RECURSO DE APELACIÓN.

EXPEDIENTE: SUP-RAP-86/2007.

ACTOR: PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.

AUTORIDAD RESPONSABLE: CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL.

MAGISTRADO PONENTE: CONSTANCIO CARRASCO DAZA

SECRETARIO:

ANTONIO RICO IBARRA

México, Distrito Federal, a seis de febrero de dos mil ocho.

VISTOS, para resolver los autos del recurso de apelación al rubro citado, interpuesto por el Partido Acción Nacional en contra de la resolución CG-255/2007, emitida por el Consejo General del Instituto Federal Electoral, en sesión extraordinaria de treinta de agosto de dos mil siete, respecto de las irregularidades encontradas en la revisión de los informes anuales de ingresos y egresos de los partidos políticos, correspondientes al ejercicio dos mil seis; y

R E S U L T A N D O

PRIMERO. El tres de abril de dos mil siete, el Partido Acción Nacional presentó ante la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas, informe anual de ingresos y egresos correspondiente al ejercicio dos mil seis.

SEGUNDO. La mencionada Comisión de Fiscalización por conducto del Secretario Técnico, mediante oficios STCFRPAP/1367/07, STCFRPAP/1457/07, STCFRPAP/1476/07, STCFRPAP/1491/07 STCFRPAP/1504/07 y STCFRPAP/1517/07, requirió al referido partido político, para que realizara diversas aclaraciones respecto de las irregularidades y omisiones encontradas durante la revisión que realizó al informe anual presentado.

TERCERO. El instituto político en cita, mediante oficios TESO/024/07, TESO/028/07, TESO/069/07, TESO/077/07, TESO/080/07, TESO/082/07, TESO/084/07, TESO/085/07, TESO/086/07, TESO/092/07 y TESO/105/07, desahogó los requerimientos referidos en el resultando que antecede, expresando en cada uno lo que a su interés convino, y adjuntó la documentación que estimó pertinente para satisfacer la petición formulada.

CUARTO. El treinta de agosto de dos mil siete, el Consejo General del Instituto Federal Electoral, emitió resolución respecto de las irregularidades encontradas en la revisión de los informes anuales de ingresos y egresos de los partidos políticos correspondientes al ejercicio dos mil seis, determinando imponer diversas sanciones al Partido Acción Nacional por incumplimiento a las disposiciones relacionadas con la fiscalización de los recursos públicos y privados de los partidos políticos nacionales.

QUINTO. Inconforme con el acuerdo pronunciado por el indicado órgano electoral federal, el seis de septiembre del año en curso, el supracitado instituto político interpuso recurso de apelación, aduciendo los siguientes agravios:

“IV. HECHOS IMPUGNADOS, AGRAVIOS QUE CAUSA A LA ACTORA LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA, ASÍ COMO LOS PRECEPTOS VIOLADOS POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE:

PRIMERO.- Deviene en ilegal la resolución que por esta vía se combate, toda vez que resulta contraria a lo dispuesto por el artículo 16 Constitucional, pues carece de la fundamentación y motivación que todo acto de autoridad debe consagrar para afectar válidamente la esfera jurídica de los gobernados.

El artículo 16 de la Constitución Federal estatuye: “Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento”.

En términos del numeral transcrito es consagrada la garantía de legalidad a través de la cual es protegido todo el sistema de Derecho Positivo Mexicano, protección que se logra mediante la obligación que tiene toda autoridad de fundar y motivar la causa legal del procedimiento.

Consecuentemente, la fundamentación y motivación consisten en los señalamientos que la Autoridad Pública debe de hacer a los gobernados cuando se les invada o perturbe en sus esferas jurídicas personales, precisándoles los preceptos que les son aplicables en su contra, e informándoles de las causas, circunstancias y razones que se tuvieron en consideración para proceder en su perjuicio, todo ello vinculado a través de razonamientos lógicos-jurídicos.

Si los órganos del Estado no dan cabal cumplimiento a lo anterior, transgreden y violan en forma por demás flagrante y en perjuicio de los afectados las garantías antes invocadas, lo que acarrea por un lado, al desconocimiento por parte de los particulares afectados de los elementos, circunstancias o motivos considerados por la autoridad para emitir las resoluciones que les afectan, y por el otro, consecuencia derivada de lo anterior, que se vean imposibilitados para dirigir convenientemente la defensa de sus intereses.

A este respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido el siguiente criterio:

FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN.-  (Se transcribe).

De igual manera, esa H. Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha reiterado que los actos de molestia emitidos por las autoridades electorales deben de consagrar los principios de fundamentación y motivación que se vienen comentando, tal y como se desprende de las siguientes tesis de jurisprudencia:

PRINCIPIO DE LEGALIDAD ELECTORAL. (Se transcribe)

FUNDAMENTACION Y MOTIVACIÓN DE LOS ACUERDOS DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL, QUE SE EMITEN EN EJERCICIO DE LA FUNCIÓN REGLAMENTARIA. (Se transcribe)

De conformidad con los criterios jurisprudenciales anteriormente transcritos y en concordancia con la intención del legislador, todo acto de autoridad electoral que origine las molestias contempladas precisamente en el artículo 16 Constitucional debe de cumplir con los principios de fundamentación y motivación que se viene comentando, es decir, que la autoridad emisora indique a los gobernados los preceptos legales que la facultan a actuar de dicha manera, y además les señale las circunstancias, razones y causas que se hayan tenido en consideración para la emisión de tal acto.

Ahora bien, los principios de fundamentación y motivación que han quedado detallados en las líneas que anteceden, son violentados por la autoridad responsable, tal y como a continuación se acredita:

En términos de los incisos c) y n) del PRIMERO de los puntos resolutivos de la resolución que por esta vía se impugna, el Consejo General del Instituto Federal Electoral determina imponer al instituto político que represento, dos sanciones económicas, consistentes en las reducciones del 1.49% y 0.33% de la ministración mensual que le corresponde por concepto de Financiamiento Público para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes, hasta alcanzar los montos líquidos de $11’032,200.86 y $1’219,600.22, respectivamente.

Lo anterior atendiendo a los razonamientos expuestos en los incisos b) y m) del considerando 5.1 de dicha resolución.

Por lo que hace al inciso b) del considerando 5.1 de la resolución que por esta vía se recurre, el Consejo General del Instituto Federal Electoral sanciona a mi mandante con base en las conclusiones identificadas con los números 28, 42 y 48 del Dictamen Consolidado correspondiente, las cuales son del tenor literal siguiente:

28. El partido reportó gastos en el Informe Anual en el rubro Operación Ordinaria que debió registrar y reportar en sus Informes de Campaña, ya que de acuerdo a las muestras presentadas corresponden a Campaña Federal del proceso electoral 2006, por $33'133,165.90; cifra que se integra aplicando el criterio de prorrateo establecido en el “Acuerdo de Agrupaciones Políticas del Instituto Federal Electoral, por medio del cual se establecen los criterios de prorrateo que los partidos y coaliciones deberán aplicar a los promociónales y desplegados genéricos difundidos o publicados durante las campañas electorales 2006”, como a continuación se detalla:

Tal situación constituye a juicio de esta Comisión, un incumplimiento a lo establecido en los artículos 49-A, párrafo 1, inciso b), fracción III, en relación con el 182-A, párrafo 2 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como 171., 17.2 y 17.4 del Reglamento que Establece los Lineamientos para la Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos Nacionales, por lo que se hace del conocimiento del Consejo General del Instituto Federal Electoral para efectos de lo establecido en el artículo 269, párrafo 2, incisos a) y b) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Lo anterior, no se hizo del conocimiento del partido, en virtud de que dicha observación fue el resultado de la valoración de la propia documentación entregada por el partido, una vez concluido el periodo en que la Comisión de Fiscalización se encuentra facultada para solicitar nuevas aclaraciones al respecto.

42. El partido reportó gastos por $200,100.00, que corresponden a gastos de la campaña presidencial (Campaña federal 2006) y no a operación ordinaria.

Tal situación constituye a juicio de esta Comisión, un incumplimiento a lo establecido en los artículos 49-A, párrafo 1, inciso b), fracción III, 182-A, párrafo 2, incisos a) y b) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como 17.4 del Reglamento que Establece los Lineamientos para la Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos Nacionales, por lo que se hace del conocimiento del Consejo General del Instituto Federal Electoral para efectos de lo establecido en el artículo 269, párrafo 2, incisos a) y b) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

48. El partido reportó en el Informe Anual gastos que beneficiaron a diversas Campañas, por un importe de $21,947.75, cifra que se integra aplicando el criterio de prorrateo establecido en el “Acuerdo de la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas del Instituto Federal Electoral, por medio del cual se establecen los criterios de prorrateo que los partidos y coaliciones deberán aplicar a los promocionales y desplegados genéricos difundidos o publicados durante las campañas electorales 2006”, como a continuación se detalla:

Tal situación constituye a juicio de esta Comisión, un incumplimiento a lo establecido en los artículos 38, párrafo 1, inciso k), 49-A, párrafo 1, inciso b), fracción III, en relación con el 182-A, párrafo 2, inciso a) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como 12.8, 17.1, 17.2, inciso a), 17.4 y 19.2 del Reglamento que Establece los Lineamientos para la Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos Nacionales, por lo que se hace del conocimiento del Consejo General del Instituto Federal Electoral para efectos de lo establecido en el artículo 269, párrafo 2, incisos a) y b) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Por lo que hace al inciso m), se sanciona a mi mandante con base en la conclusión 76 del Dictamen de referencia, la cual se repite en los siguientes términos:

76. Como se señala en las conclusiones 28, 42 y 48, se localizaron gastos por concepto de encuestas, propaganda utilitaria y monitoreo de espectaculares por un importe de $33,355,213.65 que de acuerdo a los conceptos, muestras y fechas constituyen gastos de campaña correspondientes al Proceso Electoral Federal 2006. A continuación se detallan los importes que integran dicho monto:

De la verificación a la documentación presentada se identificaron las campañas beneficiadas con el gasto correspondiente, entre las cuales existen campañas mixtas y campaña presidencial.

Por lo que corresponde a los gastos que benefician a Campañas Federales y Locales, se utilizó el criterio de prorrateo establecido en el “Acuerdo de la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas del Instituto Federal Electoral, por medio del cual se establecen los criterio de prorrateo que los partidos y coaliciones deberán aplicar a los promocionales y desplegados genéricos difundidos o publicados durante las campañas electorales 2006”, el cual señala en su punto TERCERO por lo que corresponde a Campañas Mixtas, se aplicará el 25.60% para Campaña Local y el 74.40% a Campaña Federal.

Una vez determinado lo que corresponde a la Campaña Federal se utilizó el criterio del prorrateo proporcionado por el partido; 50% a todas las campañas beneficiadas y el 50% a la campaña de senadores beneficiados.

Aunado a lo anterior, de la incorporación de los gastos señalados en el cuadro que antecede a través del criterio del prorrateo utilizado por el partido en las campañas correspondientes al Proceso Federal Electoral 2006, se determinó que el número de candidatos que rebasaron los topes de campaña en el Proceso Electoral Federal de 2006, se incrementó en 3 casos; es decir, de 6 distrito que rebasaron el tope de gastos de campaña según los informes de Campaña, con estas nuevas cifras se llega a un total de 9 distritos que rebasan el tope de gastos de campaña. A continuación de detalla los gastos reportados en los Informes de Campaña y los gastos reportados en el Informe Anual.

Adicionalmente, en el Anexo 38 del presente Dictamen se detallan las cifras correspondientes finales por candidatos a computar para el tope de gastos de campaña en términos del artículo 182-A, párrafos 1 y 2.

Tal situación constituye a juicio de esta Comisión, un incumplimiento a lo establecido en el artículo 182-A, párrafos I y 2 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, por lo que se hace del conocimiento del Consejo General del Instituto Federal Electoral para efectos de lo establecido en el artículo 269, párrafo 2f incisos a) y f) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Cabe señalar, que en el apartado “Metodología del Prorrateo”, se describe el proceso realizado para la distribución de los gastos de campaña encontrados en el Informe Anual, que sirvió de base para determinar las nuevas campañas que en su caso rebasaron los topes de campaña. Anexo 39.

De los razonamientos anteriormente transcritos, se desprende que la recurrida, en términos del inciso b), sancionó al Partido que represento debido a que llevó a cabo gastos en cantidades de $33'133,165.90, $200,100.00 y $21,947.75, los cuales fueron indebidamente reportados en el informe anual dentro del rubro “Operación Ordinaria”, debiendo contabilizarse y reportarse como gastos de campaña en el informe correspondiente, pues los mismos beneficiaron a las diversas campañas federales y locales que se llevaron a cabo en los pasados procesos electorales.

Con motivo de lo anterior, y en términos del inciso m), la recurrida llevó a cabo el prorrateo y aplicación de los gastos anteriormente detallados a las campañas que resultaron beneficiadas, concluyendo que en tres nuevas campañas para Diputados Federales, se rebasaron los topes de gastos originalmente permitidos.

Lo anterior deviene del todo en ilegal, pues contrario a lo resuelto por el Consejo General del Instituto Federal Electoral, los gastos que nos ocupan constituyen gastos ordinarios, los cuales deben reportarse, como correctamente lo hizo mi mandante, en el informe ordinario, tal y como a continuación se evidencia:

El artículo 49-A, párrafo 1, inciso a), fracciones I y II, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, establece la obligación a cargo de mi mandante de presentar ante el Instituto Federal Electoral un informe anual del origen y monto de los ingresos que reciba por cualquier modalidad de financiamiento, así como su empleo y aplicación, debiendo incluir en el mismo los ingresos totales y gastos ordinarios que hubiere realizado durante el ejercicio objeto del informe.

Por su parte, las fracciones I, II y III del inciso b), del párrafo 1, artículo 49-A en análisis, obliga al Instituto Político que represento, a presentar diverso informe respecto a los recursos que se hayan utilizado para financiar los gastos correspondientes a los rubros señalados en el artículo 182-A del mismo ordenamiento por cada una de las campañas en las elecciones respectivas, especificando los gastos que el Partido Político y el Candidato hayan realizado en el ámbito territorial correspondiente.

Así, tenemos que mi mandante tiene obligación de presentar dos tipos de informes, a saber:

1.- El informe anual correspondiente a los ingresos totales y gastos ordinarios que se hubieren realizado durante un ejercicio.

2.- Los informes de gastos realizados por cada una de las campañas en las elecciones respectivas, es decir, los informes de los gastos de campaña.

Ahora bien, resulta oportuno referirnos en este punto a lo dispuesto por el artículo 182 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, el cual es del tenor literal siguiente:

“ARTÍCULO 182.

1.   La campaña electoral, para los efectos de este Código, es el conjunto de actividades llevadas a cabo por los partidos políticos nacionales, las coaliciones y los candidatos registrados para la obtención del voto.

2.   Se entiende por actos de campaña las reuniones públicas, asambleas, marchas y en general aquellos en que los candidatos o voceros de los partidos políticos se dirigen al electorado para promover sus candidaturas.

3.   Se entiende por propaganda electoral el conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que durante la campaña electoral producen y difunden los partidos políticos, los candidatos registrados y sus simpatizantes, con el propósito de presentar ante la ciudadanía las candidaturas registradas.

4.   Tanto la propaganda electoral como las actividades de campaña a que se refiere el presente artículo, deberán propiciar la exposición, desarrollo y discusión ante el electorado de los programas y acciones fijados por los partidos políticos en sus documentos básicos y, particularmente, en la plataforma electoral que para la elección en cuestión hubieren registrado”.

De la disposición anteriormente transcrita, se desprende que una campaña electoral es aquél conjunto de actividades llevadas a cabo por los Partidos Políticos Nacionales, para la obtención del voto.

Por otro lado, el numeral en análisis señala que por actos de campaña se entiende las reuniones públicas, asambleas, marchas y en general aquéllos en que los candidatos o voceros de los Partidos se dirigen al electorado para promover sus candidaturas.

Asimismo, dispone que por propaganda electoral se entiende al conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que durante la campaña electoral producen y difunden los Partidos Políticos, los candidatos registrados y sus simpatizantes, con el propósito de presentar ante la ciudadanía las candidaturas registradas.

El artículo 182-A del Código Electoral al que nos hemos venido refiriendo, en la parte que nos interesa, dispone lo siguiente:

“ARTÍCULO 182-A.

1.    Los gastos que realicen los partidos políticos, las coaliciones y sus candidatos, en la propaganda electoral y las actividades de campaña, no podrán rebasar los topes que para cada elección acuerde el Consejo General.

2.    Para los efectos de este artículo quedarán comprendidos dentro de los topes de gasto los siguientes conceptos:

a) Gastos de propaganda:

I. Comprenden los realizados en bardas, mantas, volantes, pancartas, equipos de sonido, eventos políticos realizados en lugares alquilados, propaganda utilitaria y otros similares.

b) Gastos operativos de la campaña:

I. Comprenden los sueldos y salarios del personal eventual, arrendamiento eventual de bienes muebles e inmuebles, gastos de transporte de material y personal, viáticos y otros similares.

c) Gastos de propaganda en prensa, radio y televisión:

I. Comprenden los realizados en cualquiera de estos medios tales como mensajes, anuncios publicitarios, y sus similares, tendientes a la obtención del voto.

3.    No se considerarán dentro de los topes de campaña los gastos que realicen los partidos por el siguiente concepto: Para su operación ordinaria y para el sostenimiento de sus órganos directivos de sus organizaciones...”.

La disposición en análisis es clara y contundente en el sentido de establecer, en su párrafo 1, que los gastos que realicen los Partidos Políticos, en la propaganda electoral v las actividades de campaña, no podrán rebasar los topes que para cada elección acuerde el Consejo General.

En el párrafo 2, este artículo dispone que quedarán comprendidos dentro de los topes de gasto, también los siguientes conceptos:

a)   Gastos de propaganda: los cuales comprenden aquéllos realizados en bardas, mantas, volantes, pancartas, equipos de sonido, eventos políticos realizados en lugares alquilados, propaganda utilitaria y otros similares.

b)   Gastos operativos de la campaña: que comprenden los sueldos y salarios del personal eventual, arrendamiento eventual de bienes muebles e inmuebles, gastos de transporte de material y personal, viáticos y otros similares.

c)   Gastos de propaganda en prensa, radio y televisión: que comprenden los realizados en cualquiera de estos medios, tales como mensajes, anuncios publicitarios y sus similares, tendientes a la obtención del voto.

Finalmente el párrafo 3 del artículo antes transcrito, establece que no se considerara dentro de los topes de campaña, los gastos que realicen los Partidos para su operación ordinaria y para el sostenimiento de sus órganos directivos y de sus organizaciones.

De lo antes expuesto, se desprende que los gastos que no podrán rebasar los topes que para tal efecto acuerde el Consejo General, únicamente son aquéllos relativos a la propaganda electoral v a las actividades de campaña, debiendo incluirse también los gastos de propaganda, gastos operativos de campaña v los gastos de propaganda en prensa, radio v televisión.

Por otro lado, siendo congruente con las disposiciones anteriormente referidas, el artículo 17.2 del Reglamento que Establece los Lineamientos para la Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos Nacionales, claramente establece que los gastos que deberán ser reportados en los informes de campaña, serán los ejercidos dentro del periodo comprendido entre la fecha de registro de los candidatos en la elección de que se trate y hasta el fin de las campañas electorales, correspondientes a los gastos de propaganda, gastos operativos de campaña v gastos de propaganda en prensa, radio v televisión.

Finalmente, el artículo 17.4 del Reglamento que nos ocupa, textualmente dispone lo siguiente.

“ATÍCULO 17.4.

Se considerarán gastos de campaña los bienes y servicios que sean contratados, utilizados o aplicados cumpliendo con dos o más de los siguientes criterios:

a)   Durante el periodo de campaña;

b)   Con fines tendientes a la obtención del voto en las elecciones federales.

c)   Con el propósito de presentar a la ciudadanía las candidaturas registradas del partido y su respectiva promoción;

d)   Con la finalidad de propiciar la exposición, desarrollo y discusión ante el público de los programas y acciones de los candidatos registrados, así como la plataforma electoral; y

e)   Cuyo provecho sea exclusivamente para la campaña electoral, aunque la justificación de los gastos se realice posteriormente.”

De las disposiciones antes expuestas, se desprende la innegable conclusión de que los únicos gastos que los Partidos deben reportar en sus informes de campaña, son aquéllos que comprenden la propaganda electoral y las actividades de campaña, debiéndose incluir los gastos de propaganda, gastos operativos de campaña y los gastos de propaganda en prensa, radio y televisión.

Por lo que hace a la propaganda electoral, el o los gastos de que se trata, debe ser destinado para llevar a cabo escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que durante la campaña electoral produzcan y difundan los Partidos, los candidatos registrados y sus simpatizantes, con el propósito de presentar ante la ciudadanía las candidaturas registradas.

Y por lo que se refiere a los actos de campaña, deben erogarse para llevar a cabo reuniones públicas, asambleas, marchas y en general aquéllos en que los candidatos o voceros de los Partidos Políticos se dirijan al electorado para promover sus candidaturas.

Por ello es que si un gasto no fue realizado con el fin de llevar a cabo propaganda electoral o actos de campaña (en cualquiera de las modalidades antes descritas), no tendrá la naturaleza de gasto de campaña.

Asimismo, debe decirse que dentro de los gastos de campaña quedan comprendidos los de propaganda, operativos de la campaña y de propaganda en prensa, radio y televisión, debiendo efectuarse con la finalidad de llevar a cabo cualquiera de las modalidades de éstos enunciadas en el párrafo 2 del artículo 182-A del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como el 17.2 del Reglamento en análisis.

No obstante lo anterior, debe decirse que aún y cuando un Partido efectúe gastos con la finalidad de llevar a cabo las actividades que quedaron descritas en los párrafos precedentes, no necesariamente se considerará como gasto de campaña, pues para ello deberá reunir con dos o más de los criterios que para tal efecto se enunciaron limitativamente en el artículo 17.4 del Reglamento que Establece los Lineamientos para la Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos Nacionales, pues de no se así, dichos gastos se considerarán como ordinarios y, por ende, deberán reportarse en el informe anual.

