RECURSO DE APELACIÓN.

EXPEDIENTE: SUP-RAP-025/2004.

ACTOR: PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO.

AUTORIDAD RESPONSABLE: CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL.

magistrada ponente: alfonsina berta navarro hidalgo.

secretario: omar espinoza hoyo.

México, Distrito Federal, once de junio de dos mil cuatro.

VISTOS para resolver los autos del expediente SUP-RAP-025/2004, integrado con motivo del recurso de apelación interpuesto por el Partido Verde Ecologista de México, por conducto de Sara Isabel Castellanos Cortés, en su carácter de representante propietaria del mencionado instituto político, ante el Consejo General del Instituto Federal Electoral, en contra de la resolución identificada con la clave CG79/2004, emitida por dicho órgano colegiado en sesión extraordinaria celebrada el diecinueve y veinte de abril de dos mil cuatro, por virtud de la cual determinó sancionar al partido político de referencia, en su calidad de integrante de la Coalición Alianza para Todos, con motivo de las diversas irregularidades encontradas en la revisión de sus informes de campaña, correspondientes al proceso electoral federal de dos mil tres; y,

R E S U L T A N D O:

I. En el pasado proceso electoral federal, los partidos Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México, integraron una coalición parcial denominada Alianza para Todos.

II. El cuatro de septiembre de dos mil tres, la referida coalición presentó ante la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas, informe de gastos de campaña, referente al último proceso electoral federal.

III. Concluido que fue el procedimiento de revisión de dicho informe, el Consejo General del Instituto Federal Electoral, mediante resolución identificada con la clave CG79/2004, emitida en sesión extraordinaria de diecinueve de abril del año en curso, aprobó entre otros, el dictamen consolidado que presentó la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas, respecto del informe de gastos de campaña presentado por la Coalición Alianza para Todos; resolución cuyas partes considerativa y resolutiva, en lo que interesa, es del tenor siguiente:

“5.12 Coalición ‘Alianza para Todos’

a) En el capítulo de conclusiones finales de la revisión del informe, visibles en el cuerpo del dictamen consolidado correspondiente, se señala en el numeral 4 lo siguiente:

4. De la revisión efectuada en la cuenta ‘Aportaciones del Candidato en Efectivo’ se observaron varias aportaciones que fueron depositadas en efectivo el mismo día en el Banco por un importe total de $2’518,459.94 (dos millones quinientos dieciocho mil cuatrocientos cincuenta y nueve pesos 94/100 M.N.) ($2’454,409.94 y $64,050.00), que rebasaron los quinientos salarios mínimos generales vigentes para el Distrito Federal.

Asimismo, se observaron varias aportaciones que fueron depositadas en efectivo por un importe total de $741,700.00 (setecientos cuarenta y un mil setecientos pesos 00/100 M.N.), que rebasaron los quinientos salarios mínimos generales vigentes para el Distrito Federal.

Tal situación constituye, a juicio de esta comisión, un incumplimiento a lo establecido en el artículo 1.6 del Reglamento que Establece los Lineamientos, Formatos, Instructivos, Catálogos de Cuentas y Guía Contabilizadora Aplicable a los Partidos Políticos Nacionales en el Registro de sus Ingresos y Egresos y en la Presentación de sus Informes, en relación con el artículo 10.1 del Reglamento que Establece los Lineamientos, Formatos e Instructivos Aplicable a los Partidos Políticos Nacionales que formen Coaliciones, en el Registro de sus Ingresos y Egresos y en la Presentación de sus Informes, por lo que se hace del conocimiento del Consejo General para efectos de lo establecido en el artículo 269, párrafo 2, inciso b) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.’

Se procede a analizar la irregularidad reportada en el dictamen consolidado. Mediante oficio número STCFRPAP007/04 de fecha diecinueve de enero de dos mil cuatro, se solicitó a la Coalición ‘Alianza para Todos’ que presentara las aclaraciones o rectificaciones respecto a la columna ‘depósitos que por día rebasan quinientos Salarios Mínimos Genrales equivalente a $21,825.00 (veintiún mil ochocientos veinticinco pesos 00/100 M.N.)’, en donde se observó que existían varias aportaciones por un importe de $2’454,409.94 (dos millones cuatrocientos cincuenta y cuatro mil cuatrocientos nueve pesos 94/100 M.N.), que fueron depositadas en efectivo el mismo día en el Banco y que se debieron realizar mediante cheque a nombre del partido responsable de las finanzas de la coalición, toda vez que el total de los depósitos por día rebasaba los quinientos días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal, que en el año dos mil tres equivalían a $21,825.00 (veintiún mil ochocientos veinticinco pesos 00/100 M.N.). El cuadro siguiente muestra los casos observados.

Lo anterior con fundamento en los artículos 4.8 y 10.1 del reglamento de mérito, en relación con el artículo 1.6 del reglamento aplicable a los partidos políticos, que a la letra establecen:

‘Artículo 4.8.

De conformidad con lo establecido por los artículos 19 y 20 del Reglamento que Establece los Lineamientos, Formatos, Instructivos, Catálogos de Cuentas y Guía Contabilizadora Aplicables a los Partidos Políticos Nacionales en el Registro de sus Ingresos y Egresos y en la Presentación de sus Informes, la Comisión de Fiscalización, a través de su Secretario Técnico, tendrá en todo momento la facultad de solicitar a los órganos responsables del financiamiento de cada coalición y de los partidos políticos que la integren, o a quien sea responsable de conformidad con lo establecido por el artículo 3.1, la documentación necesaria para comprobar la veracidad de lo reportado en los informes, así como las aclaraciones o rectificaciones que se estimen pertinentes. Durante el período de revisión de los informes, se deberá permitir a la autoridad electoral el acceso a todos los documentos originales que soporten los ingresos y egresos correspondientes, así como a las contabilidades de la coalición y de los partidos políticos que la integren, incluidos los estados financieros.

Artículo 10.1.

Las coaliciones, los partidos políticos que las integren y los candidatos que postulen deberán ajustarse, en todo lo que no esté previsto expresamente por el presente reglamento y no se oponga al mismo, a lo dispuesto por el Reglamento que Establece los Lineamientos, Formatos, Instructivos, Catálogos de Cuentas y Guía Contabilizadora Aplicables a los Partidos Políticos Nacionales en el Registro de sus Ingresos y Egresos y en la Presentación de sus Informes, publicado en el Diario Oficial de la Federación el tres de enero de dos mil tres.

Artículo 1.6.

Los partidos políticos no podrán recibir aportaciones o donativos provenientes de sus militantes y simpatizantes superiores a la cantidad equivalente a quinientos días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal si éstos no son realizados mediante cheque a nombre del partido político.’

Al respecto, mediante oficio número SAF/0015/04 de fecha cuatro de febrero de dos mil cuatro, la coalición señaló, respecto del importe de $2,454,409.94 (dos millones cuatrocientos cincuenta y cuatro mil cuatrocientos nueve pesos 94/100 M.N.), lo que a la letra se transcribe:

‘Los depósitos de referencia fueron realizados en efectivo a la cuenta de campaña de cada uno de los candidatos, debido a que el candidato en ese momento no tenía chequera personal disponible para girar un cheque por el monto de las aportaciones en efectivo y depositarlo a la cuenta de campaña, o bien, no contaba con ella.

En razón de lo anterior y en apego a la norma, cada uno de los depósitos se realizaron por debajo del límite autorizado, por lo que en ningún caso se incumple con lo establecido en el reglamento en materia.’

La Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas, en el dictamen consolidado, consideró como no subsanada la observación realizada, con base en las siguientes consideraciones:

‘La respuesta de la coalición se considera insatisfactoria, toda vez que, el hecho de que el candidato en ese momento no tuviera chequera personal disponible para girar un cheque por el monto de las aportaciones en efectivo y depositario a la cuenta de campaña, no la exime de la obligación de cumplir con lo dispuesto en la normatividad. Asimismo, debe precisarse que el fin de la norma es establecer un control para evitar que los partidos políticos que se coaliguen reciban aportaciones de personas no identificadas y evitar la circulación profusa de efectivo, por lo que, si bien es cierto que los depósitos no rebasan individualmente el límite establecido, se puede apreciar que se efectuaron varios depósitos el mismo día y por la misma persona, es decir, por el candidato, por lo que se considera que se trata de una sola aportación que rebasa el tope señalado por lo que debió cubrirse mediante cheque por parte del aportante.

Por lo anterior, se considera no subsanada la observación, toda vez que la coalición incumplió con lo dispuesto en el artículo 1.6 del reglamento aplicable a los partidos políticos, en relación con el artículo 10.1 del reglamento de la materia.’

Asimismo, mediante oficio número STCFRPAP/007/04 de fecha diecinueve de enero de dos mil cuatro, se solicitó a la Coalición ‘Alianza para Todos’ que presentara las fichas de depósito correspondientes a diversas aportaciones en efectivo realizadas por sus candidatos, en las cuales se pudiera verificar si el depósito fue realizado en efectivo o mediante cheque.

Al respecto, mediante oficio número SAF/0015/04 de fecha cuatro de febrero de dos mil cuatro, la coalición señaló lo que a la letra se transcribe:

‘..., se remiten copias de los oficios DGIE/002/04, de fecha dieciséis de enero del año en curso, donde se solicitó al Banco BBVA Bancomer, S.A., la copia de las fichas de depósito requeridas. Cabe aclarar, que las copias serán remitidas una vez que esta coalición las haya recibido.’

Adicionalmente, mediante escrito de alcance número SAF/0064/04 de fecha quince de marzo de dos mil cuatro, la coalición señaló lo que a la letra se transcribe:

‘Al respecto, me permito informar a usted que con fecha tres de febrero del año en curso, el Comité de Finanzas de la Coalición ‘Alianza para Todos’ envío a esa secretaría técnica a su digno cargo mediante oficio SAF/0015/04 las aclaraciones y rectificaciones, así como la documentación comprobatoria y contable requerida; sin embargo, esta coalición tenía pendiente de recibir documentación que fue solicitada a algunos de los distritos electorales y a una institución bancaria, por lo que a continuación se describe en forma detallada la atención de una parte de los requerimientos que quedaron pendientes:

En el oficio de referencia, (...) se observaron registros de pólizas que carecen de su respectiva ficha de depósito, como se señaló en su relación, y mediante oficio SAF/0015/04, esta coalición informó que se solicitó al Banco BBVA Bancomer, S.A., la copia de las fichas de depósito requeridas. Aclarando, que las copias serían remitidas una vez que esta coalición las recibiera.

Por lo anterior, se remiten en copia sesenta y siete fichas de depósito que entregó el Banco y que se relacionan...’

La Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas, en el dictamen consolidado, consideró como no subsanada la observación realizada, con base en las siguientes consideraciones:

‘Respecto a un importe de $741,700.00 (setecientos cuarenta y un mil setecientos pesos 00/100 M.N.), que se integra como a continuación se señala:

Aun cuando presentó trece fichas de depósito, la observación se consideró no subsanada, toda vez que rebasaron los quinientos días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal, que en el año dos mil tres equivalían a $21,825.00 (veintiún mil ochocientos veinticinco pesos 00/100 M.N.), tope establecido para las aportaciones en efectivo, por lo que la coalición incumplió con lo dispuesto en el artículo 1.6 del reglamento aplicable a los partidos políticos, en relación con el artículo 10.1 del reglamento de la materia.

En relación a las dos fichas de depósito restantes por un monto de $64,050.00 (sesenta y cuatro mil cincuenta pesos 00/100 M.N.), el cual se integra de la siguiente manera:

Del análisis a las fichas de depósito, se observó que las aportaciones fueron depositadas en efectivo el mismo día en el Banco, sin embargo debieron realizarse mediante cheque a nombre del partido responsable de las finanzas de la coalición, toda vez que el total de los depósitos por día rebasan los quinientos días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal que en el año dos mil tres equivalían a $21,825.00 (veintiún mil ochocientos veinticinco pesos 00/100 M.N.).

Razón por la cual, debe precisarse que el fin de la norma, es establecer un control para evitar que los partidos políticos coaligados reciban aportaciones de personas no identificadas y evitar la circulación profusa de efectivo, por lo que, si bien es cierto que un depósito no rebasa individualmente el límite establecido, se puede apreciar que se efectuaron dos depósitos el mismo día y por la misma persona, es decir, por el candidato, por lo que se considera que se trata de una sola aportación que rebasa el tope señalado por lo que debió cubrirse mediante cheque por parte del aportante.

Por lo anterior, se considera no subsanada la observación, toda vez que la coalición incumplió con lo dispuesto en el artículo 1.6 del reglamento aplicable a los partidos políticos, en relación con el artículo 10.1 del reglamento de la materia.’

Por lo anterior y a partir de lo manifestado por la Comisión de Fiscalización, este Consejo General concluye que la Coalición ‘Alianza para Todos’ incumplió con lo previsto en el artículo 1.6 del Reglamento que Establece los Lineamientos, Formatos, Instructivos, Catálogos de Cuentas y Guía Contabilizadora Aplicable a los Partidos Políticos Nacionales en el Registro de sus Ingresos y Egresos y en la Presentación de sus Informes, en relación con el artículo 10.1 del Reglamento que Establece los Lineamientos, Formatos e Instructivos Aplicable a los Partidos Políticos Nacionales que Formen Coaliciones, en el Registro de sus Ingresos y Egresos y en la Presentación de sus Informes.

En efecto, el artículo 1.6 del Reglamento que Establece los Lineamientos, Formatos, Instructivos, Catálogos de Cuentas y Guía Contabilizadora Aplicable a los Partidos Políticos Nacionales en el Registro de sus Ingresos y Egresos y en la Presentación de sus Informes, establece la prohibición a los partidos políticos para recibir aportaciones o donativos de sus militantes y simpatizantes superiores a quinientos días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal si éstos no son realizados mediante cheque a nombre del partido político, a saber:

‘Artículo 1.6.

Los partidos políticos no podrán recibir aportaciones o donativos provenientes de sus militantes y simpatizantes superiores a la cantidad equivalente a quinientos días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal si éstos no son realizados mediante cheque a nombre del partido político.’

En el caso que nos ocupa se advierte que la Coalición ‘Alianza para Todos’, respecto de la cantidad de $741,000.00 (setecientos cuarenta y un mil pesos 00/100 M.N.), recibió aportaciones en efectivo que rebasan los quinientos días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal, que en el año dos mil tres equivalían a $21,825.00 (veintiún mil ochocientos veinticinco pesos 00/100 M.N.), las cuales no fueron realizadas mediante cheque.

Asimismo, en relación con los importes de $2’454,409.94 (dos millones cuatrocientos cincuenta y cuatro mil cuatrocientos nueve pesos 94/100 M.N.) y $64,050.00 (sesenta y cuatro mil cincuenta pesos 00/100 M.N.), se observa que, si bien es cierto que en la mayoría cada una de las aportaciones por sí mismas no rebasan los quinientos días de salario mínimo, también es cierto que se tratan de aportaciones realizadas en el Banco el mismo día y por la misma persona, por lo que se considera que se trata de una sola aportación aunque ésta se consigna por la coalición en diversos recibos de manera fraccionada.

En el caso que nos ocupa, la Coalición ‘Alianza para Todos’ manifestó respecto de la cantidad de $2,454,409.94 (dos millones cuatrocientos cincuenta y cuatro mil cuatrocientos nueve pesos 94/100 M.N.) que, toda vez que los candidatos no tenían chequera personal disponible para girar un cheque por el monto de las aportaciones en efectivo y depositarlo a la cuenta de campaña, o bien, no contaba con ella, cada uno de los depósitos se realizaron por debajo del límite autorizado y por consiguiente no se incumplía con el reglamento de la materia.

La Comisión de Fiscalización consideró insuficiente lo alegado por la Coalición ‘Alianza para Todos’, toda vez que el objetivo del artículo 1.6 del reglamento en comento, tal y como se desprende del considerando I, apartado tercero del acuerdo del Consejo General por el que se aprueba el mismo, es establecer un control adicional para vigilar que los partidos se abstengan de recibir aportaciones de personas no identificadas y evitar la circulación profusa de efectivo.

En esa tesitura, la finalidad de la norma es que las aportaciones o donativos que reciban los partidos políticos provenientes de sus militantes y simpatizantes, superiores a la cantidad equivalente a quinientos días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal, se hagan mediante cheque en el que se puede apreciar tanto el nombre como la firma del librador, para tener la plena certeza de que éste es la misma persona que se consigna en el recibo correspondiente, en este caso el candidato, y que la aportación salió de su cuenta bancaria personal.

Adicionalmente, el artículo 41, fracción II de la Constitución establece que la ley debe garantizar que los partidos políticos nacionales cuenten de manera equitativa con elementos para llevar a cabo sus actividades. Asimismo, dispone que la ley deberá señalar las reglas a las que se sujetará el financiamiento de los partidos políticos. Igualmente, el último párrafo de dicha fracción señala que la ley fijará, entre otras cosas, los procedimientos para el control y vigilancia del origen y uso de todos los recursos con que cuenten los partidos políticos. Es decir, en la Constitución se establecen, tomando como punto de partido el principio de equidad, las bases del régimen de financiamiento de los partidos políticos para garantizar la equidad en la contienda electoral, transparentar el origen de los recursos, garantizar la independencia de los partidos y evitar fuentes ilegítimas de financiamiento. El citado régimen de financiamiento, desarrollado en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y el reglamento aplicable sólo puede ser garantizado mediante un eficaz sistema de fiscalización de los recursos de los partidos políticos.

Al respecto, conviene traer a colación el siguiente criterio emitido por la máxima autoridad jurisdiccional en materia electoral en la sentencia identificada con el número SUP-RAP-034/2003 y SUP-RAP-035/2003, acumulados:

‘... la necesidad de contar con un régimen efectivo de control y vigilancia del origen y aplicación de todos los recursos con que los partidos políticos cuenten tiene su origen, no desde luego, en una sospecha generalizada sobre los partidos políticos sino, además de constituir una contrapartida natural a cualquier gestión administrativa de recursos, se sustenta en la exigencia –siendo los partidos políticos actores decisivos en una democracia– de un control y vigilancia que maximice la transparencia y que permita, en su caso, la aplicación de sanciones. Esta transparencia, valor fundamental tutelado en el artículo 41, párrafo segundo, fracción II, párrafo in fine, de la Constitución federal, redundará en la certeza, principio rector de la actuación de las autoridades electorales, ya que dará como resultado un conocimiento cierto e indubitable acerca de la fuente y destino de los recursos partidos. La constatación de que los recursos no tuvieron un origen ilícito o su aplicación no se hizo al margen de la ley coadyuvará a generar más confianza entre los ciudadanos acerca de los partidos políticos. Por consiguiente, un efectivo régimen de control y vigilancia de los recursos partidistas, en el cual se maximice la transparencia de la captación de fondos y su destino, lejos de debilitar a los partidos políticos, contribuirá a consolidar el sistema constitucional democrático de partidos políticos, toda vez que las actividades partidarias, estén suficientemente abiertas al escrutinio de la autoridad electoral administrativa proporcionará certidumbre y confianza de que la captación y aplicación de los recursos no pugnan con el estado constitucional democrático de derecho.’

Del criterio anteriormente transcrito se desprende que la transparencia en el origen y destino de los recursos de los partidos políticos es un valor fundamental del estado constitucional democrático de derecho; y que de conformidad con el citado valor el origen y aplicación de los recursos tiene un impacto en la relación entre los partidos políticos y los ciudadanos.

Ahora bien, el hecho de que un partido político reciba aportaciones en efectivo superiores a quinientos días de salario mínimo general vigente cuyo origen no puede ser identificado, al no haber sido realizadas mediante cheque, vulnera de manera directa la transparencia con la que deben ser manejados los recursos con los que cuentan los partidos políticos, pues, difícilmente se podrá conocer con certeza si dichos recursos proceden de alguna de las fuentes prohibidas para el financiamiento de los partidos políticos.

