JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES DEL CIUDADANO

EXPEDIENTE: SUP-JDC-064/2004

ACTOR: JOSÉ DE JESÚS MANCHA ALARCÓN

ÓRGANO RESPONSABLE: COMITÉ DIRECTIVO ESTATAL DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL DE VERACRUZ

MAGISTRADO PONENTE: MAURO MIGUEL REYES ZAPATA

SECRETARIO: RAMIRO IGNACIO LÓPEZ MUÑOZ

México, Distrito Federal, a catorce de abril de dos mil cuatro.

V I S T O S para resolver, los autos del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano SUP-JDC-064/2004, promovido por José de Jesús Mancha Alarcón, en su calidad de militante y miembro activo del Partido Acción Nacional en Veracruz, en contra de la determinación de diecinueve de marzo del presente año, tomada por el Comité Directivo Estatal del referido partido en Veracruz, por la que no se aprueba el registro del actor como precandidato propietario a diputado local por el principio de representación proporcional, en los distritos IV Álamo Temapache, VII Papantla y XXV San Andrés Tuxtla; y,

R E S U L T A N D O

Del escrito de demanda del presente juicio y de las constancias que obran en autos se tiene que los antecedentes del asunto son los siguientes:

I. El veintiséis de febrero de dos mil cuatro, José de Jesús Mancha Alarcón recibió constancia en la que se acredita su aprobación en el curso "Formación y Capacitación a los Aspirantes a Precandidatos a Diputados Locales por el Principio de Representación Proporcional". Dicha constancia fue expedida por Gerardo Nieto Casas, Secretario General del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional de Veracruz.

II. El siete de marzo siguiente, el secretario general del mencionado comité directivo suscribió a favor del actor, constancias de registro números 18, 19 y 20, en las que consta que el enjuiciante quedó registrado como precandidato propietario a diputado local por el principio de representación proporcional en los distritos de Álamo Temapache, Papantla y San Andrés Tuxtla.

III. El doce de marzo del año en curso, el secretario general de dicho comité directivo envió citatorio a José de Jesús Mancha Alarcón, a efecto de que se presentara el diecinueve siguiente, a la sesión extraordinaria que celebraría tal comité, a efecto de resolver la situación del promovente respecto de su registro como precandidato.

IV. El diecinueve de marzo de dos mil cuatro, José de Jesús Mancha Alarcón compareció a la audiencia, señalada en el párrafo precedente, presentó y leyó escrito en el que hizo saber a los miembros del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional que, en su concepto, cumple con todos los requisitos que exige la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Código Electoral para el Estado de Veracruz y reglamentos del instituto político mencionado.

En dicha audiencia se le informó al actor, de la existencia de un procedimiento de sanción en su contra, lo cual, según el promovente, desconoce por completo y, además, dice, no ha sido sujeto de sanción alguna.

V. El veintidós de marzo del presente año, José de Jesús Mancha Alarcón fue notificado, vía fax, de la determinación de diecinueve de marzo del presente año, tomada por el Comité Directivo Estatal del referido partido en Veracruz, por la que no se aprueba el registro del actor como precandidato propietario a diputado local por el principio de representación proporcional en los distritos IV Álamo Temapache, VII Papantla y XXV San Andrés Tuxtla.

VI. Mediante escrito de veintiséis de marzo de dos mil cuatro, recibido en la Oficialía de Partes de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el treinta siguiente, José de Jesús Mancha Alarcón promovió juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano en contra del acto citado en el resultando anterior.

VII. El citado juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano se registró en esta sala con el número SUP-JDC-064/2004.

VIII. Por acuerdo de treinta de marzo de dos mil cuatro, el presidente por ministerio de ley de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación turnó el expediente en que se actúa al Magistrado Mauro Miguel Reyes Zapata, para los efectos precisados en el artículo 19, párrafo 1, inciso a), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

IX. Mediante proveído de trece de abril de dos mil cuatro, se declaró cerrada la instrucción, con lo que los autos quedaron en estado de resolución.

C O N S I D E R A N D O

PRIMERO. Esta Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es competente para conocer sobre la presente demanda, con fundamento en el artículo 99 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los artículos 1, 3, 9, párrafos primero y segundo y 19, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, puesto que en dicho escrito inicial se plantea una controversia relacionada con derechos político-electorales del ciudadano, y sobre la base de los preceptos mencionados, esta Sala Superior está en condiciones de decidir lo que procede en derecho.

SEGUNDO. Una vez examinada la demanda y sus anexos se estima que ha lugar a reconducir la vía en que se promueve, por las razones que se exponen a continuación:

Debe tenerse en cuenta que el acto reclamado en el presente medio de impugnación se hace consistir, en la determinación del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional de Veracruz, en el sentido de no aprobar el registro de José de Jesús Mancha Alarcón como precandidato a diputado local, por el principio de representación proporcional, en los distritos IV Álamo Temapache, VII Papantla y XXV San Andrés Tuxtla.

Como se aprecia, el acto reclamado fue emitido dentro de un proceso de selección interno de candidatos en el Partido Acción Nacional, específicamente, en el Estado de Veracruz.

Por ahora, el medio de impugnación presentado por el actor es improcedente, en conformidad con el artículo 80, párrafo segundo, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, ya que dicho artículo establece que el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano sólo será procedente cuando se hayan agotado todas las instancias previas. A este respecto se invoca la tesis de jurisprudencia número SEELJ 04/2003, publicada en el Tercer Informe de Labores del Presidente de esta Sala Superior, rendido en el año dos mil tres, páginas 194 a 196, la cual es del tenor siguiente:

"MEDIOS DE DEFENSA INTERNOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS. SE DEBEN AGOTAR PARA CUMPLIR EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. La interpretación sistemática y funcional de los artículos 41 y 99 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 27, apartado 1, inciso g); 30 y 31, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en relación con el artículo 10, apartado 1, inciso d), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, permite arribar a la conclusión de que los medios de defensa que los partidos políticos tienen obligación de incluir en sus estatutos, conforme al citado artículo 27, forman parte de los juicios y recursos que se deben agotar previamente, por los militantes, como requisito de procedibilidad, para acudir a los procesos impugnativos establecidos en la legislación electoral, en defensa de sus derechos político-electorales que estimen conculcados por parte de los órganos o dirigentes de un partido político, siempre y cuando: 1. Los órganos partidistas competentes estén establecidos, integrados e instalados con antelación a los hechos litigiosos; 2. Se garantice suficientemente la independencia e imparcialidad de sus integrantes; 3. Se respeten todas las formalidades esenciales del procedimiento exigidas constitucionalmente, y 4. Que formal y materialmente resulten eficaces para restituir a los promoventes en el goce de sus derechos político-electorales transgredidos. De manera que, cuando falte algún requisito o se presenten inconvenientes a que su inexistencia da lugar, no existe el gravamen procesal indicado, sino que tales instancias internas quedan como optativas, ante lo cual el afectado podrá acudir directamente a las autoridades jurisdiccionales, per saltum, siempre y cuando acredite haber desistido previamente de las instancias internas que hubiera iniciado, y que aún no se hubieran resuelto, a fin de evitar el riesgo de la existencia de dos resoluciones contradictorias. Para arribar a la anterior conclusión, se tiene en cuenta lo siguiente: Los partidos políticos están elevados constitucionalmente al rango de entidades de interés público, en razón de las importantes actividades que la Carta Magna les confiere, como: a) promover la participación del pueblo en la vida democrática, b) contribuir a la integración de la representación nacional, y c) hacer posible, como organización de ciudadanos, el acceso de éstos al ejercicio del poder público. Para la realización de estos fines, el Estado tiene la obligación de otorgarles prerrogativas, e incluso la ley secundaria les confiere el monopolio para la postulación de candidatos, circunstancias que los erige en protagonistas indispensables de los procesos electorales y les otorga un status de relevancia frente a los ciudadanos, incluyendo a los de su propia membresía. Los ciudadanos ingresan a un partido político con el cúmulo de derechos fundamentales consignados en la Constitución y en las leyes, los que se incrementan y robustecen con los que adquieren dentro del partido, pues el derecho de asociación política para formar parte de un partido, tiene por objeto que los ciudadanos, al unirse con otros, puedan potenciar y optimizar sus derechos político-electorales. Por la interacción que puede tener lugar al interior del partido político, es posible que tales derechos resulten violados. Los partidos políticos requieren del establecimiento de un conjunto de medios de impugnación a favor de sus militantes, en virtud de que, según se infiere de las disposiciones constitucionales interpretadas y de su naturaleza, deben ser entidades regidas por los postulados democráticos, dentro de los cuales, conforme a lo establecido en el artículo 27 citado, resulta indispensable la institución de medios efectivos y eficaces de defensa del conjunto de derechos político-electorales de los militantes, frente a la actuación de los órganos directivos del partido que los vulneren. La jurisdicción corresponde exclusivamente a los órganos del Estado idóneos para su ejercicio, y no puede delegarse, sino por una ley sustentada constitucionalmente, de lo cual se concluye que la facultad de los partidos políticos para establecer en sus estatutos las instancias encaminadas a la resolución, prima facie, de sus conflictos jurídicos internos, sin constituir el ejercicio de la función jurisdiccional exclusiva del Estado, es una función equivalente a la jurisdicción, que los coloca en condiciones de alcanzar la calidad de organizaciones democráticas, pues con esos medios de defensa se puede conseguir, en principio, el objeto de la función jurisdiccional, consistente en remediar la violación de los derechos político-electorales de los militantes, con lo cual la acción de los tribunales jurisdiccionales estatales queda como última instancia. La instrumentación de esas instancias internas debe apegarse a los mandamientos constitucionales y legales establecidos para la jurisdicción, lo que inclusive debe ser verificado por la máxima autoridad electoral administrativa, como requisito sine qua non para su entrada en vigencia, según lo previsto por los artículos 30 y 31 en cita, lo que sitúa a los estatutos partidarios en un rango superior a los de otras asociaciones; asimismo, esta obligación de los partidos políticos de instrumentar medios de defensa para sus militantes, se traduce en la correlativa carga para estos de emplear tales instancias antes de ocurrir a la jurisdicción del Estado, a fin de garantizar, al máximo posible, la capacidad auto-organizativa de los partidos políticos en ejercicio de la más amplia libertad, pero asegurar, al mismo tiempo, el respeto irrestricto a los derechos individuales de sus miembros, dejando a salvo la garantía esencial que representa para éstos la jurisdicción. Lo anterior encuentra armonía con la interpretación gramatical del artículo 10, apartado 1, inciso d), de referencia, pues la expresión utilizada por el precepto cuando establece los medios previstos en las leyes federales o locales, no determina que se trate de medios creados y regulados directa y totalmente por tales leyes, sino sólo que los haya previsto, por lo que es admisible que el legislador disponga en la ley (prevea) la obligación de establecer la clase de medios de impugnación intrapartidista, aunque remita para su regulación a los estatutos de los partidos; supuesto que se da con el artículo 27, apartado 1, inciso g) que se interpreta".

Según se aprecia en la demanda y demás constancias que obran en autos, José de Jesús Mancha Alarcón no agotó el recurso intrapartidista previsto en el artículo 86 del Reglamento de Elección de Candidatos del Partido Acción Nacional, el cual establece:

"Artículo 86. Cualquier controversia que se suscite respecto a los procesos de elección de candidatos podrá ser presentada por el aspirante o precandidato ante la Comisión Electoral o, en su defecto, ante los órganos directivos del partido responsables del proceso.

Los asuntos en controversia deberán presentarse por escrito, con los elementos o documentos a que se refiera el caso, a más tardar cinco días hábiles después de la fecha en que se haya suscitado el motivo de la reclamación.

Las resoluciones de la Comisión o Comité correspondiente podrán ser revisadas por el órgano superior jerárquico".

El actor menciona que acude a esta Sala Superior, per saltum, porque no está previsto reglamentariamente un plazo para la resolución de la "controversia" a que se refiere el precepto transcrito, que es el medio de impugnación intrapartidista que cabe contra el acto reclamado y, por lo que en concepto del promovente, tal omisión afecta el principio de certeza que rige en materia electoral. El actor aduce también que la resolución del medio de impugnación debe emitirse, en todo caso, antes del diecisiete de abril de dos mil cuatro, por ser esa la fecha establecida para la celebración de la Asamblea-Convención Estatal para la selección de candidatos a diputados locales.

Opuestamente a lo aducido por el actor, no se justifica en el caso concreto el per saltum que invoca.

Conforme con el artículo reglamentario anteriormente transcrito, efectivamente, no está regulado el plazo dentro del cual, el órgano correspondiente deba resolver la controversia que se someta a su consideración; pero esta situación no obsta para que el actor se encuentre en condiciones de agotar las instancias internas partidistas, antes de promover el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano.

Aunque el plazo para resolver la "controversia" indicada no esté establecido en reglamento alguno del Partido Acción Nacional, debe entenderse que, el tiempo para resolver debe ser acorde con las fechas en que se realicen los distintos actos que tengan lugar dentro de las etapas de los procesos de selección de candidatos, de manera que cumplan la función de ser aptos para modificar, revocar o nulificar los actos y resoluciones contra los que se hagan valer y que no se encuentren apegados a la normatividad interna del partido político y a la ley.

De esta manera, si como ocurre en el caso concreto, la convención estatal se efectuará el diecisiete de abril de dos mil cuatro, el medio de impugnación (la "controversia" a que se refiere el artículo 86 del Reglamento de Elección de Candidatos del Partido Acción Nacional) debe ser resuelto antes de esa fecha, con el fin de que quede definida la situación jurídica del afiliado partidista.

En estas circunstancias, no cabe aceptar que en el presente caso, por la falta de reglamentación de un plazo para resolver el medio de impugnación interno, se justifique el per saltum que propone el actor; de ahí que permanezca la carga de éste de agotar el medio de impugnación intrapartidista apto para revocar o modificar el acto reclamado, y como no hay controversia respecto a que tal medio de impugnación no se hizo valer, se justifica declarar improcedente, por ahora, el presente juicio, con fundamento en los artículos 10, párrafo primero, inciso d) y 80 párrafo segundo, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación de Materia Electoral.

La improcedencia del presente juicio no implica la carencia de eficacia jurídica de la demanda presentada por José de Jesús Mancha Alarcón, toda vez que con ella se hace valer una pretensión a la que ha lugar a examinar en la vía legal procedente.

Lo anterior, encuentra sustento en el criterio emitido por esta Sala Superior en la tesis de jurisprudencia identificada con el rubro: "MEDIO DE IMPUGNACIÓN. EL ERROR EN LA ELECCIÓN O DESIGNACIÓN DE LA VÍA, NO DETERMINA NECESARIAMENTE SU IMPROCEDENCIA", consultable en las páginas 125 y 126 de la Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2002, y en la que se sostiene esencialmente, que cuando el promovente se equivoque en la elección del recurso o juicio legalmente procedente para lograr la satisfacción de su pretensión, debe darse al escrito respectivo el trámite que corresponda al medio de impugnación realmente procedente, siempre que se reúnan los siguientes requisitos: se encuentre patentemente identificado el acto o resolución impugnado; aparezca claramente la voluntad del inconforme de oponerse y no aceptar ese acto o resolución; se encuentren satisfechos los requisitos de procedencia del medio de impugnación legalmente idóneo para invalidar el acto o resolución controvertido, y no se prive de intervención legal a los terceros interesados.

Esta Sala Superior considera que, contra la resolución impugnada, procede la controversia intrapartidista.

En la especie, los requisitos que se mencionan en la tesis de jurisprudencia, anteriormente citada, se colman a cabalidad, por lo siguiente:

1. En la demanda está identificado plenamente el acto reclamado, el cual consiste en la determinación que denegó al ahora actor el registro como precandidato a diputado local en tres distritos del Estado de Veracruz, el cual si bien no admite ser revisable a través del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, sí lo es mediante la "controversia" a que se refiere el artículo 86 del Reglamento de Elección de Candidatos del Partido Acción Nacional.

2. En el escrito de demanda se evidencia claramente la voluntad del actor de inconformarse y no aceptar la determinación tomada por el Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional de Veracruz, pues expone varias razones para estimar que dicho acto es contrario a derecho, por ejemplo, la falta de razones legales que justifiquen la denegación impugnada.

3. El artículo 86 del Reglamento de Elección de Candidatos del Partido Acción Nacional, anteriormente transcrito, establece que en contra de las determinaciones tomadas dentro de los procesos de selección de candidatos, procede la controversia, la cual deberá presentarse por escrito ante la Comisión Electoral o, en su defecto, ante los órganos directivos del partido responsables de dicho proceso, a más tardar cinco días hábiles después de la fecha en que se haya suscitado el motivo de la reclamación y, en el caso, la demanda de juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano se presentó cuatro días después de que se tuvo conocimiento del acto reclamado, por lo que, sí está dentro del término de cinco días que establece el reglamento partidista.

4. Con la reconducción de la vía que ahora se determina, no se priva de intervención legal a terceros interesados, en virtud de que según constancias que obran en autos, el órgano responsable ya realizó, por el término previsto en el artículo 17, párrafo 1, inciso b), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, la publicitación de la impugnación realizada por José de Jesús Mancha Alarcón, a la determinación tomada el diecinueve de marzo de dos mil cuatro, por el Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional de Veracruz, por la que se negó el registro al actor como precandidato a diputado local por el principio de representación proporcional en los distritos IV Álamo Temapache, VII Papantla y XXV San Andrés Tuxtla. Por lo que, dentro del plazo concedido, los posibles terceros interesados estuvieron en la posibilidad de comparecer en la presente causa, sin que así lo hubieran hecho. Por otra parte, esta resolución se publicará por estrados para que surta efectos contra terceros, en términos de los artículos 28 y 84, párrafo segundo, incisos a) y b) de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

Por lo que, en ese sentido, este órgano jurisdiccional no advierte la existencia de algún obstáculo legal o material para que el escrito mediante el cual, el actor impugna el acto precisado con anterioridad, continúe con la sustanciación del presente expediente en la vía legal procedente.

Por tanto, con fundamento en la jurisprudencia mencionada, así como en los artículos 232 y 233 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y 22, párrafo primero, inciso f), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, ha lugar a remitir esta demanda al Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional de Veracruz, a fin de que la impugnación planteada se resuelva a través de la "controversia" a que se refiere el artículo 86 del Reglamento de Elección de Candidatos, en el plazo de veinticuatro horas, contado a partir del momento de la notificación, con lo cual el citado medio de impugnación surtiría plenos efectos jurídicos, al tenerse en cuenta que la Asamblea-Convención Estatal del Partido Acción Nacional de Veracruz se llevará a cabo el diecisiete de abril de dos mil cuatro.

En contra de la anterior determinación no cabría aducir que las conculcaciones alegadas se encuentran irreparablemente consumadas. No cabe aceptar esta posición porque una vez agotados los medios de impugnación intrapartidistas, el actor tiene a su alcance el juicio para la protección de los derechos políticos-electorales del ciudadano, medio a través del cual es posible restituir al afiliado de un partido político en el goce de su derecho político-electoral vulnerado, al tenerse en cuenta que en la hipótesis de que quedara demostrada la existencia de una conculcación, ésta podría ser subsanada, si se tiene presente que, a fin de cuentas, en el artículo 43 de los Estatutos del Partido Acción Nacional, se encuentra previsto, entre otros puntos, que el Comité Ejecutivo Nacional está facultado para resolver sobre la postulación de candidatos locales en los términos a que se refiere el propio precepto estatutario.

De ahí que mientras no venza el plazo para el registro de candidatos a diputados locales por el principio de representación proporcional en las próximas elecciones en el Estado de Veracruz, hay una posibilidad legal de subsanar una pretendida conculcación a derechos político-electorales.

Por lo expuesto y fundado, se

R E S U E L V E

PRIMERO. Es improcedente el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano promovido por José de Jesús de Mancha Alarcón, en contra de la determinación tomada el diecinueve de marzo de dos mil cuatro, por el Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional de Veracruz, por la que se negó el registro al actor como precandidato a diputado local por el principio de representación proporcional en los distritos IV Álamo Temapache, VII Papantla y XXV San Andrés Tuxtla.

SEGUNDO. Es procedente la "controversia", a que se refiere el artículo 86 del Reglamento de Elección de Candidatos del Partido Acción Nacional, en contra de la determinación precisada en el punto resolutivo que antecede.

TERCERO. Previas las anotaciones que correspondan en los registros atinentes, envíese el presente asunto al Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional de Veracruz para que la demanda formulada por José de Jesús Mancha Alarcón se substancie en la "controversia", a que se refiere el artículo 86 del Reglamento de Elección de Candidatos del Partido Acción Nacional y, resuelva lo que se estime pertinente, dentro del término de veinticuatro horas, contadas a partir de que se haga la notificación correspondiente.

NOTIFÍQUESE por correo certificado, al actor, en el domicilio señalado en autos, por oficio y mediante fax, al Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional de Veracruz y por estrados, a los demás interesados, en conformidad con lo previsto en los artículos 29 y 84, párrafo 2, incisos a) y b) de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

En su oportunidad archívese el presente juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano como asunto definitivamente concluido.

Así, por UNANIMIDAD de votos, lo resolvió la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ante el Secretario General de Acuerdos, que autoriza y da fe.

MAGISTRADO PRESIDENTE

 

JOSÉ FERNANDO OJESTO MARTÍNEZ PORCAYO

MAGISTRADO

 

LEONEL CASTILLO GONZÁLEZ

MAGISTRADO

 

JOSÉ LUIS DE LA PEZA

MAGISTRADO

 

ELOY FUENTES CERDA

MAGISTRADA

 

ALFONSINA BERTA NAVARRO HIDALGO

MAGISTRADO

 

JOSÉ DE JESÚS OROZCO HENRÍQUEZ

MAGISTRADO

 

MAURO MIGUEL REYES ZAPATA

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS

 

FLAVIO GALVÁN RIVERA