JUICIO DE REVISIÓN CONSTITUCIONAL ELECTORAL

EXPEDIENTE: SUP-JRC-123/2004

ACTOR: PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL

AUTORIDAD RESPONSABLE: TRIBUNAL DE JUSTICIA ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA

MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ FERNANDO OJESTO MARTÍNEZ PORCAYO

SECRETARIO: JOSÉ ARTURO DELGADO FADDUL

México, Distrito Federal, a veintiocho de julio de dos mil cuatro.

V I S T O S, para resolver los autos del juicio de revisión constitucional electoral identificado con la clave SUP-JRC-123/2004, promovido por el Partido Revolucionario Institucional, a través de su representante Carlos Barboza Castillo, en contra de la resolución dictada por el Tribunal de Justicia Electoral del Poder Judicial del Estado de Baja California, el catorce de julio de dos mil cuatro, en el que desecha el recurso de inconformidad identificado con la clave RI-028/04; y

R E S U L T A N D O

I. El diecinueve de febrero de dos mil cuatro, el Consejo Estatal Electoral de Baja California aprobó el registro del convenio de la coalición denominada "Alianza por Baja California", integrada por los Partidos Revolucionario Institucional, del Trabajo, Verde Ecologista de México y Estatal de Baja California, con el objetivo de postular candidatos a diputados y munícipes en las ciudades de Mexicali, Tecate, Playas de Rosarito y Ensenada, para contender en las elecciones del proceso electoral local ordinario de dos mil cuatro en la entidad referida.

II. El veintiséis de marzo de dos mil cuatro, el Partido Revolucionario Institucional, por conducto de Carlos Barboza Castillo, en su carácter de Presidente del Comité Municipal en Tijuana, Baja California, solicitó la acreditación de Humberto Rodríguez Romero y René Madera Alderete como representantes propietario y suplente respectivamente ante el Consejo Distrital Electoral del XIII distrito electoral del Instituto Estatal Electoral de Baja California, a efecto de que sus candidatos en la elección municipal de aquella localidad estuvieran debidamente representados en ese consejo.

III. El veintisiete de marzo del año que transcurre, Carlos Barboza Castillo solicitó copia certificada del acta de sesión ordinaria del Consejo Distrital Electoral del XIII distrito electoral al Presidente de dicho órgano electoral y respuesta por escrito en relación a la acreditación que hizo de representantes propietario y suplente ante dicho consejo.

IV. El veintinueve de marzo del año en curso, mediante oficio CDE/XIII/028/2004, suscrito por el Consejero Presidente del Consejo Distrital Electoral del XIII distrito del Instituto Electoral de Baja California, negó la petición de que se tuvieran por acreditados a los representantes propietario y suplente del partido promovente.

V. El catorce de abril del año en curso, el Partido Revolucionario Institucional por conducto de Carlos Barboza Castillo, solicitó a la Presidencia del Consejo Distrital Electoral del XIII distrito del Instituto Electoral de Baja California le diera debida respuesta a lo solicitado en su escrito de veintisiete de marzo sobre la acreditación de sus representantes en virtud de que el Presidente del referido Consejo rechazó la acreditación hecha por éste. Además le solicita que le proporcione la documentación en la que hubiera basado su negativa, ya fuera un oficio del Consejo Estatal Electoral o en su defecto del acuerdo del propio Comité Estatal Electoral.

VI. Mediante escrito de veintiocho de mayo de dos mil cuatro, presentado el cinco de junio siguiente, el Partido Revolucionario Institucional por conducto de Carlos Barboza Castillo solicitó a la Presidencia del Consejo Distrital Electoral del XIII distrito del Instituto Electoral de Baja California, que en términos de los considerándos noveno, décimo y undécimo de la resolución de dieciocho de mayo del año en curso emitida por el Tribunal de Justicia Electoral del Poder Judicial del Estado de Baja California diera cumplimiento a su solicitud de veintiséis de marzo del año que transcurre, la cual contenía la acreditación en tiempo y forma de Humberto Rodríguez Romero y René Madera Alderete, como representantes propietario y suplente respectivamente, ante ese órgano electoral.

VII. El nueve de junio de dos mil cuatro, mediante oficio CDE/XIII-DTO/174/2004, el Presiente del Consejo Distrital Electoral del XIII distrito del Instituto Electoral de Baja California expuso entre otras cosas, que lo solicitado en el escrito de veintiocho de mayo del mismo año, no era posible cumplimentarse, en virtud de que lo resuelto por el mencionado tribunal vinculaba al Consejo Estatal Electoral y no al Consejo Distrital Electoral del XIII distrito del Instituto Electoral de Baja California, además de que lo dicho en el oficio CDE/XIII-028/2004 de veintinueve de marzo del presente año, notificado en tiempo y forma, no fue impugnado por su partido.

VIII. El quince de junio de dos mil cuatro, en desacuerdo con lo expuesto por en el resultando anterior, el Partido Revolucionario Institucional, por conducto de Carlos Barboza Castillo, interpuso recurso de inconformidad ante el Tribunal de Justicia Electoral del Poder Judicial del Estado de Baja California. Dicho medio de impugnación se radicó ante el citado tribunal electoral, bajo el número de expediente RI-028/04.

IX. Los agravios que hizo valer en la mencionada instancia son del tenor siguiente:

" AGRAVIOS:

PRIMERO.- La omisión combatida, viola en perjuicio de mi representado, el contenido del artículo 62, 161 y demás relativas de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado y del Reglamento Interior del Consejo Estatal Electoral del Instituto Estatal Electoral del Estado de Baja California, saber:

El artículo 62 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales, textualmente establece:

ARTÍCULO 62.- Son derechos de los partidos políticos:

I. Participar conforme a lo dispuesto en la Constitución Política del Estado y en esta Ley, en la preparación, desarrollo y vigilancia del proceso electoral;

II. Gozar de las garantías que esta Ley les otorga;

III.…

IV…

V. Designar a sus representantes ante los órganos electorales a que se refiere esta Ley;

VI. Formar coaliciones y fusionarse en los términos de esta Ley;

VII.…

VIII.…

IX. Realizar los actos jurídicos inherentes para la realización de sus fines, y

X. Los demás que disponga esta Ley.

De la cita anterior, se desprende que el Partido Revolucionario Institucional, cuenta con el derecho de designar a sus representantes ante los órganos electorales a que se refiere la Ley Electoral del Estado. En el caso concreto, se trata de representantes del Revolucionario Institucional para la elección municipal de Tijuana, Baja California, consecuentemente, corresponde al legítimo representante del partido, solicitar su registro y acreditación ante el XIII Consejo Distrital Electoral, de conformidad en lo dispuesto por los artículos 161 y 139, fracción II de la Ley local de la materia.

Es decir, de acuerdo con lo señalado anteriormente, la autoridad competente para resolver sobre la aprobación o en su caso la negativa a la solicitud del suscrito, es el XIII Consejo Distrital electoral y no el Presidente del mismo. Ya que el derecho de los Partidos a registrar representantes es ante los consejos respectivos, la autoridad competente para resolver sobre la legalidad o ilegalidad de ese derecho, consecuentemente debe de ser esa misma autoridad.

Es fundado lo anterior, en virtud de que como se desprende de los oficios No. CDE/XIII/028/2004 y CDE/XIII-DTO/174/2004, que han sido previamente identificados, quien suscribe y resuelve sobre el particular de mi solicitud, es precisamente el Consejero Presidente del XIII Consejo Distrital Electoral, cuando precisamente, el artículo 117 de la Ley de Instituciones y Procesos Electorales del Estado, señala con meridiana claridad que las resoluciones se tomaran por mayoría de votos en los Consejos Distritales Electorales, salvo en los casos en que se requiera mayoría calificada.

Efectivamente, no se trata de un mero trámite, sino de estudio y valoración que no puede quedar sujeta a la voluntad única y con consenso de uno solo de los Consejeros, ni siquiera del propio Presidente, ya que de las atribuciones que la ley de la materia le tiene conferidas solo a él en su artículo 148, no se desprende ninguna que le permita su actuación individualizada, desmotivada, sin fundamento y por tanto desmedida para resolver por sí solo, sobre la legalidad o ilegalidad de la petición de los Partidos Políticos. Es por lo anterior, que violenta el marco jurídico dispuesto por el Artículo 41 de la Constitución General de la República y sus relativos en la Constitución Política del Estado, como en la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales, al transgredir los principios rectores de legalidad, imparcialidad y certeza que rigen la función pública de toda autoridad en materia electoral.

