JUICIO DE REVISIÓN CONSTITUCIONAL ELECTORAL

EXPEDIENTE: SUP-JRC-131/2003

ACTOR: PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN ESTATAL ELECTORAL DE NUEVO LEÓN

MAGISTRADO: ELOY FUENTES CERDA

SECRETARIO: ANTONIO RICO IBARRA

México, Distrito Federal, a veintiocho de mayo de dos mil tres.

VISTOS para resolver, los autos del juicio de revisión constitucional electoral identificado con el número de expediente SUP-JRC-131/2003 promovido por el Partido de la Revolución Democrática, en contra de la resolución de quince de mayo del presente año, dictada por la Comisión Estatal Electoral de Nuevo León, en el recurso de revocación, expediente 20/2003; y

R E S U L T A N D O :

1. El quince de abril del año en curso, el Partido de la Revolución Democrática, por conducto de Fernando Pineda Ochoa, presentó ante la Comisión Estatal Electoral de Nuevo León, solicitud de registro de las planillas de candidatos a miembros de los ayuntamientos, para los municipios de Hidalgo, El Carmen, Mier y Noriega, Monterrey y Rayones, que habrán de contender en las próximas elecciones a celebrarse en la mencionada entidad federativa el próximo seis de julio.

2. Mediante acuerdo aprobado el dieciocho de abril del año que transcurre, la Comisión Estatal Electoral de Nuevo León determinó negar el registro solicitado, por considerar que Fernando Pineda Ochoa, no acreditó su personalidad como representante del Partido de la Revolución Democrática.

3. Inconforme con lo anterior, el veinticinco siguiente, el Partido de la Revolución Democrática, interpuso recurso de revocación, mismo que fue resuelto por la Comisión Estatal Electoral de Nuevo León el quince de mayo del presente año, declarándolo improcedente, conforme a los siguientes.

"CONSIDERANDOS

...

CUARTO: El presente Recurso de Revocación, se encuentra regulado en el artículo 239 fracción I, inciso a), número 3 de la Ley Electoral del Estado de Nuevo León, en contra de actos, omisiones o resoluciones de la Comisión Estatal Electoral en la etapa de preparación de la elección, cuando causen un agravio directo a un partido político o candidato; siendo que en el presente caso a estudio la C. Rosario Robles Berlanga en su carácter de Presidenta del Comité Ejecutivo Nacional del Partido de la Revolución Democrática, señala como fuente de agravio las resoluciones emitidas el día 18-dieciocho de abril del año en curso, en Sesión Extraordinaria, que contienen los acuerdos mediante los cuales se consideró insuficiente la documentación que acompañó Fernando Pineda Ochoa para acreditar su personalidad ante este Órgano rector, y se rechaza a su vez el registro de las planillas para los Ayuntamientos de Rayones, Mier y Noriega y El Carmen y las sustituciones de los integrantes para los Ayuntamientos de Monterrey e Hidalgo, Nuevo León, por presuntas violaciones a los imperativos contenidos en los artículos 14, 16, 116 apartado IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 42, 43, 44 y 45 de la Constitución Política del Estado de Nuevo León, 1, 3, 4, 5, 35, 42 fracción II, 43, 111, 112, 113, 114, y demás relativos de la Ley Electoral del Estado, basando para ello su impugnación en que obra en original en los archivos de esta Comisión dos escritos dirigidos al C. José Roble Flores Hernández, el primero fecha 28 de febrero de 2003, presentado el 30 de marzo del mismo año ante este organismo electoral, signado por el C. Carlos Navarrete Ruiz, Secretario General, el cual a la letra dice: "Por este medio me dirijo a usted, para informarle que el Comité Ejecutivo Nacional del Partido de la Revolución Democrática, en su última sesión ordinaria, resolvió enviar al C. Fernando Pineda Ochoa, en calidad de comisionado especial, para que en compañía de la representante del Comité Ejecutivo del PRD en Nuevo León, ante el órgano electoral que usted preside, C. Graciela Alma Hernández Ruiz, realicen el registro de los candidatos a diputados locales, presidentes municipales, síndicos y regidores del PRD en esa entidad, etapa que inicia el sábado 1° de marzo de 2003. En ese sentido, le pido de la manera más atenta, gire instrucciones precisas a fin de que no se reciba ningún registro que carezca de las firmas de los representantes del Comité Ejecutivo Nacional, C. Fernando Pineda Ochoa y del Comité Ejecutivo del PRD en Nuevo León, C. Graciela Alma Hernández Ruiz"; y un segundo escrito de fecha 31 de marzo del año en curso, presentado en esa misma fecha ante esta Comisión, signado por el C. Carlos Navarrete Ruiz, en su carácter de Secretario General del C.E.N. del P.R.D. el cual a la letra dice: "Por este conducto y con fundamento en los artículos 1°, 14°, 41°; de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 1°, 2°, 4°, 9° numeral 9 inciso e) con relación al numeral 10 inciso b) del mismo artículo y demás relativos y aplicables de los Estatutos del partido de la Revolución Democrática (PRD), y por ausencia de la Presidenta de nuestro Instituto Político, se acredita al C. Fernando Pineda Ochoa, como único Representante del Partido de la Revolución Democrática, ante esta Comisión Estatal Electoral del Estado de Nuevo León, haciendo mención que es la única persona facultada para registrar ante ese órgano a todos los candidatos a los diferentes puestos de elección popular en el Estado de Nuevo León", señalando la recurrente que le causa agravio al partido que representa, pues no se tuvo por acreditado al Representante designado por su partido y en consecuencia se tuvieron por no registradas las candidaturas que al efecto designó la instancia facultada para ello".

Asimismo, la C. Rosario Robles Berlanga en su carácter de Presidenta del Comité Ejecutivo Nacional del Partido de la Revolución Democrática, manifiesta en su escrito inicial que le causa agravio las resoluciones recurridas, que esta Autoridad Electoral se negó a realizar el registro de las candidaturas de los Ayuntamientos de El Carmen, Rayones, Mier y Noriega, Hidalgo y Monterrey, y que no es posible apoyarse en el hecho de que el representante acreditado no contaba con personalidad, máxime que todas las planillas de candidatos antes citadas fueron acordadas por el Comité Ejecutivo Nacional del Partido de la Revolución Democrática y se encontraban signadas por la Presidenta Electoral del Partido de la Revolución Democrática, situación que esta Autoridad Electoral no tomó en cuenta para la modificación de los registros, violando el principio de legalidad electoral al no registrar a los candidatos que fueron legalmente designados pues de las constancias que obran en manos de esta Comisión Estatal se desprende que fue suspendido el procedimiento ordinario interno del Partido de la Revolución Democrática para la elección de sus candidaturas a diversos puestos de elección popular del Estado de Nuevo León, y al haberse suspendido el procedimiento ordinario, la única instancia facultada para designar candidatos en dichos comicios es el Comité Ejecutivo Nacional del Partido de la Revolución Democrática, de conformidad con lo establecido en el artículo 13 numeral 13 de sus Estatutos que a la letra establece: "la falta de candidatos en todo nivel, cualquiera que sea su causal será superada mediante designación a cargo del Comité Ejecutivo Nacional.

A su vez agrega la recurrente que la negativa de registro de los candidatos elegidos por la normatividad interna de su partido, deja en estado de indefensión al Partido de la Revolución Democrática, agregando que se violan los principios Constitucionales y Legales de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad certeza e independencia y exhaustividad que establece la obligación de las Autoridades Electorales en las entidades federativas de sujetarse a dichos principios y el imperativo de que exista un medio de impugnación que garantice que todos los actos y resoluciones electorales se sujeten invariablemente al principio de legalidad. En consecuencia existe una deficiente fundamentación y motivación en las resoluciones que se combaten por este medio, basándose para ello en las diversas probanzas que adjuntan a su libelo inicial.

De lo antes expuesto se considera necesario establecer en primer término, que la Ley Electoral del Estado refiere cuáles son las etapas de los actos previos a la elección, estableciendo en el artículo 111 que el registro de candidatos para la renovación de Ayuntamientos, estará abierto del día 1 de marzo al día 15 de abril de año de la elección.

De igual manera se establece en el artículo 112 de la Ley Electoral, que la solicitud de registro de candidaturas deberá señalar el partido político o coalición que las postulen, así como los datos del candidato, entre otros requisitos.

Nuestra Ley Electoral en su artículo 114 señala, que las candidaturas para la renovación de Ayuntamientos se registrarán por planillas ordenadas, completas e integradas por los nombres de los candidatos a Presidente Municipal, Regidores y Síndicos, con los respectivos suplentes de estos dos últimos, en el número que dispone la Ley Orgánica de la Administración Pública Municipal del Estado de Nuevo León.

Una vez establecidas las bases legales del presente procedimiento, se entra al estudio de los agravios expuestos por la recurrente la C. Rosario Robles Berlanga en su carácter de Presidenta del Comité Ejecutivo Nacional del Partido de la Revolución Democrática, quien en su escrito inicial presenta en su totalidad 10-diez pruebas, mismas que en fecha 8-ocho de mayo del año en curso, en la audiencia de ley que señala el artículo 261 de la Ley Electoral de la Entidad, fueron admitidas por encontrarse ajustadas a derecho y en virtud de su naturaleza no requirieron de desahogo, pero que al ser analizadas por este Ciudadano Instructor, las mismas no arrojan motivación alguna, ni demuestran lo contrario para que los acuerdos de fecha 18-dieciocho de abril de 2003-dos mil tres impugnados, sean revocados o modificados; esto es así ya que se pretende justificar que la personalidad con la que compareció a registrar las candidaturas rechazadas, el C. Fernando Pineda Ochoa son precisamente los dos escritos en fechas 30-treinta y 31-treinta y uno de marzo de 2003-dos mil tres ante esta Comisión Estatal Electoral, signados por el C. Lic. Carlos Navarrete Ruiz, Secretario General del Partido de la Revolución Democrática; mismos que se encuentran transcritos en párrafos anteriores, y de los que como ya se mencionó en las resoluciones combatidas, esta Autoridad Electoral no pudo desprender la acreditación indubitable del C. Fernando Pineda Ochoa como representante del Partido de la Revolución Democrática para efectos del registro de candidaturas, toda vez que como también se motivó en las resoluciones impugnadas, esta Comisión Estatal Electoral consideró insuficiente la documentación mencionada para acreditar la personalidad del C. Fernando Pineda Ochoa para solicitar la sustitución y el registro de las planillas, ya que ni de los artículos estatutarios que cita en su escrito, ni de los Estatutos del Partido de la Revolución Democrática, se desprende la figura de comisionado especial, ni la representación por ausencia de la Presidenta de dicho Instituto Político, con la que firma el Secretario General del mismo, ni las facultades de éste para nombrar apoderados que representen al Partido; lo anterior debido principalmente a que en el segundo de los escritos, contrariamente a lo que señala la recurrente en su escrito de interposición del recurso, el C. Carlos Navarrete Ruiz no hace mención de que se trate de un acuerdo del Comité Ejecutivo Nacional de su partido, o que se haga el nombramiento referido en ejecución de un acuerdo del mismo, sino que él mismo en ausencia de la recurrente hace el referido nombramiento, lo que contradice el acuerdo del Comité Ejecutivo Nacional de fecha 27-veintisiete de febrero de 2003-dos mil tres, mediante el cual se autoriza al C. Fernando Pineda Ochoa para que conjuntamente con la C. Graciela Alma Hernández Ruiz realicen el registro de candidatos para las elecciones del presente proceso electoral en el Estado, amén de que como ya se señaló, ni de los artículos estatutarios que se citan en el escrito, ni de los Estatutos del Partido de la Revolución Democrática, se desprende la figura de comisionado especial, ni la representación por ausencia de la Presidenta de dicho Instituto Político, con la que firma el Secretario General del mismo, ni las facultades de éste para nombrar apoderados que representen al Partido; ante tal contradicción y al desprenderse que la C. Graciela Alma Hernández Ruiz, representante acreditada por el Partido de la Revolución Democrática ante este organismo electoral, estaba facultada para efectuar los registros de candidaturas tanto por el Comité Ejecutivo Nacional como por el Comité Ejecutivo Estatal, pues su representación no le había sido retirada por ninguno de los Comités mencionados, resultaba lógico, fundado y congruente que esta Autoridad Electoral tuviera como válidos y subsistentes los registros solicitados por dicha representante, respecto de las 30-treinta planillas presentadas para la renovación de ayuntamientos durante el plazo para el registro; siendo el caso que además la recurrente no los impugnó mediante la presentación de este recurso, ni de ningún otro medio de impugnación y cuyos candidatos aparecen en el listado publicado en el Periódico Oficial del Estado en fecha 9-nueve de mayo de 2003-dos mil tres. En tal virtud dichos registros no pueden causarle agravio alguno al Partido de la Revolución Democrática, pues este organismo electoral no sólo se apegó a la legalidad de la Ley Electoral del Estado al aprobarlos, sino que además cumplimentó un acuerdo de su Comité Ejecutivo Nacional a fin de no conculcarle sus derechos como entidad política.