En términos de la resolución que por esta vía se recurre, el Consejo General del Instituto Federal Electoral, en el inciso b) del considerando 5.1, concluye su parecer en el sentido de que los gastos realizados por mi mandante en cantidades de $33'133,165.90, $200,100.00 y $21,947.75, por concepto de monitoreo de espectaculares y encuestas, constituyen gastos de campaña, pues según su dicho, tales actividades tienen como finalidad la obtención del voto en las elecciones federales.

Nada más alejado de la realidad, pues las encuestas y el monitoreo de espectaculares de ninguna manera encuadran en los conceptos de propaganda electoral, actos de campaña, gastos de propaganda, gastos operativos de la campaña y gastos de propaganda en prensa, radio y televisión, establecidos tanto el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales como en el Reglamento, por lo que el Partido Acción Nacional no se encuentra obligado a considerarlos como gastos de campaña y reportarlos en el informe correspondiente.

Por esa sola razón, resulta válido y procedente que ese H. Cuerpo Colegiado revoque la resolución que por esta vía se impugna, pues los gastos observados en las conclusiones 28, 42 y 48 de inciso b) de su considerando 5.1, de ninguna manera juegan para efectos del cómputo de los topes de gastos en campaña y, por tanto, el hoy recurrente no se encuentra obligado a reportarlos en los informes de campaña, sino en el ordinario, como en la especie tuvo verificativo.

En el supuesto jamás concedido de que ese H. Cuerpo Colegiado considere que contrario al criterio del Partido, los gastos que nos ocupan sí encuadran en alguno de los conceptos antes explicados, debe decirse que no obstante ello, la resolución que por esta vía se recurre continua siendo ilegal, pues los mismos no cumplen con dos o más de los criterios enunciados para tal efecto en el artículo 17.4 del Reglamento.

En efecto, en el inciso b) del precepto que nos ocupa, se establece que para poder considerar una erogación como gasto de campaña, es necesario que ésta se utilice con fines tendientes a la obtención del voto en las elecciones federales, pues de lo contrario no tendrá dicho carácter.

Es decir, si un Partido efectúa un gasto sin la finalidad de obtener el voto de los gobernados, no podrá considerarse como gasto de campaña, sino que deberá registrarse como gasto ordinario, al no cumplir con el requisito que dispone el inciso b) del artículo 17.4 del Reglamento.

Resulta oportuno señalar que el término encuesta, es definido por el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, como una averiguación o pesquisa; así como el conjunto de preguntas tipificadas dirigidas a una muestra representativa, para averiguar estados de opinión o diversas cuestiones de hecho.

Por su parte, el monitoreo constituye el análisis cualitativo y cuantitativo que realiza una empresa especializada respecto del tratamiento que los medios de comunicación realizan sobre determinado actor, tema, tópico o hecho.

De estos conceptos de ninguna manera puede concluirse que una encuesta o el monitoreo de espectaculares tengan como fin la obtención del voto en las elecciones federales, pues son instrumentos para el conocimiento propio e interno del Partido respecto a ciertos temas.

Sin embargo, podrá ser el caso de que las encuestas sí tengan como finalidad la obtención del voto, lo cual acontece únicamente en el evento de que las mismas se hagan del conocimiento del electorado.

En este sentido, para determinar si las encuestas de opinión realizadas por el Partido, tienen por finalidad verificar la obtención del voto en las elecciones para Presidente, Diputados y Senadores, tenemos que atender al criterio de si las mismas se hacen o no del conocimiento del electorado.

Esto es, cuando la encuesta se hace del conocimiento del electorado, ésta tiene por finalidad la obtención del voto de éste, y por el contrario, cuando no se hace del conocimiento de los ciudadanos, la encuesta únicamente tiene fines internos al propio Partido respecto a ciertos temas.

Así las cosas, ha quedado acreditado que existen dos tipos de encuestas a saber, aquéllas que se hacen del conocimiento del público, que por ese sólo hecho se desprende que su finalidad lo es la obtención de su voto, y las que únicamente se realizan con fines internos del Partido que las contrata, cuya finalidad no lo es la obtención del voto de los ciudadanos, por no haber sido difundida, no conoció su contenido y resultados.

En este orden de ideas, las encuestas y monitoreos que efectuó mi representada NO fueron destinadas a la obtención del voto, sino únicamente para fines internos del propio Partido, por lo que será obligación de la A quo el acreditar lo contrario.

Así, como las encuestas aludidas no fueron difundidas al público, y por ello, no tuvieron como finalidad la obtención del voto, deviene ilegal el considerar a las mismas como gastos de campaña, por lo que resulta procedente que esa H. Sala revoque la sanción impuesta en términos del inciso c) del PRIMERO de los puntos resolutivos de la resolución que por esta vía se impugna, el cual se identifica con el inciso b) del considerando 5.1 de la misma.

En razón de los argumentos expuestos con anterioridad, ha quedado debidamente acreditado que los gastos erogados por mi mandante a que se refieren las conclusiones identificadas con los números 28, 42 y 48 del inciso b) del considerando 5.1 de la resolución impugnada, son gastos ordinarios y no de campaña, por lo que los mismos de ninguna manera deben considerarse a efecto de calcular los topes fijados por el Consejo General en términos del artículo 182-A del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; por ello, como consecuencia, debe quedar sin efectos también la sanción impuesta a mi mandante en términos del inciso n) del PRIMERO de los puntos resolutivos de la resolución que por esta vía se impugna, el cual se identifica con el inciso m) del considerando 5.1 de la misma, pues la razón por la que supuestamente se rebasaron los topes de gastos, atiende precisamente a esta situación.

Por último, no pasa inadvertido para la hoy promovente el hecho de que el Consejo General del Instituto Federal Electoral pretenda reforzar su postura respecto a que los gastos en encuestas y monitoreo de espectaculares, constituyen gastos de campaña, con base en la respuesta a una consulta formulada por el partido que represento, contenida en el oficio número CFRPAP/021/02, sin embargo ello deviene del todo en ¡legal, pues la recurrida pretende darle fuerza vinculativa a dicha resolución, sin señalar el fundamento legal que establezca tal obligatoriedad para efectos de imponer a mi mandante las multas combatidas.

En efecto, de la lectura íntegra que esa H. Sala Superior efectúe a los considerandos b) y m), podrá corroborar que se omitió indicar el precepto legal que la faculta a considerar obligatorias hacia mi mandante las interpretaciones que realice la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas, transgrediéndose con ello el principio de fundamentación expuesto, y, por ende, dejando al Partido Político que represento en un total estado de indefensión.

Es decir, para poder considerar legal el actuar de la recurrida, debió, y no lo hizo, señalar el fundamento legal que le permitió considerar como obligatoria hacia mi poderdante la resolución contenida en el oficio número CFRPAP/021/02, en cuyos términos la citada Comisión determinó que “las encuestas de opinión levantadas durante la campaña electoral, en las cuales se incluyan reactivos tendientes a medir la intención de voto del ciudadano, deben ser consideradas como gastos de campaña”, y así poder llegar a considerar como contraria a derecho la supuesta conducta que se le imputa al Partido Acción Nacional.

Aún más, cabe manifestar que la citada respuesta emitida por la Comisión de Fiscalización, se emitió con base en la legislación vigente en el año de 2002, misma que fue totalmente modificada con posterioridad, sobre todo en 2005, pues el día 27 de diciembre de dicho año, entró en vigor un nuevo Reglamento que Establece los Lineamientos para la Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos Nacionales, en el cual se modificó totalmente el concepto de gasto de campaña, por lo que en el supuesto jamás concedido de que ese H. Cuerpo Colegiado otorgue fuerza vinculatoria al oficio número CFRPAP/021/02, éste al día de hoy resulta inaplicable, pues la legislación conforme a la cual se emitió quedó derogada.

En razón de lo expuesto a lo largo del presente agravio, resulta válido y procedente que ese H. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación revoque la resolución que por esta vía se recurre, dejando sin efectos las sanciones impuestas en términos de los incisos c) y n) de su resultando PRIMERO.

SEGUNDO.- La resolución que por esta vía se recurre causa agravio al Partido Acción Nacional, pues atenta contra los principios consagrados en los artículos 14, 16, 22 y 41 de Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como contra los principios rectores en materia electoral consagrados en los numerales 264, 269 y 270 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Se afirma categóricamente lo anterior, pues la irregularidades a que se refieren los incisos f), g), h), i), j) y k), del considerando 5.1 del acto que por esta vía se combate, mismos que corresponden a los incisos g), h), i), j), k) y I) del PRIMERO de los resolutivos de la resolución en comento, afectan un mismo bien jurídico tutelado, por lo que lo debió imponerse sólo una infracción.

Dicho en otras palabras, las faltas advertidas por la hoy responsable en los incisos o apartados arriba citados, se refieren exclusivamente a una omisión respecto a los documentos solicitados durante la practica de una auditoria o verificación por la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas, esto es, se refieren a una indebida contabilidad y un inadecuado soporte documental de los ingresos y egresos de mi mandante, por lo que constituyen únicamente faltas formales, sin que se acreditara el uso indebido de los recursos públicos del Partido Político que nos ocupa, existiendo así una pluralidad de conductas pero unidad en el objeto infractor, por lo que en su caso corresponde una única sanción, y no así la determinación de siete sanciones distintas.

En efecto, en términos del PRIMERO de los puntos resolutivos de la resolución del Consejo General del Instituto Federal Electoral, tomada en sesión extraordinaria del pasado 30 de agosto de 2007, específicamente a fojas 2 y 3, se establece lo siguiente:

“(...)

g) La reducción del 0.58% (Cero punto cincuenta y ocho por ciento) de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto de Financiamiento Público para el sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar un monto líquido de $1,070,068.21 (Un millón setenta mil sesenta y ocho pesos 21/100 M.N.).

h) La reducción del 0.20% (Cero punto veinte por ciento) de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto de Financiamiento Público para el sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar un monto líquido de $373,609.70 (Trescientos setenta y tres mil seiscientos nueve pesos 70/100 M.N.).

i) Una multa consistente en 630 días de salario mínimo diario general vigente para el Distrito Federal en el año 2006, equivalente a $30,662.10 (Treinta mil seiscientos sesenta y dos pesos 10/100 M.N.).

j) La reducción del 0.79% (Cero punto setenta y nueve por ciento) de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto de Financiamiento Público para el sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar un monto líquido de $1,464,264.34 (Un millón cuatrocientos sesenta y cuatro mil doscientos sesenta y cuatro pesos 34/100 M.N.).

k) Una multa consistente en 950 días de salario mínimo diario general vigente para el Distrito Federal en el año 2006, equivalente a $46,236.50 (Cuarenta y seis mil doscientos treinta y seis pesos 50/100 M.N.).

I) La reducción del 0.16% (Cero punto dieciséis por ciento) de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto de Financiamiento Público para el sostenimiento de Actividades Ordinarias Permanentes, hasta alcanzar un monto líquido de $305,937.23 (Trescientos cinco mil novecientos treinta y siete pesos 23/100 M.N.) (...).”

A su vez, en los incisos f), g), h), i), j) y k) del considerando 5.1 de la resolución que por esta vía se impugna, la autoridad responsable estableció las conclusiones derivadas del Dictamen Consolidado que serían objeto de sanción, a saber:

‘(...)

f) En el capítulo de Conclusiones Finales de la Revisión del Informe, visibles en el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se señala en el numeral 60:

60. El partido registro cuentas por cobrar con antigüedad mayor a un año, en los saldos reportados al 31 de diciembre de 2006, por $2,675,170.53, de las cuales no presentó comprobación, reembolso o excepción legal alguna que acreditara las gestiones de cobranza.

g) En el capítulo de Conclusiones Finales de la Revisión del Informe, visibles en el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se señala en el numeral 59:

59. El partido omitió presentar la documentación soporte Que ampara el origen del saldo de cuentas por cobrar con antigüedad mayor a un año por un importe de $934,024.26.

h) En el capítulo de Conclusiones Finales de la Revisión del Informe, visible en el cuerpo del Dictamen Consolidado, se señala en el numeral 61, lo siguiente:

61. El partido omitió presentar aclaración v documentación soporte que ampare los saldos reportados en las cuentas por cobrar que presentan naturaleza contraria por un total de $77,348.53.

i) En el capítulo de Conclusiones Finales de la Revisión del Informe, visibles en el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se señala en el numeral 62:

62. El partido no presentó la integración detallada de los saldos registrados en pasivos con mención de montos, nombres, concepto y fechas de contratación de la obligación, calendario de amortización v de vencimiento por un monto de $14,333,249.23.

j) En el capítulo de Conclusiones Finales de la Revisión del Informe, visible en el cuerpo del Dictamen Consolidado, se señala en los numerales 65 y 66, lo siguiente:

65. El partido omitió presentar documentación de pasivos con antigüedad mayor a un año por $359,299.38.

66. Con relación a los saldos de pasivos del 2005, pendientes de liquidar al 31 de diciembre de 2006 por un monto de $109,690.05, el partido no presentó la documentación soporte de los registros, así como la permanencia de dichos importes.

k) En el capítulo de Conclusiones Finales de la Revisión del Informe, visibles en el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se señala en los numerales 64, 69 y 70, lo siguiente.

64. El partido omitió presentar documentación soporte que ampare el origen de pasivos con saldos contrario a su naturaleza por un total de $1,195,053.50.

69. El partido reportó pasivos con antigüedad mayor a un año por un importe de $206,728.62, integrado con saldos contrarios a su naturaleza, es decir, reflejan pagos en exceso o por comprobar a un tercero, generando un derecho al partido político y no la obligación para él.

70. El partido presenta en la contabilidad pasivos por un importe de $1,657,590.19, que está conformada por saldos contrarios a su naturaleza, de los cuales no presentó la documentación soporte solicitada. (...).” (Énfasis y subrayado añadidos).

De la lectura que esa H. Sala Superior se sirva llevar a cabo de las anteriores transcripciones, se podrá percatar que las diversas infracciones que fueron imputadas al Partido Político que nos ocupa, únicamente constituyen faltas formales referidas a una indebida contabilidad y un inadecuado soporte documental de los ingresos y egresos de mi mandante, por lo cual afectan a un mismo bien jurídico tutelado, que es el deber de rendición de cuentas.

A mayor abundamiento, conviene precisar que, cuando en el procedimiento de revisión de un informe rendido por un Partido Político, se encuentra la infracción de varias disposiciones del Reglamento, a través de diversas acciones u omisiones atribuidas de carácter puramente formal, como lo son la no presentación de documentos que deben exhibirse con el informe, el llenado indebido de formatos, la presentación de documentación en copia fotostática, la omisión o deficiencia en los registros contables, la omisión respecto a los documentos solicitados durante la practica de una auditoria o verificación, etcétera, lo procedente es imponer una sola sanción por todo el conjunto de irregularidades encontradas, ya que con esa clase de faltas no se acredita plenamente la afectación a los valores sustanciales protegidos por la legislación aplicable, sino únicamente su puesta en peligro, con la falta de claridad y suficiencia en las cuentas rendidas y de los documentos y formatos establecidos como indispensables para garantizar la transparencia y precisión necesarias, además de incrementar considerablemente la actividad fiscalizadora de la autoridad electoral competente y los costos estatales de ésta, al obligarla, con su incumplimiento, a nuevas acciones y diligencias para conseguir la verificación de lo expresado u omitido en los informes y, en algunos casos, al inicio y prosecución de procedimientos sancionadores específicos subsecuentes.

Desde luego, este criterio no resulta aplicable a las faltas que impliquen violaciones sustantivas, para las cuales procede la sanción particular por cada una.

Esto, porque es posible que se localicen tanto faltas formales como sustantivas. De esta suerte, independientemente de la sanción unitaria por faltas formales, se debe sancionar específicamente por las sustantivas, cuando estas últimas queden plenamente demostradas en el propio procedimiento de revisión del informe respectivo o en el procedimiento administrativo sancionador que se sustancie para investigar las probables irregularidades que pudieran encubrirse con las deficiencias documentales del informe.

Ahora bien, el marco jurídico vigente que rige los actos de fiscalización a los recursos de los partidos y agrupaciones políticas, que se encuentra regulado en el artículo 49-A del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, y detallado en forma específica en el Reglamento, es el siguiente:

A) Con relación a los ingresos:

Los partidos políticos deben registrar contablemente, y sustentar con la documentación correspondiente, los ingresos en efectivo o en especie recibidos por cualquiera de las modalidades de financiamiento. Los ingresos en efectivo deben depositarse en cuentas bancarias a nombre del partido y conciliar mensualmente los estados de cuenta para remitirlos a la autoridad electoral.

Los ingresos en especie deberán separarse en forma clara de los recibidos en efectivo y documentarse en contratos escritos, donde se identifique al aportante y el costo de mercado o estimado del bien. De lo anterior, sólo se excluyen los servicios personales otorgados de forma gratuita y desinteresada.

Se deberán expedir recibos foliados para amparar las aportaciones, en dinero o especie, de los asociados y simpatizantes. Los recibos se imprimirán en original y dos copias, la primera se entregará al aportante y una de las copias deberá permanecer en poder del órgano de finanzas del partido. También están obligados a llevar un control de folios para verificar el total de recibos expedidos, los cancelados, los utilizados y los pendientes de usarse, el cual se remitirá con el informe anual.

Los partidos no podrán recibir aportaciones de personas no identificadas, salvo las colectas realizadas en mítines o en la vía pública, pero deberán contabilizar y registrar, en un control por separado, los montos obtenidos en cada colecta.

Los ingresos por autofinanciamiento estarán apoyados en un control por cada evento, donde se contenga número consecutivo, tipo de evento, forma de administrarlo, fuente de ingresos, control de folios, números y fechas de las autorizaciones legales para su celebración, importe total de los ingresos brutos obtenidos, importe desglosado de los gastos, ingreso neto obtenido, y nombre y firma del responsable del evento. Este control formará parte del sustento documental del registro del ingreso del evento.

Los ingresos por rendimientos financieros, fondos o fideicomisos, estarán sustentados con los estados de cuenta remitidos por las instituciones bancarias o financieras, así como por los documentos en que consten los actos constitutivos o modificatorios de las operaciones financieras de los fondos o fideicomisos correspondientes.

B) Respecto de los egresos:

Deberán registrarse contablemente y estar soportados con la documentación expedida a nombre del partido por la persona a quien se efectuó el pago. Dicha documentación deberá cumplir con los requisitos exigidos por las disposiciones fiscales aplicables. Se exceptúa de lo anterior, hasta el 10% de los egresos por viajes o pasajes en un ejercicio anual, los cuales podrán comprobarse con bitácoras de gastos menores donde se precise fecha, lugar y monto del gasto, nombre y firma de quien lo realizó, concepto específico de la erogación y firma de autorización, anexándole los comprobantes recabados, aún cuando no colmen los requisitos fiscales.

Todo pago que rebase la cantidad equivalente a cien días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal deberá realizarse mediante cheque, con excepción de los sueldos y salarios contenidos en nóminas. Las pólizas de los cheques deben conservarse anexas a la documentación comprobatoria.

Los comprobantes de gastos realizados en el extranjero o para viajar fuera de territorio nacional, deberán estar acompañados de evidencias que justifiquen razonablemente la relación del objeto del viaje con los fines y actividades de la agrupación.

Las erogaciones relacionadas con recursos provenientes de financiamiento público deberán estar debidamente vinculadas con las actividades editoriales, de educación y capacitación política, y de investigación socioeconómica y política.

Se establece enunciativamente la denominación y distribución de las cuentas y subcuentas bajo las cuales deberán agruparse las erogaciones, así como la necesidad de inventariar los bienes y hacer su revisión al menos una vez al año. También el deber de llevar un control de notas de entradas y salidas de almacén debidamente foliadas y autorizadas, señalando su origen y destino, así como quien entrega o recibe y un control físico a través de kardex de almacén. Los gastos por pago de servicios personales también deben soportarse documentalmente e incluso deberán expedirse recibos por los reconocimientos económicos que se entreguen a personas involucradas en labores de apoyo político relacionados con la operación ordinaria del partido, salvo cuando el monto en un año exceda del equivalente a mil días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal o sea superior a cien días de salario en un mes, en cuyo caso deberán comprobarse como servicios personales. Con el informe anual deberá presentarse una relación de las personas que hayan recibido reconocimientos por actividades políticas, con la precisión del monto total percibido por cada una durante el ejercicio correspondiente.

C) Sobre la presentación de los informes:

Se deben entregar a la Secretaria Técnica de la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas, los informes anuales del origen y monto de los ingresos recibidos por cualquier modalidad de financiamiento, así como su empleo y aplicación.

Los informes anuales deberán ser presentados, a más tardar, dentro de los sesenta días siguientes al último día de diciembre del año de ejercicio que se reporte. Se reportaran los ingresos y egresos totales que se hayan realizado durante el ejercicio objeto del informe. Todos los ingresos y los gastos reportados en el informe deberán estar debidamente registrados en la contabilidad, de conformidad con el catálogo de cuentas respectivo.

Si al final del ejercicio existiera un pasivo en la contabilidad, deberá integrarse detalladamente con mención de montos, nombres, concepto y fechas, y estar debidamente registrados, soportados documentalmente y autorizados por los funcionarios facultados por el manual de operaciones del órgano de finanzas de la agrupación.

Junto con el informe anual deberá remitirse a la autoridad electoral toda la documentación comprobatoria de los ingresos y egresos en el año de ejercicio, incluyendo las pólizas de cheques, los estados de cuenta bancarios correspondientes al año de ejercicio, las balanzas de comprobación mensuales, los controles de folios y el inventario físico de los bienes.

D) Tocante a la revisión de los informes:

La Comisión de Fiscalización contará con sesenta días para revisar los informes anuales, durante ese período los partidos tendrán la obligación de permitir a la autoridad electoral el acceso a todos los documentos originales que soporten sus ingresos y egresos, así como a su contabilidad, incluidos los estados financieros. Se podrán realizar verificaciones selectivas de la documentación comprobatoria de los ingresos y egresos, las cuales podrán ser totales o muéstrales en uno o varios rubros. Durante el procedimiento de revisión, el Secretario Técnico de la Comisión de Fiscalización podrá solicitar por oficio a quienes hayan extendido comprobantes de ingresos o egresos a la agrupación, la confirmación o rectificación de las operaciones amparadas en esos documentos, de su resultado se informará en el dictamen consolidado correspondiente.

También se podrá notificar al partido de los errores u omisiones advertidos durante la revisión para que, en un plazo de diez días, pueda presentar las aclaraciones o rectificaciones pertinentes y entregar la documentación respectiva.

Al vencimiento del plazo para la revisión, o bien para la rectificación de errores u omisiones, la Comisión de Fiscalización dispondrá de veinte días para presentar un dictamen consolidado al Consejo General del Instituto Federal Electoral, junto con él, presentará, en su caso, un proyecto de resolución donde se propongan las sanciones en contra del partido político por irregularidades en el manejo de sus recursos o incumplimiento de la obligación de informar sobre su origen y aplicación. Igualmente, deberán incluirse en el dictamen los hechos detectados en la revisión que pudieran hacer presumir violación a disposiciones legales cuyo conocimiento competa a autoridades distintas de la electoral.

Para fijar la sanción correspondiente, el Consejo General tomará en cuenta las circunstancias y la gravedad de la falta, para esto último deberá analizar la trascendencia de la norma trasgredida y los efectos producidos respecto de los objetivos e intereses jurídicos tutelados.

E) Respecto a la contabilidad:

Para efectos de que la Comisión de Fiscalización pueda, en su caso, comprobar la veracidad de lo reportado en los informes, los partidos utilizarán el catálogo de cuentas y la guía contabilizadora establecida en el Reglamento. También deberán apegarse, en el control y registro de sus operaciones financieras, a los principios de contabilidad generalmente aceptados, y elaborar una balanza mensual de comprobación a último nivel para entregarlas a la autoridad electoral.

La propiedad de los bienes de los partidos políticos se acreditará, para efectos de su registro, con las facturas o los títulos de propiedad respectivos. Los bienes muebles que estén en posesión del partido, de los cuales no se cuente con factura disponible, se presumirán de su propiedad, salvo prueba en contrario, y deberán ser registrados. Los bienes inmuebles utilizados por el partido, sin contar con el título de propiedad, deberán registrarse en cuentas de orden.

Los partidos deberán conservar, por un lapso de cinco años, la documentación sustento de sus ingresos y egresos, la cual se mantendrá a disposición de la comisión de fiscalización. Dicho plazo se computará a partir de la publicación del dictamen consolidado en el Diario Oficial de la Federación.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el citado reglamento, los partidos deberán sujetarse a los requisitos y plazos de conservación de los registros contables y documentación soporte establecidos en otras disposiciones legales y cumplir con las disposiciones fiscales y de seguridad social a que están obligadas, entre ellas, retener y enterar el Impuesto Sobre la Renta y pagar las contribuciones de seguridad social.

De conformidad con los artículos 34, apartado 4, 38, apartado 1, inciso k) y 49-A apartado 1, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, los partidos políticos nacionales están obligados a presentar informes anuales e informes de campaña, así como a permitir la práctica de auditorias y verificaciones y entregar la documentación que el Instituto Federal Electoral les solicite respecto a sus ingresos y egresos.

Así, en el Reglamento se establece cuáles ingresos y egresos deben reportarse y la forma de documentarlos, cuándo y como debe presentarse el informe anual, la manera en que éste será revisado y las directrices generales para llevar a cabo el control contable de esos recursos, a fin de facilitar su revisión por la autoridad electoral, mientras que en el Código Electoral Federal se prevé la obligación de rendir el informe, proporcionar la documentación requerida y permitir su verificación. Todo lo cual concurre directamente con la obligación de rendición de cuentas y la transparencia en el manejo de los recursos, por lo cual, en el cumplimiento de esas disposiciones subyace ese único valor común.

En ese sentido, la falta de entrega de documentación requerida, v los errores en la contabilidad v documentación soporte de los ingresos v egresos de los partidos políticos, derivadas de la revisión de su informe anual o de campaña, por sí mismas, constituyen una mera falta formal, porgue con esas infracciones no se acredita el uso indebido de los recursos públicos, sino únicamente el incumplimiento de la obligación de rendir cuentas, circunstancias todas las anteriores que, se insiste, acontecen en el presente asunto.

En otras palabras, cuando se acreditan múltiples infracciones a dicha obligación, se viola el mismo valor común, se afecta a la misma persona jurídica indeterminada, que es la sociedad, por ponerse en peligro el adecuado manejo de recursos provenientes del erario público, y existe unidad en el propósito de la conducta infractora, porque el efecto de todas esas irregularidades es impedir u obstaculizar la adecuada fiscalización del financia miento del partido.

Por el contrario, cuando de la revisión se encuentran gastos sin comprobar o el uso indebido de recursos públicos, se trata de violaciones de carácter sustantivo que dan lugar a la aplicación de sanciones de ese tipo, independientemente de la responsabilidad civil y penal en que pudieran incurrir quien haya realizado las conductas señaladas.

En las relatadas condiciones, y al quedar debidamente acreditado que, en la especie, existe una pluralidad de conductas pero unidad en el objeto infractor, correspondía imponer una única sanción de entre las previstas en el artículo 269 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, y no así una pluralidad de sanciones, tal y como aconteció en el caso que nos ocupa.

A este punto resulta necesario recordar a esa H. Sala Superior que se ha pronunciado en el sentido que se viene exponiendo, ello al resolver, respectivamente, los recursos de apelación SUP-RAP-62/2005 y SUP-RAP-61/2006.

Por lo antes expuesto, y toda vez que la autoridad responsable no siguió los lineamientos legales necesarios al individualizar la sanción relativa a las faltas formales arriba descritas, resulta válido y procedente que ese H. Cuerpo Colegiado revoque la resolución que por ésta vía se combate para el efecto de que se devuelva el presente expediente al Consejo General del Instituto Federal Electoral, ello con el objeto de que dicho consejo realice de nueva cuenta la individualización de sanciones anteriormente detalladas e imponga a la Agrupación Política que nos ocupa una sola sanción por todas v cada una de las faltas formales arriba detalladas.

TERCERO.- Deviene del todo en ilegal la resolución que por esta vía se impugna, pues contraviene lo dispuesto por el artículo 22, primer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra establece:

“Articulo 22. Quedan prohibidas las penas de muerte, de mutilación, de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales.” (Énfasis Añadido).

Ahora bien, de la trascripción que antecede se desprende que ninguna autoridad que cuente con facultades para imponer sanciones económicas a los gobernados podrá hacerlo de manera excesiva; lo anterior con la finalidad de que toda sanción pecuniaria se encuentre dentro de los límites de lo ordinario, razonable y legal.

Para evitar el exceso en la imposición de sanciones económicas, nuestro más Alto Tribunal ha establecido lo que se debe entender por “multa excesiva”, esto en virtud del criterio jurisprudencial que a la letra reza:

“MULTA EXCESIVA. CONCEPTO DE. (Se transcribe).

El Tribunal Pleno en su sesión privada celebrada el veinte de junio en curso, por unanimidad de diez votos de los señores Ministros Presidente en funciones Juventino V. Castro y Castro, Sergio Salvador Aguirre Anguiano, Mariano Azuela Güitrón, Juan Díaz Romero, Genaro David Góngora Pimentel, José de Jesús Gudiño Pelayo, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, Humberto Román Palacios, Olga María Sánchez Cordero y Juan N. Silva Meza; aprobó, con el número 9/1995 (9a.) la tesis de jurisprudencia que antecede; y determinó que las votaciones de los precedentes son idóneas para integrarla. México, D.F., a veinte de junio de mil novecientos noventa y cinco.

Visible en: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta II, Julio de 1995, Tesis: P./J. 9/95, Página: 5, No. de Registro 200, 347,9a época, Instancia Pleno.”

Del criterio supracitado, se desprende que son tres los elementos a tomar en cuenta para definir el concepto de multa excesiva, a saber:

•        La desproporcionalidad entre las posibilidades económicas del infractor en relación a la gravedad del ilícito.

•        Que vaya más allá de lo lícito y lo razonable.

•        La existencia de cualquier otro elemento del que pueda inferirse la gravedad o levedad del hecho infractor.

En este orden de ideas, si bien la autoridad cuenta con pleno arbitrio para valorar los elementos que se mencionan en el párrafo inmediato anterior y para imponer las sanciones que a su criterio considere justas, esto lo debe hacer dentro de los límites de lo racional y lo legal, precisamente para imponer una sanción que no sea excesiva.

Negar lo anterior, tendría como resultado el que cualquier autoridad pudiera actuar sin límites o directrices al momento de individualizar las sanciones que pretenda imponer a los particulares, lo cual se traduciría en una clara violación al principio de seguridad jurídica plasmado en el artículo 16 Constitucional, entendiéndose éste como el conjunto general de condiciones, requisitos y circunstancias a que debe sujetarse una autoridad para generar una afectación válida de cualquier índole en la esfera jurídica del gobernado, puesto que de no observarse, cualquier autoridad, actuando de manera por demás arbitraria, podría imponer una multa excesiva a los particulares, dejando a estos últimos en un claro estado de indefensión, ya que no existiría una relación lógica-jurídica entre el hecho generador y la multa impuesta por la autoridad.

Bajo esta óptica y atendiendo al caso que nos ocupa, la autoridad en clara violación a lo dispuesto por el artículo 22, primer párrafo Constitucional, resolvió imponer al Partido Político que nos ocupa, una multa que deviene del todo en excesiva, como a continuación se pasa a demostrar:

Como lo podrá corroborar ese H. Cuerpo Colegiado, la autoridad recurrida, en términos de la resolución que se combate, para imponer las sanciones que señala en los incisos a), c), d), g), h), i), j), k), 1), m) y n), de su resolutivo PRIMERO, contraviene los principios que consagra el artículo 22 de nuestra Ley Fundamental, mismo que ha quedado detallado en párrafos que anteceden.

En este sentido, para acreditar la ilegalidad que se viene comentando, baste señalar a manera ejemplificativa, la conclusión a la que arriba la recurrida en el inciso c), conclusión 31, del considerando 5.1 de la resolución que por esta vía se combate, mismo que corresponde al inciso d) del resolutivo PRIMERO de dicha resolución, en la que la autoridad responsable determinó imponer la sanción prevista en el artículo 269, inciso d), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, consistente en la reducción de hasta el 50% de las ministraciones del financiamiento público que le corresponda al Partido Político infractor, por el periodo que señale la resolución.

Ahora bien, de la somera lectura que ese H. Órgano Colegido realice de la resolución impugnada, en específico del inciso c) del considerando 5.1 de la misma, podrá constatar que la supuesta irregularidad que se le imputa a la Agrupación Política que nos ocupa consiste en que en las subcuentas denominadas “Publicidad en Radio” y “Publicidad en Televisión”, se observó el registro de pólizas que presentaban como soporte documental, facturas con fecha de expedición correspondientes al ejercicio de 2005; por lo tanto, a decir de la autoridad responsable, las mismas debieron ser reportadas y registradas en la contabilidad del Informe Anual 2005 y no en el Informe Anual del ejercicio 2006; siendo el importe total involucrado, la cantidad de $1,014,294.25. (UN MILLÓN CATORCE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO 25/100 M.N).

En este orden de ideas, la autoridad responsable pretende sancionar a mi mandante por la falta de atención a los requerimientos efectuados por la autoridad electoral, o bien por no atenderlos en los términos solicitados, ello de conformidad con el artículo 49-A, párrafo primero, inciso a) del Código Electoral Federal, que establece la obligación de los Partidos Políticos de presentar los Informes Anuales dentro de los plazos establecidos.

Es de llamar la atención de ese H. Tribunal Federal Electoral, el hecho de que a fojas 267 de la resolución que por esta vía se combate, la traída a juicio reconoce expresamente que la conducta del Partido Político que nos ocupa, no se puede considerar como dolosa, puesto que ésta constituye una simple falta de cuidado en el manejo de los documentos comprobatorios de gastos durante el ejercicio: de lo cual se puede concluir que en ningún momento mi mandante se condujo dolosamente, puesto que esto implicaría la utilización de una serie de artificios o manipulaciones tendientes a inducir al error a la autoridad electoral, hecho que en ningún momento aconteció.

Derivado de lo anterior, resulta de explorado derecho que cualquier sanción impuesta por autoridad competente, por el simple hecho de que la conducta generadora de la infracción sea culposa y, por lo tanto, no dolosa (tal y como expresamente lo confiesa la enjuiciada), tenga como consecuencia el que la autoridad sancionadora esté obligada a imponer una sanción cuantitativamente menor a la correspondiente para el caso de que la misma fuere dolosa, cosa que la autoridad responsable pasa por alto, pues fija una sanción consistente en una reducción mensual del 0.55% de la ministración que corresponde al Partido Político en comento por concepto de financiamiento público para el sostenimiento de las actividades ordinarias permanentes, hasta alcanzar la suma de $1,014,294.25, misma que resulta igual al importe total involucrado en las supuestas irregularidades, lo cuál se traduce en una multa excesiva.

Continúa la hoy enjuiciada, en términos de la resolución que por esta vía se combate, argumentando que supuestamente la conducta a la que nos hemos referido a lo largo del presente agravio, impide que la autoridad fiscalizadora tenga certeza sobre los informes presentados y sobre la transparencia en el manejo de los recursos, con lo cual, según su dicho, se vulneran dichos valores jurídicos.

Nada mas alejado de la realidad, ya que como la propia enjuiciada lo reconoce a fojas 254 y 255 de la resolución impugnada, el Partido Político en cuestión sí exhibió las facturas comprobatorias de los gastos erogados por concepto de “Publicidad en Radio” y “Publicidad en Televisión”, que amparen la cantidad de $714,338.60 y $299,955.65 respectivamente; luego entonces, sí se acreditó debidamente la erogación de éstos importes, con lo cual se desvirtúa el dicho de la autoridad consistente en la falta de certeza sobre los informes presentados, pues si bien estos fueron exhibidos de manera extemporánea, ello de ninguna manera implica la violación al principio de certeza y transparencia, dado que en el supuesto jamás concedido de que el Partido Político hubiere tenido la finalidad de violar dichos principios, simplemente no se hubiera hecho referencia a ellos en el Informe Anual del año siguiente.

Dicho en otras palabras, el hecho de que la Agrupación Política en comento hiciera del conocimiento de la traída a juicio la erogación de los gastos en mención, demuestra en primer lugar, tal y como lo reconoce expresamente la autoridad electoral, que únicamente hubo un descuido en el manejo de los documentos comprobatorios, y por otra parte, resalta la buena fe del Ente Político en cuestión, pues tuvo como objeto el respeto a los principios de certeza y transparencia en la utilización de recursos, por lo que resulta absurdo e ilegal el hecho de que la enjuiciada concluya que la supuesta irregularidad se traduce en una falta sustancial cuyo objeto infractor concurre directamente con la obligación de rendición de cuentas y la transparencia en el manejo de recursos, pues se insiste, esto último fue precisamente la finalidad de la hoy recurrente.

Luego entonces, si como ha quedado demostrado, la conducta que se pretende sancionar tuvo como finalidad el que se cumplieran y respetaran los principios de certeza y transparencia en la utilización de recursos, resulta por demás ilegal el que la autoridad responsable imponga una multa que, como se ha mencionado con anterioridad, es a todas luces excesiva y, por lo tanto, violatoria del artículo 22 de nuestra Ley Fundamental.

Continúa la hoy recurrida argumentando de manera por demás ilegal en la resolución que por esta vía se combate, que el hecho de que la Agrupación Política que nos ocupa reporte gastos que fueron realizados en ejercicios anteriores, podría suponer que realizó pagos que no se reportan, o bien que los gastos no tienen las características que se informan, es decir, para imponer una multa la hoy responsable parte de una suposición que además de ilógica es totalmente contraria a derecho.

Ahora bien, al estar basada la autoridad en una suposición, ésta admite prueba en contrario, misma que la hoy actora exhibió al momento de presentar su Informe Anual del ejercicio 2006, pues si bien en el mismo se incluyeron erogaciones correspondientes al ejercicio del año 2005, el hacerlos del conocimiento de la enjuiciada de forma extemporánea, tuvo como finalidad reportar los gastos realizados por la Agrupación Política que nos ocupa por los conceptos de “Publicidad en Radio” y “Publicidad en Televisión”, mismos que se comprobaron con la exhibición, ante la autoridad electoral, de los originales de las facturas que amparan dichos gastos, lo que trae como consecuencia que el dicho de la autoridad sea totalmente desapegado a la realidad y a derecho, pues en virtud de las probanzas en mención se comprueba que dichos gastos sí tienen las características que se informan, de ahí la ilegalidad de la autoridad responsable al imponer una multa por demás excesiva basándose en una suposición que, como ya se ha demostrado, no tiene aplicación alguna en el caso en concreto, y que además, valga la redundancia, implica una simple suposición, es decir, la autoridad toma como elemento para imponer la multa una ficción y no parte de un hecho concreto, pues en el supuesto no concedido de que hubiera habido un descuido por parte de la recurrente en el manejo de los documentos comprobatorios respecto de los gastos erogados en el año 2005, el hecho de reportar esta omisión y corregir la misma, se traduce en una suposición en sentido totalmente contrario al que arguye la recurrida, puesto que si algo se puede suponer es el hecho de que mi Partido Político, tuvo como finalidad cumplir y respetar los valores jurídicos de certeza y transparencia mediante la exhibición de los originales que amparan dichos gastos.

Por otro lado, en lo que respecta a la capacidad económica del Ente Político que nos ocupa, sí bien es cierto que la autoridad electoral al momento de imponer sus sanciones sí la toma en cuenta, ello no implica que la multa que se le impuso pueda ser excesiva en relación al hecho generador de la infracción, a pesar de que la imposición de la sanción económica determinada por la autoridad electoral no constituya un menoscabo notable en el patrimonio de dicha Agrupación, como en el caso en cuestión se actualiza.

Dicho lo anterior, resulta de vital importancia señalar que la imposición de la multa consistente en una reducción mensual del 0.55% del financiamiento público que se le otorga al Partido en cuestión para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes, hasta alcanzar la cantidad total de $1,014,294.25, misma cantidad que corresponde al importe total de las erogaciones que se realizaron, refleja que la sanción determinada es la misma cantidad a lo que en su momento se omitió informar, hecho por demás excesivo e ilegal.

La hoy recurrida pretende justificar su ilegal actuar en el hecho de que el financiamiento público que se le otorga al Partido Acción Nacional por concepto de actividades ordinarias permanentes para e! ejercicio de 2007 asciende a la cantidad total de $742,564,326.75, lo que toma en cuenta al momento de individualizar la sanción, sin embargo, resulta vital hacer énfasis en el hecho de que al momento de imponer dicha multa la autoridad incurre en una grave violación al multicitado artículo 22 Constitucional, puesto que dicha sanción no guarda relación lógico- jurídica alguna con el hecho generador de la infracción que la autoridad electoral resolvió imponer.

Bajo esta óptica, resulta evidente el hecho de que, no por recibir un financia miento público correspondiente a actividades ordinarias permanentes para el ejercicio de 2007, cuyo monto asciende a la cantidad total de $742,564,326.75, la autoridad se encuentre facultada para imponer sanciones excesivas que de manera directa vulneran la posibilidad de ésta Asociación Política para cumplir con sus fines.

Ahora bien, la autoridad toma esta cantidad como base para determinar la capacidad económica del Partido, y pasa por alto lo que en realidad constituye el hecho generador de la infracción, mismo que asciende al total de $1,014,294.25, siendo entonces esta la cantidad que la autoridad electoral debió y no lo hizo, tomar en cuenta al momento de imponer la sanción, para que de esta forma cumpliera con el requisito de coherencia y lógica-jurídica al momento de imponer sus multas, cosa que en la especie no acontece y que, por el contrario, pretende justificar arguyendo la capacidad económica del Partido Político y no el hecho motivo de la sanción, como debió hacerlo.

Resulta importante hacerle ver a ese H. Cuerpo Colegiado, que la cantidad total de $1,014,294.25, no fue retenida de una manera ilegal por la Agrupación Política, ni mucho menos destinada a actividades no permitidas por la ley, o bien a actividades respecto de las cuales no tuviera conocimiento la autoridad electoral, sino que por el contrario, tal y como se ha demostrado con los razonamientos lógico-jurídicos vertidos a lo largo del presente agravio, dichas cantidades fueron erogadas a efecto de cubrir los gastos generados por los conceptos de “Publicidad en Radio” y “Publicidad en Televisión”, como se acreditó con los originales de las facturas correspondientes.

Por último, debe señalarse que no sólo la multa impuesta en cantidad de $1,014,294.25 resulta excesiva, sino también todas y cada una de las sanciones económicas que le fueron impuestas a mi mandante en términos de la resolución que por esta vía se recurre, las cuales suman la cantidad de $32384,627.27, ello atendiendo a los razonamientos lógico jurídicos expuestos lo largo del presente agravio, los cuales, en obvio de repeticiones, solicito se tengan en este punto por íntegramente reproducidos como si a la letra se insertasen, atacando precisamente el importe total de las sanciones; pues incluso, la ilegalidad en la que incurrió la recurrida al momento de imponer las sanciones que se impugnan, se evidencia con la identificada en el inciso m) del resolutivo PRIMERO, por citar otra de las sanciones impuestas, pues aquella equivale a un 3072% de la irregularidad observada. Es decir, no obstante que la supuesta irregularidad determinada al ente político que represento lo fue en cantidad de $39,688.45, la recurrida sanciona a mi mandante con la imposición de una multa equivalente a $1,219,600.22, la cual se insiste, equivale al 3072% del monto observado, situación la anterior que evidentemente torna a dicha sanción en excesiva.

En virtud de lo antes expuesto, resulta procedente que esa H. Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, revoque la resolución que por esta vía se impugna, pues como se acreditó, en sus términos se pretende imponer al partido político una multa excesiva, contraria a lo dispuesto por el artículo 22 de nuestra Carta Magna.

CUARTO.- Resulta de explorado derecho que el principio de seguridad jurídica consagrado en nuestra Carta Magna es aquél conjunto general de condiciones, requisitos, elementos o circunstancias previas a que debe sujetarse una cierta autoridad estatal autoritaria para generar una afectación válida de diferente índole en la esfera del gobernado (Partido Político). Por ende, un acto de autoridad que afecte el ámbito jurídico o patrimonial de un particular o de un gobernado (en la especie un Partido Político Nacional), sin observar dichos requisitos, condiciones, elementos o circunstancias previos, no será válido a la luz del Derecho.

Dicho en otras palabras, el principio de seguridad jurídica, debe entenderse como el conjunto de reglas previas que debe necesariamente acatar la autoridad para afectar de manera válida la esfera jurídica y/o patrimonial de un particular o gobernado (en el caso controvertido un Partido Político).