Si bien es cierto, el hecho de que por primera vez en la historia electoral del Estado de Baja California, se presenta para resolverse una situación como la que en el caso concreto nos ocupa, ya que ciertamente la legislación electoral de nuestro Estado suprime la existencia de Consejos Electorales Municipales, aunado a que también contiende, en elecciones intermedias, una coalición parcial. Es decir, el caso concreto resulta por demás relevante y de alta importancia para la vida democrática de nuestro estado, de la que los partidos políticos somos garantes y responsables constitucionalmente, situación por la que se debió atender la opinión de los propios partidos políticos, favoreciendo el derecho de audiencia consagrado por nuestra Constitución.

A lo anteriormente expuesto, abunda en mi razonamiento, la siguiente tesis jurisprudencial:

"PREVENCIÓN. DEBE RALIZARSE PARA SUBSANAR FORMALIDADES O ELEMENTOS MENORES, AUNQUE NO ESTÉ PREVISTA LEGALMENTE.-" (Se transcribe)

SEGUNDO.- Por cuanto hace al fondo del asunto, le causa agravio a mi representando, el hecho de que la autoridad señalada responsable, ha sido omisa en la determinación que debería de recaer en la solicitud de mi representada acerca de la acreditación de sus representantes ante el XIII Consejo Distrital Electoral, causando perjuicio severo al Partido Revolucionario Institucional, toda vez que durante el procedimiento de preparación de la elección, no ha tenido intervención legal alguna, cuestión que conlleva a una indefensión jurídica en una parte de cualquier proceso electoral.

El derecho que asiste a mi representada en el presente recurso de inconformidad en contra del acto de omisión del XIII Consejo Distrital, se refuerza con la Tesis Jurisprudencial que a la letra dice:

"OMISIONES EN MATERIA ELECTORAL. SON IMPUGNABLES.- " (Se transcribe)

Efectivamente, la autoridad responsable, al no emitir la resolución correspondiente, viola en perjuicio del suscrito, las garantías constitucionales de legalidad y seguridad jurídica consagradas por los artículos 14 y 16 de la Constitución General de la República, así como los principios rectores del proceso electoral de certeza, legalidad e imparcialidad, garantizados en el artículo 41 de la carta magna, su correlativo en la Constitución Política del Estado y regulados por el artículo 1° de la ley de la materia, ya que su actuar de la propia emisión combatida, deja de manifiesto el estado de indefensión en el que se encuentra el Partido Revolucionario Institucional, al no contar con Representante alguno para el Municipio de Tijuana, ante la autoridad distrital encargada de organizar, preparar y desarrollar el proceso electoral para la renovación de dicho Ayuntamiento.

Además, al no otorgársele a mi representado, el derecho de acreditar representantes ante el XIII Consejo Distrital Electoral, se violentan los siguientes derechos, que aplican de manera supletoria y se encuentran estipulados en el artículo 41 del Reglamento Interno del Consejo Estatal Electoral.

"Artículo 41.- Son derechos de los representantes acreditados ante el Consejo:

I.- Participar en las diferentes deliberaciones, debates, comparecencias y en general en todos los asuntos que se traten en las sesiones del Consejo;

II.- Manifestar libremente sus ideas, puntos de vista ideológicos y valoraciones políticas, sobre los temas de que se ocupe el Consejo;

III.- Presentar propuestas de reformas, adiciones, derogaciones y abrogaciones a la normatividad del Consejo, así como denuncias de hechos;

IV.- Participar, en su caso, en las sesiones de las comisiones emitiendo opiniones particulares y presentando las pruebas que considere pertinentes, y

V.- Las demás que consigna la Ley y les otorga el presente Reglamento".

IX. El conocimiento del medio de impugnación precisado, correspondió al Tribunal de Justicia Electoral del Poder Judicial del Estado de Baja California, donde se radicó con el número de expediente RI-028/2004, el cual fue desechado por resolución de catorce de julio de dos mil cuatro. Dicha resolución en lo que importa dice:

"SEGUNDO.- El estudio de las causas de improcedencia, debe ser preferente por tratarse de una cuestión de orden público, acorde a lo previsto en el artículo 1 de la Ley de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Baja California, por lo que de manera oficiosa o a petición de parte deben ser consideradas antes de entrar al fondo del asunto, para determinar si el medio de impugnación reúne los requisitos exigidos por el ordenamiento legal en cita; al efecto, el artículo 464 fracciones I y III de la Ley Electoral, establece:

"ARTÍCULO 464.- La substanciación de los recursos se sujetará a lo siguiente:

I. Una vez recibido por el Tribunal, será turnado de inmediato a un Magistrado, quien tendrá la obligación de revisar que reúna todos los requisitos señalados en el presente Libro y cumplir con lo dispuesto en los artículos anteriores;

II…

III. Si de la revisión que realice el Magistrado encuentra que el recurso encuadra en alguna de las causas de improcedencia, someterá a la consideración del Tribunal el acuerdo correspondiente;

IV. a la V...".

En ese contexto, es procedente respecto del Recurso de Inconformidad que nos ocupa, analizar la invocada por la autoridad responsable, en los términos siguientes:

El órgano electoral manifiesta en su informe circunstanciado, que "Se advierte como causa de improcedencia del recurso de inconformidad la establecida en el artículo 436 fracción II, de la Ley de la Materia, relacionados (sic) con el artículo 425 en su fracción VI, la cual se hace valer por la FALTA DE FIRMA AUTÓGRAFA DEL PROMOVENTE TANTO EN EL ESCRITO RECURSAL Y COMO EN EL ESCRITO DE REMISIÓN DEL MISMO...", (foja 11 de autos).

En ese sentido, para este Juzgador resultan atendibles los argumentos aducidos por el órgano responsable para sostener la improcedencia del presente medio de impugnación, en razón de lo siguiente:

El artículo 425, fracción VI de la Ley de Instituciones y Procesos Electorales del Estado, establece los requisitos que deben contener los recursos que prevé el citado ordenamiento legal, en los términos a saber:

"ARTÍCULO 425.- Los recursos deberán presentarse por escrito ante el órgano electoral que realizó el acto o resolución que se recurre, el cual deberá contener los siguientes requisitos:

I. ... a la IV...

VI. El nombre y la firma del promovente.".

De acuerdo al Diccionario Enciclopédico Larousse, Edición 1997, por firma se entiende "Nombre de una persona, con rúbrica, que se pone al pie de un escrito para demostrar que es el autor o que se aprueba lo contenido en él.", y promover significa "Iniciar, dar impulso a una cosa.". En ese tenor, debe considerarse que el requisito de la firma a que se refiere el citado artículo 425, consiste en que se plasme en el escrito recursal la rúbrica de la persona que impulsa un recurso, ya que con ello se demostrará que es el autor o que aprueba lo contenido en él, concretamente, que es su voluntad combatir el acto de autoridad que considera contrario a sus intereses.

La firma del promovente es un requisito sine qua non, toda vez que la falta de su cumplimiento no es materia de prevención, contrario a lo que sucede con las formalidades previstas en las fracciones II, y IV del mencionado artículo 425 de la Ley Electoral, ya que en términos del numeral 461 del mismo ordenamiento legal, se podrá requerir al recurrente para que subsane la omisión de: a) El acto o resolución que se impugna y el órgano electoral responsable; b) Los agravios que cause el acto o resolución impugnada y la relación sucinta de los hechos en que se basa la impugnación, y c) Ofrecer y relacionar las pruebas, como al efecto se transcribe:

"ARTÍCULO 461.- Cuando en el escrito de interposición del recurso, se omitan señalar los requisitos previstos en las fracciones II, III y IV del artículo 425 y en las fracciones I, II y III del Artículo 428, ambos de esta Ley, el Magistrado del Tribunal que conozca del recurso, requerirá por medio de estrados al promovente para que lo cumpla en un plazo de cuarenta y ocho horas, contadas a partir de que se fije en los estrados el requerimiento, bajo el apercibimiento que de no hacerlo se tendrá por no interpuesto el recurso".

En el caso que nos ocupa, se satisface el requisito del nombre del recurrente, ya que así se advierte al proemio y al pie del escrito recursal cuando se indica: "CARLOS BARBOZA CASTILLO, en mi carácter de...", y al señalar: "PROTESTO LO NECESARIO DEMOCRACIA Y JUSTICIA SOCIAL LIC. CARLOS BARBOZA CASTILLO..."; sin embargo, no aparece rúbrica alguna que permita afirmar que dicha persona promueve el presente Recurso de Inconformidad, y que es su voluntad impugnar el acto emitido por el Consejo Distrital Electoral del XIII Distrito Electoral, tal y como puede apreciarse a fojas 35 a 62 de autos.

