JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDIENTE: SUP-JDC-032/2003.

ACTOR: CÉSAR ROBERTO BLANCO ARVIZU.

AUTORIDAD RESPONSABLE: CONSEJO ELECTORAL DEL ESTADO DE JALISCO.

MAGISTRADO PONENTE: MAURO MIGUEL REYES ZAPATA.

SECRETARIO: ARMANDO CRUZ ESPINOSA.

México, Distrito Federal, a veintisiete de febrero de dos mil tres.

V I S T O S, para resolver, los autos del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano SUP-JDC-032/2003, promovido por César Roberto Blanco Arvizu, en contra del acto del Pleno del Consejo Electoral del Estado de Jalisco, emitido en sesión de once de diciembre de dos mil dos, así como del acuerdo administrativo de veintitrés de diciembre siguiente, dictado por el Presidente y el Secretario del Consejo Electoral del Estado de Jalisco.

R E S U L T A N D O

PRIMERO. El veintinueve de noviembre de dos mil dos, el Partido Acción Nacional formuló consulta al Consejo Electoral del Estado de Jalisco, sobre si los actuales síndicos municipales, que no fueron electos en comicios populares, pueden ser postulados o no como candidatos a los cargos para integrar los ayuntamientos municipales, en el proceso electoral que tendrá verificativo este año en dicha entidad.

Por separado, el Partido Revolucionario Institucional formuló similar consulta al Consejo Estatal electoral.

Las consultas hechas por los partidos políticos fueron turnadas a la Dirección Jurídica del Consejo Electoral del Estado de Jalisco, para que elaborara una opinión, lo que hizo en su oportunidad.

En sesión del Pleno del Consejo Electoral, de once de diciembre de dos mil dos, dentro de los asuntos generales, el Secretario Ejecutivo informó, en relación con las consultas referidas, que en ese momento se circulaba entre los consejeros la opinión que al respecto había emitido la Dirección Jurídica del instituto, en la que se concluía que los síndicos actuales están impedidos para ser registrados como candidatos a los cargos de elección popular que conforman los ayuntamientos municipales. Al responder una pregunta del representante del Partido Revolucionario Institucional, el Secretario del Consejo dijo que la opinión de referencia quedaría integrada al acta y que, en caso de que algún consejero tuviera alguna opinión en contrario o alguna duda, el director jurídico la resolvería. Además, el consejero Sergio Castañeda Carrillo se manifestó a favor de la opinión. Por último, la representante del Partido Acción Nacional manifestó que la opinión le parecía "bastante" y solicitó que, como formalidad, se remitiera a su partido la respuesta a la consulta que hicieron, con la mención de que se había tratado en el Pleno, a lo cual el presidente del consejo respondió, que de manera formal se le haría llegar, así como a los demás partidos.

De lo tratado en dicha sesión y respecto de las consultas mencionadas, el veintitrés de diciembre de dos mil dos, el Presidente y el Secretario del Consejo General del Instituto Estatal Electoral emitieron acuerdo administrativo para comunicar, a quienes se encuentren desempeñando el cargo de síndicos en los ayuntamientos del Estado de Jalisco, que no podrán ser candidatos en las próximas elecciones municipales, que se realizarán en julio de este año.

SEGUNDO. El treinta y uno de enero de dos mil tres, César Roberto Blanco Arvizu promovió juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, para impugnar los actos señalados en el resultando anterior.

En el Consejo Electoral del Estado de Jalisco se tramitó la demanda conforme a lo dispuesto por el artículo 18, apartado 1, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral. En su oportunidad, el escrito de impugnación y los anexos respectivos se remitieron a esta Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Mediante proveído del presidente de esta Sala Superior de trece de febrero de dos mil tres, se turnó el asunto al magistrado Mauro Miguel Reyes Zapata, para los efectos previstos en el artículo 19 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

Por acuerdo de veintiséis de febrero del año en curso, el magistrado electoral instructor dictó auto de radicación del expediente, admitió a trámite la demanda, substanció la etapa de instrucción y se pusieron los autos en estado de dictar resolución.

C O N S I D E R A N D O :

PRIMERO. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tiene jurisdicción y competencia, para conocer y resolver el presente juicio, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 99, párrafo cuarto, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 186, fracción III, inciso c) y 189, fracción I, inciso f), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y 83, apartado 1, inciso a), fracción II, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, por tratarse de un juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, promovido por un ciudadano, por sí mismo y en forma individual, contra actos del Consejo Electoral del Estado de Jalisco, al que el actor atribuye la violación de su derecho político-electoral de ser votado.

SEGUNDO. Los requisitos previstos en el artículo 9 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral están satisfechos, pues la demanda se presentó por escrito, ante la autoridad señalada como responsable, que es el Consejo Electoral del Estado de Jalisco; está señalado el nombre del actor, su domicilio para recibir notificaciones; de la interpretación conjunta del contenido textual de la demanda, se puede inferir sin lugar a dudas, que no obstante la imprecisión del escrito, la verdadera intención del actor consiste en impugnar, tanto el conjunto de actos surgidos, con motivo de la consulta de los partidos políticos citados, en la sesión del Pleno del Consejo Electoral del Estado de Jalisco, que se celebró el once de diciembre de dos mil dos, como el contenido del subsecuente acuerdo administrativo de veintitrés de diciembre, porque el actor deja ver que tanto aquellos actos como el acuerdo, le niegan la posibilidad de ser postulado como candidato a algún cargo de elección popular para integrar un ayuntamiento municipal, en el próximo proceso electoral en el Estado de Jalisco, según se lee en los agravios segundo y tercero, que a la letra dicen:

"Segundo. Me agravia la resolución administrativa de fecha 23 de diciembre del 2002, donde se me da a conocer que el suscrito en virtud de que actualmente estoy desempeñando el cargo de síndico no podré ser electo en las elecciones a celebrarse en julio de 2003, violando mi derecho político de ser votado y, por tanto, el principio de legalidad, además, el Consejo Electoral se aleja del espíritu del legislador, cometiendo con ello una arbitrariedad que viola un principio fundamental de la Constitución plasmado en el artículo 1° que cito textual:

(...)

Tercero. Me agravia la resolución en el acuerdo del Pleno del Consejo Electoral del Estado de Jalisco, de fecha 11 de diciembre del 2002, donde el Pleno del Consejo informa a los partidos políticos, concretamente al Revolucionario Institucional y al Partido Acción Nacional, que no se aceptarán los registros de síndicos para la próxima elección, dejando mi derecho político electoral de voto pasivo, en total estado de indefensión, al negárseme el registro para contender en la próxima elección".

Por otra parte, en la demanda también se identifican los hechos en que se funda la impugnación, los agravios que el actor estima le causan los actos reclamados y señala los preceptos que considera violados; ofrece y aporta pruebas, y finalmente, en el escrito se asentó el nombre y la firma del promovente.

TERCERO. En el caso se encuentra demostrada la existencia de los actos impugnados, porque no obstante las deficiencias formales que presentan, de acuerdo con las circunstancias que rodean su emisión, hay elementos suficientes para considerar su existencia y su aceptación por el Consejo Electoral del Estado de Jalisco, de manera que, independientemente de que resulten o no dictados conforme a la ley son susceptibles de ser combatidos, si se reúnen los presupuestos procesales y los requisitos de procedibilidad previstos por la ley, como acontece en la especie.

Es conveniente precisar, a efecto de justificar la anterior consideración, que tratándose de actos que provienen de órganos colegiados, lo ordinario es que éstos se tomen por acuerdo de sus miembros, a través de la votación, para lo cual, generalmente se apoyan en el trabajo previo que realiza un órgano auxiliar (como una comisión u otro análogo) sobre el asunto a tratar, del cual se elabora un estudio o dictamen que se somete luego a la consideración del órgano decisor, el que en su caso lo aprueba o lo rechaza.

Sin embargo, en el campo de las posibilidades fácticas, se pueden dar casos en que los integrantes de una autoridad formada por varios funcionarios que actúan colegiadamente, pasen por alto el procedimiento formal correspondiente para la emisión de un acto de su competencia, por ejemplo, al omitir la discusión y subsecuente votación de un dictamen o una propuesta, para manifestar su voluntad y vinculación a una determinación, mediante la asunción de posiciones activas o pasivas que revelen su tácita conformidad o aceptación; empero, tales irregularidades no impiden que el acto exista, produzca efectos y pueda, por ende, ser objeto de impugnación.

Lo anterior encuentra sustento en la teoría del acto administrativo, según la cual, uno de los elementos definidores de tal acto es la de ser una declaración intelectual (ya sea de voluntad, juicio, deseo, conocimiento, etcétera) como resultado de un procedimiento, que puede manifestarse de manera expresa o mediante comportamientos o conductas que revelen concluyentemente una posición intelectual previa, es decir, esa manifestación bien puede hacerse mediante una declaración, o bien, como un acto tácito. Esto sin perjuicio de que la forma tácita de manifestación no suele admitirse respecto de actos administrativos que limiten o modifiquen la situación jurídica de los gobernados, pero cuando el acto es producido de esta manera, tal circunstancia no implica su inexistencia, sino tan sólo una forma anormal de su emisión, de modo que el acto existe y produce o es susceptible de producir afectación a la esfera jurídica de alguien; por consecuencia, puede ser objeto de impugnación y su posible ilegalidad o invalidez constituirá la materia decidendi en el medio impugnativo que, en su caso, se hagan valer contra tal acto.

Así acontece en el caso concreto, donde, como ya se señaló en los antecedentes, los actos reclamados sui géneris están constituidos por la respuesta dada por el Consejo Electoral del Estado de Jalisco, a las consultas que le formularon los Partidos Revolucionario Institucional y Acción Nacional, acerca de si los actuales síndicos pueden ser electos para integrar los ayuntamientos de dicha entidad federativa en las próximas elecciones. En efecto, en la sesión del Pleno del Consejo Electoral del Estado de once de diciembre, no se sometió a discusión y votación de sus miembros la opinión elaborada por la Dirección Jurídica, ni se precisó con claridad y transparencia que se tomó un acuerdo formal al respecto; sin embargo, de la lectura del acta correspondiente y del informe rendido por ese consejo se obtiene, que la consulta de referencia sí fue resuelta por el consejo, en el sentido de estimar que los actuales síndicos municipales estaban impedidos para ocupar los cargos de elección popular que conforman los ayuntamientos municipales del Estado de Jalisco.

Esto es así porque, en los escritos de once y veintinueve de noviembre de dos mil dos, el Partido Revolucionario Institucional y el Partido Acción Nacional, respectivamente, formularon una consulta al Consejo Electoral del Estado de Jalisco, a efecto de que éste expresara cuál sería el criterio jurídico que adoptaría respecto a si los actuales síndicos de los ayuntamientos de ese Estado, pueden ser electos a cualquier cargo municipal en las próximas elecciones.

Las peticiones anteriores fueron turnadas a la Dirección Jurídica del mencionado Consejo, la cual formuló una opinión, el dos de diciembre pasado, en el sentido de que los síndicos no pueden ser electos para los cargos de referencia, en su concepto, porque se violaría el principio de no reelección previsto en el artículo 73, fracción III, de la Constitución Política del Estado de Jalisco y otras disposiciones legales.

Luego, en sesión del Consejo Electoral del Estado de Jalisco, celebrada el once de diciembre del año pasado, en el punto de los asuntos generales, se trató precisamente lo relativo a la respuesta a la consulta mencionada conforme al dictamen elaborado por la Dirección Jurídica, y aunque el dictamen no se puso expresamente a discusión ni se tomó una votación sobre su aprobación o desaprobación, durante la sesión se produjeron una serie de conductas y situaciones entre los consejeros que permiten determinar, que a través del tratamiento de ese punto, se expresó la voluntad de desahogar tal consulta.

A fin de demostrar estas afirmaciones y para una mayor claridad, se transcribe la parte conducente del acta respectiva:

"Hace uso de la voz el Secretario Ejecutivo, Licenciado Jacobo Efraín Cabrera Palos. Punto número 13. Asuntos generales.

Hace uso de la voz el Consejero Presidente, Licenciado Alejandro Raúl Elizondo Gómez. No habiendo, sí Señor Secretario adelante.

Hace uso de la voz el Secretario Ejecutivo, Licenciado Jacobo Efraín Cabrera Palos. Señor Presidente, Señores Consejeros, con fechas 11 y 29 de noviembre de 2002 fueron presentados a la Oficialía de Partes del Consejo Electoral del Estado, dos solicitudes presentadas por los partidos Revolucionario Institucional y Acción Nacional, en donde solicitan que el Consejo Electoral del Estado dé a conocer el criterio jurídico que se seguirá para permitir o no a los actuales síndicos, que no fueron electos por votación popular, registrarse como candidatos a presidentes municipales, por lo que en términos del artículo 132, fracción IV, que nos permite dentro del Pleno resolver sobre las consultas y las controversias que en este caso formulen los partidos políticos registrados o acreditados en los asuntos de su competencia, quisiera circularles en este momento la opinión que tiene la Dirección Jurídica del órgano electoral, la cual de acuerdo al análisis que concluye en el sentido de que todas aquellas personas que actualmente desempeñan la función de síndicos, a partir del mes de enero de 2001, sea por nombramiento o designación, están impedidos para ser registrados como candidatos a munícipes, en el caso de que existiera alguna duda o eso le solicito señor presidente permita que nuestro Director Jurídico pudiera hacer el planteamiento correspondiente.

Hace uso de la voz el Consejero Presidente, Licenciado Alejandro Raúl Elizondo Gómez. Bien, ¿existe alguna duda de algún Partido con respecto a este punto?. Bueno, no habiendo más asuntos que tratar señores consejeros damos por terminada esta sesión, siendo las...

Hace uso de la voz el Consejero Representante del Partido Revolucionario Institucional, Ingeniero Ismael Orozco Loreto. Perdón tuve una distracción, la opinión que nos están circulando, ¿quedaría integrada?

Hace uso de la voz el Secretario Ejecutivo, Licenciado Jacobo Efraín Cabrera Palos. Sí, porque está en Asuntos Varios, así es, el punto es que es la opinión que vierte la Dirección Jurídica, en caso de que alguno de los consejeros con derecho de voz o de voz y voto, tuviera alguna opinión en contrario o alguna duda, este (sic) estaría nuestro Director Jurídico para resolverla.

Hace uso de la voz el Consejero Presidente, Licenciado Alejandro Raúl Elizondo Gómez. Sí, adelante Consejero.

Hace uso de la voz el Consejero Electoral, Licenciado Sergio Castañeda Carrillo. Yo quiero manifestarme al respecto. Como son varios cuerpos normativos los que se citan y tienen que ver respecto al ámbito de la representación popular, es necesario dejar que no puede haber conflicto de normas, ley especial rige en un caso en concreto, aquí se habla de una ley de gobierno, esa es para el desempeño de la función, la ley electoral para aquel que es elegible; sin embargo, ninguna de ellas puede estar sobre la Constitución, sean de la fecha que sean y rijan la materia que rijan. En el ámbito constitucional es muy importante lo siguiente, la Constitución es la ley de leyes, la norma de normas, es la súper ley, no hay nada, ni nadie sobre ella, nada, ninguna otra ley, nadie que aplique la ley y si hay una ley con posterioridad a la Constitución está debe de adecuarse a lo que dice la Constitución, no la puede contravenir y si hay una ley anterior que favorece a un gobernado en contravención de la Constitución, esta ley debe de ser derogada o modificada acorde al precepto Constitucional. Por qué digo lo siguiente, esto se resume en que el precepto Constitucional dice que no habrá reelección en cargos, en cargos que sean de elección popular y establece como cargos de elección Presidente Municipal, Regidores y Síndicos, posterior a esta norma Constitucional hay una Ley que dice que es elegible el Síndico, el Síndico dice, no le des retroactividad a la norma, sí pero hay otra norma Constitucional especial de los cargos de elección de orden público, no hay contravención en las normas, hay dos especiales en la propia Constitución, yo creo que el dictamen se apega a lo que establece y nada más es recalcar a aquellas personas y ciudadanos que tienen la inquietud de postularse a diferentes cargos que están en una imposibilidad Constitucional y es importante que lo tomen en cuenta los partidos, a efecto de no rechazar o no validar alguna posible planilla en la que se incurra en una posible reelección. Es cuanto quería opinar al respecto, muchas gracias.