Robustece lo antes expuesto, el siguiente criterio jurisprudencial emanado de la Segunda Sala de nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra instituye:

GARANTÍA DE SEGURIDAD JURÍDICA, QUE SE ENTIENDE POR. (Se transcribe).

Del criterio jurisprudencial preinscrito, resulta que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido que por la garantía de seguridad jurídica se debe entender que la ley debe contener los elementos mínimos para hacer valer el derecho del gobernado (Partido Político), y para que, sobre este aspecto, la autoridad no incurra en arbitrariedades violentando con ello el multicomentado principio de seguridad jurídica.

En estrecha relación con el principio de seguridad jurídica, encontramos al principio de legalidad, el cual es la necesaria conformidad por parte de la autoridad, de que sus actos se encuentran expresamente fundamentados en el orden jurídico general, es decir, la autoridad sólo puede hacer aquello que le ésta expresamente permitido por la Ley.

En éste sentido, la doctrina administrativa ha establecido que en el principio de legalidad, se debe observar un doble proceso de sometimiento de los órganos administrativos a saber; el primero implica un acatamiento inmediato al conglomerado normativo y de principios que rigen de manera amplia y/o particular el actuar del engranaje estatal; y el segundo, es la sumisión, de igual modo inmediata y obligatoria, a las normas y reglas que ella misma ha elaborado.

Reitera lo antes expresado, el siguiente criterio producto del Poder Judicial de la Federación, del tenor siguiente:

GARANTÍA DE LEGALIDAD. QUE DEBE ENTENDERSE POR. (Se transcribe).

Del criterio supracitado, resulta que la garantía de legalidad, debe entenderse como la satisfacción de que todo acto de autoridad ha de realizarse conforme al texto expreso de la ley, a su espíritu o interpretación jurídica, ya que de no ser así se estaría violentando la Constitución Federal.

Visto lo anterior, podemos concluir que el ejercicio de la función administrativa ésta dominado, indiscutiblemente, por el principio de sometimiento de sus actos al ordenamiento jurídico, vigente y preestablecido, lo que implica, necesariamente, el sometimiento de la administración pública a las normas por ella proferida en ejercicio de sus facultades, constituyendo con ello el principio de legalidad consagrado en la Carta Magna.

Ahora bien, de la lectura que se sirva realizar esa H. Sala Superior a la resolución que por esta vía se impugna, podrá corroborar que, en la opinión, del Consejo General del Instituto Federal Electoral, las faltas que se le imputan al Partido Acción Nacional, a que se refieren los incisos c), f), g), h), i), j), k), I) y m) del considerando 5.1 de la resolución que por esta vía se combate, son calificadas, y por ende sancionadas, como graves, bien sea ordinarias o especiales; empero, el Consejo General, en ninguna parte de su resolución especifica o explica los razonamientos del por qué de su afirmación y distinción, situación esta ultima, que se traduce en una evidente transgresión a la garantía de seguridad jurídica prevista por el artículo 16 de la Constitución Federal, tal v como se pasa a demostrar a través de los siguientes argumentos lógico jurídicos.

No pasa por inadvertido para mi representado el hecho que, de conformidad con lo establecido por la tesis de jurisprudencia S3EU 09/2003, el Consejo General del Instituto Federal Electoral tiene el arbitrio para la imposición de sanciones a los Partidos Políticos tomando en consideración las circunstancias y gravedad de la falta al momento de la imposición de la misma; sin embargo, ello, en forma alguna implica que, el que éste, al emitir sus resoluciones, no manifieste o esgrima en forma clara y precisa las causas que dieron motivo a la calificación de la sanciones como “graves ordinarias o graves especiales”.

En tales condiciones, el Consejo General del Instituto Federal Electoral, invariablemente, al momento de individualizar una sanción, deberá atender a las circunstancias particulares del caso, tanto objetivas como subjetivas, así como a la gravedad de la infracción y, acorde con el resultado de tal examen, optar por la sanción que resulte proporcional y razonable, fundando y motivando su determinación, a fin de que ésta se ajuste a los principios de legalidad y seguridad jurídica.

En efecto, es indiscutible que para la determinación y aplicación de las sanciones derivadas de infracciones a la normatividad electoral (Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales), el Consejo General del Instituto Federal Electoral, debe tomar en cuenta las circunstancias particulares de cada caso concreto y para cada Partido Político, contando para ello, con una amplia facultad discrecional para calificar la gravedad o levedad de una infracción.

Sin embargo, dicha calificación respecto a las atenuantes o agravantes de una conducta, no puede realizarse en forma arbitraria o caprichosa, ni aislada por la autoridad electoral, es decir, debe necesariamente tomar en consideración los acontecimientos particulares que en cada supuesto especifico se suscitan, así como los razonamientos lógicos en que se apoya para calificar la gravedad de una sanción impuesta, cumpliendo así con su obligación Constitucional de motivar y fundar, todos y cada uno de sus actos.

A mayor abundamiento, es necesario recalcar, que esa H. Sala Superior ha sostenido que en materia de individualización de las sanciones, es decir, para determinar la clase de sanción y su correcta graduación, deben ponderarse los bienes jurídicos y los valores que se protegen, la naturaleza de los sujetos infractores y sus funciones encomendadas constitucionalmente, así como los fines persuasivos de las sanciones administrativas.

Asimismo, esa H. Sala Superior, ha establecido que debe tenerse en cuenta que el legislador facultó a la autoridad administrativa electoral para determinar la sanción y su graduación en cada caso, no sólo a partir del hecho objetivo y sus consecuencias materiales, sino también en concurrencia con e! grado de responsabilidad y demás condiciones subjetivas del infractor, lo cual se realiza a través de una valoración unitaria, que se formaliza en dos pasos.

En el primer paso, correspondiente a la selección de la sanción, resulta necesario verificar que el margen de graduación establecido por la ley permita dar cabida a la magnitud del reproche que se realiza, y en un segundo paso, establecer la graduación correcta que amerite, dentro de los márgenes de la clase de sanción encontrada como idónea. Con este mecanismo se logra que la sanción concretizada sea suficiente para alcanzar su finalidad persuasiva.

Bajo este contexto, una vez acreditada la infracción cometida por un Partido Político y el grado de responsabilidad, la autoridad electoral debe, en primer lugar, determinar, en términos generales, si la falta fue levísima, leve o grave, y en este último supuesto precisar la magnitud de esa gravedad, para decidir cuál de las siete sanciones previstas en el párrafo 1 del artículo 269 del Código Electoral Federal, debe aplicarse. Posteriormente, se debe proceder a graduar o individualizar la sanción que corresponda, dentro de los márgenes admisibles por la ley.

Así las cosas, sobre la base de esos parámetros, la autoridad electoral debe seleccionar y graduar la sanción, en función de la gravedad de la falta y la responsabilidad del infractor, para lo cual deberá tener en cuenta, según diversos criterios de ese H. Órgano Colegiado, lo siguiente:

1) El valor protegido o trascendencia de la norma;

2)     La magnitud de la afectación al bien jurídico o del peligro al que hubiera sido expuesto;

3)     La naturaleza de la acción u omisión y de los medios empleados para ejecutarla;

4)     Las circunstancias de tiempo, modo y lugar del hecho realizado;

5)     La forma y el grado de intervención del infractor en la comisión de la falta;

6)     Su comportamiento posterior a la fecha en que se cometió el ilícito administrativo; verbigracia, pretender borrar u ocultar la información atinente que lo demuestre, o bien, facilitar dicha información para cooperar en las tareas investigatorias;

7)     Las demás condiciones subjetivas del infractor, al momento de cometer la falta administrativa, siempre y cuando sean relevantes para considerar la posibilidad de haber ajustado su conducta a las exigencias de la norma; y

8)     La capacidad económica del infractor.

No obstante lo antes expuesto, los principios antes mencionados, así como la garantía de debida fundamentación y motivación que todo acto de autoridad debe necesariamente contener, se insiste, no se observaron en el presente caso, como se demostrará a continuación.

La hoy responsable, transgrede el principio de certeza o seguridad jurídica, así como los principios antes enumerados, al dictar la resolución que por ésta vía se combate, en virtud de que no toma un criterio unificado para la imposición de las sanciones, esto es, considera que algunas de las faltas se califican como graves ordinarias o graves especiales, sin embargo, al imponer las infracciones o sanciones, utiliza un criterio totalmente diverso, va que impone una sanción distinta a cada grupo de faltas, no obstante haber calificando la faltas de igual manera, esto es, como graves ordinarias o graves especiales.

En otras palabras, la imposición de las sanciones al Partido Acción Nacional es inequitativa, y por ende ilegal, ya que el Consejo General del Instituto Federal Electoral al calificar las conductas como graves ordinarias o especiales, no realizó distinción alguna entre la gravedad de una y la otra, y por lo tanto debió, y no lo hizo, imponer la misma sanción en cuanto a su monto, es decir, por la misma cantidad, situación, ésta última, que resulta a todas luces ilegal en virtud de que la autoridad electoral no fundamentó ni motivó la base conforme a la cual calificó las diversas sanciones o infracciones como graves ordinarias o especiales, así como tampoco el por qué de las diversos montos en las cantidades, siendo que todas las infracciones las calificó como graves ordinarias o especiales, lo que se tradujo en un exceso en su facultad discrecional para la calificación de la infracciones y sus respectivas sanciones.

Es decir, si la autoridad consideró que las conductas del Partido Acción Nacional, deben ser calificadas y sancionadas como graves ordinarias o graves especiales, resulta notoriamente incongruente que las infracciones imputadas a mi representada sean sancionadas con distintas cantidades, ya que, se reitera, las conductas fueron calificadas como graves ordinarias o especiales, y como tales deben ser sancionadas por igual, esto es, con la misma cantidad.

De lo antes expuesto, resulta evidente que en el caso que nos ocupa la autoridad responsable omitió motivar las circunstancias y causas que lo llevaron a establecer que las diversas sanciones con diferentes cantidades, no obstante, que a su parecer, las conductas, menos la amonestación pública, son calificadas como graves ordinarias o especiales, lo cual da lugar a que resulte violentada en agravio de mi representada, la garantía de seguridad jurídica.

Por otra parte, pero en el mismo grado de ilegalidad, el Consejo General del Instituto Federal Electoral, al calificar las conductas de mi representada, como graves ordinarias o especiales, pasa por alto la circunstancia o el hecho de que mi representada en ningún momento violentó el bien jurídico tutelado, y con ello concluir que se hacía acreedora a la imposición de las sanciones correspondientes.

No obstante lo expuesto con anterioridad, es de ponerse de manifiesto que la responsable pasa por alto el significado de bien tutelado por la norma consistente en que la autoridad administrativa electoral cuente con todos los elementos necesarios para llevar a cabo la revisión o fiscalización de los recursos asignados a un partido político para cumplir las finalidades que nuestra Carta Magna le impone, en términos del segundo párrafo, fracción primera, del artículo 41 Constitucional.

Se afirma lo anterior, pues de la lectura que esa H. Sala Superior realice a la resolución que por vía se apela, en particular a la motivación que esta lleva a cabo a la calificación de las irregularidades como graves ordinarias y/o especiales, supuestamente cometidas por mi representada, podrá observar que ello no aconteció en la especie.

En efecto, la responsable para calificar como graves ordinarias y/o especiales las irregularidades supuestamente cometidas por mi representada, parte de hechos que no se identifican con violaciones al bien jurídico que tutela, por el contrario, lleva a cabo la calificación de las mismas como irregularidades formales, como lo puede ser la presentación de diversa información en copia simple y con ello concluir que la información no se presentó y a partir de ello, calificarlas como grave ordinarias y/o especiales, cuando en la especie, en términos de la legislación electoral aplicable, cuenta con las facultades para corroborar la verdad histórica, acreditándose así la indebida motivación que lleva a cabo la autoridad electoral.

En las referidas condiciones, y en virtud de todo lo antes expuesto, ha quedado evidenciada la ilegalidad de la resolución que se apela, al no cumplir con lo extremos de los principios Constitucionales detallados al principio del presente agravio, por lo que resulta procedente que esa H. Sala Superior revoque la sanciones impuestas a la Asociación Política que represento.

QUINTO.- De nueva cuenta la resolución que por esta vía se recurre resulta contraria los principios de debida fundamentación y motivación que todo acto debe contener para afectar válidamente la esfera jurídica de los particulares, tal y como a continuación se demuestra:

I. En términos de los incisos o), p) y q) del PRIMERO de los puntos resolutivos de la resolución que por esta vía se impugna, los cuales corresponden a los incisos n), o) y p) del considerando 5.1 de la misma, la A quo, por los hechos que en éstos se consignan, considera que debe dar vista de los mismos a la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas, a efecto de que se inicie un procedimiento oficioso, y en su oportunidad, rinda el dictamen correspondiente, para, en su caso, proceder a la aplicación de las sanciones que pudiera ser acreedor el Partido Político que represento.

No obstante lo anterior, la recurrida omite señalar el o los preceptos legales que la facultan a actuar de tal manera, por lo que dejó a mi mandante en un total estado de indefensión, al no conocer si la A quo se encuentra facultada expresamente a actuar de tal manera, para efectos de afectar sus derechos.

Esto es, el Consejo General del Instituto Federal Electoral, en acatamiento al principio de fundamentación expuesto a lo largo del presente agravio, debió indicar el o los preceptos legales que lo facultaran para que, en términos de la resolución final dictada en el procedimiento de revisión de tos informes de los Partidos Políticos previsto en el artículo 49-A, segundo párrafo, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, diera vista de los hechos conocidos en dichos procedimiento a la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas, a efecto de que ésta inicie un nuevo procedimiento, es decir, el previsto en el cuarto párrafo del artículo 49-B del citado ordenamiento jurídico.

Es por ello el que esa H. Sala deberá revocar los incisos o), p) y q) del PRIMERO de los puntos resolutivos de la resolución que por esta vía se impugna, ya que, se insiste, la recurrida omitió señalar el o los fundamentos legales que le permiten actuar de tal manera, dejando así a mi representada, una vez más, en un total estado de indefensión, al no conocer si la A-quo se encuentra o no facultada expresamente a dar vista a la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas, de los hechos que revisó en el procedimiento del cuál deriva la resolución que por esta vía se recurre, es decir, el previsto en el artículo 49-A, segundo párrafo, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

II.- Por lo que hace a la sanción establecida en el inciso L) del PRIMERO de los puntos resolutivos de la resolución que por esta vía se impugna, que se relaciona con el inciso k) del considerando 5.1 de la misma, en especifico por lo que hace a la entidad federativa de Sonora (conclusión 70 del dictamen), la resolución carece de la debida fundamentación y motivación que acto de autoridad debe de necesariamente contener, por las siguientes razones:

La autoridad electoral observa un total de $1’657,590.19, ello en virtud de no se presentó documentación ni aclaración de saldos con naturaleza contraria; sin embargo, el monto de $81,092.48 del Comité de Sonora no es real, toda vez que para determinar ese saldo la autoridad responsable consideró cifras de diferentes cuentas contables, dando como resultado dicho saldo en rojo.

Corrobora las anteriores afirmaciones, la documentación comprobatoria que se acompaña a la presente demanda, misma que acredita y evidencia el que la autoridad electoral tomó cifras de diferentes cuentas contables, resultando procedente que ese revoque la resolución que por esta vía se recurre.

III.- Por lo que hace a la sanción establecida en el inciso g) de los resolutivos, en relación con el inciso f) del considerando 5.1 de la resolución recurrida, en específico por lo que hace al Estado de México, la resolución carece de la debida fundamentación y motivación que acto de autoridad debe de necesariamente contener.

Esto es así, puesto que el importe de $1,429,422.04 a que hace referencia la autoridad recurrida, nació debido a que en el ejercicio del año 2005, se utilizó esta cuenta para controlar los prestamos que el Comité Directivo Estatal realizó al Comité Ejecutivo Local para cubrir el pago de contribuciones al Instituto Mexicano del Seguro Social, mismos que fueron provisionados en la contabilidad del Comité Local y pagados con recursos federales.

Con el fin de acreditar lo expuesto en el párrafo anterior, se solicita respetuosamente a ese H. Cuerpo Colegiado, se remita a la carpeta 4/15, del anexo 13 que se presentó a la autoridad mediante TESO/082/07 de fecha 13 de julio de 2007, las pólizas contables con su respectiva documentación soporte de la contabilidad del Comité Directivo Estatal que amparan la cantidad en cuestión, así como auxiliar contable al 31 de diciembre de 2005, correspondiente a la contabilidad local donde se corrobora que son exactamente los mismos importes pero registrados en Cuenta por Pagar.

Por lo anterior, se concluye que no deben ser sancionados dichos montos, porque como se señalo en párrafos anteriores ya están comprobados los saldos con documentación aun y cuando estos continúen reportados en la contabilidad del Estado de México, lo que trae a luz el que si se estén realizando gestiones para su cancelación.

IV.- Finalmente, la resolución que por esta vía se combate, por lo que hace a la sanción impuesta en términos del inciso b) del resolutivo PRIMERO, carece de total fundamentación y motivación, puesto que en ninguna parte de la misma se señalan los preceptos aplicables así como los razonamientos lógico jurídicos por lo que cuales resultó procedente sancionar a mi mandante con la “Vista a la Junta General Ejecutiva”, por lo que resulta válido y procedente que esa H. Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la deje sin efectos.

SEXTO.- A lo largo de este agravio se demostrará la ilegalidad de la resolución de fecha 30 de agosto de 2007, emitido por el Consejo General del Instituto Federal Electoral, mediante la cual, se impone una multa en el resolutivo PRIMERO al Partido Acción Nacional por la cantidad de $14,883,492.88, equivalente a una reducción del 2.67% de la ministración mensual, ello con motivo de las conclusiones a que arribó dicho Cuerpo Colegiado identificadas con los números 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 27, 29, 30, 32, 35, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 67, 68, 71, 73 y 74, tal y como las agrupó el citado Consejo.

Con el objeto de demostrar, la falta de fundamentación y motivación en que incurrió el Consejo General del Instituto Federal Electoral al momento de emitir la resolución que por esta vía se combate, el ente político que represento, combatirá, acorde a como se agruparon las conclusiones por parte del recurrido, una a una, las conclusiones antes señaladas.

En materia de Ingresos, respecto del concepto denominado Recibos de Aportaciones, el Consejo General del Instituto Federal Electoral, observa las siguientes conclusiones:

A) Por lo que se refiere a recibos de aportaciones no presentados, el Consejo determina lo siguiente:

Conclusión 6.- El recurrido concluye que mi representada no proporcionó 72 recibos correspondientes a las aportaciones de militantes por la cantidad de $297,885.08, transgrediendo así el contenido de los artículos 38, párrafo 1, inciso k) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; 1.3, 3.10 y 19.2 del Reglamento que establece los Lineamientos para la Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos Nacionales. El anterior razonamiento resulta del todo ilegal, pues lejos de infringir el inciso k) del párrafo 1, del artículo 38 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, mi representado ha dado cabal cumplimiento con su obligación de permitir la práctica de auditorias ordenada por la Comisión de Fiscalización, así como ha dado cumplimiento con la entrega de la documentación que la propia Comisión le solicitó, pues baste señalar que durante el procedimiento de revisión, el ente político que represento exhibió las cartas emitidas por sus militantes a través de las cuales se ratifica la aportación identificándose con toda claridad el cheque que amparaba la aportación correspondiente, esto es, tal y como lo exige el código de referencia, las cartas representan los recibos expedidos por los militantes en los que se contiene el monto de sus aportaciones con todos los requisitos de ley, siendo claro que las mismas no pueden contener el logotipo del Partido, pues son expedidas por aquellos.

En este sentido, se debe manifestar que existe el recibo original (carta del aportante) que en términos del artículo 4.10 del Reglamento que establece los Lineamientos para la Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos Nacionales, así como del Formato identificado como “RMEF”-Recibo de Aportaciones de Militantes y Organizaciones Sociales en Efectivo operación Ordinaria, establece todos y cada uno de los datos identifícatenos de dicha aportación, esto es, en términos de los recibos presentados por mi mandante a la Comisión de Fiscalización, se contienen todos y cada uno de los elementos que identifican, no sólo el importe de la aportación efectuada al ente político que represento, sino el nombre del aportante, el número de recibo que se le expidió, así como los demás datos necesarios para su comprobación, por lo que resulta del todo desapegado a derecho que la recurrida pretenda observar, en la conclusión que se analiza, diversa irregularidad, cuando en la especie, se cumplió con el fin que persigue la legislación de la materia.

Conclusión 7.- El recurrido determina que el partido reportó ingresos por concepto de aportaciones de militantes que carece del recibo original “RMEF” por la cantidad de $128,749.68, transgrediendo así el contenido de los artículos 38, párrafo 1, inciso k) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; 19.2, 1.3 y 3.10 del Reglamento que establece los Lineamientos para la Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos Nacionales. Al igual que la conclusión que antecede, contrario a lo aducido por el recurrido, mi representado ha dado cabal cumplimiento con su obligación de permitir la práctica de auditorias ordenadas por los Consejeros, así como también ha dado cumplimiento con la entrega de la documentación que la propia Comisión le solicitó, por lo que deviene del todo en ilegal la conclusión a la que arriba, máxime se tomamos en consideración que la documentación exhibida por el partido (Cartas de Aportaciones de Militantes) cumplen con todos los requisitos que los recibos identificados como “RMEF” exigen en términos de las disposiciones electorales, pues incluso, tan se identifican las aportaciones que efectúan los militantes, que la propia autoridad emisora del acto que se combate, reconoce el concepto de aportaciones por la cantidad antes señalada.

Aún más, a foja 17 del acto que se combate, la propia autoridad recurrida, pasa por alto que mi representada inició ante el Juzgado Cívico del Ayuntamiento de Morelos, la correspondiente denuncia de hechos con motivo del extravío de los recibos números 59, 60, 61 y 64, así como las fichas de depósito que amparan la cantidad total de $38,800.00 pesos, por lo que, bajo la anterior consideración, resulta desapegado a derecho pretender sancionar a mi mandante, cuando en el caso concreto, incluso, ha denunciado hechos constitutivos de delito, con motivo de la sustracción de los recibos y fichas de depósitos en comento, por lo que ante una imposibilidad absoluta de presentar los recibos ante la Comisión, ésta pretende sancionar a mi mandante, desconociendo así que a lo imposible nadie se encuentra obligado.