Así las cosas, uno de los objetivos del artículo 1.6 del reglamento de la materia, es precisamente, la seguridad de que los partidos políticos cuenten con recursos de fuentes identificadas, pues ello genera confianza en la relación de los partidos políticos con la sociedad.

En este orden de ideas, una de las finalidades del sistema de rendición de cuentas al que se encuentran sujetos los partidos políticos nacionales es, precisamente, que éstos se encuentren alejados de cualquier tipo de compromisos derivados, tal vez, de aportaciones de origen dudoso, desconocido, anónimo, oculto, etcétera; y, que dada la naturaleza de entidades de interés público que es propia de los partidos políticos, los intereses públicos que les son propios no pueden mezclarse, en el marco del estado de derecho, con intereses respecto de los cuales no se tiene evidencia.

Así pues, la falta se acredita y, conforme a lo establecido en el artículo 269, párrafo 2, inciso b), amerita una sanción.

Este Consejo General califica la falta de grave, en la medida en que, con este tipo de faltas se impide verificar a cabalidad el origen de los recursos reportados en el informe de campaña, pues en última instancia, la falta genera en la autoridad dudas sobre el origen de los recursos en efectivo que se aportaron por los candidatos.

Además, se tiene en cuenta que no es posible arribar a conclusiones sobre la existencia de dolo, pero sí es claro que existe, al menos, negligencia inexcusable. Cabe señalar que el partido presenta, en términos generales, condiciones adecuadas en cuanto al registro y documentación de sus ingresos, particularmente en cuanto a su apego a las normas contables.

Con todo, tampoco es posible presumir una intención premeditada y expresa de ocultar información, y a su vez se toma en cuenta que no existen antecedentes de dicha irregularidad y que es la primera vez que se aplica la norma en cuestión.

Esta autoridad, en la determinación de la gravedad de la falta, estima que es necesario disuadir en el futuro la comisión de este tipo de faltas, ya que en particular las irregularidades administrativas señaladas pueden provocar que la autoridad electoral no pueda realizar cabalmente la función de fiscalización que la ley le asigna.

Por último, para fijar la sanción en el presente caso, debe considerarse, en primer lugar, lo previsto en el inciso a) del artículo 4.10 del reglamento de la materia, que a la letra establece:

‘4.10. Si de los informes de campaña presentados por una coalición, o de su revisión, se desprenden irregularidades que constituyan una falta prevista en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en el proyecto de resolución que formule la Comisión de Fiscalización y que someta a la consideración del Consejo General del Instituto, se propondrán sanciones para los partidos políticos que hayan integrado la coalición, tomando en cuenta las circunstancias de tiempo, modo y lugar, así como la gravedad de la falta, de acuerdo con los siguientes principios generales:

a) Si se trata de infracciones que tengan relación con los ingresos, se sancionará al partido político que los haya recibido, salvo que se trate de ingresos recibidos directamente por los candidatos, caso en el cual se aplicarán sanciones a todos los partidos políticos integrantes de la coalición, de conformidad con la proporción en que hayan acordado distribuirse los montos correspondientes.

...’

Así, debe tenerse en cuenta lo acordado por los Partidos Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México en el convenio de coalición parcial, suscrito el primero de marzo de dos mil tres, en el que se convino, en la cláusula séptima, inciso b), lo siguiente:

‘B. Monto de las aportaciones de cada partido para el financiamiento de la campaña.

En cumplimiento a lo establecido por los artículos 62, numeral 1, inciso h) y 63, numeral 2 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, convienen las partes coaligantes que las aportaciones de los partidos políticos coaligados parcialmente, para cubrir las actividades tendientes a la obtención del voto en la campaña electoral, se realizará de la suma de los topes de gastos de campaña de los noventa y siete distritos, que equivale a $82’377,109.35 (ochenta y dos millones trescientos setenta y siete mil ciento nueve pesos 35/100 M.N.). De esta cantidad los partidos coaligantes aportarán los siguientes porcentajes.

Partido Verde Ecologista de México: 12.37%, Partido Revolucionario Institucional: 87.63%’.

En consecuencia, para determinar la sanción que corresponde a cada partido integrante de la coalición, deben considerarse las aportaciones totales de los partidos políticos que integraron la Coalición ‘Alianza para Todos’ en el proceso electoral federal del año dos mil tres, mismas que constan en el dictamen consolidado respecto de los informes de campaña correspondientes al proceso electoral del año dos mil tres.

Al respecto, cabe precisar que en la determinación de la sanción individual que corresponderá a cada partido político, esta autoridad considera que es justamente el esquema de participación en los ingresos de la coalición, es decir, en las finanzas de la misma, el que debe regir cuando se trata de determinar el porcentaje de una sanción que habrá de cubrir cada partido, pues sólo de ese modo se atiende a la proporción que los propios partidos decidieron darse en el manejo financiero de la ‘Alianza para Todos’. Recuérdese, por cierto, que dicho criterio ha sido adoptado por este Consejo General en otras ocasiones, destacadamente en el proceso de fiscalización de los ingresos y gastos de campaña del año dos mil.

En mérito de lo que antecede, este Consejo General llega a la convicción de que se debe imponer a los partidos políticos que integraron la Coalición ‘Alianza para Todos’ una sanción económica que tome en cuenta las circunstancias del caso y la gravedad de la falta, por lo que considera que debe fijarse una sanción cuyo monto total ascienda a $4’890,239.91 (cuatro millones ochocientos noventa mil doscientos treinta y nueve pesos 91/100 M.N.) La sanción referida se distribuye entre los partidos que integraron la Coalición ‘Alianza para Todos’ de conformidad con el porcentaje de su participación en los ingresos de la misma, por lo que se impone al Partido Revolucionario Institucional una sanción cuyo monto ascienda a $4’285,317.24 (cuatro millones doscientos ochenta y cinco mil trescientos diecisiete pesos 24/100 M.N.), y al Partido Verde Ecologista de México una sanción cuyo monto ascienda a $604,922.67 (seiscientos cuatro mil novecientos veintidós pesos 67/100 M.N.).

Para imponer las sanciones mencionadas, esta autoridad electoral no sólo toma en cuenta la gravedad de la falta y las circunstancias específicas del caso, sino que además considera que, dada la naturaleza de las conductas desplegadas, la sanción ha de resultar idónea para disuadir la realización futura de actos como los que ahora se valoran.

b) En el capítulo de conclusiones finales de la revisión del informe, visibles en el cuerpo del dictamen consolidado correspondiente, se señala en el numeral 5 lo siguiente:

‘5. De la revisión efectuada en la cuenta ‘Aportaciones del Candidato en Efectivo’ se localizaron depósitos por un monto total de $447,000.00 (cuatrocientos cuarenta y siete mil pesos 00/100 M.N.) ($147,000.00 y $300,000.00), que no presentaron las fichas de depósito correspondientes.

Tal situación constituye, a juicio de esta comisión, un incumplimiento a lo establecido en los artículos 38, párrafo 1, inciso k) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; 4.8 del Reglamento que Establece los Lineamientos, Formatos e Instructivos Aplicable a los Partidos Políticos Nacionales que Formen Coaliciones, en el Registro de sus Ingresos y Egresos y en la Presentación de sus Informes; y 1.1 del Reglamento que Establece los Lineamientos, Formatos, Instructivos, Catálogos de Cuentas y Guía Contabilizadora Aplicable a los Partidos Políticos Nacionales en el Registro de sus Ingresos y Egresos y en la Presentación de sus Informes, por lo que se hace del conocimiento del Consejo General para efectos de lo establecido en el artículo 269, párrafo 2, incisos a) y b) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.’

Se procede a analizar la irregularidad reportada en el dictamen consolidado.

Consta en el dictamen correspondiente que mediante oficio número STCFRPAP/007/04 de fecha diecinueve de enero de dos mil cuatro, se solicitó a la Coalición ‘Alianza para Todos’ que presentara las fichas de depósito correspondientes a diversas aportaciones en efectivo realizadas por sus candidatos.

Al respecto, mediante oficio número SAF/0015/04 de fecha cuatro de febrero de dos mil cuatro, la coalición señaló lo que a la letra se transcribe:

‘... se remiten copias de los oficios DGIE/002/04, de fecha dieciséis de enero del año en curso, donde se solicitó al Banco BBVA Bancomer, S.A., la copia de las fichas de depósito requeridas. Cabe aclarar, que las copias serán remitidas una vez que esta coalición las haya recibido.’

Adicionalmente, mediante escrito de alcance número SAF/0064/04 de fecha quince de marzo de dos mil cuatro, la coalición señaló lo que a la letra se transcribe:

‘Al respecto, me permito informar a usted que con fecha tres de febrero del año en curso, el Comité de Finanzas de la Coalición ‘Alianza para Todos’ envió a esa Secretaría Técnica a su digno cargo mediante oficio SAF/0015/04 las aclaraciones y rectificaciones, así como la documentación comprobatoria y contable requerida; sin embargo, esta coalición tenía pendiente de recibir documentación que fue solicitada a algunos de los distritos electorales y a una institución bancaria, por lo que a continuación se describe en forma detallada la atención de una parte de los requerimientos que quedaron pendientes:

En el oficio de referencia (...) se observaron registros de pólizas que carecen de su respectiva ficha de depósito, como se señaló en su relación, y mediante oficio SAF/0015/04, esta coalición informó que se solicitó al Banco BBVA Bancomer, S.A., la copia de las fichas de depósito requeridas. Aclarando, que las copias serían remitidas una vez que esta coalición las recibiera.’

Derivado de lo anterior, se desprendió que respecto a una ficha de depósito por un importe de $147,000.00 (ciento cuarenta y siete mil pesos 00/100 M.N.), la coalición presentó un escrito de C.M.P. Compañía Mexicana de Procesamiento, S.A. C.V., dirigido a BBVA Bancomer, en donde le informa que no fue posible localizar dicha solicitud (refiriéndose a la solicitud de la copia fiel de los originales de las fichas de depósito de BBVA que la coalición tenía pendientes de presentar al Instituto Federal Electoral). El cuadro siguiente muestra la mencionada ficha de depósito:

La Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas, en el dictamen consolidado, consideró como no subsanada la observación realizada, con base en las siguientes consideraciones:

‘Lo presentado no exime a la coalición de presentar la citada ficha de depósito, toda vez que el escrito proporcionado no lo expidió el Banco correspondiente sino un tercero, por lo que no se tiene plena certeza de que los datos asentados en dicho escrito sean los correctos, razón por la cual se consideró no subsanada la observación.’

Asimismo, se desprendió que referente al importe restante por $300,000.00 (trescientos mil pesos 00/100 M.N.), la coalición no presentó la ficha de depósito correspondiente. El cuadro siguiente muestra el importe en comento:

La Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas, en el dictamen consolidado, consideró como no subsanada la observación realizada al señalar lo siguiente:

‘Referente al importe restante por $300,000.00 (trescientos mil pesos 00/100 M.N.), la coalición no presentó la ficha de depósito correspondiente.

Por lo tanto la coalición incumplió con lo dispuesto en los artículos 38, párrafo 1, inciso k) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; 4.8 del Reglamento que Establece los Lineamientos, Formatos e Instructivos Aplicable a los Partidos Políticos Nacionales que Formen Coaliciones, en el Registro de sus Ingresos y Egresos y en la Presentación de sus Informes; y 1.1 del Reglamento que Establece los Lineamientos, Formatos, Instructivos, Catálogos de Cuentas y Guía Contabilizadora Aplicable a los Partidos Políticos Nacionales en el Registro de sus Ingresos y Egresos y en la Presentación de sus Informes, quedando no subsanada la observación.’

A partir de lo manifestado por la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas, este Consejo General concluye que la Coalición ‘Alianza para Todos’ incumplió con lo establecido en los artículos 38, párrafo 1, inciso k) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; 4.8 del Reglamento que Establece los Lineamientos, Formatos e Instructivos Aplicable a los Partidos Políticos Nacionales que Formen Coaliciones, en el Registro de sus Ingresos y Egresos y en la Presentación de sus Informes; y 1.1 del Reglamento que Establece los Lineamientos, Formatos, Instructivos, Catálogos de Cuentas y Guía Contabilizadora Aplicable a los Partidos Políticos Nacionales en el Registro de sus Ingresos y Egresos y en la Presentación de sus Informes.

El artículo 38, párrafo 1, inciso k) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, señala que es obligación de los partidos políticos entregar la documentación que la Comisión de Fiscalización le solicite respecto a sus ingresos y egresos:

‘Artículo 38.

1. Son obligaciones de los partidos políticos nacionales:

...

k) Permitir la práctica de auditorías y verificaciones que ordene la comisión de consejeros a que se refiere el párrafo 6, del artículo 49, de este Código, así como entregar la documentación que la propia comisión le solicite respecto a sus ingresos y egresos;

...

Asimismo, los artículos 4.8 del reglamento de la materia y 1.1 del reglamento aplicable a los partidos, establecen con toda precisión como obligaciones de las coaliciones las siguientes: 1) permitir la práctica de auditorías y verificaciones, así como entregar la documentación que la comisión le solicite; 2) registrar contablemente todos sus ingresos y estar sustentados con la documentación correspondiente; 3) permitir a la autoridad electoral el acceso a todos los documentos originales que soporten sus ingresos, a saber:

‘Artículo 1.1.

Tanto los ingresos en efectivo como en especie que reciban los partidos políticos por cualquiera de las modalidades de fínanciamiento, deberán registrarse contablemente y estar sustentados con la documentación original correspondiente, en términos de lo establecido por el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y el presente reglamento.

Artículo 4.8.

De conformidad con lo establecido por los artículos 19 y 20 del Reglamento que Establece los Lineamientos, Formatos, Instructivos, Catálogos de Cuentas y Guía Contabilizadora Aplicables a los Partidos Políticos Nacionales en el Registro de sus Ingresos y Egresos y en la Presentación de sus Informes, la Comisión de Fiscalización, a través de su Secretario Técnico, tendrá en todo momento la facultad de solicitar a los órganos responsables del financiamiento de cada coalición y de los partidos políticos que la integren, o a quien sea responsable de conformidad con lo establecido por el artículo 3.1, la documentación necesaria para comprobar la veracidad de lo reportado en los informes, así como las aclaraciones o rectificaciones que se estimen pertinentes. Durante el período de revisión de los informes, se deberá permitir a la autoridad electoral el acceso a todos los documentos originales que soporten los ingresos y egresos correspondientes, así como a las contabilidades de la coalición y de los partidos políticos que la integren, incluidos los estados financieros.’

En el presente caso, la coalición registró depósitos bancarios por un monto de $447,000.00 (cuatrocientos cuarenta y siete mil pesos 00/100 M.N.) de los cuales no presentó las fichas de depósito correspondientes. De un importe de $147,000.00 (ciento cuarenta y siete mil pesos 00/100 M.N.) presentó un escrito de C.M.P. Compañía Mexicana de Procesamiento, S.A. C.V., dirigida a BBVA Bancomer, en donde le informa que no fue posible localizar dicha solicitud (refiriéndose a la solicitud de la copia fiel de los originales de las fichas de depósito de BBVA que la coalición tenía pendientes de presentar al Instituto Federal Electoral), lo cual no exime a la coalición de presentar la citada ficha de depósito, ya que el escrito proporcionado no lo expidió el Banco correspondiente sino un tercero y esto genera incertidumbre de que los datos asentados en dicho escrito sean los correctos. Por otro lado, del importe restante por $300,000.00 (trescientos mil pesos 00/100 M.N.), la coalición no presentó la ficha de depósito correspondiente.

Así pues, la falta se acredita y, conforme a lo establecido en el artículo 269, párrafo 2, incisos a) y b) amerita una sanción.

Este Consejo General califica la falta de grave, pues con este tipo de faltas se impide a la autoridad electoral verificar a cabalidad la veracidad de lo reportado en el informe de campaña, pues la falta de presentación de la documentación comprobatoria de ingresos de la coalición en cuentas bancarias a su nombre, le impide tener certeza sobre el origen de sus recursos durante el ejercicio que revisa.

Al respecto, se ha de tener en cuenta que la falta de presentación de la documentación solicitada obstaculiza, en términos generales, la revisión de la legalidad del origen de todos los recursos de la coalición, de modo que la irregularidad detectada no permite concluir de modo indubitable si existió o no un financiamiento irregular a la misma.

Sin embargo, también se tiene en cuenta la infracción deriva de un error administrativo y no de una intención dolosa de ocultar información.

Por otra parte, se estima necesario disuadir en el futuro la comisión de este tipo de faltas.

Por último, para fijar la sanción en el presente caso, debe considerarse, en primer lugar, lo previsto en el inciso a) del artículo 4.10 del reglamento de la materia, que a la letra establece:

‘4.10. Si de los informes de campaña presentados por una coalición, o de su revisión, se desprenden irregularidades que constituyan una falta prevista en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en el proyecto de resolución que formule la Comisión de Fiscalización y que someta a la consideración del Consejo General del Instituto, se propondrán sanciones para los partidos políticos que hayan integrado la coalición, tomando en cuenta las circunstancias de tiempo, modo y lugar, así como la gravedad de la falta, de acuerdo con los siguientes principios generales:

a) Si se trata de infracciones que tengan relación con los ingresos, se sancionará al partido político que los haya recibido, salvo que se trate de ingresos recibidos directamente por los candidatos, caso en el cual se aplicarán sanciones a todos los partidos políticos integrantes de la coalición, de conformidad con la proporción en que hayan acordado distribuirse los montos correspondientes.

Así, debe tenerse en cuenta lo acordado por los Partidos Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México en el convenio de coalición parcial, suscrito el primero de marzo de dos mil tres, en el que se convino, en la cláusula séptima, inciso b), lo siguiente:

‘B. Monto de las aportaciones de cada partido para el financiamiento de la campaña.

En cumplimiento a lo establecido por los artículos 62, numeral 1, inciso h) y 63, numeral 2 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, convienen las partes coaligantes que las aportaciones de los partidos políticos coaligados parcialmente, para cubrir las actividades tendientes a la obtención del voto en la campaña electoral, se realizará de la suma de los topes de gastos de campaña de los noventa y siete distritos, que equivale a $82,377,109.35 (ochenta y dos millones trescientos setenta y siete mil ciento nueve pesos 35/100 M.N.). De esta cantidad los partidos coaligantes aportarán los siguientes porcentajes.

Partido Verde Ecologista de México: 12.37% Partido Revolucionario Institucional: 87.63%’.

En consecuencia, para determinar la sanción que corresponde a cada partido integrante de la coalición, deben considerarse las aportaciones totales de los partidos políticos que integraron la Coalición ‘Alianza para Todos’ en el proceso electoral federal del año dos mil tres, mismas que constan en el dictamen consolidado respecto de los informes de campaña correspondientes al proceso electoral del año dos mil tres.

Al respecto, cabe precisar que en la determinación de la sanción individual que corresponderá a cada partido político, esta autoridad considera que es justamente el esquema de participación en los ingresos de la coalición, es decir, en las finanzas de la misma, el que debe regir cuando se trata de determinar el porcentaje de una sanción que habrá de cubrir cada partido, pues sólo de ese modo se atiende a la proporción que los propios partidos decidieron darse en el manejo financiero de la ‘Alianza para Todos’. Recuérdese, por cierto, que dicho criterio ha sido adoptado por este Consejo General en otras ocasiones, destacadamente en el proceso de fiscalización de los ingresos y gastos de campaña del año dos mil.

En mérito de lo que antecede, este Consejo General llega a la convicción de que se debe imponer a los partidos políticos que integraron la Coalición ‘Alianza para Todos’ una sanción económica que tome en cuenta las circunstancias del caso y la gravedad de la falta, por lo que considera que debe fijarse una sanción cuyo monto total ascienda a $894,000.00 (ochocientos noventa y cuatro mil pesos 00/100 M.N.) La sanción referida se distribuye entre los partidos que integraron la Coalición ‘Alianza para Todos’ de conformidad con el porcentaje de su participación en los ingresos de la misma, por lo que se impone al Partido Revolucionario Institucional una sanción cuyo monto ascienda a $783,412.00 (setecientos ochenta y tres mil cuatrocientos doce pesos 80/100 M.N.), y al Partido Verde Ecologista de México una sanción cuyo monto ascienda a $110,587.00 (ciento diez mil quinientos ochenta y siete pesos 20/100 M.N.).

