JUICIO DE REVISIÓN CONSTITUCIONAL ELECTORAL

EXPEDIENTE: SUP-JRC-002/2003

ACTOR: PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

AUTORIDAD RESPONSABLE: LVII LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE CAMPECHE

TERCERO INTERESADO: CARLOS ANTONIO MÁRQUEZ SANDOVAL

MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ LUIS DE LA PEZA

SECRETARIA: LILIANA RÍOS CURIEL

México, Distrito Federal, a veintidós de enero de dos mil tres.

VISTOS para resolver los autos del expediente citado al rubro, integrado con motivo del juicio de revisión constitucional electoral promovido por el Partido Acción Nacional, en contra del acuerdo número 49, emitido por la LVII Legislatura del Estado de Campeche, el trece de diciembre de dos mil dos y publicado en el Periódico Oficial del Estado el dieciocho de diciembre siguiente, mediante el cual designó a Carlos Antonio Márquez Sandoval, como juez electoral del Tribunal Superior de Justicia del Estado; y

R E S U L T A N D O

I. Mediante oficio número 1342/02-03, de cuatro de diciembre de dos mil dos y recibido el seis de diciembre siguiente en la Oficialía Mayor del Congreso del Estado de Campeche, el licenciado Victor Manuel Collí Borges, Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia de la citada entidad federativa, presentó a consideración de dicho Congreso los nombres de las personas que integraron la terna de la cual se elegiría a quien ocuparía el cargo de juez del Juzgado Segundo Electoral del citado órgano jurisdiccional, el cual se encontraba vacante por el fallecimiento del C. Miguel Angel Bravo Rosado, anexando al mismo, copia fotostática de las constancias que obraban en los expedientes personales de los integrantes de la terna.

II. El oficio referido en el resultando anterior, se dio a conocer al Pleno del Congreso del Estado de Campeche, en sesión celebrada el diez de diciembre de dos mil dos, en la cual el Presidente de la Directiva del Congreso dispuso que dicho escrito y la documentación adjunta se turnase a la Comisión de Procuración e Impartición de Justicia, Seguridad Pública, Protección Civil y Derechos Humanos, para su revisión, análisis y emisión del informe correspondiente. Dicho expediente legislativo se registró con el número 212/1er.p.o./3°/02.

III. El once de diciembre de dos mil dos, la comisión citada en el resultando anterior, celebró sesión con el objeto de resolver sobre el expediente legislativo 212/1er.p.o./3°/02 formado con motivo de la terna presentada por el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Campeche para la elección de un juez electoral del mismo, elaborando al efecto el informe respectivo.

IV. Mediante sesión celebrada el trece de diciembre de dos mil dos, los integrantes de la LVII Legislatura del Congreso del Estado de Campeche designaron con veintitrés votos a favor, al C. Carlos Antonio Márquez Sandoval, como juez electoral, el cual rindió protesta de dicho encargo en sesión del dieciséis de diciembre siguiente.

V. Como consecuencia de la determinación descrita en el resultando anterior, el dieciocho de diciembre de dos mil dos, fue publicado en el Periódico Oficial del Estado de Campeche, en la Sección Legislativa, el acuerdo número 49, expedido por la LVII Legislatura del Congreso del Estado, que a la letra señala lo siguiente:

"A C U E R DO

La LVII Legislatura del Congreso del Estado de Campeche acuerda:

NÚMERO 49

PRIMERO. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 82-2 de la Constitución Política del Estado de Campeche, se nombra a al C. Carlos Antonio Márquez Sandoval, como Juez Electoral del H. Tribunal Superior de Justicia del Estado, con efectos a partir del 1° de enero del 2003.

SEGUNDO. Publíquese en el Periódico Oficial del estado y líbrense las comunicaciones respectivas al Pleno del H. Tribunal Superior de Justicia del Estado y al funcionario nombrado, para los efectos legales correspondientes.

Dado en el Salón de Sesiones del Palacio Legislativo, en la ciudad de Campeche, Campeche, a los trece días del mes de diciembre del año dos mil dos.

- C. Vicente Castellot Castro, Diputado secretario.- C. Ana Laura Alayola Vargas, Diputada Secretaria.- Rúbricas."

VI. Inconforme con dicha designación, mediante escrito presentado el veinticuatro de diciembre de dos mil dos, el Partido Acción Nacional, por conducto de Juan Camilo Mouriño Terrazo, Presidente de la Delegación Estatal de Campeche, promovió juicio de revisión constitucional electoral en contra del acuerdo precisado en el resultando anterior, haciendo valer lo siguiente:

H E C H O S

I- Con fecha 06 de diciembre de 2002, fue recibido en la Oficialía Mayor del Congreso del Estado de Campeche, el oficio número 1342/02-03 de fecha 04 de diciembre del presente año, signado por el Lic, Víctor Manuel Collí Borges, en su carácter de Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, mediante el cual presentó a la consideración del Congreso del Estado los nombres de las personas que integran la terna de la cual se elegiría a quien ocuparía el cargo de Juez del Juzgado Segundo Electoral del H. Tribunal Superior de Justicia del Estado, que se encontraba vacante por el fallecimiento del Licenciado Miguel Ángel Bravo Rosado, adjuntándose la documentación respectiva, para acreditar los requisitos previstos en los artículos 77, tercer párrafo, 82-2, tercer párrafo y 84 de la Constitución Política del Estado de Campeche.

II- En sesión celebrada el día diez de diciembre del año en curso, se dio a conocer al pleno del Congreso del Estado, el oficio referido en el inciso que antecede, al darse lectura integra de su texto.

III- Que en la precitada sesión, el presidente de la directiva del Congreso dispuso que dicho oficio y documentación adjunta, se turnase a la Comisión de Procuración e Impartición de Justicia, Seguridad Pública, Protección Civil y Derechos Humanos, para su revisión, análisis y emisión del informe correspondiente.

IV- Con fecha once de diciembre de 2002, sesionó la Comisión de Procuración e Impartición de Justicia, Seguridad Pública, Protección Civil y Derechos Humanos, con el objeto de analizar el multicitado oficio y documentación anexa, y así elaborar el informe correspondiente.

V- El día trece de diciembre de 2002, con la asistencia de los treinta y cinco diputados que integran la LVII Legislatura del H. Congreso del Estado, sesionó el precitado Congreso del Estado, incluyéndose en el orden del día, la elección de la persona que ocuparía el cargo vacante de Juez del Juzgado Segundo Electoral del Tribunal Superior de Justicia, teniendo como resultado en la votación correspondiente el acuerdo para esta elección, veintitrés votos a favor del Lic. Carlos Antonio Márquez Sandoval, once votos a favor del Lic. Pedro Damián Herrera Gómez y uno a favor de la Lic. Mirna Patricia Moguel Ceballos; no obstante y pese a no alcanzar la mayoría calificada establecida por el artículo 82-2 de la Constitución Política del Estado de Campeche para hacer la elección de Juez Electoral, la presidencia de la directiva del Congreso, consideró válido, en forma ilegal, el acuerdo para la elección del multicitado Juez Electoral del H. Tribunal Superior de Justicia, citó al Licenciado Carlos Antonio Márquez Sandoval para la próxima sesión a efecto de que procediera a rendir la protesta de ley y ordenó que dicho acuerdo se publicará en el Periódico Oficial del Estado.

VI- Con fecha dieciséis de diciembre del año en curso, en sesión del H. Congreso del Estado, rindió la protesta de ley como Juez Electoral del H. Tribunal Superior de Justicia del Estado de Campeche el Lic. Carlos Antonio Márquez Sandoval.

VII- Con fecha dieciocho de diciembre de 2002, fue publicado en el Periódico Oficial del Estado Órgano del Gobierno Constitucional del Estado de Campeche, en la Sección Legislativa, el acuerdo número 49, expedido por la LVII Legislatura del H. Congreso del Estado, mediante el cual se nombra al C. Carlos Antonio Márquez Sandoval, Juez Electoral del H. Tribunal Superior de Justicia del Estado de Campeche, con efectos a partir del primero de enero del 2003.

A G R A V I O S

La autoridad resolutora, al momento de emitir su resolución, lo hizo con desapego a derecho por las razones que a continuación me permito exponer.

Causa Agravio a mi representado el acuerdo que se impugna en virtud de que el H. Congreso del Estado violó el principio de legalidad y seguridad jurídica establecidos en los artículos 14, 16 y 116 fracción IV inciso b) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en efecto, en primer término, es preciso señalar que la designación de los Jueces Electorales del Tribunal Superior de Justicia, es un acto jurídico complejo, que en el presente caso no está ajustado a derecho, toda vez que el procedimiento del cual deriva el acuerdo que hoy se reclama se encuentra viciado, ya que no se cumplieron las exigencias previstas en la ley y las irregularidades de tal procedimiento afecta en su totalidad a dicho acto. Sobre este aspecto, se considera pertinente señalar el criterio adoptado por esta Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al resolver el Juicio de Revisión Constitucional marcado con número de expediente SUP-JRC-189/2002, visible en la foja número 83 que señala: ‘se afirma que la designación de los magistrados es un acto complejo, porque no es perfecto y complejo por sí solo, sino que constituye la fase última de un procedimiento integrado por diversas etapas, concatenadas entre sí y cada una constituye antecedente y base de la siguiente, de manera que, sólo cuando esa cadena de actos sucesivos se realiza correctamente, se puede estimar que el procedimiento es válido y, por ende, puede servir de base a la decisión final que en ese proceso se emita. Por ese motivo, la decisión no es un acto aislado o individual sino que necesariamente, es el resultado en un proceso que debe ser válido. La particularidad del acto jurídico complejo estriba, pues, en que está conformado por distintos actos, que por sí mismos, no son perfectos, constituyen una de las dos o más etapas de las cuales se desarrollo el todo. La unidad del acto jurídico complejo se conforma por todos esos actos.’

En el presente caso, el procedimiento para la designación de los Jueces Electorales del H. Tribunal Superior de Justicia del Estado, se encuentra establecido en la normatividad que a continuación se transcribe:

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Campeche:

Artículo 24 fracción IV.

IV. Para garantizar los principios de constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones electorales, se establecerá un sistema de medios de impugnación en los términos que señalen esta Constitución y la ley. Dicho sistema dará definitividad a las distintas etapas de los procesos electorales y garantizará la protección de los derechos políticos de los ciudadanos de votar, ser votados y de asociación, en los términos de los artículos 82-1 y 82-2 de esta Constitución. En materia electora la interposición de los medios de impugnación constitucionales o legales no producirá efectos suspensivos sobre la resolución o el acto impugnado.

Artículo 36.

Las determinaciones sobre la declaración de validez, el otorgamiento de las constancias y la asignación de diputados y autoridades municipales, podrán ser impugnadas ante los Juzgados Electorales, en los términos que señale la ley. A su vez las resoluciones de estos Juzgados podrán ser revisadas exclusivamente por la Sala Administrativa del Tribunal Superior de Justicia del Estado, erigida en Sala Electoral, a través del medio de impugnación que los partidos políticos podrán interponer únicamente cuando por los agravios esgrimidos se pueda modificar el resultado de la elección. Los fallos de la Sala Administrativa en materia electoral serán definitivos y firmes. La ley establecerá los presupuestos, requisitos de procedencia y el trámite para los medios de impugnación.

Artículo 77 tercer párrafo.

Los nombramientos de los magistrados y jueces serán hechos preferentemente entre aquellas personas que hayan prestado sus servicios con eficiencia y probidad en la administración de justicia; que los merezcan por su honorabilidad, competencia y antecedentes en otras ramas de la profesión jurídica.

Artículo 82-2.

Los Juzgados Electorales serán órganos colegiados especializados de primera instancia en materia electoral y se integrarán con tres jueces electorales, un secretario de acuerdos y el demás personal jurídico y administrativo necesario para su adecuado funcionamiento. El número de Juzgados, su ubicación, así como los procedimientos a que se atendrán en su funcionamiento se determinarán en la ley.

Salvo durante el período que medie entre la fecha en que acontezca la jornada electoral y la de conclusión de la calificación de las elecciones, en que se avocarán exclusivamente a los asuntos de naturaleza electoral, los jueces electorales, también fungirán unitariamente como jueces auxiliares de primera instancia en otras materias, función que desempeñarán con arreglo a lo que dispongan la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado y los acuerdos que sobre el particular emita el Tribunal Pleno, sin perjuicio de que sigan conociendo de manera colegiada de asuntos electorales no propios de los procesos electorales.

La designación de los jueces electorales se hará en la misma forma que la de los magistrados de la Sala Administrativa del Tribunal Superior de Justicia del Estado, debiendo satisfacer los requisitos que señale la ley, que no podrán ser menores a los de un juez de primera instancia y durarán en el cargo seis años, a cuyo término podrán ser confirmados en dicho cargo a propuesta que el Pleno haga al Congreso del Estado, adquiriendo la calidad de inamovibles. La retribución que perciban los jueces electorales y sus secretarios de acuerdos no podrá ser menor a la prevista para sus homólogos de los juzgados de primera instancia.

A los Juzgados Electorales corresponde resolver en primera instancia sobre:

I.- Las impugnaciones que se presenten con motivo de las elecciones de diputados locales y autoridades integrantes de Ayuntamientos y Juntas Municipales;

II.- Las impugnaciones de actos y resoluciones de las autoridades electorales estatales, distritales o municipales, que violen normas legales;

III.- Las impugnaciones de actos o resoluciones definitivos y firmes de las autoridades electorales estatales, distritales o municipales, para organizar y calificar los comicios o resolver las controversias que surjan durante los mismos, que puedan resultar determinantes para el desarrollo del proceso respectivo o el resultado final de las elecciones. Esta vía procederá solamente cuando la reparación solicitada sea material y jurídicamente posible dentro de los plazos electorales y sea factible antes de la fecha constitucional o legalmente fijada para la instalación de los órganos o la toma de posesión de los funcionarios elegidos.

IV.- Las impugnaciones de actos y resoluciones que violen los derechos políticos electorales de los ciudadanos de votar, ser votados y de afiliación libre y pacífica para tomar parte en los asuntos políticos del Estado, en los términos que señalen esta Constitución y las leyes emanadas de ella; y

V.- Los demás asuntos que la ley les señale.

Los jueces electorales y sus secretarios no podrán excusarse ni serán recusables cuando se trate del conocimiento de asuntos relativos a materia electoral.

Artículo 84.

Los Jueces de Primera Instancia, deberán cubrir los siguientes requisitos:

I.- Ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles;

II.- Poseer título profesional de abogado expedido por autoridad o corporación legalmente facultada para ello; y

III.- Gozar de buena reputación.

Durarán en sus cargos seis años, a cuyo vencimiento, de ser confirmados sus nombramientos, serán inamovibles y sólo podrán ser removidos de sus cargos cuando falten al cumplimiento de sus deberes oficiales o violen notoriamente las buenas costumbres, de acuerdo con lo que dispone el artículo 86, o previo el juicio de responsabilidad correspondiente.

Código Electoral del Estado de Campeche.

Artículo 213.

1. LA SALA ADMINISTRATIVA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO, ERIGIDA EN SALA ELECTORAL, Y LOS JUZGADOS ELECTORALES DEPENDIENTES DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO, EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 82-1 Y 82-2 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO, SON LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES AUTÓNOMOS EN MATERIA ELECTORAL, QUE TIENEN A SU CARGO LA SUSTANCIACIÓN Y RESOLUCIÓN DE LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN A QUE SE REFIERE EL LIBRO OCTAVO DE ESTE CÓDIGO, CONFORME SE PREVIENE POR EL ARTÍCULO 218.

2. EN LOS TÉRMINOS DE LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 24 DE LA CONSTITUCIÓN LOCAL, LA SALA Y LOS JUEZGADOS ELECTORALES AL CONOCER Y RESOALVER LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN SERÁN GARANTES DE QUE LOS ACTOS O RESOLUCIONES ELECTORALES SE SUJETEN A LOS PRINCIPIOS DE CONSTITUCIONALIDAD Y LEGALIDAD.

ARTÍCULO 214.

LA SALA ELECTORAL Y LOS JUZGADOS ELECTORALES SE INTEGRARÁN Y FUNCIONARÁN EN LA FORMA PRESCRITA POR LOS ARTÍCULOS 82-1 Y 82-2 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO Y POR LAS CORRESPONDIENTES DISPOSICIONES DE ESTE CÓDIGO Y DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE CAMPECHE.

ARTÍCULO 215.

1. PARA LA ELECCIÓN DE LOS MAGISTRADOS INTEGRANTES DE LA SALA ADMINISTRATIVA Y DE LOS JUECES ELECTORALES SE ESTARA A LAS REGLAS Y PROCEDIMIENTOS QUE EN LOS PÁRRAFOS SUBSIGUIENTES SE ESTABLECEN.

2. PARA SER CANDIDATO A MAGISTRADO SE REQUIERE REUNIR, ADEMÁS DE LOS QUE SEÑALAN LOS ARTÍCULOS 77, EN SU TERCER PÁRRAFO, Y 79 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO, LOS REQUISITOS SIGUIENTES:

a) ESTAR INSCRITO EN EL PADRÓN ELECTORAL Y CONTAR CON CREDENCIAL PARA VOTAR CON FOTOGRAFÍA;

b)TENER CONOCIMIENTOS EN MATERIA ELECTORAL;

c) NO DESEMPEÑAR NI HABER DESEMPEÑADO EL CARGO DE PRESIDENTE DEL COMITÉ EJECUTIVO O DIRECTIVO ESTATAL MUNICIPAL O DISTRITAL O EQUIVALENTE DE UN PARTIDO POLÍTICO;

d) NO HABER SIDO REGISTRADO COMO CANDIDATO A CARGO ALGUNO DE ELECCIÓN POPULAR EN LOS SEIS AÑOS INMEDIATOS ANTERIORES A LA DESIGNACIÓN; Y

e) NO DESEMPEÑAR NI HABER DESEMPEÑADO CARGO DE DIRECCIÓN ESTATAL, MUNICIPAL O DISTRITAL EN ALGUN PARTIDO POLÍTICO EN LOS SEIS AÑOS INMEDIATOS ANTERIORES A LA DESIGNACIÓN.

3. PARA SER CANDIDATO A JUEZ ELECTORAL SE REQUIERE REUNIR, ADEMÁS DE LOS QUE SEÑALAN LOS ARTÍCULOS 77, EN SU TERCER PÁRRAFO, Y 84 DE LA CONSTITUCIÓN EN CITA, LOS QUE SE INDICAN EN LOS INCISOS a) AL e) DEL PÁRRAFO ANTERIOR.

4. EL PLENO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA ENVIARÁ AL CONGRESO DEL ESTADO UNA LISTA DE NUEVE CANDIDATOS DE ENTRE LOS CUALES, ATENDIENDO A LOS RESPECTIVOS REQUISITOS, EL CONGRESO ELEGIRA A LOS TRES MAGISTRADOS QUE INTEGRARAN LA SALA ADMINISTRATIVA.

5. ASIMISMO EL PROPIO PLENO ENVIARÁ AL CONGRESO SENDAS LISTAS DE NUEVE CANDIDATOS, POR CADA UNO DE LOS JUZGADOS ELECTORALES, DE ENTRE LOS CUALES, ATENDIENDO A LOS CORRESPONDIENTES REQUISITOS EL CONGRESO ELEGIRA A LOS JUECES TITULARES DE AQUELLOS.

6. PARA LA ELECCIÓN DE MAGISTRADOS Y JUECES SE REQUERIRÁ DEL VOTO DE LAS DOS TERCERAS PARTES DE LOS MIEMBROS PRESENTES DEL CONGRESO DEL ESTADO. SI EN LA PRIMERA VOTACIÓN NO SE LOGRARA INTEGRAR LA SALA O LOS JUZGADOS ELECTORALES, DEBIDO A QUE ALGUNOS DE LOS CANDIDATOS PROPUESTOS NO OBTUVIERE LA MAYORÍA CALIFICADA REQUERIDA, SE DARÁ AVISO DE INMEDIATO AL PLENO DEL TRIBUNAL SUPERIOR A EFECTO DE QUE ENVÍE DE INMEDIATO UNA NUEVA LISTA QUE CONTENGA DOS CANDIDATOS POR CADA CARGO VACANTE DE MAGISTRADO O JUEZ.

7. LA FALTA ABSOLUTA DE UN MAGISTRADO O JUEZ ELECTORAL, TANTO DENTRO DEL PERIÓDO POR EL QUE FUE NOMBRADO COMO AL LLEGAR A SU CONCLUSIÓN EL MISMO, SE CUBRIRÁ EN LA FORMA Y TÉRMINOS PREVISTOS EN ESTE ARTÍCULO.

PARA LA CONFIRMACIÓN DE UN MAGISTRADO O JUEZ SÓLO BASTARÁ QUE EL PLENO DEL TRIBUNAL, POR ESCRITO, ASÍ LO SOLICITE AL CONGRESO DEL ESTADO.

Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Campeche.

Artículo 1.

La presente ley regula la estructura y funcionamiento del Poder Legislativo del Estado de Campeche.

Artículo 17 fracc. II.

II. Determinar los trámites que deban seguirse en los asuntos con que se dé cuenta al Congreso.

Artículo 31.

El estudio y dictaminación de las iniciativas, proyectos y demás asuntos cuya resolución sea de la competencia del Congreso del Estado, salvo aquellos que esta ley u otras disposiciones normativas de carácter general reserven al conocimiento de otro órgano del Poder Legislativo, estarán a cargo de las comisiones de dictamen legislativo u ordinarias. Son comisiones de dictamen legislativo las de:

I. Puntos Constitucionales y Gobernación;

II. Finanzas, Hacienda Pública, Control Presupuestal y Contable y Patrimonio del Estado y de los Municipios;

III. Desarrollo Social;

IV. Fomento y Desarrollo Agropecuario y Forestal;

V. Desarrollo Industrial, Fomento Económico y Desarrollo Turístico;

VI. Desarrollo Urbano, Comunicaciones y Obras Públicas;

VII. Salud, Preservación del Medio Ambiente y Recursos Naturales;

VIII. Educación, Cultura y Deporte;

IX. Procuración e Impartición de Justicia, Seguridad Pública, Protección Civil y Derechos Humanos;

X. Fomento y Desarrollo Pesquero;

XI. Fortalecimiento Municipal; y

XII. Equidad y Género, Atención a Grupos Vulnerables y Etnias Indígenas.

El estudio y dictamen de los asuntos relativos a normas y prácticas parlamentarias así como a trabajo y previsión social estará a cargo de la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación; los concernientes a temas sobre menores y discapacitados a la Comisión de Equidad y Género, Atención a Grupos Vulnerables y Etnias Indígenas; y los del ramo de contraloría a la Comisión de Finanzas, Hacienda Pública, Control Presupuestal y Contable y Patrimonio del Estado y de los Municipios.

Artículo 36.

La competencia de las comisiones de dictamen legislativo será la que se derive de su denominación, en correspondencia a las respectivas áreas del Gobierno del Estado, particularmente de la Administración Pública estatal, y de los Gobiernos Municipales.

Artículo 37.

Cuando reciba la presidencia de una comisión el asunto que se turne al conocimiento de ésta, de inmediato citará a los demás integrantes de la misma, determinando el día y la hora en que deberán reunirse para sesionar. Las sesiones deberán realizarse en las instalaciones del Palacio Legislativo. Para la validez de las sesiones y de los dictámenes se requerirá mayoría de concurrencia y de votos de los integrantes de la comisión. El miembro de una comisión que disienta de lo dictaminado por la mayoría expresará sus razones por escrito, mismo que deberá agregarse al dictamen como voto particular para hacerlo del conocimiento de la asamblea. Las sesiones de las comisiones podrán ser públicas o privadas, según lo determine su presidente, atendiendo a la naturaleza del asunto. Las comisiones podrán citar a los titulares de las dependencias y entidades de la administración pública estatal, centralizada o descentralizada, para que informen cuando se estudie y discuta una ley o asunto relativo a su dependencia, entidad o cargo. Si una comisión juzgare necesario llevar a consulta pública el asunto turnado a su consideración, para su mejor resolución, lo hará del conocimiento de la Gran Comisión o Comisión de Gobierno y Administración para que ésta se encargue, en unión de aquélla, de convocar y realizar los correspondientes foros.

Artículo 38.

Toda comisión deberá emitir dictamen sobre el asunto que se le turne en un plazo no mayor de quince días, contados a partir de la fecha en que su presidente lo reciba. Si para la emisión del dictamen se ameritase la consulta pública, el término se contará a partir del día siguiente a aquél en que se realice el foro de presentación de conclusiones.

Si por la naturaleza del asunto se requiriese de un plazo mayor para la emisión del dictamen, el Congreso a petición del presidente de la comisión, formulada antes de que expire el plazo, podrá prorrogarlo por un lapso no mayor a treinta días.

Artículo 39.

Los dictámenes deberán redactarse en forma clara y sencilla, exponiendo la (sic) razones y fundamentos jurídicos en los que se sustenten, divididos en una parte expositiva o de antecedentes, una parte considerativa o de razonamientos y, finalmente, en un punto de acuerdo o de decreto; precisándose la fecha en que se emitan. El dictamen será firmado por todos los integrantes de la comisión que estén de acuerdo con el mismo.

Artículo 40.

Cuando la índole de un asunto amerite que deba ser objeto de estudio por más de una comisión, las mismas trabajarán unidas para emitir dictamen conjunto, con la finalidad de evitar dictámenes contradictorios. Cuando existan varias iniciativas sobre un mismo asunto o cuyos temas se relacionen entre sí, procederá su acumulación para ser analizadas, discutidas y resueltas todas ellas de manera conjunta, esto es, en un solo dictamen.

De las anteriores disposiciones legales se puede decir que, en efecto la designación de los Jueces Electorales del H. Tribunal Superior de Justicia del Estado de Campeche, se realiza mediante un procedimiento señalado por la ley, llevándose a cabo ante el Poder Judicial y el Poder Legislativo del Estado y se rige esencialmente por etapas, la primera es la llevada a cabo por el Poder Judicial, el cual es el que propone a las personas para ocupar dichos cargos, concluyendo su actuación precisamente al presentar sus propuestas al Poder Legislativo, la segunda etapa se desarrolla precisamente en el Poder Legislativo, el cual es el encargado de hacer la revisión correspondiente y así proceder a hacer la designación de los magistrados como lo previene la propia ley.

Sin embargo, en el caso que hoy se combate, vemos que no se desarrollaron cabalmente las etapas previstas en la ley, en principio, porque como se puede apreciar claramente la resolución que adopta el Congreso del Estado la toma en base a un ‘informe’ elaborado por la Comisión de Procuración e Impartición de Justicia, Seguridad Pública, Protección Civil y Derechos Humanos, instrumento jurídico que en la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado no existe, y que si bien es cierto, dicho ‘informe’ fue elaborado por esta Comisión al ser turnado por la Presidenta de la Directiva, en ejercicio de la facultad establecida por el artículo 17 fracción II de la precitada Ley, para que elaborara un informe y no un dictamen, que es lo que toda comisión de dictamen legislativo o comisión ordinaria debe hacer al ser turnado un asunto en términos de lo establecido por el artículo 38 la Multicitada Ley Orgánica del Poder Legislativo, no menos cierto es que de acuerdo a nuestro sistema jurídico mexicano y a un principio de derecho público, la autoridad sólo puede hacer lo que la ley expresamente le señale, por lo cual consideramos que al ser adoptado la resolución en base a un acto nulo de pleno derecho, y que se desarrolla precisamente en una de las etapas del procedimiento que rige para la designación de los Jueces Electorales del H. Tribunal Superior de Justicia del Estado de Campeche, se viola el principio de legalidad que debe regir en materia electoral consagrado en el artículo 116 fracción IV inciso b) de nuestro Código Político.

A mayor abundamiento, y en un supuesto sin conceder que esta Sala Superior considerara que dicho informe es legal, es pertinente señalar que este carece de fundamentación y motivación violándose los artículos 14 y 16 de nuestra Carta Magna, ya que como se puede observar en el multicitado ‘informe’ que elaboró la Comisión de Procuración e Impartición de Justicia, Seguridad Pública, Protección Civil y Derechos Humanos que sirvió de base para la discusión y toma de decisión final del H. Congreso del Estado, este carece de criterios objetivos que pudiera haber servido como un instrumento técnico al multicitado Congreso del Estado, pues sólo se limita a manifestar en el Considerando número IV que literalmente dice: ‘Que de la revisión y análisis de la documentación consistente en los expedientes curriculares de las personas que integran la terna propuesta, se desprende que los CC. Licenciados Carlos Antonio Márquez Sandoval, Pedro Damián Herrera Gómez y Mirna Patricia Moguel Ceballos, cumplen con los requisitos de elegibilidad impuesto en los artículos 77, tercer párrafo, 82-2, tercer párrafo, y 84 de la Constitución Política del Estado y 215, párrafos 2 y 3, del Código Electoral del Estado.’ De lo anterior se desprende que dicha comisión sólo se limitó estudiar los expedientes curriculares de cada una de las personas, y no se establece en dicho informe la forma en como se comprobaron los requisitos positivos y negativos que se necesitan para ser Juez Electoral establecidos claramente en el artículo 84 de la Constitución Política del Estado y en el artículo 215, párrafos 2 y 3 del Código Electoral del Estado, como lo son:

a) Ser ciudadano mexicano, en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles;

b) El de la edad mínima y máxima;

c) El de ser profesional del derecho con experiencia mínima de cinco años;

d) El de Gozar de buena reputación;

e) El de no haber sido condenado por delito corporal;

f) El de la residencia en el Estado;

g) El de no haber sido candidato;

h) El de no haber sido dirigente partidista.

Tal situación evidencia claramente que no existió estudio y análisis de estos requisitos, lo que se traduce en una falta de motivación violatoria, insistimos, de los artículos 14 y 16 de nuestra Carta Magna; y que si bien dicho ‘informe’ por su naturaleza, sólo constituye un acto instrumental, por cuanto tiende a proporcionar al órgano resolutor, los elementos técnicos básicos-necesarios para arribar a una determinación o acuerdo legislativo, cuya determinación podría ser catalogado en todo caso, de carácter meramente informativo y no vincularía al Congreso del Estado, en su decisión final, consideramos que si resulta indispensable su existencia previa para legitimar y validar la designación, lo que se traduce en el hecho de que a pesar que dicho ‘informe’ sólo es de carácter técnico, necesario, informativo y no vinculatorio, dada su trascendencia en la legalidad del acuerdo impugnado, si se considera que este fue la base para la discusión y toma de decisión final del Congreso del Estado, en la designación del Juez Electoral del H. Tribunal Superior de Justicia, no puede ni debe admitirse que dicho Congreso del Estado de Campeche designe a este Magistrado, con base en un ‘informe’ que carece de fundamentación y motivación y por lo tanto de legalidad.

De igual forma se causa agravio a mi representado toda vez el Congreso del Estado de Campeche, al adoptar el acuerdo que hoy se impugna, vulnera el principio de legalidad que a toda autoridad electoral debe regir, consagrado en el artículo 116 fracción IV inciso b) de la Constitución Federal, en efecto, se viola dicho principio ya que no se dio cabal cumplimiento a lo establecido en el artículo 82-2 de la Constitución Política y al artículo 215 párrafo 6 del Código Electoral ambos del Estado de Campeche, los cuales señalan claramente, que para la elección de los Jueces Electorales del H. Tribunal Superior de Justicia del Estado, se requerirá del voto de las dos terceras partes de los miembros presentes del Congreso del Estado, siendo el caso, que tal y como se podrá corroborar claramente en el acta de la sesión de fecha trece de diciembre del año en curso, a dicha sesión, que fue precisamente en la que se eligió a la persona que ocuparía la vacante de Juez Electoral, asistieron los treinta y cinco diputados que integran la LVII Legislatura del H. Congreso del Estado, en términos de lo establecido por el artículo 31 de la Constitución Local, y al momento de elegir a dicho funcionario, por el C. Carlos Antonio Márquez Sandoval votaron a favor de él tan sólo veintitrés diputados, los diecinueve que integran el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, tres que integran el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática y un diputado perteneciente al Partido del Trabajo, siendo el caso de que a pesar de que no cumplen con el requisito de las dos terceras partes, fue designado esta persona para ocupar dicho cargo, ya que las dos terceras partes de treinta y cinco es representada por veintitrés punto trescientos treinta y tres votos (23.333) y no tan sólo por veintitrés (23), ya que este veintitrés representa tan sólo el sesenta y cinco punto setecientos catorce por ciento (65.714%) del total de los diputados que integran el Congreso del Estado, y que ese día asistieron a dicha sesión, no llegando a representar el sesenta y seis punto seiscientos sesenta y seis (66.666%) que representa precisamente las dos terceras partes de los diputados presentes en dicha sesión, ya que para el nombramiento de dichos jueces electorales en estricto derecho y tomando como base el criterio gramatical, sistemático y funcional para la interpretación de las normas electorales, el congreso no puede nombrar a dicho juez electoral si no cumple cabalmente con el requisito de las dos terceras partes que la propia ley local le impone, y no puede hacerlo con menos en ningún caso de 23.333 votos, ya que de lo contrario se transgrede flagrantemente el principio de legalidad que toda autoridad electoral debe acatar consagrado en el artículo 116 fracción IV inciso b) de nuestro Código Político.

PRECEPTOS LEGALES VIOLADOS.

La resolución impugnada viola los artículos 14, 16, 41 y 116 fracción IV de la Constitución General de la República; el artículo 24 y 82-1 de la Constitución Política del Estado de Campeche; los artículos 213, 214, 215 y relativos del Código Electoral del Estado de Campeche, así como los artículos 37, 38, 39 y 40 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Campeche.

VII. Mediante oficio número 56/2002, de veinticuatro de diciembre de dos mil dos, el Director de Control de Procesos Legislativos, remitió, entre otros, los documentos consistentes en el original de la demanda correspondiente al juicio de revisión constitucional electoral, presentada por el Partido Acción Nacional, así como el informe circunstanciado de ley.

VIII. Por acuerdo de dos de enero del año en curso, el Magistrado Presidente de este órgano jurisdiccional, tuvo por recibida la documentación precisada en el resultando anterior de esta sentencia, ordenó la integración del expediente SUP-JRC-002/2003, y remitió los autos a la ponencia del Magistrado José Luis de la Peza, para los efectos previstos en los artículos 19 y 92 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, turno que se cumplió mediante oficio TEPJF-SGA-002/03, de la misma fecha, signado por el Secretario General de Acuerdos de esta Sala Superior.

IX. Por auto de veintiuno de enero de este año, se admitió a trámite la demanda del juicio de revisión constitucional electoral de mérito y, en virtud de que no quedaban diligencias pendientes por desahogar, se cerró la instrucción.

C O N S I D E R A N D O

PRIMERO. Esta Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es competente para conocer y resolver el presente juicio de revisión constitucional electoral, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 99, párrafo cuarto, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 186, fracción III, inciso b), 189, fracción I, inciso e), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como 4 y 87 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, por las razones siguientes:

Por tratarse de un juicio de revisión constitucional electoral, promovido por un partido político, en contra de un acto emitido por la LVII Legislatura del Estado de Campeche, quien actuó materialmente como órgano electoral, al llevar a cabo el proceso de integración del órgano jurisdiccional competente para resolver las controversias de los comicios locales.

El acto que se impugna, consiste en la designación del C. Carlos Antonio Márquez Sandoval, como juez electoral del Tribunal Superior de Justicia de Campeche, realizada por el Pleno del Congreso de dicha entidad federativa, mediante el procedimiento dispuesto por los artículos 82-2 de la Constitución Política del Estado de Campeche y 215 del Código Electoral Local.

Lo anterior implica, que la actuación del Pleno del Congreso local, es un acto materialmente administrativo de carácter electoral regulado por disposiciones de una ley electoral, como se razona a continuación.

La Jurisprudencia del Poder Judicial de la Federación así como la doctrina, reconocen que los poderes públicos realizan actos que pueden ser considerados, desde el punto de vista formal y material. El primero (el formal) atiende a la naturaleza propia del órgano que emite el acto; en tanto que, el segundo (el material) atiende a la naturaleza intrínseca del propio acto, a efecto de considerarlo administrativo, legislativo o jurisdiccional.

En cuanto al asunto planteado, si bien el acto impugnado es formalmente legislativo, en virtud de haber sido emitido por el Pleno del Congreso del Estado de Campeche, lo cierto es que, se trata de un acto materialmente administrativo electoral, a través del cual se ejerce una atribución prevista en una ley electoral, toda vez que se está frente a la designación de un Juez Electoral del Tribunal Electoral de la entidad, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 215 de la Ley Electoral de ese Estado.

Por lo anteriormente razonado, el Pleno del Congreso del Estado de Campeche, por lo que respecta al acto impugnado en el presente medio, ejerce una atribución prevista en una ley electoral, para designar a los integrantes del Tribunal Electoral, por lo que para efectos del presente juicio de revisión constitucional electoral, se le considera como autoridad electoral responsable, y en consecuencia, el acto que se impugna por el hoy actor es susceptible de ser objeto de conocimiento de esta Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en términos de lo señalado en los artículos 99, párrafo cuarto, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 184, 186, fracción III, inciso b) y 189 fracción I, inciso e), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el 4 y 87 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

Sirve de apoyo el criterio sostenido por esta Sala Superior en la Jurisprudencia S3ELJ.02/2001, visible a fojas 6 y 7 del Suplemento número 5, de Justicia Electoral, Revista del Tribunal Electoral del Poder judicial de la Federación, cuyo rubro es: "ACTOS MATERIALMENTE ADMINISTRATIVOS DE ORGANIZACIÓN O CALIFICACIÓN DE COMICIOS LOCALES. SON IMPUGNABLES ANTE EL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN".

SEGUNDO. Por ser su examen preferente y de orden público, de conformidad con los artículos 1 y 19 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, en el presente considerando se examina si el juicio de revisión constitucional electoral en que se actúa, reúne los requisitos generales y especiales que exige dicho ordenamiento para la procedencia de dicho medio de impugnación. Asimismo se analizan, conjuntamente con dichos requisitos, las causales de improcedencia hechas valer por la autoridad responsable como por el tercero interesado.

La procedencia del presente juicio, se encuentra plenamente acreditada, en términos de los artículos 8, 9, 86 y 88 de la citada ley general, pues el escrito de demanda se presentó ante la autoridad responsable, en éste consta el nombre del actor, nombre y firma autógrafa del promovente, se encuentra identificado el acto combatido y la autoridad emisora del mismo, los hechos en que se basa la impugnación, así como los agravios que le causa la citada determinación.

La autoridad responsable, así como los terceros interesados afirman que la causa de improcedencia prevista en el artículo 10, apartado 1, inciso b) de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, se actualiza por las siguientes razones:

1. Como el dictamen del que derivó el acto impugnado fue suscrito por uno de los diputados del grupo parlamentario del partido actor, existe una manifestación expresa de consentimiento de parte del actor.

2. En el momento en que se emitió el acto impugnado, el actor quedó notificado automáticamente, por haber estado presentes los diputados que conforman el grupo parlamentario del propio partido impugnante, de manera que al promover el juicio después de los cuatro días siguientes a la emisión del acto, el mismo resulta extemporáneo.

No asiste razón a la autoridad responsable ni al tercero interesado, como se demostrará enseguida.

El artículo 10, apartado 1, inciso b) de Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, establece, en lo conducente, que los medios de impugnación serán improcedentes cuando se pretendan impugnar actos que se hubiesen consentido expresamente, entendiéndose por éstos, las manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento, o bien, cuando no se hubiese interpuesto el medio de impugnación respectivo dentro del plazo legal.

El artículo 8 de la ley citada establece que los medios de impugnación deberán presentarse dentro de los cuatro días contados a partir del día siguiente a aquél en que se tenga conocimiento del acto impugnado, o se hubiese notificado de conformidad con la ley aplicable, salvo las excepciones previstas expresamente

El artículo 30 de la misma ley dispone que el partido político cuyo representante haya estado presente en la sesión del órgano electoral que actuó o resolvió, se entenderá automáticamente notificado del acto o resolución correspondiente.

Conforme con lo anterior, en ambas hipótesis de improcedencia y en el supuesto que el promovente sea un partido político, es presupuesto imprescindible, entre otros, que la persona que exprese el consentimiento del acto, al igual que la persona que deba entenderse notificada automáticamente, tenga plenamente acreditado el carácter de representante del partido político correspondiente.

En autos, dicha condición no se cumple, pues se advierte que la autoridad responsable y al tercero interesado parten de la premisa falsa de considerar que los diputados que integran el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional son representantes de dicho partido.

Lo anterior, porque los diputados que integran el Poder Legislativo del Estado de Campeche son representantes populares, según lo disponen los artículos 38 de la Constitución Política del Estado, y el artículo 2 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, y si bien podrían considerarse como representantes políticos del partido que los postuló, este carácter de manera alguna implica que ostenten una representación legal, que es la que se exige para estimar que se ha otorgado expresamente el consentimiento del acto.

Además, no existe en la legislación electoral local dispositivo alguno que atribuya a los diputados de determinada fracción parlamentaria la representación del partido por el que resultaron electos o asignados, en el que se encuentren afiliados o del que sean simpatizantes, de ahí que resulte inadmisible lo planteado en el sentido de que el Partido Acción Nacional estuvo legítimamente representado por "sus" diputados y, que por tal virtud, se encontraba en ventaja frente a otros partidos políticos al tener una doble representación.

Asimismo, la notificación automática a que se refiere el artículo 30 de la ley mencionada sólo opera tratándose de actos emanados de órganos formal y materialmente electorales, ante los cuales los partidos políticos sí tienen representantes legales, pero de ninguna manera puede considerarse que dicha notificación pueda darse en relación con actos provenientes de un congreso local, como en la especie, el acuerdo emitido por el Congreso del Estado de Campeche.

Igualmente, resulta infundado el argumento de que el medio de impugnación resulta extemporáneo porque el actor tuvo conocimiento del acto impugnado desde el momento en que diversos medios de comunicación impresos le dieron difusión al acuerdo del H. Congreso del Estado de Campeche, que constituye el acto impugnado, por lo siguiente.

Si bien, como se señaló, de conformidad con el artículo 8 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, los medios de impugnación deben de promoverse dentro de los cuatro días, contados a partir del día siguiente a aquél en que se tenga conocimiento del acto o resolución impugnado o se hubiese notificado de conformidad con la ley aplicable, lo cierto es que, para considerar ese conocimiento como punto de partida para computar el plazo para la presentación del medio de impugnación, el mismo debe estar plenamente acreditado, ante las consecuencias que puede producir esa circunstancia para la suerte del medio de impugnación de que se trate y, en el caso, ese grado de acreditación no se alcanza con la circunstancia de que en diversos medios de comunicación se hayan publicado notas referentes al acto que se combate, pues esto sólo genera leves indicios que, para su fortalecimiento, deben encontrarse apoyados con otros medios de convicción de mayor fuerza probatoria.

A mayor abundamiento, el propio Congreso del Estado, ordenó que la notificación del acuerdo impugnado se realizara a través del periódico oficial de la entidad, por lo que la fecha en que ocurrió esto último es la que debe considerarse para realizar el cómputo relativo, y en tales condiciones, el presente medio de impugnación fue presentado en el término legal.

Se afirma lo anterior, toda vez que el plazo para la interposición del medio de impugnación comenzó a correr a partir del día diecinueve de diciembre del año anterior, que es el día siguiente a aquél en que se publicó el acuerdo de mérito en el Periódico Oficial del Estado, y presentó su demanda el día veinticuatro siguiente, es decir, dentro del término legal, en virtud de que se deben descontar los sábados y domingos, por ser inhábiles, ya que en esa fecha, aún no comenzaba el proceso electoral local.

Se afirma lo anterior, toda vez que el plazo para la interposición del medio de impugnación comenzó a correr a partir del día diecinueve de diciembre del año anterior, que es el día siguiente a aquel en que se publicó el acuerdo de mérito en el Periódico Oficial del Estado, y presentó su demanda el día veinticuatro siguiente, es decir, dentro del término legal, en virtud de que se deben descontar los sábados y domingos, por ser inhábiles, ya que en esa fecha, aún no comenzaba el proceso electoral local.

De igual forma, contrario a lo afirmado por la autoridad responsable y por el tercero interesado, proviene de parte legítima y se acredita la personería, en el presente juicio, como se demuestra a continuación.

El ciudadano Carlos Antonio Márquez Sandoval hace valer como causa de improcedencia la falta de personería del promovente, para lo cual expone los siguientes argumentos:

a) Que el poder que exhibió el impugnante no contiene inserto, transcrito o en el apéndice del testimonio que acompaña, la parte relativa a los estatutos en los que se establezca que el Presidente del Comité Ejecutivo Nacional tenga facultades para otorgar poderes.

b) Que el poder de referencia es insuficiente e ilegal porque la certificación fue realizada respecto de una copia simple del instrumento número nueve mil ciento seis, es decir, que la notaria pública tuvo a la vista una copia simple y no un original o, cuando menos, una copia certificada.

La causa de improcedencia invocada por el tercero interesado se considera inatendible, de acuerdo con los siguientes razonamientos:

En cuanto a los argumentos resumidos en el inciso a) anterior, esta Sala Superior advierte que, en oposición a lo manifestado por el tercero interesado, la copia del poder exhibido por el promovente, para acreditar su personería, sí contiene inserta la parte relativa a los estatutos en los que se establecen las facultades para otorgar poderes por parte del presidente del comité ejecutivo nacional del Partido Acción Nacional, así como la constancia de que el notario público realizó el cotejo de la copia del testimonio de la escritura pública número nueve mil ciento seis, con su original.

En efecto, del análisis del documento cuestionado se observa lo siguiente:

Mediante escritura pública número nueve mil ciento seis del libro ciento ochenta y seis, de fecha doce de abril de dos mil dos, pasada ante la fe del licenciado Mario Evaristo Vivanco Paredes, notario público número sesenta y siete del Distrito Federal, el Partido Acción Nacional, representado por el ingeniero Jorge Andrés Ocejo Moreno y el licenciado Adrián Fernández Cabrera, otorgó poder a favor del diputado Juan Camilo Mouriño Terrazo, en su calidad de presidente de la delegación estatal del mencionado partido político en el Estado de Campeche, para que lo ejerza al tenor de la cláusula única contenida en el instrumento sometido a estudio.

De la escritura pública que se analiza se advierte que el notario público número sesenta y siete del Distrito Federal certificó que los representantes del Partido Acción Nacional le acreditaron la personalidad que ostentan con la certificación que agregó al apéndice de dicho instrumento con la letra "A", y que dichos comparecientes le manifestaron que tal representación no les había sido revocada ni en forma alguna modificada.

La referida certificación, que se identificó con la letra "A", contiene el nombre y número del notario ante quien pasó la escritura que se exhibió para acreditar la personalidad de los otorgantes del poder, siendo Mario Evaristo Vivanco Paredes, titular de la notaría número sesenta y siete del Distrito Federal. Asimismo, se citó el número y la fecha de los instrumentos con las cuales los otorgantes demostraron su calidad de apoderados del Partido Acción Nacional, siendo los siguientes: Escritura pública número cinco mil tres, de fecha doce de abril de mil novecientos noventa y nueve, y escritura pública número siete mil ciento cuarenta y cuatro, de fecha catorce de septiembre de dos mil.

En la escritura pública número cinco mil tres, pasada ante la fe del mismo notario número sesenta y siete del Distrito Federal, se hizo constar la protocolización del nombramiento del ciudadano Luis Felipe Bravo Mena como Presidente del Partido Acción Nacional.

De la mencionada escritura el notario público copió la parte conducente en la cual se hace constar el nombramiento del licenciado Luis Felipe Bravo Mena como presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional, para lo cual transcribió la parte relativa de los estatutos del referido instituto político, en los cuales, en lo que interesa, se establece lo siguiente:

CAPÍTULO OCTAVO

DEL COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL

"Artículo 62.

Son facultades y deberes del Comité Ejecutivo Nacional:

I. Ejercer por medio de su presidente o de la persona o personas que estime conveniente designar al efecto, la representación legal de Acción Nacional, en los términos de las disposiciones que regulan al mandato tanto en el Código Civil para el Distrito Federal, la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito y Ley Federal del Trabajo, en consecuencia, el presidente gozará de todas las facultades generales y aún las especiales que requieran cláusula especial conforme a la Ley para Pleitos y Cobranzas, actos de administración, actos de dominio, y para suscribir títulos de crédito, cuyas disposiciones de tales ordenamientos legales se tienen aquí por reproducidas como si se insertaran (así) a la letra, y relativos de la legislación electoral vigente..."

CAPÍTULO NOVENO

DEL PRESIDENTE DE ACCIÓN NACIONAL

"Artículo 65.

El presidente de Acción Nacional, lo será también del Comité Ejecutivo Nacional y tendrá además el carácter de presidente de la asamblea, de la convención y del Consejo Nacionales; con las atribuciones siguientes:

Representar a Acción Nacional en los términos y con las facultades a que se refiere la fracción I del artículo 62 de estos estatutos;

..."

De igual manera, el fedatario público transcribió el contenido de la certificación expedida por el Instituto Federal Electoral con la cual se acreditó el nombramiento de Luis Felipe Bravo Mena como Presidente del Partido Acción Nacional, cuyo texto es como sigue:

"Al margen superior izquierdo sello que dice:

"Estados Unidos Mexicanos

Instituto Federal Electoral"

Al centro:

"El suscrito ciudadano secretario ejecutivo del Instituto Federal Electoral, en ejercicio de la atribución que le confiere el artículo 89, párrafo 1, inciso t), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Certifica.

...

Que según documentos que obran en los archivos de este Instituto Federal Electoral, el Comité Ejecutivo Nacional para el período mil novecientos noventa y nueve al dos mil dos, del Partido Acción Nacional, esta conformado de la siguiente manera:

Órgano de dirección

Nombre

Cargo

Comité Ejecutivo

1. Luis Felipe Bravo Mena

Presidente.

 

A su vez, en la escritura número siete mil ciento cuarenta y cuatro, de fecha catorce de septiembre de dos mil, pasada ante la fe del propio notario público número sesenta y siete del Distrito Federal, el Partido Acción Nacional, representado por el licenciado Luis Felipe Bravo Mena, otorgó poder especial a favor del licenciado Salvador Beltrán del Río Madrid, del ingeniero Jorge Andrés Ocejo Moreno y del licenciado Adrián Fernández Cabrera. De la escritura en comento el notario público copió lo siguiente:

"Única. ‘El poderdante’ confiere a los ‘apoderados’ el siguiente poder y con la limitación que más adelante se indica:

A). Poder general para pleitos y cobranzas, con todas las facultades generales y aún con las especiales que de acuerdo con la ley requieran poder o cláusula especial, en los términos del párrafo primero del artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil para el Distrito Federal y sus correlativos de los códigos civiles de las demás entidades federativas de los Estados Unidos Mexicanos, en concordancia con los artículos seiscientos noventa y dos fracción primera, setecientos trece y ochocientos setenta y seis fracciones primera, segunda, quinta y sexta de la Ley Federal del Trabajo, promoviendo, conciliando y contestando toda clase de demandas o de asuntos y seguirlos en todos sus trámites, instancias e incidentes hasta su final decisión, conformarse o inconformarse con las resoluciones de las autoridades según lo estime conveniente, así como interponer los recursos legales procedentes.

De manera enunciativa y no limitativa se mencionan entre otras facultades las siguientes:

I. Para intentar y desistirse de toda clase de procedimiento, inclusive amparo.

II. Para comprometer en árbitros.

III. Para absolver y articular posiciones.

IV. Para transigir.

V. Para hacer cesión de bienes.

VI. Para recusar.

VII. Para recibir pagos.

VIII. Para presentar denuncias y querellas en materia penal y para desistirse de ellas cuando lo permita la ley.

B). Poder general para actos de administración en los términos del párrafo segundo del citado artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil para el Distrito Federal y sus correlativos de los códigos civiles de las demás entidades federativas de los Estados Unidos Mexicanos.

C). Poder para otorgar y suscribir títulos de crédito en los términos del artículo noveno de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.

D). Poder general para actos de dominio, en los términos del párrafo segundo del citado artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil para el Distrito Federal y sus correlativos de los códigos civiles de las demás entidades federativas de los Estados Unidos Mexicanos, pero con la salvedad de que esta facultad la podrán ejercitar única y exclusivamente sobre bienes muebles. ‘Los apoderados’ no podrán enajenar ni gravar bienes inmuebles del ‘Partido Acción Nacional’, salvo por acuerdo previo y expreso del Comité Ejecutivo Nacional de ‘el poderdante’.

E). Poder para, dentro de sus facultades y limitaciones, otorgar poderes generales o especiales y revocar unos y otros.

F). Poder para ejercer la representación legal de ‘Partido Acción Nacional’, en los términos que señalen las disposiciones relativas de la legislación electoral vigente, inclusive en materia de presentación de acciones de inconstitucionalidad, de conformidad con lo dispuesto por el artículo ciento cinco, fracción segunda, inciso f) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y su ley reglamentaria.

G). El presente poder será ejercitado por ‘ los apoderados’ por lo que se refiere a las facultades consignadas en los incisos A), B) y F), conjunta o separadamente, sin incluir la facultad para otorgar poderes generales y especiales y revocar unos y otros. Por lo que se refiere a las facultades consignadas en los incisos C), D) y E), deberán ejercitarlas conjuntamente dos cualesquiera de ‘los apoderados’.

...".

Como se observa de lo aquí transcrito, al ingeniero Jorge Andrés Ocejo Moreno y al licenciado Adrián Fernández Cabrera se les otorgaron las siguientes facultades:

A) Poder general para pleitos y cobranzas, con todas las facultades generales y aún con las especiales que de acuerdo con la ley requieran poder o cláusula especial, en los términos del párrafo primero del artículo 2554 del Código Civil para el Distrito Federal en materia común y para toda la República en materia federal.

B) Poder general para actos de administración, en los términos del párrafo segundo del citado artículo 2554.

C) Poder para otorgar y suscribir títulos de crédito.

D) Poder general para actos de dominio.

E) Poder para otorgar, dentro de sus facultades y limitaciones, poderes generales o especiales y revocar unos y otros.

F) Poder para ejercer la representación legal del Partido Acción Nacional, en los términos que señalen las disposiciones relativas de la legislación electoral vigente, inclusive en materia de presentación de acciones de inconstitucionalidad.

G) Por lo que se refiere a los incisos A) y B), el poder puede ser ejercido por los apoderados en forma conjunta o separadamente, en tanto que las facultades consignadas en los incisos C), D), E), F) y G), deben ejercerlos conjuntamente dos cualesquiera de los apoderados.

De lo anterior se advierte que el ingeniero Jorge Andrés Ocejo Moreno y el licenciado Adrián Fernández Cabrera son apoderados del Partido Acción Nacional y se encuentran facultados para otorgar poderes generales o especiales y revocar unos y otros, dentro de las facultades y limitaciones comprendidas dentro del poder que a su vez recibieron de parte del presidente del comité ejecutivo nacional del Partido Acción Nacional, en su carácter de representante de ese instituto político.

En tales condiciones, es evidente que, contrario a lo alegado por el tercero interesado, con el instrumento notarial exhibido en copia certificada por el promovente sí se acredita la personalidad y facultades tanto del presidente del comité ejecutivo nacional del Partido Acción Nacional, como de los apoderados Jorge Andrés Ocejo Moreno y Adrián Fernández Cabrera.

Por lo que se refiere al poder otorgado a favor del diputado Juan Camilo Mouriño Terrazo por el ingeniero Jorge Andrés Ocejo Moreno y el licenciado Adrián Fernández Cabrera, en su carácter de apoderados del Partido Acción Nacional, se advierten las siguientes características:

1. El poder conferido a Juan Camilo Mouriño Terrazo se hizo en atención a su calidad de presidente de la delegación estatal del Partido Acción Nacional en el Estado de Campeche. Al respecto, en la parte conducente del instrumento notarial se lee:

"Mario Evaristo Vivanco Paredes, titular de la notaría número sesenta y siete del Distrito Federal, hago constar el poder limitado que otorga el ‘Partido Acción Nacional, en lo sucesivo ‘el poderdante’, representado por el ingeniero Jorge Andrés Ocejo Moreno y el licenciado Adrián Fernández Cabrera, a favor del diputado Juan Camilo Mouriño Terrazo, en su calidad de Presidente de la Delegación Estatal del Estado de Campeche, en lo sucesivo ‘el apoderado’, para que lo ejercite al tenor de la siguiente:

...".

2. El poder conferido a Juan Camilo Mouriño Terrazo comprende:

A) Poder general para pleitos y cobranzas;

B) Poder general para actos de administración, en los términos del párrafo segundo, del artículo 2554 del Código Civil para el Distrito Federal en materia común y para toda la república en materia federal y sus correlativos de los Códigos Civiles de las demás entidades federativas de los Estados Unidos Mexicanos.

C) Poder para abrir, autorizar la apertura, administrar y girar a cargo de ellas, cuentas bancarias respecto de los recursos del partido en el Estado de Campeche.

D) Juan Camilo Mouriño Terrazo no puede otorgar poderes generales o especiales.

E) El poder conferido a Juan Camilo Mouriño Terrazo dejará de surtir efectos en el momento en que concluya su desempeño en el cargo de presidente de la delegación estatal del Partido Acción Nacional en el Estado de Campeche.

En ese orden de ideas, es inconcuso que el diputado Juan Camilo Mouriño Terrazo sí cuenta con la personería suficiente para promover el presente juicio de revisión constitucional electoral en representación del Partido Acción Nacional, pues se le otorgó poder general para pleitos y cobranzas por quienes, conforme con los estatutos de ese instituto político, tienen facultades para ello y, por ende, se surte la hipótesis prevista en el inciso d) del párrafo 1 del artículo 88 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

Adicionalmente, esta Sala Superior considera que se cumplieron los requisitos establecidos en el párrafo 1, del artículo 86, de la ley general invocada, por los razonamientos siguientes:

a) El cumplimiento del requisito previsto en el inciso a), del referido artículo 86, que consiste en que los actos impugnados sean definitivos y firmes, pretende garantizar que el ejercicio de la jurisdicción de los tribunales cumpla el cometido atinente a su naturaleza jurídica, de resolver el litigio mediante una resolución que establezca la verdad legal sobre el asunto, propósito que sólo se puede alcanzar a través de un fallo único que obligue imperativamente a las partes y que no encuentre oposición de ninguna especie en la ley o en otros actos de autoridad, toda vez que la exigencia de que el acto impugnado no pueda revocarse, modificarse o anularse a través de un medio de control oficioso o de un juicio o recurso procedente en su contra, proporciona la seguridad de que la decisión adoptada en el medio extraordinario constituirá la única verdad legal del caso concreto, a la cual las partes deberán atenerse para todos los efectos, al no poder oponer ya nada para resistir legalmente su cumplimiento.

Por otra parte, el cumplimiento del requisito previsto en el inciso f), del mismo artículo, relativo a agotar las instancias previas, en virtud de las cuales pudiera haberse modificado, revocado o anulado el acto combatido responde al principio de definitividad, rector de los procesos jurisdiccionales excepcionales y extraordinarios, como es el juicio de revisión constitucional electoral, conforme al cual los justiciables sólo deben ocurrir a la vía especial, cuando sea el único medio para conseguir de manera pronta y adecuada la restitución, en la mayor medida posible, del goce de los derechos sustantivos controvertidos que estiman conculcados con las violaciones aducidas, pues no se justifica ocurrir a lo extraordinario cuando es más fácil e inmediato valerse de un medio ordinario eficaz para lograr lo pretendido.

Así, en la especie, ambos requisitos se cumplen en virtud de que como ha quedado debidamente razonado en el considerando primero de este fallo, el acuerdo objeto de estudio y del cual se inconforma el ahora enjuiciante debe considerarse como un acto electoral y por tanto, al Congreso del Estado de Campeche como autoridad responsable del mismo. De igual forma, es necesario precisar que respecto del acto impugnado, no existe en la Constitución local, ni en la ley electoral de dicha entidad federativa, alguna instancia o medio de defensa mediante el cual el ahora actor hubiese podido acudir para inconformarse con tal acto, por lo que se concluye que el acuerdo que hoy se combate deviene en un acto definitivo y forme contra el cual no existe medio ordinario de defensa en el ámbito local, según se deriva del análisis de los artículos 217, 249, 254, 262, 263, 274 y 292 del Código Electoral del Estado de Campeche, en los cuales se prevén los supuestos de procedencia del recurso de revisión, apelación, reconsideración, juicio de inconformidad y el juicio para dirimir los conflictos o diferencias laborales entre el Instituto Electoral del Estado y sus servidores, sin que de los mismos figure alguno por el que se pueda considerar que el ahora promovente, antes de acudir a esta instancia, debía agotar alguno de dichos medios de impugnación previstos en la norma adjetiva electoral de la entidad.

Al respecto, resulta aplicable la tesis de jurisprudencia J.023/2000, aprobada por esta Sala Superior, y publicada en el Suplemento número 4, página 8, de Justicia Electoral, Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cuyo rubro es: "DEFINITIVIDAD Y FIRMEZA, CONSTITUYEN UN SOLO REQUISITO DE PROCEDIBILIDAD DEL JUICIO DE REVISIÓN CONSTITUCIONAL ELECTORAL".

b) De una lectura al escrito de demanda, se advierte que el partido actor señala que la autoridad responsable, al designar al C. Carlos Antonio Márquez Sandoval como juez electoral del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Campeche, transgredió lo dispuesto por los artículos 14, 16, 41 y 116, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que resulta suficiente para tener por satisfecho el requisito especial del presente juicio, consistente en que la resolución impugnada viole algún precepto de la Constitución Federal; además, el hecho de que el acto impugnado haya violado o no algún precepto de la Constitución Federal, no es obstáculo para estudiar la procedencia del presente juicio, en virtud de que ello deriva, en su caso, del análisis de fondo de este medio de impugnación, resultando innecesario que el promovente acredite a priori la violación de algún precepto constitucional, atento a que ello, se insiste, es consecuencia del análisis de los agravios esgrimidos.

Asimismo, resulta aplicable el criterio de jurisprudencia J.2/97 emitido por esta Sala Superior, y visible en las páginas 25 y 26 del Suplemento número 1, de Justicia Electoral, Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cuyo rubro es: "JUICIO DE REVISIÓN CONSTITUCIONAL ELECTORAL. INTERPRETACIÓN DEL REQUISITO DE PROCEDENCIA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 86, PÁRRAFO 1, INCISO B) DE LA LEY DE LA MATERIA."

c) La violación reclamada puede ser determinante para el desarrollo del proceso electoral o el resultado final de la elección, en tanto que, de acogerse la pretensión del actor y revocarse el acuerdo impugnado, esta Sala Superior dejaría sin efectos la designación de Carlos Antonio Márquez Sandoval como integrante del Juzgado Segundo Electoral del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Campeche que, junto con la Sala Administrativa del citado órgano jurisdiccional, en términos de los artículos 82-1 y 82-2 de la Constitución Política del Estado de Campeche, son los órganos encargados de conocer y resolver la impugnaciones y controversias que se susciten, dentro de los procesos electorales de la competencia estatal, por lo que, en el eventual caso de estar integrados en forma irregular, como lo alega el promovente, se puede concluir válidamente que su eventual indebida integración, sería determinante para el desarrollo del proceso electoral de mérito.

d) En relación con los requisitos establecidos en los incisos d) y e) del citado artículo 86, el tercero interesado señala que se trata de un acto totalmente consumado, siendo material y jurídicamente imposible de reparar, dentro de los plazos electorales, lo que conlleva a que se deseche de plano la impugnación pretendida, pues, según señala en su escrito de alegatos, conforme a lo que establece el artículo cuatro transitorio, en relación con el 121, párrafo 1, del Código Electoral del Estado de Campeche, la instalación y toma de posesión del funcionario electo fue a partir del primero de enero del presente año, lo que imposibilita a este órgano jurisdiccional a reparar la violación reclamada.

Esta Sala Superior considera como inatendible esta causa de improcedencia, toda vez que cuando los artículos 99 de la Constitución Federal y 86 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación hacen referencia a que la reparación solicitada sea material y jurídicamente posible dentro de los plazos electorales y sea factible antes de la fecha constitucional o legalmente fijada para la instalación de los órganos o la toma de posesión de los funcionarios electos, debe entenderse que se están refiriendo a instalación de órganos o toma de posesión de funcionarios producto de elecciones populares que se hayan celebrado; es decir, de órganos o funcionarios que hayan resultado electos a través de la emisión del voto universal, libre, directo y secreto depositado en las urnas, y no de la designación de jueces o magistrados que integran Tribunales Electorales, como acontece en la especie.

Lo anterior encuentra apoyo en la tesis de jurisprudencia S3ELJ 51/2002, emitida por este órgano jurisdiccional, consultable en el Informe Anual de Labores 2001-2002, páginas 197 y 197, que rindió el Presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cuyo rubros y texto es el siguiente:

"REVISIÓN CONSTITUCIONAL ELECTORAL. EL REQUISITO DE REPARABILIDAD SE ENCUENTRA REFERIDO A LOS ÓRGANOS Y FUNCIONARIOS ELECTOS POPULARMENTE. La previsión del artículo 86, párrafo 1, incisos d) y e), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, en el sentido de que el juicio de revisión constitucional electoral sólo será procedente cuando la reparación solicitada sea material y jurídicamente posible dentro de los plazos electorales y sea factible antes de la fecha constitucional o legalmente fijada para la instalación de los órganos o la toma de posesión de los funcionarios elegidos, debe entenderse que hace referencia a la instalación de órganos o toma de posesión de funcionarios producto de elecciones populares que se hayan celebrado; es decir, de órganos o funcionarios que hayan resultado electos a través de la emisión del voto universal, libre, directo y secreto depositado en las urnas y no de órganos electorales, designados por un órgano legislativo, jurisdiccional o administrativo."

TERCERO. Toda vez que las causas de improcedencia hechas valer por la autoridad responsable, así como por el tercero interesado, han sido desvirtuadas en el considerando anterior y, esta Sala Superior no advierte de oficio la actualización de alguna otra, lo procedente es entrar al estudio de los agravios que hizo valer el Partido Acción Nacional.

En la primera parte del agravio identificado con el inciso a) del escrito inicial de demanda, el enjuiciante hace valer medularmente como motivo de inconformidad, que el procedimiento de designación del ciudadano Carlos Antonio Márquez Sandoval como juez Electoral, del cual deriva el acuerdo impugnado, se encuentra viciado al no desarrollarse cabalmente las etapas previstas en la ley, pues la resolución del Congreso local se tomó con base en un informe elaborado por la Comisión de Procuración de Justicia, Seguridad Pública, Protección Civil y Derechos Humanos, cuando ésta lo que debió formular fue un dictamen, de conformidad con lo establecido en el artículo 38 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Campeche. De ahí que, al adoptarse la resolución cuestionada tomando en cuenta un acto nulo de pleno derecho el cual se desarrolla en las etapas del procedimiento de designación de los jueces y magistrados electorales, se viola flagrantemente el principio de legalidad.

En concepto de esta Sala Superior, es de desestimarse el anterior concepto de agravio, por las razones que a continuación se exponen:

De conformidad con los artículos 82-1 y 82-2 de la Constitución Política del Estado de Campeche, 213, 214 y 215 del Código Electoral de la citada entidad federativa, la Sala Administrativa del Tribunal Superior de Justicia del Estado, será la máxima autoridad jurisdiccional y órgano permanente especializado del Poder Judicial del Estado en Materia Electoral, la cual se integrará con tres magistrados numerarios y un suplente, electos por las dos terceras partes de los miembros presentes del Congreso del Estado, a propuesta del Pleno del Tribunal Superior de Justicia y durarán en el cargo seis años, a cuyo término podrán ser confirmados a propuesta que el Pleno haga al indicado Congreso; estableciéndose que la ley electoral señalará las reglas y el procedimiento respectivos. Asimismo, que los Juzgados Electorales, serán órganos colegiados especializados de primera instancia en materia electoral y se integrarán con tres jueces electorales, cuya designación se hará en la misma forma que la de los magistrados de la Sala Administrativa, y durarán en el cargo seis años, a cuyo término podrán ser confirmados, a propuesta que el Pleno haga al Congreso del Estado.

Por su parte, la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Campeche, en su artículo 31 establece que el estudio y dictaminación de las iniciativas, proyectos y demás asuntos cuya resolución sea de la competencia del Congreso del Estado, salvo las que la ley reserve del conocimiento de otro órgano del poder legislativo, estarán a cargo de las comisiones de dictamen legislativo. Asimismo, en los diversos artículos 38 y 39 del ordenamiento antes invocado, se dispone que toda comisión deberá emitir un dictamen sobre el asunto que se le turne en un plazo que no deberá exceder de quince días, contados a partir de la fecha en que su presidente lo reciba. Dicho dictamen, deberá redactarse en forma clara y sencilla, exponiendo las razones y fundamentos jurídicos en los que se sustente, divididos en una parte expositiva o de antecedentes, una parte considerativa o de razonamientos y, finalmente, un punto de acuerdo o de decreto, precisándose la fecha en que se emitan. El dictamen deberá ser firmado por todos los integrantes de la Comisión que estén de acuerdo con el mismo.

Precisado lo anterior, y como se desprende del agravio antes reseñado, el punto medular a resolver, consiste en determinar si el acuerdo impugnado se encuentra viciado, al haber tomado el Congreso para emitirlo, como válido un informe que presentó la Comisión de Procuración de Justicia, Seguridad Pública, Protección Civil y Derechos Humanos, siendo que lo que debió de haberse emitido por parte de esta Comisión, según lo señala el accionante, era un dictamen, trasgrediéndose con ello el artículo 38 de la Ley Orgánica en comento.

A fin de dilucidar el planteamiento formulado por el partido accionante y estar en posibilidad de establecer si se actualiza la violación alegada, se precisa definir el significado de los vocablos "dictamen" e "informe".

Conforme con el Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Editorial Heliasta, Guillermo Cabanellas, tomo III, edición XXVI, 1998, foja 247, se define a la palabra "dictamen" como: "...Opinión, consejo o juicio que en determinados asuntos debe oírse por los tribunales, corporaciones y autoridades. También se llama así al informe, u opinión verbal o por escrito que exprese un letrado a petición del cliente, acerca de un problema jurídico o sometido a su consideración. Puede decirse que el dictamen constituye la respuesta técnica a la consulta del interesado (...)"; igualmente, a foja 411, del tomo IV, define al vocablo informe como: "...Opinión, dictamen de algún Cuerpo, organismo o perito. En el Diccionario para Juristas, Editorial Mayo Ediciones, de Juan Palomar de Miguel, 1981, foja 716, se define como "informe": Acción y efecto de informar o dictaminar(...)"

El Diccionario de la Lengua Española, de la Real Academia Española, edición XXI, tomo II, 1992, foja 1165, define "informe": (...) 2. Acción y efecto de informar o dictaminar (...); por su parte en el Diccionario Porrúa de Sinónimos y Antónimos de la Lengua Española, edición XII, 1998, foja 198, se señala como sinónimo de "informe", entre otros, dictamen; en el diccionario de referencia, foja 107, establece como sinónimo de "dictamen": informe, justificación, fallo (derecho), juicio, advertencia, consejo, concepto (...); a su vez, el Diccionario de Sinónimos y Antónimos de la Lengua Española, de Océano Conciso, edición del Milenio, 1995, foja 221, precisa como sinónimos de "dictamen" a las palabras: "Juicio, opinión, parecer, discernimiento, entender, sentencia, informe, apreciación, concepto, criterio (...)"; así también, en el Diccionario de Sinónimos y Antónimos, Editorial Espasa Calpe, 1993, foja 515, se precisa como sinónimo de "dictamen" al informe; en el diverso Diccionario de Sinónimos e Ideas Afines con Antónimos, Editores Mexicanos Unidos, tomo I, foja 392, se señala como sinónimo de "dictamen", entre otros vocablos el de informe.

Por otro lado, el doctrinario Miguel Ángel Camposeco Cadena, en su obra titulada El Dictamen Legislativo, del Instituto de Investigaciones Legislativas de la H. Cámara de Diputados, edición 1998, a foja 65, hace referencia al dictamen legislativo en los siguientes términos:

"La palabra dictamen tiene su origen en el vocablo latino "dictamen" que significa opinión, parecer, juicio, acerca de alguna cosa que emite alguna persona o corporación. En nuestra práctica parlamentaria, por Dictamen se comprende todo documento preparado, discutido, votado y aprobado por la mayoría de los miembros de una Comisión Dictaminadora o de una Comisión Mixta o Conjunta mediante el cual, dicho órgano legislativo produce y presenta un informe razonado dirigido a la Mesa Directiva para que lo someta a la consideración del Pleno de la Asamblea. En dicho informe, se deben dar a conocer y relacionar los puntos de vista, resultados o conclusiones a los que haya llegado la Comisión, producto del análisis colectivo y consensado en que concluyan sus miembros."

De las anteriores definiciones podemos arribar a la conclusión de que los vocablos "dictamen" e "informe", se pueden utilizar como sinónimos, cuyo significado consiste en la emisión de una opinión o juicio que se forma sobre algo especialmente determinado; tratándose de cuestiones parlamentarias, puede decirse que es el documento escrito que acredita y justifica el cumplimiento de un requisito de trámite procesal legislativo, que tiene como finalidad, el estudio del punto sometido a consideración de una Comisión para calificar su viabilidad o no, y que sirve como documento constitutivo para formalizar otras etapas del procedimiento atinente.

En este sentido, si bien es cierto que como se advierte de las constancias que forman el expediente en que se actúa, la Comisión de Procuración e Impartición de Justicia, Seguridad Pública, Protección Civil y Derechos Humanos del Congreso del Estado de Campeche, emitió un informe, respecto de la propuesta del Pleno del H. Tribunal Superior de Justicia del Estado para la designación de la vacante de juez en el Segundo Juzgado Electoral, que le fue sometido a su deliberación, dicho informe, atento a las definiciones antes indicadas, debe considerarse como un dictamen, máxime que éste cumple con los requisitos previstos en la ley para considerarse como tal, toda vez que se encuentra redactado en forma clara y sencilla, consta de una parte de antecedentes, una parte considerativa y concluye con un punto de acuerdo o decreto; asimismo, se señala la fecha de su emisión y se encuentra suscrito por los integrantes de la Comisión. Esto es, en el informe o dictamen se razona, se dan a conocer y se relacionan los puntos de vista, resultados y conclusiones a los que se llegó, producto del examen realizado por la citada Comisión, respecto de las personas propuestas por el Pleno del Tribunal Superior de Justicia para ocupar el cargo antes referido, informe o dictamen que sirvió de base para que el Congreso del Estado determinara o no conceder la confirmación solicitada.

En mérito de lo anterior, la emisión de lo que denominó la Comisión de Procuración de Justicia, Seguridad Pública, Protección Civil y Derechos Humanos, como informe, en modo alguno puede considerarse como violatoria de lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Campeche, ni mucho menos del procedimiento previsto en la ley para la designación de jueces Electorales.

Por otra parte, en la segunda parte del agravio marcado con el inciso a), el actor aduce que la designación de Carlos Antonio Márquez Sandoval como Juez Electoral del Tribunal Superior de Justicia del Estado, es violatoria de los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que carece de la debida fundamentación y motivación, pues al tratarse de un acto complejo se lleva a cabo en diversas etapas, una de las cuales consiste en la elaboración de un dictamen por parte de la Comisión de Procuración e Impartición de Justicia, Seguridad Pública, Protección Civil y Derechos Humanos, mediante el cual se proporcionan al Congreso del Estado los elementos técnicos básicos necesarios para tomar una decisión de manera informada y, en el caso, en dicho informe no se estableció la forma cómo se comprobó que las personas a que se refiere cumplieron con los requisitos positivos y negativos para ser jueces, es decir, no contiene la debida motivación.

Son esencialmente fundados los anteriores agravios, como se demostrará a continuación.

Efectivamente, de conformidad con la normatividad del Estado de Campeche, la designación de los jueces es un acto jurídico complejo, porque la decisión por parte del Congreso del Estado, no es un acto independiente, perfecto y completo por sí solo, pues constituye la última fase de un procedimiento integrado por diversas etapas concatenadas entre sí, en el que cada una es antecedente y base de la siguiente, de manera que, sólo cuando esa cadena de actos sucesivos se realiza correctamente, se puede estimar que el procedimiento es válido y, por ende, puede servir de base a la decisión final que en ese proceso se emita. Por ese motivo, la decisión no es un acto aislado o individual sino que, necesariamente, es el resultado en un proceso que debe ser válido.

Ahora bien, la designación de los jueces electorales del Tribunal Superior del Estado de Campeche, tiene como fin la integración de un órgano jurisdiccional de naturaleza colegiada, autónomo e independiente, encargado de velar que los actos electorales se ajusten a la legalidad, como medio de garantizar y legitimar la renovación de los poderes públicos en dicha entidad federativa, mediante elecciones libres, auténticas y periódicas, a través del sufragio universal, igual, libre, secreto y directo.

Tales fines no se lograrían si los jueces designados para que integraran el órgano judicial se designaran en contravención a la ley, ya que si existieran deficiencias en el proceso de su nombramiento, se pondría en duda la autonomía e independencia del tribunal, lo que afectaría al sistema electoral estatal, por no contar con un órgano dotado de la suficiente legitimidad y credibilidad que realmente se constituya en garante de la legalidad de los actos y resoluciones electorales.

La cualidad de los juzgados electorales precisada, y el procedimiento para la designación de los jueces se contempla en los artículos 39, 40, 41 primer párrafo, y 116 fracción IV, incisos del a) al e) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 24, 77, 79 y 82-2 de la Constitución del Estado de Campeche; 213 al 215 del Código Electoral de esa entidad; y 60 de la Ley Orgánica del H. Congreso, de los cuales se puede obtener, en lo conducente, lo siguiente:

1. La soberanía nacional reside esencial y originalmente en el pueblo y es voluntad de éste constituirse en una república representativa, democrática, federal, compuesta de Estados libres y soberanos, en lo concerniente a su régimen interior.

2. El pueblo ejerce su soberanía por medio de los poderes de la Unión, y por los de los Estados. La renovación de los poderes de la Unión y de los Estados se realiza mediante elecciones libres, auténticas y periódicas. Entre las bases para esa renovación se encuentra, la creación de un sistema de medios de impugnación que garantice la constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones electorales.

3. Para garantizar la legalidad de los actos electorales en los Estados se crean tribunales electorales, que deben ser autónomos en su funcionamiento e independientes en sus decisiones, y tendrá a su cargo la aplicación de los medios de impugnación locales en materia electoral, que garanticen la legalidad de los actos y resoluciones electorales.

4. La integración de los tribunales electorales en los Estados se regula por las constituciones locales y las leyes electorales reglamentarias correspondientes.

5. La legalidad de los actos y resoluciones electorales es imprescindible para que la renovación de los poderes de los Estados sea legítima, pues sólo así se puede estimar que hubo elecciones libres, auténticas y periódicas, a través del sufragio universal, igual, libre y directo.

6. El procedimiento de designación de los jueces electorales del H. Tribunal Superior de Justicia del Estado de Campeche, ante la falta absoluta de alguno, se lleva a cabo por etapas, primero el Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado envía al Congreso del Estado una terna de candidatos; luego viene una etapa de revisión preliminar de los expedientes que se hayan remitido, que realiza el Congreso a través de la comisión facultada para ello, la que debe emitir un dictamen en el que precise las razones y fundamentos que sirvieron para precisar las cualidades personales de los candidatos al cargo y si cumplen con los requisitos exigidos; posteriormente el dictamen es sometido al Pleno del Congreso para que éste, conforme a la información técnica proporcionada por la comisión, proceda a hacer la designación del juez como lo previene la Constitución y la ley locales.

Los requisitos para ser designado Juez Electoral, de conformidad con los artículos 77 tercer párrafo y 84 de la Constitución local, y 215, párrafo 3 del Código Electoral del Estado de Campeche son los siguientes:

1. Preferentemente, haber prestado sus servicios con eficiencia y probidad en la administración de justicia; que los merezcan por su honorabilidad, competencia y antecedentes en otras ramas de la profesión jurídica.

2. Ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles.

3. Poseer título profesional de abogado expedido por autoridad o corporación legalmente facultada para ello.

4. Gozar de buena reputación.

5. Estar inscrito en el padrón electoral y contar con credencial para votar con fotografía.

6. Tener conocimientos en materia electoral.

7. No desempeñar ni haber desempeñado el cargo de Presidente del Comité Ejecutivo o Directivo Estatal, Municipal o Distrital o equivalente de un partido político.

8. No haber sido registrado como candidato a cargo alguno de elección popular en los seis años inmediatos anteriores a la designación.

9. No desempeñar ni haber desempeñado cargo de dirección estatal, municipal o distrital en algún partido político en los seis años inmediatos anteriores a la designación.

La finalidad del dictamen que elabora la Comisión encargada de la revisión de los expedientes de la terna de candidatos a ocupar el cargo de juez, por su naturaleza, sólo constituye un acto instrumental, por cuanto es una actuación que tiende a proporcionar al órgano resolutor los elementos técnicos básicos-necesarios para arribar a una determinación o acuerdo legislativo, a través de una opinión que únicamente sirve de base para la deliberación en el seno de la legislatura local, en la medida de que contiene las conclusiones del procedimiento de revisión de los expedientes, y de las consideraciones por las cuales se rechazan o se admiten las propuestas, cuya determinación sería, en todo caso, de carácter eminentemente informativo, que no vincularía al Congreso Estatal en su decisión final, ya que para tal efecto, en todo caso, se requeriría de una mayoría calificada de votos de los integrantes de la legislatura, para que la designación de jueces pudiera ser considerada como acuerdo producto del examen de la información detallada y comprobada de cada uno de los candidatos a ocupar el cargo de juez, de manera que, para que los miembros del Congreso local que no hubieren intervenido en el dictamen fijaran su posición, es necesario que el dictamen se encuentre apegado totalmente a la ley aunque, como se dijo, en modo alguno resulta vinculatorio para la decisión que debe tomar el pleno de la legislatura estatal, pero sí resulta indispensable su debida motivación para legitimar y validar la designación.

Ahora bien, no obstante que ya se indicó, conviene enfatizar que el dictamen que elabora la Comisión dentro del procedimiento de designación de los jueces electorales, es de carácter técnico, instrumental, necesario, informativo y no vinculatorio; ello no constituye un obstáculo que impida su trascendencia en la legalidad del acuerdo impugnado, si se considera que el referido dictamen constituye la base para la discusión y toma de la decisión final por parte del Congreso de la referida Entidad Federativa en el nombramiento de los Jueces Electorales del Tribunal Superior de Justicia, de ahí que, no puede admitirse que el Congreso de Campeche designe a tal juez, con base en un dictamen, que careciera de legalidad.

En el presente caso, el cuatro de diciembre de dos mil dos, el Tribunal Supremo de Justicia del Estado de Campeche envió al H. Congreso de esa entidad, la propuesta de terna de candidatos para ocupar el cargo de Juez Electoral de ese tribunal, conformada por Carlos Antonio Márquez Sandoval, Pedro Damián Herrera Gómez y Mirna Patricia Moguel Cevallos.

El día diez siguiente, se turnó a la Comisión de Procuración de Justicia, Seguridad Pública, Protección Civil y Derechos Humanos, del referido Congreso, con la finalidad de que estudiaran y analizaran las propuestas del Tribunal Superior de Justicia, para la designación de juez del Juzgado Segundo Electoral.

El día once de diciembre, la comisión elaboró el dictamen en los siguientes términos:

"CONGRESO DEL ESTADO DE CAMPECHE.- LVII LEGISLATURA.- COMISIÓN DE PROCURACIÓN E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA, SEGURIDAD PÚBLICA, PROTECCIÓN CIVIL Y DERECHOS HUMANOS.- PALACIO LEGISLATIVO, CIUDAD DE CAMPECHE, CAMPECHE A LOS ONCE DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DOS.

Vista, la documentación que integra el expediente número 212/1ºp.0./2º/02, formado con motivo de un escrito remitido por el H. Tribunal Superior de Justicia del Estado para presentar la terna que contiene el nombre de las personas, entre las cuales se elegirá a un Juez Electoral, y teniendo como

A N T E C E D E N T E S

Primero.- Que en su oportunidad el H. Tribunal Superior de Justicia del Estado, en términos de lo dispuesto por el párrafo 4 del artículo 215 del Código Electoral del Estado, presentó a la consideración del Congreso del Estado, un escrito en el que se contienen los nombres de las personas que integran la terna de la cual se elegirá a quien ocupe el cargo de Juez Electoral del Poder Judicial del Estado, que se encuentra vacante por el fallecimiento del Licenciado Miguel Ángel Bravo Rosado, adjuntándose la documentación respectiva para la acreditación, a satisfacción plena, de los requisitos previstos por los artículos 77, tercer párrafo, 82-2, tercer párrafo, y 84 de la Constitución Política del Estado y 215, párrafos 2 y 3, del Código Electoral del Estado.

Segundo.- Que el escrito referido en el inciso que antecede, se dio a conocer al pleno del Congreso mediante la lectura íntegra de su texto en sesión celebrada el día diez de diciembre del 2002.

Tercero.- Que en la sesión mencionada, el presidente de la directiva del Congreso dispuso que dicho escrito, y documentación adjunta, se turnarse a la Comisión de Procuración e Impartición de Justicia, Seguridad Pública, Protección Civil y Derecho Humanos, para su revisión, análisis y emisión del informe correspondiente.

Cuarto.- Que para el análisis del multicitado escrito y documentación anexa, esta Comisión sesionó el día once de diciembre del año dos mil dos, acordándose proceder a elaborar el presente informe, y

C O N S I D E R A N D O

I.- Que por no contravenir lo previsto por los artículos 73, 74 y 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debe declararse y se declara que el Congreso del Estado está plenamente facultado para resolver en el caso.

II.- Que en mérito del contenido del escrito, esta Comisión declara su competencia para conocer sobre este asunto.

III.- Que en términos de lo que establece el párrafo 5 del artículo 215 del Código Electoral vigente, el Pleno del H. Tribunal Superior de Justicia del Estado cuenta con facultades para proponer a esta soberanía, la terna que contenga los nombres de las personas entre las cuales se habrá de elegir a quien ocupe el puesto vacante de Juez Electoral.

IV.- Que de la revisión y análisis de la documentación consistente en los expedientes curriculares de las personas que integran la terna propuesta, se desprende que los CC. Licenciados Carlos Antonio Márquez Sandoval, Pedro Damián Herrera Gómez y Mirna Patricia Moguel Ceballos, cumplen con los requisitos de elegibilidad impuestos en los artículos 77, tercer párrafo, 82-2, tercer párrafo y 84 de la Constitución Política del Estado y 215, párrafos 2 y 3, del Código Electoral del Estado.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, esta Comisión estima pertinente,

I N F O R M A R

Primero. Que los CC. Licenciados Carlos Antonio Márquez Sandoval, Pedro Damián Herrera Gómez y Mirna Patricia Moguel Ceballos, sí reúnen los requisitos de elegibilidad previstos por los artículos 77, tercer párrafo, 82-2, tercer párrafo, y 84 de la Constitución Política del Estado y 215, párrafos 2 y 3, del Código Electoral del Estado, para poder desempeñar el cargo de Juez Electoral,

Segundo. Que en consecuencia, esta Comisión considera oportuno que el Congreso del Estado proceda en términos de lo que establece el artículo 82-2, tercer párrafo, de la Constitución Política del Estado, con relación a lo dispuesto por los párrafos 5, 6 y 7 del artículo 215 del Código Electoral del Estado.

ASÍ LO INFORMAN LOS CC. DIPUTADOS MIEMBROS DE LA COMISIÓN DE PROCURACIÓN E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA, SEGURIDAD PÚBLICA, PROTECCIÓN CIVIL Y DERECHOS HUMANOS."

El día trece siguiente, se presentó al Pleno del Congreso del Estado el dictamen, se llevó a cabo la votación para elegir y nombrar al juez y, con la presencia de treinta y cinco diputados, se obtuvo el siguiente resultado: veintitrés votos para Carlos Antonio Márquez Sandoval, once votos a favor de pedro Damián Herrera Gómez y un voto a favor de Mirna Patricia Moguel Ceballos; ante lo cual, la LVII Legislatura del Congreso del Estado de Campeche nombró a Carlos Antonio Márquez Sandoval como Juez Electoral del H. Tribunal superior de Justicia del Estado, con efectos a partir del día primero de enero de dos mil tres.

Como se aprecia, la designación de juez que llevó a cabo el Congreso del Estado, se realizó a través de una secuencia o serie de actos estrechamente ligados, de entre los cuales uno de ellos consistió, como se dijo, en la emisión del dictamen por parte de la comisión, el que, según se aprecia de su lectura, está insuficientemente motivado, pues se omitió expresar las cualidades y méritos de cada uno de los candidatos integrantes de la terna propuesta, así como la manera en que la comisión estudió y analizó la satisfacción de los requisitos que legalmente deben reunir los candidatos, es decir, el dictamen fue incorrecto porque no señaló en forma particularizada, respecto de cada candidato, con qué elementos probatorios tuvo por satisfechos los requisitos mencionados, lo cual era indispensable para que los miembros de la legislatura local estuvieran en posibilidad de contar con la información precisa y cabal de cada uno, y establecer para sí las comparaciones conducentes, para de esa manera poder emitir su voto como producto de una ponderación cualitativa y de una reflexión informada ampliamente, como garantía para la mejor elección posible.

En consecuencia, el acuerdo relativo a la designación de Carlos Antonio Márquez Sandoval como Juez del segundo Juzgado Electoral del Tribunal Superior de Justicia de Campeche, a su vez, resulta carente de la debida fundamentación y motivación, en la medida de que éste se emitió sobre la base del dictamen incompleto.

Encuentra mayor apoyo lo anterior, en que en términos de lo dispuesto en el artículo 41, párrafo segundo, fracción IV; 99, párrafo cuarto, y 116, párrafo segundo, fracción IV, incisos b) y d), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, un acto adolece de una indebida fundamentación y motivación, cuando deriva directa e inmediatamente de los actos y omisiones de otro acto u omisión que violen alguna disposición constitucional, como en el caso sucedió. Esto es, debe arribarse a la conclusión que existe una relación causal, jurídicamente entendida como motivo determinante, cuando el acto posterior tiene su motivación o causa en los actos y omisiones inconstitucionales o ilegales, máxime cuando todos esos actos estén, en última instancia, involucrados por el alcance de su pretensión procesal derivada de su demanda.

El criterio descrito se sostuvo en la tesis relevante en S3EL 077/2002, emitida por esta Sala Superior al resolver el Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano SUP-JDC-037/99, promovido por Herminio Quiñónez Osorio y otro, consultable en el II Informe de Labores del Magistrado Presidente de este órgano jurisdiccional, que es del tenor siguiente:

"FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN INDEBIDA. LA TIENEN LOS ACTOS QUE DERIVAN DIRECTA E INMEDIATAMENTE DE UN ACTO U OMISIÓN QUE, A SU VEZ, ADOLECE DE INCONSTITUCIONALIDAD O ILEGALIDAD. En términos de lo dispuesto en el artículo 41, párrafo segundo, fracción IV; 99, párrafo cuarto, y 116, párrafo segundo, fracción IV, incisos b) y d), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debe llegarse a la conclusión de que un acto adolece de una indebida fundamentación y motivación, cuando deriva directa e inmediatamente de los actos y omisiones de otro acto u omisión que violen alguna disposición constitucional, como, por ejemplo, cuando se viola el derecho de votar de los ciudadanos, a través de sus tradiciones y prácticas democráticas, a fin de elegir a los concejales de cierto ayuntamiento municipal. Lo anterior, en virtud de que no puede considerarse como motivación jurídicamente válida de un acto o resolución de una autoridad el que se base en otro que, a su vez, adolece de inconstitucionalidad o ilegalidad. Esto es, debe arribarse a la conclusión que existe una relación causal, jurídicamente entendida como motivo determinante, cuando el posterior acto tiene su motivación o causa eficiente en los actos y omisiones inconstitucionales o ilegales de cierta autoridad, máxime cuando todos esos actos estén, en última instancia, involucrados por el alcance de su pretensión procesal derivada de su demanda".

Finalmente, en el inciso b) de su escrito de demanda, el partido actor hace valer, como motivo de inconformidad, que el Congreso del Estado de Campeche, al emitir el acuerdo hoy impugnado, vulnera el principio de legalidad que debe regir a toda autoridad electoral, consagrado en el artículo 116, fracción IV, inciso b) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues, a su juicio, no se dio cabal cumplimiento a lo preceptuado en el artículo 82-2 de la Constitución Política del Estado de Campeche y 215, párrafo 6 del Código Electoral local, toda vez que Carlos Antonio Márquez Sandoval, designado para ocupar la vacante de juez electoral, no fue elegido por las dos terceras partes de los miembros presentes, en la sesión de trece de diciembre de dos mil dos, de la LVII Legislatura de Campeche.

Lo anterior en virtud de que, en concepto del demandante, las dos terceras partes de los treinta y cinco diputados presentes en la sesión de mérito, corresponde a 23.333 y no tan sólo veintitrés (23), que fue el número de votos que obtuvo el citado ciudadano. De esta manera, alega el actor, si se tomara como válida dicha votación, se estaría transgrediendo flagrantemente el principio de legalidad, pues dicha votación tan sólo representa el 65.714% del total de diputados del Congreso del Estado que ese día asistieron a la sesión, sin llegar al 66.666%, porcentaje este último, que constituye precisamente las dos terceras partes.

Esta Sala Superior considera sustancialmente fundado el anterior motivo de inconformidad.

Los artículos 82-1 y 82-2 de la Constitución Política del Estado de Campeche y 215 del Código Electoral Local, en donde se prevé el procedimiento de designación de los magistrados y jueces electorales del Tribunal Superior de Justicia de la citada entidad federativa, son del tenor siguiente:

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE CAMPECHE

"ARTÍCULO 82-1

...

La Sala Administrativa del Tribunal Superior de Justicia del Estado se integrará con tres magistrados numerarios y un suplente, electos por las dos terceras partes de los miembros presentes del Congreso del Estado a propuesta del Pleno del Tribunal Superior de Justicia y durarán en el cargo seis años, a cuyo término podrán ser confirmados en dicho cargo a propuesta que el Pleno haga al indicado Congreso, adquiriendo la calidad de inamovibles. La ley electoral señalara las reglas y el procedimiento respectivos. Fungirá como presidente de esta Sala el Magistrado que de entre sus miembros éstos elijan y durará en el cargo tres años improrrogables. Los magistrados de la Sala Administrativa, independientemente de los que además les señalen la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado y la ley electoral, deberán también satisfacer los mismos requisitos que los que se exigen para los demás magistrados del Tribunal Superior de Justicia, en consecuencia también tendrán las mismas prerrogativas de éstos.

..."

"ARTÍCULO 82-2

...

La designación de los jueces electorales se hará en la misma forma que la de los magistrados de la Sala Administrativa del Tribunal Superior de Justicia del Estado, debiendo satisfacer los requisitos que señale la ley, que no podrán ser menores a los de un juez de primera instancia y durarán en el cargo seis años, a cuyo término podrán ser confirmados en dicho cargo a propuesta que el Pleno haga al Congreso del Estado, adquiriendo la calidad de inamovibles. La retribución que perciban los jueces electorales y sus secretarios de acuerdos no podrá ser menor a la prevista para sus homólogos de los juzgados de primera instancia.

..."

CÓDIGO ELECTORAL DEL ESTADO DE CAMPECHE

"ARTÍCULO 215

1. Para la elección de los magistrados integrantes de la sala administrativa y de los jueces electorales se estará a las reglas y procedimientos que en los párrafos subsiguientes se establecen.

2. Para ser candidato a Magistrado se requiere reunir, además de los que señalan los artículos 77, en su tercer párrafo, y 79 de la Constitución Política del Estado, los requisitos siguientes:

a) Estar inscrito en el padrón electoral y contar con credencial para votar con fotografía;

b) Tener conocimientos en materia electoral;

c) No desempeñar ni haber desempeñado el cargo de Presidente del Comité Ejecutivo o Directivo Estatal, Municipal o Distrital o equivalente de un partido político.

d) No haber sido registrado como candidato a cargo alguno de elección popular en los seis años inmediatos anteriores a la designación; y

e) No desempeñar ni haber desempeñado cargo de dirección estatal, municipal o distrital en algún partido político en los seis años inmediatos anteriores a la designación.

3. Para ser candidato a Juez Electoral se requiere reunir, además de los que señalan los artículos 77, en su tercer párrafo, y 84 de la Constitución en cita, los que se indican en los incisos a) al e) del párrafo anterior.

4. El Pleno del Tribunal Superior de Justicia enviará al Congreso del Estado una lista de nueve candidatos de entre los cuales, atendiendo a los respectivos requisitos, el Congreso elegirá a los tres Magistrados que integrarán la sala administrativa.

5. Asimismo el propio Pleno enviará al Congreso sendas listas de nueve candidatos, por cada uno de los Juzgados electorales, de entre los cuales, atendiendo a los correspondientes requisitos el Congreso elegirá a los jueces titulares de aquellos.

6. Para la elección de Magistrados y Jueces se requerirá del voto de las dos terceras partes de los miembros presentes del Congreso del Estado. Si en la primera votación no se lograra integrar la sala o los juzgados electorales, debido a que algunos de los candidatos propuestos no obtuviere la mayoría calificada requerida, se dará aviso de inmediato al Pleno del Tribunal Superior a efecto de que envíe de inmediato una nueva lista que contenga dos candidatos por cada cargo vacante de Magistrado o Juez.

7. La falta absoluta de un Magistrado o Juez Electoral, tanto dentro del periodo por el que fue nombrado como al llegar a su conclusión el mismo, se cubrirá en la forma y términos previstos en este artículo. Para la confirmación de un Magistrado o Juez sólo bastará que el Pleno del Tribunal, por escrito, así lo solicite al Congreso del Estado."

Los dispositivos trasuntos son claros, al exigir una mayoría calificada de los miembros presentes en el Congreso del Estado de Campeche para la designación de los magistrados de la Sala Administrativa del Tribunal Superior de Justicia y jueces electorales, consistente en una votación aprobatoria de, cuando menos, las dos terceras partes de los miembros presentes del Congreso del Estado a la propuesta de que se trate.

La adopción de dicha mayoría calificada, en oposición a la mayoría nominal simple que por regla general se requiere para la aprobación de los proyectos o iniciativas que tengan el carácter de ley o decreto, según se lee del artículo 48 de la Constitución local, obedece a que el legislador campechano, en atención a la enorme trascendencia que reviste la resolución de los conflictos político electorales que llegaren a suscitarse con motivo de los comicios para la renovación de las autoridades de origen popular, estimó adecuado que el nombramiento de estos magistrados y jueces fuera el producto de consensos y arreglos multilaterales entre las fuerzas políticas representadas al seno del Congreso, cuando menos en un número o porcentaje suficiente superior al que es capaz de sostener un solo partido político, a fin de dotarles de la legitimidad democrática suficiente a tales funcionarios judiciales.

Esto es, la mayoría calificada de mérito se enmarca dentro de lo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la acción de inconstitucionalidad 13/2002, el siete de mayo de dos mil uno, denominó gobernabilidad multilateral, en la que se "privilegia el consenso entre las diversas fuerzas políticas mayoritarias y minoritarias en una fórmula que pretende consolidar el sistema democrático mexicano". (Diario Oficial de la Federación, veintitrés de julio de dos mil dos, página 93)

Bajo estas condiciones, se considera que tal como lo afirma el enjuiciante, no es posible considerar como suficiente la votación efectuada por la autoridad responsable en la sesión de trece de diciembre del dos mil dos (veintitrés votos), en relación con los treinta y cinco diputados que asistieron, pues dicha cifra no es suficiente para cumplir a cabalidad con el requisito establecido en el párrafo 6 del artículo 215 del código electoral local, antes transcrito, y que implica, como se apuntó, una votación calificada.

En efecto, es evidente que la norma en comento no se cumple con el voto de veintitrés diputados, respecto de la elección cuestionada, toda vez que, si treinta y cinco diputados que integran la LVII Legislatura de Campeche y que son los mismos que asistieron a la sesión de elección del acto impugnado, representa el cien por ciento de los sufragios, entonces, veintitrés votos que se emitieron en favor para elegir a Carlos Antonio Márquez Sandoval al cargo de Juez Electoral, corresponden a un porcentaje menor a las dos terceras partes de votos de los miembros presentes que se exigen para llevar a cabo dicha elección, por lo siguiente:

Si el voto de treinta y cinco diputados era el cien por ciento, entonces, las dos terceras partes que exige el código electoral local, respecto de dicha cantidad, estuvo representado por el 66.66%, de los votos que se emitieron, y que corresponden a 23.33% votos de diputados, respecto de treinta y cinco.

Ahora bien, en la sesión de trece de diciembre de dos mil dos, en la que se realizó la designación del mencionado ciudadano para ocupar la vacante de Juez Electoral, votaron a favor veintitrés diputados, cifra que representa el 65.71%.

De lo anterior, claramente se desprende que dicho porcentaje es evidentemente menor al 66.66%, equivalente a las dos terceras partes que se exigen como imperativo en las normas referidas, por lo que, tal hecho es suficiente para que no se cumpla con el principio de legalidad electoral establecido en el artículo 116 constitucional, pues no se surte el requisito exigido constitucional y legalmente por las citadas normas en Campeche, máxime que estamos en presencia de disposiciones de orden público que deben acatarse en sus términos.

Bajo esta premisa, le asiste la razón al partido actor, en el sentido de que la forma como pueden acatarse los dispositivos legales en comento, es mediante el voto de por lo menos veinticuatro diputados que representan el 68.57% de treinta y cinco, con lo cual se cumple plenamente el requisito de las dos terceras partes. O bien, en cualquiera otro caso, si fueren menos los diputados que asistan a la respectiva sesión, invariablemente, el porcentaje de los que voten a favor de una propuesta, deberá ser igual o superior al 66.66% de los que hubieran asistido a la legal sesión del Congreso del Estado.

Lo anterior cobra mayor eficacia, si tenemos en cuenta lo preceptuado por el artículo 116, fracción IV, incisos b) y d) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo 24, fracción III, de la Constitución Política del Estado de Campeche, que textualmente señalan lo siguiente:

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

"ARTÍCULO 116.

...

IV. Las Constituciones y leyes de los Estados en materia electoral garantizarán que:

...

b) En el ejercicio de la función electoral a cargo de las autoridades electorales sean principios rectores los de legalidad, imparcialidad, objetividad, certeza e independencia;

...

d) Se establezca un sistema de medios de impugnación para que todos los actos y resoluciones se sujeten invariablemente al principio de legalidad;

..."

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE CAMPECHE

"ARTÍCULO 24.

...

III. La organización de las elecciones estatales y municipales es una función estatal que se realizará a través de un organismo público autónomo denominado Instituto Electoral del Estado, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, en cuya integración participan el Poder Legislativo del Estado, los partidos políticos con registro y los ciudadanos, en los términos que ordene la ley. En el ejercicio de esa función estatal, la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, y objetividad, serán principios rectores. ...

IV. Para garantizar los principios de constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones electorales, se establecerá un sistema de medios de impugnación en los términos que señalen esta Constitución y la ley. Dicho sistema dará definitividad a las distintas etapas de los procesos electorales y garantizará la protección de los derechos políticos de los ciudadanos de votar, ser votados y de asociación, en los términos de los artículos 82-1 y 82-2 de esta Constitución. ..."

El cumplimiento de los principios de certeza y legalidad se garantizan con la obtención de una votación eminente de las dos terceras partes de los miembros presentes del Congreso del Estado de Campeche, acatando exactamente lo preceptuado en el artículo 215, párrafo 6, del código electoral local.

Asimismo, los referidos principios solamente pueden alcanzarse con el voto del número de diputados mínimo suficiente que iguale o supere el 66.66% que corresponde a las dos terceras partes exigidos por la norma, por lo que en el caso, si no es físicamente posible alcanzar exactamente el porcentaje exigido por la ley, ya que no se puede fraccionar a los sufragantes ni su voto, es indudable que para cumplir con la exigencia legal, sólo cabe la posibilidad de sobrepasar el porcentaje a través de un voto más, y no admitir una interpretación que fácticamente impida el cabal cumplimiento del precepto de la ley, pues en el caso, veintitrés votos, matemáticamente, representan un porcentaje menor a las dos terceras partes exigidas (65.71%), sin que sea admisible que ante una aproximación, aún mínima, se pudiera tener por satisfecho el mismo, ya que no debe olvidarse que los términos de la ley, sólo admiten ser cumplidos a cabalidad y que el porcentaje establecido por la ley es el mínimo o inferior válido.

Por tanto, al vulnerarse el principio de certeza, pues no se cumplió en sus exactos términos los dispositivos en comento, resulta incuestionable que el sustento de veintitrés votos a favor de la elección de Carlos Antonio Márquez Sandoval como Juez Electoral del Segundo Juzgado del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Campeche, evidencia la violación al principio de legalidad constitucional establecido en el artículo 116, fracción IV, incisos b) y d) de la Constitución Federal.

Dicho argumento se refuerza, si se tiene en cuenta que el objeto o fin último de las normas, en el sentido de requerir dos terceras partes de votos, se entiende como un propósito de dificultar que mayorías relativas del cincuenta por ciento más uno, se cierren al diálogo con las demás fuerzas políticas representadas en el Congreso para concretar la selección de los mejores candidatos posibles para la judicatura, y se concretan a hacer valer la fuerza de la mayoría y no la posible fuerza de la razón y la garantía del consenso de visiones parciales distintas,, pues como se estableció anteriormente, la mayoría calificada tiene como finalidad darle mayor legitimidad a dicha elección.

Luego, los alegatos que tanto la autoridad responsable como el tercero interesado hacen valer, en el sentido de que no hay fracción de diputado y que por ello deben redondearse los porcentajes hacia el entero que resulte más cercano, es decir, veintitrés votos, en el caso, así como que la votación cuestionada comprende el consenso de tres de las cuatro fuerzas políticas representadas en el Congreso del Estado, razonamientos con los cuales pretenden que se acredite el requisito en cuestión, carecen de todo sustento, toda vez que con esa forma de resolver el punto cuestionado, se incumple el imperativo de la norma, en el sentido de que debe aprobarse la propuesta por el voto de las dos terceras partes de los diputados presentes, no por la mayoría de los diversos grupos parlamentarios con representación en el Congreso; pues de aceptarlo así, implicaría admitir que se puede elegir a un magistrado o juez electoral con un porcentaje de votación menor al exigido por la ley y con requisitos que no están legal ni constitucionalmente regulados en los ordenamientos locales.

En efecto, el hecho de que el cuestionado nombramiento haya sido elegido por tres de las cuatro fuerzas políticas con representación en el Congreso, no quiere decir que haya sido legalmente válido y en estricto acatamiento a lo preceptuado por el artículo 215, párrafo 6, del código electoral local, esto es, por las dos terceras partes de los miembros presentes, pues dicho requisito se refiere únicamente a los diputados que en el momento de la designación del juez o magistrado electoral se encuentren presentes en la sesión de mérito, sin importar a que partido político pertenezcan.

Así, teniendo en cuenta que el voto de un diputado no se puede fraccionar, para los efectos de cumplir el mandato normativo de la toma de decisiones, cuando se exigen votaciones en porcentajes o fracciones de miembros o integrantes de algún cuerpo colegiado: en estricto acatamiento a los principios de certeza y legalidad, previstos por los artículos 116, párrafo segundo, fracción IV, inciso b) y d) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 24, fracciones III y IV de la Constitución Política del Estado de Campeche; y en atención al objeto de la norma contenida en los artículos 82-1 y 82-2 de la citada Constitución local y 215, párrafo 6, del Código Electoral de la citada entidad federativa, la votación calificada de dos terceras partes de los miembros presentes, que los últimos numerales citados exigen para que la H. Legislatura del Estado referido designe a los Jueces o Magistrados Electorales que deberán integrar los Juzgados Electorales y la Sala Administrativa del Tribunal Superior del Estado de Campeche, deberá interpretarse en el sentido de que si con el número de votos que se emitan apoyando una propuesta, no se alcanza el porcentaje ordenado por la norma de que se trate, sino por el contrario, se obtiene un porcentaje menor, cualquiera que éste sea, es de concluirse que se está en presencia del incumplimiento de la respectiva disposición jurídica, puesto que, invariablemente para que las normas en que se ordenen porcentajes o fracciones de votación se vean colmadas, se hace necesario que con el número de votos que se emitan en un sentido, invariablemente, se deberá alcanzar el porcentaje exigido, y de no ser posible, se deberán emitir tantos votos en el mismo sentido, como fueren necesarios, hasta que se tengan los suficientes para obtener o rebasar el porcentaje establecido por la disposición constitucional o legal de que se trate, que en el presente caso, debieron ser veinticuatro votos, que representaban el 68.57%, para que se considerara como válida la designación de Carlos Antonio Márquez Sandoval como Juez Electoral.

Como consecuencia de lo anterior, y atendiendo a lo dispuesto en los artículos 99, párrafos primero y cuarto, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 184, 186, fracción III, inciso b), y 189, fracción I, inciso e), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como 6, párrafo 3, y 93, párrafo 1, inciso b), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, procede revocar el acuerdo impugnado número 49 emitido por la LVII Legislatura del Congreso del Estado de Campeche, en el cual se designó como juez electoral al ciudadano Carlos Antonio Márquez Sandoval por un término de seis años, quien debe cesar de inmediato en sus funciones, y para cubrir la vacante deberá estarse a lo dispuesto en la Ley Orgánica del Poder Judicial de esa entidad.

Lo anterior conducirá a que se reponga el procedimiento a partir del vicio formal que afectó el procedimiento de designación, esto es, desde el momento en que la comisión emitió el dictamen irregular, para elaborar uno nuevo en el que estudie, en los términos precisados en esta ejecutoria, los expedientes de las personas que conforman la terna ya propuesta por el Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Campeche, dado que ninguna de las personas que la conforman ha quedado descalificada legalmente, ya que la revocación del nombramiento obedece únicamente a vicios formales, y dicho procedimiento, deberá culminar, necesariamente, en el próximo período, extraordinario u ordinario, de sesiones con la resolución correspondiente a la designación o no designación del magistrado.

El H. Congreso del Estado de Campeche deberá informar a esta Sala Superior del inicio de la reposición del procedimiento dentro de las veinticuatro horas siguientes a que esto ocurra, y comunicar respecto de la conclusión del mismo, esto es del dictado de la resolución correspondiente, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes; lo anterior, con el objeto de tener totalmente concluido el presente asunto, y enviarlo al archivo.

En la inteligencia de que los actos jurídicos en los que intervino Carlos Antonio Márquez Sandoval, con el carácter de Juez Electoral del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Campeche, quedan subsistentes, esto es, que aquellas actuaciones en las que intervino son legalmente válidas.

Por lo expuesto y con fundamento además en los artículos 199, fracciones II a la V de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 1, 22, 24, 25, y 93, párrafo 2 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral se

R E S U E L V E

ÚNICO. Se revoca el acuerdo número 49 emitido por la LVII Legislatura del Estado de Campeche, publicado en el Periódico del Oficial del Estado el dieciocho de diciembre de dos mil dos, mediante el cual designa a Carlos Antonio Márquez Sandoval, como Juez Electoral del Tribunal Superior de Justicia de la citada entidad federativa.

Notifíquese personalmente al actor, Partido Acción Nacional en el domicilio ubicado en Avenida Coyoacán, número 1546, colonia del Valle, código postal 03100, delegación Benito Juárez, en esta ciudad; por oficio, a la autoridad responsable y al Tribunal Superior de Justicia del Estado de Campeche, acompañándoles copia certificada de la presente sentencia; y por conducto de este último al C. Carlos Antonio Márquez Sandoval y, por estrados a todos los demás interesados.

Devuélvanse los autos originales a la autoridad responsable y en su momento remítase el expediente al archivo jurisdiccional como asunto definitivamente concluido.

Así lo resolvieron por unanimidad de votos los Magistrados que integran la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ante el Secretario General de Acuerdos quien autoriza y da fe.

MAGISTRADO PRESIDENTE

 

JOSÉ FERNANDO OJESTO MARTÍNEZ PORCAYO

MAGISTRADO

 

LEONEL CASTILLO GONZÁLEZ

MAGISTRADO

 

JOSÉ LUIS DE LA PEZA

MAGISTRADO

 

ELOY FUENTES CERDA

MAGISTRADA

 

ALFONSINA BERTA NAVARRO HIDALGO

MAGISTRADO

 

JOSÉ DE JESÚS OROZCO HENRÍQUEZ

MAGISTRADO

 

MAURO MIGUEL REYES ZAPATA

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS

 

FLAVIO GALVÁN RIVERA