Conclusión 12.- El Consejo concluye que el ente político que represento no presentó los recibos “RSEF” por un total de $501,054.78, violentando así los artículos 38 párrafo 1, inciso k) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, 1.3, 4.10 y 19.2 del Reglamento que establece los Lineamientos para la Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos Nacionales. Nada más alejado de la realidad, pues como se ha venido señalando y como se desprende de los autos que integran el expediente en que se actúa, en todo momento el ente político que represento ha permitido al Consejo General del Instituto Federal Electoral, la práctica de la auditoria al que fue sujeto, por lo que en ningún momento se ha infringido el contenido del numeral del código a que hace referencia el recurrido.

Tan ello es así que, el Consejo en términos de la resolución que se combate, reconoce que mi mandante tiene registrados los ingresos que recibió con motivo de las aportaciones de sus simpatizantes por la cantidad total de $501,054.78, sin embargo, como él aduce, observa este monto por el sólo hecho de no haber exhibido los recibos identificados como “RSEF”, cuando en la especie, al igual que en el caso de los militantes, el Partido Acción Nacional exhibió ante el recurrido la totalidad de la documentación comprobatoria que perfectamente identificaba el monto de las aportaciones en efectivo que efectuaron los simpatizantes a la hoy promovente.

Conclusión 13.- El recurrido concluye que mi representado no exhibió los originales de 12 recibos identificados como “RSEF”, por la cantidad de $4,590,000.00, correspondientes a aportaciones de simpatizantes en efectivo, transgrediendo así los artículos 38 párrafo 1, inciso k) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, 1.3, 4.10 y 19.2 del Reglamento que establece los Lineamientos para la Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos Nacionales. El anterior razonamiento es del todo desapegado a derecho, pues con independencia de que el propio Instituto Federal Electoral, tiene pleno conocimiento de la existencia de los 12 recibos a que hace referencia por el importe antes señalado, los cuales como expresamente reconoce, fueron extraviados, por lo que no se cuenta con su original, debe quedar muy claro para ese H. Cuerpo Colegiado que las aportaciones de los simpatizantes de mi Partido que se efectuaron en efectivo siempre se registraron, contando los propios simpatizantes con los recibos correspondientes, por lo que no se explica por qué el Consejo pretende afectar la esfera jurídica de mi mandante en base a supuestos incumplimientos de las disposiciones electorales que, como hemos visto, no tienen verificativo en la especie, máxime se tomamos en consideración que el ente político que represento proporcionó a la autoridad fiscalizadora las constancias de aportaciones de simpatizantes, las cuales cumplen con todos los requisitos que los recibos identificados como “RSEF” exigen en términos de las disposiciones electorales, pues incluso, tan se identifican las aportaciones que efectúan los simpatizantes, que la propia autoridad emisora del acto que se combate, reconoce el concepto de aportaciones por las cantidades que en ellas se consigan.

Así las cosas, en ningún momento el ente que represento ha transgredido los artículos del código y del reglamento a que hace referencia el Consejo General del Instituto Federal Electoral en la resolución que por esta vía se combate, pues además de que ha permitido en todo momento la práctica de la auditoria a la que fue sujeto, expidió los recibos en análisis a los simpatizantes que efectuaron aportaciones en efectivo por la cifra que nos ocupa.

Como corolario de todo lo expuesto en las cuatro conclusiones a que hace referencia el recurrido, desde este momento debemos ser categóricos en el sentido de que la autoridad electoral pretende tomar, dentro de otros parámetros, para sancionar a mi representada, el monto de los importes observados, cuando en la especie, los mismos no pueden considerarse de la forma en que pretende la recurrida, pues estos, amen de haber sido registrados, cumpliendo así con las disposiciones vigentes en la materia, son del conocimiento de la autoridad electoral, por lo que su actuar carece de la debida fundamentación y motivación que todo acto administrativo debe contener, máxime si a partir de aquellos importes, se insiste, se sanciona a mi representado.

De igual manera, en materia de ingresos, el Consejo General del Instituto Federal Electoral, observa las siguientes conclusiones:

B) Por lo que se refiere a recibos de aportaciones presentados en copias fotostáticas, el Consejo determina lo siguiente:

Conclusión 8 y 14.- El recurrido determina en ambas conclusiones que el Partido no exhibió en original los ingresos que por concepto de aportaciones de militantes y de simpatizantes, recibió de 29 y 30 recibos respectivamente, transgrediendo así el contenido de los artículos 38, párrafo 1, inciso k) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, 1.3, 3.10, 4.10 y 19.2 del Reglamento que establece los Lineamientos para la Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos Nacionales. El anterior razonamiento, una vez más, denota la falta de fundamentación y motivación en que incurrió el Consejo General del Instituto Federal Electoral, pues no señala las razones que le permitieron concluir que la exhibición en copia fotostática de los recibos identificados “RMEF” y “RSEF”, respectivamente, traen como consecuencia que el Partido transgreda el contenido del artículo 38, párrafo 1, inciso k) del citado código, pues con la exhibición de las copias fotostáticas de los recibos en comento se cumple con la entrega de la documentación que en materia de ingresos solicitó la Comisión.

En este orden de ideas, no debe pasar inadvertido para ese H. Cuerpo Colegiado el que el propio recurrido reconoce expresamente en términos de su resolución el hecho de que durante la fase comprobatoria de ingresos, partiendo de la base de que mi representado sólo cuenta con copias fotostáticas de los ingresos por concepto de ambas aportaciones (militantes y simpatizantes), el hoy promoverte, además de exhibir aquellas, también exhibió los originales de las cartas en las que se establece con toda claridad el nombre del aportante, el monto correspondiente y el cheque que ampara la cantidad recibida por el Partido, por lo que resulta contrario a derecho que se le pretenda sancionar, cuando en la especie, el propio Consejo General identifica con toda claridad el monto de las aportaciones que nos ocupa.

Incluso, en el supuesto jamás admitido que los anteriores razonamientos no fueren suficientes para desvirtuar las conclusiones observadas, baste señalar que la exhibición de cualesquier copia fotostática, representa un reconocimiento implícito de que tal copia coincide plenamente con su original, creando así un medio de convicción.

Por lo anterior, la conclusión que se combate debe quedar sin efecto legal alguno, ello con independencia de que sí está el registro de las aportaciones de militantes y de simpatizantes, además de que el Instituto Federal Electoral en todo momento tiene el registro de los folios de las citadas aportaciones, por lo que contrario a lo aducido por el recurrido, en ningún momento se transgreden los numerales a que hace referencia en su resolución, amén de que de nueva cuenta, la recurrida pasa por alto el hecho de que si mi mandante no presentó los recibos correspondientes en original fue precisamente por no contar con ellos, por lo que la presentación en copia simple era suficiente para solventar el interés de la Comisión.

Conclusión 15.- De nueva cuenta, la determinación a la que arriba la autoridad recurrida, deviene en ilegal, en el sentido de que observa la cantidad de $580,000.00, con motivo de la falta del original de los recibos de las aportaciones de simpatizantes en efectivo, violentando así los artículos 38 párrafo 1, inciso k) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, 1.3, 4.10 y 19.2 del Reglamento que establece los Lineamientos para la Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos Nacionales.

En efecto, como la propia autoridad recurrida lo reconoce, el ente político que represento en todo momento tiene registrado el total de las aportaciones que los simpatizantes le efectuaron en efectivo, conservando copias fotostáticas de los mismos, los cuales, también son del pleno conocimiento del Consejo General del Instituto Federal Electoral, por lo que, pretender sancionar a mi mandante en base a la no exhibición de los originales, resulta contrario a derecho, ya que con independencia de los razonamientos lógico-jurídicos vertidos en las conclusiones 8 y 14 anteriores que en obvio de repeticiones inútiles se solicita se tengan aquí por íntegramente reproducidos como si a la letra se insertasen, debemos señalar que existe el soporte documental que ampara el monto de los recibos que en su momento emitió el Partido.

Al respecto, resulta aplicable por analogía el siguiente criterio emitido por el Tribunal Federal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

COPIA FOTOSTÁTICA SIMPLE. SURTE EFECTOS PROBATORIOS EN CONTRA DE SU OFERENTE. (Se transcribe).

Es importante enfatizar el hecho de que en virtud de que existieron recibos de aportaciones tanto de militantes como de simpatizantes, en efectivo y en especie, mi partido, ante la imposibilidad material de presentar los recibos físicos y originales de dichas aportaciones se abocó a la recaudación de las constancias de aportación ya mencionadas en párrafos anteriores, las cuales ese H. Órgano Colegiado debe valorar y tomar en cuenta como confesionales escritas emitidas por los mismos aportantes, por lo que el espíritu de la norma, al prever que las aportaciones queden registradas en recibos, queda cubierto con dichos documentos, pues los mismos, reitero, contienen la mas explícita manifestación por parte de los aportantes en la cual ratifican las aportaciones realizadas a mi partido, por lo que se otorga certeza a la autoridad fiscalizadora en cuanto a la obtención de los ingresos obtenidos por parte de los aportantes, que se insiste, es el fin que persigue la norma.

Conclusión 11.- El recurrido concluye que mi representado recibió aportaciones en efectivo superiores a 200 días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, transgrediendo así, los artículos 38 párrafo 1, inciso k) y 49-A, apartado 2, inciso b) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; 1.3, 1.4, 1.8, 3.10 y 19.2 del Reglamento que establece los Lineamientos para la Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos Nacionales, pues aquellas no se llevaron a cabo a través de cheque nominativo a nombre de mi representada.

El actuar del recurrido no hace más que evidenciar la mala fe con la que actúa en perjuicio de los intereses de mi representado, pues si bien es cierto que no pasa inadvertido para el promovente que cualquier aportación superior a 200 días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, al momento en que se realice, debe efectuarse a través de cheque expedido a nombre del Partido, no menos cierto es que la autoridad fiscalizadora, como lo establece a fojas 52 de su resolución, pretende observar la totalidad de las aportaciones efectuadas por las tres personas físicas a que hacen referencia las pólizas de ingresos 01/02-06, 02/02-06 y 04/02-06, sin embargo, pasa por alto que precisamente el tope máximo de aportación establecido en ley ( 200 días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal) sí se puede efectuar en efectivo.

Tan ello es así, que el propio Consejo General del Instituto Federal Electoral reconoce dos circunstancias, la primera, consistente en que las tres aportaciones se hicieron a través de depósitos en efectivo, y la segunda, que la legislación en la materia, faculta a los particulares para que puedan llevar a cabo aportaciones en efectivo hasta por la cantidad equivalente a 200 días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, cifra la anterior que en la época de los hechos ascendía a la cantidad de $9,734.00.

Luego entonces, en todo caso, el hoy recurrido debe de tomar en consideración que de los importes que se establecen en las tres fichas de depósito que reconoce, debe restar el tope máximo de referencia, y sólo a partir de su diferencia, en su caso, establecer la observación a que haya lugar, pues de no ser así, se traduciría, como lo hace en términos de su resolución, que los tres depósitos den origen a la observación que pretende. A este punto, no debe pasar por alto ese H. Cuerpo Colegiado que el anterior razonamiento esgrimido es reconocido por la legislación de la materia, al establecer en el artículo 1.9 del Reglamento que establece los Lineamientos para la Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos Nacionales, que cuando existan aportaciones o donativos que sean superiores a la cantidad de 200 veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, por su diferencia se deberán llevar a cabo las aportaciones a través de cheque nominativo.

En efecto, resulta de explorado derecho que el espíritu del artículo 1.8 del Reglamento que establece los Lineamientos para la Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos Nacionales es con el objeto de que el Instituto Federal Electoral tenga pleno conocimiento de los aportantes que efectúen depósitos superiores a 200 veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, sancionando a aquel Partido que no tenga debidamente registrado los importes de las aportaciones así como el nombre de los aportantes en aquellos casos que se supere el multicomentado monto a que hemos venido haciendo referencia.

Así las cosas, si en el caso sujeto a debate, la autoridad fiscalizadora tiene pleno conocimiento de quienes llevaron a cabo las aportaciones y porque montos, resulta inobjetable que no se esta infringiendo el numeral 1.8 en el que el Consejo General del Instituto Federal Electoral fundamenta la conclusión que por esta vía se desvirtúa, ello con independencia de que, como se dijo con anterioridad, en todo caso, la observación solo puede tener lugar observando el contenido del diverso numeral 1.9, esto es, por la diferencia que supere las aportaciones que superen las 200 veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal.

C) Por lo que se refiere a documentación soporte, el Consejo determina lo siguiente:

Conclusión 27.- El recurrido concluye que mi representado no presentó diversos contratos de prestación de servicios que amparan un monto de $892,264.30, transgrediendo así, el contenido de los artículos 38 párrafo 1, inciso k) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y 19.2 del Reglamento que establece los Lineamientos para la Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos Nacionales.

Sobre el particular, no debe pasar inadvertido para ese H. Cuerpo Colegiado, que la conclusión a la que arriba la recurrida lo hace en base a 12 supuestos contratos de prestación de servicios profesionales que no fueron presentados por mi mandante, mismos que en su totalidad suman la cantidad de $892,264.30, sin embargo, una parte de dicha suma se integra por la cantidad de $74,732.75, la cual deriva de diversos contratos de prestación de servicios, los cuales la Comisión General del Instituto Federal Electoral, determinó que se investigarían a través de un procedimiento oficioso, razón por la cual deviene en ilegal que se pretenda sancionar a mi mandante tomando en consideración la totalidad del supuesto monto observado, cuando en la especie, la suma primeramente señalada se integra por la cantidad que en opinión del recurrido merece la apertura de un procedimiento oficioso.

Además, el actuar de mi representado en modo alguno violenta los artículos a que hace referencia el Consejo General del Instituto Federal Electoral, pues en el supuesto jamás admitido de que no se cuente con los contratos de prestación de servicios a que hace referencia, ello en ningún momento pone en duda el destino de los recursos aplicados al gasto ordinario del ente político que represento por lo que en ningún momento se transgredió el contenido del artículo 19.2 del multicomentado Reglamento, pues precisamente durante la fase de revisión el recurrente permitió a la autoridad electoral el acceso a los originales, en este caso las facturas, que soportaran los egresos sujetos a controversia, lo anterior con el objeto de que la citada autoridad electoral comprobara los gastos efectuados.

Conclusión 29.- El recurrido concluye que mi representado omitió presentar el soporte documental respecto de una póliza relativa a la subcuenta “Encuestas”, transgrediendo con ello el contenido de los artículos 38, párrafo 1, inciso k) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; 11.1 y 19.2 del Reglamento que establece los Lineamientos para la Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos Nacionales, en relación con los numerales 102, párrafo primero de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, 29, párrafos primero, segundo y tercero, 29-A, párrafos primero, fracciones I, II, III, IV, V, VI, VIII y segundo del Código Fiscal de la Federación, además de la Regla 2.4.7 de la Resolución Miscelánea Fiscal publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de mayo de 2005 y 28 de abril de 2006.

La anterior conclusión, resulta contraria a derecho pues en primer lugar, debemos señalar que como el propio recurrido reconoce expresamente en términos de su resolución, mi mandante tiene registrada en su contabilidad el gasto por la cantidad de $138,000.00, mismo que se encuentra soportado a través de la póliza de egresos número 10164/06-06, por lo que en modo alguno se transgredió la normatividad a que hace referencia los artículos 11.1 y 19.2 del Reglamento de mérito, pues el hecho de haber presentado ante la autoridad fiscalizadora el respectivo contrato de prestación de servicios, no hace más que evidencia que el egreso se encuentra debidamente registrado en contabilidad.

En segundo lugar, la autoridad recurrida también contraviene el principio de debida motivación que debe contener todo acto administrativo, pues con independencia de que su naturaleza jurídica no se identifica con la de una autoridad fiscal, el Instituto Federal Electora! no señala tas causas y razones que le permitieron arribar a la conclusión de que la documentación exhibida por mi mandante no cumple con el contenido de los artículos 102, párrafo primero de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, 29, párrafos primero, segundo y tercero, 29-A, párrafos primero, fracciones I, II, III, IV, V, VI, VIII y segundo del Código Fiscal de la Federación, además de la Regla 2.4.7 de la Resolución Miscelánea Fiscal publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de mayo de 2005 y 28 de abril de 2006.

Conclusión 39.- El recurrido concluye que mi representado omitió presentar las hojas membretadas de una factura por $32,200.00, correspondientes a espacios para publicidad registrada en la subcuenta “Arrendamiento de Equipo” violentando así, el artículo 38 párrafo 1, inciso k) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; así como el artículo 19.2 del Reglamento que establece los Lineamientos para la Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos Nacionales.

La observación a la que arriba el Consejo General del Instituto Federal Electoral resulta del todo contraria a derecho, pues como podrá corroborar ese H. Cuerpo Colegiado, aquélla se origina con motivo de la supuesta no exhibición de la hoja membretada que amparaba la publicidad contratada por mi mandante, sin embargo, al momento de concluir su razonamiento para la emisión de la conclusión que nos ocupa, el hoy recurrido determina que es de observarse el importe de $32,200.00 bajo la premisa de que el promovente no exhibió el contrato y las muestras de la factura 313 emitida por el proveedor Medios de Publicidad en Exteriores, S. de R.L. de C.V.

Con lo anterior, se pone de manifiesto, no solo la indebida motivación en la que incurre el recurrido, sino también la falta de congruencia a lo largo de la observación de marras, pues por una parte, para afectar la esfera jurídica de mi mandante, parte de la premisa de la falta de exhibición de una hoja membretada, y por otro, en su conclusión, lo hace derivado de la omisión en la presentación de un contrato, así como las muestras relativas, situación que no hace mas que evidenciar la ilegalidad de la observación en análisis.

Por último, en el supuesto jamás concedido, que ese H. Cuerpo Colegiado considere que la conclusión de mérito no infringe con los principios de motivación y congruencia que toda resolución debe contener, es de hacer notar que el hecho de no contar con la hoja membretada a que hace referencia el Consejo General del Instituto Federal Electoral, no es suficiente para afectar la esfera jurídica de mi mandante, máxime si se toma en consideración que el egreso está debidamente registrado en contabilidad y aplicado al gasto perfectamente identificado.

Conclusión 40.- El recurrido concluye que mi representado no exhibió el recibo expedido por la empresa que proporcionó el suministro de luz por un monto de $16,759.00, respecto del registro en la subcuenta “Energía Eléctrica”, en relación al registro de una póliza que mi mandante presentó como soporte documental de una factura expedida por una persona física, infringiendo así el artículo 38 párrafo 1, inciso k) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; así como el artículo 19.2 del Reglamento que establece los Lineamientos para la Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos Nacionales.

La anterior conclusión, es del todo ilegal pues como en su oportunidad lo dio a conocer mi mandante al hoy recurrido, a través del TESO/085/07 de fecha 13 de julio de 2007, el promovente y el Señor Jorge Arturo Ayala Cervera, celebramos contrato de Prestación de Servicios, estableciéndose en su clausulado que los pagos por cualesquier concepto de energía eléctrica, ya sea el propio de contrato de servicio ante la Comisión Federal de Electricidad, el cambio de transformador y/o la reubicación de medidores, serán facturados por la persona física de referencia en su carácter de prestador de servicios, circunstancia plenamente reconocida por el Consejo General del Instituto Federal Electoral, tal y como se advierte de la somera lectura que ese H. Cuerpo Colegiado realice a fojas 74 y 75 del acto que se combate. Por ello, resulta contrario a derecho que la recurrida pretenda observar los montos por los conceptos antes señalados, pues resulta inobjetable que los pagos efectuados por el Partido corresponden a la prestación de los servicios celebrados con el Señor Jorge Arturo Ayala Cervera, debiendo establecer que el inmueble en el que se llevó a cabo el cambio de transformador no es propiedad del partido, razón por la cual, le era imposible exhibir el recibo por suministro de luz como lo pretende el Instituto Federal Electoral.

Así las cosas, contrario a lo aducido por el Consejo General del Instituto Federal Electoral, en ningún momento el ente político que represento transgredió los numerales en los que fundamenta su actuar, tal y como lo señala en términos de la resolución que se controvierte.

Conclusión 50 y 51.- El recurrido concluye que mi mandante, por un lado, no presentó documentación soporte que ampararan gastos correspondientes a publicidad en Radio, por un importe de $132,677.89, y por el otro, omitió exhibir las hojas membretadas por la transmisión de dicha publicidad, transgrediendo así los artículos 38 párrafo 1, inciso k) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; 11.1 y 19.2 del Reglamento que establece los Lineamientos para la Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos Nacionales.

En primer lugar, contrario a lo aducido por el recurrido, mi representado en todo momento ha registrado en su contabilidad las erogaciones por él efectuadas en materia de publicidad en Radio, por lo que en modo alguno, ha infringido el contenido de los numerales antes señalados, pues incluso el recurrido reconoce que la revisión abarcó el cien por ciento del total de los gastos por este concepto, por lo que resulta contrario a derecho que pretenda observar la cantidad de $132,677.89, bajo la premisa de que el Partido no exhibió la factura correspondiente, pues resulta inobjetable que este importe se incluya dentro del cien por ciento revisado por la autoridad electoral, es decir, la cifra sujeta a controversia se aplicó al gasto por la publicidad antes mencionada.

Tan resulta contradictorio el actuar del citado Consejo, que al final de la conclusión que nos ocupa establece que se iniciará un procedimiento oficioso con la finalidad de verificar si los egresos reportados por concepto de gastos en radio corresponden efectivamente a operación ordinaria, cuando en la especie, como se ha expuesto, la conclusión identificada con el número 50 se motiva en el hecho de la falta de exhibición de la documentación soporte por la cifra que nos ocupa, por lo que se desconoce bajo que razonamiento se pretende sancionar al ente político que represento.

En segundo lugar, por lo que hace a la omisión en la presentación de hojas membretadas, con independencia de los argumentos vertidos con anterioridad, debemos señalar que resulta inobjetable la aplicación de la cantidad de $269,716.31, al concepto de gastos por publicidad en radio, tal y como se soporta en la póliza de egresos cuyo contenido es plenamente reconocido por el Instituto Federal Electoral, por lo que pretender sancionar al ente político que represento en base a la falta de exhibición de hojas membretadas de la publicidad de mérito, actualiza la mala fe con que actúa el citado Consejo en perjuicio de los intereses de mi representado, ya que, incluso, en términos de su resolución pretende sancionar dos veces por la misma conducta, supuestamente infringida, circunstancia la anterior prohibida por nuestro derecho positivo mexicano, sin nunca perder de vista que también el recurrido ordenó la apertura del procedimiento oficioso anteriormente comentado.