Para imponer las sanciones mencionadas, esta autoridad electoral no sólo toma en cuenta la gravedad de la falta y las circunstancias específicas del caso, sino que además considera que, dada la naturaleza de las conductas desplegadas, la sanción ha de resultar idónea para disuadir la realización futura de actos como los que ahora se valoran.

c) En el capítulo de conclusiones finales de la revisión del informe, visibles en el cuerpo del dictamen consolidado correspondiente, se señala en el numeral 6 lo siguiente:

‘6. De la revisión efectuada al Control de Folios ‘CF-RM-COA’, se determinó que la coalición no presentó cuatrocientos noventa y ocho recibos.

Tal situación constituye, a juicio de esta Comisión, un incumplimiento a lo establecido en los artículos 38, párrafo 1, inciso k) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; y 4.8 del Reglamento que Establece los Lineamientos, Formatos e Instructivos Aplicable a los Partidos Políticos Nacionales que Formen Coaliciones, en el Registro de sus Ingresos y Egresos y en la Presentación de sus Informes, por lo que se hace del conocimiento del Consejo General para efectos de lo establecido en el artículo 269, párrafo 2, incisos a) y b) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.’

Se procede a analizar la irregularidad reportada en el dictamen consolidado.

Consta en el dictamen correspondiente que mediante oficio número STCFRPAP/1327/03 de fecha trece de octubre de dos mil tres, se solicitó a la Coalición ‘Alianza para Todos’ que presentara una serie de documentos e hiciera diversas aclaraciones y correcciones relativo al control de folios CF-RM-COA.

Al respecto, mediante oficio número SAF/0328/03 de fecha treinta de octubre de dos mil tres, la coalición contestó el diverso señalado en el párrafo anterior, quedando subsanadas las observaciones realizadas por la autoridad. Sin embargo, al presentar un nuevo control de folios RM-COA-2003, se observó que no entregó cuatrocientos noventa y ocho recibos.

La Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas, en el dictamen consolidado, derivado de lo anterior, consideró lo siguiente:

‘... como consecuencia de una serie de observaciones al rubro de aportaciones, la coalición notificó a la autoridad electoral un nuevo tiraje de recibos RM-COA, determinándose lo siguiente:

Procede aclarar que por el nuevo tiraje de recibos ‘RM-COA’ del folio 0501 al folio 1000, esta autoridad electoral únicamente verificó los recibos 501 y 503 presentados por la coalición en sus aclaraciones, por lo que corresponde al folio 502 y del folio 504 al 1000 la coalición no proporcionó los recibos en comento.

En consecuencia, al no presentar la totalidad de recibos emitidos en la campaña electoral, la coalición incumplió con lo dispuesto en los artículos 38, párrafo 1, inciso k) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; y 4.8 del reglamento de la materia.

Las observación antes citada, no se hizo del conocimiento de la coalición, toda vez que el período de revisión ya había concluido.’

A partir de lo manifestado por la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas, este Consejo General concluye que la Coalición ‘Alianza para Todos’ incumplió con lo establecido en los artículos 38, párrafo 1, inciso k) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; y 4.8 del Reglamento que Establece los Lineamientos, Formatos e Instructivos Aplicable a los Partidos Políticos Nacionales que Formen Coaliciónes, en el Registro de sus Ingresos y Egresos y en la Presentación de sus Informes.

El artículo 38, párrafo 1, inciso k) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, señala que es obligación de los partidos políticos entregar la documentación que la Comisión de Fiscalización le solicite respecto a sus ingresos y egresos:

‘Artículo 38.

1.      Son obligaciones de los partidos políticos nacionales:

...

k) Permitir la práctica de auditorías y verificaciones que ordene la comisión de consejeros a que se refiere el párrafo 6, del artículo 49, de este código, así como entregar la documentación que la propia comisión le solicite respecto a sus ingresos y egresos;

...

Asimismo, el artículo 4.8 del reglamento de la materia establece con toda precisión como obligación de las coaliciones y los partidos políticos que la integran, entregar a la autoridad electoral la documentación necesaria para comprobar la veracidad de lo reportado en los informes, así como las aclaraciones o rectificaciones que se estimen pertinentes:

‘Artículo 4.8.

De conformidad con lo establecido por los artículos 19 y 20 del Reglamento que Establece los Lineamientos, Formatos, Instructivos, Catálogos de Cuentas y Guía Contabilizadora Aplicables a los Partidos Políticos Nacionales en el Registro de sus Ingresos y Egresos y en la Presentación de sus Informes, la Comisión de Fiscalización, a través de su Secretario Técnico, tendrá en todo momento la facultad de solicitar a los órganos responsables del financiamiento de cada coalición y de los partidos políticos que la integren, o a quien sea responsable de conformidad con lo establecido por el artículo 3.1, la documentación necesaria para comprobar la veracidad de lo reportado en los informes, así como las aclaraciones o rectificaciones que se estimen pertinentes. Durante el período de revisión de los informes, se deberá permitir a la autoridad electoral el acceso a todos los documentos originales que soporten los ingresos y egresos correspondientes, así como a las contabilidades de la coalición y de los partidos políticos que la integren, incluidos los estados financieros.’

En la especie, la Coalición ‘Alianza para Todos’ no presentó la documentación de soporte de sus ingresos, concretamente cuatrocientos noventa y ocho recibos RM-COA, de conformidad con lo establecido en la ley y en las disposiciones reglamentarias aplicables.

En ningún procedimiento de auditoría y menos aún en uno dirigido a verificar la correcta aplicación de los recursos de los partidos políticos nacionales, entidades de interés público según la Norma Suprema de la Unión, y de las coaliciones políticas que ejercen importantes montos de recursos públicos, puede darse por buena la falta de la documentación comprobatoria.

Así pues, la falta se acredita y, conforme a lo establecido en el artículo 269, párrafo 2, incisos a) y b) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, amerita una sanción.

Con este tipo de faltas se impide a la Comisión verificar a cabalidad la veracidad de lo reportado en el informe de campaña, pues en última instancia, la falta absoluta de presentación de estos recibos le impiden a la autoridad saber si efectivamente fueron utilizados o no, con lo que es imposible tener certeza sobre los ingresos recibidos por la coalición y, en última instancia, sobre la legalidad de éstos. En vista de lo anterior, la falta se califica como grave.

Además, se tiene en cuenta que la ausencia absoluta de información hacen imposible llegar a conclusiones sobre la existencia de dolo, pero sí dejan claro que existe, al menos, negligencia inexcusable; y la coalición presenta, en términos generales, condiciones inadecuadas en cuanto al registro y documentación de sus ingresos y egresos.

Con todo, tampoco es posible presumir una intención premeditada y expresa de ocultar información. Además, se tiene en cuenta que a dicha irregularidad no se hizo del conocimiento de la coalición, toda vez que el período de revisión ya había concluido.

Por otra parte, se estima necesario disuadir en el futuro la comisión de este tipo de faltas.

Por último, para fijar la sanción en el presente caso, debe considerarse, en primer lugar, lo previsto en el inciso a), del artículo 4.10, del reglamento de la materia, que a la letra establece:

‘4.10. Si de los informes de campaña presentados por una coalición, o de su revisión, se desprenden irregularidades que constituyan una falta prevista en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en el proyecto de resolución que formule la Comisión de Fiscalización y que someta a la consideración del Consejo General del Instituto, se propondrán sanciones para los partidos políticos que hayan integrado la coalición, tomando en cuenta las circunstancias de tiempo, modo y lugar, así como la gravedad de la falta, de acuerdo con los siguientes principios generales:

a) Si se trata de infracciones que tengan relación con los ingresos, se sancionará al partido político que los haya recibido, salvo que se trate de ingresos recibidos directamente por los candidatos, caso en el cual se aplicarán sanciones a todos los partidos políticos integrantes de la coalición, de conformidad con la proporción en que hayan acordado distribuirse los montos correspondientes.

...’

Así, debe tenerse en cuenta lo acordado por los Partidos Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México en el convenio de coalición parcial, suscrito el primero de marzo de dos mil tres, en el que se convino, en la cláusula séptima, inciso b), lo siguiente:

‘B. Monto de las aportaciones de cada partido para el financiamiento de la campaña.

En cumplimiento a lo establecido por los artículos 62, numeral 1, inciso h) y 63, numeral 2 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, convienen las partes coaligantes que las aportaciones de los partidos políticos coaligados parcialmente, para cubrir las actividades tendientes a la obtención del voto en la campaña electoral, se realizará de la suma de los topes de gastos de campaña de los novena y siete distritos, que equivale a $82,377,109.35 (ochenta y dos millones trescientos setenta y siete mil siento nueve pesos 35/100 M.N.). De esta cantidad los partidos coaligantes aportarán los siguientes porcentajes.

Partido Verde Ecologista de México: 12.37% Partido Revolucionario Institucional: 87.63%’.

En consecuencia, para determinar la sanción que corresponde a cada partido integrante de la coalición, deben considerarse las aportaciones totales de los partidos políticos que integraron la Coalición ‘Alianza para Todos’ en el proceso electoral federal del año dos mil tres, mismas que constan en el dictamen consolidado respecto de los informes de campaña correspondientes al proceso electoral del año dos mil tres.

Al respecto, cabe precisar que en la determinación de la sanción individual que corresponderá a cada partido político, esta autoridad considera que es justamente el esquema de participación en los ingresos de la coalición, es decir, en las finanzas de la misma, el que debe regir cuando se trata de determinar el porcentaje de una sanción que habrá de cubrir cada partido, pues sólo de ese modo se atiende a la proporción que los propios partidos decidieron darse en el manejo financiero de la ‘Alianza para Todos’. Recuérdese, por cierto, que dicho criterio ha sido adoptado por este Consejo General en otras ocasiones, destacadamente en el proceso de fiscalización de los ingresos y gastos de campaña del año dos mil.

En mérito de lo que antecede, este Consejo General llega a la convicción de que se debe imponer a los partidos políticos que integraron la Coalición ‘Alianza para Todos’ una sanción económica que tome en cuenta las circunstancias del caso y la gravedad de la falta, por lo que considera que debe fijarse una sanción cuyo monto total ascienda a $8,730.00 (ocho mil setecientos treinta pesos 00/100 M.N.) La sanción referida se distribuye entre los partidos que integraron la Coalición ‘Alianza para Todos’ de conformidad con el porcentaje de su participación en los ingresos de la misma, por lo que se impone al Partido Revolucionario Institucional una sanción cuyo monto ascienda a $7,650.10 (siete mil seiscientos cincuenta pesos 10/100 M.N.), y al Partido Verde Ecologista de México una sanción cuyo monto ascienda a $1,079.90 (mil setenta y nueve pesos 90/100 M.N.).

Para imponer las sanciones mencionadas, esta autoridad electoral no sólo toma en cuenta la gravedad de la falta y las circunstancias específicas del caso, sino que además considera que, dada la naturaleza de las conductas desplegadas, la sanción ha de resultar idónea para disuadir la realización futura de actos como los que ahora se valoran.

d) En el capítulo de conclusiones finales de la revisión del informe, visibles en el cuerpo del dictamen consolidado correspondiente, se señala en el numeral 7 lo siguiente:

‘7. De la revisión efectuada a la cuenta ‘Aportaciones en Especie Simpatizantes’ se observó que la coalición presentó copia fotostática de dos recibos ‘RSES-COA-2003’ por un importe total de $40,000.00 (cuarenta mil pesos 00/100 M.N.) ($20,000.00 y $20,000.00).

Tal situación constituye, a juicio de esta Comisión, un incumplimiento a lo establecido en los artículos 38, párrafo 1, inciso k) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; 2.1 y 4.8 del Reglamento que Establece los Lineamientos, Formatos e Instructivos Aplicable a los Partidos Políticos Nacionales que Formen Coaliciones, en el Registro de sus Ingresos y Egresos y en la Presentación de sus Informes; y 3.8 del Reglamento que Establece los Lineamientos, Formatos, Instructivos, Catálogos de Cuentas y Guía Contabilizadora Aplicable a los Partidos Políticos Nacionales en el Registro de sus Ingresos y Egresos y en la Presentación de sus Informes, por lo que se hace del conocimiento del Consejo General para efectos de lo establecido en el artículo 269, párrafo 2, incisos a) y b) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.’

Se procede a analizar la irregularidad reportada en el dictamen consolidado.

Mediante oficio número STCFRPAP/007/04 de fecha diecinueve de enero de dos mil cuatro, se solicitó a la Coalición ‘Alianza para Todos’ que presentara copias al carbón del registro de pólizas, como soporte documental de recibos RSES-COA-2003 que se señalan a continuación:

Lo anterior, con fundamento en los artículos 2.1 y 4.8 del reglamento de mérito, en relación con el artículo 3.8 del reglamento aplicable a los partidos políticos, que a la letra establecen:

‘Artículo 2.1.

Las aportaciones en especie que se destinen a las campañas políticas de los candidatos de una coalición podrán ser recibidas por los partidos políticos que la integran, o bien por los candidatos de la coalición. El candidato que las reciba queda obligado a cumplir con todas las reglas aplicables para la recepción de esta clase de aportaciones, de conformidad con lo establecido en los artículos 2, 3 y 4 del Reglamento que Establece los Lineamientos, Formatos, Instructivos, Catálogos de Cuentas y Guía Contabilizadora Aplicables a los Partidos Políticos Nacionales en el Registro de sus Ingresos y Egresos y en la Presentación de sus Informes. Al efecto, deberán imprimirse recibos específicos de la coalición para aportaciones en especie de militantes y simpatizantes de los partidos que la integran, destinadas a campañas políticas, de conformidad con los Formatos ‘RM-COA’ y ‘RSES-COA’ que se incluyen en el presente reglamento.

Artículo 4.8.

De conformidad con lo establecido por los artículos 19 y 20 del Reglamento que Establece los Lineamientos, Formatos, Instructivos, Catálogos de Cuentas y Guía Contabilizadora Aplicables a los Partidos Políticos Nacionales en el Registro de sus Ingresos y Egresos y en la Presentación de sus Informes, la Comisión de Fiscalización, a través de su Secretario Técnico, tendrá en todo momento la facultad de solicitar a los órganos responsables del financiamiento de cada coalición y de los partidos políticos que la integren, o a quien sea responsable de conformidad con lo establecido por el artículo 3.1, la documentación necesaria para comprobar la veracidad de lo reportado en los informes, así como las aclaraciones o rectificaciones que se estimen pertinentes. Durante el período de revisión de los informes, se deberá permitir a la autoridad electoral el acceso a todos los documentos originales que soporten los ingresos y egresos correspondientes, así como a las contabilidades de la coalición y de los partidos políticos que la integren, incluidos los estados financieros.

Artículo 3.8.

Los recibos se deberán expedir en forma consecutiva. El original deberá entregarse a la persona u organización que efectúa la aportación; una copia será remitida al órgano de finanzas del partido; y otra copia permanecerá en poder del comité estatal, distrital o municipal u órgano equivalente del partido que haya recibido la aportación, en su caso. Los recibos deberán contener todos y cada uno de los datos señalados en el formato correspondiente y deberán ser llenados de manera que los datos resulten legibles en todas las copias.’

Al respecto, mediante oficio número SAF/0015/04 de fecha cuatro de febrero de dos mil cuatro, la coalición señaló lo que a la letra se transcribe:

‘... se remite copia del oficio con referencia DGRP/019/04, donde se solicitan al candidato las copias al carbón de los recibos ‘RSES-COA-2003’ números 0336 y 0337. Cabe aclarar, que las copias serán remitidas una vez que esta coalición las haya recibido.’

La Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas, en el dictamen consolidado, consideró como no subsanada la observación realizada, con base en las siguientes consideraciones:

‘Aun cuando la coalición presentó el citado escrito mediante el cual solicita al ciudadano Oscar Augusto López Velarde Vega remita a la brevedad copias al carbón de los recibos en comento, esto no la exime de la obligación de cumplir con lo dispuesto en la normatividad, por lo tanto al no presentar los recibos en copia al carbón solicitados, la coalición incumplió con lo dispuesto en los artículos 38, párrafo 1, inciso k) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; 2.1 y 4.8 del reglamento de la materia; y 3.8 del reglamento aplicable a los partidos quedando no subsanada la observación.’

A partir de lo manifestado por la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas, este Consejo General concluye que la Coalición ‘Alianza para Todos’ incumplió con lo establecido en los artículos 38, párrafo 1, inciso k) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; 2.1 y 4.8 del Reglamento que Establece los Lineamientos, Formatos e Instructivos Aplicable a los Partidos Políticos Nacionales que formen Coaliciones, en el Registro de sus Ingresos y Egresos y en la Presentación de sus Informes; y 3.8 del Reglamento que Establece los Lineamientos, Formatos, Instructivos, Catálogos de Cuentas y Guía Contabilizadora Aplicable a los Partidos Políticos Nacionales en el Registro de sus Ingresos y Egresos y en la Presentación de sus Informes.

Lo anterior es así, ya que las coaliciones, por medio del órgano que haya recibido la aportación, están obligadas a conservar una copia de los recibos RSES-COA que expidan, por lo tanto debió haber presentado ante esta autoridad copia al carbón de los comprobantes antes citados.

En ningún procedimiento de auditoría, y menos aún en uno dirigido a verificar la correcta aplicación de los recursos de los partidos políticos nacionales, entidades de interés público según la Norma Suprema de la Unión, y de las coaliciones políticas que ejercen importantes montos de recursos públicos, puede darse por buena la presentación de cualquier clase de documentos como comprobantes de ingresos y menos aún copia fotostática de la documentación comprobatoria requerida.

Cabe señalar que los documentos que exhiba un partido político o coalición a fin de acreditar lo que en ellos se consigna, necesariamente deben sujetarse y cumplir con las reglas establecidas al respecto, en tanto que la fuerza probatoria que la norma les otorga para comprobar lo reportado en sus informes, lo deja a la buena fe de quien los presenta, ya que no exige mayor formalidad que el cumplimiento de los requisitos previamente establecidos.

Debe recordarse que la copia fotostática de un documento no hace prueba plena del contenido de ese documento. Así, los ingresos no se consideran debidamente comprobados en tanto que el partido debía presentar la documentación original, pues es de explorado derecho que a las fotocopias de documentos no se les otorga valor probatorio en sí mismas.

Así pues, la falta se acredita y, conforme a lo establecido en el artículo 269, párrafo 1, incisos a) y b) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, amerita una sanción.

La falta se califica como de mediana gravedad, en tanto que con este tipo de faltas se impide a la Comisión verificar a cabalidad la veracidad de lo reportado en el informe de campaña. No puede otorgársele valor probatorio a la documentación en copia fotostática, en tanto que la autoridad electoral no puede saber a ciencia cierta si el ingreso efectivamente se realizó como lo señala el recibo en copia fotostática, existiendo la posibilidad de que el documento comprobatorio haya sido alterado.

Con todo, debe señalarse que no se puede concluir que los ingresos obtenidos provengan de fuentes ilícitas; que la coalición presentó algún documento de soporte, aunque fuera en copia fotostática, y que no puede concluirse que la coalición hubiere tenido intención de ocultar información.

Por otra parte, se estima necesario disuadir en el futuro la comisión de este tipo de faltas.

Por último, para fijar la sanción en el presente caso, debe considerarse, en primer lugar, lo previsto en el inciso a) del artículo 4.10 del reglamento de la materia, que a la letra establece:

‘4.10. Si de los informes de campaña presentados por una coalición, o de su revisión, se desprenden irregularidades que constituyan una falta prevista en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en el proyecto de resolución que formule la Comisión de Fiscalización y que someta a la consideración del Consejo General del Instituto, se propondrán sanciones para los partidos políticos que hayan integrado la coalición, tomando en cuenta las circunstancias de tiempo, modo y lugar, así como la gravedad de la falta, de acuerdo con los siguientes principios generales:

a) Si se trata de infracciones que tengan relación con los ingresos, se sancionará al partido político que los haya recibido, salvo que se trate de ingresos recibidos directamente por los candidatos, caso en el cual se aplicarán sanciones a todos los partidos políticos integrantes de la coalición, de conformidad con la proporción en que hayan acordado distribuirse los montos correspondientes.

...’.

Así, debe tenerse en cuenta lo acordado por los Partidos Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México en el convenio de coalición parcial, suscrito el primero de marzo de dos mil tres, en el que se convino, en la cláusula séptima, inciso b), lo siguiente:

‘B. Monto de las aportaciones de cada partido para el financiamiento de la campaña.

En cumplimiento a lo establecido por los artículos 62, numeral 1, inciso h) y 63, numeral 2 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, convienen las partes coaligantes que las aportaciones de los partidos políticos coaligados parcialmente, para cubrir las actividades tendientes a la obtención del voto en la campaña electoral, se realizará de la suma de los topes de gastos de campaña de los noventa y siete distritos, que equivale a $82,377,109.35 (ochenta y dos millones trescientos setena y siete mil siento nueve pesos 35/100 M.N.). De esta cantidad los partidos coaligantes aportarán los siguientes porcentajes.

Partido Verde Ecologista de México: 12.37%, Partido Revolucionario Institucional 87.63%’.

En consecuencia, para determinar la sanción que corresponde a cada partido integrante de la coalición, deben considerarse las aportaciones totales de los partidos políticos que integraron la Coalición ‘Alianza para Todos’ en el proceso electoral federal del año dos mil tres, mismas que constan en el dictamen consolidado respecto de los informes de campaña correspondientes al proceso electoral del año dos mil tres.

Al respecto, cabe precisar que en la determinación de la sanción individual que corresponderá a cada partido político, esta autoridad considera que es justamente el esquema de participación en los ingresos de la coalición, es decir, en las finanzas de la misma, el que debe regir cuando se trata de determinar el porcentaje de una sanción que habrá de cubrir cada partido, pues sólo de ese modo se atiende a la proporción que los propios partidos decidieron darse en el manejo financiero de la ‘Alianza para Todos’. Recuérdese, por cierto, que dicho criterio ha sido adoptado por este Consejo General en otras ocasiones, destacadamente en el proceso de fiscalización de los ingresos y gastos de campaña del año dos mil.

En mérito de lo que antecede, este Consejo General llega a la convicción de que se debe imponer a los partidos políticos que integraron la Coalición ‘Alianza para Todos’ una sanción económica que tome en cuenta las circunstancias del caso y la gravedad de la falta, por lo que considera que debe fijarse una sanción cuyo monto total ascienda a $16,000.00 (dieciséis mil pesos 00/100 M.N.) La sanción referida se distribuye entre los partidos que integraron la Coalición ‘Alianza para Todos’ de conformidad con el porcentaje de su participación en los ingresos de la misma, por lo que se impone al Partido Revolucionario Institucional una sanción cuyo monto ascienda a $14,020.80 (catorce mil veinte pesos 80/100 M.N.), y al Partido Verde Ecologista de México una sanción cuyo monto ascienda a $1,979.20 (mil novecientos setenta y nueve pesos 20/100 M.N.).

Para imponer las sanciones mencionadas, esta autoridad electoral no sólo toma en cuenta la gravedad de la falta y las circunstancias específicas del caso, sino que además considera que, dada la naturaleza de las conductas desplegadas, la sanción ha de resultar idónea para disuadir la realización futura de actos como los que ahora se valoran.

e) En el capítulo de conclusiones finales de la revisión del informe, visibles en el cuerpo del dictamen consolidado correspondiente, se señala en el numeral 8 lo siguiente:

‘8. De la revisión efectuada al Control de Folios ‘CF-RSES-COA’, se determinó que la coalición no presentó cuatrocientos cuarenta y tres recibos.

Tal situación constituye, a juicio de esta comisión, un incumplimiento a lo establecido en los artículos 38, párrafo 1, inciso k) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; y 4.8 del Reglamento que Establece los Lineamientos, Formatos e Instructivos Aplicable a los Partidos Políticos Nacionales que formen Coaliciones, en el Registro de sus Ingresos y Egresos y en la Presentación de sus Informes, por lo que se hace del conocimiento del Consejo General para efectos de lo establecido en el artículo 269, párrafo 2, incisos a) y b) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.’

Se procede a analizar la irregularidad reportada en el dictamen consolidado.

Consta en el dictamen correspondiente que mediante oficio número STCFRPAP/007/04 de fecha 19 de enero de dos mil cuatro, se solicitó a la Coalición ‘Alianza para Todos’ que presentara una serie de documentos e hiciera diversas aclaraciones y correcciones relativo a la cuenta aportaciones en especie hechas por simpatizantes.

Al respecto, mediante oficio número SAF/0015/04 de fecha 4 de febrero de la coalición contestó el diverso señalado en el párrafo anterior, quedando subsanadas las observaciones realizadas por la autoridad. Sin embargo, al presentar un nuevo control de folios CF-RSES-COA, se observó que no entregó cuatrocientos cuarenta y tres recibos.

La Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas, en el dictamen consolidado, derivado de lo anterior, consideró lo siguiente:

‘... como consecuencia de una serie de observaciones al rubro de aportaciones, la coalición notificó a la autoridad electoral un nuevo tiraje de recibos ‘RSES-COA, determinándose lo siguiente:

Procede aclarar que por el nuevo tiraje de recibos ‘RSES-COA’ del folio 0801 al folio 1300, esta autoridad electoral únicamente verificó cincuenta y siete recibos proporcionados por la coalición en sus aclaraciones, mismos que corresponden a folios presentados indistintamente en cuanto a la numeración consecutiva, los cuatrocientos cuarenta y tres recibos restantes no fueron proporcionados por la coalición.

En consecuencia, al no presentar la totalidad de recibos emitidos en la campaña electoral, la coalición incumplió con lo dispuesto en los artículos 38, párrafo 1, inciso k) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; y 4.8 del reglamento de la materia.

Las observación antes citada, no se hizo del conocimiento de la coalición, toda vez que el período de revisión ya había concluido.’

A partir de lo manifestado por la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas, este Consejo General concluye que la Coalición ‘Alianza para Todos’ incumplió con lo establecido en los artículos 38, párrafo 1, inciso k) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; y 4.8 del Reglamento que Establece los Lineamientos, Formatos e Instructivos Aplicable a los Partidos Políticos Nacionales que formen Coaliciones, en el Registro de sus Ingresos y Egresos y en la Presentación de sus Informes.

El artículo 38, párrafo 1, inciso k) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, señala que es obligación de los partidos políticos entregar la documentación que la Comisión de Fiscalización le solicite respecto a sus ingresos y egresos:

‘Artículo 38.

1. Son obligaciones de los partidos políticos nacionales:

k) Permitir la práctica de auditorías y verificaciones que ordene la comisión de consejeros a que se refiere el párrafo 6, del artículo 49 de este código, así como entregar la documentación que la propia comisión le solicite respecto a sus ingresos y egresos;

Asimismo, el artículo 4.8 del reglamento de la materia establece con toda precisión como obligación de las coaliciones y los partidos políticos que la integran, entregar a la autoridad electoral la documentación necesaria para comprobar la veracidad de lo reportado en los informes, así como las aclaraciones o rectificaciones que se estimen pertinentes:

‘Artículo 4.8.

De conformidad con lo establecido por los artículos 19 y 20 del Reglamento que Establece los Lineamientos, Formatos, Instructivos, Catálogos de Cuentas y Guía Contabilizadora Aplicables a los Partidos Políticos Nacionales en el Registro de sus Ingresos y Egresos y en la Presentación de sus Informes, la Comisión de Fiscalización, a través de su Secretario Técnico, tendrá en todo momento la facultad de solicitar a los órganos responsables del financiamiento de cada coalición y de los partidos políticos que la integren, o a quien sea responsable de conformidad con lo establecido por el artículo 3.1, la documentación necesaria para comprobar la veracidad de lo reportado en los informes, así como las aclaraciones o rectificaciones que se estimen pertinentes. Durante el período de revisión de los informes, se deberá permitir a la autoridad electoral el acceso a todos los documentos originales que soporten los ingresos y egresos correspondientes, así como a las contabilidades de la coalición y de los partidos políticos que la integren, incluidos los estados financieros.’

En la especie, la Coalición ‘Alianza para Todos’ no presentó la documentación de soporte de sus ingresos, concretamente cuatrocientos cuarenta y tres recibos RSES-COA, de conformidad con lo establecido en la ley y en las disposiciones reglamentarias aplicables.

En ningún procedimiento de auditoría y menos aún en uno dirigido a verificar la correcta aplicación de los recursos de los partidos políticos nacionales, entidades de interés público según la Norma Suprema de la Unión, y de las coaliciones políticas que ejercen importantes montos de recursos públicos, puede darse por buena la falta de la documentación comprobatoria soporte de sus registros contables.

Así pues, la falta se acredita y, conforme a lo establecido en el artículo 269, párrafo 2, incisos a) y b) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, amerita una sanción.

Con este tipo de faltas se impide a la comisión verificar a cabalidad la veracidad de lo reportado en el informe de campaña, pues en última instancia, la falta absoluta de presentación de estos recibos le impiden a la autoridad saber si efectivamente fueron utilizados o no, con lo que es imposible tener certeza sobre los ingresos recibidos por la coalición y, en última instancia, sobre la legalidad de éstos. En vista de lo anterior, la falta se califica como grave.

Además, se tiene en cuenta que la ausencia absoluta de información hacen imposible llegar a conclusiones sobre la existencia de dolo, pero sí dejan claro que existe, al menos, negligencia inexcusable; y la coalición presenta, en términos generales, condiciones inadecuadas en cuanto al registro y documentación de sus ingresos y egresos.

Con todo, tampoco es posible presumir una intención premeditada y expresa de ocultar información. Además, se tiene en cuenta que a dicha irregularidad no se hizo del conocimiento de la coalición, toda vez que el período de revisión ya había concluido.

Por otra parte, se estima necesario disuadir en el futuro la comisión de este tipo de faltas.

Por último, para fijar la sanción en el presente caso, debe considerarse, en primer lugar, lo previsto en el inciso a) del artículo 4.10. del reglamento de la materia, que a la letra establece:

‘4.10. Si de los informes de campaña presentados por una coalición, o de su revisión, se desprenden irregularidades que constituyan una falta prevista en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en el proyecto de resolución que formule la Comisión de Fiscalización y que someta a la consideración del Consejo General del Instituto, se propondrán sanciones para los partidos políticos que hayan integrado la coalición, tomando en cuenta las circunstancias de tiempo, modo y lugar, así como la gravedad de la falta, de acuerdo con los siguientes principios generales:

a) Si se trata de infracciones que tengan relación con los ingresos, se sancionará al partido político que los haya recibido, salvo que se trate de ingresos recibidos directamente por los candidatos, caso en el cual se aplicarán sanciones a todos los partidos políticos integrantes de la coalición, de conformidad con la proporción en que hayan acordado distribuirse los montos correspondientes.

...

Así, debe tenerse en cuenta lo acordado por los partidos Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México en el convenio de coalición parcial, suscrito el primero de marzo de dos mil tres, en el que se convino, en la cláusula séptima, inciso b), lo siguiente:

‘B. Monto de las aportaciones de cada partido para el financiamiento de la campaña.

En cumplimiento a lo establecido por los artículos 62, numeral 1, inciso h) y 63, numeral 2 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, convienen las partes coaligantes que las aportaciones de los partidos políticos coaligados parcialmente, para cubrir las actividades tendientes a la obtención del voto en la campaña electoral, se realizará de la suma de los topes de gastos de campaña de los noventa y siete distritos, que equivale a $82’377,109.35 (ochenta y dos millones trescientos setenta y siete mil ciento nueve pesos 35/100). De esta cantidad los partidos coaligantes aportarán los siguientes porcentajes.

Partido Verde Ecologista de México: 12.37%.

Partido Revolucionario Institucional: 87.63%’.

En consecuencia, para determinar la sanción que corresponde a cada partido integrante de la coalición, deben considerarse las aportaciones totales de los partidos políticos que integraron la Coalición ‘Alianza para Todos’ en el proceso electoral federal del año dos mil tres, mismas que constan en el dictamen consolidado respecto de los informes de campaña correspondientes al proceso electoral del año dos mil tres.

Al respecto, cabe precisar que en la determinación de la sanción individual que corresponderá a cada partido político, esta autoridad considera que es justamente el esquema de participación en los ingresos de la coalición, es decir, en las finanzas de la misma, el que debe regir cuando se trata de determinar el porcentaje de una sanción que habrá de cubrir cada partido, pues sólo de ese modo se atiende a la proporción que los propios partidos decidieron darse en el manejo financiero de la ‘Alianza para Todos’. Recuérdese, por cierto, que dicho criterio ha sido adoptado por este Consejo General en otras ocasiones, destacadamente en el proceso de fiscalización de los ingresos y gastos de campaña del año 2000.

En mérito de lo que antecede, este Consejo General llega a la convicción de que se debe imponer a los partidos políticos que integraron la Coalición ‘Alianza para Todos’ una sanción económica que tome en cuenta las circunstancias del caso y la gravedad de la falta, por lo que considera que debe fijarse una sanción cuyo monto total ascienda a $8,730.00 (ocho mil setecientos treinta pesos 00/100 M.N.). La sanción referida se distribuye entre los partidos que integraron la Coalición ‘Alianza para Todos’ de conformidad con el porcentaje de su participación en los ingresos de la misma, por lo que se impone al Partido Revolucionario Institucional una sanción cuyo monto ascienda a $7,650.10 (siete mil seiscientos cincuenta pesos 10/100 M.N.), y al Partido Verde Ecologista de México una sanción cuyo monto ascienda a $1,079.90 (mil setenta y nueve pesos 90/100 M.N.).

Para imponer las sanciones mencionadas, esta autoridad electoral no sólo toma en cuenta la gravedad de la falta y las circunstancias específicas del caso, sino que además considera que, dada la naturaleza de las conductas desplegadas, la sanción ha de resultar idónea para disuadir la realización futura de actos como los que ahora se valoran.

f) En el capítulo de conclusiones finales de la revisión del informe, visibles en el cuerpo del dictamen consolidado correspondiente, se señala en el numeral 9 lo siguiente:

‘9. De la revisión efectuada al rubro ‘Bancos’, se determinó que la coalición no presentó contratos de apertura de tres cuentas bancarias.

Tal situación constituye, a juicio de esta Comisión, un incumplimiento a lo establecido en los artículos 38, párrafo 1, inciso k) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; 1.1 y 4.8 del Reglamento que Establece los Lineamientos, Formatos e Instructivos Aplicable a los Partidos Políticos Nacionales que Formen Coaliciones, en el Registro de sus Ingresos y Egresos y en la Presentación de sus Informes; y 1.1 del Reglamento que Establece los Lineamientos, Formatos e Instructivos Aplicable a los Partidos Políticos Nacionales en el Registro de sus Ingresos y Egresos y en la Presentación de sus Informes, por lo que se hace del conocimiento del Consejo General para efectos de lo establecido en el artículo 269, párrafo 2, incisos a) y b) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.’

Se procede a analizar la irregularidad reportada en el dictamen consolidado.

Mediante oficio número STCFRPAP/1327/03 de fecha trece de octubre de dos mil tres, se solicitó a la Coalición ‘Alianza para Todos’ presentara los contratos de apertura de tres cuentas bancarias del Comité de Finanzas de la coalición, en las que controló los ingresos que cada uno de las partidos coaligados aportó para la campaña federal, así como los gastos de campaña que realizó de manera centralizada. El cuadro siguiente muestra dichas Cuentas:

Lo anterior con fundamento en los artículos 1.1 y 4.8 del reglamento de la materia, en relación con el artículo 1.1 del reglamento aplicable a los partidos políticos, que a la letra establecen:

‘Artículo 1.1

Todos los recursos en efectivo o en especie que hayan de ser utilizados por las coaliciones de partidos políticos nacionales para sufragar sus gastos de campaña, deberán ingresar primeramente a cualquiera de los partidos que la integren, con excepción de los referidos en el artículo 2.6 de este reglamento. Los ingresos deberán ser registrados contablemente en los Catálogos de Cuentas de cada partido y estar sustentados con la documentación correspondiente expedida por el partido político, en términos de lo establecido por el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y el Reglamento que Establece los Lineamientos, Formatos, Instructivos, Catálogos de Cuentas y Guía Contabilizadora aplicables a los Partidos Políticos Nacionales en el registro de sus Ingresos y Egresos y la Presentación de sus Informes.

Artículo 4.8.

De conformidad con lo establecido por los artículos 19 y 20 del Reglamento que Establece los Lineamientos, Formatos, Instructivos, Catálogos de Cuentas y Guía Contabilizadora Aplicables a los Partidos Políticos Nacionales en el Registro de sus Ingresos y Egresos y en la Presentación de sus Informes, la Comisión de Fiscalización, a través de su Secretario Técnico, tendrá en todo momento la facultad de solicitar a los órganos responsables del financiamiento de cada coalición y de los partidos políticos que la integren, o a quien sea responsable de conformidad con lo establecido por el artículo 3.1, la documentación necesaria para comprobar la veracidad de lo reportado en los informes, así como las aclaraciones o rectificaciones que se estimen pertinentes. Durante el periodo de revisión de los informes, se deberá permitir a la autoridad electoral el acceso a todos los documentos originales que soporten los ingresos y egresos correspondientes, así como a las contabilidades de la coalición y de los partidos políticos que la integren, incluidos los estados financieros.

Artículo 1.1.

Tanto los ingresos en efectivo como en especie que reciban los partidos políticos por cualquiera de las modalidades de financiamiento, deberán registrarse contablemente y estar sustentados con la documentación original correspondiente, en términos de lo establecido por el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y el presente reglamento.’

Al respecto, mediante oficio número SAF/0328/03 de fecha treinta de octubre de dos mil tres, la coalición señaló lo que a la letra se transcribe:

‘Con la finalidad de que estén en condiciones de verificar la fecha en que fueron aperturas las cuentas bancarias utilizadas por esta coalición (...) se remite copia del oficio girado por Banco BBVA Bancomer, que contiene la relación certificada que incluye los números de cuenta, la fecha de apertura, entidad federativa y distrito electoral.’

La Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas, en el dictamen consolidado, consideró como no subsanada la observación realizada, con base en las siguientes consideraciones:

Por lo que se refiere a tres cuentas bancarias correspondientes al Comité de Finanzas de la coalición, no proporcionó los contratos de apertura, razón por la cual, incumplió con lo dispuesto en los artículos 38, párrafo 1, inciso k) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; 1.1 y 4.8 del reglamento de mérito en relación con el artículo 1.1 del reglamento aplicable a los partidos políticos, por lo que se consideró no subsanada la observación por las siguientes cuentas bancarias:

(1) Cuenta de inversión.

A partir de lo manifestado por la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas, este Consejo General concluye que la Coalición ‘Alianza para Todos’ incumplió con lo establecido en los artículos 38, párrafo 1, inciso k) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; 1.1 y 4.8 del Reglamento que Establece los Lineamientos, Formatos e Instructivos Aplicable a los Partidos Políticos Nacionales que formen Coaliciones, en el Registro de sus Ingresos y Egresos y en la Presentación de sus Informes; y 1.1 del Reglamento que Establece los Lineamientos, Formatos e Instructivos Aplicable a los Partidos Políticos Nacionales que Formen Coaliciones, en el Registro de sus Ingresos y Egresos y en la Presentación de sus Informes.

El artículo 38, párrafo 1, inciso k) del Código Electoral establece que los partidos políticos están obligados a proporcionar a la Comisión de Fiscalización la documentación que les solicite respecto de sus ingresos y egresos, y el artículo 4.8 del reglamento de la materia establece con toda precisión como obligación de las coaliciones y los partidos políticos que la integran, entregar a la autoridad electoral la documentación necesaria para comprobar la veracidad de lo reportado en los informes, así como las aclaraciones o rectificaciones que se estimen pertinentes.

Por su parte, los artículos 1.1 del reglamento de la materia y 1.1 del reglamento aplicable a los partidos políticos, señalan que los ingresos deberán estar sustentados con la documentación original correspondiente.

En la especie, la Coalición ‘Alianza para Todos’ no presentó tres contratos de apertura de igual número de cuentas bancarias faltantes que le fueron solicitados.

En ningún procedimiento de auditoría y menos aún en uno dirigido a verificar la correcta aplicación de los recursos de los partidos políticos nacionales, entidades de interés público según la Norma Suprema de la Unión, y de las coaliciones políticas que ejercen importantes montos de recursos públicos, puede darse por buena la falta de la documentación comprobatoria requerida.

Así pues, la falta se acredita, y conforme a lo establecido en el artículo 269, párrafo 2, incisos a) y b) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, amerita una sanción.

Es importante señalar que es menester que la autoridad conozca el contrato bancario correspondiente, pues sólo de esta manera se puede tener certeza de que las cuentas se hayan aperturado de la manera en que lo señala la ley. Así, la no presentación del contrato bancario correspondiente, impide en definitiva a la autoridad fiscalizadora conocer el modo en que se aperturaron esos contratos.

Este Consejo General califica la falta como de mediana gravedad, pues el sentido de la norma violentada es garantizar un mayor control por parte de los partidos políticos del uso de los recursos depositados por ellos en sus cuentas bancarias.

Por otro lado, se tiene en cuenta que por las características de la infracción, no se puede presumir dolo. Sin embargo, se estima necesario disuadir en el futuro la comisión de este tipo de faltas.

Por último, para fijar la sanción en el presente caso, debe considerarse, en primer lugar, lo previsto en el inciso a) del artículo 4.10 del reglamento de la materia, que a la letra establece:

‘4.10. Si de los informes de campaña presentados por una coalición, o de su revisión, se desprenden irregularidades que constituyan una falta prevista en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en el proyecto de resolución que formule la Comisión de Fiscalización y que someta a la consideración del Consejo General del Instituto, se propondrán sanciones para los partidos políticos que hayan integrado la coalición, tomando en cuenta las circunstancias de tiempo, modo y lugar, así como la gravedad de la falta, de acuerdo con los siguientes principios generales:

a) Si se trata de infracciones que tengan relación con los ingresos, se sancionará al partido político que los haya recibido, salvo que se trate de ingresos recibidos directamente por los candidatos, caso en el cual se aplicarán sanciones a todos los partidos políticos integrantes de la coalición, de conformidad con la proporción en que hayan acordado distribuirse los montos correspondientes.

...

Así, debe tenerse en cuenta lo acordado por los partidos Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México en el convenio de coalición parcial, suscrito el primero de marzo de dos mil tres, en el que se convino, en la cláusula séptima, inciso b), lo siguiente:

‘B. Monto de las aportaciones de cada partido para el financiamiento de la campaña.

En cumplimiento a lo establecido por los artículos 62, numeral 1, inciso h) y 63, numeral 2 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, convienen las partes coaligantes que las aportaciones de los partidos políticos coaligados parcialmente, para cubrir las actividades tendientes a la obtención del voto en la campaña electoral, se realizará de la suma de los topes de gastos de campaña de los noventa y siete distritos, que equivale a $82,377,109.35 (ochenta y dos millones trescientos setenta y siete mil ciento nueve pesos 35/100 M.N.). De esta cantidad los partidos coaligantes aportarán los siguientes porcentajes.

Partido Verde Ecologista de México: 12.37%.

Partido Revolucionario Institucional: 87.63%’.

En consecuencia, para determinar la sanción que corresponde a cada partido integrante de la coalición, deben considerarse las aportaciones totales de los partidos políticos que integraron la Coalición ‘Alianza para Todos’ en el proceso electoral federal del año dos mil tres, mismas que constan en el dictamen consolidado respecto de los informes de campaña correspondientes al proceso electoral del año dos mil tres.

Al respecto, cabe precisar que en la determinación de la sanción individual que corresponderá a cada partido político, esta autoridad considera que es justamente el esquema de participación en los ingresos de la coalición, es decir, en las finanzas de la misma, el que debe regir cuando se trata de determinar el porcentaje de una sanción que habrá de cubrir cada partido, pues sólo de ese modo se atiende a la proporción que los propios partidos decidieron darse en el manejo financiero de la ‘Alianza para Todos’. Recuérdese, por cierto, que dicho criterio ha sido adoptado por este Consejo General en otras ocasiones, destacadamente en el proceso de fiscalización de los ingresos y gastos de campaña del año dos mil.

En mérito de lo que antecede, este Consejo General llega a la convicción de que se debe imponer a los partidos políticos que integraron la Coalición ‘Alianza para Todos’ una sanción económica que tome en cuenta las circunstancias del caso y la gravedad de la falta, por lo que considera que debe fijarse una sanción cuyo monto total ascienda a $15,000.00 (quince mil pesos 00/100 M.N.). La sanción referida se distribuye entre los partidos que integraron la Coalición ‘Alianza para Todos’ de conformidad con el porcentaje de su participación en los ingresos de la misma, por lo que se impone al Partido Revolucionario Institucional una sanción cuyo monto ascienda a $13,144.50 (trece mil ciento cuarenta y cuatro pesos 50/100 M.N.), y al Partido Verde Ecologista de México una sanción cuyo monto ascienda a $1,855.50 (mil ochocientos cincuenta y cinco pesos 50/100 M.N.).

Para imponer las sanciones mencionadas, esta autoridad electoral no sólo toma en cuenta la gravedad de la falta y las circunstancias específicas del caso, sino que además considera que, dada la naturaleza de las conductas desplegadas, la sanción ha de resultar idónea para disuadir la realización futura de actos como los que ahora se valoran.

g) En el capítulo de conclusiones finales de la revisión del informe, visibles en el cuerpo del dictamen consolidado correspondiente, se señala en el numeral 10 lo siguiente:

‘10. De la revisión efectuada al rubro ‘Bancos’, se determinó que la coalición no presentó la cancelación de siete cuentas bancarias (dos del comité de finanzas de la coalición y cinco de los distritos).

Asimismo, se determinó que no presentó dos estados de cuenta correspondientes al Comité de Finanzas de la coalición

Tal situación constituye, a juicio de esta Comisión, un incumplimiento a lo establecido en los artículos 38, párrafo 1, inciso k) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; 4.6, inciso a) y 4.8 del Reglamento que Establece los Lineamientos, Formatos e Instructivos Aplicable a los Partidos Políticos Nacionales que Formen Coaliciones, en el Registro de sus Ingresos y Egresos y en la Presentación de sus Informes, por lo que se hace del conocimiento del Consejo General para efectos de lo establecido en el artículo 269, párrafo 2, incisos a) y b) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.’

Se procede a analizar la irregularidad reportada en el dictamen consolidado.

Mediante oficio número STCFRPAP/1327/03 de fecha trece de octubre de dos mil tres, se solicitó a la Coalición ‘Alianza para Todos’ presentara los comprobantes de cancelación de diversas cuentas bancarias.

Lo anterior con fundamento en los artículos 4.6, inciso a) y 4.8 del reglamento de la materia, que a la letra establecen:

‘Artículo 4.6.

Junto con los informes de campaña deberán remitirse a la autoridad electoral, de acuerdo con el presente reglamento y con el que Establece los Lineamientos, Formatos, Instructivos, Catálogos de Cuentas y Guía Contabilizadora Aplicables a los Partidos Políticos Nacionales en el Registro de sus Ingresos y Egresos y en la Presentación de sus Informes:

a) Los estados de cuenta bancarios de todas las cuentas de la coalición, desde el momento en que se hayan abierto y hasta el fin de las campañas electorales, y de las de los partidos políticos que la integran, correspondientes a los meses que hayan durado las campañas electorales; y

...

Artículo 4.8.

De conformidad con lo establecido por los artículos 19 y 20 del Reglamento que Establece los Lineamientos, Formatos, Instructivos, Catálogos de Cuentas y Guía Contabilizadora Aplicables a los Partidos Políticos Nacionales en el Registro de sus Ingresos y Egresos y en la Presentación de sus Informes, la Comisión de Fiscalización, a través de su Secretario Técnico, tendrá en todo momento la facultad de solicitar a los órganos responsables del financiamiento de cada coalición y de los partidos políticos que la integren, o a quien sea responsable de conformidad con lo establecido por el artículo 3.1, la documentación necesaria para comprobar la veracidad de lo reportado en los informes, así como las aclaraciones o rectificaciones que se estimen pertinentes. Durante el período de revisión de los informes, se deberá permitir a la autoridad electoral el acceso a todos los documentos originales que soporten los ingresos y egresos correspondientes, así como a las contabilidades de la coalición y de los partidos políticos que la integren, incluidos los estados financieros.’

Al respecto, mediante oficio número SAF/0328/03 de fecha treinta de octubre de dos mil tres, la coalición señaló lo que a la letra se transcribe:

‘Con relación a los estados de cuenta que presentaron saldo final al treinta y uno de julio de dos mil tres, (...) se remite copia de los estados de cuenta del mes de agosto de cada una de las entidades federativas y cuentas solicitadas, así como, los oficios SAF/0263/2003 de fecha primero de agosto de dos mil tres y SAF/0262/2003 de fecha treinta y uno de julio de dos mil tres donde la coalición solicitó su cancelación.’

La Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas, en el dictamen consolidado, consideró como no subsanada la observación realizada, con base en las siguientes consideraciones:

Con relación a cinco Cuentas bancarias, aun cuando la coalición presentó listas de movimientos correspondientes al mes de agosto, éstas no reflejan su cancelación. A continuación se señalan las cuentas bancarias:

Aunado a lo anterior, el escrito número SAF/263/03 de fecha primero de agosto de dos mil tres dirigido a la institución bancaria BBVA Bancomer en el cual la coalición solicita la cancelación de dichas cuentas, no se señala el número de las cuentas bancarias, por lo que esta autoridad electoral no pudo verificar si estas cuentas están canceladas. Por ende, dicho escrito no la exime de la obligación de presentar la cancelación de las cuentas bancarias en comento, por lo que al incumplir con lo dispuesto en el artículo 4.6, inciso a) y 4.8 del reglamento de la materia, la observación se consideró no subsanada por las cinco cuentas bancarias antes citadas.

Referente a los dos estados de cuenta bancarios restantes, la coalición no presentó los estados de cuenta correspondientes al mes de agosto ni evidencia alguna de su cancelación. Por lo que la observación se consideró no subsanada por las siguientes Cuentas:

A partir de lo manifestado por la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas, este Consejo General concluye que la Coalición ‘Alianza para Todos’ incumplió con lo establecido en los artículos 38, párrafo 1, inciso k) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; 4.6, inciso a) y 4.8 del Reglamento que Establece los Lineamientos, Formatos e Instructivos Aplicable a los Partidos Políticos Nacionales que formen Coaliciones, en el Registro de sus Ingresos y Egresos y en la Presentación de sus Informes.

El artículo 38, párrafo 1, inciso k) del Código Electoral establece que los partidos políticos están obligados a proporcionar a la Comisión de Fiscalización la documentación que les solicite respecto de sus ingresos y egresos, y el artículo 4.8 del reglamento de la materia establece con toda precisión como obligación de las coaliciones y los partidos políticos que la integran, entregar a la autoridad electoral la documentación necesaria para comprobar la veracidad de lo reportado en los informes, así como las aclaraciones o rectificaciones que se estimen pertinentes.

Por su parte, el artículo 4.6, inciso a) del reglamento de la materia señala que, junto con los informes de campaña, las coaliciones están obligadas a remitir a la autoridad electoral los estados de cuenta bancarios de todas las cuentas de la coalición y de los partidos que la integran, desde el momento en que se hayan abierto hasta el fin de las campañas electorales.

En la especie, la Coalición ‘Alianza para Todos’, no presentó la cancelación de siete cuentas bancadas que le fueron solicitadas, así como dos estados de cuenta.

En ningún procedimiento de auditoría y menos aún en uno dirigido a verificar la correcta aplicación de los recursos de los partidos políticos nacionales, entidades de interés público según la Norma Suprema de la Unión, y de las coaliciones políticas que ejercen importantes montos de recursos públicos, puede darse por buena la falta de la documentación comprobatoria requerida.

La falta se traduce en la imposibilidad, por parte de la autoridad fiscalizadora, de conocer la veracidad de lo reportado en el informe de campaña que tienen la obligación de presentar, por mandato de ley, las coaliciones. Asimismo, la autoridad electoral no pudo conocer la totalidad de los movimientos de recursos efectuados en esas cuentas bancarias, lo cual redunda en la falta de certeza acerca de que dichos movimientos hayan existido. Queda la duda a propósito del origen de los ingresos reportados en esas cuentas y, en definitiva, la autoridad electoral no pudo tener la certeza de que el ejercicio reportado se haya realizado con apego a la ley.

Los argumentos vertidos por el partido político no pueden ser estimados como correctos porque es su responsabilidad, y no la de la institución bancaria, recabar la evidencia documental de la cancelación y/o apertura de las cuentas bancarias que maneja, lo cual cobra singular importancia sí se toma en cuenta que los partidos políticos o coaliciones manejan recursos públicos. Los oficios SAF/0262/2003 y SAF/0263/2003 que presentó la coalición para explicar la falta de presentación documental de la cancelación, no justifica de ningún modo la omisión en la que incurrió, pues éste tenía la obligación, y el derecho, de exigir a la institución bancaria tal documentación.

Así pues, la falta se acredita y, conforme a lo establecido en el artículo 269, párrafo 2, incisos a) y b) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, amerita una sanción.

Este Consejo General califica la falta como grave, ya que con este tipo de faltas se impide a la comisión verificar a cabalidad la veracidad de lo reportado en el informe de campaña. En efecto, la falta de presentación de la documentación solicitada a la coalición, como en la especie la evidencia de la cancelación de las mencionadas siete cuentas bancarias y los dos estados de cuenta, obstaculiza a la autoridad su tarea fiscalizadora, como se expuso líneas arriba.

Por otro lado, se tiene en cuenta que por las características de la infracción no se puede presumir dolo.

Sin embargo, se estima necesario disuadir en el futuro la comisión de este tipo de faltas.

Por último, para fijar la sanción en el presente caso, debe considerarse, en primer lugar, lo previsto en el inciso a), del artículo 4.10 del reglamento de la materia, que a la letra establece:

‘4.10. Si de los informes de campaña presentados por una coalición, o de su revisión, se desprenden irregularidades que constituyan una falta prevista en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en el proyecto de resolución que formule la Comisión de Fiscalización y que someta a la consideración del Consejo General del Instituto, se propondrán sanciones para los partidos políticos que hayan integrado la coalición, tomando en cuenta las circunstancias de tiempo, modo y lugar, así como la gravedad de la falta, de acuerdo con los siguientes principios generales:

a) Si se trata de infracciones que tengan relación con los ingresos, se sancionará al partido político que los haya recibido, salvo que se trate de ingresos recibidos directamente por los candidatos, caso en el cual se aplicarán sanciones a todos los partidos políticos integrantes de la coalición, de conformidad con la proporción en que hayan acordado distribuirse los montos correspondientes.

...

Así, debe tenerse en cuenta lo acordado por los partidos Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México en el convenio de coalición parcial, suscrito el primero de marzo de dos mil tres, en el que se convino, en la cláusula séptima, inciso b), lo siguiente:

‘B. Monto de las aportaciones de cada partido para el financiamiento de la campaña.

En cumplimiento a lo establecido por los artículos 62, numeral 1, inciso h) y 63, numeral 2 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, convienen las partes coaligantes que las aportaciones de los partidos políticos coaligados parcialmente, para cubrir las actividades tendientes a la obtención del voto en la campaña electoral, se realizará de la suma de los topes de gastos de campaña de los noventa y siete distritos, que equivale a $82,377,109.35 (ochenta y dos millones trescientos setenta y siete mil ciento nueve pesos 35/100 M.N.). De esta cantidad los partidos coaligantes aportarán los siguientes porcentajes.

Partido Verde Ecologista de México: 12.37%.

Partido Revolucionario Institucional: 87.63%’.

En consecuencia, para determinar la sanción que corresponde a cada partido integrante de la coalición, deben considerarse las aportaciones totales de los partidos políticos que integraron la Coalición ‘Alianza para Todos’ en el proceso electoral federal del año dos mil tres, mismas que constan en el dictamen consolidado respecto de los informes de campaña correspondientes al proceso electoral del año dos mil tres.

Al respecto, cabe precisar que en la determinación de la sanción individual que corresponderá a cada partido político, esta autoridad considera que es justamente el esquema de participación en los ingresos de la coalición, es decir, en las finanzas de la misma, el que debe regir cuando se trata de determinar el porcentaje de una sanción que habrá de cubrir cada partido, pues sólo de ese modo se atiende a la proporción que los propios partidos decidieron darse en el manejo financiero de la ‘Alianza para Todos’. Recuérdese, por cierto, que dicho criterio ha sido adoptado por este Consejo General en otras ocasiones, destacadamente en el proceso de fiscalización de los ingresos y gastos de campaña del año dos mil.

En mérito de lo que antecede, este Consejo General llega a la convicción de que se debe imponer a los partidos políticos que integraron la Coalición ‘Alianza para Todos’ una sanción económica que tome en cuenta las circunstancias del caso y la gravedad de la falta, por lo que considera que debe fijarse una sanción cuyo monto total ascienda a $85,000.00 (ochenta y cinco mil pesos 00/100 M.N.). La sanción referida se distribuye entre los partidos que integraron la Coalición ‘Alianza para Todos’ de conformidad con el porcentaje de su participación en los ingresos de la misma, por lo que se impone al Partido Revolucionario Institucional una sanción cuyo monto ascienda a $74,485.50 (setenta y cuatro mil cuatrocientos ochenta y cinco pesos 50/100 M.N.), y al Partido Verde Ecologista de México una sanción cuyo monto ascienda a $10,514.50 (diez mil quinientos catorce pesos 50/100 M.N.).

Para imponer las sanciones mencionadas, esta autoridad electoral no sólo toma en cuenta la gravedad de la falta y las circunstancias específicas del caso, sino que además considera que, dada la naturaleza de las conductas desplegadas, la sanción ha de resultar idónea para disuadir la realización futura de actos como los que ahora se valoran.

h) En el capítulo de conclusiones finales de la revisión del informe, visibles en el cuerpo del dictamen consolidado correspondiente, se señala en el numeral trece lo siguiente:

‘13. De la revisión efectuada por la comisión, se encontró que la coalición reportó gastos centralizados que no fueron pagados con una cuenta bancaria CBN-COA por un importe total de $16’986,488.16 (dieciséis millones novecientos ochenta y seis mil cuatrocientos ochenta y ocho pesos 16/100 M.N.).

Tal situación constituye, a juicio de esta comisión, un incumplimiento a lo establecido en el artículo, 1.6 del Reglamento que Establece los Lineamientos, Formatos, Instructivos, Catálogos de Cuentas y Guía Contabilizadora Aplicable a los Partidos Políticos Nacionales en el Registro de sus Ingresos y Egresos y en la Presentación de sus Informes, por lo que se hace del conocimiento del Consejo General para efectos de lo establecido en el artículo 269, párrafo 2, inciso b) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.’

Se procede a analizar la irregularidad reportada en el dictamen consolidado.

Mediante oficio número STCFRPAP/1350/03, recibido por la coalición el día cinco de diciembre de dos mil tres, se solicitó a la coalición lo que a continuación se señala:

De la verificación realizada a la documentación presentada por la coalición, se observó que los gastos centralizados se efectuaron con recursos provenientes de cuentas bancarias CB-CEN del Partido Revolucionario Institucional. Sin embargo, los gastos centralizados de la coalición se debieron controlar con una cuenta CBN-COA. Por tal razón se solicitó a la coalición que presentara las aclaraciones que a su derecho convinieran y en su caso las correcciones que procedieran. Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1.6 y 3.2 del reglamento de la materia.