No pasa desapercibido para este juzgador, que la Tesis de Jurisprudencia J.01/99, emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cuyo rubro es: "FIRMA AUTÓGRAFA. EN LA PROMOCIÓN DE UN MEDIO DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL SE SATISFACE ESTE REQUISITO, AUN CUANDO LA FIRMA NO APAREZCA EN EL ESCRITO DE EXPRESIÓN DE AGRAVIOS Y SÍ EN EL DOCUMENTO DE PRESENTACIÓN DE DICHO MEDIO IMPUGNATIVO", indica que cuando en el escrito de demanda por el que se promueve un medio impugnativo, no conste la firma autógrafa del promovente, pero en el documento de presentación sí se encuentra debidamente signado por el accionante, debe tenerse por satisfecho ese requisito, ya que de éste se desprende claramente la voluntad del promovente de combatir el acto de autoridad que considera contrario a sus intereses, pues ambos escritos deben considerarse como una unidad a través de la cual se promueve un medio de impugnación. No obstante lo anterior, dé la revisión efectuada al escrito introductorio -obrante a fojas 63 a 65-, se advierte que de la misma manera que el escrito recursal, carece de la firma del promovente, por lo que no es subsanable la omisión en que éste incurrió, en términos de la tesis apuntada.

Así las cosas, y toda vez que el escrito recursal y el de remisión del mismo no fueron firmados autógrafamente por el C. CARLOS BARBOZA CASTILLO, quien se ostenta como Presidente del Comité Municipal del Partido Revolucionario Institucional, en el Municipio de Tijuana, Baja California, notoriamente se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 436 fracción II de la Ley de la materia, cuyo contenido es:

"ARTÍCULO 436.- Serán improcedentes los recursos previstos en esta Ley, cuando:

II.- El escrito recursal no esté firmado autógrafamente por quien lo promueva;".

En síntesis, de lo manifestado es dable afirmar que existe imposibilidad jurídica para analizar y resolver el fondo de la cuestión planteada, y en consecuencia, se debe desechar el presente recurso de inconformidad.

Por lo anteriormente expuesto y fundado se,

RESUELVE

ÚNICO.- Se desecha por improcedente el Recurso de Inconformidad que dio origen al expediente RI-028/2004, presentado por el Partido Revolucionario Institucional, toda vez que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el numeral 436 fracción II de la Ley de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Baja California, en los términos del Considerando Segundo de la presente resolución".

X. Mediante escrito presentado el diecinueve de julio del año en curso, el Partido Revolucionario Institucional, a través de su representante Carlos Barboza Castillo, promovió juicio de revisión constitucional electoral, en contra de la resolución detallada en el resultando inmediato anterior. Los agravios que se hacen valer son los siguientes:

"AGRAVIOS:

PRIMERO.- Causa agravio a mi representado el atentar contra los principios de legalidad y seguridad jurídica, pues la ahora responsable, en forma demasiado superficial resuelve el Recurso de Inconformidad que en este acto se combate presentado por el Partido Revolucionario Institucional, al señalar que el mismo no reúne los requisitos de procedibilidad en los términos que precisan los artículos 425, fracción VI y 436, fracción II de la ley electoral de este estado, declarándolo como extemporáneo y en consecuencia como improcedente, lo que a su consideración origina el desechamiento de plano de la legítima pretensión hecha por mi parte y a favor del instituto político que represento, sin tomar en cuenta los argumentos que en función de mis derechos constitucionales y legales me son concedidos.

Así las cosas, al desecharse de plano el recurso de inconformidad en la instancia inferior, quedo impedido de verme restituido en la legítima representación a favor de mi partido político ante el Consejo Distrital XIII de Tijuana, por la omisión de no plasmar tanto en la hoja respectiva al escrito de presentación ante el órgano electoral, esto es, el relativo al propio Consejo Distrital y del medio de impugnación hecho valer ante el órgano jurisdiccional la firma autógrafa del suscrito; sin que para ello se haya tomado en consideración que el mismo escrito mediante el cual se hace valer el recurso de inconformidad, a excepción de estas fojas, se encuentra asentada mi rúbrica como se puede observar de los autos que conforman el expediente formado con motivo de mi inconformidad, cuya intención manifiesta resulta hacer del conocimiento de dicha autoridad judicial, mi voluntad de presentar dicho medio de defensa legal por afectaciones a mi representado; en este contexto, se perpetra una afectación a este instituto político, causándose con ello una lesión jurídica derivada de la inobservancia a las mismas disposiciones legales que consagra la ley electoral. Por otra parte, cabe señalar que la responsable debió valorar la circunstancia de que la presentación del medio de impugnación lo fue con pleno consentimiento del que suscribe, cuya intención queda de manifiesto ante la propia autoridad electoral, debiéndose haber tomado en cuenta que como firma se define:

Firma: manifestación externa de la voluntad, por la que una persona asienta su nombre, señal o símbolo. Diccionario Enciclopédico Océano; Editorial Océano; 1998; Madrid, España p.p. 428, y Manifestar, significa dar a conocer, durante las elecciones los manifiestos que tienen por objeto difundir las intenciones de un partido o candidato conforme a las cuales el electorado pueda decidir su voto. En este caso pueden constituir la plataforma electoral de ese partido.

Manifiesto: Es un mensaje solemne escrito por el cual un individuo, organización, partido o movimiento político hace pública una exposición de doctrinas, principios, programas, opiniones o propósitos de interés general en donde rinde cuenta de su conducta y postura en acontecimientos políticos importantes, detallando los elementos que guiarán sus actos en el futuro. Diccionario Electoral. Instituto Nacional de Estudios Políticos, A.C.

Contrario a lo que establece la responsable, en su considerando segundo señala que "no aparece rúbrica alguna que permita afirmar que dicha persona promueve el presente recurso de inconformidad, y que es su voluntad impugnar el acto emitido por el Consejo Distrital Electoral del XIII Distrito Electoral" pero que se plasmó sobre el respectivo escrito de medio de impugnación la rúbrica por parte del suscrito como se hizo mención anteriormente, por lo que la Tesis de jurisprudencia que señala en la que se combate, resulta a todas luces aplicable al caso concreto y cuyo rubro me permito citar:

"FIRMA AUTÓGRAFA. EN LA PROMOCIÓN DE UN MEDIO DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL SE SATISFACE ESTE REQUISITO, AUN CUANDO LA FIRMA NO APAREZCA EN EL ESCRITO DE EXPRESIÓN DE AGRAVIOS Y SÍ EN EL DOCUMENTO DE PRESENTACIÓN DE DICHO MEDIO IMPUGNATIVO".

Por otro lado, si bien es cierto que de conformidad con lo establecido por el artículo 9o, párrafo 3, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, la condición general es que cuando un escrito de demanda carece de firma, ésta se deba de desechar de plano, dicho requisito reviste las particularidades que no conducen a tal consecuencia cuando en determinados casos se presenta y que para el que nos ocupa lo es el de haber plasmado la rúbrica al margen de las fojas que del mismo lo conforman. Por lo que se debe estar por satisfecho el requisito que establece el numeral 425, fracción II del ordenamiento legal electoral de esa entidad, al haber usado permitidamente la rúbrica del suscrito, mas aun derivado de la relación jurídica específica, como lo es existencia de un registro que se le ha negado a mi representado y que dicho sea de paso, esta determinación sea impugnada, por lo que la carencia de firma en el escrito de presentación o del mismo escrito recursal, amén de las características ya señaladas, no puede producir el desechamiento por parte de la responsable pues en tal caso se perjudicaría de sobre manera a este instituto político declarar nugatoria la protección constitucional solicitada por el ahora actor.

Por otra parte y en relación a la solicitud de la acreditación de los representantes propietarios y suplentes del Partido Revolucionario Institucional ante el XIII Consejo Distrital Electoral, para los efectos de la elección estatal en el Estado de Baja California, me permito manifestar lo siguiente:

La Ley de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Baja California, determina las reglas a que las que se sujetan los partidos políticos, siendo entre otras el derecho de ellos de designar a representantes ante los órganos electorales de conformidad con los artículos 62, fracción V y 161, de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales de esta entidad federativa.

Por disposición legal los partidos políticos podrán participar en los procesos electorales y que para el caso que nos ocupa lo es para el proceso electoral 2004; la representación de los partidos políticos ante los órganos Electorales permiten que los partidos políticos velaren por los intereses de mi representado, de no permitirse implicaría una clara detentación al artículo 100, fracción II de la Ley Electoral del Estado, quebrantándose las condiciones de equidad partidista que debe prevalecer en la integración del citado consejo.