Conclusión 52, 53, 54, 55, 56 y 58.- El recurrido concluye su parecer en el sentido de que a través de las conclusiones en análisis, el ente político que represento omitió la exhibición del soporte documental que amparara los importes que en las mismas se contienen, transgrediendo así el contenido del artículo 38 párrafo 1, inciso k) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y 11.1, 11.12, 12.10 inciso b) y 19.2 del Reglamento que establece los Lineamientos para la Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos Nacionales.

Las conclusiones de mérito devienen del todo en ilegales, pues a través de las mismas, el Consejo General del Instituto Federal Electoral determina que el ente político que represento no llevó a cabo las erogaciones por los conceptos de gastos que efectuó, perdiendo de vista que en todo momento el hoy promovente tiene registrada en su contabilidad la totalidad de los gastos, tales como las propias pólizas de egresos cuyo contenido es del pleno conocimiento de aquél.

Luego entonces, el no exhibir diversa documentación que es meramente complementaria a las pólizas de egresos y facturas exhibidas por el Partido Acción Nacional, tales como hojas membretadas, contratos celebrados, medios magnéticos, en modo alguno puede traer como consecuencia que el hoy recurrido observe los gastos en que incurrió mi representada, pues resulta inobjetable que el promovente sí efectuó los gastos en materia de propaganda que amparan las facturas exhibidas ante la autoridad electoral, con lo que queda claro el destino del gasto a propaganda.

Así las cosas, en ningún momento mi mandante transgredió los artículos en los que se fundamenta la autoridad electoral para las conclusiones a las que arriba, toda vez que, se reitera, aquella reconoce la existencia de las facturas que claramente establecen el concepto por el cual se expidieron, de donde se desprende que el ente político que represento sí cumplió con su obligación de registrar el gasto en contabilidad, así como destinar la ministración de los recursos a gastos que le son inherentes, tales como la propaganda.

No pasa inadvertido para mi representado que en algunos casos la autoridad electoral sostenga la existencia de facturas “que no reúnen la totalidad de los requisitos fiscales”, sin embargo, el Instituto Federal Electoral incurre en una indebida motivación en su actuar, pues no señala que requisitos fiscales supuestamente no contienen las facturas, además de que debemos recordar que el hoy recurrido no es la autoridad competente para determinar si las facturas exhibidas por mi poderdante cumplen o no con los requisitos fiscales establecidos por las leyes aplicables de esa materia.

En este orden de ideas, también la autoridad incurre en una falta de motivación en su actuar, pues como lo podrá corroborar ese H. Cuerpo Colegiado, de la lectura que efectúe a cada una de las conclusiones de marras, la autoridad electoral obtuvo durante la fase de revisión todos aquellos elementos que le permitieron corroborar, como ella aduce, si el Partido Político que represento dio o no cumplimiento a la legislación aplicable en materia electoral para la comprobación de gastos (tan ello es así que emitió las conclusiones que nos ocupan), por lo que no se entiende el porque el hoy recurrido ordena iniciar un procedimiento oficioso respecto de las multicomentadas conclusiones, es decir, por un lado determina diversos montos como no subsanados, y por el otro, manda abrir un procedimiento oficioso.

Dicho en otras palabras, partiendo de la premisa inobjetable que un procedimiento oficioso tiene origen cuando la autoridad electoral investigue nuevos hechos derivados con motivo de la información y documentación exhibida por los partidos políticos totalmente ajenos a lo inicialmente revisado y/o requerido, menos aún se entiende el actuar del Instituto Federal Electoral, pues para proceder a la emisión de las conclusiones que nos ocupan, si contó con los elementos para ello, mientras ordena la apertura de los procedimientos oficiosos, bajo la premisa de no contar con elementos para pronunciarse al respecto, cuando en la especie, como ella lo afirma, previamente en cada una de las conclusiones, establece que derivado de la documentación analizada por ella, considera diversos montos como no subsanados.

Con lo anterior, se pone de manifiesto el actuar contradictorio en que incurre el hoy recurrido, lo que se traduce en una flagrante violación de los principios de fundamentación y motivación que todo acto de autoridad debe contener.

Conclusión 57.- El recurrido concluye que mi mandante no presentó, respecto de 12 facturas por un monto de $446,278.02, las hojas membretadas en medio magnético, transgrediendo así, el contenido de los artículos 38 párrafo 1, inciso k) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; 11.12, 12.10, inciso b) y 19.2 del Reglamento que establece los Lineamientos para la Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos Nacionales.

La anterior conclusión, resulta contraria a derecho pues como se ha señalado en conclusiones anteriores el Consejo General del Instituto Federal Electoral pasa por alto que el partido político que represento en todo momento ha cumplido con su obligación de registrar en contabilidad sus gastos, como lo es, entre otros, el relativo a la publicidad, teniendo debidamente soportado el gasto sujeto a controversia de los originales de las facturas que en su oportunidad emitieron los proveedores por lo que pretender observar el gasto en (os términos que lo lleva a cabo el hoy recurrido, no hace más que denotar la mala fe con que actúa en perjuicio de mi mandante, pues la no exhibición de hojas membretadas en medio magnético no es razón suficiente para tener por no subsanada la comprobación de dichos gastos, pues baste reiterar que lo que ampara el gasto son las facturas y su concepto, mas no la hojas membretadas en medio magnético, tal y como lo pretende hacer ver el Instituto Federal Electoral a través de la resolución que se combate.

En la referida condición, ese H. Cuerpo Colegiado deberá dejar sin efecto legal alguno la conclusión que por esta vía se desvirtúa, pues si bien es cierto que mi representado además de la exhibición de las facturas que amparan los gastos o los egresos, debe exhibir diversa documentación adicional, como lo son, entre otros, las hojas membretadas en medio magnético, no menos cierto es que, se insiste, la comprobación de cualesquier gasto se corrobora a través de la factura y del concepto que esta ampara.

Conclusión 41 y 49.- El recurrido concluye que mi mandante no presentó los originales de diversas facturas que amparan los gastos que en ellas se contienen, transgrediendo así, el contenido de los artículos 38 párrafo 1, inciso k) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, 11.1 y 19.2 del Reglamento que establece los Lineamientos para la Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos Nacionales.

Por cuanto hace a la conclusión 41, la autoridad fiscalizadora concluye su parecer en el sentido de que mi mandante no presentó en original la factura A1540, la cual ampara el servicio prestado por el proveedor “Niños Héroes Estación de Servicio, S.A. de C.V.”, por un monto de $16,229.00, motivo por el cual, era procedente considerar como no subsanada la observación de mérito, no obstante que se le exhibió a la autoridad electoral copia fotostática de la factura en cuestión, la cual evidentemente debió de ser tomada en cuenta por aquella para resolver la conclusión de mérito, toda vez que la exhibición de cualesquier copia fotostática, representa un reconocimiento implícito de que tal copia coincide plenamente con su original, creando así un medio de convicción, tal y como se desprende de la tesis transcrita al desvirtuar la conclusión número 15, la cual en obvio de repeticiones inútiles solicito se tenga aquí por reproducida como si a la letra se insertase.

En relación a la conclusión 49, la autoridad fiscalizadora concluye su parecer en el sentido de considerar la observación como no subsanada, habida cuenta que el registro contable de pólizas que mi representado presentó como soporte documental no cuenta con la totalidad de los requisitos fiscales.

Sobre el particular, es de señalar que en el supuesto jamás concedido que el soporte documental no reúna con la totalidad de los requisitos fiscales que las leyes de la materia establecen para el efecto, no es razón suficiente para no tener por acreditado la erogación que mi mandante efectúo respecto de los conceptos señalados en las facturas en cuestión. Por ello, se afirma categóricamente que mi mandante de forma alguna transgredió los artículos en los que se fundamenta la autoridad electoral para la conclusión a la que arriba, toda vez que, se reitera, aquella reconoce la existencia de las facturas que claramente establecen el concepto por el cual se expidieron, de donde se desprende que el ente político que represento sí cumplió con su obligación de registrar el gasto en contabilidad así como destinar la ministración de los recursos a gastos que le son inherentes.

No pasa inadvertido para mi representado que en algunos casos la autoridad electoral sostenga la existencia de facturas “que no reúnen la totalidad de los requisitos fiscales”, sin embargo, el Instituto Federal Electoral incurre en una indebida motivación en su actuar, pues no señala que requisitos fiscales supuestamente no contienen las facturas, además de que debemos recordar que el hoy recurrido no es la autoridad competente para determinar si las facturas exhibidas por mi poderdante cumplen o no con los requisitos fiscales establecidos por las leyes aplicables de esa materia, amén de que como es del conocimiento de ese H. Tribunal, la inclusión de los requisitos que las leyes fiscales establecen, en las facturas de referencia, lo son entre otras cuestiones para efectos de deducibilidad y no así, para la comprobación de una determinada erogación.

Conclusión 49.- El recurrido determina en la conclusión que se analiza que el Partido comprobó gastos con una factura en copia fotostática por un monto de $11,500.00, transgrediendo así el contenido de los artículos 38, párrafo 1, inciso k) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, 11.1 y 19.2 del Reglamento que establece los Lineamientos para la Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos Nacionales. El anterior razonamiento, una vez más, denota la falta de fundamentación y motivación en que incurrió el Consejo General del Instituto Federal Electoral, pues no señala las razones que le permitieron concluir que la exhibición en copia fotostática de la factura por un monto de $11,500.00, traen como consecuencia que el Partido transgreda el contenido del artículo 38, párrafo 1, inciso k) del citado código, pues con la exhibición de la copia fotostática de la factura en cuestión se cumple con la entrega de la documentación que en materia de ingresos solicitó la Comisión.

En este orden de ideas, no debe pasar inadvertido para ese H. Cuerpo Colegiado el que el propio recurrido reconoce expresamente en términos de su resolución el hecho de que durante la fase comprobatoria de ingresos, partiendo de la base de que mi representado solo cuenta con copias fotostáticas de los ingresos por el concepto en ella amparada, por lo que resulta contrario a derecho que se le pretenda sancionar, cuando en la especie, el propio Consejo General identifica con toda claridad el monto de las aportaciones que nos ocupa. Incluso, en el supuesto jamás admitido que los anteriores razonamientos no fueren suficientes para desvirtuar las conclusiones observadas, baste señalar que la exhibición de cualesquier copia fotostática, representa un reconocimiento implícito de que tal copia coincide plenamente con su original, creando así un medio de convicción.

Por lo anterior, la conclusión que se combate debe quedar sin efecto legal alguno, ello con independencia de que sí está el registro de la factura así como su concepto, por lo que contrario a lo aducido por el recurrido, en ningún momento se transgreden los numerales a que hace referencia en su resolución, amén de que de nueva cuenta, la recurrida pasa por alto el hecho de que si mi mandante no presentó los recibos correspondientes en original fue precisamente por no contar con ellos, por lo que la presentación en copia simple era suficiente para solventar el interés de la Comisión.

D) Por lo que se refiere al rubro de Gastos, el Consejo determina lo siguiente:

Conclusión 43.- El recurrido concluye su parecer en el sentido de que a través de la conclusión en análisis, el ente político que represento reportó gastos por $172,500.00 que ya había reportado en Informe de Campaña, transgrediendo así el contenido del artículo 38 párrafo 1, inciso k) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y artículos 12.8, 17.1, 17.2, 17.4, 19.2 y 24.3 del Reglamento que establece los Lineamientos para la Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos Nacionales.

La anterior conclusión deviene en ilegal pues precisamente los artículos en los que precisamente motiva y fundamenta su actuar para la imposición de la sanción en controversia resultan del todo en inaplicables, pues los mismos regulan el debido actuar de los partidos políticos en el momento de efectuar las erogaciones en campañas, sean locales o presidenciales. Así las cosas, el propio Consejo Electoral del Instituto Federal Electoral reconoce la existencia del registro en contabilidad por la cantidad de $172,500.00 que corresponden a la campaña presidencial, sin embargo, el hoy recurrido pretende confundir a ese H. Cuerpo Colegiado, al concluir su parecer en el parecido de que su gasto se encuentra duplicado a través de una diversa póliza de egresos, cuando en la especie, contrario a lo aducido por aquél, no es que el gasto se encuentre duplicado sino que los principios de contabilidad generalmente aceptados obligan a que cualquier erogación tengan pleno sustento tanto en la póliza de diario como en la póliza de egresos correspondiente, sin que ello, se insista, traiga como consecuencia una duplicidad en el gasto reportado, simplemente corresponde a un error de registro, el cual, con posterioridad fue subsanado.

Por el contrario, como lo establece el artículo 24.3 del Reglamento en el que se fundamenta el actuar de la hoy tercero, los partidos tienen la obligación de registrar sus operaciones financieras en términos de los principios de contabilidad generalmente aceptados, circunstancia que aconteció al momento en que el Partido que represento, registró, tanto en su póliza de diario, como en su póliza de ingresos a que el Consejo General del Instituto Federal Electoral hace referencia, la erogación en que incurrió el partido con motivo del gasto efectuado por concepto de “eventos”, por lo que resulta contrario a derecho que el hoy recurrido observe el gasto por el importe antes señalado, por el sólo hecho de que existan dos pólizas de distinta naturaleza que hagan referencia al mismo gasto, cuando en la especie, la contabilidad generalmente aceptada, así lo exige, ello con independencia de que el Instituto Federal Electoral no señale las causas, razones y motivos del porqué el registro en contabilidad por partida doble de! gasto que nos ocupa traiga como consecuencia la violación al multicomentado artículo 24.3 del Reglamento, además de que, se insiste, en su oportunidad, el registro se canceló.

Conclusión 32.- El Consejo General del Instituto Federal Electoral determina improcedente la cancelación de la factura F4500 por la cantidad de $2'591,247.85 expedida por Televisa, S.A. de C.V., pues no existe, a decir de aquél, razón que justifique su cancelación, transgrediendo el hoy promovente el contenido de los artículos 49-A, párrafo 1, inciso a), fracción II y 182-A, párrafo 2, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como 15.2 y 16.1 del Reglamento que establece los Lineamientos para la Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos Nacionales.

A este respecto, solicito respetuosamente e se H. Cuerpo Colegiado, revoque la resolución que por esta vía se recurre, por lo que hace a la presente conclusión, ello atendiendo a que se encuentra pendiente la respuesta por parte de la Comisión de Fiscalización de los recursos de los partidos políticos nacionales del Instituto Federal Electoral a la solicitud de autorización, que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 24.7 del Reglamento que establece los Lineamientos para la Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos Nacionales, realizó mi partido en la fecha en que se presenta este escrito, con el objeto de que se le autorice el reconocimiento de la deuda objeto de la sanción.

Conclusión 35.- El Instituto Federal Electoral determina que mi representado no utilizó el catálogo de cuentas que el Reglamento de la materia establece para el control de los recursos transferidos y gastos de fundación, violentando así, el contenido del artículo 24.1 del Reglamento que establece los Lineamientos para la Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos Nacionales. Nada más alejado de la realidad, pues como el propio recurrido reconoce, el importe de $11’038,594.36 sujeto a análisis, corresponde a la cifra que el ente político que represento erogó para el desarrollo de sus fundaciones o institutos de investigación, tal y como lo es la “Fundación Carlos Castillo Peraza”, misma que no cuenta con personalidad jurídica propia, por lo que, como lo ha venido sosteniendo el promovente, no es correcto aplicar una contabilidad separada para esta fundación toda vez que el tratamiento contable que le corresponde, es similar o análogo al de cualquier área o Secretaría del Comité Ejecutivo Nacional.

Con ello, contrario a lo aducido por el recurrido, el Partido Acción Nacional cumple con el contenido del artículo 24.1 del Reglamento que establece los Lineamientos para la Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos Nacionales, pues en todo momento, registró la erogación que corresponde al desarrollo de sus fundaciones o institutos de investigación, debiendo recordar que como el propio Instituto Federal Electoral reconoce “cada Partido Político deberá destinar anualmente por lo menos 2% del Financiamiento Público que reciba, para el desarrollo de sus fundaciones o institutos de investigación”.

Así las cosas, ese H. Cuerpo Colegiado deberá dejar sin efecto legal alguno la conclusión que por esta vía se desvirtúa, pues baste señalar que el Instituto Federal Electoral incurre en una indebida fundamentación y motivación en su actuar, pues no establece las causas y razones que le permitieron arribar a la conclusión de que con el actuar de mi mandante se violentaba el artículo 24.1 del Reglamento que nos ocupa, además de ser omisa en cuanto al señalamiento de qué o cuáles artículos se violentan supuestamente por el promovente al momento de contabilizar en “Gastos en Investigación Socioeconómica” de la balanza de comprobación del Comité Ejecutivo Nacional, la cifra antes señalada.

Conclusión 45. El Instituto Federal Electoral determina que el Partido Acción Nacional reportó gastos que corresponden a campaña local en la contabilidad de su operación ordinaria por $201,250.00, transgrediendo así los artículos 10.1, 10.4, 10.9, 24.1 y 24.5 del Reglamento que establece los Lineamientos para la Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos Nacionales, sin embargo, debemos manifestar que el hoy recurrido violenta en perjuicio de los intereses de mi representado, los principios de debida fundamentación y motivación que debe contener todo acto administrativo, pues en ningún momento se establece el porqué el Consejo General arriba a la conclusión que por esta vía se desvirtúa, esto es, si bien es cierto que los numerales a que hace referencia a través del acto que se combate establece las transferencias a campañas locales, así como la contabilidad para el control de los egresos, no menos cierto es que la propia autoridad electoral reconoce que el gasto se encuentra amparado con una factura que contiene todos los requisitos fiscales, así como el contrato que le dio origen, motivo por el cual, se da cabal cumplimiento a los numerales en los que dicho Consejo pretende sancionar a mi mandante.

Por el contrario, no existe ningún razonamiento por parte del Instituto Federal Electoral que permita corroborar a mi mandante el porqué el registro del gasto que nos ocupa transgrede los principios que nutre a todos y cada uno de los artículos del Reglamento que establece los Lineamientos para la Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos Nacionales a que hace referencia en términos de su resolución, lo que denota la falta de fundamentación y motivación en que incurrió en perjuicio de los intereses del Partido Acción Nacional, ración por la cual, ese H. Cuerpo Colegiado deberá dejar sin efecto legal alguno la observación que se desvirtúa.

Conclusión 73.- El Consejo General del Instituto Federal Electoral determina que el Partido omitió presentar las pólizas y realizar las reclasificaciones solicitadas en materia de impuestos por pagar, correspondiente a diversos Comités Directivos Estatales, violentando así el contenido de los artículos 38, párrafo 1, inciso k) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como 19.2 y 24.3 del Reglamento que establece los Lineamientos para la Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos Nacionales. A este respecto, como en su oportunidad lo señaló mi representado, las reclasificaciones solicitadas por la autoridad electoral no proceden, ya que estamos en presencia de cuentas de impuestos que corresponden a retenciones de los mismos en los municipios que se mencionan en los anexos perfectamente detallados que el ente político que represento adjuntó al escrito identificado como TESO/084/07 del 13 de julio de 2007, escrito y anexos que, en obvio de repeticiones inútiles, solicito se tengan aquí por íntegramente reproducidos como si a la letra se insertase.

En la referida condición, ese H. Cuerpo Colegiado deberá dejar sin efecto legal alguno las observaciones que en materia de “Impuestos por Pagar” arribó la autoridad electoral, debiendo llamar la atención en el sentido de que en ningún momento establece por que el actuar de mi mandante transgrede los fundamentos legales en que se apoya para observar la conclusión que por esta vía se desvirtúa, máxime si tomamos en consideración que en ningún momento aquélla ha señalado la razón de las reclasificaciones que pretende.

Conclusión 74.- El Instituto Federal Electoral concluye que las balanzas de comprobación al 31 de diciembre de 2006 de los Comités Estatales de Aguascalientes, Colima y Chiapas, no coinciden con el consolidado, por lo que mi mandante infringe el contenido de los artículos 15.2, 24.3 y 24.6 del Reglamento de la materia. Nada más alejado de la realidad, pues como el propio Consejo General reconoce, el ente político que represento procedió a rectificar los saldos reflejados tanto en las balanzas de comprobación de los Comités Estatales al 31 de diciembre de 2006, como en las balanzas de comprobación consolidada a esa misma fecha, desconociéndose qué elementos de contabilidad permitieron al citado Instituto determinar que en los Comités Estatales que nos ocupan no coinciden las cifras reflejadas, debiendo ser muy enfáticos en el sentido de que la discrepancia a que se refiere el hoy recurrido no deriva de la documentación entregada por mi mandante, lo que una vez más, pone de manifiesto la falta de fundamentación y motivación en que incurre la autoridad sancionadora en perjuicio de sus intereses, por lo que ese H. Cuerpo Colegiado deberá dejar sin efecto legal alguno la conclusión en análisis, máxime si tomamos en consideración que la conclusión de mérito no establece una cantidad determinada, pues solo se hace referencia a las cifras de ambas balanzas.

Conclusiones 67 y 71.- El hoy recurrido concluye a fojas 119 y 123 de la resolución que por esta vía se combate, que el Partido Acción Nacional omitió realizar las reclasificaciones solicitadas y presentar los enteros correspondientes, por lo que dicho actuar transgrede el contenido de los artículos 38, párrafo 1, inciso k) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales en relación con el artículo 102, párrafo primero de la Ley del Impuesto sobre la Renta, así como los artículos 19.2 y 24.3 del Reglamento de la materia.

El anterior razonamiento deviene del todo en ilegal, pues como se ha venido comentando, el ente político que represento desconoce las causas, razones y motivos que originan la reclasificación que solicita la autoridad electoral, toda vez que se reitera la naturaleza de la cuenta en análisis, corresponde a la denominada “Acreedores Diversos”, además de que los impuestos sí se encuentran debidamente enterados, resultando importante manifestar la existencia de dos contabilidades del Instituto Político recurrente, consistente en el financiamiento de carácter local y el financiamiento de carácter federal, por lo que en modo alguno el saldo de la cuenta en comento es contraria a su naturaleza.

Tan resulta infundado el actuar del hoy recurrido que, no obstante se enteraron los Impuestos correspondientes, ordena dar vista a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que en análisis de sus atribuciones determine lo conducente con relación a los impuestos supuestamente no enterados a ella, cuando en especie, la facultad de la citada Secretaría no deriva de la “vista” que el Instituto Federal Electoral ordenó, sino que por el contrario, en todo momento puede ejercer facultades de comprobación a los entes políticos como el que represento acorde a lo dispuesto en el artículo 42 del Código Fiscal de la Federación.

Así las cosas, esa H. Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación deberá dejar sin efecto legal alguno la conclusión que por esta vía se desvirtúa.

Conclusión 68.- El Consejo General del Instituto Federal Electoral determina la existencia de un saldo de naturaleza contraria por la cantidad de $16,273.38 que se encuentra registrado en la cuenta de “Acreedores Diversos”, transgrediendo así el artículo 24.9 del Reglamento que establece los Lineamientos para la Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos Nacionales, en cuanto a que los saldos de cuentas registradas en pasivos que cuentan con antigüedad mayor a un año y al año siguiente continúen sin ser liquidados serán considerados como un gasto no reportado.

El anterior razonamiento resulta del todo desapegado a derecho, pues al igual que en la conclusión que antecede, debemos manifestar que en ningún momento el saldo de la cuenta “Acreedores Diversos”, es de naturaleza contraria como lo pretende hacer creer el Instituto Federal Electoral en términos de la resolución que se impugna, ello en razón de que la autoridad electoral pierda de vista la existencia del financiamiento local y del financiamiento federal, lo que trae como consecuencia la existencia de dos contabilidades, precediéndose a su cancelación al momento en que el ente político que represento enteró los impuestos correspondientes.

Aún más, no debe pasar inadvertido para ese H. Cuerpo Colegiado que con el objeto de que no se formularan las observaciones que en materia de Impuestos lleva a cabo el Consejo General del Instituto Federal Electoral, mi representado le solicitó que estableciera los lineamientos para identificar plenamente la naturaleza de los saldos registrados en contabilidad, sin embargo, el propio Instituto Federal Electoral se declaró incompetente, razón por la cual, menos aún se entiende el porqué se pretende sancionar al Partido Acción Nacional.

De igual manera, el recurrido también pierde de vista que el Reglamento que establece los Lineamientos para la Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos Nacionales establece que se puede solicitar la depuración de los saldos, por lo que el ente político que represento procedió a ello, lo que se traduce en que aún menos se entienda el porqué de la sanción económica al promovente.

Con independencia de lo anterior, como se ha venido sosteniendo, el actuar de la autoridad electoral no hace más que evidenciar la indebida fundamentación y motivación en que incurrió, pues en ningún momento lleva a cabo el razonamiento correspondiente que le permita a mi mandante corroborar si efectivamente su actuar violentó el contenido del numeral 29.4 del multicomentado Reglamento, pues por el contrario, lo que sí queda de manifiesto es que el Partido Acción Nacional en todo momento ha registrado en contabilidad los saldos que nos ocupan.

Tan de nueva cuenta resulta infundado el actuar del hoy recurrido que, no obstante se enteraron los Impuestos correspondientes, también ordena dar vista a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que en análisis de sus atribuciones determine lo conducente con relación a los impuestos supuestamente no enterados a ella, cuando en especie, la facultad de la citada Secretaría no deriva de la “vista” que el Instituto Federal Electoral ordenó, sino que por el contrario, en todo momento puede ejercer facultades de comprobación a los entes políticos como el que represento acorde a lo dispuesto en el artículo 42 del Código Fiscal de la Federación.”

SEXTO. Recibidas las constancias en este tribunal, mediante acuerdo de diecisiete de septiembre de dos mil siete, se turnó el expediente identificado al rubro a la ponencia del Magistrado Constancio Carrasco Daza, para los efectos del artículo 19 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

SÉPTIMO. Mediante proveído de cinco de febrero del año en curso, el Magistrado Instructor admitió a trámite el recurso de apelación, y agotada la instrucción, declaró cerrada ésta, quedando los autos en estado de resolución, la que ahora se pronuncia al tenor de los siguientes

C O N S I D E R A N D O S:

PRIMERO. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es competente para conocer del presente asunto, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 99, párrafo cuarto, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 186 fracción III inciso a) y 189, fracción I, inciso c), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como 40 párrafo 1, inciso b) y 44 párrafo 1, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, por tratarse de un recurso de apelación interpuesto por un partido político nacional en contra de una resolución emitida por el Consejo General del Instituto Federal Electoral, en la que se resolvió lo relativo a la imposición de sanciones derivadas de las diversas irregularidades encontradas en la revisión de los informes de ingresos y egresos correspondiente al ejercicio dos mil seis.

SEGUNDO. Previo al análisis de fondo, resulta necesario precisar que de conformidad con el artículo cuarto transitorio del decreto por el que se expide el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el catorce de enero de dos mil ocho, todos los asuntos que se encuentren en trámite  a la entrada en vigor del mencionado decreto, serán resueltos conforme a las normas vigentes al momento de su inicio.

En la especie, la determinación impugnada, la constituye el acuerdo CG-255/2007, emitido por el Consejo General del Instituto Federal Electoral, en sesión extraordinaria de treinta de agosto de dos mil siete, respecto de las irregularidades encontradas en la revisión de los informes anuales de ingresos y egresos de los partidos políticos, correspondientes al ejercicio dos mil seis.

En consecuencia, en el presente asunto se aplicará lo establecido en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales vigente al momento en que fue emitida la resolución impugnada, esto es, el publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de agosto de mil novecientos noventa, con sus correspondientes reformas y adiciones.

TERCERO. Los motivos de inconformidad expresados por el Partido Acción Nacional, son de desestimarse con base en las consideraciones que en seguida se exponen.

En el primer concepto de agravio, se aduce que la resolución impugnada es violatoria del artículo 16 de la Constitución Política Federal por carecer de fundamentación y motivación, ya que el Consejo General en los incisos c) y n) del resolutivo primero, vinculados con los diversos incisos b), relacionado con las conclusiones 28, 42 y 48 del dictamen consolidado, y m), que corresponde a la conclusión 76, a que se refiere el considerando 5.1 del acuerdo cuestionado, determinó sancionarlo con la reducción del 1.49 y 0.33 por ciento, de la ministración mensual que le corresponde como financiamiento para el sostenimiento de sus actividades ordinarias, por considerar que indebidamente se reportaron gastos de campaña en el informe anual, en el rubro de operación ordinaria; erogaciones que beneficiaron y trajeron como consecuencia que se rebasaran los topes de gastos de campaña originalmente permitidos, en tres nuevas elecciones de diputados federales; decisión que a criterio del accionante es ilegal, toda vez que los gastos registrados tienen el carácter de ordinarios.

Para evidenciar su aserto, señala esencialmente, que de los artículos 182, 182 A, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y 17.2 del “Reglamento que establece los Lineamientos para la Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos”, se desprende que los egresos que los partidos deben reportar en sus informes de campaña, son los efectuados por propaganda y campaña electoral, incluidos en éstos, los de prensa, radio y televisión; de ahí que las erogaciones que no se realicen con este fin, no tendrán esa naturaleza.

Conforme a lo expuesto, que carece de sustento lo aseverado por la responsable en el sentido de que los once millones treinta y dos mil doscientos pesos con ochenta y seis centavos, y un millón doscientos diecinueve mil seiscientos pesos con veintidós centavos, erogados por concepto de monitoreo de espectaculares y encuestas, respectivamente, debieron reportarse en el informe de gastos de campaña, al gozar de esa naturaleza por haber tenido como finalidad la obtención del voto en las elecciones federales; lo que en concepto del actor tampoco es así, ya que no encuadran en los conceptos aludidos en el párrafo que antecede, por lo que aún cuando se hayan llevado a cabo, tales actividades no necesariamente tienen esa calidad.

Que con independencia de lo expuesto, los egresos por los que se sanciona al actor, tampoco cumplen con dos o más de los requisitos previstos en el artículo 17.4, inciso b), del referido reglamento, para ser considerados como gastos de campaña. Para justificar su aseveración, el recurrente refiere el significado de los términos “encuesta” y “monitoreo”, para concluir que esos actos no tienen como objeto la obtención del voto en las elecciones, pues para ello, afirma, se necesita que las encuestas se hagan del conocimiento del electorado, al existir dos tipos, las que se dan a conocer al público y las que se realizan con fines internos del partido que las contrata; así, que tales instrumentos sirvieron para el conocimiento propio e interno del partido respecto a ciertos temas, por lo que si su finalidad no estuvo encaminada a obtener el sufragio, podía registrar el egreso como gasto ordinario.

En adición a lo anterior, el apelante manifiesta que el Consejo General pretende reforzar su postura, respecto a que los monitoreos y las encuestas constituyen gastos de campaña, con base en la respuesta que se dio a una consulta formulada por el partido, contenida en el oficio CFRPAP/021/02, en la que se determinó que “las encuestas de opinión levantadas durante la campaña electoral, en las cuales se incluyan reactivos tendientes a medir la intención del voto ciudadano, deben ser consideradas como gastos de campaña”; consideración que en opinión del accionante deviene ilegal, al pretender darle fuerza vinculativa a esa consulta, sin señalar el fundamento legal que permita estimar obligatorias las interpretaciones que realice la Comisión de Fiscalización.

Además, que la respuesta dada por la citada Comisión de Fiscalización, se emitió con base en la legislación vigente en el año de dos mil dos, la cual fue totalmente modificada, sobre todo en el año dos mil cinco cuando entró en vigor un nuevo Reglamento que Establece los Lineamientos para la Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos Nacionales, en el que se varió por completo el concepto de gastos de campaña, por lo que al día de hoy el contenido del oficio de referencia resulta inaplicable, pues la legislación que la sustenta quedó derogada.

Que por idénticas razones, debe dejarse sin efectos la sanción contemplada en el inciso n) del resolutivo primero, el cual se identifica con el inciso m) en el considerando 5.1 del acuerdo combatido, pues el motivo por la que se impuso, es por rebasar los topes de gastos de campaña.

En concepto de este órgano jurisdiccional, resultan infundados los motivos de inconformidad reseñados, por lo siguiente.

El artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo que al tópico interesa, dispone:

“Artículo 41.- El pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión, en los casos de la competencia de éstos, y por los de los Estados, en lo que toca a sus regímenes interiores, en los términos respectivamente establecidos por la presente Constitución Federal y las particulares de los Estados, las que en ningún caso podrán contravenir las estipulaciones del Pacto Federal.

La renovación de los poderes Legislativo y Ejecutivo se realizará mediante elecciones libres, auténticas y periódicas, conforme a las siguientes bases:

I. Los partidos políticos son entidades de interés público; la ley determinará las formas específicas de su intervención en el proceso electoral. Los partidos políticos nacionales tendrán derecho a participar en las elecciones estatales y municipales.

Los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación nacional y como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo. Sólo los ciudadanos podrán afiliarse libre e individualmente a los partidos políticos;

II. La ley garantizará que los partidos políticos nacionales cuenten de manera equitativa con elementos para llevar a cabo sus actividades. Por tanto, tendrán derecho al uso en forma permanente de los medios de comunicación social, de acuerdo con las formas y procedimientos que establezca la misma. Además, la ley señalará las reglas a que se sujetará el financiamiento de los partidos políticos y sus campañas electorales, debiendo garantizar que los recursos públicos prevalezcan sobre los de origen privado.

El financiamiento público para los partidos políticos que mantengan su registro después de cada elección, se compondrá de las ministraciones destinadas al sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes y las tendientes a la obtención del voto durante los procesos electorales y se otorgará conforme a lo siguiente y a lo que disponga la ley:

a) El financiamiento público para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes se fijará anualmente, aplicando los costos mínimos de campaña calculados por el Órgano Superior de Dirección del Instituto Federal Electoral, el número de senadores y diputados a elegir, el número de partidos políticos con representación en las Cámaras del Congreso de la Unión y la duración de las campañas electorales. El 30% de la cantidad total que resulte de acuerdo con lo señalado anteriormente, se distribuirá entre los partidos políticos en forma igualitaria y el 70% restante se distribuirá entre los mismos de acuerdo con el porcentaje de votos que hubieren obtenido en la elección de diputados inmediata anterior;

b) El financiamiento público para las actividades tendientes a la obtención del voto durante los procesos electorales, equivaldrá a una cantidad igual al monto del financiamiento público que le corresponda a cada partido político por actividades ordinarias en ese año; y

c) Se reintegrará un porcentaje de los gastos anuales que eroguen los partidos políticos por concepto de las actividades relativas a la educación, capacitación, investigación socioeconómica y política, así como a las tareas editoriales.

La ley fijará los criterios para determinar los límites a las erogaciones de los partidos políticos en sus campañas electorales; establecerá los montos máximos que tendrán las aportaciones pecuniarias de sus simpatizantes y los procedimientos para el control y vigilancia del origen y uso de todos los recursos con que cuenten y asimismo, señalará las sanciones que deban imponerse por el incumplimiento de estas disposiciones.

...”

Como se desprende del artículo constitucional trasunto en la parte conducente, los partidos políticos tienen el status de entidades de interés público; como tales, deben sujetar de manera puntual y efectiva su conducta y la de sus militantes al orden jurídico nacional, tal como lo prevé el artículo 38, párrafo 1, inciso a), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, que establece como obligación de dichos entes, conducir sus actividades dentro de los cauces legales y a los principios del Estado democrático de derecho.

La obligación de regir sus actividades por el principio de juridicidad y los principios del Estado democrático, encuentra justificación no sólo por mandato legal, sino también, en razones de congruencia con el régimen político en el que son actores fundamentales, dadas las finalidades que, como entidades de interés público tienen encomendadas.

Una interpretación distinta implicaría prohijar la existencia de feudos o zonas de inmunidad, cuya existencia o permanencia es incompatible con un Estado constitucional democrático de derecho, ya que no puede haber democracia sin el sometimiento pleno al derecho de todos los sujetos que interactúan en la sociedad, entre los que se encuentran incluidos todos y cada uno de los órganos del poder público y, en particular, los partidos políticos, en tanto entidades de interés público, según se ha indicado.

Dentro de ese marco jurídico nacional, encontramos la regulación constitucional y legal vinculada con el financiamiento de los partidos políticos nacionales, el cual tiene el carácter de público y privado.

De conformidad con el aludido artículo 41, segundo párrafo, base II, de la Carta Magna, transcrito en parágrafos precedentes la ley garantizará que los partidos políticos cuenten de manera equitativa con elementos para llevar a cabo sus actividades; establecerá las reglas a que se sujetará el financiamiento de los partidos políticos y sus campañas electorales, debiendo asegurar que los recursos públicos prevalezcan sobre los de origen privado; fijará los criterios para determinar los límites a las erogaciones de los partidos políticos en sus campañas electorales; establecerá los montos máximos que tendrán las aportaciones pecuniarias de sus simpatizantes y los procedimientos para el control y vigilancia del origen y uso de todos los recursos con que cuenten; además, señalará las sanciones que deban imponerse por el incumplimiento de estas disposiciones.

El financiamiento público previsto como prerrogativa de los partidos políticos nacionales para llevar a cabo sus actividades, se integra con el que deben destinar al sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes, que se fijará anualmente; el financiamiento público para las actividades tendientes a la obtención del voto durante los procesos electorales, y el financiamiento público por concepto de actividades específicas, relativas a la educación, capacitación, investigación socioeconómica y política, así como a las tareas editoriales.

Por otra parte, el financiamiento privado se integra con las aportaciones de la militancia, simpatizantes, autofinanciamiento, por rendimientos financieros, fondos y fideicomisos.

Para el adecuado control de los recursos indicados, en el orden jurídico mexicano, se encuentra diseñado un sistema de fiscalización, que tiene por objeto someter al imperativo de la ley toda actuación relacionada tanto con los ingresos públicos y privados, como con los egresos.

Al respecto, el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en sus artículos 36, párrafo 1, inciso c);  38, párrafo 1, incisos k) y o); 49 párrafo 6; 49-A y 49-B, párrafo 2, incisos c) y d), disponen que:

- Es derecho de los partidos políticos nacionales recibir las prerrogativas y disfrutar de financiamiento público para garantizar la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación nacional, y como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulen y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo.

- Son obligaciones de los partidos políticos, aplicar el financiamiento público exclusivamente para el sostenimiento de sus actividades ordinarias, de campaña y específicas, así como permitir la práctica de auditorias y verificaciones que ordene la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas.

- La citada comisión, tiene facultades para vigilar el manejo de los recursos de los partidos políticos, a fin de constatar que se apliquen estricta e invariablemente para las actividades señaladas en la ley; solicitar a tales institutos, cuando lo considere conveniente, rindan informe detallado respecto de sus ingresos y egresos, así como revisar los informes que éstos presenten sobre el origen y destino de los recursos, en sus informes anuales y de campaña.

- Los partidos políticos deberán presentar ante la comisión referida, los informes anuales sobre actividades ordinarias permanentes y de campaña, reportando en cada uno, el origen de los recursos que se hayan utilizado para financiar los gastos correspondientes, así como el monto y destino de las erogaciones.

- La mencionada Comisión de Fiscalización, a través del procedimiento establecido, revisará los informes presentados por los partidos políticos, teniendo en todo momento la facultad de solicitar a los órganos responsables del financiamiento de éstos, la documentación necesaria para comprobar la veracidad de lo reportado, y si durante dicha fiscalización advierte la existencia de errores u omisiones técnicas, notificará al partido político de que se trate, para que dentro del plazo establecido al efecto, presente las aclaraciones o rectificaciones que estime pertinentes; realizado lo anterior, elaborará un dictamen consolidado que deberá presentar al Consejo General, para que determine si ha lugar a imponer o no alguna sanción.

Lo expuesto, evidencia la voluntad irrestricta del legislador constituyente y ordinario, de garantizar absoluta transparencia en el origen de los recursos de los partidos políticos, así como su debido empleo y aplicación, sobre todo de aquellos provenientes del erario público. Esto es así, ya que si bien se establece el derecho de los partidos políticos a recibir financiamiento público, también se consigna la correlativa obligación, por una parte, de que los apliquen a las finalidades establecidas constitucionalmente, y reporten oportuna y suficientemente su origen y modo de utilización; y por la otra, el deber de la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas, de vigilar y revisar el cumplimiento de tal obligación, haciendo del conocimiento del Consejo General del Instituto Federal Electoral las irregularidades que pudiera advertir, a efecto de que tome las medidas necesarias para lograr el cabal cumplimiento a la normatividad vinculada con el financiamiento público que se otorga a los entes políticos.

Para cumplir con el objetivo en comento, el artículo 49-A, párrafo 1, del código electoral federal, dispone:

Artículo 49-A.- 1. Los partidos políticos y las agrupaciones políticas deberán presentar ante la comisión del Instituto Federal Electoral a que se refiere el párrafo 6 del artículo anterior, los informes del origen y monto de los ingresos que reciban por cualquier modalidad de financiamiento, así como su empleo y aplicación, atendiendo a las siguientes reglas:

a) Informes anuales:

I. Serán presentados a más tardar dentro de los sesenta días siguientes al último día de diciembre del año del ejercicio que se reporte; y

II. En el informe anual serán reportados los ingresos totales y gastos ordinarios que los partidos y las agrupaciones políticas hayan realizado durante el ejercicio objeto del informe.

b) Informes de campaña:

I. Deberán presentarse por los partidos políticos, por cada una de las campañas en las elecciones respectivas, especificando los gastos que el partido político y el candidato hayan realizado en el ámbito territorial correspondiente;

II. Serán presentados a más tardar dentro de los sesenta días siguientes contados a partir del día en que concluyan las campañas electorales;

III. En cada informe será reportado el origen de los recursos que se hayan utilizado para financiar los gastos correspondientes a los rubros señalados en el artículo 182-A de este Código, así como el monto y destino de dichas erogaciones.

…”

En términos del precepto en cita, los partidos políticos tienen el deber de reportar a la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas del Instituto Federal Electoral, el origen, monto y destino de todos los recursos que reciban –públicos y privados, a través de dos distintos informes –anual y de campaña-, por así derivase de la redacción del artículo invocado, pues al contener la frase "cualquier modalidad de financiamiento", no deja lugar a duda que el objeto del informe respectivo es sobre la totalidad de haberes que ingresan al partido político y su aplicación; considerar lo contrario, sería dejar fuera del conocimiento de la autoridad administrativa electoral el origen y uso de determinados recursos, lo que no sería factible, en tanto que parte del financiamiento con que cuentan los partidos políticos proviene del erario público, razón por la cual no sería posible desconocer su aplicación final.

Aunado a lo anterior, cabe advertir que la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas, con base en las atribuciones establecidas en el artículo 49-B, párrafo 2, incisos a) y b), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, expidió el "REGLAMENTO QUE ESTABLECE LOS LINEAMIENTOS PARA LA FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS NACIONALES”, en el que estableció el tipo de gastos que deben reportarse en cada informe.

Así, los artículos 16.1, 16.2 y 16.3, preceptúan que en los informes anuales deberán ser reportados los ingresos totales y gastos ordinarios, que los partidos políticos hayan realizado durante el ejercicio objeto del informe, los ingresos correspondientes a los apoyos que el Instituto haya otorgado al partido a través de la Dirección Ejecutiva para la producción de programas de radio y televisión, así como los gastos efectuados en actividades específicas, tales como educación y capacitación política, investigación socioeconómica y política y tareas editoriales.

El artículo 16-A.7 del mismo ordenamiento, dispone que en el informe anual, deberán reportarse todos los ingresos y gastos de los partidos políticos aplicados a los procesos internos de selección para la postulación de candidatos a cargos de Diputados Federales y Senadores, y para la elección de titulares de los órganos de dirección en el Comité Ejecutivo Nacional y en los Comités Directivos Estatales, cuando dichos procesos internos impliquen la obtención y aplicación de recursos económicos por parte de los candidatos respectivos.

Los artículos 17.2 y 17.3, establecen el contenido de los informes de campaña, señalando que serán reportados los gastos ejercidos dentro del período comprendido entre la fecha de registro de los candidatos en la elección de que se trate y hasta el fin de las campañas electorales, así como los ingresos que se recibieron dentro del periodo comprendido entre la fecha de registro de los candidatos en la elección de que se trate y hasta un mes después de su conclusión, estableciendo los conceptos que corresponden a cada uno.