Al respecto, mediante escrito número SAF/0345/03 de fecha diecinueve de diciembre de dos mil tres, la coalición manifestó lo que a la letra se transcribe:

‘Se aclara, que esta coalición contrató los servicios de publicidad y propaganda conjuntamente con el Partido Revolucionario Institucional, por convenir mejores costos de oportunidad, razón por la cual las erogaciones y los contratos con los proveedores los efectuó directamente el partido.’

Tomando en consideración la respuesta de la coalición, la autoridad electoral consideró que no se apegó a lo dispuesto en el artículo 1.6 del reglamento de mérito.

Aunado a lo anterior, convino aclararle que un importe de $16’986,488.16 (dieciséis millones novecientos ochenta y seis mil cuatrocientos ochenta y ocho pesos 16/100 M.N.), estaba identificado claramente como gasto de la coalición, como a continuación se señala

Ahora bien, en tanto no fuera aclarada la situación de los gastos prorrateados, no resultaría posible determinar con certeza el importe que correspondía a la coalición, respecto a los gastos que se prorratearon entre la coalición y el Partido Revolucionario Institucional en las facturas señaladas con el color amarillo por un monto de $43’916,998.92 (cuarenta y tres millones novecientos dieciséis mil novecientos noventa y ocho pesos 92/100 M.N.), mismo que se presenta:

Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1.6 y 3.2 del reglamento de la materia.

La solicitud antes citada fue notificada a la coalición mediante oficio número STCFRPAP/213/04 de fecha primero de marzo de dos mil cuatro, recibido por la coalición en la misma fecha.

En consecuencia, mediante escrito número SAF/0076/04 de fecha quince de marzo de dos mil cuatro, la coalición manifestó lo que a la letra se transcribe:

‘El Partido Revolucionario Institucional contrató servicios de publicidad y propaganda que beneficiaron a la campaña de los trescientos distritos, que incluyen noventa y siete de la coalición, con el objeto de convenir mejores costos de oportunidad, por lo que las erogaciones y los contratos con los proveedores los efectuó directamente el partido, razón por la cual fueron controlados con una cuenta CBN-CEN. Por otra parte, en el cuerpo de las facturas o en las hojas membreteadas, se especificó lo afecto al partido o a la coalición, en consecuencia una vez integradas se distribuyó lo correspondiente en la contabilidad del partido y en la coalición, considerando para ésta una aportación en especie.’

Procede señalar que la coalición menciona que en el cuerpo de las facturas o en las hojas membreteadas se especificaba lo correspondiente al partido o a la coalición, sin embargo, al verificar la documentación no resultó así, por lo que dicha situación se hizo del conocimiento de la coalición, como se señala en los puntos subsecuentes.

Dentro de esta misma verificación, al analizar la evidencia presentada por la coalición, consistente en videocasetes, discos compactos y audio cintas, esta autoridad determinó que un total de $16,986,488.16 (dieciséis millones novecientos ochenta y seis mil cuatrocientos ochenta y ocho pesos 16/100 M.N.) de los gastos efectuados corresponde a la coalición.

No escapa a esta autoridad que el Partido Revolucionario Institucional contrató servicios de publicidad y propaganda con la finalidad de beneficiar a la campaña de los trescientos distritos, incluyendo los distritos de la coalición, con objeto de convenir mejores costos de oportunidad, lo cual impidió controlar a través de una cuenta CBN-COA los gastos centralizados de la coalición.

A partir de lo manifestado por la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas, este Consejo General concluye que la Coalición ‘Alianza para Todos’ incumplió con lo establecido en el artículo 1.6 del reglamento de la materia, por no abrir cuentas bancarias CBN-COA para la realización de los gastos centralizados que beneficien a varias campañas.

El artículo 1.6 del reglamento citado, obliga a los partidos políticos que formen coaliciones para abrir cuentas bancarias que se denominan CBN-COA-(siglas de la coalición) a efecto de que, a través de esas cuentas, se lleven a cabo los gastos centralizados que beneficien a varias campañas políticas de candidatos de la propia coalición, cuentas que deben ser controladas por el órgano de finanzas de la coalición, y cuentas bancarias que se denominen CBE-COA (siglas de la coalición), que serán manejadas por el representante del órgano de finanzas de la coalición en las entidades federativas.

Esta obligación se impone con la finalidad de que todos los recursos que se destinen a las campañas de candidatos postulados por la coalición provengan de estas cuentas, con el fin de evitar confusión entre los recursos de la coalición y los recursos de los partidos integrantes de la misma, máxime cuando se trata de coaliciones parciales como en el presente caso, dado que la Coalición ‘Alianza para Todos’ sólo operó para noventa y siete distritos electorales, situación que amerita llevar un control preciso sobre los recursos que se le destinan a uno y otro ente político, pues el Partido Revolucionario Institucional formó parte de la multicitada coalición y también participó en doscientos tres distritos del territorio nacional separado del Partido Verde Ecologista de México, que también la integró.

Esto es así, en virtud de que, el reglamento de la materia, señala que se deben abrir las Cuentas descritas, para llevar un registro claro de todos aquellos gastos centralizados que lleve a cabo la coalición, pues hacerlo de otra manera como lo hizo el Partido Revolucionario Institucional, provoca que la autoridad no tenga la certeza y la claridad de que lo reportado en los informes sea lo que efectivamente sucedió, ya que al controlar desde una sola cuenta los gastos que generaron las campañas del Partido Revolucionario Institucional con las generadas por la coalición, dificulta la verificación de la documentación que soporta los informes de campaña tanto de un ente político como el otro y entorpece la actividad fiscalizadora de esta autoridad electoral.

La falta se traduce en la imposibilidad, por parte de la autoridad fiscalizadora, de conocer a cabalidad la veracidad de lo reportado en los informes de campaña que tienen la obligación de presentar, por mandato de ley, las coaliciones. Asimismo, dificulta y entorpece el procedimiento de fiscalización.

Lo argumentado por la coalición no puede ser considerado como válido para dejar de cumplir la obligación que le impone la norma reglamentaria, ya que el hecho de que en la documentación que soporta la contabilidad se desglosen los gastos que se aplican a la coalición separados de los gastos que se aplican al partido político, toda vez, que con ello no se cumple con la finalidad de la norma que es, precisamente, separar la contabilidad de uno y otro ente político.

En mérito de lo anterior, este Consejo General estima que la falta se acredita, y conforme a lo establecido en el artículo 269, párrafo 2, inciso b), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, amerita una sanción.

La falta se califica como grave, en tanto que la coalición incumplió una obligación que le impone el reglamento de la materia. Es claro que, en la especie, la autoridad electoral federal no puede tener plena certeza de lo afirmado por la coalición si ésta no separa desde su origen los egresos de dos entes que son distintos como lo son la coalición y el partido político.

En mérito de lo que antecede, este Consejo General llega a la convicción de que se debe imponer a la Coalición ‘Alianza para Todos’ una sanción económica que tome en cuenta las circunstancias del caso y la gravedad de la falta, por lo que se fija a dicha coalición una sanción consistente en $218,250.00 (doscientos dieciocho mil doscientos cincuenta pesos 00/100 M.N.), que se distribuye entre los partidos que integraron la Coalición ‘Alianza para Todos’, de conformidad con el porcentaje de su participación en los ingresos, por lo que se individualiza una sanción de $191,252.48 (ciento noventa y un mil doscientos cincuenta y dos pesos 48/100 M.N.) al Partido Revolucionario Institucional, y de $26,997.52 (veintiséis mil novecientos noventa y siete pesos 52/100 M.N.) al Partido Verde Ecologista de México.

i) En el capítulo de conclusiones finales de la revisión del informe, visibles en el cuerpo del dictamen consolidado correspondiente, se señala en el numeral 14 lo siguiente:

‘14. De la revisión efectuada por la comisión, se encontró que existen facturas por concepto de gastos en televisión y radio que corresponden en su totalidad al Partido Revolucionario Institucional o, en algunos casos parte de la factura, toda vez que en las hojas membreteadas se señala que corresponden a distritos de dicho partido, sin embargo, se distribuyeron entre la coalición con un porcentaje de un 32.33% y el Partido Revolucionario Institucional con el 67.67% la coalición reportó gastos centralizados que no fueron pagados con una cuenta bancaria CBN-COA por un importe total de $14’191,785.16 (catorce millones ciento noventa y un mil setecientos ochenta y cinco pesos 16/100 M.N.).

Tal situación constituye, a juicio de esta comisión, un incumplimiento a lo establecido en los artículos 3.4, 4.8 y 10.1 del Reglamento que Establece los Lineamientos, Formatos e Instructivos Aplicable a los Partidos Políticos Nacionales que Formen Coaliciones, en el Registro de sus Ingresos y Egresos y en la Presentación de sus Informes, en relación con el 12.8 del Reglamento que Establece los Lineamientos, Formatos, Instructivos, Catálogos de Cuentas y Guía Contabilizadora Aplicable a los Partidos Políticos Nacionales en el Registro de sus Ingresos y Egresos y en la Presentación de sus Informes, por lo que se hace del conocimiento del Consejo General para efectos de lo establecido en el artículo 269, párrafo 2, inciso b) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.’

Se procede a analizar la irregularidad reportada en el dictamen consolidado.

Consta en el dictamen correspondiente que de la revisión a la información denominada ‘Prorrateo de Gastos Centralizados 2003’, ‘Cuadros de Distribución de Gastos Centralizados de la Coalición ‘Alianza para Todos’ y ‘Criterios de Prorrateo Aplicados a los Gastos de Campaña Centralizados de la Coalición ‘Alianza para Todos’ correspondiente a la coalición, así como a las facturas de los gastos centralizados y de las hojas membretadas presentadas, se observó que existían facturas correspondientes a gastos de televisión y radio que se distribuyeron entre la coalición con un porcentaje de un 32.33% y el Partido Revolucionario Institucional con el 67.67%, situación que se consideró irregular toda vez que se trataba de dos entes distintos, pues la coalición debió contratar por sí misma los tiempos en radio y televisión que utilizó, y que ya fue analizada con anterioridad.

Mediante oficio número STCFRPAP/213/04, de fecha primero de marzo de dos mil cuatro, recibido por la coalición en la misma fecha se solicitó a la Coalición ‘Alianza para Todos’, que señalara los motivos por los cuales una misma factura se distribuyó tanto para la coalición como para el Partido Revolucionario Institucional, toda vez que se trataba de dos entes distintos. Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1.6, 3.4, 4.8 del reglamento aplicable a coaliciones y 12.8 del reglamento aplicable a los partidos políticos.

Al respecto, la coalición, mediante escrito número SAF/0076/04 de fecha 15 de marzo de dos mil cuatro, dio respuesta al requerimiento formulado, manifestando lo que a la letra se transcribe:

‘El Partido Revolucionario Institucional contrató los servicios de publicidad y propaganda que beneficiaron a la campaña de los trescientos distritos, con el objeto de convenir mejores costos de oportunidad, por lo que las erogaciones y los contratos con los proveedores los efectuó directamente el partido. En consecuencia, y bajo el criterio del beneficio general, el partido prorrateo en forma equitativa y en cumplimiento a la norma, estos gastos, buscando un equilibrio de gasto entre las trescientas campañas, ya que los proveedores contratados cuentan con cobertura nacional. Razón por la cual, se tomó el criterio de distribución de gasto del 32.33% para los noventa y siete distritos de esta coalición’.

La Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas, en el dictamen consolidado consideró como no subsanada la observación realizada con base en las siguientes consideraciones.

‘Tomando en consideración la respuesta de la coalición, la autoridad electoral consideró que no fueron atendidos los artículos 1.6 y 3.4 del reglamento de la materia, así como el 12.8 del reglamento aplicable a partidos políticos, en relación con el 10.1 del reglamento de mérito, toda vez que la coalición debió presentar la totalidad de sus egresos centralizados sin que éstos fueran mezclados con los del Partido Revolucionario Institucional, por tratarse de dos entes distintos.’

Consta en el dictamen que de manera específica se fueron analizando y observando diversas facturas que amparaban gastos de radio y televisión realizados, una parte, por la coalición y otra por el Partido Revolucionario Institucional; sin embargo, la coalición hizo uso de los tiempos en radio y televisión contratados, aún y cuando las facturas estaban a nombre del Partido Revolucionario Institucional.

Facturas 3135, A-434792 y A-435507: gastos en televisión.

Consta en el dictamen, que al verificar las facturas y hojas membreteadas, la Comisión de Fiscalización observó que dichas documentales no señalaban en forma clara si los promocionales correspondían a la coalición o al Partido Revolucionario Institucional. Sin embargo, la totalidad de dichos promocionales fueron prorrateados entre la Coalición ‘Alianza para Todos’ y el Partido Revolucionario Institucional, destacando que la coalición únicamente operó en noventa y siete distritos. A continuación se señalan las facturas en comento:

*Las hojas membreteadas son por un importe de $47,247,911.32.

Mediante oficio número STCFRPAP/213/04 de fecha primero de marzo de dos mil cuatro, se solicitó a la Coalición ‘Alianza para Todos’ que presentara muestras de las versiones de los promocionales transmitidos con la finalidad de verificar los distritos beneficiados por las transmisiones en comento, las cuales debían aplicarse a quien correspondiera, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1.6, 3.4 del reglamento de mérito y 12.8 del reglamento aplicable a los partidos políticos en relación con el 10.1 del reglamento de la materia.

Al respecto, mediante escrito número SAF/0076/04 de fecha quince de marzo de dos mil cuatro, la coalición dio respuesta al requerimiento formulado, manifestando lo que a la letra se transcribe:

‘Respecto a los gastos que amparan las facturas A-434792 y 3135 de Televisa y CNI canal 40, respectivamente, se prorratearon en los trescientos distritos, por considerar que los proveedores tienen cobertura nacional, beneficiando de igual forma a cada una de las campañas. Del total de las facturas se prorrateó en la coalición un 32.33%, porcentaje que representa los noventa y siete distrito coaligados de un total de trescientos.

... (1 caja), se envían las muestras de las versiones transmitidas.’

Consta en el dictamen consolidado que la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas, revisó las muestras presentadas y constató que la caja citada no contenía una relación de los promocionales, por lo que se desconoce la localidad y la versión que fue transmitida en televisión, pues varias muestras contenían diferentes ediciones de una misma versión, en cuyo inicio aparecía el nombre de una empresa, presumiblemente, de la casa productora en calidad de prueba. Asimismo, se hizo una verificación selectiva del contenido de la caja referida en el escrito SAF/0076/04 y se encontró que de sesenta y seis promocionales observados, cincuenta y cinco correspondían al Partido Revolucionario Institucional y once a la coalición. Sin embargo, veintidós de los sesenta y seis promocionales observados que contenían etiquetas en el sobre y en el videocasete que les vinculaban a dos facturas, mientras que dieciséis carecían de vinculación alguna. Finalmente, ninguno de los sesenta y seis promocionales observados, se relacionaba con las facturas A-434792, A-435507 y 3135 porque los testigos que sí estaban etiquetados no incluían estos números. Por las razones anteriores, resultó materialmente imposible vincular dichos promocionales con las hojas membreteadas o con las facturas referidas en el escrito de la coalición.

La Comisión de Fiscalización determinó que el importe de las facturas A-434792, A-435507 y 3135 debieron considerarse de la siguiente manera:

La Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas, en el dictamen consolidado consideró como no subsanada la observación realizada con base en las siguientes consideraciones:

‘Derivado de lo anterior, y en virtud de que las facturas A-434792, A-435507 y 3135 fueron prorrateadas en forma igualitaria entre los trescientos distritos, es decir, entre los doscientos tres distritos en que compitió por sí mismo el Partido Revolucionario Institucional y los noventa y siete de la coalición, como se refleja en la información denominada ‘Prorrateo Gastos Centralizados 2003’ de fecha diecinueve de diciembre de dos mil tres proporcionado por la coalición, la observación no se consideró subsanada, en términos de los artículos 1.6, 3.4, 4.8 y 12.8 del reglamento aplicable a partidos políticos, en relación con el 10.1 del reglamento de la materia, por un importe de $14,199,415.09 (catorce millones ciento noventa y nueve mil cuatrocientos quince pesos 09/100 M.N,), mismo que se detalla a continuación:

Aunado a lo anterior, la autoridad electoral efectuó un comparativo entre los spots reportados en las hojas membreteadas anexas a las facturas A-434792 y A-435507 presentadas por la coalición contra la información proporcionada por el monitoreo contratado por el Instituto Federal Electoral y realizado por la empresa IBOPE, por lo que se determinó que los promocionales no corresponden a publicidad de la coalición, sino al Partido Revolucionario Institucional, como se detalla en el anexo 12.’

Facturas adicionales: gastos en televisión y radio

Consta en el dictamen que la Comisión de Fiscalización llevó a cabo una revisión minuciosa de las facturas o las hojas membreteadas presentadas y se encontró que la mayoría fueron aplicadas correctamente, ya sea al Partido Revolucionario Institucional o a la Coalición ‘Alianza para Todos’; sin embargo, varias de ellas, con renglones marcados de color verde, ‘aplicaban estrictamente al Partido Revolucionario Institucional’ de acuerdo con la versión de los promocionales transmitidos, pero fueron prorrateados entre la coalición y el partido citado. A continuación se señalan las facturas en comento:

Por otra parte, consta en el dictamen que según las hojas membreteadas otras facturas, con renglones marcados de color rosa, resultaban aplicables en su totalidad a la coalición de acuerdo con la versión de los promocionales transmitidos, sin embargo, fueron prorrateados a su vez al partido. A continuación se señalan las facturas en comento:

Mediante oficio número STCFRPAP/213/04, de fecha primero de marzo de dos mil cuatro, recibido por la coalición en la misma fecha se solicitó a la Coalición ‘Alianza para Todos’ que explicara la razón por la cual los promocionales transmitidos se prorratearon entre la coalición y el Partido Revolucionario Institucional, cuando en las hojas membreteadas se especificaba que las versiones transmitidas correspondían a la coalición o al Partido Revolucionario Institucional, por lo que debía realizar las correcciones que procedieran, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1.6, 3.4 y 4.8 del reglamento de la materia y 12.8 del reglamento aplicable a los partidos políticos, en relación con el 10.1 del reglamento de mérito.

Al respecto, la coalición, mediante escrito número SAF/0076/04 de fecha quince de marzo de dos mil cuatro, dio respuesta al requerimiento formulado, manifestando lo que a la letra se transcribe:

‘Gastos de televisión.

En el caso de Televisa, S.A. de C.V., facturas 434792 y 435507, por 47’247,911.31 (cuarenta y siete millones doscientos cuarenta y siete mil novecientos once pesos 31/100 M.N.), se aclara que correspondieron a spots transmitidos del primero de abril al dos de julio de dos mil tres a través de los canales del proveedor, que tiene cobertura nacional, inclusive en los distritos coaligados, por lo que tales campañas fueron beneficiadas de igual forma que los distritos del partido, ya que se difundió el emblema que también es parte del emblema de la coalición.

En el caso de MVS Televisión, S.A. de C.V., factura 8416, por 2’875,000.00 (dos millones ochocientos setenta y cinco mil pesos 00/100 M.N.), se aclara que correspondieron a spots transmitidos del primero de abril al dos de julio de dos mil tres en el sistema de televisión restringida o por cable MAS TV, que tiene cobertura nacional, inclusive en los distritos coaligados, por lo que tales campañas fueron beneficiadas de igual forma que los distritos del partido, ya que se difundió el emblema que también es parte del emblema de la coalición.

Por lo que se refiere a los gastos de televisión contratados con Editorial Clío, Libros y Videos, S.A. de C.V., facturas 24426 y 24427, por un importe total de 1’725,000.49 (un millón setecientos veinticinco mil 49/100 M.N.), se aclara que correspondieron a spots transmitidos del veinte de abril al veintinueve de junio de dos mil tres en XEW canal 2, que tiene cobertura nacional, inclusive en los distritos coaligados, por lo que tales campañas fueron beneficiadas de igual forma que los distritos del partido, ya que se difundió el emblema que también es parte del emblema de la coalición.

En el caso de Publicidad Virtual, S.A. de C.V., facturas 3035 y 3031, por un total de 2’300,000.00 (dos millones trescientos mil pesos 00/100 M.N.), se aclara que correspondieron a publicidad transmitida en partidos de fútbol soccer en la temporada clausura dos mil tres, en canales de televisión abierta 2, 5, 7, 9 y 13, que tienen cobertura nacional, tanto en los distritos coaligados como en los del partido, por lo que tales campañas fueron beneficiadas de igual forma, ya que se difundió el emblema que también es parte del emblema de la coalición.

... se envían copia de los contratos de los proveedores citados, donde se menciona la cobertura de los servicios prestados.

... se envían las muestras de las versiones transmitidas de Editorial Clío, Libros y Videos, S.A. de C.V. y Televisa, S.A. de C.V., de este último proveedor, se hace la aclaración que lo transmitido corresponde al material elaborado por Quadrum Producciones, S.A. de C. V.

Gastos de radio.

Por lo que se refiere a las facturas 12187 y 12188 de Sociedad Mexicana de Radio, S.A. de C.V., 68632 de Corporación Mexicana de Radiodifusión, 38262 y 38265 de Radiorama, S.A. de C.V., 19015 y 19016 de Radiodifusoras Asociadas, S.A. de C.V., y 934 de Grupo Radio Centro, S.A. de C.V., los gastos correspondientes a los Estados de Aguascalientes y Yucatán, se prorratearon entre todos sus distritos, tanto en los de la coalición como en los del partido, debido a que fueron beneficiados de igual forma por la cobertura de las radiodifusoras.

En anexo 2, se envían las muestras de los spots de los proveedores Sociedad Mexicana de Radio, S.A. de C.V., Corporación Mexicana de Radiodifusión y Radiorama, S.A. de C. V., en el caso de Radiodifusoras Asociadas, S.A. de C. V. y Grupo Radio Centro, S.A. de C.V., en anexo 1, apartado 4, se envía copia del oficio de solicitud al proveedor de las muestras de los spots, por lo que una vez que se reciban, se enviarán a esa autoridad’.

Consta en el dictamen consolidado que del análisis a lo manifestado por la coalición y a la documentación presentada, se determinó que de acuerdo con la versión de los promocionales presentados y de la localidad de cobertura de señal en que se trasmitieron los gastos, los siguientes gastos correspondían al Partido Revolucionario Institucional:

Asimismo, la Comisión de Fiscalización argumenta que dentro del dictamen que los contratos celebrados con Televisa, S.A. de C.V., MVS Televisión, S.A. de C.V., Editorial Clío Libros y Videos, S.A. de C.V., y con Publicidad Virtual, S.A. de C.V. presentados, solo hacen alusión a ‘el partido’ y no mencionan en su contenido a la Coalición ‘Alianza para Todos’,

Consta en el dictamen consolidado que del análisis a lo manifestado por la coalición y a la documentación presentada, se determinó que de acuerdo con la versión de los promocionales presentados y de la localidad de cobertura de señal en que se trasmitieron los gastos, los siguientes gastos correspondían a la coalición:

La Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas, en el dictamen consolidado consideró como no subsanada la observación realizada con base en las siguientes consideraciones:

‘Por todo lo anterior, al ser prorrateadas las facturas en cita de manera igualitaria entre los doscientos tres distritos del partido y los noventa y siete de la coalición, cuando corresponden en forma específica a la coalición o al partido, y al no presentarse la nueva versión de dichos informes derivado de las observaciones realizadas por la autoridad electoral, la observación no quedó subsanada, puesto que incumple lo establecido en los artículos 1.6, 3.4 y 4.8 del reglamento de la materia y 12.8 del reglamento aplicable a partidos políticos, en relación con el 10.1 del reglamento de mérito...’

Por todo lo antes expuesto, las cifras que corresponden por gastos centralizados a la Coalición ‘Alianza para Todos’son las determinadas por la Comisión de Fiscalización y que se detallan en el anexo 13 del dictamen consolidado.

Los artículos que se consideran violados del reglamento aplicable a los partidos políticos que formen coaliciones establecen lo siguiente:

‘Artículo 1.6.

Para la realización de gastos centralizados que beneficien a varías campañas políticas de candidatos de la coalición, deberán abrirse cuentas bancarias que se denominarán CBN-COA-(siglas de la coalición), que serán manejadas por el órgano de finanzas de la coalición, y CBE-COA-(siglas de la coalición), que serán manejadas por los representantes del órgano de finanzas de la coalición en las entidades federativas.

Artículo 3.4.

Los gastos de campaña centralizados y las erogaciones que involucren dos o más campañas de una coalición de cualquier tipo, serán distribuidos o prorrateados entre las distintas campañas de la siguiente forma:

Por lo menos el cincuenta por ciento del valor de las erogaciones deberá ser distribuido o prorrateado de manera igualitaria entre todas las campañas de candidatos de la coalición que se hayan beneficiado con tales erogaciones;

El cincuenta por ciento restante de su valor será distribuido o prorrateado de acuerdo con los criterios y bases que la coalición haya adoptado. Dicho criterio deberá hacerse del conocimiento de la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas, a través de su Secretaría Técnica, al momento de la presentación de los informes de campaña.

Artículo 4.8.

De conformidad con lo establecido por los artículos 19 y 20 del Reglamento que Establece los Lineamientos, Formatos, Instructivos, Catálogos de Cuentas y Guía Contabilizadora Aplicables a los Partidos Políticos Nacionales en el Registro de sus Ingresos y Egresos y en la Presentación de sus Informes, la Comisión de Fiscalización, a través de su Secretario Técnico, tendrá en todo momento la facultad de solicitar a los órganos responsables del financiamiento de cada coalición y de los partidos políticos que la integren, o a quien sea responsable de conformidad con lo establecido por el artículo 3.1, la documentación necesaria para comprobar la veracidad de lo reportado en los informes, así como las aclaraciones o rectificaciones que se estimen pertinentes. Durante el período de revisión de los informes, se deberá permitir a la autoridad electoral el acceso a todos los documentos originales que soporten los ingresos y egresos correspondientes, así como a las contabilidades de la coalición y de los partidos políticos que la integren, incluidos los estados financieros.

Artículo 10.1.

Las coaliciones, los partidos políticos que las integren y los candidatos que postulen deberán ajustarse, en todo lo que no esté previsto expresamente por el presente reglamento y no se oponga al mismo, a lo dispuesto por el Reglamento que Establece los Lineamientos, Formatos, Instructivos, Catálogos de Cuentas y Guía Contabilizadora Aplicables a los Partidos Políticos Nacionales en el registro de sus Ingresos y Egresos y en la Presentación de sus Informes, publicado en el diario oficial de la federación el tres de enero de dos mil tres.’

Asimismo, el artículo 12.8 del reglamento aplicable a los partidos políticos a la letra señala:

‘Artículo 12.8.

Los comprobantes de los gastos efectuados en propaganda en radio y televisión deberán incluir, en hojas membreteadas de la empresa que se anexen a cada factura, una relación de cada uno de los promocionales que ampara la factura y el período de tiempo en el que se transmitieron. Los promocionales que resulten de las bonificaciones recibidas por el partido por la compra de otros promocionales son parte de la operación mercantil y no implican donación alguna, siempre y cuando su valor unitario no sea menor al mínimo de las tarífas que fije la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de conformidad con los artículos 9, fracción IV, y 53 de la Ley Federal de Radio y Televisión, tarífas estas últimas que se harán del conocimiento de los partidos políticos con un mes de antelación al inicio de las campañas electorales, previa solicitud a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. En las hojas membreteadas deberá incluirse el valor unitario de todos y cada uno de los promocionales, independientemente de que éstos sean o no resultado de bonificaciones. El importe y el número total de los promocionales detallados en las hojas membreteadas debe coincidir con el valor y número de promocionales que ampara la factura respectiva, incluyendo los promocionales resultado de las bonificaciones antes referidos.

a) Los comprobantes de gastos efectuados en propaganda en televisión también deberán especificar el tipo o tipos de promocionales que amparan, y el número de transmisiones realizadas para cada tipo de promocional, sean promocionales regulares o spots, publicidad virtual, superposición con audio o sin audio, exposición de logo en estudio, patrocinio de programas o eventos, o cualquier otro tipo de publicidad. Los partidos políticos deberán solicitar que, junto con la documentación comprobatoria del gasto y en hojas membreteadas de la empresa correspondiente, se anexe una relación pormenorizada de cada uno de los promocionales que ampare la factura. Dicha relación deberá incluir:

Independientemente de que dicha difusión se realice a través de estaciones de origen o repetidoras, las siglas y el canal en que se transmitió cada uno de los promocionales;

La identificación del promocional transmitido;

El tipo de promocional de que se trata;

La fecha de transmisión de cada promocional;

La hora de transmisión;

La duración de la transmisión;

El valor unitario de cada uno de los promocionales.

b) Los comprobantes de gastos efectuados en propaganda en radio, también deberán especificar el tipo o tipos de promocionales que amparan, y el número de transmisiones realizadas para cada tipo de promocional, sean promocionales regulares o spots, patrocinio de programas o eventos, o cualquier otro tipo de publicidad. Los partidos políticos deberán solicitar que, junto con la documentación comprobatoria del gasto y en hojas membreteadas del grupo o empresa correspondiente, se anexe una desagregación semanal que contenga, para cada semana considerada de lunes a domingo, la siguiente información:

Independientemente de que la transmisión se realice a través de estaciones de origen o repetidoras, el nombre de la estación, la banda, las siglas y la frecuencia en que se transmitieron los promocionales difundidos;

El número de ocasiones en que se transmitió cada promocional durante la semana correspondiente, especificándose el tipo de promocional de que se trata, y la duración del mismo;

El valor unitario de cada uno de los promocionales.

c) Toda la facturación que ampare la compra de cualquier tipo de promocional deberá expedirse a nombre del partido político.’

A partir de lo manifestado por la Comisión de Fiscalización, este Consejo General concluye que la Coalición ‘Alianza para Todos’ incumplió lo previsto por los artículos 1.6, 3.4, 4.8 y 10. 1 del Reglamento que Establece los Lineamientos, Formatos e Instructivos Aplicables a los Partidos Políticos Nacionales que Formen Coaliciones, en el Registro de sus Ingresos y Egresos y en la Presentación de sus Informes; así como por el artículo 12.8 del Reglamento que Establece los Lineamientos, Formatos, Instructivos, Catálogos de Cuentas y Guía Contabilizadora Aplicables a los Partidos Políticos en el Registro de sus Ingresos y Egresos y en la Presentación de sus Informes; toda vez que presentaron facturas por concepto de gastos en televisión y radio que corresponden en su totalidad o en parte al Partido Revolucionario Institucional, siendo que en las hojas membreteadas se señala que corresponden a distritos donde dicho partido contendió solo, sin embargo, se distribuyeron dichos gastos entre la coalición y el Partido Revolucionario Institucional con porcentajes de 32.33% y 67.67%, respectivamente.

Este Consejo General considera que los promocionales o spots aparecidos en diversos canales de televisión y estaciones de radio de todo el país, deben considerarse como propaganda electoral, pues de conformidad con el artículo 182, párrafo 4 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, por el término ‘propaganda electoral’ debe entenderse el conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que durante la campaña electoral producen y difunden los partidos políticos, los candidatos registrados y sus simpatizantes, con el propósito de presentar ante la ciudadanía las candidaturas registradas.

La coalición formada por el Partido Revolucionario Institucional y el Partido Verde Ecologista de México contendió en noventa y siete distritos, distribuidos en diversas entidades federativas del país, por lo que la propaganda en radio y televisión para la difusión de las campañas en esos distritos, debió haber sido contratada y pagada directamente con recursos de la coalición. Asimismo, la coalición solamente debió haber participado en el pago de promocionales relativos a la propaganda de la coalición, pues se encontraba impedida para contratar y pagar promocionales relacionados con propaganda del Partido Revolucionario Institucional relativa a las campañas electorales en los doscientos tres distritos donde no hubo coalición.

A partir del registro de la coalición por parte del Consejo General del Instituto Federal Electoral, la misma conformó un ente distinto a la de los partidos políticos que la integraban, específicamente en los distritos donde contendió aquélla; por lo que el gasto efectuado debió corresponder exclusivamente a los promocionales de la coalición y no a los de los partidos políticos que la integraban.

En la especie, el Partido Revolucionario Institucional pretendió beneficiarse del criterio del prorrateo, asignando a la coalición gastos por concepto de radio y televisión, cuando en varios casos, las facturas correspondientes amparaban gastos de propaganda de dicho partido en los distritos en los que contendió solo. Por su parte, la coalición incumplió con lo dispuesto en las normas reglamentarias citadas en tanto que pagó promocionales de un ente diverso.

Los promocionales cuyas facturas fueron observadas por la Comisión de Fiscalización y que no fueron explicados por la coalición, se produjeron y difundieron durante la campaña electoral y tuvieron como finalidad presentar ante los ciudadanos una opción electoral, pues en todos esos promocionales aparecen logotipos, nombres de candidatos, planes, programas, compromisos, invitaciones a eventos de campaña, mensajes de apoyo, etc. En ese sentido, esta autoridad electoral considera que el objeto directo y genérico de estos promocionales en televisión y radio, fue la inducción al voto a favor de la coalición y en especifico del Partido Revolucionario Institucional, así como de los candidatos respectivos, por lo que el gasto en propaganda del Partido Revolucionario Institucional no debió haber sido prorrateada para la coalición. En consecuencia, esas erogaciones tuvieron implicaciones en el desarrollo de las diversas campañas del Partido Revolucionario Institucional, como se analiza en el capítulo correspondiente a dicho partido político dentro del dictamen consolidado.

Por todo lo anterior, los gastos de la coalición no fueron pagados directamente a través de las cuentas de ésta por lo que existe una violación al artículo 1.6 del reglamento aplicable a los partidos políticos que formen coaliciones, situación que fue analizada con anterioridad. Asimismo, el prorrateo de este gasto para las campañas de la coalición debió hacerse conforme al artículo 3.4 del mismo reglamento; sin embargo, la coalición prorrateo sus gastos por tiempos en radio y televisión a nivel central con el criterio de 62.57% y 32.33% para el Partido Revolucionario Institucional y la coalición, respectivamente, sin que ello fuese aplicable, pues los promocionales relacionados con propaganda sólo del Partido Revolucionario Institucional no debieron haber sido pagados por la coalición, por lo que ni siquiera aplicaba el prorrateo de gastos. Adicionalmente, la coalición no cumplió con su obligación de presentar a detalle los comprobantes de gasto efectuados en propaganda de radio y televisión referidos a los promocionales exclusivamente de la coalición, por lo que violentó lo dispuesto por el artículo 12.8 del reglamento aplicable a los partidos políticos nacionales, que conforme al artículo 10.1 del reglamento de coaliciones, también le era exigible observar.

Así pues, la falta se acredita y, conforme a lo establecido en el artículo 269, párrafo 2, inciso b) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, amerita una sanción.

La falta se califica como grave, pues la Coalición ‘Alianza para Todos’ violó diversas disposiciones reglamentarias conforme a lo señalado en párrafos anteriores, además de que su incumplimiento se traduce en la imposibilidad de que esta autoridad tenga certeza sobre los promocionales pagados por una parte, por la coalición y por la otra, por los partidos políticos que la integraban. Debe tenerse en cuenta que el espíritu de la norma es el que los partidos y coaliciones sustenten en medios objetivos los egresos realizados por concepto de gasto de propaganda en radio y televisión, en los que se refleje con nitidez, tanto el tipo de promocionales que amparan, como el número de transmisiones realizadas para cada tipo de promocional. El incumplimiento de la norma genera confusión entre los egresos reales de la coalición y los de los partidos que la integraban.

Por otra parte, esta autoridad, en la determinación de la gravedad de la falta, estima que es necesario disuadir en el futuro la comisión de este tipo de faltas, ya que en particular las irregularidades administrativas señaladas, pueden provocar que la autoridad electoral no pueda realizar cabalmente la función de fiscalización que la ley le asigna, ni vigilar el efectivo cumplimiento de las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias aplicables.

En mérito de lo que antecede, este Consejo General llega a la convicción de que se debe imponer a la Coalición ‘Alianza para Todos’ una amonestación pública.

j) En el capítulo de conclusiones finales de la revisión del informe, visibles en el cuerpo del dictamen consolidado correspondiente, se señala en el numeral 15 lo siguiente:

‘15. De la revisión efectuada por la comisión, se localizó una factura por un importe de $38,122.50 (treinta y ocho mil ciento veintidós pesos 50/100 M.N.), que fue prorrateado en el Estado de Sonora, el cual fue coaligado, sin embargo, en las hojas membreteadas se observó que las versiones transmitidas correspondían al Partido Revolucionario Institucional.

Tal situación constituye, a juicio de esta comisión, un incumplimiento a lo establecido en el artículo, 4.8 y 10.1 del Reglamento que Establece los Lineamientos, Formatos e Instructivos Aplicable a los Partidos Políticos Nacionales que Formen Coaliciones, en el Registro de sus Ingresos y Egresos y en la Presentación de sus Informes, en relación con el artículo 12.8 del Reglamento que Establece los Lineamientos, Formatos, Instructivos, Catálogos de Cuentas y Guía Contabilizadora Aplicable a los Partidos Políticos Nacionales en el Registro de sus Ingresos y Egresos y en la Presentación de sus Informes, por lo que se hace del conocimiento del Consejo General para efectos de lo establecido en el artículo 269, párrafo 2, inciso b) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.’

Se procede a analizar la irregularidad reportada en el dictamen consolidado.

Del análisis de la documentación presentada, se determinó que de acuerdo con la versión de los promocionales presentados y de la localidad de cobertura de señal en que se trasmitieron los gastos, corresponden al Partido Revolucionario Institucional, en los siguientes casos:

Cabe mencionar, que los contratos celebrados con Televisa, S.A. de C.V., MVS Televisión, S.A. de C.V., Editorial Clío Libros y Videos, SA de C.V., y con Publicidad Virtual, S.A. de C.V. presentados a esta autoridad electoral, sólo hacen alusión a ‘el partido’ y no mencionan en su contenido a la Coalición ‘Alianza para Todos’.

Asimismo, se determinó que los gastos corresponden a la coalición, en los siguientes casos:

Por todo lo anterior, al ser prorrateadas las facturas en cita de manera igualitaria entre los doscientos distritos del partido y los noventa y siete de la coalición, cuando corresponden en forma específica a la coalición o al partido, y al no presentarse la nueva versión de dichos informes derivado de las observaciones realizadas por la autoridad electoral, la observación no quedó subsanada, puesto que incumple lo establecido en los artículos 1.6, 3.4 y 4.8 del reglamento de la materia y 12.8 del reglamento aplicable a partidos políticos, en relación con el 10.1 del reglamento de mérito, por un importe de $8,043.63 (ocho mil cuarenta y tres pesos 63/100 M.N.), mismo que incluye la suma de diferencias de los renglones sombreados de color verde y de color rosa, como se indica a continuación:

El renglón marcado en color oro correspondía a promocionales transmitidos en el Estado de Sonora, en el cual el partido contendió de manera coaligada. Sin embargo en las hojas membreteadas se observó que correspondían al Partido Revolucionario Institucional, como se señala a continuación:

Por lo anterior, se solicitó a la coalición que explicara la razón por la cual en una entidad federativa donde el partido contendió de manera coaligada, fueron transmitidos promocionales de versiones correspondientes al Partido Revolucionario Institucional, en términos de lo dispuesto por los artículos 1.6, 3.4 y 4.8 del reglamento de la materia y 12.8 del reglamento aplicable a partidos políticos, en relación con el 10.1 del reglamento de mérito.

La solicitud antes citada fue notificada a la coalición mediante oficio número STCFRPAP/213/04, de fecha primero de marzo de dos mil cuatro, recibido por la coalición en la misma fecha.

Al respecto, mediante escrito número SAF/0076/04 de fecha quince de marzo de dos mil cuatro, la coalición manifestó lo que a la letra se transcribe:

‘Respecto a PEFAC División Medios, S.A. de C.V., factura 577, por 88,454.17 (ochenta y ocho mil cuatrocientos cincuenta y cuatro pesos 17/100 M.N.), debido a un error de programación del proveedor, se transmitieron por sistema de televisión por cable, en distritos coaligados, promocionales del partido, sin embargo se prorratearon en la coalición, en virtud de que tales campañas fueron beneficiadas directamente, ya que se difundió el emblema del partido que también es parte del emblema de la coalición.

... se envían las muestras de las versiones transmitidas’.

La respuesta de la coalición se considero insatisfactoria, ya que de la revisión a las muestras presentadas y del análisis selectivo a su contenido, se observó que once de los dieciséis promocionales correspondientes a esta empresa son versiones específicas del partido. Cabe destacar que no es posible vincularlos en particular a la factura 577, porque los videocasetes carecían de una etiqueta que indicara el citado número de factura. En consecuencia, al transmitirse promocionales en un estado donde el partido contendió de manera coaligada; al prorratearse en forma igualitaria entre todos los distritos de Sonora, y al no presentarse la nueva versión de dichos informes derivado de las observaciones realizadas por esta autoridad electoral, la observación no quedó subsanada al incumplir con lo establecido en los artículos 1.6, 3.4 y 4.8 del reglamento de la materia y 12.8 del reglamento aplicable a partidos políticos, en relación con el 10.1 del reglamento de mérito, por un importe de $38,122.50 (treinta y ocho mil ciento veintidós pesos 50/100 M.N.).

A partir de lo manifestado por la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas, este Consejo General concluye que la Coalición ‘Alianza para Todos’ incumplió con lo establecido en los artículos 4.8, 10.1 del reglamento de la materia y 12.8 del reglamento aplicable a los partidos políticos.

El artículo 4.8 señala, que el Secretario Técnico de la Comisión de Fiscalización tendrá en todo momento la facultad de solicitar a la coalición, la documentación necesaria para comprobar la veracidad de lo reportado en los informes.

El artículo 10.1 señala la aplicación supletoria del reglamento aplicable a los partidos políticos, en todo lo que no se encuentre previsto en el reglamento de la materia.

Por su parte el artículo 12.8 del reglamento aplicable a partidos políticos, establece que las hojas membreteadas que se expidan por las empresas deberán contener una relación de cada uno de los promocionales que ampara la factura y el período en que se transmitieron, se deberá incluir el valor unitario de todos y cada uno de los promocionales y coincidir con el valor y número de promocionales que ampara la factura respectiva.

La obligación contenida en el último artículo citado, se impone con la finalidad de que las hojas membreteadas especifiquen claramente cómo fue aplicado el valor de la factura, razón por la que deben tener plena coincidencia una y otra, pues, lo detallado en la hoja membreteada, sirve de sustento para facilitar a la autoridad que todas las normas relativas a este tipo de propaganda se ajusten a lo ordenado en la ley y el reglamento, de ahí que cuando esta autoridad advierte que las hojas que presenta la coalición política para respaldar la factura no coincidan con lo asentado en ella, concluye válidamente que la coalición no observó la obligación que le impone el citado artículo 12.8 del reglamento aplicable a partidos políticos.

Esto es así, en virtud de que en la factura se señala un importe de $38,122.50 (treinta y ocho mil ciento veintidós pesos 50/100 M.N.), que fue prorrateado, en el Estado de Sonora, en donde participó la coalición, sin embargo, en las hojas membreteadas, se observó que las versiones transmitidas corresponden exclusivamente al Partido Revolucionario Institucional, por ello no puede tenerse por cumplida la obligación en comento, pues la factura y las hojas membreteadas no coinciden y la coalición al responder a la solicitud de aclaración de esta autoridad no aporta elementos suficientes que permitan estimar subsanada la observación de mérito.

Así las cosas, en virtud de que el reglamento de la materia, impone la obligación de llevar un registro claro de todos aquellos gastos que lleve a cabo la coalición, pues hacerlo de otra manera, como lo hizo el Partido Revolucionario Institucional, provoca que la autoridad no tenga la certeza y la claridad de que lo reportado en los informes sea lo que efectivamente sucedió, y dificulta la verificación de la documentación que soporta los informes de campaña tanto de un ente político como el otro y entorpece la actividad fiscalizadora de esta autoridad electoral.

La falta se traduce en la imposibilidad por parte de la autoridad, de conocer a cabalidad la veracidad de lo reportado en los informes de campaña que tienen la obligación de presentar, por mandato de ley, las coaliciones.

Lo argumentado por la coalición no puede ser considerado como válido para dejar de cumplir la obligación que le impone la norma reglamentaria, ya que el hecho de que en la factura se describa un criterio de aplicación del gasto y en las hojas membreteadas otro, no cumple con la finalidad de la norma que es, precisamente, separar la contabilidad de uno y otro ente político.

En mérito de lo anterior, este Consejo General estima que la falta se acredita, y conforme a lo establecido en el artículo 269, párrafo 2, inciso b), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, amerita una sanción.

La falta se califica como grave, en tanto que la coalición incumplió una obligación que le impone el reglamento de la materia. Es claro que, en la especie, la autoridad electoral federal no puede tener plena certeza de lo afirmado por la coalición si ésta no separa desde su origen los egresos propios de los de uno de los partidos que la integran.

En mérito de lo que antecede, este Consejo General llega a la convicción de que se debe imponer a la Coalición ‘Alianza para Todos’ una sanción económica que tome en cuenta las circunstancias del caso y la gravedad de la falta, por lo que se fija a dicha coalición una sanción consistente en $3,812.25 (tres mil ochocientos doce pesos 25/100 M.N.), que se distribuye entre los partidos que integraron la Coalición ‘Alianza para Todos’, de conformidad con el porcentaje de su participación en los ingresos, por lo que se individualiza una sanción de $3,340.68 (tres mil trescientos cuarenta pesos 68/100 M.N.), al Partido Revolucionario Institucional, y de $471.57 (cuatrocientos setenta y un pesos 57/100 M.N.), al Partido Verde Ecologista de México.

k) En el capítulo de conclusiones finales de la revisión del informe, visibles en el cuerpo del dictamen consolidado correspondiente, se señala en el numeral 18 lo siguiente:

‘18. Al aplicar las cifras determinadas por auditoría en el prorrateo de gastos presentado por la coalición, se determinó que en cuatro distritos electorales, se rebasó el tope de gastos de campaña establecido para la elección de diputados por el principio de mayoría relativa en el proceso electoral del año dos mil tres. Los cuales se señalan a continuación:

Tal situación constituye, a juicio de esta comisión, un incumplimiento a lo establecido en los artículos los artículos 41, fracción II, último párrafo de la Constitución y 182-A, párrafo 1 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, por lo que se hace del conocimiento del Consejo General para efectos de lo establecido en el artículo 269, párrafo 2, inciso f) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.’

Mediante oficio número STCFRPAP/211/04 de fecha primero de marzo de dos mil cuatro, recibido por la coalición en la misma fecha, se comunicó a la coalición, que en dos distritos electorales la coalición rebasó el tope de gastos de campaña establecido para la elección de diputados por el principio de mayoría relativa en el proceso electoral del año dos mil tres, el cual ascendía a $849,248.56 (ochocientos cuarenta y nueve mil doscientos cuarenta y ocho pesos 56/100 M.N.). Dicho tope fue aprobado por el Consejo General del Instituto Federal Electoral en sesión ordinaria celebrada el veintiocho de enero de dos mil tres y publicado en el Diario Oficial de la Federación el día once de febrero de dos mil tres. A continuación se detallan los casos en comento:

En el oficio de cuenta, se solicitó a la coalición que presentara las aclaraciones que a su derecho convinieran, con apego a lo dispuesto en los artículos 182-A, párrafo 1, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, 4.8 y 10.1, del reglamento de la materia y 15.2 del reglamento aplicable a partidos políticos, que a la letra establecen:

‘Artículo 182-A

1. Los gastos que realicen los partidos políticos, las coaliciones y sus candidatos, en la propaganda electoral y las actividades de campaña, no podrán rebasar los topes que para cada elección acuerde el Consejo General.

...

Artículo 4.8.

De conformidad con lo establecido por los artículos 19 y 20 del Reglamento que Establece los Lineamientos, Formatos, Instructivos, Catálogos de Cuentas y Guía Contabilizadora Aplicables a los Partidos Políticos Nacionales en el Registro de sus Ingresos y Egresos y en la Presentación de sus Informes, la Comisión de Fiscalización, a través de su Secretario Técnico, tendrá en todo momento la facultad de solicitar a los órganos responsables del financiamiento de cada coalición y de los partidos políticos que la integren, o a quien sea responsable de conformidad con lo establecido por el artículo 3.1, la documentación necesaria para comprobar la veracidad de lo reportado en los informes, así como las aclaraciones o rectificaciones que se estimen pertinentes. Durante el período de revisión de los informes, se deberá permitir a la autoridad electoral el acceso a todos los documentos originales que soporten los ingresos y egresos correspondientes, así como a las contabilidades de la coalición y de los partidos políticos que la integren, incluidos los estados financieros.

Artículo 10.1.

Las coaliciones, los partidos políticos que las integren y los candidatos que postulen deberán ajustarse, en todo lo que no esté previsto expresamente por el presente reglamento y no se oponga al mismo, a lo dispuesto por el Reglamento que Establece los Lineamientos, Formatos, Instructivos, Catálogos de Cuentas y Guía Contabilizadora Aplicables a los Partidos Políticos Nacionales en el Registro de sus Ingresos y Egresos y en la Presentación de sus Informes, publicado en el Diario Oficial de la Federación el tres de enero de dos mil tres.

Artículo 15.2.

Los informes anuales y de campaña que presenten los partidos políticos deberán estar respaldados por las correspondientes balanzas de comprobación y demás documentos contables previstos en este reglamento. Dichos informes deberán basarse en todos los instrumentos de la contabilidad que realice el partido a lo largo del ejercicio correspondiente. Los resultados de las balanzas de comprobación, el contenido de los auxiliares contables, las conciliaciones bancarias y los demás documentos contables previstos en el presente reglamento, deberán coincidir con el contenido de los informes presentados. Una vez presentados los informes a la comisión, las únicas modificaciones que los partidos políticos podrán realizar a su contabilidad y a sus informes, son aquéllas que se produzcan conforme a lo dispuesto en el artículo 20 de este reglamento.’

Mediante escrito SAF/0078/04 de fecha quince de marzo de dos mil cuatro, la coalición manifestó lo que a la letra se transcribe:

‘Se señala que, esta coalición analizó los gastos reportados por los distritos de referencia, encontrando que la causa principal de sobrepasar los montos en los topes de gastos de campaña de éstos, radicó en los gastos de publicidad en medios que cada uno realizó a nivel local y los efectuados a nivel central.’

Como se puede apreciar, la coalición acepta que rebasó los topes de gasto de campaña admitidos por el Consejo General del Instituto Federal Electoral.

Respecto de lo anterior, la Comisión de Fiscalización señaló lo que a continuación se transcribe:

‘La respuesta de la coalición se consideró insatisfactoria, toda vez que la norma es clara al establecer que los gastos que realicen las coaliciones no podrán rebasarlos topes que para cada elección acuerde el Consejo General.

Derivado de la revisión efectuada a la última versión de los informes de campaña proporcionados por la coalición y de la correcta aplicación del prorrateo, como se detalla en el apartado respectivo y en el anexo 14, se determinó que en cuatro distritos electorales la coalición rebasó el tope de gastos de campaña, el cual ascendía a $849,248.56 (ochocientos cuarenta y nueve mil doscientos cuarenta y ocho pesos 56/100 M.N.), como se señala a continuación:’

En consecuencia, al rebasar el tope de gastos de campaña establecido para la elección de diputados por el principio de mayoría relativa en el proceso electoral del año dos mil tres, aprobado por el Consejo General del Instituto Federal Electoral en sesión ordinaria celebrada el veintiocho de enero de dos mil tres y publicado en el Diario Oficial de la Federación el día once de febrero de dos mil tres, la coalición incumplió con lo dispuesto en el artículo 182-A, párrafo 1 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

La observación antes citada, no se hizo del conocimiento de la coalición, toda vez que el período de revisión ya había concluido’.

A partir de lo manifestado por la Comisión de Fiscalización de los Recursos y Agrupaciones Políticas, este Consejo General concluye que la Coalición ‘Alianza para Todos’ incumplió con los artículos 41, fracción II, último párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 182-A, párrafo 1, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

El último párrafo de la fracción II, del artículo 41 de la Constitución, establece que la ley debe fijar los criterios para determinar límites a erogaciones de los partidos políticos en sus campañas electorales y las sanciones que deben imponerse por el incumplimiento de las disposiciones relativas.

En cumplimiento de la norma constitucional aludida, el artículo 182-A, párrafo 1 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, establece como obligación de los partidos y coaliciones, que los gastos que realicen en propaganda electoral y actividades de campaña no rebasen por sí a través de sus candidatos los topes acordados por el Consejo General para cada elección.

El Consejo General, en ejercicio de la atribución señalada en el artículo 182-A, de la ley electoral, aprobó, en sesión ordinaria celebrada el veinte de enero de dos mil tres, el acuerdo del Consejo General del Instituto Federal Electoral, por el que se determinan los topes de gastos de campaña de diputados de mayoría relativa, para las elecciones federales en el año dos mil tres, el cual fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el día once de febrero de dos mil tres. Dicho acuerdo señala que el tope máximo de gastos de cada campaña para la elección de diputados por el principio de mayoría relativa en el proceso electoral federal del año dos mil tres, será la cantidad de $849,248.56 (ochocientos cuarenta y nueve mil doscientos cuarenta y ocho pesos 56/100 M.N.).

La autoridad electoral tiene el deber de verificar que los partidos políticos y coaliciones respeten los topes de gastos de campaña, situación que de no tenerse en cuenta implicaría dejar sin contenido normativo una disposición legal que impone una obligación a cargo de los partidos políticos de respetar los topes fijados por la autoridad electoral en cumplimiento de las disposiciones legales que reglamentan lo establecido en la base II, del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el sentido de que deberán establecerse límites a las erogaciones de los partidos políticos y coaliciones en sus campañas electorales, a los cuales deben ajustarse en tanto son considerados, por la misma disposición de nuestro ordenamiento legal supremo, como entidades de interés público.

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 269, párrafo 2, inciso f) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, un partido político debe ser sancionado cuando sobrepase durante la campaña electoral los topes fijados por el artículo 182-A del mismo ordenamiento legal.

Ahora bien, consta en el dictamen consolidado, que de una revisión efectuada a la última versión de los informes de campaña, la Comisión de Fiscalización concluyó que en cuatro distritos electorales la coalición rebasó el tope de gastos de campaña, el cual ascendía a $849,248.56 (ochocientos cuarenta y nueve mil doscientos cuarenta y ocho pesos 56/100 M.N.), como se señala a continuación:

Asimismo, debe tomarse en cuenta que el artículo 191 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales dispone que cualquier infracción a las disposiciones contenidas en el capítulo en el cual se ubica, dentro de las cuales se encuentra el referido artículo 182-A, deberán ser sancionadas en los términos que el propio código establece, lo cual se debe realizar en función de que este Consejo General ha tenido conocimiento a través del dictamen consolidado correspondiente, que se rebasaron los topes a gastos de campaña para diputados por el principio de mayoría relativa en cuatro de los distritos electorales por la coalición, situación que se tiene por plenamente acreditada.

En vista de las consideraciones anteriormente vertidas, la falta se acredita y amerita una sanción, en términos de lo establecido por los artículos 191 y 269, párrafo 2, incisos a), b) y f) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

La falta se considera como grave, pues al violarse directamente las disposiciones legales aludidas, se trastocan principios fundamentales del sistema de partidos establecido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la regulación al respecto de las actividades de los partidos políticos nacionales establecida en la ley.

El artículo 41 constitucional, en su base II, establece, entre otras cosas, que la ley garantizará que los partidos políticos nacionales cuenten de manera equitativa con elementos para llevar a cabo sus actividades y que señalará las reglas a que se sujetará el financiamiento de los partidos políticos y sus campañas electorales.

El hecho de que un partido político o coalición supere los topes de gastos de campaña definidos por el Consejo General, lo pone en una posición de ilegítima ventaja con respecto al resto de los partidos y coaliciones, en un sistema que pretende producir equidad en la contienda electoral.

Al respecto, lo establecido en los artículos 182-A y 269, párrafo 2, incisos a), b) y f) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, se considera una norma central que se dirige a tutelar el principio constitucional de equidad en las contiendas electorales, por lo que la violación a los topes de gasto es un atentado a dicho principio.

Ahora bien, para efectos de la determinación de la sanción dentro del rango establecido por la ley electoral, es preciso analizar las atenuantes y agravantes que se pueden predicar de la conducta que va a sancionarse, es decir, evaluar las circunstancias de tiempo, modo y lugar de la conducta ilícita.

Según quedó claro en el dictamen correspondiente, la falta en cuestión se produjo como consecuencia de que la coalición rebasó en cuatro distritos, el tope de gastos de campaña establecido para la elección de diputados por el principio de mayoría relativa, por el Consejo General del Instituto Federal Electoral, mediante acuerdo de fecha veinte de enero de dos mil tres.

En mérito de lo que antecede, este Consejo General llega a la convicción de que se debe imponer a la Coalición ‘Alianza para Todos’ una sanción económica que tome en cuenta las circunstancias del caso y la gravedad de la falta.

Es importante recordar que el tope de gastos de campaña para la elección de diputados por el principio de mayoría relativa en el año dos mil tres, aprobado por el Consejo General, ascendió a $849,248.56 (ochocientos cuarenta y nueve mil doscientos cuarenta y ocho 56/00 M.N.).

Cabe destacar que el criterio para la imposición de las sanciones sostenido por este Consejo General, en la resolución correspondiente a los informes de campaña del año dos mil, aprobada el día seis de abril de dos mil uno, en el caso de que los partidos o coaliciones superen los topes máximos de gastos de campaña, ha sido el siguiente: sancionar con el 40% del tope máximo establecido para gastos de campaña, adicionando a éste un 2% del tope máximo por cada punto porcentual excedido.

En el caso que nos ocupa, el 40% del tope máximo de gastos de campaña asciende a $339,688.42 (trescientos treinta y nueve mil seiscientos ochenta y ocho pesos 42/100 M.N.).

Ahora bien, el 2% del tope máximo de gastos de campaña para la elección de diputados por el principio de mayoría relativa equivale a 16,984.97 (dieciséis mil novecientos ochenta y cuatro pesos 97/100 M.N.).

Atendiendo al criterio de imposición de las sanciones antes citado, se considera que la coalición debe ser sancionada con el 40% del tope de gastos de campaña para la elección de diputados por el principio de mayoría relativa, equivalente a $339,688.42 (trescientos treinta y nueve mil seiscientos ochenta y ocho pesos 42/100 M.N.), por cada uno de los cuatro distritos en que rebasó el tope de gastos de campaña. En suma $1,358,753.68 (un millón trescientos cincuenta y ocho mil setecientos cincuenta y tres pesos 68/100 M.N.).

Para aplicar el criterio de 2% del tope máximo de gastos de campaña, para efecto de la sanción, debe considerarse que en el distrito 02 en Aguascalientes la coalición rebasó el tope de gastos de campaña en un 5%; en el distrito 03 de la misma entidad federativa en un 8%; en el distrito 02 en Campeche en un 10%; finalmente, en el distrito 08 en Chihuahua en un 5%. En suma, la sanción aplicable al partido, por este criterio asciende a un monto de $441,601.52 (cuatrocientos cuarenta y un mil seiscientos un pesos 52/100 M.N.).

El siguiente cuadro muestra gráficamente lo dicho con antelación: