JUICIOS PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES DEL CIUDADANO

EXPEDIENTE: SUP-JDC-633/2003 Y ACUMULADOS.

ACTORES: RICARDO AMADOR LÓPEZ Y OTROS.

ÓRGANO RESPONSABLE: COMITÉ DIRECTIVO ESTATAL DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL EN VERACRUZ.

MAGISTRADO PONENTE: MAURO MIGUEL REYES ZAPATA

SECRETARIA: AURORA ROJAS BONILLA

México, Distrito Federal, a veintidós de enero de dos mil cuatro.

V I S T O S para resolver los autos del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano SUP-JDC-633/2003, SUP-JDC-634/2003, SUP-JDC-635/2003, SUP-JDC-636/2003 y SUP-JDC-637/2003 promovidos por Ricardo Amador López, Leopoldo Pimentel Ubieta, Ubaldo Huerta García, Sandra Luz Galindo Ramírez y Francisco Arce Zumárraga, respectivamente, en contra de sendas resoluciones emitidas por el Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional en Veracruz el veintiocho de noviembre de dos mil tres, por las que dicho comité desechó los recursos de revocación interpuestos por los propios ciudadanos, en contra de la resolución por la que se determinó la integración de una Delegación Municipal de dicho partido, en sustitución del Comité Directivo Municipal de Veracruz, Veracruz.

R E S U L T A N D O

I. Las cinco demandas de los juicios ya indicados fueron promovidas independientemente por Ricardo Amador López, Leopoldo Pimentel Ubieta, Ubaldo Huerta García, Sandra Luz Galindo Ramírez y Francisco Arce Zumárraga. Tales demandas son esencialmente iguales, sólo cambian en algunos datos de los promoventes; pero se sustentan en idénticos hechos y agravios. Por este motivo la referencia de los antecedentes que a continuación se hace, se relaciona con los cinco escritos iniciales.

Los promoventes refieren que en distintas fechas ingresaron al Comité Directivo Municipal del Partido Acción Nacional en Veracruz, en el que ocuparon los puestos que se especifican en cada demanda.

II. El treinta y uno de octubre de dos mil tres, en su sexagésima tercera sesión, el Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional en Veracruz, determinó sustituir al Comité Directivo Municipal en Veracruz, Veracruz por una Delegación Municipal, al considerar que existían irregularidades graves que impedían el buen funcionamiento de dicho comité directivo.

III. Mediante sendos escritos presentados el doce de noviembre de dos mil tres, los actores interpusieron recursos de revocación en contra del referido acuerdo, ante el Comité Directivo Estatal, en virtud de que, en concepto de los demandantes, se transgredieron los Estatutos y el Reglamento General de Elecciones del partido, al designarse una delegación para sustituir al Comité Directivo Municipal.

IV. En sendas resoluciones de veintiocho de noviembre de dos mil tres, el Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional en Veracruz desechó los recursos de revocación interpuestos por los ahora actores, sobre la base de que la revocación procede solamente para impugnar actos derivados de procedimientos que impliquen sanción de tipo personal que afecte de manera particular a miembros activos del partido y, en el caso, según dicho comité, se sancionó al órgano no a miembros activos.

V. Por escritos presentados el veintitrés de diciembre de dos mil tres, ante el Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional en Veracruz, los ciudadanos Ricardo Amador López, Leopoldo Pimentel Ubieta, Ubaldo Huerta García, Sandra Luz Galindo Ramírez y Francisco Arce Zumárraga, promovieron juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, en contra de las resoluciones de desechamiento.

El Secretario General del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional en Veracruz formó los expedientes respectivos, los tramitó conforme con lo dispuesto en los artículos 17, apartado1, inciso b) y 28, apartado 1, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, y los remitió a esta Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

VI. El veintisiete de diciembre de dos mil tres, se recibió, en la Oficialía de Partes de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la documentación correspondiente compuesta con las cinco demandas de juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, así como documentos en copias certificadas y copias simples, el informe circunstanciado y demás constancias atinentes al trámite que se dio a las citadas demandas.

VII. Por acuerdos de veintinueve de diciembre del año dos mil tres, el presidente de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación turnó los expedientes SUP-JDC-633/2003 y SUP-JDC-637/2003 al magistrado Mauro Miguel Reyes Zapata, el SUP-JDC-634/2003 al magistrado Leonel Castillo González, el SUP-JDC-635/2003 al magistrado José Fernando Ojesto Martínez Porcayo y el SUP-JDC-636/2003 al magistrado José de Jesús Orozco Henríquez. Lo anterior, para los efectos precisados en el artículo 19, párrafo 1, inciso a), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

VIII. Por sendos acuerdos de veintiuno de enero del presente año, los magistrados instructores radicaron los citados expedientes, admitieron a trámite las demandas, y al estar debidamente integrados, declararon cerrada la instrucción, en cada uno de ellos, por lo que los asuntos quedaron en estado de resolución.

C O N S I D E R A N D O

PRIMERO. Esta Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, es competente para conocer y resolver el presente asunto, toda vez que la interpretación gramatical, sistemática y funcional de los artículos 17, 41 fracción IV, y 99, párrafo cuarto, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los artículos 12, apartado 1, inciso b), 79 y 80, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, llevan a la conclusión de que el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, como el que ahora se resuelve, resulta jurídicamente procedente contra actos o resoluciones definitivas de los partidos políticos, que sean susceptibles de vulnerar irreparablemente los derechos político-electorales de sus militantes o de otros ciudadanos vinculados directamente con ellos, cuando no existan medios específicos para conseguir la restitución oportuna y directa de esos derechos, a través de la impugnación de algún acto o resolución concretos de una autoridad electoral.

Este criterio ha sido sostenido por este órgano jurisdiccional en la tesis de jurisprudencia con clave SUP001.3 EL3, con el rubro y contenido siguiente:

"JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES DEL CIUDADANO. PROCEDE CONTRA ACTOS DEFINITIVOS E IRREPARABLES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS.—La interpretación gramatical, sistemática y funcional de los artículos 17; 41, fracción IV, y 99 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los artículos 12, apartado 1, inciso b), 79 y 80, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, llevan a la conclusión de que el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano sí resulta jurídicamente procedente contra actos o resoluciones definitivas de los partidos políticos que sean susceptibles de vulnerar irreparablemente los derechos político-electorales de sus militantes o de otros ciudadanos vinculados directamente con ellos, cuando no existan medios específicos para conseguir la restitución oportuna y directa de esos derechos, a través de la impugnación de algún acto o resolución concretos de una autoridad electoral. Para lo anterior, se tiene en cuenta que el derecho a la jurisdicción previsto en el artículo 17 de la Constitución federal, no establece excepción respecto de los conflictos que puedan presentarse en un partido político, con motivo de la aplicación e interpretación de su normatividad interna, además de que existen leyes internacionales suscritas por México, que contienen la obligación del Estado de establecer medios accesibles para la defensa de los derechos humanos, entre los que se incluyen los derechos político-electorales del ciudadano, en tanto que el artículo 41, fracción IV, constitucional, determina que una de las finalidades del sistema de medios de impugnación en materia electoral, consiste en garantizar los derechos políticos de votar, ser votado y asociación, sin limitar esa protección respecto de los actos de los partidos políticos lo que se corrobora con los trabajos del proceso legislativo, que evidencian el propósito de crear un sistema integral de justicia electoral, para ejercer control jurisdiccional sobre todos los actos electorales; en ese mismo sentido, el párrafo cuarto del artículo 99 constitucional, al establecer la jurisdicción del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en las fracciones de la I a la IV, menciona como objeto de impugnación sólo actos de autoridad, pero al referirse al juicio para la protección de los derechos político-electorales en la fracción V, dispone su procedencia para impugnar actos o resoluciones que violen los derechos ya citados, lo que conduce a concluir que también quedan incluidos los actos de entidades colocadas en una relación preponderante frente a los ciudadanos en lo individual que les permita o facilite conculcar los derechos de éstos, como es el caso de los partidos políticos, posición que asume la legislación secundaria, pues el artículo 79 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral tampoco limita la impugnación en dicho juicio a actos de autoridad, en tanto que el artículo 80 sólo contiene una relación enunciativa y no taxativa de algunos supuestos de procedencia de este juicio. En el artículo 12, apartado 1, inciso b), de este mismo ordenamiento, destinado a establecer los sujetos pasivos de los medios de impugnación en materia electoral, menciona a los partidos políticos, enunciado que necesariamente debe surtir efectos jurídicos, conforme al postulado del legislador racional, por no existir elementos contundentes para justificar que se trata de un descuido del legislador, y en cambio, sí existen elementos, como los ya referidos, para sostener lo contrario. Esta interpretación resulta más funcional que aquella en la que se sostuvo que la protección de los derechos citados en el caso de referencia, debía realizarse a través del procedimiento administrativo sancionador establecido en el artículo 270 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, porque éste juicio es un medio más sencillo y eficaz para lograr la restitución. Todo lo anterior permite afirmar que de mantener el criterio anterior, se reduciría sin justificación la garantía constitucional prevista para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, dejando una laguna, y se estaría distinguiendo donde el legislador no lo hace, lo que además implicaría que las resoluciones de los partidos políticos al dirimir este tipo de conflictos, serían definitivas e inatacables, calidad que en materia electoral únicamente corresponde a las del Tribunal Electoral, lo anterior, sobre la base de que el criterio aceptado es que se deben agotar las instancias internas de los partidos, antes de acudir a la jurisdicción estatal. Finalmente, no constituye obstáculo, el hecho de que en la legislación falten algunas disposiciones expresas y directas para tramitar y sustanciar los juicios en los que el partido político sea sujeto pasivo, pues los existentes se pueden ajustar conforme a los principios generales del derecho procesal.

Tercera Época:

Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. SUP-JDC-084/2003.—Serafín López Amador.—28 de marzo de 2003.—Mayoría de cinco votos.—Disidentes: Eloy Fuentes Cerda y Alfonsina Berta Navarro Hidalgo.

Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. SUP-JDC-092/2003.—J. Jesús Gaytán González.—28 de marzo de 2003.—Mayoría de cinco votos.—Disidentes: Eloy Fuentes Cerda y Alfonsina Berta Navarro Hidalgo.

Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. SUP-JDC-109/2003.—José Cruz Bautista López.—10 de abril de 2003.—Mayoría de cinco votos.—Disidentes: Eloy Fuentes Cerda y Alfonsina Berta Navarro Hidalgo.

De ahí que, al resultar procedente el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano en el supuesto de que se trata, se surta la competencia de esta Sala Superior para conocer del juicio, en términos además de los artículos 186, fracción III, inciso c), y 189, fracción I, inciso f), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y 83, párrafo 1, inciso b), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

SEGUNDO. Este órgano jurisdiccional advierte la existencia de conexidad entre los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano identificados con las claves SUP-JDC-633/2003, SUP-JDC-634/2003, SUP-JDC-635/2003, SUP-JDC-636/2003 y SUP-JDC-637/2003, que promueven, en su orden, Ricardo Amador López, Leopoldo Pimentel Ubieta, Ubaldo Huerta García, Sandra Luz Galindo Ramírez y Francisco Arce Zumárraga, por su propio derecho, en virtud de que tales juicios se relacionan con el mismo tema en los actos impugnados (desechamiento del recurso de revocación interpuesto en contra de la determinación de integración de una Delegación Municipal en sustitución del Comité Directivo Municipal del Partido Acción Nacional de Veracruz, Veracruz), el órgano señalado como responsable es el mismo también; además, en todos las demandas existe la misma pretensión, esto es, igual petición y causa de pedir. En tales condiciones, al existir identidad en el tema de los actos reclamados, en la autoridad emisora de tales actos, en la petición y causa de pedir, con fundamento en los artículos 199, fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 31 y 83, párrafo 1, inciso a), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; así como los numerales 73, fracción VI, del Reglamento Interno del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, procede decretar la acumulación de los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano SUP-JDC-634/2003, SUP-JDC-635/2003, SUP-JDC-636/2003 y SUP-JDC-637/2003 al diverso SUP-JDC-633/2003, por ser este último el más antiguo en su número, con la exclusiva finalidad de que sean decididos de manera conjunta para facilitar su pronta y expedita resolución y prevenir que se emitan decisiones contradictorias.

En consecuencia, glósese copia certificada de la presente sentencia en los expedientes SUP-JDC-634/2003, SUP-JDC-635/2003, SUP-JDC-636/2003 y SUP-JDC-637/2003.

TERCERO. La resolución reclamada en el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano SUP-JDC-633/2003 se sustenta en lo que enseguida se transcribe, en el entendido de que las consideraciones de las otras resoluciones impugnadas son substancialmente iguales.

"Estando presentes en la ciudad de Xalapa, Veracruz, en la sesión sexagésima cuarta del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional de Veracruz, en veintiocho de noviembre de dos mil tres, el suscrito Gerardo Nieto Casas, secretario General del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional de Veracruz, y con las facultades que me confiere el artículo 32, inciso e), del Reglamento de los Órganos Estatales y Municipales del Partido Acción Nacional, presento dictamen a este Comité del proyecto de desechamiento del recurso de revocación promovido por el C. Ricardo Amador López, al tenor de lo siguiente:

Que con fecha catorce de noviembre del presente año el C. Ricardo Amador López, presentó recurso de revocación inconformándose por la privación del cargo de Secretario General Adjunto y de Capacitación del Comité Directivo Municipal de Veracruz del Partido Acción Nacional, derivado de la sustitución del Comité Directivo Municipal de Veracruz a delegación, que acordara este Comité Directivo Estatal, en el cual dice el inconforme: "deduzco la privación de cargo o comisión de Secretario General Adjunto y de Capacitación del Comité Directivo Municipal del Partido Acción Nacional acordado por ese Comité Directivo Estatal".