Por otra parte, es de considerarse que esta Comisión Estatal Electoral esta impedida para emitir opinión alguna sobre la forma en que se llevó a cabo el procedimiento interno para la selección de candidatos para puestos de elección popular por parte del ente político Partido de la Revolución Democrática, ya que eso sería posible a través de la reposición de un procedimiento interno, y en el caso que nos ocupa, los registros de candidatos para los diferentes puestos de elección popular ya fueron cerrados, y en caso de ser así, sin conceder, se estarían poniendo en riesgo los registros ya realizados por dicho partido político, por lo tanto esta Comisión Estatal Electoral, atenta de ese principio, no emite opinión al respecto, teniendo aplicación la siguiente tesis de jurisprudencia emitida por la Sala Superior:

"REGISTRO DE CANDIDATOS. LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA ESTÁ IMPEDIDA PARA REPARAR VIOLACIONES AL PROCEDIMIENTO INTERNO DE SELECCIÓN. (Se transcribe)

Se manifiesta que este organismo electoral, la función que ejerce se basa en los principios de legalidad, imparcialidad, objetividad y certeza jurídica, y las resoluciones que emanan de ella son congruentes, debidamente fundadas y motivadas y con estricto apego a derecho, como lo exigen las legislaciones locales y federales en materia electoral; asimismo en cuanto a los acuerdos dictados por este organismo electoral de fecha 18-dieciocho de abril del 2003-dos mil tres, y los cuales son recurridas por la promovente, se señala que se dictaron en estricto apego a derecho, y en ejercicio de facultades consagradas expresamente tanto en la Constitución Política del Estado de Nuevo León, como en la Ley Electoral del Estado de Nuevo León, por lo que en tales condiciones no se violan los principios Constitucionales y Legales a que hace referencia la promovente, sino que son estudiados a fondo, y dictados en estricto apego a derecho.

Este organismo electoral considera que los actos de autoridad que combate la promovente, emitidos en la Sesión Extraordinaria de fecha 18-dieciocho de abril de 2003-dos mil tres, no ocasiona agravio alguno, a la entidad partidista que representa, mucho menos violenta en su contra los principios de fundamentación y motivación contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos - contrario a lo que aprecia injustificada e infundadamente la recurrente-, toda vez que en los acuerdos combatidos se atienden rigurosamente a razones y fundamentos legales aplicados con precisión, concluyendo en un acuerdo absoluto y totalmente acorde a los principios de fundamentación y de motivación, en el contexto de los criterios sostenidos por nuestro Máximo Tribunal, que se ponen de relieve a continuación:

"FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. (Se transcribe).

De lo antes precisado se demuestra que no se ocasiona agravio alguno a la entidad partidista recurrente, toda vez que en los acuerdos que se combaten se atiende rigurosamente a razones y fundamentos legales aplicados con precisión, concluyendo en una determinación absoluta y totalmente acorde a los principios de fundamentación y de motivación, en el contexto de los criterios que han sido puestos en relieve; lo que se constata del contenido de los propios acuerdos, de los que resulta fácil advertir el cumplimiento irrestricto a dichos principios exigidos constitucionalmente.

Por lo anteriormente expuesto, fundado y razonado, de conformidad a lo previsto por los artículos 268, 269 y 270 de la Ley Electoral del Estado, es de resolverse y se resuelve:

PRIMERO: Se declara improcedente el presente Recurso de Revocación interpuesto por la C. Rosario Robles Berlanga en su carácter de Presidenta del Comité Ejecutivo Nacional del Partido de la Revolución Democrática en contra de las resoluciones emitidas el día 18-dieciocho de abril del año en curso, en Sesión Extraordinaria, y se confirman los acuerdos que rechazan el registro de las planillas presentadas por el C. Fernando Pineda Ochoa, para la renovación de los Ayuntamientos de Rayones, Mier y Noriega y El Carmen y las sustituciones de los integrantes para los Ayuntamientos de Monterrey e Hidalgo, Nuevo León.

SEGUNDO: Hágase del conocimiento de la referida recurrente, así como de la C. Prof. Graciela Alma Hernández Ruiz, representante acreditada del Partido de la Revolución Democrática ante esta Comisión Estatal Electoral, en su carácter de tercero interesado; archívese el presente procedimiento como asunto totalmente concluido.

TERCERO: El presente proyecto de dictamen se propone por parte del Comisionado Ciudadano Instructor, Dr. Pablo A. Longoria Treviño, al Pleno de este organismo para su revisión y aprobación en su caso por los Comisionados Ciudadanos que integran el quórum de ley de la presente Sesión Extraordinaria. Hecho lo anterior, se aprueba por unanimidad, firmando para su debida constancia los Comisionados Ciudadanos que integran el quórum de ley de la presente Sesión Ordinaria, Lic. José Roble Flores Fernández, en su carácter de Presidente; Ing. Juan Francisco Llaguno Farías, en su carácter de Secretario; Q.F.B. Célica Luz Hinojosa Caballero, en su carácter de Primer Vocal; Dr. José Gonzalo Mitre Salazar, en su carácter de Segundo Vocal y Dr. Pablo A. Longoria Treviño, quien fungió como Tercer Vocal.- Conste.-

La anterior determinación fue notificada al partido político actor, al día siguiente de su pronunciamiento, tal y como consta a fojas 142 del cuaderno accesorio número uno, del expediente en que se actúa.

4. En desacuerdo con tal resolución, el veinte de mayo siguiente, el Partido de la Revolución Democrática promovió juicio de revisión constitucional electoral, expresando los siguientes motivos de inconformidad:

"AGRAVIOS.

FUENTE DE AGRAVIO.- Lo constituye la resolución que se impugna por esta vía en su considerando CUARTO y, en consecuencia, en todos sus puntos resolutivos.

CONCEPTO DEL AGRAVIO.- En el considerando CUARTO la responsable pretende desestimar los argumentos que en vía de agravios formulé en el Recurso de Revocación cuya resolución ahora se impugna.

No obstante, no hace mas que reiterar los mismos argumentos que había expresado en la resolución impugnada, violando con ello los principios de congruencia y exhaustividad, y con ello el de legalidad, principios previstos y tutelados por los artículos 16, 17 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En efecto, en la resolución impugnada, la Comisión Estatal Electoral de Nuevo León insiste en sostener que los escritos signados por el C. Carlos Navarrete Ruíz, Secretario General del Partido de la Revolución Democrática, con los cuales el Comité Ejecutivo Nacional del partido acreditó al C. Fernando Pineda Ochoa, no eran documentos suficientes para generarle convicción de que era la persona autorizada para solicitar la sustitución y registro de las planillas de candidatos postuladas por el Partido de la Revolución Democrática.

Sostiene también que dicha documentación era insuficiente para acreditar la personalidad del C. Fernando Pineda Ochoa, pues a su juicio, de los artículos estatutarios que se citaban en los documentos, ni en el Estatuto del Partido de la Revolución Democrática, se desprende la figura de "comisionado especial", ni la representación "por ausencia" de la suscrita, ni la facultad de Secretario General para nombrar apoderados que representen al partido.

Afirma también que en el segundo de los escritos en cuestión, contrariamente a lo señalado en la impugnación, el C. Carlos Navarrete Ruíz no hace mención de que se trate de un acuerdo del Comité Ejecutivo Nacional del Partido de la Revolución Democrática, o que se hubiere hecho el nombramiento requerido en ejecución de un acuerdo del citado órgano colegiado, sino que afirma se señalaba que éste se había hecho en ausencia de la suscrita.

No obstante, la responsable omite analizar la parte de los agravios planteados en el recurso de revocación en los cuales señalaba que el Secretario General del partido no nombró por sí mismo al representante del partido ante la Comisión Estatal Electoral de Nuevo León, sino que lo hizo por un mandato del Comité Ejecutivo Nacional. Omite considerar que es la suscrita la que interpuso el mencionado recurso de revocación y que es precisamente a la presidenta nacional del partido a quien corresponde representar legalmente al partido conforme a lo dispuesto por el artículo 9, numeral 9, inciso e) del Estatuto del Partido de la Revolución Democrática. Esto quiere decir que esta simple circunstancia le pudo haber permitido constatar que efectivamente el Secretario General del partido actuó a nombre del Comité Ejecutivo Nacional al realizar el nombramiento de Fernando Pineda Ochoa.

Por otro lado también omite realizar el estudio de la parte de los agravios en las cuales hacía notar que el C. Carlos Navarrete Ruíz sí cuenta con facultades para sustituir a la presidencia nacional del partido.

Por tanto es una afirmación simplemente dogmática y subjetiva aquella en la que sostiene que "de los estatutos del Partido de la Revolución Democrática no se desprende la representación por ausencia de la presidenta de dicho instituto político", pues en el escrito de demanda de revocación se dejó claramente establecido que conforme a lo previsto por el artículo 9, párrafo 10, inciso b), del Estatuto, el Secretario General Nacional del partido sí cuenta con facultad de sustituir a la suscrita en sus faltas temporales no mayores de un mes.

Al igual que en el caso anterior la Comisión Electoral señalada como responsable actúa indebidamente cuando afirma que en el estatuto no existe la figura de comisionado especial. En principio porque no hace más que reproducir los mismos argumentos de la resolución originalmente impugnada. Pero además porque también en este supuesto deja de analizar la parte del agravio en la que señalaba que al C. Pineda Ochoa se le estaba designando como representante ante dicho órgano electoral, con independencia de que en su momento se le hubiere mencionado como comisionado especial.

En el mismo agravio se dejaba perfectamente establecido que el Estatuto del partido en el artículo 9, párrafo 6, inciso e) concede al Comité Ejecutivo Nacional la facultad de nombrar a los representantes del partido ante los órganos locales electorales cuando algún Comité Ejecutivo Estatal no lo haya hecho oportunamente o el nombrado no cumpla con sus funciones. En ese sentido al C. Fernando Pineda Ochoa se le nombró como comisionado especial para fungir como representante ante el órgano electoral, lo cual se desprendía con toda claridad de la solicitud por escrito que realizó el Secretario General Nacional del partido a la Comisión Estatal Electoral de Nuevo León.

Dicho nombramiento además se realizó con las facultades que confiere el Estatuto al Comité Ejecutivo Nacional en el ya mencionado artículo 9, párrafo 6, inciso e), sin que estas consideraciones hayan sido estudiadas por la responsable violando con ello el principio de exhaustividad y el de congruencia.

No asiste la razón a la responsable cuando afirma que había contradicción entre dos comunicaciones formuladas por el Secretario General Nacional del partido, una en la que autorizaba al C. Fernando Pineda Ochoa para que conjuntamente con la C. Graciela Alma Ruíz realizara el registro de candidatos para las elecciones en el proceso electoral en el estado, y otra en la que se le autorizaba en lo individual, pues éstas se realizaron en momentos distintos y con las facultades que el Estatuto confiere al Comité Ejecutivo Nacional del partido.

Carece igualmente de relevancia y por ende de fundamentación y motivación el que la responsable sostenga en la resolución impugnada, que la suscrita no impugnó la publicación que se realizó en el periódico oficial del estado con fecha 9 de mayo del 2003. Esto es así, pues si bien es cierto no se impugnó dicha publicidad en el periódico oficial, sí se impugnaron los acuerdos respectivos dictados por la Comisión Estatal Electoral de Nuevo León.

Se viola también el principio de exhaustividad y con ello el de legalidad electoral con la resolución controvertida, pues la responsable omite el análisis de la parte del agravio, en la que se señalaba que el fondo de la controversia radica en determinar cuáles candidatos fueron electos conforme a las normas internas del Partido de la Revolución Democrática y, por ende, a quiénes les corresponde el derecho de ser postulados por el partido político que represento.

Carece igualmente de sustento lo afirmado por la responsable en el sentido de que estaba impedida para "emitir opinión alguna sobre la forma en que se llevó a cabo el procedimiento interno de selección de candidatos" por el Partido de la Revolución Democrática, sosteniendo que en su opinión ya no sería posible la reposición del procedimiento interno por haberse efectuado ya el registro respectivo.

Tales afirmaciones carecen de una debida fundamentación y motivación, pues el órgano electoral del Estado de Nuevo León renuncia a su obligación de revisar que los candidatos cuyo registro concede sean postulados conforme a la normatividad interna del partido político que represento. Aunado a lo anterior es falso que tuviera que reponerse el procedimiento interno de selección de candidatos, pues lo único que tendría que determinarse es a cuáles candidatos les asiste el derecho de ser postulados a los distintos cargos de elección popular.

Es en razón de lo anterior que la tesis relevante que cita no resulta aplicable al caso, pues ésta se refiere a la restitución de un procedimiento interno de selección de candidatos. Aunado a lo anterior, éste es un criterio que ha quedado rebasado por nuevas interpretaciones a la Constitución y a la Ley Electoral que ha realizado la Sala Superior del Tribunal Electoral, en las cuales ha estimado que la autoridad administrativa electoral carece de competencia para pronunciarse sobre la restitución de derechos de militantes de los partidos políticos.

Por otro lado, y como ha quedado ya establecido en párrafos anteriores, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación contaría con tiempo suficiente para resolver el juicio que se plantea y ordenar la restitución de los derechos violados.

Lo anterior es así, pues el 6 de julio de 2003 es la fecha señalada para la celebración de la jornada electoral en el proceso electoral del Estado de Nuevo León. En ese sentido y conforme a lo dispuesto por el artículo 120 de la Ley Electoral del Estado, en caso de que fueran restituidos los candidatos estarían en posibilidades de realizar sus campañas hasta tres días antes de dicha fecha, es decir, el miércoles 2 de julio.

Todas las anteriores consideraciones encuentran además sustento en los siguientes criterios emitidos por este Alto Tribunal Federal:

EXHAUSTIVIDAD PRINCIPIO DE. LAS AUTORIDADES ELECTORALES DEBEN OBSERVARLO EN LAS RESOLUCIONES QUE EMITAN. (Se transcribe).

EXHAUSTIVIDAD EN LAS RESOLUCIONES. CÓMO SE CUMPLE. (Se transcribe)."

5. Recibidas que fueron las constancias respectivas, mediante proveído de veintitrés de mayo del año que transcurre, el Magistrado Presidente este Tribunal, turnó el expediente al Magistrado Eloy Fuentes Cerda, para los efectos del artículo 19 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

6. Mediante proveído de veintiocho de mayo del año en curso, el Magistrado Instructor admitió a trámite el presente juicio y, una vez agotada la instrucción, declaró cerrada ésta, quedando los autos en estado de resolución, la que ahora se pronuncia al tenor de los siguientes

C O N S I D E R A N D O S :

I. Esta Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es competente para conocer y resolver el presente juicio de revisión constitucional electoral, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 99, párrafo cuarto, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 184, 186 fracción III inciso b) y 189, fracción I, inciso e), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y 87, párrafo 1, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

II. Este órgano jurisdiccional considera que en el caso, se encuentran satisfechos los requisitos exigidos por el artículo 86 párrafo 1, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, para la procedencia del juicio de revisión constitucional electoral, como a continuación se razona.

Legitimación y personería. El Partido de la Revolución Democrática se encuentra debidamente legitimado para promover este juicio, habida cuenta que la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral en su artículo 88, párrafo 1, dispone que el medio impugnativo de mérito, sólo podrá ser promovido por los partidos políticos. En la especie, es un hecho público y notorio que la parte enjuiciante tiene el carácter de partido político nacional.

La personería de la suscriptora de la demanda Rosario Robles Berlanga, quien se ostenta como presidenta nacional del Partido de la Revolución Democrática, se tiene por acreditada de conformidad con el artículo 88, párrafo 1, inciso b), de la ley antes mencionada, tomando en cuenta que dicha persona fue quien interpuso el recurso de revocación al cual le recayó la resolución impugnada, tal y como consta a foja 1 del cuaderno accesorio número uno.

Que se trate de actos definitivos y firmes. Tal requisito debe tenerse por satisfecho, en tanto que si bien es cierto, en la legislación electoral local se prevé el juicio de inconformidad para cuestionar las resoluciones emitidas en el recurso de revocación, también lo es que el actor aduce que opera la figura jurídica "per saltum"; sustentándola en que dado lo avanzado del proceso electoral local, existe la posibilidad de que la violación reclamada, en caso de ser procedente, se torne irreparable, invocando al respecto, la tesis con el rubro "DEFINITIVIDAD Y FIRMEZA COMO REQUISITO DE REVISIÓN CONSTITUCIONAL ELECTORAL. DEBE TENERSE POR SATISFECHO CUANDO POR CAUSAS AJENAS AL PROMOVENTE RESULTA DIFÍCIL O IMPOSIBLE LA RESTITUCIÓN DE DERECHOS A TRAVÉS DE LOS MEDIOS IMPUGNATIVOS LOCALES", visible a fojas 368 a 370 de la compilación de Jurisprudencia y Tesis Relevantes. Volumen Tesis Relevantes, publicada por esta Sala Superior, por lo que cuando menos formalmente debe tenerse por satisfecho dicho requisito.

En la especie, al alegarse que para el caso de que el partido político actor agotara todas y cada una de las instancias impugnativas locales, entre ellas el recurso de "revisión" consagrado en el artículo 239 de la Ley Electoral del Estado de Nuevo León, correría el riesgo de no ver colmada su pretensión de justicia, ello es suficiente para que deba tenerse por satisfecho el requisito de procedencia de mérito.

Que se viole algún precepto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Esta exigencia legal se cumple, en virtud de que para admitir a trámite la demanda del juicio que nos ocupa, no se requiere la demostración fehaciente de la violación a una norma constitucional, pues la satisfacción de tal requisito debe entenderse dentro de un concepto meramente formal, consistente en que en el juicio de revisión constitucional se hagan valer agravios en los que se pongan argumentos tendientes a evidenciar la conculcación de algún precepto constitucional. En el presente caso, el enjuiciante aduce la violación de los artículos 16, 41 y 116 de la Constitución General de la República, lo que resulta suficiente para tener por satisfecho el requisito de procedencia que se examina, será materia de la resolución de fondo.

Que la violación reclamada pueda resultar determinante para el desarrollo del proceso electoral respectivo o el resultado final de la elección. En el presente caso, se cumple con el requisito de procedencia en comento, en tanto que, de acogerse la pretensión del instituto político actor y revocarse la resolución impugnada, ello traería como consecuencia que se admitieran las propuestas de registro y sustitución de las planillas de candidatos para contender en los municipios de Rayones, Mier y Noriega, El Carmen, Monterrey e Hidalgo, todos del Estado de Nuevo León, dentro de la jornada electoral que se celebrará el próximo seis de julio, así como el reconocimiento de la personería del C. Fernando Pineda Ochoa como representante del Comité Ejecutivo Nacional del partido político actor, quien pretendió le fuera reconocido tal carácter y se otorgara el registro de los candidatos que solicita, lo que resulta determinante para el resultado de la elección.

Que la reparación solicitada sea material y jurídicamente posible dentro de los plazos electorales, así como que sea factible antes de la fecha constitucional o legalmente fijada para la instalación de los órganos o la toma de posesión de los funcionarios electos. Lo anterior se encuentra plenamente satisfecho, si se toma en cuenta que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 123 de la Constitución Política del Estado de Nuevo León, los ayuntamientos que resulten electos en el presente año, deberán iniciar su ejercicio constitucional el treinta y uno de octubre del mismo, por lo que existe plena factibilidad de que la violación alegada a través de este medio constitucional de defensa, pudiera ser reparada antes de la citada fecha.

III. Previamente a cualquier otra consideración, debe señalarse que en el presente asunto no se está en el caso de sustanciarse el presente juicio de revisión constitucional electoral, en tanto que, contrariamente a lo que alega el partido político accionante, el hecho de agotarse la instancia previa establecida en la Ley Electoral del Estado de Nuevo León, para controvertir la resolución recaída al recurso de revocación que se cuestiona ante este órgano jurisdiccional, no torna irreparable la violación reclamada por los accionantes.

Conforme al criterio de esta Sala Superior emitido en la tesis de jurisprudencia que obra bajo el rubro "DEFINITIVIDAD Y FIRMEZA. SI EL AGOTAMIENTO DE LOS MEDIOS IMPUGNATIVOS ORDINARIOS IMPLICAN LA MERMA O EXTINCIÓN DE LA PRETENSIÓN DEL ACTOR, DEBE TENERSE POR CUMPLIDO EL REQUISITO", consultable en la Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2000. Páginas 54 y 55. Volumen de Jurisprudencia, el promovente de un medio de impugnación queda exonerado de agotar los medios impugnativos previstos en la ley electoral local, en el caso de que el agotamiento previo de éstos, se traduzca en una amenaza seria para los derechos sustanciales que son objeto de la controversia o litigio, porque los trámites de que consten y el tiempo previsto para llevarlos a cabo, puedan acarrear una disminución considerable o hasta la extinción del contenido de las pretensiones o de sus efectos o consecuencias, por lo que en esos casos el acto o resolución impugnado debe considerarse firme y definitivo.

En el presente asunto, con el agotamiento del juicio de inconformidad, que sería el medio de impugnación procedente en contra de la resolución emitida en el recurso de revocación, -y no el de revisión como lo aduce el accionante-, no se vería afectado derecho alguno y mucho menos se causaría una disminución o extinción del contenido de las pretensiones del partido político demandante, como se evidencia a continuación.

Para tal efecto, debe tenerse presente lo que disponen los artículos 239 y 261 de la Ley Electoral del Estado de Nuevo León.

"Artículo 239.- Para garantizar la legalidad de los actos, resoluciones y resultados electorales se establecen, en vía administrativa y en vía jurisdiccional, los siguientes medios de impugnación:

I. Los medios de impugnación, en la vía administrativa son:

a) Recurso de Revocación.- Este recurso es procedente:

1. En contra de actos u omisiones que podrán interponer los ciudadanos, durante la etapa previa de la elección, cuando:

A. Habiendo cumplido con los requisitos y trámites correspondientes no hubieren obtenido oportunamente la credencial para votar con fotografía para votar;

B. Habiendo obtenido oportunamente la credencial para votar con fotografía no aparezcan incluidos en la lista nominal de electores de la sección correspondiente a su domicilio;

C. Consideren haber sido indebidamente incluidos o excluidos de la lista nominal de electores de la sección correspondiente a su domicilio;

2. Contra actos u omisiones que durante la etapa de preparación de la elección podrán interponer los ciudadanos cuando habiendo cumplido con los requisitos y trámites que esta Ley dispone, les sea negada la acreditación como observador electoral;

3. En contra de actos, omisiones o resoluciones de la Comisión Estatal Electoral en la etapa de preparación de la elección, cuando cause un agravio directo.

b) Recurso de Revisión.- Este recurso es procedente en la etapa de preparación de la elección para:

1. Derogado

2. Impugnar actos, omisiones o resoluciones de las Comisiones Municipales Electorales cuando causen un agravio directo;

3. Combatir los actos de las Autoridades Estatales y Municipales, en sus respectivas competencias, que no respeten el ejercicio de los derechos y las prerrogativas de los Partidos Políticos registrados, las Asociaciones Políticas, los candidatos y los ciudadanos;

II. Los medios de impugnación en vía jurisdiccional son:

a) Recurso de Apelación.- Este recurso es procedente para combatir las resoluciones dictadas por la Comisión Estatal Electoral, durante el tiempo existente entre dos procesos electorales.

b) El juicio de inconformidad.- Este juicio será procedente contra:

1. Resoluciones dictadas en el recurso de revocación, únicamente para el caso del numeral 3 del inciso A, fracción I de este artículo;

2. Resoluciones dictadas en el recurso de revisión;

3. Actos, omisiones o resoluciones de la Comisión Estatal Electoral en la etapa de preparación de la elección cuando cause un agravio directo;

4. Resoluciones relacionadas con:

A. Con los resultados consignados en las actas de cómputo de la elección de Gobernador y Diputados de la Comisión Estatal Electoral, por violaciones al procedimiento durante la jornada electoral o después de ésta, hasta el cómputo total, o por nulidad de la votación recibida en una o varias casillas o por nulidad de la elección;

B. Con los resultados consignados en las actas de cómputo municipal para la elección de Ayuntamientos, por violaciones al procedimiento establecido en esta Ley, tanto durante la jornada electoral o después de ésta, hasta el cómputo total, o por nulidad de la votación recibida en una o varias casillas o por nulidad de elección;

C. Con la declaración de validez de la elección de Gobernador, Diputados o de Ayuntamientos, que realicen, respectivamente, la Comisión Estatal Electoral o las Comisiones Municipales Electorales y por consecuencia el otorgamiento de las constancias de mayoría y validez correspondientes, por las causales de nulidad establecidas en esta Ley;

D. Con la asignación de Diputados o de Regidores por el principio de representación proporcional que realicen respectivamente la Comisión Estatal Electoral y las Comisiones Municipales Electorales, cuando existan errores en dicha asignación; y

E. Con los resultados de los cómputos de la elección de Gobernador y de Diputados, o de los resultados de los cómputos municipales para la elección de Ayuntamientos, cuando en dichos cómputos exista error aritmético.

III. El recurso de reclamación procederá en contra del auto que deseche o tenga por desechado el recurso revocación o de revisión o bien el juicio de inconformidad dictado por el Comisionado Instructor de la Comisión Estatal Electoral o por el Presidente del Tribunal Electoral del Estado respectivamente, en la esfera de su competencia. Este recurso se tramitará con el solo escrito del recurrente y será resuelto por la Comisión Estatal Electoral o el Tribunal Electoral del Estado, según la competencia de cada uno de ellos, en un término no mayor de setenta y dos horas.".

Artículo 261.- Admitido a tramite el recurso o juicio, según el caso, el Comisionado Instructor o el Presidente del Tribunal ordenará se corra el traslado, a los terceros interesados y a las autoridades demandadas para que dentro del término de setenta y dos horas los primeros expresen lo que a su derecho correspondiere, aportando las pruebas de su intención y las segundas rindan un informe con justificación citando para día y hora a fin de que tenga verificativo la audiencia de Ley. En el mismo auto se fijara día y hora para la celebración de la audiencia dentro de los días siguientes comprendidos del sexto al décimo.

Transcurrido el plazo con contestación o sin ella de los terceros interesados o con o sin el informe de la autoridad demandada, en este último caso con la presunción de ser cierto el acto o resolución impugnado, se celebrará la audiencia de calificación admisión, recepción de pruebas y alegatos. Concluida esta, la resolución o sentencia deberá dictarse dentro de un plazo no mayor de diez días."

Atento a lo establecido por el artículo 239, fracción I, inciso a), numeral 3, el recurso de revocación procede en contra de actos, omisiones o resoluciones de la Comisión Estatal Electoral en la etapa de preparación de la elección, cuando causen un agravio directo. Recurso que de conformidad con lo dispuesto en el diverso artículo 256 fracción I, están legitimados para promoverlo, el partido político o el candidato. Tal como sucedió en la presente controversia, en que el Partido de la Revolución Democrática, para cuestionar los acuerdos de dieciocho de abril del año en curso emitidos por la Comisión Estatal Electoral, interpuso el recurso de revocación a que se hace referencia.

Debe puntualizarse, que en el caso no se dan los demás supuestos de procedencia del recurso de revocación, en tanto que en términos de los preceptos antes invocados, sólo se encuentran legitimados para tales efectos los ciudadanos; precisión que se estima necesaria para establecer cuál es el medio de impugnación procedente en contra de la resolución emitida en el citado recurso por la mencionada Comisión Estatal.

Por otra parte, de acuerdo con lo previsto fracción II, inciso b), párrafo 1, del mencionado artículo 239, el juicio de inconformidad será procedente contra las resoluciones dictadas en el recurso de revocación, únicamente para el caso del numeral 3 del inciso A, fracción I, del propio artículo.

De lo anterior, se puede concluir, que contra la resolución que se impugna en esta vía, procede el juicio de inconformidad previsto en la ley electoral estatal, por haber sido interpuesto el recurso de revocación con fundamento en el artículo 239, fracción I, inciso a), numeral 3, tal como se desprende del escrito de demanda presentado por el partido entonces recurrente, precepto que igualmente, entre otros, sirvió de sustento a la Comisión Estatal Electoral para sostener su competencia para conocer y resolver el recurso que le fue planteado, tal como se advierte del considerando primero de la respectiva resolución.

Precisado lo anterior, y tal como se apuntó en párrafos precedentes, no se estima que la violación reclamada ante la autoridad administrativa local, relativa al reconocimiento de la personalidad de Fernando Pineda Ochoa como representante del partido ante esa autoridad y el consecuente registro de la planilla, en caso de ser procedente, pueda tornarse irreparable, por el hecho de que la autoridad local se pronuncie al respecto, resolviendo los medios de impugnación atinentes, como se evidencia a continuación.

De conformidad con los plazos previstos en el artículo 261 para el trámite y resolución del juicio de inconformidad, tenemos que de iniciarse el trámite correspondiente un días después de que este tribunal resuelva el presente medio de defensa, dicho juicio de inconformidad podría quedar resuelto a más tardar, el siete de junio del año que transcurre, tomando como base los plazos mínimos previstos en la ley electoral para tal efecto, debido a lo avanzado del proceso electoral en el Estado de Nuevo León.

Tal como lo sostuvo este órgano jurisdiccional al resolver el veintidós de mayo pasado, los juicios para la protección de los derechos político electorales del ciudadano identificados con los números de expediente SUP-JDC-258/2003 y acumulados; SUP-JDC-371/2003 y acumulados, y, SUP-JDC-377/2003 y acumulados, en el caso de la Ley Electoral del Estado de Nuevo León, en su parte adjetiva electoral, y respecto a la tramitación y resolución de los medios de impugnación que regula, de manera similar a otros ordenamientos de carácter procesal, establece diferentes plazos y términos para la realización de los actos procesales que comprende.

En este sentido la doctrina científica procesal contemporánea acepta que por "término" se entiende el momento en que debe realizarse un determinado acto procesal, mientras que "plazo" es el espacio de tiempo en que debe realizarse dicho acto.

Esto es, cuando la leyes procesales hablan de términos, en la mayoría de los casos, se están refiriendo a plazos, o sea, a lapsos dentro de los cuales es oportuna y procedente la realización de determinados actos procesales, por el contrario, el término, en un sentido estricto, es el momento preciso señalado para la realización de un acto.

Precisado lo anterior, cabe advertir que de una correcta interpretación del artículo 261 de la Ley Electoral del Estado de Nuevo León, se desprende que el establecimiento de plazos para la sustanciación y resolución del juicio de inconformidad, y tomando en cuenta que los plazos son espacios temporales o medidas cronológicas que toma la ley para la realización de un actuación, y que tienen un momento a quo y otro ad quem, uno que marca el principio y otro que señala la meta, esta Sala Superior estima que atendiendo a lo dispuesto en la ley electoral local, las actuaciones que la autoridad responsable y el Tribunal Electoral del Estado de Nuevo León, deben realizar, a efecto de restituir al partido enjuiciante en el derecho que estima le ha sido transgredido, en caso de ser procedente, deben ser aquellas, que sin violentar los plazos establecidos en la misma, también propicien la salvaguarda de los principios rectores del proceso electoral, esto es, que cuando la naturaleza y demás circunstancias del fondo de un asunto lo exijan la autoridad jurisdiccional no debe agotar todo el tiempo de que se compongan los plazos dados para la generalidad de los casos, sino que debe obrar con diligente celeridad para impedir que el transcurso del tiempo repercuta en los derechos litigiosos, realizando las actuaciones en la parte inicial del plazo y no hasta la última.

En esa medida, con observancia de los plazos mínimos previstos en la normativa local, suponiendo que se iniciara el trámite el día veintinueve de mayo en curso, el término de setenta y dos horas previsto para que los terceros interesados expresen lo que a su interés convenga y aporten las pruebas de su intención, y la autoridad demandada rinda su informe con justificación, correría del treinta de mayo al primero de junio.

La fijación de la audiencia de ley a que deberá citarse, en la que se hará la calificación, admisión, recepción de pruebas y alegatos, deberá fijarse al sexto día, esto es, el cuatro de junio.

La resolución que debe pronunciarse una vez concluida la audiencia de ley, podría dictarse en un plazo no mayor a tres días, concluyendo dicho procedimiento, bajo estas circunstancias, el siete de junio del presente año.

Como se puede advertir, la autoridad jurisdiccional local, se ubica en la posibilidad de reparar, material y jurídicamente la violación reclamada, en caso de ser procedente, antes de que se lleve a cabo la jornada electoral para la elección de los miembros de los ayuntamientos en el Estado de Nuevo León.

Con el propósito de aminorar la afectación procesal que pudiera causarse al partido político accionante, esta Sala Superior considera pertinente reencausar el presente juicio como juicio de inconformidad, a fin de que el Tribunal Estatal Electoral proceda a su trámite, sustanciación y resolución.

Según lo ha sostenido esta Sala Superior en la tesis relevante que obra bajo el rubro "MEDIO DE IMPUGNACIÓN LOCAL O FEDERAL. POSIBILIDAD DE REENCAUZARLO A TRAVÉS DE LA VÍA IDÓNEA". Visible en la Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2002. Páginas 555 y 556, del Tomo de Tesis Relevantes, el criterio contenido en la diversa tesis de jurisprudencia cuyo rubro es "MEDIO DE IMPUGNACIÓN, EL ERROR EN LA ELECCIÓN O DESIGNACIÓN DE LA VÍA NO DETERMINA NECESARIAMENTE SU IMPROCEDENCIA", en el que se sostiene básicamente que el error en que puede incurrir quien pretenda cuestionar un acto de autoridad, al intentar alguno de los medios de impugnación contemplados en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, por regularse en ella una pluralidad de posibilidades para privar de efectos jurídicos a los actos o resoluciones electorales, debe hacerse extensivo no sólo a los casos en que se equivoquen en la vía entre los distintos juicios o recursos previstos en la ley adjetiva federal, sino también a aquellos en que el error se produzca con motivo de la confusión derivada de intentar un medio impugnativo federal, cuando lo correcto sea interponer o promover uno de los contemplados en la ley electoral local respectiva, y viceversa, toda vez que resulta evidente que en estos casos, si bien sólo sea en apariencia, se multiplican las opciones para lograr la satisfacción de la pretensión que ser persigue de ahí que pudieran expresar que interponen o promueven un determinado medio de defensa, cuando en realidad hacen valer uno diferente, o que, al accionar fallen en la elección del recurso o juicio legalmente procedente para la consecución de sus pretensiones, criterio que se estima es acorde con lo previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relativo a la administración de justicia por los tribunales de manera expedita, pronta, completa e imparcial.

En este sentido, no asiste la razón al partido político accionante al pretender evitar la tramitación del juicio de inconformidad previsto en la legislación electoral local, con el argumento de no existir tiempo suficiente para la tramitación de éste, previo a la jornada electoral, por considerar que de agotarse las instancias locales, podría volverse irreparable la violación que dice afecta sus intereses, cuestión que como se razonó en párrafos precedentes no es así, al existir según los tiempos indicados, posibilidades de restituir al partido en el derecho que estima transgredido. De ahí que, ante tales circunstancias, lo procedente sea reencausar la vía intentada por el partido político accionante, debiéndose tramitar el presente juicio de revisión constitucional electoral, como juicio de inconformidad, ante la autoridad jurisdiccional correspondiente en el Estado de Nuevo León.

Para tales efectos, la Comisión Estatal Electoral del Estado de Nuevo León, una vez que sea notificada de la presente ejecutoria, deberá remitir dentro de las veinticuatro horas siguientes al Tribunal Electoral del Estado de Nuevo León: a) el expediente electoral completo, tanto de la planilla de candidatos registrada respecto de los ayuntamientos de los Municipios de Rayones, Mier y Noriega y Monterrey, Nuevo León, así como de la planilla que, en sustitución de aquélla, Fernando Pineda Ochoa solicitó que fuera registrada; b) el informe a que se refiere al artículo 253 de la Ley Electoral del Estado de Nuevo León, a excepción de la relativa a los municipios de El Carmen e Hidalgo, en virtud de que la misma debe obrar actualmente en poder del citado Tribunal Electoral, en cumplimiento de diversas ejecutorias emitidas por este órgano jurisdiccional.

Hecho lo cual, el órgano jurisdiccional local deberá, de inmediato, proveer lo necesario para la pronta y expedita tramitación sustanciación y resolución del juicio de inconformidad.

Cabe aclarar, que el Tribunal Electoral del Estado de Nuevo León, se encuentra obligado al cumplimiento de lo resuelto en la presente ejecutoria, aún cuando no se le haya señalado como autoridad responsable.

En efecto, según lo sostenido esta Sala Superior en la tesis que obra bajo el rubro "EJECUCIÓN DE SENTENCIAS ELECTORALES. LAS AUTORIDADES ESTÁN OBLIGADAS A ACATARLAS, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE NO TENGAN EL CARÁCTER DE RESPONSABLES, CUANDO POR SUS FUNCIONES DEBAN DESPLEGAR ACTOS PARA SU CUMPLIMIENTO.", consultable en la Complicación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2002. Página 79. Volumen Jurisprudencia, que conforme con lo que disponen los artículos 17, párrafo tercero, 41 y 99 Constitucionales, y acorde con los principios de obligatoriedad y de orden público, rectores de las sentencias dictadas por este órgano jurisdiccional, sustentadas en la vital importancia para vida institucional del país y con el objeto de consolidar el imperio de los mandatos que contiene la Constitución General de la República, sobre cualquier ley y autoridad, tales sentencias obligan a todas las autoridades, independientemente de que figuren o no con el carácter de responsables, sobre todo, si en virtud de sus funciones les corresponde desplegar actos tendentes a cumplimentar los fallos.

Así, según se señaló en párrafos precedentes, en congruencia con lo anterior y para el debido cumplimiento de esta ejecutoria, se ordena al Tribunal Electoral local, por ser el competente para conocer y resolver del juicio de inconformidad, atento a lo que se dispone en el artículo 243 de la Ley Electoral del Estado de Nuevo León, tramite, sustancie y resuelva el mencionado juicio.

Por lo expuesto y fundado, se

R E S U E L V E :

ÚNICO. Se ordena el reenvío del presente asunto a la Comisión Estatal Electoral de Nuevo León, a efecto de que por su conducto se remitan las actuaciones al Tribunal Electoral de la citada entidad federativa, a efecto de que provea lo necesario para la tramitación y sustanciación del juicio de inconformidad.

NOTIFÍQUESE personalmente al actor en el domicilio señalado en autos; por oficio a la autoridad responsable así como al Tribunal Electoral del Estado de Nuevo León, acompañándoles copia certificada de la presente ejecutoria; y por estrados a los demás interesados.

Devuélvanse las constancias respectivas a la autoridad responsable, y en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto total y definitivamente concluido.

Así, por unanimidad de seis votos lo resolvieron los Magistrados Electorales que integran la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en ausencia del Magistrado José Luis de la Peza, quien se encuentra desempeñando una comisión oficial, ante el Secretario General de Acuerdos, que autoriza y da fe.

MAGISTRADO PRESIDENTE

 

JOSÉ FERNANDO OJESTO MARTÍNEZ PORCAYO

MAGISTRADO

 

LEONEL CASTILLO GONZÁLEZ

MAGISTRADO

 

ELOY FUENTES CERDA

MAGISTRADA

 

ALFONSINA BERTA NAVARRO HIDALGO

MAGISTRADO

 

JOSÉ DE JESÚS OROZCO HENRÍQUEZ

MAGISTRADO

 

MAURO MIGUEL REYES ZAPATA

 

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS

 

FLAVIO GALVÁN RIVERA