JUICIO DE REVISIÓN CONSTITUCIONAL ELECTORAL

EXPEDIENTE: SUP-JRC-234/2007.

ACTOR: PARTIDO NUEVA ALIANZA.

AUTORIDAD RESPONSABLE: TRIBUNAL ELECTORAL DE QUINTANA ROO.

MAGISTRADO PONENTE: PEDRO ESTEBAN PENAGOS LÓPEZ.

SECRETARIOS: SERGIO ARTURO GUERRERO OLVERA Y ANDRÉS VÁZQUEZ MURILLO.

México, Distrito Federal, a veintiocho de septiembre de dos mil siete.

V I S T O S para resolver los autos del juicio de revisión constitucional electoral, tramitado en el expediente SUP-JRC-234/2007, promovido por el Partido Nueva Alianza, en contra de la sentencia de veintiocho de agosto de dos mil siete, dictada por el Tribunal Electoral de Quintana Roo, en el expediente JIN/003/2007; y,

R E S U L T A N D O

I. El nueve de junio de dos mil cinco, el Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo, aprobó el acuerdo mediante el cual se ordenó la realización del estudio técnico para la determinación del ámbito territorial que comprenderá a cada uno de los quince distritos electorales uninominales que conforman el estado.

II. El once de diciembre del dos mil seis, el Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo, aprobó la metodología para el proceso de realización del estudio técnico para la determinación del ámbito territorial correspondiente a los quince distritos uninominales del Estado de Quintana Roo

III. El doce de enero de dos mil siete, el Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo, aprobó el Acuerdo relativo al sistema informático y el procedimiento de escenarios de redistritación el cual adoptó el modelo matemático denominado "algoritmo recocido simulado".

IV. El treinta y uno de enero del dos mil siete, el Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo, aprobó la modificación del cronograma de trabajo del proceso de realización del estudio técnico para la determinación del ámbito territorial correspondiente a los quince distritos uninominales de Quintana Roo.

V. El doce de marzo del mismo año, el citado Consejo General de la autoridad administrativa electoral, aprobó ajustes a la metodología para el proceso de realización del estudio técnico para la determinación del ámbito territorial correspondiente a los referidos quince distritos.

VI. El dieciocho de julio del dos mil siete, el Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo, aprobó por mayoría el acuerdo mediante el cual se determinó el ámbito territorial correspondiente a los quince distritos electorales uninominales que conforman el Estado de Quintana Roo.

VII. El veintitrés siguiente, el Partido Nueva Alianza interpuso juicio de inconformidad, en contra de dicho acuerdo, ante el Tribunal Electoral de Quintana Roo, mismo que admitió y substanció el expediente JIN/003/2007.

VIII. El veintiocho de agosto, el Tribunal Electoral aludido, emitió sentencia definitiva, en la cual confirmó el acuerdo impugnado. Dicha determinación fue notificada al partido actor el veintinueve de los mismos mes y año.

IX. El cuatro de septiembre de dos mil siete, el instituto político incoante, promovió juicio de revisión constitucional, ante el Tribunal Electoral Local, en contra de la resolución precisada en el apartado anterior.

X. Por auto de diez de septiembre del año en curso, la Presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación turnó el expediente en que se actúa al Magistrado Electoral Pedro Esteban Penagos López, para los efectos precisados en los artículos 19, párrafo 1, inciso a), y 92 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

XI. Por auto de veinte de septiembre de dos mil siete, se radicó y admitió la demanda. En virtud de que se estimó que el expediente estaba integrado, se declaró cerrada la instrucción, por lo que el juicio quedó en estado de resolución; y,

C O N S I D E R A N D O

PRIMERO. Esta Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es competente para resolver el presente juicio de revisión constitucional electoral, de conformidad con los artículos 99, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 184, 186, fracción III, inciso b), 189, fracción I, inciso e), y 199, fracciones II y III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como 86 y 87, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, al impugnarse la resolución emitida por un tribunal estatal en materia electoral.

SEGUNDO. En el medio de impugnación de que se trata, se encuentran debidamente satisfechos los requisitos esenciales del artículo 9, párrafo 1, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

También se reúnen los requisitos especiales de procedibilidad, como se verá a continuación.

Procedencia. El juicio de revisión constitucional es procedente, conforme a lo dispuesto por el artículo 86, párrafo 1, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, porque la materia de la impugnación es la resolución emitida por el Tribunal Electoral Quintana Roo, en el juicio de inconformidad tramitado en el expediente JIN-003/2007, interpuesto contra un acto del Pleno del Consejo Estatal Electoral.

Definitividad. En el caso se cumple con el requisito de procedibilidad que señala el artículo 86, párrafo 1, inciso a), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, en virtud de que la resolución impugnada a través del presente juicio de revisión constitucional electoral tiene el carácter de definitiva y firme, puesto que conforme con el artículo 48, de la Ley Estatal de Medios de Impugnación en Materia Electoral de Quintana Roo, las resoluciones del Tribunal Electoral de Quintana Roo son definitivas y firmes, en el ámbito estatal.

Como las resoluciones de las controversias electorales surgidas en los comicios locales, dictadas por el Tribunal Electoral de Quintana Roo son definitivas y firmes, de acuerdo con el artículo 48, de la Ley Estatal de Medios de Impugnación en Materia Electoral local y dicho órgano jurisdiccional fue el que emitió la resolución combatida mediante el juicio de revisión constitucional electoral, cuya procedencia se analiza, se debe tener por satisfecho el requisito que exige el artículo 86, párrafo 1, inciso f), del ordenamiento en consulta, consistente en el previo agotamiento en tiempo y forma de las instancias de impugnación establecidas por la ley.

Se observa también el requisito de procedibilidad que exige el artículo 86, párrafo 1, inciso b), del ordenamiento en consulta, consistente en que la resolución impugnada contravenga algún precepto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues dicho requisito, apreciado como exigencia formal, se surte con la exposición de agravios debidamente configurados por parte del partido actor, en el sentido de que la resolución impugnada infringe los artículos 16, 17 y 116, párrafo segundo, fracción IV, inciso b), de la Constitución General de la República. Sin que tener por satisfecho este elemento legal implique prejuzgar sobre el fondo del asunto.

Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia número S3ELJ 02/97, de esta Sala Superior, que se encuentra publicada en las páginas 155 a 158 de la Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, tomo Jurisprudencia, cuyo rubro es: "JUICIO DE REVISIÓN CONSTITUCIONAL ELECTORAL. INTERPRETACIÓN DEL REQUISITO DE PROCEDENCIA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 86, PÁRRAFO 1, INCISO B), DE LA LEY DE LA MATERIA".

Se satisface también el requisito señalado en el artículo 86, párrafo 1, inciso c), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

Determinancia. En efecto, para la elección de Gobernador, diputados y miembros de los ayuntamientos se requiere dividir el territorio de la entidad federativa, en los distritos uninominales en los que se disputará las elecciones. La redistritación se orienta, fundamentalmente, a determinar una representación igual por cada distrito, esto es, se busca que cada voto tenga el mismo valor en la definición de quien es electo, en cada uno de los distritos electorales uninominales. En consecuencia, toda redistritación tiende a que se materialice en los hechos, uno de los principales postulados democráticos, que es el que todos los votos tengan igual valor; de ahí que resulte importante, así como trascendente la realización de una redistritación, dado que, incide de manera fundamental en el valor del sufragio popular para la elección de diputados por el principio de mayoría relativa, así como de manera destacada en el desarrollo del proceso electoral.

Se cumple también con los requisitos de procedibilidad establecidos en el artículo 86, párrafo 1, incisos d) y e), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, por lo siguiente:

Reparabilidad. La reparación solicitada de las supuestas infracciones es material y jurídicamente posible dentro de los plazos electorales, atento que el proceso electoral próximo dará inicio, conforme con el artículo 119, en relación con el 120 de la legislación electoral local, el primero de octubre de este año.

Por lo expuesto, se estiman satisfechos todos los requisitos de procedencia del juicio de revisión constitucional electoral.

TERCERO. Las consideraciones sustanciales de la resolución impugnada son las siguientes:

"CUARTO. De la lectura integral del medio de impugnación interpuesto por el Partido Nueva Alianza, y acogiéndose este órgano jurisdiccional bajo el principio de exhaustividad, se procede por cuestión de método y fácil alcance, al estudio de cada uno de los agravios establecidos por el partido político inconforme.

Del estudio de cada uno de los agravios señalados en su escrito de interposición que da origen a la presente sentencia, el partido impugnante establece en el proemio del agravio identificado como PRIMERO del escrito de demanda lo siguiente:

"PRIMERO. Causa agravio al Partido Nueva Alianza, el Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo, por medio del cual se aprueba el ámbito territorial que corresponde a cada uno de los quince distritos electorales uninominales que conforman el Estado de Quintana Roo, en relación a los puntos de Acuerdo PRIMERO, SEGUNDO Y TERCERO, en correlación con los CONSIDERANDOS del 1 al 13 de dicho Acuerdo, por ser contrarios a los preceptos 116, fracciones II y IV, incisos a) y b) de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos; 49 fracción II, 52 y 53 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo; 1, 3, 4, 8, 9, 10, 20, 22, 25, 26, 27, 28 y 35 de la Ley Electoral de Quintana Roo; 1, 3, 4, 5, 6, 8 y 14 fracciones XXXVII y XL de la Ley Orgánica del Instituto Electoral de Quintana Roo; y a los principios de LEGALIDAD, CERTEZA Y OBJETIVIDAD, rectores de la función electoral estatal…"

El presente agravio se declara inatendible e infundado, ya que el partido inconforme no emite ni formula algún razonamiento lógico jurídico encaminado a combatir las consideraciones del acuerdo impugnado, ya que en síntesis el inconforme argumenta que lo que es de causarle agravio es la utilización del instrumento poblacional utilizado en los trabajos de distritación referido al II Conteo de Población y Vivienda dos mil cinco sin estimaciones, que realizó el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, mismo que fue aprobado por el Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo, mediante sesión extraordinaria, en Acuerdo de fecha once de diciembre del dos mil seis, donde se aprueba la metodología para el proceso de realización del estudio técnico para la determinación del ámbito territorial que corresponderá a cada uno los quince distritos electorales uninominales que conforman el Estado de Quintana Roo.

Mismo acuerdo donde se explica dentro de la primera etapa de la metodología aprobada, específicamente ésta se divide en tres subetapas, la cual durante la primera, se presenta un problema técnico donde tiene que ver con el parámetro poblacional, en la cual se propone utilizar simultáneamente, dos fuentes de información, por entenderse como complementarias, lo cual captaría una mejor información que garantizaría una mejor cobertura del universo total de habitantes misma que en la sesión antes referida, se tomaría en cuenta la población del II Conteo de Población y Vivienda del año 2005, sin estimaciones, levantado por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, así como la distribución de la población de 18 años y mas registrada en el padrón electoral del año 2006 en el Estado de Quintana Roo del Registro Federal de Electores del Instituto Federal Electoral.

Independientemente de lo anterior el Acuerdo al cual se ha hecho referencia, y mediante el cual se aprueba la metodología, y donde se estima usar el II Conteo de Población y Vivienda del año 2005, sin estimaciones se encuentra sustentado con el acta de la sesión respectiva, la cual consta en autos, donde se expone por el director jurídico del Instituto Electoral de Quintana Roo, las consideraciones de la propuesta de usar el instrumento poblacional sin estimaciones, mismo que igualmente fue plenamente discutido y aprobado por unanimidad.

La caducidad del derecho de acción del actor se demuestra a continuación:

De lo antecedido se desprende que el partido hoy inconforme tuvo la oportunidad para interponer el medio de impugnación oportuno dentro de los tres días siguientes a la notificación del Acuerdo de fecha once de diciembre del dos mil seis, para lo cual en este aspecto, opera la notificación automática por encontrarse presente en el desarrollo de la sesión el representante propietario del partido impugnante, misma que de conformidad a la ley adjetiva, establece en su artículo 25 que los medios de impugnación previstos en la Ley Estatal de Medios de Impugnación en Materia Electoral, deberán promoverse dentro de los tres días siguientes, contados a partir de que se tenga conocimiento o se hubiese notificado el acto o resolución que se impugne.

El anterior precepto establece un plazo de caducidad del derecho, pues si no se ejerce durante el lapso establecido para tal efecto, se produce la extinción de tal derecho.

Lo cual en el entiendo dentro de los artículos 5 y 6 del mismo ordenamiento se establece que:

"Artículo 5. Los medios de impugnación regulados por esta Ley, tienen por objeto garantizar que todos los actos y resoluciones de los órganos del Instituto, se sujeten invariablemente a los principios constitucionales de legalidad, certeza, independencia, imparcialidad y objetividad, dar definitividad a los distintos actos y etapas de los procesos electorales; y proteger los derechos político electorales de los ciudadanos del Estado.

Artículo 6. Los medios de impugnación reglamentados por este ordenamiento son:

I. El recurso de revocación, en todo tiempo para combatir los actos y resoluciones de los Consejos Distritales, Juntas Distritales Ejecutivas, y de las Contralorías Internas del Instituto y del Tribunal, con excepción de lo dispuesto para el Juicio de Nulidad;

II. El juicio de inconformidad, para garantizar la legalidad, de los actos y resoluciones de los órganos centrales del Instituto, durante el tiempo que transcurra entre la conclusión de un proceso electoral y el inicio del siguiente, así como durante estos exclusivamente en la etapa de preparación de la elección;

III. El juicio de nulidad, para garantizar la legalidad de las diversas elecciones locales, en los términos de la presente Ley; y

IV. El juicio para la protección de los derechos político electorales del ciudadano quintanarroense."

El artículo 76 el multicitado ordenamiento establece que:

"El juicio de inconformidad que conocerá y resolverá el Tribunal, procederá en contra de:

I. Los acuerdos o resoluciones que se dicten en la sustanciación o que pongan fin al recurso de revocación, con excepción de los relacionados con la Contraloría Interna del Instituto y del Tribunal; y

II. Actos o resoluciones de los órganos centrales del Instituto, con excepción de los que son materia del Juicio de Nulidad o de sanción impuesta con motivo al procedimiento seguido por las Contralorías Internas."

Por lo tanto, el partido político inconforme contó con la posibilidad de combatir en el momento procesal oportuno el acuerdo donde se aprobó la metodología establecida en los trabajos de redistritación electoral, en el entendido que los tres días establecidos en el sistema de medios de impugnación local feneció el día catorce del mismo mes y año, ya que como se desprende del acta de la sesión del día once de diciembre del año dos mil seis, el partido político, quedó debidamente notificado a través de su representante propietario ante el Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo.

Tampoco le asiste la razón al partido hoy inconforme, en el argumento donde señala que al momento en que se aprobó la metodología de distritación se desconocía cuales pudieran ser los resultados o consecuencias que se desprenderían en la generación de los escenarios de distritación.

Suponiendo sin conceder que al partido político le causara agravio al primer acto de aplicación de la metodología aprobada en la sesión del día once de diciembre del año dos mi seis, ésta fue aplicada y generó el primer escenario de distritación de la geografía electoral estatal dentro del proceso de realización del estudio técnico para la determinación del ámbito territorial que corresponderá a cada uno de los quince distritos electorales uninominales que conforman el Estado de Quintana Roo, el día veintidós de enero del dos mil siete, de acuerdo a la modificación del cronograma de distritación.

No pasa inadvertido para este Tribunal, que dentro de los trabajos de distritación, por la magnitud de los procedimientos técnicos y metodológicos realizados en el transcurso del proceso de determinación del ámbito territorial que corresponderá a cada uno de los quince distritos electorales uninominales que conforman el Estado de Quintana Roo. Es humanamente imposible realizar todo esto en un mismo acto, por lo cual se establecen reuniones de trabajo mismo que posteriormente se van acordando, generando con ello la armonización de criterios en ajustes de metodología o procedimiento, ya que es entendible que con el avance de procesos se realicen ajustes en cabildeo con todos los representantes de los partidos políticos y Consejeros del Instituto Electoral de Quintana Roo, lo cual en su oportunidad pudieron ser impugnados.

Por lo tanto este órgano jurisdiccional establece que el momento oportuno feneció desde el día catorce de diciembre del año dos mil seis, por lo tanto queda definitiva, firme e inatacable la metodología aprobada en la sesión extraordinaria, de fecha once de diciembre del dos mil seis, donde se aprueba la metodología para el proceso de realización del estudio técnico para la determinación del ámbito territorial que corresponderá a cada uno los quince distritos electorales uninominales que conforman el Estado de Quintana Roo y donde se incluye que el instrumento poblacional se realizaría conforme al II Conteo de Población y Vivienda del año 2005, sin estimaciones.

Ahora bien siguiendo el método de estudio de los agravios esgrimidos en el escrito de demanda, para efectos de su estudio, se sintetizarán y agruparán los agravios expresados como SEGUNDO Y TERCERO en el escrito de demanda presentada por el partido político actor, sin que esto de forma alguna signifique afectación jurídica a los impetrantes, toda vez que lo trascendental en la presente sentencia es que todos los agravios sean estudiados bajo el principio de exhaustividad y se pronuncie una determinación al respecto, sirve de apoyo, las tesis de jurisprudencia, sostenidas por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, bajo el rubro y texto siguiente:

"AGRAVIOS, SU EXAMEN EN CONJUNTO O SEPARADO, NO CAUSA LESIÓN." (Se transcribe).

"FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. SE CUMPLE SI EN CUALQUIER PARTE DE LA RESOLUCIÓN SE EXPRESAN LAS RAZONES Y FUNDAMENTOS QUE LA SUSTENTAN (Legislación del Estado de Aguascalientes y Similares)." (Se transcribe).

Del presente estudio de los agravios vertidos por el partido político actor identificados como SEGUNDO Y TERCERO de igual forma que en el antecesor se establece en el proemio de los agravios del escrito de demanda lo siguiente:

"causa agravio al Partido Nueva Alianza, el Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo, por medio del cual se aprueba el ámbito territorial que corresponde a cada uno de os quince distritos electorales uninominales que conforman el Estado de Quintana Roo, en relación a los puntos de Acuerdo PRIMERO, SEGUNDO y TERCERO, en correlación con los CONSIDERANDOS del 1 al 13 de dicho Acuerdo, por ser contrarios a los preceptos 116, fracciones II y IV, incisos a) y b) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 49 fracción II, 52 y 53 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo; 1, 3, 4, 8, 9, 10, 20, 22, 25, 26, 27, 28 y 35 de la Ley Electoral de Quintana Roo; 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 y 14 fracciones XXXVII y XL de la Ley Orgánica del Instituto Electoral de Quintana Roo; y a los principios de LEGALIDAD, CERTEZA Y OBJETIVIDAD, rectores de la función electoral estatal."

A manera de síntesis el partido argumenta lo siguiente:

1. Se dividió al Estado de Quintana Roo en dos zonas geográficas, lo que generó que el sistema de optimización de recocido simulado empleado en la configuración distrital, incumpliera con la metodología de distritación en su primera etapa, que debió correctamente apegarse al aspecto de la densidad de población, y no al geográfico primariamente.

2. Se rompió la conexidad natural que existía entre las secciones electorales de la zona norte y sur del Estado, por lo que, el sistema de optimización se vio minimizado al no optimizar el conjunto universal de las secciones del Estado, y sin hacerlo en dos zonas o subconjunto de secciones, rompiendo la armonía de tal sistema, en la pretensión de garantizar distritos electorales con condiciones de balance poblacional óptimas.

3. Se aprobó la nueva distritación electoral, con la que prevalecía un criterio geográfico por encima del criterio poblacional, al preasignar por distritos electorales a los municipios de Cozumel y Felipe Carrillo Puerto.

De la misma manera los agravios vertidos por el partido político actor, devienen para este Tribunal infundados por las consideraciones siguientes.

Dentro de los argumentos antes referidos el hoy inconforme, se establece que el Acuerdo donde se ajusta la metodología utilizada en los trabajos de distritación electoral, fue aprobada en sesión extraordinaria celebrada el día doce del mes de marzo del año dos mil siete, misma que al igual manera que el considerativo anterior es dable señalar que se debe atender al principio de definitividad de los actos, consistente en que una vez que los actos o resoluciones del Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo, no sean impugnadas en tiempo y forma, adquieren la firmeza necesaria para dar continuidad a sus actos; lo anterior es así en virtud de que el partido político hoy impugnante, a pesar de encontrarse presente en la sesión extraordinaria, según consta en autos, al momento de la aprobación del Acuerdo por medio del cual se aprueba ajustar la metodología para el proceso de realización del estudio técnico para la determinación del ámbito territorial que corresponderá a cada uno de los quince distritos electorales uninominales que conforman el Estado de Quintana Roo, ajustar el sistema informático y el procedimiento a seguir para la generación de los escenarios de distritación, así como el cronograma de trabajo, atendiendo al resultado obtenido en el primer escenario de distritación, no manifestó su desacuerdo y tampoco interpuso recurso legal alguno dentro del plazo legal señalado en la Ley procesal de la materia; por lo tanto, hacer argumentos actualmente, cuestionando la forma de cómo se llevó a cabo los trabajos de distritación se encuentra fuera del momento procesal oportuno ya que su término para interponer recurso legal alguno feneció el 15 de marzo del presente año.

Sin embargo, este Tribunal se acoge al principio de exhaustividad, el cual mismo se representa en sendas tesis jurisprudenciales, sostenidas por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, bajo los rubros y textos siguientes:

"PRINCIPIO DE EXHAUSTIVIDAD. LAS AUTORIDADES ELECTORALES DEBEN OBSERVARLO EN LAS RESOLUCIONES QUE EMITAN." (Se transcribe).

"EXHAUSTIVIDAD EN LAS RESOLUCIONES. CÓMO SE CUMPLE." (Se transcribe).

De lo anterior, es importante para este Tribunal agotar la exhaustividad de los argumentos esgrimidos que le causan agravios al partido político actor, mediante el cual objeta la división al Estado de Quintana Roo en dos zonas geográficas, ya que aduce que generó que el sistema de optimización de recocido simulado empleado en la configuración distrital, incumpliera con la metodología de distritación en su primera etapa, que debió correctamente apegarse al aspecto de la densidad de población, y no al geográfico primariamente, preasignado con esto un distrito electoral al Municipio de Felipe Carrillo Puerto y otro al Municipio de Cozumel.

Este argumento es infundado al establecer que en el proceso de distritación se usó el criterio geográfico en anteposición del criterio poblacional y que con ello llevó al establecimiento de una división geográfica del Estado de Quintana Roo. Lo cual resulta inexacto en las apreciaciones vertidas por el partido político actor ya que partiendo de las generalidades de la metodología planteada y aprobada en sesión extraordinaria por el Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo, el 11 de diciembre del dos mil seis se establece que:

Las diversas normas que rigen a nivel estatal lo concerniente a la delimitación de la geografía distrital electoral estatal se encuentran contempladas en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, como norma fundamental local, y en la Ley Electoral de Quintana Roo, en su nivel de marco reglamentario de las disposiciones que emanan de la Constitución local.

El precepto 52 de la Constitución local, en su primer párrafo, consagra, en lo que interesa, a la ley lo siguiente:

"La Legislatura del Estado de Quintana Roo, se integra con quince diputados electos en igual número de distritos electorales según el principio de votación mayoritaria relativa, y con diez diputados electos según el principio de representación proporcional. Los diputados serán electos cada tres años por sufragio universal, libre, secreto, directo, personal e intransferible de los ciudadanos quintanarroenses en ejercicio de sus derechos."

Respecto a lo antes enunciado, categóricamente se estipula constitucionalmente, que la Legislatura del Estado de Quintana Roo, se integra con quince Diputados electos en igual número de distritos electorales según el principio de mayoría relativa, de lo cual se deduce, que la delimitación del ámbito territorial Distrital electoral del Estado, debe realizarse bajo la premisa fundamental de que la geografía electoral estatal se conforma con quince distritos electorales uninominales.

En lo que toca al texto constitucional estatal, respecto a los componentes sustanciales para delimitar el ámbito territorial de los distritos electorales uninominales de la entidad, es de observarse que el artículo 53 del mismo dispone lo que a continuación se reproduce:

"La Ley de la materia fijará los criterios que tomará en cuenta el Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo, para establecer la demarcación, atendiendo a la densidad de población, las condiciones geográficas y las circunstancias socioeconómicas prevalecientes en las distintas regiones de la entidad."