Como se observa, la finalidad de este sistema de fiscalización consiste en que la ciudadanía en general, tenga conocimiento pleno y claro de la forma en que los partidos políticos obtienen sus ingresos y aplican sus recursos; por tanto, la Comisión de Fiscalización, al momento de revisar los informes que éstos le presenten, los anuales para el sostenimiento de sus actividades ordinarias, o los de campaña para la obtención del voto, debe examinar si los gastos reportados justifican la realización de la actividades cuya naturaleza corresponda a la clase de informe sujeto a revisión; es decir, que las erogaciones consignadas en el informe anual de actividades ordinarias, por ejemplo, efectivamente se relacionen con tareas de esta naturaleza, y no con las que son propias de una campaña electoral, puesto que para cada encomienda existe un financiamiento público determinado, que se entrega, precisamente, para el cumplimiento de esa finalidad, y por consiguiente, no puede ni debe emplearse a un objetivo distinto.

En ese contexto, no basta que la autoridad fiscalizadora de los recursos de los partidos políticos, en el análisis de los informes de mérito, se conforme con la manifestación de tales institutos políticos en el sentido de que las erogaciones que afirman haber realizado, corresponden al tipo de actividad sobre el que verse el informe sujeto a revisión, o considere únicamente la temporalidad en que determinada operación se llevó a cabo, para establecer si se trata de actos de campaña o de una actividad de carácter ordinario, sino también, debe atender a la esencia de la actividad o concepto con que se justifique la erogación objeto de fiscalización, pues sólo de esa manera la autoridad a la que le corresponde legalmente vigilar el manejo de los recursos públicos de los partidos políticos, estará en aptitud de advertir a cabalidad, si cumplieron con la obligación establecida en la ley de aplicar su financiamiento en las actividades autorizadas por el orden jurídico, como son las ordinarias, las de campaña y las específicas.

Sobre la base de las anteriores especificaciones se abordará el análisis del agravio expresado por el Partido Acción Nacional.

Del motivo de inconformidad en estudio, se desprende que el punto a dilucidar por este órgano jurisdiccional, se centra en determinar si las erogaciones por las que el Consejo General del Instituto Federal Electoral sancionó al recurrente, tienen el carácter de gasto ordinario o de campaña.

En el acuerdo tildado de ilegal, la autoridad responsable señaló en la parte que interesa, lo siguiente:

“…

b) En el capítulo de Conclusiones Finales de la Revisión del Informe, visibles en el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se señala en los numerales 28, 42 y 48 lo siguiente:

28.      El partido reportó gastos en el Informe Anual en el rubro Operación Ordinaria que debió registrar y reportar en sus Informes de Campaña, ya que de acuerdo a las muestras presentadas corresponden a Campaña Federal del proceso electoral 2006, por $33,133,165.90; cifra que se integra aplicando el criterio de prorrateo establecido en el “Acuerdo de la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas del Instituto Federal Electoral, por medio del cual se establecen los criterios de prorrateo que los partidos y coaliciones deberán aplicar a los promocionales y desplegados genéricos difundidos o publicados durante las campañas electorales 2006”, como a continuación se detalla:

Tal situación constituye a juicio de esta Comisión, un incumplimiento a lo establecido en los artículos 49-A, párrafo 1, inciso b), fracción III, en relación con el 182-A, párrafo 2 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como 17.1, 17.2 y 17.4 del Reglamento que Establece los Lineamientos para la Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos Nacionales, por lo que se hace del conocimiento del Consejo General del Instituto Federal Electoral para efectos de lo establecido en el artículo 269, párrafo 2, incisos a) y b) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Lo anterior, no se hizo del conocimiento del partido, en virtud de que dicha observación fue el resultado de la valoración de la propia documentación entregada por el partido, una vez concluido el periodo en que la Comisión de Fiscalización se encuentra facultada para solicitar nuevas aclaraciones  al respecto.

42. El partido reportó gastos por $200,100.00, que corresponden a gastos de la campaña presidencial (Campaña federal 2006) y no a operación ordinaria.

Tal situación constituye a juicio de esta Comisión, un incumplimiento a lo establecido en los artículos 49-A, párrafo 1, inciso b), fracción III, 182-A, párrafo 2, incisos a) y b) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como 17.4 del Reglamento que Establece los Lineamientos para la Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos Nacionales, por lo que se hace del conocimiento del Consejo General del Instituto Federal Electoral para efectos de lo establecido en el artículo 269, párrafo 2, incisos a) y b) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

48.                       El partido reportó en el Informe Anual gastos que beneficiaron a diversas Campañas, por un importe de $21,947.75, cifra que se integra aplicando el criterio de prorrateo establecido en el “Acuerdo de la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas del Instituto Federal Electoral, por medio del cual se establecen los criterios de prorrateo que los partidos y coaliciones deberán aplicar a los promociónales y desplegados genéricos difundidos o publicados durante las campañas electorales 2006”, como a continuación se detalla:

Tal situación constituye a juicio de esta Comisión, un incumplimiento a lo establecido en los artículos 38, párrafo 1, inciso k), 49-A, párrafo 1, inciso b), fracción III, en relación con el 182-A, párrafo 2, inciso a) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como 12.8, 17.1, 17.2, inciso a), 17.4 y 19.2 del Reglamento que Establece los Lineamientos para la Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos Nacionales, por lo que se hace del conocimiento del Consejo General del Instituto Federal Electoral para efectos de lo establecido en el artículo 269, párrafo 2, incisos a) y b) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

ANÁLISIS DE LA IRREGULARIDAD REPORTADA EN EL DICTAMEN CONSOLIDADO.

1.     Circunstancias de Modo, Tiempo y Lugar

Comité Ejecutivo Nacional

Materiales y suministros

Consta dentro del Dictamen Consolidado que de la revisión a la cuenta 105 “Gastos por amortizar”, se observó el registro de pólizas que presentan como soporte documental facturas con la totalidad de requisitos fiscales, sin embargo, el partido no presentó el contrato celebrado con el proveedor ni las muestras del gasto correspondiente. En el Anexo 5 del presente Dictamen se detallan los casos en comento, (Anexo 1 del oficio STCFRPAP/1457/07).

En consecuencia, se solicitó al partido presentar lo siguiente:

        Los contratos de prestación de servicios firmados con los proveedores, en los cuales constataran: los servicios a prestar, monto y periodo.

        Las muestras o productos de las erogaciones del Anexo 5 del presente Dictamen, (Anexo 1 del oficio STCFRPAP/1457/07).

        Las aclaraciones que a su derecho convinieran.

Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 38, párrafo 1, inciso k) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como 19.2 del Reglamento de la materia.

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio STCFRPAP/1457/07 del 28 de junio de 2007, recibido por el partido el 29 del mismo mes y año.

Al respecto, con escrito TESO/080/07 del 13 de julio de 2007, el partido manifestó lo que a la letra se transcribe:

“(…) sírvase encontrar relación detallada de los contratos de prestación de servicios, los cuales se presentan en el anexo 1(…), en los cuales constan los servicios prestados, montos y periodos. Además en los casos marcados con (M) del anexo mencionado, se anexan las muestras correspondientes en un portafolio por separado.”

Del análisis a la documentación presentada por el partido se determinó lo siguiente:

(…)

Adicionalmente, el partido presentó pólizas por $1,036,265.00, soportados con contratos de prestación de servicios y muestras que respaldan el gasto correspondiente, los cuales de su análisis, se observó que dichos gastos corresponden a campaña federal 2006. Las pólizas en comento se detallan en el siguiente cuadro:

En consecuencia, toda vez que el partido reportó gastos que corresponden a campaña federal de 2006 en operación ordinaria, incumplió lo dispuesto en los artículos 49-A, párrafo 1, inciso b), fracción III, en relación con el 182-A, párrafo 2 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como 17.1, 17.2, 17.4, 17.5 y 17.6 del Reglamento de la materia; por tal razón, la observación por $1,036,265.00, se consideró no subsanada.

Tal observación derivó del análisis de la documentación entregada por el partido, una vez que concluyó el periodo de errores y omisiones, en atención al requerimiento de esta autoridad para subsanar y/o aclarar la irregularidad inicialmente observada.

Servicios Generales 

Asimismo, consta dentro del Dictamen Consolidado que de la revisión a diversas subcuentas, se observó el registro de pólizas amparadas con facturas con la totalidad de los requisitos fiscales; sin embargo, el partido no presentó el contrato celebrado con el proveedor ni las muestras del gasto correspondiente. En el Anexo 6 del presente Dictamen, (Anexo 2 del oficio STCFRPAP/1457/07) se detallan las facturas en comento.

En consecuencia, se solicitó al partido presentar lo siguiente:

      Los contratos de prestación de servicios firmados por los proveedores en los cuales consten: los servicios a prestar, monto y periodo.

      Las muestras o los productos de las erogaciones correspondientes.

      Las encuestas, cuestionarios y muestras específicas que precisen el procedimiento seguido para el procesamiento de la información recabada métodos de captura y procesamiento de la información contenida en cuestionarios: cuadros de salida de la información, procedimientos de manejo de la muestra, validación de la información de los gastos señalados con (*) en el Anexo 6 del presente Dictamen, (Anexo 2 del oficio STCFRPAP/1457/07).

        Las aclaraciones que a su derecho conviniera.

Lo anterior de conformidad con lo dispuesto en los artículos 38, párrafo 1, inciso k) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como 19.2 del Reglamento de la materia.

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio STCFRPAP/1457/07 del 28 de junio de 2007, recibido por el partido el 29 del mismo mes y año.

Al respecto, con escrito TESO/080/07 del 13 de julio de 2007, el partido manifestó lo que a la letra se transcribe:

“... En consecuencia, (…) sírvase encontrar relación detallada de los contratos de prestación de servicios firmados con los proveedores mismos que se anexan en el apartado correspondiente (…), en los cuales constan los servicios prestados, montos y periodos. Además en los casos marcados con la letra (M) del anexo 2 del presente oficio, se anexan las muestras correspondientes a encuestas que consisten en 37 discos compactos que se entregan en una caja por separado.”

Del análisis a la documentación presentada por el partido se determinó lo siguiente:

Adicionalmente, el partido presentó contratos de prestación de servicios y muestras que respaldan las facturas por $32,096,900.90. De la revisión a los contenidos de las muestras, esta Comisión cuenta con elementos suficientes para arribar a la conclusión de que atendiendo al contenido de las encuestas de opinión, así como el monitoreo realizado a espectaculares, y en adición al hecho de que se realizaron durante el periodo de campaña electoral, todas las muestras amparadas corresponden a gastos de campaña. Las facturas en comento se identifican con el (3) en la columna “Referencia” del Anexo 6 del presente Dictamen. A continuación se detallan las muestras correspondientes:

Lo anterior tiene como fundamento el criterio de la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas en respuesta a una consulta realizada por la Tesorera Nacional del Partido Acción Nacional mediante escrito de fecha 7 de noviembre de 2002, dirigido al Presidente de la citada Comisión y que entre otras consultas señalaba lo que a la letra se transcribe:

“(…)

Atendiendo a la conceptualización de Campaña Electoral, Actos de Campaña y Propaganda Electoral establecidos por el artículo 182 del ordenamiento electoral multicitado. ¿Las encuestas de opinión efectuadas durante el proceso electoral por Acción Nacional podrían ser cubiertas con recursos del financiamiento público para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes?

Derivado de la interpretación del artículo 182 del Código en comento, ¿puede desprenderse que las encuestas de opinión no deben ser consideradas como gastos de campaña para efectos de los topes de campaña respectivos?

(…).”

En respuesta, dicha Comisión emitió el oficio CFRPAP/021/02, que fue notificado al partido el 19 de noviembre de 2002, en el cual le informó el criterio que debía considerar para la consulta realizada y que a la letra se transcribe:

“De conformidad con el artículo 182 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, se entiende por campaña electoral ‘el conjunto de actividades llevadas a cabo por los partidos políticos nacionales, las coaliciones y los candidatos registrados para la obtención del voto’

Al respecto, y en relación con su pregunta, esta Comisión manifiesta que las encuestas de opinión levantadas durante la campaña electoral, en las cuales se incluyan reactivos tendientes a medir la intención de voto del ciudadano, deben ser consideradas como gastos de campaña pues dicha actividad está dirigida a la obtención del voto. Por lo tanto, los gastos referidos deberán computar para efectos de los topes respectivos establecidos por el Consejo General de este Instituto.”

En consecuencia, al reportar en el Informe Anual en el apartado Operación Ordinaria, gastos que corresponden a Campaña, el partido incumplió lo dispuesto en los artículos 49-A, párrafo 1, inciso b), fracción III, en relación con el artículo 182-A, párrafos 1 y 2 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como 17.1, 17.2, inciso b) y 17.4 del Reglamento de la materia; por tal razón, la observación por $32,096,900.90, se consideró no subsanada.

Tal observación derivó del análisis de la documentación entregada por el partido, una vez que concluyó el periodo de errores y omisiones, en atención al requerimiento de esta autoridad para subsanar y/o aclarar la irregularidad inicialmente observada.

Nuevo León

Servicios Generales

Consta dentro del Dictamen Consolidado que de la revisión a la subcuenta “Encuestas”, se observó el registro de seis pólizas que presentan como soporte documental facturas por concepto de estudios sociopolíticos y diversas encuestas, de las cuales el partido omitió presentar los contratos de prestación de servicios, las encuestas realizadas, así como el trabajo final del estudio realizado. Las pólizas en comento se detallan a continuación:

Convino señalar que toda vez que en el ejercicio de 2006 se llevó a cabo el proceso electoral federal, y que con la finalidad de que la autoridad electoral cuente con los elementos de que los gastos en comento se registraron correctamente, era necesario solicitar al partido presentar lo siguiente:

       Los contratos de prestación de servicios firmados con los proveedores en los cuales constaran: la descripción de los servicios a prestar, monto y periodo.

       El estudio socioeconómico realizado, la metodología utilizada, así como el resultado final de dicho trabajo

       Las encuestas, cuestionarios y muestras específicas que precisaran el procedimiento seguido para el procesamiento de la información recabada (Métodos de captura y procesamiento de la información contenida en cuestionarios: cuadros de salida de la información, procedimientos de manejo de la muestra y validación de la información de los gastos observados.

       Por lo que se refiere a las facturas señaladas con (1) en el cuadro anterior, en caso de corresponder a gastos en beneficio de campañas electorales federales, indicar el motivo por el cual no fueron reportados en las campañas beneficiadas.

       Las aclaraciones que a su derecho convinieran.

Lo anterior de conformidad con lo dispuesto en los artículos 38, párrafo 1, inciso k), 49-A, párrafo 1, inciso b), fracción III y 182-A del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como 17.2, 17.4, 17.6 y 19.2 del Reglamento de la materia.

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio STCFRPAP/1504/07 del 29 de junio de 2007, recibido por el partido el 2 de julio del mismo año.

Al respecto, con escrito TESO/085/07 del 13 de julio de 2007, el partido manifestó lo que a la letra se transcribe:

“(…)

En consecuencia, sírvase encontrar (…), copia fotostática de los contratos de prestación de servicios con los datos que solicita dicha autoridad. Asimismo, se presentan las muestras y la información y documentación solicitada por dicha autoridad electoral.

Por otro lado, es preciso aclarar a esa autoridad que los gastos que identificó con (1) no se tratan de gastos en beneficio de campañas electorales federales.”

Del análisis a la documentación presentada por el partido se determinó lo siguiente:

(…)

Por lo que se refiere a la diferencia de $200,100.00, el partido presentó el contrato de prestación de servicios debidamente llenado, así como muestra de la erogación (encuesta). De su análisis a dicha documentación se constató la existencia de reactivos alusivos a la jornada electoral federal, específicamente de la Campaña Presidencial. La factura en comento se detalla a continuación.

En consecuencia, al reportar en el informe anual en el rubro operación ordinaria $200,100.00 por concepto de gastos de campaña, el partido incumplió lo dispuesto en los artículos 49-A, párrafo 1, inciso b), fracción III y en relación con el 182-A del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como 17.4 del Reglamento de la materia; por tal razón, la observación se consideró no subsanada.

Jalisco

Gastos de Propaganda

Finalmente, dentro del Dictamen consolidado consta que de la revisión a la subcuenta “Volantes” se localizaron tres pólizas que presentaban como soporte documental facturas por concepto de impresión de volantes, las cuales contienen las imágenes de candidatos locales y a la Presidencia de la República, a Diputado Federal y a Senadores de la República, por lo tanto debió reportar parte del gasto en los informes de campaña de las campañas federales beneficiadas. A continuación se detallan los casos en comento:

En consecuencia, se solicitó al partido presentar lo siguiente:

        Las aclaraciones que a su derecho convinieran.

Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 38, párrafo 1, inciso k), 49-A, párrafo 1, inciso b), fracción III y 182-A, párrafo 2, inciso a) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como 12.8, 17.1, 17.2, inciso a), 17.4 y 19.2 del Reglamento de la materia.

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio STCFRPAP/1504/07 del 29 de junio de 2007, recibido por el partido el 2 de julio del mismo año.

Al respecto, con escrito TESO/085/07 del 13 de julio de 2007, el partido presentó una serie de aclaraciones y documentación referente al oficio antes citado, sin embargo, respecto a este punto no presentó documentación, ni aclaración alguna.

En consecuencia, el partido incumplió lo dispuesto en los artículos 38, párrafo 1, inciso k), 49-A, párrafo 1, inciso b), fracción III y 182-A, párrafo 2, inciso a) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como 12.8, 17.1, 17.2, inciso a), 17.4 y 19.2 del Reglamento de la materia; por tal razón, la observación no se consideró subsanada por un importe de $21,947.75.

…”

“…

m)              En el capítulo de Conclusiones Finales de la Revisión del Informe, visibles en el cuerpo del Dictamen Consolidado correspondiente, se señala en el numeral 76 lo siguiente:

76. Como se señala en las conclusiones 28, 42 y 48, se localizaron gastos por concepto de encuestas, propaganda utilitaria y monitoreo de espectaculares por un importe de $33,355,213.65 que de acuerdo a los conceptos, muestras y fechas constituyen gastos de campaña correspondientes al Proceso Electoral Federal 2006. A continuación se detallan los importes que integran dicho monto:

De la verificación a la documentación presentada se identificaron las campañas beneficiadas con el gasto correspondiente, entre las cuales existen campañas mixtas y campaña presidencial.

Por lo que corresponde a los gastos que benefician a Campañas Federales y Locales, se utilizó el criterio de prorrateo establecido en el “Acuerdo de la Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas del Instituto Federal Electoral, por medio del cual se establecen los criterios de prorrateo que los partidos y coaliciones deberán aplicar a los promociónales y desplegados genéricos difundidos o publicados durante las campañas electorales 2006”, el cual señala en su punto TERCERO, por lo que corresponde a Campañas Mixtas, se aplicará el 25.60% para Campaña Local y el 74.40% a Campaña Federal.

Una vez determinado lo que corresponde a la Campaña Federal se utilizó el criterio del prorrateo proporcionado por el partido; 50% a todas las campañas beneficiadas y el 50% a la campaña de senadores beneficiados.

Aunado a lo anterior, de la incorporación de los gastos señalados en el cuadro que antecede a través del criterio del prorrateo utilizado por el partido en las campañas correspondientes al Proceso Federal Electoral 2006, se determinó que el número de candidatos que rebasaron los topes de campaña en el Proceso Electoral Federal de 2006, se incrementó en 3 casos; es decir, de 6 distritos que rebasaron el tope de gastos de campaña según los Informes de Campaña, con estas nuevas cifras se llega a un total de 9 distritos que rebasan el tope de gastos de campaña. A continuación se detalla los gastos reportados en los Informes de Campaña y los gastos reportados en el Informe Anual:

* Descontando la cantidad de $5,996,759.25, que resulta de la aplicación del 25.60% (Prorrateo Campaña Mixta) que corresponde a Campaña Local.

Adicionalmente, en el Anexo 38 del presente Dictamen se detallan las cifras correspondientes finales por candidatos a computar para el tope de gastos de campaña en términos del artículo 182-A, párrafos 1 y 2.

* Rebasaron el tope de gastos en la revisión de los Informes de Campaña

X Con los gastos reportados en el Informe Anual rebasaron el tope de gastos.

Tal situación constituye a juicio de esta Comisión, un incumplimiento a lo establecido en el artículo 182-A, párrafos 1 y 2 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, por lo que se hace del conocimiento del Consejo General del Instituto Federal Electoral para efectos de lo establecido en el artículo 269, párrafo 2, incisos a) y f) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Cabe señalar, que en el apartado “Metodología del Prorrateo”, se describe el proceso realizado para la distribución de los gastos de campaña encontrados en el Informe Anual, que sirvió de base para determinar las nuevas campañas que en su caso rebasaron los topes de campaña. Anexo 39.

1. CIRCUNSTANCIAS DE MODO, TIEMPO Y LUGAR

Las conclusiones 28, 42 y 48 han sido analizadas dentro del inciso c) de la presente resolución por lo que hace a la falta sustantiva relacionada con la omisión en el reporte de los gastos de campaña dentro de los informes correspondientes.

Una vez que, dentro del Dictamen Consolidado y dentro del inciso c) de la presente resolución, ha quedado acreditado que los montos observados corresponden a gastos de campaña, corresponde incorporarlos a las distintas campañas beneficiadas con la finalidad de verificar que el partido se ajustó a los topes de gasto de campaña establecidos por este Consejo General.

Consta dentro del Dictamen consolidado que mediante oficio STCFRPAP/1457/07 del 28 de junio de 2007, recibido por el partido el 29 del mismo mes y año, se le solicitó al partido que presentara las facturas, contratos, muestras y evidencias que soportaran el gasto de diversos servicios contratados por el partido.

El partido presentó contratos de prestación de servicios y muestras que respaldan las facturas por $32,096,900.90. De la revisión a los contenidos de las muestras, la Comisión contó con elementos suficientes para arribar a la conclusión de que atendiendo al contenido de las encuestas de opinión, así como el monitoreo realizado a espectaculares, y en adición al hecho de que se realizaron durante el periodo de campaña electoral, todas las muestras amparadas corresponden a gastos de campaña. A continuación se detallan las muestras correspondientes: