JUICIO DE REVISIÓN CONSTITUCIONAL ELECTORAL

EXPEDIENTE: SUP-JRC-220/2007

ACTOR: PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

AUTORIDAD RESPONSABLE: SALA ELECTORAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE VERACRUZ.

MAGISTRADO PONENTE: PEDRO ESTEBAN PENAGOS LÓPEZ

SECRETARIOS: ANDRÉS CARLOS VÁZQUEZ MURILLO, CLAUDIA PASTOR BADILLA Y SERGIO ARTURO GUERRERO OLVERA.

México, Distrito Federal, a veinticuatro de agosto de dos mil siete.

VISTOS para resolver los autos del expediente al rubro indicado, relativo al juicio de revisión constitucional electoral promovido por el Partido Acción Nacional en Veracruz, contra la resolución de catorce de agosto de dos mil siete, emitida por el Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial del Estado de Veracruz, en el recurso de apelación RAP/8/01/030/2007, y

R E S U L T A N D O

Primero. Antecedentes. De lo expuesto por la actora y de las constancias de autos, se desprende lo siguiente:

1. El veintisiete de marzo de dos mil siete, el Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional en Veracruz emitió convocatoria a todos sus miembros activos en el Municipio de Camerino Z. Mendoza, para participar en la Convención Municipal a celebrarse el diecisiete de junio de dos mil siete y elegir candidatos a Presidente Municipal de dicho municipio.

2. El dieciocho de abril del año en curso, Gustavo Carrasco Monroy presentó su solicitud de registro como precandidato, ante el Secretario General del Comité Directivo Municipal, mismo que le fue negado, por haber realizado actos anticipados de precampaña.

3. El veinticinco siguiente Gustavo Carrasco Monroy, se inconformó por la negativa del registro ante la citada comisión, y el dos de mayo siguiente la comisión en cita ratificó la negativa del registro.

4. Inconforme con lo anterior, el siete de mayo de la presente anualidad, Gustavo Carrasco Monroy, interpuso juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, ante la responsable.

5. El veintitrés de mayo de dos mil siete, esta Sala Superior resolvió el juicio para la protección de los derechos político electorales del ciudadano SUP-JDC-460/2007, en el que se determinó, en esencia, confirmar la resolución emitida por la Comisión Electoral Interna Municipal del Partido Acción Nacional de Camerino Z. Veracruz, el dos de mayo de dos mil siete.

6. El veinticinco de julio siguiente, el Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano declaró procedente el registro de la planilla propuesta por el Partido Revolucionario Veracruzano, a la presidencia Municipal de Camerino Z. Mendoza, Veracruz, encabezada por Gustavo Carrasco Monroy.

7. El veintinueve siguiente, inconforme con lo anterior el Partido Acción Nacional interpuso recurso de apelación, en el cual se confirmó el acuerdo impugnado.

Segundo. Juicio de revisión constitucional electoral. El dieciocho de agosto de dos mil siete, Rafael Sánchez Hernández, ostentándose como representante propietario del Partido Acción Nacional, ante el Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, promovió el presente juicio de revisión constitucional electoral en contra la resolución de catorce de agosto de dos mil siete, emitida por la Sala Electoral del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz.

Tercero. Trámite y sustanciación

I. El diecinueve de agosto de dos mil siete, en la Oficialía de Partes de esta Sala Superior se recibió el oficio 1543/2007, de dieciocho de agosto de la presente anualidad, por el cual, el Presidente de la Sala Electoral del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, remitió el escrito inicial de demanda de juicio de revisión constitucional electoral, junto con el expediente RAP/08/01/030/2007.

II. El veinte de agosto de dos mil siete, la Magistrada Presidenta de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación acordó integrar el expediente SUP-JRC-220/2007 y turnarlo al Magistrado Pedro Esteban Penagos López, para los efectos establecidos en los artículos 19 y 92 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

III. El veintiuno siguiente, ordenó emplazar y dar vista al candidato registrado Gustavo Carrasco Monroy en el presente juicio a fin de que en el plazo de veinticuatro horas manifestara lo que a su derecho correspondiera, para lo cual requirió al Consejo Municipal Electoral de Camerino Z Mendoza del Instituto Electoral Veracruzano, a fin de que, en auxilio de este Tribunal realizara la diligencia de emplazamiento, misma que llevó a cabo el veintidós siguiente a las veinte horas.

IV. El veintitrés de agosto, a las 17:40 horas, Gustavo Carrasco Monroy desahogó la vista referida en el punto anterior y en la misma fecha, el magistrado instructor admitió la demanda y declaró cerrada la instrucción.

C O N S I D E R A N D O

PRIMERO. Competencia. Esta Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es competente para conocer y resolver el presente medio de impugnación, con fundamento en lo establecido en los artículos 99, párrafo cuarto, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 186, fracción III, inciso b), y 189, fracción I, inciso e), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como 4 y 87 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, en virtud de que se trata de un juicio de revisión constitucional electoral promovido por un partido político en contra de actos emitidos por la autoridad electoral de una entidad federativa, competente para resolver las controversias que surjan durante los comicios locales.

SEGUNDO. Requisitos de la demanda, presupuestos procesales y requisitos especiales de procedibilidad. Están satisfechos en los términos siguientes:

1. Forma. La demanda se presentó por escrito, ante la autoridad responsable, y en ella consta el nombre y firma de quien promueve en representación del Partido Revolucionario Institucional, se identifica el acto impugnado y la autoridad responsable, se mencionan los hechos materia de impugnación y se expresan agravios.

2. Oportunidad. La demanda se presentó dentro del plazo de cuatro días, fijado por el artículo 8 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, pues la notificación de la resolución impugnada se realizó el catorce de agosto de dos mil siete y la demanda se presentó el dieciocho de agosto del mismo año, ante lo cual se concluye que la demanda fue presentada en tiempo.

3. Legitimación. El juicio de revisión constitucional electoral se promueve por parte legítima, conforme a lo previsto por el artículo 88, párrafo 1, de la ley citada, pues el actor es un partido político.

4. Personería. Rafael Sánchez Hernández tiene la facultad suficiente para representar al partido en cuestión, en términos del artículo 88, apartado 1, inciso b), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, porque está acreditado como representante propietario del mismo ante el órgano originalmente responsable y porque es la persona que presentó el medio de impugnación jurisdiccional al cual recayó la sentencia reclamada.

5. Actos definitivos y firmes. Se encuentra satisfecho el requisito previsto en el artículo 99, párrafo cuarto, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y desarrollado en el artículo 86, apartado 1, incisos a) y f), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, pues contra la resolución reclamada no está previsto ningún otro medio de impugnación en el Código Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, ni existe disposición o principio jurídico del cual se desprenda la autorización a alguna autoridad de esa entidad para revisar y en su caso, revocar, modificar o nulificar oficiosamente el acto impugnado.

6. Violación de algún precepto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En la demanda se aducen violaciones a los artículos 14, 16, 41 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo cual es suficiente para tener por satisfecho el requisito, por tratarse de una exigencia formal, con independencia de lo que pueda resultar en un estudio de fondo.

7. La violación reclamada puede ser determinante para el resultado final de la elección. En este caso el Partido Acción Nacional impugna la aprobación del registro de la candidatura de Gustavo Carrasco Monroy, postulado por el Partido Revolucionario Veracruzano, como candidato a la presidencia Municipal de Camerino Z. Mendoza, porque no reúne los requisitos para su debido registro previstos en la Constitución y en el Código Electoral de esa entidad federativa.

El carácter de determinante atribuido a la conculcación reaclamada en el juicio de revisión constitucional electoral responde a la posibilidad de cambiar, o alterar significativamente, el curso del procedimiento electoral o bien el resultado final de la elección respectiva.

También puede ser determinante la infracción que diera lugar a la posibilidad racional de que se produjera un cambio de ganador en los comicios.

En el caso, se actualiza la exigencia en comento porque de resultar fundada la pretensión de la actora, se excluiría de la contienda a uno de los candidatos indebidamente registrados por la autoridad administrativo electoral, lo cual, evidentemente, produce la posibilidad de cambiar, o alterar significativamente, el curso del procedimiento electoral y el resultado final de la elección respectiva.

8. Posibilidad y factibilidad de la reparación. Se cumple con este requisito, pues en conformidad con lo dispuesto en los artículos 190 fracción del Código Electoral para el Estado de Veracruz, los plazos para el registro de las candidaturas en el presente año, para presidentes Municipales, son del trece al veintidós de julio del presente año, y la jornada electoral será el dos de septiembre del año en curso.

En conformidad con lo anterior, es posible que a través de este medio de defensa se repare la violación alegada, pues aún no se han consumado en forma irreparable los efectos del acto reclamado, dado que el proceso electoral en curso está en su etapa de campaña y aún no se celebra la elección ni se toma posesión del cargo respectivo.

TERCERO. La resolución reclamada es del tenor siguiente:

QUINTO. Análisis de los agravios. De los agravios expresados por el apelante, se advierte claramente su intención en que se ordene la cancelación del registro del ciudadano Gustavo Carrasco Monroy, como candidato propietario a Presidente Municipal de Camerino Z. Mendoza, Veracruz, al sostener que el registro supletorio llevado a cabo por el Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano se encuentra viciado porque:

El Partido Revolucionario Veracruzano fue omiso al solicitar el registro de su candidato prescindiendo señalar que éste había incurrido en actos anticipados de campaña sancionados por el artículo 70 del Código Electoral para el Estado de Veracruz.

La autoridad responsable fue omisa al momento de declarar procedente el registro indicado, porque tal como se desprende de la sentencia recaída al expediente SUP-JDC-460/2007 ciudadano Gustavo Carrasco Monroy, está impedido para poder ser postulado a edil para el Ayuntamiento de Camerino Z. Mendoza, Veracruz, en términos de lo dispuesto en los artículos 8 y 70 del Código de la materia, ya que fue juzgado oportunamente por la Comisión Electoral Interna del Comité Directivo Municipal del Partido Acción Nacional en Camerino Z. Mendoza, Veracruz, confirmada y juzgada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

A juicio de quienes esto resolvemos, resulta infundado lo expresado por el accionante en atención a las consideraciones siguientes:

En primer lugar, no es obligación del Partido Revolucionario Veracruzano, ni de ninguna otra institución política, imponerse de los procedimientos intrapartidistas de los demás partidos, como tampoco inmiscuirse en la vida interna de los mismos; de lo que se evidencia que no puede tratarse una omisión del Partido Revolucionario Veracruzano el no expresar en la solicitud de registro de candidatos hechos que no le constan y menos aun cuando no le son propios, en todo caso, quien debió hacerlo del conocimiento de la autoridad encargada del registro de las postulaciones, lo era el partido ahora apelante, pues es a éste a quien sí le consta el procedimiento del que sostiene que supuestamente se perdieron los derechos del ciudadano Gustavo Carrasco Monroy, para ser registrado como candidato a edil por el Ayuntamiento de Camerino Z. Mendoza, Veracruz, por haberse llevado el procedimiento sancionatorio a través de su órgano de justicia intrapartidista competente, lo que en nada responsabiliza al partido que registro al ciudadano en cuestión para dicho cargo de elección popular y menos aún, cuando que de los Estatutos del Partido Político Estatal "Revolucionario Veracruzano", se observa que el proceso de selección de candidatos, contenido en los artículos 51 al 57 de esos Estatutos, obliga a ese partido político únicamente a juzgar sobre la elegibilidad de los precandidatos a ocupar puestos de elección popular quienes deben presentar ante ese Instituto Político los documentos que la Ley requiere dependiendo al tipo de candidatura a que pretenda aspirar, por lo que el Comité Ejecutivo Estatal deberá concretarse a presentar la documentación existente ante la Convención, la que juzgara sobre la elegibilidad de éstos, conforme a la convocatoria y lineamientos expedidos al efecto por el Partido Revolucionario Veracruzano, los que se consultan a fojas ciento veintitrés a ciento treinta del expediente en estudio, sin que se denote que debiera haber negado la candidatura a Gustavo Carrasco Monroy, por cuestiones diversas a los requisitos consagrados en el artículo 69 de la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, por lo tanto, no estaría en la necesidad de negarle la postulación por tal partido y mucho menos fue omiso al no notificar al Instituto Electoral Veracruzano, sobre hechos que no le constaban.

De igual forma, la autoridad responsable no puede estar obligada a lo imposible, es decir, no es dable que el Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, al momento de regresar la verificación del cumplimiento de los requisitos de elegibilidad para llevar a cabo el registro de todas las postulaciones presentadas y en particular la que ocupan nuestra tensión, tenga que analizar la situación que tengan que guardar todos y cada uno de los ciudadanos respecto de sus derechos partidistas; cuestión diferente sería cuando un ciudadano que aspira a ser candidato a determinado cargo de elección popular se encuentra suspendido, inhabilitado o en su caso se decretó la perdida de sus derechos político-electorales, de la que necesariamente debe tenerse por sabedora a la autoridad de los ciudadanos que han sido inhabilitados, suspendidos o perdidos en los mismos, lo que conlleva en esos puestos a que se encuentren imposibilitados para ser postulados a un cargo de elección popular, lo que en el caso no acontece; por ello debe eximirse a la autoridad electoral de la responsabilidad que le atribuye el accionante, pues en todo caso, debe atenderse al principio de buena fe, esto es, que la autoridad electoral al llevar a cabo registro de las candidaturas que se aprueben confía en que los datos arrojados de la documentación que le presentan los partidos políticos para el registro de sus fórmulas a puestos de elección popular, son ciertos, y de ahí que tengan por cumplidos los requisitos de acuerdo con los documentos que el partido le aporte para ello.

Ahora bien, la sanción impuesta por la Comisión Electoral Interna. Municipal en Camerino Z. Mendoza, del Partido Acción Nacional al ciudadano Gustavo Carrasco Monroy, consistente en la negativa de registrarlo como precandidato para participar en el procedimiento de selección interna de candidatos a ediles por el ayuntamiento del Municipio de Camerino Z. Mendoza Veracruz, conforme al Reglamento de Elección de Candidatos de Elección Popular de esa organización política, que le impuso por realizar supuestos actos anticipados de precampaña, dicha situación repercute únicamente en los derechos partidistas que a la persona sancionada le corresponden dentro del Partido Acción Nacional y que de ninguna forma puedan entenderse extendidos sus efectos hacia la perdida, suspensión o inhabilitación de sus derechos político-electorales por ser su pronunciamiento exclusivo de una autoridad competente misma que debe notificarlo al Registro Federal de Electores a fin de que se realicen las inscripciones correspondientes; de igual forma no puede ser observada la sanción impuesta por un partido político a uno de sus simpatizantes o militantes conforme a sus estatutos dado que los mismos, en cada partido político varían de unos a otros y los procedimientos de selección de candidatos deben regirse por la propia normatividad de cada uno de ellos.

Asimismo, no pasa inadvertido, que para apoyar la petición el partido inconforme aduce en el sentido de que se cancele el registro otorgado, lo hace con apoyo a lo dispuesto en los artículos 331 fracción III y 333 del Código Electoral para el Estado de Veracruz, que versan, el primer numeral sobre la prohibición que tienen los precandidatos de realizar actos anticipados de campaña fuera de los plazos que señala el artículo 72 del Código Electoral y el segundo a las sanciones aplicables a las Organizaciones Políticas, así como las coaliciones y frentes que éstos formen, independientemente de las responsabilidades en que incurran sus dirigentes, miembros o simpatizantes, en la que no se encuadran a los ciudadanos en su carácter de precandidatos ni la sanción relativa a la cancelación de registro a edil, si no mas bien las mismas se encuadran en lo dispuesto en el artículo 332 en su Fracción III de su Código Electoral Vigente en el Estado, que consiste en la perdida del derecho a registrar al aspirante a candidato o cancelación del registro de candidaturas; sin embargo, para la procedencia de la sanción, el Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, tuvo a bien emitir los "LINEAMIENTOS GENERALES QUE ESTABLECEN EL PROCEDIMIENTO PARA LA SUBSTANCIACIÓN DE QUEJAS", mismos que en el artículo 1º se establece, en lo que interesa: "los presentes lineamientos tendrán por objeto regular el procedimiento para reconocimiento y sustanciación de las quejas que se presenten relativas al párrafo cuarto del artículo 70 en relación con los numerales 331, 332 y séptimo transitorio del Código Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave...", y conforme a lo señalado a lo dispuesto en el artículo 2 de los citados lineamientos, se precisa que se entenderá por Queja el escrito por medio del cual los Partidos Políticos hacen del conocimiento, del Instituto Electoral Veracruzano, actos u omisiones que se le atribuyan a los aspirantes, precandidatos u organizaciones políticas relacionados con el párrafo cuarto del artículo 70 del Código Electoral para el Estado de Veracruz, por su parte el artículo 3º establece que el procedimiento deberá iniciarse de oficio o a petición de Partidos Políticos a través de sus representantes legítimos en contra de aspirantes, precandidatos y organizaciones políticas; finalmente, el artículo 9º ordena que se emplace al ciudadano u Organización Política a quien se les considere presunto responsable para que en el plazo de cinco días argumente por escrito lo que a su derecho convenga, disposición que resulta acorde con lo dispuesto en el artículo 336 del Código de la materia, el cual establece que ninguna sanción de las señaladas en el código podrá acordarse sin que previamente la autoridad competente oiga en defensa al interesado, para lo cual deberá ser citado, a fin de que conteste los cargos y presente las pruebas tendientes a su justificación; lo que confirma que era obligación del Partido Acción Nacional hacerlo del conocimiento del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, para que de ser procedente, se iniciara la investigación correspondiente y se emplazara al infractor con el objeto de que expresar lo que a su derecho conviniera en estricta observancia de la garantía de audiencia consagrada en el artículo 17 constitucional; de lo que se concluye que la cuestión alegada se trata de una situación propiciada por el propio apelante en que la hace valer para en su beneficio.

En el mismo sentido tampoco es acertado el inconforme al señalar que la autoridad responsable debió negar el registro de candidato a edil y el ciudadano Gustavo Carrasco Monroy, por el Municipio de Camerino Z. Mendoza, Veracruz, propuesto por el Partido Revolucionario Veracruzano, en virtud de que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, juzgó al mencionado ciudadano, al confirmar dentro del expediente SUP-JDC-460/2007, la negativa de registro emitida en sesión extraordinaria por la Comisión Electoral Interna Municipal del Comité Directivo Municipal del Partido Acción Nacional en Camerino Z. Mendoza, Veracruz argumento que es inexacto, ya que basta imponernos de la sentencia recaída al expediente SUP-JDC-460/2007, emitida por la autoridad Federal Electoral supracitada, la cual obra de fojas veintitrés a treinta y siete del presente expediente, y que cobra valor jurídico pleno en términos del artículo 281, párrafo segundo, del Código Electoral Veracruzano, del cual se desprenden en la parte conducente lo siguiente: "Por ultimo, el actor tilda de ilegal la determinación atinente, porque se le obliga a probar hechos negativos.- Tal manifestación resulta inoperante para demostrar su afirmación, porque se trata de un enunciado genérico que en nada explica cuáles son los hechos negativos que estima le obligan a probar, además, que no se combaten las razones expresadas por el órgano responsable para considerar que se cometieron actos anticipados de campaña. En efecto, la responsable consideró esencialmente, que se demostraron los actos siguientes: 1. La donación de una camioneta al Patronato de Bomberos de la Ciudad; 2. La manifestación expresa del actor realizada el 11 de enero del 2007, ante el Comité Directivo Municipal del Partido Acción Nacional en Ciudad Mendoza, Veracruz de estar interesado en participar como candidato a la presidencia Municipal, con la consiguiente invitación a los presentes a sumarse a su proyecto. 3. Las visitas realizadas por la hermana del actor a los militantes del partido para que apoyaran a su hermano. 4. La Organización de una carrera ciclista en el municipio realizada el veinticinco de marzo del dos mil siete, para impulsar su candidatura. Para la comprobación de los actos relatados se valoraron diversos medios de convicción, tales como notas periodísticas, las convocatorias a la carrera ciclista, diversos escritos de autoridades municipales, a través de los cuales le solicitan al actor su apoyo para la realización de una carretera, y diversas fotografías, entre otras.- De esta suerte, si el actor se limita en sus agravios a sostener que la resolución es ilegal porque se le obliga a probar hechos negativos, resulta evidente que con tal manifestación no enfrenta las razones expresadas por la responsable y por ende, lo inoperante de sus agravios. De lo que se coligue, contrario a lo manifestado por el inconforme del análisis de dicha resolución se advierte que la autoridad superior, no sancionó al ciudadano como lo pretende hacer el actor, sino que sólo se pronunció respecto del juicio para la protección de los derechos político electorales del ciudadano, promovido por Gustavo Carrasco Monroy en contra de la resolución dictada en la sesión de fecha dos de mayo del dos mil siete, por la Comisión Electoral Interna Municipal del Partido Acción Nacional de Camerino Z. Mendoza, Veracruz, donde el partido en mención le negó el registro como precandidato a un puesto de elección popular como lo es el de edil, empero, no se denota que la Sala Superior sancionara al ciudadano, ya que incluso, se ciñó a decir que el promovente en ese diverso juicio y con relación a los supuestos actos anticipados de precampaña, que le atribuye el partido accionante, el ciudadano tilda de ilegal la determinación atinente, porque se le obliga a probar hechos negativos, concluyendo que con tales manifestaciones no enfrenta las razones expresadas por el partido político, declarando inoperantes sus agravios, de lo que se desprende que en forma alguna la Sala Superior, analizara tales tópicos, y que fuera sancionado el ciudadano con la perdida, suspensión o inhabilitación de sus derechos a ser electo para un puesto de elección popular; aunado a que aún y cuando con relación al juicio numero SUP-JDC-460/2007, haya causado efectos de cosa juzgada, no se advierte que tenga reflejos, como desacertadamente lo alega el recurrente, pues para determinar la existencia de la cosa juzgada no se establece a través de elementos secundarios dentro de los mismos, si no que es necesario, como lo reconoce la doctrina y el derecho positivo, que entre el caso resuelto por la sentencia y aquel en que ésta sea invocada, concurran: identidad de las cosas, las causas, las personas litigantes y la calidad con que lo fueron o como bien se expresaba en la legislación Romana: inspiciendum est, an idem corpus sit, quantitas eadem idem jus, eadem causa petendi, at eadem conditio personarum; de lo cual se desprende que para que tenga lugar la excepción de cosa juzgada, se requiere que: a) para que opere la eficacia refleja debe haber un segundo proceso en que las partes hayan quedando vinculadas con la sentencia ejecutoriada del primero, lo que en caso concreto según se desprende del informe enviado por el Distrito Electoral Veracruzano con fecha nueve de agosto del dos mil siete, no se actualiza al no existir un procedimiento de queja en contra del ciudadano Gustavo Carrasco Monroy, por supuestos actos anticipados de campaña, ya que el Instituto Electoral Veracruzano informe que una vez realizada una búsqueda en el Libro de Registro de Promociones que lleva este Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano no se encontró dato alguno en relación a que el Partido Acción Nacional o algún otro partido político hayan hecho del conocimiento de esta autoridad de algún procedimiento instaurado en contra del ciudadano GUSTAVO CARRASCO MONROY; por lo tanto no se cumple con un segundo proceso para que quede vinculado al primero; b) Que exista pronunciamiento o una decisión precisa, clara e indubitable sobre algún hecho o situación determinada, para sustentar jurídicamente la decisión de fondo del objeto del conflicto; c) Que en un segundo proceso que se encuentre en estrecha relación se requiera un nuevo pronunciamiento sobre aquel hecho o presupuesto lógico, de lo que se colige que si bien, dentro del Partido Acción Nacional se le negó el registro como precandidato a Gustavo Carrasco Monroy, es una cuestión intrapartidista que para su alcance estaba en la necesidad u obligación de comunicárselo al Instituto Electoral Veracruzano, para que en su calidad de autoridad competente, se pronunciara sobre estos hechos y de ahí que al no existir el segundo proceso como bien se observa en el informe arriba aludido, es que no se puede invocar la cosa juzgada refleja, pues a juicio de este órgano colegiado no se satisfacen los elementos que deben incurrir para ello, pues se reitera es indispensable que el nuevo juicio se entable sobre la misma cosa y no otra diversa, por la misma causa entre los mismos litigantes y con la misma calidad de éstos; de lo que se colige que para poder invocar la cosa juzgada refleja debió el Partido Acción Nacional, interponer previamente queja ante la aquí autoridad responsable para que al ciudadano se le proteja su garantía de seguridad jurídica.

En mérito de lo anterior debe precisarse que el proceso de selección interna de candidatos es el conjunto de actos que llevan a cabo los partidos políticos con el fin primordial, de seleccionar a sus candidatos a cargos de elección popular que serán registrados para contender en las elecciones respectivas en términos de lo que dispongan los estatutos y la Convocatoria respectivos, como así lo disponen el artículo 70 primer párrafo del Código Electoral para el Estado de Veracruz, en tanto que los actos realizados en el proceso electoral propiamente dicho, específicamente en la campaña electoral, tienen como finalidad la difusión de las plataformas electorales de los Institutos Políticos y la presentación ante la ciudadanía de las candidaturas registradas, para lograr la obtención del voto electorado, también, se tiene que los actos de selección interna de candidatos de los partidos políticos, realizan actividades que no obstante de tratarse de un proceso interno, son susceptibles de trascender al conocimiento de toda una comunidad en las que se encuentran inmersas sus bases, a través de medios convencionales de publicidad; pero, siempre tendientes a lograr el consenso para elegir a las personas que reúnan los requisitos legales necesarios para ser candidatos y que cuenten con el perfil que se identifique con la ideología sustentada por el propio partido, de ahí que en ocasiones nazca la posibilidad de consulta a las bases partidistas, cuyo resultado se traduce en la elección del candidato idóneo para ser postulado por el Instituto Político; lo antes narrado pone de relieve las diferencias sustanciales que existen entre un proceso interno para la selección de un candidato que un partido político posteriormente postulara apara un puesto de elección popular, con un proceso electoral, constitucional y legalmente establecido; dichas diferencias destacan tratándose de las diferencias que existen entre uno y el otro proceso de manera que no es posible considerar a un proceso interno como un proceso externo paralelo o alterno a un proceso electoral constitucional y legalmente establecido para la elección de los miembros de ayuntamiento, mucho menos se puede considerar que el último se vea afectado por el desarrollo del proceso interno realizado por un partido político.

Si bien es cierto, el accionante solicita se niegue el registro del ciudadano Gustavo Carrasco Monroy para el cargo de edil por el municipio de Camerino Z. Mendoza, Veracruz, con apoyo en los dispuesto en el párrafo cuarto del artículo 70 del Código Electoral Veracruzano, el que dispone que a aquellos ciudadanos que no respeten los plazos para promover su imagen personal dará motivo a que el Instituto Electoral Veracruzano les niegue el registro como candidato, también lo es que dicha disposición no puede operar ipso facto, ya que se tiene acreditado en autos que el Instituto Electoral Veracruzano a través del Consejo General no tuvo conocimiento de que el ciudadano Gustavo Carrasco Monroy, se hubiese adelantado a los actos de campaña para difundir su imagen, siendo obligación del Partido Acción Nacional hacer valer dicha circunstancia en el momento procesal oportuno, presentando la queja correspondiente para que el Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, se abocara a su indagación, lo cual en la especie no aconteció, aún cuando si era del conocimiento del partido apelante el acto anticipado de precampaña por haberlo resuelto su Comisión Electoral Interna en Camerino Z. Mendoza , Veracruz; por tanto no es posible, acoger su pretensión dado que el momento para solicitar que se niegue el registro cuestionado ha precluído y si lo viene a hacer posterior a su aprobación, entonces lo que debemos entender que solicita es la cancelación y no la negativa del mismo, la que a juicio de esta autoridad únicamente operaría por falta de requisitos de elegibilidad que consiste en la reunión de formalidades inherentes a la persona registrada como candidato, sin embargo del escrito recursal no se advierte que combata cuestiones de elegibilidad, si no violación al artículo 70 del Código Electoral no denunciadas ante la autoridad competente; situación que encuentra apoyo en lo sostenido por la Sala Superior del Tribunal Electoral de la Federación en la jurisprudencia consultable en la que compilación de Tesis relevantes y Jurisprudencias 1997-2005, visible a fojas 280-281, de rubro y contenido siguientes: " REGISTRO DE CANDIDATOS. NO IRROGA PERJUICIO ALGUNO A UN PARTIDO POLÍTICO DIVERSO AL POSTULANTE CUANDO SE INVOCAN VIOLACIONES ESTATUTARIAS EN LA SELECCIÓN DE LOS MISMOS Y NO DE ELEGIBILIDAD" (Se transcribe).

En consecuencia, ante lo inexacto de su planteamiento, es que resulta infundado el agravio único expresado por el recurrente.

CUARTO. Los agravios expuestos son:

"AGRAVIOS:

I. Se violentó en perjuicio del Instituto que represento los artículos 14, 16, 41 fracción I, 116 fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por las siguientes razones, en ese sentido causa agravio a mi representada el acto impugnado, toda vez que la autoridad responsable en la resolución del recurso motivo del presente juicio actuó contrario a los principios de legalidad, certeza, objetividad, imparcialidad, independencia, congruencia, transparencia, y equidad, tal como la haré notar:

En específico el desarrollo del Considerando séptimo del acto reclamado es incongruente e ilegal, tal como se desprende del mismo:

QUINTO. Análisis de los agravios. De los agravios expresados por el apelante, se advierte claramente su intención en que se ordene la cancelación del registro del ciudadano Gustavo Carrasco Monroy, como candidato propietario a Presidente Municipal de Camerino Z. Mendoza, Veracruz, al sostener que el registro supletorio llevado a cabo por el Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano se encuentra viciado porque:

El Partido Revolucionario Veracruzano fue omiso al solicitar el registro de su candidato prescindiendo señalar que éste había incurrido en actos anticipados de campaña sancionados por el artículo 70 del Código Electoral para el Estado de Veracruz.

La autoridad responsable fue omisa al momento de declarar procedente el registro indicado, porque tal como se desprende de la sentencia recaída al expediente SUP-JDC-460/2007 ciudadano Gustavo Carrasco Monroy, está impedido para poder ser postulado a edil para el Ayuntamiento de Camerino Z. Mendoza, Veracruz, en términos de lo dispuesto en los artículos 8 y 70 del Código de la materia, ya que fue juzgado oportunamente por la Comisión Electoral Interna del Comité Directivo Municipal del Partido Acción Nacional en Camerino Z. Mendoza, Veracruz, confirmada y juzgada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

A juicio de quienes esto resolvemos, resulta infundado lo expresado por el accionante en atención a las consideraciones siguientes:

En primer lugar, no es obligación del Partido Revolucionario Veracruzano, ni de ninguna otra institución política, imponerse de los procedimientos intrapartidistas de los demás partidos, como tampoco inmiscuirse en la vida interna de los mismos; de lo que se evidencia que no puede tratarse una omisión del Partido Revolucionario Veracruzano el no expresar en la solicitud de registro de candidatos hechos que no le constan y menos aun cuando no le son propios, en todo caso, quien debió hacerlo del conocimiento de la autoridad encargada del registro de las postulaciones, lo era el partido ahora apelante, pues es a éste a quien sí le consta el procedimiento del que sostiene que supuestamente se perdieron los derechos del ciudadano Gustavo Carrasco Monroy, para ser registrado como candidato a edil por el Ayuntamiento de Camerino Z. Mendoza, Veracruz, por haberse llevado el procedimiento sancionatorio a través de su órgano de justicia intrapartidista competente, lo que en nada responsabiliza al partido que registro al ciudadano en cuestión para dicho cargo de elección popular y menos aún, cuando que de los Estatutos del Partido Político Estatal "Revolucionario Veracruzano", se observa que el proceso de selección de candidatos, contenido en los artículos 51 al 57 de esos Estatutos, obliga a ese partido político únicamente a juzgar sobre la elegibilidad de los precandidatos a ocupar puestos de elección popular quienes deben presentar ante ese Instituto Político los documentos que la Ley requiere dependiendo al tipo de candidatura a que pretenda aspirar, por lo que el Comité Ejecutivo Estatal deberá concretarse a presentar la documentación existente ante la Convención, la que juzgara sobre la elegibilidad de éstos, conforme a la convocatoria y lineamientos expedidos al efecto por el Partido Revolucionario Veracruzano, los que se consultan a fojas ciento veintitrés a ciento treinta del expediente en estudio, sin que se denote que debiera haber negado la candidatura a Gustavo Carrasco Monroy, por cuestiones diversas a los requisitos consagrados en el artículo 69 de la Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, por lo tanto, no estaría en la necesidad de negarle la postulación por tal partido y mucho menos fue omiso al no notificar al Instituto Electoral Veracruzano, sobre hechos que no le constaban.

Es ilegal e incongruente lo señalado por la responsable, ya que, el Instituto Electoral Veracruzano, los Partidos Políticos en el Estado de Veracruz, y sus precandidatos o candidatos, deben de observar el contenido de los preceptos legales, en especifico los contenidos en el Código Electoral del Estado de Veracruz, a decir, las precampañas están reguladas, tal como lo hacemos notar en el recurso de apelación respectivo, tal es el caso del contenido del artículo 70 del Código Electoral para el Estado de Veracruz, que prohíbe la publicidad en medios de comunicación en precampaña así como los actos anticipados a la misma; dicho contenido, la responsable no valoró que no es exclusivo del Partido Acción Nacional, sino como se dijo de todos los ciudadanos que pretendan ser postulados a un cargo de elección popular u organismos vinculados con el proceso electoral en el Estado de Veracruz, a decir, los órganos electorales internos de los partidos, los propios partidos o coaliciones, el Instituto Electoral Veracruzano y la Sala Electoral del Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial del Estado de Veracruz. Pues es sabido por la doctrina que las Leyes son de orden general y no de aplicación para determinada persona o en este caso, para el Partido Acción Nacional; ya que en consecuencia sí se le debió haber hecho efectiva la cancelación de la candidatura por parte de la responsable, porque en tal sentido, el C. GUSTAVO CARRASCO MONROY compite en esta contienda electoral de manera INEQUITATIVA ya que, al violar dichas disposiciones electorales y quedar firmes dentro del SUP-JDC-460/2007, la violación no es exclusiva dentro de Acción Nacional, sino que afecta la campaña en general a competir con sendas ventajas, dejando en desigualdad a los demás contendientes, hecho que por supuesto omitió el partido postulante, dado que, sí es deber del candidato impugnado informar al Partido que lo postuló de tal situación, y no deber del Partido que representó, ya que dicha información sobre el registro de GUSTAVO CARRASCO MONROY se nos hizo de conocimiento el mismo día que fueron aprobadas la candidaturas, y este Partido al verificar con posterioridad, se percató que se trataba de un candidato que ya había sido sancionado por este Partido, fue por lo que se procedió a impugnar, por lo que, este Partido no tenía el conocimiento previo de que fuera a ser postulado por otro Partido Político, ya que, como la propia responsable lo menciona "nadie está obligado a lo imposible", en este caso a predecir lo que va a suceder, de ahí lo ilegal de la resolución impugnada, tal como lo menciona la misma responsable:

"De igual forma, la autoridad responsable no puede estar obligada a lo imposible, es decir, no es dable que el Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, al momento de regresar la verificación del cumplimiento de los requisitos de elegibilidad para llevar a cabo el registro de todas las postulaciones presentadas y en particular la que ocupan nuestra tensión, tenga que analizar la situación que tengan que guardar todos y cada uno de los ciudadanos respecto de sus derechos partidistas; cuestión diferente sería cuando un ciudadano que aspira a ser candidato a determinado cargo de elección popular se encuentra suspendido, inhabilitado o en su caso se decretó la perdida de sus derechos político-electorales, de la que necesariamente debe tenerse por sabedora a la autoridad de los ciudadanos que han sido inhabilitados, suspendidos o perdidos en los mismos, lo que conlleva en esos puestos a que se encuentren imposibilitados para ser postulados a un cargo de elección popular, lo que en el caso no acontece; por ello debe eximirse a la autoridad electoral de la responsabilidad que le atribuye el accionante, pues en todo caso, debe atenderse al principio de buena fe, esto es, que la autoridad electoral al llevar a cabo registro de las candidaturas que se aprueben confía en que los datos arrojados de la documentación que le presentan los partidos políticos para el registro de sus fórmulas a puestos de elección popular, son ciertos, y de ahí que tengan por cumplidos los requisitos de acuerdo con los documentos que el partido le aporte para ello".

Ahora bien, la sanción impuesta por la Comisión Electoral Interna. Municipal en Camerino Z. Mendoza, del Partido Acción Nacional al ciudadano Gustavo Carrasco Monroy, consistente en la negativa de registrarlo como precandidato para participar en el procedimiento de selección interna de candidatos a ediles por el ayuntamiento del Municipio de Camerino Z. Mendoza Veracruz, conforme al Reglamento de Elección de Candidatos de Elección Popular de esa organización política, que le impuso por realizar supuestos actos anticipados de precampaña, dicha situación repercute únicamente en los derechos partidistas que a la persona sancionada le corresponden dentro del Partido Acción Nacional y que de ninguna forma puedan entenderse extendidos sus efectos hacia la perdida, suspensión o inhabilitación de sus derechos político-electorales por ser su pronunciamiento exclusivo de una autoridad competente misma que debe notificarlo al Registro Federal de Electores a fin de que se realicen las inscripciones correspondientes; de igual forma no puede ser observada la sanción impuesta por un partido político a uno de sus simpatizantes o militantes conforme a sus estatutos dado que los mismos, en cada partido político varían de unos a otros y los procedimientos de selección de candidatos deben regirse por la propia normatividad de cada uno de ellos.

Dichos considerandos emitidos por la autoridad responsable, siguen siendo incongruentes, ya que, como se dijo, la sanción consiste en una violación al artículo 70 del Código Electoral del Estado de Veracruz y no a los Estatutos o Reglamentos o Normas Complementarias de la Convocatoria del Partido Acción Nacional, por lo que se conculcó una norma de carácter general, que obliga a todos lo que incurran en dicha hipótesis a respetar la misma, y no solo a determinado partido político, por lo que sigue siendo incongruente y con falta de objetividad la resolución combatida.

Asimismo, no pasa inadvertido, que para apoyar la petición el partido inconforme aduce en el sentido de que se cancele el registro otorgado, lo hace con apoyo a lo dispuesto en los artículos 331 fracción III y 333 del Código Electoral para el Estado de Veracruz, que versan, el primer numeral sobre la prohibición que tienen los precandidatos de realizar actos anticipados de campaña fuera de los plazos que señala el artículo 72 del Código Electoral y el segundo a las sanciones aplicables a las Organizaciones Políticas, así como las coaliciones y frentes que éstos formen, independientemente de las responsabilidades en que incurran sus dirigentes, miembros o simpatizantes, en la que no se encuadran a los ciudadanos en su carácter de precandidatos ni la sanción relativa a la cancelación de registro a edil, si no mas bien las mismas se encuadran en lo dispuesto en el artículo 332 en su Fracción III de su Código Electoral Vigente en el Estado, que consiste en la perdida del derecho a registrar al aspirante a candidato o cancelación del registro de candidaturas; sin embargo, para la procedencia de la sanción, el Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, tuvo a bien emitir los "LINEAMIENTOS GENERALES QUE ESTABLECEN EL PROCEDIMIENTO PARA LA SUBSTANCIACIÓN DE QUEJAS", mismos que en el artículo 1º se establece, en lo que interesa: "los presentes lineamientos tendrán por objeto regular el procedimiento para reconocimiento y sustanciación de las quejas que se presenten relativas al párrafo cuarto del artículo 70 en relación con los numerales 331, 332 y séptimo transitorio del Código Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave...", y conforme a lo señalado a lo dispuesto en el artículo 2 de los citados lineamientos, se precisa que se entenderá por Queja el escrito por medio del cual los Partidos Políticos hacen del conocimiento, del Instituto Electoral Veracruzano, actos u omisiones que se le atribuyan a los aspirantes, precandidatos u organizaciones políticas relacionados con el párrafo cuarto del artículo 70 del Código Electoral para el Estado de Veracruz, por su parte el artículo 3° establece que el procedimiento deberá iniciarse de oficio o a petición de Partidos Políticos a través de sus representantes legítimos en contra de aspirantes, precandidatos y organizaciones políticas; finalmente, el artículo 9º ordena que se emplace al ciudadano u Organización Política a quien se les considere presunto responsable para que en el plazo de cinco días argumente por escrito lo que a su derecho convenga, disposición que resulta acorde con lo dispuesto en el artículo 336 del Código de la materia, el cual establece que ninguna sanción de las señaladas en el código podrá acordarse sin que previamente la autoridad competente oiga en defensa al interesado, para lo cual deberá ser citado, a fin de que conteste los cargos y presente las pruebas tendientes a su justificación; lo que confirma que era obligación del Partido Acción Nacional hacerlo del conocimiento del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, para que de ser procedente, se iniciara la investigación correspondiente y se emplazara al infractor con el objeto de que expresar lo que a su derecho conviniera en estricta observancia de la garantía de audiencia consagrada en el artículo 17 constitucional; de lo que se concluye que la cuestión alegada se trata de una situación propiciada por el propio apelante en que la hace valer para en su beneficio.

La responsable parte del criterio de que el suscrito omitió agotar la queja para que el Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, negara el registro al candidato aludido, cuando en realidad éste no constituye ningún medio de impugnación de acuerdo al Código Electoral, adminiculado a que mediante el proceso jurisdiccional promovido ante la instancia local se le está respetando a la referida coalición el derecho de audiencia.

Así mismo atendiendo a la buena fe de las autoridades Electorales, encargadas de otorgar el registro a los candidatos propuestos por los partidos o coaliciones, es evidente que la autoridad administrativa electoral no estaba en posibilidad de verificar los actos anticipados de campaña, empero, con las pruebas aportadas por el suscrito, es evidente que estaba en la posibilidad de negar el registro a la planilla propuesta por la coalición citada.

En este mismo tenor; la propia Sala Superior determinó que el realizar actos anticipados de campaña, constituye un requisito de elegibilidad y no una sanción, como se puede advertir del criterio orientador de esta autoridad esgrimido en el expediente SUP-JDC-460/2007, y que en la parte conducente dice: "Esto es así, porque el actor parte de la premisa equivocada de considerar que la negativa del registro obedece a una sanción, cuando en realidad deriva del incumplimiento de los requisitos que deben reunir los interesados en ser registrados corno precandidatos". En consecuencia; y como se advierte de la lectura del criterio orientador citado el realizar actos anticipados de campaña no implica que se deba sancionar a los partidos políticos o coaliciones a través de un procedimiento de queja; o bien a través de un acuerdo dictado por el Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, sino a la postre, constituye un requisito de elegibilidad para los candidatos a ocupar un cargo de elección popular. De este modo si la responsable considera que se debe seguir un procedimiento de queja como requisito de procedibilidad para interponer el recurso de apelación, ello es incongruente, tomando en consideración que el legislador en ningún momento establece que previamente a la interposición del recurso de apelación deba interponerse un recurso de queja, así como también el propio criterio dictado por esta Sala Superior dentro del expediente electoral citado. No menos cierto es que el C. GUSTAVO CARRASCO MONROY tuvo la oportunidad de defenderse dentro del proceso intrapartidista y ante esta H. Sala Superior dentro del SUP-JDC-460/2007, por lo que es incongruente que diga la responsable que se le violaría su derecho de audiencia.

En el mismo sentido tampoco es acertado el inconforme al señalar que la autoridad responsable debió negar el registro de candidato a edil y el ciudadano Gustavo Carrasco Monroy, por el Municipio de Camerino Z. Mendoza, Veracruz, propuesto por el Partido Revolucionario Veracruzano, en virtud de que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, juzgó al mencionado ciudadano, al confirmar dentro del expediente SUP-JDC-460/2007, la negativa de registro emitida en sesión extraordinaria por la Comisión Electoral Interna Municipal del Comité Directivo Municipal del Partido Acción Nacional en Camerino Z. Mendoza, Veracruz argumento que es inexacto, ya que basta imponernos de la sentencia recaída al expediente SUP-JDC-460/2007, emitida por la autoridad Federal Electoral supracitada, la cual obra de fojas veintitrés a treinta y siete del presente expediente, y que cobra valor jurídico pleno en términos del artículo 281, párrafo segundo, del Código Electoral Veracruzano, del cual se desprenden en la parte conducente lo siguiente: "Por ultimo, el actor tilda de ilegal la determinación atinente, porque se le obliga a probar hechos negativos.- Tal manifestación resulta inoperante para demostrar su afirmación, porque se trata de un enunciado genérico que en nada explica cuáles son los hechos negativos que estima le obligan a probar, además, que no se combaten las razones expresadas por el órgano responsable para considerar que se cometieron actos anticipados de campaña. En efecto, la responsable consideró esencialmente, que se demostraron los actos siguientes: 1. La donación de una camioneta al Patronato de Bomberos de la Ciudad; 2. La manifestación expresa del actor realizada el 11 de enero del 2007, ante el Comité Directivo Municipal del Partido Acción Nacional en Ciudad Mendoza, Veracruz de estar interesado en participar como candidato a la presidencia Municipal, con la consiguiente invitación a los presentes a sumarse a su proyecto. 3. Las visitas realizadas por la hermana del actor a los militantes del partido para que apoyaran a su hermano. 4. La Organización de una carrera ciclista en el municipio realizada el veinticinco de marzo del dos mil siete, para impulsar su candidatura. Para la comprobación de los actos relatados se valoraron diversos medios de convicción, tales como notas periodísticas, las convocatorias a la carrera ciclista, diversos escritos de autoridades municipales, a través de los cuales le solicitan al actor su apoyo para la realización de una carretera, y diversas fotografías, entre otras.- De esta suerte, si el actor se limita en sus agravios a sostener que la resolución es ilegal porque se le obliga a probar hechos negativos, resulta evidente que con tal manifestación no enfrenta las razones expresadas por la responsable y por ende, lo inoperante de sus agravios. De lo que se coligue, contrario a lo manifestado por el inconforme del análisis de dicha resolución se advierte que la autoridad superior, no sancionó al ciudadano como lo pretende hacer el actor , sino que sólo se pronunció respecto del juicio para la protección de los derechos político electorales del ciudadano, promovido por Gustavo Carrasco Monroy en contra de la resolución dictada en la sesión de fecha dos de mayo del dos mil siete, por la Comisión Electoral Interna Municipal del Partido Acción Nacional de Camerino Z. Mendoza, Veracruz, donde el partido en mención le negó el registro como precandidato a un puesto de elección popular como lo es el de edil, empero, no se denota que la Sala Superior sancionara al ciudadano, ya que incluso, se ciñó a decir que el promovente en ese diverso juicio y con relación a los supuestos actos anticipados de precampaña, que le atribuye el partido accionante, el ciudadano tilda de ilegal la determinación atinente, porque se le obliga a probar hechos negativos, concluyendo que con tales manifestaciones no enfrenta las razones expresadas por el partido político, declarando inoperantes sus agravios, de lo que se desprende que en forma alguna la Sala Superior, analizara tales tópicos, y que fuera sancionado el ciudadano con la perdida, suspensión o inhabilitación de sus derechos a ser electo para un puesto de elección popular; aunado a que aún y cuando con relación al juicio numero SUP-JDC-460/2007, haya causado efectos de cosa juzgada, no se advierte que tenga reflejos, como desacertadamente lo alega el recurrente, pues para determinar la existencia de la cosa juzgada no se establece a través de elementos secundarios dentro de los mismos, si no que es necesario, como lo reconoce la doctrina y el derecho positivo, que entre el caso resuelto por la sentencia y aquel en que ésta sea invocada, concurran: identidad de las cosas, las causas, las personas litigantes y la calidad con que lo fueron o como bien se expresaba en la legislación Romana: inspiciendum est, an idem corpus sit, quantitas eadem idem jus, eadem causa petendi, at eadem conditio personarum; de lo cual se desprende que para que tenga lugar la excepción de cosa juzgada, se requiere que: a) para que opere la eficacia refleja debe haber un segundo proceso en que las partes hayan quedando vinculadas con la sentencia ejecutoriada del primero, lo que en caso concreto según se desprende del informe enviado por el Distrito Electoral Veracruzano con fecha nueve de agosto del dos mil siete, no se actualiza al no existir un procedimiento de queja en contra del ciudadano Gustavo Carrasco Monroy, por supuestos actos anticipados de campaña, ya que el Instituto Electoral Veracruzano informe que una vez realizada una búsqueda en el Libro de Registro de Promociones que lleva este Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano no se encontró dato alguno en relación a que el Partido Acción Nacional o algún otro partido político hayan hecho del conocimiento de esta autoridad de algún procedimiento instaurado en contra del ciudadano GUSTAVO CARRASCO MONROY; por lo tanto no se cumple con un segundo proceso para que quede vinculado al primero; b) Que exista pronunciamiento o una decisión precisa, clara e indubitable sobre algún hecho o situación determinada, para sustentar jurídicamente la decisión de fondo del objeto del conflicto; c) Que en un segundo proceso que se encuentre en estrecha relación se requiera un nuevo pronunciamiento sobre aquel hecho o presupuesto lógico, de lo que se colige que si bien, dentro del Partido Acción Nacional se le negó el registro como precandidato a Gustavo Carrasco Monroy, es una cuestión intrapartidista que para su alcance estaba en la necesidad u obligación de comunicárselo al Instituto Electoral Veracruzano, para que en su calidad de autoridad competente, se pronunciara sobre estos hechos y de ahí que al no existir el segundo proceso como bien se observa en el informe arriba aludido, es que no se puede invocar la cosa juzgada refleja, pues a juicio de este órgano colegiado no se satisfacen los elementos que deben incurrir para ello, pues se reitera es indispensable que el nuevo juicio se entable sobre la misma cosa y no otra diversa, por la misma causa entre los mismos litigantes y con la misma calidad de éstos; de lo que se colige que para poder invocar la cosa juzgada refleja debió el Partido Acción Nacional, interponer previamente queja ante la aquí autoridad responsable para que al ciudadano se le proteja su garantía de seguridad jurídica.

La responsable no fue objetiva al valorar los agravios expresados en mi recurso de apelación respectivo, ya que como se desprende de la parte del considerando antes reproducido, no tomó en cuenta que en la sentencia SUP-JDC-460/2007, se desprende que tuvo la oportunidad de defenderse de los actos que se le imputaron y que, los hechos por lo que se les negó el registro fueron confirmados por la máxima Tribunal electoral; por tal motivo se trata de un registro que consiste en competir por un cargo publico del cual ya fue declarado inelegible, y que lo único que cambia es el Partido que lo postula, pero incurrió en la misma hipótesis que son motivo de negativa de un registro de candidato, hecho que omitió la responsable, por lo que al ser COSA JUZGADA, es evidente que sí es un acto reflejo, ya que insisto de persistir el registro se competiría dicho candidato en inequidad con los demás contendientes.

En mérito de lo anterior debe precisarse que el proceso de selección interna de candidatos es el conjunto de actos que llevan a cabo los partidos políticos con el fin primordial, de seleccionar a sus candidatos a cargos de elección popular que serán registrados para contender en las elecciones respectivas en términos de lo que dispongan los estatutos y la Convocatoria respectivos, como así lo disponen el artículo 70 primer párrafo del Código Electoral para el Estado de Veracruz, en tanto que los actos realizados en el proceso electoral propiamente dicho, específicamente en la campaña electoral, tienen como finalidad la difusión de las plataformas electorales de los Institutos Políticos y la presentación ante la ciudadanía de las candidaturas registradas, para lograr la obtención del voto electorado, también, se tiene que los actos de selección interna de candidatos de los partidos políticos, realizan actividades que no obstante de tratarse de un proceso interno, son susceptibles de trascender al conocimiento de toda una comunidad en las que se encuentran inmersas sus bases, a través de medios convencionales de publicidad; pero, siempre tendientes a lograr el consenso para elegir a las personas que reúnan los requisitos legales necesarios para ser candidatos y que cuenten con el perfil que se identifique con la ideología sustentada por el propio partido, de ahí que en ocasiones nazca la posibilidad de consulta a las bases partidistas, cuyo resultado se traduce en la elección del candidato idóneo para ser postulado por el Instituto Político; lo antes narrado pone de relieve las diferencias sustanciales que existen entre un proceso interno para la selección de un candidato que un partido político posteriormente postulara apara un puesto de elección popular, con un proceso electoral, constitucional y legalmente establecido; dichas diferencias destacan tratándose de las diferencias que existen entre uno y el otro proceso de manera que no es posible considerar a un proceso interno como un proceso externo paralelo o alterno a un proceso electoral constitucional y legalmente establecido para la elección de los miembros de ayuntamiento, mucho menos se puede considerar que el último se vea afectado por el desarrollo del proceso interno realizado por un partido político.

Una vez más la responsable, de manera ilegal se pronuncia, ya que, como se dijo, la violación al artículo 70 del Código en cita, es de carácter general, y no se puede separar un proceso interno con el proceso de campaña general, como lo pretende hacer ver la responsable, sino se estaría en el absurdo que todos los precandidatos violarían el mencionado artículo, y podrían inclusive rebasar topes de precampaña, publicitarse en medios, anticiparse a las precampañas, y si les niegan el registro por determinado partido, buscarlo por otro, aunque haya cometido sendas infracciones; por lo que, no se pueden separar los procesos internos de los externos, cuando se trata de violaciones al Código Electoral.

Si bien es cierto, el accionante solicita se niegue el registro del ciudadano Gustavo Carrasco Monroy para el cargo de edil por el municipio de Camerino Z. Mendoza, Veracruz, con apoyo en los dispuesto en el párrafo cuarto del artículo 70 del Código Electoral Veracruzano, el que dispone que a aquellos ciudadanos que no respeten los plazos para promover su imagen personal dará motivo a que el Instituto Electoral Veracruzano les niegue el registro como candidato, también lo es que dicha disposición no puede operar ipso facto, ya que se tiene acreditado en autos que el Instituto Electoral Veracruzano a través del Consejo General no tuvo conocimiento de que el ciudadano Gustavo Carrasco Monroy, se hubiese adelantado a los actos de campaña para difundir su imagen, siendo obligación del Partido Acción Nacional hacer valer dicha circunstancia en el momento procesal oportuno, presentando la queja correspondiente para que el Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, se abocara a su indagación, lo cual en la especie no aconteció, aún cuando si era del conocimiento del partido apelante el acto anticipado de precampaña por haberlo resuelto su Comisión Electoral Interna en Camerino Z. Mendoza , Veracruz; por tanto no es posible, acoger su pretensión dado que el momento para solicitar que se niegue el registro cuestionado ha precluído y si lo viene a hacer posterior a su aprobación, entonces lo que debemos entender que solicita es la cancelación y no la negativa del mismo, la que a juicio de esta autoridad únicamente operaría por falta de requisitos de elegibilidad que consiste en la reunión de formalidades inherentes a la persona registrada como candidato, sin embargo del escrito recursal no se advierte que combata cuestiones de elegibilidad, si no violación al artículo 70 del Código Electoral no denunciadas ante la autoridad competente; situación que encuentra apoyo en lo sostenido por la Sala Superior del Tribunal Electoral de la Federación en la jurisprudencia consultable en la que compilación de Tesis relevantes y Jurisprudencias 1997-2005, visible a fojas 280-281, de rubro y contenido siguientes: " REGISTRO DE CANDIDATOS. NO IRROGA PERJUICIO ALGUNO A UN PARTIDO POLÍTICO DIVERSO AL POSTULANTE CUANDO SE INVOCAN VIOLACIONES ESTATUTARIAS EN LA SELECCIÓN DE LOS MISMOS Y NO DE ELEGIBILIDAD".

Es falso lo que aquí señala la responsable, de que nos solicite la cancelación del registro del C. GUSTAVO CARRASCO MONROY, ya que el recurso de apelación presentado por el suscrito materia de esta litis, sí lo solicitó y en especial está visible en la página 16, donde señaló lo siguiente:

"...Así las cosas solicito, que ese H. Sala Electoral, reconozca en sus términos la sentencia antes referida y ordene al Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano la negativa del registro o en su caso la cancelación del mismo, o en uso de sus atriciones lo declaren Ustedes inelegible por la situación antes expuesta al C. GUSTAVO CARRASCO MONROY..."

La responsable sigue diciendo:

En consecuencia, ante lo inexacto de su planteamiento, es que resulta infundado el agravio único expresado por el recurrente.

De conformidad con lo razonado, al no estar acreditadas las violaciones aducidas en el recurso de apelación, se debe CONFIRMAR el acto impugnado consistente en el "Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, relativo a la aprobación de solicitudes de registros supletorios de postulaciones de fórmulas de candidatos presentadas por los partidos políticos y coaliciones para el proceso electoral de renovación de integrantes de los doscientos doce Ayuntamientos del Estado, en el año dos mil siete", específicamente donde se declara procedente otorgar el registro a la planilla de candidatos propuesta por el Partido Revolucionario Veracruzano, respecto a la integración del Ayuntamiento del municipio de Camerino Z. Mendoza, Veracruz.

Al no valorar lo expresado por el suscrito en el recurso de apelación respectivo, y al ser ilegales las consideraciones vertidas por la responsable solicitó sea valorado en plenitud de jurisdicción, y revoquen el acto reclamado a efectos de cancelar el registro de GUSTAVO CARRASCO MONROY candidato a Presidente Municipal Propietario del Partido Revolucionario Veracruzano, por el Municipio de Camerino Z. Mendoza, Veracruz, por ser inelegible."

QUINTO. Los agravios expresados por el Partido Acción Nacional son fundados.

La pretensión del actor consiste revocar el registro de Gustavo Carrasco Monroy como candidato propietario a presidente municipal postulado por el Partido Revolucionario Veracruzano, para el Ayuntamiento del Municipio de Camerino Z. Mendoza, Veracruz.

La causa de pedir la hace consistir en que Gustavo Carrasco Monroy, dentro del proceso de selección interna del Partido Acción Nacional, realizó actos de campaña fuera de los plazos legales, con lo cual actualizó el supuesto de negativa de registro como candidato, en términos de lo previsto en el penúltimo párrafo del artículo 70 del Código Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

El partido actor considera que el Consejo General de Instituto Electoral Veracruzano debió negar el registro del citado candidato por la irregularidad apuntada y, por tanto, declarar improcedente la solicitud del Partido Revolucionario Veracruzano; asimismo considera que la irregularidad está probada con el hecho de que la Comisión Electoral Interna del Comité Directivo Municipal del Partido Acción Nacional en Camerino Z. Mendoza, negó el registro a Gustavo Carrasco Monroy como precandidato a presidente municipal propietario del municipio citado, determinación que fue confirmada por esta Sala Superior en el expediente del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano número SUP-JDC-460/2007.

El tribunal responsable desestimó tal pretensión sobre la base de que el Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano no estuvo en condiciones de conocer las irregularidades aducidas, y que el partido postulante no tenía la obligación de tener conocimiento de los procedimientos internos de otros partidos, razón por la cual no había incurrido en omisión de comunicarlo al referido consejo.

Asimismo, que no podía exigirse a la autoridad administrativa electoral al momento de verificar los requisitos de elegibilidad de los candidatos, la revisión de las particularidades de todas y cada una de las personas postuladas, pues dicha autoridad parte del principio de la buena fe, respecto de la veracidad de la información presentada por los partidos políticos postulantes sobre los candidatos presentados.

Finalmente, el tribunal responsable consideró que era necesaria la interposición de la queja respectiva por parte del partido actor, en términos de los Lineamientos Generales que establecen el Procedimiento para la Sustanciación de las Quejas, aprobados por el Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, para que fuera procedente su pretensión.

Para impugnar lo anterior, el Partido Acción Nacional aduce que no era necesario agotar la queja en comento, y que si bien la autoridad administrativa electoral no se encontraba en condiciones de conocer la realización de los actos anticipados de campaña dentro del procedimiento interno de selección de candidatos, con las pruebas ofrecidas en autos, el tribunal responsable estaba en condiciones de advertir tal situación y negar el registro de la candidatura propuesta por el Partido Revolucionario Veracruzano, sí se tiene en cuenta, además, la falta de conocimiento oportuno del actor sobre la postulación de Gustavo Carrasco Monroy por el Partido Revolucionario Veracruzano, lo cual impidió hacerlo del conocimiento al consejo general citado.

El agravio resulta fundado, porque el requisito en comento puede ser objeto de revisión en la instancia jurisdiccional, por lo siguiente.

El artículo 70 del Código Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave es del tenor siguiente:

Artículo 70. El proceso interno es el conjunto de actividades que realizan los partidos políticos con el objeto de seleccionar a sus candidatos, a cargos de elección popular, en los términos de sus estatutos y de la convocatoria que se emita para tal fin.

La precampaña es el conjunto de actividades que realizan los precandidatos con el fin de difundir y promover su imagen, propuestas o programas entre los militantes y simpatizantes de los partidos, en sus procesos de selección de sus candidatos. Los aspectos no previstos expresamente en materia de precampañas, se aplicarán en lo conducente, a las disposiciones establecidas en el presente Código en lo relativo a las campañas.

En el transcurso de las precampañas que lleven acabo los precandidatos a diputados y ediles, queda prohibida la contratación y transmisión de mensajes publicitarios en prensa escrita, radio y televisión o de cualquier otro medio electrónico.

Los ciudadanos que por sí, o a través de partidos o terceros, realicen actividades propagandísticas y publicitarias, con objeto de promover su imagen personal, de manera pública y con el inequívoco propósito de obtener la postulación a un cargo de elección popular, se ajustarán a los plazos y disposiciones establecidos en este Código. El incumplimiento a esta norma dará motivo a que el Instituto, a través de sus órganos competentes y en la oportunidad correspondiente, les niegue el registro como candidato.

A los ciudadanos se les considerará precandidatos cuando realicen su registro en un proceso interno, como aspirantes a un cargo de elección popular, dentro del periodo previo a la celebración de dicho proceso interno.

Como se advierte, el penúltimo párrafo de la disposición transcrita establece que los ciudadanos participantes en un proceso interno de selección están autorizados, por si, o a través de partidos políticos o terceros, para realizar actividades propagandísticas o publicitarias, con el objeto de promover su imagen personal, de manera pública y con el inequívoco propósito de obtener la postulación a un cargo de elección popular dentro de los plazos establecidos en dicho código, y, además, dispone que, de no ajustar dichas actividades a los plazos y términos previstos en el código, el Instituto Electoral Veracruzano, a través de sus órganos competentes y en la oportunidad correspondiente, deberá negar el registro como candidato a quien incumpla con la norma en comento.

Como se advierte, la disposición en comento establece un requisito para la procedencia del registro, pues su incumplimiento genera que la autoridad competente, en su oportunidad, lo niegue al ciudadano que hubiera incumplido tal obligación, esto es, que hubiera realizado actos anticipados de precampaña, entendidos como la actividades con las características de la precampaña, pero fuera del plazo y formas legalmente establecidos, llevadas a cabo por un ciudadano por sí, o a través de partidos políticos o terceros.

Ahora, se considera que el momento oportuno para negar el registro al ciudadano que incumplió con la obligación en comento, ordinariamente, es cuando el órgano electoral perteneciente al Instituto Electoral Veracruzano resuelve lo relativo a la solicitud de registro presentada por el partido político o coalición de que se trate, hecha en términos del artículo 189 del código electoral local, pues es precisamente en este momento de la etapa de preparación de la elección en la cual la determinación del órgano competente puede consistir en negar el registro, tal como se advierte de las fracciones VI y VII del artículo 191 del código en cita.

En el caso concreto, el Partido Acción Nacional considera que Gustavo Carrasco Monroy no cumplió con el requisito de registro en comento toda vez que llevó a cabo actos anticipados de precampaña en el procedimiento de selección interna respectivo, por lo cual el consejo general responsable debió negar el registro.

El problema que se presenta es la forma y el momento en el cual dicho consejo tuvo conocimiento de dicha irregularidad, esto es, quien tenía la carga de hacer valer tal irregularidad ante el consejo o si éste los debía advertir de oficio.

Para considerar como obligación del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano el tomar en cuenta la irregularidad aducida, resultaba necesario que por algún medio la conociera, ya sea porque fuera un hecho público o se tratara de información que obtenida con motivo del desarrollo de sus funciones ordinarias, o bien, porque se hizo de su conocimiento.

Sin embargo, el deber de vigilancia de dicho consejo, establecido en el artículo 123, fracción I, del código electoral local, no incluye la obligación de enterarse de determinaciones tomadas al interior de otro instituto político, pues lo ordinario es que tales decisiones no se den a conocer al público en general, ni se advierte la existencia de alguna disposición legal que así lo establezca.

En el caso, el Partido Acción Nacional era el que tenía conocimiento del hecho irregular; empero, tal circunstancia no es suficiente para considerar que tenía la obligación de darla a conocer a la autoridad encargada del registro, pues en primer término, no se advierte la existencia de alguna norma legal en ese sentido, y en segundo lugar, tampoco resulta razonable que pusiera del conocimiento tal circunstancia a la autoridad electoral, pues no estaba en condiciones de conocer la postulación de Gustavo Carrasco Monroy, si se atiende que lo ordinario es que un partido político desconozca que un militante al cual se le negó el registro como precandidato por violentar la normatividad, fuera postulado para el mismo cargo por otro instituto político o coalición.

Por lo tanto, resulta razonable que el Partido Acción Nacional hiciera valer la irregularidad en comento, cuando estuviera en aptitud de conocer la solicitud de registro del candidato con esas características, lo cual ocurrió en la especie durante la sesión del Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano en la cual aprobó, entre otras, el registro de Gustavo Carrasco Monroy como candidato a presidente municipal propietario del Ayuntamiento del Municipio de Camerino Z. Mendoza, Veracruz, postulado por el Partido Revolucionario Veracruzano.

Además, tampoco es factible que se hiciera valer durante el desarrollo de dicha sesión porque no resulta ordinario que el representante del partido citado compareciera ante el Consejo General con los argumentos y medios de convicción necesarios para hacerlo, precisamente porque el hecho se conoció en ese momento.

Por tanto, una oportunidad viable con la cual contaba el Partido Acción Nacional para hacer valer la irregularidad en comento, sería mediante la impugnación del acuerdo de registro, y en el juicio correspondiente demostrar la situación contraria a derecho.

Ciertamente, conforme a los artículos 189, 190 y 191 del código electoral local, el partido político o coalición que postule a algún candidato mediante la solicitud de registro debe cumplir un conjunto de requisitos que deben ser revisados por el órgano electoral competente para otorgar el registro, requisitos entre los cuales se cuenta los establecidos en el artículo 10 de la ley electoral citada.

El acto de registro es susceptible de impugnación por considerar que la autoridad responsable analizó o tuvo por acreditado indebidamente alguno de los requisitos.

Entre los requisitos que debe revisar el órgano electoral, se encuentran algunos cuya verificación es sencilla, como por ejemplo, la denominación del partido o coalición, su distintivo, cargo para el cual se postula (artículo 189, fracciones I, II, V) que se acreditan con una simple manifestación; el nombre, apellidos, edad y lugar de nacimiento (fracciones III y IV del citado numeral) demostrables con el acta de nacimiento correspondientes; el folio, clave y año de registro de la credencial para votar (fracción VII).

En cambio, existe otro tipo de requisitos cuya acreditación se basa en una presunción o que resultan de difícil acreditación, como es el caso de la vecindad (artículo 189, fracción IV), que se demuestra con una constancia de residencia expedida por la autoridad municipal, y el elemento subjetivo de pertenencia se presume o alguno de los del artículo 10 citado, caso en el cual se considera suficiente con manifestar que el candidato no ocupa alguno de los cargos referidos, pues si se exigiera una prueba fehaciente, sería necesario acompañar una constancia emitida por todos los órganos ahí referidos, para demostrar que no se ocupa alguno de los ahí referidos.

Tal es el caso del requisito en comento, consistente en no haber hecho precampañas fuera de los plazos autorizados legalmente, pues es un hecho negativo, lo que por sí dificulta su prueba, además de que aunque se recabaran constancias expedidas por todos los partidos políticos, aun existiría la posibilidad de que lo hubiera hecho y el instituto político de que se trate no lo hubiera advertido.

En estas condiciones la exigencia de prueba se relaja, e incluso se considera por demostrado el requisito con la simple afirmación, al partir del principio de la buena fe, conforme al cual se parte de que, por su naturaleza, los partidos políticos postulan candidatos viables, para estar en condiciones de alcanzar el fin perseguido, relativo a que resulten electos.

Sin embargo, la presunción generada no es absoluta, por lo que puede objetarse mediante la promoción del medio de impugnación correspondiente, supuesto en el cual corresponderá al partido político con conocimiento del incumplimiento de alguna de esos requisitos, impugnar el acto de registro, a fin de hacer valer tal irregularidad y dentro de la secuela procesal ofrecer las pruebas con las cuales se destruya la presunción de la cual se partió, y de este modo, acreditar ante el órgano jurisdiccional el incumplimiento del requisito en cuestión, si se tiene en cuenta que el acuerdo de registro queda subjudice por virtud de la impugnación, por lo que puede ser objeto de modificación o revocación.

De ese modo, no asiste razón a la responsable cuando desestima la pretensión del actor, en el sentido de que la oportunidad para alegar el incumplimiento del requisito de registro era con anterioridad al acuerdo impugnado, ni que la única vía al alcance del actor para hacer valer tal irregularidad era mediante la presentación de una queja que diera origen al procedimiento administrativo sancionador previsto en los Lineamientos Generales que establecen el Procedimiento para la Sustanciación de las Quejas, que regula lo establecido en los artículo 331 y 332 del código electoral local.

Por tanto, se concluye que el requisito de registro previsto en el artículo 70, penúltimo párrafo, del código en cita, relativo a no haber realizado actos anticipados de precampaña, sí puede ser objeto de estudio en la impugnación jurisdiccional planteada por un partido político para combatir la aprobación de registro, por lo que en el caso, lo procedente es que esta Sala Superior resuelva lo conducente con plenitud de jurisdicción, pues de resultar fundada la alegación, lo procedente sería revocar el registro impugnado.

En el caso, el actor considera que lo determinado en el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano número SUP-JDC-440/2007 es suficiente para tener por acreditada la irregularidad en comento.

Ahora bien, como se desprende de la propia resolución, lo cual constituye un hecho notorio para esta Sala Superior, este tribunal no se ocupó de analizar la calificación de los hechos que se tuvieron por demostrados en la resolución del la Comisión Electoral Interna del Comité Directivo Municipal del Partido Acción Nacional que negó el registro como precandidato a Gustavo Carrasco Monroy, ni tampoco de la legalidad o ilegalidad de la valoración de las pruebas que se analizaron para tener por demostrados los hechos relevantes en esa controversia, razón por la cual, al no haber sido objeto de pronunciamiento por parte de este órgano jurisdiccional, no se surten los requisitos necesarios para considerar que existió una determinación vinculante por virtud de la cosa juzgada refleja, y la determinación intrapartidista únicamente puede tener efectos vinculantes al interior del instituto político, pues ese es su ámbito espacial de validez.

Por tanto, lo procedente es que esta Sala Superior valore las pruebas ofrecidas y califique los hechos relevantes que se tengan por demostrados, a fin de determinar si existió la irregularidad en comento.

En la especie, el actor ofreció como prueba copia certificada de la sentencia emitida en el expediente SUP-JDC-440/2007. Asimismo, en los autos de dicho expediente obran diversos medios de convicción relacionados con los hechos a demostrar, cuya existencia constituye un hecho notorio para este tribunal, por encontrarse en un medio de impugnación electoral sustanciado y resuelto por esta Sala Superior.

El análisis de los medios de convicción referidos permite arribar a las siguientes conclusiones.

El artículo 70, párrafo cuarto, del Código Electoral para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, prevé como supuesto para negar el registro la actualización de los siguientes elementos:

a. La realización de actividades propagandísticas y publicitarias, por sí, o través de partidos o terceros, con objeto de promover su imagen personal de manera pública;

b. Se realicen con el inequívoco propósito de obtener la postulación de un cargo de elección popular, y;

c. Se realicen esas actividades fuera del plazo de precampañas.

En el caso quedan acreditados los elementos que conforman el supuesto de negativa de registro, con los siguientes medios de convicción.

El primero, queda evidenciado con las notas periodísticas y fotografías que se tienen a la vista, al constar como pruebas en el diverso juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano SUP-JDC-460/2007, las cuales se ofrecieron, incluso, por Gustavo Carrasco Monroy y el Partido Acción Nacional.

La nota periodística de seis de noviembre de dos mil seis, publicada en el diario El Mundo de Orizaba, narrada por el reportero Leobardo Lima, en relación con la realización de una ceremonia en la cual se identifica a Gustavo Carrasco Monroy como donador de una camioneta al patronato de bomberos de la Iglesia de Santa Rosa de Lima.

Se describe que el comandante Guillermo Hernández, quien recibió el vehículo, lamentó la falta de apoyo y ayuda de las autoridades municipales, encabezadas por el alcalde, Sergio Rodríguez Cortés.

También se refiere, que el diverso vehículo con el que prestan sus servicios se envió al taller por el comerciante que donó la camioneta, quien ofreció hacerse cargo de los gastos de la reparación.

Asimismo, se refiere lo comentado por Gustavo Carrasco Monroy en relación con las carencias por las cuales atraviesan los bomberos, ante la falta de apoyo.

Junto con la nota, aparece la fotografía del vehículo donado, de la cual se aprecia que en la puerta contiene la leyenda PATRONATO DE BOMBEROS DE CIUDAD MENDOZA, A.C., UNIDAD DONADA X GUSTAVO CARRASCO MONROY.

La diversa nota de dieciséis de febrero de dos mil siete, del mismo diario, en la cual, el reportero Guillermo Morales narra la donación del complemento del carro bomba de ataque rápido, realizada por Gustavo Carrasco Monroy, al Patronato de Bomberos, que incluye un tanque de almacenamiento de agua de 3,500 litros y una motobomba de 5.5 caballos de fuerza.

Las documentales descritas merecen valor probatorio para acreditar que en el medio de comunicación escrito, consistente en un periódico de circulación local, por distintos reporteros y en dos fechas distintas, una del seis de noviembre del dos mil seis y otra de once de febrero del dos mil siete, se publicaron hechos en los cuales se promociona la imagen personal de Gustavo Carrasco Monroy, destacando sus actividades a favor de la comunidad ante la falta de apoyos de las autoridades municipales.

De las notas anteriores, es posible obtener que Gustavo Carrasco Monroy promocionó su imagen personal, públicamente, a través de actividades propagandísticas y publicitarias, como consta en las notas descritas, ante el municipio en cuestión, pues, necesariamente, la ayuda prestada al cuerpo de bomberos y las ceremonias celebradas para tal efecto, así como la cobertura de los medios en distintas fechas, corroboran esa conclusión.

En relación con tales notas periodísticas obran las fotografías de la camioneta, de las cuales se observa que corresponden a las descripciones realizadas por los reporteros, pues contienen la imagen de la misma camioneta observada en las notas.

De las imágenes contenidas en las fotografías, se advierten letreros con la leyenda "UNIDAD DONADA X GUSTAVO CARRASCO MONROY", tanto en las puertas de la camioneta, como en la parte trasera del tanque de agua, lo cual es una clara propaganda de su persona que, necesariamente, constituyen actos públicos y de difusión de su imagen ante la ciudadanía del municipio, pues al tratarse de un vehículo de bomberos, que por máximas de la experiencia, se presume que presta un servicio permanente a la comunidad, lo cual implica el traslado de los letreros por las diversas calles, hacen patente la presencia continua del nombre del donador ante la ciudadanía.

Al respecto, en su comparecencia en el presente juicio, Gustavo Carrasco Monroy acepta que donó el citado camión de bomberos, lo cual constituye una confesión espontánea del actor, que genera prueba plena respecto del hecho.

En relación con el segundo de los elementos de la disposición, se tiene lo siguiente:

Copia certificada por el Secretario General del Comité Directivo Municipal del Partido Acción Nacional en el Municipio de Camerino Z. Mendoza, del acta de once de enero de dos mil siete, celebrada en el Comité Directivo Municipal del Partido Acción Nacional, de la cual se advierte el nombre y firma de Gustavo Carrasco Monroy, como uno de los participantes, en la cual se asientan los hechos siguientes:

"..Se informa que el juguetón fue exitoso, se entregaron 1800 juguetes. Se informa a todos que no se puede hacer proselitismo a favor de una persona ni a nombre del partido en medios impresos para posicionarla como precandidato hasta después de registrarse y después del 16 de marzo de 2007. Gustavo Carrasco M. dice que va a participar como precandidato y que tiene el respaldo de algunos activos, que ha donado una camioneta a los bomberos y que adelantemos los tiempos para ganar la contienda invitándonos a sumarnos a su proyecto. Ismael Ortega le advierte que no son tiempos y le pide evitar promocionarse para evitar sanciones, hay discusión en la sala y el secretario da por terminada la sesión.

Ese documento, adminiculado con las notas periodísticas y las fotografías valoradas, merece credibilidad para tener por demostrado que Gustavo Carrasco Monroy realizó esas declaraciones, porque se trata de la copia certificada de un documento levantado con motivo de una reunión dentro del Comité Directivo Municipal de un partido político en el cual militaba, se ubica en los tiempos relacionados con los hechos imputados a Gustavo Carrasco Monroy, los cuales corresponden en esencia, a los referidos en las notas periodísticas.

Además, si a esa persona se le identificaba como militante y aspirante a candidato del Partido Acción Nacional, a la presidencia del municipio de Camerino Z. Mendoza, lo ordinario es que el partido no pretendiera perjudicar a su candidato, sino que lo favoreciera, de ahí que si la prueba también esta en contra de los intereses de ese instituto político, el documento que así lo acredita, merezca mayor eficacia demostrativa.

Se tiene en cuenta que la firma que se identifica como la de Gustavo Carrasco Monroy en el acta, a simple vista, presenta rasgos coincidentes con las estampadas en el resto de los escritos y promociones presentados por su parte en el expediente en el que se actúa, lo cual robustece la veracidad de que lo asentado en ese documento se hizo en su presencia, sin que, por el contrario, se asentara dato alguno que permita establecer su inconformidad con lo ahí descrito.

Incluso, en sus escritos presentados ante el Partido Acción Nacional, no controvirtió la veracidad de lo asentado en ese documento, ni el hecho de haber estado presente en la sesión y haber firmado el acta correspondiente, toda vez que sus manifestaciones se hicieron en términos generales para negar la veracidad de los documentos del expediente integrado por dicho partido, esencialmente, por haberle mostrado solamente copias simples y no certificadas, siendo que, en el caso, como ya se dijo, la copia del acta de once de enero del dos mil siete, está certificada en los términos precisados.

Asimismo, en la comparecencia ante esta Sala Superior, el actor no se ocupó de objetar la veracidad de lo contenido en el acta de referencia.

No obsta a lo anterior, lo manifestado insistentemente por Gustavo Carrasco Monroy en cuanto a que las actividades realizadas las hizo a título personal, sin inmiscuir a su partido, ni pedir algo a cambio, porque esa sola negativa es insuficiente para desvirtuar el contenido probatorio de los elementos valorados, entre los cuales destaca el acta de la sesión de once de enero de dos mil siete del Comité Directivo Municipal, en la cual consta su manifestación en contrario, y expone que las actividades realizadas tenían por objeto participar como precandidato.

El tercer elemento se tiene por satisfecho, porque de conformidad con el artículo 72, del ordenamiento invocado, los procesos internos de selección de candidatos podrán realizarse a partir del dieciséis de marzo de dos mil siete.

De esta suerte, si los hechos obtenidos de los medios de convicción analizados, se ubican en fechas anteriores a ese período, noviembre de dos mil seis y febrero de dos mil siete, entonces, corresponden, necesariamente, a actos anticipados de campaña, al presentarse en períodos en los cuales no habían iniciado siquiera los procesos internos de los partidos políticos, lo cual es suficiente para tener por acreditado el tercero de los elementos que conforman la disposición relacionada con la negativa del registro.

Por tanto, lo procedente es revocar la sentencia reclamada y, por ende, modificar el acuerdo de registro impugnado, para el efecto de negar el registro de Gustavo Carrasco Monroy, propuesto por el Partido Revolucionario Veracruzano, para contender como presidente municipal propietario del municipio de Camerino Z. Mendoza, Veracruz.

En consecuencia, conforme a lo dispuesto en el artículo 194 del código electoral local, se ordena al Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano que conceda al Partido Revolucionario Veracruzano un plazo de tres días para que solicite el registro del candidato sustituto, y previo análisis de los requisitos de elegibilidad, de inmediato deberá registrar al candidato propuesto e informar a esta Sala sobre el cumplimiento dado a la presente resolución.

Al haberse alcanzado la pretensión del Partido Acción Nacional, resulta innecesario analizar el resto de los agravios hechos valer.

Por lo expuesto y fundado se

R E S U E L V E

PRIMERO. Se revoca la resolución de catorce de agosto de dos mil siete, emitida por el Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial del Estado de Veracruz, en el recurso de apelación RAP/8/01/030/2007.

SEGUNDO. Se modifica el acuerdo registro de veinticinco de julio de dos mil siete, emitido por el Consejo General del Instituto Electoral Veracruzano, para lo efectos precisados en la parte final del considerando quinto de este fallo.

NOTIFÍQUESE; personalmente al actor Partido Acción Nacional y al tercero interesado Gustavo Carrasco Monroy en los domicilios señalados en autos, por oficio, acompañando copia certificada de la presente resolución a la autoridad responsable; por fax los puntos resolutivos y la parte final del último considerando, al tribunal responsable, al Consejo General y al Consejo Municipal Electoral de Camerino Z. Mendoza, ambos, del Instituto Electoral Veracruzano, y por estrados a los demás interesados.

En su oportunidad, devuélvanse los documentos que correspondan y, en su oportunidad, archívese el expediente como total y definitivamente concluido.

Así, por unanimidad de votos, lo resolvieron los Magistrados que integran la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. La Secretaria General de Acuerdos autoriza y da fe.

MAGISTRADA PRESIDENTA

MARÍA DEL CARMEN ALANIS FIGUEROA

MAGISTRADO

CONSTANCIO CARRASCO DAZA

MAGISTRADO

FLAVIO GALVÁN RIVERA

MAGISTRADO

MANUEL GONZÁLEZ OROPEZA

MAGISTRADO

JOSÉ ALEJANDRO LUNA RAMOS

MAGISTRADO

SALVADOR OLIMPO NAVA GOMAR

MAGISTRADO

PEDRO ESTEBAN PENAGOS LÓPEZ

SECRETARIA GENERAL DE ACUERDOS

SILVIA GABRIELA ORTÍZ RASCÓN