Así la demarcación territorial de los distritos electorales uninominales del Estado de Quintana Roo, deberá ser establecida atendiendo a los aspectos generales de densidad de población, condiciones geográficas y las circunstancias socioeconómicas prevalecientes en las distintas regiones de la entidad.

En relación con este punto en particular debe considerarse pertinentemente que los límites de los distritos electorales uninominales deberán establecerse conforme a la aplicación de los tres aspectos antes enunciados, buscando armonizarlos en su conjunto y en lo específico, de acuerdo a sus características propias de cada uno de los mismos, sin trastocar la esencia valorativa propia en el contexto de que la distritación electoral a saber:

a) Cada voto debe tener la misma fuerza o peso en todos los distritos electorales uninominales.

b) Evitar que en la delimitación de los distritos electorales uninominales prevalezcan motivos políticos que beneficien a un partido político en particular.

c) Facilitar a los ciudadanos la emisión del voto.

d) Evitar dificultades al órgano electoral para recibir los expedientes de casilla y realizar los cómputos respectivos, y

e) Homogeneidad de la población, buscando preservar, en la medida de lo posible, la división geográfica preestablecida de barrios, colonias, regiones, municipios y la integridad de comunidades rurales e indígenas.

La Ley Electoral de Quintana Roo, reglamentaria de la Constitución local, respecto a lo que importa para la presente definición metodológica, dispone en su artículo 28, los aspectos normativos que sirven de guía en relación a este punto.

Con referencia al texto conducente de la Ley Electoral de Quintana Roo se tiene lo siguiente:

"Artículo 28. El ámbito territorial de los quince distritos electorales uninominales del Estado, se determinará mediante la aprobación de las dos terceras partes de los integrantes del Consejo General y se sujetará a los criterios siguientes:

I. Los distritos electorales uninominales deberán atender invariablemente a la densidad de población, las condiciones geográficas y las circunstancias prevalecientes en las distintas regiones de la entidad;

II. Por lo menos dieciocho meses antes del proceso electoral ordinario de que se trate y cuando así lo acuerde el Consejo General, éste ordenará la realización del estudio técnico para la determinación de los distritos electorales uninominales en que deberá dividirse el Estado;

III. De acordarlo el Consejo General, el Registro Federal de Electores previo convenio de colaboración que celebre con el propio Instituto, será la instancia que formule el estudio técnico para realizar la división territorial del Estado en distritos electorales uninominales, para su aprobación correspondiente;

IV. Invariablemente, la delimitación de la geografía electoral y su modificación deberán resolverse entre dos procesos electorales ordinarios;

V. En los trabajos de distritación se deberá observar que su desarrollo permita efectuar cualquier modificación a la cartografía electoral, las secciones, el padrón y la lista nominal;

VI. Para la numeración de los distritos se establecerá un punto geográfico inicial y un sentido para asignarla siguiendo la continuidad territorial de los mismos;

VII. Una vez concluidos los trabajos de distritación, la resolución que en su caso expida el Consejo General, se mandará publicar en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado;

VIII. Entretanto no se apruebe la modificación de los distritos electorales uninominales, seguirá utilizándose la que se encuentre en vigencia."

Así, el artículo anteriormente transcrito, reglamenta en concordancia, lo establecido en el numeral 53 de la Constitución local respecto a la demarcación territorial, desprendiéndose de la Ley Electoral que el estudio técnico para la determinación de los distritos electorales uninominales en que deberá dividirse el Estado deberá atender a la actual configuración distrital de la entidad -quince distritos electorales uninominales-, así como a los criterios de la densidad de población, las condiciones geográficas y las circunstancias socioeconómicas prevalecientes en las distintas regiones de la entidad.

Adicionalmente se otorga sustento legal a los criterios de compacidad y continuidad, ejes en los procedimientos de distritación electoral, acorde con las fracciones V y VI del diverso 28 de la Ley Electoral de Quintana Roo.

Por último, pero bajo ninguna circunstancia menos importante, debe manifestarse que resulta insoslayable el atender al precepto constitucional federal 116, en su fracción II, mismo que consagra la base fundamental para la delimitación de los distritos electorales uninominales a nivel de las entidades federativas en nuestro País.

Con estas consideraciones, desde un punto de vista técnico metodológico se propone realizar la delimitación del ámbito territorial de los quince distritos electorales uninominales que integran el Estado de Quintana Roo, en dos etapas, para que de esta manera estemos en posibilidad de cumplir con las disposiciones normativas vigentes y aplicables al caso concreto.

Estas etapas que se describen a continuación:

- La primera etapa en la cual se obtendrán los escenarios que determine el Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo, a través del modelo matemático denominado algoritmo de recocido simulado, con lo cual se cumple con el primer componente o aspecto inherente a la densidad de población.

- La segunda etapa en la cual con algunos indicadores, previamente definidos por el Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo, se evalúen los escenarios producidos por el modelo desde los puntos de vista de condiciones geográficas del Estado y de las circunstancias socioeconómicas prevalecientes en las distintas regiones de la entidad, como los componentes o aspectos inherentes dos y tres.

De esta manera podemos asegurar que la metodología propuesta, que en su oportunidad, podrá aprobar el Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo, de ser el caso, cumple con la armonización plena de los aspectos constitucionales y legales impuestos para la definición de los límites de los distritos electorales uninominales en el Estado de Quintana Roo.

Es importante mencionar que de conformidad a la metodología aprobada en la sesión de fecha doce de marzo de dos mil siete, en la que se encontraba presente el representante propietario del partido hoy impugnante, se aprobó el ajuste metodológico para la realización de los trabajos de distritación electoral y para los efectos de esta sentencia se transcribe el considerando 14 de la misma que establece:

"14. Que en el tenor de lo señalado en el considerando inmediato anterior, en la metodología ajustada del proceso de realización del estudio técnico para la determinación del ámbito territorial que corresponderá a cada uno de los quince distritos electorales uninominales que conforman el Estado de Quintana Roo, que se somete en el acto a la consideración del órgano máximo de dirección del instituto, se plantea la forma en como se desarrollarán los trabajos de distritación estatal, desde dos etapas principales.

La primera, consiste en que atendiendo al modelo matemático denominado "algoritmo recocido simulado", que sirve de sustento para el diseño del sistema informático respectivo, se generarán los escenarios de distritación de la geografía electoral estatal, de acuerdo al componente estrictamente poblacional, conforme a los criterios de balance poblacional, continuidad y compacidad, a los que se añaden los criterios relativos de que si un municipio tiene por sí solo población total dentro del +-15% de desviación permitida a la media (sic) de población de cada distrito, se considere como un distrito, y el que no se permita que un distrito se conforme con secciones electorales de más de dos municipios; y la segunda, que refiere a que con los indicadores geográficos y socioeconómicos, previamente definidos por propio Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo, agregando el criterio de que los distritos que se conformen en zonas con historial de crecimiento demográfico se configuren cerca de la cota de inferior de la desviación permitida, esto es -15%, y que los distritos que se conformen en zonas con historial de bajo crecimiento poblacional se dejen con población cerca de cota superior de la desviación permitida, o sea +15%, se evalúen los escenarios producidos por el modelo desde los puntos de vista de condiciones geográficas del Estado y de las circunstancias socioeconómicas prevalecientes en las distintas regiones de la entidad, como los componentes o aspecto inherentes dos y tres de la metodología que se propone; todo lo anterior, en conformidad a los componentes y principios establecidos constitucional y legalmente al respecto para la delimitación de la geografía electoral estatal.

En razón de la metodología ajustada propuesta, se prevé satisfacer los componentes o aspectos inherentes a la densidad de población, condiciones geográficas del Estado y las circunstancias prevalecientes en las distintas regiones de la entidad, estipulados constitucional y legalmente, para establecer la demarcación de la geografía distrital electoral estatal."

Por lo tanto en ningún momento la asignación de los distritos electorales a los municipios de Felipe Carrillo Puerto y Cozumel, se debió a una división distrital estatal como aduce el hoy inconforme, ya que éstos únicamente fueron asignados así, al cumplir con los criterios poblacionales establecidos en el ajuste de metodología anteriormente expuesto, y no es verdad como aduce el partido actor que se privilegiara el criterio geográfico antes que al poblacional, ya que la asignación fue en razón de que estos dos municipios se encontraban dentro de la cota de más menos quince por ciento de la desviación permitida a la medida poblacional de cada distrito.

El partido impugnante establece en su agravio dos que se rompió la conexidad natural que existía entre las secciones electorales de la zona norte y sur del Estado, por lo que el sistema de optimización se vio minimizado al no optimizar el conjunto universal de las secciones del Estado, y sin hacerlo en dos zonas o subconjunto de secciones, rompiendo la armonía de tal sistema, en la pretensión de garantizar distritos electorales con condiciones de balance poblacional óptimas.

La anterior consideración deviene para esta autoridad infundada ya que como obra de autos de la cartografía conocida, se establece perfectamente la continuidad natural de las secciones y distritos electorales.

QUINTO. Por cuanto al agravio cuarto del escrito de demanda y hecho consistir en que al incluir a la zona limítrofe de Quintana Roo en conflicto con los Estados de Campeche y Yucatán y a sus habitantes en el proceso de redistritación se apartó el Instituto Electoral de Quintana Roo de la metodología y procedimientos aprobados en acuerdos de fechas 11 de diciembre de 2006 y 12 de marzo de 2007, resulta parcialmente fundado pero inoperante en virtud de las siguientes consideraciones:

La distritación es uno de los procesos más complejos que se enfrentan en la organización de una elección, pues "…implica tomar en consideración aspectos poblacionales, geográficos, sociales y económicos de la población… cuestiones legales y de ámbito electoral… la tecnología a utilizar en el proceso hasta la aplicación de complejos métodos matemáticos y de la logística de operación".

El método que aprobó el Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo, para realizar los trabajos de distritación, se basa en un modelo matemático denominado "Algoritmo Recocido Simulado". El cual es definido como el conjunto ordenado y finito de operaciones que permite hallar la solución de un problema. Es decir que un algoritmo es un método para encontrar la solución a algún problema. Su importancia radica en mostrar la manera de llevar a cabo procesos y resolver problemas matemáticos; al igual que las funciones matemáticas, los algoritmos reciben una entrada y la transforman en una salida ("efecto caja negra"). Sin embargo, para que un algoritmo pueda ser considerado como tal, debe ser definido, finito y eficiente. Por eficiente se entiende que las instrucciones encuentran la solución en el menor tiempo posible; finito implica que tiene un determinado número de pasos, es decir, que termina; y definido, que si se sigue el mismo proceso más de una vez se llega siempre al mismo resultado.

El algoritmo de recocido simulado está basado en una analogía entre la simulación de recocido de sólidos y la problemática de resolver problemas de optimización combinatoria de gran escala. Por esta razón el algoritmo se conoce como recocido simulado. Recocido denota un proceso de calentamiento de un sólido a una temperatura en la que sus granos deformados recristalizan para producir nuevos granos. La temperatura de recocido o de recristalización, depende del tipo de material, del grado de deformación del mismo, además de su uso futuro. Seguida a la fase de calentamiento, viene un proceso de enfriamiento en donde la temperatura se baja poco a poco. De esta manera, cada vez que se baja la temperatura, las partículas se reacomodan en estados de más baja energía hasta que se obtiene un sólido con sus partículas acomodadas conforme a una estructura de cristal.

La simulación del proceso de recocido puede usarse para describir un proceso de generación de una sucesión de soluciones de un problema de optimización combinatoria, en donde se vayan obteniendo, conforme el proceso avanza, mejores soluciones al mismo.

De esta explicación científica podemos destacar lo siguiente:

Debe ser eficiente entendiéndose por tal que las instrucciones encuentran la solución en el menor tiempo posible.

Debe se finito que implica que tiene un determinado número de pasos, es decir, que termina.

Debe ser definido, es decir que si se sigue el mismo proceso más de una vez se llega siempre al mismo resultado.

Los trabajos de distritación en Quintana Roo, se realizaron a partir del año dos mil cinco y lograron el consenso de los actores políticos y autoridades, en la primera y segunda etapa del proceso, cumpliendo hasta aquí cabalmente con lo señalado tanto en la Constitución como en la Legislación Estatal.

Debido a diversos factores dentro de este proceso no se había contemplado la franja limítrofe en disputa con los Estados de Yucatán y Campeche, por lo tanto los datos utilizados para el algoritmo antes referido no incluían ni a la población, ni al territorio, de la zona limítrofe, esto es apenas 16,000 habitantes, entre un universo cercano a un millón de habitantes que ya estaban incluidos.

Sin embargo, al momento de intentar aprobar el escenario final de la distritación, algunos sectores de la población realizaron diversas manifestaciones por haber omitido incorporar en el proceso de distritación la franja en disputa, ya que conforme a nuestra Constitución, esa franja es territorio del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo y ante esta situación el Instituto Electoral de Quintana Roo tomó la decisión de incorporar la franja limítrofe y sus habitantes, realizando los ajustes de forma manual y reacomodando los distritos determinados.

Incluir al territorio de la zona limítrofe en disputa con los Estados de Campeche y Yucatán en el proceso de distritación fue una solicitud de algunos partidos, entre otros el hoy impugnante; petición que se realizó cuando ya estaba analizada y aprobada la primera etapa de la metodología, consiste en el criterio poblacional, que incluye a toda la población del Estado de Quintana Roo, tomando como instrumentos para obtener dicho criterio, el conteo 2005 del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), y el padrón electoral del Instituto Federal Electoral (IFE) 2006; metodología e instrumentos que, como se acredita con las actas de las comisiones de trabajo y del consejo general, los integrantes del propio consejo y los partidos políticos conocieron, analizaron y aprobaron, con lo cual se obtuvo el producto final consistente en el escenario que comprende el criterio poblacional, etapa uno del procedimiento de redistritación. Los partidos políticos y entre ellos el partido político actor estaban enterados y conformes de que se utilizaran dichos instrumentos de evaluación, conteo 2005 del INEGI y padrón electoral del IFE 2006, y en ninguno de ellos se encontraban comprendidos ni el territorio en disputa ni sus habitantes; no obstante ello fue aprobado por la autoridad responsable y por los partidos políticos.

El partido político impugnante asistió a las sesiones en donde se discutieron y aprobaron, primeramente por la comisión de trabajo y posteriormente por el Consejo General del IEQROO, los instrumentos que se iban a utilizar para la obtención del criterio poblacional, instrumentos que no consideraban ni a los pobladores ni al territorio de la zona limítrofe en disputa; el partido político actor no impugnó dichos acuerdos de aprobación, y al no hacerlo, aceptó tácitamente que dicha zona y dichos habitantes quedaran excluidos del proceso de distritación

El proceso de distritación que corrió en sus términos hasta que concluyó la primera etapa del proceso que era la relativa a la aplicación del criterio poblacional; posteriormente siguieron corriendo los trabajos de distritación y se aprobó también la segunda etapa relativa a la aplicación de los criterios geográfico y socio económicos, etapas que fueron debidamente aprobadas y concluidas por los integrantes de la comisión de trabajo, del Consejo General, y de los partidos políticos, incluyendo al partido político actor.

Habiendo conocido y aprobado las dos primeras etapas del proceso de distritación es infundado que el actor pretenda que se revoque el acuerdo emitido por el consejo general con fecha 18 de julio de 2007 ya que la revocación que solicita, implica, como el propio partido actor lo dice en su demanda, retrotraerse hasta el principio del proceso de redistritación para modificar en principio los instrumentos de alimentación para la obtención del criterio poblacional, y adicionar a los dos considerados, conteo del INEGI 2005 y padrón electoral 2006, un nuevo instrumento, que contenga a los pobladores de la franja limítrofe, para con esa cantidad total volver a correr la primera etapa del proceso relativa a la aplicación del criterio poblacional, etapa que el partido político actor y el propio Consejo General del IEQROO ya habían aprobado, se está impugnando una etapa procesal definitivamente concluida y aprobada, igual situación podemos plantear de la segunda etapa del proceso, relativa a los criterios geográfico y circunstancias socioeconómicas, definitivamente aprobada y concluida. Luego entonces las impugnaciones del partido político actor a etapas procesales definitivamente concluidas deben ser improcedentes.

El partido político actor señala que no está en contra de la inclusión del territorio de la zona limítrofe y de sus habitantes al proceso de distritación, pero tácitamente lo estuvo al no impugnar los acuerdos de aprobación de la metodología de distritación y los instrumentos a emplear; sin embargo, ahora el impugnante solicita que se vengan abajo dos etapas del proceso de redistritación que ya están aprobadas y concluidas.

No obstante lo anterior le asiste parcialmente la razón al partido actor al señalar que el consejo general del IEQROO al tomar el acuerdo de 18 de julio de 2007 incumplió con la metodología y el procedimiento aprobados para el proceso de distritación al incluir de forma manual a los habitantes de la zona limítrofe: la Comisión de trabajo en su sesión de fecha 16 de julio de 2007 se apartó de la metodología y procedimientos aprobados por el Consejo General durante el proceso de redistritación y se apartó no por el hecho de incluir manualmente a los habitantes de la zona limítrofe, sino simplemente por el hecho de incluirlos, siendo que las dos etapas del proceso de redistritación estaban aprobadas y cerradas. El consejo general valida la actuación de la comisión en su acuerdo del 18 de julio de 2007 hoy combatido.

El agravio del partido político actor es que se haya incluido la zona territorial limítrofe en disputa con los Estados de Campeche y Yucatán y sus pobladores apartándose la responsable de la metodología y procedimientos aprobados al respecto, pero deja de tomar en cuenta en su demanda que hay dos etapas de la metodología y procedimientos de redistritación que están aprobadas y aparecen en el esquema final aprobado, es decir, están todos los pobladores del Estado de Quintana Roo de acuerdo al conteo 2005 del INEGI y del padrón electoral del IFE 2006, en eso estuvieron totalmente de acuerdo las autoridades administrativas electorales y los partidos políticos, están incluidos además los habitantes y territorio de la zona Limítrofe en disputa, también con el consejo de todos los partidos políticos, es decir en el acuerdo final aprobado ya están todos los habitantes de Quintana Roo, y en esa parte están de acuerdo autoridades y partidos políticos, de acuerdo a los estudios y manifestaciones vertidas en dicho proceso; por otra parte, existe un nuevo mapa electoral que contempla y guarda una representación igual por voto para cada ciudadano, indudablemente mas apegada a los criterios de equidad y de igualdad previstos por las constituciones tanto federal como estatal y que supera, en la aplicación de esos criterios, al mapa electoral estatal que sirvió de base para el proceso electoral pasado eliminando la sub o sobrerepresentación existente, que finalmente eso es lo que busca un proceso de distritación, cuyos elementos son los siguientes:

a) El valor idéntico de cada voto, es decir, lograr el objetivo de "un ciudadano un voto". Este propósito consiste en vincular una parte de la población ciudadana asentada en una porción del territorio con un cierto número de representantes a elegir, de tal forma que, cada cargo represente, en la medida de lo posible, la misma cantidad de habitantes. De esta manera, se busca que cada voto emitido tenga el mismo valor, por servir siempre para elegir un número similar de representantes, lo cual constituye una forma de concretar el principio democrático de la igualdad del voto.

b) El segundo objetivo es evitar que la distribución tenga sesgos partidarios, es decir, que en la delimitación de los distritos prevalezcan motivos políticos que beneficien a un partido en especial.

c) Un tercer propósito es facilitar a los ciudadanos la emisión del sufragio, de tal forma que les sea asequible el traslado al lugar en el que habrán de sufragar y la autoridad no encuentre dificultades para recibir los expedientes de casilla y realizar los cómputos respectivos.

e) Finalmente, un acuerdo objetivo es la homogeneidad de la población que busca preservar, en la medida de lo posible, la división geográfica preestablecida de barrios, colonias, delegaciones, municipios y la integridad de comunidades rurales e indígenas.

Este organismo jurisdiccional considera que los elementos y objetivos a buscar en un proceso de distritación anteriormente citados, están insertos en el mapa electoral aprobado por la autoridad administrativa electoral el dieciocho de julio del presenta año y para este Tribunal electoral es importante tomar en consideración el esfuerzo de dos años de trabajo de autoridades y partidos políticos, los recursos públicos que se erogaron en este proceso, la mejor distribución por representación electoral para cada ciudadano lograda en el nuevo mapa electoral, el que todos los ciudadanos de Quintana Roo hayan sido considerados en el esquema aprobado, incluidos por supuesto los habitantes de la zona limítrofe en disputa, todos estos actos encuentran su respaldo en el principio de conservación de los actos públicos validamente celebrados al existir dos etapas del proceso de redistritación analizadas consensuadas y aprobadas, en la irreparabilidad de los actos consumados en primer término por existir dos etapas del proceso de distritación aprobadas pero además por falta de tiempo para ser aplicadas en este proceso electoral, en el principio de determinancia, que si bien se ha aplicado para juicios de nulidad, por analogía de razón pudiera ser aplicable al caso ya que si bien existe un irregularidad acreditada, de ninguna manera y de acuerdo a lo expuesto ésta sería determinante ni cualitativa ni cuantitativamente para el nuevo mapa electoral de Quintana Roo aprobado por el Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo el 18 de julio de 2007."

CUARTO. En su escrito de demanda, el partido actor hace valer lo siguiente:

"Antes de entrar a esgrimir los agravios de la presente impugnación extraordinaria, por resultar aplicables, se invocan las tesis de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que se transcriben a continuación:

"AGRAVIOS. PUEDEN ENCONTRARSE EN CUALQUIER PARTE DEL ESCRITO INICIAL" (Se transcribe).

"AGRAVIOS. PARA TENERLOS POR DEBIDAMENTE CONFIGURADOS ES SUFICIENTE CON EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR" (Se transcribe).

Hecho lo anterior se procede a plantear y esgrimir lo siguiente:

PRIMERO. Causa agravio al Partido Nueva Alianza, la sentencia de fecha veintiocho de agosto de dos mil siete, dictada por el Pleno del Tribunal Electoral de Quintana Roo, en los autos del expediente JIN/003/2007, en relación a los puntos resolutivos PRIMERO y SEGUNDO, en correlación con el Considerando CUARTO de dicha Sentencia, por ser contrarios a los preceptos 16, 17, y 116, fracciones II y IV, incisos a), b) y c) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 49 fracción II, 52 y 53 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo; 1, 3, 4, 8, 9, 10, 20, 22, 25, 26, 27, 28 y 35 de la Ley Electoral de Quintana Roo; 1, 3, 4, 5, 6, 8 y 14 fracciones XXXVII y XL de la Ley Orgánica del Instituto Electoral de Quintana Roo; a la falta de motivación y fundamentación, exhaustividad, congruencia procesal y a los principios de LEGALIDAD, CERTEZA Y OBJETIVIDAD, rectores de la función electoral estatal, conforme a lo siguiente:

El Pleno del Tribunal Electoral de Quintana Roo al analizar el agravio PRIMERO del medio de impugnación primigenio en el Considerando CUARTO de la sentencia que se controvierte por esta vía incumple notoriamente con su obligación de fundar y motivar debidamente conforme a derecho sus respectivas determinaciones, a reserva de que incumple igualmente con la exhaustividad a que deben acogerse sus resoluciones, amén de que el Considerando que se combate no guarda una debida congruencia procesal.

En efecto, de los párrafos que integran el Considerando Cuarto de la sentencia que se impugna, no se aprecia o advierte consideración lógica-jurídica encaminada a debatir o, en su caso, refutar bajo aspecto jurídico alguno las afirmaciones y argumentaciones jurídicas planteadas al respecto en el agravio PRIMERO del Juicio de Inconformidad enderezado ordinariamente a nivel local, ya que en un estricto sentido, no realiza un estudio jurídico que deba considerarse apropiado para considerar desestimando o inaplicables jurídicamente los planteamientos vertidos en relación a que el Acuerdo impugnado primigeniamente adolece de cumplir con exactitud de los principios de legalidad, certeza y objetividad, al definir que de forma incierta, sin un sustento adecuado y real, e imperfecto en su determinación conforme a las estipulaciones aplicables al respecto, en lo concerniente a la variable o componente de población para la aprobación en definitiva de dicha demarcación electoral.