Hace uso de la voz el Consejero Presidente, Licenciado Alejandro Raúl Elizondo Gómez. Sí, gracias, tiene el uso de la voz el representante de Acción Nacional.

Hace uso de la voz la Consejera Representante Suplente del Partido Acción Nacional, Licenciada Dolores Eugenia Pérez Lazcarro. Yo nada más para comentar que se me hizo bastante, me parece muy bien especificado y detallado lo que nos entrega el Departamento Jurídico y en el caso de Acción Nacional nos gustaría nada más que nos remitiera la respuesta al oficio que entregamos, haciendo mención pues, que en el Pleno se trató, etcétera, para tenerlo ahí nada más como requisito se cumpla.

Hace uso de la voz el Consejero Presidente, Licenciado Alejandro Raúl Elizondo Gómez. De manera formal se las hacemos llegar.

Hace uso de la voz la Consejera Representante Suplente del Partido Acción Nacional, Licenciada Dolores Eugenia Pérez Lazcarro. Una mera formalidad, pero para que nosotros lo tengamos".

De la transcripción anterior destacan los siguientes aspectos, que revelan la emisión del acto:

1. El Pleno del Consejo se ocupó del asunto, al desahogar uno de los puntos del orden del día, fijados para la sesión que tuvo lugar el once de diciembre de dos mil dos, punto que lógicamente debió haberse establecido desde la convocatoria, porque así lo prevé el artículo 127, penúltimo párrafo, de la Ley Electoral del Estado.

2. El asunto se trató con fundamento en la atribución del Pleno del Consejo Electoral del Estado de Jalisco, prevista en la fracción IV del artículo 132 de la Ley Electoral de esa entidad federativa, que textualmente dice: "El Consejo Electoral del Estado tendrá las siguientes atribuciones: (...) IV. Resolver sobre las consultas y controversias que le presenten los ciudadanos, partidos, coaliciones y agrupaciones políticas registrados o acreditados, relativas al funcionamiento de este organismo y de los órganos que integran el mismo y demás asuntos de su competencia".

3. El Secretario Ejecutivo circuló, a los miembros del consejo, la opinión de la Dirección Jurídica sobre la consulta y les informó el sentido de aquélla.

4. El Secretario Ejecutivo aclaró a los consejeros que si tenían alguna duda u opinión en contra, se permitiera al Director Jurídico hacer el planteamiento correspondiente.

5. El presidente del consejo preguntó si los partidos tenían alguna duda sobre la opinión y no realizaron manifestación al respecto.

6. Uno de los consejeros electorales se expresó a favor de la opinión, e incluso vertió argumentos jurídicos en su apoyo.

7. En respuesta a una pregunta del representante del Partido Revolucionario Institucional, el secretario señaló que la opinión quedaría integrada al acta, precisamente en razón de haberse tratado en los asuntos generales de la sesión.

8. La representante del Partido Acción Nacional se manifestó en el sentido de que la opinión era bastante, y detallada, además solicitó que, como mera formalidad, se hiciera llegar a su partido la respuesta a la consulta, con la mención de que se había tratado en el Pleno.

9. El presidente del consejo aceptó la petición señalada en el punto anterior y aclaró que se haría llegar a todos los partidos políticos.

10. Al final de todo esto, ningún consejero o representante de partido manifestó dudas u opiniones en contrario sobre la respuesta a la consulta en cuestión, ni siquiera sobre el procedimiento seguido.

De ese conjunto de conductas y elementos descritos, que tuvieron lugar durante la sesión del Pleno del Consejo Electoral, se puede deducir que dicha autoridad respondió y formuló su juicio a la consulta que le formularon los partidos políticos de referencia, puesto que, en primer término, se trató el asunto dentro de la sesión pública con base en una atribución del mencionado órgano electoral, consistente en resolver las consultas que le formulen los ciudadanos, partidos, agrupaciones políticas, coaliciones; y, en segundo lugar, en esa sesión se dio a conocer a todos los partidos, tanto a través de los representantes que asistieron a la sesión, como por la remisión de la opinión que en ese momento se ordenó hacer, que los actuales síndicos de los ayuntamientos no podrán ser electos como munícipes para las próximas elecciones, según la opinión elaborada por la Dirección Jurídica de ese organismo, a la cual ninguno de los miembros planteó objeción alguna, al contrario, uno de los consejeros se manifestó a favor de ella. Finalmente, tal opinión quedó integrada al acta respectiva, precisamente por haber sido uno de los puntos tratados por el consejo durante la sesión.

Lo anterior implica, que en la sesión de once de diciembre de dos mil dos, los miembros del Consejo Estatal Electoral de Jalisco tuvieron conocimiento de la opinión formulada por la dirección jurídica, con relación a la consulta que hicieron los Partidos Revolucionario Institucional y Acción Nacional, que no hubo oposición u objeción alguna por parte de los consejeros sobre el sentido en que fue emitida la opinión y que en esos términos, en la propia sesión, el presidente ordenó remitirla como respuesta a los partidos políticos, lo cual necesariamente tendría el efecto de darles a conocer el sentido de tal opinión jurídica como respuesta a su consulta. Por tanto, debe concluirse que esa fue la decisión del Consejo Electoral del Estado de Jalisco.

En otras palabras, al haber circulado entre los consejeros, durante la sesión plenaria, la opinión que emitió la Dirección Jurídica respecto de la mencionada consulta, fue para que se tratara en el seno del Consejo Electoral y se emitiera una respuesta al planteamiento de los partidos. De este modo, como el consejo aceptó la opinión y mandó que se diera a conocer a todos los partidos políticos, se evidencia la intención de dicha autoridad de informarles cuál fue la posición o criterio que adoptó al respecto. Dicho en otras palabras, la remisión a los partidos políticos de la citada opinión jurídica, revela que la autoridad electoral administrativa la adoptó como propia.

Lo anterior demuestra que de hecho, la autoridad electoral dio respuesta a las consultas que se le formularon, aunque no observó a cabalidad las formalidades previstas en la ley al efecto; por tanto, al existir el acto de referencia, es susceptible de ser impugnado.

Ahora bien, el oficio de veintitrés de diciembre de dos mil dos, signado por el presidente y el secretario del Consejo Electoral del Estado de Jalisco, el cual es consecuencia inmediata del acto emitido por el propio órgano en sesión de once de diciembre, debe tenerse integrado como una unidad sustancial con la decisión adoptada por el consejo en la sesión mencionada, dado que a través de ese oficio se dio a conocer la respuesta a la consulta de los partidos políticos.

En ese contexto, el acto llevado a cabo en la sesión de once de diciembre y el oficio de veintitrés de diciembre del año pasado, que en esencia se traducen en la negativa al actor de la posibilidad de ejercer su derecho a ser votado en las próximas elecciones, deben tenerse como el acto reclamado en el presente juicio.

CUARTO. Corresponde ahora analizar si es admisible a trámite la pretensión deducida en este caso, tomando en consideración la causa de improcedencia hecha valer por la autoridad responsable, en el sentido de que el supuesto fáctico planteado no se encuentra previsto en el artículo 10 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, que según la autoridad regula las distintas hipótesis de procedencia del juicio para la protección de los derechos político electorales del ciudadano.

Es inatendible la causa de improcedencia formulada.

Ante todo debe precisarse que el artículo 10 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral no prevé los supuestos de procedencia del juicio para la protección de los derechos político electorales del ciudadano. La procedencia de este juicio se rige por el artículo 79 de la propia ley, conforme al cual tal medio de impugnación procede cuando el ciudadano, por sí mismo y en forma individual, haga valer presuntas violaciones a sus derechos político electorales de votar, de ser votado en las elecciones populares, de asociarse individual y libremente para tomar parte en forma pacífica en los asuntos políticos y de afiliarse libre e individualmente a los partidos políticos. En el caso, sí se colman los requisitos de procedibilidad toda vez que, César Roberto Blanco Arvizu promueve este juicio por sí mismo y en forma individual, y alega que los actos reclamados son conculcatorios en su perjuicio del derecho político electoral de ser votado.

Lo que en el artículo 10 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral se regulan son las distintas hipótesis en que los medios de impugnación en materia electoral, en general, son improcedentes; por ejemplo, cuando se pretenda impugnar la no conformidad a la constitución de leyes federales o locales; cuando se pretendan impugnar actos o resoluciones que: no afecten el interés jurídico del actor, se hayan consumado de modo irreparable o se hubieren consentido expresamente, cuando el promovente carezca de legitimación, etcétera. Luego, si bien a contrario sensu pudiera establecerse que en dicho precepto se prevén casos de procedencia del juicio, lo cierto es que la autoridad responsable no expresa circunstancia fáctica o jurídica alguna por la cual, en su concepto, este medio de impugnación no es procedente, ni explica que en el caso se produzca alguno de los supuestos de improcedencia que en este artículo se regulan, ni esta Sala Superior advierte que se surta alguno, por el contrario, como ya se precisó, se estiman colmados los supuestos de procedencia del juicio.

No obsta a lo anterior, el hecho de que no exista aún una negativa expresa y material por parte de la autoridad administrativa electoral, sobre el registro del actor como candidato a un cargo de elección popular para integrar un ayuntamiento en el Estado de Jalisco porque, atendiendo a la pretensión del actor, es posible determinar que hace valer una acción declarativa o pretensión de declaración, que bien puede deducirse a través del juicio para la protección de los derechos político electorales del ciudadano, como se evidencia a continuación.

La acción o pretensión declarativa se encuentra reconocida en el derecho positivo mexicano como se ve, verbigracia, en el artículo 1°, tanto del Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, como en el Federal de Procedimientos Civiles, los cuales señalan en forma idéntica:

"Sólo puede iniciar un procedimiento judicial o intervenir en él, quien tenga interés en que la autoridad judicial declare o constituya un derecho o imponga una condena, y quien tenga el interés contrario".

Lo que denota, que no sólo es admisible una pretensión que tenga por objeto la obtención de una condena, que se traduciría en una obligación de dar, hacer o no hacer respecto del derecho alegado, sino también la que únicamente persiga una declaración judicial encaminada a eliminar la incertidumbre sobre una determinada situación jurídica, para conseguir la plena certeza con fuerza vinculante.

En la doctrina existe conformidad acerca de lo que debe entenderse por acción declarativa o pretensión de declaración y los elementos que la identifican. Autores como Wach (La pretensión de declaración, Ediciones Jurídicas Europa-América, Buenos Aires, 1962), Liebman (Derecho Procesal Civil, Ediciones Jurídicas Europa-América, Buenos Aires, 1980, páginas.132 a 135) o Hugo Alsina (Derecho Procesal, tomo I, Ediar, Buenos Aires, 1963, páginas. 352 a 358) coinciden en señalar, que esta acción procede cuando, por una situación de hecho o conducta de algún sujeto, se haya generado incertidumbre sobre un derecho o relación jurídica, que tal incertidumbre pueda en sí misma causar un daño o perjuicio a su titular, y en que la pretensión declarativa tiene por objeto obtener una declaración judicial que dé certeza a esa situación. Resaltan el aspecto de la posibilidad del daño o perjuicio para determinar que no cualquier declaración sobre un derecho es admisible, como la que pretendiera, verbigracia, un propietario acerca del reconocimiento de su propiedad frente a todos los demás sujetos; sino que es preciso que se tenga un interés justificado en la pretensión (cuando la incertidumbre implique la posibilidad seria de afectación) el cual ha de ser valorado por el juez en cada caso.

Así, la sentencia declarativa vendrá a dar seguridad y certeza sobre el derecho o relación jurídica incierta.

De esa manera, se puede determinar que los elementos necesarios para la procedencia de esta pretensión son los siguientes:

a) Una situación que produzca incertidumbre o falta de seguridad en un posible derecho.

b) La posibilidad seria de que con esa situación se afecte o perjudique en cualquier modo el derecho.

Tales elementos se actualizan en el caso concreto. Por lo que ve al primero, porque según quedó demostrado, en el Consejo Electoral del Estado de Jalisco se generó una situación consistente en la opinión jurídica de esa autoridad, en el sentido de que, a los ciudadanos que actualmente fungen como síndicos en los ayuntamientos del Estado de Jalisco, no les asiste el derecho a ser votado como munícipes.

Lo anterior, por haber tratado de modo sui géneris, en una de sus sesiones, y haber comunicado a los partidos políticos, como respuesta a la consulta que éstos le hicieron en ese sentido, que los síndicos actuales no podrán ser electos para algún cargo de elección popular en el ayuntamiento, en las próximas elecciones.

Esa determinación evidentemente genera incertidumbre a tales ciudadanos, acerca de si les asiste derecho a ser votados como munícipes, por las siguientes razones:

a) No se trata de una opinión cualquiera, sino de la proveniente de la máxima autoridad electoral del Estado. En efecto, mediante los actos reclamados, la autoridad externo su parecer acerca de la interpretación que debía darse a los artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 73, fracción III, de la Constitución Política del Estado de Jalisco, así como 23 de la Ley Electoral del Estado de Jalisco, y séptimo transitorio de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, para establecer que los actuales síndicos no pueden ser electos como munícipes en las próximas elecciones, sin que se haya obligado a los partidos o ciudadanos a acatarla, de ahí la inseguridad o incertidumbre sobre la existencia o no del derecho de los mencionados síndicos, para ser votados en los comicios que tendrán lugar este año en el Estado de Jalisco.

b) La opinión proviene de la autoridad que es competente para decidir, si los ciudadanos reúnen o no los requisitos necesarios para ser registrados como candidatos a cargos de elección popular, de manera que, aunque se trata sólo de una opinión que puede ser tomada en cuenta o no, ésta tiene la fuerza real suficiente para oscurecer, ante los partidos y los ciudadanos, la situación de si los síndicos actuales pueden ser electos como munícipes en las elecciones que se celebrarán este año en el Estado de Jalisco.

c) La opinión se difundió entre los partidos políticos, que constituyen el medio por el cual (por antonomasia) los ciudadanos acceden al poder público, mediante su postulación como candidatos a algún cargo de elección popular.

En el caso está demostrado que el actor tiene el carácter de síndico del Ayuntamiento de Etzatlán, Jalisco, desde el primero de enero de dos mil uno, según consta en la copia certificada de la sesión ordinaria de cabildo de ese ayuntamiento, en la que se realizó la designación de César Roberto Blanco Arvizu como síndico municipal. Este documento tiene pleno valor probatorio en términos de los artículos 14, apartado 1, inciso a), y apartado 4, inciso c), y 16, apartado 2, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

En consecuencia, con la respuesta u opinión enviada por el Consejo Electoral del Estado de Jalisco a los partidos políticos, se generó incertidumbre acerca del posible derecho a ser postulado como candidato para algún cargo de elección popular del municipio.

El segundo elemento de la acción declarativa también se satisface, puesto que la situación de incertidumbre genera la seria posibilidad de afectar el derecho político electoral de ser votado, que posiblemente le asista al actor.

Esto, porque es muy posible que, ante la opinión externada por el Consejo Electoral del Estado de Jalisco, con la cual no está de acuerdo el actor, se puedan dar las siguientes situaciones:

a) Que el actor acuda, ante las instancias correspondientes de su partido político, para ser seleccionado como candidato a munícipe y que tal instituto político se lo niegue. Esto, porque el partido considere que si ya se conoce cuál es el criterio de la autoridad responsable, no tendría sentido postular un candidato del que probablemente se le negará el registro.

b) Que el actor sea postulado por un partido político, como candidato a munícipe, y la autoridad electoral no admita el registro.

c) Que el actor resulte electo para algún cargo del ayuntamiento municipal y al momento de la calificación, se le declare inelegible.

En estos dos últimos casos, la posibilidad deriva del hecho de que es la propia autoridad administrativa electoral que emitió la opinión, a quien correspondería su determinación.

Cualquiera de esas posibilidades, indudablemente, es perjudicial para el actor, en el supuesto de que le asistiera el derecho a ser votado como munícipe en las elecciones que tendrán lugar este año en Jalisco, porque todas implicarían una restricción a tal derecho en cuanto significan impedir su ejercicio. La afectación que con ello se genera, al transcurso de los días se hace más patente ante el vencimiento de los plazos con que cuenta el actor, tanto al interior del partido político al que corresponda como ante la autoridad responsable, para lograr su postulación como candidato a munícipe; pues el registro de los candidatos ante la autoridad responsable tendrá lugar del primero al treinta y uno de marzo de este año, conforme al artículo 231, fracción IV, de la Ley Electoral del Estado de Jalisco, y obviamente, para pedir su registro, el actor tendría que agotar de manera previa los procedimientos internos del partido respectivo, para lograr su postulación como candidato, lo que implicaría la utilización de plazos que a la fecha, difícilmente dispondría.

Lo anterior justifica la procedencia de la pretensión del actor, porque sólo mediante esta vía, podrá, en su caso, lograr la declaración en sentencia firme de que le asiste el derecho a ser electo como munícipe en las próximas elecciones y, con ello, eliminar la incertidumbre e inseguridad generada con los actos reclamados, así como evitar posibles violaciones o transgresiones a su derecho político electoral de ser votado.

En tal caso, la sentencia tendría por objeto dilucidar, si el actor tiene o no ese derecho y así declararlo, a efecto de establecer un estado de certeza al respecto.

En consecuencia, como en el caso se encuentran reunidas las condiciones o elementos necesarios de la "acción" declarativa, es de considerarse que tal pretensión puede tener cabida.

Ahora bien, esta pretensión es susceptible de ser ejercida mediante el juicio para la protección de los derechos político electorales del ciudadano, ya que es el único medio que la ley prevé para la protección de tales derechos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 79 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, que prevé como supuesto para la procedencia de este juicio: la presunta violación a los mencionados derechos político-electorales.

Tratándose del derecho político electoral a ser votado, su afectación puede darse, por ejemplo, cuando: se niega a un ciudadano el registro como candidato a algún puesto de elección popular; habiéndosele otorgado, se revoca por cualquier circunstancia; resulta electo y luego se le declara inelegible o no se le entrega la constancia de mayoría por cualquier otra razón, o por alguna situación se origina un estado de incertidumbre, que da lugar a la seria posibilidad de que el mencionado derecho resulte violado, caso en el cual se requiere de una declaración judicial que disipe esa incertidumbre.

En tales circunstancias, no asiste razón a la autoridad responsable cuando pretende establecer, que en el caso no se surte alguno de los supuestos de procedencia del juicio en cuestión, dado que los actos de autoridad reclamados producen una afectación al derecho de ser votado que el actor aduce le asiste, lo que basta para dar entrada a la pretensión, porque se colman, como ya se vio, los requisitos exigidos por el artículo 79 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, que prevé fundamentalmente la procedencia de esta clase de juicios, en los que, conforme a lo que se ha demostrado, cabe la acción declarativa para la defensa o protección de los derechos político electorales del ciudadano.

Sirve al caso la jurisprudencia que se encuentra publicada en la revista Justicia Electoral 2001, Suplemento 4, páginas 17-18, y a la letra dice:

"JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES DEL CIUDADANO. REQUISITOS PARA SU PROCEDENCIA. Los requisitos para la procedencia del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano están previstos en el artículo 79 (y no en el 80) de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, pues del contenido del primero se obtiene que para la procedencia, se requiere la concurrencia de los elementos siguientes: a) que el promovente sea un ciudadano mexicano; b) que este ciudadano promueva por sí mismo y en forma individual, y c) que haga valer presuntas violaciones a cualquiera de los siguientes derechos políticos: de votar y ser votado en las elecciones populares, de asociarse individual y libremente para tomar parte en forma pacífica en los asuntos políticos y de afiliarse libre e individualmente a los partidos políticos. Los primeros dos elementos no requieren mayor explicación. Respecto al último cabe destacar que, de conformidad con el texto del precepto en comento, para tenerlo por satisfecho, es suficiente con que en la demanda se aduzca que con el acto o resolución combatido se cometieron violaciones a alguno o varios de los derechos políticos mencionados, en perjuicio del promovente, independientemente de que en el fallo que se llegue a emitir se puedan estimar fundadas o infundadas tales alegaciones; es decir, el elemento en comento es de carácter formal, y tiene como objeto determinar la procedencia procesal del juicio, en atención a que la única materia de que se puede ocupar el juzgador en él consiste en dilucidar si los actos combatidos conculcan o no los derechos políticos mencionados, y si el promovente no estimara que se infringen ese tipo de prerrogativas, la demanda carecería de objeto en esta vía. En tanto que de la interpretación gramatical del vocablo "cuando", contenido en el apartado 1 del artículo 80 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, se aprecia que está empleado como adverbio de tiempo y con el significado de "en el tiempo, en el punto, en la ocasión en que", pues en todos los incisos que siguen a esta expresión se hace referencia, a que el juicio queda en condiciones de ser promovido, al momento o tiempo en que hayan ocurrido los hechos que se precisan en cada hipótesis, como son la no obtención oportuna del documento exigido por la ley electoral para ejercer el voto, después de haber cumplido con los requisitos y trámites correspondientes; el hecho de no aparecer incluido en la lista nominal de electores de la sección correspondiente a su domicilio, luego de haber obtenido oportunamente el documento a que se refiere el inciso anterior; una vez que se considere indebidamente excluido de la lista nominal de electores de la sección correspondiente a su domicilio; al momento en que estime que se violó su derecho político-electoral de ser votado, con la negación de su registro como candidato a un cargo de elección popular, propuesto por un partido político; al conocer la negativa de registro como partido político o agrupación política, de la asociación a la que se hubiera integrado el ciudadano para tomar parte en forma pacífica en asuntos políticos, conforme a las leyes aplicables, si consideran indebida tal negación; y al tiempo en que, al conocer un acto o resolución de la autoridad, el ciudadano piensa que es violatorio de cualquiera otro de los derechos político-electorales no comprendidos en los incisos precedentes, pero sí en el artículo anterior. Consecuentemente, para considerar procedente este juicio es suficiente que la demanda satisfaga los requisitos del artículo 79 citado, aunque no encuadre en ninguno de los supuestos específicos contemplados en el artículo 80.

Tercera Época:

Recurso de apelación. SUP-RAP-015/99. Ismael Enrique Yáñez Centeno Cabrera. 10 de agosto de 1999. Unanimidad de votos.

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-152/99. Herminio Quiñónez Osorio y Ángel García Ricárdez, quienes se ostentan como representantes de la Asamblea Comunitaria del Municipio de Asunción Tlacolulita, Distrito Judicial de San Carlos Yautepec, Oaxaca. 11 de noviembre de 1999. Unanimidad de votos.

Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. SUP-JDC-036/99. Héctor Hernández Cortinas y Juan Cardiel de Santiago. 17 de diciembre de 1999. Unanimidad de votos".

Por otra parte, como no se encuentra previsto en la legislación electoral del Estado de Jalisco algún procedimiento o medio impugnativo, mediante el cual el ciudadano actor hubiera podido plantear la acción declarativa que aquí hace valer y, además, su promoción no exige realizar gestiones tendentes a ejercer el derecho afectado en grado de posibilidad, sino que por la naturaleza propia de la pretensión declarativa, no es necesario tratar de ejercer el derecho, sino que basta que se encuentre amenazado o peligre por la situación de incertidumbre que se genere con algún acto o conducta, no se advierte que debiera agotarse la promoción del recurso o medio alguno para tener por satisfecho el principio de definitividad a que se refiere el diverso artículo 80, apartado 2, de la citada Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

QUINTO. También se encuentran satisfechos la legitimación e interés jurídico del actor, presupuestos del dictado de la sentencia de fondo.

Como lo ha establecido esta Sala Superior en anteriores ejecutorias, la legitimación consiste en la identidad entre el sujeto a quien la ley autoriza para promover un juicio y el actor. Por su parte, el interés jurídico radica en que, con el ejercicio de la acción, el actor obtiene la providencia que le será útil para alcanzar un beneficio o evitarse un perjuicio, haciendo cesar la situación de hecho contraria a derecho que lo motivó a acudir ante el órgano jurisdiccional, a través de la vía idónea para lograr su pretensión.

En el caso, César Roberto Blanco Arvizu se encuentra legitimado para promover este juicio, en virtud de que se trata de un ciudadano que promueve por sí mismo y en forma individual, y tal es el sujeto a quien el artículo 79 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral autoriza para hacerlo valer.

Asimismo, ese actor tiene interés jurídico en la acción declarativa que plantea a través de este juicio, en virtud de que, conforme a los hechos y agravios que hace valer, así como los términos en que fueron emitidos los actos reclamados, existe la seria posibilidad de que se afecte el derecho político electoral de ser votado, en caso de que le asista la razón en sus planteamientos, en las elecciones de ayuntamientos que tendrán verificativo en el Estado de Jalisco este año.

Lo anterior, en virtud de que el accionante tiene la calidad de síndico de un ayuntamiento en el Estado de Jalisco, según quedó demostrado anteriormente y, por tanto, se ubica en el supuesto respecto del cual se generó la incertidumbre derivada de los actos de la autoridad responsable, sobre si le asiste el derecho a ser electo en los próximos comicios locales, ya que la autoridad electoral responsable externó su criterio en el sentido de que no es así, y lo dio a conocer a los partidos políticos y a la ciudadanía, situación que, a su vez, implica una seria posibilidad de que tal derecho, en caso de tenerlo el actor, resulte afectado.

En consecuencia, el promovente tiene un interés especial en que se declare en forma cierta, si tiene ese derecho, para de esa manera evitarse el perjuicio que le origina el estado de incertidumbre en que se encuentra su situación jurídica, por lo que se refiere al derecho político electoral de ser votado.

Asimismo, la vía elegida es la idónea para conseguir tales efectos, en virtud de que como se encuentra establecido en el apartado anterior, este juicio es el único medio con que cuenta el ciudadano para la protección de sus derechos político electorales, y esa tutela cabe contra toda violación o vulneración, en el grado suficiente para ejercer la acción, ya sea su restricción propiamente dicha, o la seria posibilidad de que se afecte, como sucede en el caso concreto.

Además, en la Ley Electoral del Estado de Jalisco no se prevé alguna vía impugnativa por medio de la cual el actor hubiere satisfecho su pretensión.

SEXTO. La comunicación del acto impugnado que el actor denomina acuerdo de veintitrés de diciembre de dos mil dos (cuya copia certificada obra agregada en el expediente SUP-JDC-001/03, documento que se toma en cuenta en este asunto, por tratarse de un hecho notorio para esta Sala Superior, en términos del artículo 15, párrafo I, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral) es del siguiente tenor:

"GUADALAJARA, JALISCO A 23 VEINTITRÉS DE DICIEMBRE DE 2002 DOS MIL DOS.

Por recibido el escrito signado por el Ciudadano Licenciado Gerardo Rafael Trujillo Vega, presentado ante la Oficialía de Partes del Consejo Electoral del Estado de Jalisco el mismo día 14 catorce de noviembre de 2002 dos mil dos, registrado con número de folio 1122, el cual establece lo siguiente: "... Se informe al suscrito si los SINDICOS que actualmente desempeñan dicho cargo en los diferentes Municipios del Estado, dentro de las Administraciones 2001-2003, y que obviamente no fueron electos a propuesta del Presidente Municipal; ¿podrán ser postulados como candidatos a Municipios o Síndicos para el periodo inmediato?.".

Visto el contenido del documento antes mencionado y de conformidad con lo dispuesto por los artículos 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 140 fracción XVIII, y 146 fracciones XVIII y XXI, de la Ley Electoral del Estado de Jalisco; así como 7 primer párrafo, y 8 fracción VI, del Reglamento Interior del Consejo Electoral del Estado de Jalisco, infórmese al solicitante que el artículo 23 en los dos últimos párrafos de la Ley Electoral del Estado de Jalisco señala a la letra lo siguiente: "Los presidentes, síndicos y regidores de los ayuntamientos, electos popularmente por elección directa, en los términos de las leyes respectivas, no podrán ser postulados como candidatos a munícipes para el periodo inmediato. Las personas que por elección indirecta o por nombramiento o designación de alguna autoridad desempeñen las funciones propias de esos cargos, cualquiera que sea la denominación que se les dé, no podrán se electas en el periodo inmediato. Todos los servidores públicos mencionados en el párrafo anterior, cuando tengan el carácter de propietarios, no podrán ser electos para el período inmediato con cualquier carácter; pero los que tengan el carácter de suplentes podrán ser electos para el período inmediato como propietarios o suplentes, a menos que hayan estado en ejercicio.". Por lo anterior, cualquier funcionario que desempeñe esos cargos no podrá ser electo en las próximas elecciones a celebrarse en julio de 2003 dos mil tres.

Notifíquese al Ciudadano Licenciado Gerardo Rafael Trujillo Vega.

Cúmplase".

SÉPTIMO. Los agravios expuestos por el actor son los siguientes:

"En el presente caso, acredito mi interés jurídico para promover el presente juicio, cuando la determinación del Consejo Electoral del Estado de Jalisco me afecta de modo directo en mi persona, ya que por dictamen y acuerdo de dicho consejo me excluye de la posibilidad de ser postulado por mi partido y con ello participar en la contienda electoral municipal, en virtud de desempeñar actualmente el cargo de secretario general y síndico municipal, y bajo una interpretación errónea de la Ley Electoral del Estado de Jalisco, el consejo electoral ha determinado que por tener esa calidad de servidor público no puedo ejercer mi derecho al voto pasivo que la constitución federal me otorga en su artículo 35.

La cuestión es que en el Estado de Jalisco los síndicos no fuimos electos por el voto popular, ni somos parte (como en otros estados de la república) del órgano de gobierno municipal, sino por el contrario, la normatividad correspondiente nos clasifica como servidores públicos. Ante lo cual, el hecho de ser en la actualidad secretario general y síndico del ayuntamiento de Etzatlán, Jalisco, no encuadra en el supuesto de la ley electoral (reformada tiempo después) que limita a ocupar puestos de munícipes a los síndicos electos.

En otras palabras, la limitación que señala la ley en comento, es para los síndicos electos popularmente o quien haga las veces de éstos (hayan sido nombrados, designados o electos de forma indirecta), y no para los síndicos que no tenemos ninguna representación o mandato popular, y que por tanto contamos con otra naturaleza, definida por funciones y atribuciones distintas a las que tiene un síndico electo por medio del sufragio, en este caso, la única salvedad que opera según la ley electoral, es la separación del cargo noventa días antes de la elección.

Es importante aclarar que al no contemplarse un medio de impugnación en la Ley Electoral del Estado de Jalisco, mediante el cual un ciudadano por su propio derecho pueda combatir una resolución del Consejo Electoral del Estado que viole su derecho de ser votado*, el suscrito acude a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con fundamento en la fracción V del artículo 99 de la constitución federal, así como en el artículo 79 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

De esta forma, es claro que la procedencia de este juicio para la protección de los derechos político electorales del ciudadano haya sustento en la fracción II del artículo 35, y en la fracción V del artículo 99, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que me afectan mi derecho político de poder ser votado.

*El recurso de aclaración es un medio de impugnación que contempla la Ley Electoral del Estado de Jalisco; similar al juicio para la protección de los derechos político electorales del ciudadano de orden federal, sin embargo, es sólo similar, ya que no contempla la protección al derecho político de voto pasivo. Otro medio de impugnación local es el recurso de aclaración, procedente en contra de actos y resoluciones que emita el Consejo Electoral Local, el problema con él, es que sólo puede ser promovido por representantes de los partidos políticos.

El Consejo Estatal Electoral interpreta como un impedimento para los síndicos en Jalisco y por tanto para mi persona, lo dispuesto por el artículo 23 de la Ley Electoral del Estado de Jalisco, que deriva de la prohibición que marca el artículo 115 constitucional en su fracción I. El artículo 23 de la Ley Electoral del Estado de Jalisco señala textualmente:

‘Los presidentes, síndicos y regidores de los ayuntamientos, electos popularmente por elección directa, en los términos de las leyes respectivas, no podrán ser postulados como candidatos municipales para el período inmediato. Las personas que por elección indirecta o por nombramiento o designación de alguna autoridad, desempeñen las funciones propias de esos cargos, cualquiera que sea la denominación que se les dé, no podrán ser electas en el período inmediato. Todos los servidores públicos mencionados en el párrafo anterior, cuando tengan el carácter de propietarios, no podrán ser electos para el período inmediato con cualquier carácter; pero los que tengan el carácter de suplentes podrán ser electos para el período inmediato como propietarios o suplentes, a menos que hayan estado en ejercicio’.

Es evidente que la normatividad busca tutelar el principio de la no reelección, nunca la de coptar (sic) los derechos políticos de los ciudadanos que no caen en los supuestos que marcan estos artículos, la parte que no queda para el Consejo del todo clara y es ahí donde recae su error es en la que dice:

‘...Las personas que por elección indirecta o por nombramiento o designación de alguna autoridad, desempeñen las funciones propias de esos cargos (los de elección popular) cualquiera que sea la denominación que se les dé, no podrán ser electas en el período inmediato...’

Aquí es donde ellos utilizan indebidamente la literalidad ya que esta fracción habla de las personas que son electas de forma indirecta, por nombramiento o designación, y que desempeñan las funciones propias de esos cargos, pero cargos de elección popular, con representatividad de los ciudadanos, mas equivocadamente el consejo interpreta que la figura de síndico, anterior a esta reforma, es la misma que la del sindico electo.

La forma de entender el sentido que el legislador tuvo para redactar de esta forma el artículo 115 constitucional, que es el origen del artículo de la legislación para el Estado de Jalisco es comenzando por entender que el principio que busca tutelar es el principio de la no reelección, y dicha figura, forma parte de nuestro texto constitucional desde mil novecientos treinta y tres, y que para conocer su sentido genético-teleológico (origen y fin) es necesario acudir a las fuentes que le dieron origen, es decir, a su iniciativa, dictamen y debates, para conocer el fin que buscaba el legislador.

Las comisiones de Estudios Constitucionales y de Gobernación, de la Cámara de Diputados, en la sesión de fecha treinta de noviembre de mil novecientos treinta y dos, presentaron el dictamen que adicionaba un segundo párrafo a la fracción I, del artículo 115 constitucional, en el siguiente sentido:

Para consignar en nuestra constitución la no reelección absoluta por lo que respecta al presidente de la república y a los gobernadores de los estados, y relativa, con un período de receso para los diputados y senadores al Congreso de la Unión, diputados locales y presidentes municipales, síndicos y regidores de los ayuntamientos de la república, se reforman los artículos 51, 55, 56, 58, 59, 83 y 115 de la constitución federal’.

La redacción que proponía la iniciativa era la siguiente:

‘Los presidentes municipales, regidores y síndicos de los ayuntamientos, electos popularmente, no podrán ser reelectos para el período inmediato. Los miembros de los Consejos Municipales o de las Juntas de Administración Civil, no podrán ser electos para el período inmediato. Todos los funcionarios antes mencionados, cuando tengan el carácter de propietarios, no podrán ser electos para el período inmediato con el carácter de suplentes sí podrán ser electos para el período inmediato como propietarios, a menos que hayan estado en ejercicio’.

Esta redacción no fue aprobada en esos términos, por lo que en el debate suscitado en la sesión del dieciséis de diciembre de mil novecientos treinta y dos, se estableció lo siguiente con relación a dicha adición:

Cierto es que la existencia de Juntas de Administración Civil o Consejos Municipales no depende de que se haga o no referencia en el artículo de que se trata a los órganos de la administración o gobierno municipal, con tales nombres, sino a las disposiciones que sobre el particular contengan o puedan contener las constituciones de los estados, ya que corresponde al régimen interior de los mismos establecer la forma y términos en que debe proveerse al gobierno municipal en todos los casos en que por cualquier circunstancia puedan faltar los ayuntamientos electos directamente por el pueblo, de acuerdo con el mandato imperativo de la fracción I del artículo 115, pero el hecho de que se reconozca explícitamente con el funcionamiento prolongado y a veces indefinido de las Juntas de Administración Civil o Consejos Municipales contrarían abiertamente el postulado revolucionario convertido en mandato constitucional, y que por esta circunstancia se suprima del artículo 115 mencionado esas denominaciones atendiendo al clamor del pueblo manifestando a través de sus representantes contra el abuso a veces entronizado en sistema de reemplazar a los ayuntamientos de elección popular por las llamadas Juntas de administración Civil o Consejos Municipales, determina con claridad el sentir de esta asamblea si otorga su aprobación a la propuesta de las comisiones y señala un derrotero que habrá de seguirse indudablemente por todos aquellos que no quieran significarse como enemigos de uno de los postulados fundamentales de la Revolución’.

Por lo anterior, la redacción aprobada fue la siguiente:

‘Los presidentes municipales, regidores y síndicos de los ayuntamientos, electos popularmente por elección directa, no podrán ser reelectos para el período inmediato. Las personas que por elección indirecta o por nombramiento o designación de alguna autoridad, desempeñan las funciones propias de esos cargos, cualquiera que sea la denominación que se les dé, no podrán ser electos para el período inmediato. Todos los funcionarios antes mencionados cuando tengan el carácter de propietarios, no podrán ser electos para el período inmediato con el carácter de suplentes, sí podrán ser electos para el período inmediato como propietarios, a menos que hayan estado en ejercicio’.

La intención del legislador es clara cuando busca proteger el principio de no reelección en todos los casos en que falten los funcionarios electos directamente por el pueblo, es decir, la premisa básica de la no reelección, es la elección directa de dichos cargos.

Más se demuestra de igual forma que el sentido del legislador con referencia al sentido literal del párrafo que dice ‘...o por nombramiento o designación de alguna autoridad, desempeñan las funciones propias de esos cargos, cualquiera que sea la denominación que se les dé, no podrán ser electos para el período inmediato...’, se refiere como queda de manifiesto en el diario de debates a las Juntas de Administración o a los Consejos Municipales, porque el legislador manifiesta que el sentido único es evitar la reelección, no de coptar (sic) sus derechos político-electorales a los funcionarios que ostenten estos cargos, cuando no han sido previamente electos, cito parte del diario de debates de fecha quince de diciembre de mil novecientos treinta y dos en su parte conducente:

‘-El C. Presidente: Tiene la palabra el C. Pérez Gasga (sic).

-El C. Pérez Gasga (sic): señores diputados: Para encauzar la discusión debo aclarar a ustedes que no se este tratando en este momento de la proposición del señor diputado Rodríguez, ni de la de los demás señores diputados, relativa a una adición al artículo 115 constitucional. Esta adición propuesta por ellos tendrá que consultarse a la asamblea, después de votado este artículo, si se toma o no en consideración, y tomada que sea en consideración, se pasará para su estudio a las comisiones respectivas. No podrían las comisiones, en consecuencia, ocuparse de un asunto que todavía no ha pasado para su estudio. En consecuencia, las comisiones no han tratado en el presente caso de estudiar la adición constitucional que propone el señor diputado Rodríguez, sino simplemente de introducir, por propio convencimiento, una modificación, mejor dicho, una aclaración al precepto, variando un poco los términos en que estaba redactado.

-Además de las razones contenidas en la exposición de motivos a que acaba de darse lectura, quieren las comisiones hacer constar lo siguiente: según la ponencia del partido, se hacía referencia a que los miembros de los Consejos Municipales y de las Juntas de Administración Civil no podrían ser electos en el período inmediato. Nos han informado compañeros que en las constituciones locales de ciertos estados no se instituye, en determinados casos, ni Consejos Municipales, ni Juntas de Administración Civil. En consecuencia, empleando solamente estos últimos, podría darse el caso de organizaciones u organismos que no tuviesen ese nombre, no pudieran creer que, como no estaban comprendidos en este artículo, las personas que desempeñaran esos cargos sí podrían ser electas para el período inmediato. Para evitar esas confusiones, las comisiones han querido generalizar la prohibición, y por eso la han propuesto en los términos en que aparece, o sea, diciendo así:

‘Las personas que por elección indirecta -que son las que nombran las legislaturas, por ejemplo-, o por nombramiento o designación de alguna autoridad, desempeñan las funciones municipales’.

Con esto, las comisiones han querido realizar el propósito de la reforma, es decir, que estas personas que desempeñan funciones municipales, cualquiera que sea el nombre, no pueden ser electas para el período inmediato. Si deben o no suprimirse las juntas de administración civil; si los congresos deben intervenir o no en las elecciones de los ayuntamientos, es cuestión que no está a debate, porque la comisión no se ha puesto a estudiarlo, porque no se ha sometido a su conocimiento’.

Queda claro que lo que se busca es impedir que con cualquier otro rubro que no sea el de Juntas de Gobierno o Consejos Municipales el gobernante se perpetúe en el poder. Aclarando que el sentido sería en caso de disolución de un ayuntamiento, las instituciones ya sean Juntas de Gobierno o Consejos Municipales o cualquiera que sea su denominación ejerciendo funciones de gobierno, no se perpetúen de ninguna forma en el poder.

En Jalisco, los síndicos no han sido electos popularmente, incluso, no han sido considerados como integrantes del ayuntamiento, incluso en este periodo actual, en el que son considerados por la Ley de Gobierno y Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, como servidores públicos de la administración pública municipal, y en el mismo no les dan los atributos que les confiere la constitución federal y la del estado en virtud como consta en el transitorio de la antes mencionada ley de no ser electos, cito el artículo de referencia:

‘SÉPTIMO. Lo dispuesto por la presente ley, se aplicará a los síndicos, con excepción de las facultades conferidas por el artículo 53 en sus fracciones I, II, y III hasta en tanto sean electos, de conformidad a lo dispuesto por la Ley Electoral del Estado de Jalisco, momento a partir del cual, se les aplicará la presente ley en su totalidad. Para efecto de lo anterior a los síndicos de los ayuntamientos que se desempeñan en el actual periodo constitucional 2000-2003, se les considera como servidores públicos de la administración pública municipal, más no como integrantes del órgano de gobierno’.

Es decir el supuesto que marca el artículo veintitrés de la Ley Electoral para el Estado de Jalisco en la parte que dice ‘...las personas que por elección indirecta o por nombramiento o designación de alguna autoridad desempeñen las funciones propias de esos cargos, cualquiera que sea la denominación que se les dé, no podrán ser electas en el período inmediato...’ no es aplicable incluso porque las funciones del síndico en Jalisco difieren totalmente que del resto de la república toda vez que sólo es un servidor público como también lo serian el tesorero y el secretario general y con ellos bastaría con que se separasen noventa días antes del cargo para que pudiesen contender en la elección inmediata siguiente.

De esta manera, el síndico en Jalisco no desempaña las funciones propias del sindico electo mediante elección popular, no desempeñan funciones de gobierno, sólo son como lo dice la Ley de Gobierno y Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, (en su artículo séptimo transitorio adicionado el veintiuno de abril del dos mil uno) sólo son servidores públicos, y el síndico dejará de serlo en cuanto sea electo, esto es a partir del dos mil cuatro.

Reitero que el presente juicio tiene pleno sustento en razón de que la procedencia del mismo, además de acreditar un perjuicio como ciudadano en un derecho político electoral cobra fuerza cuando se advierte que éste tutela el derecho de ser votado a un cargo, en la especie, a uno relativo a la conformación de un ayuntamiento, que en términos del artículo 35, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se salvaguarda como prerrogativa ciudadana para ser nombrado a un cargo o comisión cuando se establezcan las calidades de la ley.

Mis pretensiones se basan en los siguientes:

H E C H O S:

I. Con fecha veintinueve de noviembre de dos mil dos, el Partido Acción Nacional al cual pertenezco, formuló consulta al Consejo Electoral del Estado de Jalisco; sobre si los actuales síndicos de los ayuntamientos que no fueron electos en comicios populares, pueden ser postulados o no, como candidatos a munícipes en el proceso electoral que tendrá verificativo en este año del dos mil tres, al igual lo hizo el Partido Revolucionario Institucional con fecha once de noviembre del dos mil dos.

II. Las consultas hechas por los partidos políticos fueron turnadas a la Dirección Jurídica del Consejo Electoral del Estado de Jalisco, para que elaborara una opinión lo cual tuvo lugar el dos de diciembre de dos mil dos, en respuesta el presidente y el secretario de tal órgano electoral emitieron acuerdo administrativo el veintitrés de diciembre, mediante el cual se comunica que quienes se encuentren desempeñando el cargo de síndicos, no podrán ser electos en las próximas elecciones, que se celebrarán en julio de este año.

III. Es claro que la autoridad electoral está empeñada en impedirme ejercer mi derecho político de ser votado, con lo manifestado en su acuerdo me impide ser registrado por mi partido político para contender en el siguiente próximo período electoral de julio de dos mil tres.

IV. En forma verbal el secretario del Partido Acción Nacional del Comité Directivo Estatal ingeniero Salvador Ávila Loreto, me manifestó que debido al acuerdo del Consejo Estatal Electoral de fecha once de diciembre del dos mil dos, el pleno del consejo le informa a los partidos políticos incluyendo el mío que no se aceptarán los registros de síndicos para la próxima elección, acuerdo que quedó revocado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el expediente SUP-JDC-001/2002, cabe ser la manifestación bajo protesta de decir verdad que el comité estatal de Acción Nacional se negó a proporcionarle por escrito la negativa y fundamentos por la cual no procedía mi registro para participar en las próximas elecciones.

A G R A V I O S

PRIMERO. Me agravia la autoridad (Consejo Electoral del Estado de Jalisco) al impedirme ejercer mi derecho político de ser votado, al interpretar equivocadamente los preceptos de no reelección y quererme adaptar a un precepto inaplicable para la realidad de la figura del síndico en el Estado de Jalisco.

SEGUNDO. Me agravia la resolución administrativa de fecha veintitrés de diciembre del dos mil dos donde se me da a conocer que el suscrito en virtud de que actualmente estoy desempeñando el cargo de síndico no podré ser electo en las elecciones a celebrarse en julio de dos mil tres, violando mi derecho político de ser votado y, por tanto, el principio de legalidad, además el consejo electoral se aleja del espíritu del legislador, cometiendo con ello una arbitrariedad que viola un principio fundamental de la constitución plasmado en el artículo 1° que cito textual:

‘Artículo 1°. En los Estados Unidos Mexicanos todo individuo gozará de las garantías que otorga esta constitución, las cuales no podrán restringirse, ni suspenderse, sino en los casos y con las condiciones que ella misma establece’.

En este sentido, al suscrito le aplican una normatividad que no cabe en la figura del síndico en Jalisco, siendo el único servidor público al que le privan discriminadamente de su derecho político electoral de ser votado, y le aplican el principio de la no reelección, cuando nunca fue electo, además lo encuadran en el supuesto de la elección indirecta cuando la Ley de Gobierno y Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, lo contempla como un simple servidor público que no pertenece al órgano de gobierno, siendo esta misma ley la que hace claramente el distingo de la figura del síndico en Jalisco al aclarar que sí formará parte del órgano de gobierno pero hasta el año dos mil cuatro. De esta manera, se concluye que al suscrito le imponen todas las restricciones y no le otorgan ninguno de los derechos, lo cual en cualquier criterio legal por diferenciado que sea nos muestra la violación flagrante a mi derecho político electoral de ser votado.

TERCERO. Me agravia la resolución en el Acuerdo del Pleno del Consejo General del Estado de Jalisco, de fecha once de diciembre del año dos mil dos, en donde el pleno del consejo informa a los partidos políticos concretamente al Revolucionario Institucional y al Partido Acción Nacional, que no se aceptarán los registros de síndicos para la próxima elección, dejando mi derecho político electoral de voto pasivo en total estado de indefensión, al negárseme el registro para contender en la próxima elección".

OCTAVO. En primer lugar cabe establecer que los actos de la autoridad responsable presentan las irregularidades formales que a continuación se analizan.

Por lo que ve al acto emitido por el Consejo Electoral, en sesión de once de diciembre, en el acta de la sesión ordinaria respectiva se anota, que se procedió a hacer constar la lista de asistencia y quórum legal con la aprobación del orden del día.

Una vez aprobados diversos temas, se aceptó, por unanimidad de votos, el calendario de sesiones ordinarias de dos mil tres, destacando que las tres primeras sucederían el diez de enero, el veintiséis de febrero y veintiséis de marzo.

En el punto trece de la orden del día, relativo a asuntos generales, el Secretario Ejecutivo dio cuenta al Consejo Electoral con las solicitudes presentadas por los Partidos Revolucionario Institucional y Acción Nacional, en torno al criterio que debía seguirse para permitir o no a los síndicos en funciones, que no fueron electos por votación popular, registrarse como candidatos a presidentes municipales, así como de la opinión que emitió la Dirección Jurídica del mencionado órgano colegiado, en el sentido de que todas las personas que fungían con ese carácter, a partir de enero de dos mil uno, sea por nombramiento o designación, estaban impedidos para ser registrados.

Al respecto, en uso de la voz, el consejero presidente preguntó a los presentes si existía alguna duda y pretendió cerrar la sesión.

Sin embargo, el representante propietario del Partido Revolucionario Institucional interrumpió para preguntar si esa opinión quedaría integrada (al acta de sesión).

El secretario ejecutivo dio respuesta, en el sentido de que así sería, por encontrarse en el rubro de "asuntos varios", y precisó que en caso de duda u opinión en contrario, por parte de los consejeros electorales con derecho a voz o a voz y voto, el Director Jurídico las resolvería.

Enseguida el consejero electoral Sergio Castañeda Carrillo expresó diversos argumentos a favor del dictamen presentado por la Dirección Jurídica.

Posteriormente, la consejera representante suplente del Partido Acción Nacional manifestó que el susodicho dictamen era suficiente y detallado, además solicitó se remitiera copia a su partido, como respuesta formal a la consulta que éste había formulado, a lo cual el consejero presidente refirió que sería entregada a todos los partidos.

Después de agotar los restantes asuntos generales, se procedió a dar por terminada la sesión del consejo, sin haberse sometido a votación el punto de que se trata, ni haberse tomado la forma al respecto.

De acuerdo con los artículos 127 y 132, fracciones IV y XXXIX, de la Ley Electoral del Estado de Jalisco, el Consejo Electoral, en sesión plenaria, tiene atribuciones para resolver, entre otras cuestiones, sobre las consultas y controversias que le presenten los ciudadanos, partidos, coaliciones y agrupaciones políticas registrados o acreditados, relativas al funcionamiento de dicho organismo o de los órganos que lo integran, así como de los demás asuntos de su competencia.

El Reglamento de Sesiones del Pleno del Consejo Electoral del Estado y de las Comisiones Distritales y Municipales, en los artículos 2, fracciones I, incisos e), f) e i), y IV, incisos g), i) y k), 5, 7, 9, 14 y 16, disponen lo siguiente:

a) Instalada la sesión serán discutidos y, en su caso, votados los asuntos contenidos en el orden del día;

b) Iniciada la discusión de cada punto del orden del día, el presidente abrirá una lista de los miembros del pleno que quieran hacer uso de la palabra con relación a ese punto, después de haber sido suficientemente discutido, y en caso de no ser así, se iniciará una segunda ronda en la que los participantes tendrán el uso de la palabra y se procederá de inmediato a la votación. Tratándose de asuntos generales, se le aplicará a cada caso el mismo procedimiento.

c) Los acuerdos y resoluciones del consejo se tomarán por votación económica o nominal a elección del presidente.

d) Es facultad del presidente del Consejo Electoral consultar a los integrantes de ese órgano colegiado, si los temas de la agenda han sido suficientemente discutidos, así como ordenar al secretario que someta a votación los proyectos de acuerdos y resoluciones que se adopten y, en caso de empate en la votación, emitir voto de calidad.

e) Es atribución del secretario del Consejo Electoral, entre otras, tomar la votación de los integrantes con derecho a voto y dar a conocer el resultado, así como firmar junto con el presidente los acuerdos y resoluciones que se emitan y dar fe de lo actuado en las sesiones.

f) Finalmente, de cada sesión se levantará un proyecto de acta, que contendrá íntegramente los datos de identificación de la sesión, la lista de asistencia, los puntos del orden del día, el sentido de la votación de los integrantes, así como los acuerdos y resoluciones aprobadas, o con las correcciones del caso.

Como se advierte, el procedimiento establecido por el Reglamento de Sesiones del Pleno del Consejo Electoral del Estado de Jalisco, no fue respetado en sus formalidades, ya que del análisis efectuado al acta de sesión, revela que no se sometió a discusión ni a votación el acuerdo que debería recaer a la solicitud de los Partidos Revolucionario Institucional y Acción Nacional, respecto a si los síndicos actuales, que no fueron electos por votación popular, están o no en condiciones de registrarse como candidatos a presidentes municipales.

Esto, sin considerar que la Dirección Jurídica del mencionado órgano colegiado emitió opinión en el sentido de que no era posible que fueran postulados como candidatos a munícipes quienes desempeñaran tal cargo; opinión que fue circulada por el Secretario Ejecutivo entre los consejeros, el día de la sesión; empero no obstante que existen intervenciones al respecto de uno de los consejeros electorales y los representantes de los partidos Revolucionario Institucional y Acción Nacional, no se sometió a votación; ello quiere decir que la decisión colegiada no tiene validez sobre el punto que forma su materia.

Esto se corrobora con la circunstancia de que, en el desarrollo del orden del día, consta que una vez suficientemente discutidos los diversos asuntos a tratar, sí se observaron tales formalidades, pues, según se advierte a fojas 27 a 29, 36 a 38, 39 a 41, 50 a 52, 58 a 60, 61 a 63, 76 a 78 y 81 a 82, el consejero presidente le ordena al secretario tomar la votación nominal de cada uno de los puntos tratados, lo que no hizo, en el caso de los asuntos generales, tal y como lo ordena el artículo 9 del Reglamento de Sesiones, que dispone que en esa clase de asuntos debe seguirse el mismo procedimiento, es decir, someterse a votación.

Por su parte, el acuerdo administrativo de veintitrés de diciembre, por el cual se dio respuesta a la consulta hecha por el actor, fue emitido únicamente por el presidente y el secretario ejecutivo del Consejo Electoral del Estado, cuando debió hacerlo este cuerpo colegiado, por ser al que corresponde legalmente esa atribución, conforme al artículo 135, fracción IV, de la Ley Electoral del Estado de Jalisco.

La existencia de tales irregularidades formales comenzó a generar incertidumbre en la posición jurídica que atañe al actor.

Sin embargo, la declaración sobre tal situación no sería suficiente para superar la incertidumbre generada con los actos impugnados, ante lo cual, si esta ejecutoria concluyera con el estudio que precede, no quedaría colmada la pretensión del actor, porque prevalecería el peligro de que se produzcan mayores perjuicios en sus intereses, ante el cercano vencimiento de los plazos con que cuenta para hacer valer el concreto derecho político electoral de ser votado, que en su concepto le asiste, toda vez que el registro de candidaturas para las elecciones municipales ante la autoridad responsable, tendrá lugar del primero al treinta de marzo, y es obvio que para que la responsable celebre una sesión para emitir un nuevo acto que reuniera las formalidades legales, tendría que transcurrir demasiado tiempo, toda vez que por disposición del artículo 127, fracción I, inciso b), de la ley electoral local, tal autoridad sesiona, por lo menos, una vez al mes y está demostrado en autos que la última sesión tuvo lugar el diez de enero de dos mil tres, así como que la próxima sesión ordinaria tendrá lugar hasta el próximo veintiséis de febrero, según acuerdo tomado por el propio Consejo Electoral de Jalisco en sesión del once de diciembre pasado.

Todo esto repercutiría en perjuicio del actor, pues hasta cuando se emitiera esa nueva decisión estaría en condiciones, sin el obstáculo que surgió por su calidad de síndico en funciones del municipio de Etzatlán, Jalisco, de realizar al interior del partido al que pertenezca o con el que desee intervenir, los procedimientos necesarios para lograr su candidatura, con lo que podría verse conculcado irremediablemente su derecho, si todo esto no se hace antes de que fenezca el plazo legal de registro de candidatos a munícipes.

En estas condiciones y a fin de no actualizar tales perjuicios al actor, prolongándose en el tiempo el estado de incertidumbre que por ésta vía pretende desaparecer, esta Sala Superior considera oportuno analizar la materia de fondo, con plenitud de jurisdicción, y resolver en definitiva la materia litigiosa, con fundamento en el artículo 6, apartado 3, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

NOVENO. Son fundados los agravios expuestos por el actor y, por tanto, debe acogerse su pretensión.

Conforme a una interpretación sistemática y funcional del artículo 115, fracción I, párrafos segundo y quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la actualización del supuesto jurídico identificado como principio de no reelección, en lo que toca al gobierno municipal, se conforma con la concurrencia necesaria de los tres elementos siguientes: a) la existencia o previsión jurídica de un cargo determinado en el Ayuntamiento, que ordinariamente deba cubrirse mediante procesos de elección popular democrática, aunque sea admisible legalmente, como excepción, que su desempeño se lleve a cabo por elección indirecta, designación o nombramiento de alguna autoridad, en los casos en que la persona elegida no se presente a ocuparlo, falte por muerte, licencia, suspensión, inhabilitación u otra causa insuperable, se declare nula la elección, etcétera; b) la ocupación de ese cargo por un ciudadano, durante una parte o la totalidad del período correspondiente, por haber triunfado u obtenido una asignación en elecciones populares, o haber sido designado o nombrado por una autoridad, y c) la pretensión de que ese mismo ciudadano sea postulado para un cargo de elección popular del ayuntamiento, en el proceso electoral subsecuente. Esto es, la Ley Fundamental prohíbe tanto la auténtica reelección, en su sentido gramatical, como también la diversa situación que equipara a la reelección, consistente en que una persona ocupe por elección indirecta, designación o nombramiento un puesto que legalmente debe ser de elección popular, en principio, y pretenda postularse como candidato a un cargo dentro del ayuntamiento en el siguiente proceso electoral. Consecuentemente, si durante el tiempo en que un ciudadano desempeñe una función municipal en el ayuntamiento, por elección indirecta, nombramiento o designación, sin que su cargo esté comprendido dentro de los que deben surgir de elecciones democráticas, pero en el lapso de su ejercicio se reforma la legislación para incluirlo en este conjunto, para los períodos gubernamentales subsecuentes, es indudable que no se presenta la concurrencia de los elementos descritos, respecto al funcionario aludido, porque la aceptación de su postulación no implicará reelección, y tampoco se conformaría la situación equiparada, al faltar para ambas hipótesis la circunstancia de que durante el ejercicio de la función en el primer período mencionado, el cargo ocupado estuviera legalmente contemplado como de elección popular.

Ciertamente, conforme al artículo 39 constitucional, la soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo, y todo poder público dimana del mismo y se instituye para su beneficio.

Por su parte, el artículo 40 de la propia carta fundamental dispone, que es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república representativa, democrática, federal, compuesta de Estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior, pero unidos en una federación.

A su vez, el artículo 41 establece que el pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión y de los Estados, en sus respectivas esferas de competencia; asimismo, que la renovación de los poderes legislativo y ejecutivo se realizará mediante elecciones libres, auténticas y periódicas, mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo.

Por último, el artículo 115 prevé, en el párrafo segundo de la fracción I, que los presidentes municipales, regidores y síndicos de los ayuntamientos, electos popularmente por elección directa, no podrán ser reelectos para el período inmediato. Las personas que, por elección indirecta, o por nombramiento o designación de alguna autoridad, desempeñen las funciones propias de esos cargos, cualquiera que sea la denominación que se les dé, no podrán ser electas para el período inmediato, salvo cuando tengan el carácter de suplentes que no hubiesen ejercido el cargo.

En el mismo precepto se establece, en el párrafo quinto de la fracción I, que en caso de declararse desaparecido un ayuntamiento o de renuncia o falta absoluta de la mayoría de sus miembros, si conforme a la ley no procede que entren en funciones los suplentes, ni que se celebren nuevas elecciones, las legislaturas de los Estados designarán de entre los vecinos, a los Concejos Municipales para que concluyan el período respectivo.

De tales preceptos constitucionales deriva el principio identificado como de no reelección de los integrantes de los ayuntamientos, que vino a sumarse a los casos en que se recogió ese postulado en el texto original de la Constitución de 1917 para el Presidente de la República (artículo 83) y los Gobernadores y Legislaturas de los Estados (artículo 116), mediante reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de abril de mil novecientos treinta y tres, por la cual también se extendió la prohibición de reelegirse, para los Diputados y Senadores al Congreso de la Unión (artículo 59).

Dicho principio responde al postulado ideológico surgido del movimiento armado de mil novecientos diez, como instrumento para evitar el enquistamiento o perpetuación en el poder de una persona o un grupo de personas mediante sucesivas elecciones, motivada por la tendencia de varios presidentes de la república durante el siglo XIX, de mantenerse en el poder el mayor tiempo que les fue posible, incluso, mediante reformas a la Constitución vigente donde se permitiera la reelección del ejecutivo federal.

En consecuencia, se trata de un instrumento que propicia la alternancia en el poder, como un elemento operativo de los sistemas constitucionales democráticos, frente a situaciones políticas y sociales que la pongan en riesgo, como las de un presidencialismo extremo, en el que pueda surgir la tentación de mantener el poder, por las mismas personas, que puede llevar a la coacción o al fraude en los procesos electorales, como enseña la experiencia histórica.

Sobre el principio de no reelección, aplicado a los integrantes de los ayuntamientos, esta Sala Superior ha verificado que en el proceso legislativo por el cual se incluyó en la Constitución, se destaca que el objetivo fundamental consistió en impedir la perpetuación, tanto de una persona como de un conjunto de ellas, mediante su enquistamiento, durante períodos electivos sucesivos, en un órgano determinado, por considerar que con la reelección se propiciaría el continuismo de un hombre, de un grupo de ellos o de camarillas, que pueden generar cacicazgos, crear el riesgo del abuso del poder con beneficios para intereses particulares y en detrimento de los de la colectividad, e impedir la participación de ciudadanos que puedan aportar nuevas ideas al ocupar algún cargo, hacer real la posibilidad de alternancia en el poder y ofrecer distintos estilos de gobierno; además de que, con la rotación de cargos, se permite una actuación imparcial en la administración de los fondos públicos y proporcionar a la ciudadanía mejores servicios públicos; así como evitar que quienes buscan la reelección, aprovechen algunas ventajas que les reporte el poder derivado del cargo de elección popular que desempeñan, y que pudiera traducirse en la consecución de votos.

Ahora bien, conviene precisar que el principio de no reelección, aplicable para los integrantes de los ayuntamientos, tiene lugar en cualquiera de los siguientes supuestos:

a) Cuando sean electos en forma directa, es decir, como resultado de elecciones libres, auténticas y periódicas mediante el voto universal, libre, secreto y directo de los ciudadanos, procedimiento por el cual el pueblo ejerce su poder soberano.

b) Cuando sean electos de manera indirecta, o por nombramiento o designación de alguna autoridad, independientemente de la denominación que reciban, pero siempre que desempeñen las funciones propias de los cargos relativos a los integrantes de los ayuntamientos, elegibles democráticamente, en los términos señalados en el inciso anterior.

De lo anterior se advierte que el objeto fundamental de la disposición constitucional que se analiza, en lo que toca a la organización política del municipio, radica en que por regla general, éste sea gobernado por un ayuntamiento de elección popular mediante voto universal, libre, secreto y directo, y que los restantes imperativos robustecen esa finalidad y regulan las situaciones de excepción.

Así pues, las disposiciones complementarias tienden prioritariamente a la consecución del mismo valor, es decir, a que ordinariamente los ayuntamientos dimanen de elecciones populares, periódicas, sin admitir la reelección formal o material, bajo ningún mecanismo o disfraz, y para esto se tomaron en cuenta situaciones anómalas que ocurrieron con antelación y que recoge la experiencia histórica, como fue el caso de que algunos gobiernos estatales o caudillos, aprovecharon su gran influencia, en determinadas regiones del país, para implementar diversos mecanismos, y lograr que un ayuntamiento, una vez electo, o ya instalado, no funcionara realmente, para conducir a su desaparición, o coaccionando a sus miembros a la renuncia, etcétera, y así, mediante el nombramiento o designación de alguna autoridad, se pudieran suplir a los integrantes de los ayuntamientos con personas que les fueran afines, mismas que, una vez finalizado el período en el cual sustituyeron a las autoridades electas, llegaban a aprovechar la posición que les proporcionaba el ejercicio del poder, para postularse en las elecciones correspondientes al siguiente período de gobierno municipal, con alteración de las condiciones en que se debe llevar a cabo una contienda electoral democrática con la consiguiente prolongación de su mandato; y ante tales experiencias, se tomaron las medidas constitucionales que se estimaron necesarias y adecuadas para evitar la reelección formal o material, para lo que se determinó, a final de cuentas, que los integrantes de un ayuntamiento que fueran elegibles mediante elecciones democráticas, no podrían ocupar cualquiera de esos cargos de elección popular durante todo o parte de dos períodos consecutivos, cualquiera que fuera el origen o la fuente de que hubieran emanado: por elección directa, elección indirecta, designación o nombramiento.

Esto se corrobora con la lectura de la iniciativa de reformas correspondiente, y de los debates que con motivo de la misma se suscitaron en el Poder Revisor de la Constitución, los cuales pueden consultarse en la obra "Derechos del Pueblo Mexicano", publicada por la Cámara de Diputados, en la parte relativa al artículo 115 Constitucional.

Originalmente, en la iniciativa citada se propuso el siguiente texto: "[...] Los miembros de los consejos municipales o de las juntas de administración civil no podrán ser elegidos para el período inmediato", refiriéndose al nombre de los órganos con los cuales se sustituían a los miembros de los ayuntamientos elegibles popularmente, con funcionarios surgidos de elección indirecta, nombramiento o designación de alguna autoridad.

Con motivo de los debates en la mencionada reforma, en torno a la posibilidad de que, utilizando otro nombre, se nombraran o designaran iguales órganos que de hecho corresponden a las funciones de los ayuntamientos, y con eso se burlara el mandamiento constitucional de no reelección, se cambió la redacción para quedar: "Las personas que por elección indirecta, o por nombramiento o designación de alguna autoridad desempeñen las funciones propias de esos cargos, cualquiera que sea la denominación que se les dé, no podrán ser electas para el período inmediato." Con lo que se aludía a quienes por excepción ocuparan un cargo municipal que en principio fuera de elección popular o desempeñara las funciones de éstos.

Todo lo anterior se aprecia en los mencionados debates, donde se hicieron aseveraciones como las siguientes:

"...es mentira que pueda haber sufragio efectivo mientras haya la posibilidad de que los gobiernos pongan juntas civiles a su capricho, que obedezcan sus consignas.

(...)

... pero el hecho de que se reconozca explícitamente que el funcionamiento prolongado y a veces indefinido de las juntas de administración civil o consejos municipales contrarían abiertamente el postulado revolucionario convertido en mandato constitucional, y que por esta circunstancia se supriman del artículo 115 mencionado esas denominaciones atendiendo al clamor del pueblo manifestado a través de sus representantes contra el abuso a veces entronizado en sistema de reemplazar a los ayuntamientos de elección popular por las llamadas juntas de administración civil o consejos municipales, determina con claridad el sentir de esta Asamblea si otorga su aprobación a la propuesta de las Comisiones y señala un derrotero que habrá de seguirse indudablemente...

Por estas consideraciones, los suscritos nos permitimos someter a la consideración de la Asamblea el segundo párrafo del inciso primero del artículo 115 que acabamos de retirar, en los términos siguientes: "...Las personas que por elección indirecta o por nombramiento o designación de alguna autoridad, desempeñen las funciones propias de esos cargos, cualquiera que sea la denominación que se les dé, no podrán ser elegidas para el periodo inmediato.

(...)

Nos han informado algunos compañeros que en las Constituciones locales de ciertos estados no se instituye, en determinados casos, ni consejos municipales, ni juntas de administración civil. En consecuencia, empleando solamente esos términos, podría darse el caso de que otras organizaciones u organismos que no tuviesen ese nombre, se pudiera creer que, como no estaban comprendidos en este artículo, las personas que desempeñaran esos cargos sí podían ser elegidas para el período inmediato".

Tal iniciativa, sus debates y el texto aprobado revelan, con claridad, que el presupuesto que tuvo en cuenta el legislador constitucional fue el relativo a que los integrantes de un ayuntamiento se deben elegir en procesos democráticos, y que las personas que ocupen los cargos, ya sea por el procedimiento democrático o por uno distinto, no podrán desempeñarse en la integración siguiente del ayuntamiento, como medio para hacer prevalecer el principio de no reelección; esto es, se estableció que las personas que por elección indirecta, nombramiento o designación de alguna autoridad, sustituían a los miembros del ayuntamiento, que habían sido o debían ser elegidos por elección popular, para impedir que ellos mismos buscaran ser electos popularmente en el siguiente período, porque con esa práctica se llegó hacer nugatorio materialmente el sistema político de la democracia.

En consecuencia, la norma no se puede extender a cualquier servidor o funcionario municipal que haya sido nombrado o designado por alguna autoridad, sino precisamente a aquellos que por tales procedimientos lleguen a ocupar un cargo que sí es de elección popular, porque en éstos si es factible que se verifique una situación equiparable a la reelección, con posible perturbación del valor que se protege con el postulado de no reelección, es decir, la prolongación en el ejercicio del poder soberano que reside esencial y originariamente en el pueblo, por más de un período gubernamental.

En efecto, la norma no es aplicable a funcionarios del gobierno municipal, como el Secretario Municipal, el Tesorero, o los Directores de las diferentes áreas administrativas, como de Obras Públicas, Seguridad Pública, etcétera, que ordinariamente reciben su encargo por nombramiento o designación del Cabildo o del Presidente Municipal, porque a pesar de tratarse de cargos importantes, que implican constante contacto o presencia con la población del municipio y su participación en actos importantes del gobierno municipal, o en su ejecución, no se trata de cargos para los que la ley prevea la elección popular y, en consecuencia, ya no se configura la hipótesis de la norma en cuestión, porque en ellos no podría tener lugar el supuesto de la reelección formal o material cuando, habiendo fungido como tales en un período de un Ayuntamiento, fueren postulados como candidatos a munícipes o integrantes del Ayuntamiento para el siguiente, precisamente porque no desempeñaron un cargo o las "funciones propias" de los de elección popular. Esto es, si no ocuparon un puesto de esa naturaleza, y en el siguiente período resultan electos por la ciudadanía en uno que sí lo es, no existe reelección, sino sólo una elección; de esa manera, no existe peligro de haberse prolongado en el ejercicio del poder soberano, a nivel municipal, en períodos sucesivos, en puestos que en ambos períodos gubernamentales estén contemplados legalmente como de elección popular.

Lo mismo ocurre respecto de alguien que ejerce un cargo que no es de elección popular en un Ayuntamiento y, durante su gestión, la ley se reforma para considerar que tal cargo de elección popular será a partir del período gubernamental subsecuente, porque en ese supuesto, esa persona no habría ejercido un cargo que jurídicamente fuera de elección popular.

Otra razón que abona a favor de la tesis que aquí se sostiene, radica en que, por su naturaleza de derecho fundamental, el derecho político electoral de ser votado constituye la regla, por lo que su limitación debe entenderse como una norma de excepción. En consecuencia, toda norma por la cual se niegue o se impida el ejercicio del derecho a ser votado, como la que prohíbe la reelección para un cargo municipal, debe ser interpretada, de manera estricta, y no extender sus efectos a casos que no estén específicamente señalados.

En la especie, en la legislación electoral del Estado de Jalisco, anterior a la que regirá el presente proceso electoral, el cargo de síndico del ayuntamiento no se encontraba previsto como de elección popular, sino que tenía la calidad de simple servidor público nombrado por el Cabildo o, en su caso, por el Presidente Municipal, de manera que no se les considera integrantes del ayuntamiento (hipótesis en la que se encuentran los síndicos que actualmente fungen en los Ayuntamientos, y que están por concluir el período constitucional 2000-2003) y por tanto, no les resulta aplicable directamente el principio de no reelección establecido en el artículo 115 de la Constitución Federal, como se demuestra enseguida.

La Constitución Política del Estado de Jalisco vigente hasta antes de la reforma que entró en vigor el diecinueve de diciembre de dos mil, en su artículo 73, fracciones II y IV, establecía la integración de los Ayuntamientos con presidente, vicepresidente y regidores electos popular y directamente, los que durarían en su cargo tres años y se renovarían en su totalidad al final de cada período, y que estos mismos funcionarios no podrían ser postulados para munícipes para el período inmediato, independientemente de que su desempeño hubiera sido el resultado de elección directa, elección indirecta, nombramiento o designación de una autoridad.

Tal disposición tenía correspondencia con la Ley Electoral del Estado, que rigió el proceso electoral que tuvo lugar en el año dos mil, en cuyo artículo 23 se determinaban los requisitos para ser presidente, vicepresidente o regidor, con el imperativo de que los mismos no podían reelegirse para el período inmediato, y en el 37, que los ayuntamientos se encontraban integrados sólo con tales ciudadanos.

De igual manera, en la Ley Orgánica Municipal, abrogada por el artículo primero transitorio de la vigente Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, se determinaba que los Ayuntamientos de cada Municipio del Estado se integrarían por un presidente, un vicepresidente y el número de regidores de mayoría relativa y de representación proporcional, que en la misma ley se señalaba (artículo 11).

En el artículo 15 de esa ley, se establecía que el Cabildo, en su primera sesión, procedería a nombrar al tesorero, al síndico y al secretario del ayuntamiento, conforme al procedimiento establecido en el artículo 40, fracción II, numeral 7, del mismo ordenamiento, es decir, mediante propuesta que el presidente municipal sometía a la aprobación del Cabildo, que debía ser resuelta en el término de tres días improrrogables, y que, en el caso de ser negativa, daba lugar a que el presidente presentara una terna para cada puesto que debía resolverse en el mismo plazo, y si no se hacía la elección o se negaba la aprobación de los candidatos, el presidente tenía facultad para expedir inmediatamente el nombramiento a favor de cualesquiera que hubiesen formado la terna correspondiente.

Asimismo, conforme a los artículos 52 a 54 del mismo cuerpo normativo, el síndico debía reunir los mismos requisitos para ser secretario del Ayuntamiento, y les correspondían las funciones de defensa de los intereses municipales, representar al Ayuntamiento en todas las controversias o litigios en que éste fuere parte (sin perjuicio de la facultad del Cabildo para designar apoderados o procuradores especiales) así como para ejercer las funciones que corresponden al Ministerio Público.

Por otra parte, conforme al artículo 4, fracción III, de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, anterior al Decreto de reformas de catorce de diciembre de dos mil, al que remite el artículo 120 de la Ley Orgánica Municipal citada, los síndicos son catalogados como servidores públicos de confianza, que de acuerdo con el artículo 2°, es toda persona que preste un trabajo subordinado físico o intelectual con las condiciones establecidas como mínimas por la ley, a las entidades públicas (entre otras, los ayuntamientos) en virtud del nombramiento expedido, o por su inclusión en la nómina de pago de sueldos.

De acuerdo con la normatividad apuntada, el cargo de síndico, a diferencia de lo previsto en otras entidades federativas, no se considera de elección popular ni forma parte de los miembros del ayuntamiento, sino que son nombrados o designados por los propios Cabildos a propuesta del presidente municipal y, en su caso, directamente por éste, de manera que se trata de un simple servidor público del ayuntamiento, que no se elige popularmente.

Ahora bien, fue hasta el diecinueve de diciembre del año dos mil, cuando se publicó el Decreto número 18344, por el cual se reformó el artículo 73 de la Constitución Política del Estado de Jalisco, adecuándose a los términos previstos en el artículo 115, fracción I, de la Constitución Federal, en cuanto a los cargos que integran los ayuntamientos, al establecer que, además del presidente municipal y los regidores, se integrarán con síndicos electos popularmente, suprimiendo la figura del vicepresidente. En consecuencia, se incluyó al síndico en la relación de funcionarios que no pueden ser reelectos, en los mismos términos que el artículo constitucional citado.

De igual manera, por Decreto 18534, publicado en el Periódico Oficial "El Estado de Jalisco", el 5 de octubre de dos mil, se reformaron los artículos 23 y 37 de la Ley Electoral del Estado, para considerar como integrantes de los Ayuntamientos al Presidente Municipal, a los síndicos y a los regidores; en cuyo único artículo transitorio se aclaró que tal reforma no sería aplicada al proceso electoral de noviembre de dos mil.

En concordancia con la reforma constitucional local, por Decreto de veintitrés de agosto de dos mil, publicado el cinco de octubre de ese año, se emitió la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, por la cual se abrogó la Ley Orgánica Municipal, hasta entonces vigente. En la nueva normatividad se estableció, en el artículo 10, que los Ayuntamientos de cada Municipio del Estado se integran por un presidente municipal, un síndico y el número de regidores de mayoría relativa y de representación proporcional que determine la ley electoral, quienes serán electos popular y directamente mediante planillas, permanecerán en su cargo tres años y se renovarán en su totalidad al final del período.

Consecuente con eso, en los artículos 52 y 53 de la misma ley, se amplían las atribuciones y obligaciones del síndico, por ejemplo, para revisar la situación de los rezagos fiscales, a fin de que sean liquidados y cobrados; cuidar la recaudación de los impuestos y que la aplicación de los gastos se haga cumpliendo los requisitos legales; conocer las condonaciones o reducciones de créditos fiscales que realicen el presidente municipal y el encargado de la hacienda municipal, así como participar con derecho a voz y voto en las sesiones del ayuntamiento; presentar iniciativa de ordenamientos municipales; solicitar citación a sesiones ordinarias y extraordinarias del ayuntamiento; participar en las comisiones cuando se trate de resoluciones o dictámenes que afecten a todo el municipio, e intervenir en la formulación y actualización de los inventarios de bienes del municipio.

Conforme al artículo quinto transitorio del ordenamiento en cuestión, se indica que el mismo entrará en vigor el veintidós de mayo de dos mil uno y, según el artículo séptimo transitorio, que los ciudadanos que desempeñan el cargo de síndicos en el "período constitucional 2000-2003", se les considera servidores públicos de la Administración Pública Municipal, y no integrantes del Ayuntamiento.

En razón de lo anterior, la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, se reformó por Decreto número 18740, de catorce de diciembre de dos mil, por el que se deja de considerar a los síndicos como servidores públicos de confianza, pero con la salvedad, en el artículo sexto transitorio, de que lo seguirían siendo quienes se desempeñan en el período constitucional precisado en el párrafo anterior.

Debe enfatizarse que las reformas constitucionales y legales de referencia, no rigieron las elecciones del año dos mil, por las cuales se conformaron los ayuntamientos actuales, de manera que los mismos conservaron la integración anterior (presidente municipal, vicepresidente y regidores), y por consiguiente, los síndicos no fueron electos popularmente en tales comicios, sino nombrados como servidores públicos de confianza.

Lo anterior, porque los decretos de reforma a la Constitución y a la Ley Electoral, ambas del Estado de Jalisco, tuvieron lugar con posterioridad al primero de agosto del año dos mil, fecha en que, de conformidad con el artículo 227 de la ley electoral vigente en aquel momento, dio inicio el proceso electoral para elegir, entre otros cargos, al presidente, vicepresidente y regidores que actualmente integran los ayuntamientos de la entidad.

En consecuencia, las modificaciones de referencia no pudieron resultar aplicables para el proceso electoral del año dos mil, al haber iniciado éste con anterioridad a la fecha en que fueron decretadas, habida cuenta que, por mandato contenido del párrafo tercero de la base II del artículo 105 de la Constitución Federal, las leyes electorales deberán promulgarse y publicarse por lo menos noventa días antes de que inicie el proceso electoral en que vayan a aplicarse, y durante el mismo no podrá haber modificaciones legales fundamentales. Además, así lo ordenó expresamente el único artículo transitorio del decreto de reforma a la Ley Electoral del Estado, antes citado.

Bajo estas condiciones, se encuentra demostrado que los cargos de síndicos que actualmente se desempeñan en los ayuntamientos que están por concluir el período constitucional respectivo, no estaban considerados en la ley como de elección popular, y que por tanto, no se encuentran en ninguno de los dos supuestos de prohibición constitucional de reelección, analizados precedentemente, por lo cual, pueden ser electos para cualquier cargo de los que integran el ayuntamiento en los municipios el Estado de Jalisco, en las elecciones que tendrán verificativo este año en esa entidad federativa.

No constituye obstáculo a lo anterior, lo previsto en los artículos 73 de la Constitución local así como 23 y 37 de la Ley Electoral del Estado de Jalisco vigentes, en donde se dice expresamente que los síndicos que hayan ocupado el cargo por nombramiento, entre otros supuestos, no podrán ser postulados como candidatos para la integración del siguiente período gubernamental del ayuntamiento, porque aún en el caso de que esta previsión normativa admitiera interpretaciones diversas a las que se han expuesto, tendría que prevalecer sobre todas ellas la coincidente con el artículo 115, fracción I, constitucional, que es la interpretación conforme, en donde ya se precisó que se excluye a quienes ocupan un cargo que no es de elección popular en el ayuntamiento, que se convierte en puesto de elección democrática para el siguiente período municipal, máxime que en el artículo sexto transitorio del decreto de reformas a la ley electoral local se establece expresamente, que las mismas no serían aplicables al proceso electoral de noviembre de dos mil y, a su vez, en el artículo séptimo transitorio de la vigente Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco se prevé que los síndicos de los actuales ayuntamientos no son integrantes de éstos.

En consecuencia, el hecho de que César Roberto Blanco Arvizu ocupe el cargo de síndico del ayuntamiento de Etzatlán, Jalisco, para el período 2001-2003, como quedó demostrado con anterioridad, no constituye un impedimento legal para su posible postulación como candidato a un cargo de elección popular en la nueva integración del ayuntamiento, desde luego, si para ello satisface los demás requisitos, condiciones y exigencias que establece la ley.

Por lo expuesto y fundado, se resuelve:

ÚNICO. Se declara que el hecho de que César Roberto Blanco Arvizu funja como síndico en el ayuntamiento de Etzatlán, Jalisco, correspondiente al período 2001-2003, no constituye impedimento legal para su posible postulación como candidato a ocupar alguno de los puestos de elección popular en la nueva integración del ayuntamiento que se elegirá el seis de julio de este año.

NOTIFÍQUESE. Por estrados, al actor, y por oficio, al Consejo Electoral del Estado de Jalisco, acompañando copia certificada de la presente ejecutoria, de conformidad con lo previsto por los artículos 26, 27, apartado 6, 84, apartado 2, incisos a) y b), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

Así lo resolvió la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, por mayoría de votos de los señores magistrados José Fernando Ojesto Martínez Porcayo, en su carácter de presidente, Leonel Castillo González, José Luis de la Peza, Eloy Fuentes Cerda y Mauro Miguel Reyes Zapata, ponente del asunto, en contra del voto particular del señor magistrado José de Jesús Orozco Henríquez, el cual se inserta más adelante. Con ausencia de la magistrada Alfonsina Berta Navarro Hidalgo. Ante el Secretario General de Acuerdos que autoriza y da fe. Conste.

VOTO PARTICULAR QUE FORMULA EL MAGISTRADO JOSÉ DE JESÚS OROZCO HENRÍQUEZ, EN RELACIÓN CON LA SENTENCIA RECAÍDA EN EL JUICIO DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES DEL CIUDADANO BAJO EL EXPEDIENTE SUP-JDC-032/2003

Con el debido respeto y consideración a los distinguidos Magistrados que conforman la mayoría en la presente sentencia y con pleno reconocimiento a su profesionalismo, el suscrito formula voto particular, con fundamento en lo dispuesto en el último párrafo del artículo 187 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por disentir de lo resuelto en el punto resolutivo ÚNICO en relación con el considerando NOVENO, es decir, disiento del fallo por el cual se declara que el hecho de que el actor funja como síndico en el ayuntamiento de Etzatlán, Jalisco, correspondiente al periodo 2001-2003, no constituye impedimento legal para su posible postulación como candidato a ocupar alguno de los puestos de elección popular en la nueva integración del ayuntamiento que se elegirá el seis de julio de dos mil tres, en virtud de que, en opinión del suscrito, de acuerdo con la interpretación gramatical, sistemática y funcional de las disposiciones constitucionales y legales aplicables, por el hecho de ocupar el cargo de síndico en el ayuntamiento de referencia el hoy actor sí se encuentra constitucional y legalmente impedido para ser eventualmente postulado como candidato a ocupar alguno de tales cargos municipales de elección popular en el próximo proceso electoral local, esto es, se estima que, contrariamente a lo sustentado por la mayoría, los agravios aducidos por el ciudadano ahora actor devienen infundados, como se razona a continuación:

De conformidad con una interpretación gramatical, sistemática y funcional de lo dispuesto en los artículos 40; 41, párrafos primero y segundo; 115, párrafo primero, fracción I, párrafos segundo y quinto, así como 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el 2°, párrafo 1, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, se arriba a la conclusión que la proscripción constitucional establecida en el párrafo segundo de la fracción I del artículo 115 de la Constitución federal -identificada generalmente como principio de no reelección-, consistente en que no podrán ser reelectos o electos, según el caso, para el periodo inmediato, comprende no sólo a los presidentes municipales, regidores y síndicos de los ayuntamientos electos popularmente por elección directa sino también a las personas que por elección indirecta, o por nombramiento o designación de alguna autoridad desempeñen las funciones propias de los mencionados cargos (presidentes municipales, regidores y síndicos), independientemente de la denominación que reciban, tal como se razona a continuación:

El artículo 115, fracción I, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ordena expresamente lo siguiente:

"[...]

Los presidentes municipales, regidores y síndicos de los ayuntamientos, electos popularmente por elección directa, no podrán ser reelectos para el periodo inmediato. Las personas que por elección indirecta, o por nombramiento o designación de alguna autoridad desempeñen las funciones propias de esos cargos, cualquiera que sea la denominación que se les dé, no podrán ser electas para el periodo inmediato. Todos los funcionarios antes mencionados, cuando tengan el carácter de propietarios, no podrán ser electos para el período inmediato con el carácter de suplentes, pero los que tengan el carácter de suplentes sí podrán ser electos para el periodo inmediato como propietarios a menos que hayan estado en ejercicio.

[...]"

De conformidad con una interpretación gramatical, en los términos de lo dispuesto en el párrafo primero del artículo 2 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, en lo que interesa, el párrafo segundo de la fracción I del artículo 115 constitucional establece, en forma expresa y categórica, en sus primeras dos oraciones, separadas por un punto y seguido, una disposición constitucional que, por estar dirigida a dos tipos distintos de sujetos normativos, bajo supuestos distintos, es susceptible de analizarse en dos prohibiciones con los siguientes elementos: Prohibición 1: i) acción prohibida: reelección para el periodo inmediato; ii) sujetos normativos: presidentes municipales, regidores y síndicos de los ayuntamientos, y iii) supuesto fáctico o condición: que tales servidores públicos sean electos popularmente. Prohibición 2: i) acción prohibida: elección para el periodo inmediato; ii) sujetos normativos: personas elegidas indirectamente, o por nombramiento o designación de alguna autoridad, y iii) supuesto fáctico o condición: que desempeñen las funciones propias de los cargos relativos a los presidentes municipales, regidores o síndicos, independientemente de la denominación que reciban. Si en el caso específico se encuentra acreditado que el ciudadano actor ha ejercido el cargo y desempeñado las funciones inherentes al síndico durante el periodo 2000-2003 por nombramiento del Cabildo a propuesta del respectivo Presidente municipal, resulta claro que encuadra en la prohibición constitucional identificada como 2, por lo que no podrá ser electo para el periodo inmediato.

Asimismo, de conformidad con una interpretación sistemática, la tesis interpretativa que se defiende en el presente voto tiene su razón de ser en el principio republicano establecido en los artículos 40 y 115, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que garantiza la renovación periódica en el ejercicio de un cargo público, así como en el principio fundamental de toda elección democrática, consistente en que la renovación de los poderes Legislativo y Ejecutivo se realizará mediante elecciones libres, auténticas y periódicas, habida cuenta que la renovación periódica de los gobernantes es consustancial con un sistema republicano.

En efecto, en congruencia con el principio constitucional de los regímenes interiores de las entidades federativas unidas en una República Federal, según los principios de la Constitución general, previsto en el artículo 40 constitucional, el artículo 115 del mismo ordenamiento deja la regulación de las comunidades municipales a las constituciones y leyes locales, para que en éstas se establezcan las normas que respondan a las particularidades geográficas, demográficas, sociales y económicas propias de cada una de las entidades federativas, con sujeción, claro está, a los principios constitucionales, en particular, el principio republicano de renovación periódica en el encargo y el consecuente el principio de no reelección o elección, según el caso, para el periodo inmediato previstos en el artículo 115, fracción I, párrafo segundo, constitucional, en atención al principio de supremacía constitucional previsto en el artículo 133 de la Constitución federal.

Adicionalmente, haciendo una interpretación funcional, de carácter genético-histórica, es importante dejar asentado que en el texto original del artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917 no se hacía referencia a los diversos cargos que integran un Ayuntamiento de elección popular directa, como sí se hace en el texto vigente de la fracción I del propio artículo 115, que dispone que cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa, integrado por un Presidente municipal y el número de regidores y síndicos que la ley determine. Fue mediante reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación del 29 de abril de 1933, que el Constituyente Permanente estableció en el párrafo segundo de la fracción I del invocado artículo 115 constitucional una tipología mínima de los diversos cargos que integran un Ayuntamiento de elección popular directa, en relación, precisamente, con el principio de no reelección o elección, según el caso, para el periodo inmediato, en los términos que actualmente subsisten, a saber: "Los presidentes municipales, regidores y síndicos de los ayuntamientos, electos popularmente por elección directa, no podrán ser reelectos para el periodo inmediato. Las personas que por elección indirecta, o por nombramiento o designación de alguna autoridad desempeñen las funciones propias de esos cargos, cualquiera que sea la denominación que se les dé, no podrán ser electos para el periodo inmediato".

Cabe mencionar que el texto original de la iniciativa de reforma de 1932 al artículo 115 constitucional, según el dictamen emitido por las comisiones respectivas, en la parte conducente, rezaba de la siguiente manera: "Los miembros de los consejos municipales o de las juntas de administración civil no podrán ser elegidos para el periodo inmediato." Sin embargo, las propias comisiones dictaminadoras solicitaron retirar el segundo párrafo de la fracción I del artículo 115 para hacer ciertas modificaciones. En favor de tales modificaciones, las comisiones consideraron que el hecho de que en la redacción de la propuesta original se hiciera referencia a "consejos municipales" y "juntas de administración civil" había motivado objeciones hechas por varios diputados sobre la base de que dichos consejos y juntas desvirtuaban la naturaleza esencial del municipio libre y habían llegado a constituir un "funesto instrumento de tiranía comparable a las odiosas jefaturas políticas contra las que la Revolución Mexicana enarboló la bandera de la autonomía municipal".

Al respecto, en el debate se hicieron asertos como el siguiente: "...la Comisión habla de juntas de administración civil, juntas que en el concepto de algunos diputados son absolutamente inconstitucionales".

Las respectivas comisiones dictaminadoras en abono de los cambios propuestos establecieron lo siguiente:

"[...]

Además de las razones contenidas en la exposición de motivos a que acaba de darse lectura, quieren las Comisiones hacer constar lo siguiente: según la ponencia del partido, se hacía referencia a que los miembros de los consejos municipales y de las juntas de administración civil no podrían ser elegidos en el periodo inmediato. Nos han informado algunos compañeros que en las Constituciones locales de ciertos estados no se instituye, en determinados casos, ni consejos municipales, ni juntas de administración civil. En consecuencia, empleando solamente esos términos, podría darse el caso de que otras organizaciones u organismos que no tuviesen ese nombre, se pudiera creer que, como no estaban comprendidos en este artículo, las personas que desempeñaran esos cargos sí podían ser elegidas para el periodo inmediato. Para evitar esas confusiones, las Comisiones han querido generalizar la prohibición, y por eso le han propuesto en los términos en que aparece, o sea, diciendo así: " Las personas que por elección indirecta" –que son las que nombran las legislaturas, por ejemplo-, "o por nombramiento o designación de alguna autoridad, desempeñan [sic] las funciones propias de esos cargos, cualquiera que sea la denominación que se les dé, no podrán ser elegidas para el periodo inmediato".

De lo transcrito, se aprecia claramente que las respectivas Comisiones dictaminadoras, en el proceso de reforma constitucional que amplió el principio de la no-reelección en los ayuntamientos, señalaron expresamente que el motivo por el cual omitieron la mención a los "consejos municipales" y "juntas de administración civil" fue primordialmente por considerar que eran términos que venían a restringir la proscripción constitucional propuesta -que finalmente fue aprobada por el Órgano Revisor de la Constitución, habida cuenta que "el propósito de la reforma" es que "estas personas que desempeñan funciones municipales, cualquiera que sea el nombre, no pueden ser elegidas para el período inmediato".

No es óbice a la interpretación que se defiende en el presente voto el que, mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de veintitrés de diciembre de mil novecientos noventa y nueve, el Constituyente Permanente haya establecido en la fracción I del artículo 115 constitucional que cada municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa, integrado por un Presidente Municipal y el número de regidores y síndicos que la ley determine, toda vez que ello lejos de modificar o alterar la prohibición establecida en el párrafo segundo de la fracción I del invocado artículo 115 constitucional, es enteramente compatible con la misma, ya que, como ha quedado establecido, a raíz de la reforma constitucional de mil novecientos treinta y tres, el párrafo segundo de la citada fracción hacía expresa referencia a los presidentes municipales, regidores y síndicos de los ayuntamientos, electos popularmente por elección directa, dando una tipología mínima de los cargos que integran un Ayuntamiento de elección popular directa. La citada reforma constitucional de mil novecientos noventa y nueve estableció, entre otros aspectos, que cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento elegido popular y directamente, integrado por un Presidente Municipal y el número de regidores y síndicos que la ley determine. Con ello, el Órgano Revisor de la Constitución, con pleno respeto al principio constitucional de los regímenes interiores de los Estados, en deferencia al legislador local democrático, deja la regulación de las comunidades municipales a las constituciones y leyes locales, en lo relativo al número de regidores y síndicos que integran el ayuntamiento, en atención a las particularidades de cada entidad federativa, sin que ello altere la prohibición constitucional.

Así, una interpretación funcional, con base en la génesis y evolución de la disposición constitucional aplicable, muestra no sólo el propósito de la reforma constitucional en comento sino también que la correspondiente formulación normativa aprobada por el Constituyente Permanente obedeció a generalizar una prohibición constitucional con el fin de realizar dicho propósito y garantizar el principio republicano de la renovación periódica en el ejercicio de un cargo público, evitando posibles fraudes a la Constitución.

En concordancia con lo anterior, a la misma conclusión se arriba haciendo una interpretación funcional de la prohibición constitucional señalada a la luz de los valores fundamentales tutelados en la norma constitucional por el Órgano Revisor de la Constitución.

En efecto, conforme a una interpretación funcional, la prohibición de no reelección inmediata contemplada para los presidentes municipales, regidores y síndicos de los ayuntamientos, contenida en el párrafo segundo de la fracción I del artículo 115 constitucional, comprende también el caso en que el cargo de síndico no tenga el carácter de cargo de elección popular de acuerdo con la legislación local aplicable. Ello es así porque el objetivo fundamental de la disposición consiste, tal como se establece en la tesis de jurisprudencia sentada por esta Sala Superior con el rubro "NO REELECCIÓN, ALCANCE DE ESTE PRINCIPIO EN LOS AYUNTAMIENTOS", en evitar la perpetuación de una persona o de un conjunto de ellas mediante su enquistamiento durante periodos sucesivos en un órgano determinado, lo que genera el riesgo de abuso de poder con beneficios para intereses particulares y en detrimento de la colectividad. En consecuencia, si se entendiera, como lo sostiene la mayoría, que la mencionada prohibición no comprende el caso en que el cargo de síndico no sea de elección popular, ello propiciaría que un individuo ejerciera el cargo en forma indefinida y prolongada en forma continua durante más de un periodo municipal, en detrimento de los objetivos perseguidos por la norma.

En efecto, de la lectura de la normativa local abrogada se advierte que el constituyente y el legislador local incurrieron en una inconstitucionalidad por omisión dado que, no obstante que del precepto constitucional que se viene analizando se desprende que el cargo de síndico es de elección popular, en tal legislación estaba contemplado como un cargo cuyo titular era designado por el Cabildo a propuesta del Presidente municipal, lo cual establecía la posibilidad de que, como ya se señaló, un mismo individuo se perpetuara en ese cargo, puesto que bastaba con que fuera designado por los distintos ayuntamientos en forma ininterrumpida. Ahora que el constituyente y el legislador local corrigieron tal irregularidad, modificando las correspondientes disposiciones constitucionales y legales a efecto de que el mencionado cargo tenga el carácter de cargo de elección popular, resultaría absurdo que, como premio, a quienes hubieran venido ocupando el cargo en forma ininterrumpida merced a la referida omisión inconstitucional, ahora se les permitiera todavía participar en la elección inmediatamente posterior a tal reforma.

En este orden de ideas, de aceptarse la tesis de la mayoría, se estima que se correría el riesgo de admitir que se cometiera un eventual fraude a la Constitución, mediante el expediente de quitarle el carácter de cargo de elección popular al síndico. Es decir, si la Constitución prohíbe la reelección inmediata a quien ocupe el cargo de síndico, sería suficiente, de acuerdo con el criterio de la mayoría, con trasformar al síndico en un funcionario designado por el ayuntamiento o por el presidente municipal, a efecto de propiciar que ese individuo permaneciera en forma indefinida en el ejercicio del cargo, desde el cual influyera en la elección de presidente municipal y de regidores proclives a sus particulares intereses, que lo mantuvieran en el cargo en forma indefinida.

De esta manera, si tal como se establece en el precepto constitucional citado, es suficiente que un individuo desempeñe las funciones propias de alguno de los cargos mencionados para que se surta la prohibición, independientemente de que tengan o no el carácter de elección popular, así como de la denominación que se le dé al cargo, con mayor razón se actualizará tal prohibición cuando, como en el caso concreto, se desempeñan funciones propias de uno de esos cargos (presidente municipal, regidor o síndico), además de que el cargo desempeñado en el caso específico recibe la denominación de uno de los cargos respecto de los cuales se establece la prohibición de reelección inmediata.

Esto es, en consideración del suscrito, con independencia de que los síndicos hubieren sido electos popularmente, el Constituyente Permanente hizo hincapié en que no podrán ser reelectas o electas, según el caso, para el período inmediato, aquellas personas que por elección indirecta, o por nombramiento o designación de alguna autoridad, desempeñen las funciones propias de ese cargo, es decir, de síndico, añadiendo incluso que también será así, aun sin importar la denominación que se le dé al susodicho puesto. Es decir, el constituyente ordenó la prohibición bajo estudio en atención a un criterio funcional, al establecer que toda aquella persona que ocupara el cargo de síndico o hiciere tales funciones, sin importar la denominación del puesto, no podrá ser reelecta o electa para el periodo inmediato.

Las razones que imperan para prohibir la reelección o elección para el periodo inmediato, residen en la función que desempeña el servidor público municipal, mas no en que el cargo sea de elección popular directa. Una es la razón sustantiva de la función, lo otro es simplemente el mecanismo por el que se accede a dicho cargo, en tanto que la figura de la prohibición constitucional se sustenta en la primera, y hace irrelevante lo segundo.

La prohibición constitucional en comento se aplica al servidor público municipal por el cargo que ocupa y por la función que ejerce, no por el hecho de que dicho cargo sea de elección popular directa. Ello es así, a consideración del suscrito, en virtud de que con tal prohibición se pretende evitar que el servidor público municipal haga uso de su cargo y función para influir indebidamente sobre el electorado y perpetuarse en el mismo, objetivo este último que poco tiene que ver con que el servidor público municipal hubiese llegado a dicho cargo por elección popular directa o mediante otro mecanismo de nombramiento o designación. Así, si un síndico municipal que ocupa el cargo por nombramiento o designación (no por elección popular directa), se encuentra en ejercicio pleno de sus funciones, evidentemente no podrá ser reelecto para el periodo inmediato, pues es el ejercicio de las funciones de síndico lo que lo inhabilita, mas no el hecho de que el cargo sea o no de elección popular directa. Concluir lo contrario, es decir, considerar que el impedimento para ser reelecto inmediatamente descansa en que el cargo sea de elección popular directa y no en la naturaleza del cargo y la función que ejerce el servidor público conduciría, con todo respeto de la mayoría, a inobservar el verdadero motivo que sustenta la multicitada prohibición constitucional y el principio republicano de la renovación periódica en el encargo.

Así, si el hoy actor ocupa el cargo de síndico y se encuentra en el ejercicio pleno de sus funciones y facultades que le otorga la Ley de Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco vigente a partir del veintidós de mayo de dos mil uno, misma que regirá su eventual actuación en caso de que siendo postulado resultara ganador de la elección, se hace evidente que se encuentra en la hipótesis constitucional de impedimento para ser reelecto o electo para el periodo inmediato, pues además de que la ley fundamental lo inhabilita expresamente para ello, de la revisión de las funciones a su cargo se hace patente que dicho servidor público municipal tiene una presencia relevante en la vida del municipio y, desde luego, una influencia notoria sobre los ciudadanos electores, todo lo cual lleva a confirmar que el factor de inhabilitación es el ocupar el cargo y hacer la función de síndico (aun denominado con otro nombre), mas no que dicho puesto sea o no de elección popular.

No escapa a quien esto escribe que uno de los argumentos relevantes que sustentan la tesis de la mayoría es que, según el artículo séptimo transitorio de la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, los ciudadanos que desempeñaran el cargo de síndicos en el periodo constitucional 2000-2003, se les consideraría como servidores públicos de la administración pública municipal y no como integrantes del ayuntamiento, razón por la cual estima que el actor no estaría impedido para ser postulado como candidato a un cargo de elección popular en las próximas elecciones municipales, en virtud de que hasta antes de las reformas constitucionales y legales de dos mil ocurridas en el Estado de Jalisco, el síndico no formaba parte del ayuntamiento y, además, no era un cargo de elección popular directa, sin embargo -con todo respeto-, no comparto la respectiva interpretación de la mayoría que pone énfasis en un criterio orgánico en lugar del criterio funcional previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que, como ya se ha expuesto, la Constitución General de la República, al hacer mención de los cargos que tendrán impedimento para ser reelegidos en forma inmediata, alude expresa y directamente a la persona que ocupe el cargo de síndico, o a aquella que desempeñe tales funciones con independencia de la denominación del puesto, sin hacer referencia alguna a que ese cargo esté o no considerado formalmente como parte integrante del ayuntamiento y sin constreñir tal prohibición a que el cargo de síndico necesariamente fuere de elección popular directa, al ubicar dentro de dicho impedimento, simple y sencillamente, a quien realiza esas funciones.

En ese sentido, cabe destacar también que en el dispositivo constitucional que se analiza se hace mención a que la prohibición de reelección no sólo se circunscribe a los presidentes municipales, regidores y síndicos electos popularmente en forma directa, sino también a aquellas personas que ocupen esos cargos ya sea por elección indirecta, o por nombramiento o designación de alguna autoridad, siendo que en el caso bajo estudio, de acuerdo con la normativa vigente hasta antes de las reformas de dos mil, el síndico del ayuntamiento era nombrado precisamente por el Cabildo a propuesta del Presidente municipal, lo cual colma en sus términos la hipótesis prevista por el constituyente al incluir entre los servidores públicos municipales con impedimento para ser elegidos para un periodo inmediato, a los síndicos elegidos en forma indirecta, por nombramiento o por designación de alguna autoridad.

Al respecto, es decir, en relación con la trascendencia del cargo y la función del síndico municipal, de lo cual deriva evidentemente su ubicación en el impedimento a ser reelegido para un periodo inmediato, cabe destacar que según lo asienta la Enciclopedia Jurídica Mexicana (México, 2002, Editorial Porrúa/Instituto de Investigaciones Jurídicas, Tomo VI, pp. 445 y 446), la figura del síndico municipal no es una figura irrelevante, sino, por el contrario, se trata de una institución de gran raigambre en la historia mexicana y de suma importancia en la organización político-administrativa del municipio en México, ello debido, precisamente, a la relevancia indiscutible de sus funciones, las cuales se hacen consistir, entre otras, en la defensa y procuración de los intereses municipales; la gestión de los asuntos y representación jurídica del cabildo; asesoría legal y, en algunos casos, agente del ministerio público; vigilancia de la hacienda municipal y presidente de la comisión respectiva, entre otras.

Todas estas funciones que, como se ha indicado en la sentencia dictada por la mayoría, ha venido desempeñando el síndico conforme con la normativa del Estado de Jalisco (tanto la anterior Ley Orgánica Municipal, artículos 52 a 54, como la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco en vigor, artículos 52 y 53), son de indiscutible relevancia en la vida municipal, lo cual hace patente, en consideración del suscrito, la presencia e influencia político-electoral que el cargo de síndico municipal conlleva y que, por esa misma razón, lo ubican en la hipótesis constitucional de impedimento para ser reelecto o electo, según el caso, para el periodo inmediato.

Ello es así porque si el hoy actor ocupa el cargo de síndico del Ayuntamiento de Etzatlán, Jalisco, desde el primero de enero de dos mil uno, y, por otra parte, la Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco entró en vigor a partir del veintidós de mayo de dos mil uno, resulta evidente que el enjuiciante ha ocupado el cargo y ha desempeñado plenamente las funciones inherentes al mismo, todas ellas de indiscutible relevancia en la vida municipal, como por ejemplo: representar al Municipio en los contratos que celebre y en todo acto en que sea indispensable su intervención; representar al Municipio en todas las controversias o litigios en que éste sea parte; revisar la situación de rezagos fiscales; cuidar que la recaudación de los impuestos y la aplicación de los gastos se hagan cumpliendo los requisitos legales; conocer de las condonaciones o reducciones de créditos fiscales; asistir a visitas de inspección que se hagan a la oficina encargada de la Hacienda Municipal; intervenir en la formulación y actualización de inventarios, y participar en las comisiones cuando se trate de resoluciones o dictámenes que afecten a todo el Municipio.

Todo lo cual hace patente, como se ha externado anteriormente y en consideración del suscrito, la presencia e influencia político-electoral que el cargo de síndico municipal conlleva y que, por esa misma razón, lo ubican en la hipótesis constitucional de impedimento para ser electo para el periodo inmediato.

Además, tal como ha sido sostenido reiteradamente por la Sala Superior de este órgano jurisdiccional federal, el derecho fundamental de carácter político-electoral a ser votado, previsto en el artículo 35, fracción II, de la Constitución federal, no es un derecho absoluto, ya que está delimitado por el interés general. Ello es así, toda vez que en el artículo 32, párrafo 2, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos se establece que los derechos de cada persona están limitados por las justas exigencias del bien común, o, si se prefiere, por el interés general, en una sociedad democrática; interés general que se traduce, en términos normativos, en el presente caso en el principio constitucional de no reelección o elección, según el caso, para el periodo inmediato, previsto en el artículo 115, fracción I, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

MAGISTRADO PRESIDENTE

 

JOSÉ FERNANDO OJESTO MARTÍNEZ PORCAYO

MAGISTRADO

 

LEONEL CASTILLO GONZÁLEZ

MAGISTRADO

 

JOSÉ LUIS DE LA PEZA

MAGISTRADO

 

ELOY FUENTES CERDA

MAGISTRADO

 

JOSÉ DE JESÚS OROZCO HENRÍQUEZ

MAGISTRADO

 

MAURO MIGUEL REYES ZAPATA

 

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS

 

FLAVIO GALVÁN RIVERA