Que somos competentes para conocer del presente asunto, toda vez que en términos de lo que establece el artículo 85, fracción XVI, de los estatutos vigentes, el Comité Directivo Estatal atenderá y resolverá todos los asuntos municipales que le sean puestos a su consideración.

Que es improcedente la acción planteada por el recurrente, toda vez que de acuerdo a los artículos 14, segundo párrafo, y 79 de los estatutos; 1, 14 y demás relativos del reglamento sobre aplicación de sanciones, este recurso sólo procede para impugnar actos derivados de procedimientos de sanción, seguidos en lo particular contra miembros activos, lo que implica una sanción de tipo personal, que no es el caso, porque se siguió el procedimiento para la sustitución de comité municipal a delegación, normando la competencia y el procedimiento, los artículos 85, fracciones I y XVI y 92, párrafo segundo, de los estatutos y los artículos 30, inciso d), y q), 78, primer párrafo, 81 y 83 del Reglamento de los Órganos Estatales y Municipales; por lo tanto, como se trata de un procedimiento en que se sancionó al órgano, no al miembro activo, resulta infundado y equivocado lo planteado por la recurrente, y se propone que sea desechada dicha revocación por ser inconducente".

CUARTO. Los agravios formulados por el actor Ricardo Amador López, son los que a continuación se transcriben, en el entendido que los agravios expuestos por Leopoldo Pimentel Ubieta, Ubaldo Huerta García, Sandra Luz Galindo Ramírez y Francisco Arce Zumárraga son sustancialmente iguales, sólo cambian en algunos datos de los actores, como por ejemplo, el cargo que desempeñaban en el Comité Directivo Municipal del Partido Acción Nacional en Veracruz, Veracruz.

"Primer Agravio. El acto que impugno consistente en la sustitución ilegal del Comité Municipal del Municipio de Veracruz y, en consecuencia, la privación de mi cargo como Secretario de General Adjunto y de Capacitación de dicho comité resulta ilegal por las siguientes razones:

El artículo 38 con relación al artículo 27 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, establecen la obligación de los partidos políticos de ajustar su conducta a las normas contenidas en sus estatutos.

Por otra parte, el artículo 36, fracción X, del Código Electoral del Estado de Veracruz-Llave, establece la obligación de los partidos políticos de ajustar su conducta a los lineamientos establecidos en sus estatutos.

Asimismo, el artículo 90 de los Estatutos del Partido Acción Nacional establece, que los comités municipales son los órganos del partido, responsables directos de promover las actividades dentro de su jurisdicción y se señalan las atribuciones con las que cuentan.

En la misma lógica, el artículo 92 de los propios estatutos, establece en su párrafo segundo, que en tanto no funcione en algún municipio el comité municipal, el Comité Directivo Estatal designará una delegación que tendrá las mismas facultades que corresponden a los Comités Directivos Municipales.

Por último, el artículo 81 del Reglamento de los Órganos Estatales y Municipales del Partido Acción Nacional establece, el procedimiento para que un comité municipal, sea sustituido por una delegación municipal el cual consiste en:

En sesión del Comité Directivo Estatal el Secretario General presentará un dictamen basado en un diagnóstico realizado por la Secretaría de Organización sobre el estado que guarda el partido y el comité municipal;

Analizado por el Comité Directivo Estatal, por mayoría de votos determinará la aplicación del artículo 92 de los estatutos, es decir, determinará la sustitución del comité por la delegación.

En el caso que nos ocupa, el Comité Directivo Estatal Partido Acción Nacional determinó, de manera unilateral, la sustitución del Comité Directivo Municipal, violando todo precepto tanto legal como estatutario, por las siguientes razones:

Los estatutos del partido establecen que el caso de sustitución de un comité municipal por una delegación, solamente procede en el caso que el comité no funcione de manera regular y, en el caso que nos ocupa, el comité municipal del partido venía funcionando de manera regular, por lo cual la sustitución por una delegación viola los estatutos y el reglamento de los órganos estatales y municipales del Partido Acción Nacional.

Para acreditar lo anterior, de la lectura del artículo 90 de los estatutos del partido, en sendas fracciones se establecen las atribuciones y funciones que debe hacer el comité municipal, por lo que al existir documentos en los que se acredita el funcionamiento regular y eficiente del comité, no hay razón ni de hecho ni de derecho para que pudiese operar la sustitución en los términos ilegales en los que se hizo.

Por razón de método, analizaremos algunas de las fracciones del mencionado artículo 90 de los estatutos conforme al cumplimiento y funcionamiento regular que ha tenido el comité municipal:

La fracción I del artículo 90 establece la obligación del comité de vigilar la observancia por parte de los subcomités y miembros del partido, y la fracción X establece la facultad para acordar las amonestaciones pertinentes, en este sentido, se acompaña al presente escrito diversos documentos en los que el comité municipal, en cumplimiento a esta obligación sancionó a diversos militantes por violación a este precepto;

La fracción II del artículo 90 de los estatutos establece como obligación del comité, el promover el cumplimiento de los acuerdos de las asambleas nacionales estatales y municipales, en este sentido se acompañan a la presente demanda diversos documentos en los que se acredita dicho cumplimiento, tales como diversas publicaciones en las que se narra la celebración de asambleas del comité y cumplimiento de estas actividades;

La fracción III del artículo 90 establece, la obligación de convocar cada año a asamblea municipal ordinaria para presentar informes de actividades, por lo cual se anexan tanto las convocatorias respectivas como los informes de actividades rendidos en dichas asambleas de Comité Directivo Municipal.

La fracción IV establece la obligación de nombrar a Secretario General, dicha designación consta en el acta de instalación del comité municipal del quince de enero de dos mil uno y posteriormente esta misma fue validada por el Comité Directivo Estatal del partido mediante comunicado de fecha quince de enero de dos mil uno, signado por el C. Víctor Palacios Sosa, Secretario General del Comité Directivo Estatal.

La fracción V no aplica en el presente período, toda vez que no fue necesario sustituir a nadie.

La fracción VI se cumplió en virtud de que los programas y actividades específicas de Acción Nacional dentro de nuestra jurisdicción se materializó con el curso "Tejido Social", "Brigadas de Básicos" y "Jornada Comunitaria" aprobadas mediante actas; actividades llevadas a cabo, como se demuestra con el oficio de fecha diecisiete de septiembre del dos mil dos, marcada con el inciso o) de la documental marcada como segunda.

La fracción VII se llevó a cabo mediante el envío en el término requerido, de sendos oficios relativos al estado que guarda el Comité Directivo Municipal del Partido Acción Nacional en Veracruz-Puerto, las cuentas de ingresos y egresos, así como el padrón de miembros activos indicando, quiénes no forman parte del mismo, que en el caso particular fueron tres defunciones y una expulsión, mismas que mediante oficio se notificaron al Comité Directivo Estatal.

La fracción VIII establece la obligación de mantener actualizado el padrón de afiliados. Dicha obligación se acredita con las copias de padrón de afiliados que se acompaña.

La fracción IX del artículo 90 establece la obligación de aprobar la admisión de miembros activos, tal y como se desprende del oficio número A-036/03 signado por el Ingeniero Miguel Sosa Hernández, Secretario de Afiliación del Comité Directivo Municipal, en donde envía solicitudes de afiliación como miembros activos y miembros adherentes del partido al Director de Afiliación del Comité Directivo Estatal.

La fracción X; respecto de este punto se realizaron seis amonestaciones y se turnaron a la Comisión de Orden Estatal seis procesos de sanción, como consta en las pruebas que se ofrecen dentro del capitulo respectivo de este escrito.

La fracción XI se reservó para el Comité Directivo Estatal, quien acreditó dichos representantes del partido ante los órganos electorales.

La fracción XII; producto de dicho acuerdo se designó por parte del Comité Directivo Municipal del Partido Acción Nacional en Veracruz-Puerto, una dama y un caballero para las diputaciones plurinominales como se demuestra con el acta de la asamblea y convención municipal, celebrada el día veintitrés de febrero del dos mil tres visible bajo el inciso d). De la probanza marcada como primera.

La fracción XIII; tales mecanismos fueron de manera muy relevante; la municipalización de los servicios públicos de agua y alcantarillado así como tránsito que en campaña se mencionó y en la presente administración se llevó a cabo, quedando sólo pendiente el servicio de seguridad pública; como se demuestra con los convenios de transferencia respectiva.

La fracción XIV se cumplió cabalmente al constituir y coordinar los subcomités municipales en los términos precisos en los estatutos y reglamentos del Partido Acción Nacional, según acta de la sesión extraordinaria número cuarenta y tres del Comité Directivo Municipal celebrada el quince de octubre del dos mil dos en donde se aprobó la delimitación territorial de los subcomités municipales de Veracruz, con catorce fojas útiles, y que se ofrece como prueba marcada como tercera en capítulo respectivo en este escrito.

La fracción XV se llevó a cabo al desarrollar y coordinar la formación y capacitación cívico política y de doctrina entre los miembros del Partido Acción Nacional en el Municipio de Veracruz-Puerto, como se demuestra en el capítulo de pruebas respectivos.

La fracción XVI; a través de cuatrocientos setenta carnets de miembros se logró llevar puntual seguimiento del registro de obligaciones.

Como podemos observar, el funcionamiento regular y el cumplimiento a las obligaciones establecidos en los estatutos han sido satisfechas, por lo que resulta improcedente e ilegal que el comité directivo haya suprimido a la figura del Comité Directivo Municipal por una delegación, y con ello, privarme de manera indirecta del cargo que venía ejerciendo y además con todo ello, violando mi derecho político electoral libre asociación y participación política.

Por otra parte, el propio Comité Directivo Estatal en sendos oficios dirigidos al comité municipal, reconoce la existencia y funcionamiento regular del mismo, ya que en el registro de estructura municipales de la Dirección de Organización del Comité Directivo Estatal, se tiene registrado al Comité Directivo Municipal, además que es el propio Comité Directivo Estatal quien a través de las diversas comunicaciones y solicitudes de información al Comité Directivo Municipal reconoce el funcionamiento regular del propio comité, pues con fecha diez de septiembre de dos mil tres, solicita el Secretario General del Comité Directivo Estatal se adelante la fecha de la convocatoria para la celebración de la asamblea para la renovación del comité municipal y, por otra parte en sesión del veintinueve de septiembre de este mismo año, es el propio Secretario General del partido quien comunica la fecha aprobada para la celebración de la asamblea municipal en diversos municipios incluidos el de Veracruz, luego entonces, si los propios órganos estatales del partido han dado reconocimiento a la existencia y funcionamiento regular del comité municipal, cómo ahora niegan la regularidad del comité y lo suprimen por una delegación en detrimento de mis derechos político electorales.

Por todo lo anterior, el acto que impugno es violatorio como lo he mencionado, de mis derechos político electorales en particular del derecho de libertad de asociación y participación política.

Segundo Agravio. La violación de mis derechos político electorales de la que fui objeto es ilegal y viola estatutos, toda vez que en ningún momento se me otorgó garantía de audiencia durante el procedimiento de sustitución del comité por la delegación, pues no se me dio oportunidad, ni defensiva ni probatoria, para aportar elementos tendentes para acreditar el funcionamiento regular del Comité Directivo Municipal del Partido Acción Nacional en Veracruz.

Por otra parte, el procedimiento estatutario también fue violentado, toda vez que en ningún momento se realizó el diagnóstico respectivo que establece el inciso a), del artículo 81 del Reglamento de Órganos Estatales y Municipales del Partido Acción Nacional, con base en el cual se funda la decisión de sustituir el comité por la delegación, razón por la cual se violaron mis derechos político electorales de libre asociación y participación política, pues al haber sido destituido de manera indirecta de mi cargo a través de la sustitución del comité municipal por una delegación y ese procedimiento se apartó de lo marcado por la normatividad interna del partido, hacen de manera directa que se vulneren en mi perjuicio los derechos político electorales aludidos.

A mayor abundamiento, al tratar de remediar la lesión jurídica, se promovió recurso de revocación en contra de la privación del cargo, con la finalidad indirecta de anular el acto por el cual se suprimía el Comité Directivo Municipal, toda vez que en contra de esa decisión no procedía recurso alguno, pues en este sentido los estatutos del partido son omisos, es decir, violan de manera flagrante el artículo 14, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sin embargo, con el ánimo de agotar el principio de definitividad procesal electoral, establecida en la jurisprudencia citada en el apartado de procedencia de la vía, es que se promovió el mencionado recurso de revocación. No obstante lo anterior, dicho medio de defensa no fue analizado en el fondo en virtud de que de manera ilegal y por demás artera, se argumentó de manera verbal que no se causaba perjuicio alguno a mi persona toda vez que se trataba de actos de cambio de estructuras conforme a la normatividad estatutaria.

No es óbice lo anterior, mencionar que el recurso de revocación es procedente en contra de procedimientos de sanción; sin embargo, el Comité Directivo Estatal aduce la improcedencia y, por ende, el desechamiento del recurso de revocación, por no tratarse de una sanción impuesta al suscrito sino que se trata de una sanción al órgano municipal, luego entonces, si se trata de una sanción al órgano municipal del cual formo parte y como consecuencia de ello se sustituye por delegación y se priva de los cargos a los actuales miembros del comité municipal como consecuencia lógica y natural, es entonces más ilegal aún. Tal y como puede escucharse en la grabación de la sesión del Comité Directivo Estatal, cuya versión estenográfica nos ha sido negada su entrega, sin embargo, al haber estado presente en ella uno de los miembros del comité y haberla grabado, es que contamos con la grabación respectiva, y al tratar este asunto se dice:

‘Que es improcedente la acción planteada por el recurrente toda vez que los artículos 14, segundo párrafo y 79 de los estatutos, primero y 14 y demás relativos para aplicación de sanciones, este recurso sólo procede para impugnar casos derivados de procedimientos de sanción cometidos en lo particular contra miembros activos y especifica una sanción de tipo personal que no es el caso porque se siguió el procedimiento para la sustitución de comité municipal a delegación, turnando la competencia de procedimiento a los artículos 85, fracciones primera, décimo sexta y 92, párrafo segundo de los estatutos y los artículos 30, incisos d) y q), 68, primer párrafo, 8I y 83 del Reglamento de Órganos Estatales y Municipales, por lo tanto como se trata de un procedimiento en el que se sancionó al órgano no al miembro activo, resulta infundado y equivocado lo planteado por la recurrente y se propone que sea desechada dicha revocación pues es inconsistente. Contador Público Gerardo Nieto Casas, Secretario General del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional de Veracruz. En el mismo sentido son las respuestas a: Ubaldo Huerta García, Julen Rementería del Puerto’.

Como puede observarse, claramente, el Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional reconoce que se trata de un procedimiento "sancionatorio" sin sustento legal alguno, pues incluso la figura de delegación no se prevé en los estatutos como "sanción a un órgano" sino como un mecanismo para que las estructuras del partido funcionen de manera adecuada.

Por otra parte, debe mencionarse que es de explorado derecho que los órganos son operados por personas físicas, de manera que si se trata de sancionar a un órgano y, por ende, sustituirlo por otro, lo que en el fondo se está haciendo de manera indirecta es sancionar a los funcionarios que encarnan y despliegan las funciones de los órganos, por lo que en el caso que nos ocupa, de manera dolosa y mañosa el partido desecha la impugnación cuando en el fondo acepta que se trata de una sanción y no de un procedimiento apegado a los estatutos del partido, ocasionando la lesión jurídica que hoy reclamo sea reparada a través de esta vía.

A mayor abundamiento, en tratándose de Derecho Público, es bien sabido que los órganos del estado son personas morales o entes jurídicos que actúan dentro del marco de su ámbito competencial, lo que equivale en la doctrina constitucional a la "voluntad jurídica" del órgano del estado y, por otra parte, estos órganos actúan o despliegan su actividad a través de los funcionarios que lo encarnan. De esta manera, estas reglas se aplican de igual forma a los partidos políticos, que son entidades de interés público, por lo que en el caso que nos ocupa, el partido político, al citar que se trata de "una sanción al órgano" y por esa razón se cambia un comité por una delegación, lo que realmente está haciendo es sancionar a los miembros que encarnan al propio comité y destituyéndolos con un procedimiento que no es el idóneo pues se viola de manera flagrante toda garantía de audiencia, escudándose en el cambio de figura o de naturaleza jurídica y dejando en estado de total indefensión a los miembros del comité, por lo cual se justifica y robustece la ruta jurídica emprendida por el suscrito de impugnar la resolución a través del medio de impugnación idóneo para resarcir las sanciones que se imponen a los miembros del partido, sin embargo, el Partido Acción Nacional, aunque reconoce que el acto tiene un carácter sancionatorio, para eludir la responsabilidad habla solamente de "órgano" como sujeto de responsabilidad pero desvinculándolo de los funcionarios que integramos el propio órgano. Así de esta manera, sanciona realmente a los funcionarios involucrados pero argumentando el pretexto que no se actúa en contra de ellos sino en contra de una creación del derecho, es decir, una persona moral o, en este caso, un órgano del partido el cual por sí sería incapaz de actuar de no ser por lo funcionarios.

De esta manera se acredita plenamente la violación de estatutos y normas legales en que incurrió el Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional y los extremos para que la acción intentada sea procedente".

QUINTO. La lectura integral de los escritos de demanda de los presentes juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano conduce a estimar, que los ahora actores formulan los siguientes agravios:

A. Los enjuiciantes aducen que les causa perjuicio la sustitución ilegal del Comité Directivo Municipal del Partido Acción Nacional en el Municipio de Veracruz y, en consecuencia, la privación de sus cargos como miembros de dicho comité directivo. Ello es así, sostienen los actores, en virtud de que el Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional determinó, de manera unilateral, la sustitución del Comité Directivo Municipal, con infracción a los artículos 27 y 38 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; 36, fracción X, del Código Electoral del Estado de Veracruz-Llave, 90 y 92 de los Estatutos del Partido Acción Nacional, y 81 del Reglamento de los Órganos Estatales y Municipales del Partido Acción Nacional.

B. Los actores argumentan que les causa perjuicio la resolución dictada por el Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional, en la que desechó los respectivos recursos de revocación, sobre la base de que la sustitución impugnada no constituía una sanción impuesta en lo personal, sino que, según el órgano intrapartidario, se trataba de una sanción al órgano municipal. En concepto de los demandantes, lo anterior es ilegal, en virtud de que con la sustitución indicada, lo que realmente está haciendo el Comité Directivo Estatal es sancionar a los miembros del comité municipal, al destituirlos con un procedimiento que no es el idóneo.

Para el estudio de los agravios antes sintetizados, esta Sala Superior estima pertinente abordar, en primer término, el agravio identificado en el apartado B, ya que la cuestión a dilucidar en el presente juicio consiste en determinar, si el desechamiento del recurso de revocación interpuesto por los hoy actores se encuentra o no ajustado a derecho.

Este agravio es sustancialmente fundado, por las razones jurídicas que se mencionan a continuación.

Es criterio reiterado de esta Sala Superior que los medios de defensa que los partidos políticos tienen obligación de incluir en sus estatutos, conforme con lo establecido en el artículo 27, apartado 1, inciso g), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, se deben agotar, a fin de satisfacer el principio de definitividad establecido en el artículo 10, párrafo 1, inciso d), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, y, de esa manera, una vez que se hayan presentado todos y cada uno de los recursos internos partidarios, sin que se hubiere dado satisfacción a las pretensiones del militante disconforme, estar en condiciones de acceder a los medios de defensa creados y regulados en la legislación electoral federal que sean procedentes.

Por ello, la finalidad de la existencia de recursos, mediante los cuales se pueden impugnar actos de órganos partidistas, es preservar los derechos de los militantes como tales, como integrantes de alguno de los órganos del partido o en el desempeño de una comisión, a fin de que sólo sean sancionados cuando se den las hipótesis previstas en la normatividad y después de seguir el procedimiento atinente.

En el caso bajo estudio, es claro que el recurso de revocación establecido en los artículos 14, párrafo segundo, de los Estatutos del Partido Acción Nacional, y 26 del Reglamento sobre Aplicación de Sanciones del propio instituto político, resulta procedente para impugnar la separación del cargo de los miembros del Comité Directivo Municipal del Partido Acción Nacional en Veracruz, Veracruz, pues si bien lo ordinario es que las sanciones se impongan después de sustanciado el procedimiento idóneo para la aplicación de sanciones de manera individual, tal situación no excluye la posibilidad de que de hecho, con motivo de la sustanciación de un procedimiento distinto al sancionatorio, se llegue a determinar también, la imposición de una sanción que tenga como consecuencia la separación del cargo, en el que se pueden violar los derechos de los miembros del órgano; por tanto, es indudable que el recurso de revocación es adecuado para preservar los valores tutelados con el objeto de que se revise si la sustitución del comité del que eran integrantes los actores, se realizó conforme con el procedimiento estatutario y si la consecuente separación de sus cargos estuvo o no apegada a dicha normativa, con base en los agravios que se hayan planteado.

A efecto de tener claridad sobre el marco jurídico intrapartidario que sirve de referencia al caso bajo estudio, se transcriben las siguientes disposiciones:

Estatutos del Partido Acción Nacional

"Artículo 10. Los miembros activos tienen los siguientes derechos y obligaciones, en los términos de estos Estatutos y los reglamentos correspondientes.

I. Derechos:

...

b. Participar en el gobierno del Partido desempeñando cargos en sus órganos directivos, que no podrán ser más de tres por elección en un mismo momento;

...

e. Los demás que establezcan estos Estatutos y los Reglamentos.

Artículo 11. Los miembros del Partido formarán parte de la organización básica, que funcionará de acuerdo con lo establecido en estos Estatutos y los reglamentos correspondientes.

Artículo 13. En los casos de indisciplina, incumplimiento de sus cargos o infracción de estos Estatutos y de los reglamentos, los miembros activos del Partido podrán ser sancionados con amonestación, privación del cargo o comisión del Partido que desempeñen, cancelación de la precandidatura o candidatura, suspensión en sus derechos, inhabilitación o exclusión del Partido, conforme a las siguientes disposiciones:

...

II. La privación de cargo o comisión partidistas se acordará en los casos de incumplimiento de las tareas propias del cargo o comisión;

Artículo 14. Los Comités Ejecutivo Nacional, Directivos Estatales o Municipales, así como sus Presidentes, podrán amonestar a los miembros activos conforme a lo previsto en la fracción I del artículo anterior. Contra la amonestación sólo procederá el recurso de revocación ante el propio Comité o el Presidente del Comité que la haya acordado, dentro de diez días hábiles contados a partir del día siguiente de la notificación.

La privación de cargo o comisión del Partido será acordada por los Comités Ejecutivo Nacional, Directivos Estatales o Municipales y surtirá efectos de manera inmediata. Contra dichos acuerdos procederá el recurso de revocación que se promoverá ante el mismo órgano, dentro de los diez días hábiles contados a partir del día siguiente a la notificación, respetándose el derecho de audiencia.

La cancelación de la precandidatura o candidatura será acordada por el Comité Ejecutivo Nacional o por el Comité Directivo Estatal respectivo, en los términos del Reglamento. En todos los casos deberá respetarse el derecho de audiencia.

La suspensión de uno o varios derechos, que no podrá exceder de tres años en ningún caso, así como la inhabilitación para ser dirigente o candidato, que no podrá ser menor a tres años ni exceder de doce, y la exclusión, serán acordadas por las Comisiones de Orden de los Consejos de cada entidad federativa, a solicitud del Comité Directivo Municipal o Estatal respectivo o del Comité Ejecutivo Nacional. En ningún caso se podrá solicitar la sanción después de transcurridos 365 días naturales contados a partir del día en que ocurrió la falta o de que se tenga conocimiento de la misma.

Las resoluciones acordadas por las Comisiones de Orden de los Consejos Estatales podrán reclamarse por escrito ante la Comisión de Orden del Consejo Nacional, por cualquiera de las partes, en un plazo de diez días hábiles contados a partir del día siguiente de la notificación.

Tratándose de miembros del Consejo Nacional o del Comité Ejecutivo Nacional, así como de Presidentes de Comités Directivos Estatales llamados a un procedimiento de sanción por la Comisión de Orden del Consejo Estatal respectivo, podrán solicitar, al inicio del procedimiento, que se turne el caso a la Comisión de Orden del Consejo Nacional que conocerá en única instancia.

En el caso de que miembros activos cometan infracciones en una entidad federativa distinta a la suya, será competente para imponer la sanción respectiva la Comisión de Orden del lugar donde se cometió la falta, a petición de los Comités Directivos de la entidad afectada.

Artículo 72. Los Comités Directivos Estatales organizarán y vigilarán el funcionamiento de los Comités Directivos Municipales y éstos, a su vez, el de los subcomités municipales, organizados en secciones electorales, necesarios o convenientes para asegurar la eficacia del Partido en sus respectivas jurisdicciones.

Artículo 89. Los Comités Directivos Municipales se integrarán por:

a. El Presidente del Comité;

b. El Coordinador de Regidores si es miembro del Partido;

c. La titular de Promoción Política de la Mujer;

d. El o la titular de Acción Juvenil, y

e. No menos de cinco ni más de veinte miembros activos electos por la Asamblea Municipal.

El Presidente del Comité Directivo Municipal y los demás miembros electos por la Asamblea Municipal deberán ser ratificados por el Comité Directivo Estatal.

Los miembros de los Comités Directivos Municipales serán nombrados por períodos de tres años, pero continuarán en funciones hasta que tomen posesión de sus puestos quienes hayan sido designados para sustituirlos.

Artículo 92. En circunstancias transitorias que lo ameriten y para lograr la estructuración y el funcionamiento normales del Comité Directivo y del Consejo Estatal correspondientes a una entidad federativa, el Comité Ejecutivo Nacional designará una Delegación que sustituya al Comité Estatal y que tendrá las funciones que corresponden al mismo.

En tanto que en algún municipio no funcione regularmente el Comité correspondiente, el Comité Directivo Estatal o su equivalente en el Distrito Federal designará una Delegación que tendrá las mismas facultades que corresponden a los Comités Directivos Municipales.

La representación de estos órganos, para todos los efectos legales, corresponderá a los Presidentes de las respectivas Delegaciones durante su encargo.

Las Delegaciones Estatales y Municipales que se establezcan en los términos de este artículo, tomarán las medidas conducentes para la organización y el funcionamiento de los cuadros básicos del Partido en las entidades o municipios del caso, conforme a lo previsto en estos Estatutos y los reglamentos aplicables".

Reglamento sobre Aplicación de Sanciones

"Artículo 1. Las sanciones que se podrán aplicar a los miembros activos del partido por indisciplina, incumplimiento de su cargo o violación de los Estatutos Generales del Partido Acción Nacional y de sus Reglamentos, son:

a) Amonestación.

b) La privación del cargo o comisión partidista.

c) La suspensión de derechos.

d) La exclusión.

Dichas sanciones serán aplicadas por las autoridades que señala el artículo 14 de los Estatutos Generales del Partido Acción Nacional, conforme al procedimiento establecido en dicho ordenamiento y en el presente Reglamento.

Artículo 26. Los miembros activos, y en su caso los Comités Nacional y Directivos Estatales y Municipales, podrán interponer el recurso de revocación para los casos de amonestación o privación de cargo o comisión partidista y el recurso de reclamación, en los casos de suspensión o exclusión. La interposición del recurso no suspende los efectos de la resolución recurrida.

Artículo 28. El recurso de revocación se promoverá ante el mismo órgano o, en su caso, ante el presidente del Comité que hubiese acordado la sanción para que lo someta al propio Comité. El término para la interposición de este recurso es de diez días hábiles, contados a partir del día siguiente de la notificación. La autoridad deberá resolver dentro de los 20 días hábiles siguientes al de su presentación (artículo 14 E)".

En primer lugar, de la intelección de lo dispuesto en el artículo 14, párrafo segundo, de los Estatutos del Partido Acción Nacional, así como 26 y 28 del Reglamento sobre aplicación de sanciones del propio instituto político antes transcritos, se desprende lo siguiente:

El recurso de revocación es procedente para combatir las siguientes determinaciones:

a) Amonestación a los miembros activos del Partido Acción Nacional.

b) Amonestación a los Comités Nacional, Directivos Estatales y Municipales del propio partido político.

c) Privación de algún cargo o comisión partidista de los miembros activos del Partidos Acción Nacional, y

d) Remoción de los Comités Nacional, Directivos Estatales y Municipales del propio partido político, para continuar con el ejercicio de sus funciones

De acuerdo con dicha normativa interna, los sujetos legitimados para interponer el recurso de revocación, en los supuestos anteriores, son los siguientes:

a) Los miembros activos del Partido Acción Nacional y,

b) Los funcionarios partidistas integrantes de los Comités Nacional, Directivos Estatales y Municipales del propio instituto político.

Sentado lo anterior, en el presente caso, el acto intrapartidario impugnado originalmente consistió, en la remoción del Comité Directivo Municipal del Partido Acción Nacional en Veracruz, Veracruz, para ser sustituido por una Delegación Municipal, lo cual se tradujo en una privación del cargo de los integrantes de dicho cuerpo colegiado, que ocupaban los ahora actores.

En efecto, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 10, fracción I, inciso b), de los Estatutos del Partido Acción Nacional, los miembros activos tienen, entre otros derechos, participar en el gobierno de ese instituto político, a través del desempeño de cargos en sus órganos directivos.

En ese sentido, cualquier afectación a ese derecho político de asociación, en su vertiente de afiliación política, debe realizarse de acuerdo con las normas que rigen la vida interna del Partido Acción Nacional y, en caso contrario, deben existir medios de defensa tendentes a remediar cualquier violación que se hubiere cometido.

Al respecto, la separación del cargo de un miembro de un Comité Directivo Municipal del Partido Acción Nacional puede ocurrir por cualquiera de las siguientes causas: a) Cuando en términos del reglamento sobre aplicación de sanciones, se instaura un procedimiento sancionador en contra de un miembro activo y se determina la remoción del cargo, y b) En el caso de que un Comité Directivo Estatal designe una Delegación Municipal que sustituya al Comité Directivo Municipal, cuando en algún municipio no funcione regularmente. En ambos casos, la consecuencia jurídica para los miembros activos del Partido Acción Nacional se traduce en la afectación de un derecho como militante, pues se les separa de un cargo partidario.

Por ello, para revisar la legalidad o ilegalidad de tal separación, de acuerdo con las normas que rigen la vida interna del Partido Acción Nacional, se estableció el recurso de revocación.

En efecto, en atención a los supuestos de procedencia del recurso de revocación, previstos en la normativa interna del Partido Acción Nacional antes mencionados, se encuentra que dicho recurso de revocación es procedente en contra de la determinación del Comité Directivo Estatal de dicho instituto político en Veracruz, de sustituir al Comité Directivo Municipal del Partido Acción Nacional en el Municipio de Veracruz por delegación municipal.

Para arribar a tal conclusión debe tenerse presente que de la interpretación gramatical, sistemática y funcional de los preceptos estatuarios y reglamentarios transcritos con anterioridad, esta Sala Superior obtiene lo siguiente:

a) El Comité Directivo Estatal tiene la facultad expresa para designar una delegación que tendrá las mismas facultades que los Comités Directivos Municipales, en caso de que estos últimos no funcionaran regularmente;

b) Los Comités Directivos Estatales del Partido Acción Nacional organizarán y vigilarán el funcionamiento de los respectivos Comités Directivos Municipales.

c) Las sanciones a los miembros activos del Partido Acción Nacional, procederán en los siguientes casos: 1. En caso de indisciplina, 2. Incumplimiento de sus cargos o infracción de los Estatutos o de los reglamentos;

d) Las sanciones previstas estatutariamente pueden consistir en: I. Amonestación; II. Privación del cargo o comisión del partido que desempeñen; III. Cancelación de la precandidatura o candidatura; IV. Suspensión de sus derechos; V. Inhabilitación o exclusión del partido;

e) Tanto en los Estatutos como en el Reglamento sobre aplicación de sanciones se establece que en caso de que dicha sanción comprenda la privación del cargo, será acordada por los Comités Ejecutivo Nacional, Directivos Estatales o Municipales, y surtirá efectos de manera inmediata y podrá ser impugnada por medio del recurso de revocación;

f) El recurso de revocación contra amonestación o privación del cargo, puede ser interpuesto por: I. Los miembros activos del Partido Acción Nacional, y II. Los Comités Nacional, Directivos Estatales y Municipales.

De lo anterior, esta Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación obtiene que el medio de defensa procedente para combatir la determinación del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional en Veracruz, consistente en la privación del cargo o comisión partidista de un militante, es el recurso de revocación de acuerdo con lo establecido en el artículo 14, segundo párrafo, de los Estatutos del citado instituto político, así como el 26 y 28 del Reglamento sobre Aplicación de Sanciones.

En ese sentido, tal como lo sostienen los ciudadanos actores, el medio de defensa interno que, de acuerdo con la normativa partidaria, procedía contra la designación de una delegación municipal en sustitución del Comité Directivo Municipal del Partido Acción Nacional en el Municipio de Veracruz, es el recurso de revocación, puesto que tal acto emitido por el comité directivo de ese partido en tal entidad federativa, se tradujo en la privación del cargo o comisión partidista de los militantes que ocupaban ese órgano directivo municipal.

En el presente caso, de las constancias que obran en autos se advierte que los ahora actores interpusieron sendos recursos de revocación, en contra de la designación la delegación que sustituyó al Comité Directivo Municipal de Boca del Río, Estado de Veracruz, que se tradujo en la privación del cargo o comisión partidista a los militantes que lo integraban. El recurso de revocación era el mecanismo estatutariamente previsto para controlar ese tipo de actos intrapartidarios.

Ahora bien, tal como lo sostienen los ahora enjuiciantes, en forma indebida el Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional en el Estado de Veracruz desechó los recursos de revocación, toda vez que, a juicio del órgano partidista responsable, este recurso sólo procede para impugnar actos derivados de procedimientos de sanción seguidos en lo particular contra miembros activos, lo que implica una sanción de tipo personal, que de acuerdo con la responsable, no es el caso, porque se siguió el procedimiento para la sustitución de Comité Directivo Municipal a delegación, es decir, se trataba de un procedimiento en que se sancionó al órgano y no al miembro activo.

En ese sentido, contrariamente a lo sostenido por el órgano partidario responsable, esta Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación estima que, independientemente de la causa que dio origen a la privación del cargo, los efectos materiales no recaen exclusivamente sobre el órgano, sino también sobre las personas físicas que lo integran, por lo que, su esfera jurídica se ve afectada por dicha determinación y, en efecto, ello genera interés jurídico que legitima a cada uno de los integrantes del órgano removido a interponer el recurso de revocación establecido para tal efecto en los estatutos partidistas. En ese orden de ideas la esfera jurídica de los miembros activos del partido puede verse afectada por resoluciones dictadas en procedimientos distintos a los procedimientos de sanción seguidos en lo particular contra personas físicas, lo que implica una sanción de tipo personal.

En el caso bajo estudio el acuerdo mediante el cual, el Comité Directivo Estatal acordó la remoción del Comité Directivo Municipal, para sustituirlo por una Delegación Municipal, tiene como consecuencia jurídica la producción de diversos efectos; por un lado, los efectos formales, traducidos en la mera remoción del órgano partidista y, por otro lado, efectos materiales, en tanto dicha remoción se traduce como una sanción a los propios integrantes del órgano.

Consecuentemente, de acuerdo con los artículos 13 y 14 de los Estatutos, así como los artículos 26 y 27 del Reglamento sobre aplicación de sanciones, ambos del Partido Acción Nacional, esta Sala Superior estima que los efectos materiales del acuerdo de treinta y uno de octubre del dos mil tres, mediante el cual, el Comité Directivo Estatal acordó la remoción del Comité Directivo Municipal en el Municipio de Veracruz, recaen efectivamente sobre los integrantes de este último, con lo que se actualiza el supuesto previsto en el artículo 26 del Reglamento sobre aplicación de sanciones por privación del cargo, conforme al cual, el recurso de revocación es el medio idóneo para impugnar tal privación.

Por otro lado, no es óbice para lo anterior, el hecho de que en el artículo 62, fracción XV, de los Estatutos del Partido Acción Nacional, se prevea la posibilidad de que el Comité Ejecutivo Nacional de ese instituto político pueda vetar la resolución primigeniamente impugnada, puesto que el ejercicio de dicha facultad de veto constituye un acto de control interorgánico, cuyo objeto es que el órgano administrativo superior del partido político verifique, si a su juicio, las decisiones del inferior son contrarias a los principios y objetivos del partido o inconvenientes para el desarrollo de sus trabajos; pero en manera alguna representa un medio de defensa de los militantes, en el que se pueda analizar la violación de sus derechos partidarios, ya que en términos de lo dispuesto en el artículo 14, párrafo segundo, de los mismos estatutos, los efectos de la determinación de sustitución de un Comité Directivo Municipal, se actualizan de manera inmediata, lo cual, implica como consecuencia una afectación directa e inmediata a los derechos partidistas de los funcionarios del cuerpo colegiado removido, toda vez que se traduce en una lesión a la esfera jurídica del funcionario partidista, pues con dicho actuar se le separa del cargo que desempeña y se le impide continuar con el ejercicio de las atribuciones inherentes al cargo.

En virtud de lo anterior, al haber resultado fundado el agravio en estudio, lo procedente es revocar las resoluciones de veintiocho de noviembre de dos mil tres, por las cuales el Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional en Veracruz desechó los recursos de revocación interpuestos por los ciudadanos Ricardo Amador López, Leopoldo Pimentel Ubieta, Ubaldo Huerta García, Sandra Luz Galindo Ramírez y Francisco Arce Zumárraga, para controvertir la sustitución del Comité Directivo Municipal del Municipio de Veracruz, por una delegación municipal, para efectos de que, en términos de las normas estatutarias y reglamentarias del Partido Acción Nacional, en ejercicio de sus atribuciones y en el término de veinte días hábiles siguientes a la notificación de esta ejecutoria, el Comité Directivo Estatal de ese partido en dicha entidad federativa, después de admitir los recursos, entre al estudio de fondo del asunto y de acuerdo con los procedimientos y plazos establecidos en dicha normativa interna, emita la resolución que en derecho proceda, e informe a este órgano jurisdiccional sobre su cumplimiento, dentro de los tres días siguientes, contados a partir de la emisión de la resolución respectiva, sin que sea necesario pronunciamiento de esta Sala Superior respecto de los demás argumentos expuestos por los actores, toda vez que se refieren a cuestiones inherentes al fondo del asunto en el recurso de revocación.

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento, además, en los artículos 187; 199, fracciones II y III; 200, y 201, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como 1; 2; 6; 9; 23; 24; 25; 26, párrafo 3; 79; 80; párrafo 1, inciso e), y 84 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Material Electoral, se

R E S U E L V E

PRIMERO. Se decreta la acumulación de los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano identificados con los expedientes SUP-JDC-634/2003, SUP-JDC-635/2003, SUP-JDC-636/2003 y SUP-JDC-637/2003 al SUP-JDC-633/2003, por ser este último el más antiguo. Al efecto, glósese copia certificada de la presente sentencia a los autos de los juicios acumulados.

SEGUNDO. Se revocan las resoluciones de veintiocho de noviembre de dos mil tres, por las que el Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional en Veracruz desechó los recursos de revocación interpuestos por los ciudadanos Ricardo Amador López, Leopoldo Pimentel Ubieta, Ubaldo Huerta García, Sandra Luz Galindo Ramírez y Francisco Arce Zumárraga, para controvertir la sustitución del Comité Directivo Municipal de Veracruz, Veracruz, por una delegación municipal, para los efectos precisados en la parte final del considerando quinto de esta sentencia.

NOTIFÍQUESE personalmente a los actores en los domicilios que obran en autos; por oficio, al Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional en Veracruz, con copia certificada de la sentencia, así como por estrados, a los demás interesados. Devuélvanse los documentos que correspondan y, en su oportunidad, archívese el expediente como total y definitivamente concluido.

Así, por UNANIMIDAD de votos, lo resolvió la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en ausencia del Magistrado Eloy Fuentes Cerda ante el Secretario General de Acuerdos, que autoriza y da fe. Rúbricas.