RECURSO DE APELACIÓN

EXPEDIENTE: SUP-RAP-108/2007

ACTOR: PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA

AUTORIDAD RESPONSABLE: CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

MAGISTRADO PONENTE: CONSTANCIO CARRASCO DAZA

SECRETARIO: FIDEL QUIÑONES RODRÍGUEZ

México, Distrito Federal, a trece de febrero de dos mil ocho.

VISTOS, para resolver los autos del expediente relativo al recurso de apelación número SUP-RAP-108/2007, interpuesto por el Partido de la Revolución Democrática, en contra de la resolución CG374/2007, aprobada por el Consejo General del Instituto Federal Electoral, en sesión ordinaria de veintiocho de noviembre de dos mil siete, y

R E S U L T A N D O :

I. Antecedentes. De los hechos narrados por el partido actor en su escrito de demanda y de las constancias de autos, se desprende lo siguiente:

a) El primero de julio de dos mil seis, el Presidente y el Secretario del Consejo Distrital correspondiente al 12 Distrito Electoral Federal en el Estado de Chiapas, por oficio número CD/S/542/2006, remitió al Secretario Ejecutivo del Instituto Federal Electoral, el original del escrito de queja formulado por los representantes de los partidos Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México, del Trabajo, Nueva Alianza y Alternativa Socialdemócrata, en contra del Partido Acción Nacional, por la posible comisión de infracciones al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

b) Por acuerdo de once de julio de dos mil seis, se tuvo por recibido en la Secretaría de la Junta General Ejecutiva del Instituto Federal Electoral, el mencionado escrito de demanda, ordenándose integrar el expediente respectivo, el cual quedó registrado en el libro de gobierno con el número JGE/QNA/JD12/CHIS/670/2006.

c) Mediante ocurso presentado el siete de diciembre de dos mil seis, el partido denunciado dio contestación al escrito de queja en comento, exponiendo las argumentaciones jurídicas por las cuales consideraba que dicha denuncia era improcedente.

d) Los partidos denunciantes, a través de sus representantes propietarios, por diversos escritos presentados en distintas fechas ante la Secretaría Ejecutiva del Instituto Federal Electoral, manifestaron que por así convenir a sus intereses, desistían de la multireferida queja incoada contra el Partido Acción Nacional.

e) Por acuerdo de veinticuatro de septiembre del dos mil siete, se ordenó elaborar el proyecto de dictamen de sobreseimiento por desistimiento, para ser sometido a la consideración de la Junta General Ejecutiva.

f) En sesión extraordinaria celebrada el treinta y uno de octubre de dos mil siete, la citada Junta aprobó el dictamen en cuestión.

g) En la misma fecha, por oficio número SE/2191/2007, suscrito por el Secretario Ejecutivo del Instituto Federal Electoral, se remitió el aludido dictamen a los integrantes de la Comisión de Proyectos de Resolución o Devolución.

h) En sesión ordinaria de dieciséis de noviembre del año anterior, la referida Comisión aprobó el proyecto de resolución correspondiente.

i) Finalmente, en sesión ordinaria de fecha veintiocho de noviembre de dos mil siete, el Consejo General del Instituto Federal Electoral emitió la resolución CG374/2007, mediante la cual determinó sobreseer la queja formulada en contra del Partido Acción Nacional, por la presunta realización de hechos constitutivos de infracciones al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales

II. Recurso de apelación. Inconforme con la anterior resolución, el cuatro de diciembre de dos mil siete, el Partido de la Revolución Democrática, por conducto de su representante propietario acreditado ante el Consejo General del Instituto Federal Electoral, interpuso recurso de apelación.

III. Tramitación. La autoridad responsable tramitó el medio de impugnación y lo remitió a esta Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con las constancias atinentes y el informe circunstanciado respectivo.

IV. Tercero interesado. Durante la tramitación, compareció el Partido Acción Nacional en su carácter de tercero interesado, haciendo diversas manifestaciones para sostener la legalidad de la resolución reclamada.

V. Turno. Por acuerdo de once de diciembre de dos mil siete, la Magistrada Presidenta de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, acordó integrar el expediente SUP-RAP-108/2007 y turnarlo al Magistrado Constancio Carrasco Daza, para los efectos previstos en el artículo 19 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, turno que se cumplió a través del oficio TEPJF-SGA-4795/07, suscrito por el Secretario General del Acuerdos.

VI. Admisión y cierre de Instrucción. El doce de febrero de dos mil ocho, el magistrado instructor radicó el expediente, admitió el recurso y declaró cerrada la instrucción, con lo cual el asunto quedó en estado de dictar sentencia.

C O N S I D E R A N D O :

PRIMERO. Competencia. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es competente para conocer del presente asunto, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 41, párrafo segundo 2, fracción IV, y 99, párrafo 4, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 186, fracción III, inciso a) y 189, fracción I, inciso c), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como, 40, párrafo 1, inciso b), 42 y 44, párrafo 1, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, por tratarse de un recurso de apelación interpuesto por un partido político en contra de una determinación emitida por el Consejo General del Instituto Federal Electoral.

SEGUNDO. Oportunidad. La demanda se presentó dentro del término legal de cuatro días previsto en el artículo 8 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, toda vez que la resolución reclamada se emitió el veintiocho de noviembre del año próximo pasado, mientras que el recurso de apelación lo interpuso el cuatro de diciembre de ese año, siendo inhábiles los días primero y dos de diciembre.

TERCERO. Procedibilidad del recurso de apelación. A fin de determinar la procedibilidad del recurso de apelación que se analiza, es pertinente tener presente lo previsto en los artículos 40 y 42, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, cuyo texto es al tenor siguiente:

"Artículo 40. 1. Durante el tiempo que transcurra entre dos procesos electorales federales, y durante la etapa de preparación del proceso electoral federal, el recurso de apelación será procedente para impugnar:

a) Las resoluciones que recaigan a los recursos de revisión previstos en el Título Segundo del presente libro, y

b) Los actos o resoluciones de cualquiera de los órganos del Instituto Federal Electoral que no sean impugnables a través del recurso de revisión y que causen un perjuicio al partido político o agrupación política con registro, que teniendo interés jurídico lo promueva. (…)"

"Artículo 42. 1. En cualquier tiempo, el recurso de apelación será procedente para impugnar la determinación y, en su caso, la aplicación de sanciones que en los términos del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales realice el Consejo General del Instituto Federal Electoral."

En relación con tales disposiciones, este órgano jurisdiccional electoral ha sostenido el criterio consistente en que, la procedibilidad del recurso de apelación no exige inexcusablemente la existencia de un interés jurídico directo, sustentado en un derecho subjetivo del promovente, sino un interés jurídico que puede ser general o simple, siempre que el objetivo sea la vigencia invariable del principio de legalidad, en la materia electoral.

Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 41, párrafo segundo, Base I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los partidos políticos tienen el carácter de entidades de interés público, que intervienen en el proceso electoral, de lo que se desprende la posibilidad jurídica de actuar en defensa del interés público, difuso o colectivo, con independencia de la defensa de sus intereses particulares, como partidos políticos.

En el caso concreto, se debe tener en cuenta, que el escrito de apelación tuvo su origen en la resolución dictada en un procedimiento administrativo sancionador electoral y que dicho procedimiento, regulado en el Capítulo Único, del Título Quinto, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (vigente en la época de inicio de la queja) y el Reglamento para la Tramitación de los Procedimientos para el Conocimiento de las Faltas y Aplicación de Sanciones Administrativas, reviste las siguientes características:

a) Es un procedimiento administrativo sancionador, en el cual intervienen únicamente el denunciante, la autoridad administrativa electoral sancionadora y el sujeto denunciado. Una vez iniciado el procedimiento, el denunciante asume el carácter de simple coadyuvante de la autoridad administrativa electoral, en la acreditación de los hechos constitutivos de la infracción.

b) El procedimiento inicia con la denuncia de hechos ante la autoridad administrativa electoral, probablemente constitutivos de infracción al Código Electoral Federal. Dicha especie de notitia criminis puede provenir de cualquier ciudadano, partido político, agrupación política, etcétera. Incluso la investigación puede tener su origen en la denuncia que sobre acontecimientos de la naturaleza señalada hagan los propios funcionarios del Instituto Federal Electoral.

c) El procedimiento es de naturaleza predominantemente inquisitiva, de tal manera que, presentada la queja correspondiente, acompañada de elementos probatorios o de algún principio de prueba, no es indispensable la instancia o conducta impulsora de la parte denunciante, para que la autoridad administrativa electoral realice las diligencias que estime necesarias y recabe mayores elementos de prueba, tendentes a la acreditación de los hechos que motivaron la denuncia.

d) El objeto inmediato del procedimiento consiste en determinar la existencia de violaciones a las normas del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, ya sea por incumplimiento de las obligaciones legalmente previstas o por violación a los derechos y prohibiciones que establece la ley, a fin de aplicar las sanciones que correspondan.

e) El fin mediato del referido procedimiento consiste en velar por la eficacia de los principios que rigen la materia electoral, especialmente el de legalidad, a través de la aplicación estricta de las normas previstas en el Código Federal Electoral.

Por estas razones, el mencionado procedimiento participa de la característica de interés público que priva en el régimen integral del Derecho Electoral Mexicano.

Las notas relativas a la naturaleza de los partidos políticos y a los fines que persigue el procedimiento administrativo sancionador electoral constituyen aspectos relevantes, para el efecto de establecer quién tiene interés jurídico, para impugnar las resoluciones que se dicten respecto de las quejas formuladas.

En efecto, si como se dijo, el referido procedimiento administrativo sancionador electoral participa de la característica de interés público, interés difuso o de clase, las resoluciones que se dicten en él, por las mismas razones, afectarán el interés público, difuso o de clase.

En consecuencia, si alguno de los sujetos reconocidos como entidades de interés público, por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (partidos políticos nacionales), considera que la resolución dictada en un procedimiento administrativo sancionador electoral es violatoria del principio de legalidad, por infracción a las disposiciones previstas en la propia Constitución o en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, es evidente que dicho partido político nacional tiene interés jurídico para impugnarla, mediante el recurso de apelación previsto en los artículos 40 y 42 de la Ley de Medios de Impugnación citada, en tanto que al hacerlo, no defiende exclusivamente un interés propio, como partido político, sino que busca también, la prevalencia del interés público.

El aludido interés jurídico es independiente de la circunstancia de que el partido recurrente haya o no sido el mismo que presentó la denuncia correspondiente, o como sucede en el caso concreto, en el cual la queja original fue formulada por los partidos Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México, del Trabajo, Nueva Alianza y Alternativa Socialdemócrata, por conducto de sus representantes, en contra del Partido Acción Nacional, por hechos presuntamente constitutivos de infracciones al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Inconforme con la resolución dictada por la autoridad administrativa electoral, el Partido de la Revolución Democrática interpuso el recurso de apelación en que se actúa.

En el escrito correspondiente, el partido apelante hace valer la existencia de violaciones al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y a los principios que en materia electoral están previstos en la Constitución Federal.

En el contexto descrito, no es obstáculo para la procedibilidad del presente recurso de apelación, la circunstancia de que el partido apelante no haya intervenido como denunciante ni como coadyuvante, durante la tramitación de la respectiva queja, porque conforme con lo que se ha explicado, el apelante ejerce un derecho de impugnación sustentado en el interés público.

Finalmente cabe decir, que si el partido político apelante plantea, en el recurso de apelación que se examina, además de aspectos atinentes a la defensa de la vigencia y respeto del principio de legalidad, cuestiones que no hubieran sido del conocimiento oportuno de la autoridad administrativa electoral, mediante la denuncia incoada o durante la tramitación de la queja, o que haga valer violaciones que puedan afectar solamente su interés particular, es claro que no deben ser objeto de estudio, porque de lo contrario, se estaría variando la litis del procedimiento sancionador respectivo, introduciendo aspectos que no fueron materia de investigación en dicho procedimiento.

CUARTO. La resolución impugnada se sustenta en las siguientes consideraciones:

"(…)

1.- Que en términos del artículo 270 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, el Consejo General tiene facultades para conocer de las infracciones a la normatividad electoral federal, y sustanciar el procedimiento administrativo respectivo a través de la Junta General Ejecutiva del Instituto, la cual elabora el Dictamen correspondiente para ser sometido, previos los trámites a que se refieren los artículos 42, 43 y 44 del Reglamento para la Tramitación de los Procedimientos para el Conocimiento de las Faltas y Aplicación de las Sanciones Administrativas establecidas en el Título Quinto del Libro Quinto del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, a la consideración del órgano superior de dirección, para que en ejercicio de las facultades que le otorga el Código de la materia determine lo conducente.

2.- Que de conformidad con lo que establece el artículo 45 del Reglamento, se somete el Dictamen y el proyecto de resolución a la consideración del órgano superior de Dirección, para que en ejercicio de las facultades que le otorga el Código de la materia determine lo conducente y aplique las sanciones que en su caso procedan.

3.- Que en virtud de lo dispuesto por el artículo 38, párrafo 1, inciso a) del Código Electoral Federal, es obligación de los partidos políticos nacionales conducir sus actividades dentro de los cauces legales y ajustar su conducta y la de sus militantes a los principios del Estado democrático, respetando la libre participación política de los demás partidos políticos y los derechos de los ciudadanos.

4.- Que el dispositivo 39, párrafos 1 y 2 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales establece que el incumplimiento de las obligaciones de los partidos y agrupaciones políticas se sancionará en los términos de lo dispuesto en el Título Quinto del Libro Quinto del ordenamiento legal invocado y que la aplicación de las sanciones administrativas es facultad del Consejo General del Instituto Federal Electoral.

5.- Que el artículo 73 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, establece que el Consejo General es el órgano superior de dirección, responsable de vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en materia electoral, así como de velar porque los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad guíen todas las actividades del Instituto.

6.- Que el diverso 82, párrafo 1, incisos h) y w) del Código de la Materia, consigna como atribución del Consejo General vigilar que las actividades de los partidos políticos nacionales y de las agrupaciones políticas se desarrollen con apego al Código y cumplan con las obligaciones a que están sujetos, así como conocer de las infracciones y, en su caso, imponer las sanciones que correspondan.

7.- Que atento a lo que dispone el artículo 3, párrafo 1 del Reglamento para la Tramitación de los Procedimientos para el Conocimiento de las Faltas y Aplicación de Sanciones Administrativas establecidas en el Título Quinto del Libro Quinto del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, respecto del presente Dictamen, resulta aplicable, en lo conducente, la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

8.- Que esta autoridad considera que la presente queja debe sobreseerse, en virtud de los motivos y fundamentos jurídicos que se exponen a continuación:

En el asunto que nos ocupa, los quejosos denunciaron supuestas irregularidades que imputan al Partido Acción Nacional.

Posteriormente, a través de los escritos de fechas tres y veintiuno de mayo de dos mil siete, los representantes propietarios de los partidos Nueva Alianza, Alternativa Socialdemócrata, del Trabajo, Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México, manifestaron su voluntad de desistirse de la queja antes referida.

El artículo 17, párrafo 1, inciso c), del Reglamento para la Tramitación de los Procedimientos para el Conocimiento de las Faltas y Aplicación de Sanciones Administrativas establecidas en el Título Quinto del Libro Quinto del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, dispone que procederá el sobreseimiento de la queja o denuncia, cuando:

"Artículo 17

1. Procederá el sobreseimiento de la queja o denuncia, cuando:

c) El denunciante presente escrito de desistimiento, siempre y cuando dicho escrito se presente antes de la aprobación del dictamen por parte de la Junta, y que a juicio de ésta, o por el avance de la investigación, no se trate de la imputación de hechos graves, ni se vulneren los principios rectores de la función electoral."

Respecto a los alcances del dispositivo antes transcrito, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al resolver el recurso de apelación identificado con el número de expediente SUP-RAP-003/2002, en la sesión pública celebrada el siete de mayo de dos mil dos, sostuvo que el Instituto Federal Electoral, en ejercicio de sus atribuciones, debe apreciar y calificar, en cada caso particular, si es de admitir el desistimiento de una queja o denuncia, por no existir afectación alguna al interés público, al ejercicio de las funciones que le corresponden y los principios que la rigen, lo que ha de prevalecer bajo cualquier otro interés; o bien, si el procedimiento ha de proseguir su curso, dada la gravedad de los hechos denunciados o el avance de la investigación, que de admitir el desistimiento de la queja, pudieran verse vulnerados los principios rectores de la función electoral o la transparencia del actuar de la autoridad administrativa y el propio de los partidos políticos involucrados.

También apuntó que debía tenerse presente que el amplio espectro de actividades en que participan los partidos políticos, inmersos dentro de la dinámica de la sociedad, los hace susceptibles de la imputación de hechos que si bien pudieran estimarse contrarios a la ley electoral, no alcancen a producir la afectación del interés colectivo, ni la transparencia con que deben conducir sus actividades, sino que tan sólo trasciendan, finalmente, sobre un interés particular del propio denunciante, en cuyo supuesto no podría sostenerse la existencia de una acción pública para su tutela, que produjera sobre la autoridad electoral el inexcusable imperativo de proseguir con su actividad investigadora; o bien, que no existiendo un interés manifiesto, el continuar con un procedimiento obstaculizara o menoscabara el ejercicio de las demás funciones que tiene asignadas este Instituto Federal Electoral.

En este orden de ideas, en el caso que nos ocupa, los quejosos hicieron del conocimiento de esta autoridad que con fecha veintinueve de junio de dos mil seis, a través de un escrito anónimo se enteraron de que el Partido Acción Nacional, a través de diversos operadores políticos, ofrecería apoyos económicos a cambio del voto de ciudadanos, en distintas comunidades del 12 distrito electoral en Tapachula, Chiapas.

En tales condiciones, si bien el motivo de inconformidad aludido por los quejosos versa sobre una presunta coacción al voto por parte del Partido Acción Nacional, lo cierto es que del análisis realizado al escrito de queja, así como a las copias fotostáticas aportadas por los denunciantes, no se advierte elemento probatorio alguno que acredite la verificación de dichos actos, máxime si se considera que del avance en las investigaciones realizadas por esta autoridad, tampoco se obtuvo elemento alguno que permitiera reforzar la hipótesis planteada por los quejosos.

En efecto, en el presente asunto, los quejosos denunciaron hechos que por su naturaleza podrían constituir infracciones a la normatividad electoral; no obstante, las premisas en que sustentaron la queja que nos ocupa, se encontraban soportadas únicamente por la presunta existencia de una denuncia anónima hecha llegar al Lic. Andrés Sánchez de León, entonces representante propietario del Partido Revolucionario Institucional ante el 12 Consejo Distrital del Instituto Federal Electoral en el Estado de Chiapas, a la que presuntamente acompañaba una relación en copia simple con algunos datos que podrían constituir leves indicios sobre la existencia de las violaciones aducidas.

En este sentido, conviene decir que la naturaleza anónima de donde presuntamente partieron los datos que sustentan la presente queja disminuye la calidad indiciaría que, en un primer momento, podría aportar cualquier afirmación o elemento probatorio con un valor distinto al que proporcionan los documentos referidos, toda vez que si bien las presuntas irregularidades denunciadas en sí mismas podrían resultar suficientes para la válida instauración de un procedimiento inquisitivo como el que nos ocupa, lo cierto es que el reconocimiento por parte de los quejosos, relativo a su conocimiento indirecto por virtud de un anónimo, de los hechos constitutivos de infracción, disminuye la fiabilidad de sus afirmaciones, al encontrarse ellos mismos imposibilitados para conceder certeza a la existencia de los hechos que les fueron puestos en conocimiento.

Por otra parte, los elementos probatorios que acompañan al presunto anónimo que sostiene la queja en cuestión, se hicieron consistir en copias simples de un listado en el que se asentaron datos relacionados con la presunta existencia de "operadores políticos" del Partido Acción Nacional encargados de realizar la compra de votos, las cuales por sí solas adolecen de pleno valor probatorio, en virtud de que dada su propia y especial naturaleza, no son susceptibles de producir convicción plena sobre la veracidad de su contenido, debido a la facilidad con la que se pueden confeccionar, por ello, es menester adminicularlas con algún otro medio que robustezca su fuerza probatoria, razón por la que en el presente caso a estudio sólo tienen el carácter de indicio al no haber sido perfeccionadas.

Al respecto, cabe citar de manera ilustrativa los siguientes criterios publicados en el Semanario Judicial de la Federación:

COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES, VALOR PROBATORIO DE LAS.- (se transcribe).

COPIAS FOTOSTÁTICAS, VALOR PROBATORIO DE LAS.- (se transcribe).

Con base en lo anterior, es dable afirmar que los hechos argüidos por los quejosos, se basaron únicamente en razonamientos de carácter subjetivo que no fueron susceptibles de corroborarse por parte de esta autoridad, los cuales no se encuentran robustecidos con elemento probatorio adicional.

En ese sentido, se estima que los hechos denunciados en la presente queja no podrían generar afectación a los principios que rigen la función electoral, o bien que trastoquen el principio de igualdad de los ciudadanos en el acceso a los cargos públicos o el principio de equidad en las condiciones para la competencia electoral, debido a la inexistencia de elementos adicionales que demuestren la posible existencia de las conductas a que se refiere el escrito de queja.

En virtud de lo expresado hasta este punto y tomando en consideración las circunstancias en que fue planteada la queja en cuestión, los elementos probatorios aportados, así como los obtenidos durante la secuela indagatoria y la conducta asumida por los cinco partidos políticos quejosos, en el sentido de retirar expresamente su pretensión inicial en contra del Partido Acción Nacional, esta autoridad estima procedente sobreseer el actual procedimiento, en términos de lo dispuesto en el artículo 17, párrafo 1, inciso c) del Reglamento para la Tramitación de los Procedimientos para el Conocimiento de las Faltas y Aplicación de Sanciones Administrativas establecidas en el Título Quinto del Libro Quinto del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

En atención a los antecedentes y consideraciones vertidos, con fundamento en los artículos 38, párrafo 1, inciso a) y t); 39, párrafos 1 y 2; 40, párrafo 1; 73; 82, párrafo 1, inciso h); 269 y 270 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, y en ejercicio de las atribuciones conferidas por el numeral 82, párrafo 1, inciso h), w) y z), del ordenamiento legal antes invocado, este Consejo General emite la siguiente:

RESOLUCIÓN

PRIMERO.- Se sobresee la queja presentada por los partidos Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México, del Trabajo, Nueva Alianza y Alternativa Socialdemócrata en contra del Partido Acción Nacional.

SEGUNDO.- Notifíquese personalmente la presente resolución.

TERCERO.- En su oportunidad, archívese al presente expediente como asunto total y definitivamente concluido.

(…)"

QUINTO. Los agravios expresados por el partido actor son los siguientes:

"(…)

1. ORIGEN DEL AGRAVIO.- Lo constituyen todos y cada uno de los considerandos y los tres puntos resolutivos de la resolución que se impugna por esta vía. Particularmente, el considerando número 8 (ocho arábigo), en el cual el Consejo General del Instituto Federal Electoral presuntamente realiza el análisis respectivo a la procedencia del desistimiento de la queja identificada con el número de expediente JGE/QNA/JD12/CHIS/670/2006, no haciendo más que señalar que debe admitirse el sobreseimiento, sin realizar el análisis respectivo, violando el principio de certeza, legalidad, objetividad, y el principio constitucional de equidad, así como mostrando falta de congruencia interna al resolver sobreseer la queja que nos ocupa. Dichas consideraciones sostienen lo siguiente:

"...en el caso que nos ocupa, los quejosos hicieron del conocimiento de esta autoridad que con fecha veintinueve de junio de dos mil seis, a través de un escrito anónimo se enteraron de que el Partido Acción Nacional, a través de diversos operadores políticos, ofrecería apoyos económicos a cambio del voto de ciudadanos, en distintas comunidades del 12 distrito electoral en Tapachula, Chiapas.

En tales condiciones, si bien el motivo de inconformidad aludido por los quejosos versa sobre una presunta coacción al voto por parte del Partido Acción Nacional, lo cierto es que del análisis realizado al escrito de queja, así como a las copias fotostáticas aportadas por los denunciantes, no se advierte elemento probatorio alguno que acredite la verificación de dichos actos, máxime si se considera que del avance en las investigaciones realizadas por esta autoridad, tampoco se obtuvo elemento alguno que permitiera reforzar la hipótesis planteada por los quejosos.

En efecto, en el presente asunto, los quejosos denunciaron hechos que por su naturaleza podrían constituir infracciones a la normatividad electoral; no obstante, las premisas en que sustentaron la queja que nos ocupa, se encontraban soportadas únicamente por la presunta existencia de una denuncia anónima hecha llegar al Lic. Andrés Sánchez de León, entonces representante propietario del Partido Revolucionario Institucional ante el 12 Consejo Distrital del Instituto Federal Electoral en el Estado de Chiapas, a la que presuntamente acompañaba una relación en copia simple con algunos datos que podrían constituir leves indicios sobre la existencia de las violaciones aducidas.

En este sentido, conviene decir que la naturaleza anónima de donde presuntamente partieron los datos que sustentan la presente queja disminuye la calidad indiciaría que, en un primer momento, podría aportar cualquier afirmación o elemento probatorio con un valor distinto al que proporcionan los documentos referidos, toda vez que si bien las presuntas irregularidades denunciadas en sí mismas podrían resultar suficientes para la válida instauración de un procedimiento inquisitivo como el que nos ocupa, lo cierto es que el reconocimiento por porte de los quejosos, relativo a su conocimiento indirecto por virtud de un anónimo, de los hechos constitutivos de infracción, disminuye la fiabilidad de sus afirmaciones, al encontrarse ellos mismos imposibilitados para conceder certeza a la existencia de los hechos que les fueron puestos en conocimiento.

Por otra parte, los elementos probatorios que acompañan al presunto anónimo que sostiene la queja en cuestión, se hicieron consistir en copias simples de un listado en el que se asentaron datos relacionados con la presunta existencia de "operadores políticos" del Partido Acción Nacional encargados de realizar la compra de votos, los cuales por si solos adolecen de pleno valor probatorio, en virtud de que dada su propia y especial naturaleza, no son susceptibles de producir convicción plena sobre la veracidad de su contenido, debido a la facilidad con la que se pueden confeccionar, por ello es menester adminicularlas con algún otro medio que robustezca su fuerza probatoria, razón por la que en el presente caso a estudio sólo tienen el carácter de indicio al no haber sido perfeccionadas.

(...)

Con base en lo anterior, es dable afirmar que los hechos argüidos por los quejosos, se basaron únicamente en razonamientos de carácter subjetivo que no fueron susceptibles de corroborarse por parte de esta autoridad, los cuales no se encuentran robustecidos con elemento probatorio adicional.

En ese sentido, se estima que los hechos denunciados en la presente queja no podrían generar afectación a los principios que rigen la función electoral, o bien que trastoquen el principio de igualdad de los ciudadanos en el acceso a los cargos públicos o el principio de equidad en las condiciones para la competencia electoral, debido a la inexistencia de elementos adicionales que demuestren la posible existencia de las conductas a que se refiere el escrito de queja.

(…)"

CONCEPTO DE AGRAVIO.- Como puede apreciarse de la simple lectura del considerando que ha sido trascrito, el Consejo General del Instituto Federal Electoral estima que "...los hechos denunciados en la presente queja no podrían generar afectación a los principios que rigen la función electoral, o bien que trastoquen el principio de igualdad de los ciudadanos en el acceso a los cargos públicos o el principio de equidad en las condiciones para la competencia electoral...", motivo por el cual procede a declarar el sobreseimiento de la queja.

Sin embargo, omite tomar en consideración la autoridad responsable que en autos del expediente, existen una serie de documentos de los cuales se desprende suficiente información con la cual; podría la autoridad responsable llegar a la conclusión de que los hechos expuestos por el quejoso, son ciertos y constituyen una violación a la norma electoral y a los principios rectores de la función electoral.

El artículo 17, párrafo 1, inciso c), del Reglamento para la Tramitación de los Procedimientos para el Conocimiento de las Faltas y Aplicación de Sanciones Administrativas establecidas en el Título Quinto del Libro Quinto del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, dispone:

"Artículo 17

I. Procederá el sobreseimiento de la queja o denuncia, cuando:

c) El denunciante presente escrito de desistimiento, siempre y cuando dicho escrito se presente antes de la aprobación del dictamen por porte de la Junta, y que a juicio de ésta, o por el avance de la investigación, no se trate de la imputación de hechos graves, ni se vulneren los principios rectores de la función electoral."

En la especie, las partes actoras presentan escritos de desistimiento, no obstante de la revisión de los autos del expediente cuya resolución se impugna por esta vía, se desprende que existen una serie de pruebas aportadas por el promovente y recabadas por la autoridad electoral, así como de diligencias realizadas por la autoridad electoral en ejercicio de sus funciones, que en su conjunto, pueden generar certeza en la autoridad electoral de que los hechos materia de la queja son ciertos y vulneran la norma y los principios rectores de la función electoral.

En la resolución que por esta vía se impugna la responsable señala lo siguiente:

"(…)

Respecto a los alcances del dispositivo antes transcrito, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al resolver el recurso de apelación identificado con la clave SUP-RAP-003/2002, en sesión pública celebrada el siete de mayo de dos mil dos, sostuvo que el Instituto Federal Electoral, en ejercicio de sus atribuciones, debe apreciar y calificar, en cada caso particular, si es de admitir el desistimiento de una queja o denuncia; por no existir afectación alguna al interés público, al ejercicio de las funciones que le corresponden y los principios que la rigen, lo que ha de prevalecer bajo cualquier otro interés; o bien, si el procedimiento ha de proseguir su curso, dada la gravedad de los hechos denunciados o el avance de la investigación, que de admitir el desistimiento de la queja, pudieran verse vulnerados los principios rectores de la función electoral o la transparencia del actuar de la autoridad administrativa y el propio de los partidos políticos involucrados.

En dicha ejecutoria también se sostuvo, que debía tenerse presente que el amplio espectro de actividades en que participan los partidos políticos, inmersos dentro de la dinámica de la sociedad, los hace susceptibles de la imputación de hechos que si bien pudieran estimarse contrarios a la ley electoral, no alcancen a producir la afectación del interés colectivo, ni la transparencia con que deben conducir sus actividades, sino que tan solo trasciendan, finalmente, sobre un interés particular del propio denunciante, en cuyo supuesto, no podría sostenerse la existencia de una acción pública para su tutela, que produjera sobre la autoridad electoral el inexcusable imperativo de proseguir con su actividad investigadora; o bien que no existiendo un interés manifiesto, el continuar con un procedimiento, obstaculizara o menoscabara el ejercicio de las demás funciones que tiene asignadas este Instituto Federal Electoral.

(...)".

No obstante aún cuando la autoridad responsable reconoce dicho criterio emitido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, mismo que generó al resolver el recurso de apelación identificado con la clave SUP-RAP-003/2002, llega a la siguiente conclusión:

(…)

En este orden de ideas, en el caso que nos ocupa, los quejosos hicieron del conocimiento de esta autoridad que con fecha veintinueve de junio de dos mil seis, a través de un escrito anónimo se enteraron de que el Partido Acción Nacional, a través de diversos operadores políticos, ofrecerían apoyos económicos a cambio del voto de ciudadanos, en distintas comunidades del 12 Distrito Electoral en Tapachula, Chiapas.

(...)

En ese sentido, se estima que los hechos denunciados en la presente queja no podrían generar afectación a los principios que rigen la función electoral, o bien que trastoquen el principio de igualdad de los ciudadanos en el acceso o los cargos públicos o el principio de equidad en las condiciones paro la competencia electoral, debido a la inexistencia de elementos adicionales que demuestren la posible existencia de las conductas a que se refiere el escrito de queja.

...los elementos probatorios aportados, así como los obtenidos durante la secuela indagatoria y la conducta asumida por los cinco partidos políticos quejosos, en el sentido de retirar expresamente su pretensión inicial en contra del Partido Acción Nacional, esta autoridad estima procedente sobreseer el actual procedimiento.

(...)"

El Consejo General entonces, determina sobreseer el presente asunto sin percatarse de que declarar el sobreseimiento, constituye una violación a los principios rectores de la función electoral y una violación al principio de certeza, legalidad, objetividad y al principio de congruencia interna; además de vulnerar el principio de constitucional de equidad.

Esto es así, pues la autoridad responsable determina declarar el sobreseimiento del presente asunto pues considera que "los hechos denunciados... no podrían generar afectación a los principios que rigen la función electoral, o bien que trastoquen el principio de igualdad de los ciudadanos en el acceso a los cargos públicos o el principio de equidad en las condiciones para la competencia electoral, debido a la inexistencia de elementos adicionales que demuestren la posible existencia de las conductas a que se refiere el escrito de queja"; sin embargo de los indicios remitidos por los quejosos resulta lo contrario.

En este sentido, de las constancias que obran en autos del expediente en que se actúa, es claro que la conducta desplegada, que constituyó el motivo de queja, si afecta el interés colectivo, pues se derivan suficientes indicios que pudieran llevar a la autoridad electoral a la conclusión de que las mismas pudieran constituir aportaciones o donativos a los partidos políticos, en dinero o especie, por sí o por interpósita persona por parte de los entes jurídicos expresamente prohibidos por el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales en su artículo 49, numeral 2, así como violación al Acuerdo de Neutralidad, además de vulneración al artículo 4o numerales 2 y 3 del código en la materia y a los principios rectores del derecho electoral como son la equidad e igualdad en la contienda.

En este sentido, el Consejo General del Instituto Federal Electoral debió haber continuado con el trámite de la misma, pues es claro que por los hechos materia de la queja, se trata de la imputación de hechos graves, que vulneran los principios rectores de la función electoral.

Esto es así, pues de las constancias que obran en autos se desprenden, pruebas documentales, nombres de personas, cantidades de económicas precisas, etcétera, todo ello en hoja membretada del Ayuntamiento de Tapachula, Chiapas, remitidas por una persona con la finalidad de denunciar presuntas violaciones en que estaría incurriendo el Partido Acción Nacional.

Lo que causa agravio a mi representado y a la sociedad en su conjunto pues al declarar el sobreseimiento de la queja en cuestión, se vulneran también el principio de certeza y objetividad, toda vez con base en el principio de exhaustividad debió de haberse determinado por la autoridad electoral que se siguiera con el trámite de la queja en cuestión.

Pero además, no debe pasar desapercibido que la autoridad responsable, aún reconociendo que existen una serie de precedentes y criterios, relativos a la obligación del Instituto de ''apreciar y calificar, en cada caso particular, si es de admitir el desistimiento de una queja o denuncia; (...) o bien, si el procedimiento ha de proseguir su curso, dada la gravedad de los hechos denunciados o el avance de la investigación, que de admitir el desistimiento de la queja, pudieran verse vulnerados los principios rectores de la función electoral o la transparencia" llega a una conclusión contraria al señalar, que "los hechos denunciados ...no podrían generar afectación a los principios que rigen la función electoral, o bien trastoquen el principio de igualdad de los ciudadanos en el acceso a los cargos públicos o el principio de equidad en las condiciones para la competencia electoral...", vulnerando así el principio de congruencia interna.

Aunado a lo anterior, la autoridad responsable nunca manifiesta su motivación del porqué considera que no se trastocan los principios rectores del derecho electoral, limitándose a argumentarlo.

Ahora bien, la responsable erróneamente razona que uno de los motivos por los cuales procede el sobreseimiento, es porque los hechos denunciados provienen de una denuncia anónima; sin embargo, olvida la responsable que ese no es motivo suficiente para resolver en el sentido en que lo hizo, pues con la denuncia realizada se remitieron indicios suficientes para que el Consejo General del Instituto Federal Electoral procediera al inicio de una investigación exhaustiva; sin embargo, no lo hizo.

Lo anterior, en atención a la tesis emitida por esta máxima autoridad en materia electoral, la cual a la letra dice:

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL LA JUNTA GENERAL EJECUTIVA DEL IFE TIENE FACULTADES INVESTIGADORAS Y DEBE EJERCERLAS CUANDO EXISTAN INDICIOS DE POSIBLES FALTAS.- (se transcribe).

De lo anterior se desprende que, el razonamiento de la responsable en el sentido de que la denuncia fue originada por una denuncia anónima, carece de sustento y motivación legal, pues como se señaló, a la misma fue adjuntada suficientes indicios para que el Consejo General investigara los hechos denunciados.

Pero además de lo anterior, el artículo 1o del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales señala:

Artículo 1

1. Las disposiciones de este Código son de orden público y de observancia general en el territorio nacional y para los ciudadanos mexicanos que ejerzan su derecho al sufragio en territorio extranjero en la elección para Presidente de los Estados Unidos Mexicanos.

De lo que se desprende que el Consejo General del Instituto Federal Electoral, tiene la facultad explícita de velar por el cumplimiento de las normas electorales; de vigilar que tanto los partidos políticos como los ciudadanos observen las normas contenidas en el código en la materia, de tal manera que no sean susceptibles de violación, como en el presente caso acontece.

Concomitante de lo anterior, lo dispone el artículo 7º del Reglamento del Consejo General para la Tramitación de los Procedimientos para el Conocimiento de las Faltas y Aplicación de Sanciones Administrativas Establecidas en el Título Quinto del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, dispone:

Artículo 7°

1. El procedimiento para el conocimiento de las faltas y aplicación de sanciones administrativas cometidas por partidos políticos, agrupaciones políticas nacionales, observadores electorales y organizaciones a las que pertenezcan los observadores, a que se refieren los artículos 264, párrafos 1 y 2, así como 269 del Código, iniciará a petición de parte o de oficio. Será de parte cuando el quejoso o denunciante haga del conocimiento del Instituto la presunta comisión de una falta administrativa, y de oficio cuando algún órgano o servidor del Instituto, en ejercicio de sus funciones, conozca de la presunta falta e informe de ello al Secretario Ejecutivo o cuando éste lo haya iniciado.

De lo anterior se desprende que los procedimientos administrativos de investigación pueden iniciar por medio de una denuncia presentada ante la Junta General Ejecutiva del Instituto Federal Electoral o bien a través de oficio cuando el Instituto Federal Electoral tenga conocimiento de presuntas violaciones al código en la materia; siendo este último caso el que se actualiza en el caso que nos ocupa.

Por tanto, no es factible el que la autoridad responsable pretenda sobreseer una denuncia por presuntas violaciones a las normas contenidas en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, cuando le es remitida una serie de indicios con los cuales puede basarse para iniciar un procedimiento de investigación exhaustivo.

Pero además las disposiciones trascritas, obligan al Instituto Federal Electoral a investigar los hechos que le sean denunciados, por tanto, el simple hecho de que los actores principales se hayan desistido de la denuncia presentada en un principio, no es motivo suficiente para el Instituto Federal Electoral (sic) deje de investigar los hechos denunciados; tal como quiere hacerlo valer la responsable.

Lo anterior, pues conforme con los ordenamientos citados, tiene facultades explícitas suficientes para continuar de oficio la investigación.

Por lo que sobreseer una queja, cuando de las constancias que obran en autos pueden desprenderse claras violaciones a la normatividad que nos rige a los partidos políticos y coaliciones, que vulneran los principios rectores de la función electoral, constituye una violación al principio de legalidad.

En este sentido, es claro que la autoridad responsable debió tomar en consideración los elementos que obran en pues de estas constancias se deriva que se vulnera en perjuicio de los demás contendientes políticos y de la sociedad en su conjunto, el principio de equidad e igualdad, así como de legalidad.

Por todo lo anteriormente expuesto, se solicita se revoque la resolución impugnada, con el objeto de que se le siga dando el trámite pertinente a la queja cuya resolución por esta vía se impugna, pues en la especie, como ya se señaló, se trata de hechos graves, que vulneran los principios rectores de la función electoral.

Las violaciones a los principios de legalidad, certeza y objetividad, y la falta de exhaustividad, referidas en el presente capítulo de agravios, causan agravio al partido político que represento por ser sujeto de las garantías que otorga la Constitución y las leyes que se incumplen con estos actos, cuando el Consejo General del Instituto Federal Electoral en la resolución impugnada por esta vía no aplica o aplica incorrectamente los artículos Constitucionales y legales citados, violando ordenamientos constitucionales que le obligan a fundar y motivar debidamente todos sus actos, y que, al no hacerlo se tuvo como resultado la afectación al interés de mi representado y la afectación al interés de la sociedad en su conjunto, privándole de su derecho de acceso a la justicia, a la aplicación de los principios constitucionales y contraviniendo su garantía para realizar libremente las actividades que por ley nos han sido conferidas, prevista en el inciso b) del párrafo 1 del artículo 36 del Código de la materia, de acuerdo además a lo que dispone el artículo 41 fracción I segundo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En mérito de todo lo antes expuesto, la responsable con su determinación vulneró el principio de legalidad, certeza, objetividad, congruencia interna y el principio constitucional de equidad, previstos por el artículo 41 de la Constitución General de la República, el cual como autoridad y de conformidad con los artículos 16 del máximo ordenamiento legal; 69 párrafo segundo y 73 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, estaba obligada a cumplir y tutelar, por lo que solicito que se ordene la revocación de resolución impugnada por así ser procedente en derecho."

(…)"

SEXTO. Estudio de fondo. En la parte conducente de los agravios antes transcritos, el instituto político actor señala, esencialmente, que la autoridad administrativa electoral responsable decretó el sobreseimiento de la queja de origen, sin tomar en consideración que si bien los denunciantes presentaron escritos de desistimiento, ello no bastaba para que el Instituto Federal Electoral dejara de investigar los hechos denunciados, ya que conforme a las normas electorales dicha autoridad tiene facultades explícitas para continuar aun de oficio la investigación, máxime que en autos obran diversas constancias con las cuales dicha autoridad pudiera llegar a la conclusión de que los hechos denunciados son ciertos y constituyen una violación a la norma electoral y los principios rectores de la función electoral.

Agrega que tales conductas denunciadas sí afectan el interés colectivo, toda vez que consisten en aportaciones o donativos al partido político denunciado, en dinero o especie, por sí o por interpósita persona, por parte de los entes jurídicos expresamente prohibidos por el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y, en consecuencia, la autoridad responsable debió continuar con el trámite de la queja, en estricta observancia al principio de exhaustividad, puesto que es claro que se trata de la imputación de hechos graves que vulneran los principios rectores de la función electoral.

Que la responsable sustenta también el sobreseimiento en el argumento de que los hechos denunciados provienen de una denuncia anónima, lo cual es incorrecto, porque olvida que tal motivo no es suficiente para resolver en el sentido en que lo hizo, ya que con la denuncia se exhibieron indicios suficientes para que el Consejo General del Instituto Federal Electoral procediera al inicio de una investigación exhaustiva, sin embargo, no lo hizo así.

Indica que de lo dispuesto por los artículos 1º del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y 7º del Reglamento del Consejo General para la Tramitación de los Procedimientos para el Conocimiento de las Faltas y Aplicación de Sanciones Administrativas establecidas en el Título Quinto del citado código electoral, se desprende que el Consejo General del Instituto Federal Electoral tiene la facultad explícita de velar por el cumplimiento de las normas electorales y vigilar que tanto los partidos políticos como los ciudadanos observen las normas contenidas en el código de la materia; así como que los procedimientos de investigación pueden iniciar por medio de la presentación de una denuncia o bien de oficio cuando el citado Instituto tenga conocimiento de presuntas violaciones a la norma electoral; por tanto, no es factible que la responsable pretenda sobreseer la queja de origen formulada por presuntas violaciones al código electoral en mención, si le fueron aportados diversos indicios con los cuales puede iniciar una línea de investigación exhaustiva.

Tales motivos de disenso suplidos en su deficiencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 23, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, resultan substancialmente fundados y suficientes para revocar la resolución recurrida, como se evidenciará a continuación.

En efecto, la autoridad administrativa electoral responsable en la resolución que ahora se combate consideró, medularmente, que si bien los hechos denunciados versaban sobre una presunta coacción al voto por parte del Partido Acción Nacional, que por su naturaleza podrían constituir infracciones al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, la queja de origen se encontraba soportada únicamente en una supuesta denuncia anónima que se hizo llegar al entonces representante propietario del Partido Revolucionario Institucional, ante el 12 Consejo Distrital del Instituto Federal Electoral en el Estado de Chiapas, a la que presuntamente se acompañó una relación en copia simple con algunos datos que podrían constituir leves indicios sobre la existencia de las violaciones aducidas, por lo que la naturaleza anónima de donde partieron dichos datos fundatorios de la queja disminuía la calidad indiciaria que pudiera aportar cualquier afirmación o elemento probatorio con un valor distinto al que proporcionan los documentos referidos; además de que éstos se exhibieron en copias fotostáticas simples , las cuales por sí solas carecen de pleno valor probatorio, dada su propia y especial naturaleza, siendo menester adminicularlas con algún otro medio que robustezca su fuerza probatoria, por lo que en el caso sólo tenían carácter de indicio al no haber sido perfeccionadas.

Asimismo, sostuvo que las conductas denunciadas no podrían generar afectación a los principios que rigen la función electoral o bien trastocar el principio de igualdad de los ciudadanos en el acceso a los cargos públicos o el principio de equidad en las condiciones para la contienda electoral, debido a la inexistencia de elementos adicionales que demostraran aquellas conductas cuestionadas.

En ese sentido, la responsable concluyó, que tomando en consideración las circunstancias en que fue planteada la queja, los elementos probatorios aportados y los obtenidos en la secuela indagatoria, así como la conducta asumida por los partidos actores de desistir de la denuncia formulada en contra del Partido Acción Nacional, resultaba procedente sobreseer la queja de mérito, con fundamento en el artículo 17, párrafo 1, inciso c), del Reglamento para la Tramitación de los Procedimientos para el Conocimiento de las Faltas y Aplicación de Sanciones Administrativas establecidas en el Título Quinto del Libro Quinto del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, vigente en la época de los acontecimientos, cuyo contenido es el siguiente:

"Artículo 17.

1. Procederá el sobreseimiento de la queja o denuncia, cuando:

c) El denunciante presente escrito de desistimiento, siempre y cuando dicho escrito se presente antes de la aprobación del dictamen por parte de la Junta, y que a juicio de ésta, o por el avance de la investigación, no se trate de la imputación de hechos graves, ni se vulneren los principios rectores de la función electoral."

A efecto de resolver el problema jurídico planteado en el presente medio de impugnación, es menester hacer las siguientes precisiones.

De lo dispuesto por el artículo 41, fracciones I y II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se obtiene que los partidos políticos son entidades de interés público; la ley determinará las formas específicas de su intervención en el proceso electoral; dichos institutos políticos tienen como fin primordial promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación nacional y como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulen mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo.

También se desprende que la organización de las elecciones federales es una función del Estado que se efectúa a través de un organismo público autónomo denominado Instituto Federal Electoral, siendo principios rectores de esa función estatal, la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad.

Por otra parte, conviene destacar que el presente asunto se rige por el anterior Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, no así por el diverso a que se refiere el Decreto de reformas publicado en el Diario Oficial el catorce de enero de dos mil ocho, que entró en vigor al día siguiente, habida cuenta que, conforme al artículo cuarto transitorio de dicho Decreto "Los asuntos que se encuentren en trámite a la entrada en vigor del presente Decreto, serán resueltos conforme a las normas vigentes al momento de su inicio."

Precisado lo anterior, debe decirse que del análisis de los artículos 1, párrafo 1, 68, párrafo 1, 73, párrafo 1, 82, incisos h), t) y w) y 270, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales anterior a las citadas reformas, se deduce que las disposiciones contenidas en ese código son de orden público y de observancia general; que el responsable del ejercicio de la función estatal de organizar las elecciones es el Instituto Federal Electoral; además, que el Consejo General del referido instituto, como órgano superior de dirección y vigilancia, es el encargado de velar por el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en materia electoral, teniendo entre sus diversas atribuciones requerir a la Junta General Ejecutiva, investigue por los medios a su alcance, hechos que afecten de modo relevante los derechos de los partidos políticos, así como conocer de las infracciones y, en su caso, imponer las sanciones que correspondan; por último, que la autoridad administrativa electoral conocerá de las irregularidades en que haya incurrido un partido político o una agrupación política, a través de la instauración de un procedimiento administrativo investigador.

A su vez, el Reglamento para la Tramitación de los Procedimientos para el Conocimiento de las Faltas y Aplicación de Sanciones Administrativas establecidas en el Título Quinto del Libro Quinto del mencionado Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, dispone que dicho ordenamiento tiene por objeto regular el procedimiento para el conocimiento de faltas y aplicación de sanciones administrativas, mediante la valoración de los medios de prueba e indicios que obren en el expediente y, en su caso, de la investigación oportuna e imparcial de los hechos que originaron la queja.

A ese respecto, dada la particularidad de los hechos denunciados en los cuales se aducen infracciones a las normas en materia electoral, los derechos e intereses discutidos no sólo deben entenderse del dominio de los particulares, sino por el contrario, atento a que, lo que se controvierte o ventila en la mayoría de los casos tiene repercusiones en el estado o la sociedad, su interés también debe comprenderse del ámbito público.

En consecuencia, la disponibilidad del derecho, si sólo están a discusión derechos públicos, no puede quedar al arbitrio de las partes en litigio. La actuación de los partidos políticos o coaliciones queda limitada al ejercicio de la acción y a la determinación de su objeto, sin embargo, no pueden disponer del proceso a través de una serie de actos, que con la fuerza de la cosa juzgada, (allanamiento, renuncia, transacción) o sin ella (desistimiento, caducidad) han de producir la terminación anormal del procedimiento, con anterioridad a la resolución definitiva.

En ese tenor, debe estimarse que el interés de sancionar cualquier clase de conductas ilícitas de índole electoral, en los términos del numeral 269 del código en cita, no debe entenderse exclusivo de un partido político por el solo hecho de haber presentado una denuncia y aportado pruebas que condujeran a acreditar la comisión de la infracción, dado que hay un interés superior y general denominado interés público, el cual se relaciona con las necesidades colectivas de los miembros de la comunidad y protegidas mediante la intervención directa y permanente del Estado, las cuales son irrenunciables.

A partir de lo expuesto, el procedimiento administrativo sancionador contemplado en el artículo 270 del multireferido código, y regulado detalladamente en el Reglamento para la tramitación de faltas y aplicación de sanciones, debe conceptualizarse en un esquema inquisitivo, dado que el Instituto Federal Electoral no es un sujeto pasivo del proceso, sino que adopta la calidad de activo por cuanto está facultado para iniciarlo de oficio, fijar el tema de decisión, y decretar pruebas necesarias para establecer hechos, tanto es así que: a) La queja puede ser iniciada a petición de parte o de oficio; b) En el escrito de queja pueden aportarse las pruebas o indicios con los que se cuente; c) Admitida la queja, se procederá a emplazar al denunciado; d) Se podrán requerir pruebas para la debida sustanciación del asunto; e) Se exige la realización de una investigación de forma congruente, idónea, eficaz, expedita y completa; f) Se puede iniciar un procedimiento diverso si desprende la existencia de violaciones diversas a las denunciadas; g) Una vez agotada la investigación el expediente se pone a la vista de partes para que manifiesten lo que a su derecho convenga; h) Elaborado el dictamen se pondrá a consideración de la Junta General Ejecutiva; i) Aprobado el proyecto de resolución por la comisión, será presentado junto con el dictamen aprobado por la Junta, a la consideración del Consejo General del Instituto; y j) Este último determinará aprobar, modificar o rechazar el proyecto de resolución.

Por tanto, ante el hecho de que el Instituto Federal Electoral, en uso de sus atribuciones inicie, a petición de parte o de oficio, de manera inquisitiva, un procedimiento administrativo investigador, en el que sus principios básicos son el vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en materia electoral, así como que las actividades de los partidos políticos se desarrollen con apego a la normatividad aplicable, conducen ineludiblemente a considerar que si de los hechos denunciados se advierte la presunta trasgresión a la normatividad electoral en perjuicio no sólo de un particular sino del interés general, la investigación iniciada no puede interrumpirse por el mero impulso y deseo de una de las partes, ni mucho menos significa la renuncia de una actividad que la ley le impone a la autoridad electoral administrativa, orillándola a que decline el ejercicio de su facultad decisoria que es de orden público; por el contrario, debe concluirse con una resolución que de manera oportuna, eficaz, expedita y exhaustiva decida sobre la existencia de la irregularidad, determine si se actualizan o no las infracciones a la normativa electoral, quién o quiénes son los responsables, e imponga las sanciones que en la esfera de su competencia en derecho proceda, si así fuera el caso.

Ello, porque de adoptar una postura distinta, implicaría desconocer las facultades de vigilancia, investigación y de sanción con que cuenta el Instituto Federal Electoral; se le restaría eficacia al procedimiento administrativo investigador, diseñado para castigar y disuadir cualquier clase de conductas irregulares que infrinjan la normatividad electoral; y más aun, se pondría en riesgo el interés público sobre el particular, dado que se dejaría al arbitrio de las partes involucradas la posible negociación de la ley, derivado de posibles componendas entre las propias partes involucradas; y atentaría contra el principio de no disponibilidad que rige los procedimientos inquisitivos como el que nos ocupa.

Bajo este contexto, resulta incuestionable que el abandono de la pretensión, a través de la invocación de una figura procesal tendente a terminar una investigación y posible sanción, no puede ser procedente cuando estén en conflicto intereses públicos, ya que la tutela investigadora pasa a manos del Estado, quien a su vez la delega al Instituto Federal Electoral, para que se encargue de velar por el justo acatamiento del orden constitucional y legal en materia electoral tendente a salvaguardar el interés de la colectividad.

En el caso concreto, a través del escrito de queja formulado por los partidos Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México, del Trabajo, Nueva Alianza y Alternativa Socialdemócrata, en contra del Partido Acción Nacional, se denunció la posible trasgresión a las disposiciones del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, por parte del Partido Acción Nacional, con motivo de que presumiblemente diversos operadores políticos ofrecieron apoyos económicos a cambio del voto de ciudadanos, en distintas comunidades del 12 Distrito Electoral en Tapachula Chiapas, lo que, según se señaló, se tradujo en una coacción al voto por parte de dicho instituto político.

Sobre ese particular, el artículo 4º del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales en cita, dispone que el votar en las elecciones constituye un derecho y obligación que se ejerce para integrar órganos del Estado de elección popular, y que también es derecho de los ciudadanos y obligación para los partidos políticos la igualdad de oportunidades y la equidad entre hombres y mujeres para tener acceso a cargos de elección popular.

Asimismo, estatuye que el voto es universal, libre, secreto, directo, personal e intransferible, y que se encuentran prohibidos los actos que generen presión o coacción a los electores.

En la especie, como ya se dijo, en la queja en cuestión se denunció la posible trasgresión a las disposiciones del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, a cargo del Partido Acción Nacional, debido a que presumiblemente se realizaron actos que redundaron en la coacción a los electores para votar a favor de dicho instituto político.

Conviene destacar que, la citada queja tuvo su origen o sustento en un escrito anónimo que según se señaló se hizo llegar al entonces representante propietario del Partido Revolucionario Institucional Andrés Sánchez de León, al cual se acompañaron diversas copias fotostáticas simples de hojas membretadas por el Ayuntamiento de Tapachula, Chiapas, en el que se contienen listados de personas que supuestamente se encargaron de realizar compra de votos, así como el precio o valor que tenía cada voto en determinadas localidades, los cuales se reproducen a continuación:

La Junta General Ejecutiva del Instituto Federal Electoral en aras de allegarse de mayores elementos de convicción para la debida integración y resolución del expediente, ordenó requerir al Presidente Municipal de Tapachula, Chiapas, a fin de que informara si alguna de las personas detalladas en las relaciones anteriormente descritas guardaba relación de tipo laboral, profesional o comercial con ese ayuntamiento, o bien , si eran beneficiarios de algún programa o mecanismo social implementado por ese municipio, o estaban reconocidos en los registros de cualquiera de las dependencias a su cargo, como gestores o promotores de programas o apoyos; y en caso de ser afirmativa la contestación, especificara el tipo de vínculo, la duración o antigüedad del mismo, y acompañara copias de las constancias que estimara pertinente para soportar sus manifestaciones.

En respuesta a la referida prevención el Secretario de Administración del Ayuntamiento Municipal de Tapachula, Chiapas, por oficio número SA/DRH/33/07, señaló lo siguiente:

"…Habiendo revisado exhaustivamente el sistema de nómina de la Dirección de Recursos Humanos dependiente de esta Secretaría de Administración del Ayuntamiento Municipal de Tapachula, Chiapas, únicamente se encontró datos de las personas que a continuación se mencionan, de las cuales en algunas hay discordancia en sus nombres y apellidos, con los datos que aparecen en nuestro registro y dicha relación:

1.- ALFONSO LÓPEZ PÉREZ, se encuentra laborando para este Ayuntamiento, con la categoría de delgado, adscrito a la Coordinación de Agencias y con fecha de alta el 01 de marzo del 2005.

2.- JOEL MEJÍA DE LA CRUZ, trabaja para este Ayuntamiento en forma eventual por contrato, adscrito a la Secretaría de Servicios Públicos, con fecha de alta el 16 de mayo del 2005.

3.- EDGAR BUSTAMANTE GIRON, labora para este Ayuntamiento, con la categoría de Jefe de Departamento de bienes y vialidades, adscrito a la Secretaría de Servicios Públicos, con fecha de alta el 01 de enero del 2005.

4.- LEIDI BEYANIR IBARRA GÓMEZ, causó baja el 31 de marzo del 2006, por lo tanto ya no labora para este Ayuntamiento.

5.- RICARDO MORENO ORTIZ, se encuentra laborando, adscrito a la Coordinación de Agencias, con la categoría de agente municipal de Tinajas, fecha de alta el 5 de abril del 2005.

6.- OLGA MOGUEL, en nuestro registro aparece una persona con el nombre de OLGA MOGUEL MARTÍNEZ que labora para este Ayuntamiento, adscrita a la Secretaría de Servicios Públicos, categoría de supervisor, fecha de alta el 01 de enero de 1990, no asegurándole que se trata de la persona que solicita información, al desconocer su segundo apellido.

7.- IRMA LÓPEZ CASTILLO, en nuestro sistema de nómina está registrada una persona con el nombre de IRMA DOLORES LÓPEZ CASTILLO que labora en este Ayuntamiento, adscrita a la Secretaría de Vinculación Ciudadana, categoría de coordinador, fecha de alta el 01 de febrero del 2005, no asegurándole que se trata de la misma persona de quien solicita información.

8.- GREGORIO MOLINA ROMÁN, labora en este Ayuntamiento en forma eventual por contrato, categoría de auxiliar de servicios públicos, con fecha de alta el 16 de febrero del 2006.

9.- CELSO MARCOS MORALES, adscrito a la Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Pesca, categoría de Técnico, fecha de alta el 01 de enero del 2005.

10.- ROXANA GONZÁLEZ SOL, labora para este Ayuntamiento, adscrita a la Secretaría de Servicios Públicos, con la categoría de secretaria, fecha de alta el 01 de octubre de 1992.

11.- GUILLERMINA RAMÓN VÁZQUEZ, en nuestro registro aparece una persona con el nombre de GUILLERMINA RAMÓN VELÁZQUEZ que labora en forma eventual por contrato, categoría de Auxiliar de Servicios Públicos, fecha de alta el 01 de febrero del 2005, no asegurándole que se trata de la misma persona de quien solicita información.

12.- LUIS ALBERTO SOTO, en el sistema de nómina aparece registrada una persona con el nombre de LUIS ALBERTO SOTO VÁZQUEZ que se encuentra dado de baja desde el 30 de septiembre del 2006.

13.- ISABEL MADRID HERNÁNDEZ, se encuentra pensionada por este Ayuntamiento Municipal, con fecha de alta el 01 de marzo de 1974.

Asimismo, le informo que de las demás personas que relaciona en su oficio, no se encontró dato alguno que acredite que hayan laborado ni trabajen para este Ayuntamiento Municipal, por lo que no existe ningún tipo de relación laboral con ellos."

Como se apuntó en los resultandos de la presente resolución, por diversos escritos presentados en distintas fechas los partidos denunciantes a través de sus representantes, expresaron su voluntad de desistir de la queja que dio origen al expediente JGE/QNA/JD12/CHIS/670/2006.

En atención a lo anterior, la responsable determinó, en lo medular, que si bien los hechos denunciados versaban sobre una presunta coacción al voto por parte del Partido Acción Nacional, que por su naturaleza podrían constituir infracciones al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, la queja de origen se encontraba soportada únicamente en una supuesta denuncia anónima que se hizo llegar al entonces representante propietario del Partido Revolucionario Institucional, ante el 12 Consejo Distrito del Instituto Federal Electoral en el Estado de Chiapas, a la que presuntamente se acompañaron unas relaciones en copia simple con algunos datos que podrían constituir leves indicios sobre la existencia de las violaciones aducidas, por lo que la naturaleza anónima de donde partieron dichos datos fundatorios de la queja disminuía la calidad indiciaria que pudiera aportar cualquier afirmación o elemento probatorio con un valor distinto al que proporcionan los documentos referidos; además de que éstos se exhibieron en copias fotostáticas simples, las cuales por sí solas no tienen pleno valor probatorio, dada su propia y especial naturaleza, sino que solamente constituyen indicios.

Asimismo, sostuvo que las conductas denunciadas no podrían generar afectación a los principios que rigen la función electoral o bien trastocar el principio de igualdad de los ciudadanos en el acceso a los cargos públicos o el principio de equidad en las condiciones para la contienda electoral, debido a la inexistencia de elementos adicionales que demostraran aquellas conductas cuestionadas.

Esta Sala Superior estima que las apuntadas consideraciones de la responsable no constituyen razones jurídicamente válidas que justifiquen el sobreseimiento de la queja de origen decretado en la resolución recurrida.

Ello, porque, en primer lugar, la característica de los hechos denunciados permite colegir que los derechos involucrados no son sólo del dominio e interés particular de los partidos políticos actores, ya que se trata de la presunta comisión de conductas contrarias a las disposiciones legales de orden público en materia electoral, como lo es la realización de actos para coaccionar el voto del electorado a favor del partido denunciado durante la jornada electoral respectiva.

Luego, en ese supuesto la disponibilidad del derecho corre a cargo del Estado, quien a su vez tiene la encomienda de preservar el orden constitucional y legal y, por ende, disuadir y sancionar cualquier clase de actividades que sean contrarias al régimen jurídico vigente y en detrimento de los derechos colectivos de la sociedad.

De ahí que, la circunstancia de que los denunciantes hayan externado su voluntad de desistir de la queja incoada, no es causa suficiente para dejar de continuar la investigación iniciada por la autoridad administrativa electoral, decretando el sobreseimiento de la queja, como incorrectamente lo determinó la responsable en la resolución reclamada, habida cuenta que, se reitera, las conductas denunciadas, de acreditarse su existencia, no sólo afectarían el interés particular de los partidos actores sino también el interés general de la sociedad, en tanto constituyen actos violatorios de las disposiciones legales de orden público en materia electoral y, por ende, el interés de sancionar al partido infractor corresponde también a la colectividad y no exclusivamente a los denunciantes.

De igual forma, el solo hecho de que la queja de origen se haya sustentado en un escrito anónimo, tampoco trae como consecuencia legal el sobreseimiento de la propia denuncia, toda vez que ni en el artículo 7º en que fundó su determinación la responsable, ni en el código electoral federal, se encuentra previsto que aquella circunstancia origine el sobreseimiento de de la queja, máxime que, esta Sala Superior ha orientado su criterio en el sentido de que, incluso, una denuncia anónima es suficiente para que la autoridad administrativa electoral inicie el procedimiento sancionador correspondiente, siempre que los hechos denunciados los pueda corroborar con los elementos o medios de pruebas que se pueda allegar en ejercicio de sus facultades investigadoras.

Sirve de apoyo la tesis número I/2007 sustentada por esta Sala Superior, aprobada en sesión de diciembre de dos mil siete, bajo el rubro "FACULTADES INVESTIGADORAS DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL. UNA DENUNCIA ANÓNIMA PUEDE SER SUFICIENTE PARA QUE SE EJERZAN."

Asimismo, se destaca que, si bien es cierto como lo señala la responsable, las documentales exhibidas con la queja de origen son copias fotostáticas simples, cuyo valor probatorio se reduce al de un simple indicio, no menos cierto lo es que tales documentos, en su oportunidad, pudieran llegarse a corroborar con las diligencias de prueba que ha ordenado la responsable en ejercicio de sus facultades de investigación, a efecto de poder conocer la veracidad de los hechos denunciados.

En efecto, como ya se apuntó en líneas anteriores, la Junta General Ejecutiva en el procedimiento de queja requirió al Presidente Municipal de Tapachula, Chiapas, para que informara sobre el tipo de vínculo que existiese entre dicho ayuntamiento y las personas que se mencionan en las relaciones exhibidas con la denuncia; de cuya respuesta derivó que algunas de esas personas se encontraban trabajando en distintas áreas del propio ayuntamiento, algunas otras han causado baja y una más se encuentra pensionada.

El resultado del requerimiento anterior conducía a la autoridad administrativa electoral responsable a ordenar la práctica de una diligencia en la que se cuestionara o interrogara a las personas mencionadas sobre los hechos denunciados, esto es, si tales personas participaron o no como operadores políticos para coaccionar el voto de los electores a favor del Partido Acción Nacional; empero, no lo hizo así, sino que optó por sobreseer el procedimiento de queja respectivo.

En esa tesitura, mediante el desahogo de la citada diligencia existe la posibilidad de que las documentales exhibidas en copia fotostática con el escrito de queja se vean corroboradas y, por tanto, generen convicción en el ánimo del resolutor.

En consecuencia, el que dichas documentales, en sí mismas, tengan valor probatorio de un simple indicio, no es motivo o causa legal que permita sobreseer la queja, sin continuar con el procedimiento de investigación correspondiente.

Adicionalmente, debe decirse que la valoración o determinación del alcance probatorio de los elementos de convicción allegados en el procedimiento de queja, es una cuestión que atañe al estudio de fondo y, por ende, tal justipreciación debe hacerse necesariamente en el fallo definitivo que resuelva la queja y no antes, es decir, será hasta ese momento en que podrá determinarse si con las copias fotostáticas exhibidas y los otros elementos de pruebas allegados por la autoridad investigadora, se acreditan las conductas o actos materia de la queja, los cuales de ser ciertos, constituirían hechos que por su naturaleza pudieron haber afectado el desarrollo de la contienda electoral y sus resultados o puesto en peligro los valores que las normas electorales protegen.

En ese sentido, al no advertirse en el acuerdo emitido por la autoridad administrativa electoral, las razones jurídico-legales que admitan el sobreseimiento de la queja incoada por los partidos Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México, del Trabajo, Nueva Alianza y Alternativa Socialdemócrata, en contra del Partido Acción Nacional, por la posible comisión de infracciones al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, lo conducente es que dicha determinación no surta efecto legal alguno.

Similar criterio sostuvo esta Sala Superior al resolver el recurso de apelación número SUP-RAP-50/2007, interpuesto por el Partido de la Revolución Democrática, en sesión publica celebrada el veintisiete de junio del año próximo pasado; así como el diverso identificado con la clave SUP-RAP-51/2007, promovido también por el propio instituto político, en sesión de once de julio del propio año.

En las narradas condiciones, lo que procede es revocar la resolución impugnada, para el efecto de que el Consejo General del Instituto Federal Electoral, por conducto de la Junta General Ejecutiva, continúe con la sustanciación del procedimiento administrativo, y dentro de un plazo de treinta días, contados a partir del día siguiente al de la notificación del fallo, investigue de manera oportuna, eficaz, expedita y exhaustiva los hechos denunciados puestos a su conocimiento, determine si se actualizan o no las infracciones al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y, en su caso, imponga la sanción que en la esfera de su competencia en derecho proceda, debiendo informar a esta Sala Superior el cumplimiento que dé a la presente ejecutoria.

Por lo anteriormente expuesto y fundado se:

R E S U E L V E:

PRIMERO. Se revoca la resolución CG374/2007, aprobada por el Consejo General del Instituto Federal Electoral, en sesión ordinaria de veintiocho de noviembre del dos mil siete.

SEGUNDO. Se ordena devolver el expediente al Consejo General del Instituto Federal Electoral, a efecto de que en uso de sus atribuciones continúe con las investigaciones conducentes, determine si se actualizan o no las faltas denunciadas en perjuicio de la normatividad electoral, quién o quiénes son los infractores y, en su caso, imponga la sanción que en derecho proceda.

TERCERO. La responsable deberá informar a esta Sala Superior el cumplimiento que dé a la presente ejecutoria, en un plazo de treinta días, computados a partir del día siguiente al de la notificación del fallo.

NOTIFÍQUESE, personalmente al Partido de la Revolución Democrática y al Partido Acción Nacional, en los domicilios que señalaron para tal efecto; por oficio a la autoridad responsable, acompañándole copia de la presente ejecutoria, y por estrados a los demás interesados.

Devuélvanse las constancias respectivas a la autoridad responsable y archívese este expediente como asunto concluido.

Así lo acordaron, por unanimidad de votos los Magistrados que integran la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en ausencia de los Magistrados Salvador Olimpo Nava Gomar y Pedro Esteban Penagos López, ante el Secretario General de Acuerdos, que autoriza y da fe. Rúbricas.