Por el contrario, la autoridad responsable se queda en un limbo jurídico al querer desvirtuar, por cierto de forma muy limitada, por un lado el agravio planteado, y por el otro, abunda en un aspecto que no tiene nada que ver con la impugnación primaria, siendo éste el punto relativo a la metodología del proceso de redistritación, ya que del cuerpo que conforma el Considerando CUARTO de la sentencia que se impugna, se aprecia la evidente confusión de la autoridad jurisdiccional responsable, al encaminar sus pretendidas refutaciones sobre consideraciones encaminadas a la metodología de la redistritación, y a la multialudida caducidad de la acción para impugnar sus estipulaciones, punto que categóricamente no estamos debatiendo jurídicamente como puede observarse en la impugnación primaria, siendo que en realidad nuestra inconformidad versa sobre el Acuerdo que define el ámbito territorial de los distritos electorales del Estado de Quintana Roo, mismos que en el momento mismo de su definición, independientemente de las etapas, fases, procedimientos, y directrices metodológicas o de trabajo, definidas y desarrolladas de forma previa al mismo, no existe razón jurídica de peso, para que la autoridad administrativa electoral local pudiera apartarse bajo ninguna circunstancia del estricto y exacto cumplimiento de los principios de legalidad, certeza y objetividad, orientadores de la función electoral estatal, extremo que en realidad se acredite como se observa en autos del expediente de mérito.

La autoridad responsable señala en su sentencia, que el agravio PRIMERO de la impugnación de origen es inatendible, partiendo del supuesto de que respecto al punto de controversia ha operado el principio de definitividad de los actos y resoluciones electorales en el sentido de que, a su juicio, aparentemente este Partido Político consintió ciertas fases, procedimientos y acuerdos de la autoridad administrativa electoral, siendo que, desde su perspectiva al no haberse enderezado medio impugnativo alguno, en la oportunidad procesal respectiva, en cuanto a los mismos, no es posible que en el acto se realice un examen jurisdiccional en relación a dichos aspectos.

Lo anterior es inexacto, en virtud de que debe destacarse con precisión que lo que se impugna es el Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo, por medio del cual se aprueba el ámbito territorial que corresponde a cada uno de los quince distritos electorales uninominales del Estado de Quintana Roo, que tuvo como antecedente en cuanto a consideraciones instrumentales las definiciones, fases y procedimientos que, en forma previa, a la aprobación del acuerdo que originalmente se combate, dicha autoridad administrativa electoral definió al respecto, por lo que, si bien en particular se está impugnado un aspecto que ciertamente se inserta en tales cuestiones, pero que, para estudiarse, examinarse, o valorarse debe ubicarse el análisis respectivo en dicho resultado al final del proceso de distritación en el Estado de Quintana Roo, que es en sí, cuando surte todos los efectos a que hubieran lugar.

En este sentido, debe observarse que el proceso de redistritación debe analizarse como un todo, cuya consecuencia o resultado final es precisamente lo que se combate jurídicamente en consecuencia, es decir, es el resultado final de redistritación, como un universo que incluye a todos los factores, elementos, procedimientos, componentes y criterios que lo definen, o sea, la definición de los distritos electorales en el Estado de Quintana Roo, lo que se controvierte por la vía jurídica; siendo que no es motivo de la impugnación originaria, un elemento del universo en mención.

No es dable señalar justificatoriamente, que el aspecto que se combate en el agravio PRIMERO del juicio original, es un punto procedimental que no fue impugnado en su momento, cuando que, para el Partido Político que represento, en esos momentos procesales, no existía perjuicio o violación jurídica alguna, ya que para poder valorar los escenarios de redistritación, desde nuestra perspectiva, era evidentemente necesario agotar todas las fases y procedimientos, con la incorporación de componentes y criterios fijados sobre el particular, para estar en la plena aptitud jurídica de realizar un análisis integral y ejercer sobre este resultado, de ser el caso, las vías procesales oportunas.

Con la alusión de la autoridad responsable en cuanto a que como Partido Político, participamos en las reuniones de trabajo, sesiones y demás actos que fueron definiendo el proceso de redistritación a nivel local, sin que hubiéramos hecho cuestionamiento alguno o promovido medio de impugnación sobre los mismos, debe decirse que la autoridad responsable, equívocamente analiza el medio de impugnación desde un punto de vista aislado, no sistemáticamente, como resulta procedente sobre el particular respecto a un resultado, que sólo y solamente con el escenario definitivo, estudiado en una base integral de aspectos, componentes, fases y procedimientos se puede estar en la posibilidad material de señalar objeciones en cuanto a su construcción definitiva.

Lo anterior, cobra una relevancia especial para el caso que nos ocupa, máxime que la delimitación de los distritos electorales en Quintana Roo, implicó un trabajo complejo, en que se requirió utilizar instrumentos y mecanismos técnicos especializados, que en ciertos momentos requirieron ser ajustados conforme a necesidades que en el momento específico y preciso de todo el proceso se fueron presentado, en aras de cumplir a cabalidad con los requerimientos fundamentes para este tipo de tareas de corte comicial, siendo el caso que en algunos fases fue el necesario adoptar ajustes a los trabajos.

La sentencia en este apartado que se combate jurídicamente por esta vía adolece de exhaustividad y congruencia procesal, al confundir la responsable el argumento total planteado en el medio impugnativo enderezado originalmente ante la instancia ordinaria.

La autoridad responsable considera que se está impugnado la metodología de distritación o bien, el Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo, por medio del cual se aprueba dicha metodología, o sus correspondientes ajustes, cuando en realidad, no debe haber tal confusión, los factores procedimentales o instrumentales que condujeron al resultado final, es decir, a la aprobación de la demarcación distrital ciertamente no fueron impugnados, sin embargo, a lo que nos oponemos por que nos asiste la verdad jurídica, es precisamente al producto final, o sea, dicha demarcación aprobada en definitiva por dicho Consejo General.

Así, debe recordarse que en la impugnación primigenia, el Partido Nueva Alianza planteó sobre este punto, que le causa agravio la aprobación del ámbito territorial que le corresponde a cada uno de los quince distritos electorales uninominales que conforman el Estado de Quintana Roo, aprobado por el Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo, en sesión extraordinaria de fecha dieciocho de julio de dos mil siete, por considerar que esa aprobación distrital, o sea el resultado final del proceso de redistritación en Quintana Roo, incumple con las consideraciones jurídicas que le resultan esenciales para este tipo de acciones electorales, en lo concerniente al criterio, componente, o variable poblacional, ya que el mismo, no refleja bajo ninguna circunstancia la realidad actual, fidedigna y confiable de la base poblacional de la entidad.

Conforme a lo anotado, en el agravio PRIMERO del medio impugnativo original, se esgrimieron sólidos argumentos jurídicos tendentes a demostrar que efectivamente lo anterior se actualizaba en el escenario definitivo distrital aprobado el dieciocho de julio de dos mil siete por la autoridad administrativa electoral local.

Contrariamente a lo planteado, la autoridad responsable decide incorrectamente estudiar aspectos que no son lo que se manifiestan en la impugnación sujeta a revisión, mismos que en lo medular se enuncian en los párrafos precedentes, siendo que temerariamente, desconociendo el motivo o la razón justificatoria, decide sin mayor argumento, fijar su estudio con respecto a una fase procedimental que ciertamente se agotó en su momento, pero que no es motivo de la impugnación de nuestro Partido Político.

La autoridad responsable, elude con el matiz del aparente estudio de un aspecto procedimental, el poder estudiar el fondo del asunto planteado a su consideración, mediante la impugnación sujeta a examen, en lo que se aduce violaciones sustanciales con respecto a cuestiones de fondo de un acto de delimitación de geografía distrital.

No es jurídicamente posible que un acto electoral tan trascendente esté viciado de ilegalidad, y ante lo cual se oponga como argumento la caducidad de las instancias impugnativas, cuando en realidad, en lo que toca para el Partido Nueva Alianza como garante de la legalidad, nos queda claro la observancia de la caducidad de las instancias, pero, el caso en concreto que nos ocupa, la aprobación definitiva de la delimitación distrital en el Estado de Quintana Roo no ha sido definido en forma definitiva e inatacable, por lo que apelamos al sentido de legalidad de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a efecto de que se restablezca el orden jurídico.

Cabe recordar, que en el Juicio de Inconformidad promovido en la vía ordinaria, se invocó los precedentes establecidos en tal sentido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, dentro del expediente SUP-JRC-480-2006, referentes a que si bien en su momento el aspecto aludido no se combatió jurisdiccionalmente, esto no puede significar bajo ningún sentido, que una autoridad administrativa electoral pueda impunemente vulnerar disposiciones y principios fundamentales para la materia comicial, como el dejar de dotar de una plena representatividad distrital a todos los ciudadanos de una entidad federativa determinada, para el caso, el Estado de Quintana Roo.

Por otra parte, en cuanto a las cuestiones de fondo, los argumentos de la autoridad responsable son limitados en la medida en que únicamente hace una referencia muy general de solamente un aspecto jurídico planteado en el primer agravio de la impugnación primigenia, siendo el mismo el tocante a nuestro planteamiento referente al desconocimiento de los resultados o consecuencias que se pudieran desprender en la generación de los escenarios de distritación, al señalar que no nos asiste la razón en este punto, por que según lo aducido por la responsable, es humanamente imposible realizar un proceso de distritación en un mismo acto, por lo que debe generarse etapas o fases de desarrollo las cuales pueden ser susceptibles de impugnación, lo cual, evidentemente lo compartimos.

Lo que no compartimos, bajo circunstancia alguna, es el hecho que estimamos grave, concerniente a que una autoridad encargada de velar por el principio de legalidad en la materia electoral, en sus resolutivos acuda a planteamientos, que traten indebidamente de justificar las violaciones o transgresiones jurídicas, realizadas en actos que por su trascendencia debe revestir de plena legalidad, como el que nos ocupa, siendo que con consideraciones de corte subjetivo y que pudieran ser consideradas como tolerantes de las violaciones jurídicas, como en la especie acontece, con la alusión que hace la autoridad responsable, en su intento mediano de desvirtuar el agravio PRIMERO del Partido Político que represento en el medio de impugnación primario, al mencionar que resulta entendible que en el proceso de determinación del ámbito territorial que corresponderá a cada uno de los quince distritos uninominales que conforman el Estado de Quintana Roo, los procedimientos y fases atinentes, se vayan "cabildeando" entre representantes de Partidos Políticos y Consejeros Electorales, en detrimento de los principios rectores de la función comicial estatal.

Por otra parte, es evidente que lo que deja de advertir la autoridad responsable, es el hecho de que pese a lo anterior, no obsta, para que al momento de la adopción de la decisión definitiva sobre el particular, en caso, de que se considere, como en el particular acontece, que existe una trasgresión o un notorio incumplimiento a las disposiciones constitucionales, legales y a los principios rectores de la función electoral estatal, la autoridad administrativa electoral, puede y debe, por que cuenta con toda la facultad y competencia para lo anterior, proceder a reparar dicha irregularidad.

Independientemente de todo lo antes mencionado, y de ser el caso, al no haberse hecho así, o bien haberse hecho parcialmente, los Partidos Políticos tenemos las vías procesales para que de considerarse necesario, este aspecto pueda ser debatido jurídicamente a través de los medios legales establecidos al efecto, por que no es dable, afirmar que aún y cuando existan flagrantes violaciones al marco jurídico aplicable, por no haberse debatido jurídicamente en fases procedimentales, se afecte el fondo del asunto en un acto que guardara definitividad de no controvertirse jurídicamente para todos los efectos a que hubiere lugar, cuestión inadmisible en esta materia, más cuando son normas de orden público las que están en cuestión y el tema a examen resulta de toral importancia para la materia electoral en el Estado de Quintana Roo.

Sobre este punto debe insistirse en que la aprobación de la demarcación de los quince distritos electorales uninominales del Estado de Quintana Roo, aprobada por el Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo, el día dieciocho de julio de dos mil siete, es incierta, carente de un sustento real e imperfecta en su determinación conforme a las estipulaciones aplicables al respecto, en lo que atañe a la variable poblacional utilizada como insumo o fuente de población para dicha demarcación, como el elemento central jurídicamente válido para delimitación distrital en las entidades federativas, en apego a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la interpretación obligatoria emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y que por ende la misma, resulta sustancialmente contraria a la legalidad, certeza y objetividad electoral, por no reflejar la realidad actual, fidedigna, y con la plena contabilidad, de la base poblacional de la entidad, en la construcción y definición de dichos distritos electorales conformados por el Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo, tal y como queda evidenciado en nuestra impugnación primigenia.

Las disposiciones constitucionales y legales del Estado de Quintana Roo, al ser interpretadas en forma sistemática y funcional, permiten señalar que en esta entidad, la preparación, organización, desarrollo y vigilancia de los procesos electorales para las elecciones de Gobernador, Diputados a la Legislatura del Estado y Ayuntamientos, son una función estatal que se realizan a través del Instituto Electoral de Quintana Roo, como el organismo público, con personalidad jurídica y patrimonio propio, plena autonomía en su funcionamiento e independencia en sus decisiones, con el carácter de permanente y profesional en su desempeño, el cual, debe ajustarse en su actuación bajo cualquier circunstancia a los principios rectores de constitucionalidad, legalidad, certeza, objetividad, independencia e imparcialidad.

Entre las diversas atribuciones integrales y directas conferidas por el Legislador quintanarroense, al Instituto Electoral de Quintana Roo, se encuentra la relativa a la geografía electoral, en especie, la de establecer la demarcación territorial de Quintana Roo en distritos electorales, en conformidad a lo establecido en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, y en particular, a lo enunciado en la Ley Electoral de esta entidad; Dicha atribución resulta fundamental con respecto a las tareas electorales encomendadas al Instituto Electoral de Quintana Roo, vinculadas a la preparación y organización de los comicios locales.

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en ejercicio de sus atribuciones jurisdiccionales, ha sostenido reiteradamente en sus ejecutorias vinculadas con el tema, que en la delimitación de los distritos electorales, para el desarrollo de las elecciones así como para el registro y distribución de los ciudadanos que participarán en su oportunidad en las mismas, convergen diversas actividades con un alto grado de dificultad técnica que requieren en entre otras cosas, de estudios de carácter multidisciplinario, la existencia de una metodología, la planeación de un programa de actividades, la asistencia de personal especializado, al igual que infraestructura especializada, y la participación cercana de los partidos políticos como observadores y críticos de las mismas; Y que dicha delimitación distrital, persigue cuatro propósitos elementales a saber: a) El valor idéntico de cada voto, es decir, lograr el objetivo del principio jurídico democrático, resumido en un voto un ciudadano; Este propósito cumple con la función de vincular una parte de la población ciudadana asentada en una porción del territorio con un cierto número de representantes a elegir, de tal forma, que cada cargo de elección popular, represente en la medida de lo posible, la misma cantidad de habitantes, con lo que, se busca que cada voto emitido tenga el mismo valor, para servir siempre a elegir un número similar de representantes, lo cual constituye una forma de concretar el principio democrático de la igualdad del voto, b) Evitar que la delimitación distrital tenga sesgos partidistas, o sea que la definición de los distritos electorales beneficien o inclusive pueda ser perjudicial a partido político alguno; acción conocida teóricamente de forma amplia como creación de distritos ad hoc, sesgados, o con el término angloparlante Gerrymanderíng. c) Facilitar a los ciudadanos la emisión del voto, de forma que el mismo le sea fácil, ágil, expedito, y con las seguridades necesarias, para trasladarse desde sus respectivos domicilios hasta el lugar en que se ubican las mesas directivas de casilla; Igualmente debe facilitar las tareas de preparación y organización para la instalación y funcionamiento de las mesas directivas de casilla, así como el traslado de los expedientes de casilla hacia los órganos electorales correspondientes, y conocer de los mismos acorde a las disposiciones aplicables los resultados de los cómputos electorales. Y d) La homogeneidad de la población, para buscar mantener en la medida de lo técnicamente posible, las divisiones geográficas preestablecidas, en colonias, barrios, municipios, al igual que preservar en lo posible, la integridad de comunidades rurales e indígenas.

Para alcanzar los dos primeros propósitos arriba señalados, la delimitación de los distritos se debe realizar en forma proporcionada y equilibrada a un determinado número de habitantes dentro de cada distrito electoral, para que aquellos con capacidad de ejercer su derecho al voto, puedan elegir a quienes los representen en dicha demarcación distrital lo más equitativamente posible; siendo que, para ello, se requieren estudios demográficos y estadísticos, sobre fenómenos migratorios, movilidad poblacional, entre otros.

Para los dos últimos propósitos antes referenciados, deben realizarse estudios sobre vías de comunicación, infraestructura urbana, tiempos de traslado, accidentes geográficos, grupos sociales, étnicos, e investigaciones de corte social.

Con respecto a lo antes expuesto, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ha emitido la tesis siguiente:

"GEOGRAFÍA ELECTORAL. CONCEPTO Y PROPÓSITOS" (Se transcribe).

Igualmente resulta aplicable, el criterio de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, siguiente:

"REDISTRITACIÓN. LOS TRABAJOS DE. DEBEN RESOLVERSE ENTRE DOS PROCESOS ELECTORALES ORDINARIOS (Legislación del Estado de México)" (Se transcribe).

En la doctrina, se concluye de forma generalizada básicamente, que la redistritación o distritación electoral se lleva a cabo por la necesidad de construir demarcaciones políticas que favorezcan el equilibrio en la distribución de los electores, pues se parte del principio de representatividad, en el que cada sufragio emitido tiene el mismo peso real sin importar la posición del elector en términos poblacionales y geográficos; Con ello se procura que los distritos electorales sean equivalentes y guardar una proporción similar en cuanto a la población con que cuentan.

La redistritación doctrinalmente cumple con tres clases de principios: a) representatividad, es decir, que los límites de los distritos electorales deben ser trazados de manera tal que éstos tengan oportunidad para elegir a los candidatos que ellos sientan que verdaderamente los representan, es decir, que los límites de los distritos deben coincidir con las comunidades de interés, tanto como sea posible; b) Igualdad de fuerza del voto, o sea, que los límites de los distritos electorales deben ser trazados de manera tal que los distritos sean relativamente iguales en población, siendo que los distritos electorales que varían mucho en población violan un principio central de la democracia: el de la equidad, es decir, todos los distritos deben tener una proporción de población igual para preservar otro valor fundamental: que todos los electores tengan un voto de igual peso o fuerza; y c) Reciprocidad, entendido en el sentido de que el procedimiento para establecer los límites de los distritos electorales debe ser claramente aplicado, de manera que las reglas que regulan el procedimiento sean las mismas, sin que esto dependa de quién esté dibujando los límites de los distritos. Estas reglas deben ser claramente entendidas y aceptadas por los partidos políticos y los participantes en el proceso de demarcación.

Con todo lo antes manifestado, el objetivo esencial de la delimitación de los distritos electorales debe estar orientado a la necesidad de que el valor del voto de cada ciudadano sea idéntico, siendo el caso, que la autoridad encargada de dicha atribución debe procurar el buscar mecanismos de distribución poblacional, que permitan el distribuir segmentos poblacionales más o menos iguales con una parte del territorio total a segmentar en relación con el número de representantes populares a elegir, con tal suerte, que cada demarcación distrital en la que se elija un diputado, represente en la medida de lo técnicamente posible, un igual número de habitantes, con lo que se pretende lograr que cada voto tenga el mismo valor, al servir en todo momento y circunstancia, a un igual número de representantes populares, con lo que se traduciría el correcto cumplimiento de principio jurídico democrático de la igual del voto, o un voto un ciudadano.

En relación a este aspecto, debe aludirse al principio de proporcionalidad para la distribución de las demarcaciones distritales, previsto en el artículo 116, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual consagra que la división de los distritos electorales en las entidades federativas, como en el caso lo es Quintana Roo, debe atenderse necesariamente y únicamente, al factor poblacional.

Principio reiterado en diversas ejecutorias por parte del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en vía de las acciones de inconstitucionalidad de leyes electorales puestas a su conocimiento, y que ha sido remarcado en la tesis de jurisprudencia obligatoria siguiente:

"DISTRITOS ELECTORALES UNINOMINALES EN LOS ESTADOS. PARA EFECTOS DE SU DEMARCACIÓN DEBE ATENDERSE AL CRITERIO POBLACIONAL QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 116, FRACCIÓN II, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL" (Se transcribe).

En el mismo sentido, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ha reiterado en sus ejecutorias el principio de proporcionalidad en la distribución de distritos en las entidades federativas, conforme únicamente al criterio poblacional.

La propia Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, respecto a este trascendente aspecto, en la ejecutoria SUP-JRC-480/2006, relativa a la delimitación distrital realizada en el Estado de Aguascalientes durante el año dos mil seis, ha destacado que en conformidad a la metodología de redistritación, en la pretensión del fiel cumplimiento del principio de proporcionalidad, es indispensable, que las autoridades comiciales competentes para realizar dichas acciones, deben apegarse a la base poblacional respectiva, para proceder a distribuir cada una de las demarcaciones distritales acorde con el número de pobladores que corresponda a cada uno, en una proporción semejante de habitantes, es decir, que cada distrito electoral este integrado con una cantidad de habitantes similar en todos los casos.

En dicha ejecutoria, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, estableció que en las tareas de redistritación en las entidades federativas, en conformidad con todo lo mencionado líneas arriba, es necesario que se haga uso de todas las herramientas e instrumentos que se consideren útiles para lograr la delimitación de los distritos electorales uninominales conforme al principio de proporcionalidad en apego al criterio poblacional, pues se trata de una labor técnica especializada, cuyo objetivo es ajustar la realidad poblacional a las necesidades electorales, y en ese sentido, resulta pertinente utilizar todos los mecanismos que permitan un acercamiento, lo mas preciso posible, a la realidad poblacional, a fin de dar cabal cumplimiento a los principios de certeza y objetividad, que rigen la función electoral.

Lo anterior, cobra especial importancia, en conformidad en que las entidades federativas el único criterio que debe prevalecer es el de población, y en atención a lo anterior, para lograr una correcta redistritación, es preciso que se considere al respecto la población actual y real, a través de todos los instrumentos que hagan posible tal fin, esto es, considerar aquellos mecanismos que arrojen datos actualizados, fidedignos y confiables acerca de la densidad de población.

Lo antes precisado, se incumplió por parte del Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo, al aprobar la demarcación territorial de los quince distritos electorales uninominales, tal y como queda demostrado categóricamente, mediante los análisis y proyecciones estadísticas consignadas en el agravio PRIMERO del Juicio de Inconformidad promovido ordinariamente, en virtud de que la autoridad administrativa electoral, ciertamente para el establecimiento de dichas demarcaciones no consideró los datos actualizados, fidedignos y confiables con respecto a la densidad de población del Estado de Quintana Roo.

En efecto, la sentencia dictada por el Pleno del Tribunal Electoral de Quintana Roo, no justifica o analiza jurídicamente porque el Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo, por medio del cual se aprueba el ámbito territorial que corresponde a cada uno de los distritos electorales uninominales que conforman el Estado de Quintana Roo, que delimita a los distritos electorales en la entidad de forma definitiva, en anticipación del inicio del proceso electoral que inicia el primero de octubre de dos mil siete, no resulta notoriamente contrario a los principios rectores de legalidad, certeza y objetividad, al no justificar debidamente que al establecerse los distritos electorales uninominales se refleja o no, a cabalidad el principio de proporcionalidad en cuanto a su definición, en relación a que los mismos se encuentran o no ajustados a las necesidades electorales en atención a la realidad poblacional imperante en el Estado, al considerar o no todos los mecanismos que arrojaran datos poblacionales actualizados, fidedignos y confiables acerca de la densidad poblacional en la entidad, que sirvieran de apoyo para su integración de forma tal que cada uno de los mismos reflejara la realidad poblacional prevaleciente en términos más o menos semejantes en la medida de lo técnicamente posible.

Lo anterior resulta así, en conformidad con que debemos partir de lo previsto en el artículo 53 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, mismo que impone para las tareas de redistritación el considerar los criterios de las condiciones geográficas, circunstancias prevalecientes en las distintas regiones de la entidad, y sobre todo, el de la densidad de población, lisa y llanamente, siendo que, en todo caso, por las consideraciones previstas con anterioridad, dicho criterio población debe ser el que debe prevalecer en todo momento y circunstancia de hecho y de derecho.

En conformidad con lo manifestado, el artículo 28 en su fracción I de la Ley Electoral de Quintana Roo, señala que el ámbito territorial de los distritos electorales, deberá atender invariablemente, además de las condiciones geográficas y las circunstancias socioeconómicas prevalecientes en las distintas regiones de la entidad, sobre todo a la densidad de población.

Bajo las ideas anotadas, como se destaca en el medio de impugnación primario, aún y cuando el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no haya emitido, en el momento procesal oportuno en las respectivas acciones de inconstitucionalidad puestas a su consideración y enderezadas en contra de dichos dispositivos, declaración de invalidez por manifiesta inconstitucionalidad, para la construcción de los distritos electorales uninominales en el Estado de Quintana Roo, debe acudirse sustancialmente al criterio poblacional.

Así, se desprende que por interpretación sistemática y funcional de dichos preceptos, en el Estado de Quintana Roo para la construcción de los distritos electorales uninominales, si bien por su vigencia deben atenderse a los criterios de condiciones geográficas y a las circunstancias socioeconómicas prevalecientes en las distintas regiones, el criterio de densidad de población es el que resulta fundamental jurídicamente hablando para dicho trabajo, siendo el caso, que al no referirse expresamente en dichas disposiciones a instrumento estadístico alguno de carácter oficial, al amparo del cual, deba considerarse cuantitativamente dicho criterio poblacional, resulta válido el afirmar que es menester acudir a aquél instrumento poblacional de carácter oficial que sea más útil para permitir el hacer efectivo el principio de proporcionalidad distrital, conforme a la base de que en cada distrito electoral uninominal en cierta porción territorial deba existir un número de habitantes reales que sea similar a los otros distritos electorales uninominales de todo el ámbito territorial respectivo por delimitar, acorde con la realidad poblacional prevaleciente a través de datos estadísticos actualizados, fidedignos y confiables, siendo que este apartado, no es atendido por el Pleno del Tribunal Electoral de Quintana Roo, en la sentencia que se controvierte.

En la sentencia que se impugna, no se argumentó jurídicamente con respecto al por qué el Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo, al delimitar el ámbito territorial de los quince distritos electorales de la entidad, no atendió a la verdadera y real actualidad poblacional imperante, de acuerdo con datos actualizados, fidedignos y confiables, que reflejaran dicha realidad poblacional.

Conforme a todo lo expuesto y fundado la autoridad responsable debió declarar fundado y operante el agravio PRIMERO del medio impugnativo ordinario, y ordenar la reparación de las violaciones jurídicas que correspondieran conforme a derecho.

No existe argumento, razón, inferencia o deducción lógica-jurídica establecida en la sentencia que se impugna así como en el Acuerdo impugnado de forma primaria por el que se justifique fehacientemente el utilizar como fuente de información poblacional para la definición de la demarcación territorio en distritos electorales de la entidad, los resultados del Segundo Conteo de Población y Vivienda dos mil cinco sin estimaciones, en contraposición a los datos de este ejercicio estadístico poblaciones con estimaciones, que estuvieron al momento preciso su alcance, y que reflejarían, en todo caso, como ha sido demostrado, la verdadera realidad poblacional de Quintana Roo, en conformidad a los datos poblaciones más actualizados fidedignos y confiables.

Sobre este punto, en la sentencia no existe refutación jurídica alguna en tal sentido, dejando de lado la responsable de cumplir con principios básicos procesales como la fundamentación, motivación, exhaustividad, siendo a la vez contradictoria en sus planteamientos resolutivos.

Incumple la autoridad responsable con lo anterior, en razón de que en el Considerando CUARTO, contrariamente a lo que se arguye, no establece fundamentos jurídicos y razonamientos lógico-jurídicos que desvirtúen a cabalidad los argumentos jurídicos planteados inicialmente en el medio de impugnación ordinario.

Por otra parte, como ha sido aludido con antelación la responsable en su sentencia de mérito, no desvirtúa o refuta jurídicamente la totalidad de los argumentos planteados en la vía impugnativa ordinaria, ya que se centran solamente en ciertos aspectos, siendo consecuentemente, generadora de incertidumbre jurídica respecto a las pretensiones del Partido Político que represento, al incumplir manifiestamente con el principio de exhaustividad al que está obligado a observar en todo momento al emitir sus resoluciones.

Siendo particularmente delicado este aspecto para el caso que nos ocupa, en que la cercanía del proceso electoral ordinario local dos mil siete, dos mil ocho, implicaba que el acto impugnado debiera definirse en definitiva en virtud de su especial naturaleza y a las implicaciones que se pudieran generar para la organización y desarrollo del proceso comicial en puerta en el Estado de Quintana Roo.

Al faltar al cumplimiento puntual del principio de exhaustividad en el tema de mérito, la autoridad responsable ha generado un ambiente previo al proceso electoral ordinario en Quintana Roo, de completa incertidumbre, al generarse retrasos en la definición del mismo, toda vez que nos vemos como Partido Político en la imperiosa necesidad de acudir extraordinariamente a la Sala Superior del Tribunal Electoral de Quintana Roo con miras al restablecimiento de las condiciones del orden jurídico en el tema distrital del Estado de Quintana Roo, cuando, en un estricto sentido, consideramos que el tema pudo haberse resuelto conforme a derecho de nivel local por parte del Tribunal Electoral de Quintana Roo, lo cual, desafortunadamente no se dio.

Se destaca con énfasis, que en su resolutivo, la autoridad responsable omitió analizar el fondo de los argumentos planteados por el Partido Político que represento, y que se hicieron consistir en la manera en que impactó el instrumento poblacional en la conformación final de los distritos, limitándose a señalar, que el agravio planteado era inatendible e infundado.

Lo que en opinión del Partido Político que represento atenta contra el principio de exhaustividad que debe regir la actuación de las autoridades jurisdiccionales, pues la autoridad resolutora debió haber contextualizado su resolución con dos aspectos sustanciales:

a) El atípico crecimiento poblacional de Quintana Roo, cuya particularidad exigía haber empleado el instrumento más actualizado, y

b) La manera en como habrían quedado los distritos electorales si el Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo hubiese utilizado el Segundo Conteo de Población y Vivienda dos mil cinco con estimación, pues como se argumentó y demostró en la demanda original, la conformación de los distritos habría sido diametralmente distinta a como lo aprobó el Consejo General.

Esos eran los argumentos que debió haber ponderado la autoridad responsable, es decir, la manera en como un instrumento en particular habría de impactar en el escenario final; sin embargo, a la autoridad resolutora le pareció mucho más sencillo declarar los agravios inatendibles e infundados, aduciendo la caducidad del derecho de acción.

Lo anterior, cobra especial importancia, de conformidad a que en las entidades federativas el único criterio de que debe prevalecer es el poblacional, y en atención a lo anterior, para lograr una correcta redistritación, es preciso que se considere al respecto la población actual y real, a través de todos los instrumentos que hagan posible tal fin, esto es, considerar aquellos mecanismos que arrojen datos actualizados, fidedignos y confiables acerca de la densidad de población.

En la especie, el Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo, al delimitar el ámbito territorial de los quince distritos electorales de la entidad, no atendió a la verdadera y real actualidad poblacional imperante, de acuerdo con datos actualizados, fidedignos y confiables, que reflejaran dicha realidad poblacional.

En efecto, el Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo, al definir la metodología de redistritación, el día once de diciembre de dos mil siete, aún y cuando obraban en su poder datos poblaciones más actualizados a los que finalmente determinó por aplicar para actualizar el extremo concerniente al criterio población para la base de la redistritación de los quince distritos electorales uninominales, mismos que sustentaron medularmente el Acuerdo que por esta vía se impugna, no optó por considerar a los mismos, como jurídicamente procedía en estricto apego a los principios de legalidad, certeza y objetividad, afectando de pleno derecho el resultado distributivo del ámbito territorial de los distritos electorales de la entidad, al no reflejar dichas demarcaciones la verdadera realidad poblacional imperante en cada caso.

Efectivamente, como se resalta en la impugnación original, el Instituto Electoral de Quintana Roo, contaba en sus archivos con información poblacional más actualizada, fidedigna y confiable, a la que finalmente se utilizó como base para la consideración del criterio población en el trabajo de redistritación en el Estado, como lo representan, los datos emitidos por el Consejo Estatal de Población (COESPO) y los resultados del Segundo Conteo de Población y Vivienda dos mil cinco del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), con estimaciones.

Extremo que resulta a todas luces de mayor preocupación para el Partido Nueva Alianza que represento, en atención a que por las características propias del Estado de Quintana Roo, que es una entidad receptora en gran proporción de población que emigra de otras entidades federativas, e inclusive del Distrito Federal, en razón de un latente y exponencial crecimiento económico, derivado de su pujante desarrollo de los servicios turísticos en sus principales centros poblaciones, principalmente en la zona norte de la entidad, lo que, evidentemente implica una constante modificación de las estadísticas poblacionales de la entidad.

El Estado de Quintana Roo, junto con Baja California Sur, es de las entidades federativas de más reciente creación en nuestro país, que data del ocho de octubre de mil novecientos setenta y cuatro, sin embargo, esta entidad representa un caso atípico de crecimiento poblacional a nivel mundial, al duplicar su número de habitantes por cada década transcurrida desde el año de mil novecientos setenta al dos mil.

Así, tenemos que en mil novecientos setenta la población de Quintana Roo ascendía a ochenta y ocho mil ciento cincuenta personas, y considerando que en el dos mil cinco, el Conteo de Población y Vivienda registró un millón, ciento treinta y cinco mil, trescientos nueve habitantes, resulta que durante ese lapso la población aumentó casi tres veces más, lo cual refleja que Quintana Roo, esta muy por encima de la dinámica poblacional nacional en cuanto a su crecimiento demográfico, pero además demuestra que la evolución de los factores tales de cómo los de representación proporcional de los ciudadanos ante el Congreso del Estado, no han respondido al verdadero, real y fidedigno crecimiento poblacional de la entidad.

Así, los resultados del Segundo Conteo de Población y Vivienda dos mil cinco, con estimaciones, mejoraría indudablemente la representación de los habitantes del Estado de Quintana Roo, con lo que se lograría un exacto cumplimiento del principio de representatividad en la construcción de los distritos electorales, al considerar equitativamente a toda la población de la entidad, mediante datos que en verdad reflejan la realidad actual poblacional del Estado, partiendo de la premisa objetiva del acelerado crecimiento poblacional que se presenta en la entidad, mismo que es atípico a todo nivel nacional.

Por todo lo antes manifestado, el Partido Nueva Alianza afirma categóricamente que el Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo, debió utilizar como fuente de la información poblacional para los efectos de la demarcación distrital, los resultados con estimaciones del Segundo Conteo de Población y Vivienda dos mil cinco, emitidos por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, por ser los que reflejan la actual realidad de población en la entidad, con datos ciertos, actualizados, confiables y fidedignos.

Las gráficas que a continuación se reproducen, como se planteo en la impugnación primigenia, nos demuestran las importantes variaciones entre los resultados estadísticos poblaciones de carácter oficial en el Estado de Quintana Roo, que sin lugar a equívocos repercuten en la conformación de los distritos electorales uninominales, como a continuación se indica:

MUNICIPIO

CENSO 2000

CONTEO 2005 SIN ESTIMACIONES

CONTEO 2005 CON ESTIMACIONES

BENITO JUÁREZ

419,815

481,106

572,973

COZUMEL

60,091

70,777

73,193

FELIPE CARRILLO PUERTO

60,365

64,447

65,373

ISLA MUJERES

11,313

10,850

13,315

JOSÉ MARÍA MORELOS

31,052

32,648

32,746

LÁZARO CÁRDENAS

20,411

21,534

22,357

OTHÓN P. BLANCO

208,164

213,303

219,763

SOLIDARIDAD

63,752

105,080

135,589

QUINTANA ROO

874,963

999,745

1,135,309

FUENTES: INEGI, Censo de Población y Vivienda del 2000; Resultados II Conteo de Población y Vivienda 2005.

PROYECCIONES DE ESCENARIOS DISTRITALES CONFORME A DATOS ESTADÍSTICOS DEL CENSO 2000, CONTEO 2005 CON Y SIN ESTIMACIONES

CENSO 2000

MUNICIPIO

NÚMERO DE HABITANTES POR DISTRITO

FACTOR DE POBLACIÓN A DIVIDIR

TOTAL DE DISTRITOS CORRESPONDIENTES POR MUNICIPIO

BENITO JUÁREZ

419,815

58,330

7.19 (7)

COZUMEL

60,091

58,330

1.03 (1)

FELIPE CARRILLO PUERTO

60,365

58,330

1.03 (1)

ISLA MUJERES

11,313

58,330

0.19

JOSÉ MARÍA MORELOS

31,052

58,330

0.53 (1)

LÁZARO CÁRDENAS

20,411

58,330

0.34

OTHÓN P. BLANCO

208,164

58,330

3.56 (4)

SOLIDARIDAD

63,752

58,330

1.09 (1)

QUINTANA ROO

874,963

0

15

FUENTES: INEGI, Censo de Población y Vivienda del 2000.

CONTEO 2005 SIN ESTIMACIONES

MUNICIPIO

NÚMERO DE HABITANTES POR DISTRITO

FACTOR DE POBLACIÓN A DIVIDIR

TOTAL DE DISTRITOS CORRESPONDIENTES POR MUNICIPIO

BENITO JUÁREZ

481,106

66,649

7.21 (7)

COZUMEL

70,777

66,649

1.06 (1)

FELIPE CARRILLO PUERTO

64,447

66,649

0.96 (1)

ISLA MUJERES

10,850

66,649

0.16

JOSÉ MARÍA MORELOS

32,648

66,649

0.48 (1)

LÁZARO CÁRDENAS

21,534

66,649

0.32

OTHÓN P. BLANCO

213,603

66,649

3.20 (3)

SOLIDARIDAD

105,080

66,649

1.57 (2)

QUINTANA ROO

999,745

0

15

FUENTES: INEGI, Resultados II Conteo de Población y Vivienda 2005.

CONTEO 2005 CON ESTIMACIONES

MUNICIPIO

NÚMERO DE HABITANTES POR DISTRITO

FACTOR DE POBLACIÓN A DIVIDIR

TOTAL DE DISTRITOS CORRESPONDIENTES POR MUNICIPIO

BENITO JUÁREZ

572,973

75,687

7.57 (8)

COZUMEL

73,193

75,687

0.96 (1)

FELIPE CARRILLO PUERTO

65,373

75,687

0.86 (1)

ISLA MUJERES

13,315

75,687

0.17

JOSÉ MARÍA MORELOS

32,746

75,687

0.43

LÁZARO CÁRDENAS

22,357

75,687

0.29

OTHÓN P. BLANCO

219,763

75,687

2.90 (3)

SOLIDARIDAD

135,589

75,687

1.79 (2)

QUINTANA ROO

1,135,589

0

15

FUENTES: INEGI, Resultados II Conteo de Población y Vivienda 2005.

PROYECCIONES DE ESCENARIOS DISTRITALES CONSIDERANDO COMO INSTRUMENTO DE POBLACIÓN AL CENSO DEL 2000, CONTEO 2005 SIN Y CON ESTIMACIONES

MUNICIPIO

CENSO 2005

CONTEO 2005 SIN ESTIMACIONES

CONTEO 2005 CON ESTIMACIONES

BENITO JUÁREZ

7

7

8

COZUMEL

1

1

1

FELIPE CARRILLO PUERTO

1

1

1

ISLA MUJERES

0

0

0

JOSÉ MARÍA MORELOS

1

1

0

LÁZARO CÁRDENAS

0

0

0

OTHÓN P. BLANCO

4

3

3

SOLIDARIDAD

1

2

2

QUINTANA ROO

15

15

15

Conforme a lo que se argumentó en la impugnación original, la autoridad responsable al aprobar la delimitación de los distritos electorales de Quintana Roo, siendo que el instrumento poblacional determinado para servir de fuente de la información poblacional para la definición de los mismos, en el caso, los resultados obtenidos por el Segundo Conteo de Población y Vivienda dos mil cinco sin estimaciones, y no con estimaciones repercute en una afectación directa a la representatividad de los habitantes de Benito Juárez, que por derecho les corresponde un distrito electoral uninominal más de los siete previstos en la demarcación aprobada en contravención a los principios de legalidad, certeza y objetividad, rectores de las tareas comiciales.

En efecto, en el acuerdo impugnado originariamente, al definir la autoridad administrativa electoral los distritos electorales de Quintana Roo, bajo el supuesto de emplear los resultados arrojados por el Segundo Conteo de Población y Vivienda dos mil cinco con estimaciones, máxime que no existe constitucional y legalmente restricción jurídica alguna en tal sentido, se incumple con un propósito de primer orden dentro de las tareas de redistritación, siendo el mismo, el que el voto de cada ciudadano tenga idéntico valor, es decir, lograr el principio jurídico democrático de la igual del voto, que se traduce en el objetivo de UN CIUDADANO, UN VOTO; ya que este propósito consiste en vincular la población ciudadana asentada en una porción de un territorio determinado con cierto número de representantes a elegir, de tal forma que cada cargo de elección popular represente, en la medida de lo posible, de la misma cantidad de habitantes; De esta manera, se busca que cada voto emitido tenga el mismo valor, para servir siempre para elegir un número similar de representantes, lo cual, constituye una forma de concretar el principio jurídico democrático de la igual del voto; Que para el caso se incumple manifiestamente.

Como se recordará el municipio de Benito Juárez es el más poblado de la entidad, por lo que, en justicia merece estar representado electoralmente en proporción equitativa a la dimensión de dicha población, por lo que, en una verdadera justicia le tocan ocho distritos electorales y no siete como antijurídicamente se le determinó, por lo que, en tales circunstancias debe proceder a revocarse el acuerdo impugnado y ordenar a la responsable reponer su procedimiento técnico, para que oportunamente proceda a determinar conforme a derecho la nueva demarcación distrital del Estado de Quintana Roo.

No existe argumento, razón, inferencia o deducción lógica-jurídica establecida en la sentencia que se impugna, por el que la autoridad responsable justifique fehacientemente el utilizar como fuente de información poblacional para la definición de la demarcación territorio en distritos electorales de la entidad, los resultados del Segundo Conteo de Población y Vivienda dos mil cinco sin estimaciones, en contraposición a los datos de este ejercicio estadístico poblaciones con estimaciones, que estuvieron al momento preciso a su alcance, y que reflejarían, en todo caso, como ha sido demostrado, la verdadera realidad poblacional de Quintana Roo, en conformidad a los datos poblaciones más actualizados fidedignos y confiables.

Por lo anterior, dicho Tribunal Electoral de Quintana Roo debe declarar fundado el presente agravio y revocar el acto impugnado conforme a derecho.

Al no atenderse todos los aspectos planteados en este apartado del medio de impugnación primigenio, como se puede constatar en los autos en que se actúa en relación con la sentencia impugnada, la autoridad responsable incumplió con el principio de exhaustividad.

En relación con este apartado resultan aplicables las tesis de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que se reproducen acto seguido:

"FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. SE CUMPLE SI EN CUALQUIER PARTE DE LA RESOLUCIÓN SE EXPRESAN LAS RAZONES Y FUNDAMENTOS QUE LA SUSTENTAN (Legislación de Aguascalientes y similares)" (Se transcribe).

"PRINCIPIO DE EXHAUSTIVIDAD. LAS AUTORIDADES ELECTORALES DEBEN OBSERVARLO EN LAS RESOLUCIONES QUE EMITAN" (Se transcribe).

"EXHAUSTIVIDAD EN LAS RESOLUCIONES. CÓMO SE CUMPLE" (Se transcribe).

"EXHAUSTIVIDAD, MODO DE CUMPLIR ESTE PRINCIPIO CUANDO SE CONSIDEREN INSATISFECHAS FORMALIDADES ESENCIALES" (Se transcribe).

"PRINCIPIO DE LEGALIDAD ELECTORAL" (Se transcribe).

Por lo anterior, en este apartado dicha Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación debe declarar fundado el presente agravio y revocar el acto impugnado conforme a derecho.

En lo que toca al apartado de la sentencia que se controvierte jurídicamente con respecto al aparente estudio de los agravios del escrito primario de impugnación, marcados con los números SEGUNDO y TERCERO, es de aducirse lo siguiente:

La autoridad responsable señala en su sentencia, que los agravios SEGUNDO y TERCERO de la impugnación de origen es inatendible, partiendo nuevamente del supuesto de que respecto al punto de controversia ha operado el principio de definitividad de los actos y resoluciones electorales en el sentido de que, a su juicio, aparentemente este Partido Político consintió ciertos fases, procedimientos y acuerdos de la autoridad administrativa electoral, siendo que, desde su perspectiva al no haberse enderezado medio impugnativo alguno, en la oportunidad procesal respectiva, en cuanto a los mismos, no es posible que en el acto se realice un examen jurisdiccional en relación a dichos aspectos.

Una vez más se plantea que lo anterior es inexacto, en virtud de que debe resaltarse que lo impugnado primariamente es el Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo, por medio del cual se aprueba el ámbito territorial que corresponde a cada uno de los quince distritos electorales uninominales del Estado de Quintana Roo, aprobado el dieciocho de julio de dos mil siete, en sesión extraordinaria de dicho órgano comicial, que tuvo como antecedente en cuanto a consideraciones instrumentales las definiciones, fases y procedimientos que, en forma previa, a la aprobación del acuerdo que originalmente se combate, dicha autoridad administrativa electoral definió al respecto, por lo que, si bien en particular se esta impugnado un aspecto que ciertamente se inserta en tales cuestiones, pero que, para estudiarse, examinarse, o valorarse debe ubicarse el análisis respectivo en dicho resultado al final del proceso de distritación en el Estado de Quintana Roo, que es en sí, cuando suerte todos los efectos a que hubieran lugar.

En este sentido, debe insistirse en que el proceso de redistritación debe analizarse como un todo, cuya consecuencia o resultado final es precisamente lo que se combate jurídicamente en consecuencia, es decir, es el resultado final de redistritación, como un universo que incluye a todos los factores, elementos, procedimientos, componentes y criterios que lo definen, o sea, la definición de los distritos electorales en el Estado de Quintana Roo, lo que se controvierte por la vía jurídica; siendo que no es motivo de la impugnación originaria, un elemento del universo en mención.

No es dable señalar justificatoriamente, que el aspecto que se combate en el Considerando CUARTO del Juicio original, es un punto procedimental que no fue impugnado en su momento, cuando que, para el Partido Político que represento, en esos momentos procesales, no existía perjuicio o violación jurídica alguna, ya que para poder valorar los escenarios de redistritación, desde nuestra perspectiva resaltamos enfáticamente, era evidentemente necesario agotar todas las fases y procedimientos, con la incorporación de componentes y criterios fijados sobre el particular, para estar en la plena aptitud jurídica de realizar un análisis integral y ejercer sobre este resultado, de ser el caso, las vías procesales oportunas.

La autoridad responsable, arguye a que como Partido Político, participamos en las reuniones de trabajo, sesiones y demás actos que fueron definiendo el proceso de redistritación a nivel local, sin que hubiéramos hecho cuestionamiento alguno o promovido medio de impugnación sobre los mismos, por lo que consentimos los mismos, y debe operar la definitividad de los actos, al respecto, debe decirse que la autoridad responsable, otra vez equívocamente analiza el medio de impugnación desde un punto de vista aislado, no sistemáticamente, como resulta procedente sobre el particular respecto a un resultado, que sólo y solamente con el escenario definitivo, estudiado en una base integral de aspectos, componentes, fases y procedimientos se puede estar en la posibilidad material de señalar objeciones en cuanto a su construcción definitiva.

Lo anterior, como hemos mencionado con antelación, cobra una relevancia especial para el caso que nos ocupa, máxime que la delimitación de los distritos electorales en Quintana Roo, implicó un trabajo complejo, en que se requirió utilizar instrumentos y mecanismos técnicos especializados, que en ciertos momentos requirieron ser ajustados conforme a necesidades que en el momento específico y preciso de todo el proceso se fueron presentado, en aras de cumplir a cabalidad con los requerimientos fundamentes para este tipo de tareas de corte comicial, siendo el caso que en algunos fases fue el necesario adoptar ajustes a los trabajos.

La sentencia en este apartado que se combate jurídicamente por esta vía adolece de exhaustividad y congruencia procesal, al confundir la responsable el argumento toral planteado en el medio impugnativo enderezado originalmente ante la instancia ordinaria.

La autoridad responsable considera que se está impugnado la metodología de distritación o bien, el Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo por medio del cual se aprueba dicha metodología, o sus correspondientes ajustes, cuando en realidad, no debe haber tal confusión, los factores procedimentales o instrumentales que condujeron al resultado final, es decir, a la aprobación de la demarcación distrital ciertamente no fueron impugnados, sin embargo, a lo que nos oponemos por que nos asiste la verdad jurídica, es precisamente al producto final, o sea, dicha demarcación aprobada en definitiva por dicho Consejo General.

La autoridad responsable, elude con el matiz del aparente estudio de un aspecto procedimental, el poder estudiar el fondo del asunto planteado a su consideración, mediante la impugnación sujeta a examen, en lo que se aduce violaciones sustanciales con respecto a cuestiones de fondo de un acto de delimitación de geografía distrital.

Recalcamos que no es jurídicamente posible que un acto electoral tan trascendente esté viciado de ilegalidad, y ante lo cual se oponga como argumento la caducidad de las instancias impugnativas, cuando en realidad, en lo que toca para el Partido Nueva Alianza como garante de la legalidad, nos queda claro la observancia de la caducidad de las instancias, pero, el caso en concreto que nos ocupa, la aprobación definitiva de la delimitación distrital en el Estado de Quintana Roo no ha sido definido en forma definitiva e inatacable, por lo que apelamos al sentido de legalidad de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a efecto de que se restablezca el orden jurídico.

La autoridad responsable no estudió a fondo, el argumento jurídico planteado en el sentido de que, la determinación predeterminada con anticipación bajo criterios preponderantemente geográficos en relación a la base población, que debe servir de único parámetro jurídicamente válido para la demarcación de los distritos electorales uninominales en las entidades federativas, acorde con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y demás consideraciones jurídicas aplicables, en razón a que dentro del desarrollo de la metodología de la redistritación al preasignarse al Municipio de Felipe Carrillo Puerto, un distrito electoral conforme a determinaciones geográficas que en otro agravio en específico se controvertirán, se dividió de hecho a la entidad en dos zonas geográficas que restringieron la interacción seccional para la conformación de distritos electorales de acuerdo con el sistema de optimización empleado bajo el modelo matemático de recocido simulado; conforme a lo anterior es de mencionarse que existe un incumplimiento a la garantía procesal de motivación y fundamentación, así como a la exhaustividad de que deben guardar las sentencias de las autoridades jurisdiccionales encargadas de revisar los actos y las resoluciones de corte electoral.

Se insiste en confundir lo que se impugna, siendo que la responsable orienta sus argumentos al aspecto de la caducidad de acción con relación al Acuerdo por medio del cual se definió la metodología de redistritación, ya que, en realidad lo que se cuestiona en este apartado es el resultado final del proceso de distritación, es decir, la aprobación de la demarcación territorial de los quince distritos electorales uninominales del Estado de Quintana Roo, el cual, está viciado de origen por lo que se plantea en este apartado.

En este sentido, la sentencia es incongruente al resolver aspectos que en realidad no se esgrimieron en la impugnación primigenia, resolviendo otros puntos que bajo ninguna circunstancia fueron controvertidos jurisdiccionalmente.

Sin embargo, es de resaltarse los precedentes establecidos en tal sentido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, dentro del expediente SUP-JRC-480-2006, referentes a que si bien en su momento el aspecto aludido no se combatió jurisdiccionalmente, esto no puede significar bajo ningún sentido, que una autoridad administrativa electoral pueda impunemente vulnerar disposiciones y principios fundamentales para la materia comicial, como el dejar de dotar de una plena representatividad distrital a todos los ciudadanos de una entidad federativa determinada, para el caso, el Estado de Quintana Roo, en conformidad a las disposiciones jurídicas aplicables.

Se insiste que, al preasignarse de forma previa un distrito electoral al Municipio de Felipe Carrillo Puerto, amén de que se dividió al Estado de Quintana Roo en dos zonas geográficas, generó que el sistema de optimización de recocido simulado empleado en la configuración distrital, incumpliera con la metodología de distritación en su primera etapa, que debió correctamente apegarse al aspecto de la densidad de población, y no al geográfico primariamente como ocurrió en los distritos electorales aprobados por el Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo, mediante el acuerdo que origina la controversia jurídica que se plantea.

No existe ningún razonamiento lógico- jurídico encaminado a desvirtuar o refutar, que en la definición de los distritos electorales en el Estado de Quintana Roo, se alteraron los factores de compacidad, ya que un sistema de optimización tiende a reducir los márgenes de diferencias de población a los mínimos deseables, que el dividirse el Estado en dos se ven alterados, por que no es lo mismo la interacción de cuatrocientos cincuenta secciones electorales, que las de doscientos veinticinco o menos, que por lógica matemática al ser un menor número de secciones la compacidad de los mismos se amplían en sus márgenes.

La autoridad responsable se limita a realizar afirmaciones dogmáticas en su sentencia sujeta a examen, para el caso que se aduce de que al preasignarse al Municipio de Felipe Carrillo Puerto un distrito electoral, por cuestión meramente geográfica, se rompió la conexidad natural que existía entre las secciones electorales de la zona norte y sur del estado, por lo que, el sistema de optimización se vio minimizado al no optimizar el conjunto universal de las secciones del estado, y si hacerlo en dos zonas o subconjunto de secciones, rompiendo la armonía de tal sistema, en la pretensión de garantizar distritos electorales con condiciones de balance poblacional óptimas; siendo en tal sentido, carente de fundamentación y motivación.

Conviene precisar, con insistencia, que la conexidad o contigüidad, amén de ser un criterio metodológico de distritación, al respecto la Ley Electoral de Quintana Roo en su artículo 28 fracción VI, señala que los trabajos de demarcación de los distritos electorales en la entidad, debe existir continuidad en la conformación de los mismos, extremo que para el caso no se actualiza en evidencia.

Aquí se destaca que la autoridad responsable temerariamente afirma, sin mayor elemento argumentativo y demostrativo alguno, que al preasignarse distritos electorales a los municipios de Cozumel, pero sobre todo de Felipe Carrillo Puerto, sin que entraran a interactuar sus secciones correspondientes al dicho sistema, no se rompió la conexidad natural que existía entre las secciones electorales de la zona norte y de la zona sur del Estado, y que el sistema de optimización no vio minimizado, al considerar que conforme a la cartografía se demuestra lo contrario.

Lo anterior evidencia la falta de precisión en el estudio del agravio esgrimido, ya que no se está cuestionando en ningún momento la cartografía que fue generando el sistema de optimización, sino que, lo que se objeta es el hecho que al momento de incorporar o alimentar de la información pertinente al sistema de optimización para la generación de los escenarios de redistritación, al realizarse la preasignación que se impugna, el sistema ya no permitió que totalidad de las secciones correspondientes al Estado de Quintana Roo se vieran interactuando todas en su conjunto, y en no en dos grandes zonas geográficas, la zona sur y la zona norte del Estado, en razón de que el municipio de Felipe Carrillo Puerto en su delimitación geográfica parte en dos al Estado.

Así es que se insiste en que se rompió la conexidad natural que existía entre las secciones electorales de la zona norte y las de la zona sur de la entidad, por lo que el sistema de optimización se vio minimizado al no optimizar al conjunto universal de las secciones electorales del Estado, rompiendo la armonía de tal sistema, en la pretensión de garantizar distritos electorales con condiciones de balance poblacional óptimos.

Ahora bien, no se debate en la sentencia sujeta a examen el argumento referente a que el Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo, ante las particularidades obtenidas con motivo del primer escenario distrital, que según reconoció el mismo en su momento, de mantenerse en tal sentido, generaría problemática operativas de diversa índole durante la organización y desarrollo de los procesos electorales en la entidad, de ahí que unánimemente se decide adoptar soluciones al respecto, las cuales, evidentemente fueron erróneas por ser contrarías a las consideraciones jurídicas aplicables, al ponderar criterios adicionales de distritación, que otorgan mayor peso al aspecto geográfico sobre el poblacional, siendo que por criterios jurisdiccionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el único criterio válido jurídicamente para la demarcación distrital es el poblacional.

Tampoco existe algún análisis en la sentencia en controversia del argumento tendente a plantear, que en todo caso, ante la problemática del primer escenario de distritación, se debió optar por que en la segunda fase de la metodología distrital, de acuerdo a las variables geográficas y socioeconómicas, realizar los ajustes necesarios para lograra configurar distritos electorales óptimos operativamente hablando para la organización y desarrollo de los procesos electorales en el Estado, construido conforme a derecho sobre una base poblacional, y no en sentido contrario, como ocurrió en el caso que ocupa en esta impugnación, en que erradamente el Consejo General decidió partir de una base geográfica, para posteriormente ajustar la conformación de los distritos con el factor poblacional, lo cual, resulta jurídicamente insostenible, por ser contrario a los principios de legalidad, certeza y objetividad de la función electoral.

En lo específico, en cuanto al agravio TERCERO enderezado en el medio impugnativo primario, es de aducirse respecto a la sentencia de la autoridad responsable, que este punto carece de una debida fundamentación y motivación, en virtud que la autoridad responsable, únicamente se aboca a plantear parcialmente consideraciones dogmáticas sin que exista en la sentencia consideración alguna que la sustente, con relación al punto controvertido de que el Consejo General del Instituto aprobó la nueva distritación electoral del Estado de Quintana Roo, con la prevalencia de un criterio geográfico por encima del criterio poblacional, al preasignar por distritos electorales a los municipios de Cozumel y Felipe Carrillo Puerto, siendo que por disposición constitucional, para efectos de la delimitación geográfica electoral, es el único que en todo caso debe preponderarse.

Tampoco se observa en la supuesta exhaustividad procesal de la autoridad responsable, análisis jurídico de algún tipo con respecto a que la metodología utilizada para la generación del escenario definitivo de distritación que coligó en el panorama geográfico electoral, aprobado mediante el acuerdo en controversia por esta vía, consideró el factor de territorialidad por encima del poblacional, al determinar mediante acuerdo del Consejo General de fecha doce de marzo de dos mil siete, que al final repercute esencialmente en el acuerdo que se controvierte, un ajuste a dicha metodología, consignada en el Considerando 14 a foja catorce del acuerdo, bajo los siguientes criterios:

"Que en el tenor de lo señalado en el Considerando inmediato anterior, en la metodología ajustada del proceso de realización del estudio técnico para la determinación del ámbito territorial que corresponderá a cada uno de los quince distritos electorales uninominales que conforman el Estado de Quintana Roo, que se somete en el acto a la consideración del órgano máximo de dirección del Instituto, se plantea la forma en como se desarrollarán los trabajos de distritación estatal, desde dos etapas principales.

La primera consiste en que atendiendo al modelo matemático denominado 'algoritmo recocido simulado', que sirve de sustento para el diseño del sistema informático respectivo, se generarán los escenarios de distritación de la geografía electoral estatal, de acuerdo al componente estrictamente poblacional, conforme a los criterios de balance poblacional, continuidad y compacidad, a los que se añaden los criterios relativos de que si un municipio tiene por si solo población total dentro del +-15% de desviación permitida a la media de población de cada distrito, se considere como un distrito, y el que no se permita que un distrito se conforme con secciones electorales de dos o más municipios;...".

Sin embargo, al establecer que en todo caso cada Municipio tendrá cuando menos un distrito electoral uninominal, se aparta del criterio poblacional establecido en el artículo 116, fracción II, de la Constitución Federal, ya que el precepto impugnado atendió a aspectos políticos y de territorialidad, lo cual conlleva que no exista certidumbre en los aspectos que regula dicho precepto.

Se abunda que en el caso sujeto a revisión extraordinaria, en la definición distrital no debe existir elemento alguno distinto al número de habitantes de una demarcación territorial, esto es, al factor poblacional, para llevarse a cabo la distribución de los distritos electorales, mandato constitucional que a todas luces la responsable primigenia omitió respetar, pues como ha sido mencionado, la decisión de fijar un criterio que atienda a cuestiones territoriales, específicamente cuando se determina que aquellos municipios que alcancen la medida poblacional requerida (+-15%) se les asignará automáticamente un distrito, resulta evidentemente vulneratorio de los principios rectores en la materia de legalidad, certeza y objetividad.

A mayor precisión, se establece que como resultado del señalado criterio, fijado antijurídicamente por el Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo, la población que comprenden las secciones de los municipios de Cozumel y Felipe Carrillo Puerto, no fue considerada para ser ingresada junto con los demás datos poblacionales del resto de la entidad, en virtud de que automáticamente les fueron concedidos un distrito electoral a cada uno de dichos municipios.

Tal asignación distrital, convergió en que el sistema informático aprobado por el Consejo General, en el que se supone debían haber sido ingresados enteramente los datos poblaciones del Estado, para que mediante el modelo matemático "algoritmo recocido simulado" fueran distribuidos uniforme y equitativamente el número de habitantes TOTAL del ESTADO entre los quince distritos electorales, únicamente generó escenarios distritales con datos poblacionales parciales, lo que innegablemente genera incertidumbre para los actores políticos del Estado, pues evidentemente de haber sido ingresada en el sistema la información completa, se pudo haber producido un escenario geográfico electoral totalmente distinto al que la responsable aprobó con el acuerdo que se impugna, siendo que la sentencia que se impugna, es omisa en su totalidad en realizar un análisis desistimatorio, en su caso, de dicho argumento.

En este entendido, se resalta ante dicha instancia jurisdiccional, que no se puede ni debe permitir bajo ninguna circunstancia, que en un afán o necesidad de que se lleve a cabo una nueva demarcación geográfica electoral en Quintana Roo, se permita que el procedimiento esté viciado de origen y que por ello se avale la delimitación distrital que se objeta mediante la presente vía, que indubitablemente transgrede disposiciones constitucionales y legales y, con ello, los principios rectores de legalidad, certeza y objetividad.

No existe igualmente estudio jurídico alguno de parte de la autoridad responsable, respecto al planteamiento establecido de que no obstante que el Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo haya considerado asignar un distrito a aquel municipio que cubriera la medida poblacional requerida, tal determinación sólo disfrazó la prevalecencia del criterio geográfico sobre el poblacional, siendo que no se permitió que el sistema informático interactuara con todas las secciones, esto es, que bajo el modelo matemático bajo el que fue creado, y que atiende única y exclusivamente al dato poblacional, se distribuyeran en conjunto las mismas, obteniéndose así un escenario distrital cierto, que atendiera al criterio de proporcionalidad en la población y no uno ficticio, como el que se combate.

Sobre este punto, en la sentencia no existe refutación jurídica alguna en tal sentido, dejando de lado la responsable de cumplir con principios básicos procesales como fundamentación, motivación, exhaustividad, siendo a la vez contradictoria en sus planteamientos resolutivos.

Incumple la autoridad responsable con lo anterior, en razón de que en el Considerando CUARTO, contrariamente a lo que se arguye, no establece fundamentos jurídicos y razonamientos lógico-jurídicos que desvirtúen a cabalidad los argumentos jurídicos planteados inicialmente en el medio de impugnación ordinario.

Por otra parte, como ha sido aludido con antelación la responsable en su sentencia de mérito, no desvirtúa o refuta jurídicamente la totalidad de los argumentos planteados en la vía impugnativa ordinaria, ya que se centran solamente en ciertos aspectos, siendo consecuentemente, generadora de incertidumbre jurídica respecto a las pretensiones del Partido Político que represento, al incumplir manifiestamente con el principio de exhaustividad al que está obligado a observar en todo momento al emitir sus resoluciones.

Siendo particularmente delicado este aspecto para el caso que nos ocupa, en que la cercanía del proceso electoral ordinario local dos mil siete, dos mil ocho, implicaba que el acto impugnado debiera definirse en definitiva en virtud de su especial naturaleza y a las implicaciones que se pudieran generar para la organización y desarrollo del proceso comicial en puerta en el Estado de Quintana Roo.

Al faltar al cumplimiento puntual del principio de exhaustividad en el tema de mérito, la autoridad responsable ha generado un ambiente previo al proceso electoral ordinario en Quintana Roo, de completa incertidumbre, al generarse retrasos en la definición del mismo, toda vez que nos vemos como Partido Político en la imperiosa necesidad de acudir extraordinariamente a la Sala Superior del Tribunal Electoral de Quintana Roo con miras al restablecimiento de las condiciones del orden jurídico en el tema distrital del Estado de Quintana Roo, cuando, en un estricto sentido, consideramos que el tema pudo haberse resuelto conforme a derecho de nivel local por parte del Tribunal Electoral de Quintana Roo, lo cual, desafortunadamente no se dio.

Al no atenderse todos los aspectos planteados en este apartado del medio de impugnación primigenio, como se puede constatar en los autos en que se actúa en relación con la sentencia impugnada, la autoridad responsable incumplió con el principio de exhaustividad.

En relación con este apartado resultan aplicables las tesis de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que se reproducen acto seguido:

"FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. SE CUMPLE SI EN CUALQUIER PARTE DE LA RESOLUCIÓN SE EXPRESAN LAS RAZONES Y FUNDAMENTOS QUE LA SUSTENTAN (Legislación de Aguascalientes y similares)" (Se transcribe).

"PRINCIPIO DE EXHAUSTIVIDAD. LAS AUTORIDADES ELECTORALES DEBEN OBSERVARLO EN LAS RESOLUCIONES QUE EMITAN" (Se transcribe).

"EXHAUSTIVIDAD EN LAS RESOLUCIONES. CÓMO SE CUMPLE" (Se transcribe).

"EXHAUSTIVIDAD, MODO DE CUMPLIR ESTE PRINCIPIO CUANDO SE CONSIDEREN INSATISFECHAS FORMALIDADES ESENCIALES" (Se transcribe).

"PRINCIPIO DE LEGALIDAD ELECTORAL" (Se transcribe).

Por lo anterior, en este apartado, dicha Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación debe declarar fundado el presente agravio y revocar el acto impugnado conforme a derecho.

SEGUNDO. Causa agravio al Partido Nueva Alianza, la sentencia de fecha veintiocho de agosto de dos mil siete, dictada por el Pleno del Tribunal Electoral de Quintana Roo, en los autos del expediente JIN/003/2007, en relación a los puntos resolutivos PRIMERO y SEGUNDO, en correlación con el Considerando QUINTO de dicha Sentencia, por ser contrarios a los preceptos 16, 17, y 116, fracciones II y IV, incisos a), b) y c) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 49 fracción II, 52 y 53 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo; 1, 3, 4, 8, 9, 10, 20, 22, 25, 26, 27, 28 y 35 de la Ley Electoral de Quintana Roo; 1, 3, 4, 5, 6, 8 y 14 fracciones XXXVII y XL de la Ley Orgánica del Instituto Electoral de Quintana Roo; a la falta de motivación y fundamentación, exhaustividad, congruencia procesal y a los principios de LEGALIDAD, CERTEZA Y OBJETIVIDAD, rectores de la función electoral estatal, conforme a lo siguiente:

Por cuanto al análisis y determinación a la que arriba la autoridad responsable respecto del agravio CUARTO de mi escrito de demanda de juicio de inconformidad, la cual se encuentra consignada en el Considerando QUINTO de la sentencia que se controvierte jurídicamente, es de aducirse que si bien es cierto, la autoridad responsable reconoce que las consideraciones que sustentan dicho agravio resultan fundadas, al ser evidente la vulneración al procedimiento de distritación por parte del Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo, más cierto resulta que en forma inexacta y por demás errónea, dicha autoridad determina confirmar el acuerdo de la autoridad administrativa electoral primigeniamente responsable, vulnerando con ello los principios de constitucionalidad, legalidad y certeza, rectores en la materia comicial.

Los argumentos vertidos por la responsable con relación al cuarto agravio de la demanda primaria, resultan carentes de toda lógica jurídica en virtud de que, como lo afirma la propia autoridad jurisdiccional estatal, al determinar ser incluida la población comprendida en la zona limítrofe, si bien es cierto ya se había agotado la primera etapa procedimental de los trabajos de redistritación, que era la relativa a la determinación del criterio poblacional, para generar el escenario respectivo, más cierto resulta que única y exclusivamente se había agotado una etapa, esto es, sólo un paso de los muchos que comprendían el proceso de redistritación estaba dado, pero bajo ningún supuesto se había conformado el producto final, tal y como lo alude la propia responsable, y en consecuencia, en cualquier momento, etapa o fase de los trabajos respectivos, se pudieron efectuar modificaciones a la metodología que llevaran a conformar un escenario final distrital que estuviera apegado a las normas constitucionales y legales, así como a los principios rectores en la materia.

Lo anterior no aconteció para el caso de la determinación del Consejo General de incluir a los habitantes de la zona limítrofe, pues tal y como se adujo en la demanda de origen, dicha inclusión fue hecha en forma manual y no bajo los criterios metodológicos y procedimentales previamente aprobados.

En este aspecto que se controvierte resulta procedente hacer el señalamiento de lo acontecido en una de las etapas de los trabajos de redistritación, específicamente cuando se generó el primer escenario distrital, con base en la metodología aprobada inicialmente el once de diciembre de dos mil seis, siendo que al ser echado a correr el sistema y generarse el mismo, se produjo un resultado que operativamente resultaba complicado, razón por la cual, en atención a la propuesta del Partido de la Revolución Democrática, se determinó considerar otros criterios que no se habían tomado en cuenta en la metodología, siendo que en razón de ser analizada dicha propuesta, con fecha doce de marzo de dos mil siete, el Consejo General aprueba un ajuste a dicha metodología, tal y como se puede observar en lo planteado en los antecedentes 21 a 25 de la presente demanda.

En razón de lo anterior, se retrotrae el proceso de redistritación a efecto de que con la inserción a la metodología de nuevos criterios, se vuelva a correr el sistema informático y, en consecuencia, se genere nuevamente un primer escenario distrital.

Se señala lo anterior, en razón de que la propia autoridad administrativa electoral actuó en determinado momento del proceso de redistritación retrotrayéndose a la primera etapa, en virtud de un ajuste metodológico, tal y como debió de haber acontecido para el caso de la inclusión de la población de la porción territorial en disputa, siendo que al respecto el órgano máximo de dirección debía haber adicionado dicha población a los datos poblacionales proporcionados por el INEGI e IFE, para sólo así, tener la certeza de que se aplicaba el criterio poblacional enteramente.

Cabe referir que con el erróneo y temerario argumento esgrimido por la responsable de que por haber precluido el derecho a impugnar la etapa primera, que es en donde quedaron determinados los instrumentos poblacionales a considerar en los trabajos de redistritación, y respecto de los cuales los partidos políticos, incluido el que el suscrito representa, estaban enterados, queda por demás evidenciado que la responsable desconoce que un procedimiento consiste en una serie de pasos para arribar a un resultado final, que no es final, sino hasta que se encuentran concluidas todas y cada una de las fases que conforman dicho procedimiento, luego entonces, lo único que realmente puede otorgar certeza a los trabajos de redistritación es precisamente que durante el desarrollo de las diversas etapas que lo conformaron, los actores políticos y la autoridad electoral, después del debido análisis de los resultados que cada una arrojaba, concluyeran en que efectivamente ese era el camino adecuado y sobretodo, apegado a las normas constitucionales y legales y a los principios rectores en la materia.

En tal sentido, se reitera que lo único procedente ante la determinación de incluir a los pobladores de la zona en conflicto, era, previo ajuste metodológico, volver a correr el sistema informático a efecto de generar un primer escenario distrital que comprenda a la población TOTAL del Estado de Quintana Roo, esto es, a todos los habitantes comprendidos en los límites geográficos que determina la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo.

Al no actuar la autoridad comicial en los términos anteriores, trasgredió de origen el criterio poblacional, pues no fue considerado en su totalidad, y en consecuencia, no puede ser avalado el producto final de la redistritación.

Cabe señalar que la resolución en controversia resulta además confusa e incongruente, pues como se observa en la misma, la responsable por un lado desestima los argumentos del partido político que represento aduciendo que al no ser impugnados en su momento procesal oportuno, ha caducado el derecho a la acción y por el otro lado, decreta parcialmente fundados los argumentos vertidos al respecto en la demanda primigenia, por no haber seguido la metodología el Consejo General, al determinar añadir a la población de la zona limítrofe.

Sobre el particular, se reitera que los trabajos de redistritación, implican por su propia naturaleza, una tarea complicada que conjunta diversos elementos técnicos y humanos de gran complejidad, siendo ésta la razón principal en la que esta representación partidista se basa para aducir ante esa instancia jurisdiccional federal, que resulta por demás ilógico pensar que el solo hecho de que el resultado arrojado por las diversas etapas procedimentales no haya sido controvertido jurídicamente en el plazo que concede la Ley Estatal de Medios de Impugnación en la Materia, es suficiente para no poder reparar una evidente vulneración al procedimiento, máxime cuando dicha violación implica enmendar una falta al principio de constitucionalidad y legalidad que muy a tiempo se detectó, tal es el caso de no haberse considerado desde un inicio a la población de la zona limítrofe, cuando constitucionalmente así debía haber sido.

Lo anterior se afirma desde la perspectiva de que las etapas que conforman los trabajos de redistritación deben verse como un todo, apreciarse en su conjunto, para que sólo de esta forma, puedan ser valuados los resultados finales.

Aunado a lo anterior, el partido político que represento objeta determinantemente el argumento utilizado por la responsable para decretar inoperante la violación procedimental decretada como fundada, aduciendo a la falta de tiempo ante la cercanía del proceso electoral, pues no puede ni debe permitirse bajo ningún supuesto, que se avale un trabajo de redistritación en el Estado de Quintana Roo con una innegable vulneración a la metodología de redistritación, que se permita que haya sido aprobado un nuevo mapa geográfico electoral con la seria inobservancia de las disposiciones normativas aplicables.

Asimismo, se controvierte que la responsable aduzca al principio de determinancia para desestimar los argumentos del partido político que represento, pues como claramente se desprende de la sentencia motivo de impugnación, no se aprecia el análisis hecho por dicha autoridad jurisdiccional para sostener que el número de pobladores de la zona limítrofe, no es determinante para que cualitativa o cuantitativamente se pudiese haber generado un panorama distrital diferente.

Al respecto, resulta pertinente señalar lo vacío y endeble de tales argumentos, pues la única forma con la que se podría demostrar tal determinancia, es precisamente echando a correr nuevamente el sistema informático con la adición de los datos poblacionales de la zona en conflicto y, partiendo del primer escenario que se generara, proceder a las fases procedimentales subsecuentes, que en su conjunto, concibieran un panorama distrital cierto.

En abundancia de lo anteriormente expuesto, se realizan las siguientes consideraciones:

Se afirma que la autoridad responsable, únicamente se concretó a emitir argumentaciones meramente dogmáticas, carentes de sustento jurídico y que además radican en una resolución que resulta incongruente, pues la responsable, no obstante acepta una violación procedimental en los trabajos de redistritación, falla a favor de confirmar un acuerdo evidentemente transgresor del principio de legalidad electoral.

Resulta absurdo que la autoridad responsable determine dar validez a un acto vulneratorio de la normas constitucionales y legales en la materia, tal y como lo reconoce en la sentencia impugnada, y con ello, avalar que el órgano administrativo comicial transgreda los principios rectores de la función electoral, y en consecuencia, incurrir la propia autoridad responsable, en un manifiesto incumplimiento de lo que prevén las disposiciones constitucionales y legales electorales y de los principios de constitucionalidad, legalidad, certeza y objetividad que invariablemente debiera observar.

Al respecto, primeramente debe señalarse que en forma equívoca la autoridad responsable sustenta su determinación en argumentos carentes de toda lógica jurídica, tales como que los trabajos de redistritación del Instituto se llevaron a cabo con el consenso de todos los que participaron en el proceso respectivo.

Al respecto debe señalarse, como es bien sabido, que el. hecho de que todos los partidos políticos, así como la autoridad electoral avalen llevar a cabo un acto que vulnere lo dispuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y/o la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, y/o por las normas legales en la materia, ello no implica bajo ningún supuesto, que si en un momento determinado, dicho acto es impugnado ante los órganos electorales encargados de hacer prevalecer la legalidad de las actuaciones de las instancias administrativas electorales, éstos puedan respaldar dicha acción inconstitucional y/o ilegal, por el solo hechos de haber sido realizada con el acuerdo de los actores políticos y la autoridad.

En tal virtud, uno de los argumentos utilizados por la autoridad responsable para desestimar el agravio en comento, es precisamente que como los partidos políticos con acreditación ante el Instituto Electoral de Quintana Roo, así como la propia autoridad electoral, habían consentido, por no haber sido impugnado en su momento procesal oportuno, en que el instrumento que se utilizaría para efectos de satisfacer el criterio poblacional en los trabajos de redistritación, eran los datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática, así como por los datos del padrón electoral proveídos por el Instituto Federal Electoral, siendo que como en ninguno de ellos se encontraba comprendida la población de la franja territorial en disputa, entonces tácitamente se aceptaba la exclusión de los habitantes de la zona en conflicto.

Lo anterior es por demás incongruente y genera, consecuentemente incertidumbre jurídica, pues en ningún momento se cuestionan en el cuarto agravio de la demanda primigenia, los instrumentos poblacionales utilizados, sino que lo que se demandó fue que al haberse determinado incluir a la población de la zona limítrofe, el número total de dicha población debía haberse añadido a los datos poblacionales proporcionados por el Instituto Nacional de Geografía, Estadística e informática y por el Instituto Federal Electoral, a efecto de que de esta forma se tuviera información cierta de la población total del Estado de Quintana Roo, y este dato fuera el que se ingresara al sistema informático establecido por el Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo, a fin de que en forma aleatoria se generaran los escenarios distritales, es decir, que tal actuar se apegara a las fases y procedimientos determinados para la realización del proceso de redistritación en el Estado de Quintana Roo.

Cabe señalar que la importancia de incluir a los habitantes de la franja territorial que los Estados de Yucatán y Campeche, sin derecho reclaman, obedecía a un deber de acatar lo dispuesto constitucionalmente, pues como ha quedado asentado en la demanda de origen, el territorio de Quintana Roo, de acuerdo a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, comprende la porción territorial en disputa y el cumplimiento de dicha Ley Fundamental no está, ni debe estar sujeta a discusión, situación que no pasó desapercibida para la autoridad administrativa electoral local, así como para los Partidos Políticos representados ante la misma, determinándose en tal sentido su inclusión.

Así pues, al reconsiderarse en el procedimiento de redistritación, el no haber contemplado a los habitantes de la zona limítrofe que disputan a Quintana Roo las entidades de Yucatán y Campeche, invariablemente el Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo, debió tomar las medidas necesarias que garantizaran certeramente que tal población fuera incorporada al nuevo mapa geográfico electoral, en apego a la metodología y procedimientos previamente establecidos, que de ser indispensable, sufrirían los ajustes necesarios a fin de que los mismos fueran adecuados a las circunstancias precisas, esto es, que el dato poblacional relativo a los habitantes de la citada porción territorial, fuera ingresado junto con los datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática y por el Instituto Federal Electoral, a través del Registro Federal de Electores, al sistema informático creado bajo el modelo matemático "algoritmo de recocido simulado", con la finalidad de que, como ha sido expuesto, los datos mediante los cuales en forma aleatoria se arrojarían los escenarios distritales, fuera inconcuso y completo respecto de la población total requerida y sólo así satisfacer enteramente el aspecto poblacional, fundamental en los trabajos de redistritación.

Contrario a lo anterior, el Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo, no obstante optó por incluir a los pobladores de la franja limítrofe precitada, lo hizo erróneamente, transgrediendo sus propias determinaciones, pues a pesar de que la metodología respectiva establece los pasos mediante los cuales se van a configurar los escenarios distritales, la autoridad administrativa electoral local omite dar seguimiento a lo establecido en la misma, al incorporar la franja territorial en mención en forma manual, y no mediante el sistema informático referido.

En este entendido, el Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo, si bien es cierto, al determinar incluir a los habitantes de la zona limítrofe, evita incumplir con los principios de constitucionalidad y legalidad, ajustando sus actos a lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, que establecen los límites territoriales de esta entidad, más cierto resulta, que se equivoca al no incluir a dichos pobladores en el tenor de la metodología que el propio órgano electoral administrativo determinó para llevar a cabo los trabajos de redistritación, vulnerando con ello los principios rectores de constitucionalidad, legalidad, certeza y objetividad.

Aunado a lo señalado, es de aducirse que si por la metodología aprobada se requería, como lo menciona la autoridad responsable, retrotraerse el proceso de distritación, pues evidentemente esa era la acción que debía haberse adoptado por la misma, con la finalidad de que el Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo, procediera a cumplir a cabalidad con el principio de legalidad, pues sólo con ello se garantizaba la certidumbre jurídica en los trabajos de redistritación.

Cabe señalar que no obstante el Consejo General tenía que fijar fecha para resolver respecto de los trabajos de demarcación territorial electoral, en virtud de la sentencia emitida por la propia Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el expediente SUP- JRC-080/2007, dicha fecha pudo haber sido establecida de forma tal, que se permitiera el ajuste pertinente para que la población incluida fuera considerada dentro de la población total a efecto de echar a correr el sistema informático aprobado y con ello generarse un escenario distrital dotado de certeza, objetividad y legalidad.

El Partido Político Nueva Alianza, bajo el amparo de las normas constitucionales y legales en la materia, no concibe que se avale un trabajo de redistritación en el Estado de Quintana Roo con una innegable vulneración a la metodología de redistritación, que se permita que haya sido aprobado un nuevo mapa geográfico electoral con la seria inobservancia de las disposiciones normativas aplicables.

En este tenor, se objetan los endebles argumentos jurídicos de la autoridad responsable, pues no obstante la misma acepta son fundadas las aseveraciones del Partido Político que represento, relativas a la vulneración del procedimiento en los trabajos de redistritación que se impugnan, por otro lado, permite con su resolutivo la vigencia de un acuerdo ilegal, viciado de origen, bajo el criterio de que la demarcación geográfica electoral aprobada se encuentra más apegada a los criterios de igualdad y equidad previstos constitucionalmente, siendo que dichas afirmaciones no tienen la fundamentación ni motivación debida, tal es el caso que la responsable arguye a criterios de determinancia cualitativa y/o cuantitativa para desestimar la violación procedimental aludida, sin que en ninguna parte de la sentencia se aprecie el análisis que ese órgano jurisdiccional haya realizado a efecto de arribar a tal conclusión.

Debe tenerse en consideración que la única forma en que se garantizará la certeza y seguridad jurídica de los actores políticos, es mediante la reparación de la que a todas luces es una violación al principio de legalidad, la cual, debe ser reparada en estricto apego a lo dispuesto en la metodología y procedimientos respectivos, independientemente que eso implique retrotraerse el proceso de redistritación, pues de permitirse que impere la demarcación geográfica electoral impugnada en la demanda primigenia, se estaría ante la irreparabilidad de un acto indudablemente ilegal, situación que trastocaría el sistema jurídico vigente en la materia, dejándose sin posibilidad jurídica o material para corregir, enmendar o evitar que los efectos de esa irregularidad trasciendan o se actualicen en el momento en que se lleven a cabo los comicios.

Aunado a lo anterior, esta representación partidista, retoma como suyos extractos de los argumentos del voto particular expuesto en la sentencia que nos ocupa, a efecto de que esa Honorable Sala Superior los tenga a bien considerar.

En tal sentido, se reproduce en su literalidad lo siguiente:

"Esta delimitación de la geografía electoral implica la realización de diversas actividades, con un alto grado de dificultad técnica, que requiere: estudios de carácter multidisciplinario, la existencia de una metodología, la planeación de un programa de actividades, la asistencia de personal especializado, infraestructura (material, computadoras, locales, información de censos poblacionales y de registros ciudadanos, recursos económicos, etcétera) y la participación cercana de los partidos políticos, como observadores y críticos del proceso.

Así en los trabajos de demarcación territorial de los distritos electorales uninominales del Estado de Quintana Roo, se deben considerar los aspectos generales de densidad de población, las condiciones geográficas y las circunstancias socioeconómicas prevalecientes en las distintas regiones de la entidad, sin trastocar la esencia valorativa y propositiva que toda distritación persigue y que se resumen en cuatro puntos fundamentales a saber:

a) El valor idéntico de cada voto, es decir, lograr el objetivo de 'un ciudadano un voto'. Este propósito consiste en vincular una parte de la población ciudadana asentada en una porción del territorio con un cierto número de representantes a elegir, de tal forma que, cada cargo represente, en la medida de lo posible, la misma cantidad de habitantes.

De esta manera, se busca que cada voto emitido tenga el mismo valor, por servir siempre para elegir un número similar de representantes, lo cual constituye una forma de concretar el principio democrático de la igualdad del voto.

b) El segundo objetivo es evitar que la distribución tenga sesgos partidarios, es decir, que en la delimitación de los distritos prevalezcan motivos políticos que beneficien a un partido en especial.

c) Un tercer propósito es facilitar a los ciudadanos la emisión del sufragio, de tal forma que les sea asequible el traslado al lugar en el que habrán de sufragar y la autoridad no encuentre dificultades para recibir los expedientes de casilla y realizar los cómputos respectivos.

d) Finalmente, un cuarto objetivo es la homogeneidad de la población, que busca preservar, en la medida de lo posible, la división geográfica preestablecida de barrios, colonias, delegaciones, municipios y la integridad de comunidades rurales e indígenas.

De esta manera, para alcanzar los dos primeros objetivos, la distribución territorial se debe realizar en forma proporcionada y equilibrada a un determinado número de habitantes dentro de cada distrito electoral, para que aquellos con capacidad de ejercer su derecho al sufragio, puedan elegir a quienes los representen en dicha jurisdicción de una forma más equitativa. Esto implica la realización de complejos estudios demográficos y estadísticos sobre fenómenos migratorios, movilidad poblacional, etcétera.

De igual forma, para satisfacer el segundo y el tercer propósito, deben realizarse estudios sobre vías de comunicación, infraestructura urbana, tiempos de traslado, accidentes geográficos, grupos étnicos y características sociológicas, así como investigaciones de campo y encuestas.

Con base en lo anterior, uno de los propósitos primordiales de la distribución territorial de los electores, es el referido a la necesidad de que el valor del voto de cada ciudadano sea idéntico. Al respecto, se ha considerado que los problemas técnicos que se plantean en los lugares de gran población y territorio con motivo de la organización de las elecciones, obligan a buscar mecanismos de distribución con el propósito de vincular una parte de la población ciudadana asentada en una porción del territorio con un cierto número de representantes a elegir, de tal modo que cada curul represente, en la medida de lo posible, la misma cantidad de habitantes, con el fin de lograr que cada voto emitido tenga el mismo valor, al servir, siempre, para elegir un número similar de representantes, lo que constituye una forma de concretar el principio democrático de la igualdad del voto.

Este valor tutelado, se encuentra violentado con el actuar de la autoridad administrativa electoral, pues como manifiesta el inconforme y así lo reconoce la propia autoridad responsable en su informe circunstanciado, se omitió seguir la metodología y el procedimiento previamente aprobado para la conformación de los escenarios de distritación de los quince distritos electorales uninominales del estado de Quintana Roo; lo cual pugna con los principios de certeza, legalidad y objetividad que deben imperar en todos los actos y resoluciones de la autoridad electoral.

En efecto, la autoridad responsable, conforme a la normatividad electoral y las necesidades imperantes en el estado, determinó mediante acuerdo de fecha nueve de junio del año dos mil cinco, la realización del estudio técnico para la determinación del ámbito territorial que comprenderá a cada uno de los quince distritos electorales uninominales que conforman el Estado, esto es, determinó la realización de la redistritación de los distritos electorales uninominales del Estado de Quintana Roo.

Consciente que la delimitación de la geografía electoral implicaba la realización de diversas actividades, con un alto grado de complejidad técnica, que requería, entre otros, de la existencia de una metodología, con fecha once de diciembre de dos mil seis la autoridad responsable aprobó la metodología para el proceso de realización del estudio técnico para la determinación del ámbito territorial que correspondería a cada uno de los quince distritos electorales uninominales que conforman el Estado de Quintana Roo. En esta metodología, se dio especial énfasis a la armonización plena de los aspectos constitucionales y legales impuestos para la definición de los limites electorales uninominales del Estado.

Lo destacable de esta metodología es que los trabajos de redistritación electoral los dividieron en tres etapas a saber:

PRIMERA ETAPA: Consistente en la obtención de los escenarios de distritación a través del modelo matemático denominado "algoritmo recocido simulado", con lo cual se cumple con el primer componente o aspecto constitucional y legal, inherente a la densidad de población. De igual modo, cumple a cabalidad con los dos primeros puntos fundamentales que toda distritación persigue: el valor idéntico de cada voto y el evitar que la distribución tenga sesgos partidarios;

SEGUNDA ETAPA: Evaluación de los escenarios producidos en la primera etapa desde los puntos de vista de las condiciones geográficas del Estado y de las circunstancias socioeconómicas prevalecientes en las distintas regiones de la entidad, con lo que se cumple con los restantes componentes o aspectos constitucionales y legales, inherentes a las condiciones geográficas y circunstancias socioeconómicas prevalecientes en las distintas regiones de la entidad. De igual modo, cumple con los dos últimos puntos fundamentales que toda distritación debe tener: facilitar a los ciudadanos la emisión del sufragio y la homogeneidad de la población.

TERCERA ETAPA: Previa aprobación de una nueva división de distritos electorales uninominales en el Estado, la generación de productos cartográficos e informáticos de la nueva división Distrital.

Esta metodología, por acuerdo de fecha doce de marzo del año en curso, tuvo un ajuste consistente en la introducción de tres criterios más a saber:

a) Si un municipio tiene por si sólo población total dentro del +-15% de desviación permitida a la media de población de cada distrito, se considere como un distrito;

b) Que no se permita que un distrito se conforme con secciones electorales de más de dos municipios; y

c) Los distritos que se conformen en zonas con historial de alto crecimiento demográfico se configuren cerca de cota inferior de la desviación permitida, esto es, el -15% y que los distritos que se conformen en zonas con historial de bajo crecimiento poblacional se dejen con población cercana a cota superior de la desviación permitida, o sea el +15%.

Estos criterios, que en esencia también tocan aspectos poblacionales (el primero y el tercero), fueron introducidos, los dos primeros a la primera etapa y el último, a la tercera etapa sin que variaran los aspectos primordiales de cada etapa.

Ahora bien, en lo que importa al tema, es de destacarse que la primera etapa de esta metodología, se sustenta en el aspecto constitucional y legal de la densidad poblacional, habiéndose determinado en la propia metodología que este aspecto fuera interpretado como población total, esto es, que fuera considerado para los efectos de los escenarios de distritación a la totalidad de la población del Estado de Quintana Roo.

En la especie, si bien es cierto que la autoridad responsable consideró a la población existente en la franja limítrofe que actualmente se encuentra en controversia con los Estados de Campeche y Yucatán, no menos cierto resulta que lo hizo en forma manual, desestimando la metodología y el procedimiento previamente aprobado por la misma, en especial omitiendo la primera etapa de dicha metodología que en esencia tiene que ver con el aspecto poblacional y que en términos constitucionales y legales (artículos 53 de la Constitución estatal y 28. fracción I, de la Ley Electoral de Quintana Roo) es un aspecto a considerar en los trabajos de distritación, acogiéndose desde luego a los procedimientos que en la propia metodología se hubieren determinado; lo que al no realizarse transgrede los principios de certeza, legalidad y objetividad que el acto en si debía contener.

En las relatadas consideraciones, dado lo fundado y operante del concepto de agravio identificado como cuarto, suficiente para revocar el acuerdo impugnado y que implica emitir un nuevo acuerdo ajustándose a la metodología y procedimientos previamente aprobados por la propia autoridad responsable, lo que conlleva a la utilización de elementos que no se encuentran al alcance de esta autoridad jurisdiccional..."

De lo anteriormente transcrito, se aduce que no obstante el Partido Político que represento, hace suyos los criterios reproducidos con anterioridad, derivados del voto particular contenido en la sentencia que se impugna, esto no implica bajo ningún supuesto, la coincidencia con el plazo que en dicho voto se dispone para efecto de la emisión de un nuevo acuerdo que restituya la violación procedimental expuesta, observándose que no existe el análisis del factor tiempo por parte del Magistrado Ponente que emite dicho voto individual, mediante el cual sustente las razones por las que considera que el plazo que propone para restituir la violación procedimental en comento, es suficiente para tal efecto.

Al respecto, el Partido Nueva Alianza, que tuvo la oportunidad de participar en los trabajos de redistritación llevados a cabo por el Instituto Electoral de Quintana Roo, es consciente de que resultaría materialmente imposible que en un término de diez días hábiles pudiesen ser llevadas a cabo todas las fases procedimentales contenidas en la metodología aprobada por el Instituto.

En razón de lo anterior, se considera de sumo riesgo el establecer un plazo tan corto y tan cercano al inicio del proceso electoral, para que se lleven a cabo todas las fases procedimentales que constitucional y legalmente deben de ser satisfechas en el proceso de determinar la demarcación geográfica electoral de Quintana Roo.

Lo anterior debe ser considerado, como ha sido criterio de ese propio órgano jurisdiccional federal en la sentencia recaída al expediente SUP-JRC-451/2006, en razón de la afectación al principio de certeza que debe regir en cualquier proceso comicial, pues la transformación de los distritos electorales uninominales, produce entre otros efectos, una nueva credencialización que técnicamente podría resultar de difícil realización, o la creación o adecuación de las secciones electorales, lo que obligaría a que los ciudadanos votaran en lugares distintos a los contenidos en sus credenciales para votar, lo que podría provocar confusión, además de distintos elementos disruptivos del proceso electoral.

Como sustento a de lo anterior, me permito invocar las tesis de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que se transcriben a continuación:

"FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. SE CUMPLE SI EN CUALQUIER PARTE DE LA RESOLUCIÓN SE EXPRESAN LAS RAZONES Y FUNDAMENTOS QUE LA SUSTENTAN (Legislación de Aguascalientes y similares)" (Se transcribe).

"PRINCIPIO DE EXHAUSTIVIDAD. LAS AUTORIDADES ELECTORALES DEBEN OBSERVARLO EN LAS RESOLUCIONES QUE EMITAN" (Se transcribe).

"EXHAUSTIVIDAD EN LAS RESOLUCIONES. CÓMO SE CUMPLE" (Se transcribe).

"EXHAUSTIVIDAD, MODO DE CUMPLIR ESTE PRINCIPIO CUÁNDO SE CONSIDEREN INSATISFECHAS FORMALIDADES ESENCIALES" (Se transcribe).

"PRINCIPIO DE LEGALIDAD ELECTORAL" (Se transcribe)."

QUINTO. Los agravios son infundados en una parte y en otra fundados.

El actor aduce que la responsable omitió analizar en forma exhaustiva y coherente el agravio expuesto en su recurso de inconformidad, consistente en que, para realizar la nueva distritación, debió tomarse como base el Conteo 2005 con estimaciones, en lugar de sin estimaciones, como lo hizo el Instituto Electoral de Quintana Roo.

Este agravio es infundado, porque la responsable si se ocupó de dicha cuestión pues, al efecto, señaló:

1) En esencia, el partido se inconforma con la utilización del dato de la población del II Conteo de Población y Vivienda del 2005 sin estimaciones, levantado por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática.

2) Es inatendible dicho agravio, porque el actor no emite razonamientos tendentes a combatir las consideraciones del acuerdo impugnado, pues desde el once de diciembre del dos mil seis, el Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo aprobó la metodología para el proceso de realización del estudio técnico para la determinación del ámbito territorial correspondiente a cada uno de los quince distritos electorales uninominales, que conforman esa entidad federativa y en dicho acuerdo se determinó adoptar el dato de la población del II Conteo de Población y Vivienda del 2005, sin estimaciones, levantado por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática.

3) El referido acuerdo de once de diciembre del dos mil seis, fue discutido y aprobado por unanimidad en una sesión del Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo, en la cual estuvo presente el representante del actor, por lo cual operó la notificación automática en términos del artículo 25 de la Ley Estatal de Medios de Impugnación en Materia Electoral, siendo que no lo combatió dentro del plazo de tres días a través del juicio de inconformidad previsto en el artículo 76 de dicha legislación y, por tanto, el catorce de diciembre del dos mil seis, precluyó su derecho para impugnarlo, de ahí la extemporaneidad de su impugnación hasta el veintitrés de julio del dos mil siete.

4) No obsta a lo anterior lo afirmado por el actor, en el sentido de que no tenía la carga de impugnar el acuerdo de once de diciembre del dos mil seis, porque antes de aprobar definitivamente la redistritación desconocía los resultados o consecuencias que podrían desprenderse del mismo, pues en concepto de la responsable, el referido acuerdo se aplicó el veintidós de enero del presente año, al generar el primer escenario de distritación de la geografía estatal y desde entonces estuvo en aptitud de conocer las repercusiones que tendría que tomar en cuenta el Conteo 2005 sin estimaciones, lo cual tampoco impugnó oportunamente.

5) El proceso de redistritación es un acto complejo que requiere la elaboración de procedimientos técnicos y metodológicos de gran magnitud y por ello no pueden realizarse todos en un solo acto, pues se requiere la celebración de diversas reuniones de trabajo, donde se van emitiendo acuerdos para ajustar los criterios de metodología que se adoptarán para realizar la redistritación y, por tanto, cada una de las determinaciones respectivas debe impugnarse oportunamente.

De lo anterior se advierte que la responsable no omitió ocuparse del agravio planteado por el actor, en cuanto a la supuesta ilegalidad del acuerdo impugnado, derivada de no haber considerado el Conteo 2005 con estimaciones, en lugar del mismo conteo, sin estimaciones, pues al respecto consideró, en esencia, que dicha cuestión no era una violación propia del acuerdo impugnado, sino que derivaba de acuerdos anteriores del Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo, los cuales no se impugnaron oportunamente y cuyo pronunciamiento es suficiente para considerar que abordó en forma congruente y completa la cuestión planteada, con independencia de la legalidad de dicha determinación, lo cual será materia de estudio en párrafos subsecuentes.

En contra de los razonamientos expuestos por la responsable respecto del tema en cuestión, la actora aduce lo siguiente:

a) Es ilegal lo afirmado por la responsable, pues no tenía deber de impugnar el acuerdo de once de diciembre de dos mil seis, al desconocer los efectos que tendría el mismo al adoptar la decisión definitiva; aparte de que es reparable la violación, porque la redistritación es una cuestión de orden público y de toral importancia para el proceso electoral de Quintana Roo.

b) La aprobación de la demarcación de los quince distritos electorales en Quintana Roo es incierta, al tomar el dato del Conteo 2005 sin estimaciones, el cual no refleja la realidad poblacional como el que tiene estimaciones, lo que contraviene un elemento central de la distritación, según criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de esta Sala Superior y lo dispuesto en la Constitución Federal, por lo cual es impugnable la decisión final, al margen de no haber impugnado las distintas etapas desarrolladas para tal efecto.

c) No se justifica fehacientemente la utilización de la información poblacional sin estimaciones, del Segundo Conteo de Población y Vivienda del 2005, siendo que el dato con estimaciones refleja de mejor manera la realidad poblacional y de tomar como base este dato, se mejoraría la representación de los habitantes del Estado, pues se cumpliría con el principio de representatividad en la construcción de los distritos, en lugar de afectar la representatividad de los habitantes del municipio de Benito Juárez, al cual le corresponderían ocho distritos en lugar de los siete asignados por la autoridad administrativa electoral.

Los agravios extractados son infundados.

La cuestión principal del asunto estriba en determinar si como lo afirma la responsable, los actos relacionados con el procedimiento de distritación, emitidos previamente al acuerdo final, adquieren definitividad al no impugnarlos oportunamente o bien, si pueden impugnarse al controvertir la decisión final de nueva distritación.

De la interpretación gramatical y sistemática de los artículos 5, 6, 25, 28, 49 y 76, fracción II, de la Ley Estatal de Medios de Impugnación en Materia Electoral en Quintana Roo, se concluye que, durante el tiempo que transcurra entre la conclusión de un proceso electoral y el inicio del siguiente, los diversos actos y resoluciones del Consejo General del Instituto Electoral de dicha entidad federativa, relacionados con los trabajos de redistritación, los cuales están integrados por diversas etapas, por regla general, son impugnables en forma autónoma ante el Tribunal Electoral de Quintana Roo, través del recurso de inconformidad, dentro de los tres días siguientes a que son notificados o se tiene conocimiento de los mismos, lo cual implica la definitividad de cada una de las etapas.

Ciertamente, el artículo 5 de la legislación citada, establece que los medios de impugnación locales tienen por objeto garantizar que todos los actos y resoluciones de los órganos del Instituto, se sujeten invariablemente a los principios constitucionales de legalidad, certeza, independencia, imparcialidad y objetividad; dar definitividad a los distintos actos y etapas de los procesos electorales; y proteger los derechos político electorales de los ciudadanos del Estado.

El artículo 6, apartado II, de dicha Ley, establece que procede el juicio de inconformidad, para garantizar la legalidad de los actos y resoluciones de los órganos centrales del Instituto, durante el tiempo que transcurra entre la conclusión de un proceso electoral y el inicio del siguiente, así como durante estos exclusivamente en la etapa de preparación de la elección.

En el diverso artículo 25 se estatuye que los medios de impugnación previstos en dicha Ley, deberán promoverse dentro de los tres días siguientes, contados a partir de que se tenga conocimiento o se hubiese notificado el acto o resolución que se impugne.

El artículo 49 de dicha legislación, establece que las sentencias de fondo que recaigan a los juicios de inconformidad, tendrán como efecto confirmar, modificar o revocar en su caso, el acto o resolución impugnados.

Por su parte, el artículo 76, fracción II, de dicho ordenamiento, establece, en la parte que interesa, que el juicio de inconformidad que conocerá y resolverá el Tribunal, procederá en contra de actos o resoluciones de los órganos centrales del Instituto, con excepción de los relacionados con la Contraloría Interna del Instituto y del Tribunal; y contra actos o resoluciones de los órganos centrales del Instituto, con excepción de los que son materia del Juicio de Nulidad o de sanción impuesta con motivo al procedimiento seguido por las Contralorías Internas.

Es importante destacar que en dicho precepto, al referir actos o resoluciones de los órganos centrales, está incluida cualquier tipo de determinación, pues la única excepción es que no sean actos relacionados con el juicio de nulidad o sanciones administrativas.

También se destaca, que en términos del artículo 9 de la Ley Orgánica del Instituto Electoral de Quintana Roo, su Consejo General es uno de sus principales órganos centrales, por lo cual, sus actuaciones son impugnables ante el tribunal local, a través del juicio de inconformidad mencionado.

En relación con los trabajos de Distritación, el artículo 28 de la Ley Electoral de Quintana Roo, establece:

"Artículo 28. El ámbito territorial de los quince distritos electorales uninominales del Estado, se determinará mediante la aprobación de las dos terceras partes de los integrantes del Consejo General y se sujetará a los criterios siguientes:

I. Los distritos uninominales deberán atender invariablemente a la densidad de población, las condiciones geográficas y las circunstancias socioeconómicas prevalecientes de las distintas regiones de la entidad;

II. Por lo menos dieciocho meses antes del proceso electoral ordinario de que se trate y cuando así lo acuerde el Consejo General, este ordenará la realización del estudio técnico para la determinación de los distritos electorales uninominales en que deberá dividirse el Estado;

III. De acordarlo el Consejo General, el Registro Federal de Electores previo convenio de colaboración que celebre con el propio Instituto, será la instancia que formule el estudio técnico para realizar la división territorial del Estado en distritos electorales uninominales, para su aprobación correspondiente;

IV. Invariablemente, la delimitación de la geografía electoral y su modificación deberán resolverse entre dos procesos electorales ordinarios;

V. En los trabajos de distritación se deberá observar que su desarrollo permita efectuar cualquier modificación a la cartografía electoral, las secciones, el padrón y la lista nominal;

VI. Para la numeración de los distritos se establecerá un punto geográfico inicial y un sentido para asignarla siguiendo la continuidad territorial de los mismos;

VII. Una vez concluidos los trabajos de distritación, la resolución que en su caso expida el Consejo General, se mandará a publicar en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado;

VIII. Entretanto no se apruebe la modificación de los distritos electorales uninominales, seguirá utilizándose la que se encuentre en vigencia."

De dicho precepto se advierte que la distritación es un acto complejo cuya determinación requiere de una serie de trabajos y actividades que permitan combinar diversos datos y estudios técnicos para atender los criterios de densidad de población, condiciones geográficas y circunstancias socioeconómicas prevalecientes de las distintas regiones de la entidad.

El legislador previó la realización de múltiples actividades preparatorias de la aprobación final de la distritación, que adquieren autonomía e independencia en la medida en que cada trabajo o actividad signifique un avance para constituir una información determinada o fijar una metodología que permita proseguir con la finalidad perseguida.

Tales actividades requieren la inversión de tiempo y trabajo profesional multidisciplinario y por ello, la ley establece que la realización del estudio técnico para la determinación de los distritos electorales uninominales en que se dividirá al Estado, debe realizarse por lo menos dieciocho meses antes del proceso electoral ordinario de que se trate, cuando así lo acuerde el Consejo General y que, invariablemente, la delimitación de la geografía electoral y su modificación deberán resolverse entre dos procesos electorales ordinarios.

Así, por ejemplo, una de las actividades complejas necesarias en el procedimiento de distritación, consiste en delimitar el ámbito territorial para el desarrollo de las elecciones, así como para el registro y distribución de los ciudadanos que habrán de participar en ellas.

La delimitación de la geografía electoral implica la realización de diversas actividades, con un alto grado de dificultad técnica, que requiere: estudios de carácter multidisciplinario, la existencia de una metodología, la planeación de un programa de actividades, la asistencia de personal especializado, infraestructura (material, computadoras, locales, información de censos poblacionales y de registros ciudadanos, recursos económicos, etcétera) y la participación cercana de los partidos políticos, como observadores y críticos del proceso.

Al respecto, esta Sala Superior ha sostenido que la distribución territorial persigue, fundamentalmente, cuatro propósitos:

a) El valor idéntico de cada voto, es decir, lograr el objetivo de ‘un ciudadano un voto’. Este propósito consiste en vincular una parte de la población ciudadana asentada en una porción del territorio con un cierto número de representantes a elegir, de tal forma que, cada cargo represente, en la medida de lo posible, la misma cantidad de habitantes. De esta manera, se busca que cada voto emitido tenga el mismo valor, por servir siempre para elegir un número similar de representantes, lo cual constituye una forma de concretar el principio democrático de la igualdad del voto.

b) Evitar que la distribución tenga sesgos partidarios, es decir, que en la delimitación de los distritos prevalezcan motivos políticos que beneficien a un partido en especial. Esta maniobra es conocida en la doctrina como ‘Creación sesgada de distritos electorales’, que consiste en la creación de distritos ad hoc, esto es, trazar fronteras distritales de tal forma, que se determine intencionalmente el grupo que ganará la elección.

c) Facilitar a los ciudadanos la emisión del sufragio, de tal forma que les sea asequible el traslado al lugar en el que habrán de sufragar y la autoridad no encuentre dificultades para recibir los expedientes de casilla y realizar los cómputos respectivos.

d) Homogeneidad de la población, con lo cual se busca preservar, en la medida de lo posible, la división geográfica preestablecida de barrios, colonias, delegaciones, municipios y la integridad de comunidades rurales e indígenas.

Para alcanzar los dos primeros objetivos, la distribución territorial se debe realizar en forma proporcionada y equilibrada a un determinado número de habitantes dentro de cada distrito electoral, para que aquellos con capacidad de ejercer su derecho al sufragio, puedan elegir a quienes los representen en dicha jurisdicción de una forma más equitativa. Esto implica la realización de complejos estudios demográficos y estadísticos sobre fenómenos migratorios, movilidad poblacional, etcétera.

De igual forma, para satisfacer el segundo y el tercer propósito, deben realizarse estudios sobre vías de comunicación, infraestructura urbana, tiempos de traslado, accidentes geográficos, grupos étnicos y características sociológicas, así como investigaciones de campo y encuestas.

Con base en lo anterior, uno de los propósitos primordiales de la distribución territorial de los electores, es el referido a la necesidad de que el valor del voto de cada ciudadano sea idéntico. Al respecto, se ha considerado que los problemas técnicos que se plantean en los lugares de gran población y territorio con motivo de la organización de las elecciones, obligan a buscar mecanismos de distribución con el propósito de vincular una parte de la población ciudadana asentada en una porción del territorio con un cierto número de representantes a elegir, de tal modo que cada curul represente, en la medida de lo posible, la misma cantidad de habitantes, con el fin de lograr que cada voto emitido tenga el mismo valor, al servir, siempre, para elegir un número similar de representantes, lo que constituye una forma de concretar el principio democrático de igualdad del voto.

Asimismo, este órgano jurisdiccional ha sostenido, que la distribución de los distritos electorales uninominales se debe hacer, necesariamente, atendiendo a la densidad poblacional y no a otros criterios, pues sólo así se da congruencia al principio de proporcionalidad previsto en el artículo 116, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de tal modo que, en la mayor medida posible, cada voto emitido tenga el mismo valor.

En efecto, para la división de los distritos electorales uninominales en las entidades federativas se debe atender, únicamente, al criterio poblacional, tal y como lo establece la disposición constitucional citada.

De acuerdo con la metodología atinente a la geografía electoral, para lograr una redistritación acorde con el principio de proporcionalidad, se requiere que la autoridad administrativa de la materia, al realizar la delimitación de los distritos electorales conforme a la base demográfica estatal, en principio, establezca la distribución de cada uno de los distritos electorales en la entidad federativa y, posteriormente, determine el número que de éstos corresponde al ámbito territorial de cada uno de los municipios, esto es, que en cada distrito electoral uninominal exista un número de habitantes que sea similar a los otros distritos, así como que cada municipio abarque el número de distritos que le corresponden al aplicar ese criterio.

En ese orden de ideas, es necesario que en la tarea de redistritación del Estado, se haga uso de todas las herramientas e instrumentos que se consideren útiles para el fin indicado, pues se trata de una labor técnica especializada, cuyo objetivo es ajustar la realidad poblacional a las necesidades electorales y, en ese sentido, resulta pertinente utilizar todos los mecanismos que permitan un acercamiento, lo más preciso posible, con la realidad poblacional, a fin de dar cabal cumplimiento a los principios de certeza y objetividad que rigen la función electoral.

De ahí que, las disposiciones legales locales, desde el punto de vista sistemático y funcional, hacen posible readecuar y actualizar, a través de todos los instrumentos posibles, las unidades geo-electorales, ante los efectos generados por la dinámica poblacional, los constantes movimientos migratorios, así como por los cambios en la geografía económica generados durante un tiempo determinado, ello con el fin de mantener la proporcionalidad de población en esos ámbitos, y así redefinir y delimitar la base territorial donde se asienta un determinado número de electores.

El cúmulo de actividades necesarias para obtener los datos necesarios, la implementación de la metodología, la combinación de la información correspondiente y adoptar una determinación final implica la realización de distintos actos y determinaciones que debe ir adoptando la autoridad administrativa electoral para lograr la finalidad perseguida, pues la variedad de actividades y de sujetos involucrados en dichos actos, hace prácticamente imposible efectuar la redistritación en un solo acto.

Por tanto, es inevitable que la autoridad administrativa electoral, durante el lapso de dieciocho meses establecidos al efecto por el legislador, desahogue distintas actuaciones, de índole muy diversa, tendentes a conseguir las finalidades pretendidas con una nueva distritación, lo cual justifica que, por regla general, los acuerdos adoptados en cada una de esas etapas adquiera definitividad, en caso de no impugnarse a través del recurso de inconformidad mencionado, pues de otro modo se correría el riesgo de impedir la consolidación de avances reales en cada uno de esos trabajos.

En ese sentido, es inconcuso que la autoridad debe implementar un programa de trabajos ordenados y concatenados entre sí, sometidos a la voluntad de todos los participantes y a la oportunidad de impugnarlos, con el objetivo de constituir actos que por sí solos van adquiriendo definitividad y firmeza. Los acuerdos adoptados en cada una de esas etapas, provienen de una autoridad administrativa electoral y, por tanto, por regla general, están sujetos a los principios de legalidad, independencia, objetividad, certeza y definitividad.

La definitividad de cada uno de esos actos resulta necesaria, porque la implementación de todos los factores antes mencionados y de la realización de todos los actos en un solo momento resultaría prácticamente imposible, tal como lo previó el legislador, al otorgar un plazo de dieciocho meses para su realización.

Por lo anterior, es inconcuso que, por regla general, los acuerdos que se van adoptando en cada una de las etapas de trabajo de la nueva distritación adquieren firmeza y definitividad, en la medida en que no son oportunamente impugnados, a través del recurso de inconformidad previsto en el citado artículo 76, fracción II, de la Ley Estatal de Medios de Impugnación en Materia Electoral en Quintana Roo, pues implican la emisión de actos o resoluciones por parte del Consejo General y, por tanto, tiene la calidad de actos de un órgano central del Instituto Electoral de Quintana Roo, como los referidos en dicha disposición.

Lo sostenido es congruente con el criterio sustentado por esta Sala Superior, al resolver el SUP-RAP-19/2005, en cuanto se consideró definitivo el acuerdo emitido por el Consejo General del Instituto Federal Electoral identificado con la clave CG104/2004 denominado "Acuerdo del Consejo General del Instituto Federal Electoral por el que se aprueban los criterios y consideraciones operativas que se utilizarán en la formulación de los proyectos de división del territorio nacional en trescientos distritos electorales federales uninominales, así como la creación del Comité Técnico para el seguimiento y evaluación de los trabajos de distritación", por no haberlo impugnado en tiempo y forma.

En el caso, como lo sostiene la responsable, precluyó el derecho del actor para impugnar la determinación consistente en adoptar, para realizar la redistritación de Quintana Roo, el dato de población del II Conteo de Población y Vivienda del año 2005 sin estimaciones, levantado por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática.

Como se demostrará enseguida, el actor no podía cuestionar esa determinación al impugnar el acuerdo de dieciocho de julio del presente año, por el cual se aprobó finalmente la nueva distritación, pues este último acuerdo se limitó a ejecutar un acuerdo previo, en el cual se determinó tomar en cuenta el dato de la población sin estimaciones, el cual no fue oportunamente impugnado por el actor.

En el acuerdo de once de diciembre del dos mil seis, se estableció que el dato que se tomaría en cuenta para la nueva distritación era el que no contenía estimaciones y por tanto, desde esa fecha, el actor estuvo en aptitud de oponer los argumentos consistentes en que el dato con estimaciones era más cercano a la realidad poblacional, como pretende hacerlo ver ahora.

En efecto, en el punto 17, del ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO, POR MEDIO DEL CUAL SE APRUEBA LA METODOLOGÍA PARA EL PROCESO DE REALIZACIÓN DEL ESTUDIO TÉCNICO PARA LA DETERMINACIÓN DEL ÁMBITO TERRITORIAL QUE CORRESPONDERÁ A CADA UNO DE LOS QUINCE DISTRITOS ELECTORALES UNINOMINALES QUE CONFORMAN EL ESTADO DE QUINTANA ROO, de doce de diciembre del dos mil seis, se estableció el diseño metodológico y se dividió en tres etapas consistentes, en esencia, en: 1) Generación de escenarios modelo; 2) Evaluación de Escenarios con condiciones geográficas y las circunstancias socioeconómicas prevalecientes y 3) Aprobación de la nueva distritación del Estado.

La primera etapa se subdividió en tres subetapas: a) Selección de información a utilizar en el modelo; b) criterios que el modelo deberá respetar en la generación de escenarios y c) información de salida del modelo.

En cuanto a la primera subetapa, entre otras cuestiones, se determinó, expresamente:

"La forma que se propone para utilizar las dos fuentes de información es tomar la población del II Conteo de Población y vivienda del año 2005, sin estimaciones, levantado por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, así como la distribución de la población de 18 años y mas registrada en el padrón electoral del año 2006 en el Estado de Quintana Roo del Registro Federal de Electorales del Instituto Federal Electoral."

Este acuerdo fue aprobado el once de diciembre del dos mil seis por unanimidad de los integrantes del Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo.

El propio actor acepta en su demanda, que no impugnó oportunamente dicho acuerdo, lo cual coincide con lo afirmado en la resolución impugnada y con las constancias de autos, pues no obra prueba alguna en contrario.

Como se ve, en dicho acuerdo se estableció que el dato se tomaría sin estimaciones y, por tanto, desde ese entonces el actor estaba en aptitud de combatir esa determinación, pues los argumentos que ahora expone consisten, básicamente, en señalar que el dato con estimaciones es más acorde con la realidad poblacional, lo cual pudo hacer valer en aquella ocasión, siendo que tampoco aporta elementos para demostrar que desconocía esa circunstancia cuando se aprobó el acuerdo de once de diciembre del dos mil cinco o que no estaba en aptitud de hacer valer esos argumentos.

Este acuerdo fue emitido por el Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo y, por tanto, encuadra en las hipótesis de procedencia del recurso de inconformidad, previsto en el citado artículo 76 de la Ley Estatal de Medios de Impugnación en Materia Electoral en Quintana Roo, el cual debió promoverse oportunamente, lo cual no ocurrió en la especie.

Cabe referir que en la minuta de trabajo de once de diciembre de dos mil seis, en la cual se sometió a votación y observaciones la metodología propuesta para realizar los trabajos técnicos para la determinación del ámbito territorial correspondiente a cada uno de los quince distritos electorales de Quintana Roo, se hizo constar que previo a la reunión se circuló copia de la propuesta de metodología a los asistentes y también se asentó que estuvo presente el representante del Partido Nueva Alianza, quien firmó al final de la minuta. (fojas 2451 a 2491 del cuaderno accesorio 2).

Aparte, en el segundo y tercer puntos del referido acuerdo de once de diciembre del dos mil seis, se estableció, expresamente, que el mismo debería notificarse a los partidos políticos con acreditación ante el Instituto Electoral de Quintana Roo y publicarse en los estrados de dicho Instituto, lo que revela que el partido actor estuvo en aptitud de conocer la determinación respectiva e impugnarla oportunamente.

Además, el acuerdo en estudio fue modificado el doce de marzo del dos mil siete, cuando se emitió el ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO, POR MEDIO DEL CUAL SE APRUEBA AJUSTAR LA METODOLOGÍA PARA EL PROCESO DE REALIZACIÓN DEL ESTUDIO TÉCNICO PARA LA DETERMINACIÓN DEL ÁMBITO TERRITORIAL QUE CORRESPONDERÁ A CADA UNO DE LOS QUINCE DISTRITOS ELECTORALES UNINOMINALES QUE CONFORMAN EL ESTADO DE QUINTANA ROO, AJUSTAR EL SISTEMA INFORMATICO Y EL PROCEDIMIENTO A SEGUIR PARA LA GENERACIÓN DE LOS ESCENARIOS DE DISTRITACIÓN, ASÍ COMO EL CRONOGRAMA DE TRABAJO, ATENDIENDO AL RESULTADO OBTENIDO EN EL PRIMER ESCENARIO DE DISTRITACIÓN.

En el punto 16 de dicho acuerdo se reiteraron las tres etapas en que se dividió el procedimiento de redistritación y que para tal efecto se tomaría el II Conteo de Población y Vivienda del año 2005 sin estimaciones.

Debe señalarse que en el segundo y tercer puntos del referido acuerdo de doce de marzo del dos mil siete, se estableció, expresamente, que el mismo debería notificarse a los partidos políticos con acreditación ante el Instituto Electoral de Quintana Roo, y publicarse en los estrados de dicho Instituto, lo que revela que había elementos suficientes para conocer oportunamente la determinación respectiva.

En conformidad con lo anterior, el actor estuvo en aptitud de combatir oportunamente la modificación del acuerdo y no promovió el recurso de inconformidad correspondiente.

Sumado a lo anterior, como lo expone la responsable, el veintidós de enero del dos mil siete, en cumplimiento al cronograma de trabajos, se realizó un primer escenario de distritación de la geografía electoral estatal tomando como base la aplicación de los datos poblacionales sin estimaciones, por lo cual, desde esa fecha, el actor tuvo conocimiento de los efectos prácticos y la afectación que pudiera tener en la distritación el empleo de los datos sin estimaciones, siendo que tampoco en esa fecha se inconformó con la aplicación de esos datos.

Como se ve, el actor consintió la aplicación del acuerdo de once de diciembre del dos mil seis en, al menos, dos ocasiones de la primera etapa del procedimiento, obviamente anteriores a que se adoptara en el acuerdo que aprobó la distritación final, dado que no impugnó la determinación correspondiente a tomar en consideración el dato poblacional del II Conteo de Población y Vivienda del año 2005 sin estimaciones, razón por la cual adquirió definitividad y provocó la imposibilidad jurídica de analizarlo en etapas posteriores, como la que nos ocupa.

No obsta a lo anterior lo aducido por el actor, en el sentido de que no tenía obligación de inconformarse con acuerdos previos al que definitivamente aprobó la distritación, pues, según dice, no estaba en aptitud de conocer las repercusiones que tendría adoptar los datos poblacionales sin estimaciones al realizar la distritación definitiva.

Lo expuesto es así, porque no varió nunca el dato del Conteo sin estimaciones y, como ya se dijo, el veintidós de enero del dos mil siete, se realizó un primer escenario de distritación de la geografía electoral estatal tomando como base la aplicación de los datos poblacionales sin estimaciones,, lo cual permitió al actor conocer las consecuencias relativas a emplear ese tipo de datos.

Ahora bien, de conformidad con la información disponible en la página de internet: http://www.inegi.gob.mx/est/contenidos/espanol/proyectos/conteos/conteo2005/bd/consulta2005/pt.asp?c=7247, los datos sin estimaciones son:

"Conjunto de personas contadas en el II Conteo de Población y Vivienda; excluye la estimación de población en viviendas particulares habitadas sin información de ocupantes"

Mientras que los datos con estimaciones se refieren a:

"Conjunto de Personas Contadas en el II Conteo de Población y Vivienda, más una estimación de 2 625 310 personas correspondiente a 647 491 viviendas particulares habitadas sin información de ocupantes. Al 50% de la población estimada se les asigno sexo hombre y al resto mujer, los valores en las demás variables no se especifican."

De lo anterior se advierte que el conteo con estimaciones incluye un dato especulativo o aproximado de cuatro personas en promedio por cada una de las viviendas en las cuales no se pudo obtener la información por sus ocupantes..

Al margen de lo dicho, el actor no expone razonamientos tendentes a demostrar que los datos poblacionales con estimaciones, están más aproximados a la realidad poblacional de la entidad, pues nada dice, por ejemplo, de la justificación racional o científica que permite justificar mayor confianza a ese tipo de datos, como tampoco expone los argumentos que demuestran que los datos sin estimaciones están más alejados de los habitantes reales en la entidad, lo cual impide hacer un pronunciamiento de derecho al respecto, pues se trata de cuestiones técnicas que requieren de conocimientos especiales y que no aporta en sus agravios.

En razón de lo anterior, son infundados el resto de los agravios del actor, como los consistentes en que, de aplicar el dato del conteo poblacional con estimaciones, se alteraría la distritación aprobada por la autoridad administrativa electoral, pues se incrementaría un distrito al municipio de Benito Juárez y que se incumplirían con los propósitos legales y constitucionales de proporcionalidad en la representación de los votantes, pues dichas cuestiones se hacen depender del argumento que previamente ha sido desestimado.

En otro aspecto el actor aduce, en esencia, que no se estudiaron los siguientes argumentos::

a) La preasignación de un distrito electoral al Municipio de Felipe Carrillo Puerto dividió al estado en dos zonas geográficas, generó que el sistema de optimización de recocido simulado empleado en la configuración distrital, incumpliera con la metodología de distritación en su primera etapa y que no se apegó al aspecto de densidad de población sino al geográfico

b)) No se objetó la cartografía generada por el sistema de optimización, sino el hecho de que al alimentar la información pertinente al sistema de optimización se realizara la referida preasignación de un distrito.

c) Se rompió la conexidad natural existente entre las secciones electorales de la zona norte y las de la zona sur de la entidad, por lo cual, el sistema de optimización se vio minimizado al no optimizar al conjunto universal de las secciones electorales del Estado, rompiendo la armonía de tal sistema, en la pretensión de garantizar distritos electorales con condiciones de balance poblacional óptimos.

d) El acuerdo de doce de marzo del dos mil siete, estableció que cada municipio tendría cuando menos un distrito electoral uninominal, al fijar el criterio de que aquellos municipios que alcanzaran la media poblacional requerida (+-15%) se les asignaría automáticamente un distrito, con lo cual se apartó del criterio poblacional establecido en el artículo 116, fracción II, de la Constitución Federal.

Es infundado el señalamiento del actor, pues a propósito de los temas en cuestión, la responsable sostuvo::

1) El doce de marzo del dos mil siete, se aprobó el acuerdo donde se ajustó la metodología utilizada en los trabajos de distritación electoral referidos por el actor y por tanto debió impugnarse en tiempo y forma, pues de otra manera precluyó su derecho para hacerlo, en términos similares a lo ocurrido con el tema de la adopción del referido Conteo 2005 sin estimaciones.

2) El partido político actor, estuvo presente en la sesión extraordinaria de doce de marzo del dos mil siete y no manifestó su desacuerdo ni interpuso recurso legal alguno dentro del plazo legal señalado en la Ley procesal de la materia; a pesar de que ahí se aprobó la metodología para el proceso de realización del estudio técnico para la determinación del ámbito territorial que correspondería a cada uno de los quince distritos electorales uninominales que conforman el Estado de Quintana Roo, ajustar el sistema informático y el procedimiento a seguir para la generación de los escenarios de distritación, así como el cronograma de trabajo, atendiendo al resultado obtenido en el primer escenario de distritación.

3)) Es infundado el agravio mediante el cual objeta la división al Estado de Quintana Roo en dos zonas geográficas, lo que se dice generó que el sistema de optimización de recocido simulado empleado en la configuración distrital incumpliera con la metodología de distritación en su primera etapa, que debió correctamente apegarse al aspecto de la densidad de población, y no al geográfico primariamente, preasignado con esto un distrito electoral al Municipio de Felipe Carrillo Puerto y otro al Municipio de Cozumel, pues en el acuerdo de once de diciembre del dos mil seis, se estableció que el criterio principal consistía en el poblacional adoptando al efecto, en una primera etapa, el modelo matemático denominado "algoritmo recocido simulado", y dicho acuerdo no fue impugnado oportunamente por el actor.

4) El doce de marzo del dos mil siete, el instituto estatal electoral aprobó el ajuste metodológico para la realización de los trabajos de distritación electoral, en cuyo considerando 14 adoptó, para una primera etapa el modelo matemático denominado "algoritmo recocido simulado", como sustento para el diseño del sistema informático respectivo; la generación de los escenarios de distritación de la geografía electoral estatal, de acuerdo al componente estrictamente poblacional, conforme a los criterios de balance poblacional, continuidad y compacidad; a dichos criterios se añadieron otros dos consistentes en: a) si un municipio tenía por sí solo población total dentro del +-15% de desviación permitida a la media de población de cada distrito, se consideraría como un distrito, y que no se permitiría que un distrito se conformara con secciones electorales de más de dos municipios y b) que con los indicadores geográficos y socioeconómicos, previamente definidos por el propio Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo, agregando el criterio de que los distritos que se conformaran en zonas con historial de crecimiento demográfico se configuraran cerca de la cota de (sic) inferior de la desviación permitida, esto es -15%, y que los distritos que se conformen en zonas con historial de bajo crecimiento poblacional se dejaran con población cerca de cota superior de la desviación permitida, o sea +15%, se evaluaran los escenarios producidos por el modelo desde los puntos de vista de condiciones geográficas del Estado y de las circunstancias socioeconómicas prevalecientes en las distintas regiones de la entidad, como los componentes o aspecto inherentes dos y tres de la metodología; todo lo anterior, en conformidad a los componentes y principios establecidos constitucional y legalmente al respecto para la delimitación de la geografía electoral estatal.

5) En razón de la metodología ajustada propuesta, se previó satisfacer los componentes o aspectos inherentes a la densidad de población, a las condiciones geográficas del Estado y a las circunstancias prevalecientes en las distintas regiones de la entidad, estipulados constitucional y legalmente, para establecer la demarcación de la geografía distrital electoral estatal, por lo cual, en ningún momento la asignación de los distritos electorales a los municipios de Felipe Carrillo Puerto y Cozumel, se debió a una división distrital estatal como adujo el inconforme, ya que éstos únicamente fueron asignados así, al cumplir con los criterios poblacionales establecidos en el ajuste de metodología antes expuesto.

6)) No es verdad como aduce el partido actor que se privilegiara el criterio geográfico antes que al poblacional, ya que la asignación fue en razón de que dos municipios se encontraban dentro de la cota de más menos quince por ciento de la desviación permitida a la medida poblacional de cada distrito.

7) Es infundado el agravio del partido impugnante, al señalar que se rompió la conexidad natural que existía entre las secciones electorales de la zona norte y sur del Estado, por lo que el sistema de optimización se vio minimizado al no optimizar el conjunto universal de las secciones del Estado, y sin hacerlo en dos zonas o subconjunto de secciones, rompiendo la armonía de tal sistema, en la pretensión de garantizar distritos electorales con condiciones de balance poblacional óptimas, pues como obra en los autos de origen, de la cartografía conocida, se establece perfectamente la continuidad natural de las secciones y distritos electorales.

Como se ve, es infundada la omisión de estudiar los planteamientos del actor formulados en el recurso de inconformidad, porque la responsable si se ocupó del estudio de sus agravios.

Respecto de dicho tema, también resulta infundado el agravio relativo a que el actor no tenía porque impugnar el acuerdo de doce de marzo del dos mil siete, en el cual se estableció el ajuste a la metodología aplicable en la nueva distritación, relativo al criterio del +- 15%, pues al respecto resultan aplicables los mismos razonamientos expuestos a propósito de la determinación de adoptar los datos del Conteo 2005 sin estimaciones, en el sentido de que dichas determinaciones deben impugnarse oportunamente, dado el principio de definitividad que rige a los actos emitidos por la autoridad administrativa electoral en el procedimiento de redistritación.

Lo anterior, máxime que el actor tuvo conocimiento oportuno del acuerdo de doce de marzo del dos mil siete, pues en la minuta de la reunión de trabajo de dieciséis de marzo, se hizo constar la discusión relacionada con la instrumentación de la metodología de los trabajos de redistritación y que la misma se anexó a la invitación a la reunión, destacando el tema de la preasignación de distritos a algunos municipios, según el porcentaje de su población. En dicha minuta consta que estuvo presente el representante del Partido Nueva Alianza y también su firma al final del documento. (2645 a 2654 del cuaderno accesorio 2).

Además, como ya se dijo, en el segundo y tercer puntos del referido acuerdo de doce de marzo del dos mil sietee, se estableció, expresamente, que el mismo debería notificarse a los partidos políticos con acreditación ante el Instituto Electoral de Quintana Roo y publicarse en los estrados de dicho Instituto, lo que revela que el partido actor estuvo en aptitud de conocer oportunamente la determinación respectiva y que, al no impugnarla oportunamente, la misma adquirió definitividad y firmeza.

En otro de los agravios el actor aduce, en esencia, que la resolución es incongruente, pues por un lado la responsable alude que el principio de definitividad opera cuando no se impugnan los acuerdos previos, por lo cual quedan firmes y, por otro, sostiene que puede alterarse la metodología aprobada previamente, para incluir en forma manual la población de la zona limítrofe en conflicto, que no había sido considerada en acuerdos anteriores.

También se refiere que la inclusión de los habitantes de la zona limítrofe con Yucatán y Campeche debió hacerse en la primera etapa del procedimiento de redistritación en el denominado sistema informático para la generación de escenarios, en la cual se generó el primer escenario y no al final, en forma manual.

El agravio citado en primer término es fundado y suficiente para revocar la resolución impugnada.

En la resolución impugnada se señaló que le asiste parcialmente la razón al partido actor, al señalar que el acuerdo de dieciocho de julio de dos mil siete, incumplió con la metodología y el procedimiento aprobados para el proceso de distritación, al incluir en forma manual a los habitantes de la zona limítrofe, pues la Comisión de Trabajo en su sesión de dieciséis de julio de dos mil siete, se apartó de la metodología y procedimientos aprobados por el Consejo General durante el proceso de redistritación, aunque no por el hecho de incluir manualmente a los habitantes de la zona limítrofe, sino por el solo hecho de incluirlos, siendo que las dos etapas del proceso de redistritación en las cuales no se incluyó esa población, ya estaban aprobadas y cerradas.

La resolución es incongruente pues por una parte reconoce la violación a los acuerdos previos a la aprobación de la distritación, con lo cual aplica diversos criterios jurídicos para cuestiones similares, al considerar que los acuerdos emitidos durante los trabajos previos a la distritación adquieren firmeza y definitividad si no son impugnados oportunamente y, por otra, acepta que pueden alterarse dichos acuerdos cuando se realiza la aprobación de la distritación final, sin que ello tenga consecuencias jurídicas.

Esta incongruencia interna de la sentencia es contraria al principio de certeza y definitividad que rige a todos los actos en materia electoral, pues si se reconoce una ilegalidad deben aplicarse las consecuencias jurídicas respectivas a menos que se justifique la existencia de circunstancias especiales que las hagan intrascendentes, por lo cual debe revocarse, para que este tribunal analice, con plenitud de jurisdicción el agravio expresado por el actor ante el tribunal responsable..

Ante la responsable, el actor expresó lo siguiente:

El acuerdo impugnado no describe cómo y bajo qué lineamiento se realizó la incorporación de dicha población y cómo impactó en el escenario definitivo de la entidad, lo cual resulta contrario a los principios de definitividad y certeza.

Además, el inconforme señala que inclusión de la población de la franja limítrofe debió hacerse desde la primera etapa, al correr el programa y no en forma manual, como lo hizo el instituto responsable.

El primero de los agravios es fundado y suficiente para revocar el acuerdo materia de la impugnación.

Del análisis de los acuerdos emitidos por la autoridad administrativa responsable, relacionados a los trabajos previos a la aprobación del acuerdo final de redistritación, se advierte que dicho procedimiento se conformó con tres etapas, de las cuales la primera concluyó con la generación de escenarios de distritación a partir de la densidad poblacional.

En el caso, no se encuentra controvertido por las partes que en la primera etapa, no se comprendió la población de la zona limítrofe con Yucatán y Campeche, en disputa, sino que fue hasta el acuerdo definitivo de redistritación, emitido el dieciocho de julio de dos mil siete, en el cual, por virtud de una observación formulada por un partido político, se incluyó dicha población.

Se estima que la inclusión de la población de la zona limítrofe en conflicto es ilegal, por lo siguiente..

En el punto LIV, del acuerdo de dieciocho de julio del dos mil siete, emitido por el Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo, por el cual se aprobó la redistritación, únicamente se estableció:

"LIV. En razón de lo anterior, se determinó que la zona del Estado de Quintana Roo que actualmente se encuentra en conflicto limítrofe con Yucatán y Campeche, misma que no habría sido considerada en los trabajos de redistritación que realiza este Instituto, por no contemplarse en la cartografía que proporciona el Instituto Federal Electoral, fuera incorporada al escenario definitivo de distracción, a efecto de no vulnerar lo dispuesto en la Carta Magna local y en acato al principio rector de la materia de constitucionalidad, que no dicta otra cosa que no sea el escrupuloso cumplimiento al marco normativo supremo, que en este Estado, lo representa la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, en relación con los preceptos consagrados en la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que, se procedió en consecuencia a realizar ajustes pertinentes al escenario definitivo de distritación, a fin de considerar la zona en controversia limítrofe, siendo el caso, que no existió una variación sustancial en la conformación del escenario Distrital definitivo primigenio."

En principio, es fundado el agravio, porque dicho acuerdo adolece de debida fundamentación y motivación, pues tal como lo aduce el partido actor, no se describe cómo y bajo que lineamientos se realizó la incorporación de dicha población y cómo impactó en el escenario definitivo de la entidad, esto es, no explica la forma y la metodología implementada para incluir la población de la zona limítrofe en conflicto, pues no se indica cuáles fueron las operaciones practicadas para incluirlas en la distritación, ni tampoco se especifica si con ello se incrementó el tamaño de los distritos o la forma en que se repartieron las secciones y su población respectiva en cada distrito.

En el acuerdo impugnado, no se justifica la razón por la cual se incluyó esa población en último momento y fuera del sistema computacional, ni tampoco se demuestra que para hacerlo se aplicó el modelo matemático "algoritmo de recocido simulado".

Lo anterior impide verificar si la inclusión de la citada población se ajustó a la metodología previamente autorizada por el Instituto Electoral de Quintana Roo, lo cual es más que suficiente para revocar dicha determinación.

Además, el Instituto Electoral de Quintana Roo, el tribunal responsable y el partido actor, coinciden en reconocer que existe un conflicto limítrofe entre los Estados de Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Dicho conflicto sigue pendiente de resolverse por el Senado de la República, en términos del artículo 46 constitucional, que establece, en la parte que interesa, que las entidades federativas pueden arreglar entre sí, por convenios amistosos, sus respectivos límites con aprobación de la Cámara de Senadores, la cual conocerá de aquellos casos en los que exista conflicto por tal motivo.

También se reconoce expresamente, que la población de la referida zona limítrofe en disputa, no fue incluida en ninguno de los trabajos y acuerdos previos a la aprobación final de la redistritación.

Pues bien, para resolver la cuestión planteada por el actor, es importante tomar en cuenta lo siguiente:

1. Las partes reconocen que la población de la referida zona limítrofe en disputa, no fue incluida en ninguno de los trabajos y acuerdos previos a la aprobación final de la nueva distritación, lo cual adquirió firmeza y definitividad por no impugnarse oportunamente.

2. Se encuentra sub iudice, la zona limítrofe en conflicto pues el Senado de la República no ha emitido la resolución respectiva.

En el caso, la circunstancia atinente a la exclusión de la población que se encuentra en la franja limítrofe en los trabajos de redistritación, se advirtió, según las constancias de autos, antes de emitirse el acuerdo definitivo impugnado, de dieciocho de julio de dos mil siete, y al efecto se tomó la determinación de considerar esa población en el procedimiento de redistritación.

Esta decisión se hizo contraviniendo acuerdos anteriores en los cuales no se incluía la población de la zona limítrofe, por lo cual se revocó una determinación previamente adoptada al acuerdo final de redistritación, que no fue impugnada en su oportunidad, en contravención al principio de definitividad que rige a los acuerdos del Instituto Electoral de Quintana Roo cuando no son impugnados oportunamente.

No obsta a lo anterior el hecho de que el representante del Partido Nueva Alianza ante el Instituto Electoral de Quintana Roo, haya sido uno de los interesados que pidió abordar el tema de la zona limítrofe en conflicto al Consejo General del Instituto Electoral local, pues como se explica a continuación, su petición fue la de solicitar apoyo para saber a ciencia cierta a qué Estado pertenecía dicha zona y decidir en consecuencia respecto de la redistritación.

Al respecto, en algunas reuniones de trabajo, el representante del Partido Nueva Alianza, solicitó que se abordara el caso de la zona limítrofe en conflicto y se solicitara apoyo a las autoridades para aclarar esa situación respecto de la redistritación.

Con motivo de esas manifestaciones se solicitó una opinión al Tribunal Superior de Justicia de Quintana Roo, quien en su opinión consideró que si debería incluirse la población de esa zona.

Cabe referir que la petición partidista consistió, en que se determinara con claridad a quién pertenecía la zona en controversia para efectos de la distritación, sin que haya realizado una petición directa de que se incluyera sin previa investigación.

Así, en la minuta de la reunión de trabajo de dos de mayo del dos mil siete, de la Comisión de Organización e Informática y Estadística, del Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo, el representante del Partido Nueva Alianza, expuso:

"Muy buenas tardes a todos, con el permiso de los Consejeros presentes y los compañeros Representantes de Partidos Políticos, creo que lo que viene ya en la cuestión del segundo escenario en las observaciones creo que es en una etapa importante dentro de este trabajo de distritación, las observaciones que vayamos a presentar tienen que estar bien sustentadas, para sacar bien al final de cuentas esta encomienda nos han dado, es por ello que resulta factible para mi partido despejar todas las dudas, las inquietudes, principalmente en la cuestión de la zona limítrofe se ha ventilado en los medios comunicación la cuestión de cómo estamos en lo que son las colindancias con Campeche, por eso nuestro partido solicita y considera que es necesario tener la certeza en cuanto a la colindancias estatales, en este sentido considero que es necesario solicitar a las autoridades competentes y por vía institucional la información suficiente y necesaria para poder estar en aptitud de determinar de manera exacta los límites distritales, sobre todo en los distritos del Sur específicamente del siete y poder emitir las observaciones necesarias al escenario generado, lo anterior es con la finalidad de evitar que de manera involuntaria si no aplicamos los límites legalmente dejemos fuera a algunos compañeros, algunos ciudadanos de lo que es la zona limítrofe, en concreto lo que estaría solicitando el Partido Nueva Alianza es de que a través del Consejo solicitar en este momento como está la situación de la colindancias con la zona limítrofe para poder realizar mejor nuestras observaciones."

En la minuta de la reunión de trabajo del veintiséis de junio del dos mil siete, de la misma Comisión ampliada de Organización e Informática y Estadística del Instituto de Quintana Roo, dicho representante manifestó:

"C. Armando Miguel Palomo Gómez, representante del Partido Nueva Alianza: Con el permiso de todos los presentes y representantes de los partidos políticos, creo que el Partido Nueva Alianza en mayo, creo que el 8 y 9 de mayo puso en la mesa la situación del conflicto limítrofe, considero que esperar el pleno del Tribunal no nos afecta, al contrario creo que creo más bases para realizar ahora si una redistritación con mucha más certeza, podría señalar y también evitar los problemas que hemos tenido por fuera; en el Partido Nueva Alianza creemos que la propuesta del consejero es la adecuada, ya mañana tenemos una reunión, ya no hay fecha límite, entonces ya no hay tanto problema esperar unos días más que se reúna el Pleno del Tribunal, es cuanto."

En la diversa reunión de dieciséis de julio del dos mil siete, de la referida Comisión ampliada de Organización e Informática y Estadística del Instituto de Quintana Roo, manifestó:

"C. Armando Miguel Palomo Gómez, representante del Partido Nueva Alianza: Muy buenas, con el permiso de los integrantes de los partidos políticos que se encuentran presentes el día de hoy, el 7 de julio aproximadamente, el Partido Nueva Alianza solicito se analizara la cuestión del conflicto limítrofe que existía con los vecinos Estados de Campeche y Yucatán hoy creo que la Comisión de parte del Partido Nuevo Alianza reciban una felicitación por haber tomado en cuenta haber considerado estas comunidades, el proceso de redistritación sabemos que ha habido mucho golpeteo en los medios de comunicación y creo que hoy están demostrando el compromiso que tienen con el Estado de Quintana Roo, muchísimas gracias por haber tomado en cuentas estas comunidades, es cuanto."

De todo lo anterior se advierte que la única petición del Partido Nueva Alianza consistió en analizar la cuestión de la zona limítrofe, lo cual no es una petición tajante de incluir la población de esa zona, pues lo solicitado solamente consistió en que se determinará claramente si esa zona pertenecía o no a Quintana Roo, para efectos de realizar la nueva distritación.

Por lo anterior, la pretensión final del actor consistió desde ese entonces, en determinar si se abordaba o no tal cuestión, pues uno de los agravios en la inconformidad es que dicha inclusión adolece de una debida motivación y fundamentación, tal como se abordó en líneas precedentes.

En razón de lo anterior, debe revocarse la resolución impugnada y el acuerdo de dieciocho de julio de dos mil siete, emitido por el Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo, exclusivamente por lo que hace a la inclusión de la población de la zona limítrofe en controversia con Yucatán y Campeche, para el efecto de que dicha autoridad, en plenitud de atribuciones, determine fundada y motivadamente lo que en derecho corresponda en cuanto a dicha distritación.

Por lo expuesto y fundado, se

R E S U E L V E:

PRIMERO. Se revoca la sentencia de veintiocho de agosto de dos mil siete, dictada por el Tribunal Electoral de Quintana Roo, en el expediente JIN/003/2007.

SEGUNDO. Se revoca el acuerdo de dieciocho de julio del mismo año, emitido por el Consejo General del Instituto Electoral de Quintana Roo, por el cual aprobó nueva distritación electoral en esa entidad, a efecto de que emita uno nuevo, atendiendo a los lineamientos señalados en el considerando quinto.

Notifíquese personalmente al actor y al tercero interesado en los domicilios señalados para tal efecto; al Tribunal Electoral de Quintana Roo y al Consejo General del Instituto Electoral de dicha entidad, por fax los puntos resolutivos de la presente resolución y por oficio, junto con copia certificada de la misma; y, por estrados a los demás interesados. Lo anterior, con apoyo en lo dispuesto en los artículos 26, 28 y 93, párrafo 2, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

Devuélvanse los documentos correspondientes, en su oportunidad, archívese este expediente como asunto concluido.

Así lo resolvieron por unanimidad de votos los Magistrados que integran la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en ausencia del Magistrado Manuel González Oropeza, ante el Secretario General de Acuerdos que autoriza y da fe. RÚBRICAS