JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO- ELECTORALES DEL CIUDADANO

EXPEDIENTE: SUP-JDC-002/2003

ACTOR: JOSÉ CRUZ BAUTISTA LÓPEZ

AUTORIDAD RESPONSABLE: CONSEJO ELECTORAL DEL ESTADO DE JALISCO

MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ LUIS DE LA PEZA

SECRETARIO: ADÍN DE LEÓN GÁLVEZ

México, Distrito Federal, a veintidós de enero de dos mil tres.

VISTOS para resolver los autos del expediente al rubro citado, formado con motivo del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, promovido por José Cruz Bautista López, en contra de la actuación del Consejo Electoral del Estado de Jalisco, relacionada con el dictamen de opinión emitido por la dirección jurídica del citado órgano colegiado, sobre la interpretación del párrafo penúltimo del artículo 23 de la ley electoral de la referida entidad, mediante la cual se concluye que todas aquellas personas que desempeñan la función de síndicos a partir del mes de enero del año dos mil uno, sea por nombramiento o designación están impedidas para ser registrados como candidatos a munícipes", y

R E S U L T A N D O

I. Por medio de escritos presentados los días once y veintinueve de noviembre del año dos mil dos, los partidos Revolucionario Institucional y Acción Nacional, respectivamente, le solicitaron al Consejo Electoral del Estado de Jalisco, emitiera una opinión jurídica en relación con el penúltimo párrafo del artículo 23 de la legislación electoral de la entidad, específicamente, respecto de la procedencia del registro como candidatos, a algún cargo de elección popular dentro de un ayuntamiento, de ciudadanos que actualmente ejercen el cargo de síndicos en las administraciones municipales.

II. El dos de diciembre del dos mil dos, la Dirección Jurídica del Consejo Electoral del Estado de Jalisco, emitió una opinión con respecto a la consulta a que se refiere el párrafo anterior, la cual fue turnada al secretario ejecutivo a fin de someterla a la discusión del pleno de la citada autoridad electoral.

III. En sesión del Pleno del Consejo Electoral del Estado de Jalisco, celebrada el once de diciembre del dos mil dos, el secretario ejecutivo, en el desahogo de los asuntos generales, hizo entrega a los miembros del citado órgano colegiado del documento donde consta la opinión de la dirección jurídica del consejo con relación a la solicitud de los partidos Revolucionario Institucional y Acción Nacional, a que se hizo referencia con anterioridad, en el sentido de que quienes se desempeñan, desde el mes de enero del año dos mil uno, con el carácter de síndicos se encuentran impedidos para ser registrados como candidatos a munícipes.

La opinión emitida por la dirección jurídica de la autoridad responsable es del siguiente tenor:

"Opinión respecto de la interpretación jurídica del penúltimo párrafo del artículo 23 de la Ley Electoral del Estado, que presenta la Dirección Jurídica para su discusión.

En virtud de las múltiples consultas que se han recibido por parte de los Ayuntamientos de diversos lugares del Estado de Jalisco, así como de la inquietud de los partidos para conocer la interpretación del contenido del artículo 23 en su penúltimo párrafo de la Ley Electoral del Estado de Jalisco, en el sentido de establecer la posibilidad de que los síndicos que actualmente desempeñan la función sin haber sido electos pueden ser registrados como candidatos a Munícipes; a este respecto, la Dirección Jurídica, se permite presentar para su discusión el siguiente estudio:

La Ley Electoral del Estado de Jalisco, establece en su artículo 23 lo siguiente;

Sección Tercera.

Para Presidente Municipal, Vicepresidente y Regidor:

Artículo 23.- Son requisitos para ser Presidente, Vicepresidente o Regidor de los ayuntamientos de la entidad.

I. Ser ciudadano mexicano, estar en pleno ejercicio de sus derechos, estar inscrito en el Registro Estatal de Electores y contar con credencial para votar con fotografía;

(REFORMADA, P.O. 1 DE ABRIL DE 2000)

II. Ser nativo del municipio o zona conurbana correspondiente, o acreditar ser vecino de aquellos, cuando menos tres años inmediatos anteriores al día de la elección;

III. No ser Magistrado del Tribunal Electoral, Presidente, Consejero con derecho a voto o Secretario del Consejo Electoral del Estado, a menos que se separe de sus funciones dos años antes del día de la elección;

IV. No ser Procurador Social, Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Director o Secretario del Registro Estatal de Electores, presidente, secretario o comisionado electoral con derecho a voto, de las comisiones distritales o municipales electorales a menos que se separe de sus funciones ciento ochenta días antes del día de la elección;

V. No ser Consejero ciudadano de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, a menos que se separe de sus funciones noventa días antes del día de la elección;

VI. No estar en servicio activo en el Ejército Nacional, ni tener mando en la policía o en cuerpo de seguridad pública en el municipio en que se pretenda su elección, cuando menos noventa días antes de ella;

VII. No ser Secretario General de Gobierno o quien haga sus veces, Secretario del despacho del Poder Ejecutivo, Magistrado del Supremo Tribunal de Justicia, del Tribunal de lo Administrativo, del Tribunal de Arbitraje y Escalafón o miembro del Consejo General del Poder Judicial, Procurador General de Justicia. Los servidores públicos comprendidos en esta fracción podrán ser electos siempre que, al efectuarse la elección, tengan cuando menos noventa días de estar separados de sus cargos;

VIII. No ser Juez, Secretario de Juzgado o titular de alguna dependencia de recaudación fiscal de la Federación o del Estado en el municipio en que pretenda su elección, a menos que se separe de su cargo en los términos que previene la fracción anterior;

(REFORMADO, P.O. 5 DE OCTUBRE DE 2000)

IX. No ser servidor público del municipio de que se trate, a no ser que se separe del cargo noventa días antes de la elección. Si se trata del funcionario encargado de la Hacienda Municipal, es preciso que haya rendido sus cuentas al Congreso del Estado por conducto de la Contaduría Mayor de Hacienda; y

X. En caso de haberse desempeñado como servidor público, acreditar que cumplió con su obligación de presentar su declaración patrimonial en los términos de ley.

(REFORMADO, P.O. 5 DE OCTUBRE DE 2000)

los presidentes, síndicos y regidores de los ayuntamientos, electos popularmente por elección directa, en los términos de las leyes respectivas, no podrán ser postulados como candidatos a munícipes para el período inmediato. Las personas que por elección indirecta o por nombramiento o designación de alguna autoridad, desempeñen las funciones propias de sus cargos, cualquiera que sea la denominación que se les dé, no podrán ser electas en el período inmediato.

Todos los servidores públicos mencionados en el párrafo anterior, cuando tengan el carácter de propietarios, no podrán ser electos para el período inmediato con cualquier carácter, pero los que tengan el carácter de suplentes podrán ser electos para el período inmediato como propietarios o suplentes, a menos que hayan estado en ejercicio.

Ahora bien, para tratar de resolver el problema de una manera metódica y jurídica, el citado penúltimo párrafo del artículo 23 de la Ley Electoral del Estado, para su estudio se desglosa de la manera siguiente:

En el primer supuesto se establece; ‘Los presidentes, síndicos y regidores de los ayuntamientos, electos popularmente por elección directa, en los términos de las leyes respectivas, no podrán ser postulados como candidatos a munícipes para el período inmediato’;

Al efecto en este primer supuesto para mayor ilustración se debe definir ¿qué es una elección directa?, para ello ocurrimos al Diccionario Electoral, editado pro el Instituto Nacional de Estudios Políticos, A.C., de Mario Martínez Silva y Roberto Salcedo Aquino, que en su página 274, establece que; ‘las elecciones pueden ser directas cuando se vota directamente por los candidatos’.

El segundo supuesto, indica en primer lugar el caso de que las personas que por elección indirecta, desempeñen las funciones de síndicos;

En este supuesto cabe la posibilidad de la elección indirecta, que significa según la obra mencionada en el párrafo que antecede que; ‘es indirecta si se vota por representantes o delegados, los cuales a su vez votan por candidatos’.

El tercer supuesto consiste en que los síndicos estén desempeñando sus funciones en razón de un nombramiento o designación,

Al efecto, se debe conocer que entendemos por nombramiento, en esta tesitura el Diccionario para Juristas de Juan Palomar de Miguel, en su página 912, establece que el nombramiento es la ‘Cédula o despacho en que se designa a uno para un oficio o cargo’, o por designación a esta última palabra el Diccionario de Derecho Procesal Civil, de Eduardo Pallares, de la Editorial Porrúa Quinta Edición, en su página 235, señala que Carnelutti entiende por designación libre, ‘la facultad que concede la Ley al órgano del Estado que nombra a los jueces y magistrados, de elegirlos sin tener que tomarlos de un grupo de personas determinadas’. De igual manera Juan Palomar de Miguel en la obra citada al vincular la palabra designación a derecho se refiere al mismo concepto de designación libre; en diversa idea el mismo autor indica que se entiende por designación el; ‘señalar o destinar una persona o cosa para determinado fin’. En cuanto al concepto de autoridad el Diccionario para Juristas indica entre varios conceptos apegados al tema que se comenta que, ‘la autoridad es el carácter o representación de una persona por su empelo, mérito o nacimiento’; persona revestida de poder, mando o magistratura’, o bien, ‘personas que ejerciendo actos públicos, disponen también de la fuerza pública para hacer cumplir sus determinaciones’.

El último supuesto, se refiere al desempeño de las funciones propias de esos cargos, cualquiera que sea la denominación que se les dé, no podrán ser electas para el período inmediato.

Ahora bien, en los supuestos que contienen los incisos a) y b), no hay problema alguno en relación a que los síndicos a la fecha no han sido electos de manera directa o indirecta, sin embargo la primera duda surge en cuanto a que los síndicos fueron propuestos por el presidente municipal; la segunda duda en cuanto a la aplicación de la Ley Electoral en su reforma del cinco de octubre del año 2000, y su aparente contradicción con la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal, que fueron publicadas en la misma fecha, con posterioridad la segunda Ley fue reformada con fecha 21 de abril del 2001; la tercera duda que se plantea en este apartado es en cuanto al desempeño de la función.

En consecuencia las preguntas serían; ¿pueden ser postulados los actuales síndicos, para el cargo de Munícipes en el período inmediato?, ¿se considera reelección la postulación de los síndicos al cargo de Munícipes para el período inmediato?, ¿opera la retroactividad en el caso de la Ley de Gobierno y Administración Pública Municipal?, se tratará de dar respuestas adecuadas con el análisis siguiente;

La Ley Suprema en relación al Municipio y sus integrantes establece que;

ARTÍCULO 115

Los Estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa, el Municipio Libre conforme a las bases siguientes:

I. Cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa, integrado por un Presidente Municipal y el número de regidores y síndicos que la ley determine. La competencia que esta Constitución otorga al gobierno municipal se ejercerá por el Ayuntamiento de manera exclusiva y no habrá autoridad intermedia alguna entre éste y el gobierno del Estado.

Los presidentes municipales, regidores y síndicos de los ayuntamientos, electos popularmente por elección directa, no podrán ser reelectos para el período inmediato. Las personas que por elección indirecta, o por nombramiento o designación de alguna autoridad desempeñen las funciones propias de esos cargos, cualquiera que sea la denominación que se les dé, no podrán ser electas para el período inmediato. Todos los funcionarios antes mencionados, cuando tengan el carácter de propietarios, no podrán ser electos para el período inmediato con el carácter de suplentes, pero los que tengan el carácter de suplentes sí podrán ser electos para el período inmediato como propietarios a menos que hayan estado en ejercicio.

La norma constitucional en su artículo 133 nos indica la jerarquía de las leyes, el cual establece lo siguiente;

‘Esta Constitución, las Leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión. Los jueces de cada Estado se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que puedan haber en las Constituciones o leyes de los estados’.

En este orden de ideas, después de la Constitución Federal nos remitimos a la Constitución del Estado de Jalisco, que establece lo siguiente;

CAPITULO I

DEL GOBIERNO MUNICIPAL

Artículo 73.- El municipio libre es base de la división territorial y de la organización política y administrativa del Estado de Jalisco, investido de personalidad jurídica y patrimonio propios, con las facultades y limitaciones establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los siguientes fundamentos:

I. Cada municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa que residirá en la cabecera municipal. La competencia que esta Constitución otorga al gobierno municipal se ejercerá por el Ayuntamiento de manera exclusiva y no habrá ninguna autoridad intermedia entre éste y el gobierno del Estado;

II. Los ayuntamientos se integrarán por un Presidente Municipal, regidores y síndicos electos popularmente, según los principios de mayoría relativa y de representación proporcional, en el número, las bases y los términos que señale la ley de la materia. Los regidores electos por cualquiera de dichos principios, tendrán los mismos derechos y obligaciones;

III. Los presidentes, regidores y síndicos durarán en su cargo tres años, a partir del día 1° de enero del año siguiente al de la elección y se renovarán en su totalidad al final de cada período. Los ayuntamientos recibirán las renuncias y licencias que soliciten sus miembros y decidirán lo procedente;

IV. Los presidentes, regidores y el síndico de los ayuntamientos, electos popularmente por elección directa, en los términos de las leyes respectivas, no podrán ser postulados como candidatos a munícipes para el período inmediato. Las personas que por elección indirecta o por nombramiento o designación de alguna autoridad, desempeñen las funciones propias de esos cargos, cualquiera que sea la designación que se les dé, no podrán ser electas en el período inmediato; y

V. Todos los servidores públicos mencionados en la fracción anterior, cuando tengan el carácter de propietarios, no podrán ser electos para el período inmediato con el carácter de suplentes; pero los que tengan el carácter de suplentes sí podrán ser electos para el período inmediato como propietarios, a menos que hayan estado en ejercicio.

La última reforma que tuvo este artículo fue según el DECRETO NÚMERO 18344.- Se reforman los artículos 13 frac. IV, 35 fracs. IV, V y XI, 50, 70 frac. I, 73 fracs. I, II, III y IV, 74, 76 segundo párrafo, 77, 79 fracs. I, III, VIII y IX, 80 frac. III, 81 primer y segundo párrafos, 84 frac, II, 86 segundo y tercer párrafos, 89 primer y segundo párrafos, 93, 97 frac. I y III; se adicionan las fracs. VIII y IX al artículo 80, un tercer párrafo al artículo 81, un cuarto párrafo al artículo 86, y un tercer y cuarto párrafo al artículo 89, un segundo párrafo al artículo 100; y se deroga la frac. III del artículo 85.- Dic. 19 de 2000. Sec. II.

ACUERDO ECONÓMICO NÚMERO 778/00.- Se declara aprobada, conforme al artículo 117 de la Constitución Política del Estado, la minuta de Proyecto de Decreto número 18344, por la cual se reforman los arts. 13, 35, 50, 70, 73, 74, 76, 77, 79, 80, 86, 89, 97 y 100; adiciona el artículo 74, las fracs. VIII y IX al artículo 80, un tercer y cuarto párrafos al artículo 89; y se deroga la frac. III del artículo 85 de la propia Constitución Política del Estado de Jalisco.- Nov. 16 de 2000.

Ahora bien, Ley Electoral del Estado de Jalisco, para adecuar lo dispuesto por el Artículo 115 de la Constitución vigente desde 1933, y sus reformas de 1977 y 1983, reforma el penúltimo párrafo del artículo 23, y al respecto establece,

(REFORMADO, P.O. 5 DE OCTUBRE DE 2000)

‘Los presidentes, síndicos y regidores de los ayuntamientos, electos popularmente por elección directa, en los términos de las leyes respectivas, no podrán ser postulados como candidatos a munícipes para el período inmediato. Las personas que por elección indirecta o por nombramiento o designación de alguna autoridad, desempeñen las funciones propias de esos cargos, cualquiera que sea la denominación que se les dé, no podrán ser electas en el período inmediato.’

Por último, tenemos que la Ley de Gobierno y Administración Pública Municipal, que fue publicada en el periódico Oficial el días 05 de Octubre del 2000, establece;

TÍTULO SEGUNDO

DE LOS AYUNTAMIENTOS

CAPÍTULO I

De la integración de los Ayuntamientos

Artículo 10. Los Ayuntamientos de cada Municipio del Estado se integran por un Presidente Municipal, un Síndico y el número de regidores de mayoría relativa y de representación proporcional que se determinan en la ley estatal en materia electoral, quienes serán electos popular y directamente mediante planillas; y permanecen en sus cargos tres años y se renuevan en su totalidad al final de cada período.

(REFORMADO, P.O. 27 DE JULIO DE 2002)

Los integrantes del Ayuntamiento tienen los derechos y obligaciones que señala la presente Ley.

Artículo 11. Los integrantes del Ayuntamiento que lleguen a estar en funciones, aun en forma transitoria, no pueden ser electos para el período inmediato siguiente.

CAPITULO III

Del Síndico

Artículo 52. Son obligaciones del Síndico:

I. Acatar las órdenes del Ayuntamiento;

II. Representar al Municipio en los contratos que celebre y en todo acto en que sea indispensable su intervención, ajustándose a las órdenes e instrucciones que en cada caso reciba del Ayuntamiento;

III. Representar al Municipio en todas las controversias o litigios en que éste sea parte, sin perjuicio de la facultad que tiene el Ayuntamiento para designar apoderados o procuradores especiales;

IV. Revisar la situación de los rezagos fiscales para que éstos sean liquidados y cobrados;

V. Cuidar que la recaudación de los impuestos y la aplicación de los gastos se hagan cumpliendo los requisitos legales y conforme a la Ley de Ingresos y al presupuesto respectivo;

VI. Conocer de las condonaciones o reducciones de créditos fiscales que realicen el Presidente Municipal y el funcionario encargado de la Hacienda Municipal; y

VII. Las demás que establezcan las Constituciones Federal, Estatal y demás leyes y reglamentos.

Artículo 53. Son facultades del Síndico:

I. Participar con derecho a voz y voto en las sesiones del Ayuntamiento, con las excepciones que marca esta ley;

II. Presentar iniciativa de ordenamientos municipales, en los términos de la presente ley;

III. Solicitar se cite a sesiones ordinarias y extraordinarias al Ayuntamiento;

IV. Asistir a las visitas de inspección que se hagan a la oficina encargada de la Hacienda Municipal;

V. Intervenir en la formulación y actualización de los inventarios de bienes del Municipio, procurando que se establezcan los registros administrativos necesarios para su control y vigilancia;

VI. Participar en las comisiones cuando se trate de resoluciones o dictámenes que afecten a todo el Municipio; y

VII. Las demás que establezcan las Constituciones Federal, Estatal, y demás leyes y reglamentos.

TRANSITORIOS

(REFORMADO, P.O. 21 DE ABRIL DE 2001)

PRIMERO. Se abroga la Ley Orgánica Municipal y se derogan todas las disposiciones que se oponen a la presente, con excepción de lo dispuesto por los artículos sexto y séptimo transitorios.

SEGUNDO. Los convenios, contratos, actos jurídicos de asociación o coordinación celebrados entre diversos municipios, o de éstos con el Gobierno del Estado, para la prestación de servicios públicos o realización de obras, o de cualquier otra naturaleza, antes de la vigencia de esta ley, tienen plena validez y surtirán todos sus efectos hasta la fecha señalada para su terminación.

TERCERO. Pueden conservar la categoría de delegaciones municipales, aquellas que actualmente así se encuentren consideradas.

CUARTO. En tanto no se expida la Ley de Planeación para el Estado de Jalisco y sus Municipios, la planeación municipal se regirá por las bases que establezca el Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado.

QUINTO. Esta ley entrará en vigor el 22 de mayo del 2001.

(ADICIONADO, P.O. 21 DE ABRIL DE 2001)

SEXTO. La Ley Orgánica Municipal continuará vigente respecto a las atribuciones, facultades y obligaciones de los Vicepresidentes emanados del proceso electoral de noviembre de 2000.

(ADICIONADO, P.O. 21 DE ABRIL DE 2001)

SEPTIMO. Lo dispuesto por la presente Ley, se aplicará a los Síndicos, con excepción de las facultades conferidas por el artículo 53 en sus fracciones I, II, y III hasta en tanto sean electos, de conformidad a lo dispuesto por la Ley Electoral del Estado de Jalisco, momento a partir del cual, se les aplicará la presente Ley en su totalidad. Para efecto de lo anterior a los Síndicos de los Ayuntamientos que se desempeñan en el actual periodo Constitucional 2000-2003, se les considera como servidores públicos de la Administración Pública Municipal, más no como integrantes del Órgano de Gobierno.

(ADICONADO, P.O. 28 DE JULIO DE 2001 SECCIÓN III)

OCTAVO. Todos los actos, trámites y procedimientos que se hayan iniciado bajo la vigencia de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Jalisco, continuarán desahogándose de conformidad con la Ley Orgánica Municipal del Estado de Jalisco.

Salón de Sesiones del Congreso del Estado.

De la relación de las anteriores leyes, se puede concluir en primer término que atendiendo a lo dispuesto por el artículo 133 de la Constitución General de la República, la jerarquía de leyes se aplica primero, conforme a lo dispuesto por la Ley Suprema en su artículo 115; en segundo término la Constitución del Estado de Jalisco, en el Artículo 73 de este cuerpo de leyes, mismo que tiene aplicación desde el mes de diciembre del 2000, luego entonces los síndicos que fueron designados o nombrados para el período del primero de enero del 2001 al 31 de diciembre del 2003, tienen la limitación que les impone las fracciones II y IV del citado artículo 73 de la Constitución Política del Estado, mismo artículo que prácticamente fue transcrito en la ley Electoral del Estado y que es un impedimento para la postulación de los síndicos al cargo de munícipes para el período inmediato, no obstante la modificación del nombre a servidores públicos que se impone a los síndicos a que se refiere la reforma del 21 de abril del 2001 que contiene el séptimo transitorio de la Ley de Gobierno y Administración Pública Municipal, por otra parte no obstante que la Ley Electoral del Estado y la Ley de Gobierno y la Administración Pública Municipal tiene la misma jerarquía, también es cierto que es distinto el ámbito de aplicación de cada una de ellas. En tal virtud la jerarquía y función de cada una de las leyes antes citadas no deja lugar a dudas en cuanto a que la norma Constitucional, se debe tomar en cuenta en primer lugar, habida cuenta que con la iniciación de la vigencia de esa disposición constitucional racionalmente obliga a los individuos a cumplirla, luego al adecuar la norma especial al mandato constitucional federal y estatal, es la Ley Electoral del Estado, la norma ordinaria la que representa el acto de aplicación de los preceptos constitucionales y es la que tiene aplicación y prevalece para resolver el problema planteado; la tercera sería la ley orgánica o reglamentaria para el gobierno y administración pública de los municipios, la que se adecua y reforma para fines diversos.

En otro orden de ideas, también se puede pensar que la reforma que sufre la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal, el 21 de abril y entra en vigor el 22 de mayo del 2001, tiene efectos derogatorios, respecto al contenido del artículo 23 de la Ley Electoral del Estado, al entrar en vigor con posterioridad a la reforma de la Ley Electoral, sin embargo esto no es legalmente procedente de acuerdo con el razonamiento antes expresado; que también al negarse la posibilidad de ser elegidos para el cargo de munícipes en el período inmediato a los síndicos se estaría aplicando retroactivamente la ley, lo que indudablemente sería inexacto, en razón de que los síndicos que se encuentran desempeñando esa función actualmente se integraron a partir del día primero de enero del 2001, cuando se encontraba vigente la reforma a la Ley Suprema del Estado en su artículo 73 fracción IV, y el artículo 23 de la Ley Electoral del Estado, luego entonces, para que opere la retroactividad de la ley, en los términos del artículo 14 de la Constitución, sería en el caso que al primero de enero del 2001, no existiera disposición legal en el sentido de limitar la participación de los síndicos en el proceso inmediato como munícipes y que la reforma posterior fuera precisa y reglamentara disposiciones de la misma jerarquía e iguales ámbitos de competencia.

De igual manera, se puede mencionar que las modificaciones favorables en leyes posteriores le benefician a los síndicos que actualmente ocupan ese cargo, sin embargo, se tiene que analizar las áreas de competencia de cada una de las leyes en conflicto, así como el objeto de cada una de ellas y en el caso que nos ocupa, la Ley Electoral tiene por objeto reglamentar entre otras cosas, lo relativo a el ejercicio de la función electoral, la organización de los actos y procedimientos relativos a la preparación y desarrollo del procesos electoral, la Ley de Gobierno y Administración Pública Municipal, tiene como objeto el reglamentar la estructura, integración y administración de los Ayuntamientos, por lo que de acuerdo al ámbito de competencias, no es factible que se aplique en materia electoral la reforma a que se refiere el séptimo transitorio de la Ley de Gobierno, pues el objetivo es precisar que los síndicos hasta ese momento no electos serán considerados servidores públicos, es decir, cualifica al sujeto que esta desempeñando el cargo de síndico, tal calidad de los síndicos de ninguna manera los excluye para que se aplique diversa disposición en la que se considera que por ser servidor público puede separase del cargo noventa días antes de la elección y ser candidato a Munícipe o Regidor, porque tiene plena vigencia los demás supuestos en cuanto al desempeño de las funciones por nombramiento o designación. Lo contrario sería un absurdo legal, pues atentaría contra la Constitución General de la República, la Constitución del Estado y la Ley Electoral de la Entidad.

De tal suerte que, de acuerdo al análisis sistemático y funcional de las leyes y artículos que se mencionan, se estima que la conclusión final es en el sentido de que todas aquellas personas que actualmente desempeñen la función de síndicos a partir del primero del mes de enero del 2001, sea por nombramiento o designación están impedidos para ser registrados como candidatos a Munícipes".

Dicha opinión fue del conocimiento del ciudadano enjuiciante el veinte de diciembre del dos mil dos.

IV. Inconforme con el contenido de la opinión a que se refiere el numeral que antecede, José Cruz Bautista López promovió juicio para la protección de los derechos político electorales del ciudadano, mediante escrito presentado ante el consejo electoral responsable el veintitrés de diciembre de dos mil dos.

En su demanda el ciudadano actor hace valer los motivos de inconformidad que se transcriben a continuación:

"CONCEPTO DEL AGRAVIO

Causa agravio a los derechos político electorales del suscrito la actuación realizada por el CONSEJO ELECTORAL DEL ESTADO DE JALISCO en relación al Dictamen de Opinión emitido por la Dirección Jurídica del referido órgano colegiado electoral estatal, y tramitado en su Sesión de fecha 11 de diciembre de la presente anualidad, mediante el cual realiza una equívoca interpretación al penúltimo párrafo del artículo 23 de la Ley Electoral del Estado de Jalisco, por las siguientes consideraciones:

En la actuación combatida, la responsable señala lo siguiente:

‘De igual manera se puede mencionar que las modificaciones favorables en leyes posteriores que beneficien a los síndicos que actualmente ocupan ese cargo se tiene que analizar las áreas de competencia de cada una de las leyes en conflicto, así como el objeto de cada una de ellas y en el caso que nos ocupa, la ley electoral tiene por objeto reglamentar entre otras cosas, lo relativo a el ejercicio de la función electoral, la organización de los actos y procedimientos relativos a la preparación y desarrollo del proceso electoral, la Ley de Gobierno y Administración Pública Municipal, tiene como objeto el reglamentar la estructura, integración y administración de los ayuntamientos, por lo que de acuerdo al ámbito de competencias, no es factible que se aplique en materia electoral la reforma a que se refiere el séptimo transitorio de la Ley de Gobierno, pues el objetivo es precisar que los síndicos hasta ese momento no electos serán considerados servidores públicos, es decir, cualificar al sujeto que está desempeñando el cargo de síndico, tal calidad de los síndicos de ninguna manera los excluye para que se aplique diversas disposiciones en la que se considera que por ser servidor público puede separarse del cargo noventa días antes de la elección y ser candidato a munícipe o regidor, por que tiene plena vigencia los demás supuestos en cuanto al desempeño de las funciones por nombramiento o designación. Lo contrario sería absurdo legal, pues atentaría contra la Constitución General de la República, la Constitución del Estado y la Ley Electoral de la Entidad.

De tal suerte que, de acuerdo al análisis sistemático y funcional de las leyes y artículos que se mencionan se estima que la conclusión final es en el sentido de que todas aquellas personas que actualmente desempeñan la función de síndicos a partir del 1° del mes de enero de 2001, sea por nombramiento o designación están impedidos para ser registrados como candidatos a munícipes’.

En el presente caso, señalo tener derecho a ser votado en la Elección de Munícipes del Municipio de Tomatlán, a realizarse en el estado de Jalisco el domingo 6 de julio de 2003, lo que implica un desacuerdo con el acto de autoridad que me deja fuera de la calidad de elegible, que pueda permitirme el acceso al cargo de Presidente Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de Tomatlán, Jalisco, por tanto, la impugnación se traduce en la violación al derecho de ser votado.

Como el derecho de ser votado no se agota con el solo acto de ser ciudadano en pleno goce del ejercicio de sus derechos político-electorales, sino que incluye también cualquier hecho que atente contra la posibilidad real de acceder a la postulación a un cargo de elección popular directa, es claro que, si en el caso, el suscrito combate un acto que, en términos del artículo 79 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral viola mi derecho constitucional de votar y ser votado, debe entrarse al estudio de la controversia planteada.

En el caso concreto, no es materia de discusión la literalidad del contenido del último párrafo del artículo 23 de la Ley Electoral del Estado de Jalisco, sino su interpretación conforme a la intención del legislador y a la derivada de un raciocinio lógico, a la luz de la inaplicación, que por carecer de materia, se realiza del párrafo segundo, de la fracción I, del artículo 115 de nuestra Carta Magna, circunstancia que motiva la controversia del accionante con la actuación realizada por el CONSEJO ELECTORAL DEL ESTADO DE JALISCO en relación al Dictamen de Opinión emitido por la Dirección Jurídica del referido órgano colegiado electoral estatal, y tramitado en su sesión de fecha 11 de diciembre de 2002, mediante el cual realiza una equívoca interpretación al penúltimo párrafo del artículo 23 de la Ley Electoral del Estado de Jalisco, por lo que, como lo esgrimo, la controversia se circunscribe a la interpretación que debe darse al artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 73 de la Constitución Política del Estado de Jalisco, en relación al artículo 23, párrafo penúltimo de la Ley Electoral del Estado de Jalisco, a la luz de la práctica electoral del estado de Jalisco, ya que en esta entidad federativa, según se desprende de la derogada Ley Orgánica Municipal del Estado de Jalisco, y las normas homólogas anteriores a ella, el cargo de Síndico, corresponde a un apéndice de las funciones y responsabilidades del funcionario municipal denominado Secretario del H. Ayuntamiento, y para el caso de asumir a éste último cargo, como para ejercer el cargo de Síndico, no se precisa elección popular directa de por medio, o sea, que en el ejercicio de las administraciones municipales del Estado de Jalisco que comprenden el período de vigencia de la referida norma derogada el 5 de octubre del 2000 (Ley Orgánica Municipal del Estado de Jalisco), el acceso al cargo de Síndico se obtiene por designación del gobierno municipal, no por elección popular directa, según se desprende de la derogada Ley Orgánica Municipal del Estado de Jalisco.

Ahora bien, tomando en cuenta que el texto del artículo 115 de la Constitución Federal tomó su nueva redacción con la reforma de 1983, en que se refiere a los municipios y sus integrantes en el segundo párrafo de su fracción I, indica: ‘Los presidentes municipales, regidores y síndicos de los ayuntamientos, electos popularmente por elección directa, no podrán ser reelectos para el periodo inmediato.’. Al igual que se preceptúa en idénticos términos en la Constitución Local del Estado de Jalisco, en la reforma del 19 de diciembre de 2000, esta prohibición constitucional que tipifica la reelección y sujeta a la misma al Síndico del Ayuntamiento, nunca operó como tal en el Estado de Jalisco, toda vez que como excepción a la práctica comicial en las demás entidades federativas, en el Estado de Jalisco el cargo de Síndico de los Ayuntamientos, no ha sido producto de un proceso de sufragio popular directo, sino por el contrario el cargo de Síndico del Ayuntamiento emanaba, de una determinación del gobierno municipal. Así pues, el principio constitucional de no reelección, en estricto sensu, que niega la reelección en tratándose de los funcionarios que desempeñan el cargo de Síndico en los Ayuntamientos del Estado de Jalisco, solo tendrá motivación legal para aplicarse a las elecciones locales de 2006, toda vez que en la actualidad, en vísperas de las elecciones locales de 2003, ninguno de los Síndicos de los Ayuntamientos de los 124 municipios que conforman el Estado de Jalisco, han sido popularmente en elección directa, y por tanto no pueden ser sujetos a la restricción constitucional reeleccionaria que refiere la interpretación del órgano electoral que origina la presente controversia.

Luego entonces, retomando el estudio del espíritu de la ley fundamental, en cuanto a la reelección de presidentes municipales, regidores y síndicos, cuya literalidad no se discute, sino que de la misma se solicita a este H. Órgano Superior Jurisdiccional Comicial, realice una interpretación conforme a las circunstancias de hecho y de derecho que en cuanto a la manera de arribar al cargo de Síndico del Ayuntamiento prevalecen en el Estado de Jalisco, a efecto que sea reconocido que no soy sujeto a la prohibición constitucional reeleccionaria en estudio, por no haber sido el nombramiento de mi cargo como Secretario y Síndico del H. Ayuntamiento Constitucional de Tomatlán, Jal., producto de una elección popular directa, y por tanto puedo ejercer mi derecho político-electoral a ser votado en la próxima elección municipal de 2003, para Presidente Municipal de Tomatlán, Jalisco, sin que para ello sea impedimento el que me haya desempeñado como Secretario General y Síndico de dicha municipalidad, en el periodo que comprende del 1° de Enero de 2001 al 15 de Febrero de 2002, toda vez que no fui electo en un proceso comicial popular y directo, como se desprende de la convocatoria para la celebración de las elecciones ordinarias para diputados por los principios de mayoría relativa y de representación proporcional, gobernador y munícipes a celebrarse el día 12 de noviembre de 2000, de donde se advierte de manera inobjetable que en el proceso sufragáneo a que se refiere la documental invocada, no aparece como cargo votado en dicho proceso comicial, el del Síndico del Ayuntamiento, y con ello es irrefutable que no se estaría en mi caso, ante el hecho de una reelección como lo pretende hacer valer la autoridad electoral local en la actuación que se combate.

La anterior afirmación, se sustenta en contra de los razonamientos vertidos por la autoridad señalada como responsable, quien fue omisa en la exhaustividad que se debe observar al momento de emitir su opinión, ya que si bien es cierto, se menciona en el cuerpo del documento que se recurre, una fundamentación legal desde el ámbito constitucional federal, y desde luego en el de la constitución local y la legislación comicial estatal, también es cierto que en ejercicio de un criterio llano de interpretación sistemática y funcional, conforme a lógica jurídica electoral, la interpretación que sobre el marco legal de la reelección que la autoridad electoral local invoca siendo los artículos 115, 73 y 23 de la Constitución Federal, de la Constitución Local y del ordenamiento comicial del estado, respectivamente, no aplica en las próximas elecciones municipales de 2003, para el caso de los Síndicos de los Ayuntamientos en el Estado de Jalisco, por no ser hasta estos momentos, ninguno de ellos electos a dicho cargo en un proceso comicial popular y directo, como se demuestra con la Convocatoria para la celebración de las elecciones ordinarias para diputados por los principios de mayoría relativa y de representación proporcional, gobernador y munícipes a celebrarse el día 12 de noviembre de 2000, publicada en el Periódico Oficial ‘El Estado de Jalisco’, con fecha 1 de agosto de 2000, donde se desprende de manera irrefutable que en dicho proceso comicial directo relativo a la elección de Munícipes, no se contendió en forma alguna al cargo de Síndico de los Ayuntamientos del Estado de Jalisco, por tanto es inoperante la interpretación que en sentido lato realiza el órgano electoral local respecto a la prohibición reeleccionaria de los Síndicos, con motivo de las próximas elecciones municipales de 2003.

V. A través del oficio número 1093/02, del veintisiete de diciembre del dos mil dos, recibido en la Oficialía del Partes de este tribunal el dos de enero siguiente, el Secretario Ejecutivo del Consejo Electoral del Estado de Jalisco, remitió, entre otros documentos, el escrito de demanda del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano a que se refiere el numeral anterior y sus anexos, así como el informe circunstanciado de ley.

VI. Por acuerdo del dos de enero del dos mil tres, el Magistrado Presidente del Tribunal Electoral Poder Judicial de la Federación, tuvo por recibida la documentación precisada en el resultando anterior, ordenó la integración del expediente en que se actúa y remitió los autos a la ponencia del Magistrado José Luis de la Peza, para los efectos previstos en el artículo 19 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral. Esta determinación se cumplió mediante oficio TEPJF-SGA-005/03, signado por el Secretario General de Acuerdos de esta Sala Superior.

VII. Por auto del diez de enero del presente año, el magistrado instructor requirió al Consejo Electoral del Estado de Jalisco, al efecto de que remitiera a este órgano jurisdiccional el acuerdo en donde consta el acto impugnado e informara acerca del sentido de la votación de los integrantes del Pleno del citado consejo, así como del contenido del acuerdo tomado en relación a la opinión respecto de la interpretación del penúltimo párrafo del artículo 23 de la Ley Electoral del Estado de Jalisco, emitida por la dirección jurídica del referido organismo.

VIII. Por medio del oficio número 094/03, recibido vía fax en la Oficialía de Partes de esta Sala Superior, el once de enero del presente año, y en copia certificada el quince siguiente, el Secretario Ejecutivo del Consejo Electoral del Estado de Jalisco, en cumplimiento al requerimiento que se le formuló, remitió copia del acta de la sesión celebrada por la referida autoridad el once de diciembre del dos mil dos, a la cual le anexó la opinión emitida por la dirección jurídica, e informó que en esa sesión se dio a conocer la respuesta a las consultas formulada por los partidos Revolucionario Institucional y Acción Nacional, conforme a la atribución de ese consejo prevista en el artículo 132, fracción IV de la Ley Electoral de Jalisco, sin que se hubiere sometido a votación, por lo que no había acuerdo del pleno sobre la misma.

IX. A través del escrito presentado en la Oficialía de Partes de este órgano jurisdiccional el once de enero del dos mil tres, José Cruz Bautista López, remitió las copias certificadas de las pruebas documentales ofrecidas en su escrito inicial de demanda, las cuales fueron solicitadas en su oportunidad a la autoridad responsable.

X. Mediante proveído de veintiuno de enero del presente año, el magistrado instructor, entre otras cuestiones, admitió el presente juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. Asimismo, en virtud de obrar en autos los elementos necesarios para resolver y al no quedar diligencias pendientes por desahogar, declaró cerrada la instrucción quedando el asunto en estado de resolución.

C O N S I D E R A N D O

PRIMERO. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ejerce jurisdicción, y la Sala Superior tiene competencia para conocer y resolver el presente asunto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 99, párrafo cuarto, fracción V de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 186, fracción III, inciso c) y 189, fracción I, inciso f) de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como 83, párrafo 1, inciso a) de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, por tratarse de un juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, promovido por un ciudadano, por sí mismo y en forma individual, contra actos del Consejo Electoral del Estado de Jalisco, al que se le atribuye la violación de su derecho político electoral de ser votado.

SEGUNDO. Previamente al análisis de fondo del presente asunto, se estudia si están satisfechos los requisitos formales de procedibilidad de la demanda, previstos en los artículo 8 y 9 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

El juicio que nos ocupa se presentó oportunamente, ya que fue promovido dentro del plazo legal establecido por el artículo 8 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, pues como lo manifiesta el actor, tuvo conocimiento del acto impugnado el veinte de diciembre del años dos mil dos, situación ésta que no fue controvertida por la autoridad responsable, ni se encuentra contradicha por algún otro elemento probatorio existente en autos, mientras que, del escrito inicial de demanda del medio de impugnación a estudio, se observa el sello del Consejo Electoral del Estado de Jalisco, del cual se desprende que la demanda promovida por José Cruz Bautista López, se presentó el veintitrés de diciembre siguiente, es decir, dentro del plazo legal de cuatro días exigido por el referido artículo.

Por otra parte, se determina que sí están satisfechos los requisitos de procedibilidad, ya que la demanda se presentó por escrito, ante la autoridad señalada como responsable, que es el Consejo Electoral del Estado de Jalisco; además de que se señala el nombre del actor y su domicilio para recibir notificaciones. Asimismo, del contenido integral de la demanda se advierte que el actor impugna el acuerdo aprobado por el Pleno del Consejo Electoral del Estado de Jalisco, en sesión de once de diciembre del año dos mil dos, manifestándose inconforme con el mismo, porque le niega la posibilidad de postularse como candidato a algún cargo como munícipe en el próximo proceso electoral en el Estado de Jalisco, según se advierte del motivo de inconformidad que ha quedado transcrito en el resultando IV del presente fallo.

A su vez, en el escrito también se identifican los hechos en que se funda la impugnación, los agravios que le causa y los preceptos que se estiman violados; se ofrecieron y aportaron pruebas, finalmente, se asentó el nombre y la firma del promovente.

En el presente caso se encuentra demostrada la existencia del acto impugnado, porque no obstante las deficiencias formales que presenta, de acuerdo con las circunstancias que rodean su emisión, hay elementos suficientes para considerar que es atribuible al Consejo Electoral del Estado de Jalisco, de manera que, legal o ilegalmente dictado, tal acto existe y es susceptible de ser combatido.

Al efecto, es menester considerar que, tratándose de actos que provienen de órganos colegiados, lo ordinario consiste en que éstos se tomen por acuerdo de sus miembros, a través de la votación, para lo cual, generalmente se apoyan en el trabajo previo que realiza un órgano auxiliar, como una comisión u otro análogo, sobre el asunto a tratar, y del cual elabora un estudio o dictamen que somete a la consideración del órgano decisor, quien lo aprobará o desaprobará, según el resultado de la votación.

Sin embargo, en el campo de los hechos pueden darse casos en los cuales, a pesar de que un asunto de la competencia del órgano colegiado que modifica o limita la situación jurídica de un gobernado, no se someta a la votación de sus miembros, ni se tome un acuerdo formal sobre el mismo, el acto existe y es atribuible al órgano. Esto puede suceder cuando el asunto se trate en una de las sesiones del órgano y entre sus miembros se asuma una actitud de aceptación o tolerancia con el mismo que revele una posición favorable.

Lo anterior encuentra sustento en la teoría del acto administrativo, según la cual, uno de los elementos definidores de tal acto es la de ser una declaración intelectual (ya sea de voluntad, juicio, deseo, conocimiento, etcétera) como resultado de un procedimiento y que puede manifestarse de manera expresa o mediante comportamientos o conductas que revelan concluyentemente una posición intelectual previa, es decir, una declaración o acto tácito. Sin embargo, la forma tácita de manifestación no es admisible tratándose de actos administrativos que limitan o modifican la situación jurídica de los gobernados, por lo que, de verificarse, se trataría de una situación ilegal o de mero hecho, sin que eso signifique la inexistencia del acto en sí. En tal caso, el acto existe aunque haya sido tomado de manera ilegal y por tanto es susceptible ser combatido o cuestionado por las vías procedentes.

Así acontece en el caso concreto, donde, como ya se señaló en los resultandos, el acto reclamado constituye la respuesta del Consejo Electoral del Estado de Jalisco a las consultas que le formularon los partidos Revolucionario Institucional y Acción Nacional, acerca de si los actuales síndicos pueden ser electos como munícipes en las próximas elecciones, sin que se hayan cumplido las formalidades necesarias al adoptarlos pues en la sesión del Pleno del Consejo Electoral del Estado, del once de diciembre, no se sometió a votación de sus miembros la opinión elaborada por la dirección jurídica, ni se tomó un acuerdo formal al respecto, según se aprecia de la lectura del acta correspondiente, así como del informe rendido por el consejo, en cumplimiento al requerimiento que se le formuló en su oportunidad.

En efecto, mediante escritos del once y veintinueve de noviembre de dos mil dos, los partidos Revolucionario Institucional y Acción Nacional, respectivamente, formularon una consulta al Consejo Electoral del Estado de Jalisco a efecto de que éste expresará cual sería el criterio jurídico que adoptaría respecto a si quienes actualmente fungen como síndicos en los ayuntamientos de esa entidad, pueden ser electos a cualquier cargo municipal en las próximas elecciones.

Las consultas hechas por los partidos políticos fueron turnadas a la dirección jurídica del mencionado consejo, la cual formuló una opinión el dos de diciembre, en el sentido de que los mencionados sujetos no pueden ser electos como munícipes en las elecciones que tendrán verificativo este año, porque en su concepto, se violaría el principio de no reelección previsto en el artículo 73, fracción IV de la Constitución Política del Estado de Jalisco, y demás disposiciones legales.

En sesión del Consejo Electoral del Estado de Jalisco, del once de diciembre de dos mil dos, en el punto de los asuntos generales, se trató lo relativo a la respuesta a las consultas en cuestión, donde, se presentó la opinión elaborada por la dirección jurídica a todos los miembros de dicho órgano colegiado y, aunque no se tomó una votación expresa sobre su aprobación o desaprobación, durante la sesión tuvieron lugar una serie de conductas y situaciones entre los consejeros que permiten determinar que a través del tratamiento de ese punto, se desahogó la consulta formulada al consejo y con ello quedó satisfecha la petición correspondiente. A fin de demostrar estas afirmaciones y para una mayor claridad, a continuación se transcribe la parte conducente del acta respectiva:

"Hace uso de la voz el Secretario Ejecutivo, Licenciado Jacobo Efraín Cabrera Palos.- Punto número 13. Asuntos generales.

Hace uso de la voz el Consejero Presidente, Licenciado Alejandro Raúl Elizondo Gómez.- No habiendo, sí Señor Secretario adelante.

Hace uso de la voz el Secretario Ejecutivo, Licenciado Jacobo Efraín Cabrera Palos.- Señor Presidente, Señores Consejeros, con fechas 11 y 29 de noviembre de 2002 fueron presentados a la Oficialía de Partes del Consejo Electoral del Estado, dos solicitudes presentadas por los partidos Revolucionario Institucional y Acción Nacional, en donde solicitan que el Consejo Electoral del Estado dé a conocer el criterio jurídico que se seguirá para permitir o no a los actuales Síndicos, que no fueron electos por votación popular, registrarse como candidatos a Presidentes Municipales, por lo que en términos del artículo 132, Fracción Cuarta, que nos permite dentro del Pleno resolver sobre las consultas y las controversias que en este caso formulen los Partidos Políticos registrados o acreditados en los asuntos de su competencia, quisiera circularles en este momento la opinión que tiene la Dirección Jurídica del órgano electoral, la cual de acuerdo al análisis que concluye en el sentido de que todas aquellas personas que actualmente desempeñan la función de Síndicos, a partir del mes de enero de 2001, sea por nombramiento o designación, están impedidos para ser registrados como candidatos a Munícipes, en el caso de que existiera alguna duda o eso les solicito Señor Presidente permita que nuestro Director Jurídico pudiera hacer el planteamiento correspondiente.

Hace uso de la voz el Consejero Presidente, Licenciado Alejandro Raúl Elizondo Gómez.- Bien, ¿existe alguna duda de algún Partido con respecto a este punto?. Bueno, no habiendo más asuntos que tratar Señores Consejeros damos por terminada esta Sesión, siendo las.

Hace uso de la voz el Consejero Representante del Partido Revolucionario Institucional, Ingeniero Ismael Orozco Loreto.- Perdón tuve una distracción, la opinión que nos están circulando, ¿quedaría integrada?

Hace uso de la voz el Secretario Ejecutivo, Licenciado Jacobo Efraín Cabrera Palos.- Sí, porque está en Asuntos Varios, así es, el punto es que es la opinión que vierte la Dirección Jurídica, en caso de que alguno de los Consejeros con derecho de voz o de voz y voto, tuviera alguna opinión en contrario o alguna duda, este estaría nuestro Director Jurídico para resolverla.

Hace uso de la voz el Consejero Presidente, Licenciado Alejandro Raúl Elizondo Gómez.- Sí, adelante Consejero.

Hace uso de la voz el Consejero Electoral, Licenciado Sergio Castañeda Carrillo.- Yo quiero manifestarme al respecto. Como son varios cuerpos normativos los que se citan y tienen que ver respecto al ámbito de la representación popular, es necesario dejar que no puede haber conflicto de normas, Ley Especial rige en un caso en concreto, aquí se habla de una Ley de gobierno, esa es para el desempeño de la función, la Ley Electoral para aquel que es elegible sin embargo, ninguna de ellas puede estar sobre la Constitución, sean de la fecha que sean y rijan la materia que rijan. En el ámbito Constitucional es muy importante lo siguiente la Constitución es la Ley de Leyes, la norma de normas, es la súper Ley, no hay nada, ni nadie sobre ella, nada, ninguna otra Ley, nadie que aplique la ley y si hay una Ley con posterioridad a la Constitución está debe de adecuarse a lo que dice la Constitución, no la puede contravenir y si hay una Ley anterior que favorece a un gobernado en contravención de la Constitución, esta Ley debe de ser derogada o modificada acorde al precepto Constitucional. Por qué digo lo siguiente, esto se resume en que el precepto Constitucional dice que no habrá reelección en cargos, en cargos que sean de elección popular y establece como cargos de elección Presidente Municipal, Regidores y Síndicos, posterior a esta norma Constitucional hay una Ley que dice que es elegible el Síndico, el Síndico dice, no le des retroactividad a la norma, sí pero hay otra norma Constitucional especial de los cargos de elección de orden público, no hay contravención en las normas, hay dos especiales en la propia Constitución, yo creo que el dictamen se apega a lo que establece y nada más es recalcar a aquellas personas y ciudadanos que tienen la inquietud de postularse a diferentes cargos que están en una imposibilidad Constitucional y es importante que lo tomen en cuenta los Partidos, a efecto de no rechazar o no validar alguna posible planilla en la que se incurra en una posible reelección. Es cuanto quería opinar al respecto, muchas gracias.

Hace uso de la voz el Consejero Presidente, Licenciado Alejandro Raúl Elizondo Gómez.- Sí, gracias, tiene el uso de la voz el Representante de Acción Nacional.

Hace uso de la voz la Consejera Representante Suplente del Partido Acción Nacional, Licenciada Dolores Eugenia Pérez Lazcarro.- Yo nada más para comentar que se me hizo bastante, me parece muy bien especificado y detallado lo que nos entrega el Departamento Jurídico y en el caso de Acción Nacional nos gustaría nada más que nos remitiera la respuesta al oficio que entregamos, haciendo mención pues, que en el Pleno se trató, etcétera, para tenerlo ahí nada más como requisito se cumpla.

Hace uso de la voz el Consejero Presidente, Licenciado Alejandro Raúl Elizondo Gómez.- De manera formal se las hacemos llegar.

Hace uso de la voz la Consejera Representante Suplente del Partido Acción Nacional, Licenciada Dolores Eugenia Pérez Lazcarro.- Una mera formalidad, pero para que nosotros lo tengamos."

De la transcripción anterior destacan los siguientes aspectos que revelan la emisión del acto:

1. El Pleno del Consejo Electoral del Estado de Jalisco se ocupó del asunto, en uno de los puntos del orden del día, que se debió establecer desde la convocatoria, según el artículo 127 de la ley electoral del estado.

2. El asunto se trató con fundamento en la atribución del Pleno del Consejo Electoral del Estado de Jalisco, prevista en la fracción IV del artículo 132 de la ley electoral de esa entidad federativa, que textualmente dice: "El Consejo Electoral del Estado tendrá las siguientes atribuciones: (...) IV. Resolver sobre las consultas y controversias que le presenten los ciudadanos, partidos, coaliciones y agrupaciones políticas registrados o acreditados, relativas al funcionamiento de este organismo y de los órganos que integran el mismo y demás asuntos de su competencia;".

3. El secretario ejecutivo circuló a los miembros del consejo la opinión de la dirección jurídica sobre la consulta, y les manifestó cuál era su sentido.

4. El secretario ejecutivo aclaró a los consejeros que si tenían alguna duda u opinión en contra, se permitiera al director jurídico hacer el planteamiento correspondiente.

5. El presidente del consejo preguntó sí los partidos tenían alguna duda sobre la opinión, sin que ninguno lo haya manifestado.

6. Uno de los consejeros electorales se pronunció a favor de la opinión, e incluso expresó argumentos jurídicos en su apoyo.

7. A cuestionamiento del representante del Partido Revolucionario Institucional, el secretario señaló que la opinión quedaría integrada al acta, precisamente en razón de haberse tratado en los asuntos generales.

8. La representante del Partido Acción Nacional se manifestó en el sentido de que la opinión que recibió era bastante, así como detallada, y solicitó que como mera formalidad, se le hiciera llegar a su partido la respuesta a su consulta, con la mención de que se había tratado en el pleno.

9. El presidente del consejo aceptó la petición señalada en el punto anterior, y aclaró que se haría llegar a todos los partidos políticos.

10. Ningún consejero o representante de partido manifestó dudas u opiniones en contrario sobre la respuesta a la consulta en cuestión.

Como puede apreciarse, mediante ese conjunto de conductas y elementos descritos, que tuvieron lugar durante la sesión del Pleno del Consejo Electoral, se advierte que a través de ellos, dicha autoridad respondió o formuló su juicio a la consulta que le hicieron, puesto que, en primer término se trató el asunto dentro de la sesión pública con base en una atribución del mencionado órgano colegiado, que consiste en resolver las consultas que le formulen los ciudadanos, partidos, agrupaciones políticas, coaliciones; y en esa sesión se dio a conocer a todos los partidos, a través de los representantes presentes, así como por la remisión de la opinión que en ese momento se ordenó hacer, que los actuales síndicos de los ayuntamientos no podrán ser electos como munícipes para las próximas elecciones, según la opinión elaborada por la dirección jurídica de ese organismo, a la cual ninguno de los miembros opuso objeción alguna, al contrario, uno de los consejeros se manifestó a favor de ella, y quedó integrada al acta, precisamente por haber sido uno de los aspectos tratados por el consejo durante la sesión.

Así, los miembros de ese cuerpo colegiado tuvieron conocimiento de la opinión formulada a efecto de dar respuesta al planteamiento de los partidos Revolucionario Institucional y Acción Nacional, y en la propia sesión el presidente ordenó remitirla a todos los partidos políticos, lo cual necesariamente tendría el efecto de darles a conocer esa opinión jurídica, actos que fueron tolerados por los consejeros, al haber guardado silencio al respecto.

De lo anterior se aprecia que, al haber circulado durante la sesión la opinión jurídica de que se trata, fue con el fin de responder al planteamiento jurídico formulado por los institutos políticos al consejo electoral, en un asunto de su competencia, puesto que se trata de la admisibilidad de ciertos sujetos como candidatos, y asimismo al haberse dado a conocer esa opinión a todos los partidos políticos por parte de esa autoridad electoral, revela la intención su intención, de informarles cual es su posición o criterio al respecto, porque en ese supuesto, ya es el propio consejo electoral quien hace la manifestación, y no la dirección jurídica por si. Dicho en otras palabras, la remisión a los partidos políticos de la citada opinión jurídica, revela que la autoridad la adoptó como propia.

Esto demuestra que, de hecho, la autoridad electoral sí dio respuesta a las consultas que se le formularon, aunque no se hayan cumplido las formalidades necesarias al efecto, se está en presencia de un acto susceptible de ser impugnado.

Corresponde ahora analizar si procede la acción deducida en este caso, tomando en consideración la causa de improcedencia hecha valer por la autoridad responsable, en el sentido de que el acto reclamado no afecta realmente el derecho político electoral de ser votado del actor, en virtud de que él no ha sido propuesto por algún partido político, como candidato a determinado cargo de munícipe en el proceso electoral que tendrá lugar este año en el Estado de Jalisco, pues incluso, el periodo de registro aun no transcurre, sino que será del primero al treinta y uno de marzo de este año, de manera que no se configura el supuesto de procedencia previsto en el artículo 80, apartado 1, inciso d) de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; así como tampoco el establecido en el apartado 2 del propio precepto legal, es decir, haber agotado las instancias previas y realizado las gestiones necesarias para estar en condiciones de ejercer el derecho político electoral presuntamente violado, en la forma y en los plazos que las leyes respectivas establezcan para tal efecto.

Esta Sala Superior estima que es infundada la causa de improcedencia formulada, porque atendiendo a la pretensión del actor, es posible determinar que hace valer una acción declarativa o pretensión de declaración, la cual se encuentra reconocida en el derecho positivo mexicano, en el artículo 1°, tanto del Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, como el Federal de Procedimientos Civiles, los cuales señalan en forma idéntica:

"Sólo puede iniciar un procedimiento judicial o intervenir en él, quien tenga interés en que la autoridad judicial declare o constituya un derecho o imponga una condena, y quien tenga el interés contrario."

Así, no sólo es admisible una acción que tenga por objeto la obtención de una condena, que se traduciría en un acto material del reconocimiento del derecho alegado, sino también la que únicamente persiga una declaración judicial sobre una determinada situación jurídica y que, por tanto, tenga fuerza vinculante.

En la doctrina existe cierta conformidad acerca de lo que debe entenderse por acción declarativa o pretensión de declaración, y los elementos que la definen; autores como Wach (La pretensión de declaración, Ediciones Jurídicas Europa-América, Buenos Aires, 1962), Liebman (Derecho Procesal Civil, Ediciones Jurídicas Europa-América, Buenos Aires, 1980, páginas 132 a 135) o Hugo Alsina (Derecho Procesal, tomo I, Ediar, Buenos Aires, 1963, páginas 352 a 358), coinciden en señalar que esta acción procede cuando por una situación de hecho o conducta de algún sujeto se haya generado incertidumbre sobre un derecho o relación jurídica que en sí misma pueda causar un daño o perjuicio a su titular, y cuyo objeto es obtener una declaración judicial que le de certeza. Resaltan el aspecto de la posibilidad del daño o perjuicio para determinar que no cualquier declaración sobre un derecho es admisible, como el que pretendiera, verbigracia, un propietario acerca del reconocimiento de su propiedad frente a todos los demás sujetos; sino que es preciso que se tenga un interés justificado en la misma (cuando la incertidumbre implique la posibilidad seria de afectación), el cual ha de ser valorado por el juez en cada caso.

En tales condiciones, la sentencia declarativa vendrá a dar seguridad y certeza sobre un derecho o relación jurídica que se considere tener.

De esa manera, se puede determinar que los elementos necesarios para la procedencia de esta acción son los siguientes:

a) Una situación de hecho que produzca incertidumbre o falta de seguridad en un posible derecho, y

b) La posibilidad seria de que con esa situación se afecte o perjudique en cualquier modo el derecho.

Tales elementos se actualizan en el caso concreto. Respecto del primero, porque según quedó demostrado con anterioridad, el Consejo Electoral del Estado de Jalisco generó una situación de hecho por la cual se puso en duda el derecho a ser votado como munícipes de ciertos ciudadanos (los que hayan fungido como síndicos en la actual administración municipal o, incluso, los que hoy día actúan como tales).

Lo anterior, por haberlo tratado en una de sus sesiones y comunicado a los partidos políticos, como respuesta a la consulta que éstos le hicieron en ese sentido, que los síndicos actuales no podrán ser electos para algún cargo de elección popular en el ayuntamiento, en las próximas elecciones.

Esa determinación evidentemente genera incertidumbre acerca de si a tales ciudadanos les asiste derecho a ser votados como munícipes, por las siguientes razones:

a) No se trata sólo de una opinión cualquiera, sino de la proveniente de la máxima autoridad electoral del Estado de Jalisco. En efecto, mediante los actos reclamados, la autoridad externó su parecer acerca de la interpretación que debía darse a los artículos 115 de la Constitución federal, 73, fracción IV de la Constitución local, así como 23 de la ley electoral de la entidad, y séptimo transitorio de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, para establecer que los actuales síndicos no pueden ser electos como munícipes en las próximas elecciones, sin que se haya obligado a los partidos o ciudadanos a acatarla; por lo que se puede o no estar de acuerdo con ella; de ahí la inseguridad o incertidumbre sobre la existencia o no del derecho de los mencionados síndicos para ser votados en los comicios que tendrán lugar este año en la referida entidad.

b) Por otra parte, la opinión proviene de la autoridad que es competente para decidir si los ciudadanos reúnen o no los requisitos necesarios para ser registrados para algún cargo de elección popular, de manera que, aunque se trata sólo de una opinión que puede ser tomada en cuenta o no, ésta tiene la fuerza suficiente para poner en duda, entre los partidos y los ciudadanos, si los síndicos actuales pueden ser electos como munícipes en las elecciones que se celebrarán este año en el Estado de Jalisco.

c) La opinión se difundió entre los partidos políticos, que constituyen el medio por el cual, por antonomasia, los ciudadanos acceden al poder público, mediante su postulación como candidatos a algún cargo de elección popular.

En el caso está demostrado que el actor desempeñó, hasta el quince de febrero del dos mil dos, los cargos de secretario general y síndico del Ayuntamiento de Tomatlán, Jalisco, según consta de la copia certificada del acta levantada con motivo de la sesión del cabildo del referido ayuntamiento, celebrada el catorce de febrero de dos mil dos. Así también, está demostrado que el demandante cuenta con un dictamen de procedencia de registro de aspirante a precandidato de elección popular, expedido por la Comisión Estatal de Procesos Internos del Partido Revolucionario Institucional, el veintidós de noviembre del dos mil dos, de la cual también obra copia certificada en los autos, constancias a las que se les confiere eficacia probatoria plena, en términos de lo dispuesto en los artículos 14, apartado 1, inciso a), y apartado 4, inciso c), y 16, apartado 2 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

En consecuencia, con la respuesta u opinión enviada por el Consejo Electoral del Estado de Jalisco a los partidos políticos, se generó incertidumbre acerca de si el ahora actor tiene derecho a ser postulado como candidato para algún cargo como munícipe.

Por lo que ve al segundo elemento de la acción declarativa, también se satisface, puesto que la situación de incertidumbre genera la seria posibilidad de afectar el derecho político electoral de ser votado, que posiblemente le asista al actor.

Esto, porque es muy posible que, ante la opinión externada por el Consejo Electoral del Estado de Jalisco, con la cual no está de acuerdo el actor, se den las siguientes situaciones:

a) Que el actor acuda ante las instancias correspondientes de su partido político para ser seleccionado como candidato a munícipe, y que tal instituto político se lo niegue. Esto, porque el partido considere que si ya se conoce cuál es el criterio de la autoridad responsable, no tendría sentido postular un candidato al que probablemente se le negará el registro;

b) Que el actor sea postulado por un partido político, como candidato a munícipe, y la autoridad electoral no admita el registro, y

c) Que el actor resulte electo para algún cargo del ayuntamiento y al momento de la calificación, se le declare inelegible.

En estos dos últimos casos, la posibilidad deriva del hecho de que es la propia autoridad que emitió la opinión a quien correspondería su determinación.

Cualquiera de esas posibilidades, indudablemente, es perjudicial para el actor, en el supuesto de que le asistiera el derecho a ser votado como munícipe en las elecciones que tendrán lugar este año en Jalisco, porque todas implicarían una restricción a tal derecho en cuanto significan impedir su ejercicio; afectación que con el transcurso de los días se hace más patente ante el vencimiento de los plazos con que cuenta, tanto al interior de su partido político, como ante la autoridad responsable, para lograr su postulación como candidato a munícipe; pues según copia que obra en autos, de la convocatoria lanzada por el Partido Revolucionario Institucional para la postulación de candidatos a presidentes municipales, regidores y síndicos de los ayuntamientos del Estado de Jalisco, de veinte de diciembre de dos mil dos, el registro de los precandidatos está previsto del veinte al veinticuatro de este mes (base séptima); y a su vez, el registro de los candidatos ante la autoridad responsable tendrá lugar del primero al treinta y uno de marzo de este año, conforme al artículo 231, fracción IV de la ley electoral local.

Es por lo anterior que el actor pretende, mediante esta vía, la declaración en sentencia firme de que le asiste el derecho a ser electo como munícipe en las próximas elecciones y, con ello, eliminar la incertidumbre e inseguridad generada con los actos reclamados, así como evitar posibles violaciones o transgresiones a su derecho político electoral de ser votado.

En tal caso, la sentencia tendría por objeto dilucidar si el actor tiene o no ese derecho, y de ser así declararlo, estableciendo con ello, el estado de certeza sobre el mismo.

En consecuencia, en el caso se encuentran reunidas las condiciones o elementos necesarios de la acción declarativa, por lo cual ésta resulta procedente.

Ahora bien, esta acción o pretensión es susceptible de ser ejercida mediante el juicio para la protección de los derechos político electorales del ciudadano, ya que es el único medio que la ley prevé para la protección de tales derechos, ante su afectación, y las formas en que ésta puede producirse es a través de su violación propiamente dicha, o bien, la seria posibilidad de que así sea en una situación de incertidumbre.

En ese sentido debe entenderse la hipótesis de procedencia de este juicio, prevista en el artículo 79 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, cuando establece que tal procedimiento es apto cuando se hagan valer presuntas violaciones a los derechos político electorales del ciudadano, porque en tal concepto las afectaciones que pueden sufrir tales derechos son susceptibles de ser reclamadas en la vía judicial.

En tales circunstancias, no asiste razón a la autoridad responsable cuando pretende establecer que la procedencia del juicio en cuestión, en caso de que se alegue la violación al derecho político electoral de ser votado, únicamente se constriñe al supuesto establecido en el artículo 80, fracción d) del ordenamiento legal citado en el párrafo anterior, es decir, cuando la autoridad electoral niegue el registro a un ciudadano, como candidato, cuando éste fue postulado como tal por un partido político; ya que ese supuesto constituye sólo uno de aquellos en que es factible que se produzca una afectación al derecho mencionado, tan es así, que esta Sala Superior ha establecido en jurisprudencia firme que la procedencia de este juicio no se limita a los casos señalados en el artículo 80, que son los que típicamente se traducirían en una violación directa al derecho susceptible de generar la acción de condena, sino fundamentalmente en el previsto en el artículo 79, ambos de la ley en cita, donde como ya se demostró, sí cabe la acción declarativa para la defensa o protección de los derechos político electorales del ciudadano.

La tesis de jurisprudencia en cuestión, se encuentra publicada en la revista Justicia Electoral 2001, Suplemento 4, páginas 17-18, y a la letra dice:

"JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES DEL CIUDADANO. REQUISITOS PARA SU PROCEDENCIA.- Los requisitos para la procedencia del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano están previstos en el artículo 79 (y no en el 80) de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, pues del contenido del primero se obtiene que para la procedencia, se requiere la concurrencia de los elementos siguientes: a) que el promovente sea un ciudadano mexicano; b) que este ciudadano promueva por sí mismo y en forma individual, y c) que haga valer presuntas violaciones a cualquiera de los siguientes derechos políticos: de votar y ser votado en las elecciones populares, de asociarse individual y libremente para tomar parte en forma pacífica en los asuntos políticos y de afiliarse libre e individualmente a los partidos políticos. Los primeros dos elementos no requieren mayor explicación. Respecto al último cabe destacar que, de conformidad con el texto del precepto en comento, para tenerlo por satisfecho, es suficiente con que en la demanda se aduzca que con el acto o resolución combatido se cometieron violaciones a alguno o varios de los derechos políticos mencionados, en perjuicio del promovente, independientemente de que en el fallo que se llegue a emitir se puedan estimar fundadas o infundadas tales alegaciones; es decir, el elemento en comento es de carácter formal, y tiene como objeto determinar la procedencia procesal del juicio, en atención a que la única materia de que se puede ocupar el juzgador en él consiste en dilucidar si los actos combatidos conculcan o no los derechos políticos mencionados, y si el promovente no estimara que se infringen ese tipo de prerrogativas, la demanda carecería de objeto en esta vía. En tanto que de la interpretación gramatical del vocablo "cuando", contenido en el apartado 1 del artículo 80 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, se aprecia que está empleado como adverbio de tiempo y con el significado de "en el tiempo, en el punto, en la ocasión en que", pues en todos los incisos que siguen a esta expresión se hace referencia, a que el juicio queda en condiciones de ser promovido, al momento o tiempo en que hayan ocurrido los hechos que se precisan en cada hipótesis, como son la no obtención oportuna del documento exigido por la ley electoral para ejercer el voto, después de haber cumplido con los requisitos y trámites correspondientes; el hecho de no aparecer incluido en la lista nominal de electores de la sección correspondiente a su domicilio, luego de haber obtenido oportunamente el documento a que se refiere el inciso anterior; una vez que se considere indebidamente excluido de la lista nominal de electores de la sección correspondiente a su domicilio; al momento en que estime que se violó su derecho político-electoral de ser votado, con la negación de su registro como candidato a un cargo de elección popular, propuesto por un partido político; al conocer la negativa de registro como partido político o agrupación política, de la asociación a la que se hubiera integrado el ciudadano para tomar parte en forma pacífica en asuntos políticos, conforme a las leyes aplicables, si consideran indebida tal negación; y al tiempo en que, al conocer un acto o resolución de la autoridad, el ciudadano piensa que es violatorio de cualquiera otro de los derechos político-electorales no comprendidos en los incisos precedentes, pero sí en el artículo anterior. Consecuentemente, para considerar procedente este juicio es suficiente que la demanda satisfaga los requisitos del artículo 79 citado, aunque no encuadre en ninguno de los supuestos específicos contemplados en el artículo 80.

Tercera Época:

Recurso de apelación. SUP-RAP-015/99. - Ismael Enrique Yáñez Centeno Cabrera. - 10 de agosto de 1999.¾ Unanimidad de votos.

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-152/99. - Herminio Quiñónez Osorio y Ángel García Ricárdez, quienes se ostentan como representantes de la Asamblea Comunitaria del Municipio de Asunción Tlacolulita, Distrito Judicial de San Carlos Yautepec, Oaxaca. - 11 de noviembre de 1999. - Unanimidad de votos.

Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. SUP-JDC-036/99. - Héctor Hernández Cortinas y Juan Cardiel de Santiago. - 17 de diciembre de 1999.¾ Unanimidad de votos."

Por otra parte, lo establecido en el apartado 2 del artículo 80 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, constituye el principio de definitividad como requisito de procedencia del juicio, por el que se exige agotar las instancias previas y realizar las gestiones necesarias para estar en condiciones de ejercer el derecho político electoral respectivo; pero tales circunstancias deben ser entendidas en el sentido de que deben satisfacerse cuando así lo exija la ley o la naturaleza de la acción que se ejercita.

En el caso, no se encuentra previsto en la legislación electoral del Estado de Jalisco, algún procedimiento o medio impugnativo a través del cual, el ciudadano actor pudo haber planteado la acción declarativa que aquí hace valer y, por otra parte, su promoción no exige realizar gestiones tendientes a ejercer el derecho afectado en grado de posibilidad, sino que por la naturaleza propia de la acción declarativa no es necesario tratar de ejercer el derecho, sino que basta que se encuentre amenazado o peligre por la situación de incertidumbre que se genere con algún acto o conducta.

Del mismo modo, se encuentra satisfecha la legitimación e interés jurídico del actor, presupuestos indispensables para el dictado de la sentencia de fondo.

Como lo ha establecido esta Sala Superior en anteriores ejecutorias, la legitimación consiste en la identidad entre el sujeto a quien la ley autoriza para promover un juicio y el actor. Por su parte, el interés jurídico radica en que, con el ejercicio de la acción el actor pretende obtener un beneficio o evitarse un perjuicio, haciéndola valer en la vía idónea para lograr su pretensión.

En el caso, José Cruz Bautista López, se encuentra legitimado para promover este juicio, en virtud de que se trata de un ciudadano que promueve por sí mismo y en forma individual, y por tanto, es el sujeto a quien el artículo 79 de referida ley de medios de impugnación autoriza para hacerlo valer.

Además, se estima que el actor tiene interés jurídico en la acción declarativa que plantea a través de este juicio, en virtud de que, conforme a los hechos y agravios que hace valer, así como los términos en que fue emitido el acto reclamado, existe la seria posibilidad de que se afecte, su derecho político electoral de ser votado en caso de que le asista la razón, en las elecciones de ayuntamientos que tendrán verificativo en el Estado de Jalisco este año.

Así también, cuenta con interés jurídico en la mencionada acción, en virtud de que desempeñó el cargo de síndico de un ayuntamiento en el Estado de Jalisco, según quedó demostrado anteriormente, y, por tanto, se ubica en el supuesto respecto del cual se generó la incertidumbre derivada de los actos de la autoridad responsable, sobre si le asiste el derecho a ser electo en los próximos comicios en la citada entidad, ya que la autoridad electoral responsable emitió opinión o juicio en el sentido contrario a sus intereses, misma que dio a conocer a los partidos políticos y a la ciudadanía; situación que a su vez implica una seria posibilidad de que tal derecho, en caso de tenerlo, resulte afectado.

En consecuencia, el actor tiene un interés especial en que se defina o declare en forma cierta si cuenta con ese derecho, para de esa manera, evitarse el perjuicio que le origina el estado de incertidumbre en que se encuentra su situación jurídica, por lo que se refiere al derecho político electoral de ser votado.

Se estima además que la vía elegida por el actor es la idónea para conseguir tales efectos, en virtud de que como se encuentra establecido en el apartado anterior, este juicio es el único medio con que cuenta el ciudadano para la protección de sus derechos político electorales, y esa tutela cabe contra toda violación o vulneración, en el grado suficiente para ejercer la acción, ya sea su restricción propiamente dicha o la seria posibilidad de que se afecte, como sucede en el caso concreto.

Además, en la Ley Electoral del Estado de Jalisco, no se prevé alguna vía impugnativa por medio de la cual el actor hubiere satisfecho su pretensión.

TERCERO. En el caso, de la narración de los hechos ofrecida por el actor y de la forma misma en que fue planteado el presente juicio, "...contra la actuación realizada por el Consejo Electoral del Estado de Jalisco en relación al dictamen de opinión emitido por la Dirección Jurídica del referido órgano colegiado estatal..." éste órgano jurisdiccional advierte que el acto de la autoridad responsable presenta serias irregularidades formales, mismas que a continuación se analizan.

Por lo que ve al acto emitido por el Consejo Electoral en sesión de once de diciembre, del acta de la sesión ordinaria respectiva, se aprecia que se procedió a hacer constar la lista de asistencia y quórum legal con la aprobación del orden del día.

Una vez aprobados diversos temas, se aceptó por unanimidad de votos el calendario de sesiones ordinarias de dos mil tres, destacando que las tres primeras sucederían el diez de enero, el veintiséis de febrero y veintiséis de marzo.

En el punto trece del orden del día relativo a asuntos generales, el secretario ejecutivo dio cuenta al Pleno del Consejo Electoral con las solicitudes presentadas por los partidos Revolucionario Institucional y Acción Nacional, en torno al criterio que debía seguirse para permitir o no a los síndicos en funciones, que no fueron electos por votación popular, registrarse como candidatos a presidentes municipales, así como de la opinión que emitió la dirección jurídica del mencionado órgano colegiado, en el sentido de que todas las personas que fungían con ese carácter a partir de enero de dos mil uno, sea por nombramiento o designación, estaban impedidos para ser registradas.

Al respecto, en uso de la voz el consejero presidente preguntó a los miembros del pleno si existía alguna duda, y pretendió cerrar la sesión.

Sin embargo, el representante propietario del Partido Revolucionario Institucional interrumpió para preguntar si esa opinión quedaría integrada (al acta de sesión).

El secretario ejecutivo dio respuesta en el sentido de que así sería por encontrarse en el rubro de "asuntos varios", y precisó que en caso de duda u opinión en contrario por parte de los consejeros electorales con derecho a voz y voto, el director jurídico las resolvería.

Enseguida el consejero electoral Sergio Castañeda Carrillo, expresó diversos argumentos a favor del dictamen presentado por la dirección jurídica, en el que, en concreto, sostenía que era para evitar aplicación retroactiva de la norma y con ello la reelección, a fin de no vulnerar el principio constitucional de referencia.

Posteriormente, la consejera representante suplente del Partido Acción Nacional manifestó que el susodicho dictamen era suficiente y detallado, y solicitó se remitiera copia a su partido, como respuesta formal a la consulta que éste había formulado, a lo cual el consejero presidente refirió que sería entregado a todos los partidos.

Después de agotar los restantes asuntos generales, se procedió a dar por terminada la sesión del consejo, sin haberse sometido a votación el punto de que se trata, ni haberse tomado acuerdo formal al respecto, según se desprende del acta de la referida sesión y del reconocimiento por parte de la autoridad responsable en el informe rendido a requerimiento formulado por el magistrado instructor.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 127 y 132, fracciones IV y XXXIX de la Ley Electoral del Estado de Jalisco, el consejo electoral, en sesión plenaria tiene atribuciones para resolver, entre otras cuestiones, sobre las consultas y controversias que le presenten los ciudadanos, partidos, coaliciones y agrupaciones políticas registrados o acreditados, relativas al funcionamiento de dicho organismo y de los órganos que integran el mismo y demás asuntos de su competencia.

El Reglamento de Sesiones del Pleno del Consejo Electoral del Estado y de las Comisiones Distritales y Municipales, en los artículos 2, fracciones I, incisos e), f) e i), y IV, incisos g), i) y k), 5, 7, 9, 14 y 16, disponen lo siguiente:

Instalada la sesión serán discutidos, y en su caso, votados los asuntos contenidos en el orden del día;

Iniciada la discusión de cada punto del orden del día, el presidente abrirá una lista de los miembros del pleno que quieran hace uso de la palabra con relación a ese punto, después de haber sido suficientemente discutido, y en caso de no ser así, se iniciará una segunda ronda en la que los participantes tendrán el uso de la palabra y se procederá de inmediato a la votación. Tratándose de asuntos generales, se le aplicará a cada caso el mismo procedimiento;

Los acuerdos y resoluciones del consejo se tomarán por votación económica o nominal a elección del presidente;

Es facultad del Presidente del Consejo Electoral, consultar a los integrantes de ese órgano colegiado si los temas de la agenda han sido suficientemente discutidos, así como ordenar al secretario que someta a votación los proyectos de acuerdos y resoluciones que se adopten y, en caso de empate en la votación, emitir voto de calidad;

Es atribución del Secretario del Consejo Electoral, entre otras, tomar la votación de los integrantes con derecho a voto y dar a conocer el resultado, así como firmar junto con el presidente los acuerdos y resoluciones que se emitan y dar fe de lo actuado en las sesiones, y

Finalmente, de cada sesión se levantará un proyecto de acta, que contendrá íntegramente los datos de identificación de la sesión, la lista de asistencia, los puntos del orden del día, el sentido de la votación de los integrantes, así como los acuerdos y resoluciones aprobadas, o con las correcciones del caso.

Como se advierte el procedimiento establecido por el Reglamento de Sesiones del Pleno del Consejo Electoral del Estado de Jalisco, no fue respetado en sus formalidades, ya que del análisis efectuado al acta de sesión, revela que no se sometió a votación el acuerdo que debería recaer a la solicitud de los partidos Revolucionario Institucional y Acción Nacional, respecto a que los síndicos actuales, que no fueron electos por votación popular, están o no en condiciones de registrarse como candidatos a presidentes municipales.

Esto, sin considerar que la dirección jurídica del mencionado órgano colegiado emitió opinión en el sentido de que no era posible que fueran postulados como candidatos a munícipes quiénes desempeñaran tal cargo; opinión que fue circulada por el secretario ejecutivo entre los consejeros, el día de la sesión; empero no obstante que existen intervenciones al respecto de uno de los consejeros electorales y los representantes de los partidos Revolucionario Institucional y Acción Nacional, no se sometió a votación; ello quiere decir que, válidamente, no hubo decisión colegiada expresa sobre el punto sometido a su consideración.

Lo que se corrobora con la circunstancia de que, en el desarrollo del orden del día, consta que una vez suficientemente discutidos los diversos asuntos a tratar, sí se observaron tales formalidades, pues, según se advierte a fojas 27 a 29, 36 a 38, 39 a 41, 50 a 52, 58 a 60, 61 a 63, 76 a 78 y 81 a 82, el consejero presidente le ordena al secretario tomar la votación nominal de cada uno de los puntos tratados, lo que no hizo, en el caso de los asuntos generales, tal y como lo ordena el artículo 9 del reglamento de sesiones, que dispone que en esa clase de asuntos debe seguirse el mismo procedimiento, es decir, someterse a votación.

La existencia de tales irregularidades formales traería como consecuencia su declaración de que, aunque tales actos existen, no son válidos y, a su vez ordenar a la autoridad competente su emisión con todos los requisitos legales.

Sin embargo, no es posible llevar a cabo tal medida porque existe el riesgo inminente de que se produzcan mayores perjuicios para los intereses del actor, ante el cercano vencimiento de los plazos con que cuenta para hacer vale el derecho político electoral de ser votado que en su concepto le asiste, toda vez que el registro de candidaturas para las elecciones internas del Partido Revolucionario Institucional, al que afirma pertenecer el actor, de conformidad con la base séptima de la convocatoria correspondiente, correrá del veinte al veinticuatro de enero del año en curso, y por otra parte, sería casi imposible que la autoridad responsable celebrara una sesión antes de que transcurra ese periodo, para emitir un nuevo acto que reuniera las formalidades legales, toda vez que por disposición del artículo 127, fracción I, inciso b) de la ley electoral local, tal autoridad sesiona, por lo menos, una vez al mes, y, está demostrado en autos que la última sesión tuvo lugar el diez de los corrientes y que la próxima sesión ordinaria tendrá lugar hasta el próximo veintiséis de febrero según acuerdo tomado el once de diciembre.

En estas condiciones, y a fin de no causar tales perjuicios al actor, prolongándose en el tiempo el estado de incertidumbre que por ésta vía pretende desaparecer, esta Sala Superior considera oportuno analizar la materia de fondo con plenitud de jurisdicción y resolver en definitiva la materia litigiosa, con fundamento en el artículo 6, apartado 3 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

CUARTO. De los motivos de inconformidad hechos valer en el escrito de demanda del presente juicio, mismos que fueron transcritos con anterioridad, se desprende que el actor se queja de lo siguiente:

Que la interpretación que realiza la autoridad responsable del penúltimo párrafo del artículo 23 de la Ley Electoral del Estado de Jalisco, en el sentido de que todas aquellas personas que actualmente desempeñan la función de síndicos, sea por nombramiento o designación, están impedidas para ser registrados como candidatos a munícipes, le ocasiona una violación directa a su derecho a ser votado, toda vez que con la referida interpretación se le deja fuera de la calidad de elegible y consecuentemente le impide el acceso al cargo de Presidente Municipal del H. Ayuntamiento de Tomatlán, Jalisco.

Que al considerar la responsable que los síndicos de los ayuntamientos que actualmente desempeñan sus funciones en la entidad no pueden ser registrados para el periodo inmediato, realiza una interpretación indebida de lo dispuesto en los artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 73 de la Constitución Política del Estado de Jalisco y 23, párrafo penúltimo de la ley electoral local, toda vez que el referido cargo no ha sido producto de un proceso de sufragio popular directo, sino por el contrario, emana de una determinación del gobierno municipal. Por lo tanto, el principio constitucional de no reelección no opera con respecto a los funcionarios que actualmente desempeñan el cargo de síndicos, en consecuencia, señala el actor, que no está sujeto a la prohibición referida porque los cargos que desempeño en el Ayuntamiento de Tomatlán, Jalisco, no fueron producto de una elección popular directa.

Que la autoridad responsable violó el principio de exhaustividad al momento de emitir su opinión, ya que si bien en el cuerpo de su dictamen menciona una fundamentación legal desde el ámbito constitucional federal y local, también lo es que concluye con un criterio llano derivado de una supuesta interpretación sistemática y funcional.

Esta Sala Superior estima que son fundados los agravios expuestos por el actor y, por tanto, debe acogerse su pretensión, en atención a las consideraciones que se exponen a continuación.

De conformidad con la interpretación sistemática y funcional de los artículos 39, 40, 41 y 115, fracción I, párrafos segundo y quinto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la actualización del supuesto jurídico identificado como principio de no reelección, en lo que toca al gobierno municipal, se conforma con la concurrencia necesaria de los tres elementos siguientes: a) la existencia o previsión jurídica de un cargo determinado en el ayuntamiento, que ordinariamente deba cubrirse mediante procesos de elección popular democrática, aunque sea admisible legalmente, como excepción, que su desempeño se lleva a cabo por elección indirecta, designación o nombramiento de alguna autoridad, en los casos en que la persona elegida no se presente a ocuparlo, falte por muerte, licencia, suspensión, inhabilitación u otra causa insuperable, se declare nula la elección, etcétera; b) la ocupación de ese cargo por un ciudadano, durante una parte o la totalidad del período correspondiente, por haber triunfado u obtenido una asignación en las elecciones populares, o haber sido designado o nombrado por una autoridad, y c) la pretensión de que ese mismo ciudadano sea postulado para un cargo de elección popular del ayuntamiento, en el proceso electoral subsecuente.

En este contexto, la Ley Fundamental prohibe tanto la autentica reelección, en su sentido gramatical, como también la diversa situación que equipara a la reelección, consistente en que una persona ocupe por elección indirecta, designación o nombramiento un puesto que legalmente debe ser de elección popular, en principio, y pretenda postularse como candidato a un cargo dentro del ayuntamiento en el siguiente proceso electoral.

Consecuentemente, si durante el tiempo en que un ciudadano desempeñe una función municipal en el ayuntamiento, por elección indirecta, nombramiento o designación, sin que su cargo no este comprendido dentro de los que deben surgir de elecciones democráticas, pero en el lapso de su ejercicio se reforma la legislación para incluirlo en este conjunto, para los períodos gubernamentales subsecuentes, es indudable que no se presenta la concurrencia de los elementos descritos, respecto al funcionario aludido, por que la aceptación de su postulación no implica reelección, y tampoco se conformaría la situación equiparada, al faltar para ambas hipótesis la circunstancia de que durante el ejercicio de la función en el primer período mencionado, el cargo ocupado estuviera legalmente contemplado como de elección popular.

Dicho en otras palabras, el principio de no reelección de los integrantes de los ayuntamientos resulta aplicable únicamente tratándose de los cargos electos popularmente, sin que abarque a aquellos funcionarios, aún de un rango elevado, que sean designados por autoridades municipales para que les auxilien en el ejercicio de sus funciones, como servidores del ayuntamiento.

Conforme al artículo 39 constitucional, la soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo, y que todo poder público dimana del mismo y se instituye para su beneficio.

Por su parte, el artículo 40 de la propia carta fundamental, dispone que es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república representativa, democrática, federal, compuesta de Estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior, pero unidos en una federación.

A su vez, el artículo 41 establece que el pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión y de los Estados, en sus respectivas esferas de competencia; asimismo, que la renovación de los poderes Legislativo y Ejecutivo se realizará mediante elecciones libres, auténticas y periódicas, mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo.

Por último, el artículo 115, prevé en el párrafo segundo de la fracción I, que los presidentes municipales, regidores y síndicos de los ayuntamientos, electos popularmente por elección directa, no podrán ser reelectos para el periodo inmediato. Las personas que, por elección indirecta, o por nombramiento o designación de alguna autoridad, desempeñen las funciones propias de esos cargos, cualquiera que sea la denominación que se les dé, no podrán ser electas para el periodo inmediato; salvo cuando tengan el carácter de suplentes que no hubiesen ejercido el cargo.

En el mismo precepto se establece, en el párrafo quinto de la fracción I, que en caso de declararse desaparecido un ayuntamiento o por renuncia o falta absoluta de la mayoría de sus miembros, si conforme a la ley no procede que entren en funciones los suplentes, ni que se celebren nuevas elecciones, las legislaturas de los estados designarán de entre los vecinos a los consejos municipales para que concluyan el período respectivo.

De tales preceptos constitucionales deriva el principio de no reelección en los integrantes de los ayuntamientos, que vino a sumarse a los casos en que se recogió ese postulado en el texto original de la Constitución de 1917 para el Presidente de la República (artículo 83), así como gobernadores y miembros de las legislaturas de los estados (artículo 116), mediante reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de abril de mil novecientos treinta y tres, por la cual también se extendió la prohibición de reelegirse, para los diputados y senadores al Congreso de la Unión (artículo 59).

Dicho principio responde al postulado ideológico surgido del movimiento armado de mil novecientos diez, como instrumento para evitar el enquistamiento o perpetuación en el poder de una persona o un grupo de personas, y que tuvo como antecedente la tendencia de varios presidentes de la república durante el siglo XIX, de mantenerse en el poder el mayor tiempo que les fue posible, siendo el más inmediato el caso del presidente Porfirio Díaz, quien prolongó su poder de manera continua, desde mil ochocientos ochenta y siete, mediante reformas a la Constitución de 1857 que permitían la reelección del ejecutivo federal.

En consecuencia, se trata de un instrumento que garantiza la alternancia en el poder, como un elemento definitorio de los sistemas constitucionales democráticos, frente a situaciones políticas y sociales que la pongan en riesgo, lo que ha estado presente históricamente en los países de América Latina, ante un presidencialismo en el cual quien lo encarna tiene la tentación de mantener el poder, así como cuando existe la coacción o el fraude en los procesos electorales.

Ahora bien, conviene precisar que el principio de no reelección aplicable para los integrantes de los ayuntamientos, tiene lugar en cualquiera de los siguientes supuestos:

a) Cuando sean electos en forma directa, es decir, como resultado de elecciones libres, auténticas y periódicas mediante el voto universal, libre, secreto y directo de los ciudadanos, procedimiento por el cual el pueblo ejerce su poder soberano, y

b) Cuando sean electos de manera indirecta, o por nombramiento o designación de alguna autoridad, independientemente de la denominación que reciban, pero siempre que desempeñen las funciones propias de los cargos relativos a los integrantes de los ayuntamientos, es decir, de los que por disposición de la ley son electos por los ciudadanos en forma directa, en los términos señalados en el inciso anterior.

En ambos casos se trata de los mismos cargos para los cuales se prevé la elección directa mediante el sufragio de los ciudadanos, con la modalidad de que, en el segundo de ellos, el Constituyente pretendió abarcar las situaciones de hecho extraordinarias, verbigracia, cuando desaparece un ayuntamiento, o ante la falta absoluta de la mayoría de sus miembros; respecto de las cuales cabe la posibilidad de que una autoridad designe o nombre a los funcionarios correspondientes, para que ejerzan el cargo hasta la finalización del período respectivo; caso en el cual, aunque la elección es indirecta, igualmente se ejerce un cargo que deriva del poder soberano del pueblo.

La norma constitucional que se analiza encuentra explicación también en razones históricas derivadas de la circunstancia consistente en la relativa facilidad con que algunos poderes locales suprimían o hacían desaparecer los poderes de un municipio y, en su lugar nombraban o designaban las llamadas "Juntas de Administración Civil" o "Concejos Municipales" para que concluyeran los respectivos periodos; tan es así, que en la iniciativa de reformas al artículo 115 constitucional, del Comité Ejecutivo Nacional del entonces Partido Nacional Revolucionario, en el año de 1932, se propuso el siguiente texto: "[...] Los miembros de los consejos municipales o de las juntas de administración civil no podrán ser elegidos para el periodo inmediato".

Pero, con motivo de los debates en la mencionada reforma, en torno a la posibilidad de que, utilizando otro nombre, se nombraran o designaran iguales órganos que de hecho corresponden a las funciones de los ayuntamientos, y con eso se burlara el mandamiento constitucional de no reelección, se cambió la redacción para quedar como se encuentra actualmente: "Las personas que por elección indirecta, o por nombramiento o designación de alguna autoridad desempeñen las funciones propias de esos cargos, cualquiera que sea la denominación que se les dé, no podrán ser electas para el período inmediato."

Todo lo anterior se aprecia de los mencionados debates, donde se hicieron aseveraciones como las siguientes:

"No debemos olvidar que la revolución combatió rudamente con plena justificación a las odiosas jefaturas políticas, por las atrocidades y atropellos que cometían siempre con el pueblo y, las juntas civiles o consejos municipales, donde quiera que existan, no son sino remedos funestos de las jefaturas políticas que la revolución está obligada a repudiar y hacer que desaparezca para siempre, porque debiéndole su nombramiento al favor o capricho de los gobernadores o diputados locales, no tienen el menor compromiso moral con el pueblo del municipio que gobiernan y por esta causa sólo se ocupan en obedecer consignas y explotar al pueblo en su provecho personal, sin preocuparse en lo más mínimo, del bienestar y progreso de sus conciudadanos...

[...]

...es mentira que pueda haber sufragio efectivo mientras haya la posibilidad de que los gobiernos pongan juntas civiles a su capricho, que obedezcan sus consignas.

[...]

... pero el hecho de que se reconozca explícitamente que el funcionamiento prolongado y a veces indefinido de las juntas de administración civil o consejos municipales contrarían abiertamente el postulado revolucionario convertido en mandato constitucional, y que por esta circunstancia se supriman del artículo 115 mencionado esas denominaciones atendiendo al clamor del pueblo manifestado a través de sus representantes contra el abuso a veces entronizado en sistema de reemplazar a los ayuntamientos de elección popular por las llamadas juntas de administración civil o consejos municipales, determina con claridad el sentir de esta Asamblea si otorga su aprobación a la propuesta de las Comisiones y señala un derrotero que habrá de seguirse indudablemente...

Por estas consideraciones, los suscritos nos permitimos someter a la consideración de la Asamblea el segundo párrafo del inciso primero del artículo 115 que acabamos de retirar, en los términos siguientes: "...Las personas que por elección indirecta o por nombramiento o designación de alguna autoridad, desempeñen las funciones propias de esos cargos, cualquiera que sea la denominación que se les dé, no podrán ser elegidas para el periodo inmediato.

[...]

Nos han informado algunos compañeros que en las Constituciones locales de ciertos estados no se instituye, en determinados casos, ni consejos municipales, ni juntas de administración civil. En consecuencia, empleando solamente esos términos, podría darse el caso de que otras organizaciones u organismos que no tuviesen ese nombre, se pudiera creer que, como no estaban comprendidos en este artículo, las personas que desempeñaran esos cargos sí podían ser elegidas para el período inmediato."

De lo anterior es posible concluir que la norma en cuestión fue pensada para los casos en que los gobiernos de los estados sustituían a los miembros de los ayuntamientos por personas que ellos designaban, quienes ejercían, en realidad, el poder público que dimana del pueblo, por lo que de ser electos para el periodo inmediato, significaría una prolongación indebida de su ejercicio equivalente a una reelección, y no respecto de aquellos funcionarios que son nombrados por las propias autoridades, como auxiliares de las funciones municipales, es decir, como servidores del ayuntamiento, sea del rango que fueren.

De manera que, tratándose de cargos o servidores públicos respecto de los cuales la ley no prevea su elección por voto popular, no es aplicable el principio de la no reelección, por más que se trate de un funcionario de alto rango como puede ser el secretario del ayuntamiento, el tesorero o los directores de sus dependencias administrativas, etcétera; porque en ellos no reside el poder soberano del pueblo, sino a lo sumo, como derivación del otorgado a las autoridades municipales, en virtud de que son éstas quienes los designan, generalmente, el cabildo o el Presidente Municipal, a efecto de que les sirvan como auxiliares en el ejercicio de sus funciones o atribuciones, en una relación de subordinación como servidores públicos, es decir, trabajadores de los órganos gubernativos municipales.

En el caso, en la legislación electoral del Estado de Jalisco, anterior a la que regirá el presente proceso electoral, el cargo de síndico del ayuntamiento no se encuentra previsto como de elección popular, sino que tiene la calidad de simple servidor público nombrado por el cabildo o en su caso, el Presidente Municipal, de manera que no se les considera integrantes del ayuntamiento (hipótesis en la que se encuentran los síndicos que actualmente fungen en los ayuntamientos, y que están por concluir su periodo 2000-2003) y, por tanto, no les resulta aplicable el principio de no reelección establecido en el artículo 115 de la Constitución federal, como se demuestra enseguida.

En la Constitución Política del Estado de Jalisco vigente hasta antes de la reforma que entró en vigor el diecinueve de diciembre de dos mil, se establecía en su artículo 73, fracciones II y IV, que los ayuntamientos se integrarían con presidentes, vicepresidentes y regidores electos popular y directamente, los que durarían en su cargo tres años y se renovarían en su totalidad al final de cada periodo; asimismo, que no podrían ser postulados como munícipes para el periodo inmediato, ya fuera por elección directa o indirecta, o por nombramiento o designación de una autoridad, quienes hubieran desempeñado las funciones propias de esos cargos.

Tal disposición tenía correspondencia con la Ley Electoral del Estado que rigió el proceso electoral que tuvo lugar en el año dos mil, en cuyo artículo 23 se determinaban los requisitos para ser presidente, vicepresidente o regidor de los ayuntamientos, con el imperativo de que los mismos no podían reelegirse para el periodo inmediato.

De igual manera, en la Ley Orgánica Municipal, abrogada conforme al artículo primero transitorio de la vigente Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, se determinaba que los ayuntamientos de cada municipio de la entidad se integrarían por un presidente, un vicepresidente y el número de regidores de mayoría relativa y representación proporcional, que en la misma ley se señalaba (artículo 11).

En el artículo 15 del referido ordenamiento, se establecía que el cabildo en su primera sesión, procedería a nombrar al tesorero, al síndico y al secretario del ayuntamiento, conforme al procedimiento establecido en el artículo 40, fracción II, numeral 7 de la misma ley, es decir, mediante propuesta que el presidente municipal sometía a la aprobación del cabildo y que debía ser resuelta en el término de tres días improrrogables que, en el caso de ser negativa, daba lugar a que el presidente presentara una terna para cada puesto que debía resolverse en el mismo plazo, y si no se hacía la elección o se negaba la aprobación de los candidatos, el presidente tenía facultad para expedir inmediatamente el nombramiento a favor de cualesquiera que hubiesen formado la terna correspondiente.

Asimismo, conforme a los artículos 52 a 54 del mismo cuerpo normativo, el síndico debía reunir los mismos requisitos para ser secretario del ayuntamiento, y les correspondían las funciones de defensa de los intereses municipales, representar al ayuntamiento en todas las controversias o litigios en que éste fuere parte, sin perjuicio de la facultad del cabildo para designar apoderados o procuradores especiales, así como las funciones que corresponden al Ministerio Público.

Por otra parte, conforme al artículo 4, fracción III de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, anterior al Decreto de reforma de catorce de diciembre de dos mil, al que remite el artículo 120 de la Ley Orgánica Municipal citada, los síndicos son catalogados como servidores públicos de confianza, que de acuerdo con el artículo 2°, es toda persona que preste un trabajo subordinado físico o intelectual con las condiciones establecidas como mínimas por la ley, a las entidades públicas (entre otras, los ayuntamientos) en virtud del nombramiento expedido, o por su inclusión en la nómina de pago de sueldos.

De acuerdo con la normatividad apuntada, los síndicos, a diferencia de lo previsto en otras entidades federativas, no forman parte del ayuntamiento y por tanto, no son electos popularmente, sino que son nombrados o designados por los propios cabildos a propuesta del presidente municipal o, en su caso, directamente por éste, de manera que se trata de un simple servidor público auxiliar del ayuntamiento que no se elige popularmente.

Ahora bien, fue hasta el diecinueve de diciembre del año dos mil, cuando se publicó el Decreto número 18344, por el cual se reformó el artículo 73 de la Constitución Política del Estado de Jalisco, adecuándose a los términos previstos en el artículo 115, fracción I de la Constitución Federal, en cuanto a los cargos que integran los ayuntamientos, al establecer que además del presidente municipal y los regidores, se integrarían con síndicos electos popularmente, suprimiendo la figura del vicepresidente. Asimismo, se hizo extensivo el principio de no reelección para los síndicos de los ayuntamientos electos ya sea por sufragio directo, indirecto, por nombramiento o designación de alguna autoridad.

De igual manera, por Decreto 18534 publicado en el Periódico Oficial "El Estado de Jalisco", el 5 de octubre de dos mil, se reformaron los artículos 23 y 37 de la Ley Electoral del Estado para considerar como integrantes de los ayuntamientos al Presidente Municipal, síndicos y regidores; en el cual, se aclaró en el único artículo transitorio, que tal reforma no sería aplicada al proceso electoral de noviembre de dos mil.

En concordancia con la reforma constitucional local, por Decreto de veintitrés de agosto de dos mil, publicado el cinco de octubre de ese año, se emitió la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, por la cual se abrogó la Ley Orgánica Municipal, hasta entonces vigente; en la nueva normatividad se estableció, en su artículo 10, que los ayuntamientos de cada municipio de la entidad se integran por un presidente municipal, un síndico y el número de regidores de mayoría relativa y de representación proporcional que determine la ley electoral, quienes serán electos popular y directamente mediante planillas, permanecerán en su cargo tres años y se renovarán en su totalidad al final del período.

Acorde con lo anterior, en los artículos 52 y 53 de la misma ley, se amplían los derechos y obligaciones del síndico, por ejemplo, para revisar la situación de los rezagos fiscales a fin de que sean liquidados y cobrados; cuidar la recaudación de los impuestos y que la aplicación de los gastos se haga cumpliendo los requisitos legales; conocer las condonaciones o reducciones de créditos fiscales que realicen el presidente municipal y el encargado de la hacienda municipal, así como participar con derecho a voz y voto en las sesiones del ayuntamiento; presentar iniciativa de ordenamientos municipales; solicitar citación a sesiones ordinarias y extraordinarias del ayuntamiento; participar en las comisiones cuando se trate de resoluciones o dictámenes que afecten a todo el municipio, e intervenir en la formulación y actualización de los inventarios de bienes del municipio.

Conforme al artículo quinto transitorio del ordenamiento en cuestión, se indica que entrará en vigor el veintidós de mayo de dos mil uno y, según el artículo séptimo transitorio, dicha normatividad será aplicable a los síndicos, pero sin tener las facultades propias de un integrante del ayuntamiento, es decir, que los ciudadanos que desempeñan el cargo de síndicos en el periodo constitucional 2000-2003, se les considera servidores públicos de la administración pública municipal, y no integrantes de aquel órgano, asimismo en la misma disposición se establece que lo dispuesto en el ordenamiento en cita se aplicará a los síndicos en su totalidad, hasta en tanto sean electos.

En razón de lo anterior, la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, se reformó por Decreto número 18740, de catorce de diciembre de dos mil, por el que se deja de considerar a los síndicos como servidores públicos de confianza, pero con la salvedad, en el artículo sexto transitorio, de que lo seguirían siendo los que se desempeñan en el período constitucional precisado en el párrafo anterior.

Debe enfatizarse que las reformas constitucionales y legales de referencia, no rigieron las elecciones del año dos mil, por las cuales se integraron los ayuntamientos actuales, de manera que los mismos conservaron la integración anterior, y por consiguiente, los síndicos fueron nombrados por tales órganos de gobierno como servidores públicos de confianza.

Lo anterior, porque los decretos de reforma a la Constitución local y a la Ley Electoral del Estado se dieron con posterioridad al primero de agosto del año dos mil, fecha en que, de conformidad con el artículo 227 de la ley electoral vigente en aquel momento, dio inicio el proceso electoral para elegir, entre otros cargos, al presidente, vicepresidente y regidores que actualmente integran los ayuntamientos de la entidad.

En consecuencia, las modificaciones de referencia no pudieron resultar aplicables para el proceso electoral del año dos mil, al haber iniciado éste con anterioridad a la fecha en que fueron decretadas, habida cuenta que, por mandato contenido del párrafo tercero, de la base II del artículo 105 de la Constitución Federal, las leyes electorales deberán promulgarse y publicarse por lo menos noventa días antes de que inicie el proceso electoral en que vayan a aplicarse, y durante el mismo no podrá haber modificaciones legales fundamentales.

Bajo estas condiciones, se encuentra demostrado que los síndicos que actualmente se desempeñan en los ayuntamientos por concluir el periodo constitucional respectivo, conservan la calidad de servidores públicos municipales de confianza, sin ser electos por voto popular, y será hasta el momento en que sean electos cuando, de conformidad con el transitorio séptimo de la ley municipal referida, les sean aplicables en su totalidad las disposiciones inherentes a los síndicos en su carácter de miembros del órgano de gobierno municipal, y por tanto, no se encuentran en ninguno de los dos supuestos de prohibición constitucional de reelección, analizados precedentemente, por lo cual, pueden ser electos para cualquier cargo de los que integran el ayuntamiento en los municipios del Estado de Jalisco, en las elecciones que tendrán verificativo en el presente año en esa entidad federativa.

Con base en lo anterior, si los síndicos que actualmente se desempeñan en los ayuntamientos no se encuentran en el supuesto de prohibición constitucional de reelección, menos aún el actor, quien se desempeñó con el referido carácter del primero de enero del año dos mil uno al quince de febrero del dos mil dos, según constan en autos.

En consecuencia, únicamente por cuanto hace al aspecto analizado en el presente fallo, no existe impedimento constitucional para que José Cruz Bautista López pueda postularse como candidato a un cargo de elección popular en la nueva integración del ayuntamiento, al no vulnerarse el principio de no reelección.

Por lo expuesto y fundado, se

R E S U E L V E

ÚNICO. Se declara que José Cruz Bautista López no se encuentra dentro de las hipótesis previstas en los artículos 115, fracción I, párrafo segundo de la Constitución federal, 73, fracción IV de la Constitución Política del Estado de Jalisco y 23, penúltimo párrafo de la ley electoral local, por lo que su eventual registro como candidato a munícipe en las próximas elecciones en esa entidad no vulnera el principio de no reelección.

NOTIFÍQUESE. Por estrados al actor y, por oficio, al Consejo Electoral del Estado de Jalisco, acompañando copia certificada de la presente ejecutoria, de conformidad con lo previsto por los artículos 26, 27 apartado 6 y 84 apartado 2, incisos a) y b) de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

En su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto concluido.

Así lo resolvieron por mayoría de votos, los Magistrados que integran la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con el voto en contra del Magistrado José de Jesús Orozco Henríquez, ante el Secretario de Acuerdos, que da fe. CONSTE.

VOTO PARTICULAR QUE FORMULA EL MAGISTRADO JOSÉ DE JESÚS OROZCO HENRÍQUEZ, EN RELACIÓN CON LA SENTENCIA RECAÍDA EN EL JUICIO DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES DEL CIUDADANO BAJO EL EXPEDIENTE SUP-JDC-002/2003

Con el debido respeto y consideración a la apreciada Magistrada y los distinguidos Magistrados que conforman la mayoría en la presente sentencia y con pleno reconocimiento a su profesionalismo, el suscrito formula voto particular, con fundamento en lo dispuesto en el último párrafo del artículo 187 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por disentir de lo resuelto en el punto resolutivo ÚNICO en relación con el considerando CUARTO, es decir, disiento del fallo por el cual se declara que el actor no se encuentra dentro de las hipótesis previstas en los artículos 115, fracción I, párrafo segundo de la constitución federal, 173, fracción IV de la Constitución Política del Estado de Jalisco y 23, penúltimo párrafo de la ley electoral local, por lo que su eventual registro como candidato a munícipe en las próximas elecciones del seis de julio del presente año, en el Municipio de Tomatlán, Jalisco, no vulnera el principio de no reelección, en virtud de que, en opinión del suscrito, de acuerdo con la interpretación gramatical, sistemática y funcional de las disposiciones constitucionales y legales aplicables, por el hecho de ocupar el cargo de síndico en el ayuntamiento de referencia el hoy actor sí se encuentra constitucional y legalmente impedido para ser eventualmente postulado como candidato a ocupar alguno de tales cargos municipales de elección popular en el próximo proceso electoral local, esto es, se estima que, contrariamente a lo sustentado por la mayoría, los agravios aducidos por el ciudadano ahora actor devienen infundados, como se razona a continuación:

De conformidad con una interpretación gramatical, sistemática y funcional de lo dispuesto en los artículos 40; 41, párrafos primero y segundo; 115, párrafo primero, fracción I, párrafos segundo y quinto, así como 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el 2°, párrafo 1, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, se arriba a la conclusión que la proscripción constitucional establecida en el párrafo segundo de la fracción I del artículo 115 de la Constitución federal -identificada generalmente como principio de no reelección-, consistente en que no podrán ser reelectos o electos, según el caso, para el periodo inmediato, comprende no sólo a los presidentes municipales, regidores y síndicos de los ayuntamientos electos popularmente por elección directa sino también a las personas que por elección indirecta, o por nombramiento o designación de alguna autoridad desempeñen las funciones propias de los mencionados cargos (presidentes municipales, regidores y síndicos), independientemente de la denominación que reciban, tal como se razona a continuación:

El artículo 115, fracción I, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ordena expresamente lo siguiente:

[...]

Los presidentes municipales, regidores y síndicos de los ayuntamientos, electos popularmente por elección directa, no podrán ser reelectos para el periodo inmediato. Las personas que por elección indirecta, o por nombramiento o designación de alguna autoridad desempeñen las funciones propias de esos cargos, cualquiera que sea la denominación que se les dé, no podrán ser electas para el periodo inmediato. Todos los funcionarios antes mencionados, cuando tengan el carácter de propietarios, no podrán ser electos para el período inmediato con el carácter de suplentes, pero los que tengan el carácter de suplentes sí podrán ser electos para el periodo inmediato como propietarios a menos que hayan estado en ejercicio.

[...]

De conformidad con una interpretación gramatical, en los términos de lo dispuesto en el párrafo primero del artículo 2 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, en lo que interesa, el párrafo segundo de la fracción I del artículo 115 constitucional establece, en forma expresa y categórica, en sus primeras dos oraciones, separadas por un punto y seguido, una disposición constitucional que, por estar dirigida a dos tipos distintos de sujetos normativos, bajo supuestos distintos, es susceptible de analizarse en dos prohibiciones con los siguientes elementos: Prohibición 1: i) acción prohibida: reelección para el periodo inmediato; ii) sujetos normativos: presidentes municipales, regidores y síndicos de los ayuntamientos, y iii) supuesto fáctico o condición: que tales servidores públicos sean electos popularmente. Prohibición 2: i) acción prohibida: elección para el periodo inmediato; ii) sujetos normativos: personas elegidas indirectamente, o por nombramiento o designación de alguna autoridad, y iii) supuesto fáctico o condición: que desempeñen las funciones propias de los cargos relativos a los presidentes municipales, regidores o síndicos, independientemente de la denominación que reciban. Si en el caso específico se encuentra acreditado que el ciudadano actor ha ejercido el cargo y desempeñado las funciones inherentes al síndico durante el periodo 2000-2003 por nombramiento del Cabildo a propuesta del respectivo Presidente municipal, resulta claro que encuadra en la prohibición constitucional identificada como 2, por lo que no podrá ser electo para el periodo inmediato.

Asimismo, de conformidad con una interpretación sistemática, la tesis interpretativa que se defiende en el presente voto tiene su razón de ser en el principio republicano establecido en los artículos 40 y 115, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que garantiza la renovación periódica en el ejercicio de un cargo público, así como en el principio fundamental de toda elección democrática, consistente en que la renovación de los poderes Legislativo y Ejecutivo se realizará mediante elecciones libres, auténticas y periódicas, habida cuenta que la renovación periódica de los gobernantes es consustancial con un sistema republicano.

En efecto, en congruencia con el principio constitucional de los regímenes interiores de las entidades federativas unidas en una República Federal, según los principios de la Constitución general, previsto en el artículo 40 constitucional, el artículo 115 del mismo ordenamiento deja la regulación de las comunidades municipales a las constituciones y leyes locales, para que en éstas se establezcan las normas que respondan a las particularidades geográficas, demográficas, sociales y económicas propias de cada una de las entidades federativas, con sujeción, claro está, a los principios constitucionales, en particular, el principio republicano de renovación periódica en el encargo y el consecuente el principio de no reelección o elección, según el caso, para el periodo inmediato previstos en el artículo 115, fracción I, párrafo segundo, constitucional, en atención al principio de supremacía constitucional previsto en el artículo 133 de la Constitución federal.

Adicionalmente, haciendo una interpretación funcional, de carácter genético-histórica, es importante dejar asentado que en el texto original del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917 no se hacía referencia a los diversos cargos que integran un Ayuntamiento de elección popular directa, como sí se hace en el texto vigente de la fracción I del propio artículo 115, que dispone que cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa, integrado por un Presidente municipal y el número de regidores y síndicos que la ley determine. Fue mediante reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación del 29 de abril de 1933, que el Constituyente Permanente estableció en el párrafo segundo de la fracción I del invocado artículo 115 constitucional una tipología mínima de los diversos cargos que integran un Ayuntamiento de elección popular directa, en relación, precisamente, con el principio de no reelección o elección, según el caso, para el periodo inmediato, en los términos que actualmente subsisten, a saber: "Los presidentes municipales, regidores y síndicos de los ayuntamientos, electos popularmente por elección directa, no podrán ser reelectos para el periodo inmediato. Las personas que por elección indirecta, o por nombramiento o designación de alguna autoridad desempeñen las funciones propias de esos cargos, cualquiera que sea la denominación que se les dé, no podrán ser electos para el periodo inmediato".

Cabe mencionar que el texto original de la iniciativa de reforma de 1932 al artículo 115 constitucional, según el dictamen emitido por las comisiones respectivas, en la parte conducente, rezaba de la siguiente manera: "Los miembros de los consejos municipales o de las juntas de administración civil no podrán ser elegidos para el periodo inmediato." Sin embargo, las propias comisiones dictaminadoras solicitaron retirar el segundo párrafo de la fracción I del artículo 115 para hacer ciertas modificaciones. En favor de tales modificaciones, las comisiones consideraron que el hecho de que en la redacción de la propuesta original se hiciera referencia a "consejos municipales" y "juntas de administración civil" había motivado objeciones hechas por varios diputados sobre la base de que dichos consejos y juntas desvirtuaban la naturaleza esencial del municipio libre y habían llegado a constituir un "funesto instrumento de tiranía comparable a las odiosas jefaturas políticas contra las que la Revolución Mexicana enarboló la bandera de la autonomía municipal".

Al respecto, en el debate se hicieron asertos como el siguiente: "...la Comisión habla de juntas de administración civil, juntas que en el concepto de algunos diputados son absolutamente inconstitucionales".

Las respectivas comisiones dictaminadoras en abono de los cambios propuestos establecieron lo siguiente:

[...]

Además de las razones contenidas en la exposición de motivos a que acaba de darse lectura, quieren las Comisiones hacer constar lo siguiente: según la ponencia del partido, se hacía referencia a que los miembros de los consejos municipales y de las juntas de administración civil no podrían ser elegidos en el periodo inmediato. Nos han informado algunos compañeros que en las Constituciones locales de ciertos estados no se instituye, en determinados casos, ni consejos municipales, ni juntas de administración civil. En consecuencia, empleando solamente esos términos, podría darse el caso de que otras organizaciones u organismos que no tuviesen ese nombre, se pudiera creer que, como no estaban comprendidos en este artículo, las personas que desempeñaran esos cargos sí podían ser elegidas para el periodo inmediato. Para evitar esas confusiones, las Comisiones han querido generalizar la prohibición, y por eso le han propuesto en los términos en que aparece, o sea, diciendo así: " Las personas que por elección indirecta" –que son las que nombran las legislaturas, por ejemplo-, "o por nombramiento o designación de alguna autoridad, desempeñan [sic] las funciones propias de esos cargos, cualquiera que sea la denominación que se les dé, no podrán ser elegidas para el periodo inmediato".

De lo transcrito, se aprecia claramente que las respectivas Comisiones dictaminadoras, en el proceso de reforma constitucional que amplió el principio de la no-reelección en los ayuntamientos, señalaron expresamente que el motivo por el cual omitieron la mención a los "consejos municipales" y "juntas de administración civil" fue primordialmente por considerar que eran términos que venían a restringir la proscripción constitucional propuesta -que finalmente fue aprobada por el Órgano Revisor de la Constitución, habida cuenta que "el propósito de la reforma" es que "estas personas que desempeñan funciones municipales, cualquiera que sea el nombre, no pueden ser elegidas para el período inmediato".

No es óbice a la interpretación que se defiende en el presente voto el que, mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de veintitrés de diciembre de mil novecientos noventa y nueve, el Constituyente Permanente haya establecido en la fracción I del artículo 115 constitucional que cada municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa, integrado por un Presidente Municipal y el número de regidores y síndicos que la ley determine, toda vez que ello lejos de modificar o alterar la prohibición establecida en el párrafo segundo de la fracción I del invocado artículo 115 constitucional, es enteramente compatible con la misma, ya que, como ha quedado establecido, a raíz de la reforma constitucional de mil novecientos treinta y tres, el párrafo segundo de la citada fracción hacía expresa referencia a los presidentes municipales, regidores y síndicos de los ayuntamientos, electos popularmente por elección directa, dando una tipología mínima de los cargos que integran un Ayuntamiento de elección popular directa. La citada reforma constitucional de mil novecientos noventa y nueve estableció, entre otros aspectos, que cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento elegido popular y directamente, integrado por un Presidente Municipal y el número de regidores y síndicos que la ley determine. Con ello, el Órgano Revisor de la Constitución, con pleno respeto al principio constitucional de los regímenes interiores de los Estados, en deferencia al legislador local democrático, deja la regulación de las comunidades municipales a las constituciones y leyes locales, en lo relativo al número de regidores y síndicos que integran el ayuntamiento, en atención a las particularidades de cada entidad federativa, sin que ello altere la prohibición constitucional.

Así, una interpretación funcional, con base en la génesis y evolución de la disposición constitucional aplicable, muestra no sólo el propósito de la reforma constitucional en comento sino también que la correspondiente formulación normativa aprobada por el Constituyente Permanente obedeció a generalizar una prohibición constitucional con el fin de realizar dicho propósito y garantizar el principio republicano de la renovación periódica en el ejercicio de un cargo público, evitando posibles fraudes a la Constitución.

En concordancia con lo anterior, a la misma conclusión se arriba haciendo una interpretación funcional de la prohibición constitucional señalada a la luz de los valores fundamentales tutelados en la norma constitucional por el Órgano Revisor de la Constitución.

En efecto, conforme a una interpretación funcional, la prohibición de no reelección inmediata contemplada para los presidentes municipales, regidores y síndicos de los ayuntamientos, contenida en el párrafo segundo de la fracción I del artículo 115 constitucional, comprende también el caso en que el cargo de síndico no tenga el carácter de cargo de elección popular de acuerdo con la legislación local aplicable. Ello es así porque el objetivo fundamental de la disposición consiste, tal como se establece en la tesis de jurisprudencia sentada por esta Sala Superior con el rubro "NO REELECCIÓN, ALCANCE DE ESTE PRINCIPIO EN LOS AYUNTAMIENTOS", en evitar la perpetuación de una persona o de un conjunto de ellas mediante su enquistamiento durante periodos sucesivos en un órgano determinado, lo que genera el riesgo de abuso de poder con beneficios para intereses particulares y en detrimento de la colectividad. En consecuencia, si se entendiera, como lo sostiene la mayoría, que la mencionada prohibición no comprende el caso en que el cargo de síndico no sea de elección popular, ello propiciaría que un individuo ejerciera el cargo en forma indefinida y prolongada en forma continua durante más de un periodo municipal, en detrimento de los objetivos perseguidos por la norma.

En efecto, de la lectura de la normativa local abrogada se advierte que el constituyente y el legislador local incurrieron en una inconstitucionalidad por omisión dado que, no obstante que del precepto constitucional que se viene analizando se desprende que el cargo de síndico es de elección popular, en tal legislación estaba contemplado como un cargo cuyo titular era designado por el Cabildo a propuesta del Presidente municipal, lo cual establecía la posibilidad de que, como ya se señaló, un mismo individuo se perpetuara en ese cargo, puesto que bastaba con que fuera designado por los distintos ayuntamientos en forma ininterrumpida. Ahora que el constituyente y el legislador local corrigieron tal irregularidad, modificando las correspondientes disposiciones constitucionales y legales a efecto de que el mencionado cargo tenga el carácter de cargo de elección popular, resultaría absurdo que, como premio, a quienes hubieran venido ocupando el cargo en forma ininterrumpida merced a la referida omisión inconstitucional, ahora se les permitiera todavía participar en la elección inmediatamente posterior a tal reforma.

En este orden de ideas, de aceptarse la tesis de la mayoría, se estima que se correría el riesgo de admitir que se cometiera un eventual fraude a la Constitución, mediante el expediente de quitarle el carácter de cargo de elección popular al síndico. Es decir, si la Constitución prohíbe la reelección inmediata a quien ocupe el cargo de síndico, sería suficiente, de acuerdo con el criterio de la mayoría, con trasformar al síndico en un funcionario designado por el ayuntamiento o por el presidente municipal, a efecto de propiciar que ese individuo permaneciera en forma indefinida en el ejercicio del cargo, desde el cual influyera en la elección de presidente municipal y de regidores proclives a sus particulares intereses, que lo mantuvieran en el cargo en forma indefinida.

De esta manera, si tal como se establece en el precepto constitucional citado, es suficiente que un individuo desempeñe las funciones propias de alguno de los cargos mencionados para que se surta la prohibición, independientemente de que tengan o no el carácter de elección popular, así como de la denominación que se le dé al cargo, con mayor razón se actualizará tal prohibición cuando, como en el caso concreto, se desempeñan funciones propias de uno de esos cargos (presidente municipal, regidor o síndico), además de que el cargo desempeñado en el caso específico recibe la denominación de uno de los cargos respecto de los cuales se establece la prohibición de reelección inmediata.

Esto es, en consideración del suscrito, con independencia de que los síndicos hubieren sido electos popularmente, el Constituyente Permanente hizo hincapié en que no podrán ser reelectas o electas, según el caso, para el período inmediato, aquellas personas que por elección indirecta, o por nombramiento o designación de alguna autoridad, desempeñen las funciones propias de ese cargo, es decir, de síndico, añadiendo incluso que también será así, aun sin importar la denominación que se le dé al susodicho puesto. Es decir, el constituyente ordenó la prohibición bajo estudio en atención a un criterio funcional, al establecer que toda aquella persona que ocupara el cargo de síndico o hiciere tales funciones, sin importar la denominación del puesto, no podrá ser reelecta o electa para el periodo inmediato.

Las razones que imperan para prohibir la reelección o elección para el periodo inmediato, residen en la función que desempeña el servidor público municipal, mas no en que el cargo sea de elección popular directa. Una es la razón sustantiva de la función, lo otro es simplemente el mecanismo por el que se accede a dicho cargo, en tanto que la figura de la prohibición constitucional se sustenta en la primera, y hace irrelevante lo segundo.

La prohibición constitucional en comento se aplica al servidor público municipal por el cargo que ocupa y por la función que ejerce, no por el hecho de que dicho cargo sea de elección popular directa. Ello es así, a consideración del suscrito, en virtud de que con tal prohibición se pretende evitar que el servidor público municipal haga uso de su cargo y función para influir indebidamente sobre el electorado y perpetuarse en el mismo, objetivo este último que poco tiene que ver con que el servidor público municipal hubiese llegado a dicho cargo por elección popular directa o mediante otro mecanismo de nombramiento o designación. Así, si un síndico municipal que ocupa el cargo por nombramiento o designación (no por elección popular directa), se encuentra en ejercicio pleno de sus funciones, evidentemente no podrá ser reelecto para el periodo inmediato, pues es el ejercicio de las funciones de síndico lo que lo inhabilita, mas no el hecho de que el cargo sea o no de elección popular directa. Concluir lo contrario, es decir, considerar que el impedimento para ser reelecto inmediatamente descansa en que el cargo sea de elección popular directa y no en la naturaleza del cargo y la función que ejerce el servidor público conduciría, con todo respeto de la mayoría, a inobservar el verdadero motivo que sustenta la multicitada prohibición constitucional y el principio republicano de la renovación periódica en el encargo.

Así, si el hoy actor ocupó los cargos de secretario y síndico y se encontró en el ejercicio pleno de sus funciones, se hace evidente que se encuentra en la hipótesis constitucional de impedimento para ser reelecto o electo para el periodo inmediato, pues además de que la ley fundamental lo inhabilita expresamente para ello, de la revisión de las funciones a su cargo se hace patente que dicho servidor público municipal tiene una presencia relevante en la vida del municipio y, desde luego, una influencia notoria sobre los ciudadanos electores, todo lo cual lleva a confirmar que el factor de inhabilitación es el ocupar el cargo y hacer la función de síndico (aun denominado con otro nombre), mas no que dicho puesto sea o no de elección popular.

No escapa a quien esto escribe que uno de los argumentos relevantes que sustentan la tesis de la mayoría es que, según el artículo séptimo transitorio de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, los ciudadanos que desempeñaran el cargo de síndicos en el periodo constitucional 2000-2003, se les consideraría como servidores públicos de la administración pública municipal y no como integrantes del ayuntamiento, razón por la cual estima que el actor no estaría impedido para ser postulado como candidato a un cargo de elección popular en las próximas elecciones municipales, en virtud de que hasta antes de las reformas constitucionales y legales de dos mil ocurridas en el Estado de Jalisco, el síndico no formaba parte del ayuntamiento y, además, no era un cargo de elección popular directa, sin embargo -con todo respeto-, no comparto la respectiva interpretación de la mayoría que pone énfasis en un criterio orgánico en lugar del criterio funcional previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que, como ya se ha expuesto, la Constitución General de la República, al hacer mención de los cargos que tendrán impedimento para ser reelegidos en forma inmediata, alude expresa y directamente a la persona que ocupe el cargo de síndico, o a aquella que desempeñe tales funciones con independencia de la denominación del puesto, sin hacer referencia alguna a que ese cargo esté o no considerado formalmente como parte integrante del ayuntamiento y sin constreñir tal prohibición a que el cargo de síndico necesariamente fuere de elección popular directa, al ubicar dentro de dicho impedimento, simple y sencillamente, a quien realiza esas funciones.

En ese sentido, cabe destacar también que en el dispositivo constitucional que se analiza se hace mención a que la prohibición de reelección no sólo se circunscribe a los presidentes municipales, regidores y síndicos electos popularmente en forma directa, sino también a aquellas personas que ocupen esos cargos ya sea por elección indirecta, o por nombramiento o designación de alguna autoridad, siendo que en el caso bajo estudio, de acuerdo con la normativa vigente hasta antes de las reformas de dos mil, el síndico del ayuntamiento era nombrado precisamente por el Cabildo a propuesta del Presidente municipal, lo cual colma en sus términos la hipótesis prevista por el constituyente al incluir entre los servidores públicos municipales con impedimento para ser elegidos para un periodo inmediato, a los síndicos elegidos en forma indirecta, por nombramiento o por designación de alguna autoridad.

Al respecto, es decir, en relación con la trascendencia del cargo y la función del síndico municipal, de lo cual deriva evidentemente su ubicación en el impedimento a ser reelegido para un periodo inmediato, cabe destacar que según lo asienta la Enciclopedia Jurídica Mexicana (México, 2002, Editorial Porrúa/Instituto de Investigaciones Jurídicas, Tomo VI, pp. 445 y 446), la figura del síndico municipal no es una figura irrelevante, sino, por el contrario, se trata de una institución de gran raigambre en la historia mexicana y de suma importancia en la organización político-administrativa del municipio en México, ello debido, precisamente, a la relevancia indiscutible de sus funciones, las cuales se hacen consistir, entre otras, en la defensa y procuración de los intereses municipales; la gestión de los asuntos y representación jurídica del cabildo; asesoría legal y, en algunos casos, agente del ministerio público; vigilancia de la hacienda municipal y presidente de la comisión respectiva, entre otras.

Todas estas funciones que, como se ha indicado en la sentencia dictada por la mayoría, ha venido desempeñando el síndico conforme con la normativa del Estado de Jalisco (tanto la anterior Ley Orgánica Municipal, artículos 52 a 54, como la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco en vigor, artículos 52 y 53), son de indiscutible relevancia en la vida municipal, lo cual hace patente, en consideración del suscrito, la presencia e influencia político-electoral que el cargo de síndico municipal conlleva y que, por esa misma razón, lo ubican en la hipótesis constitucional de impedimento para ser reelecto o electo, según el caso, para el periodo inmediato.

Ello es así porque si el hoy actor ocupó los cargos de secretario y síndico del Ayuntamiento de Tomatlán, Jalisco, del primero de enero de dos mil uno al quince de febrero de dos mil dos, y, por otra parte, la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco entró en vigor a partir del veintidós de mayo de dos mil uno, resulta evidente que el enjuiciante ocupó el cargo y desempeñó plenamente las funciones inherentes al mismo, todas ellas de indiscutible relevancia en la vida municipal, como por ejemplo: representar al Municipio en los contratos que celebre y en todo acto en que sea indispensable su intervención; representar al Municipio en todas las controversias o litigios en que éste sea parte; revisar la situación de rezagos fiscales; cuidar que la recaudación de los impuestos y la aplicación de los gastos se hagan cumpliendo los requisitos legales; conocer de las condonaciones o reducciones de créditos fiscales; asistir a visitas de inspección que se hagan a la oficina encargada de la Hacienda Municipal; intervenir en la formulación y actualización de inventarios, y participar en las comisiones cuando se trate de resoluciones o dictámenes que afecten a todo el Municipio.

Todo lo cual hace patente, como se ha externado anteriormente y en consideración del suscrito, la presencia e influencia político-electoral que el cargo de síndico municipal conlleva y que, por esa misma razón, lo ubican en la hipótesis constitucional de impedimento para ser electo para el periodo inmediato.

Además, tal como ha sido sostenido reiteradamente por la Sala Superior de este órgano jurisdiccional federal, el derecho fundamental de carácter político-electoral a ser votado, previsto en el artículo 35, fracción II, de la Constitución federal, no es un derecho absoluto, ya que está delimitado por el interés general. Ello es así, toda vez que en el artículo 32, párrafo 2, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos se establece que los derechos de cada persona están limitados por las justas exigencias del bien común, o, si se prefiere, por el interés general, en una sociedad democrática; interés general que se traduce, en términos normativos, en el presente caso en el principio constitucional de no reelección o elección, según el caso, para el periodo inmediato, previsto en el artículo 115, fracción I, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

MAGISTRADO PRESIDENTE

 

JOSÉ FERNANDO OJESTO MARTÍNEZ PORCAYO

MAGISTRADO

 

LEONEL CASTILLO GONZÁLEZ

MAGISTRADO

 

JOSÉ LUIS DE LA PEZA

MAGISTRADO

 

ELOY FUENTES CERDA

MAGISTRADA

 

ALFONSINA BERTA NAVARRO HIDALGO

MAGISTRADO

 

JOSÉ DE JESÚS OROZCO HENRÍQUEZ

MAGISTRADO

 

MAURO MIGUEL REYES ZAPATA

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS

 

FLAVIO GALVÁN RIVERA