Y, POR LO TANTO, TODOS SON SUSCEPTIBLES DE SER ANALIZADOS POR ESTA COMISIÓN PARA QUE PUEDAN ELLOS SER ELECTOS COMO MAGISTRADOS AL TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL; DE NO SER ASÍ ESTE ANÁLISIS, Y SI PERSISTE LA CERRAZÓN AL DIÁLOGO, A MÍ ME GUSTARÍA VOLVER A REITERAR QUE ENTONCES LA PRETENSIÓN DEL GRUPO LEGISLATIVO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, EN EL CONGRESO, ES PREPARAR EL FRAUDE ELECTORAL PARA LAS ELECCIONES DEL 2003, CON LO CUAL ESTAMOS COMPLETAMENTE EN DESACUERDO; Y BUENO, YO CREO QUE AQUÍ CONVENDRÍA TAMBIÉN HACER LO SIGUIENTE: QUE SE TRAIGAN TAMBIÉN DE UNA VEZ LA CHISTERA ESA QUE TRAJERON HACE UN MOMENTO JUNTO CON TODAS LAS TARJETITAS; Y BUENO, YO CREO QUE AQUÍ TERMINARÍAMOS CON EL JUEGO MUCHÍSIMAS GRACIAS."

EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL SÁNCHEZ OBREGÓN DIJO: "NOSOTROS CONSIDERAMOS QUE REÚNEN LOS REQUISITOS PARA OCUPAR EL CARGO DE MAGISTRADOS DEL TRIBUNAL ELECTORAL, LAS SIGUIENTES PERSONAS: EL C. JORGE R. TREVIÑO VILLARREAL, EL C. LEONARDO FRANCO SALINAS, EL C. JESÚS A. MENA GAUNA, EL C. SALVADOR REYES GARZA, EL C. JORGE A. SALAZAR RODRÍGUEZ, LA C. NORA LETICIA ALANÍS DÍAZ, LA C. JACQUELINE ANTUN HALUM, A LA C. MARÍA OLIVIA VÁZQUEZ, LA C. SONIA GARZA GUAJARDO, LA C. GRACIELA FULVI DE PIETROGIACOMO, LA C. MARÍA GUADALUPE PALOMARES ALONSO, EL C. ALFONSO MORENO CERVANTES, EL C. JUAN HINOJOSA VILLARREAL, EL C. LUIS ALANÍS SALINAS, LA C. AIDEE GARCÍA ARZAVALA, LA C. JUANITA GARCÍA ARAGÓN, EL C. JAVIER SEPÚLVEDA PONCE, EL C. ROMÁN CANTÚ AGUILLÉN, EL C. SPENCER R. MARTÍNEZ GARCÍA, EL C. RENE BARRERA PÉREZ, EL C. GERARDO SALAZAR LARA Y EL C. ALBERTO GARCÍA FARFÁN. TODOS ELLOS REÚNEN LOS REQUISITOS DEL ARTÍCULO 230 DE LA LEY ELECTORAL, Y POR LO TANTO DEBEN DE CONSIDERARSE HACIA EL INTERIOR DE LA COMISIÓN."

EL DIPUTADO JOSÉ HUMBERTO SÁNCHEZ GUTIÉRREZ EXPRESÓ: "YA QUE TENEMOS LAS LISTAS DE LAS PERSONAS QUE CADA UNO DE USTEDES CONSIDERA QUE DEBE SER ANALIZADA, EL QUE AFIRMA DEBE PROBAR, SEGÚN EL PRINCIPIO DE DERECHO, YO LE PREGUNTARÍA A CADA UNO DE LOS DIPUTADOS QUE ACABA DE SEÑALAR A LOS CANDIDATOS QUE NOS DIGA CUÁLES SON LAS PRUEBAS CON QUE SE ACREDITAN ESOS REQUISITOS PARA PODER ENTRAR A UN ANÁLISIS DE LOS MISMO, PIDO QUE SE PROPONGA Y QUE VOTEMOS ESO."

EL DIPUTADO SANTIAGO GONZÁLEZ SOTO DIJO: ME GUSTARÍA QUE INSTRUYA A LA SECRETARIA QUE NOS PROPORCIONE LA DOCUMENTACIÓN SUFICIENTE PARA INICIAR EL DEBATE QUE COMENTA EN ESTOS MOMENTOS EL DIPUTADO JOSÉ HUMBERTO SÁNCHEZ GUTIÉRREZ."

EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL SÁNCHEZ OBREGÓN EXPRESÓ: "ESTOY DE ACUERDO CON LO QUE DICE EL DIPUTADO, VAMOS A ANALIZAR CADA UNO DE LOS CASOS Y SI QUIEREN EMPEZAMOS POR EL PRIMERO, QUE FUERON EL GRUPO LEGISLATIVO DEL PAN, QUE PROPUSO CINCO NOMBRES, Y LUEGO SEGUIMOS CON EL PT Y LUEGO SEGUIMOS CON EL PRI PARA SEGUIR UN ORDEN."

EL DIPUTADO ALFREDO GARZA REYNA DIJO: "ANTES DE PROCEDER A LO SIGUIENTE HAY UNA PROPUESTA FORMAL POR PARTE DEL DIPUTADO JOSÉ HUMBERTO SÁNCHEZ GUTIÉRREZ, LA PUEDE REPETIR, POR FAVOR, DIPUTADO..."

EL DIPUTADO JOSÉ HUMBERTO SÁNCHEZ GUTIÉRREZ AFIRMÓ: "QUIEN SOSTENGA QUE SE CUMPLEN LOS REQUISITOS POR EL CANDIDATO, NOS DIGA JURÍDICAMENTE, EN QUE SOPORTA EL CUMPLIMIENTO DE ESE REQUISITO CON EL DOCUMENTO IDÓNEO QUE USTED, SEÑOR PRESIDENTE, CON MUCHO TIEMPO, YA NOS HIZO LLEGAR A CADA QUIÉN, ESA ES MI PROPUESTA CONCRETA."

EL DIPUTADO ELOY TREVIÑO RODRÍGUEZ PREGUNTÓ: "¿Y ÉL FUE A COMPROBAR LO QUE ESTÁ DICIENDO DE LAS CINCO PERSONAS?"

EL DIPUTADO ALFREDO GARZA REYNA EXPRESÓ: "AQUÍ HAY TRES PROPUESTAS: LA PROPUESTA DE ACCIÓN NACIONAL, LA PROPUESTA DEL PARTIDO DEL TRABAJO Y LA PROPUESTA DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, TENEMOS YA EL NÚMERO ANOTADO DE LAS PROPUESTAS QUE MENCIONARON ANTES DE CONCENTRAR LA PROPUESTA QUE ACABA DE HACER EL DIPUTADO JOSÉ HUMBERTO SÁNCHEZ GUTIÉRREZ, VAMOS A PONER A CONSIDERACIÓN ESA SOLICITUD QUE ÉL ESTÁ HACIENDO EN EL SENTIDO Y LOS TÉRMINOS COMO LO ESTABLECIÓ."

SE PONE A CONSIDERACIÓN DE LOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN LA PROPUESTA HECHA POR EL DIPUTADO JOSÉ HUMBERTO SÁNCHEZ GUTIÉRREZ.

EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL SÁNCHEZ OBREGÓN EXPRESÓ: "YO NO LE VEO EL CASO QUE LO PONGAS A CONSIDERACIÓN. YA SE EXPUSO AQUÍ LAS PROPUESTAS DE LOS GRUPOS LEGISLATIVOS Y ES UNA OBLIGACIÓN DE LA COMISIÓN ANALIZAR CADA UNA DE LAS PROPUESTAS, SI ESTAMOS DE ACUERDO O NO, NOSOTROS TENEMOS QUE ANALIZARLAS HACIA EL INTERIOR DE LA COMISIÓN, ENTONCES, PUES VAMOS A EMPEZAR A ANALIZARLAS, ¿PARA QUÉ PERDER TIEMPO?"

EL DIPUTADO JOSÉ HUMBERTO SÁNCHEZ GUTIÉRREZ DIJO: "VUELVO A INSISTIR EN QUE CADA UNO DE LOS DIPUTADOS QUE ESTÁ AFIRMANDO QUE EL CANDIDATO CUMPLE CON LOS REQUISITOS QUE LA LEY SEÑALA, JUSTIFIQUE CON QUÉ DOCUMENTO, DE LOS QUE YA USTED CON TIEMPO NOS HIZO LLEGAR ACREDITA EL CUMPLIMIENTO DE ESE REQUISITO PARA PODER IR ANALIZANDO CON PROPIEDAD Y CON RIGOR QUIÉN ES IDÓNEO Y CUMPLE CON LOS REQUISITOS, Y QUIÉN NO."

EL DIPUTADO SANTIAGO GONZÁLEZ SOTO EXPRESÓ: "DIPUTADO PRESIDENTE, YO COMPARTO LA PREOCUPACIÓN Y LA PROPUESTA QUE HACE EL DIPUTADO JOSÉ HUMBERTO SÁNCHEZ EN EL SENTIDO DE QUE ES CONVENIENTE QUE CADA QUIEN EMPECEMOS A VERTER PRECISAMENTE LOS RAZONAMIENTOS QUE NOS HAN HECHO LLEGAR A LA CONCLUSIÓN DE QUE ESTOS QUE ESTÁN AQUÍ SON LOS MEJORES HOMBRES PARA INTEGRAR EL PRÓXIMO TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL; Y EN ESE SENTIDO, DIPUTADO PRESIDENTE, YO QUISIERA INFORMAR A ESTA ASAMBLEA QUE EL DÍA 23 DE SEPTIEMBRE, EFECTIVAMENTE, SE NOS HIZO LLEGAR, COMO LO MENCIONA USTED EN UN ESCRITO QUE ME ENVIÓ A UN SERVIDOR, EN DONDE DICE, PALABRAS MÁS PALABRAS MENOS: LE HAGO LLEGAR INFORMACIÓN RELATIVA A LAS PROPUESTAS PARA EL CARGO DE MAGISTRADO DEL TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL, ENTONCES, EN ESTE SENTIDO, A MÍ ME GUSTARÍA QUE USTED COMO PRESIDENTE DE ESTA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN SOPORTE JURÍDICAMENTE; ÉSA ES LA PETICIÓN QUE YO QUIERO HACERLE, EL LISTADO DE LAS PROPUESTAS YA QUE LA OFICIALÍA MAYOR SOLO HIZO LLEGAR INFORMACIÓN RELATIVA A LAS PROPUESTAS, NO HIZO LLEGAR ESOS EXPEDIENTES COMPLETOS EN ESA FECHA, ÉSAS SE TUVIERON QUE SOLICITAR POSTERIORMENTE ENTONCES, A MÍ ME GUSTARÍA QUE USTED SOPORTE JURÍDICAMENTE EL LISTADO DE ESAS PROPUESTAS, PRINCIPALMENTE DE LAS QUE USTED HIZO AL PRINCIPIO, LOS CINCO QUE MENCIONÓ COMO CANDIDATOS A MAGISTRADOS."

EL DIPUTADO ALFREDO GARZA REYNA DIJO: "DEL LISTADO RELACIONADO CON LAS 32 SOLICITUDES, DE NUEVA CUENTA LES INDICO QUE NO ERA DEFINITIVO, LOS TRABAJOS ELABORADOS, Y LO HICE SABER AYER, ERA UN TRABAJO ELABORADO DE LAS CONSTANCIAS QUE OBRA DENTRO DEL EXPEDIENTE DE CADA ASPIRANTE, PERO QUE TAMBIÉN ÉSTAS ESTABAN A LA CONSIDERACIÓN DE LOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN PARA QUE EN SU OPORTUNIDAD HICIERAN RECOMENDACIONES DE LAS PERSONAS O ASPIRANTES QUE EN UN MOMENTO DADO CONSIDEREN QUE CUMPLIERON O NO CUMPLIERON CIERTOS REQUISITOS, ES DECIR, ES SOLAMENTE LA ANTESALA A LOS TRABAJOS PARA DE ALGUNA U OTRA FORMA FAMILIARIZARNOS CON LOS MISMOS, TENER CONSTANCIAS DE LOS MISMOS Y EN SU OPORTUNIDAD PODER DEBATIR Y DEFENDER QUÉ CONSTANCIAS SOBRAN Y QUÉ CONSTANCIAS DEBEN RESPALDAR A CADA UNO DE ELLOS. EN NUESTRO PODER TENEMOS LOS EXPEDIENTES ORIGINALES, USTEDES TIENEN LAS COPIAS SIMPLES, LAS CONSTANCIAS QUE OBRAN DENTRO DEL EXPEDIENTE ORIGINAL, TAL Y CUAL FUERON ENVIADAS A CADA UNO DE USTEDES. EL RAZONAMIENTO DE LA PROPUESTA INICIAL QUE HICE COMO PRESIDENTE DE LAS CINCO PERSONAS QUE INICIALMENTE SE HICIERON, ESTÁN AHORITA TAMBIÉN SUJETOS A LO MISMO, PERO VUELVO A REPETIR: CADA UNO DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS AQUÍ YA PRESENTADOS, HAN MENCIONADO EL LISTADO DE LAS PERSONAS QUE CONSIDERAN QUE CUMPLIERON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA PROPIA CONVOCATORIA PARA LA DESIGNACIÓN DEL TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL. LA PROPUESTA QUE HA HECHO EL DIPUTADO JOSÉ HUMBERTO SÁNCHEZ GUTIÉRREZ SIMPLE Y LLANAMENTE DE QUE LAS FRACCIONES O LOS DIPUTADOS HAGAN SABER AQUÍ EL SUSTENTO PARA QUE HAGAN EL POSICIONAMIENTO DE CADA UNO DE LOS ASPIRANTES O CANDIDATOS QUE EN UN MOMENTO DADO FUERON SEÑALADOS Y RECIBIDOS."

EL DIPUTADO SANTIAGO GONZÁLEZ SOTO EXPRESÓ: "YO CREO QUE AUN NO HA RESPONDIDO MI PREGUNTA, DADO QUE LO QUE YO LE ESTOY SOLICITANDO, ES PRECISAMENTE DE SOPORTE JURÍDICO, DE SOPORTE TÉCNICO MEDIANTE O EL SISTEMA QUE USTED UTILIZÓ PARA PODER ELEGIR A ESOS CINCO CANDIDATOS. ENTONCES YO CREO QUE LA PREGUNTA NO HA SIDO SATISFECHA, Y ENTONCES, POR LO TANTO, LES SOLICITO LA INFORMACIÓN EN LA CUAL USTED BASÓ SU APRECIACIÓN PARA QUE ESOS CINCO CANDIDATOS FUERAN SU PROPUESTA."

EL DIPUTADO HÉCTOR HUMBERTO GUTIÉRREZ DE LA GARZA DIJO: "CADA UNA DE LAS PERSONAS QUE SOLICITÓ SER CONSIDERADO PARA EL CARGO DE MAGISTRADO ELECTORAL DEBE RECIBIR UNA RESPUESTA DE PORQUÉ NO REÚNE LOS REQUISITOS. ENTONCES, LA PROPUESTA QUE REALIZA ESTA PRESIDENCIA, TAL CUAL LO MENCIONA EL DIPUTADO SANTIAGO GONZÁLEZ SOTO, ES QUE ADEMÁS DEL GRUPO LEGISLATIVO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, PORQUE ESO TAMBIÉN HA QUEDADO AQUÍ MUY CLARO QUE ES PROPUESTA DEL PAN. ESTA PRESIDENCIA HA PRESENTADO A CONSIDERACIÓN DE LA COMISIÓN QUE ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE HAY CINCO CANDIDATOS QUE REÚNEN LOS REQUISITOS, ENTONCES HAY QUE ANALIZAR POR QUÉ CADA UNO DE LOS DEMÁS NO REÚNE LOS REQUISITOS, Y EL DICTAMEN CORRESPONDIENTE ADEMÁS HACERLO NOTAR, TAL CUAL LO MENCIONA EL DIPUTADO SANTIAGO GONZÁLEZ SOTO. ENTONCES, LA PROPUESTA QUE HACE EL DIPUTADO SANTIAGO GONZÁLEZ SOTO ESTÁ PERFECTAMENTE FUNDAMENTADA, ESOS CIUDADANOS A SU VEZ MERECEN UNA RESPUESTA A SU VEZ DE PORQUÉ NO REUNIERON LOS REQUISITOS. PORQUE AQUÍ NO ESTAMOS HABLANDO DE QUE EN LA EVALUACIÓN HABÍA OCHO Y SE ELIGIERON A CINCO NADA MÁS CASUALMENTE CINCO REÚNEN TODOS LOS REQUISITOS, TODOS LOS DEMÁS NO LOS REÚNEN. ENTONCES SON REQUISITOS TOTALMENTE OBJETIVOS. CLARO, DE ACUERDO A LA CONVOCATORIA, PORQUE ESPEREMOS QUE NO ESTÉN INTERPRETANDO MAS ALLÁ DE LA CONVOCATORIA Y DE LA LEY; NO SIENTO QUE SEAN FACULTADES DE NOSOTROS, Y EN ESE TENOR USTEDES, EN ESTE MOMENTO, LA COMISIÓN YA FIJÓ UNA POSTURA: HAY 27 ASPIRANTES QUE NO REÚNEN LOS REQUISITOS DE LEY O DE CONVOCATORIA DE NADA MÁS PUEDE SER. ENTONCES, BUENO, VAMOS A ANALIZAR POR QUÉ CADA UNO DE ELLOS USTED SEÑALA QUE NO REÚNEN LOS REQUISITOS... ES LA PROPUESTA DE LA COMISIÓN. HAY UNA PROPUESTA MUY CLARA A SOLICITUD DE ESTA PRESIDENCIA: QUE LA PRESIDENCIA PROPONE QUE HAY CINCO; ENTONCES HAY 27 QUE NO REÚNEN LOS REQUISITOS, QUEREMOS SABER ESOS 27 POR QUÉ NO REÚNEN LOS REQUISITOS."

EL DIPUTADO JOSÉ HUMBERTO SÁNCHEZ GUTIÉRREZ EXPRESÓ: "YA SE HABÍA HECHO LA PROPUESTA A LA INVERSA: QUIEN AFIRME QUE SE REÚNEN LOS REQUISITOS, QUE DIGA CON QUE LO FUNDAMENTA. SOMÉTALO A VOTACIÓN."

EL DIPUTADO HÉCTOR HUMBERTO GUTIÉRREZ DE LA GARZA DIJO: "EL QUE LO ESTÁ AFIRMANDO ES EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN, NO UN DIPUTADO. EL PRESIDENTE DE LA COMISIÓN, Y AQUÍ ESTÁ LA GRABACIÓN, SEÑALÓ QUE LA SECRETARÍA TÉCNICA HABÍA ELABORADO UN ESTUDIO Y QUE DE ESTE ESTUDIO SÓLO CINCO REUNÍAN LOS REQUISITOS; ENTONCES HAY 27 ASPIRANTES QUE NO LO REÚNEN, LE SOLICITO DE NUEVO A ESTA PRESIDENCIA, ¿POR QUÉ NO REÚNEN LOS 27?, YA VEREMOS A LOS CINCO MÁS ADELANTE, VAMOS A VER ESTOS 27 QUE NO LO REÚNEN."

EL DIPUTADO JOSÉ HUMBERTO SÁNCHEZ GUTIÉRREZ EXPRESÓ: "YO LE PIDO, SEÑOR PRESIDENTE, QUE SOMETA A CONSIDERACIÓN MI PROPUESTA, DE QUE EL DIPUTADO QUE SOSTENGA QUE CUMPLE LOS REQUISITOS QUE LO JUSTIFIQUE Y LO SOPORTE EN LOS DOCUMENTOS QUE HAN ACOMPAÑADO."

EL DIPUTADO HÉCTOR GUTIÉRREZ DE LA GARZA DIJO: "YO LE ESTOY PIDIENDO A LA PRESIDENCIA ASÍ ES DE QUE SON TOTALMENTE DISTINTAS. NO ESTOY DANDO QUE SEA VERDAD, ESTOY SIMPLEMENTE Y LLANAMENTE MENCIONANDO QUE USTED DIJO QUE CINCO REUNÍAN LOS REQUISITOS. O.K., LOS OTROS 27, JUSTIFÍQUEME POR QUÉ NOS LOS REÚNE."

EL DIPUTADO SANTIAGO GONZÁLEZ SOTO EXPRESÓ: "DIPUTADO PRESIDENTE, YO TAMBIÉN LE HE SOLICITADO A ESTA PRESIDENCIA QUE USTED ENCABEZA, PRECISAMENTE, QUE EN BASE AL OFICIO QUE USTED NOS GIRÓ EL DÍA 23 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2002 Y QUE FUE RECIBIDO EN LA OFICINA DE UN SERVIDOR A LAS 12:15 HORAS, Y EN DONDE ESTA DIRIGIDO A UN SERVIDOR QUE TEXTUALMENTE DICE: POR INSTRUCCIONES DEL DIPUTADO ALFREDO GARZA REYNA, PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y ORGANIZACIÓN INTERNA DE LOS PODERES, HAGO LLEGAR A USTED INFORMACIÓN RELATIVA A LAS PROPUESTAS PARA EL CARGO DE MAGISTRADO DEL TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL, RECIBA UN CORDIAL SALUDO... FIRMA EL C. OFICIAL MAYOR. DICE CLARAMENTE QUE LO ÚNICO QUE AQUÍ RECIBIMOS FUE INFORMACIÓN RELATIVA, NO FUE INFORMACIÓN SOBRE UN ANÁLISIS. ENTONCES YO VUELVO A HACERLE A USTED UNA SOLICITUD DE QUE NOS SOPORTE JURÍDICAMENTE EN BASE A QUÉ HIZO SU PROPUESTA PARA CINCO CANDIDATOS, Y EN BASE A QUÉ DESCARTÓ A 27 DE LOS ASPIRANTES A MAGISTRADOS ELECTORALES.

ENTONCES YO CREO QUE LOS MIEMBROS DE ESTA COMISIÓN MERECEMOS UNA RESPUESTA, Y SI ALGÚN OTRO MIEMBRO DE ESTA COMISIÓN TIENE INFORMACIÓN, QUE NOS LA COMPARTA; PERO YO CREO QUE EL SOPORTE JURÍDICO DEBE ESTAR EN ESTO. ENTONCES, ¿CÓMO LE VAMOS A HACER? YO PIENSO QUE USTED DEBE DARNOS UNA EXPLICACIÓN DE CÓMO SE LE HIZO PARA DESCARTAR A ESOS 27 Y CÓMO SE LE HIZO PARA CANDIDATEAR A CINCO DE LOS 32 ASPIRANTES."

EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL SÁNCHEZ OBREGÓN EXPRESÓ: "YO CREO QUE ES MUY LEGÍTIMA LA SOLICITUD QUE HACE EL DIPUTADO HÉCTOR GUTIÉRREZ Y LA QUE HACE SANTIAGO GONZÁLEZ SOTO; PORQUE, MIREN, TODO MUNDO ES INOCENTE MIENTRAS NO SE LE PRUEBE NADA, ENTONCES SI ESTAMOS O SI LA PRESIDENCIA, DE ACUERDO AL ANÁLISIS QUE HIZO JUNTO CON LA SECRETARÍA TÉCNICA, DESCARTÓ A 27 CIUDADANOS, TIENE QUE SUSTENTARLO JURÍDICAMENTE EL PORQUÉ ESTÁ DESECHANDO ESAS PROPUESTAS, PARA QUE ESTA PRESIDENCIA DIGA ÉSTE SE DESCARTÓ PORQUE NO CUMPLE CON ESTE REQUISITO, ÉSTE POR ÉSTE Y LOS CINCO QUE PROPONE LA PRESIDENCIA DEBE DE DECIRNOS TAMBIÉN POR QUÉ. PORQUE NOSOTROS NO PARTICIPAMOS EN ESE ANÁLISIS QUE HIZO LA PRESIDENCIA CON LA SECRETARÍA TÉCNICA NI CON EL GRUPO LEGISLATIVO DEL PAN. ENTONCES TENEMOS QUE DAR UNA EXPLICACIÓN, INCLUSIVE DENTRO DEL DICTAMEN, EL PORQUÉ SE ELIMINARON A ESAS 27 PERSONAS. ENTONCES YO CREO QUE NO LES CUESTA NADA QUE NOS DIGAN BUENO, PUES FULANO DE TAL NO PASÓ POR ESTO Y ÉSTE SI PASÓ PORQUE REÚNE TODOS LOS REQUISITOS, CUMPLIÓ AL PIE DE LA LETRA LOS REQUISITOS, PARA NOSOTROS ACLARAR NUESTRAS DUDAS Y DEMOSTRARLE A LOS CIUDADANOS DE QUE JURÍDICAMENTE QUEDARON FUERA DEL PROCESO DE LA ELECCIÓN O DEL MAGISTRADO DEL TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL, ¿POR QUÉ?, PORQUE TENEMOS QUE EVITAR OTRAS SITUACIONES DE CARÁCTER JURÍDICO QUE PUEDAN EN UN MOMENTO ATACAR LA RESOLUCIÓN DEL PLENO DEL CONGRESO. ENTONCES DEBEMOS DE SUSTENTARLO JURÍDICAMENTE, SI NO, NO PODEMOS IGNORAR A LOS CIUDADANOS QUE METIERON SOLICITUD HACIA ESTE CONGRESO TENEMOS QUE DARLES UNA RESPUESTA, Y ESA RESPUESTA DEBE ESTAR INMERSA EN UN DICTAMEN, SI NO LO HACEMOS, ELLOS PUEDEN RECURRIR A RESOLUCIÓN DEL CONGRESO. ENTONCES, LEJOS DE SOLUCIONAR UN PROBLEMA, VAMOS A CAER EN OTRO MÁS GRAVE. ENTONCES YO LE SUGIERO, DIPUTADO PRESIDENTE, QUE EMPECEMOS EL ANÁLISIS Y QUE VAYA TOMANDO NOTA LA SECRETARÍA TÉCNICA PARA QUE LO VAYA PLASMANDO DENTRO DEL CUERPO DEL DICTAMEN."

EL DIPUTADO JOSÉ HUMBERTO SÁNCHEZ DIJO: "DIPUTADO PRESIDENTE, ESTA COMISIÓN TIENE LA APTITUD JURÍDICA, LA COMPETENCIA JURÍDICA PARA TOMAR DECISIONES EN CUANTO A LA METODOLOGÍA QUE VA A SEGUIR EN EL ESTUDIO DE UN ASUNTO, Y YO LE PIDO QUE ESA AFIRMACIÓN QUE USTEDES ESTÁN DICIENDO QUE LA HIZO LA PRESIDENCIA Y QUE LUEGO UN SERVIDOR DE USTEDES LA PRECISÓ PARA DECIR QUE CADA DIPUTADO QUE AFIRMA QUE ALGUNA DE LAS PERSONAS QUE COMPARECEN CUMPLEN CON LOS REQUISITOS, QUE LO DEMUESTRE. YO LE PIDO A USTED QUE LO SOMETA A VOTACIÓN. ESTA COMISIÓN PUEDE HACERLO Y CONSIDERO QUE ÉSA ES UNA METODOLOGÍA, QUE PODEMOS VOTAR AQUÍ, VAMOS A VOTAR ESA METODOLOGÍA QUE LOS DIPUTADOS ESTÁN AFIRMANDO QUE CUMPLE CON EL REQUISITO, QUE LO DEMUESTREN Y QUE SAQUEN EL DOCUMENTO Y QUE NOS DIGAN LOS FUNDAMENTOS LEGALES. LA OTRA FORMA ES MUY TRANQUILA ESTE GRUPO LEGISLATIVO HA TRABAJADO EN ESTA SITUACIÓN Y AHORA QUÉ QUIEREN QUE VENGAMOS A HACERLES EL TRABAJO A USTEDES, PUES CLARO QUE NO, QUE NOS DIGAN USTEDES EN QUÉ FUNDAN LO QUE ESTÁN DICIENDO, YO ESO ES LO QUE QUIERO SOMETA A VOTACIÓN."

EL DIPUTADO HUGO SALAZAR MATA EXPRESÓ: "PARA PLATICAR CON MIS COMPAÑEROS DE ACCIÓN NACIONAL, LE SOLICITO UN ESPACIO DE CINCO MINUTOS."

EL DIPUTADO SANTIAGO GONZÁLEZ SOTO DIJO: "RESPONDIENDO EN PARTE A LA PETICIÓN DEL DIPUTADO JOSÉ HUMBERTO SÁNCHEZ GUTIÉRREZ, Y AUNQUE AÚN USTED NO ME HA DADO EL SOPORTE JURÍDICO QUE LE HE SOLICITADO, YO QUIERO DECIRLE QUE LOS 27 ASPIRANTES QUE YO HE NOMBRADO, CLARAMENTE JUSTIFICAN SU PARTICIPACIÓN EN EL ARTÍCULO 230 DE LO QUE ES LA LEY ESTATAL ELECTORAL, CUMPLEN CON LA PETICIÓN DE SER CIUDADANOS EN PLENO EJERCICIO DE SUS DERECHOS POLÍTICOS; CUMPLEN CON TENER RESIDENCIA HABITUAL EN ALGUNO DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO, NO MENOR DE CINCO AÑOS ANTERIORES A LA FECHA DE SU INTEGRACIÓN AL TRIBUNAL; CUMPLEN CON TENER MÁS DE 35 AÑOS EXCEPTO UNO DE LOS ASPIRANTES; CUMPLEN PRECISAMENTE CON SER PROFESIONALES DEL DERECHO CON UNA EXPERIENCIA MÍNIMA DE 10 AÑOS EN EL EJERCICIO DE LA PROFESIÓN, EXCEPTO UNO; CUMPLEN CON NO HABER SIDO CONDENADOS POR DELITO INTENCIONAL, AUNQUE DOS DE ELLOS ESTÁN SEÑALADOS DENTRO DE UN PROCESO PENAL QUE HUBO YA UNA DENUNCIA, DOS DE ELLOS QUE SON PRECISAMENTE CANDIDATOS DE USTED; ADEMÁS, BUENO, DICE, DEBERÁN ACREDITAR LOS SIGUIENTES REQUISITOS: NO HABER DESEMPEÑADO EN EL PERÍODO DE CINCO AÑOS ANTERIORES A SU DESIGNACIÓN NINGÚN CARGO DE EMPLEO PÚBLICO, Y CREO QUE CON ESE REQUISITO TAMBIÉN ESTÁN CUMPLIENDO; LO MISMO CUMPLEN DE NO HABER FORMADO PARTE DE LA DIRECTIVA NI HABER TENIDO MILITANCIA RELEVANTE EN EL PERIODO DE TRES AÑOS ANTERIORES AL DÍA DE SU POSTULACIÓN EN PARTIDO POLÍTICO NACIONAL O ESTATAL; Y CUMPLEN CON SER DE RECONOCIDA HONORABILIDAD, DE ACUERDO CON LAS PROPUESTAS DE LOS PROMOVENTES EN ESTE SENTIDO. ENTONCES CREO QUE YO CON ESTO CREO QUE LE DOY EN PARTE RESPUESTA AL DIPUTADO SÁNCHEZ, Y ADEMÁS ESTÁN CUMPLIENDO CON EL ARTÍCULO 44 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO, EN EL SENTIDO QUE AQUÍ SE SEÑALA, DICE: QUE EL TRIBUNAL SE INTEGRARÁ POR EL NÚMERO DE LICENCIADOS EN DERECHO QUE LA LEY DETERMINE, DESIGNADOS POR EL CONGRESO DEL ESTADO POR CONSENSO; A FALTA DE ÉSTE SERÁN ELECTOS POR LAS DOS TERCERAS PARTES. YO, ADEMÁS DE ESTO, SI ASÍ NO FUERE, A MÍ ME GUSTARÍA; QUE USTED NOS DIERA A CONOCER, SI ASÍ NO FUERE LO QUE YO ESTOY SEÑALANDO AQUÍ. Y QUE BUENO AHÍ ENTREMOS EN EL DEBATE, YO ESTOY SEÑALANDO QUE SÍ CUMPLEN CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS TANTO EN LA CONSTITUCIÓN COMO EN LA LEY ELECTORAL; PERO YO SÍ QUISIERA DECIRLE QUE POR LO PRONTO YO LE PODRÍA IMPUGNAR UNO DE SUS CANDIDATOS. POR EJEMPLO, DICE ARTURO SALINAS SALINAS PROPUESTO O PROMOVENTE POR LUIS ARNULFO CUBOS HEREDIA, Y DE LOS DOCE REQUISITOS QUE SE LE SOLICITARON POR LO MENOS NO CUMPLE CON EL SEIS, QUE ES NO EMPLEO PÚBLICO. NO TRAJO NINGÚN DOCUMENTO. DESPUÉS, DICE EL NÚMERO SIETE, NO ES MIEMBRO DE NINGÚN PARTIDO, NO TRAJO NINGUNA ACREDITACIÓN QUE ASÍ SEÑALE LO CONTRARIO. EL NÚMERO OCHO DICE NO HABER SIDO CANDIDATO Y TAMPOCO TRAE ESE DOCUMENTO. EL REQUISITO NÚMERO NUEVE DICE NO SUJETO A CONCURSO DE ACREEDORES Y TAMPOCO LO TIENE, PRECISAMENTE EN ESTE DOCUMENTO QUE NOSOTROS POSEEMOS. Y CON EL NÚMERO DIEZ, RECONOCIDA HONORABILIDAD. ENTONCES, ¿QUÉ SIGNIFICA?, QUE POR LO PRONTO AQUÍ PODRÍAMOS TENER YA UNA IMPUGNACIÓN PARA UNO DE LOS CINCO CANDIDATOS, Y NO QUISIERA SEGUIRLE CON LOS DEMÁS. A MÍ ME GUSTARÍA QUE USTED NOS DÉ ESE SOPORTE JURÍDICO, DÁNDOLE RESPUESTA A LO QUE YA COMENTAMOS CON EL DIPUTADO JOSÉ HUMBERTO SÁNCHEZ, PERO AÚN LE SOLICITO A USTED ESA RESPUESTA QUE DESDE EL PRINCIPIO SE LE HA HECHO AQUÍ EN ESTA REUNIÓN."

EL DIPUTADO ALFREDO GARZA REYNA EXPRESO: "ANTES DE CONTINUAR CON LOS TRABAJOS, HAY UNA PROPUESTA DEL DIPUTADO HUGO SALAZAR MATA, EN ESTE MOMENTO DECLARAMOS UN RECESO DE TRES A CINCO MINUTOS."

EL DIPUTADO JOSÉ HUMBERTO SÁNCHEZ GUTIÉRREZ DIJO: "DIPUTADO PRESIDENTE, INSISTO EN QUE SOMETA A VOTACIÓN LA METODOLOGÍA QUE CADA DIPUTADO QUE SOSTENGA LA IDONEIDAD DE UN CANDIDATO LO SOPORTE CON LOS DOCUMENTOS QUE NOS HA HECHO LLEGAR O QUE LOS TENGA AQUÍ EN EL ARCHIVO LA SECRETARÍA TÉCNICA; PERO QUE SEA CADA CANDIDATO, EMPEZANDO CON EL DIPUTADO SANTIAGO GONZÁLEZ QUE FUE EL QUE SOSTIENE QUE HAY IDONEIDAD DE CIERTOS DIPUTADOS, YO LE PIDO A USTED QUE SOMETA A CONSIDERACIÓN ESTA METODOLOGÍA, PRIMERO: Y EN EL SEGUNDO, AL DIPUTADO SANTIAGO LE FALTÓ MENCIONAR LOS REQUISITOS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 229 DE LA LEY ELECTORAL, QUE LA SECRETARIA TOME UNA LISTA DE LOS REQUISITOS QUE LA LEY SEÑALA Y QUE EL DIPUTADO QUE SOSTIENE LA IDONEIDAD EMPIECE A DECIR COMO ES QUE PRUEBA LO QUE ESTÁ ARGUMENTANDO. ESA METODOLOGÍA, LE PEDIRÍA A USTED QUE LA SOMETAMOS A VOTACIÓN PARA VER SI LA SEGUIMOS Y ESTABLECER UNA FORMA RAZONABLE Y ÁGIL DE TERMINAR CON ESTO."

EL DIPUTADO SANTIAGO GONZÁLEZ SOTO EXPRESO: "APOYANDO LA PROPUESTA DEL DIPUTADO JOSÉ HUMBERTO SÁNCHEZ, YO QUISIERA SEÑALAR EN ESTE CASO, COMO DICE POR AHÍ EL PRINCIPIO DEL DERECHO QUE EL PRIMERO EN APARECER ES PRIMERO EN DERECHO; VAYA, EL PRIMERO EN TIEMPO ES PRIMERO EN DERECHO, YO PIENSO QUE ESTA PRESIDENCIA FUE LA PRIMERA QUE HIZO LA PROPUESTA, QUE NOS DÉ PRECISAMENTE SUS ARGUMENTOS COMO YA LO HABÍAMOS COMENTADO EN PRINCIPIO, ESE SERÍA MI RAZONAMIENTO. Y LO OTRO, A MÍ ME GUSTARÍA MANIFESTAR QUE SI EL DIPUTADO JOSÉ HUMBERTO SÁNCHEZ NO ESTÁ DE ACUERDO CON LO QUE HACE UNOS MOMENTOS MANIFESTÉ DE ACUERDO A MIS ARGUMENTOS ¿POR QUÉ ESTABA YO PROPONIENDO ESOS 27 QUE ESTÁN CONTENIDOS EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN ASÍ COMO EN LA LEY ELECTORAL? A MÍ ME GUSTARÍA, EN TODO CASO, QUE ME DIGA LO CONTRARIO, PORQUE YO YA LE DI MIS ARGUMENTOS Y MIS RAZONES PARA YO APOYAR ESAS 27 PROPUESTAS."

EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL SÁNCHEZ OBREGÓN DIJO: "PARA SECUNDAR LA PROPUESTA DEL DIPUTADO SANTIAGO GONZÁLEZ, Y TIENE RAZÓN, EL DIPUTADO JOSÉ HUMBERTO SÁNCHEZ DICE HÁGASE SU VOLUNTAD, Y NO ES ASÍ, EL PRIMERO QUE PROPUSO AQUÍ FUE EL PRESIDENTE, O SEA USTED. ENTONCES, SI VAMOS A SEGUIR LA METODOLOGÍA QUE ESTÁ PROPONIENDO EL DIPUTADO JOSÉ HUMBERTO, VAMOS A EMPEZAR POR EL PRINCIPIO Y EL PRINCIPIO FUE LA PROPUESTA QUE HIZO ESA PRESIDENCIA, QUE NOS DIGA EN QUÉ SE FUNDAMENTÓ PARA DECIR QUE CUMPLIÓ CON LOS REQUISITOS Y QUE NOSOTROS NO, EL DIPUTADO SANTIAGO GONZÁLEZ DESPUÉS Y SU SERVIDOR AL ÚLTIMO, EN ESE ORDEN FUERON COMO SE PRESENTARON LAS PROPUESTAS, Y EN ESE ORDEN, SI REALMENTE SE QUIERE LLEVAR UNA METODOLOGÍA, SE DEBE DE LLEVAR A CABO."

EL DIPUTADO HÉCTOR HUMBERTO GUTIÉRREZ DE LA GARZA EXPRESO: "HEMOS SIDO MUY RESPETUOSOS, DE PERDIDA QUE LE PASEN UNA TARJETITA. VI AL SECRETARIO TÉCNICO Y NO SE ANOTEN TANTO ¿O USTED VIENE AQUÍ COMO PRESIDENTE DE LA COMISIÓN O COMO DIPUTADO PANISTA?, DE PERDIDA MOLÉSTENSE EN HACER LA TARJETITA, SE LA PASAN ASÍ DISCRETITO AL SEÑOR, Y LUEGO SE LA PASAN, DESPÍSTENLE TANTITO, HAY VIDEO, NO LES DA VERGÜENZA."

EL DIPUTADO ALFREDO GARZA REYNA DIJO: "CIERTAMENTE PEDIMOS UNA PAUSA Y HABÍA HECHO UNA REUNIÓN CON EL GRUPO DEL GLPAN (SIC) QUE FORMA PARTE DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, SIMPLE Y SENCILLAMENTE ERA ESA SITUACIÓN, RETOMANDO EL PROPIO TEMA."

EL DIPUTADO HÉCTOR HUMBERTO GUTIÉRREZ DE LA GARZA EXPRESO: "AHÍ, ESTÁ CONTINUANDO ENTONCES EL GLPAN (SIC) ESTO; ENTONCES PARA VOLVERNOS A RETIRAR, PORQUE LO QUE USTED ME DICE ES QUE..."

EL DIPUTADO ALFREDO GARZA REYNA AFIRMÓ: "REANUDAMOS LOS TRABAJOS."

EL DIPUTADO HÉCTOR HUMBERTO GUTIÉRREZ DE LA GARZA EXPRESÓ: "ENTONCES, SI REANUDAN LOS TRABAJOS, COMPÓRTESE COMO PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, CON TODO EL RESPETO QUE ME MERECE."

EL DIPUTADO ALFREDO GARZA REYNA DIJO: "CON TODO EL RESPETO INDICO, HACE UN MOMENTO VOLVIMOS A REANUDAR LOS TRABAJOS, SE HABÍA PEDIDO ALGUNA INFORMACIÓN PERSONAL A UNA PERSONA DE MI CONFIANZA EN LO PERSONAL, NO TIENE NADA QUE VER CON EL ASUNTO QUE SE ESTÁ DISCUTIENDO. RETOMANDO EL PUNTO, VAMOS A PONER A CONSIDERACIÓN LA PROPUESTA DEL DIPUTADO JOSÉ HUMBERTO SÁNCHEZ GUTIÉRREZ."

EL DIPUTADO HÉCTOR HUMBERTO GUTIÉRREZ DE LA GARZA EXPRESÓ: "PERO, ¿POR QUÉ DIPUTADO?, SEÑOR, USTED HIZO LA PRIMER PROPUESTA COMO ENTE FORMAL DE LA COMISIÓN, COMO EL QUE DIRIGE LOS TRABAJOS DE LA COMISIÓN, USTED PRESENTÓ Y DICE HAY CINCO QUE REÚNEN LOS REQUISITOS, LUEGO ENTONCES HAY 27 QUE NO LOS REÚNEN. JUSTO ES QUE NOS JUSTIFIQUE ESTA COMISIÓN POR QUÉ NO, Y EL SEÑOR ACABA DE HACER UN COMENTARIO Y CONTINUA EN LA MISMA ACTITUD, LE VUELVO A PEDIR A USTED, POR QUE LE CORRESPONDE A USTED, EL COMPORTAMIENTO COMO PRESIDENTE DE ESTA COMISIÓN, O NOS SALIMOS Y VUELVEN A TENER OTRA REUNIONCITA LOS DEL PAN, LE PASAN TARJETITAS Y SE PONEN DE ACUERDO Y VOLVEMOS A ENTRAR."

EL DIPUTADO JOSÉ HUMBERTO SÁNCHEZ GUTIÉRREZ EXPRESÓ: "DIPUTADO PRESIDENTE, LO QUE USTED MANIFESTÓ EN UN PRINCIPIO YO ESTOY PROPONIENDO QUE SE CAMBIE, SOMÉTALO A VOTACIÓN, POR FAVOR."

EL DIPUTADO ELOY TREVIÑO RODRÍGUEZ DIJO: "QUE SE CAMBIE ¿POR QUÉ?

EL DIPUTADO JOSÉ HUMBERTO SÁNCHEZ GUTIÉRREZ EXPRESÓ: "PORQUE LO ESTOY PROPONIENDO."

EL DIPUTADO ELOY TREVIÑO RODRÍGUEZ DIJO: "POR ESO, Y ACÁ TAMBIÉN HAY LA PROPUESTA."

EL DIPUTADO JOSÉ HUMBERTO SÁNCHEZ GUTIÉRREZ EXPRESÓ: "POR ESO, LA MÍA PRIMERO Y LUEGO LA DE ÉL."

EL DIPUTADO ALFREDO GARZA REYNA DIJO: "SE PONE A CONSIDERACIÓN DE LOS PRESENTES LA PROPUESTA DEL DIPUTADO JOSÉ HUMBERTO SÁNCHEZ."

EL DIPUTADO HÉCTOR HUMBERTO GUTIÉRREZ DE LA GARZA EXPRESÓ: "PERO, ¿POR QUÉ DIPUTADO PRESIDENTE? VUELVO A DECIRLE QUE LO QUE ESTÁ COMETIENDO USTED AQUÍ ES UNA ARBITRARIEDAD, UNA VEZ MAS QUE LE QUEDE MUY CLARO, SEÑOR, ¿CUÁL VOTACIÓN DE QUÉ?, ¿DE QUÉ ESTÁ VOTANDO, SEÑOR?

EL DIPUTADO ALFREDO GARZA REYNA DIJO: "LA PROPUESTA DEL DIPUTADO JOSÉ HUMBERTO SÁNCHEZ..."

EL DIPUTADO HÉCTOR HUMBERTO GUTIÉRREZ DE LA GARZA EXPRESÓ: "¿QUÉ CONSISTE EN?, NO SABE NI QUE ESTÁ PONIENDO A VOTACIÓN. HOMBRE, POR FAVOR."

EL DIPUTADO ALFREDO GARZA REYNA DIJO: "DIPUTADO. LO QUE ESTA PONIENDO A VOTACIÓN, ES LA FORMA DE LA METODOLOGÍA."

EL DIPUTADO HÉCTOR HUMBERTO GUTIÉRREZ DE LA GARZA EXPRESÓ: "¿Y CUÁL ES LA METODOLOGÍA?, ME LA EXPLICA."

EL DIPUTADO ALFREDO GARZA REYNA DIJO: "COMO LO HA MENCIONADO EL DIPUTADO JOSÉ HUMBERTO SÁNCHEZ GUTIÉRREZ..."

EL DIPUTADO HÉCTOR HUMBERTO GUTIÉRREZ DE LA GARZA DIJO: "REPÍTAMELO USTED, PARA SABER QUÉ ESTAMOS VOTANDO, ¿POR QUÉ NO ME LO DICE?

DIPUTADO ALFREDO GARZA REYNA RESPONDIÓ: "LE PIDO AL DIPUTADO JOSÉ HUMBERTO SÁNCHEZ LEA DE NUEVA CUENTA LA PROPUESTA FORMAL."

EL DIPUTADO JOSÉ HUMBERTO SÁNCHEZ GUTIÉRREZ DIJO: "INSISTO, MI PROPUESTA ES CAMBIAR EL ORDEN O LO QUE SE ESTÁ PRETENDIENDO DE LO QUE USTED DIJO AL PRINCIPIO; POR LO SIGUIENTE, QUE CADA DIPUTADO QUE SOSTENGA QUE LAS PERSONAS QUE COMPARECIERON A HACER SOLICITUD QUE CADA CANDIDATO, LO JUSTIFIQUE DE ACUERDO A LOS REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY, ESO ES LO QUE ESTOY PROPONIENDO."

EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL SÁNCHEZ OBREGÓN EXPRESÓ: "ESA NO ES METODOLOGÍA, JOSÉ HUMBERTO."

EL DIPUTADO HÉCTOR HUMBERTO GUTIÉRREZ DE LA GARZA DIJO: "NADA MÁS POR QUE SON MAYORÍA ¿VAN A HACER LO QUE LES DA SU GANA?, PUES NO, JOSÉ HUMBERTO."

EL DIPUTADO JOSÉ HUMBERTO SÁNCHEZ GUTIÉRREZ EXPRESÓ: "PUES YA SOMÉTELO A VOTACIÓN."

EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL SÁNCHEZ OBREGÓN DIJO: "QUE EMPIECE EL DIPUTADO PRESIDENTE, ¡QUÉ!, ¿LE TIENES MIEDO?"

EL DIPUTADO JOSÉ HUMBERTO SÁNCHEZ GUTIÉRREZ EXPRESÓ: "ESTOY PROPONIENDO ESO, ¿POR QUÉ NO LO SOMETE A VOTACIÓN?"

EL DIPUTADO HÉCTOR HUMBERTO GUTIÉRREZ DE LA GARZA DIJO: "¿QUÉ VAS A PONER A VOTACIÓN?"

EL DIPUTADO ALFREDO GARZA REYNA RESPONDIÓ: "LA PROPUESTA DEL DIPUTADO JOSÉ HUMBERTO SÁNCHEZ GUTIÉRREZ:"

EL DIPUTADO HÉCTOR HUMBERTO GUTIÉRREZ DE LA GARZA DIJO: "Y ENTONCES AQUÍ LLEGA LA PRESIDENCIA, HACE UNA PROPUESTA Y NO LA JUSTIFICA, O SEA A ESO ESTAMOS LLEGANDO AQUÍ: LA PRESIDENCIA NO TIENE ELEMENTOS PARA JUSTIFICAR POR QUÉ ES LA PROPUESTA DE LA PRESIDENCIA DE LA COMISIÓN."

EL DIPUTADO ALFREDO GARZA REYNA DIJO: "VAMOS A ABRIR LOS EXPEDIENTES."

EL DIPUTADO HÉCTOR HUMBERTO GUTIÉRREZ DE LA GARZA EXPRESÓ: "¡AH!, VAMOS A ABRIR LOS EXPEDIENTES Y ME VA A JUSTIFICAR POR QUÉ LOS 27 NO."

EL DIPUTADO ALFREDO GARZA REYNA EXPRESÓ: "VAMOS A ABRIR CADA EXPEDIENTE, Y AHÍ CONFORME VAMOS A HACER UNA LISTA DE LOS REQUISITOS QUE ESTABLECEN EN LA PROPIA CONVOCATORIA Y QUE ESTÁN INSERTOS EN LA LEY ESTATAL ELECTORAL, EL DIPUTADO ANTONIO PERALES ELIZONDO, EN UN MOMENTO MÁS VAMOS A ANOTARLOS EN LA MEDIDA EN SE ESTÁN ABRIENDO LOS EXPEDIENTES, EN LAS FORMAS EN QUE FUERON PRESENTADOS POR CADA UNO DE USTEDES HABREMOS DE HACER EL ANÁLISIS RESPECTIVO."

EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL SÁNCHEZ OBREGÓN DIJO: "DIPUTADO PRESIDENTE, EN LA FORMA EN QUE USTED PRESENTÓ, PORQUE USTED FUE EL PRIMERO QUE PRESENTÓ LAS PROPUESTAS, ASÍ DE SENCILLO ES ESTO, ÉSA SÍ ES METODOLOGÍA.

EL DIPUTADO SANTIAGO GONZÁLEZ SOTO EXPRESÓ: "DIPUTADO PRESIDENTE, YO QUISIERA QUE QUEDE MANIFIESTO EN ESTA MESA QUE AL MENOS HASTA ESTE MOMENTO EL PROFUNDO ANÁLISIS HECHO POR LOS DIPUTADOS DEL PAN SE REMITE A CINCO NOMBRES, PORQUE HASTA ESTE MOMENTO NO HEMOS CONOCIDO ABSOLUTAMENTE NINGÚN ARGUMENTO REFERENTE A LA PROPUESTA DE USTEDES, EXCEPTO NOMBRES, Y YO CREO QUE AQUÍ, AL IGUAL QUE LOS DIPUTADOS MIEMBROS DE ESTA COMISIÓN, NOS MERECEMOS UNA EXPLICACIÓN ASÍ COMO LOS 27 DESCARTADOS POR EL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. POR ESO YO QUISIERA SABER, INSISTO, PRECISAMENTE EN QUÉ BASÓ SU PROPUESTA TÉCNICA JURÍDICA PARA QUE NOS DÉ USTED LOS RAZONAMIENTOS, PORQUE ESO ES LO QUE QUEREMOS SABER: CUÁLES FUERON LOS RAZONAMIENTOS QUE SE UTILIZARON PARA QUE USTEDES LLEVASEN A CABO ESA PROPUESTA, HAY QUE INSISTIR."

EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL SÁNCHEZ OBREGÓN DIJO: "SI NO LA VAN A TENER PARA LOS CIUDADANOS, DE PERDIDA PARA LOS DIPUTADOS, DIGAN ÉSTOS NO VAN POR ESTO Y YA."

EL DIPUTADO SANTIAGO GONZÁLEZ SOTO EXPRESÓ: "Y SI NO, POR VERGÜENZA, YO LES QUIERO INSISTIR QUE SI PERSISTE LA CERRAZÓN EN ESTA COMISIÓN VERGÜENZA NOS DEBE DAR, PORQUE ENTONCES ESTO ES EL PRELUDIO DE UN MACROFRAUDE ELECTORAL EN LAS ELECCIONES DEL 2003 EN NUEVO LEÓN."

EL DIPUTADO JOSÉ HUMBERTO SÁNCHEZ GUTIÉRREZ DIJO: "SOMETA A VOTACIÓN MI PROPUESTA."

EL DIPUTADO ALFREDO GARZA REYNA EXPRESÓ: "YA HA CONSIDERADO, DIPUTADO JOSÉ HUMBERTO SÁNCHEZ GUTIÉRREZ, QUE EN RAZÓN DE QUE ESTA PRESIDENCIA PRESENTÓ EN COMIENZO DE ESTA APERTURA DE SESIÓN LOS CINCO NOMBRES QUE YA OBRAN DENTRO DE ESTE EXPEDIENTE Y QUE YA ANOTÓ LA SECRETARIA, LA METODOLOGÍA QUE USTED INDICA ES DE QUE SE PONGA A CONSIDERACIÓN SI ESTOS CINCO SE INICIEN YA EN LA APERTURA."

EL DIPUTADO JOSÉ HUMBERTO SÁNCHEZ GUTIÉRREZ DIJO: "NO, DIPUTADO PRESIDENTE, YO PROPUSE QUE INICIARA EL DIPUTADO SANTIAGO GONZÁLEZ A JUSTIFICAR LO QUE ES ESTÁ DICIENDO DE LOS CANDIDATOS."

EL DIPUTADO HÉCTOR HUMBERTO GUTIÉRREZ DE LA GARZA EXPRESÓ: "ES QUE USTED ESTÁ PROPONIENDO ALGO COHERENTE Y EL SEÑOR ESTÁ PROPONIENDO ALGO INCOHERENTE."

EL DIPUTADO ALFREDO GARZA REYNA: "VOY A PONER A CONSIDERACIÓN LA PROPUESTA DEL DIPUTADO JOSÉ HUMBERTO SÁNCHEZ, LOS QUE ESTÉN A FAVOR DE LA MISMA."

6 VOTOS A FAVOR

5 VOTOS EN CONTRA

0 ABSTENCIONES

SE APRUEBA POR MAYORÍA LA PROPUESTA DEL DIPUTADO JOSÉ HUMBERTO SÁNCHEZ.

EL DIPUTADO HÉCTOR HUMBERTO GUTIÉRREZ DE LA GARZA EXPRESÓ: "DIPUTADO PRESIDENTE, QUIERO QUE QUEDE CONSTANCIA, POR FAVOR, DE QUE DEFINITIVAMENTE USTED UNA VEZ MÁS VINO A SER PATIÑO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, NO TIENE NINGÚN CASO, DADA LA ACTITUD QUE ESTÁ TOMANDO EL COMPAÑERO JOSÉ HUMBERTO SÁNCHEZ Y QUE FUE AVALADA POR USTED, LA CUAL MENCIONÓ EN FORMA MUY CLARA, PARA ESO SOMOS MAYORÍA. ETC. ETC. PERFECTO, QUÉDENSE CON SU MAYORÍA, NO DESEAN HACER LAS COSAS COMO DEBEN DE HACERSE LA PRESIDENCIA PRESENTÓ UNA PROPUESTA DE CINCO PERSONAS, ESO IMPLICA LA DESCALIFICACIÓN DE 27 POR FALTA DE REQUISITOS. EN NINGÚN MOMENTO SE HA PRESENTADO POR PARTE DE ESTA PRESIDENCIA LOS RAZONAMIENTOS POR LOS CUALES 27 CIUDADANOS DE NUEVO LEÓN NO PUEDEN ACCEDER AL CARGO DE MAGISTRADOS, ENTONCES ASÍ DECLARO NO VAMOS A SEGUIR, MERECEMOS RESPETO COMO DIPUTADOS, AQUÍ USTED NO LO TIENE, ESPERO QUE LOS SEÑORES NO VAYAN A SALIR CON LA NOVEDAD DE EDITAR ESE VIDEO PORQUE HAY QUE DEJAR LAS COSAS MUY EN CLARO DEL COMPORTAMIENTO Y LO HAGO RESPONSABLE SI ESE VIDEO SE EDITA, PORQUE LO QUE ESTÁ PASANDO EN ESTE MOMENTO ES UNA VEZ MAS LA SOBERBIA E INTOLERANCIA DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL EN SU MÁXIMA EXTENSIÓN, Y SI USTEDES VAN A HACER LO QUE SEA POR MANTENER EL PODER, NOS QUEDA MUY CLARO, NOS QUEDA A NOSOTROS HACER LO CONDUCENTE, PERO NI CREA, DIPUTADO PRESIDENTE, QUE SER PATIÑO DE ACCIÓN NACIONAL ESTO NO SE ACABA DE SEPTIEMBRE DEL 2003, HAY MUCHO TODAVÍA POR DELANTE, QUE VERGÜENZA QUE EN EL INICIO DE SU CARRERA POLÍTICA SEA UN PATIÑO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, NO TIENE CASO SEGUIR AQUÍ."

EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL SÁNCHEZ OBREGÓN DIJO: "LE VOY A PEDIR, DIPUTADO PRESIDENTE, UNA COPIA DEL VIDEO, AHORITA, QUE NOS FACILITE, QUE LO AUTORICE PARA QUE NOS DÉ UNA COPIA. SIENDO SECUNDADO POR EL DIPUTADO SANTIAGO GONZÁLEZ SOTO, SOLICITANDO TAMBIÉN UNA COPIA."

EL DIPUTADO SANTIAGO GONZÁLEZ SOTO EXPRESÓ: "DIPUTADO PRESIDENTE, QUE QUEDE REGISTRADO QUE ME ESTOY RETIRANDO BAJO PROTESTA POR ESTA SITUACIÓN IRREGULAR QUE SE ESTÁ PRESENTANDO EN ESTA COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, MUCHAS GRACIAS."

EL DIPUTADO JUAN CARLOS RUIZ GARCÍA EXPRESÓ: "DIPUTADO PRESIDENTE, SI ME LO PERMITE, PARA SOLICITARLE QUE SE DÉ CUMPLIMIENTO CON EL ACUERDO QUE TOMÓ ESTA COMISIÓN EN SEGUIR LA METODOLOGÍA QUE YA HABÍA PROPUESTO EL DIPUTADO JOSÉ HUMBERTO SÁNCHEZ GUTIÉRREZ."

EL DIPUTADO ALFREDO GARZA REYNA DIJO: "EN RAZÓN DE NO ESTAR PRESENTE EL DIPUTADO ANTONIO PERALES ELIZONDO SECRETARIO, DE ESTA COMISIÓN, LE PEDIRÉ SI HAY ALGUNA PROPUESTA DE LOS PRESENTES PARA EFECTO DE SEGUIR TRABAJANDO."

EL DIPUTADO JOSÉ HUMBERTO SÁNCHEZ GUTIÉRREZ EXPRESÓ: "ME PERMITO PROPONER AL DIPUTADO HUGO SALAZAR MATA PARA QUE, EN VIRTUD DE LA AUSENCIA Y EL RETIRO DEL SECRETARIO DE LA COMISIÓN, HAGA LAS FUNCIONES."

5 VOTOS A FAVOR.

EL DIPUTADO JOSÉ HUMBERTO SÁNCHEZ GUTIÉRREZ DIJO: "DIPUTADO PRESIDENTE, LA METODOLOGÍA EXIGÍA QUE ESTUVIERAN AQUÍ PRESENTES LOS DIPUTADOS QUE ESTUVIERON HACIENDO LAS PROPUESTAS DE IDONEIDAD DE LOS CANDIDATOS. LOS DIPUTADOS SE HAN RETIRADO DE ESTA SESIÓN, YA NO EXISTEN LOS ELEMENTOS PARA QUE ELLOS CUMPLAN CON EL ACUERDO QUE TOMÓ ESTA COMISIÓN, EN RAZÓN DE LO ANTERIOR, YO LE SOLICITO A USTED QUE VOTEMOS RESPECTO A LOS CANDIDATOS QUE NOSOTROS YA ANALIZAMOS Y QUE USTED AL PRINCIPIO DE ESTA SESIÓN LEYÓ Y QUE PARA MAYOR PRECISIÓN SON LAS GENTES QUE NOSOTROS ENCONTRAMOS IDÓNEAS, QUE SON: GUILLERMO GUZMÁN DE LA GARZA, GRACIELA BUCHANAN ORTEGA, GUILLERMO CAMPUZANO ZAMBRANO, ARTURO SALINAS SALINAS Y PEDRO TREVIÑO GARCÍA, ÉSAS SON NUESTRAS PROPUESTAS, Y YO LE PEDIRÍA QUE LAS SOMETA A VOTACIÓN PARA VER SI ESTA COMISIÓN ESTÁ DE ACUERDO EN QUE EL DICTAMEN SE ENCAMINE HACIA ESAS PERSONAS."

EL DIPUTADO ALFREDO GARZA REYNA: "EN TAL SENTIDO Y VIENDO LA PROPUESTA DEL DIPUTADO SI HAY ALGUNA OBSERVACIÓN A LA MISMA, NO HABIENDO OBSERVACIÓN A LA MISMA, SE PONE A CONSIDERACIÓN LA PROPUESTA DEL DIPUTADO JOSÉ HUMBERTO SÁNCHEZ GUTIÉRREZ EN RAZÓN DE LAS PERSONAS YA ANTES INDICADAS EN EL ORDEN QUE ASÍ LO MENCIONÓ Y QUE HAN ACREDITADO LOS REQUISITOS."

SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DE 6 VOTOS.

EL DIPUTADO JOSÉ HUMBERTO SÁNCHEZ GUTIÉRREZ EXPRESÓ: "TAMBIÉN ES TAREA DE ESTA COMISIÓN, INCLUIR EN EL DICTAMEN QUE VAMOS A RENDIR AL PLENO CUÁLES DE LOS CINCO PROFESIONISTAS MENCIONADOS DEBEN OCUPAR EL CARGO DE MAGISTRADOS Y CUALES EL DE SUPERNUMERARIOS. ME GUSTARÍA QUE LA COMISIÓN SE OCUPARA DE ESTA TAREA, DE ESTE ENCARGO, Y PROPONGO COMO MAGISTRADOS NUMERARIOS AL C. GUILLERMO GUZMÁN DE LA GARZA, AL C. GUILLERMO CAMPUZANO ZAMBRANO Y AL C. ARTURO SALINAS SALINAS, Y COMO SUPERNUMERARIOS A LA C. GRACIELA BUCHANAN ORTEGA Y AL C. PEDRO TREVIÑO GARCÍA. POR RAZONES DE CLARIDAD Y DE TRANSPARENCIA LE PEDIRÍA YO A USTED QUE ANTES DE VOTAR RESPECTO A LOS CANDIDATOS QUE MENCIONÉ, QUE SOMETIERA USTED A LA CONSIDERACIÓN DE ESTA COMISIÓN QUE ESTOS CIUDADANOS YA FUERON ENCONTRADOS IDÓNEOS, QUE HAN SIDO ENCONTRADOS CUMPLIENDO LOS REQUISITOS QUE LA LEY SEÑALA POR ESTA COMISIÓN, TRABAJO QUE PREVIAMENTE ANTES DE LLEGAR AQUÍ HEMOS HECHO. LE PIDO QUE PRIMERO VOTEMOS DE QUE SON IDÓNEOS PARA OCUPAR ESE CARGO Y POSTERIORMENTE LA CATEGORÍA QUE CADA UNO DE ELLOS DEBE DE OCUPAR."

SE PONE A CONSIDERACIÓN DE LOS PRESENTES LA PRIMER PROPUESTA HECHA POR EL DIPUTADO JOSÉ HUMBERTO SÁNCHEZ GUTIÉRREZ.

SE APRUEBA POR 6 VOTOS.

EL DIPUTADO ALFREDO GARZA REYNA DIJO: "EN ESTE SENTIDO DE LOS AQUÍ PRESENTES TOMO LA VOTACIÓN DE 6 VOTOS, TODA VEZ QUE INICIAMOS CON UN QUÓRUM DE ONCE DIPUTADOS, EN TAL RAZÓN, ESTA PRESIDENCIA CONSIDERA QUE INDEPENDIENTEMENTE DE LA AUSENCIA DE LOS DEMÁS DIPUTADOS, NO PUEDE CONSIDERARSE COMO UNANIMIDAD, TODA VEZ QUE EL QUÓRUM ESTABLECIDO FUE DE ONCE DIPUTADOS, POR LO TANTO SE APRUEBA POR 6 VOTOS."

SE PONE A CONSIDERACIÓN DE LOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN LA SEGUNDA PROPUESTA DEL DIPUTADO JOSÉ HUMBERTO SÁNCHEZ GUTIÉRREZ.

SE APRUEBA POR 6 VOTOS.

SE PROCEDE A DESAHOGAR EL SIGUIENTE PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA QUE ES ASUNTOS GENERALES.

DENTRO DE ESTE PUNTO, EL DIPUTADO ALFREDO GARZA REYNA EXPRESA QUE AL PRINCIPIO DE LA REUNIÓN SE MENCIONÓ ACERCA DE UNOS ASUNTOS URGENTES QUE LLEGARON SOBRE UN REGIDOR DE GALEANA Y UN REGIDOR DEL MUNICIPIO DE JUÁREZ, NUEVO LEÓN, POSTERIORMENTE SE ENTREGARÁN LAS CONVOCATORIAS RESPECTIVAS PARA DICHOS ASUNTOS.

CLAUSURA DE LA REUNIÓN

SE LEVANTA LA PRESENTE A LAS 21:02 HORAS DEL DÍA 29 DE OCTUBRE DE 2002, EN CUMPLIMIENTO DE LO ESTABLECIDO EN EL PÁRRAFO CUARTO DEL ARTÍCULO 51 DEL REGLAMENTO PARA EL GOBIERNO INTERIOR DEL CONGRESO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, QUE DISPONE: "DE CADA SESIÓN DE LAS COMISIONES, SE LEVANTARÁ UN ACTA QUE CONTENDRÁ LOS DATOS FUNDAMENTALES DE LA REUNIÓN Y CONSIGNARÁ LOS ACUERDOS A LOS CUALES SE LLEGUE."

NOTA: SE ANEXAN DOCUMENTOS PRESENTADOS POR EL DIPUTADO JOSÉ HUMBERTO SÁNCHEZ GUTIÉRREZ.

COMISIÓN DE GOBERNACIÓN Y ORGANIZACIÓN INTERNA DE LOS PODERES"

En principio, de las constancias que integran el expediente, entre ellas la convocatoria trascrita, se llega al conocimiento de que la Comisión omitió, como punto de partida, establecer cuál sería la documentación necesaria para que las propuestas de candidatos se consideraran debidamente integradas, esto es, no se indicó cuál sería el criterio para demostrar la satisfacción de cada uno de los requisitos. Sirve de apoyo a lo anterior el criterio que sostuvo por esta Sala Superior al resolver, por unanimidad de votos, los juicios de revisión constitucional electoral acumulados SUP-JRC-440/2000 y SUP-JRC-445/2000, en su sesión del veintiséis de marzo del dos mil uno.

Es notorio que tampoco se efectuaron requerimientos a los interesados para el efecto de subsanar la deficiencia de la convocatoria, es decir, que no se les informó cuáles eran los documentos que tenían que exhibir para completar y acreditar que sus respectivas propuestas, cumplían con el contenido de la convocatoria.

En este orden de ideas, se hacía necesario que en forma personal se notificara a cada candidato la determinación tomada por la Comisión de la forma en que serían satisfechos los requisitos enumerados.

Asimismo, se advierte que previamente a que se reuniera la Comisión con el objeto de elaborar el dictamen relativo a qué propuestas reunían los requisitos para integrar el Tribunal Electoral del Estado, se les repartió a sus integrantes fichas técnicas elaboradas por la Oficialía Mayor y la Secretaría Técnica. Al respecto el Presidente de la Comisión Alfredo Garza Reyna, reconoció: "del listado relacionado con las treinta y dos solicitudes, de nueva cuenta les indico que no era definitivo, los trabajos elaborados, y lo hice saber ayer, era (sic) un trabajo elaborado que las constancias que obran dentro del expediente cada aspirante, pero que también éstas estaban a consideración de los integrantes de la Comisión para que en su oportunidad hicieran recomendaciones de las personas o aspirantes que en un momento dado que cumplieron o no cumplieron con ciertos requisitos, es decir, es solamente la antesala a los trabajos para (sic) de alguna u otra forma familiarizarnos con los mismos, tener constancias de los mismos, y en su oportunidad poder debatir y defender que constancias sobran y que constancias deben de respaldar a cada uno de ellos. En nuestro poder tenemos los expedientes originales, ustedes tienen las copias simples, las constancias que obran dentro del expediente original, tal y cual fueron enviadas a cada uno de ustedes. El razonamiento de la propuesta inicial que hice como Presidente de las cinco personas que inicialmente se hicieron, están ahorita también sujetos a lo mismo..."

Diversos miembros de la Comisión consideraron que los documentos que les fueron remitidos contenían una propuesta de cinco personas que se consideró por sus autores que eran las únicas que reunían los requisitos, sin que se establecieran elementos para determinar por qué veintisiete propuestas habían sido desestimadas, sin que tampoco se probara en que se fundamentó la propuesta de los cinco.

También adujeron algunos de los miembros que no le competía ni a la Oficialía Mayor, ni a la Secretaría Técnica, ni al Presidente elaborar el dictamen en el que se establecería quienes reunían los requisitos para ser magistrados del Tribunal Electoral, sino que tal determinación correspondía a todos los que integraban la Comisión.

Finalmente, después de exponer sus particulares puntos de vista respecto de la metodología que utilizaría la Comisión para la revisión de las propuestas, se adoptó la consistente en que los miembros de la Comisión que apoyaran alguna deberían precisar los elementos y documentos que demostraran que se cumplían con los requisitos exigidos por la ley electoral y la convocatoria.

Tal determinación produjo que los integrantes de la Comisión que no pertenecían al Partido Acción Nacional abandonaran la sesión de la Comisión. Como resultado y en virtud de que nadie defendió con documento alguno candidatura diversa a las cinco propuestas por la Presidencia, el dictamen se aprobó con tal postura, por los seis miembros de la comisión que permanecieron.

Tal situación evidencia que no existió estudio y análisis de los documentos presentados en las propuestas por parte de los integrantes de la Comisión y que en todo caso, las fichas técnicas o documento de trabajo presentado por la Oficialía Mayor, la Secretaría Técnica y la Presidencia, tampoco fueron analizadas y discutidas, y por lo tanto, es obvio que hubo violación al procedimiento relativo al trabajo de las Comisiones regulado en los artículos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso y de la ley electoral local, que se han citado, lo que se tradujo en una falta de motivación violatoria de los artículos 14 y 16 de la Constitución federal y 15 de la local, y por tanto, al no efectuarse un procedimiento transparente que garantizara a los participantes ni al propio Congreso Estatal su validez, lo procedente es declarar fundado el agravio esgrimido.

No pasa desapercibido que, el dictamen que elabora la Comisión de Gobierno y Organización Interna de los Poderes del Congreso de Nuevo León, en términos de lo previsto en los artículos 7, 8, 37, 39, fracción 1, inciso b), 47, 48, 49, 53, 106, 108 y 112, todos del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso de dicho Estado, por su naturaleza, sólo constituye un acto instrumental, por cuanto es una actuación que tiende a proporcionar al órgano resolutor, los elementos técnicos básicos-necesarios para arribar a una determinación o acuerdo legislativo, a través de una opinión que únicamente sirve de base para la deliberación en el seno de la legislatura local, en la medida de que contiene las conclusiones del procedimiento de revisión de las solicitudes presentadas por los ciudadanos en las propuestas de magistrados electorales, y de las consideraciones por las cuales se rechazan o se admiten éstas, cuya determinación sería en todo caso, de carácter eminentemente informativo, que no vincularía al Congreso Estatal, en su decisión final, ya que para tal efecto, en todo caso, se requeriría del consenso o bien de una mayoría calificada de votos de los integrantes de la legislatura, incluso admitiría su resolución mediante un proceso de insaculación, para que la designación de magistrados pudiera ser considerada como acuerdo producto del examen de la información detallada y comprobada de cada uno de los candidatos a ocupar el cargo de magistrados, o resolución del asunto concreto sometido a su consideración, de manera que, admitiría la posibilidad de que se presentaran propuestas alternativas o sugerencias conciliatorias entre posiciones divergentes, o bien, para que los miembros del Congreso local que no hubieren intervenido en el dictamen, fijaran su posición, esto es, el dictamen apegado totalmente a la ley que debe emitir la comisión en modo alguno resulta vinculatorio para la decisión que debe tomar el pleno de la legislatura estatal, pero sí resulta indispensable su existencia previa para legitimar y validar la designación.

Ahora bien, debe precisarse que no obstante que, como ya se indicó, el dictamen que elabora la Comisión de Gobernación y Organización Interna de los Poderes del Congreso Nuevoleonés, dentro del procedimiento de designación de los magistrados electorales, es de carácter técnico, instrumental, necesario, informativo y no vinculatorio; ello no constituye un obstáculo que impida su trascendencia en la legalidad del acuerdo impugnado, si se considera que el referido dictamen constituye la base para la discusión y toma de la decisión final por parte del Congreso de la referida Entidad Federativa en el nombramiento de los Magistrados del Tribunal Electoral, de ahí que, no puede admitirse que el Congreso de Nuevo León, designe a tales magistrados, con base en un dictamen, que carece de legalidad.

Así las cosas, el hecho de que en los términos indicados, el dictamen emitido por la Comisión de Gobernación y Organización Interna de los Poderes, carezca de la debida fundamentación y motivación; aunado a la circunstancia de que la designación de los magistrados del Tribunal Electoral del Estado de Nuevo León, como se vio, se verifica a través de una secuencia o serie de actos estrechamente ligados que se desenvuelven progresivamente y que deben satisfacerse a cabalidad, para que el Congreso del Estado de Nuevo León esté en condiciones de designar válidamente, mediante consenso, o a falta de éste, por elección de las dos terceras partes de los integrantes de la legislatura, o en el caso de no alcanzarse dicha votación, mediante insaculación, a las personas que reúnan los requisitos necesarios para ocupar el cargo jurisdiccional aludido; conducen a la conclusión de que, como consecuencia lógica y natural de las deficiencias encontradas en el dictamen antes precisadas, el acto impugnado, esto es, el acuerdo relativo a la designación de los magistrados del Tribunal Electoral del Estado de Nuevo León, a su vez, resulta carente de la debida fundamentación y motivación, en la medida de que éste se emite sobre la base del dictamen ilegal lo que a su vez determina que el acuerdo combatido, resulta contrario a derecho y deba revocarse.

Lo anterior encuentra mayor apoyo en que, en términos de lo dispuesto en el artículo 41, párrafo segundo, fracción IV; 99, párrafo cuarto, y 116, párrafo segundo, fracción IV, incisos b) y d), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, un acto adolece de una indebida fundamentación y motivación, cuando deriva directa e inmediatamente de los actos y omisiones de otro acto u omisión que violen alguna disposición constitucional, como, por ejemplo, como en el caso sucede, cuando se designan magistrados electorales mediante un acuerdo del Congreso del Estado de Nuevo León, con base en un dictamen que carece de la debida fundamentación y motivación. Lo anterior, en virtud de que no puede considerarse como motivación jurídicamente válida de un acto o resolución de una autoridad el que se base en otro que, a su vez, adolece de inconstitucionalidad o ilegalidad. Esto es, debe arribarse a la conclusión que existe una relación causal, jurídicamente entendida como motivo determinante, cuando el posterior acto tiene su motivación o causa eficiente en los actos y omisiones inconstitucionales o ilegales de cierta autoridad, máxime cuando todos esos actos estén, en última instancia, involucrados por el alcance de su pretensión procesal derivada de su demanda.

El criterio descrito se sostuvo en el S3EL 077/2002, sustentado por esta Sala Superior al resolver el Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. SUP-JDC-037/99, promovido por Herminio Quiñónez Osorio y otro, consultable o visible en el II Informe de Labores del Magistrado Presidente de este órgano jurisdiccional, la tesis de referencia es del tenor literal siguiente:

"FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN INDEBIDA. LA TIENEN LOS ACTOS QUE DERIVAN DIRECTA E INMEDIATAMENTE DE UN ACTO U OMISIÓN QUE, A SU VEZ, ADOLECE DE INCONSTITUCIONALIDAD O ILEGALIDAD.¾ En términos de lo dispuesto en el artículo 41, párrafo segundo, fracción IV; 99, párrafo cuarto, y 116, párrafo segundo, fracción IV, incisos b) y d), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debe llegarse a la conclusión de que un acto adolece de una indebida fundamentación y motivación, cuando deriva directa e inmediatamente de los actos y omisiones de otro acto u omisión que violen alguna disposición constitucional, como, por ejemplo, cuando se viola el derecho de votar de los ciudadanos, a través de sus tradiciones y prácticas democráticas, a fin de elegir a los concejales de cierto ayuntamiento municipal. Lo anterior, en virtud de que no puede considerarse como motivación jurídicamente válida de un acto o resolución de una autoridad el que se base en otro que, a su vez, adolece de inconstitucionalidad o ilegalidad. Esto es, debe arribarse a la conclusión que existe una relación causal, jurídicamente entendida como motivo determinante, cuando el posterior acto tiene su motivación o causa eficiente en los actos y omisiones inconstitucionales o ilegales de cierta autoridad, máxime cuando todos esos actos estén, en última instancia, involucrados por el alcance de su pretensión procesal derivada de su demanda".

Así pues, cabe reiterar que el dictamen emitido por la Comisión de Gobernación y Organización Interna de los Poderes del Congreso del Estado de Nuevo León carece de la debida motivación en contravención del mandato constitucional contenido en el artículo 16 de la federal, el 15 de la Constitución local y del artículo 47 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del estado de Nuevo León que exige que los dictámenes que emitan las Comisiones deberán contener una parte expositiva que las fundamente.

Al aplicar lo anterior al caso en estudio procede establecer como criterio que, cuando una autoridad tenga la obligación o facultad de emitir alguna convocatoria para la selección de candidatos a algún cargo o puesto sea de elección popular o simple designación, mediante la cual se establezcan los requisitos que deberán cubrir esos candidatos, se deberán incluir mediante lineamientos generales o reglamento los parámetros, condiciones o requisitos que deberán reunir los documentos con lo que se pretendan acreditar los requisitos exigidos para el cargo o puesto, así como precisar si existe un plazo perentorio mediante el cual sea posible subsanar posibles omisiones o defectos en dicha documentación, ya sea mediante el requerimiento que haga la responsable o mediante alcance posterior que haga el interesado.

Además, los trabajos de la citada comisión van encaminados a determinar qué personas reúnen requisitos, toda vez que ésta no tiene facultades para decidir quienes son magistrados numerarios y quienes supernumerarios, como ilegalmente lo hizo, y ni siquiera para hacer alguna proposición concreta en su dictamen.

Ahora bien, si en la elaboración del dictamen se inobservaron los principios constitucionales que todo acto de autoridad debe revestir, ello conduce a considerar indebida la motivación y por ende a revocar el acuerdo número 363 del H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, LXIX Legislatura emitido el treinta de octubre del presente año por el que se designan como magistrados del Tribunal Estatal Electoral a los ciudadanos Pedro Treviño García, Graciela Guadalupe Buchanan Ortega y Arturo Salinas Salinas como numerarios, y a Guillermo Campuzano Zambrano y Guillermo Guzmán de la Garza como supernumerarios, pues tal acuerdo se sustenta en el dictamen que esta autoridad federal a estimado como ilegal.

La aseveración anterior encuentra fundamento en la interpretación sistemática y funcional de lo dispuesto en los artículos 41 párrafo segundo fracción IV, 99 párrafo cuarto y 116 párrafo segundo fracción Iv incisos b) y d) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que, un acto debe considerarse que adolece de la debida motivación y fundamentación, cuando deriva directa e inmediatamente de los actos y omisiones de otro acto u omisión que violen alguna disposición constitucional por que no puede considerarse como motivación jurídicamente válida de un acto o resolución de una autoridad que se base en otro que, a su vez, adolece de constitucionalidad o legalidad. Esto es, debe arribase a la conclusión de que existe una relación causal, jurídicamente entendida como motivo determinante, cuando el posterior acto tiene su motivación o causa eficiente en los actos y omisiones inconstitucionales o ilegales de cierto órgano o autoridad, máxime cuando todos estos actos estén, en última instancia, involucrados por el alcance de su pretensión o finalidad. Criterio sostenido por esta Sala Superior en el expediente SUP-JDC-037/99 resuelto por unanimidad de votos el diez de febrero del dos mil y acogido en la tesis relevante número S3ELJ 077/2002, con el rubro: Fundamentación y Motivación Indebida. La tienen los actos que derivan directa e inmediatamente de un acto u omisión que, a su vez, adolece de constitucionalidad o legalidad.

No se opone a las anteriores consideraciones el hecho que señala la autoridad responsable en su informe circunstanciado, en el sentido de que la documentación si fue valorada mediante una metodología aprobada por la Comisión de Gobernación y Organización Interna de los Poderes, intitulada: "Estudio y Evaluación Jurídica de las Aplicaciones de los Candidatos a Magistrados del Tribunal Electoral del Estado", pues dicho documento se elaboró para uso exclusivo y de manejo interno por el mencionado órgano, el cual fue aprobado el veintinueve de octubre del presente año por la Comisión, esto es, un día antes de someter el dictamen a consideración del Pleno del Congreso del Estado de Nuevo León y del que tampoco se dio cuenta en dicha sesión, y que, evidentemente desconocían las agrupaciones, organizaciones y ciudadanos que habían propuesto y presentado la documentación de los candidatos a ocupar el cargo de magistrado del Tribunal Electoral; así que, estimar como válida tal metodología como lo intenta la responsable a través de su informe, conduciría inexorablemente a dejar en estado de indefensión a las agrupaciones, organizaciones y ciudadanos que hicieron las propuestas, así como a los propios candidatos, pues nunca estarían, ni estuvieron en aptitud de presentar la documentación que cumpliera las condiciones establecidas en dicha metodología establecida posteriormente a la presentación de los documentos mediante los cuales se pretendía la satisfacción de los requisitos legales exigidos tanto en la ley electoral como en la convocatoria.

No es obstáculo para la revocación del acuerdo número 363 del H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, el hecho de que los magistrados electorales del Tribunal Estatal Electoral de la mencionada entidad federativa designados mediante el referido acuerdo hayan rendido protesta de ley ante el mencionado órgano legislativo, como se desprende de las constancias que obran en autos, toda vez que la limitante que se establece en el artículo 86, párrafo 1, inciso e), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, relativa a que la reparación sea factible antes de la fecha constitucional o legalmente prevista para la instalación de los órganos y funcionarios que son electos en los comicios que se celebran para renovar los poderes públicos, concretamente el legislativo y el ejecutivo, así como los ayuntamientos municipales, es decir, se refiere a que los ciudadanos electos no hayan tomado posesión o los órganos electos con motivo del proceso electoral respectivo hayan sido instalados, por lo que, es claro, que en el presente asunto no opera dicha limitante, puesto que se refiere a la integración del organismo público que precisamente se encargará de resolver las controversias que se susciten con motivo de los comicios locales.

Como consecuencia de lo anterior y atendiendo a lo dispuesto en los artículos 99, párrafos primero y cuarto, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 184, 186, fracción III, inciso b), y 189, fracción I, inciso e), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como 6, párrafo 3, y 93, párrafo 1, inciso b), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, procede revocar el acuerdo impugnado número 363, de fecha treinta de octubre del presente año, emitido por la sexagésima novena legislatura del Congreso Estatal de Nuevo León, en el cual se designó como magistrados numerarios a los ciudadanos Arturo Salinas Salinas, Graciela Buchanan Ortega y Pedro Treviño García y como supernumerarios a los ciudadanos Guillermo Campuzano Zambrano y Guillermo Guzmán de la Garza, para integrar el Tribunal Electoral del Estado de la entidad mencionada, durante el proceso electoral estatal en curso y los dos años electorales subsecuentes en los términos de la ley.

Sin embargo, por la naturaleza jurídica misma del acuerdo que se revoca, resulta indispensable proveer lo necesario para reparar la violación constitucional cometida sin afectar el desarrollo del proceso electoral en curso en el Estado de Nuevo León, con base en el artículo 93, apartado 1, inciso b), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

Ciertamente, los efectos que legalmente corresponden a la revocación decretada son los siguientes:

1. La reposición del procedimiento desde el inició de la intervención que le corresponde a la Comisión de Gobernación y Poderes, en los términos explicados en este fallo.

2. La cesación del nombramiento de los magistrados designados en el acuerdo 363 de treinta de octubre del año en curso, de la sexagésima novena legislatura del Congreso Estatal de Nuevo León, y por tanto la conclusión de éstos en sus funciones.

El primer efecto se producirá de inmediato, a partir de que se notifique al Congreso del Estado, por conducto de su presidente o de quien legalmente pueda recibir esa notificación, y para esto se fija un plazo que deberá concluir a más tardar el día dieciocho de diciembre del año en curso inclusive, con la designación de los magistrados correspondientes.

En cambio, respecto de la cesación de los nombramientos y funciones de los magistrados numerarios, Arturo Salinas Salinas, Gabriela Buchanan Ortega y Pedro Treviño García, como de los supernumerarios, Guillermo Campuzano Zambrano y Guillermo Guzmán de la Garza, cabe hacer las siguientes precisiones.

1. Por la naturaleza de los actos llevados a cabo desde la fecha de su entrada en funciones hasta la fecha en que se dicta este fallo, es inconcuso que la presente ejecutoria no puede tener efectos retroactivos, tanto porque no es posible retrotraer el tiempo para que se lleven a cabo de otra manera, ni reponer el proceso electoral, que es irreversible, con el que se encuentran indisolublemente vinculados, como porque, al final de cuentas, requieren correr los mismos tiempos y suerte del proceso electoral que se rige por el principio de definitividad que impide el regreso en su desarrollo, y toda vez que las funciones desempeñadas, posiblemente, estén vinculadas con partes sustanciales de dicho proceso, deben subsistir los actos jurisdiccionales y las resoluciones que hayan expedido en ejercicio de sus atribuciones, así como los de la administración necesaria para su desempeño, durante el tiempo que esto dure.

2. Por lo que respecta al surtimiento del efecto consistente en la cesación del nombramiento y funciones de los actuales magistrados electorales, respecto del tiempo presente y futuro, éste tampoco se puede dar de inmediato, porque traería como consecuencia la desintegración total temporal del Tribunal Electoral del Estado de Nuevo León, que en el sistema jurídico electoral de esa entidad, constituye un órgano indispensable desde la etapa de preparación de las elecciones, hasta la total conclusión del proceso, e inclusive, con posterioridad, porque tiene la misión fundamental de ejercer la jurisdicción en esa materia para resolver los conflictos jurídicos que se presenten, a efecto de dar definitividad a los actos electorales, esto es, para ejercer el control jurisdiccional de los actos y resoluciones de esta materia para garantizar la constitucionalidad y legalidad de los mismos, y para lo cual no puede dejar de funcionar en ningún momento, porque afectaría uno de los principios fundamentales de los comicios y produciría una alteración substancial al orden público.

Para impedir que se produzca ese vacío, legal y constitucionalmente inadmisible, se considera necesario que el efecto en comento se produzca a partir del día diecinueve de diciembre del presente año, haciéndolo coincidir con la fecha en la que necesariamente el Congreso del Estado, en cumplimiento de esta ejecutoria, habrá hecho la nueva designación que tendrá efectos definitivos, sin perjuicio de que esa designación pueda recaer en uno, varios, todos o ninguno de los que actualmente se encuentran en funciones.

Lo anterior encuentra sustento jurídico en las siguientes consideraciones.

En primer lugar, es conveniente dejar establecido, que los efectos de declaraciones de actos o resoluciones no operan necesariamente en los mismos términos, cuando se trata de actos regidos por disposiciones de derecho privado o de derecho público, cuando afectan relaciones entre particulares que sí atañen a los de la administración pública o de cualquiera de los poderes.

En el derecho privado, lo ordinario es que la nulidad declarada surta efectos inmediatamente y de modo retroactivo, aunque adopta sus modalidades cuando exista la posibilidad de afectar o vincularse con derechos de terceros; en cambio, los actos y resoluciones regidos por disposiciones de derecho público, vinculados siempre, en medida considerable, con los intereses generales de una comunidad, cuando se nulifican pueden dar lugar a diferentes situaciones, orientadas hacia la mayor tutela de esos intereses generales o, visto desde otro enfoque, a causar el menor perjuicio posible a los mismos, por lo cual, no necesariamente tiene que tener efectos retroactivos; es decir, actuar sobre el pasado, cuando con esto puede resultar mayor el perjuicio que el beneficio perseguido con la regularización del acto o la función administrativa de que se trate, ni tampoco constituye un imperativo sine qua non que los efectos de la nulidad actúen inmediatamente cuando con estos se produzca un gran daño o incertidumbre en la comunidad ciudadana, como podría ocurrir, por ejemplo, cuando se deja sin efectos erga omnes un ordenamiento jurídico que resulta fundamental en el engranaje organizativo y de funcionamiento del Estado o en alguno de sus poderes u órganos, de tal modo que su falta desarticule y ponga en peligro el cumplimiento de los fines del Estado, o la tutela de los derechos fundamentales de los gobernados, por la falta de uno o varios de los servicios públicos indispensables, o bien, como en el caso que aquí se resuelve, en que la anulación del acto materialmente administrativo, puede traer como consecuencia, precisamente, la desintegración de un órgano del Estado, que resulta indispensable en su relación con los demás, lo que produciría un vacío en ese importante servicio público, y una desatención a los derechos fundamentales al cerrar la jurisdicción ordinaria a los partidos políticos y gobernados, al abandonar a las partes que protege y a los proceso electorales temporalmente, aunque no pasa por alto que la jurisdicción extraordinaria de esta Sala Superior se mantendría abierta, la suspensión de la jurisdicción ordinaria mermaría considerablemente el derecho de acceso efectivo e inmediato a la justicia.

Se puede considerar que estos principios, están recogidos en la legislación mexicana, respecto de las acciones de inconstitucionalidad y las controversias constitucionales, que tienen sus bases constitucionales en el artículo 105, fracciones I y II, de la Constitución.

En efecto, el propio artículo 105, penúltimo párrafo, de la Constitución, prevé que la declaración de invalidez de las resoluciones a que se refieren las fracciones I y II, de este artículo no tendrá efectos retroactivos, salvo en materia penal, en la que regirán los principios generales y disposiciones legales de esta materia, y por otra parte, en el artículo 45 de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 constitucional, se faculta a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que determine la fecha en la que producirán sus efectos las sentencias, precisando que la declaración de invalidez de las sentencias no tendrá efectos retroactivos, esto es, aquí no se sigue la consecuencia tradicional de otros actos como son los civiles, de que la nulidad tenga como consecuencia la destrucción del acto con efectos retroactivos, sino que se autoriza al máximo tribunal para que pondere las consecuencias que puede generar la falta del ordenamiento general dentro del funcionamiento de las instituciones establecidas, recogiendo así los principios enunciados. En apoyo de lo anterior, la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo criterio en ese sentido en la acción de inconstitucionalidad 18/2001 y sus acumuladas 19/2001 y 20/2001, resuelta el siete de abril del dos mil uno por unanimidad de votos.

De alguna manera, también el artículo 41, fracción IV, último párrafo, de la Constitución, recoge esos principios, cuando determina que en los medios de impugnación en materia electoral no procede la suspensión de los actos o resoluciones impugnados, con lo que se deja de manifiesto que surten sus efectos de inmediato, lo que se corrobora con la ley del sistema de medios de impugnación en materia electoral, en su artículo 6, apartado 2, el cual establece que la interposición de los medios de impugnación previstos en dicha ley no producirán efectos suspensivos sobre el acto o la resolución impugnado.

Consecuentemente, se estima que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en los términos del artículo 93 apartado I, inciso b), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, especialmente, cuando advierta que los efectos de sus resoluciones estimatorias pueden producir un riesgo de la magnitud indicada para una comunidad, al generar la desarticulación de sus instituciones jurídicas, debe ponderar tal situación y fijar con precisión la forma en que han de producirse los efectos de su resolución, de tal manera que, al mismo tiempo que cumpla con la finalidad de garantizar la constitucionalidad y legalidad de los actos electorales objeto de impugnación, evite la producción de esos perjuicios al interés general.

En este sentido, para el caso concreto se considera que si se decretara la producción inmediata del efecto que le corresponde a esta ejecutoria, consistente en la reposición del procedimiento de la

designación de magistrados electorales y la cesación inmediata de los nombramientos y funciones de los magistrados que actualmente integran al Tribunal Electoral del Estado, se produciría el vacío de éste, y con ello se afectaría todo el engranaje de la maquinaria jurídico electoral que debe encontrarse en pleno funcionamiento y sin parar, para conseguir la adecuada renovación de los poderes públicos del Estado, mediante elecciones democráticas, libres, auténticas, y periódicas, y a través del voto libre, directo, universal y secreto; es por esto que, lo conducente consiste en posponer este efecto hasta el diecinueve de diciembre del dos mil dos, ya que con esto se conseguirá que en ningún momento se cierre la jurisdicción ordinaria electoral para los ciudadanos de Nuevo León, puesto que a más tardar el dieciocho de diciembre del presente año, se integrará en forma definitiva el Tribunal Electoral del Estado, y éste comenzará a funcionar precisamente el diecinueve de diciembre, es decir, el día inmediato siguiente de que cese sus funciones la integración actual.

En virtud de lo expuesto, resulta procedente determinar que de manera provisional, y hasta que entren en funciones los magistrados que designe el Congreso o a más tardar el diecinueve de diciembre del año en curso debe seguir en funciones con su integración actual el Tribunal Electoral del Estado de Nuevo León hasta que dentro del plazo fijado se reponga completamente el procedimiento, y se culmine con un nuevo acuerdo en el que, de manera fundada y motivada, realice la designación de los magistrados que integrarán en definitiva ese órgano, dentro del plazo establecido en esta ejecutoria.

Lo anterior es así, ya que, si bien el acto de designación de los magistrados es un acto complejo que tiene su inició con la emisión de la convocatoria correspondiente, y concluye con el acuerdo del Congreso, y en principio tal situación implicaría que si los actos concatenados que sirven de base para los siguientes, son ilegales, los derivados también lo sean, en el presente caso la actual integración del tribunal electoral citado, deberá continuar por el periodo señalado en el párrafo precedente, por las razones siguientes.

1. La voluntad del Congreso Estatal de Nuevo León, en el momento de emitir el acuerdo de designación de los referidos magistrados, no fue declarada ilegal por vicios sustanciales de ese acto, sino que, como se ha demostrado, la ilegalidad de esa designación derivó de la existencia de vicios de forma en los necesarios procedimientos llevados a cabo por la Comisión de Gobernación y Organización Interna de los Poderes, que ocasionaron la indebida fundamentación y motivación del dictamen correspondiente, y en consecuencia del acuerdo impugnado.

2. Del estudio íntegro de las constancias que integran el presente juicio, esta Sala Superior no advierte que existan elementos suficientes que acrediten la falta de aptitud personal de los candidatos a ocupar el cargo de magistrado que fueron insaculados por el Congreso Estatal, ya que sólo existen aseveraciones en contra de ellos, que hasta este momento, no están demostradas, pues lo único que sí quedó plenamente acreditado fue la ilegalidad del procedimiento precedente a la designación.

3. La Ley Electoral del Estado de Nuevo León prevé, en su artículo 227, último párrafo, que el Tribunal Electoral del Estado, funcionará en pleno durante los procesos electorales y con magistrado unitario en el tiempo que exista entre dos procesos electorales, sin embargo, la segunda parte de dicho numeral no es aplicable al presente caso, pues en términos del artículo 73 del mismo ordenamiento, en dicha entidad federativa, se encuentra en marcha el proceso electoral y, además, no podría considerarse que tiene aplicación para un caso de excepción, pues las máximas de la experiencia enseña que durante los procesos comiciales, la cantidad de los asuntos que deben resolver los distintos órganos jurisdiccionales, se ve incrementada en gran medida, y de igual manera, aumenta la dificultad y complejidad de los asuntos; por ello no se podría considerar legalmente adecuado que el tribunal funcione con un solo magistrado, ya que tal situación podría acarrear perjuicios en la expedita impartición de justicia, y en su calidad, con la consecuente denegación o merma del derecho de acceso a la justicia.

Además, lo que sí se concluye de la interpretación del primero de los artículos mencionados, es que la legislación electoral estatal, exige que durante los procesos electorales, sea un órgano jurisdiccional colegiado, el que resuelva los distintos medios de impugnación en materia electoral, y que sólo durante los periodos que medien entre los procesos, funcione de manera unitaria.

4. La continuidad de las funciones del Tribunal Electoral Estatal, con su actual integración, durante el tiempo en el que se dé total cumplimiento al presente fallo, resulta más natural que una posible sustitución temporal de los magistrados, o la reincorporación de los miembros que integraban dicho órgano antes del primero de noviembre, fecha en la que tomaron posesión del cargo los actuales magistrados electorales, en atención a las siguientes consideraciones.

a) Según consta de la lectura del Acta Administrativa de Entrega-Recepción del Tribunal Electoral del Estado de Nuevo León, en la actualidad, el tribunal mencionado está funcionando con el personal y los elementos materiales necesarios, se encuentra organizado en las instalaciones correspondientes para el desempeño de la función jurisdiccional electoral

b) Es más acorde con la posible voluntad y las funciones del Congreso Estatal, que en tanto se realice la designación definitiva de los magistrados numerarios y supernumerarios, fundada y motivadamente, funcione el tribunal electoral con su integración actual, ya que éste emergió de algún modo de su seno, y no así la otra integración que fue designada en épocas anteriores y para otro período, puesto que los magistrado anteriores ya no están jurídica y materialmente facultados para el desempeño de esa importante función.

c) Con lo anterior, también se evitará realizar movimientos con resultados inciertos, pues no podría ordenarse que el tribunal electoral funcione con su composición anterior, porque, las funciones de los magistrados que lo integraron, jurídica y materialmente ya concluyeron, según se aprecia de la lectura del acta de entrega referida, además de que éstos no están obligados a regresar ni se puede tener certeza de que quisieran hacerlo.

También, los daños que se podrían ocasionar con la continuidad provisional del recién integrado Tribunal Electoral, se pueden poner de alguna manera a salvo, toda vez que existen medios de impugnación extraordinarios, que pueden promoverse ante esta Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, tales como el juicio de revisión constitucional electoral y el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, para, de ser el caso, impugnar sus resoluciones.

Es conveniente destacar que la situación anterior será por un plazo breve, pues está acotada por los tiempos marcados para que se dé cumplimiento a la presente resolución, esto es, que este caso extraordinario culminará en el momento en que el Congreso Estatal reponga, en los términos precisados, el procedimiento de designación de los magistrados de mérito dentro del plazo establecido, y además, también está latente la posibilidad de que durante ese lapso no ingrese a tal órgano, para su substanciación y resolución, ningún asunto, pero sí es necesario mantener abierto y en funciones el tribunal, porque también puede ocurrir lo contrario, esto es, que se promuevan medios de impugnación electoral, que requieran inmediata solución lo que hace indispensable la presencia del órgano jurisdiccional facultado para resolverlos.

Con el objeto de cumplir con la obligación de esta Sala Superior de vigilar y proveer lo necesario para el cumplimiento de la ejecutoria que se dicta, la autoridad responsable deberá reponer el procedimiento dentro de las veinticuatro horas siguientes a la notificación de la presente resolución, e informar de la conclusión de dicho procedimiento, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a que esto ocurra.

Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 1, 184, 185, 186 párrafo 1, fracción III, inciso b), 187, 189 fracción I, inciso e), y 199 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 1, 2, 3 párrafos 1 inciso a), y 2 inciso d), 4, 6 párrafos 1 y 3, 16, 19 y 86 a 93 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, se

R E S U E L V E:

PRIMERO. Se revoca el acuerdo número 363, de treinta de octubre de dos mil dos, emitido por la sexagésima novena legislatura del H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Nuevo León.

SEGUNDO. Como consecuencia se deberá reponer el procedimiento, en los términos descritos en el cuerpo del presente fallo, para lo cual se establece un plazo que concluirá el dieciocho de diciembre del año en curso inclusive.

TERCERO. Quedan intocadas, y por tanto subsistentes, las actuaciones jurisdiccionales y las de administración necesarias para el desempeño de la función, llevadas a cabo por la actual integración del Tribunal Electoral del Estado de Nuevo León desde la fecha de su instalación.

CUARTO. La cesación del nombramiento de los magistrados numerarios, Arturo Salinas Salinas, Graciela Buchanan Ortega y Pedro Treviño García, y la de los supernumerarios Guillermo Campuzano Zambrano y Guillermo Guzmán de la Garza, y de las funciones de éstos, que es consecuencia de la revocación del acuerdo impugnado, ordenada en esta ejecutoria, empezará a surtir sus efectos a partir de la fecha en que entren en funciones los magistrados que designe el Congreso o a más tardar el diecinueve de diciembre del año en curso.

QUINTO. El H. Congreso del Estado de Nuevo León, deberá informar el comienzo del cumplimiento de la presente resolución, dentro de las veinticuatro horas siguientes a su notificación e informar de la conclusión de dicho procedimiento, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a que esto ocurra.

Notifíquese, personalmente a los Partidos Revolucionario Institucional, Acción Nacional y a los terceros interesados, en los domicilios señalados en autos para tal efecto; por oficio al H. Congreso del Estado de Nuevo León, acompañando copia certificada de esta sentencia, así como por estrados a todos los demás interesados.

En su oportunidad, archívese este expediente como asunto total y definitivamente concluido.

Así, por unanimidad de seis votos, lo resolvieron los Magistrados Electorales que integran la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en ausencia del Magistrado Eloy Fuentes Cerda quien se encuentra desempeñando una comisión oficial, ante el Secretario General de Acuerdos, que autoriza y da fe.

MAGISTRADO PRESIDENTE

 

JOSÉ FERNANDO OJESTO MARTÍNEZ PORCAYO

MAGISTRADO

 

LEONEL CASTILLO GONZÁLEZ

MAGISTRADO

 

JOSÉ LUIS DE LA PEZA

MAGISTRADA

 

ALFONSINA BERTA NAVARRO HIDALGO

MAGISTRADO

 

JOSÉ DE JESÚS OROZCO HENRÍQUEZ

MAGISTRADO

 

MAURO MIGUEL REYES ZAPATA

 

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS

 

FLAVIO GALVÁN RIVERA