Para mayor abundamiento, ha sido criterio de nuestro máximo Tribunal Electoral que la acreditación de representantes se surta para sus efectos desde el día de su presentación, por lo que se lo que se ha solicitado es que se le otorgue a mi representado la oportunidad de participar en las sesiones a nuestros representantes, al efecto transcribimos textualmente el siguiente criterio jurisprudencial "REPRESENTANTES DE PARTIDOS POLÍTICOS. MOMENTO EN EL QUE SURTE EFECTOS SU ACREDITACIÓN (Legislación del Estado de Nuevo León)".- (Se transcribe)

Asimismo, tiene aplicación al respecto la siguiente tesis de jurisprudencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que a la letra dice:

"ACREDITACIÓN DE LOS REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS ANTE LOS CONSEJOS MUNICIPALES ELECTORALES, RESULTA UN ASPECTO DETERMINANTE PARA EL PROCESO ELECTORAL O EL RESULTADO DE LAS ELECCIONES (Legislación del Estado de Guanajuato);" (Se transcribe) y "COMITÉ MUNICIPAL DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL EN TIJUANA, BAJA CALIFORNIA"; (Se transcibe).

Conforme con lo expuesto y al no haber un pronunciamiento por parte del Pleno que integra el Tribunal Superior Electoral del Poder Judicial, como autoridad competente y considerando que en los términos de la fracción V, del articulo 62 de la citada Ley, es un derecho de los Partidos Políticos designar a sus representantes ante los órganos electorales, resulta lógico y jurídicamente proceder que mi representado haya reiterado su solicitud de acreditación de representantes a la cual no ha recaído pronunciamiento alguno por la autoridad facultada para ello.

Basándose en todos los razonamientos lógicos y jurídicos expuestos arriba, esta H. autoridad jurisdiccional del conocimiento deberá decretar procedente el juicio de revisión constitucional intentado y consecuentemente deberá confirmar la ilegalidad de la resolución combatida.

SEGUNDO.- Causa agravio a mi representado, la falta de exhaustividad en la resolución que se combate, en tanto la responsable omite estudiar los razonamientos jurídicos que se plantearon en el recurso de inconformidad que en este acto se combate, debiendo entenderse la exhaustividad como principio que obliga a la autoridad del conocimiento al estudio integral del asunto, y al cual la responsable está obligada, dada la aplicación del principio de exhaustividad, en virtud de las siguientes consideraciones:

Omite considerar en el cuerpo de la resolución lo alegado por mi parte en cuanto al inicio del plazo para presentar la inconformidad, pretendiendo que prevalezca el criterio desechador por la presunta presentación extemporánea del medio de impugnación, la transcripción de lo alegado por el suscrito, no conlleva un estudio exhaustivo de la causa, el cumplimiento al principio de exhaustividad, adquiere vida en cuanto la autoridad que conoce de la litis planteada analiza en sus razonamientos todos y cada uno de los argumentos, mediante un silogismo que le permita arribar a las conclusiones resolutivas del asunto.

De haberse dado un estudio profundo y exhaustivo al recurso que se planteó, seguramente que el resultado hubiere sido distinto, pues no debe considerarse que en el transcurso del tiempo hubo conformidad con la omisión impugnada en primera instancia, lo que existió en realidad fue cautela en la forma de promover al estar legalmente impedido mi representado de combatir una omisión y no un aparente acto de autoridad afectado de invalidez.

Con la finalidad de ilustrar las consideraciones hasta aquí establecidas, me permito transcribir los siguientes criterios sostenidos por la Sala superior:

"EXHAUSTIVIDAD PRINCIPIO DE. LAS AUTORIDADES ELECTORALES DEBEN OBSERVARLO EN LAS RESOLUCIONES QUE EMITAN"; (Se transcribe)

TERCERO.- Le causa agravio a mi representado, el hecho de que la autoridad responsable no haya tomado en cuenta que la omisión combatida, viola en perjuicio de mi representado, lo establecido en los artículos 62 al 161 y demás relativos de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado, al coartar el derecho de designar a representantes ante los órganos electorales y que para el caso en concreto se trata de representantes del Partido Revolucionario Institucional para la elección municipal de Tijuana, Baja California, consecuentemente corresponde a los legítimos representantes de este instituto político solicitar su registro y acreditación ante el XIII Consejo Distrital Electoral, de conformidad por lo dispuesto por los artículos 161 y 139, fracción II de la ley local de la materia.

Como es de observarse en los criterios descritos con anterioridad el Tribunal de Justicia Electoral del Poder Judicial del Estado, viola flagrantemente los derechos constitucionales invocados en el cuerpo del presente en contra de mi representado, motivo por el cual resulta procedente decretar la revocación de la resolución recurrida y esta H. Sala dicte otra en su lugar.

"AGRAVIOS. PUEDEN ENCONTRARSE EN CUALQUIER PARTE DEL ESCRITO INICIAL"; (Se transcribe).

XI. A través del oficio número TJE/388/2004, del veinte de julio del año en curso, recibido en la Oficialía de Partes de este órgano jurisdiccional el veintidós del mismo mes y año, el Presidente y el Secretario General del Tribunal de Justicia Electoral del Poder Judicial del Estado de Baja California, remitieron, entre otros documentos, el original del escrito de demanda del presente juicio de revisión constitucional electoral y sus anexos; los autos originales del expediente número RI-028/2004, formado con motivo del recurso de inconformidad incoados por el Partido Revolucionario Institucional, así como el informe circunstanciado de ley.

XII. Por auto de veintidós de julio del año que transcurre, el Magistrado Presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, tuvo por recibida la documentación precisada en el resultando anterior, ordenó la integración del expediente SUP-JRC-123/2004, formado con motivo del juicio de revisión constitucional electoral en que se actúa, y ordenó remitir los autos a su ponencia, para los efectos previstos en los artículos 19 y 92 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; turno que se cumplió mediante el oficio TEPJF-SGA-1048/04, suscrito por el Subsecretario General de Acuerdos de este órgano jurisdiccional.

XIII. Por medio del oficio número TJE-421/2004, del veintitrés de julio de dos mil cuatro, recibido en Oficialía de Partes de esta Sala Superior el mismo día, el Presidente del Tribunal de Justicia Electoral del Poder Judicial del Estado de Baja California, remitió la constancia de publicitación del juicio que nos ocupa, mencionando que no compareció tercero interesado alguno.

XIV. Mediante proveído de veintisiete de julio de dos mil cuatro, se admitió a trámite la demanda del juicio de revisión constitucional electoral en estudio y en virtud de que no quedaban diligencias pendientes por desahogar, se declaró el cierre de instrucción correspondiente.

C O N S I D E R A N D O:

PRIMERO. Esta Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es competente para conocer y resolver el presente juicio de revisión constitucional electoral, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 99, párrafo cuarto, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 186, fracción III, inciso b), 189, fracción I, inciso e) de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como 4 y 87 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

SEGUNDO. Previamente al estudio de fondo del presente asunto, se analiza si se encuentran debidamente satisfechos los requisitos esenciales y especiales de procedibilidad del juicio de revisión constitucional electoral, así como los elementos necesarios para la emisión de una sentencia de mérito.

Al respecto, esta Sala Superior considera que se cumplen los requisitos esenciales estipulados en el artículo 9, párrafo 1 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, contiene el señalamiento del nombre del actor y el domicilio para recibir notificaciones, identifica la resolución impugnada y a la autoridad responsable, así también señala los hechos y agravios que le causa la resolución combatida, y finalmente se asienta el nombre y la firma autógrafa de la promovente.

Legitimación y personería. Se encuentran debidamente acreditadas, toda vez que el Partido Revolucionario Institucional está legitimado para promover este juicio, atento a lo dispuesto por el artículo 88, párrafo 1, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

El presente juicio fue promovido por el Partido Revolucionario Institucional, por conducto de su representante Carlos Barboza Castillo, de ahí que se tiene por acreditada su personalidad de conformidad con el artículo 88, párrafo 1, inciso b), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, toda vez que él fue quien interpuso el medio de impugnación jurisdiccional al cual le recayó la resolución combatida.

Es oportuno. El medio de impugnación en estudio fue promovido dentro del plazo de cuatro días establecido por el artículo 8 de la ley de la materia, ya que como se advierte de autos, la resolución impugnada le fue notificada al actor, a las doce horas con treinta y nueve minutos del día quince de julio de dos mil cuatro, en tanto que la demanda del juicio de revisión constitucional electoral fue recibida por la autoridad responsable el diecinueve del mismo mes y año, según se asienta en el sello de recepción que consta en el cuaderno principal.

Adicionalmente, esta Sala considera que se cumplen con los requisitos previstos en el párrafo 1 del artículo 86 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, sobre la base de los razonamientos que a continuación se exponen:

El cumplimiento del requisito previsto en el inciso a), del referido artículo 86, que consiste en que los actos impugnados sean definitivos y firmes, pretende garantizar que el ejercicio de la jurisdicción de los tribunales cumpla el cometido atinente a su naturaleza jurídica, de resolver el litigio mediante una resolución que establezca la verdad legal sobre el asunto, propósito que sólo se puede alcanzar a través de un fallo único que obligue imperativamente a las partes y que no encuentre oposición de ninguna especie en la ley o en otros actos de autoridad, toda vez que la exigencia de que el acto impugnado no pueda revocarse, modificarse o anularse a través de un medio de control oficioso o de un juicio o recurso procedente en su contra, proporciona la seguridad de que la decisión adoptada en el medio extraordinario constituirá la única verdad legal del caso concreto, a la cual las partes deberán atenerse para todos los efectos, al no poder oponer ya nada para resistir legalmente su cumplimiento.

Por otra parte, el cumplimiento del requisito previsto en el inciso f), del mismo artículo, relativo a agotar las instancias previas, en virtud de las cuales pudiera haberse modificado, revocado o anulado el acto combatido responde al principio de definitividad, rector de los procesos jurisdiccionales excepcionales y extraordinarios, como es el juicio de revisión constitucional electoral, conforme al cual los justiciables sólo deben ocurrir a la vía especial, cuando sea el único medio para conseguir de manera pronta y adecuada la restitución, en la mayor medida posible, del goce de los derechos sustantivos controvertidos que estiman conculcados con las violaciones aducidas, pues no se justifica ocurrir a lo extraordinario cuando es más fácil e inmediato valerse de un medio ordinario eficaz para lograr lo pretendido.

Así, en el presente caso, la resolución reclamada a través de este juicio es definitiva y firme, en atención a que la Ley de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Baja California, no contempla otro medio de impugnación local por el cual el partido accionante pueda obtener la revocación del fallo controvertido, tal y como se deduce de lo dispuesto por el artículo 421, párrafo segundo, inciso b) del citado ordenamiento legal.

Al respecto, resulta aplicable la tesis de jurisprudencia S3ELJ 023/2000, aprobada por esta Sala Superior, y publicada en la Compilación Oficial Jurisprudencia Tesis Relevantes 1997–2002 página 53, cuyo rubro es:"DEFINITIVIDAD Y FIRMEZA, CONSTITUYEN UN SOLO REQUISITO DE PROCEDIBILIDAD DEL JUICIO DE REVISIÓN CONSTITUCIONAL ELECTORAL".

Que la reparación solicitada sea material y jurídicamente posible dentro de los plazos electorales. Lo anterior se encuentra plenamente satisfecho, si se toma en cuenta que de conformidad con el artículo 119 de la legislación local, el catorce de febrero de dos mil cuatro se inició el proceso electoral en dicha entidad federativa y la jornada electoral se llevará a cabo el primero de agosto del mismo año, por lo que existe plena factibilidad de que la violación alegada a través de este medio constitucional de defensa sea reparada antes del inicio de la mencionada jornada electoral.

Se cumple también con el requisito exigido por el artículo 86, párrafo 1, inciso b), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, en virtud de que en los agravios esgrimidos por el Partido Revolucionario Institucional se desprende que se violan en su perjuicio, los artículos 14, 16, 17 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Tal requisito debe entenderse en un sentido formal, es decir, como un requisito de procedencia, no como el resultado del análisis de los agravios propuestos por la actora, en virtud de que ello implica entrar al fondo del juicio.

Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia número S3ELJ 02/97, de esta sala, que se encuentra publicada en las páginas 117 y 118 de la Compilación Oficial Jurisprudencia Tesis Relevantes 1997– 2002, cuyo texto y rubro son del tenor siguiente:

"JUICIO DE REVISIÓN CONSTITUCIONAL ELECTORAL. INTERPRETACIÓN DEL REQUISITO DE PROCEDENCIA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 86, PÁRRAFO 1, INCISO B), DE LA LEY DE LA MATERIA. Lo preceptuado por el artículo 86, párrafo 1, inciso b), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, referente a que el juicio de revisión constitucional electoral sólo procederá contra actos o resoluciones "Que violen algún precepto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos", debe entenderse en un sentido formal, relativo a su establecimiento como requisito de procedencia, y no al análisis propiamente de los agravios esgrimidos por el partido impugnante, toda vez que ello supone entrar al fondo del juicio; por lo tanto, dicho requisito debe considerarse que se acredita cuando en el escrito correspondiente se hacen valer agravios debidamente configurados, esto es, que éstos precisen claramente los argumentos o razonamientos enderezados a acreditar la afectación del interés jurídico del promovente, derivado de la indebida aplicación o incorrecta interpretación de determinada norma jurídica en el acto o resolución impugnado, por virtud de los cuales se pudiera infringir algún precepto constitucional en materia electoral, toda vez que ello supondría la presunta violación de los principios de constitucionalidad y legalidad electoral tutelados en los artículos 41, párrafo segundo, fracción IV y 116, párrafo segundo, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; o sea, que de los agravios se advierta la posibilidad de que se haya conculcado algún precepto constitucional en la materia, resultando irrelevante que se citen o no los artículos constitucionales presuntamente violados, ya que, de conformidad con el artículo 23, párrafo 3, de la Ley General citada, en la presente vía este órgano jurisdiccional, ante la omisión de los preceptos jurídicos presuntamente violados o su cita equivocada, resuelve tomando en consideración los que debieron ser invocados o los que resultan aplicables al caso concreto. Por lo anterior, la omisión o cita errónea de los preceptos constitucionales presuntamente violados no tiene como consecuencia jurídica el desechamiento del juicio de revisión constitucional electoral".

Se satisface también el requisito de procedibilidad que señala el artículo 86, párrafo 1, inciso c), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, referente a que la violación reclamada sea determinante para el desarrollo del proceso electoral o para el resultado final de las elecciones respectivas.

Determinante, según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, es el participio activo del verbo determinar.

Unas de las acepciones de este verbo son "Causar. Motivar. Ocasionar. Originar. Producir. Ser causa cierta cosa de que se produzca otra" (Diccionario María Moliner, Editorial Gredos, mil novecientos noventa y cinco).

Aplicada esta acepción al citado requisito específico de procedencia del juicio de revisión constitucional electoral, se obtiene que se está ante una violación considerada determinante para el desarrollo del proceso electoral o para el resultado de la elección, cuando el acto estimado conculcatorio sea la causa o motivo suficiente y cierto de una alteración o cambio sustancial en el curso de ese proceso o en el resultado de los comicios.

El carácter de determinante responde al objetivo de llevar al conocimiento del órgano jurisdiccional federal sólo aquellos asuntos de índole electoral de verdadera importancia, que tengan la posibilidad de cambiar o alterar significativamente el curso del procedimiento electoral, o bien, el resultado final de la elección respectiva. Es decir, para que la violación reclamada sea determinante para el desarrollo del proceso electoral, se requiere que la infracción tenga la posibilidad racional de causar o producir una alteración sustancial o decisiva en el desarrollo del proceso electoral, como podría ser el que uno de los contendientes obtuviera una ventaja indebida, o bien, que se obstaculizara o impidiera la realización de alguna de las fases que conforman el proceso electoral, por ejemplo, el registro de candidatos, la campaña política, la jornada electoral o los cómputos respectivos, etcétera. Será también determinante, si la infracción diera lugar a la posibilidad racional de que se produjera un cambio de ganador en los comicios.

Orienta el criterio anterior, la tesis de Jurisprudencia de esta Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que, con la clave S3ELJ 15/2002, se publica en la página 227 del Tomo de Jurisprudencia de la Compilación Oficial "Jurisprudencia Tesis Relevantes 1997-2002", que es del texto siguiente:

"VIOLACIÓN DETERMINANTE EN EL JUICIO DE REVISIÓN CONSTITUCIONAL ELECTORAL. SURTIMIENTO DE TAL REQUISITO. El alcance del requisito establecido en el artículo 86, párrafo 1, inciso c), de la Ley General del sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral consiste, en que el carácter de determinante atribuido a la conculcación reclamada responde al objetivo de llevar al conocimiento de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sólo aquellos asuntos de índole electoral de verdadera importancia, que tenga la posibilidad de cambiar o alterar significativamente el curso del procedimiento electoral, o bien, el resultado final de la elección respectiva. Es decir, para que la violación reclamada sea determinante para el desarrollo del proceso electoral se requiere, que la infracción tenga la posibilidad racional de acusar o producir una alteración sustancial decisiva en el desarrollo del proceso electoral, como podría ser que uno de los contendientes obtuviera una ventaja indebida, o bien, que se obstaculizara o impidiera la realización de alguna de las fases que conforman el proceso electoral, por ejemplo, el registro de candidatos, las campañas políticas, la jornada electoral o los cómputos respectivos, etcétera. Será también determinante, si la infracción diera lugar a la posibilidad racional de que se produjera un cambio de ganador en los comicios".

Se cumple con este requisito, ya que el Partido Revolucionario Institucional cuestiona el desechamiento del recurso de inconformidad, por el que dicho instituto político impugnó la omisión del XIII Consejo Distrital del Instituto Estatal Electoral de Baja California, de sesionar y acordar en pleno, la petición del impugnante relativa a que se tuvieran por registrados y acreditados los representantes del partido promovente, ante ese consejo distrital, respecto a la elección municipal en Tijuana.

Ahora bien, se estima satisfecho el requisito de la determinancia, porque la controversia trata sobre el nombramiento del representante de un partido político nacional en la integración de los órganos electorales, en particular la acreditación de los representantes del Partido Revolucionario Institucional ante el XIII Consejo Distrital del Instituto Estatal Electoral de Baja California, para la elección en el municipio de Tijuana, lo que puede ser determinante para el desarrollo del proceso electoral y sus resultados, en tanto que tales representantes tienen atribuciones relevantes para el desarrollo de los comicios, entre ellas, la vigilancia de los actos realizados por la autoridad electoral, la interposición de los medios de impugnación, entre otros, motivo por el cual, el hecho de que no se acrediten representantes a un partido ante el órgano electoral correspondiente puede alterar el desarrollo normal del proceso electoral, por lo que es claro que en el caso se surte el requisito a que se refiere el artículo 86, párrafo 1, inciso c), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

Es aplicable a lo anterior, por analogía, la tesis de esta Sala Superior, que se localiza en las páginas 235 y 236 del tomo de Tesis Relevantes de la Compilación Oficial de "Jurisprudencia Tesis Relevantes 1997-2002", publicada por este órgano jurisdiccional, que es del tenor siguiente:

"ACREDITACIÓN DE LOS REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS ANTE LOS CONSEJOS MUNICIPALES ELECTORALES, RESULTA UN ASPECTO DETERMINANTE PARA EL PROCESO ELECTORAL O EL RESULTADO DE LAS ELECCIONES (Legislación del Estado de Guanajuato). De acuerdo a lo dispuesto por el artículo 153 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato, los Consejos Municipales Electorales tienen a su cargo diversas atribuciones que pueden incidir de manera directa en el proceso electoral, y las personas que los integran son las que, en su momento, decidirán en su ámbito respectivo, sobre el desarrollo de las etapas del referido proceso, entre ellas, los representantes de partido, que, aun y cuando no cuenten con derecho de voto, tienen la facultad de intervenir en las sesiones celebradas por los citados órganos para acordar lo conducente, tal y como lo establece el artículo 149, último párrafo del mencionado código estatal; por lo que su actuación es de suma importancia ya que sus opiniones deben ser consideradas al dictarse los acuerdos correspondientes, entre los cuales pueden encontrarse los relacionados con registro de candidatos, determinación del número y ubicación de las mesas directivas de casilla, así como vigilancia durante el proceso electoral, para que éste se desarrolle conforme al principio de legalidad. De ahí que una decisión por virtud de la cual no se acredite o se revoque la representación de un partido político ante dichos órganos electorales puede ser materia, en última instancia, de un juicio de revisión constitucional electoral, dada la trascendencia que reviste la vigilancia del proceso electoral y el carácter de cogarantes de la legalidad del mismo que tienen los partidos políticos".

TERCERO. El actor hace consistir esencialmente sus motivos de agravios en lo siguiente:

El tribunal responsable al resolver superficialmente atentó en contra de:

a) Los principios de legalidad y seguridad jurídica al desechar su recurso de inconformidad por la omisión de no plasmar, la firma autógrafa ni en la hoja respectiva al escrito de presentación ante el órgano electoral, ni en el medio de impugnación hecho valer ante la responsable, sin tomar ésta en cuenta que a excepción de esas fojas, se encuentra asentada su rúbrica como se observa en los autos del recurso mencionado, cuya intención manifiesta resulta hacer del conocimiento de dicha autoridad su voluntad de presentar dicho recurso por afecciones a su representado.

b) Los artículos 62 al 161 de la legislación electoral local, al coartar su derecho de designar a representantes ante los órganos electorales.

CUARTO. Esta Sala Superior considera que es fundado el agravio identificado con el inciso a) como se demuestra a continuación.

Contrario a lo sostenido por la responsable en su resolución, de autos se desprende que el enjuiciante sí cumplió con el requisito señalado en el artículo 425, fracción VI de la Ley de Instituciones y Procesos Electorales de Baja California, referente a que los recursos que se presenten deberán tener el nombre y la firma del promovente, como en el caso aconteció. Dicho artículo dispone textualmente lo siguiente:

"Artículo 425.- Los recursos deberán presentarse por escrito ante el órgano electoral que realizó el acto o resolución que se recurre, el cual deberá contener los siguientes requisitos:

VI. El nombre y la firma del promovente.

…".

Es necesario establecer que a través del requisito de la firma que debe constar en los diversos medios de impugnación que establece la propia legislación electoral, el legislador pretende asegurar que se exprese la voluntad de obligarse con los actos jurídicos que se están realizando; que se acredite la autenticidad del documento que suscribe y se logre la eficacia prevista en la ley es suficiente para acreditar la manifestación de voluntad de interponer el medio de impugnación aludido, la rúbrica del mismo, independientemente de su ubicación y si en el caso en análisis en el escrito de presentación y en el recurso de inconformidad se asentó el nombre del C. Carlos Barboza Castillo, la representación con la que se ostenta y su rúbrica al calce de las fojas que integran el escrito introductorio y el escrito inicial de demanda del recurso de inconformidad, consultable a fojas 35 a la 62 de cuaderno accesorio número 1, es indudable que se cumplió con el requisito de procedibilidad respectivo.

De ahí que, lo sostenido por la autoridad responsable en la foja 210 de su resolución en el sentido de que "… sin embargo, no aparece rúbrica alguna que permita afirmar que dicha persona promueve el presente Recurso de Inconformidad, y que es su voluntad impugnar el acto emitido por el Consejo Distrital Electoral del XIII Distrito Electoral…", resulta incorrecto como se puede observar del escrito inicial de demanda del recurso de inconformidad.

Robustece lo anterior el hecho de que, en autos existe un ocurso de catorce de abril de dos mil cuatro, en el que Carlos Barboza Castillo solicitó a la Presidencia del Consejo Distrital Electoral del XIII distrito del Instituto Electoral de Baja California, le diera debida respuesta a lo pedido en su oficio de veintisiete de marzo sobre la acreditación de sus representantes, en virtud de que, el Presidente del referido Consejo, rechazó la acreditación hecha por éste, ya que en dicho documento, Carlos Barboza Castillo utilizó una rúbrica, en vez de una firma autógrafa, sin embargo, para este órgano colegiado, ésta última debe estimarse suficiente para acreditar la manifestación de su voluntad, puesto que su autenticidad no se encuentra controvertida por las partes.

Dicha documental privada en copia fotostática al encontrarse debidamente certificada por el Lic. Carlos Plascencia Pérez, Secretario Fedatario del Consejo Electoral del XIII Distrito Electoral del Instituto Estatal Electoral de Baja California, visible a foja 195 del cuaderno accesorio número 1, crea convicción en este juzgador para sostener que en el recurso de inconformidad presentado, sí existió la voluntad del enjuiciante para oponerse a lo resuelto por el Consejo arriba mencionado.

Al resultar fundadas las consideraciones relatadas en el agravio anterior, esta Sala Superior arriba a la conclusión de revocar el desechamiento realizado por la autoridad responsable, de ahí que sea innecesario entrar al estudio del motivo de agravio identificado con el inciso b). Dada la premura de los tiempos electorales para efectuar el reenvío del asunto al tribunal responsable, y toda vez que conforme a lo dispuesto por el artículo 20, fracciones II y III de la Ley de Instituciones y Procesos Electorales de Baja California, el primero de agosto del año en curso, se efectuará la jornada electoral en el Estado de Baja California para la elección de diputados por ambos principios y munícipes y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 6, párrafo 3 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, este órgano electoral federal resolverá los asuntos de su competencia con plenitud de jurisdicción, sustituyendo a la autoridad jurisdiccional responsable, por lo que se entrará al conocimiento de los agravios esgrimidos en el escrito primigenio del recurso de inconformidad.

QUINTO. El enjuiciante en el escrito inicial de demanda del recurso de inconformidad aduce, en esencia, que le agravia la omisión del órgano competente para registrar y tener por acreditados a sus representantes propietario y suplente, ante el XIII Consejo Distrital del Instituto Estatal Electoral de Baja California, porque le impide ejercer el derecho que le confiere el artículo 62, fracción V, de la Ley de Instituciones y Procesos Electorales del Estado, de designar a sus representantes para la elección municipal del ayuntamiento de Tijuana, Baja California, lo que ha ocasionado que durante el proceso de preparación de dicha elección no haya tenido intervención y tal circunstancia lo deja en estado de indefensión.

Dicho argumento es fundado, dado que efectivamente no obra en autos constancia de que la petición que le fue formulada al Presidente del XIII Consejo Distrital Electoral del Instituto Estatal Electoral de Baja California, en el escrito de veintiséis de mayo del año que transcurre, la haya sometido al pleno de dicho órgano electoral, ni que dicho órgano colegiado haya externado alguna determinación al respecto.

Lo anterior en virtud de que del contenido del artículo 148, fracción VI, de la Ley de Instituciones y Procesos Electorales de Baja California, se desprende que los consejos distritales electorales tienen, dentro del ámbito de su competencia, la atribución de registrar los nombramientos de los representantes de los partidos políticos ante el consejo.

Por otro lado el artículo 161 del propio ordenamiento prevé, que los partidos políticos deberán acreditar a sus representantes ante los consejos electorales del instituto, a más tardar dentro de los treinta días siguientes a la fecha de la sesión de instalación del consejo electoral de que se trate.

Por su parte, el artículo 25 del Reglamento Interior de los Consejos Distritales Electorales del Instituto Estatal Electoral de Baja California dispone, que los partidos políticos que tengan derecho a ello, acreditarán a sus representantes para integrar el consejo de que se trate en la sesión de instalación, o bien, dentro del plazo señalado en el artículo 161 de la ley, mediante escrito dirigido al consejero presidente, quien lo turnará al pleno para su conocimiento y la correspondiente toma de protesta.

Como se observa de los preceptos mencionados, las resoluciones relativas a la procedencia o no, de las solicitudes de acreditación de los representantes de los partidos políticos que, en su caso, se presenten a los Consejos Distritales Electorales del Instituto Estatal Electoral de Baja California, deberán tomarse por el pleno de cada consejo distrital. Además, los presidentes de dichos consejos son los encargados de recibir las peticiones y turnarlas al pleno para su conocimiento, sin que en los ordenamientos referidos haya disposición alguna que faculte a los presidentes para determinar, por sí mismos, la improcedencia de tales acreditaciones.

De ahí que el pleno del XIII Consejo Distrital del Instituto Estatal Electoral de Baja California ha omitido decidir acerca de la solicitud de acreditación de representantes formulada por el Partido Revolucionario Institucional.

Lo anteriormente expuesto es suficiente para declarar fundado el recurso de inconformidad como ya se mencionó, y toda vez que no se trata de un acto que pueda confirmarse, modificarse o revocarse, en términos del artículo 470 de la Ley de Instituciones y Procesos Electorales de Baja California, lo que cabría ordinariamente es ordenar al Pleno del XIII Consejo Distrital del Instituto Estatal Electoral de Baja California, que someta a sesión la petición formulada por el inconforme en su escrito de veintiocho de mayo de dos mil cuatro y que remite, a su vez, a la solicitud formulada en escrito de veintiséis de marzo del mismo año.

Sin embargo, como tampoco hay tiempo suficiente para que la solicitud mencionada se someta a la decisión del pleno de la autoridad electoral responsable, ante la proximidad de los comicios a que se refiere el artículo 20 de la ley electoral en cita, esta Sala Superior procede a analizar como ya se indicó líneas arriba, en plenitud de jurisdicción, si es procedente o no la petición del Partido Revolucionario Institucional.

La acreditación de representantes partidistas ante los órganos electorales dotados de autoridad es una de las formas en que se concreta la participación de los partidos políticos en los procesos electorales estatales y municipales, a que se refiere el artículo 41, fracción I, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El artículo 5 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California reproduce esa norma en su tercer párrafo, al establecer el derecho de los partidos políticos nacionales a participar en las elecciones estatales y municipales, en los términos que establezca la ley, mientras que en su párrafo séptimo, en cuanto a la composición de los órganos del Instituto Estatal Electoral, el mismo precepto dispone que la organización de las elecciones estatales es una función pública que se realiza a través de un organismo público autónomo e independiente denominado Instituto Estatal Electoral, a cuya integración concurren los ciudadanos y los partidos políticos, según lo disponga la ley.

Los párrafos noveno y décimo de la disposición citada enuncian, que los órganos normativos superiores (Consejo Estatal Electoral) e inferiores (consejos distritales electorales) se integran, entre otros miembros, por representantes acreditados por los partidos políticos, quienes participarán con voz pero sin voto.

En concordancia con esas bases constitucionales, el artículo 62, fracción V, de la Ley de Instituciones y Procesos Electorales de Baja California reconoce como derecho de los partidos políticos, el de designar a sus representantes ante los órganos electorales a que se refiere la propia ley, entre los que se encuentran los consejos distritales electorales, cuya integración regula el artículo 139, fracción II, de la ley electoral invocada.

Además, conforme al artículo 323 del mismo ordenamiento, los partidos tienen derecho a nombrar dos representantes propietarios y un suplente ante cada mesa directiva de casilla, un representante general propietario por cada diez casillas urbanas o cinco casillas rurales y uno más en el caso de casillas excedentes, en ambos supuestos.

La presencia de representantes de los partidos en los órganos electorales obedece también, al derecho que en la fracción I del artículo 62 citado se confiere a tales institutos políticos, de participar en la preparación, desarrollo y vigilancia de los comicios, lo que evidencia el carácter que aquéllos tienen como corresponsables y cogarantes de la función de organizar las elecciones.

De modo que el derecho que tienen los partidos políticos a acreditar representantes, entre otros órganos, ante los consejos distritales electorales, obedece primordialmente a la necesidad de que coadyuven y vigilen las labores que tienen encomendadas tales órganos en su papel de autoridades con facultades de decisión en cuestiones materiales y jurídicas que eventualmente pueden incidir de forma sustantiva en cualquier etapa del proceso electoral.

Ello pues, aun cuando los partidos políticos participan de manera activa en los comicios, mediante la postulación de candidatos a los puestos de elección popular, la presencia de sus representantes responde a la necesidad de que alguien defienda sus intereses ante los órganos electorales, principalmente ante los encargados de conducir el proceso, al momento de acordar los diversos actos que conforman el proceso electoral y de esa forma impedir que se adopten decisiones trascendentales sin tomarlos en consideración. Estos representantes pueden ejercer influencia directa en los dictámenes que tomen los diversos órganos, por lo que el hecho de que un partido político no cuente con representantes ante tales órganos, origina que dichos institutos políticos no puedan intervenir en defensa de sus intereses y, en su caso, proponer soluciones en las decisiones de estos cuerpos colegiados.

Por tanto, la actuación de los representantes partidistas ante los consejos distritales electorales es de suma importancia, ya que si bien no tienen derecho a voto, forman parte de los citados órganos electorales y sus opiniones deben ser consideradas al dictar los acuerdos correspondientes, entre los cuales pueden encontrarse aquellos que puedan producir una variación sustancial o decisiva en el desarrollo de un proceso electoral, como pueden ser los relacionados con registro de candidatos, determinación del número y ubicación de las mesas directivas de casilla, así como vigilancia durante el proceso electoral, para que éste se desarrolle conforme al principio de legalidad.

Por otra parte, el hecho de que dos o más partidos políticos se coaliguen conforme a lo dispuesto en el artículo 94 de la ley electoral de Baja California, provoca que tales institutos tengan intereses afines en el proceso electoral correspondiente, pues el objetivo de unir fuerzas es que sus candidatos comunes obtengan el triunfo en los comicios; de ahí que el legislador de Baja California haya dispuesto, que no sean los representantes de cada instituto político coaligado quienes deban quedar acreditados ante los órganos electorales normativos y mesas directivas de casilla en esa entidad, sino el representante común que al efecto sea designado, quien es el encargado de representar los intereses de todos los integrantes de la alianza.

En efecto, los artículos 97 y 100 de la ley electoral en cita disponen, que según las coaliciones sean totales o parciales, deben acreditar ante los consejos electorales respectivos, tantos representantes como corresponda a un sólo partido político, esto es, deben designar a un representante común ante cada órgano electoral, con la finalidad de que la representación de la coalición sustituya a la de los institutos políticos coaligados. Dicha obligación corresponde a los partidos integrantes de la coalición de que se trate, en tanto que son los que gozan del reconocimiento de personalidad jurídica, conforme a lo dispuesto en el artículo 50 del propio ordenamiento.

Además de la representación de todos los partidos coaligados, la designación de un representante común favorece el desarrollo adecuado de las actividades de la autoridad electoral, ya que los órganos electorales practicarán a tal representante los emplazamientos, notificaciones y citaciones de toda clase que se dirijan a la coalición, que surten efectos como si se dirigieran a cada uno de los partidos coaligados. Así también, en el desarrollo de las sesiones de los respectivos consejos, las opiniones en relación con los puntos a tratar se realizarán a través de los representantes comunes, lo que tiende a facilitar el trabajo de los órganos electorales.

Por otro lado, en caso de que se impugne algún acto o resolución emitido por las autoridades electorales, la presentación de las demandas de los distintos medios impugnativos corresponderá al representante de la coalición, a nombre de los partidos políticos que la integran, pues lo contrario ocasionaría que la autoridad jurisdiccional local, dada la identidad que, eventualmente, pudiera existir entre las partes y el acto impugnado, tuviera que acumular los recursos presentados, en detrimento de la garantía de impartición de justicia pronta y expedita.

En atención a las razones que justifican la designación de un representante común ante los órganos electorales, que proteja los intereses de los partidos coaligados, así como a la función que desempeñan los representantes partidistas ante los órganos colegiados del Instituto Estatal Electoral dotados de autoridad normativa, no es jurídicamente posible que los representantes de una coalición, a la vez sean los idóneos para salvaguardar los intereses de los partidos coaligados, en los específicos comicios en que dichos entes participen en forma individual, pues los intereses que cada uno de los partidos perseguirán en estos casos, no serán necesariamente los mismos, dado que la naturaleza de las cosas llevará a que tales intereses y objetivos sean opuestos y que en ocasiones entren en conflicto entre sí, por lo cual, no puede haber una representación común en tales condiciones.

De manera que cuando el artículo 100, fracción II, de la Ley Electoral Estatal de Baja California dispone, que la representación de la coalición sustituye a la de los partidos coaligados en todos los órganos electorales "para todos los efectos", debe entenderse en el sentido de que el representante común adquiere todas las facultades inherentes a los representantes de los partidos, es decir que la sustitución de estos últimos por el representante común es total, pero únicamente con relación a la coalición dentro de la elección en que participan de esa manera, en tanto que el propósito de la ley es que tal representante defienda intereses y objetivos comunes.

Además, ni ese precepto ni alguno otro de la legislación aplicable autorizan, que el mismo representante de la coalición pueda actuar en representación de los partidos que la integren, en una elección en la que no opere la alianza y en la cual, cada partido intervenga en forma individual.

No obsta a la conclusión anterior, que la fracción de que se trata concluya con la frase "aún cuando los partidos políticos no se hubieran coaligado para otras elecciones en el mismo proceso electoral", porque con tal prevención se refuerza simplemente la idea, de que los partidos coaligados para contender en una elección deben actuar con un representante común en el órgano administrativo electoral, exclusivamente en los asuntos relacionados con la coalición, lo cual debe ser siempre así; de manera que por lo ordenado en la parte transcrita debe entenderse, que cualquiera de los partidos coaligados está impedido para tener un representante en lo individual, ante el órgano correspondiente que organiza la elección en donde el propio partido actúa en coalición, aunque ésta sea parcial.

Esto es muy diferente a que en una elección en la que no hay coalición, un partido que esté coaligado en comicios distintos no pueda tener un representante en lo individual, en la elección en donde compite solo.

Finalmente, como los representantes partidistas o de las coaliciones velan por la defensa de los intereses y derechos de sus representados, los cuales no necesariamente son coincidentes, no puede afirmarse que con la interpretación precisada se viole la equidad de la representación partidista que debe prevalecer en los órganos electorales, al permitirse una sobrerrepresentación, pues ello sólo podría suceder si hubiera identidad absoluta de fines entre la coalición y los partidos coaligados en todo momento, lo cual, como ya se vio, no ocurre así.

En ese tenor, si en el caso está demostrado que por escrito de veintiséis de marzo de dos mil cuatro, el Partido Revolucionario Institucional, por conducto del Presidente del Comité Municipal de dicho partido en Tijuana, Baja California, solicitó la acreditación de, Humberto Rodríguez Romero y René Madera Alderete como representantes propietario y suplente ante el XIII Consejo Distrital Electoral del Instituto Estatal Electoral de Baja California, petición que reiteró en escrito de veintiocho de mayo siguiente; aunado a que en el acuerdo de coalición consultable a fojas 69 a 106 del cuaderno accesorio número uno, del que se desprende en su cláusula primera que la mencionada coalición tuvo por objeto postular candidaturas a diputados por los principios de mayoría relativa, representación proporcional y munícipes de Mexicali, Tecate, Playas de Rosarito y Ensenada, todos del Estado de Baja California, por lo que entonces queda de manifiesto que el actor no se coaligó en la elección de munícipes de Tijuana, así como que el veintiséis de marzo de dos mil cuatro tuvo lugar la primer sesión ordinaria del consejo distrital referido, entonces, es procedente que se tenga a las personas nombradas como representantes propietario y suplente, respectivamente, del Partido Revolucionario Institucional, ante el Consejo Distrital del XIII Distrito del Instituto Estatal Electoral de Baja California, para que representen a dicho partido, exclusivamente, en lo concerniente a la elección municipal para integrar el ayuntamiento de Tijuana, Baja California, al no existir consejos municipales en la legislación electoral de la entidad referida.

Lo anterior, porque como ya se estableció, conforme a lo dispuesto en los artículos 62, fracción V y 161, ambos de la Ley de Instituciones y Procesos Electorales de Baja California, los partidos políticos tienen derecho a designar a sus representantes ante los órganos electorales a que se refiere esa ley, lo que deben hacer ante los consejos electorales del Instituto Estatal Electoral, dentro de los treinta días siguientes a la fecha de la sesión de instalación del consejo electoral de que se trate; y en el caso, el partido promovente ejerció tal derecho y realizó la designación oportunamente.

En las apuntadas condiciones, en este caso ha lugar a revocar la resolución reclamada, declarar fundado el recurso de inconformidad RI-028/2004, así como ordenar al Consejo Distrital del XIII Distrito del Instituto Estatal Electoral de Baja California, que se tenga a Humberto Rodríguez Romero y René Madera Alderete, como representantes propietario y suplente, respectivamente, del Partido Revolucionario Institucional ante ese consejo distrital, para que representen a dicho partido, exclusivamente, en lo concerniente a la elección de munícipes al ayuntamiento de Tijuana, Baja California.

Por lo expuesto y fundado, se

R E S U E L V E:

PRIMERO. Se revoca la resolución de catorce de julio de dos mil cuatro dictada por el Tribunal de Justicia Electoral del Poder Judicial del Estado de Baja California, en el que desecha el recurso de inconformidad identificado con la clave RI-028/04;

SEGUNDO. Se declara fundado el recurso de inconformidad RI-028/04 interpuesto por el Partido Revolucionario Institucional, en contra de la omisión del Consejo Distrital del XIII Distrito del Instituto Estatal Electoral de Baja California, de sesionar y acordar en pleno, el registro y acreditación de los representantes de dicho partido, ante ese órgano distrital.

TERCERO. Se ordena al Consejo Distrital del XIII Distrito del Instituto Estatal Electoral de Baja California, que registre y tenga por acreditados a Humberto Rodríguez Romero y René Madera Alderete, como representantes propietario y suplente, respectivamente, del Partido Revolucionario Institucional ante ese consejo distrital, para que representen a dicho partido, exclusivamente en lo concerniente a la elección de integrantes del ayuntamiento de Tijuana, Baja California.

NOTIFÍQUESE personalmente al Partido Revolucionario Institucional, en el domicilio ubicado en la avenida Insurgentes Norte, número cincuenta y nueve, colonia Buenavista, Delegación Cuauhtémoc de esta ciudad; por oficio, con copia certificada de esta ejecutoria, al Tribunal de Justicia Electoral del Poder Judicial del Estado de Baja California y al Consejo Distrital del XIII Distrito del Instituto Estatal Electoral de Baja California; finalmente, por estrados a los demás interesados; lo anterior, con apoyo en lo dispuesto en los artículos 26, 27, 28 y 93, párrafo 2, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

En su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto total y definitivamente concluido.

Así, lo resolvieron por unanimidad de votos, los Magistrados que integran la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ante el Subsecretario General de Acuerdos, que da fe.

MAGISTRADO PRESIDENTE

 

JOSÉ FERNANDO OJESTO MARTÍNEZ PORCAYO

MAGISTRADO

 

LEONEL CASTILLO GONZÁLEZ

MAGISTRADO

 

JOSÉ DE JESÚS OROZCO HENRÍQUEZ

MAGISTRADO

 

MAURO MIGUEL REYES ZAPATA

 

SUBSECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS

 

MARIO TORRES LÓPEZ