JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDIENTE: SUP-JDC-377/2008.

ACTORES: RODOLFO VITELA MELGAR Y OTROS.

RESPONSABLE: TRIBUNAL ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL.

MAGISTRADO PONENTE: PEDRO ESTEBAN PENAGOS LÓPEZ.

SECRETARIO: SERGIO ARTURO GUERRERO OLVERA Y ANDRÉS CARLOS VÁZQUEZ MURILLO.

México, Distrito Federal, a once de junio de dos mil ocho.

VISTOS, para resolver los autos del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano SUP-JDC-377/2008, promovido por Rodolfo Vitela Melgar, María Elena Canedo Soria y Nancy Mejía Herrera, en contra de la sentencia de treinta de abril, dictada por el Pleno del Tribunal Electoral del Distrito Federal, en el expediente TEDF-JLDC-006/2008, y,

R E S U L T A N D O:

PRIMERO. Antecedentes. De las constancias de autos y de lo narrado en la demanda por los actores, se advierte lo siguiente:

1. El doce y trece de mayo de dos mil siete, la Asamblea Federada de Alternativa Socialdemócrata, Partido Político Nacional, aprobó múltiples modificaciones a los Estatutos del propio Partido.

2. La Mesa directiva del Consejo Político Federado del dicho partido, publicó la convocatoria a la Asamblea Nacional, que tendría verificativo el treinta de marzo de dos mil ocho.

3. El dieciséis de marzo del presente año, se celebró la Primera Asamblea Ordinaria en el Distrito Federal de Alternativa Socialdemócrata, Partido Político Nacional, para elegir a los representantes a la Asamblea Nacional y a los integrantes del Consejo Político local.

4. El dieciocho de marzo, los actores interpusieron recurso de revisión ante la Comisión Nacional Autónoma para la Elección de Órganos de Dirección de Alternativa Socialdemócrata, Partido Político Nacional, en contra de la instalación y desarrollo de la citada Asamblea Estatal, pretendiendo su invalidación.

5. El veinticinco de marzo siguiente, la Comisión Nacional Autónoma para la Elección de Órganos de Dirección de Alternativa Socialdemócrata, Partido Político Nacional, dictó resolución correspondiente al recurso de revisión referido en el punto anterior, determinando que el mismo era infundado.

6. El veintiséis de marzo de dos mil ocho, la Comisión Nacional Autónoma para la Elección de Órganos de Dirección de Alternativa Socialdemócrata, Partido Político Nacional, aprobó el Acuerdo sobre el informe de las asambleas estatales celebradas en diversas entidades federativas y en el Distrito Federal.

Ese mismo día, los actores presentaron, ante la citada Comisión, demanda de juicio para la protección de los derechos político electorales del ciudadano.

7. El veintinueve de marzo, en la oficialía de partes de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, se recibió la demanda de juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano.

8. El cuatro de abril del año en curso, los actores Rodolfo Vitela Melgar y María Elena Canedo Soria, presentaron ante la autoridad jurisdiccional electoral federal, un escrito de ampliación de demanda.

9. El nueve de abril de dos mil ocho, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió que era improcedente el juicio y ordenó el reencauzamiento del juicio al Tribunal Electoral del Distrito Federal, para que, con plenitud de jurisdicción, resolviera lo procedente.

10. El treinta de abril de dos mil ocho el Tribunal Electoral del Distrito Federal confirmó la resolución de veinticinco de marzo de dos mil ocho, emitida por la Comisión Nacional Autónoma para la Elección de Órganos de Dirección de Alternativa Socialdemócrata.

SEGUNDO. Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. El ocho de mayo de dos mil ocho, los actores presentaron la demanda ante la Oficialía de Partes del Tribunal Electoral del Distrito Federal, en contra de su sentencia de treinta de abril de dos mil ocho.

El catorce de mayo de dos mil ocho, se recibió en la Oficialía de Partes de esta Sala Superior, el oficio TEDF-SG-OP-162/2008, remitido por el Secretario General del tribunal responsable, por el cual remitió la demanda y sus anexos, a fin de que se tramitara el juicio correspondiente.

El mismo día, la Magistrada Presidenta de esta Sala Superior tuvo por recibida la demanda y sus anexos, ordenó integrar el expediente SUP-JDC-377/2008 y turnó la demanda y el expediente al Magistrado Pedro Esteban Penagos López, para los efectos del artículo 19 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

Previa tramitación de la petición de impedimento promovido por los actores, por resolución de once de junio del dos mil ocho, la cual se agregó al expediente, se declararon infundadas las causas de impedimento, expuestas por los actores, para que la Magistrada María del Carmen Alanís Figueroa se abstuviera de conocer del presente asunto.

En la misma fecha, el magistrado instructor admitió la demanda y cerró la instrucción, con lo cual los autos quedaron en estado de resolución.

C O N S I D E R A N D O:

PRIMERO. Jurisdicción y competencia. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ejerce jurisdicción, y la Sala Superior es competente para conocer y resolver el presente asunto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 99, párrafo cuarto, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 186, fracción III, inciso c), y 189, fracción I, inciso f), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y 83, apartado 1, inciso b), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, por tratarse de un juicio para la protección de los derechos político-electorales de los ciudadanos, tendiente a controvertir actos del Tribunal Electoral del Distrito Federal, que dicen violatorio de sus derechos político electorales en la vertiente del derecho de afiliación.

SEGUNDO. La resolución impugnada es del tenor siguiente:

"SEGUNDO. Previo al estudio de fondo del presente asunto, procede analizar las causales de improcedencia que pudieran actualizarse, ya sea que las hagan valer las partes o que operen de oficio, por tratarse de una cuestión de orden público y de estudio preferente como lo establecen los artículos 23 y 54, fracción V, de la Ley Procesal Electoral para el Distrito Federal, además, por ser principio general del derecho que en la resolución de los asuntos deben examinarse tales causales, pues de no ser así, existiría impedimento para la válida constitución del proceso, la sustanciacion del juicio y, en su caso, para dictar sentencia.

Lo anterior, se ha sostenido en la jurisprudencia emitida por este órgano jurisdiccional, identificada con la clave (TEDF001.1EL3/99) J.01/99, y con la clave de publicación TEDF1ELJ 01/99, visible en la compilación oficial de jurisprudencia y tesis relevantes 1999-2006 del Tribunal Electoral del Distrito Federal, que establece:

"IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. SU ESTUDIO ES PREFERENTE Y DE OFICIO EN LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN PREVISTOS POR EL CÓDIGO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL" (Se transcribe).

En dicha lógica y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 54, fracción V, de la Ley Procesal Electoral para el Distrito Federal, el Magistrado instructor realizó un análisis del medio de impugnación sometido a su conocimiento; para determinar si cumplía con los requisitos que la ley de la materia exige para su presentación y procedencia ante este Tribunal Electoral local, pues como es de explorado derecho, una de las obligaciones que tiene este órgano jurisdiccional al conocer de cualquier medio de impugnación, estriba precisamente en que, previo al análisis de las pretensiones del justiciable, debe examinarse que éste haya dado cumplimiento a los requisitos que la ley procesal prevé para la procedencia del juicio.

Por lo tanto, las causales de improcedencia y sobreseimiento deberán ser manifiestas e indubitables, es decir, deben advertirse de forma clara, ya sea del escrito de demanda, de los documentos que a la misma se adjunten, o de las demás constancias que obren en autos, de tal forma que sin entrar al examen de los agravios expresados por la parte actora y las demás pretensiones de las partes, no haya duda en cuanto a su existencia. Ello en virtud de que al acreditarse alguna causal, daría lugar al desechamiento de plano del juicio de que se trate, impidiendo resolver la litis planteada.

Al respecto, los terceros interesados, ciudadanos Enrique Pérez Correa y Teresa del Carmen Parra y Toledo, en su carácter de Presidente y Vicepresidenta del Comité Ejecutivo Estatal del Distrito Federal, así como diversos representantes a la Asamblea Nacional por el Distrito Federal, aducen que debe desecharse o sobreseerse el presente medio de impugnación, toda vez que se actualizan diversas causales de improcedencia, que hacen consistir en:

A. Que los enjuiciantes no agotaron el principio de definitividad, al no haber promovido previo al presente juicio, el recurso de revisión que prevé el artículo 42 del Reglamento de la Comisión Nacional Autónoma para la Elección de Órganos de Dirección.

B. Que los actores, en lugar de acudir al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, debieron hacer valer sus derechos previamente ante el Tribunal Electoral del Distrito Federal.

C. Que se actualiza la causal prevista en el artículo 10.1 inciso b), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, habida cuenta que los actores no impugnaron los actos de forma directa ante la Asamblea Estatal del Distrito Federal, por conducto de su representación legal al haberse aprobado su mesa directiva.

D. Que la demanda es improcedente, toda vez que los actores invocan la nulidad de la asamblea, cuando fueron ellos mismos quienes la provocaron y fueron partícipes de las causas de nulidad.

Sentado lo anterior, se procede a analizar cada una de las causales de improcedencia invocadas por los Terceros Interesados, habida cuenta que de actualizarse alguna de ellas daría lugar al desechamiento de plano del presente juicio.

En relación con la causal de improcedencia que se hace consistir en que los enjuiciantes no agotaron el principio de definitividad, al no haber promovido previo al juicio, el recurso de revisión que prevé el artículo 42 del Reglamento de la Comisión Nacional Autónoma para la Elección de Órganos de Dirección, dicha aseveración deviene inatendible, en razón de lo siguiente.

En efecto, el numeral 97 de la Ley Procesal Electoral para el Distrito Federal, textualmente señala:

"Artículo 97" (Se transcribe).

Como se advierte claramente del precepto legal invocado, el requisito en comento se erige en una carga procesal y un requisito de procedibilidad indispensable para ocurrir a la jurisdicción del Estado en defensa de los derechos político-electorales de los ciudadanos, en concordancia con la obligación impuesta a los partidos políticos para instrumentar, a nivel estatutario y de su reglamentación interna, medios de defensa que garanticen su capacidad auto-organizativa y, al mismo tiempo, aseguren el respeto irrestricto a los derechos individuales de sus miembros.

Lógicamente, este requisito será exigible sólo si las instancias partidistas reúnen los requisitos siguientes:

1. Que los órganos encargados de su conocimiento y resolución deben estar establecidos, integrados e instalados con anterioridad a los hechos litigiosos;

2. Que se respeten las formalidades esenciales del debido proceso legal, exigidas constitucionalmente;

3. Que resulten formal y materialmente eficaces para restituir a los promoventes en el goce de sus derechos políticos transgredidos, de manera adecuada y oportuna, y

4. El tiempo y el procedimiento necesarios para su y tramitación y resolución, no deben producir la consumación irreparable de las infracciones, haciendo nugatorios o mermando considerablemente tales derechos.

Así, cuando falte algún requisito de los señalados, acudir a las instancias internas será optativo para el afectado, pudiendo acudir directamente a la autoridad jurisdiccional, siempre y cuando exista el riesgo de que la violación alegada se torne irreparable, y en su caso, acredite haberse desistido previamente de las instancias internas que hubiere iniciado, y que aún no se hubieran resuelto.

En la especie, se tiene por satisfecho este requisito de procedibilidad, habida cuenta que se desprende del escrito de demanda, que los ciudadanos Rodolfo Vitela Melgar, María Elena Cañedo Soria y Nancy Mejía Herrera, por su propio derecho, en forma individual y en su carácter de afiliados al Partido Alternativa Socialdemócrata, al considerar que durante el desarrollo de la Asamblea Ordinaria del Distrito Federal en la que se designaron representantes a la Asamblea Nacional y se eligieron también integrantes del Consejo Político Estatal, se suscitaron hechos de violencia, el dieciocho de marzo del año en curso interpusieron recurso de revisión ante la Comisión Nacional Autónoma para la Elección de Órganos de Dirección, recurso que quedó identificado con el número de expediente RR/CNAEOD/ST/0537/08, mismo que fue resuelto el veinticinco de marzo de dos mil ocho, declarándolo infundado.

Inconformes con dicha resolución, los actores promovieron el Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales que nos ocupa.

En ese sentido, resulta inconcuso que antes de acudir a la jurisdicción del Estado, los actores sí agotaron la instancia partidista prevista en el artículo 42 del Reglamento de la Comisión Nacional Autónoma para la Elección de Órganos de Dirección, que textualmente señala:

"Artículo 42" (Se transcribe).

Luego, habiéndose dictado resolución respecto de la impugnación partidaria a que se refiere la citada norma reglamentaria, y no estando previsto en las disposiciones que rigen la vida interna del Partido Alternativa Socialdemócrata, otro medio de defensa susceptible de modificar o anular la resolución controvertida, es inconcuso que resulta procedente la instancia ante este Tribunal, vía juicio para la protección de los derechos político-electorales de los ciudadanos, habida cuenta que los enjuiciantes sí agotaron la instancia partidista correspondiente.

Sirve de sustento el criterio que la Sala Superior ha emitido en la tesis de jurisprudencia publicada en las páginas 178 y 179 de la Compilación Oficial "Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005", tomo Tesis de Jurisprudencia, cuyo rubro y texto, son los siguientes:

"MEDIOS DE DEFENSA INTERNOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS. SE DEBEN AGOTAR PARA CUMPLIR EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD" (Se transcribe).

Por lo anterior, se concluye que no se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 23, fracción V, de la Ley Procesal Electoral para el Distrito Federal.

Por lo que hace a la causal de improcedencia consistente en que los actores primero debieron acudir al Tribunal Electoral del Distrito Federal para hacer valer presuntas violaciones de derechos políticos, lo anterior, en razón de que, la Asamblea Estatal del Distrito Federal, al ser de naturaleza local, resulta procedente el juicio para la protección de los derechos político-electorales de los ciudadanos, previsto en el artículo 95, inciso a), de la Ley Procesal Electoral para el Distrito Federal.

Al respecto, se estima que la causal de improcedencia invocada también resulta inatendible en razón de lo siguiente.

En efecto, el veintiséis de marzo del año en curso, los hoy actores promovieron Juicio Para la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano, ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, por conducto del órgano responsable; sin embargo, el nueve de abril de dos mil ocho, la autoridad federal mencionada ordenó el reencauzamiento del juicio a este órgano jurisdiccional, para que en plenitud de jurisdicción resolviera lo procedente respecto de los actos reclamados.

Para arribar a lo anterior, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, consideró que de conformidad con lo previsto en la legislación electoral del Distrito Federal, contra los actos impugnados procede el juicio para la protección de los derechos político-electorales de los ciudadanos previsto en la legislación local, que está contemplado para proteger derechos de esta naturaleza, aún cuando se trate de un partido político nacional, en virtud de que la materia de la controversia está vinculada con órganos del partido en el ámbito territorial de la entidad de que se trata, motivo por el cual los actores, antes de acudir a esa instancia jurisdiccional federal, debieron agotar el medio de impugnación de referencia.

Luego, si bien es cierto que los actores promovieron su medio de impugnación directamente ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, lo es, que dicho órgano jurisdiccional federal, ordenó el reencauzamiento del juicio en cuestión a este Tribunal, por lo que tampoco se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 23, fracción V, de la Ley Procesal Electoral para el Distrito Federal.

Que se actualiza la causal prevista en el artículo 10.1, inciso b), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, habida cuenta que los actores no impugnaron los actos de forma directa ante la Asamblea Estatal del Distrito Federal, por conducto de su representación legal al haberse aprobado su mesa directiva, luego, si no hay impugnación en contra de los actos de la Asamblea y por conducto de ésta, los mismos quedan firmes en todos sus términos, al no haberse presentado el medio de impugnación ante la autoridad competente.

Al respecto, se estima oportuno precisar el contenido del artículo 10.1, inciso b), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral que establece:

"ARTÍCULO 10" (Se transcribe).

De lo anterior se desprende que la causal de improcedencia que pretenden hacer valer los terceros interesados, es la consistente en que los actos fueron consentidos por los hoy actores, al no haber impugnado directamente ante la Asamblea Estatal del Distrito Federal.

Cabe mencionar, que la referida causal de improcedencia invocada por los terceros interesados, también se encuentra prevista en el artículo 23, fracción IV, de la Ley Procesal Electoral para el Distrito Federal, que establece:

"Artículo 23" (Se transcribe).

Del contenido del artículo transcrito, se desprende que procederá el desechamiento cuando el acto o resolución impugnado se hubiese consumado de un modo irreparable o existan manifestaciones que entrañen un consentimiento expreso.

Al respecto, este órgano jurisdiccional considera que tampoco se actualiza la causal de improcedencia citada, toda vez que en el Reglamento de Asambleas de Alternativa Socialdemócrata, Partido Político Nacional, no se encuentra previsto algún medio de impugnación que tenga que interponerse directamente ante la Asamblea Estatal correspondiente.

Ahora bien, el artículo SEGUNDO transitorio del citado Reglamento de Asambleas, establece:

(Se transcribe).

En esta tesitura, el artículo 42 del Reglamento de la Comisión Nacional Autónoma para la Elección de Órganos de Dirección de Alternativa Socialdemócrata Partido Político Nacional, prevé:

"Artículo 42" (Se transcribe).

De lo anterior, se advierte que la instalación de las primeras asambleas estarán a cargo de la Comisión Nacional Autónoma para la Elección de Órganos de Dirección, y las resoluciones de esta Comisión con las que no se esté conforme, podrán impugnarse a través del recurso de revisión, tal como aconteció en la especie.

Esto es, los hoy actores, de conformidad con lo establecido promovieron oportunamente el recurso de revisión de mérito, por lo que al promoverse el medio de impugnación atinente, resulta inconcuso que no han consentido el acto que por esta vía se reclama, por todo lo anterior, la causal en estudio no se actualiza.

Por lo que hace a la causal de improcedencia consistente en que los actores no pueden invocar la nulidad de los actos cuando éstos mismos lo provocaron y fueron partícipes de ello, es de precisarse lo siguiente:

Al respecto, dicha afirmación debe desestimarse por el momento, toda vez que, la nulidad de los actos que se solicitan por las circunstancias o razones expresadas por los actores deben ser motivo del estudio en el apartado de fondo, ello a efecto de no incurrir en una petición de principio, pues no debe perderse de vista la trascendencia que tendría un proveído que ordenara el desechamiento de una demanda, en la que se hacen indispensables que las causas o motivos de improcedencia se encuentren plenamente acreditados, además de ser manifiestos, patentes, claros, inobjetables y evidentes, al grado de que exista certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate sea operante, razón por la cual, de haber alguna duda sobre la existencia y aplicación de las mismas, no es dable a partir de ellas desechar el escrito de demanda de mérito.

Por otra parte, de la lectura del escrito inicial de demanda, se observa que se encuentran satisfechos los requisitos previstos en el numeral 21 de la ley de la materia, habida cuenta que la demanda consta por escrito; fue presentada ante el órgano partidista señalado como responsable; se indica el nombre de los actores y domicilio en esta entidad para recibir notificaciones y toda clase de documentos; se acompaña de los documentos con los que se pretende acreditar la legitimación del accionante; menciona en forma expresa la resolución impugnada y el órgano al que se atribuye su emisión; asimismo menciona de manera expresa y clara los preceptos presuntamente violados y los hechos en que se basa la impugnación; se presenta junto con las pruebas que se estiman pertinentes y hacen constar los nombres y firmas autógrafas de los promoventes.

Asimismo, se encuentra colmado el requisito derivado de los numerales 11, fracción II; 95, párrafo segundo, inciso a) y 96, fracción IV, de la Ley Procesal Electoral para el Distrito Federal, ya que los accionantes son ciudadanos de esta entidad federativa que estiman que con la emisión de los actos impugnados, la instancia partidista responsable transgrede sus derechos político-electorales.

Los artículos 95 a 98 del ordenamiento legal referido, establecen las hipótesis de procedencia del aludido medio impugnativo. Así, el numeral 95, segundo párrafo, inciso a) y dispone expresamente que el juicio que nos ocupa procede en los casos en que el ciudadano, por sí mismo y en forma individual, impugne actos o resoluciones de las autoridades partidistas durante los procesos internos de elección de dirigentes, existiendo incluso la posibilidad de decretarse la nulidad de los procesos internos correspondientes, en los casos en que la violación alegada se acredite fehacientemente, según se desprende de lo dispuesto en el último párrafo del precepto legal invocado.

Ahora bien, una recta interpretación de los artículos 129, fracción II, del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, así como 11, fracción II, 95 y 96 de la Ley Procesal Electoral local, permite concluir que la exigencia relativa a hacer valer una presunta violación a alguno de los derechos político-electorales de los ciudadanos, debe estimarse satisfecha cuando en la demanda se aduzca que con el acto o resolución combatida se vulneran en perjuicio del promovente, alguno o varios de los derechos político-electorales de votar, ser votado, asociación o afiliación, independientemente de que en el fallo que se llegue a emitir se puedan estimar fundadas o infundadas tales alegaciones, esto en razón de que el requisito en comento es de carácter formal, y tiene exclusivamente por objeto determinar la procedencia procesal del juicio, en atención a que la única materia de que se puede ocupar el juzgador consiste en dilucidar si los actos combatidos conculcan o no los derechos políticos mencionados, y si el promovente no alegara que se infringen ese tipo de prerrogativas, la demanda carecería de objeto.

Al respecto, sirve de apoyo el contenido de la tesis de jurisprudencia emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que enseguida se reproduce y que es de observancia obligatoria para este Tribunal, en términos de lo previsto en el artículo 233 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

"JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES DEL CIUDADANO. REQUISITOS PARA SU PROCEDENCIA" (Se transcribe).

Por cuanto hace a la satisfacción del requisito de procedencia del juicio para la protección de los derechos político-electorales de los ciudadanos, consistente en el agotamiento de las instancias internas, como quedó precisado éste se cumplió a cabalidad, habida cuenta que se desprende del escrito de demanda, los ciudadanos Rodolfo Vitela Melgar, María Elena Cañedo Soria y Nancy. Mejía Herrera, por su propio derecho, en forma individual y en su carácter de afiliados al Partido Alternativa Socialdemócrata, impugnan la resolución de la Comisión Nacional Autónoma para la Elección de Órganos de Dirección, recaída al recurso de revisión identificado con el número de expediente RR/CNAEOD/ST/0537/08, de veinticinco de marzo de dos mil ocho.

En ese sentido, resulta inconcuso que antes de acudir a la jurisdicción del Estado, los actores sí agotaron la instancia partidista prevista en el artículo 42 del Reglamento de la Comisión Nacional Autónoma para la Elección de Órganos de Dirección, que textualmente señala:

"Artículo 42" (Se transcribe).

Luego, habiéndose dictado resolución respecto de la impugnación partidaria a que se refiere la citada norma reglamentaria, y no estando previsto en las disposiciones que rigen la vida interna del Partido Alternativa Socialdemócrata, otro medio de defensa susceptible de modificar o anular la resolución controvertida, es inconcuso que resulta procedente la instancia ante este Tribunal, juicio para la protección de los derechos político-electorales de los ciudadanos.

Sentado lo anterior, procede el examen de la legitimación de los accionantes, como cuestión previa al estudio de fondo de la controversia planteada.

TERCERO. En términos de lo dispuesto en los artículos 11, fracción II; 17, fracción I; 95, párrafo segundo, inciso a) y 96, fracción IV de la Ley Procesal Electoral para el Distrito Federal, es de reconocerse la legitimación de los incoantes Rodolfo Vitela Melgar, María Elena Canedo Soria y Nancy Mejía Herrera, habida cuenta que conforme a los numerales invocados, los ciudadanos por sí mismos y en forma individual, están en aptitud de interponer el juicio para la protección de los derechos político-electorales de los ciudadanos, cuando estimen que se han vulnerado alguno de sus derechos de votar, ser votado, asociación y afiliación, y en la especie, los inconformes aducen en su demanda que con la resolución RR/CNAEOD/ST/0537/08, se transgreden sus derechos político electorales, al impedirles ejercer libremente su derecho al voto activo durante la Primera Asamblea Ordinaria, que se llevó a cabo el dieciséis de marzo del año en curso, en el Distrito Federal.

Asimismo, es de reconocerse a los actores la calidad de militantes del Partido Alternativa Socialdemócrata, circunstancia no fue controvertida por ninguna de las partes en el presente juicio y, por el contrario, fue reconocida por la instancia partidista responsable al momento de rendir su informe circunstanciado.

Por otra parte, también es de reconocerse a los ciudadanos Enrique Pérez Correa y Teresa del Carmen Parra y Toledo, como terceros interesados en el juicio en que se actúa, de conformidad con lo que establece el artículo 17, fracción III y 18, de la Ley Procesal Electoral para el Distrito Federal, cuya personería se acredita con la copia certificada que obra en autos, del Acta de Certificación, de Integración e Instalación de la Asamblea Estatal del Distrito Federal, de la cual se desprende que los comparecientes forman parte de los Órganos de Dirección del Consejo Político Estatal del Distrito Federal, de Alternativa Socialdemócrata Partido Político Nacional.

Por lo que hace a los diversos escritos de varios ciudadanos que se ostentan como Presidentes y Vicepresidentes de los Comités Ejecutivos Estatales, así como los Representantes a la Asamblea Nacional electos en los Estados de Veracruz, México, Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala y San Luis Potosí, que comparecen como terceros interesados del juicio en que se actúa, este órgano jurisdiccional no les reconoce personería alguna, en razón de lo siguiente:

Las personas, tienen derecho a defender los beneficios que les reporten los actos o resoluciones electorales, cuando éstos se ven en riesgo de resultar afectados con motivo de la interposición de algún medio de impugnación hecho valer por otros sujetos, surgiendo la figura procesal del tercero interesado, el cual tiene en realidad la calidad de coadyuvante de la autoridad responsable, porque su interés lógico radica en que subsista el acto o resolución controvertidos, y se encuentra en oposición, total o parcial, con las pretensiones del actor en el medio de impugnación que éste hizo valer.

Esta situación está prevista en el referido artículo 17, fracción III, de la Ley Procesal Electoral para el Distrito Federal, al establecer que el tercero interesado, que es el partido político, la coalición, el candidato, la agrupación política o de ciudadanos, según corresponda, con un interés en la causa derivado de un derecho incompatible con el que pretende el actor, y de aquí se deduce que su interés radica en la subsistencia del acto impugnado, lo cual lo convierte en coadyuvante de la autoridad.

Así las cosas, el interés del tercero interesado subiste y justifica su intervención, en la medida en que los intereses o beneficios obtenidos con el acto electoral impugnado, se pueden ver disminuidos o afectados, en cualquier grado o proporción, con la resolución que recaiga a la impugnación hecha por un ciudadano o partido político distinto; pero carece de interés jurídico para comparecer como tercero interesado cuando el acto electoral reclamado no le cause ningún perjuicio o beneficio en su esfera jurídica.

En el caso concreto, de las constancias que obran en autos no se advierte que el acto impugnado les cause o les pueda causar algún perjuicio a los ciudadanos que comparecen como delegados de distintos Estados de la República, por tanto no se les reconoce la calidad de terceros interesados.

Sentado lo anterior, procede el examen de fondo del presente asunto.

CUARTO. En ejercicio de las facultades previstas en los artículos 63 y 64 de la Ley Procesal Electoral para el Distrito Federal, este Tribunal procede a identificar los agravios que hacen valer los ciudadanos impetrantes, supliendo en su caso la deficiencia en la argumentación de éstos, así como en la expresión de los preceptos legales supuestamente violados, para lo cual se analiza integralmente el escrito de demanda, a fin de desprender el perjuicio que en su concepto les ocasiona el acto reclamado, con independencia de que los motivos de inconformidad puedan encontrarse en un apartado o capítulo distinto de aquél que dispusieron para tales efectos los interesados.

Lo anterior encuentra sustento en las tesis de jurisprudencia aprobadas por el Pleno de este órgano jurisdiccional y por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que a continuación se exponen:

"SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA EN LA ARGUMENTACIÓN DE LOS AGRAVIOS. PROCEDE EN LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN CUYA RESOLUCIÓN CORRESPONDA AL TRIBUNAL ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL" (Se transcribe).

"AGRAVIOS. PUEDEN ENCONTRARSE EN CUALQUIER PARTE DEL ESCRITO INICIAL" (Se transcribe).

No se soslaya mencionar, que es criterio reiterado en la materia, que los escritos impugnativos deben ser analizados integral y exhaustivamente por el órgano que tiene a su cargo su conocimiento y resolución, a efecto de que se atienda preferentemente a lo que el impetrante quiso decir y no a lo que aparentemente dijo, ya que sólo de esta forma se puede lograr una adecuada y completa impartición de justicia, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Sirve de apoyo a lo anterior, el contenido de la tesis que a continuación se reproduce:

"MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL. EL RESOLUTOR DEBE INTERPRETAR EL OCURSO QUE LOS CONTENGA PARA DETERMINAR LA VERDADERA INTENCIÓN DEL ACTOR" (Se transcribe).

Sentado lo anterior, se advierte que los enjuiciantes hacen valer medularmente, los siguientes motivos de inconformidad:

A. Expresan que la resolución de veinticinco de marzo del año que transcurre, recaída al recurso de revisión RR/CNAEOD/ST/0537/08, emitida por la Comisión Nacional Autónoma para la Elección de Órganos de Dirección del partido político Alternativa Socialdemócrata es ilegal, pues en ella se desestiman los hechos alegados por los hoy actores y es omisa en el análisis y valoración de las pruebas que ofrecieron, en especial, la consistente en el testimonio del licenciado Luís Eduardo Zuno Chavira, Notario Público número 188 del Distrito Federal, que fue levantada durante el desarrollo de la asamblea del Distrito Federal de dieciséis de marzo pasado y hace prueba plena de lo acontecido en la misma, pues es exhaustiva respecto del desarrollo de dicha reunión y da cuenta de todas las irregularidades y de los hechos de violencia ocurridos.

Agregan los impetrantes que en el fallo combatido se menciona que el presidente de la mesa directiva decretó el "receso" de la asamblea, lo cual es falso ya que en el acta notarial mencionada consta que el representante de la Comisión responsable y presidente de la mesa le manifestó al notario textualmente que: "se suspende la asamblea por no haber condiciones de seguridad".

En ese entendido, afirman que la asamblea fue suspendida ante los hechos de violencia y por no haber condiciones de seguridad, como el mismo presidente de la mesa lo manifestó, por lo que no se podría explicar que la mayoría de los delegados se quedaran esperando que se reanudara, en virtud de que estaba en riesgo su integridad física.

Además, afirman que está reconocido por todos los involucrados en la asamblea que se presentaron hechos de violencia, con lo que se actualiza la causal de nulidad prevista en el numeral VIGÉSIMO SÉPTIMO TRANSITORIO fracción IV, del Reglamento de la Comisión señalada como responsable, en el sentido de que la instalación e integración de una asamblea estatal o del Distrito Federal será nula, cuando se acredite que los miembros de la misma no ejerzan su voto con libertad y haya mediado presión u hostigamiento de cualquier persona y los hechos verificados en la asamblea fueron violentos y tuvieron como fin hostigar a los asistentes, impidiendo a muchos de los representantes ejercer con libertad su derecho de voto.

Consecuentemente, solicitan los accionantes que se declare la nulidad de la primera asamblea del Distrito Federal celebrada el pasado dieciséis de marzo del año en curso.

B. Manifiestan los inconformes, que el ciudadano Octavio Nava Manrique, Comisionado integrante de la Comisión Nacional Autónoma para la Elección de Órganos de Dirección, es hermano de Francisco Nava Manrique, quién fue electo Consejero Político del Distrito Federal, por lo que en su concepto el Comisionado mencionado intervino directa y determinantemente, con su voto a favor, en la aprobación y convalidación de la asamblea cuya legalidad ahora se cuestiona, en la que su hermano fue electo.

Establecido lo anterior, se advierte que la litis en el presente asunto se constriñe a determinar si la resolución recaída al medio de defensa intrapartidario presentado por el enjuiciante el dieciocho de marzo de dos mil ocho, fue dictada con estricto apego a las normas aplicables o no, caso en el cual, como lo solicita el actor, procedería declarar la nulidad de la Primera Asamblea Ordinaria del Distrito Federal de Alternativa Socialdemócrata, celebrada el pasado dieciséis de marzo del año en curso.

En tal virtud, el análisis de la presente controversia se realizará atendiendo al contenido del acto reclamado, a los agravios esgrimidos por los actores, a lo manifestado por el órgano partidario responsable en su informe circunstanciado, así como a los demás elementos que obran en el expediente.

QUINTO. Para sustentar sus afirmaciones, las partes ofrecieron y, en su caso, aportaron y le fueron admitidos, los siguientes medios de prueba:

Por lo que hace a los actores:

a) Reportaje publicado en el Suplemento Enfoque del Periódico Reforma, titulado "Opera 'El Nana' en asamblea" de seis de abril de dos mil ocho;

b) Copia del escrito signado por María Elena Cañedo Soria, de ocho de abril de dos mil ocho, dirigido al Agente del Ministerio Público Responsable de Turno de la Coordinación Territorial BJ-1, Unidad 1;

c) Escrito de ocho de abril de dos mil ocho, con sello original de recibido por parte de la oficialía de partes de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de las Federación, firmado por Rodolfo Vitela Melgar, María Elena Cañedo Soria y Nancy

d) Testimonio de Andrés Lajous publicado el veintitrés de marzo de dos mil ocho, en el Suplemento Enfoque del Periódico Reforma;

e) Desplegado "En riesgo el proyecto de Alternativa Socialdemócrata" de Karla Barclay, publicado en el periódico Milenio en la sección política, de veinticuatro de marzo de dos mil ocho;

f) Inserción titulada "Granados Chapa: ¿Deshonestidad o Ignorancia?" de Alberto Begné Guerra, publicada en el Periódico Reforma, el veintisiete de marzo de dos mil ocho, en la sección nacional;

g) Columna Plaza Pública titulada "Ya no hay Alternativa" de Miguel Ángel Granados Chapa, publicada en el Periódico Reforma, el primero de abril de dos mil ocho, en la sección opinión;

h) Nota titulada "Los principios y el poder" de Mauricio Merino, publicada el dos de abril de dos mil ocho, en el Periódico El Universal, en la sección Opinión;

i) Nota "Eluden culpas por 'El Nana" de Ernesto Núñez, publicada el siete de abril de dos mil ocho, en el Periódico Reforma, en la sección nacional;

j) Nota titulada exhiben agresión de 'El Nana' de Alberto Acosta y Ernesto Núñez, publicada en el Periódico Reforma, de once de abril de dos mil ocho, en la sección Nacional;

k) Escrito dirigido a María Elena Cañedo Soria, Nancy Beatriz Mejía Herrera y Rodolfo Vitela Melgar, de veinte de abril de dos mil ocho, suscrito por José Leonor López Plascencia Duarte y Gabriela Berenice Sánchez;

l) Revista República Mexicana, Año 1, No. 4 octubre 2007, número 16;

m) lnstrumental de actuaciones, y

n) Presuncional, legal y humana.

En cuanto a los ciudadanos terceros interesados, se admitieron los siguientes elementos de convicción:

1. Copia simple del Testimonio del Acta 24,938 Libro 721; año 2008, de fe de hechos que realizó el licenciado Luís Eduardo Zuno Chavira, Notario Público número 188, del Distrito Federal, a solicitud de los señores Alejandro Mújica Montoya, en su carácter de Presidente de la Mesa Directiva del Consejo Político Federado y Humberto Jesús Trujillo Martín, quien manifestó ser Coordinador General de la Comisión Nacional Autónoma para la Elección de los Órganos de Dirección de Alternativa Socialdemócrata, Partido Político Nacional, para que diera fe del desarrollo de la Primera Asamblea Estatal Ordinaria del Distrito Federal;

2. El desplegado de fecha veinticuatro de marzo del año mil ocho, publicado en el Diario de Circulación Milenio;

3. Copias simples del Acta de la Asamblea Estatal expedida por la Comisión Nacional Autónoma para la Elección de Órganos de Dirección y del Consejo Político Estatal;

4. Instrumental de actuaciones, y

5. Presuncional, legal y humana.

Por parte del órgano responsable se admitió:

a) Copia simple de la resolución de la Comisión Nacional Autónoma para la Elección de Órganos de Dirección, que le recayó al recurso de revisión identificado con la clave RR/CNAEOD/ST/537/08, de fecha veinticinco de marzo de dos mil ocho.

Por otro lado, el Magistrado instructor, con fundamento en los artículos 186, inciso c) del Código Electoral del Distrito Federal; así como 28 de la Ley Procesal Electoral para el Distrito Federal, requirió a la instancia partidista responsable diversa documentación que se encuentra agregada al expediente, siendo la siguiente:

a) Copia certificada de los Estatutos de Alternativa Socialdemócrata Partido Político Nacional, en sesenta y seis fojas;

b) Copia certificada del Reglamento de la Comisión Nacional Autónoma para la Elección de Órganos de Dirección, de veintiuno de julio de dos mil siete; en veintitrés fojas;

c) Copia Certificada del Reglamento de Asambleas de Alternativa Socialdemócrata Partido Político Nacional, en ocho fojas;

d) Copia Certificada del Acuerdo de la Comisión Nacional Autónoma para la Elección de Órganos de Dirección sobre el informe de las Asambleas Estatales de Alternativa Socialdemócrata Partido Político Nacional, celebradas en Guerrero, Jalisco, México, Morelos, Querétaro, Tamaulipas, Tlaxcala y el Distrito Federal; así como de los procesos de elección de representantes a la Asamblea Nacional que se llevaron a cabo en los Estados de Chihuahua, Quintana Roo y Tabasco;

e) Copia certificada del expediente del recurso de revisión identificado con la clave RR/CNAEOD/ST/0537/08, integrado por recurso de revisión promovido por Rodolfo Vitela Melgar, María Elena Cañedo Soria y Nancy Mejía Herrera de fecha dieciocho de marzo de dos mil ocho, en veintitrés fojas útiles; y resolución de la Comisión Nacional Autónoma para la Elección de Órganos de Dirección, de fecha veinticinco de marzo de dos mil ocho, en ocho fojas, y

f) Copia Certificada, del Acta de Certificación, Integración e Instalación de la Asamblea Estatal del Distrito Federal, en quince fojas.

Es de precisar que dada su naturaleza, las documentales referidas se valoran de conformidad con lo que establecen los artículos 29, 30 y 35 de la Ley Procesal de la materia, esto es, considerando la relación que guardan con los demás elementos que obran en el expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que guardan entre sí.

Cabe apuntar que con apoyo en los numerales 27, fracciones IV y V, y 35, párrafo tercero de la Ley Procesal Electoral para el Distrito Federal, el valor probatorio de la presuncional en su doble aspecto y de la instrumental de actuaciones, dependerá de la relación que guarden con los demás elementos que obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que guardan entre sí.

SEXTO. Sentado lo anterior, procede el estudio de los agravios que han quedado sintetizados, precisando que su estudio, ya sea en su conjunto, separándolos, en el propio orden de su exposición o en orden diverso, no causa al actor afectación jurídica alguna, porque lo importante no es la forma como se analizan, sino que los mismos sean estudiados.

Al respecto, sirve de apoyo la tesis de jurisprudencia emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, visible en la página 23 de la "Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis relevantes 1997-2005", cuyo rubro y texto son del tenor siguiente:

"AGRAVIOS, SU EXAMEN EN CONJUNTO O SEPARADO, NO CAUSA LESIÓN" (Se transcribe).

Resulta importante precisar que si bien en el escrito de demanda se señalan dos actos impugnados, a saber, la resolución de veinticinco de marzo de dos mil ocho, emitida por la Comisión Nacional Autónoma para la Elección de Órganos de Dirección del partido político Alternativa Socialdemócrata, recaída al recurso de revisión RR/CNAEOD/ST/0537/08, promovido por los actores, así como el Acuerdo de la mencionada Comisión, sobre el informe de las asambleas estatales de Alternativa Socialdemócrata, Partido Político Nacional, celebradas en diversas entidades federativas y en el Distrito Federal, los cuales en concepto de los actores se encuentran concatenados entre sí, por lo que la declaración de invalidez de uno de ellos debe traer como consecuencia la invalidación de los subsecuentes; sin embargo, lo cierto es que del análisis atinente de dicho medio impugnativo se aprecia que los argumentos formulados se encaminan básicamente a controvertir la ilegalidad de la resolución recaída al recurso de revisión RR/CNAEOD/ST/0537/08, y en tal sentido, sólo en caso de que se acojan sus alegaciones al respecto, dependerá declarar la ilegalidad del segundo acto impugnado.

Sentado lo anterior, procede el estudio de los agravios que han quedado sintetizados.

En concepto de este Tribunal, el agravio A resulta INOPERANTE, en razón de lo siguiente:

Los ciudadanos impetrantes aducen que en la resolución combatida no se valoraron ni desahogaron los elementos de convicción que aportaron, así como que dicho documento no está fundado ni motivado, dado que no se advierten los razonamientos considerados por la instancia partidista resolutora.

En la parte que interesa, el fallo de mérito es del tenor literal siguiente:

"…

En este orden de ideas y contrario a lo que manifiestan los recurrentes en su recurso de revisión, cabe señalar que durante la celebración de la Asamblea del Distrito Federal sí se garantizó que los miembros de la Asamblea ejercieran su voto con libertad. En efecto de las constancias que obran en autos con meridiana claridad se advierte que si bien es cierto que durante el desarrollo de la Asamblea en el Distrito Federal se suscitaron al comienzo de ésta hechos de violencia no menos cierto lo es que la Presidencia de la misma en cumplimiento a las facultades que estatutaria y reglamentariamente tiene decreto un receso en la Asamblea hasta en tanto no se garantizaran las condiciones mínimas para que se continuara con el desarrollo de ésta. Así, siendo las diecisiete horas con cincuenta minutos del domingo dieciséis de marzo de dos mil ocho se reanudó la Asamblea con la presencia y certificación de ciento cuarenta representantes. Acto seguido se procedió a elegir a los integrantes de la mesa directiva a través del procedimiento de votación abierta, se llevó a cabo la elección de representantes a la Asamblea Nacional, para lo cual se utilizó el procedimiento por planilla; se llevó a cabo la elección de los integrantes del Consejo Político del Distrito Federal, para lo cual se utilizó el método de grupo de electores.

En este contexto, cabe señalar que de las constancias que obran en el sumario límpidamente se advierte que, en todo momento, durante el desarrollo de la Asamblea en el Distrito Federal, los asambleístas votaron tanto los métodos para integrar la mesa directiva y para la elección de representantes a la Asamblea Nacional y para la elección al Consejo Político del Distrito Federal, así como para la elección de éstos.

No es óbice a lo anterior, el hecho de que los recurrentes en su recurso de revisión manifiesten que los hechos violentos que se suscitaron durante el desarrollo de la Asamblea en el Distrito Federal tuvieron como fin y como efecto hostigar a los representantes que integraron las (sic) Asamblea y, de ese modo, impedir que se ejerciera su voto con libertad.

Al respecto, cabe señalar que los ciudadanos recurrentes no señalan de qué forma o de qué manera se sintieron acosados, acorralados o asediados para ejercer su voto con libertad. Ello es así pues aún y cuando los recurrentes manifiestan en su recurso de revisión que fueron expulsados a golpes del salón y perseguidos por unas personas por los pasillos del hotel no aportan algún medio de convicción idóneo para sostener su dicho. De ahí que las manifestaciones vertidas en este sentido por los recurrentes sean inatendibles."

Tal como se advierte de la simple lectura de la anterior transcripción, en el fallo que se combate no se observan los preceptos estatutarios o reglamentarios que resultaron aplicables, ni se advierte apartado alguno en que se hayan valorado las probanzas aportadas por los ciudadanos inconformes, por lo que este Tribunal estima que la instancia partidista responsable actúo indebidamente al no fundar y motivar su actuación.

Si bien ello en principio conduciría a estimar fundado el agravio que nos ocupa, ponderando los elementos de convicción aportados en el medio de defensa interno, el agravio en estudio deviene inoperante, dado que del análisis de dichos elementos probatorios se desprende que los mismos resultan insuficientes para acreditar los extremos pretendidos por los enjuiciantes, como se analizará más adelante.

Cabe mencionar, que la existencia de actos violentos durante el desarrollo de la primera asamblea ordinaria del Distrito Federal de Alternativa Socialdemócrata, de dieciséis de marzo de dos mil ocho, es un hecho incontrovertido, pues así lo reconocen las partes en el presente asunto en sus respectivos escritos, siendo coincidentes incluso en las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que dichos actos se presentaron, por lo que tal circunstancia no es objeto de prueba en términos de lo preceptuado en el numeral 26 de la Ley Procesal Electoral para el Distrito Federal, con independencia de que existen en autos elementos suficientes que así lo demuestran.

En efecto, cobra importancia el contenido de las documentales que obran en el expediente, consistentes en copia certificada del Acta de Certificación, de Integración e Instalación de la Asamblea Estatal del Distrito Federal; así como simple del Testimonio del Acta 24,938 Libro 721 año 2008, de fe de hechos que realizó el licenciado Luís Eduardo Zuno Chavira, Notario Público número 188 del Distrito Federal, a solicitud de los señores Alejandro Mújica Montoya, en su carácter de Presidente de la Mesa Directiva del Consejo Político Federado y del señor Humberto Jesús Trujillo Martín, quien manifestó ser Coordinador General de la Comisión Nacional Autónoma para la Elección de los órganos de Dirección de "Alternativa Socialdemócrata, Partido Político Nacional, para que diera fe del desarrollo de la Primera Asamblea Estatal Ordinaria del Distrito Federal, documentos que obran a fojas sesenta y tres a ciento cuarenta y cuatro y cuatrocientos noventa y uno a quinientos cinco del expediente, respectivamente.

Además de los documentos privados referidos, cuyo contenido no fue puesto en duda por las partes, por lo que este órgano jurisdiccional les concede pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto en el artículo 35, párrafo tercero, de la Ley Procesal Electoral para el Distrito Federal, debe destacarse que tanto la instancia partidista responsable, como los ciudadanos terceros interesados, reconocen la verificación de los multicitados hechos violentos.

No se soslaya señalar, que si bien los elementos de convicción aludidos fueron ofrecidos por los ciudadanos actores con la finalidad de acreditar sus asertos, resulta evidente que el análisis de los mismos pueden generarle perjuicio, pues en materia electoral opera la figura de la adquisición procesal, cuando las pruebas de una de las partes resulten benéficas a los intereses de la contraria del oferente, lo que hace que las autoridades estén obligadas a examinar y valorar las pruebas que obren en autos, a fin de obtener con el resultado de esos medios de convicción, la verdad histórica. La anterior afirmación encuentra sustento en el contenido de la tesis relevante emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que a continuación se expone:

"ADQUISICIÓN PROCESAL. OPERA EN MATERIA ELECTORAL" (Se transcribe).

Así las cosas, del contenido de las documentales referidas, como de lo expresado por las partes, este Tribunal arriba a la convicción de que los hechos violentos acaecidos durante el desarrollo de la primera Asamblea Estatal Ordinaria del Distrito Federal de Alternativa Socialdemócrata, Partido Político Nacional, efectivamente tuvieron lugar.

En lo que interesa, los documentos aludidos refieren textualmente lo siguiente:

"MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, a dieciséis de marzo de dos mil ocho. LUÍS EDUARDO ZUNO CHAVIRA, Titular de la Notaría Número Ciento Ochenta y Ocho del Distrito Federal y del Patrimonio Inmobiliario Federal, hago constar: LA FE DE HECHOS que realizó a solicitud de los señores Alejandro Mújica Montoya, a quien conozco personalmente, en su carácter de Presidente de la Mesa Directiva del Consejo Político Federado y Humberto Jesús Trujillo Martín, quien se identificó ante mí con credencial para votar con número de folio cero cuatro millones cuatrocientos once mil once, expedida por el Instituto Federal Electoral, año de registro mil novecientos noventa y dos y quien me manifestó ser Coordinador General de la Comisión Nacional Autónoma Para la Elección de los Órganos de Dirección de "ALTERNATIVA SOCIALDEMÓCRATA", PARTIDO POLÍTICO NACIONAL y quienes requirieron mis servicios para que diera fe del registro y desarrollo de la PRIMERA ASAMBLEA ESTATAL ORDINARIA DEL DISTRITO FEDERAL, de acuerdo a la siguiente diligencia:

Por lo que atendiendo a los deseos de los solicitantes me constituí, siendo las siete horas con cincuenta y dos minutos del día de su fecha, en el Hotel "Crowne Plaza", marcado con el número noventa y cinco de la calle Dakota, en la Colonia Nápoles, Delegación Benito Juárez, Código Postal cero tres mil ochocientos diez, Distrito Federal, donde en el primer piso del mencionado hotel, en el Salón México Uno, Dos y Tres, se va a desarrollar la Primera Asamblea Estatal Ordinaria del Distrito Federal, del mencionado Partido Político Nacional.

Siendo las quince horas con diecisiete minutos del día de su fecha, el Representante Miguel Ángel Conde Rodríguez sube a la Mesa de Presidium, toma el micrófono y manifiesta que compañeros, los invitamos a que vengan a tomar la Mesa porque es un proceso injusto y entonces señores, no permitamos más de esta Asamblea.

El señor Miguel Ángel Conde Rodríguez manifiesta que no hay que permitir este proceso, es un proceso injusto, por favor.

Yo el Notario certifico, que el Señor Miguel Ángel Conde Rodríguez, toma la mesa de Presidium y la arroja al piso.

El Presidente de la Mesa Directiva conmina a la Asamblea a que guarde el orden.

El Presidente de la Mesa Directiva manifiesta que le pide al señor Notario que haga la anotación y que de fe que un grupo fue quien interrumpió de manera arbitraria el desarrollo de la Asamblea.

Siendo las quince horas con veinticuatro minutos del día de su fecha, el Presidente de la Mesa Directiva me manifiesta que se suspende la Asamblea por no haber condiciones de seguridad.

Yo el notario certifico que varias personas llegaron a tirar algunas de las mesas de las tres filas de enfrente de la mesa de presidium, las propias mesas de presidium, a aventarse sillas, latas de refrescos, vasos de vidrio, tazas de vidrio, botellas de agua llenas, así como latas de refresco llenas, tanto a Representantes con playera roja, como a Representantes con playera blanca, obligando a la mayoría de los Representantes a salir del Salón México Uno, Dos y Tres, para evitar sufrir algún daño físico por la agresión del que se era objeto.

Siendo las quince horas con cuarenta y cinco minutos del día de su fecha, me constituí de nueva cuenta en el inmuebles en el que actúo, en los Salones Uno, Dos y Tres, con la finalidad de recuperar un cuaderno que había perdido en la trifulca, observando que casi la mitad de los Representantes que sesionaban, de playera blanca, se mantenían en el lugar y el señor Eduardo Pérez Haro, me manifestó que dicha Asamblea continuaría, por lo que esperé a que reiniciara.

Siendo las quince horas con cincuenta y nueve minutos, estando constituido en las escaleras del inmueble en el que actúo, que conducen del lobby al primer piso, donde se encuentra el Salón México Uno, Dos y Tres, el Presidente de la Mesa Directiva, señor Humberto Jesús Trujillo Martín me manifiesta que hará un exhorto para que regresen los Representantes a la Asamblea, que les daremos garantías para este efecto y que espera que la Asamblea pueda continuar, de hecho va a continuar y que los exhortamos y les invitamos a continuar en la Asamblea.

Por lo que siendo las dieciséis horas del día de su fecha, el señor Humberto Jesús Trujillo Martín, se constituye en el lobby del inmueble en el que actúo, donde se encuentran varios Representantes vestidos con camisetas rojas, manifestándoles que compañeros les quiero comunicar que los conminamos a que podamos incorporarnos a la Asamblea y continuar con sus trabajos y concluir, hay condiciones para que se vuelva a hacer, las ofrecemos, aquí está el señor Notario también, el cual podría convalidar estas condiciones y lo único que les estaríamos pidiendo evidentemente además de su voluntad, es el respeto debido a sus compañeros, a la propia Comisión y a sus propias personas en esta Asamblea, hacemos este atento llamado, esta exhortación, esta invitación, para que podamos continuar con el desarrollo de la Asamblea.

Una representante manifiesta que eso fue lo que el Presidente provocó.

El Presidente de la Mesa Directiva manifiesta que se lo dice porque él también fue agredido por compañeros de ustedes y del otro bando, entonces estoy invitando y con todas las garantías que pidió la compañera, estoy aceptando la moción de la compañera Barrón de que con el Notario certifiquemos a uno por uno de los delegados o representantes para la Asamblea y si alguien lo acepta, lo hacemos sin ningún problema.

Reyna Pérez Castillo manifiesta que vámonos porque no hay condiciones de seguridad.

Quien manifestó ser Francisco Céspedes Contti y ser Supervisor de Seguridad del hotel, me manifiesta que cualquier persona puede entrar si está registrada, que queda el paso libre.

Claudia Isabel Barrón Martínez manifiesta que aseguren que sólo estén los Delegados, que se vaya toda la demás gente.

Siendo las dieciséis horas con siete minutos del día de su fecha, quien manifestó ser Francisco Céspedes Contti y ser Supervisor de Seguridad del hotel, me manifiesta que de fe de que en el lobby queda gente con camisetas de color rojo que son lo que estaban agrediendo, los que querían entrar a la fuerza y que tienen el libre acceso hacia la votación pero que por su libre albedrío no entran y que ya no se les está prohibiendo la entrada, ya el lugar es seguro, ya pueden entrar.

Siendo las dieciséis horas con once minutos del día de su fecha, el Presidente de la Mesa Directiva me manifiesta que se hará un receso de treinta minutos para ver si a partir de esta hora, se reincorporan los demás asambleístas.

Siendo las dieciséis horas con quince minutos del día de su fecha, me constituí en el Salón Uno, Dos y Tres, donde el Secretario Ejecutivo me manifiesta que acaba de decretar un receso de treinta minutos para ver si se reincorporan los compañeros a la Asamblea.

Eduardo Pérez Haro manifiesta a la Asamblea que la Comisión está planteando un receso de treinta minutos para permitir que culmine la normalización y el establecimiento de Comisiones para reanudar la Asamblea y ésta procede con el número de Delegados que estén presentes, toda vez que ya está instalado el quórum de procedencia.

Siendo las dieciséis horas con treinta y tres minutos del día de su fecha y habiendo sido requerido por la Representante Dora Patricia Mercado Castro, me constituí en la puerta de entrada y salida del personal, que se encuentra en la Calle de Altadena número ochenta, en la Colonia Nápoles, Delegación Benito Juárez, Código Postal cero tres mil diez, Distrito Federal, donde doy fe de que se estaba llevando a cabo una reunión de los Representantes con vestimenta de color rojo.

Estando constituido en ese lugar, la Representante Dora Patricia Mercado Castro, me manifiesta que ahí está la Asamblea donde se están tomando Acuerdos y me pide que certifique los que se tomen ahí, Yo el Notario le informo a la Representante Dora Patricia Mercado Castro que no lo puede hacer, ya que según la convocatoria la Asamblea no está citada ahí, que la Asamblea está citada allá arriba conforme a la Convocatoria, la Representante Dora Patricia Mercado Castro me manifiesta que sí, pero que como se tuvieron que salir y abrieron la puerta y entraron estos porros no podían regresar.

La Representante Dora Patricia Mercado Castro me continúa manifestando que estábamos defendiendo el derecho, nuestros compañeros estaban defendiendo el derecho de que se contara bien, que nuestros compañeros estaban defendiendo su derecho a insistir que la Comisión volviera a solicitar una nueva votación, ya que a los Escrutadores las cuentas de la votación nunca les cuadró y que desde nuestro punto de vista, pues como que a ojo de buen cubero, dijo pues éstos ganaron y que siga, estábamos diciendo que el hotel había sido contratado en su totalidad por el Secretario de Finanzas del Partido, nosotros llegamos de fuera, fuimos entrando uno a uno al hotel, en cuanto a todos los accesos, no teníamos manera de ver por qué puerta se estaba colando gente con camisetas blancas y votos, que como usted se podrá dar cuenta, señor Notario, este voto es absolutamente falsificable, no tiene ninguna tinta de seguridad y tiene solamente unas firmas que a la hora de votar nadie las ve, nadie ve ninguna firma y le quiero hacer entrega como prueba de que es absolutamente falsificable mi acreditación-voto; Yo el notario certifico, que la Representante Dora Patricia Mercado Castro, me hace entrega de su acreditación-voto, misma que agrego al apéndice de esta acta con la letra "D", del que una copia fotostática agregaré a los testimonios que de la presente acta expida.

La representante Dora Patricia Mercado Castro, continúa manifestando que se lo doy como muestra de lo fácil que se pueden falsificar los votos y que entraron (sic) más gente por accesos, a los que nosotros no teníamos ningún control, desde en la mañana que llegamos, nos condujeron por una puerta y entramos al salón, y allí ya había personas con camisetas blancas con esos votos, lo único que hicieron estos personajes es ver cuántos traen ellos, nosotros traíamos ciento sesenta y cuatro, cuánto traen ellos, entonces lo que reste, mete gente con camiseta blanca y con este voto, no pudimos ni siquiera observar las credenciales de elector y lo digo de manera muy clara, como sabemos en la Ciudad de México, por doscientos cincuenta pesos se falsifican en Santo Domingo, es imposible que un Notario Público, que un ciudadano común pueda determinar si la credencial es falsa o no, esas credenciales, no es imposible, pero es casi imposible, hicimos un llamado a la FEPADE, la FEPADE nos dijo que no podía venir. Estuvimos insistiendo en que se hiciera una votación nominal, con credencial en mano, no está prohibido en ningún Reglamento, ni mucho menos en los Estatutos, credencial en mano, delegado por delegado, era una forma simple, sencilla, credencial en mano y acreditación contra listas, por qué se armó tal nivel de locura y de violencia, simplemente por pedir algo que daba certidumbre a partir de dos votaciones que no checaron, no fue una palabra light de decir, no fue una especulación, se votó dos veces y las dos veces no chocaron los votos. En la primera, treinta y cinco votos que nadie dijo dónde estuvieron y en la segunda, fueron más, una votación que sumaba más de lo que era el quórum. En la primera votación ciento sesenta contra ciento veintinueve y en la segunda, ciento setenta contra ciento sesenta y uno, que da un quórum de trescientos treinta y uno y el quórum era de trescientos veinticuatro.

Siendo las dieciséis horas con cuarenta y tres minutos del día de su fecha, me constituí en el Salón México Uno, Dos y Tres, para esperar a que reiniciara la Primera Asamblea Estatal Ordinaria del Distrito Federal.

Eduardo Pérez Haro manifiesta que se están imprimiendo las listas por parte de la Comisión y se van a entregar los votos, por lo que los que no sean delegados, abandonen el recinto, para hacer las cosas más rápidas, por otro lado, a todos no queda claro que nuestros adversarios de esta contienda no supieron perder, no respetaron los procedimientos reglamentarios y actuaron a la defensiva en un principio y luego se apostaron alrededor de la mesa del presidium en un claro montaje de una provocación que vendría para reventar esta reunión, así procedieron, no creemos que se trata de; un espontáneo e ingenuo, se trata de que estaban preparados para reventar esta reunión en la medida que no pudieran tener el control de la mayoría, no lo tuvieron, fue claro en las tres votaciones que se llevaron a cabo, en una de ellas pudieron hacer mayoría y en ese momento reaccionaron y fue cuando decidieron que ya debían de tomar la mesa por parte de esta asamblea, ni modo, los compañeros no supieron perder en democracia, creo que nosotros con toda fidelidad debemos de continuar este proceso y vámonos para adelante, tranquilos, ya viene el señor Presidente de esta Mesa y Coordinador de la Comisión para esta sesión, pues estamos por reanudar, pasaremos lista, nos acreditaremos y daremos continuidad a esta sesión para operar muy, muy ágilmente como ya se comentaba.

Enrique Pérez Correa, manifiesta a la Asamblea que nos mostraron que en este partido, quienes tienen ganas de construir y de sacar adelante y hacer cosas por la gente, pues están aquí sentados en esta Mesa, de veras que le reconozco y les agradezco la entereza y el coraje que demostraron antes, pues esta agresión cobarde que como siempre ocurre, cuando agraden se van, tiran la piedra y esconden la mano. Yo les pediría que tuviéramos calma, que tuviéramos serenidad para sacar adelante este evento oficial del partido que es la elección de nuestros delegados nacionales por parte del Distrito Federal y la elección de nuestro Consejo Político en el Distrito Federal para darle vida al nuevo comité, esto como todavía no reanudamos la Asamblea, valdría la pena revisarnos si estamos completos, si alguna gente está en su habitación, se espantó y aún está por ahí para ver si la podemos invitar a que se reincorpore y que todos podamos terminar este evento.

Siendo las diecisiete horas con un minuto del día de la fecha, quien manifestó ser Adrián Teodoro González Juárez y ser miembro de la Comisión Nacional Autónoma Para la Elección de los Órganos de Dirección manifiesta que para generar el mecanismo de control y nuevamente del registro de las personas que deben estar en la Asamblea, generamos seis cédulas de trabajo nosotros, cada una de ellas, va a tener el listado del padrón general, necesitamos que vayan pasando uno por uno, que traigan su credencial de elector, su acreditación-voto y los vamos a ir palomeando en la relación que tenemos, la persona que no tenga su acreditación-voto, vamos a ver la manera de substituirlo con otra, la persona que no esté en las listas, aunque hayan salido del Salón y se hayan encontrado una acreditación-voto, le vamos a pedir de la manera más atenta que salga del salón, para que existan las condiciones de que reiniciemos la Asamblea. Va a haber tres equipos en esta mesa, les vamos a pedir que haya condiciones para que se hagan las seis filas y va a haber tres en esta mesa también, para que se formen y de la manera más atenta, las personas que no cuenten o que no deban estar en la Asamblea, les pedimos por favor que salgan y que permitan el desarrollo de la misma.

Siendo las diecisiete horas con cuarenta y cuatro minutos del día de su fecha, el Presidente de la Mesa Directiva reanuda la Asamblea manifestando que con fundamento en el artículo ciento nueve de los Estatutos de "Alternativa Socialdemócrata", Partido Político Nacional en el que señalan que la Comisión Nacional Autónoma Para la Elección de los Órganos de Dirección tiene entre sus atribuciones, tiene la atribución principal de organizar, realizar, supervisar y validar los procesos de elección de representantes a las Asambleas Estatales del Distrito Federal y Nacionales, asimismo como con los artículos transitorios vigésimo segundo y vigésimo tercero que a la letra indican, la integración e instalación de las Asambleas Estatales y del Distrito Federal serán certificadas por las personas que designe la Comisión, el personal de la Comisión que participe en el acto llevará a cabo la acreditación y registro de Representantes a la Asamblea a efecto de verificar el quórum para su instalación; vigésimo tercero, la integración e instalación de una Asamblea Estatal o del Distrito Federal estará cargo (sic) de un comisionado o la persona que designe la Comisión hasta en tanto la Asamblea elija su Mesa Directiva, el Reglamento de la Comisión Nacional Autónoma para la Elección de los Órganos de Dirección, y por último, con fundamento en el artículo dieciséis del Reglamento de Asambleas, en el que señala las atribuciones de la Presidencia de la Mesa Directiva de la Asamblea que son, entre otras, vigilar la aplicación de los estatutos y de este reglamento así como la normatividad interna del partido, conducir y presidir las sesiones del pleno, llamar a los asambleístas a conservar el orden para el buen desarrollo de los trabajos, instruir al desalojo de las personas que estando presentes impidan la celebración o continuación de la sesión, declarar al pleno en receso o sesión permanente después de haber hecho la consulta correspondiente que será sometida a votación del pleno y por último, tomar las decisiones emitidas que estime necesarias para el desarrollo o suspensión definitiva de las sesiones del pleno cuando las condiciones materiales así lo ameriten, por último he de señalar que en el artículo transitorio tercero del Reglamento de Asambleas señala lo siguiente, para la instalación de las primeras Asambleas Estatales realizadas en el período de agosto de dos mil siete a febrero de dos mil ocho, no sé aplicará el procedimiento previsto en el artículo doce, inciso d), del presente Reglamento; el doce, inciso d), señala lo siguiente, la verificación del quórum, con fundamento en todo esto he señalado, declaro reanudada la Asamblea Estatal del Distrito Federal.

El presidente de la Mesa Directiva manifiesta qué se encuentran ciento cuarenta Representantes debidamente acreditados e identificados ante esta Comisión, retomando el procedimiento y el punto en el que nos quedamos voy a pedir a la Secretaría que nuevamente proceda al registro de fórmulas para la elección de la Mesa Directiva.

Siendo las diecisiete horas con cuarenta y ocho minutos del día de su fecha, el Secretario Ejecutivo manifiesta que a efecto de proceder en este punto por favor pasen a la Mesa para recibir el formato correspondiente para elegir a la Mesa Directiva de la Asamblea del Distrito Federal.

…"

Acta de Certificación, de Integración e Instalación de la Asamblea Estatal del Distrito Federal

I. INSTALACIÓN

Con fundamento en los artículos 40, 41, 42, de los Estatutos de Alternativa Socialdemócrata, Partido Político Nacional, 28, 32, 33, 34, 35, 36, 37, Vigésimo Primero al Vigésimo Sexto TRANSITORIOS del Reglamento de la Comisión Nacional Autónoma para la Elección de Órganos de Dirección, así como 11, 12 y Segundo TRANSITORIO del Reglamento de Asambleas, siendo las 11:32 horas, del día 16 del mes de Marzo del año 2008 en la ciudad de México, D.F., en el domicilio ubicado en Dakota 95, Col. Nápoles, C.P. 03810 Delegación Benito Juárez, se reunieron los representantes registrados de los Comités de Acción Política, para celebrar la Primera Asamblea Ordinaria del Distrito Federal; estando presentes 324 de 334 representantes en primera convocatoria. En consecuencia, se declaró la existencia de quórum quedando debidamente instalada la Asamblea Estatal.

II. INTEGRACIÓN DE LA MESA DIRECTIVA

Previo a la elección de la Mesa Directiva, se solicitó a los asambleístas propuestas para la elección de escrutadores para el desarrollo de la Asamblea, de lo que resultaron propuestos los C.C. Elizabeth Mejía de Gyves, Verónica Contreras Pérez, Luz María Pérez Sánchez, Ileana María Colonia Lizama, Giovanni Rendón Bernal, José Ramón López López, Rubén R. Hernández Gris, Vanesa Storer Linowski, Cristina Vela Márquez, Carlo Elliot González Villanueva, Josefina Parra Toledo, Eva Galván Benítez, Fernando Vázquez Aguirre, José Antonio Escamilla, mismos que resultaron electos por mayoría de votos.

El Representante de la Cornisón Nacional para la Elección de Órganos de Dirección tomó la Protesta de Ley a los Escrutadores Electos.

Acto seguido al iniciar el proceso para determinar el método para la elección de la mesa directiva, se produjo un intento de toma del presidium que derivó en hechos violentos (véase acta de incidentes 1 de 2), por lo cual la Presidencia de la Mesa Directiva decretó un receso para obtener mejores condiciones para el desarrollo de la Asamblea. Al término del receso por existir condiciones para la reanudación de la sesión y siendo las 17:50 hrs., se reanudó la Asamblea con la presencia y certificación de 140 representantes.

Concluido lo anterior, se procedió a elegir a los integrantes de la Mesa Directiva de la Asamblea Estatal, a través del procedimiento de votación abierta, habiéndose inscrito una fórmula, obteniendo el triunfo por mayoría de votos la fórmula integrada por el C. Jorge Carlos Díaz Cuervo como Presidente y la C. Carmen Parra y Toledo como Secretaria.

El Representante de la Comisión Nacional Autónoma para la Elección de Órganos de Dirección procedió a tomar la Protesta de Ley a los integrantes de la Mesa Directiva y a entregar la Documentación Electoral."

De igual forma cobra importancia el contenido del numeral Vigésimo Séptimo Transitorio, fracción IV, del Reglamento de la Comisión Nacional Autónoma para la Elección de Órganos de Dirección, el cual dispone:

"La instalación e integración de una asamblea estatal o del Distrito Federal será nula, cuando se acredite por la Comisión, cualquiera de las siguientes causales:

IV. Cuando los miembros de la asamblea no ejerzan su voto con libertad y haya mediado presión u hostigamiento de cualquier persona."

Resulta oportuno en este punto, precisar los alcances y las consecuencias de la existencia de presión u hostigamiento como elementos integradores de la citada causal de nulidad, dado que los ciudadanos impetrantes afirman que como consecuencia de la verificación de actos de violencia en la asamblea cuya legalidad se cuestiona, la instancia partidista responsable debió tener por actualizada tal causal y, en consecuencia, decretar la nulidad de la asamblea, así como de los acuerdos tomados en la misma.

En ese sentido, debe precisarse que por presión se entiende el apremio o coacción que se impone a una persona o grupo mediante amenazas que imponen peligro de perder la vida, la honra, la libertad, la salud o parte de los bienes, mientras que el hostigamiento es la acción de perseguir o acosar, por lo que generalmente se le considera como una forma de presión mental. En tanto que por violencia física debe entenderse el empleo de la fuerza física o corporal que se ejerce sobre una o varias personas.

Así, es evidente que la naturaleza jurídica de esta causa de anulación requiere que se demuestren fehacientemente, además de los actos generadores de presión u hostigamiento, las circunstancias de lugar, tiempo y modo en que se llevaron a cabo, porque sólo de esta manera puede establecerse con la certeza jurídica necesaria, la comisión de los hechos que generan esa causal de nulidad, y si los mismos fueron relevantes en el resultado de la votación.

A lo anterior, sirve como criterio orientador el contenido de la Tesis emitida por el Pleno de este Tribunal, misma que a continuación se transcribe:

"VIOLENCIA FÍSICA O PRESIÓN. (ELECCIONES DE COMITÉS VECINALES). DEBEN EXPRESARSE LAS CIRCUNSTANCIAS DE MODO, TIEMPO Y LUGAR PARA QUE SE ACTUALICE LA CAUSAL DE NULIDAD DE" (Se transcribe).

En efecto, en cualquier contienda de índole comicial, se estima indispensable que se adopten las medidas necesarias que eviten en lo posible, la influencia, presión o coacción sobre el electorado, a fin de que éste se encuentre en aptitud de emitir libremente su sufragio, por lo que si se acredita plenamente que durante el desarrollo de la toma de decisiones propias de una asamblea de las características de las que nos ocupa, los votantes, en el caso, los asambleístas que participan en la misma y están en aptitud de ejercer sus derechos, se les afectó en su libre emisión de sus decisiones, tal circunstancia se traduce en un acto de presión.

Sin embargo, para acreditar cabalmente la causal de nulidad en comento, no es suficiente que se acrediten dichos actos violentos generadores de presión, sino que es menester que los mismos influyan o se presenten precisamente al momento en que se pretende ejercer libremente los derechos, en la especie, los de voz y voto con que cuentan los representantes acreditados en una asamblea partidista, caso en el cual, de estar probado que no se ejerció el derecho de voto con plena libertad, irremediablemente daría lugar a decretar la nulidad de la integración de la asamblea y de los acuerdos asumidos en la misma.

Ello es así, pues dada la naturaleza jurídica de esta causa de anulación, resulta indispensable que el afectado demuestre fehacientemente que el acto de presión (actos de violencia) influyó determinantemente en el momento en que pretendía ejercer sus derechos, como en el caso concreto lo eran el participar libremente en la asamblea para emitir su voto, y que tales actos generadores de presión fueron irresistibles y suficientes para impedir el libre ejercicio de sus derechos.

En la especie, si bien quedó acreditado, al estar reconocido por las partes, que se suscitaron actos violentos en el desarrollo de la asamblea, ello no se tradujo en presión al momento en que los miembros de la Asamblea ejercieron su derecho al voto, por lo que en concepto de este Tribunal no se actualiza la causal de nulidad prevista en el artículo vigésimo séptimo transitorio, fracción IV, del Reglamento de la Comisión Nacional Autónoma para la Elección de Órganos de Dirección, de Alternativa Socialdemócrata, Partido Político Nacional.

Ahora bien, del contenido del trasunto testimonio notarial, se desprende que si bien la verificación de hechos de violencia durante el desarrollo de la Primera Asamblea Ordinaria del Distrito Federal del instituto político en cuestión, es un aspecto acreditado, también lo es que una vez que cesaron tales circunstancias irregulares y que se garantizaron las condiciones de seguridad suficientes para reanudar la sesión, el presidente de la mesa directiva, en ejercicio de las atribuciones que le corresponden conforme a lo ordenado en el Reglamento de Asambleas del propio partido, conminó a los representantes presentes en el hotel sede, a que continuaran con la reunión, entablando comunicación verbal directamente con éstos, y pese a ello, fue voluntad de diversos asambleístas no incorporarse a la continuación de la sesión, sino la de llevar a cabo una asamblea paralela en la que emitieran su sufragio y tomaran las decisiones concernientes a la elección del Consejo Político y de delegados a la asamblea nacional, lo cual demuestra que no se encontraban presionados para ejercer libremente su derecho de voto.

Los artículos 15, 16 y 18 del Reglamento de Asambleas del instituto político en cuestión, determinan textualmente lo siguiente:

"Artículo 15" (Se transcribe).

"Artículo 16" (Se transcribe).

"Artículo 18" (Se transcribe).

Como se advierte de las normas reglamentarias aludidas, el presidente de la mesa directiva era la persona facultada para tomar las decisiones y medidas que estimaran necesarias para el desarrollo o suspensión no definitiva de la sesión, tal como lo hizo, así como, para convocar a su continuación cuando advirtió las condiciones favorables para tales efectos, siendo inconcuso que ante la ausencia de reglamentación expresa en cuanto al procedimiento para la continuación de una asamblea ante su suspensión no definitiva, el presidente debió implementar un mecanismo que ofreciera certeza para convocar a los representantes a su reanudación.

Es importante destacar, que si bien en el Acta de Certificación, de Integración e Instalación de la Asamblea Estatal del Distrito Federal de dieciséis de marzo, se hace constar que luego de la verificación de los hechos violentos se decretó un receso de la reunión, lo cierto es que dadas las circunstancias extraordinarias que prevalecían en ese momento, la sesión se suspendió, pues los recesos se determinan en condiciones normales de desarrollo de las reuniones de los órganos colegiados, y lo aprueba el pleno después de efectuarse la consulta y votación correspondientes, situación que en la especie no aconteció, pues la suspensión de la sesión obedeció a la verificación de hechos de violencia, lo que orilló al presidente de la mesa directiva a tomar tal determinación de manera unilateral, lo cual encuentra cobertura jurídica en lo previsto en el inciso g) del artículo 16.del invocado Reglamento.

Lo anterior tenía como consecuencia lógica el que el presidente de la mesa directiva estuviera constreñido a convocar a los representantes para la continuación de la asamblea, lo que efectivamente ocurrió, pues del testimonio notarial examinado se acredita que, en compañía del fedatario público, invitó a los representantes de ambos grupos, que aún se encontraban presentes en las instalaciones del hotel donde se llevaba a cabo la sesión, a continuar con la misma, siendo el caso que también se encuentra acreditado que los representantes estuvieron enterados de dicha circunstancia, pues se advierte que se les conminó personalmente a reincorporarse a la reunión, lo que incluso fue del conocimiento de las personas que encabezaban los grupos representados en la misma y que, ante la propuesta del presidente de la mesa directiva, la mayor parte de los miembros de uno de los grupos optaron por no asistir, cuando según lo constató el fedatario publicó, ya estaban dadas las condiciones de seguridad necesarias.

En este orden de ideas, si bien como se ha señalado, es un hecho incontrovertible que existieron actos de violencia durante el desarrollo de la Primera Asamblea Ordinaria del Distrito Federal, de Alternativa Socialdemócrata Partido Político Nacional, es de precisarse que de los medios probatorios que se examinan, se desprende que tales actos no se prolongaron de manera indefinida, pues habiendo iniciado aproximadamente a las quince horas con quince minutos, siendo alrededor de las quince horas con treinta minutos, los mismos cesaron.

Aunado a lo anterior, del material probatorio no se desprende que dichos actos violentos se hubieran reanudado, ni que hubieran afectado el ánimo de los asistentes a la asamblea, de tal manera que indefectiblemente pudieran traducirse en presión u hostigamiento que haya evitado el ejercicio libre del derecho al sufragio, en términos de lo establecido en la causal de nulidad prevista en el artículo vigésimo séptimo transitorio, fracción IV, del Reglamento de la Comisión Nacional Autónoma para la Elección de Órganos de Dirección, de Alternativa Socialdemócrata, Partido Político Nacional.

Ello es así, porque las máximas de la experiencia indican que por lo general, ante hechos violentos, las personas agredidas huyen del lugar, anteponiendo su seguridad e integridad física, antes que el ejercicio de cualquier otro derecho; no obstante, en el caso, ambos grupos de personas manifestaron su intención libre de tomar sus decisiones partidarias en las instalaciones del hotel sede, esto es, en el mismo lugar en el que acontecieron los hechos de violencia.

Así, del contenido del testimonio notarial de la celebración de la Asamblea referida se concluye lo siguiente:

1. Que alrededor de quince horas con cincuenta y nueve minutos, el presidente de la mesa directiva, Humberto Jesús Trujillo Martín, invitó a diversas personas vestidas con playera roja a continuar con la sesión, aceptando que con el Notario se certificaría a cada uno de los delegados o representantes y aquéllos no aceptaron.

2. Que siendo las dieciséis horas con once minutos, el presidente de la mesa directiva le manifestó al Notario que se haría un receso de treinta minutos para, a partir de esa hora, dar oportunidad de que se reincorporaran los demás asambleístas.

3. Que siendo las dieciséis horas con treinta y tres minutos, el Notario fue requerido por la representante Dora Patricia Mercado Castro, en la puerta de entrada y salida del personal, que se encuentra en la Calle de Altadena número ochenta, en la Colonia Nápoles, Delegación Benito Juárez, Código Postal cero tres mil diez, Distrito Federal, donde se estaba llevando a cabo una reunión de los Representantes con vestimenta de color rojo, y que estando constituido en ese lugar, dicha representante le manifestó que ahí estaba la Asamblea donde se estaban tomando acuerdos, y le pidió que los certificara.

De los hechos anteriores, es de concluir que una vez que cesaron los hechos de violencia, los mismos no amedrentaron a los asistentes a la asamblea de mérito, al grado de obligarlos a abandonar definitivamente la sede del evento, puesto que permanecieron en el mismo domicilio al que originalmente fueron convocados; más aún, de los hechos referidos se infiere que los representantes conminados a reanudar la sesión se encontraban realizando una reunión paralela y tomando acuerdos, es decir, ejerciendo sus derechos en una reunión paralela, sin temor alguno, con lo que es claro que no se estaban presentando en ese momento actos de presión u hostigamiento.

Por otra parte, se infiere que dichos representantes tuvieron facilidades para desplazarse dentro del inmueble con entera libertad, una vez que cesaron los actos de violencia, pues no sólo se negaron a continuar en la asamblea, con las consecuencias que esto implicaba, sino que se reunieron en el lugar ya especificado, e incluso la representante Dora Patricia Mercado Castro requirió al Notario y le solicitó diera fe de los acuerdos que estaban tomando, sin que en dicho lapso se reportara acto alguno que pudiera ser estimado como de hostigamiento o presión.

Así es evidente que los integrantes de la "planilla roja", teniendo la posibilidad fáctica de reincorporarse a, la asamblea, decidieron no hacerlo, cuando les era incluso exigible, de acuerdo a la normatividad interna, en atención a lo dispuesto en el artículo 18, incisos a) y b) del Reglamento de Asambleas del partido político que nos ocupa, mismo que establece que corresponde a los asambleístas, entre otras acciones, el participar, realizar propuestas y manifestarse con absoluta libertad sobre los asuntos que se traten en las sesiones del pleno de la asamblea, así como ejercer su derecho a voz y voto en las mismas.

Inclusive, de lo dispuesto en el Inciso c) del artículo invocado, se desprende la facultad con que cuentan los asambleístas de presentar, de ser el caso, votos particulares sobre un acuerdo o resolución que se someta a la consideración de la asamblea, por lo que resulta inconcuso que los representantes que optaron por no asistir a la continuación de la sesión, lejos de ejercer tales atribuciones y derechos, decidieron estar ausentes en la multicitada asamblea, cuando pudieron realizarlos en virtud de que no existía condición alguna que lo impidiera, como ha quedado establecido.

Además, como se indicó, conforme a la regla de experiencia que establece que tras un ataque físico, la reacción, por mecanismo de autoprotección es evitar o enfrentar la agresión, y quien se siente presionado u hostigado se retira definitivamente del lugar, no obstante, en el caso, es de concluir que si los representantes que se consideraron agredidos decidieron continuar en la sede de la asamblea, es porque estimaron que se reunían las suficientes condiciones de seguridad como para no abandonar el lugar y querer emitir libremente su sufragio.

Más aún, de constancias de autos no se desprende que los enjuiciantes hubieran tenido la intención de regresar al lugar donde se estaba celebrando la asamblea y que se los hubieran impedido, y tuvieron la opción de regresar y dejar constancia, de ser el caso, de que no existían las condiciones necesarias para proseguir con los trabajos programados, o bien declarar lo que a su derecho conviniera ante el Notario, que estuvo presente durante todo el desarrollo de la sesión, de tal forma que fuera evidente su intención de dejar de manifiesto que sobre ellos se estaban ejerciendo actos de presión u hostigamiento que les impedían ejercer libremente sus derechos, específicamente, el de participar con su voto en los acuerdos adoptados por el pleno de la asamblea.

En razón de lo expuesto, este tribunal considera válido afirmar que los actos de violencia acreditados no, tuvieron secuelas que influyeran en la reanudación de la asamblea, y sí se acredita que los actores decidieron ya no participar en ésta, por razones ajenas a situaciones que generaran presión u hostigamiento.

En suma, resulta evidente que la decisión adoptada libre y responsablemente por los representantes que no aceptaron regresar a la sesión, entre ellos los hoy actores como ellos mismos lo reconocen, no puede servir ahora como la base de su pretensión de nulidad de la asamblea de mérito y de los acuerdos tomados en la misma, pues precisamente dado su carácter de representantes acreditados a la asamblea con derecho a voz y voto, conocían las consecuencias de su libre decisión de no asistir, a saber, renunciar conscientemente al ejercicio de esos derechos, al ser su voluntad no estar presentes en la sesión una vez reanudada, lo que traería como consecuencia lógica e irremediable la imposibilidad de participar con su voto en la toma de las decisiones.

A mayor abundamiento, este Tribunal considera que la reanudación de la asamblea de marras y los acuerdos tomados en la misma devienen válidos, pues una vez reiniciada la sesión de mérito, existió el quórum suficiente para ello, por lo que en concepto de este Tribunal, los incidentes violentos que condujeron a que se decretara la suspensión de la asamblea, no impidieron su continuación en el momento en que existieron las condiciones de seguridad que garantizaran el normal desarrollo de los trabajos de la asamblea.

Sobre el particular, es menester atender a las disposiciones internas relativas al quórum necesario para que una asamblea como la que nos ocupa, pueda sesionar válidamente:

ESTATUTOS

"Artículo 41" (Se transcribe).

REGLAMENTO DE ASAMBLEAS

"Artículo 7" (Se transcribe).

"Artículo 11" (Se transcribe).

"Artículo 12" (Se transcribe).

TRANSITORIOS

"SEGUNDO" (Se transcribe).

"TERCERO" (Se transcribe).

REGLAMENTO DE LA COMISIÓN NACIONAL AUTÓNOMA PARA LA ELECCIÓN DE ÓRGANOS DE DIRECCIÓN

"Artículo 28" (Se transcribe).

TRANSITORIO

"VIGÉSIMO QUINTO" (Se transcribe).

Tal como se advierte de los preceptos transcritos, en tratándose de las primeras asambleas ordinarias estatales, el instituto político dispuso reglas específicas en lo relativo al quórum necesario para su instalación y válido funcionamiento, siendo el caso que para la celebración de la Primera Asamblea Ordinaria del Distrito Federal de Alternativa Socialdemócrata, se requería la presencia de al menos cincuenta representantes debidamente acreditados; en el entendido de que los ciento cuarenta asambleístas que reanudaron la sesión constituyen más del treinta y tres por ciento de los integrantes de la asamblea, tal como se refiere en el último numeral transcrito.

En efecto, si una vez reanudada la asamblea, estando superadas las condiciones extraordinarias señaladas, aproximadamente a las diecisiete horas con cincuenta minutos del dieciséis de marzo del año que transcurre, se contó con un total de ciento cuarenta asambleístas, es innegable que los mismos representaron el quórum suficiente para sesionar válidamente; por lo que al proceder a designar a los escrutadores e integrantes de la mesa directiva y a elegir a los representantes a la asamblea nacional y a los integrantes del Consejo Político del Distrito Federal, tal como se desprende del contenido del Acta de Certificación, de Integración e Instalación de la Asamblea Estatal del Distrito Federal, dando cumplimiento a las disposiciones contenidas en los Estatutos y Reglamento de la Comisión Nacional Autónoma para la Elección de órganos de Dirección, ambos del Partido Alternativa Socialdemócrata, trae como consecuencia que deba desestimarse la pretensión de los actores, en el sentido de que se declare la nulidad de la asamblea de mérito.

Cabe apuntar, que similares razonamientos fueron vertidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al resolver el juicio para la protección de los derechos político-electorales de ciudadano, identificado con la clave SUP-JDC-250/2008, relativo a la impugnación en contra de la determinación de validez de la Asamblea Estatal correspondiente al Estado de Guerrero, del partido político que nos ocupa, fallo que en lo que interesa, reza textualmente lo siguiente:

"CUARTO. Estudio de fondo. Del análisis integral del escrito de demanda formulada por los actores, se advierte que su pretensión final se hace consistir en que se declare la nulidad de la asamblea estatal del Partido Alternativa Socialdemócrata en el estado de Guerrero.

La causa de pedir, la hacen consistir en que, la Comisión Nacional Autónoma para la Elección de Órganos de Dirección al resolver su recurso de revisión, no analizó correctamente las pruebas que aportaron y con las cuales se acreditaba que la asamblea estatal mencionada, fue suspendida definitivamente por el Comisionado designado por el partido, así como también que, la celebrada al día siguiente, se efectúo en un lugar distinto al señalado en la convocatoria.

El disenso en cuestión, resulta inoperante.

En efecto, si bien la Comisión resolutora al resolver el recurso de revisión, ciertamente incumplió con su obligación de justipreciar todos los medios de convicción puestos a su conocimiento, dado que sólo refirió que: a) Si bien durante el desarrollo de la asamblea acontecieron diversos hechos de violencia que condujeron a que el representante de la Comisión suspendiera la asamblea, no lo era menos que lo que realmente se decretó fue un receso que se prolongó al día siguiente; b) El hecho de que el Comisionado expresara que suspendía la asamblea, debía entenderse como una actuación a la que fue obligado en aras de salvaguardar su integridad, lo cual se corroboraba con la denuncia de hechos que presentó ante el ministerio público de la entidad; y c) La circunstancia de que la asamblea se hubiese reanudado en un salón distinto al que originalmente se había utilizado, no era obstáculo para invalidarla, ya que tal acción se hizo con el ánimo de garantizar las condiciones mínimas de seguridad entre los asistentes.

Tal cuestión no resulta bastante para estimar que la asamblea deba anularse, ya que las pruebas con las cuales los inconformes pretenden acreditar su dicho, consistentes por un lado, en un acta signada por el Comisionado del Partido Alternativa designado para coordinar los trabajos de la asamblea y, por el otro, en un testimonio notarial, son insuficientes para ello.

Sobre el particular, si bien ambos documentos son coincidentes en señalar aspectos tales como que: 1. La asamblea fue instalada en la fecha programada; 2. Había un quórum de cincuenta y dos asambleístas; 3. Fue intempestivamente suspendida por un grupo de personas ajenas al evento; 4. Se realizaron múltiples actos violentos en torno a la misma; y 5. Se decretó por parte del Comisionado un receso permanente, sin que por lo menos entrada la tarde se encontrara una salida al conflicto.

Su debida adminiculación apreciada en términos de lo dispuesto por los artículos 14, párrafo 1, incisos a) y b), en relación con el numeral 16 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, únicamente conducen a atestiguar que se cometieron una serie de actos ilícitos que terminaron por bloquear los trabajos de la reunión convocada para elegir a delegados a la asamblea nacional y miembros del Consejo Político Estatal, empero no resultan suficientes para tener por acreditada una suspensión definitiva de la asamblea.

Tampoco, el testimonio notarial suscrito por el Notario Público No.1 del Distrito Judicial de los Bravos, Guerrero, puede apoyar lo sostenido por los actores, ya que únicamente hace constar hechos acaecidos hasta las dieciséis horas (16:00 hrs.) del día de la celebración de la asamblea y lo asentado en el acta antes aludida se confeccionó después de las ocho horas (20:00 hrs.). Como se aprecia de lo siguiente:

En tal consecución de ideas, es dable concluir que si bien hay un acta con el cual se pretende hacer constar que se suspendió de manera total la asamblea, no debe perderse de vista que la serie de acontecimientos que giran en torno a su formulación y que han quedado reseñados con antelación los cuales se asentaron en el acta de irregularidades que se elaboró por parte de la Comisión Nacional Autónoma para los órganos de Dirección, demeritan que lo asentado en ésta pueda considerarse plenamente válido y sí por el contrario, cobra fuerza convictiva el argumento expresado por la responsable en el sentido de que los incidentes presentados condujeron a que se decretara un receso permanente que se prolongó hasta la mañana del día siguiente, una vez que desapareció el hecho extraordinario que entorpeció la consecución ordinaria de los trabajos de la aludida asamblea.

Así las cosas, si una vez reanudada la asamblea se contó con un total de veintisiete asambleístas, los cuales representaron el quórum necesario para sesionar; se designaron a los escrutadores y los integrantes de la mesa directiva y se eligieron a los representantes a la asamblea nacional y a los integrantes del Consejo Político Estatal, tal y como se desprende del acta de certificación que fue elaborada, a la cual se le concede pleno valor probatorio de conformidad con lo dispuesto por los artículos 14, párrafo 1, inciso b) y 16, párrafo 3, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, dándose así cumplimiento a las disposiciones contenidas en los Estatutos y Reglamento de la Comisión Nacional Autónoma para la Elección de órganos de Dirección, ambos del Partido Alternativa Socialdemócrata, es de concluirse que debe desestimarse la pretensión de los actores, en el sentido de que se declare la nulidad de la asamblea estatal celebrada en el estado de Guerrero.

…".

Así, en concepto de este órgano colegiado, no se aprecia que los hechos de violencia acontecidos durante el desarrollo de la Primera Asamblea Ordinaria del Distrito Federal de Alternativa Socialdemócrata, puedan dar lugar por sí mismos a la anulación de la asamblea y de los acuerdos tomados en la misma, que constituyen la expresión de la voluntad de quienes intervinieron libre y voluntariamente en dicha reunión, pues amen de lo ya expuesto con relación a la validez de la asamblea y de su reanudación posterior a su suspensión, no debe soslayarse que deben prevalecer los actos realizados por los votantes, aspecto de especial relevancia que debe ser salvaguardado en los procesos democráticos en observancia al principio de conservación de los actos públicos válidamente celebrados.

En materia electoral se ha sostenido reiteradamente que la nulidad de la votación recibida en alguna casilla y/o de determinado cómputo y, en su caso, de cierta elección, sólo puede actualizarse cuando se hayan acreditado plenamente los extremos o supuestos de alguna causal prevista taxativamente en la respectiva normatividad, y siempre y cuando los errores, inconsistencias, vicios de procedimientos o irregularidades detectados sean determinantes para el resultado de la votación o elección.

Asimismo, la nulidad respectiva no debe extender sus efectos más allá de la votación, cómputo o elección en que se actualice la causal, a fin de evitar que se dañen los derechos de terceros, en este caso, el ejercicio del derecho de voto activo de la mayoría de los militantes que expresaron válidamente su voto, el cual no debe ser viciado por irregularidades insuficientes para acarrear la sanción anulatoria correspondiente, pues se haría nugatorio el ejercicio de la prerrogativa de votar en las elecciones internas organizadas por las propias asociaciones políticas para la renovación de sus dirigencias.

La anterior afirmación, encuentra sustento mutatis mutandis, en el contenido de la siguiente tesis de jurisprudencia, aprobada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación:

"PRINCIPIO DE CONSERVACIÓN DE LOS ACTOS PÚBLICOS VÁLIDAMENTE CELEBRADOS. SU APLICACIÓN EN LA DETERMINACIÓN DE LA NULIDAD DE CIERTA VOTACIÓN, CÓMPUTO O ELECCIÓN" (Se transcribe).

Consecuentemente, al no quedar demostrada la ilegalidad de la asamblea de mérito, el agravio en estudio deviene INOPERANTE.

Por lo que hace al agravio identificado con la letra B, consistente en que el ciudadano Octavio Nava Manrique es comisionado integrante de la Comisión Nacional Autónoma para la Elección de Órganos de Dirección y hermano de Francisco Nava Manrique, quién fue electo Consejero Político del Distrito Federal, por lo que en concepto de los actores el mencionado Comisionado intervino directa y determinantemente, con su voto a favor, en la aprobación y convalidación de la asamblea en la que su hermano fue electo consejero político del Distrito Federal, este Tribunal considera que, acorde con el principio de dualidad de las partes en los procesos de derecho público y, en especial, en materia electoral, la litis en el presente asunto quedó fijada exclusivamente entre el acto o resolución impugnado y el escrito de agravios del actor, con el cual se inicia el proceso que contiene los razonamientos jurídicos que se hacen valer con el objetivo de anular, modificar o revocar el acto o resolución combatidos.

En este orden de ideas, no es factible atender los razonamientos vertidos por los enjuiciantes en el presente motivo de inconformidad, en razón de que aquellos aspectos que no fueron planteados oportunamente ante la instancia partidista responsable no pueden ser objeto de pronunciamiento por parte de este órgano jurisdiccional, pues el principio de congruencia de las sentencias lo obliga a resolver conforme a la litis, que se configura entre lo considerado y resuelto por la responsable y los agravios que en contra de tales consideraciones esgrima el accionante, para poner de manifiesto que lo resuelto contraviene disposiciones legales en su perjuicio, por lo que el agravio en cuestión deviene INATENDIBLE.

En razón de lo expuesto, y toda vez que los motivos de inconformidad planteados por los ciudadanos impetrantes resultaron INOPERANTES e INATENDIBLES, según se ha expresado, lo procedente es CONFIRMAR en sus términos la resolución impugnada, así como el Acuerdo de la Comisión Nacional Autónoma para la Elección de Órganos de Dirección del citado Instituto político, sobre el informe de las asambleas estatales de Alternativa Socialdemócrata, Partido Político Nacional, celebradas en diversas entidades federativas y en el Distrito Federal, en particular, la aprobación y la declaratoria de validez de la asamblea correspondiente al Distrito Federal."

TERCERO. Los promoventes exponen en su demanda lo siguiente:

"AGRAVIOS

Previo a la exposición de agravios, por cuestión de orden y método, es necesario identificar lo que fue sujeto a estudio por la responsable en la resolución impugnada, pues como se advierte posteriormente, el Tribunal local responsable dejó de admitir, analizar y valorar pruebas ofrecidas y aportadas legalmente por los suscritos al juicio primigenio, así como también omitió el debido estudio de diversos argumentos jurídicos vertidos por los suscritos a manera de agravio en el expediente TEDF-JLDC-006/2008 sobre los que esa H. Sala Superior deberá realizar un estudio exhaustivo y pormenorizado en plenitud de jurisdicción, como se hace valer a continuación.

A fojas 35 de su sentencia, la responsable plantea como primer agravio e incorpora a la litis, la legalidad del acto impugnado consistente en la sesión ordinaria de fecha 16 de marzo del año en curso, de la asamblea estatal del Distrito Federal, de Alternativa Socialdemócrata, Partido Político Nacional, conforme con lo siguiente:

(Se transcribe).

A fojas 36 de su resolución, la responsable identifica como segunda causa de agravio, la siguiente:

(Se transcribe).

Establecida que fue la litis por la responsable, reseñó las pruebas de las partes que fueron objeto de valoración, conforme con el considerando QUINTO de la resolución que se combate, por lo que admitió los siguientes medios de prueba:

(Se transcribe).

PRIMERO. Causa agravio a los suscritos los CONSIDERANDOS QUINTO Y SEXTO de la resolución que se combate, mismos que violan en nuestro perjuicio el contenido de los artículos 8, 14, 16, 17, 35 fracción II, 39, 40, 41, 99 fracción IV, 116 y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 27, apartado 1, incisos c) y g), 36, 38, 46 y 47 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, 1, 20, 21, 22, 23, 120 y 121 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal y 2, 4, 10, 11, 12, 25, 26, 27, 28, 35, 63, 64, 65 y 95 a 98 de la Ley Procesal Electoral para el Distrito Federal, al dejarnos en completo estado de indefensión frente a la imposibilidad material y jurídica de robustecer las pruebas que justifican los extremos de nuestras pretensiones mediante el desechamiento de la prueba técnica, consistente en un vídeo de seguridad grabado el día 16 de marzo del año en curso en el lugar convocado para la celebración de la asamblea estatal ordinaria del Distrito Federal.

Efectivamente, se impugna por el presente medio de defensa legal, la violación procesal consistente en la ilegalidad del Acuerdo dictado por el Magistrado Instructor al cierre de la instrucción, que desecha la prueba técnica ofrecida y exhibida en autos por los suscritos, mediante escrito de fecha 23 de abril del año en curso, presentado ante el Tribunal responsable, consistente en el vídeo de las cámaras de seguridad del Hotel Crown Plaza de la ciudad de México, donde el dieciséis de marzo pasado se celebró la asamblea estatal ordinaria para el Distrito Federal, y en el que consta la verdad histórica de los hechos que sustentan nuestra impugnación. Dicha violación procesal dejó en estado de indefensión a los suscritos, quienes legítimamente pretendíamos adminicular tal prueba técnica con los demás medios de convicción aportados y exhibidos en el juicio, a efecto de robustecer los agravios aducidos en le Juicio de Protección de los Derechos Político Electorales promovido ante la responsable.

El pasado día veintitrés de abril, aportamos al expediente de mérito, en calidad de superveniente, la prueba técnica consistente en el vídeo registrado por las cámaras de seguridad del hotel Crowne Plaza de esta ciudad de México, en el cual se realizó la Primera Asamblea Ordinaria del Distrito Federal de Alternativa Socialdemócrata, Partido Político Nacional.

Tal y como se manifestó en el escrito por el cual se ofreció la mencionada probanza, dicho vídeo, adminiculado con los demás medios de convicción, principalmente con el acta de la Fe de Hechos expedida por el Notario Público 188 del Distrito Federal, acredita no sólo la existencia de hechos de violencia consistentes en golpes, agresiones y persecuciones perpetradas en contra de representantes que asistieron a la asamblea en cuestión identificados con playera roja, sino también, que esos actos de violencia repercutieron de manera determinante en el resultado de las elecciones de dirigentes que se efectuaron ese día, como lo fueron para la integración de la mesa directiva de la asamblea del Distrito Federal, consejeros políticos estatales, así como los representantes a la Asamblea Nacional.

Por tales circunstancias, al enterarnos de la existencia de tal vídeo y ofrecerlo como prueba en el juicio ciudadano ante la autoridad local, se convirtió en el elemento sustancial de nuestra pretensión de reparación de derechos. Sin embargo, al haber sido desechado por la ahora responsable, violenta el contenido de los artículos 8, 14, 16, 41 y 116 de la Constitución Federal, 1, 20, 21, 22, 23, 120 y 121 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal y 2, 4, 10, 11, 12, 25, 26, 27, 28, 35, 63, 64, 65 y 95 a 98 de la Ley Procesal Electoral para el Distrito Federal de la Ley Procesal Electoral para el Distrito Federal, y con ello los principios de legalidad, debido proceso y seguridad jurídica que deben prevalecer en todo juicio.

Como es de explorado derecho, es garantía de legalidad y seguridad jurídica dispuesta a favor de los gobernados, que previo al acto gravoso de autoridad, exista juicio en el que se sigan las formalidades esenciales del proceso judicial. El acto de la responsable que se combate, adolece de vicios procesales que violan nuestra referida garantía ciudadana ya que, sin fundamentación ni motivación legal alguna, desecha de plano la prueba técnica identificada en párrafos anteriores, a pesar de que la misma se encontraba legalmente ofrecida en juicio.

El escrito por medio del cual se ofreció la referida prueba, es de la literalidad siguiente:

(Se transcribe).

A dicho escrito y precisamente al momento del cierre de instrucción, recayó el siguiente Auto de del Magistrado Instructor:

(Se transcribe).

Ahora bien, como se desprende de dicha resolución del Magistrado Instructor, es ilegal el motivo por el que se desecha la prueba técnica de mérito, pues se basa en el hecho de que las mismas no fueron aportadas, ni se acreditó que habiéndolas solicitados, nos hubieran sido negadas, o bien que existía obstáculo para presentarlas.

Es inconcuso que la responsable actúa de manera ilegal. En primer término porque tal y como lo manifestamos en el escrito ofertorio, los suscritos no tuvimos acceso a la prueba, por lo que, de acuerdo con las reglas de la lógica es obvio que dicha circunstancia limita de manera jurídica y material nuestra posibilidad de exhibirla en juicio.

En lo que interesa, el marco normativo al que se debe ceñir el ofrecimiento de pruebas, en materia electoral para el Distrito Federal, se contiene en la Ley Procesal Electoral, de la que se desprende la literalidad siguiente:

"Articulo 27" (Se transcribe).

"Artículo 31" (Se transcribe).

"Artículo 35" (Se transcribe).

En el caso que nos ocupa se cumple con el caso de excepción previsto en el último párrafo del artículo 35 de la Ley Procesal Electoral para el Distrito Federal, ya que dicha probanza fue ofrecida ante la responsable como prueba superveniente debido a la manifiesta imposibilidad material y jurídica de los suscritos para tener acceso a la prueba ofrecida y exhibirla, tal y como consta en el escrito de ofrecimiento de la referida prueba.

Por lo anterior, el acto de desechamiento de la prueba técnica de mérito carece de fundamento y motivación legales que dejan en pleno estado de indefensión a los suscritos, debido a que dicha violación procesal trasciende al fondo del asunto al no haberse admitido, desahogado y valorado la prueba técnica ofrecida por los suscritos, conforme a las reglas generales de la prueba. En tal virtud, esa H. Sala Superior, debe resolver en definitiva la revocación de de la resolución impugnada y, en plenitud de jurisdicción, ordenar la admisión de la prueba en comento y desahogarla como proceda, otorgándole valor probatorio en términos del artículo antes señalado y demás relativos aplicables de la Ley Procesal Electoral para el Distrito Federal.

SEGUNDO. Causa agravio a los suscritos el contenido de los CONSIDERANDOS QUINTO Y SEXTO de la resolución impugnada, que viola en nuestro perjuicio el contenido de los artículos 8, 14, 16, 17, 35 fracción II, 39, 40, 41, 99 fracción IV, 116 y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 27, apartado 1, incisos c) y g), 36, 38, 46 y 47 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, 1, 20, 21, 22, 23, 120 y 121 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal y 2, 4, 10, 11, 12, 25, 26, 27, 28, 35, 63, 64, 65 y 95 a 98 de la Ley Procesal Electoral para el Distrito Federal, 1, 3, 6, 9 a 13, 40, 41, 42, 43, 66 a 69 de los Estatutos de Alternativa Socialdemócrata, Partido Político Nacional, 7, 15, 16, 18, 28, y SEGUNDO transitorio del Reglamento de Asambleas, de Alternativa Socialdemócrata, Partido Político Nacional, y 11, 12 y vigésimo séptimo transitorio del Reglamento de la Comisión Nacional Autónoma para la Elección de Órganos de Dirección, de Alternativa Socialdemócrata, Partido Político Nacional. Lo anterior, en virtud que de dicha parte considerativa se desprende la evidente falta e ilegal valoración de pruebas, así como la violación al principio de exhaustividad que rige el actuar del tribunal responsable, en tanto que éste, al limitar el análisis pormenorizado que de cada una de las pruebas ofrecidas y exhibidas en autos por los suscritos, interfiere ilegalmente en la concatenación existente entre los hechos sujetos a prueba y los medios de convicción ofrecidos para demostrarlos, así como la relación que guarden con los demás elementos que obren en el expediente, las afirmaciones de la partes, la verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que guardan entre sí.

En relación con ello, a fojas 44 de la resolución que se combate, la responsable indica:

(Se transcribe).

En concepto del Tribunal responsable, el agravio esgrimido por los suscritos identificado en la resolución que se combate con la letra "A" resulta INOPERANTE, en razón de lo siguiente:

(Se transcribe).

De lo anterior se desprende con meridiana claridad que la responsable no sólo considera incontrovertida la existencia de actos violentos durante el desarrollo de la asamblea ordinaria de nuestro partido, en el Distrito Federal, sino que incluso, al pormenorizar que existe reconocimiento y coincidencia de las partes en cuanto a la forma en que estos sucedieron, es decir, en cuanto a las circunstancias de tiempo, modo y lugar que los rodean, por lo que el Tribunal responsable resuelve concederles valor de hechos reconocidos y probados conforme con lo que establece el artículo 26 de la Ley Procesal Electoral para el Distrito Federal.

Tal determinación de la responsable no es menor, sino por el contrario, es precisamente la base de donde parte la ilegalidad de su resolución al equivocar el análisis de fondo de los hechos y agravios, así como la ilegal valoración del caudal probatorio ofrecido por las partes, en los términos de los artículos 25 al 35 de la Ley Procesal de la materia aplicable.

A fojas 47 y subsecuentes de su resolución, la responsable analiza el contenido de las documentales públicas y privadas que obran en el expediente concediéndoles valor probatorio pleno, tales documentales son: Copia certificada del Acta de certificación de integración e instalación de la Asamblea Estatal del Distrito Federal, así como copia simple del Testimonio del Acta 24,398 Libro 721, año 2008, que contiene la fe de hechos levantada por el Licenciado Luís Eduardo Zuno Chavira, Notario Público número 188 del Distrito Federal a solicitud de los señores Alejandro Mújica Montoya en su carácter de presidente de la mesa directiva del Consejo Político federado, y Humberto Jesús Murillo Martín, quien manifestó ser Coordinador General de la Comisión Nacional Autónoma para la Elección de los Órganos de Dirección de Alternativa Socialdemócrata, Partido Político Nacional, para que diera fe del desarrollo de la Primera Asamblea Estatal Ordinaria del Distrito Federal, documentos que obran a fojas 63 a 144 y 491 a 505 del expediente respectivamente.

De ahí llega a la conclusión de que efectivamente existieron actos violentos durante la celebración de la asamblea ordinaria de nuestro partido en el Distrito Federal, pero que su acreditación no es suficiente para actualizar la causal de nulidad demandada por los suscritos, dado que para ello era necesario que los referidos actos se presenten precisamente al momento en que los representantes de nuestro partido pretendían ejercer libremente sus derechos de voz y voto en la asamblea electoral cuya legalidad se cuestiona.

Para la responsable, dichos actos de violencia, plenamente acreditados hasta en sus circunstancias de modo, tiempo y lugar, no fueron determinantes para impedir el libre acceso al ejercicio del derecho activo al voto e intervención directa de cada uno de los representantes de nuestro partido en la toma de decisiones de la asamblea. Para arribar a tal conclusión, la responsable considera que los actos violentos, no se tradujeron en presión al momento en que los miembros de la asamblea ejercieron su derecho al voto, por lo que no considera actualizada la causal de nulidad prevista en el artículo vigésimo séptimo transitorio, fracción IV, del Reglamento de la Comisión Nacional Autónoma para la Elección de Órganos de Dirección, de Alternativa Socialdemócrata, Partido Político Nacional.

Según la responsable del Testimonio Notarial del Acta 24,938 Libro 721, año 2008, que contiene la fe de hechos levantada por el Licenciado Luís Eduardo Zuno Chavira, Notario Público número 188 del Distrito Federal, se desprende que los actos de violencia no fueron permanentes sino momentáneos, y que al cesar éstos y que se garantizaron las condiciones de seguridad suficientes para reanudar la sesión, el presidente de la mesa directiva, en ejercicio de las atribuciones que le corresponden conforme a lo ordenado en el Reglamento de Asambleas del propio partido, conminó a los representantes presentes en el hotel sede, a que continuaran con la reunión, entablando comunicación verbal directamente con estos, y pese a ello, fue voluntad de diversos asambleístas no incorporarse a la continuación de la sesión, sino la de llevar a cabo una asamblea paralela en la que emitieran su sufragio y tomaran las decisiones concernientes a la elección del Consejo Político y de delegados a la asamblea nacional, lo cual demuestra que no se encontraban presionados para ejercer libremente su derecho de voto.

Tal criterio de la responsable debe considerarse ilegal e infundado, en virtud de los siguientes razonamientos:

La responsable realiza una dicotomía de los hechos como si estos hubieran ocurrido de manera aislada unos de otros, y que, al analizarlos mediante pruebas, advierte una verdad distinta de la que ocurrió. Finalmente, omite el estudio de pruebas en su conjunto, no solo de aquellas que obran en el expediente, sino incluso de aquellas que tuvo a su alcance en los términos de los artículos 28 y 31 de la Ley de Procesos Electorales para el Distrito Federal, así como con lo que establece la Tesis de jurisprudencia S3ELJ 43/2002, publicada en la Revista Justicia Electoral 2003, suplemento 6, página 51, dictada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, obligatoria para los Tribunales Electorales del país, que reza:

"PRINCIPIO DE EXHAUSTIVIDAD. LAS AUTORIDADES ELECTORALES DEBEN OBSERVARLO EN LAS RESOLUCIONES QUE EMITAN" (Se transcribe).

Efectivamente, la base medular del razonamiento de la responsable para sostener que los actos violentos no afectaron la validez de la sesión de la asamblea estatal, de fecha 16 de marzo pasado, es que, según dicha responsable, tales actos violentos, por sí mismos, no son causa suficiente para causar la nulidad de la asamblea de marras.

Sin embargo, como se desarrolla a continuación, tal razonamiento de la autoridad resulta errado, pues se basa en una percepción aislada de diversos hechos y no es el producto de una apreciación conjunta de estos. De ahí que la correcta valoración de la prueba presuncional legal y humana ofrecida y desahogada en el juicio, en conjunto con los demás elementos de prueba que obran en el expediente, permiten justificar, contrario a lo resuelto por la responsable, que es precisamente la gravedad de los actos de violencia empleados por un grupo de militantes, la causa determinante que impidió a los suscritos y demás representantes de la planilla roja, ejercer su derecho a votar y decidir en la sesión.

De tal forma, la responsable sesga la verdad histórica y con ello, la relación que guardan los hechos, tanto con los elementos de prueba, como con las afirmaciones de los suscritos sobre las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que ocurrieron los multireferidos actos violentos, por lo que omite juzgar con recto raciocinio la relación que guardan entre sí tales hechos probados en perjuicio de los suscritos, a quienes se nos impidió el ejercicio de nuestro derecho activo al voto en condiciones de libertad, tal y como se desarrolla a continuación.

En primer término, resulta falso, como lo considera la responsable, que los actos de violencia ocurridos durante la sesión no se presentaron precisamente en el momento en que pretendimos ejercer nuestro derecho de votar como representantes acreditados en la asamblea, puesto que tal y como se encuentra probado en actuaciones del expediente, los actos de violencia ocurrieron precisamente en el acto de la votación y el escrutinio de los votos. Esto se encuentra probado mediante el Testimonio notarial del Acta 24,538 Libro 721, año 2008, referido en la sentencia que se combate, de la que se desprende literalmente que durante el desarrollo de la sesión surgieron actos violentos que tuvieron como consecuencia directa el desalojo de representantes de la planilla roja, de la sede de la asamblea estatal.

En consecuencia, es inconcuso que los actos de violencia, contrariamente a lo que refiere la responsable, SI ocurrieron en el momento preciso de ejercer nuestro derecho al voto, es decir, nos fue impedido, a través de presión y violencia, votar en condiciones de libertad y conforme con las disposiciones internas de nuestro instituto político. Por lo anterior, no puede considerarse legalmente desarrollada la sesión impugnada.

Además, una vez más contrario a lo que la responsable señala, es evidente que no sólo nuestra salida del recinto sede de la sesión de la asamblea ordinaria, sino también el que algún representante decidiera no regresar a ese recinto, se debió precisamente a la influencia y como consecuencia directa de los actos violentos de que fuimos objeto, mismos que fueron realizados por miembros de la planilla opositora quienes incluso, hicieron entrar violentamente a ciudadanos que ni siquiera son de nuestro instituto político con el objeto de lastimar físicamente a quien no simpatiza con su corriente tal y como lo demuestra la documental pública que contiene el Testimonio Notarial del Acta 24,938 Libro 721, año 2008, que contiene la fe de hechos levantada por el Licenciado Luís Eduardo Zuno Chavira, Notario Público número 188 del Distrito Federal, reconocido a fojas 35 y 36 de la resolución combatida, y del que se desprende que después de los actos violentos quienes se quedaron al interior de la sede de la sesión fueron quienes nos agredieron, es decir, los representantes de la planilla blanca.

En este punto conviene identificar con toda precisión, cuáles fueron los actos de violencia ocurridos durante la asamblea ordinaria del Distrito Federal, que de acuerdo con el criterio de la responsable, se encuentran plenamente acreditados e incontrovertidos, pues resulta necesario clarificar a esa H. Sala Superior, que no se trataron de leves acciones de violencia ni de exageraciones de los suscritos, a saber:

Conforme con lo que consigna el Testimonio Notarial del Acta 24,938 Libro 721, año 2008, que contiene la fe de hechos levantada por el Licenciado Luís Eduardo Zuno Chavira, Notario Público número 188 del Distrito Federal durante el inicio de la sesión ocurrieron diversos actos de violencia, por ejemplo:

1. Siendo las 15 horas con 17 minutos del día 16 de marzo del año en curso, el representante Miguel Ángel Conde Rodríguez, sube a la mesa de presidium, toma el micrófono y manifiesta que, "compañeros los invitamos a tomar la mesa porque es un proceso injusto y entonces señores, no permitamos mas de esta asamblea.

2. El señor Miguel Ángel Conde Rodríguez manifiesta que no hay que permitir el proceso, "es un proceso injusto por favor".

3. El Notario certifica que el señor Miguel Ángel Conde Rodríguez toma a mesa de presidium y la arroja al piso.

4: El Presidente de la mesa directiva pide al señor Notario que haga la anotación y de fe, que un grupo fue quien interrumpió de manera arbitraria el desarrollo de la asamblea.

5. Siendo las 15 horas con 24 minutos del mismo día, el Presidente de la mesa directiva manifestó al Notario Público que se suspende la sesión por encontrarse en riesgo la integridad física de los presentes.

6. El Notario certifica que un grupo de personas llegaron a tirar algunas de las mesas de las tres filas de enfrente de la mesa de presidium, las propias mesas de presidium, a aventarse sillas, latas de refrescos, vasos de vidrio, tazas de vidrio, botellas de agua llenas, así como las latas de refresco llenas, tanto a representantes' con playera roja, como a representantes con playera blanca, obligando a la mayoría de los representantes a salir del salón México 1, 2 y 3 para evitar sufrir un daño físico por la agresión del que se era objeto.

De la magnitud grave de los propios actos violentos resulta lo errado del razonamiento de la responsable, pues al considerar que éstos no fueron influencia, ni coaccionaron ni presionaron al electorado presente, omite valorar de acuerdo con las constancias de autos que, fueron éstos precisamente la causa directa e impedimento material del normal desarrollo de la sesión y el ejercicio del derecho al voto, ya que no le es exigible a nadie en su sano juicio que, después de haber sufrido un ataque violento física y verbalmente, es decir, después de haber sido golpeado, pateado, insultado, vejado y humillado, regrese al lugar donde se encuentran sus agresores. Es evidente y lógico que existió miedo en los representantes que salieron del recinto sede y del hotel, por los que aunque presumiblemente alguno optara por permanecer en las instalaciones cercanas, con toda seguridad que el miedo a una nueva confrontación y las secuelas del ataque físico, moral y psicológico de que fuimos objeto, lo hizo decidir no volver al mismo lugar de donde provino la agresión.

No es óbice a este recto raciocinio lo sostenido por la responsable en relación a que, "pasados los actos de violencia, el Presidente conminó a los representantes presentes en el hotel sede a que continuaran con la reunión, entablando comunicación verbal directamente con estos...", pues lo anterior es un hecho sesgado que la responsable emplea ilegalmente para demostrar que la actuación del Presidente de la mesa directiva fue apegada a la normatividad legal y reglamentaria aplicable, cuando de un análisis conjunto de hechos y pruebas es evidente que su actuación fue ilegal.

Lo anterior es así porque la responsable al juzgar, se aparta del recto raciocinio de la relación que guardan entre sí las afirmaciones de las partes y la verdad conocida, en violación del contenido de los artículos 29, 30 y 35 de la Ley Procesal Electoral para el Distrito Federal. Es decir, la responsable tiene por acreditado que, pasados los actos de violencia, el Presidente de la mesa directiva conminó a los representantes presentes en el hotel sede a que continuaran con la reunión, entablando comunicación verbal directamente con éstos, sin embargo, omite circunstancias relevantes que afectan la veracidad y validez de dicho acto, como lo son por ejemplo, el número de representantes que estaban "presentes" y en dónde estaban presentes, la cantidad de representantes que supuestamente conminó a reanudar la sesión, sus nombres, la contestación de éstos, o bien el número de representantes que no invitó porque se hubieren retirado ya del lugar, el número de representantes que se encontraban aún en las instalaciones del hotel, las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que realizó la referida invitación, así como las medidas adoptadas y los actos realizados para convocar, notificar o por lo menos invitar a los representantes que ya no se encontraban en el hotel. Por tales motivos, el actuar del Presidente de la mesa directiva durante el desarrollo de la sesión de la asamblea ordinaria de nuestro instituto político en el Distrito Federal, no puede ser considerado un acto válido y ajustado a la normatividad aplicable, y en consecuencia restan eficacia jurídica a la prueba en la que la responsable sustenta el supuesto acto de notificación, aviso o citación realizado por el referido Presidente de la mesa directiva.

Así, es claro que ante la complicidad de la mesa directiva de la asamblea, existió toda una estrategia a cargo de los líderes del grupo blanco, con la finalidad de crear inestabilidad e incertidumbre en el desarrollo de la asamblea, que finalmente desembocaron en los actos de violencia que permitieron excluirnos de las decisiones tomadas ese día, por lo que las mismas carecen de validez.

Como se desprende de las pruebas adminiculadas, y valoradas conforme los principios y reglas del artículo 35 de la Ley Procesal Electoral, con motivo de la irregular elección, o mejor dicho, designación de escrutadores por parte de la mesa directiva en funciones, bajo el falaz argumento de que en ambas votaciones había ganado la planilla del grupo de los blancos, cuando dichas votaciones eran inválidas por contener votos de menos y de más, respectivamente, se propició un clima de tensión y ataques verbales de ese grupo de los blancos en contra de los representantes rojos que se encontraban haciendo valer su inconformidad por los cauces legales y políticos, en contra del amañado recuento de votos.

Asimismo, se aprecia en dichas probanzas que desde un principio los miembros del grupo blanco se apoderaron de los lugares al frente del salón y cercanos a la mesa directiva en funciones y a la zona de votación, mientras que a los representantes del grupo rojo se les "acorraló" o "arrinconó" al fondo del mismo, lo cual facilitó la perpetración de los actos violentos en su contra.

De esta manera, es claro que al encontrase los militantes de blanco impidiendo el paso para que se contabilizaran los votos del grupo de los rojos, que se insiste se encontraba replegado a la parte trasera del salón en el que se desarrollaba la asamblea, tal y como consta en las fojas 52 y 53 del acta expedida por el Notario Público, tenía la finalidad de exaltar los ánimos de los asambleístas, mediante la provocación al grupo identificado con el color rojo, lo que finalmente generó los hechos de violencia que se narran en el escrito por el que se ofreció y aportó a la responsable, el vídeo de mérito.

De igual forma, las imágenes del vídeo son elocuentes del grado de violencia del que fuimos objeto el grupo de vestimenta roja, por parte de los vestidos con playeras o gorras de color blanco, actos que tenían por objeto, como finalmente se logró, expulsarnos de las instalaciones del hotel en el que se desarrollaba la asamblea, para con posterioridad, en complicidad con el presidente de la mesa directiva en funciones y el personal de seguridad del hotel, prohibirnos el reingreso al inmueble para el reinicio de la asamblea.

Ello se acredita, contrario a lo sostenido por la responsable, cuando el propio Notario manifiesta en la foja 53 del acta por él expedida, que a las quince horas con cuarenta y cinco minutos, "al constituirse de nueva cuenta en los salones para recuperar un cuaderno que había extraviado en la trifulca", observó que en dicho lugar únicamente se encontraban militantes vestidos de blanco, más de la mitad de los que se encontraban sesionando con anterioridad a los actos violentos, y que le informaron que la asamblea continuaría, obviamente, únicamente con ellos, lo que hace nugatorio nuestro derecho a participar de manera libre, espontánea y directa en las decisiones trascendentales de Alternativa Socialdemócrata, Partido Político Nacional, a través del ejercicio de nuestro derecho al voto.

En conclusión, las pruebas a las que nos hemos venido refiriendo, y que fueron valoradas de manera errónea por la ahora responsable, desacreditan que los causantes y realizadores de los actos de violencia fueron los representantes identificados con el grupo de los rojos, ya que tanto en la resolución reclamada como en lo manifestado en el acta de certificación de integración e instalación de la Asamblea Estatal del Distrito Federal, se asienta dolosa y mañosamente tal falsedad, cuando la realidad es totalmente diferente, pues desde un principio, la estrategia del grupo blanco era apoderarse de la asamblea para poder elegir a su antojo a los miembros de la nueva mesa directiva, consejeros políticos y delegados a la Asamblea Nacional, eso sí, mediante actos de presión y violencia física en contra de quienes no formábamos parte de ese grupúsculo.

De tal forma, contrario al razonamiento vertido en su sentencia por la responsable, es claro que tales actos de violencia son determinantes para el resultado de las diferentes votaciones realizadas es la asamblea ahora cuestionada, pues, se insiste, ello originó por razones obvias nuestro retiro a fin de poner en riesgo nuestra integridad física, actitud mas que justificada por las razones expuestas, lo que propició la clara violación a nuestros derechos político-electorales relacionados con el voto activo y de afiliación.

El primer agravio que planteamos tiene valor jurídico propio. Este será demostrado puntualmente.

No obstante, hay que decirlo desde ahora, esta línea argumentativa toca un tema trascendente para la forma de hacer política, para el valor de la política y para los valores que han de acompañar a la política. Nos estamos refiriendo, por supuesto, al binomio que conforman la política y la violencia.

Cuando se analiza panorámicamente el presente caso, no es difícil identificar que desde su origen -en el recurso de revisión intrapartidista- se hizo valer la existencia de hechos violentos en la asamblea del Distrito Federal y la materialización, como consecuencia de ellos, de una causal de nulidad de la asamblea.

Ese planteamiento siguió un curso primero de carácter probatorio y después de valoración jurídica. Esto es, primero se han tenido que analizar constancias y pruebas para llegar a una convicción respecto de la existencia de hechos violentos. Posteriormente, en el ámbito de la valoración legal, la tarea consiste en atribuirle un significado a la normatividad interna de Alternativa Socialdemócrata y, a la luz de ella, atribuirle un alcance a los hechos violentos que se suscitaron en la asamblea del D.F.

En las circunstancias descritas, tenemos que la sentencia dictada por el Pleno del Tribunal Electoral del D.F. es explícita en establecer la premisa fundamental para el presente análisis: la violencia ocurrida en la asamblea del D.F. está plenamente probada.

En efecto, la sentencia que se combate es categórica: En la página 46 se dice:

(Se transcribe).

Y en la página 48:

(Se transcribe).

Además, en la página 49 se afirma:

(Se transcribe).

En sintonía con lo anterior, en múltiples momentos la sentencia es clara: la violencia quedó acreditada.

Así las cosas, una vez que el tribunal local tuvo por ciertos los hechos violentos en la asamblea, la metodología jurídica supone que lo siguiente es un ejercicio interpretativo de la normatividad intrapartidista y un ejercicio valorativo de los efectos que puede generar la violencia respecto de la asamblea controvertida.

Para decirlo con claridad, si la premisa mayor de este análisis (el reconocimiento expreso de la violencia en la asamblea) proviene de la sentencia del tribunal local, entonces lo que resta ya no es la prueba de hechos, sino la adecuada construcción jurídica del significado de la violencia en la normatividad interna de nuestro partido.

En específico, una vez probada la existencia de la violencia, lo siguiente consiste en interpretar y determinar la aplicabilidad de la fracción IV del artículo Vigésimo Séptimo Transitorio del Reglamento de la Comisión Nacional Autónoma para la Elección de Órganos de Dirección.

La norma dice:

(Se transcribe).

Es entonces que el Tribunal Electoral del Distrito Federal hizo la siguiente interpretación y aplicación de la norma intrapartidista:

(Se transcribe).

De la anterior interpretación que hace el tribunal responsable, es de llamar la atención lo siguiente:

a) El tribunal local considera que la "presión" está relacionada con amenazas que suponen peligro de perder la vida, la honra, la libertad, la salud o parte de los bienes.

b) El tribunal local considera que el "hostigamiento" es una forma de presión mental.

c) El tribunal responsable, en coincidencia con los actores, equipara actos de violencia con actos de presión.

d) Además, considera que es necesario que el afectado demuestre fehacientemente que el acto de presión (acto de violencia) influyó determinantemente en el momento en que pretendía ejercer sus derechos.

e) En el caso bajo análisis, el tribunal local considera que los actos de violencia (equiparados a actos de presión por el tribunal) no se prolongaron de manera indefinida y que, por tanto, no se configuró la causa de nulidad prevista por el artículo vigésimo séptimo transitorio del Reglamento de la CNAEOD.

f) El tribunal considera que al haber cesado los hechos de violencia (equiparados a actos de presión), no se amedrentó a los asistentes a la asamblea, al grado de obligarlos a abandonar definitivamente la sede del evento.

g) En el presente caso, el tribunal local considera que los hechos de violencia (equiparados a actos de presión) no amedrentaron a los asistentes a la asamblea en razón de que permanecieron en el mismo domicilio al que originalmente fueron convocados.

h) Finalmente, el tribunal responsable considera que los hechos de violencia (equiparados a actos de presión) no amedrentaron a los asistentes a la asamblea en razón de que voluntaria y libremente decidieron no regresar a la sesión de la asamblea.

En suma, el silogismo del Tribunal Electoral del D.F. es el siguiente:

• La presión es causal de nulidad de la asamblea.

• Presión equivale a violencia.

• En la asamblea del D.F. está probada la existencia de la violencia.

• Sólo la violencia permanente o que se prolongue de manera indefinida da lugar a la nulidad de la asamblea.

• La violencia no fue permanente ni se prolongó de manera indefinida.

• Por tanto, la violencia no configuró la causal de nulidad de la asamblea.

No obstante, la interpretación que hace el tribunal responsable, que lo conduce a aplicar la norma en determinado sentido, adolece de vicios de lógica formal, así como de excesos y de omisiones que, en su conjunto, trastocan su legalidad. Veamos:

1) Desde la perspectiva de la lógica formal, el silogismo del tribunal responsable es incorrecto porque de una premisa falsa pretende arribar a una conclusión verdadera.

En lógica formal es sabido que la sumatoria de premisas falsas con verdaderas no puede conducir válidamente a conclusiones verdaderas. Así, en el caso que nos ocupa, la premisa falsa consiste en afirmar que sólo la violencia permanente o que se prolongue de manera indefinida, da lugar a la nulidad de la asamblea.

La premisa es falsa porque, como expondremos enseguida, no proviene de la normatividad partidista. Se trata de una afirmación hecha por el Tribunal responsable sin sustento legal alguno.

De este modo, si la premisa es falsa, la conclusión del silogismo también lo es.

Enseguida abundaremos en la argumentación que acredita la falsedad de la premisa mencionada.

2) La interpretación del tribunal local es equívoca desde la perspectiva gramatical.

Para ilustrar lo anterior, de nuevo transcribimos la norma que interesa:

(Se transcribe).

El tribunal local sostiene que la presión, equiparada por el propio tribunal a la violencia, ha de prolongarse de manera indefinida para que pueda generar la nulidad de la asamblea.

Es entonces que aparece la primera ilegalidad en la interpretación que hace el tribunal local: agrega a la causal de nulidad una propiedad que no proviene de la norma. En ningún lado, en ninguna disposición, se dice que la presión, el hostigamiento o la violencia deban tener la característica de permanentes o alargarse de manera indefinida.

En efecto, como se puede observar, la norma intrapartidista dispone que la nulidad de la asamblea se materializa cuando se ejerce presión u hostigamiento sobre cualquier persona. No obstante, la norma no agrega a esa presión u hostigamiento el carácter de permanentes o alargarse de manera indefinida.

Así, cuando el tribunal aduce que la presión u hostigamiento han de alargarse de manera indefinida para dar lugar a la nulidad de la asamblea, de manera ilegal está agregando una característica que no está en la norma. Con su interpretación, el tribunal local incrementó artificialmente un adjetivo que, al no provenir de la norma, no puede ser exigido por nadie. Eso no es interpretar, es legislar.

En este sentido, el tribunal local llega al extremo de afirmar que la violencia, la presión y el hostigamiento no se prolongaron de manera indefinida, que los miembros de la asamblea no fueron amedrentados porque no se retiraron de manera definitiva del hotel en que se celebraba la asamblea y que voluntariamente decidieron no regresar a la reanudación de la asamblea.

Aquí es donde la interpretación del tribunal local va en contra de toda lógica: ¿Hasta dónde ha de llegar la violencia, la presión y el hostigamiento para constituirse en una causa de nulidad? Siguiendo la interpretación del tribunal responsable llegaríamos al absurdo: tendría que haber una violencia infinita, habría que llegar a la agresión extrema, tal vez a la pérdida de vidas, para entonces suponer que se ha amedrentado a alguien.

Además, según la lectura del tribunal local, los sujetos afectados por la violencia tendrían que haberse retirado a un lugar lejano e impreciso para que se configurase la causal de nulidad. ¿Hasta dónde debieron marcharse? ¿afuera del hotel?, ¿a dos cuadras?, ¿a diez? ¿a otra ciudad?.

No hay lugar a dudas. La interpretación del tribunal local es imprecisa, gratuita, ilegal, excesiva y contraria a la lógica.

3) Por otra parte, la interpretación del tribunal local es omisa en atender la naturaleza de los fenómenos fácticos que dan lugar a la nulidad.

Veamos primero las siguientes definiciones del Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española:

Presión1.

(Del lat. pressío, -ónis).

1. f. Acción y efecto de apretar o comprimir.

2. f. Magnitud física que expresa la fuerza ejercida por un cuerpo sobre la unidad de superficie. Su unidad en el Sistema Internacional es el pascal.

3. f. Fuerza o coacción que se hace sobre una persona o colectividad.

Coacción1.

(Del lat. coactío, -ónis).

1. f. Fuerza o violencia que se hace a alguien para obligarlo a que diga o ejecute algo.

(...)

Hostigamiento.

1. m. Acción y efecto de hostigar.

Hostigar.

(Del lat. fustigare).

1. tr. Dar golpes con una fusta, un látigo u otro instrumento, para hacer mover, juntar o dispersar.

2. tr. Molestar a alguien o burlarse de él insistentemente.

3. tr. Incitar con insistencia a alguien para que haga algo.

4. tr. Hostilizar ( al enemigo).

(...)

Hostilizar.

(De hostil e -izar).

1.tr. Agredir a enemigos.

2.tr. Atacar, agredir, molestar a alguien con insistencia.

Así, cuando se habla de presión u hostigamiento, estamos ante fenómenos fácticos cuyas características naturales no dejan lugar a la interpretación que hizo el tribunal local.

Esto es:

• Presionar es ejercer fuerza o coacción.

• Coacción es ejercer violencia.

• Hostigar, sinónimo de hostilizar, es atacar, agredir o molestar.

Si esto es así, se puede apreciar que estamos ante fenómenos que producen efectos perniciosos en el momento en que se ejercen y justamente por ello difícilmente se podría sostener que la violencia, la coacción o el hostigamiento sólo surten sus efectos cuando se extienden indefinidamente en el tiempo.

Lo que sostenemos no es complejo: cuando en una asamblea como la del Distrito Federal se generan actos violentos, que presionan y hostigan, el efecto de estos actos se produce al instante y puede permanecer afectando al agredido no sólo de manera física, sino también anímica o psicológica. Justamente por ello es que cuando se habla de violencia la ciencia nos habla de violencia física y psicológica.

Insistimos: los efectos de estos actos perniciosos, que afectan la voluntad y la libertad de las personas, se producen al instante y pueden permanecer afectando al agredido.

Aquí es donde combatimos la interpretación del tribunal responsable en el sentido de que, una vez que el presidente de la asamblea anunció el reinicio de la sesión, todos los asambleístas debieron haber reingresado al mismo salón en donde fueron agredidos. ¿Es acaso que el tribunal supone que una persona regresará de inmediato al mismo lugar en donde fue agredida? ¿Es esto razonable? ¿Es que el tribunal responsable desconoce que las agresiones físicas se consuman en el instante pero sus efectos pueden permanecer en las personas agredidas? ¿Es que el tribunal del D.F. desconoce que la violencia puede ser física y psicológica?

Reiteramos. La interpretación de la autoridad responsable es ilegal porque:

a) Tiene vicios de lógica formal;

b) Agrega artificialmente la característica de permanencia o de duración indefinida a los fenómenos de violencia, presión u hostigamiento como causas de nulidad de la asamblea; y,

c) Es omisa en atender la naturaleza de los fenómenos de violencia, presión y hostigamiento en sus efectos físicos, materiales (que se agotan en el instante en que se ejercen) y en su efecto psicológico (que se puede extender en el tiempo).

La interpretación del tribunal es incorrecta.

En contraparte, proponemos la siguiente interpretación del artículo vigésimo Séptimo Transitorio del Reglamento de la CNAEOD aplicado al caso que nos ocupa:

• La nulidad de la asamblea proveniente de la norma en análisis llega cuando se ve afectado el más elemental de los derechos de los integrantes de la asamblea: el voto. Así, cuando no se ejerce el voto con libertad, cuando haya presión en su ejercicio o se hostigue a los miembros de la asamblea, entonces se materializa la nulidad de la asamblea.

• A En particular, la causal de nulidad consistente en la presión u hostigamiento de los miembros de la asamblea tiene un sello distintivo: basta que cualquier persona hubiere ejercido esa presión u hostigamiento para que se materialice la nulidad. La precisión es importante, pues no se necesita acreditar la identidad, personalidad o carácter del o los agentes que ejercen presión u hostigamiento, sino que basta que exista esta circunstancia irregular para que la asamblea esté viciada de nulidad.

• En términos semánticos, la causal de nulidad consistente en la presión u hostigamiento de los miembros de la asamblea se materializa cuando se presentan hechos de violencia que aféctenla libertad del voto de los asambleístas. Nada más.

• En este sentido, la causal de nulidad consistente en la presión u hostigamiento, cuando estos fenómenos se presentan per se o mediante hechos de violencia, se materializa en el instante en que suceden los hechos perniciosos. Así lo establece la literalidad de la norma y, además, así se desprende de la naturaleza de esta clase de fenómenos.

• Así las cosas, en el caso que nos ocupa está probada la existencia de los hechos violentos en la asamblea del D.F. Los hechos verificados en la asamblea son violentos y tuvieron como fin agredir físicamente y así presionar y hostigar a los asistentes a la asamblea.

• Los hechos violentos también tuvieron como fin agredir e intimidar para que muchos de los representantes no ejercieran en libertad su derecho de voto. En el extremo, los hechos violentos no sólo lograron su fin intimidatorio, sino que incluso condujeron a que muchos miembros de la asamblea tuvieran que abandonarla para preservar su integridad física.

• Los hechos impidieron a muchos de los representantes que integran la asamblea ejercer con libertad su derecho de voto.

• Los miembros de la asamblea que sufrieron los hechos violentos no estaban en posibilidad de reincorporarse a la asamblea. Los hechos violentos surtieron efectos en el momento en que éstos se generaron y razonablemente permanecieron en los afectados en las horas siguientes, de modo que no era razonable exigirles que se reincorporaran al salón en que fueron agredidos.

• Como consecuencia de lo anterior, la asamblea es nula.

La interpretación que hacemos tiene sentido no sólo desde la óptica electoral, sino también desde la perspectiva del derecho civil: la violencia -en cualquiera de sus modalidades- es un factor que vicia la voluntad de quien la padece y es generadora de la nulidad de aquél acto que se hubiere celebrado bajo sus efectos.

Señora y señores magistrados, terminamos este alegato con la reflexión más trascendente que ameritan los hechos acontecidos -y probados- en la asamblea del Distrito Federal:

En la política democrática, es decir en la política que tiene cauces institucionales y que se rige por normas jurídicas, la violencia simple y sencillamente no tiene cabida.

La contienda política, como lucha por el poder, evidentemente tuvo sus orígenes en la lucha violenta. Este es el más remoto estado de naturaleza de la competencia política.

Sin embargo, la construcción del Estado de derecho y de las instituciones significó en lo inmediato un viraje en los términos de la contienda política: se extirpó su naturaleza violenta.

En la actualidad la violencia es la antítesis de la política. La violencia es la negación de la política, es clausurar toda posibilidad de que la eliminación de la libertad de las personas sea la que marque sus decisiones.

Así, la violencia es el primer elemento a desterrar de la política. Sólo así se puede preservar el estado democrático, sólo así cobran fuerza las instituciones y sólo así se propicia la convivencia pacífica aun entre intereses legítimamente diversos.

El presente caso es emblemático. Los suscritos hemos seguido un largo cauce institucional porque creemos en la política y porque estamos convencidos de que ante la violencia el Estado -y en especial los órganos que imparten justicia- debe ser implacable.

La violencia no deja margen a interpretaciones complacientes, señora y señores Magistrados. Este es uno de los pocos asuntos en que la política no tiene matices: la violencia existe o no existe; la violencia trastoca la convivencia democrática o no lo hace; la violencia arremete en contra de la política o no lo hace.

Nuestra convicción es absoluta y por eso hemos venido ante esta instancia: la violencia no puede estar cerca de la política. El riesgo es muy alto. El riesgo es para todos los agentes políticos. De ahí que la postura de las instituciones tiene que ser categórica: no se puede abrir la puerta a que la violencia rebase a las leyes, a las instituciones, a los principios democráticos y se convierta en la nueva vía para la solución de conflictos... como sólo lo fue en el lejano estado de naturaleza del ser humano.

TERCERO. La sentencia que se combate, en su CONSIDERANDO SEXTO viola en perjuicio de los suscritos el contenido de los artículos 8, 14, 16, 17, 35 fracción II, 39, 40, 41, 99 fracción IV, 116 y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 27, apartado 1, incisos c) y g), 36, 38, 46 y 47 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, 1, 20, 21, 22, 23, 120, 121 y 129 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal y 2, 4, 10, 11, 12, 25, 26, 27, 28, 35, 63, 64, 65 y 95 a 98 de la Ley Procesal Electoral para el Distrito Federal, 1, 3, 6, 9 a 13, 40, 41, 42, 43, 66 a 69 de los Estatutos de Alternativa Socialdemócrata, Partido Político Nacional, 7, 15, 16, 18, 28, y SEGUNDO transitorio del Reglamento de Asambleas, de Alternativa Socialdemócrata, Partido Político Nacional, y 11, 12 y vigésimo séptimo transitorio del Reglamento de la Comisión Nacional Autónoma para la Elección de Órganos de Dirección, de Alternativa Socialdemócrata, Partido Político Nacional.

Efectivamente, tras los actos violentos ocurridos en la cuestionada asamblea estatal, la autoridad electoral intrapartidaria encargada de la dirección de la misma, realiza diversos actos jurídicos que finalmente conllevan a la reanudación de la sesión que culmina en los términos señalados en actuaciones. El presente agravio se, endereza contra las consideraciones de la responsable que motivan finalmente la declaración de legalidad y constitucionalidad de tales actos de la autoridad intrapartidaria y en consecuencia, la validez de la sesión impugnada, pues debido a éstos, los suscritos fuimos impedidos de votar en la sesión de la asamblea estatal, de ahí nuestra consideración de que los mismos violan en nuestro perjuicio nuestro derecho a ejercer libremente el voto.

Como se desprende a fojas 63, 64, 65, y subsecuentes de la resolución combatida, la responsable considera que el actuar del presidente de la mesa directiva durante el desarrollo de la asamblea ordinaria de nuestro instituto político en el Distrito Federal, fue ajustado a la normatividad aplicable, y en consecuencia, válida la sesión referida, sin considerar lo siguiente:

El presidente de la mesa directiva de la referida asamblea ordinaria tiene dentro de sus atribuciones las que se desprenden del contenido de los artículos 15, 16, y 18 del Reglamento de Asambleas intrapartidario, así como las generales que como autoridad electoral le competen, de velar que se cumpla la celebración de elecciones libres, auténticas y periódicas, por medio del voto libre, secreto, directo y universal, así como intransferible y personal, según se establece también en los artículos 35, fracción I; 41, párrafo segundo, fracción I, segundo párrafo, y 116, párrafo 2, fracción IV, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El artículo 16, incisos f) y g) del Reglamento de Asambleas de nuestro Instituto político establece que son atribuciones del Presidente de la mesa directiva de la Asamblea:

(Se transcriben).

El Presidente de la mesa directiva de la asamblea cuenta con facultad estatuaria para haber tomado las decisiones y medidas que estimara necesarias para el desarrollo o suspensión definitiva de la sesión ordinaria de asambleístas en el Distrito Federal. Sin embargo, es inconcuso que dicha facultad no es omnímoda o absoluta, pues se encuentra acotada, por un lado, a que los actos, medidas o decisiones adoptadas tengan como único objeto superar condiciones extraordinarias al normal desarrollo de una sesión, y por otro lado, que tales medidas y decisiones no sean contrarias al marco legal aplicable.

De ahí lo ilegal de la actuación del Presidente de la mesa directiva de la asamblea, no valorado así por la responsable, ya que contrario a lo que sostiene en la resolución que se combate, existen pruebas suficientes y atinentes que evidencian de manera indubitable que, con su actuación el día 16 de marzo del año en curso, el Presidente de la mesa directiva de la asamblea ordinaria de nuestro instituto político en el Distrito Federal, violó el contenido de los artículos 1, 3, 6, 9 a 13, 40, 41, 42, 43, 66 a 69 de los Estatutos de Alternativa Socialdemócrata, Partido Político Nacional, 7, 15, 16, 18, 28, y SEGUNDO transitorio del Reglamento de Asambleas, de Alternativa Socialdemócrata, Partido Político Nacional, y 11, 12 y vigésimo séptimo transitorio del Reglamento de la Comisión Nacional Autónoma para la Elección de Órganos de Dirección, de Alternativa Socialdemócrata, Partido Político Nacional.

Efectivamente, como se desprende de la documental pública consistente en el Testimonio notarial del Acta 24,938 Libro 721, año 2008, que contiene la fe de hechos levantada por el Licenciado Luís Eduardo Zuno Chavira, Notario Público número 188 del Distrito Federal, considerada por la responsable con plena eficacia probatoria, con fundamento en los artículos 25, 26 y 27 de la Ley procesal Electoral del Distrito Federal, al suscitarse los actos violentos identificados en el agravio anterior, que provocaron, a su vez, la salida de la mayoría de los asambleístas con derecho a voz y voto, el propio Presidente de la mesa directiva, según reconocimiento expreso que hace la responsable a fojas 64, segundo párrafo de su resolución, suspendió unilateralmente la sesión, lo que, tal y como lo reconoce una vez más la responsable, tiene como consecuencia lógica que el presidente de la mesa directiva estuviera constreñido a CONVOCAR a los representantes para la celebración, o en su caso, a determinar la reanudación de la sesión.

Ciertamente la responsable señala a fojas 64 y 65 de su resolución, que una vez desaparecidos los hechos violentos de la sesión, el Presidente de la mesa directiva, "decidió" reanudar la sesión que él mismo había declarado suspendida, para lo cual, dicho dirigente se encontraba constreñido a emplear un mecanismo que ofreciera certeza para convocar nuevamente a los asambleístas, y eso incluye a todos y no sólo a unos cuantos, o mejor dicho, a los que rescató, encontró o bien los suficientes para generar quórum otra vez e integrar la asamblea por segunda ocasión, pues esto a todas luces constituye una privación de derechos político-electorales para quienes, como los suscritos, nos registramos e integramos la asamblea como representantes en primera instancia y después de los actos de violencia ya no pudimos continuar en la sesión.

Tal razonamiento no tiene distintas interpretaciones lógicas, sino sólo una, y esta es la siguiente: Si al inicio de la sesión se encontraban presentes integrando el quórum de la sesión, un total de 334 asambleístas, luego, independientemente de las razones que dieron lugar a su suspensión, esta debió reanudarse convocando, cuando menos, a los mismos representantes que ya estaban registrados inicialmente a la asamblea, integrando el quórum y votando las decisiones para las que había sido convocada la asamblea en primera instancia, lo cual queda debidamente acreditado en el expediente con las documentales públicas ofrecidas y desahogadas. O bien, ante su imposibilidad, realizar una nueva convocatoria pública y ampliamente difundida que garantizara la participación plural y amplia, en la reanudación de la sesión, a efecto que las decisiones trascendentales del partido fueran adoptadas por el mayor número de militantes, provocando así el mayor grado de democracia posible al interior del partido político.

El marco normativo interno de Alternativa Socialdemócrata, Partido Político Nacional, se encuentra dispuesto para tal fin. Es inconcuso que las disposiciones estatutarias y demás internas de todos los partidos políticos deben ceñirse a respetar bajo principios democráticos mínimos, los derechos político-electorales de sus afiliados. Por tal motivo, cuando el artículo 16, inciso g) y del Reglamento de Asambleas de dicho partido establece que el Presidente de la mesa directiva cuenta con facultades para tomar las decisiones y medidas que estima necesarias para el desarrollo de las sesiones del pleno, debe siempre entenderse que dicha facultad no es absoluta sino limitada y acotada al cumplimiento de los principios democráticos, legales y constitucionales en materia electoral, so pena de ser declarados inconstitucionales o inaplicables por contraponerse a lo dispuesto en los artículos 35 fracción II, 39, 40, 41, 99 fracción IV, 116 y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 27, apartado 1, incisos c) y g), 36, 38, 46 y 47 del Código Federal de Instituciones y Procesos Electorales.

Como es de explorado derecho, existen formalidades esenciales para la existencia y validez de los actos jurídicos. En el caso que nos ocupa, la celebración de una sesión de asamblea de delegados de un partido político nacional, es un acto formal que requiere el cumplimiento de ciertos requisitos de para ser válido. Luego, decretar un receso y declarar su suspensión, conllevan consecuencias de hecho y de derecho totalmente distintas entre sí. Por ejemplo, es evidente que entre los dos casos la forma de notificar sea distinta en condiciones normales de desarrollo, al acto formal; en el primero de ellos, no existe la necesidad de volver a convocar a los asistentes a la sesión puesto que tal requisito se cumple desde el momento en que se declara el receso; mientras que en el segundo de los supuestos, es decir, la suspensión no definitiva de la sesión, requiere forzosamente de una convocatoria formal, no de palabra, para su reanudación.

En el caso concreto, no existió convocatoria pública que fuera difundida con amplitud para reanudar la sesión y en consecuencia fue vulnerado el derecho de los suscritos a ejercer el voto durante la reanudación de la sesión. La responsable erróneamente considera que el Presidente de la mesa directiva, como autoridad electoral intrapartidaria, sí dio cumplimiento cabal a tal formalidad democrática, pues según ella -consultable a fojas 64 y 65 de la resolución impugnada- del testimonio notarial del Acta 24,933 Libro 721, año 2008, ofrecido y exhibido en autos, el referido Presidente, en compañía del Notario Público número 188 del Distrito Federal, Luís Eduardo Zuno Chavira, "invitó a los representantes de ambos grupos que aún se encontraban presentes en las instalaciones del hotel donde se llevaba a cabo la sesión, a continuar con la misma".

De ahí que, como ya se ha analizado con antelación, la autoridad electoral encargada de dirigir y presidir la sesión, al momento de que surgieron actos de violencia que pusieron en riesgo la integridad física de todos los asambleístas presentes en la sesión, manifestó unilateralmente al Notario Público presente que se suspendía la sesión en virtud de que no habían condiciones de seguridad para los miembros de la asamblea, lo anterior en ejercicio de las facultades que le confiere el artículo 16, inciso g), del Reglamento de sesiones del partido político en cuestión, pues se trata de un hecho extraordinario que debió resolver de manera unilateral e inmediata.

Sin embargo, no pasa así con la reanudación de la sesión, pues según consta en actuaciones, suponiendo sin conceder que, como lo considera falazmente la responsable, las causas extraordinarias de violencia hubieran cesado, no existía razón jurídica que eximiera a la entonces autoridad electoral, representada en la mesa directiva de la asamblea, para notificar con la debida difusión y publicidad, a los representantes presentes Y A LOS NO PRESENTES EN ESE MOMENTO, los motivos y fundamentos de ley que llevaron a dicha autoridad a determinar la reanudación de la sesión, pues de acuerdo con las reglas de la lógica y de la experiencia, debido a los actos violentos, la mayoría de los representantes que fueron objeto de agresiones física y verbales, decidieron desalojar el inmueble de la sede de la sesión como es el caso de los suscritos, lo cual se encuentra plenamente acreditado en actuaciones mediante el contenido de la documental pública consistente en el Testimonio Notarial 24,938 de fecha 16 de marzo del año en curso.

Bajo ese contexto, se obvia el resultado de volver a juntar los grupos antagónicos de la asamblea, bajo las mismas condiciones de inseguridad, por lo que la autoridad responsable carece de base legal alguna para pretender, a través de las consideraciones que se combaten, exigir de quienes fuimos blanco de violencia una conducta distinta que retirarse del lugar, pues tal y como se encuentra acreditado en actuaciones, el Presidente de la mesa directiva omitió señalar a los representantes presentes las condiciones de seguridad adoptadas para salvaguardar su integridad física, limitándose a señalar que ya existían condiciones de seguridad.

Es por ello que, bajo las condiciones imperantes el día 16 de marzo del año en curso, al interior de los salones 1, 2 y 3 del Hotel Crown Plaza de la Ciudad de México, lugar señalado para la celebración de la asamblea estatal ordinaria del Distrito' Federal de nuestro instituto político, después de ocurridos los actos violentos que se encuentran plenamente identificados en actuaciones, le era exigido al Presidente de la mesa directiva de la asamblea que, a efecto de no vulnerar los derechos político-electorales de los ciudadanos representantes e integrantes con derecho a voz y voto en la referida asamblea de nuestro partido, realizara NUEVA CONVOCATORIA para llevar a cabo la sesión electiva, mas aun, cuando esta había sido convocada según el Orden del Día respectivo, para elegir a la propia mesa directiva de la asamblea, representantes a la asamblea nacional, consejeros políticos nacional y consejeros políticos estatales.

Así, el acto jurídico tildado de invalidez a través del presente juicio, es un acto jurídico formal. Ello se demuestra con el procedimiento regulatorio específico al que se encuentra sujeto por la normas intrapartidarias, a efecto de dotarlo de efectos jurídicos que garanticen el cumplimiento y estricto apego a los principios democráticos de los actos en materia electoral, certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, objetividad, equidad, publicidad y transparencia, contenidos en los artículos 39, 41, 99 y 116 de la Carta Magna. Por ello y en primer término, dada la trascendencia de los actos jurídicos, políticos y sociales para los que fue convocada en primera instancia la sesión de fecha 16 de marzo del año en curso; segundo, considerando la magnitud de la violencia empleada por los representantes de camiseta blanca para "romper" el desarrollo de la sesión de asamblea en el Distrito Federal, así como las consecuencias inherentes y las directas de tales actos, como lo fue la desintegración del quórum en la sesión para la toma de decisiones, es que la NUEVA CONVOCATORIA debió sujetarse a determinadas y específicas formalidades esenciales para su validez y certeza, a saber:

El artículo 27, apartado 1, incisos c) y g), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, impone a los partidos políticos la obligación de establecer en sus estatutos, procedimientos democráticos para la integración y renovación de los órganos directivos. Esto es, que las disposiciones estatutaria y reglamentarias de nuestro partido político nacional, no pueden ni deben estar por encima de las obligaciones legales impuestas por las leyes federales, mucho menos por lo dispuesto en la Constitución federal, so pena de ser declaradas inconstituciones por no apegarse a los principios de legalidad y constitucionalidad.

Así, conforme con lo que disponen los artículos 35, 39, 40, 41, 99 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los Partidos Políticos son entidades de interés público que tienen como objeto el hacer posible el acceso de los ciudadanos a los cargos públicos y participar en la vida democrática del país. De ahí la importancia que nuestro instituto político cuente con reglas claras y específicas que tengan como objeto, tal y como lo dispone el artículo 27, apartado 1, incisos c) y g), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, hacer posible que nosotros los ciudadanos inscritos en un partido político y registrados como representantes a una asamblea estatal participemos mediante procedimientos democráticos en la integración y renovación de nuestros órganos directivos.

Nuestra inconformidad versa precisamente en la calificación de dichos "procedimientos democráticos," es decir, al no encontrarse definido con toda precisión cómo cumplen los partidos políticos con tal disposición legal, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ha sostenido en diversas ejecutorias y jurisprudencias, lo que como elementos comunes característicos de la democracia se debe entender, en lo que interesa:

1. La deliberación y participación de los ciudadanos, en el mayor grado posible, en los procesos de toma de decisiones, para que respondan lo más fielmente posible a la voluntad popular;

2. Igualdad, para que cada ciudadano participe con igual peso respecto de otro;

3. Garantía de ciertos derechos fundamentales, principalmente, de libertades de expresión, información y asociación,

Lo anterior es así porque, como lo ha sostenido la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, estos elementos coinciden con los rasgos y características establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que recoge la decisión de la voluntad soberana del pueblo de adoptar para el Estado mexicano, 'la forma de gobierno democrática, pues contempla la participación de los ciudadanos en las decisiones fundamentales, la igualdad de éstos en el ejercicio de sus derechos, los instrumentos para garantizar el respeto de los derechos fundamentales.

De lo anterior, se tiene que los elementos mínimos de democracia que deben estar presentes en los partidos políticos son, conforme al artículo 27, apartado 1, incisos b), c) y g) del código electoral federal, los siguientes:

1. La asamblea u órgano equivalente, como principal centro decisor del partido, que deberá conformarse con todos los afiliados, o cuando no sea posible, de un gran número de delegados o representantes, debiéndose establecer, las formalidades para convocarla, tanto ordinariamente por los órganos de dirección, como extraordinariamente por un número razonable de miembros, la periodicidad con la que se reunirá ordinariamente, así como el quórum necesario para que sesione válidamente;

2. La existencia de procedimientos de elección donde se garanticen la igualdad en el derecho a elegir dirigentes y candidatos, así como la posibilidad de ser elegidos como tales, que pueden realizarse mediante el voto directo de los afiliados, o indirecto, pudiendo ser secreto o abierto, siempre que el procedimiento garantice el valor de la libertad en la emisión del sufragio; 5. Adopción de la regla de mayoría como criterio básico para la toma de decisiones dentro del partido, a fin de que, con la participación de un número importante o considerable de miembros, puedan tomarse decisiones con efectos vinculantes, sin que se exija la aprobación por mayorías muy elevadas, excepto las de especial trascendencia, y 6. Mecanismos de control de poder, como por ejemplo: la posibilidad de revocar a los dirigentes del partido, el endurecimiento de causas de incompatibilidad entre los distintos cargos dentro del partido o públicos y establecimiento de períodos cortos de mandato.

De ahí que, al no cumplir la convocatoria del Presidente de la mesa directiva para la reanudación de la sesión con los mínimos requisitos democráticos, al no haberse dado oportunidad a los suscritos representantes ya registrados a la asamblea estatal, como participantes en ella, de volver a participar en su reanudación, mediante una convocatoria pública y ampliamente difundida en la que se fundara y motivara las medidas de seguridad empleadas para salvaguardar nuestras garantías como representantes y nuestra propia integridad física, dicha convocatoria carece de validez y eficacia jurídica. Consecuentemente, tal acto debe considerarse ilegal e inconstitucional por haberse dictado en contra de los principios de certeza, objetividad, imparcialidad y legalidad, rectores en materia electoral.

Para apuntalar sus razonamientos, el tribunal responsable señala en la página 77 de la sentencia:

(Se transcribe).

Así, el tribunal responsable pretende hacer extensivo el criterio contenido en una sentencia del tribunal federal al caso sobre el que versa la controversia en el D.F.

Lo anterior nos agravia y viola nuestro derecho político electoral de; asociación en materia política en razón de lo siguiente:

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha sostenido la siguiente tesis de jurisprudencia':

"SENTENCIAS. ARGUMENTOS ANÁLOGOS, NO CAUSAN PERJUICIO A LAS PARTES" (Se transcribe).

Así pues, de acuerdo con la más alta instancia judicial electoral, los argumentos análogos entre sentencias son apegados a derecho cuando los asuntos coinciden en sus hechos, pruebas o circunstancias. De otro modo, ese ejercicio analógico resulta violatorio de la legalidad.

Es entonces que cabe preguntarse si el presente caso tiene una litis coincidente con aquella que fue planteada en el juicio SUP-JDC-25072008. La respuesta es NO.

En efecto, cuando esa H. Sala Superior conoció del juicio SUP-JDC-25072008, el planteamiento de fondo no versó sobre probar hechos de violencia, sobre la calificación de éstos ni sobre los efectos que estos tienen respecto de la celebración de una asamblea estatal. No. La litis en el juicio SUP-JDC-250/2008 consistió en determinar la validez de la asamblea del Estado de Guerrero cuando los actores plantearon que la sesión de la asamblea había sido cancelada hasta nueva convocatoria del Consejo Político del partido.

Al precisar la causa de pedir en el juicio SUP-JDC-250/2008, la sentencia señala:

(...)

La causa de pedir, la hacen consistir en que, la Comisión Nacional Autónoma para la Elección de Órganos de Dirección al resolver su recurso de revisión, no analizó correctamente las pruebas que aportaron y con las cuales se acreditaba que la asamblea estatal mencionada, fue suspendida definitivamente por el Comisionado designado por el partido, así como también que, la celebrada al día siguiente, se efectúo en un lugar distinto al señalado en la convocatoria.

(...)

Como se puede apreciar, la sentencia mencionada no se hace juicio alguno sobre la materia que ahora nos ocupa, es decir, sobre, los efectos que tienen determinados hechos violentos en la validez de una asamblea.

La sentencia mencionada versa sobre la validez de la asamblea del Estado de Guerrero a la luz de una supuesta cancelación de la asamblea y de su: reanudación al día siguiente.

La diferencia es clara. Entonces, no puede alegarse aplicación análoga de la sentencia SUP-JDC-250/2008 al caso que nos ocupa porque no hay coincidencia de hechos, de pruebas ni de circunstancias.

En suma, la indebida aplicación de una sentencia del tribunal federal que no es aplicable al caso que nos ocupa conduce a que se mantengan intocados los actos de la CNAEOD que nos violan nuestros derechos político electorales.

CUARTO. Los CONSIDERANDOS QUINTO Y SEXTO viola en perjuicio de los suscritos el contenido de los artículos 8, 14, 16, 17, 35 fracción II, 39, 40, 41, 99 fracción IV, 116 y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 27, apartado 1, incisos c) y g), 36, 38, 46 y 47 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, 1, 20, 21, 22, 23, 120, 121 y 129 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal y 2, 4, 10, 11, 12, 25, 26, 27, 28, 35, 63, 64, 65 y 95 a 98 de la Ley Procesal Electoral para el Distrito Federal, 1, 3, 6, 9 a 13, 40, 41, 42, 43, 66 a 69 de los Estatutos de Alternativa Socialdemócrata, Partido Político Nacional, 7, 15, 16, 18, 28, y SEGUNDO transitorio del Reglamento de Asambleas, de Alternativa Socialdemócrata, Partido Político Nacional, y 11, 12 y vigésimo séptimo transitorio del Reglamento de la Comisión Nacional Autónoma para la Elección de Órganos de Dirección, de Alternativa Socialdemócrata, Partido Político Nacional.

Nos agravian, en tanto que se pasa por alto una cuestión trascendental, como lo es que, al no haberse convocado bajo esos términos a la reanudación de la sesión, no se logró quórum suficiente, que permitiera la toma de decisiones, lo que violenta nuestro marco constitucional como ciudadanos; el legal como partido político nacional y nuestros derechos político-electorales como militantes y representantes a la asamblea, para tomar parte de las decisiones políticas del país y acceder los cargos de elección popular.

Con las decisiones adoptadas por el Presidente de la mesa directiva el día 16 de marzo pasado, durante la celebración de la asamblea estatal del Distrito Federal, como se analizará a continuación, no se alcanza el objetivo del cumplimiento de los principios democráticos mínimos que deben prevalecer para que dichos actos públicos puedan ser conservados y declarados válidos.

Una vez suspendida la sesión, el Presidente de la mesa directiva de la asamblea, conforme con las probanzas que obran en el expediente, invitó a distintos representantes a reanudar la sesión. Sin embargo, la autoridad responsable, en una valoración superficial y no exhaustiva de las probanzas que valora, omite razonar el quantum de los representantes que fueron objeto de dicha "invitación"; si esta se realizó una vez subsanada la condición extraordinaria de violencia; cuáles fueron las medidas adoptadas por la mesa directiva para garantizar el normal desarrollo de la sesión que se iba a reanudar; qué tipo de medidas, y en su caso, qué sanciones adoptaría la mesa directiva para corregir y en su caso castigar las acciones violentas ocurridas, lo que equivale a la falta de fundamentación y motivación de su determinación de reanudar la sesión en la forma en que lo hizo.

En autos existen evidencias claras e indubitables, retomadas de propias declaraciones de algunos representantes que optaron por retirarse del lugar al estimar que no se habían superado aún las condiciones de inseguridad para su integridad física, tal y como acontece con la declaración fedatada y reconocida por la responsable a fojas 51 de la resolución que se combate, de la que se desprende que la señora Reyna Pérez Castillo manifestó ante el Presidente de la mesa directiva de casilla y del Notario presente, que se retirarían del lugar porque no había condiciones de seguridad.

De igual forma, consta la manifestación del señor Francisco Céspedes Contti, supervisor de seguridad del hotel, quien en los hechos se ve rebasado por la magnitud de los actos violentos, según consta en actuaciones, en especial el testimonio notarial multicitado, quien declara que dentro del lugar y durante el desarrollo de los actos violentos, se introdujeron personas ajenas a la asamblea y que permanecían en el interior del salón de la sede.

Al respecto, cabe mencionar que de acuerdo a las reglas de la lógica y la experiencia, es evidente y notorio que los actos de violencia ocurridos el día 16 de marzo del año en curso, en la sede de la asamblea ordinaria de nuestro partido para el Distrito Federal, ocurrieron única y exclusivamente cuando ambos grupos de representantes, tanto los miembros de la planilla blanca como los miembros de la planilla roja SE JUNTARON. Efectivamente, tal y como se encuentra demostrado en todas y cada una de las actuaciones del expediente, mientras los miembros de ambas planillas permanecieron distanciados, no hubo datos de violencia, lo que evidencia claramente que no había condiciones para desarrollar la sesión de la asamblea.

Además resulta inconcuso que, tal y como lo asienta el Notario público 188 del Distrito Federal en su fe de hechos, derivado de los actos violentos, la mayoría de los representantes se vieron obligados a abandonar la sede para proteger su integridad física, lo que conlleva a que la falta de formalidades en la convocatoria para reanudar la sesión, con la mínima oportunidad, publicidad y difusión, viola los derechos político electorales de los suscritos ciudadanos representantes de la planilla roja que fuimos corridos del recinto sede de la asamblea bajo la presión y violencia de patadas, golpes y botellazos, impidiéndonos ejercer nuestro derecho a participar de forma personal, libre y espontánea en la sesión, así como para votar y decidir las cuestiones relevantes de la asamblea sometidas a nuestra consideración y para la que fuimos convocados desde un mes antes.

Efectivamente, la falta de oportunidad, publicidad y difusión de la reanudación de la sesión, es una causa más de que representantes del partido, como los suscritos, no hayamos acudido a votar a la sesión, pues una vez enterados de que la misma se había suspendido por los multireferidos actos violentos, con el lógico miedo de volver al lugar donde se encontraban los agresores y sin la noticia de que se reanudaría, provoca la inasistencia de los suscritos representantes delegados a la asamblea.

Otro elemento de prueba que robustece lo anterior, es que de acuerdo con el Acta de Instalación levantada por la mesa directiva de la asamblea, así como por el contenido del Testimonio notarial 24,598 antes referido, a las 15 horas con 45 minutos, horario en que casual o accidentalmente el Notario público 188 de esta ciudad regresó al salón al lugar sede de la sesión para recuperar un cuaderno que, literalmente manifiesta, "perdió en la trifulca", se percató que, "casi la mitad de los representantes que sesionaban de playera blanca, se mantenían en el lugar", lo que sin duda alguna demuestra que quienes agredieron en forma física y verbal a los suscritos representantes de la planilla roja, sí permanecieron en el interior del recinto de sesión durante la trifulca y después de esta, producto de una acción concertada y ejecutada para presionar, coaccionar y finalmente impedir que los representantes de la planilla roja con derecho a voz y voto participáramos libremente en la asamblea.

QUINTO. Causa agravio a los suscritos el CONSIDERANDO SEXTO de la resolución impugnada, por contravenir el contenido de los artículos 8, 14, 16, 17, 35 fracción II, 39, 40, 41, 99 fracción IV, 116 y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 27, apartado 1, incisos c) y g), 36, 38, 46 y "47 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, 1, 20, 21, 22, 23, 120 y 121 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal y 2, 4, 10, 11, 12, 25, 26, 27, 28, 35, 63, 64, 65 y 95 a 98 de la Ley Procesal Electoral para el Distrito Federal, 1, 3, 6, 9 a 13, 40, 41, 42, 43, 66 a 69 de los Estatutos de Alternativa Socialdemócrata, Partido' Político Nacional, 7, 15, 16, 18, 28, y SEGUNDO transitorio del Reglamento de Asambleas, de Alternativa Socialdemócrata, Partido Político Nacional, y 11, 12 y vigésimo séptimo transitorio del Reglamento de la Comisión Nacional Autónoma para la Elección de Órganos de Dirección, de Alternativa Socialdemócrata, Partido Político Nacional, conforme a los razonamiento siguientes:

El razonamiento de la responsable es incorrecto dado que parte de una premisa errada al considerar que los artículo 7, 11, 12, TRANSITORIO SEGUNDO del Reglamento de Asambleas, y los artículos 28 y VIGÉSIMO QUINTO del Reglamento de la Comisión Nacional Autónoma para la Elección de Órganos de Dirección, ambos de Alternativa Socialdemócrata, Partido Político Nacional, establecen que el quórum mínimo con el que las asambleas estatales se pueden instalar para ser consideradas válidas, es el que ahí se señala y que para el caso concreto del Distrito Federal, es de 50 representantes.

Lo errado de dicha consideración, lo es que tal normatividad se encuentra dispuesta para poder convocar a una asamblea estatal en la cual se van a elegir consejeros estatales, esto es que el mínimo de 50 representantes, no es para que una asamblea pueda sesionar, sino para que la misma pueda ser convocada, cuestión distinta al quórum requerido en primera convocatoria para que la asamblea pueda entrar en funciones, cuya base es el número de representantes registrados.

Así, en el caso sometido a su consideración, de una correcta interpretación de las normas partidistas, implicaba que para poder convocar a dicha asamblea se requería un mínimo de 50 representantes acreditados, no obstante el padrón de representantes acreditados fue de 334, por lo que se requería la mitad más uno de esos 334 para poder sesionar y tomar decisiones en primera convocatoria, lo que en los hechos se dio al registrarse 324 delegados.

Luego, no existe razón lógica ni jurídica que sustente que al momento de desintegrarse dicho quórum de registro por causas fortuitas, como lo fue la violencia, pueda reanudarse la asamblea con tan sólo el mínimo de 50 representantes, sino que era necesario que se requiriese el quórum mínimo del 50% más uno de los 334 representantes acreditados, a menos, cuestión que no se dio en el caso concreto, que hubiese una segunda convocatoria, que en todo caso requeriría el 33%, pero igualmente, de esos 334 representantes que constituían el padrón de representantes.

La razón de fondo es que al no haberse tomado las medidas necesarias para reanudar la sesión bajo los mismos principios democráticos con los que inició, es que se agravia a todos aquellos representantes que, como los suscritos, iniciamos participando en la sesión y por causas de la violencia a la que fuimos sometidos la mayoría, terminamos sin participar de las decisiones del partido tomadas por unos cuantos o la minoría, lo que encuentra sustento precisamente en el artículo 41 de los Estatutos de nuestro partido que dispone que necesariamente, para tener integrado quórum en la sesión debió estar presente el 50% mas uno de los registrado, o bien el 33% de ellos, previa segunda convocatoria.

Tal y como se desprende de la resolución que se combate, el Tribunal responsable reconoce como hecho incontrovertido que después de ocurridos los actos violentos y las consecuencias de hecho y derecho que éstos originaron, la sesión de la asamblea estatal ordinaria para el Distrito Federal, irregularmente, se reanudó a las 17 horas con 48 minutos de la misma fecha, con la asistencia en ese momento, de tan sólo 140 representantes.

Si este es un hecho incontrovertido en apreciación de la responsable, es inconcuso que no existe forma legal de cambiarlo. Luego, si sólo estuvieron presentes 140 representantes en la sesión y no los 334 que se encontraban registrados para participar al inicio de la sesión, es inconcuso que en la especie no existe el quórum mínimo para sesionar, lo que debió llevar al órgano resolutor declarar por fundados los agravios expresados, inválida la asamblea estatal ordinaria del distrito federal, resultando ilegal el razonamiento de la responsable visible a fojas 64, 65, 66 y subsecuentes de la resolución impugnada, por el que considera legal y válido el quórum con el que sesionó la Asamblea Estatal Ordinaria en el Distrito Federal, de Alternativa Socialdemócrata, Partido Político Nacional, el día 16 de marzo del año en curso, justo después de los actos violentos e incontrovertidos para la responsable.

La asamblea estatal referida, fue convocada con ocho días de anticipación para sesionar, discutir y en su caso aprobar Acuerdos de la mayor trascendencia jurídica, social y política para la vida democrática de nuestro país, tales como la elección de Consejeros Políticos Estatales, Consejeros Políticos Nacionales y Representantes o Delegados a la Asamblea Nacional de nuestro instituto político. Dicho acto, fue realizado justo después de una ola de violencia dirigida a los representantes de la planilla roja, en los términos desarrollados en agravios precedentes, sin que mediara convocatoria legal a dicha reanudación de la sesión, sin que existieran condiciones de mínima seguridad para la integridad de los representantes de la referida planilla roja, destacándose que estuvieron presentes en este acto de reanudación sólo 140 representantes de la planilla blanca que previamente habían violentado la sesión desalojando de la sede de la asamblea a los suscritos. Por tanto, resultaría absurdo y violatorio de los principios constitucionales que rigen el actuar de la autoridades electorales, que se les premiara validando la asamblea espuria, ya que ello propiciaría nuevos actos de violencia para obtener, a través de ella, resultados jurídicos que les hubieran sido adversos en otras condiciones.

Ciertamente, como consecuencia de los actos violentos atribuibles a personas identificadas y controladas por el grupo de vestimenta blanca, tal y como se da cuenta en el Testimonio notarial del Acta 24,938 del Notario Público 188 del Distrito Federal, se obligó a que se decretara la suspensión de la asamblea, pero lo más grave es que se nos orilló a los representantes "rojos" a abandonar los salones en los que tenía verificativo la reunión, pues se encontraba en riesgo nuestra integridad física, tal y como se encuentra documentado en actuaciones. Incluso se nos expulsó de las instalaciones del hotel, lo cual necesariamente vicia la asamblea llevada a cabo en el Distrito Federal y provoca su nulidad, puesto que la consecuencia inmediata y directa de tales actos de violencia fue no permitirnos participar activamente en la misma, interviniendo y votando para que nuestra presencia tuviera el peso específico que representa nuestra corriente de mayoría.

Es de destacarse, que si bien, como está documentado en autos, de los 334 representantes que integraban la asamblea de mérito, de los cuales estaban registrados 324, lo que constituía el quórum necesario para celebrar esta asamblea, no menos cierto es, y también está documentado, que después de la violencia que denunciamos y ante la expulsión de los militantes afines a nuestra corriente, la asamblea reanuda únicamente con 140 representantes (todos con la característica de identificarse con playeras blancas, producto como ya se argumentó, de una acción concertada y ejecutada para impedir nuestro voto), lo que viola flagrantemente el artículo 41 de nuestros estatutos, que exige que la asamblea esté constituida, al menos, con el 50% más uno de los representantes.

Esto resulta más que suficiente para impedir que tenga efectos jurídicos la supracitada asamblea y los acuerdos espurios que ahí se tomaron, pues no tiene sustento legal alguno el que la presencia del 33% de los representantes al momento de reanudar la sesión, pueda desdeñar una norma estatutaria que exige un quórum mínimo del 50% mas uno de los militantes, pues para la actualización de este supuesto, es menester que hubiera una segunda convocatoria en los términos precisados, lo cual no se dio en la especie.

Lo razonado exige que esa H. Sala Superior deba analizar la ilegal consideración de la responsable, basada en un criterio errado de valoración de pruebas y hechos, por el que resuelve que legalmente existió quórum para sesionar y adoptar Acuerdos en la sesión de la asamblea estatal del Distrito Federal, de fecha 16 de marzo del año en curso, después de los hechos de violencia asentados en tales documentos, cuando de actuaciones se da cuenta que al reinicio de la asamblea, únicamente se encontraban 140 delegados presentes, lo que significa que no existía el quórum para que la misma se siguiese desarrollando y pudiese tomar decisiones.

En términos del artículo 41 de los Estatutos aprobados mediante resolución del Consejo General del Instituto Federal Electoral CG222/2007, para que la asamblea estatal o del Distrito Federal esté constituida deberán estar presentes al menos el 50 por ciento más uno de los representantes, mismos que deberán registrarse en primera convocatoria. En caso de que no se reúna la mayoría señalada, el quórum se formará con el 33% de los integrantes de la asamblea cuyo registro se realizará en segunda convocatoria.

De acuerdo con el acta de certificación e integración de la asamblea combatida, la misma se integraba con 334 representantes, de los cuales se registraron en primera convocatoria 324. No obstante, como ya se mencionó, después del incidente ocurrido con motivo de la designación de escrutadores y de la toma de la mesa directiva, cuando se reinició la asamblea únicamente se encontraban 140 representantes, lo que implica que no existía el quórum mínimo señalado para que la asamblea pudiese sesionar y tomar decisiones válidamente, por lo que ante tal situación, que lo procedente hubiese sido que la mesa directiva hubiese establecido una segunda convocatoria.

De esta manera, al no haberse reunido el mínimo de representantes y al no establecerse una segunda convocatoria, es claro que los actos derivados de la asamblea que ahora se combate carecen de validez y eficacia.

Ciertamente, es claro que cuando una norma jurídica requiere de un quórum, esto es un mínimo de miembros que integran un órgano colegiado de deliberación, para que dicho órgano pueda sesionar o ejercer sus funciones para tomar decisiones que afectan a otros, es claro que trata de establecer una garantía a favor de quienes se encuentra supeditados a los actos tomados por ese órgano deliberativo, como en este caso una asamblea estatal que decide quienes habrán de ocupar otros cargos partidistas. De esta manera, el quórum para sesionar no se satisface únicamente al momento en que se inicia la sesión, sino que debe mantenerse en todo momento en que se encuentre deliberando el órgano, garantizando de esta forma, que las decisiones, actos o acuerdos no sean tomados por una pequeña minoría en perjuicio del resto de los militantes, verbigracia, la Sala Superior a la que acudimos estaría imposibilitada para resolver aún cuando originalmente al inicio de la sesión respectiva existiera el quórum mínimo requerido y después por las razones que fuesen, solo quedaran dos magistrados, este es el caso que planteamos y que la responsable eludió a través de subterfugios del mas mínimo apoyo legal.

Lo anterior, demuestra que en el caso sometido a su jurisdicción, los actos emitidos al reinicio de la asamblea, posteriores a los actos de violencia son inválidos, al carecer dicha asamblea del mínimo de representantes que marca el artículo 41 de los estatutos del partido, para poder actuar válidamente.

SEXTO. Causa agravio a los suscritos el CONSIDERANDO SEXTO de la resolución impugnada, por contravenir el contenido de los artículos 8, 14, 16, 17, 35 fracción II, 39, 40, 41, 99 fracción IV, 116 y 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 27, apartado 1, incisos c) y g), 36, 38, 46 y 47 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, 1, 20, 21, 22, 23, 120 y 121 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal y 2, 4, 10, 11, 12, 25, 26, 27, 28, 35, 63, 64, 65 y 95 a 98 de la Ley Procesal Electoral para el Distrito Federal, 1, 3, 6, 9 a 13, 40, 41, 42, 43, 66 a 69 de los Estatutos de Alternativa Socialdemócrata; Partido Político Nacional, 7, 15, 16, 18, 28, y SEGUNDO transitorio del Reglamento de Asambleas, de Alternativa Socialdemócrata, Partido Político Nacional, y 11, 12 y vigésimo séptimo transitorio del Reglamento de la Comisión Nacional Autónoma para la Elección de Órganos de Dirección, de Alternativa Socialdemócrata, Partido Político Nacional, conforme a los razonamiento siguientes:

En la página 82 de la sentencia que se combate se dice:

(Se transcribe).

En este orden de ideas, no es factible atender los razonamientos vertidos por los enjuiciantes en el presente motivo de inconformidad, en razón de que aquellos aspectos que no fueron planteados oportunamente ante la instancia partidista responsable no pueden ser objeto de pronunciamiento por parte de este órgano jurisdiccional, pues el principio de congruencia de las sentencias lo obliga a resolver conforme a la litis, que se configura entre lo considerado y resuelto por la responsable y los agravios que en contra de tales consideraciones esgrima el accionante, para poner de manifiesto que lo resuelto contraviene disposiciones legales en su perjuicio, por lo que el agravio en cuestión deviene INATENDIBLE.

Esto es:

• Los suscritos planteamos a la autoridad judicial la existencia de una situación de incompatibilidad que involucra a uno de los comisionados de la CNAEOD y a su hermano, que fue electo como consejero político del D.F. en la asamblea del D.F.

• Dijimos los actores que esa incompatibilidad se tradujo en una violación legal en el momento en que el comisionado votó a favor de los actos de la CNAEOD que posteriormente serían impugnados ante la instancia judicial local.

• El pleno del Tribunal Electoral del D.F., sin embargo, considera inatendible el alegato en razón de que el mismo no fue planteado oportunamente ante la instancia partidista responsable.

Lo anterior nos causa un agravio y viola nuestro derecho político electoral de asociación en materia política en razón de que:

a) El planteamiento de los suscritos no fue debidamente valorado por el tribunal responsable, pues dejó de observar las condiciones de hecho y de derecho en que ha de situarse la irregularidad que planteamos. Veamos:

• En el momento en que la CNAEOD aprobó los actos hoy impugnados, tenía frente a sí una litis consistente en determinar la validez de la asamblea del D.F.

• La CNAEOD está integrada por 4 comisionados. La Comisionada presidente tiene el voto de calidad en caso de empate.

• Al resolver la CNAEOD, la votación dio como resultado un empate de dos votos a favor y dos votos en contra. A favor de la validez de la asamblea del D.F. votaron la comisionada presidenta y el comisionado Octavio Nava Manrique, quien es hermano del C. Francisco Nava Marique, que a su vez, fue electo consejero político en la asamblea del D.F.

• Fue en ese momento en que el voto del comisionado Octavio Nava Manrique adquirió el carácter de determinante para el resultado de la votación, pues al acompañar al voto de calidad de la comisionada presidenta, inclinó la votación en el sentido de convalidar la asamblea del D.F.

• Naturalmente, con la convalidación de la asamblea del D.F. se convalidó la elección del C. Francisco Nava Marique como consejero político en la asamblea del D.F.

b) Es entonces que el tribunal responsable desestima nuestro alegato en razón de que no fue planteado antes. La cuestión es ésta: ¿podía haber sido planteado antes? ¿había alguna instancia al interior del partido para plantear previamente esta irregularidad? La respuesta es NO.

En efecto:

• Tras la resolución de los recursos de revisión no hay ninguna instancia adicional al interior de Alternativa Socialdemócrata, de modo que este planteamiento sólo podría formularse ante la instancia judicial.

• El acto generador de la impugnación, es decir, la participación del comisionado en una votación en la que estaba impedido por un conflicto de interés, se produjo en el momento en que la CNAEOD aprobó la resolución del recurso de revisión y el informe de la asamblea del D.F.

• En conclusión, si no existía ninguna instancia al interior de nuestro partido para plantear la ilegalidad de la actuación del comisionado Octavio Nava Manrique, era procedente que el tribunal responsable se ocupara de analizar los alegatos de los actores al resolver el juicio TEDF-JLDC-006/2008.

• Lo anterior adquiere mayor relevancia cuando se considera que la participación del comisionado Octavio Nava Manrique fue determinante para la aprobación de los actos de la CNAEOD que fueron materia del juicio TEDF-JLDC-006/2008 y de la presente acción.

Insistimos: el tribunal responsable tenía el deber de atender y analizar nuestro planteamiento. No hacerlo significó dejarnos en estado de indefensión en la medida en que no existe ninguna otra instancia ante la que podamos hacer valer la ilegalidad a que nos hemos referido.

En este contexto, en plenitud de jurisdicción ahora esa H. Sala Superior está en posibilidad de conocer del planteamiento de fondo y, una vez que tenga por acreditada la circunstancia de incompatibilidad en que se encontraba el comisionado Octavio Nava Manrique, deberá declarar la nulidad de los actos reclamados.

La intervención judicial es fundamental, pues se violó el más elemental de los principios rectores de la función electoral: la imparcialidad.

Así, si los actos reclamados fueron aprobados gracias al peso específico que en una votación empatada tiene la comisionada presidenta, es elemental darse cuenta de que el voto que la acompañó (es decir, el voto del comisionado Octavio Nava Manrique) conduce invariablemente a tener por configurada una causal de nulidad de los actos reclamados: éstos no pueden tener origen en un hecho contrario a derecho, como en la especie es la intervención de un comisionado que era sujeto de un conflicto de interés respecto de la asamblea en cuya validación intervino.

Esa Sala no debe pasar por alto, el hecho de que el comisionado Octavio Nava Manrique, miembro de la Comisión Nacional Autónoma para la Elección de Órganos de Dirección, de Alternativa Socialdemócrata, Partido Político Nacional, se encontraba impedido para conocer y resolver respecto del recurso de revisión planteado por los suscritos en contra de la validez de la Primera Asamblea Ordinaria del Distrito Federal, ahora cuestionada, toda vez que su hermano Francisco Nava Manrique, fue designado por dicha asamblea como consejero político en el mismo distrito federal, es decir, existía un conflicto de intereses que deslegitima su actuar como resolutor de una causa que finalmente benefició a su consanguíneo.

La relación filial que se aduce, se desprende de las pruebas que fueron debidamente ofrecidas y aportadas en tiempo, más aquellas que debieron ser recabadas y requeridas por el tribunal electoral responsable. No pasa desapercibido para los sucritos, que la resolución que se combate señala que tales argumentos son hechos novedosos traídos a la litis, sin que hubieran sido materia de queja ante la autoridad intrapartidaria primigenia.

En principio, resultaría atinado el razonamiento de la responsable. Sin embargo, tal y como se desprende de la Ley Procesal Electoral para el Distrito Federal, aplicable al juicio de origen, en la especie era procedente recusar o inhibir la actuación del referido Consejero; sin embargo tales figuras jurídicas o medios de defensa, no existen como previsión legal ni procedimiento especial que regule el ejercicio de inhibir la actuación de un Consejero que legalmente se encontraba impedido para participar, votar y resolver sobre asuntos donde su filiación con diversos sujetos, representa un posible acto ilegal, imparcial o incierto.

Por tales circunstancias y al no haber existido un medio de defensa legal que los suscritos hubieran podido hacer valer ante la instancia intrapartidaria, con el objeto de recusar a la autoridad presumiblemente viciada de parcialidad, esa H. Sala Superior debe considerar que su integración a la litis se realiza de manera oportuna y legal, razón que justifica que se resuelva el asunto de fondo por esa autoridad federal con plenitud de jurisdicción.

De esta manera, si como se mencionó en la demanda, la votación por la cual se aprobó la validez de la asamblea, fue de dos votos a favor y dos en contra, y uno de esos votos favorables fue el del consejero con impedimento, es claro que ello es determinante para revocar la resolución reclamada, y en caso, determinar la invalidez de la asamblea al prevalecer la votación contraria, o regresar el asunto para una nueva resolución, sin la participación del consejero cuestionado.

En conclusión, de las constancias que obran en el expediente, se desprende de manera manifiesta que durante el desarrollo de Primera Asamblea Ordinaria del Distrito Federal existieron una serie de irregularidades contrarias a los principios y normas establecidas por los estatutos de Alternativa Socialdemócrata, tales como actos de violencia, falta de quórum, designación antiestatutaria e irregular de los escrutadores, que impiden que las misma puede ser declarada como válida para poder ratificar los acuerdos ahí tomados.

Situaciones que a todas luces no fueron consideradas en los actos impugnados en el presente juicio, aunado a la dolosa participación de un miembro de la comisión responsable participó en la resolución de los actos reclamados cuando pesaba sobre él una causa de impedimento, que le obligaba a presentar una excusa.

Tal criterio ha sido sustentado por esa H. Sala Superior en diversos juicios como el SUP-JRC-18/2008 y su acumulado SUP-JRC-19/2008, cuando consideró que en el caso concreto, se violentó el principio de certeza e imparcialidad en la toma de decisiones de un miembro de un órgano colegiado, a favor de diverso sujeto con el que existe determinada filiación.

Efectivamente, en el caso que nos ocupa, al no existir procedimiento legal interno para solicitar la recusación o excusa de dicho consejero, el primer momento para impugnar su decisión fue ante el Tribunal responsable sin que esto pueda considerarse como un nuevo elemento de la litis. Ahora bien, dado su desechamiento de plano, sin entrar al estudio de fondo de la cuestión por la responsable, es esa H. Sala Superior quien debe resolver de fondo los argumentos planteados por los suscritos en el presente documento así como los contenidos desde la instancia inferior, mismos que en obvio de repeticiones inútiles se deben tener por reproducidos en el acto.

De esta manera, si como se mencionó en la instancia previa, la votación por la cual se aprobó la validez de la asamblea, fue de dos votos a favor y dos en contra, y uno de esos votos favorables fue el del consejero con impedimento, es claro que ello fue determinante para determinar la validez de los actos emitidos en la asamblea cuestionada, pues en caso de que se hubiese excusado, como era su obligación jurídica y estatutaria, hubiese prevalecido la votación por la cual se hubiese revocado desde la instancia partidista dicha asamblea.

Así, en vista de lo anterior, lo procedente es que ese tribunal electoral revoque los actos impugnados en la presente vía, y declare la invalidez de la asamblea estatal del Distrito Federal cuestionada, para con ello poder restituirnos en el uso y goce de los derechos fundamentales que nos fueron violentados.

Una vez que se ha acreditado la ilegalidad de la sentencia impugnada y, con ello, la ilegalidad de la asamblea del D.F. celebrada el 16 de marzo de 2008, los suscritos expresamos lo siguiente:

a) Cuando promovimos el recurso de revisión intrapartidario y el juicio para la protección de los derechos político electorales de los ciudadanos que fue reencauzado al Tribunal Electoral del D.F., solicitamos la nulidad de la asamblea del D.F. y el diferimiento de la asamblea nacional que tendría verificativo el 30 de marzo de 2008.

b) La razón de fondo que respaldó la solicitud de diferimiento de la asamblea nacional es que:

• La asamblea nacional está integrada por aquellas personas que son electas representantes o delegados en cada una de las asambleas estatales y del D.F. Así lo establecen el artículo 67 estatutario y el artículo 32 del Reglamento de la Comisión Nacional Autónoma para la Elección de órganos de Dirección.

• Es de elemental legalidad y lógica jurídica que la asamblea nacional sólo puede celebrarse válidamente en la medida en que sus integrantes hubieren sido electos de en apego a derecho.

• Cuando a la CNAEOD y al Tribunal Electoral del D.F. le fue planteada la solicitud, la asamblea nacional era un acto futuro, de modo que para salvaguardar su validez, en ese momento cuando mucho se podía pedir su diferimiento.

c) Al día de hoy la asamblea nacional se ha celebrado. Esto tuvo lugar el 30 de marzo de 2008. Sin embargo, ello no modifica el planteamiento de fondo: la asamblea nacional sólo puede celebrase válidamente en la medida en que el origen de sus delegados o representantes sea igualmente legal. Así, si en el presente caso hemos acreditado la ilegalidad de la asamblea del D.F. y, por tanto, la ilegalidad de la elección de los delegados o representantes a la asamblea nacional, entonces es de concluirse que, como consecuencia de la sentencia que se dicte en el presente juicio, se ha de declarar la nulidad de la asamblea nacional ordinaria celebrada el 30 de marzo de 2008 y se ha de ordenar su reposición una vez que se haya llevado a cabo la nueva asamblea del D.F.

Aquí es importante insistir: para la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es un hecho notorio que la asamblea nacional se llevó a cabo el 30 de marzo de 2008.

Es entonces que, si se concede que la asamblea sólo puede sesionar válidamente si es legal el origen de sus integrantes, entonces ahora la nulidad de la asamblea nacional es una consecuencia mecánica tras declarar nula la asamblea del D.F.

Desde el inicio de los procedimientos que nos han traído hasta esta instancia, los suscritos siempre hemos buscado que la asamblea nacional se lleve a cabo revestida de validez. Es por ello que ahora, sólo como una consecuencia natural de la nulidad de la asamblea del D.F., venimos a pedir la nulidad de la asamblea nacional.

Se trata de un pedimento legítimo y procesalmente justificado. No atenderlo dejaría en estado de indefensión a los suscritos, pues podría darse el caso absurdo de que aun existiendo una asamblea del D.F. nula, la asamblea nacional no pueda ser afectada en su validez a pesar de que se hubiera integrado con personas que no debieron participar en la misma.

Nuestro alegato no es menor ni puede ser visto como inoperante: el resultado de la asamblea del D.F. -una vez que se celebre en apego a derecho- puede permitir la participación de distintos afiliados en la asamblea nacional, puede permitir que esos afiliados compitan democráticamente por cargos de dirección al interior del partido, puede configurar distintas mayorías (calificadas y simples), puede abrir la puerta a la participación de minorías en la asamblea nacional. En suma, puede darle verdadera pluralidad al órgano máximo de dirección de Alternativa Socialdemócrata."

CUARTO. Los agravios son fundados.

Por cuestión de orden se analizarán primero los argumentos relativos a la violación procesal aducida, en relación al desechamiento de la prueba ofrecida por los actores, consistente en los vídeos fechados el dieciséis de marzo del dos mil ocho, obtenidos por las cámaras del Hotel Crowne Plaza, lugar donde se celebró la asamblea cuestionada y después se abordarán los agravios que se plantean en cuanto a los aspectos de fondo de la resolución impugnada.

I. Desechamiento de prueba documental (vídeo del hotel Crown Plaza).

En el primer agravio, los actores refieren que el desechamiento del medio de prueba ofrecido como superveniente, consistente en el vídeo de las cámaras de seguridad del Hotel Crowne Plaza, carece de fundamentación y motivación, pues contrariamente a lo expuesto por el tribunal responsable, los actores ofrecieron ese medio de prueba conforme a la legislación electoral del Distrito Federal.

Cabe precisar que lo alegado constituye una violación procesal que trasciende al resultado del fallo, pues al no admitirse el medio de convicción en comento, no formó parte del caudal probatorio considerado en autos para demostrar la existencia de los hechos relevantes que, en el caso, constituyen la causa de pedir, por lo que su admisión pudiera ser trascendente, al tratarse de un medio con el que podrían acreditarse tales hechos y, por ende, variar radicalmente el sentido de la decisión adoptada, pues podría constituir un elemento determinante para variar la decisión de la responsable, en el sentido de que las irregularidades demostradas son insuficientes para declarar la nulidad de la Asamblea impugnada.

El agravio es fundado, suplidas sus deficiencias, en los términos del artículo 23, párrafo 1, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, por lo siguiente:

El vídeo referido fue ofrecido por los actores mediante escrito presentado ante el tribunal responsable el veintitrés de abril de dos mil ocho.

Mediante acuerdo de veintinueve de abril de dos mil ocho, el magistrado encargado de la instrucción determinó no admitir el referido medio de convicción, para lo cual consideró que no se cumplió con la carga impuesta por el artículo 31 de la ley procesal electoral para el Distrito Federal, ya que no identificó a las personas que aparecen en los vídeos; ni las circunstancias de modo y tiempo de los hechos reproducidos en el vídeo.

El artículo citado por la responsable como fundamento de su determinación es del tenor siguiente:

"Artículo 31. Se considerarán pruebas técnicas las fotografías, otros medios de reproducción de imágenes y, en general, todos aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia que puedan ser desahogados sin necesidad de peritos o instrumentos, accesorios, aparatos o maquinaria que no estén al alcance del Tribunal para resolver.

El aportante deberá señalar concretamente lo que pretende acreditar, identificando a las personas, los lugares y las circunstancias de modo y tiempo que reproduce la prueba."

Como se advierte, el artículo transcrito establece que serán pruebas técnicas cualquier medio de reproducción de imágenes, razón por la cual los discos compactos ofrecidos caen dentro de tal clasificación, al contener vídeos que reproducen imágenes que se sostiene se refieren a los hechos que constituyen la causa de pedir.

Por tanto, en el caso se actualiza el deber de cumplir con la carga impuesta por el segundo párrafo del artículo citado, relativa a señalar los hechos que se pretenden acreditar, mediante la identificación de las personas, los lugares y las circunstancias de modo y tiempo que reproduce la prueba.

Esto es, el oferente tiene la carga de realizar una descripción de lo que se puede apreciar en las imágenes reproducidas, a fin de que el tribunal resolutor esté en condiciones de establecer un vínculo entre las imágenes que se aprecian en el vídeo y los hechos relevantes en el juicio y, de este modo, establecer el mérito convictivo que considera merecen.

En el caso, la responsable no desechó el referido medio de convicción por no tener la calidad de superveniente, sino porque no se cumplió con la carga procesal apuntada, pues en el acuerdo de admisión de pruebas, en el cual podía determinar tal circunstancia, no la refirió.

Lo anterior lleva a considerar que en el caso no existe controversia sobre la calidad de superveniente del medio de convicción en comento, si se tiene en cuenta que el momento procesal para que se hiciera tal declaración era precisamente el acuerdo en comento, el cual se ocupó de admitir o desechar diversos medios de convicción ofrecidos como supervenientes.

Asimismo, a mayor abundamiento, esta Sala Superior estima que el vídeo de referencia tiene la calidad de superveniente conforme a lo dispuesto en la legislación local, como se demuestra a continuación.

Conforme a lo establecido en el artículo 35, párrafo cuarto y 31 de la Ley de Proceso Electoral para el Distrito Federal, uno de los supuestos de prueba superveniente se actualiza, cuando el actor no tenía conocimiento de la existencia del medio de convicción, razón por la cual no se pudo ofrecer al momento de presentar la demanda, que es el momento procesal para hacerlo, conforme a lo dispuesto por la legislación electoral local.

En el caso, los actores afirman que conocieron de la existencia del vídeo tomado por las cámaras del Hotel Crowne Plaza, hasta el seis de abril del presente año, a través de la nota periodística publicada en el Diario Reforma, en su suplemento enfoque, en la página 13, titulada Pide Alberto Begné resguardar vídeos, la cual obra agregada a los autos a fojas 533 del cuaderno accesorio número dos, que integran los autos del presente juicio.

La demanda se presentó con anterioridad a dicha nota, pues de los autos se demuestra que se hizo el veintiséis de marzo del presente año.

Por tanto, resulta razonable que los actores se hubieran enterado de la existencia de los vídeos a través de la nota periodística referida, pues se trata de medios de convicción cuya conformación no dependía de los actores, sin que fuera posible presumir sin más su existencia.

Por tanto, si la nota periodística de referencia se publicó con posterioridad a la presentación de la demanda, resulta claro que el vídeo en comento tiene la calidad de superveniente.

A continuación, procede determinar si los oferentes del medio de convicción cumplieron con la carga de referir los hechos que se pretenden acreditar, mediante la identificación de las personas, los lugares y las circunstancias de modo y tiempo que reproduce la prueba.

Contrariamente a lo considerado por la responsable, al momento de ofrecer el vídeo, los actores sí cumplieron con la carga de referir los hechos que se pretenden acreditar, mediante la identificación de las personas, los lugares y las circunstancias de modo y tiempo que reproduce la prueba, como se demuestra a continuación.

Los hechos que se pretende acreditar, narrados en el escrito de ofrecimiento de pruebas, consisten en que el dieciséis de marzo de dos mil ocho, en el Salón México 1, 2 y 3 del Hotel Crowne Plaza de la Ciudad de México, ubicado en Dakota número 95, colonia Nápoles, durante la celebración de la Asamblea Estatal del Distrito Federal de Alternativa Socialdemócrata, Partido Político Nacional, diversos asistentes a la misma fueron agredidos por personas que vestían gorras blancas, lo cual los obligó a retirarse de la asamblea.

Respecto a las circunstancias de modo y tiempo refirió que a las 15:14 horas se registraron conatos de violencia y hacia las 15:19 horas, un grupo de personas que portaban gorras blancas irrumpieron en el lugar en el cual se celebraba la referida asamblea, se dedicaron a arrojar tazas, platos, botellas de agua y de refresco, algunas veces sillas, y persiguieron y, en varios casos, golpearon a los representantes de la asamblea, lo cual motivó que salieran de manera intempestiva.

A continuación, en el apartado denominado Estructura del vídeo, se explica que el vídeo aportado fue registrado por las cámaras de seguridad del Hotel Crowne Plaza el día de la Asamblea Estatal del Distrito Federal de Alternativa Socialdemócrata, que consta de doce cámaras que enumera.

Asimismo, formula un glosario en el cual describe algunas abreviaturas, así como a algunas personas que aparecen en el vídeo.

Enseguida, hace una descripción general de los lugares que pueden ser captados por cada una de las cámaras antes descritas, mediante su descripción, en relación con los distintos espacios que conforman el hotel, a fin de aclarar la secuencia existente entre las acciones reproducidas en los distintos vídeos, por provenir de diversas tomas, así como una pequeña descripción de los hechos reproducidos.

Posteriormente, hacen una descripción de lo reproducido en cada una de las cámaras, con la precisión de la hora en la cual pasaron los hechos, refiriendo los nombres de las personas que se pueden ver en las imágenes y, en algunos casos su descripción, así como las actividades que tales personas realizan.

Estas descripciones se refieren a las circunstancias de tiempo y modo en los cuales se considera que ocurrieron los hechos, por lo cual sí se realiza una actividad de identificación de las mismas.

Asimismo, durante la descripción del vídeo, se identifican a las personas y los lugares que se reproducen en las imágenes del vídeo ofrecido como prueba.

Lo anterior permite advertir que, contrariamente a lo referido por la responsable, en el caso sí se cumplió con la carga impuesta por el artículo 31, segundo párrafo, de la Ley de Proceso Electoral para el Distrito Federal.

Cabe precisar que la correcta interpretación del precepto referido, permite concluir que la narración hecha al momento de ofrecer las pruebas que reproducen imágenes debe tener relación con los hechos probados, de modo que el grado de especificidad o precisión será proporcional a los hechos que se pretenden probar.

En efecto, si los hechos a probar consisten en actos específicos imputados a determinada persona, en la narración del vídeo se deberá identificar a tal persona, y describir las actividades que realiza. En cambio, cuando lo que se pretenda demostrar se atribuya a un conjunto indeterminado de personas, la carga no puede llevarse al extremo de exigir una identificación de cada una de ellas, pues esto implicaría la imposición de exigencias irracionales de difícil o hasta imposible cumplimiento, con la consecuente afectación del derecho de defensa, el cual incluye el derecho a ofrecer pruebas en el juicio para demostrar sus afirmaciones.

Por tanto, en el caso resultaba improcedente imponer a los oferentes de los vídeos referir con precisión el nombre de todas y cada una de las personas que aparecen en el vídeo, en especial de los integrantes del grupo que agredió a los asistentes a la asamblea, por ser personas que se presume les son ajenas. En este caso, la carga se cumple con describir al grupo como compuesto por personas que vestían una gorra blanca.

Por tanto, al haber desechado el medio de convicción referido, la responsable obró indebidamente, razón por la cual lo procedente es revocar tal determinación y admitirlo, a fin de valorarlo con plenitud de jurisdicción, en términos de lo dispuesto por el artículo 6, párrafo 3, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

Tal valoración se realizará al momento de analizar los agravios en los cuales se combate la valoración realizada por la responsable, de las pruebas que conforman el acervo probatorio existente en autos, a fin de realizar un análisis integral de todas las pruebas.

II. Nulidad de la Asamblea por la comisión de hechos violentos durante su desarrollo.

En esencia, la controversia consiste en determinar si los hechos violentos que tuvo por probados la responsable, son suficientes para actualizar la causa de nulidad de la asamblea, invocada por los actores, derivada de la presión o coacción en el ejercicio de su voto.

Al respecto, los actores exponen, en síntesis, lo siguiente:

1. Es ilegal la resolución impugnada, por contradictoria, pues la propia responsable, por un lado, reconoce que están debidamente probados los hechos violentos ocurridos en la asamblea del dieciséis de marzo del dos mil ocho y agrega que en cuanto a la forma en que ocurrieron esos hechos no hay controversia, pero por otro lado, considera que esos hechos violentos no fueron determinantes para la validez de la Asamblea, porque precisamente al momento de la votación no hubo hechos violentos.

En concepto de los actores esta última consideración es ilegal, pues no se valoraron adminiculada y correctamente las pruebas ofrecidas en autos y, sobre todo, el testimonio notarial número 24938.

2. La responsable analizó aisladamente los hechos, pues los actos violentos ocurrieron precisamente al momento de la votación y escrutinio de los votos, tal y como se asienta en la citada acta notarial, en la que se asentó que durante el desarrollo de la sesión surgieron actos violentos que tuvieron como consecuencia directa el desalojo de representantes de la planilla roja del lugar de reunión; también consta que los actos violentos influyeron en los asambleístas de la planilla roja para no regresar al lugar del evento y que la agresión provino de integrantes de la planilla blanca.

3. A los integrantes de la planilla roja no les era exigible permanecer en el lugar ni regresar a la asamblea, tomando en cuenta la violencia de que fueron objeto y que no había condiciones de seguridad suficientes para reiniciar la reunión; que por miedo muchos asambleístas se retiraron del lugar o permanecieron cerca de ahí, pero sin deseos de regresar al recinto del evento.

4. La responsable valora incorrectamente lo asentado por el notario consistente en que …"pasados los actos de violencia, el Presidente conminó a los representantes presentes en el hotel sede a que continuaran con la reunión entablando comunicación verbal directamente con estos"…pues se trata de una información sesgada que no contiene la cantidad de representantes presentes en el hotel sede, el lugar donde estaban presentes, la cantidad exacta de los representantes a los que se dirigió directamente, así como los actos y medidas adoptadas para convocar, notificar o invitar a los representantes que ya no se encontraban en el hotel, por lo cual, la supuesta invitación realizada por el presidente de la mesa directa, asentada en el acta notarial, no es válida.

5. El tribunal responsable interpreta indebidamente lo dispuesto en el artículo vigésimo séptimo transitorio, fracción IV, del Reglamento de la Comisión Nacional Autónoma para la Elección de Órganos de Dirección, que prevé como causa de nulidad de asamblea, cuando sus miembros no ejerzan su voto con libertad y haya mediado presión u hostigamiento de cualquier persona, pues en dicho precepto no se prevé que la violencia sea prolongada, indefinida o permanente, como se sostiene en el fallo impugnado.

Como ya se adelantó, los agravios son fundados.

La responsable otorgó pleno valor probatorio a la copia certificada del Acta de Certificación, Integración e Instalación de la Asamblea Estatal del Distrito Federal e incidentes anexos y al testimonio del acta notarial 24938, levantada por el licenciado Luis Eduardo Zuno Chavira, notario público 188 del Distrito Federal, así como el reconocimiento de las partes, para tener por demostrados los hechos violentos ocurridos durante la Primera Asamblea Estatal Ordinaria del Distrito Federal.

Al respecto, el tribunal responsable concluyó que:

"Así las cosas, del contenido de las documentales referidas, como de lo expresado por las partes, este Tribunal arriba a la convicción de que los hechos violentos acaecidos durante el desarrollo de la primera Asamblea Estatal Ordinaria del Distrito Federal de Alternativa Socialdemócrata, Partido Político Nacional, efectivamente tuvieron lugar."

No obstante, en el fallo impugnado se consideró que la violencia no fue determinante para la validez de la asamblea, pues al momento de emitir el voto no se ejerció presión sobre los integrantes de la Asamblea y de las documentales citadas se advierte que al momento de votar ya habían cesado los actos violentos, siendo que el presidente de la Mesa Directiva invitó a los presentes a reanudar el evento al considerar que había condiciones de seguridad para hacerlo y a pesar de ello algunas personas decidieron no regresar al lugar donde se celebraba la sesión.

El tribunal responsable estimó que:

"De los hechos anteriores, es de concluir que una vez que cesaron los hechos de violencia, los mismos no amedrentaron a los asistentes a la asamblea de mérito, al grado de obligarlos a abandonar definitivamente la sede del evento, puesto que permanecieron en el mismo domicilio al que originalmente fueron convocados; más aún, de los hechos referidos se infiere que los representantes conminados a reanudar la sesión se encontraban realizando una reunión paralela y tomando acuerdos, es decir, ejerciendo sus derechos en una reunión paralela, sin temor alguno, con lo que es claro que no se estaban presentando en ese momento actos de presión u hostigamiento.

Por otra parte, se infiere que dichos representantes tuvieron facilidades para desplazarse dentro del inmueble con entera libertad, una vez que cesaron los actos de violencia, pues no sólo se negaron a continuar en la asamblea, con las consecuencias que esto implicaba, sino que se reunieron en el lugar ya especificado, e incluso la representante Dora Patricia Mercado Castro requirió al Notario y le solicitó diera fe de los acuerdos que estaban tomando, sin que en dicho lapso se reportara acto alguno que pudiera ser estimado como de hostigamiento o presión.

Así es evidente que los integrantes de la "planilla roja", teniendo la posibilidad fáctica de reincorporarse a, la asamblea, decidieron no hacerlo, cuando les era incluso exigible, de acuerdo a la normatividad interna, en atención a lo dispuesto en el artículo 18, incisos a) y b) del Reglamento de Asambleas del partido político que nos ocupa, mismo que establece que corresponde a los asambleístas, entre otras acciones, el participar, realizar propuestas y manifestarse con absoluta libertad sobre los asuntos que se traten en las sesiones del pleno de la asamblea, así como ejercer su derecho a voz y voto en las mismas."

De lo anteriormente expuesto se advierte que la litis se constriñe a determinar si los hechos violentos acontecidos durante la asamblea en cuestión son suficientes para invalidar o no dicho acto.

De la interpretación funcional y sistemática de los artículos 25, apartado 1, inciso d), 38, apartado I, inciso b), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y vigésimo séptimo transitorio del Reglamento de la Comisión Nacional Autónoma para la Elección de Órganos de Dirección, se advierte que los partidos y sus integrantes están obligados a conducir sus actividades por medios pacíficos y democráticos y, por tanto, deben abstenerse de recurrir a la violencia o a cualquier acto que tenga por objeto o resultado alterar o impedir el funcionamiento regular de los órganos de gobierno; en ese sentido, la causal de nulidad de asamblea prevista en la norma partidista citada, protege distintos bienes jurídicos, como son el de la libertad en la participación política de los afiliados, así como la integridad y seguridad física de los mismos, por lo cual, en determinadas circunstancias, el conjunto de actos violentos que generen presión u hostigamiento a los participantes y que ataquen cualquiera de los bienes jurídicos invocados, es suficiente para anular la asamblea, al contrariar los medios pacíficos y democráticos que deben caracterizar las actividades partidistas.

En el artículo 25, apartado 1, inciso d), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, se establece que la declaración de principios contendrá por lo menos, invariablemente, la obligación de conducir sus actividades por medios pacíficos y por la vía democrática.

El artículo 38, apartado 1, inciso b), de ese ordenamiento, establece que son obligaciones de los partidos políticos nacionales abstenerse de recurrir a la violencia y a cualquier acto que tenga por objeto o resultado alterar el orden público, perturbar el goce de las garantías o impedir el funcionamiento regular de los órganos de gobierno.

De la interpretación funcional de estas disposiciones se obtiene que el legislador impone a los partidos políticos la obligación de conducir sus actividades por medios pacíficos y democráticos y que rechaza la violencia como medio para imponer decisiones, pues se entiende que una de las finalidades principales de los partidos políticos es la de promover la participación del pueblo en la vida democrática, es decir, a través de la participación libre, pacífica y razonada, que son los medios civilizados por excelencia para regular las relaciones sociales de los individuos.

En suma, el legislador exige que la vida interna y externa de los partidos sea modelo de conducta para los ciudadanos, de tal manera que su vida interna sea ejemplarmente pacífica, pues de otro modo, en lugar de promover la participación democrática del pueblo, sería fuente de inspiración para la comisión generalizada de actos violentos.

Esta obligación es aplicable a toda clase de actos partidistas, entre las cuales están las asambleas, que son el cauce ordinario por el cual los integrantes de un partido se reúnen para realizar acuerdos, fijar políticas, establecer normas de organización y participar en general en las actividades del partido.

En el artículo vigésimo séptimo transitorio del Reglamento de la Comisión Nacional Autónoma para la Elección de Órganos de Dirección, establece:

"VIGÉSIMO SÉPTIMO.- La instalación e integración de una asamblea o del Distrito Federal será nula, cuando se acredite por la Comisión, cualquiera de las siguientes causales:

I. La asamblea sesione en un lugar distinto a aquel que determine la convocatoria.

II. Se realice la elección de representantes a la Asamblea Nacional en lugar distinto a aquel que se establezca en la convocatoria.

III. Se pretenda certificar por personal distinto al acreditado por la Comisión.

IV. Cuando los miembros de la asamblea no ejerzan su voto con libertad y haya mediado presión u hostigamiento de cualquier persona.

V. Emitan voto personas distintas a las acreditadas como representantes a la asamblea.

VI. Se impida el acceso a la asamblea al personal acreditado por la Comisión."

La interpretación funcional de este precepto lleva a la conclusión de que la integración de las Asambleas es nula, entre otros casos cuando concurren los siguientes elementos:

a) Sus miembros no ejercen su voto con libertad y,

b) Haya mediado presión u hostigamiento de cualquier persona en su contra.

El primero de los elementos consiste en una circunstancia que afecta la voluntad de los miembros y anula la votación emitida en la asamblea, ya que pierden su capacidad de obrar conforme a sus propias convicciones.

El segundo elemento son los medios con los cuales se provoca la falta de libertad en los votantes, que puede ser a través de la presión o el hostigamiento.

Por presión se entiende la fuerza o coacción que se hace sobre una persona o colectividad para hacer que las personas se conduzcan de determinada manera.

Hostigar es considerado, en algunas de sus acepciones, como sinónimo de fustigar que consiste en dar golpes con una fusta, un látigo u otro instrumento, para hacer mover, juntar o dispersar.

También significa incitar con insistencia a alguien para que haga algo, con lo cual es evidente que se trata de actos que tienden a afectar la libertad de decisión de las personas.

En efecto, respecto de disposiciones similares que prevén una causal de nulidad de actos jurídicos, esta Sala Superior ha reiterado la doctrina de que la presión es un acto o un conjunto de actos externos, ajenos a los votantes, realizados por uno o varios sujetos, tendientes a inhibir, coaccionar o influir en su libertad de decisión.

Cuando se teme una posible represalia o se pone en riesgo la seguridad o integridad física, es factible que el elector se sienta presionado, coaccionado o inhibido, y que esta circunstancia lo orille a cambiar el sentido de su voto o, incluso, en situaciones extremas, a abandonar su derecho a votar.

Ordinariamente, cuando los ciudadanos se sienten amenazados, velada o abiertamente, existe la posibilidad de que emitan su voto no de manera espontánea y libre, sino inducida, y aunque esto no debería ocurrir, en la realidad se puede dar, sin que el deber ser lo pueda impedir o remediar.

Por ejemplo, esta Sala Superior ha reiterado en diversas ocasiones que la presencia de ciertas autoridades en la urna, pertenecientes a un partido político, podría generar presión en el electorado, si esa autoridad tiene el poder e influencia suficiente para afectar de alguna manera a los votantes.

Se ha sostenido que resulta lógico que el elector pueda tomar la presencia de la autoridad como una forma de fiscalización, de control o vigilancia, de su actividad electoral, con la tendencia o posibilidad de inclinar el resultado a favor de determinado partido político o candidato de su preferencia, que son generalmente conocidas en razón del partido gobernante.

Pues bien, este concepto de presión atiende a la mayoría de casos que se han sometido al conocimiento de este tribunal, pero no implica que sea el único.

En efecto, la presión puede derivar de hechos complejos antijurídicos mucho más graves y peligrosos que los derivados de la presencia de una autoridad en las urnas.

Por ejemplo, la presión, coacción o inhibición puede actualizarse en aquellos casos en que los ciudadanos sienten amenazada su integridad o seguridad física y mental.

Lo anterior, porque no es dable pedir a los ciudadanos que actúen como héroes o mártires para ejercer su voto y es claro que una ponderación de derechos pondría por encima del derecho a votar la seguridad e integridad personal.

Sería ilógico que las normas partidistas exigieran a los ciudadanos o militantes que ejercieran su derecho de votar a pesar de cualquier circunstancia.

En otras palabras, sería contrario a los elementales principios de justicia que el derecho a votar dejara de ser una prerrogativa y se convirtiera en una obligación cueste lo que cueste y que tuviera que cumplirse con ella a pesar de estar amenazados los derechos fundamentales a la seguridad e integridad personal.

Ahora bien, otro aspecto que debe dilucidarse consiste en determinar si la causal de nulidad de asamblea en estudio requiere que la presión y el hostigamiento sean permanentes o indefinidos, lo que lleva a analizar el argumento expuesto por la autoridad responsable, en el sentido de que la violencia cesó y, por tanto, no se prolongó hasta el momento de votar.

Al respecto, se estima lo siguiente.

Es cierto que pueden distinguirse los efectos que provocan en las personas los hechos violentos, a fin de determinar si con ellos se provoca presión u hostigamiento.

Así, atendiendo al tiempo en que se desarrollan, podemos distinguir dos formas principales: hechos instantáneos y hechos permanentes.

Algunos hechos violentos son instantáneos, en tanto se consuman en el mismo instante en que se exteriorizan, como cuando se propina un golpe a otra persona. En otras palabras son hechos violentos instantáneos aquellos en los que la realización total es inmediata.

Otros hechos violentos son permanentes, en tanto se consuman momento a momento y pueden cesar por voluntad del activo, como en el caso de un secuestro. Es decir, son permanentes aquellos hechos violentos cuyo momento de consumación se prolonga en el tiempo.

No obstante esta posible clasificación de los hechos violentos en orden a su materialización temporal, lo que resulta difícil de distinguir son los efectos que tienen los hechos violentos sobre las personas.

Los acontecimientos que son instantáneos pueden tener efectos más o menos duraderos sobre las personas o incluso permanentes, como en el caso de ocasionar lesiones físicas que dejan cicatriz permanente.

Medir con precisión el efecto de un hecho violento es realmente complicado y por ello deben analizarse en cada caso concreto, atendiendo a que la presión puede generar daños inmediatos o amenazas a la seguridad o integridad personal, afectando su dignidad.

En el artículo vigésimo séptimo transitorio del Reglamento de la Comisión Nacional Autónoma para la Elección de Órganos de Dirección que se analiza, no se exige una modalidad especial de ataque a la libertad, ni tampoco se establece una duración específica del acto que genera presión u hostigamiento, de tal manera que el tiempo de duración de estos actos no es parte integrante de la causal de nulidad y por ende, es suficiente la comprobación de la existencia de alguna forma de hostigamiento o presión, lo suficientemente razonable para actualizarla.

Pues bien, en el caso, la controversia se centra en los siguientes acontecimientos:

a) El momento en que cesaron los hechos violentos en la Primera Asamblea Ordinaria en el Distrito Federal de Alternativa Socialdemócrata Partido Político Nacional, para elegir a los representantes a la Asamblea Nacional y a los integrantes del Consejo Político local.

b) Cuando el presidente de la mesa directiva invitó a los presentes a reanudar la Asamblea.

c) La decisión de algunos asambleístas de no incorporarse de nuevo al evento.

En cuanto a estos hechos, en los incidentes anexos al acta de Asamblea, levantada por el Coordinador de la Comisión Nacional Autónoma para la Elección de Órganos de Dirección, se asentó lo siguiente:

1. De ocho a once de la mañana se registró la asistencia, y se acreditaron 324 representantes electos.

2. Se procedió a la recepción de la propuesta de 14 candidatos para las funciones de escrutinio, en una primera votación se arrojó un resultado de 289 votos emitidos, por lo que se acordó una nueva votación.

3. En segunda votación el resultado fue de 331 votos emitidos, es decir, 7 votos de más, a los representantes registrados, por lo que de nueva cuenta se manifestó el descontento por parte de la planilla 2 o planilla roja, que generó un amplio debate por más de una hora y media, que versó sobre una nueva votación y se concluyó que la nueva votación no sería determinante para el resultado de la misma, por la participación mayoritaria que tuvo la planilla blanca, en ambas, por lo que se concluyó con el primer punto del orden del día.

4. La planilla 2 desoye los exhortos de la presidencia para que ocuparan sus lugares a fin de continuar con el orden del día, relativo al registro de fórmulas, para la elección de la Mesa Directiva de la Asamblea Estatal, a pesar de ello se logran registrar dos planillas, una de cada grupo, y se hace constar la conminación de la presidencia a que en este caso se pudiese votar en forma secreta, a lo que no tuvo respuesta, ocasionando el que se procediera a votar la forma de determinar el método de elección.

5. La presidencia pone a consideración del pleno las opciones de votación abierta o secreta y en la primera propuesta se obtienen 66 votos a favor y 0 en contra; al someter a consideración la propuesta de voto secreto, el grupo rojo obstaculiza los accesos para que los escrutadores electos llevaran a cabo el recuento, a pesar de los exhortos de la presidencia para que retomaran sus lugares y permitan el conteo, bajo advertencia de que se abstuvieran los escrutadores a realizar el conteo hasta no tener las condiciones adecuadas para ello.

6. Miguel Conde, arrebata el micrófono a la presidencia y señala que no hay condiciones para continuar con la Asamblea, convocando a sus compañeros a realizar la toma del presidium, acto seguido, los integrantes de la planilla del grupo rojo (14) y el propio Miguel Conde, comienzan a agredir a personal de la Comisión y derriban la mesa del presidium.

7. Al mismo tiempo, un grupo de choque de entre 35 y 40 representantes rojos, intentan ingresar al pasillo central en dirección al presidium, siendo repelidos por representantes del grupo blanco.

8. Después de varios enfrentamientos intermitentes los ánimos fueron calmándose, sin embargo, ante una instrucción gritada por el grupo "rojo" desde el fondo del salón se reanudaron las hostilidades, volviendo a agredir la planilla de escrutadores a personal de la Comisión, del Notario Público y del grupo blanco, además de que un grupo mayor de "rojos" (entre 50 y 70), desde el fondo del salón comenzó a agredir física y verbalmente utilizando los refrescos de lata y las botellas de agua como proyectiles en contra de los demás asistentes.

9. Se generalizó el enfrentamiento entre ambos grupos, en tanto se ponía en buen resguardo los equipos, papelería electoral y demás material por personal de la Comisión.

10. De forma sorpresiva irrumpieron grupos externos identificados con ambas planillas representadas en la Asamblea, rompiendo los cerrojos de las puertas y entre sí, con lo cual se generalizó el enfrentamiento.

11. Lentamente, sin dejar de agredir a los presentes, el grupo "rojo" fue abandonando el salón de plenos y se refugió una parte de ellos en el lobby del hotel, en tanto la calma retornaba al salón de plenos.

12. Se precisa que durante el tiempo de la violencia, Miguel Conde y su grupo exigió a la Presidencia que decretara la cancelación de la Asamblea, planteamiento que nunca fue atendido.

13. En el acta se asienta que se desprende con claridad que la violencia provocada no fue producto de un hecho fortuito, sino de una acción tendente a impedir el desarrollo de la Asamblea.

14. Retornada la paz al interior del salón de plenos y en el propio hotel, la Presidencia de la Mesa Directiva en acuerdo con la Presidenta de la Comisión Nacional Autónoma para la Elección de los Órganos de Dirección, informó al Notario y a los presentes en el salón de plenos que continuaría con el desarrollo de la Asamblea, y que para tal efecto se trasladaba al lobby del hotel para exhortar a los representantes del grupo "rojo" que se encontraban a que se reintegraran.

15. Dicho exhorto, lo hizo el Presidente de viva voz con algunos de los dirigentes del grupo "rojo" y posteriormente en compañía del Notario Publico, realizó una invitación y exhorto general para el mismo efecto.

16. Claudia Barrón, planteó como condición que se certificara nuevamente a los representantes para el desarrollo de la Asamblea y se ofrecieran condiciones de seguridad.

17. La Presidencia, indicó que aceptaba su propuesta, a lo que Claudia Barrón comentó que haría entonces las consultas necesarias y emitiría una respuesta.

18. Al respecto la Presidencia decretó un receso de hasta hora y media, para obtener respuesta y reanudar la sesión.

19. Al término de ese lapso, sin obtener respuesta alguna del grupo "rojo", se hace una revisión de representantes debidamente acreditados en el salón de plenos y se reanuda la Asamblea con 140 representantes que representaban el 48% del número de representantes con los que dio inicio este evento.

Esta acta merece valor probatorio indiciario, por tratarse de una documental levantada por el coordinador de la Comisión Nacional Autónoma para la Elección de Órganos de Dirección de Alternativa Socialdemócrata, Partido Político Nacional, que es el funcionario encargado de levantar el acta circunstanciada de los hechos acontecidos durante una asamblea.

En efecto, en el artículo 40 del Reglamento de la Comisión Nacional Autónoma para la Elección de Órganos de Dirección, se establece:

"Artículo 40.- El personal de la Comisión hará constar en un acta circunstanciada la realización de actividades derivadas del orden del día de la asamblea."

Del acta y los incidentes de la Asamblea de dieciséis de marzo del dos mil ocho, se advierte que es cierto como lo expuso la responsable, que existieron hechos violentos durante el desarrollo de la misma.

No obstante, los hechos asentados en los incidentes del acta de Asamblea no están corroborados íntegramente por el resto de las probanzas.

En efecto, como se explicará enseguida, lo asentado en los incidentes no coincide con los hechos que se observan en las imágenes que aparecen en los vídeos y tampoco con lo asentado en la fe notarial, sobre todo en cuanto a la forma en que surgieron los hechos violentos y la identificación de las personas que iniciaron la agresión.

Lo anterior conduce a otorgarle credibilidad a dichos incidentes, solamente en cuanto a los hechos que coinciden con el resto de las probanzas, esto es, en cuanto sean acordes con la fe notarial cuya narración coincide, esencialmente, con lo observado en los vídeos.

En la fe notarial, valorada por la responsable, consta lo siguiente:

1. A las quince horas con diecisiete minutos, del dieciséis de marzo del dos mil ocho, Miguel Ángel Conde Rodríguez toma el micrófono y conmina a la asamblea a tomar la mesa directiva, él mismo toma la mesa del presidium y la arroja al piso.

2. El presidente de la Mesa Directiva conmina a la Asamblea a guardar orden y solicita al notario se asiente que un grupo fue quien interrumpió de manera arbitraria el desarrollo de la Asamblea.

3. A las trece horas con veinticuatro minutos, el Presidente de la Mesa Directiva manifiesta al notario que se suspende la Asamblea por no haber condiciones de seguridad.

4. El notario certifica que varias personas llegan a tirar algunas de las mesas de las tres filas de enfrente de la mesa del presidium, las propias mesas del presidium, se avientan sillas, latas de refresco, vasos de vidrio, tazas de vidrio, botellas de agua llenas, lo que obliga a que la mayoría de los representantes salga del salón para evitar daño físico por la agresión.

5. A las quince horas con cuarenta y cinco minutos, el notario vuelve a constituirse en el inmueble para recuperar un cuaderno y observa que casi la mitad de los representantes que sesionaban de playera blanca se mantenían en el lugar, ya que según manifestaciones de Eduardo Pérez Haro, la asamblea continuaría, por lo que el notario espero su reiniciación.

6. A las quince horas con cincuenta y un minutos, en el lobby del hotel le manifiestan al notario que elementos de seguridad impiden el paso hasta en tanto lleguen agentes de la AFI, obedeciendo a salvaguardar la seguridad del lugar.

Una representante manifiesta al notario que se retira del lugar por la falta de seguridad y el miedo causado a su hijo.

Otro representante manifiesta que se retira también del lugar por falta de garantías.

7. A las quince horas con cincuenta y nueve minutos, el Presidente de la mesa directiva le dice al notario que hará un exhorto para que regresen los representantes a la asamblea, que les darán garantías para este efecto y que espera que la asamblea pueda continuar.

Le manifiesta al notario que la asamblea va a continuar y que los exhortan e invitan a continuar.

8. A las dieciséis horas, el presidente de la mesa directiva en las escaleras del lobby del hotel, donde dice el notario se encuentran varios representantes de camiseta roja, les comunica que hay condiciones para continuar con la asamblea e invita para que puedan continuar.

9. Varios representantes de camisetas rojas manifiestan que no hay condiciones de seguridad para continuar, mismas que se hacen evidentes en manifestaciones de varios representantes que no había condiciones de seguridad y que mejor se retirarían por ello.

El supervisor de seguridad el hotel manifiesta al notario que cualquier persona registrada podrá entrar y que queda el paso libre.

Un representante manifiesta que no pueden regresar ya que como veinte representantes se fueron por la situación desatada.

10. El supervisor de seguridad del hotel solicita al notario que de fe de que en el lobby queda gente con camisetas de color rojo que son los que estaban agrediendo, los que querían entrar a la fuerza y que tienen el libre acceso hacia la votación, pero que por su libre albedrío no entran y que ya no se les está prohibiendo la entrada ya que el lugar es seguro.

11. A las dieciséis horas con once minutos, el presidente de la mesa directiva manifiesta un receso de treinta minutos para ver si a partir de esta hora se reincorporan los demás asambleístas.

12. A las dieciséis horas con quince minutos, el secretario ejecutivo en el salón de la asamblea informa que se decretó un receso de treinta minutos para el efecto anterior.

13. Un representante manifiesta que fenecidos los treinta minutos se reanude la asamblea con los representantes que estén ya que el quórum de instalación ya fue satisfecho.

14. A las dieciséis horas con treinta y tres minutos, el notario se constituye en la puerta de entrada y salida del personal, para dar fe de que se estaba llevando a cabo una reunión de los representares con vestimenta de color rojo, y una representante le solicita que de fe de los acuerdos tomados ahí por estarse celebrando en ese lugar la asamblea, a lo que el notario se niega por no ser el lugar indicado en la convocatoria.

15. A las dieciséis horas con cuarenta y tres minutos, el notario se constituye en el salón de la asamblea a espera de que se reinicie la Primer Asamblea Estatal Ordinaria Del Distrito Federal.

16. Un representante le manifiesta que como todavía no se ha reanudado la Asamblea, valdría la pena revisar si están completos, y si alguna persona está en su habitación, se espantó y aún está por ahí para ver si la podemos invitar a que se reincorpore y que todos podamos terminar este evento.

17. A las diecisiete horas con un minuto, Adrián Teodoro González Juárez, quien dice ser miembro de la Comisión Nacional Autónoma Para la Elección de los Órganos de Dirección manifiesta a los presentes, que para generar el mecanismo de control y nuevamente del registro de personas que deben estar en la Asamblea, la regla es que se volverá a registrar a los representantes presentes.

18. A las diecisiete horas con veintitrés minutos, una vez hecho el conteo anterior, el presidente de la mesa directiva ordena la verificación del quórum, y declara reanudada la Asamblea Estatal del Distrito Federal.

Esta fe notarial como se ve, coincide con lo asentado en los incidentes del acta de la Asamblea, en cuanto a la existencia de hechos violentos ocurridos durante la misma, empero, la diferencia está en la forma en que comenzaron las agresiones, sobre todo en el aspecto en el que el notario asentó que repentinamente se introdujeron personas ajenas a la Asamblea, lo cual, como se verá enseguida, coincide con la mayor parte de las notas periodísticas y las imágenes de los vídeos ofrecidos por los actores.

Las notas periodísticas contienen la siguiente información:

1. En el Periódico Reforma, el Suplemento Enfoque, información, reflexión y cultura política, Número 731, de 6 de abril de 2008, en las páginas 12 y 13; aparece el Reportaje, Porrismo en la socialdemocracia…Opera "El Nana" en asamblea; Identificado, el dirigente del grupo de porros que irrumpió en la asamblea de Alternativa Socialdemócrata, suscrito por Ernesto Nuñez.

En este reportaje se describen los antecedentes de Efrén Sánchez alías el "Nana" como dirigente operativo del Frente de Estudiantes Politécnicos, conocido porro que lo mismo ha trabajado para el PRI que para el PRD; el 30 de noviembre de 2005 participó en un grupo que pegaba carteles de Jesús Ortega en el Casco de Santo Tomas; el 10 de diciembre de 2005 acudió al zócalo a la toma de protesta de Andrés Manuel López Obrador como candidato presidencial del PRD; el 23 de febrero de 2006 fue con sus contingentes a una manifestación de vagoneros y pasilleros de la Línea 8 del Metro en el Zócalo de la Ciudad; el 17 de abril de 2006 aparece detrás del Ex candidato Priista Roberto Madrazo en una reunión del Ex candidato con egresados politécnicos en el Hotel Marriott; el 30 de agosto de 2006 fue encargado de la logística de la toma de protesta de la honorable porra oficial del IPN; el 16 de noviembre de 2006 se encargó del acarreo de jóvenes para la inauguración del Congreso Nacional Politécnico; el 19 de marzo "El Nana" es identificado como uno de los involucrados en los disturbios ocurridos el 16 de marzo pasado, en una asamblea del partido Alternativa Socialdemócrata celebrada en el Distrito Federal. "El Nana", acompañado de otro porro apodado el Shoker, vuelve a aparecer el día que Pérez Correa recién electo dirigente de Alternativa Socialdemócrata en el Distrito Federal toma protesta.

Dentro del mismo reportaje hay otro titulado "Pide Alberto Begné resguardar vídeos"; el cual habla de un escrito dirigido a Luís Ramos Sequeyro quien es Director General del Crowne Plaza Hotel de México, por medio de la cual precisan que las únicas personas con el poder legal para realizar las solicitudes de los vídeos son Alberto Begné Guerra y Guadalupe Villaseñor Villalobos, al día siguiente de recibir este oficio el encargado del departamento jurídico del Hotel envió una carta a una militante que solicitaba los vídeos, negándoselos.

2. En el Periódico Reforma, el Suplemento Enfoque, información, reflexión y cultura política; Número 729, 23 de marzo de 2008, en la página 16 aparece el Testimonio, Violencia en Alternativa… Las tácticas de Begné, suscrito por Andrés Lajous.

En esta nota periodística de un supuesto asistente a la Primera Asamblea Estatal de Alternativa Social-demócrata, en el Distrito Federal, se describe todo lo que pasó en el Hotel Crowne Plaza, señalando que personas uniformadas con gorras blancas empezaron a aventar refrescos y botellas, después vasos, luego platos y sillas.

También aduce que iba corriendo para salir del salón cuando le aventaron un vaso en la cabeza y cayó al piso, se arrastró mientras lo pateaban y cuando por fin pudo salir del hotel se da cuenta que la seguridad del hotel no dejaba entrar a la policía y seguía fomentando las agresiones de los golpeadores que irrumpieron en el hotel.

Describe el mismo asistente que desde que llegaron a la asamblea la entrada estaba bloqueada por 20 o 30 personas con camisas y gorras blancas, que tenían la leyenda "Nueva Mayoría" ellos no hacían fila para el registro ya que según son "huéspedes", dice que el quórum inició con 324 representantes presentes por lo tanto era procedente cerrar la puerta, Pidió que se registraran las planillas para elegir a 14 escrutadores. Se registró una planilla de cada grupo. La votación se tomó a voto alzado, por algún motivo tardaron pocos minutos en contar los votos de "Nueva Mayoría" y más del triple de tiempo en contar a los suyos. El resultado que dio la comisión fue 160 a favor de "Nueva Mayoría" y 129 a favor del grupo "rojo", sumando 289 votos, en ese momento se protestaron ya que no podía ser que en la primera votación faltaran 35 votos, pues no había abstenciones. La comisión aceptó la protesta e hizo un recuento y el resultado dio 170 votos en favor de "Nueva Mayoría", contra 160 a favor del grupo "rojo", sumando 331 votos, es decir 7 votos arriba del quórum y cuando un compañero del grupo "rojo" se acercó para protestar, en ese momento es cuando empezó la violencia.

3. Periódico Milenio, Año 9, número 3006, lunes 24 de marzo de 2008, en la página 9; de la Sección Política; desplegado titulado "En riesgo el proyecto de Alternativa Socialdemócrata"; el cual firman Patricia Mercado, Carlos Martínez, Rosalinda Ávila, Adela Muñiz y Andrés Lajous, como Miembros del Comité Ejecutivo Federado; la Diputada Marina Arvizu y la Diputada Elsa Conde, como integrantes de la Fracción Parlamentaria de Alternativa Socialdemócrata; Alejandro Mújica y Claudia Barrón como integrantes de la Mesa directiva del Consejo Político Federado; también firman los Miembros del Comité Ejecutivo del Distrito Federal.

En dicho desplegado narran lo ocurrido en la asamblea del dieciséis de marzo y cómo Alberto Begné, Jorge Carlos Díaz Cuervo y sus seguidores demostraron una falta de convicción a los principios del partido con los hechos violentos ocurridos en la asamblea y como el Nana persona ajena al partido irrumpió con agresiones sin importar que haya habido personas discapacitadas, mujeres y niños, todo por querer manipular el resultado de la elección interna.

4. Periódico Milenio, Año 9, número 3006, México, lunes 24 de marzo de 2008, en la página 21; de la Sección Negocios; desplegado titulado "En defensa de la democracia", firmado por Enrique Pérez Correa como Presidente del Comité Ejecutivo del Distrito Federal y Jorge Carlos Díaz Cuervo como Presidente de la Asamblea del Distrito Federal.

En esta nota se opina que los hechos acontecidos el dieciséis de marzo del dos mil ocho, en relación al desarrollo de la asamblea estatal del Distrito Federal no solo son absolutamente condenables, sino una exhibición lamentable de prácticas contrarias a los principios de pluralidad y civilidad democrática y que lo que se buscó con ello fue ensuciar y distorsionar un proceso de integración de asambleas estatales que ya estaba concluido y fue el grupo de Patricia Mercado el que claramente maquinó todo esto.

5. Periódico Reforma, Año 15, Número 5211, 27 de marzo de 2008; en la página 8, Sección Nacional, aparece la nota "Abre Begné puerta a perredistas", suscrito por Reforma/staff.

En esta nota se dice que en medio del conflicto que enfrenta el PRD por la renovación de su dirigencia nacional, Alberto Begné invita a formar parte de Alternativa a todos aquellos militantes perredistas inconformes, y se dice también que durante el desarrollo de la asamblea del Distrito Federal, en la que Patricia Mercado esperaba ser nombrada delegada, ella, junto con su equipo, fueron desalojados por un grupo que irrumpió la sesión.

6. Periódico Reforma, Año 15, Número 5216, 1 abril de 2008; en la pagina 5, Sección Nacional, aparece: "Impugna Mercado reelección de Begné", suscrito por Reforma/staff.

En la nota se dice que Patricia Mercado desconoció la asamblea en la que se reeligió a Alberto Begné como presidente del ahora Socialdemócrata; Mercado advirtió que hay documentos que prueban la doble militancia de varios delegados que avalaron la reelección de Begné.

7. Periódico el Universal, el gran diario de México, Año 91; Número 33033; 2 de abril de 2008, en la página A 15, en la Sección Opinión, se publicó: "Los principios y el poder", suscrito por Mauricio Merino.

Afirma que quizá Begné logre consolidarse en los mandos del partido nuevo pero será casi imposible mantener el proyecto político que le dio origen.

Refiere que la Asamblea celebrada en el Distrito Federal el domingo dieciséis de marzo, a la que irrumpió un grupo de golpeadores que expulsó con violencia a Patricia Mercado y a sus partidarios, no fue sino el último (y seguramente el más lamentable) episodio de una serie de despropósitos cometidos a lo largo del proceso.

8. Periódico el Universal, el Gran Diario de México, Año 91; Número 33033, 2 de abril de 2008, en la página A 15, Sección Opinión se publicó: "El Partido Socialdemócrata" suscrito por Alberto Begné.

Habla de los compromisos y los retos a los que se va a enfrentar el Partido Socialdemócrata ahora con su elección como Presidente del Partido Socialdemócrata.

9. Periódico Reforma; 11 de abril de 2008 Año 158 Número 5,226, en la página 9 Sección Nacional, se publica: Exhiben agresión de "El Nana", suscrito por Alberto Acosta y Ernesto Nuñez.

En este reportaje se dice que un vídeo confirma la acción de porros en asamblea de Alternativa en el Distrito Federal y recibe Robles amenazas.

Se señala que Patricia Mercado y Jesús Robles exhibieron pruebas de la irrupción de golpeadores en la asamblea realizada el dieciséis de marzo y de la agresión contra sus simpatizantes; se afirma que dichos vídeos fueron tomados por las cámaras de seguridad del Hotel Crowne Plaza y en ellos aparece "El Nana" a quien se le califica como el porro que coordinó las agresiones.

10. Periódico Reforma, 7 de abril de 2008, Año 158, Número 5,222, en la página 8, Sección Nacional, aparece: "Eluden culpas por El nana", Denuncian mercadistas a Begné de usar a porros; niegan nuevos dirigentes conocer al golpeador, suscrito por Ernesto Nuñez.

En la nota se refiere que los dos grupos que se disputan el control de Alternativa, se acusan mutuamente de utilizar porros para agredir e intimidar a su contraparte, tras la difusión del vídeo donde aparece Efrén Sánchez alias "El nana" en la asamblea de Alternativa el dieciséis de marzo.

Estas documentales merecen valor indiciario leve, pues todas ellas se refieren a las opiniones de los periodistas y personas que valoran los hechos supuestamente acontecidos en la asamblea de dieciséis de marzo del dos mil ocho en el Hotel Crowne Plaza y que, en esencia, coinciden con el contenido del acta e incidentes de la Asamblea y lo narrado en la fe notarial, en cuanto a la comisión de hechos violentos, por lo cual, en conjunto, al menos, constituyen prueba plena para demostrar la violencia ejercida sobre más de la mitad de representantes acreditados en la Asamblea cuestionada.

Ahora bien, en los vídeos se aprecia, esencialmente:

Vídeo/cámara 7

Vídeo en blanco y negro en cuya parte inferior derecha tiene la leyenda 2008/03/16 y comienza en 15:19:34, se aprecia un pasillo y al final de éste una puerta, a través de la cual pasan varias personas; en el minuto 15:20:21 se observa a una persona del sexo masculino y otra del sexo femenino hablando por teléfono celular, segundos después la mujer sale de cuadro y aparece gente corriendo hacia la puerta, buscando salir del lugar; en el minuto 15:20:37 aparece una persona (presumiblemente Patricia Mercado) dirigiendo a la gente para que salga; en el minuto 15:21:05 aparece un hombre apoyado con otro hombre que aparentemente está discapacitado, después de que ha quedado vació el pasillo se observa que gente sale de la puerta asomándose sigilosamente.

Vídeo/cámara 9-1

Vídeo en blanco y negro en el que en la parte inferior tiene la leyenda 2008/03/16 y comienza en 15:19:34, se aprecia que es la entrada a un salón, en el cual están colocados mesas y sillas; en el minuto 15:19:39 se ve como entra un grupo de personas corriendo, en su mayoría hombres con gorra blanca dirigiéndose al lado izquierdo de la toma y concentrándose ahí por unos segundos, se observa salir del salón a grupos de señoras con niños tomados de la mano acompañados por el personal de seguridad; en el minuto 15:17:27, un hombre comienza a guardar todo lo que se encontraba en las mesas antes precisadas en una caja con ayuda de otro hombre que aparece en escena segundos más tarde; en el minuto 15:23:22 se aprecia que varias de las personas de gorra blanca que entraron corriendo salen del salón; en el minuto 15:24:06 dos hombres de playera blanca revisan que no se haya quedado nada y tomas sus suéteres que se encuentran en unas sillas y salen del salón el cual ya se encontraba con la puerta cerrada; en el minuto 15:24:54 entra un hombre al salón que viste una chamarra el cual está hablando por celular y revisando debajo de las mesas.

Vídeo/cámara 8

Vídeo a color en el que en la parte inferior tiene la leyenda 2008/03/16 y comienza en 15:19:34, se aprecia un pasillo, con pisos de mármol en el cual hay diversas columnas de madera y varias puertas, se encuentran transitando por el pasillo varias personas tanto hombres y mujeres con playeras rojas; en el minuto 15:20:34 aparece un hombre con playera roja el cual viene corriendo por el pasillo y detrás de él varias personas; en el minuto 15:21:26 se ve a un empleado de seguridad resguardarse en una de las columnas del pasillo cuando un hombre que porta una gorra roja toma un objeto de una mesa que se encontraba en el pasillo y lo avienta hacia las personas que corren, después se aprecia a un joven que toma una silla para aventarla otro hombre tiene un cinturón en la mano para repeler la agresión, después aparece personal de limpieza del lugar acomodando todo y recogiendo basura y las sillas que se encuentran tiradas.

Vídeo/cámara 9-1

Vídeo en blanco y negro en el que en la parte inferior tiene la leyenda 2008/03/16 y comienza en 15:14:34 es el mismo vídeo Vídeo/cámara 9 nada más que aquí comienza unos minutos antes, en se aprecia que hay dos mujeres en lo que parece ser una mesa de registro, se acercan varias personas en su mayoría hombres a anotarse en unas hojas que ellas les proporcionan; en el minuto 15:17:29 se ve a un hombre con pelo largo y que trae una trenza entrar al salón, cuando de repente un grupo de personas que visten gorra blanca entra detrás de él y se regresan a la puerta con los brazos hacia arriba y vuelven a salir del salón, segundos más tarde entra una persona de la seguridad del hotel, el cual trae un radio en la mano y después comienza el vídeo como se describió en el Vídeo/cámara 9.

Vídeo/cámara 16-2

Vídeo en blanco y negro en el que en la parte inferior tiene la leyenda 2008/03/16 y comienza en 15:19:34, en el vídeo se aprecia que es un salón que tiene mesas que lo atraviesan en el cual se encuentran muchas personas de pie que intentan salir de ahí, de repente en la parte derecha de la imagen del vídeo, se observa la conglomeración de la gente debido a que otro grupo de personas, de gorra blanca, comienza hacer disturbios en el salón cargando sillas y aventándolas, cuando otro grupo de asistentes se resguarda de la agresión debajo de las mesas, segundos más tarde las personas que portan gorra blanca se agreden verbalmente con los de playera roja, mientras éstos salen del salón donde se presume que se llevaba a cabo la sesión.

Vídeo/cámara 15-2

Vídeo en blanco y negro en el que en la parte inferior tiene la leyenda 2008/03/16 y comienza en 15:19:34, en este vídeo se aprecia otra perspectiva del salón donde supuestamente se está celebrando la sesión, se aprecian personas que visten una gorra roja que se encuentra en uno de los accesos al salón, los cuales avientan los objetos que se encuentran en las mesas a las personas que se encuentran en el otro extremo, segundos después las personas de gorra blanca abandonan el salón de sesiones y las personas que salieron huyendo para no ser agredidos regresan por sus cosas mientras que personal del hotel llega al salón.

Vídeo/cámara 1

Vídeo en blanco y negro en el que en la parte inferior tiene la leyenda 2008/03/16 y comienza en 15:19:34, se aprecia que es un pasillo en el primer piso del cual se puede observar a unas personas recargadas en un barandal de vidrio, del que se alcanza a ver las escaleras que conducen al nivel donde está la cámara, todo transcurre con el flujo de personas normal, cuando de repente otro grupo corre hacia las escaleras y suben hasta donde se encuentra la cámara para entrar a lo que se puede presumir es un salón del hotel, minutos después la gente se amontona en la puerta del salón y sale un grupo de personas con gorras blancas con los brazos hacia arriba, después la puerta del supuesto salón es cerrada y un grupo de personas se queda observando lo que ocurre abajo desde el barandal de vidrio antes mencionado.

Vídeo/cámara 13

Vídeo en blanco y negro en el que en la parte inferior tiene la leyenda 2008/03/16 y comienza en 15:19:34, en la entrada de un salón en el cual hay una mesa y sillas, el tránsito de personas es continuo y hay momentos en que sale corriendo gente, en el minuto 15:20:35 aparece una persona que viste una chamarra de mezclilla y una gorra blanca, quien golpea a otro hombre que trae consigo una mochila, después se queda a las afueras del salón esperando a que salgan todas las personas, una vez que se han ido todos, aparece una mujer hablando por teléfono.

Vídeo/cámara 2

Vídeo en blanco y negro en el que en la parte inferior tiene la leyenda 2008/03/16 y comienza en 15:19:34, la cámara está ubicada en el mismo nivel que la Vídeo/cámara 1 pero enfoca una parte del corredor y las escaleras y reproduce el tránsito de personas.

Vídeo/cámara 14

Vídeo en blanco y negro en el que en la parte inferior tiene la leyenda 2008/03/16 y comienza en 15:19:34, esta cámara está colocada en la parte del salón donde se colocó la mesa de registro; se puede apreciar cómo personas de gorra blanca entran al salón y mientras ellos buscan algo o a alguien, la demás gente intenta salir; después, en el minuto 15:23, entra una persona de traje, la cual, junto con una persona que porta un radio de comunicación, les indica a los de gorra blanca que abandonen el salón ya que los toma del brazo y los lleva hacia la puerta de salida; en el minuto 15:24:09 entra una persona que viste una chamarra y una camisa a cuadros, el cual se queda parado en la puerta del salón y da indicaciones a otras personas de gorra blanca para que lo acompañen al salón, minutos después de estar vacío el lugar aparece un grupo de personas de ambos sexos dentro, y nuevamente aparece la persona de traje antes mencionada quien les pide que se retiren.

Vídeo/cámara 15

Vídeo en blanco y negro en el que en la parte inferior tiene la leyenda 2008/03/16 y comienza en 15:13:55, es la cámara titulada Vídeo/cámara 15-2 sólo que aquí comienza en el minuto 13 y se aprecia a las personas sentadas y votando antes de que empiecen las agresiones citadas en el vídeo/cámara 15-2.

Vídeo/cámara 16

Vídeo en blanco y negro en el que en la parte inferior tiene la leyenda 2008/03/16 y comienza en 15:13:54, es la cámara titulada Vídeo/cámara16-26 con la particularidad de que aquí comienza en el minuto 13 y se aprecia a personas sentadas antes de que empiecen los hechos sucedidos en la citada vídeo/cámara 16-2.

En relación con las imágenes de estos vídeos, se puede concluir que efectivamente se reproducen imágenes relativas a una reunión en la que entran intempestivamente personas que portan una gorra blanca y agreden a otras, lo cual provoca que se retiren del lugar.

Dicho medio de convicción constituye un indicio que individualmente tiene fuerza probatoria leve, pero que adminiculado con el resto de las documentales ya mencionadas, corrobora el hecho de que a las quince horas con diecinueve minutos, aproximadamente, un grupo de sujetos con determinada vestimenta blanca playeras y/o gorras, interrumpieron en forma sorpresiva y agresiva la asamblea cuya validez se controvierte. En el acta notarial se asentó que este evento ocurrió a las quince horas con diecisiete minutos, por lo cual hay esencial coincidencia.

De la valoración conjunta de los medios de prueba antes mencionados, se concluye que la Asamblea en cuestión fue interrumpida intempestivamente por diversas personas, identificadas todas ellas con una vestimenta similar (gorras y/o playeras blancas) que removieron violentamente el mobiliario, aventaron objetos y alteraron el orden de las personas y los documentos utilizados durante la asamblea, al grado de que muchas de ellas abandonaron el recinto para evitar enfrentamientos o asegurar su integridad personal.

En las imágenes de los vídeos destaca que los sujetos que arribaron intempestivamente al lugar de la asamblea, no se registraron o pidieron el uso de la palabra conforme a las formalidades usuales de una reunión de ese tipo y a la primera etapa de la Asamblea, consistente en el registro de representantes, por el contrario, se observa que entraron agresivamente, comenzaron de inmediato a empujar a los asambleístas y arrojaron objetos con la intención de ahuyentar a los presentes.

Estos acontecimientos generaron que mucha gente abandonara el recinto, como se asentó en el acta notarial ya referida y como se observa de los vídeos descritos, destacándose en el acta notarial que algunas personas abandonaron el lugar para evitar daños físicos.

Ahora bien, dichos indicios permiten inferir que las personas que agredieron y hostigaron a los que inicialmente estaban presentes provocaron que una gran cantidad de estos últimos se retiraran del lugar del evento.

Estos acontecimientos violentos son suficientes para invalidar la asamblea, pues impidieron que un numeroso grupo de representantes registrados pudieran ejercer con libertad su voto, lo cual está debidamente comprobado con las documentales antes valoradas.

En efecto, en el acta notarial se asienta que al momento del cierre del registro, a las doce horas con treinta y dos minutos del día del evento, el Secretario Ejecutivo le informa al Presidente de la Mesa Directiva que están presentes en la sala trescientos veinticuatro representantes de Comités de Acción Política y al momento de la reanudación de la Asamblea, el Presidente de la Mesa Directiva manifiesta que se encuentran ciento cuarenta representantes debidamente acreditados e identificados ante la Comisión, lo que revela que más de la mitad de los presentes se retiró con motivo de los hechos violentos ocurridos durante la reunión.

Esta sola situación es suficiente para invalidar el acto, pues no es jurídicamente exigible a sus integrantes que permanecieran en el mismo lugar para ejercer su derecho, a costa de exponer o poner en riesgo el resto de sus derechos fundamentales, que podrían ser igual o más importantes que el de votar en una asamblea.

Sobre todo cuando existieron circunstancias especiales, consistentes en la existencia del grupo agresor y los ánimos alterados, las cuales, ordinariamente, hacen pensar a las personas que su integridad está severamente expuesta, en riesgo o peligro.

A esta circunstancia debe añadirse otro factor que conduce a declarar ilegal la asamblea.

En efecto, en concepto de la responsable, existen indicios suficientes para tener por probado que el presidente de la mesa directiva invitó a los presentes a reanudar el evento una vez que hubo condiciones de seguridad para ello.

Sin embargo, esta valoración es incorrecta.

En efecto, en el acta notarial solamente se asentó lo siguiente:

"Por lo que siendo las dieciséis horas del día de su fecha, el señor Humberto Jesús Trujillo Martín, se constituye en el lobby del inmueble en el que se actuó, donde se encuentran varios Representantes vestidos con camisetas rojas, manifestándoles que compañeros les quiero comunicar que los conminamos a que podamos incorporarnos a la Asamblea y continuar con sus trabajos y concluir, hay condiciones para que se vuelva a hacer, las ofrecemos, aquí esta el señor Notario también, el cual podría convalidar estas condiciones y lo único que les estaríamos pidiendo evidentemente además de su voluntad, es el respeto debido a sus compañeros, a la propia Comisión y a sus propias personas en esta Asamblea, hacemos este atento llamado, esta exhortación, esta invitación, para que podamos continuar con el desarrollo de la Asamblea."

Esta circunstancia es insuficiente para tener por probado que cesaron los actos violentos, pues la sola manifestación del presidente de la mesa, asentada por el notario, no es prueba suficiente para tener por demostrado que se erradicó plenamente la violencia o los agentes agresores presentes en el evento.

Por el contrario, hay indicios de que los agresores permanecieron en el lugar de los hechos, o, al menos, cerca de ese lugar, pues en el acta notarial no se hizo constar el momento en que estas personas fueron retiradas del lugar y además, el propio notario asentó que lo que se intentó fue incorporar a las personas que salieron del lugar, pero no asentó la forma en que se identificó a los agresores y se expulsaron del lugar, siendo que tal acontecimiento debió ser especialmente significativo para el notario, ya que no debió resultar sencillo expulsarlos del lugar, debido al considerable número de personas que aparecen en el vídeo y la actitud violenta con que actuaron, lo cual implicaría un consumo considerable de tiempo y recursos humanos.

Esta circunstancia es obvio que influyó en el ánimo de los agredidos para no regresar al lugar de la reunión, pues no desapareció la causa principal por la cual se retiraron del evento. En esas condiciones, la negativa a regresar estaría plenamente justificada al poner en primer lugar su integridad física.

En el acta notarial se asientan algunos ejemplos de que esta decisión se adoptó con base en una especia de legítima defensa, pues en el acta se asentó, entre otras cuestiones que:

"1.- Los manifestantes de rojo se manifiestan inconformes, pues no hay condiciones de seguridad para continuar con la Asamblea.".

2.- Claudia Isabel Barrón Martínez, manifiesta que yo quiero que la Comisión me asegure, que toda esa gente que esta ahí, que no es Delegado, no va a estar ahí arriba y hay otra mucha mas gente que no son delegados y que van a retirarse para que podamos sesionar cuando efectivamente haya una revisión de delegado por delegado que pueda estar arriba me parece que habrá condiciones de seguridad y de certeza de que los que estamos sesionando somos los que debemos hacerlo, si no hay ese procedimiento, no hay certeza ni de seguridad ni de que efectivamente los que están participando ahí sean delegados y yo quisiera que el Notario tomara nota de eso."

3.- Reyna Pérez Castillo, en uso de la palabra le manifiesta al Presidente de la Mesa Directiva que usted mismo fue testigo de cómo los que estábamos ahí fuimos agredidos por unos compañeros de gorra blanca con una playera que decía, bueno, Alternativa, usted es testigo de cómo fuimos agredidos, como nos puede decir que hay condiciones para continuar la Asamblea."

En la fe notarial solamente se asienta que había condiciones de seguridad para sesionar, pero no se especifica en qué consistieron las medidas que se adoptaron, siendo que la más elemental y natural, consistía en suprimir la causa principal de la agresión que consistió en la presencia violenta de los sujetos que irrumpieron intempestivamente en la asamblea y en el acta no se precisa tal acontecimiento.

Las pruebas valoradas por la responsable no son suficientes para tener por probado que existieron condiciones de seguridad, pues como se ve, en el acta en estudio, el notario solamente asentó lo que escuchó decir al presidente de la mesa directiva, pero no que le constaba que las condiciones de seguridad realmente existieran.

Lo anterior desvirtúa lo expuesto por la responsable, pues no es verdad que a juicio del notario había condiciones de seguridad aptas para continuar con la Asamblea, ya que el notario solamente asentó lo que escuchó no lo que a su juicio estaba sucediendo, como equivocadamente lo consideró el tribunal responsable.

Los hechos mencionados se corroboran con las imágenes de los vídeos ofrecidos por los actores y las notas periodísticas obrantes en autos.

En efecto, en los vídeos aparece el momento en que se introducen diversos sujetos al lugar donde se celebra la Asamblea, sin hacerlo en la forma en que naturalmente se procede en este tipo de eventos. Llegan hasta el fondo del salón y se alcanza a observar el hostigamiento con que expulsan a las personas que estaban en su interior. También se observa la forma en que diversas personas salen corriendo y pasan por los pasillos del hotel, con ademanes y posturas propias de quien es hostigado o agredido para abandonar un lugar.

En las notas periodísticas, que merecen valor indiciario en su conjunto y pleno al adminicularlos con las documentales ya valoradas, se asientan hechos que coinciden, en esencia, con los narrados en el acta y las imágenes de vídeo, pues en general, exponen que un grupo de personas interrumpió intempestivamente la asamblea en cuestión.

No obsta a lo expuesto lo asentado en los incidentes del acta de asamblea, en cuanto a que se dice que los agresores fueron las personas identificadas como rojos, pues dicha situación está desvirtuada con las imágenes del vídeo en el que se observa la entrada intempestiva de personas con playera blanca y gorra del mismo color, lo cual coincide con la parte de los incidentes en donde se refiere que grupos externos interrumpieron en forma sorpresiva la sesión, siendo que esta parte está confirmada con el resto de las probanzas y, por tanto, es la única que se tiene por comprobada.

Tampoco se opone a la anterior conclusión, lo alegado por los terceros interesados, en cuanto afirman que según lo asentado en los incidentes del acta de Asamblea y en el acta notarial, fue Miguel Conde y su grupo los "rojos" quienes comenzaron con los actos violentos al tomar la tribuna, por lo cual no es dable que los actores invoquen la nulidad con base en una causa que ellos mismos provocaron.

Si bien es cierto que en los incidentes del Acta de Asamblea y en el acta notarial se asienta que Miguel Conde tomó la tribuna y la arrojó al piso, lo cierto es que dicho acto, por sí mismo, no generó el tipo de violencia que provocó, como causa inmediata, el retiro de más de la mitad de los integrantes de la Asamblea, pues como ya se vio, el motivo determinante de la desintegración consistió en la posterior intervención repentina de un grupo de personas, con vestidura blanca, que interrumpieron la Asamblea en forma violenta, tal y como se asienta en esas mismas documentales.

Máxime que no hay prueba de que los actores hayan participado en la toma de la tribuna o que hayan apoyado directamente al citado Miguel Conde, como parte del grupo denominado los "rojos", además de que en esas constancias no se asienta que tal proceder haya generado el retiro masivo de los participantes.

Respecto del audio ofrecido por los actores, cabe referir que en él no se advierte la forma en que ocurrieron los hechos violentos, pues solamente se escuchan voces relacionadas con el desarrollo de la asamblea, sin poder identificar las personas que las emiten, por lo cual, solamente tiene un valor probatorio levísimo que no está adminiculado con algún otro medio de prueba, para acreditar que los hechos ocurrieron como refieren los terceros interesados.

Lo anterior, con independencia de que la cuestión relacionada con la forma y el grupo de personas que inició la violencia, no es un elemento de la causa de nulidad de la Asamblea prevista en el artículo vigésimo séptimo transitorio del Reglamento de la Comisión Nacional Autónoma para la Elección de Órganos de Dirección, pues como ya se dijo, los elementos necesarios para configurar la causal de nulidad consisten en que los miembros de una asamblea no ejerzan su voto con libertad y medie presión u hostigamiento de cualquier persona en su contra.

Tampoco obsta lo referido por el tribunal responsable, en el sentido de que el presidente de la Mesa Directiva tiene facultades para tomar decisiones y medidas tendientes al buen desarrollo o suspensión no definitiva de las sesiones, en términos de los artículos 15, 16 y 18 del Reglamento de Asambleas del partido Alternativa Socialdemócrata.

Esto, porque si bien dicha facultad es expresa, lo cierto es que las medidas adoptadas por el presidente de la Mesa Directiva deben ser eficaces e idóneas para lograr el buen desarrollo de la asamblea y, en el caso, como ya se vio, no hay prueba de que las medidas hayan erradicado el motivo de la violencia, ni tampoco que se hayan adoptado las medidas adecuadas y necesarias para lograr convocar de nuevo a las personas que fueron objeto de agresión, de tal manera que las constancias que tuvo a la vista la responsable son insuficientes para tener por demostrado que el presidente de la mesa directiva haya adoptado las medidas necesarias para lograr un reinicio legal de la Asamblea.

En suma, de todo lo expuesto se sigue que debe revocarse la resolución del Tribunal del Distrito Federal, pues analizó indebidamente las probanzas que tuvo a la vista, con base en las cuales se demuestra que en la Asamblea de dieciséis de marzo del dos mil ocho, acontecieron hechos violentos que impidieron ejercer el voto a más de la mitad de sus participantes, quienes fueron hostigados y presionados para abandonar el recinto donde se verificó la asamblea.

Consecuentemente, debe decretarse la nulidad de la Asamblea impugnada, al actualizarse la causal prevista en el artículo vigésimo séptimo transitorio del Reglamento de la Comisión Nacional Autónoma para la Elección de Órganos de Dirección y ordenar que se realice una nueva, conforme a las bases establecidas en la convocatoria emitida para celebrar la asamblea que ahora se anula y la normatividad partidista vigente en aquél momento, en la cual podrán participar los mismos delegados que fueron convocados a ella y registrados en el padrón respectivo.

Como consecuencia de lo anterior, se anulan los actos aprobados en la Asamblea del Distrito Federal de dieciséis de marzo del dos mil ocho.

Para dar eficacia a esta ejecutoria, continuarán en sus funciones los integrantes de los órganos directivos designados en la Asamblea del Distrito Federal de dieciséis de marzo del dos mil ocho, hasta en tanto se celebra la nueva Asamblea y solamente para efectos de mantener en funcionamiento efectivo la dirigencia estatal de Alternativa Socialdemócrata.

Lo anterior en términos del artículo 38, apartado 1, inciso f), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, que establece la obligación de los partidos políticos de mantener en funcionamiento efectivo sus órganos directivos.

Esto es acorde con la naturaleza especial de los partidos políticos como entidades de interés público, en términos de lo que establece el artículo 41, base I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dado que la continuidad en el desempeño de sus funciones tiende a cumplir el mandato que la Constitución y las leyes encomiendan a dichos institutos políticos.

Sin que resulte dable restituir a los funcionarios de la directiva que ejercían los cargos antes de la celebración de la Asamblea anulada, debido a las siguientes razones.

Se toma en consideración que las irregularidades acontecidas en la Asamblea anulada ponen de manifiesto la falta de legitimación de los órganos directivos anteriores a su celebración, pues sus actuaciones fueron ineficaces para desarrollar correctamente las actividades partidistas.

En el entendido que dichas autoridades podrán ejercer sus atribuciones establecidas en la normatividad partidista, en la medida que no contravengan la presente ejecutoria.

Sin que esté de más señalar que la nueva Asamblea del Distrito Federal deberá celebrarse en forma pacífica y con respeto a los principios democráticos y de derecho establecidos en la normatividad partidista.

En razón de lo anterior, deberá realizarse una nueva Asamblea estatal dentro del plazo de quince días, contados a partir de la notificación de la presente ejecutoria, a la cual deberá convocar el órgano partidista competente dentro del plazo de cuarenta y ocho horas contadas a partir de la notificación de este fallo, con el objeto de que efectivamente se realice la Asamblea dentro del plazo indicado.

La nueva convocatoria deberá emitirse en términos de las bases establecidas en la convocatoria emitida para celebrar la asamblea anulada y la normatividad partidista vigente en aquél momento, en la cual podrán participar los mismos delegados que fueron convocados a ella y registrados en el padrón respectivo.

Lo anterior, en el entendido que los actos emitidos por los funcionarios partidistas en el Distrito Federal, elegidos en la asamblea anulada, prevalecen en sus términos, a fin de salvaguardar derechos de terceros y el principio de seguridad jurídica.

En cuanto a la petición de los actores de anular la Asamblea Nacional del partido Alternativa Socialdemócrata, celebrada el treinta de marzo del dos mil ocho, se tiene lo siguiente.

El artículo 29 de los Estatutos de dicho partido, establece, en la parte que interesa, que su estructura orgánica está basada en los principios y métodos democráticos, que reconocen el principio de la mayoría y el respeto de los derechos de las minorías y las personas.

Así mismo, establece que la distribución de atribuciones entre los órganos del Partido y su ejercicio, se regirán por el principio de subsidiariedad, de manera tal que se garantice su funcionalidad, en los términos que establezcan las disposiciones reglamentarias y los acuerdos correspondientes.

Respecto de la Asamblea Nacional, los Estatutos del Partido Alternativa Socialdemócrata, establece lo siguiente:

"Artículo 66.

La Asamblea Nacional es el órgano máximo de dirección del Partido y se reunirá de manera ordinaria, por lo menos, cada tres años. La convocatoria para sus sesiones será emitida y publicada por la mesa directiva del Consejo Político Nacional en un diario de circulación nacional, en estrados del Partido y en la página de Internet, con una anticipación mínima de dos meses y contendrá orden del día, fecha, lugar y hora de celebración.

Artículo 67.

La Asamblea Nacional se integra con:

a) Quienes tengan a su cargo la Presidencia y la Vicepresidencia de los 32 Comités Ejecutivos Estatales; y

b) 300 personas afiliadas que, en los términos previstos en estos Estatutos, hayan sido electas por las Asambleas Estatales, de entre sus integrantes, como representantes a la Asamblea Nacional.

c) Hasta 100 personas afiliadas electas en Asambleas Estatales, cuyo número será determinado por el Consejo Político Nacional, con base en el porcentaje de la votación alcanzada por Alternativa Socialdemócrata en cada entidad federativa en la última elección federal de diputados, siempre que haya obtenido cuando menos el 2%, bajo el procedimiento de planillas o listas abiertas previsto en el artículo 68 de los presentes Estatutos.

El Comité Ejecutivo Nacional participará con derecho a voz en las sesiones de la Asamblea Nacional.

Artículo 68.

La elección de los representantes a la Asamblea Nacional se realizará en las Asambleas Estatales, conforme al siguiente procedimiento:

a) Cada Asamblea Estatal elegirá de entre sus integrantes, a un número de representantes igual al número de distritos electorales federales que haya en su entidad. Lo anterior no significa que los representantes deban provenir o tener su residencia en cada uno de los distritos electorales federales. Los 300 distritos constituyen, un factor de cálculo para determinar el número de representantes a la Asamblea Nacional a que tiene derecho cada entidad federativa, de tal modo que se constituya una representación poblacional y territorialmente equilibrada;

b) La elección de los representantes a la Asamblea Nacional se realizará mediante la votación libre y secreta de listas abiertas o planillas. En este último caso, las planillas se integrarán en orden de prelación, con el mismo número de candidaturas que correspondan al número de distritos electorales federales de la entidad federativa de que se trate. Por cada candidatura propietaria se registrará una candidatura suplente.

Cuando no asistan los representantes propietarios, los suplentes asumirán sus funciones.

I. Procedimiento por planillas:

a) Se asignaran representantes en función directa a la proporción de la votación obtenida por las planillas, calculada sobre números enteros, si quedaran por asignar representantes, estos se asignaran por resto mayor.

b) En las entidades en donde únicamente haya dos Distritos Electorales Federales, a la planilla que obtenga el 50 por ciento más uno de la votación se le asignarán los dos representantes correspondientes, y si ninguna obtiene la mayoría de los votos, la distribución se hará entre las dos planillas con mayor votación, siempre y cuando la que haya alcanzado la primera minoría represente, al menos, el 20 por ciento de la votación; en caso contrario, le serán asignadas las dos representaciones, a la planilla que haya obtenido la mayoría simple;

II. Procedimiento por listas abiertas:

a) La mesa directiva de la Asamblea Estatal abrirá el registro de fórmulas de candidatos integradas por un propietario y un suplente, para la elección de los representantes a la Asamblea Nacional.

b) Los representantes procederán a expresar sus propuestas o su intención de ser inscritos en la lista correspondiente. La Secretaría de la mesa directiva registrará las propuestas de fórmulas y las manifestaciones personales formuladas por las y los integrantes de la Asamblea.

c) Concluido el registro de las propuestas, la Secretaría procederá a informar al pleno sobre el total de las fórmulas registradas indicando los nombres respectivos y el carácter de propietarios o suplentes con el que participan. Acto seguido la propia secretaría colocará las listas de fórmulas de candidaturas en lugares visibles para todos los asistentes a la Asamblea.

d) Los representantes a la Asamblea Nacional serán aquellas fórmulas que obtengan la mayor votación, en razón al número de los distritos en cada entidad federativa.

III. Procedimiento de Votación

a) Los representantes ejercerán su voto de manera libre, secreta y directa, en las cédulas que para este efecto se hayan preparado previamente, las cuales serán depositadas en urnas transparentes, instaladas en lugar visible para todos los asistentes.

b) Las cédulas de votación contendrán los datos de identificación de la entidad federativa correspondiente, la indicación relativa a que se trata de una elección de representantes a la Asamblea Nacional y espacios para el ejercicio del voto.

c) Las cédulas de votación para el caso de la elección por planillas señalarán el número o denominación de la planilla por la que se vota.

d) Las cédulas de votación, para el caso de la elección por lista abierta, contendrán los espacios para anotar los nombres de las personas integrantes de las fórmulas en el número de los distritos electorales federales que corresponda elegir.

e) En ambos casos, la secretaría informará al pleno, previo al proceso de votación, sobre el número de cédulas de votación que se imprimieron y sobre el número de cédulas entregadas a las y los asambleístas. Las cédulas sobrantes serán destruidas en presencia de las personas asistentes.

Artículo 69.

Son atribuciones de la Asamblea Nacional:

a) Designar, por mayoría simple de sus integrantes presentes, a su Mesa Directiva, que se conformará por una Presidencia y una Secretaría, que se postularán por fórmulas. Este procedimiento inicial será conducido por quienes integren la Mesa Directiva del Consejo Político al momento de la instalación de la Asamblea Nacional;

b) Designar, por mayoría simple de sus integrantes, a quienes deban cumplir las funciones de escrutinio durante la sesión, a propuesta de la Asamblea Nacional, la cual determinará el número de escrutadoras o escrutadores a elegir;

c) Aprobar, por mayoría de las dos terceras partes de sus integrantes presentes, los Documentos Básicos del Partido, así como las reformas de los mismos;

d) Elegir a las y los integrantes del Consejo Político Nacional, conforme al siguiente procedimiento:

I. Quienes integran la Asamblea Nacional deberán organizarse en grupos de electoras o electores conformados, por cinco personas. Si después de integrarse los grupos sobran 3 o 4 personas podrá conformarse un grupo adicional. Nadie podrá formar parte de dos o más grupos. El Consejo Político Nacional se integrará como máximo con 93 personas.

II. Una vez conformados, los grupos presentarán a la Mesa Directiva el formato que la misma se haya emitido para tal efecto, donde se indicarán los nombres y se asentarán las firmas de sus integrantes;

III. Cuando haya transcurrido el tiempo acordado por la Asamblea para el desarrollo de este procedimiento, la Presidencia y la Secretaría de la Mesa Directiva, con el auxilio de las y los escrutadores, integrará la relación de los grupos de electores que se hayan conformado y registrado; y de inmediato hará del conocimiento de la Asamblea el número de grupos registrados y, por tanto, el número de consejeras y consejeros a elegir. Cumplido lo anterior, la Mesa Directiva entregará una cédula electoral a cada grupo de electores, la cual deberá estar firmada por quienes ocupen la Presidencia y la Secretaría;

IV. Cada uno de los grupos tendrá derecho de elegir, entre sus integrantes, a una consejera o un consejero político propietario y a una consejera o consejero político suplente, cuyos nombres y firmas deberán indicarse en la cédula electoral, junto con los nombres y las firmas de quienes integran el grupo;

V. La elección de la consejera o el consejero político en cada grupo se realizará por consenso o mediante votación secreta, según lo determinen sus integrantes por mayoría simple. En caso de que opten por la votación, solicitarán a la Mesa Directiva que se asigne una escrutadora o un escrutador para observar el procedimiento y hacer el cómputo de la votación;

VI. Cuando concluya el procedimiento electoral, cada grupo deberá entregar su respectiva cédula electoral a la Mesa Directiva, la cual integrará la relación de las consejeras y los consejeros políticos electos y la hará del conocimiento de la Asamblea;

VII. Por último, la Mesa Directiva entregará a las consejeras y los consejeros electos, tanto propietarios como suplentes, la constancia de elección correspondiente, y procederá a ordenar el registro de la conformación del Consejo Político Nacional ante las autoridades electorales federales.

e) Elegir, por mayoría de dos terceras partes de sus integrantes presentes, a las seis personas, tres titulares y tres suplentes, que deberán conformar cada una de las Comisiones Autónomas, de acuerdo al siguiente procedimiento:

I. Para la integración de cada Comisión Autónoma, podrán ser postuladas las planillas de las personas que, además de haber manifestado por escrito su voluntad para ocupar el cargo en caso de ser electas, cumplan con los requisitos de elegibilidad establecidos en estos Estatutos. Las planillas deberán señalar el nombre de la persona propuesta para la presidencia, los comisionados y las tres suplencias;

II. Habrá un procedimiento de elección para la integración de cada Comisión Autónoma;

III. Las postulaciones de las planillas para integrar cada Comisión Autónoma, serán válidas cuando cuenten con el respaldo de, al menos, el 10 por ciento de asambleístas presentes. Dichas postulaciones deberán ser presentadas a la Mesa Directiva de la Asamblea Nacional, mediante el formato que ésta expida para tal efecto, con el nombre y las firmas de quienes respaldan la postulación;

IV. Una vez registradas y validadas las planillas elegibles para cada Comisión por la Mesa Directiva, se integrará una relación con los nombres de las personas que integran cada planilla, misma que se harán del conocimiento de la Asamblea;

V. De acuerdo a dicha relación, se procederá a una votación secreta, de tal manera que las y los asambleístas presentes puedan señalar en las boletas electorales, validadas y distribuidas por la Mesa Directiva, el número de planilla que, entre las candidaturas elegibles, estimen más aptas para la función;

VI. La planilla que obtengan más votos integrará la Comisión Autónoma de que se trate. En caso de no lograrse la mayoría calificada o, en su caso, haya un empate, se procederá a una segunda vuelta de votación con las dos planillas que hubieran obtenido la más alta votación.

f) Conocer y valorar los informes del Consejo Político Nacional, del Comité Ejecutivo Nacional y de las Comisiones Autónomas.

g) Instruir al Consejo Político Nacional sobre las estrategias o políticas nacionales que requieran de su análisis, particularmente aquellas vinculadas con temas electorales, de alianzas y financieros.

h) Revocar, con causa justificada, el nombramiento de los cargos que, sin haber cumplido aún el periodo de su mandato, hayan sido designados por la propia Asamblea cuando exista incumplimiento de las responsabilidades encomendadas en virtud de su cargo, faltas injustificadas, o actuaciones en contra de los lineamientos emitidos por la Asamblea y el Consejo Político; para lo cual se requerirá el voto calificado de las dos terceras partes de sus integrantes presentes, así como una solicitud previa, la cual deberá ser respaldada, al menos, por el 33% de sus integrantes. Para tal efecto, en la misma fecha de publicación de la convocatoria a sesión extraordinaria, los convocantes notificarán a la mesa directiva del Consejo Político para que emplace al presunto infractor, haciendo de su conocimiento las imputaciones que se le atribuyen, acompañando las pruebas de cargo, con la finalidad de que en la sesión correspondiente manifieste lo que a su derecho convenga, ofrezca pruebas y formule alegatos, con pleno respeto a la garantía de audiencia y el debido proceso legal, procediéndose a la deliberación y emisión de la resolución, de conformidad con el reglamento respectivo.

i) Las demás que le otorguen los presentes Estatutos y las que, en su caso, le confiera la legislación electoral.

Artículo 70.

La Asamblea Nacional podrá instalarse y sesionar de manera extraordinaria para tratar asuntos urgentes o de carácter prioritario para el Partido. La facultad para emitir la convocatoria a una sesión extraordinaria corresponderá a:

a) El 33 por ciento más uno de los representantes a la Asamblea Nacional; o

b) El 50 por ciento más uno de quienes integran el Consejo Político Nacional; o

c) El 50 por ciento más uno de los Comités Ejecutivos Estatales, a través de quienes ocupen la Presidencia y la Vicepresidencia de los mismos; o

d) El Comité Ejecutivo Nacional, cuando así lo acuerde con el voto, al menos, de dos terceras partes de sus integrantes.

e) El 33% de las personas afiliadas al partido, registrados en el padrón que lleve la Secretaría de Fortalecimiento y Desarrollo Institucional.

El ejercicio de esta facultad deberá constar por escrito, donde se indiquen los asuntos a tratar, con los nombres y las firmas de quienes requieren la emisión de la convocatoria, que deberá publicarse en cuando menos un diario de circulación nacional, con una anticipación mínima de 8 días hábiles, previos de la fecha fijada para su celebración.

Artículo 71.

Las Asambleas Nacionales, Ordinarias y Extraordinarias, quedarán legalmente instaladas, en primera convocatoria, con la presencia de cuando menos el 50 por ciento más uno de sus integrantes y, en segunda convocatoria, con la presencia de cuando menos una tercera parte de sus integrantes.

Artículo 72.

Los representantes a las Asambleas Nacionales Extraordinarias serán las mismas personas que hayan integrado la Asamblea Nacional Ordinaria anterior, salvo en los siguientes supuestos:

a) Cuando, al momento de celebrarse la sesión extraordinaria, ya hayan sido designadas o designados nuevos representantes a la Asamblea Nacional, por una o más de las Asambleas Estatales, en los términos previstos por estos Estatutos;

b) Cuando hayan causado baja representantes propietarios, y se haya acreditado como titular el representante suplente respectivo, en los términos previstos por estos Estatutos y demás disposiciones aplicables;

c) Cuando una o más de las personas que integran el Comité Ejecutivo Nacional haya sido sustituida, en los términos previstos por estos Estatutos; y

d) Cuando hayan sido sustituidas las personas que ocupen la Presidencia y la Vicepresidencia, o alguna de las dos, en los Comités Ejecutivos Estatales.

Artículo 73.

Los acuerdos y resoluciones de la Asamblea Nacional serán de observancia obligatoria para todos los órganos e integrantes del Partido y constituirán definiciones políticas que deberán cumplirse en sus términos.

Dichos acuerdos y resoluciones sólo podrán modificarse por determinación expresa de la propia Asamblea Nacional, en sesión Ordinaria o Extraordinaria.

De lo anterior se advierte que la Asamblea Nacional se compone de hasta cuatrocientos sesenta y cuatro integrantes, de los cuales sesenta y cuatro son presidentes y vicepresidentes de los Comités Ejecutivos estatales, trescientos son representantes elegidos en asambleas locales y otros cien afiliados también son elegidos dependiendo de ciertos factores establecidos en las normas en cita.

En la Asamblea Nacional se deciden cuestiones trascendentales para el instituto partidista, pues, entre otras, tiene facultades para designar, por mayoría simple de sus integrantes presentes, a su Mesa Directiva, que se conformará por una Presidencia y una Secretaría y se postularán por fórmulas; designar, por mayoría simple de sus integrantes, a quienes deban cumplir las funciones de escrutinio durante la sesión, a propuesta de la Asamblea Nacional, la cual determinará el número de escrutadoras o escrutadores a elegir y puede aprobar, por mayoría de las dos terceras partes de sus integrantes presentes, los Documentos Básicos del Partido, así como las reformas de los mismos.

También tiene atribuciones para elegir a las y los integrantes del Consejo Político Nacional, en un procedimiento en el que se organizan en grupos de electoras o electores conformados, por cinco personas, conforme a lo siguiente:

1. Conformados, los grupos presentarán a la Mesa Directiva el formato que la misma se haya emitido para tal efecto, donde se indicarán los nombres y se asentarán las firmas de sus integrantes.

Cuando haya transcurrido el tiempo acordado por la Asamblea para el desarrollo de este procedimiento, la Presidencia y la Secretaría de la Mesa Directiva, con el auxilio de las y los escrutadores, integrará la relación de los grupos de electores que se hayan conformado y registrado; y de inmediato hará del conocimiento de la Asamblea el número de grupos registrados y, por tanto, el número de consejeras y consejeros a elegir.

2. Cumplido lo anterior, la Mesa Directiva entregará una cédula electoral a cada grupo de electores, la cual deberá estar firmada por quienes ocupen la Presidencia y la Secretaría.

Cada uno de los grupos tendrá derecho de elegir, entre sus integrantes, a una consejera o un consejero político propietario y a una consejera o consejero político suplente, cuyos nombres y firmas deberán indicarse en la cédula electoral, junto con los nombres y las firmas de quienes integran el grupo.

La elección de la consejera o el consejero político en cada grupo se realizará por consenso o mediante votación secreta, según lo determinen sus integrantes por mayoría simple y en caso de que opten por la votación, solicitarán a la Mesa Directiva que se asigne una escrutadora o un escrutador para observar el procedimiento y hacer el cómputo de la votación; cuando concluya el procedimiento electoral, cada grupo deberá entregar su respectiva cédula electoral a la Mesa Directiva, la cual integrará la relación de las consejeras y los consejeros políticos electos y la hará del conocimiento de la Asamblea;

3. La Mesa Directiva entregará a las consejeras y los consejeros electos, tanto propietarios como suplentes, la constancia de elección correspondiente, y procederá a ordenar el registro de la conformación del Consejo Político Nacional ante las autoridades electorales federales.

La Asamblea Nacional también puede elegir, por mayoría de dos terceras partes de sus integrantes presentes, a las seis personas, tres titulares y tres suplentes, que deberán conformar cada una de las Comisiones Autónomas, en un procedimiento en el que se postulan planillas, las cuales deben validarse con el respaldo de, al menos, el 10 por ciento de asambleístas presentes, en votación secreta, de tal manera que las y los asambleístas presentes puedan señalar en las boletas electorales, validadas y distribuidas por la Mesa Directiva, el número de planilla que, entre las candidaturas elegibles, estimen más aptas para la función.

En cuanto al quórum necesario para instalar la asamblea y sesionar válidamente, la normatividad partidista establece que para instalar válidamente la Asamblea es necesaria la presencia de cuando menos el cincuenta por ciento más uno de sus integrantes y para sesionar válidamente es suficiente la presencia del treinta y tres por ciento de los mismos.

En consecuencia, para instalar la Asamblea Nacional es suficiente la presencia de doscientos treinta y tres integrantes que equivalen al cincuenta por ciento más uno de los cuatrocientos sesenta y cuatro que la integran.

Para sesionar válidamente en la Asamblea Nacional es suficiente con la presencia del treinta y tres por ciento, que equivale a ciento cincuenta y tres integrantes.

En el caso, en la copia certificada del Acta de la Primera Sesión Ordinaria, celebrada el treinta de marzo del dos mil ocho, del Partido Alternativa Socialdemócrata, que obra en autos, consta, entre otras cuestiones, que:

1) La Asamblea Nacional se instaló con doscientos setenta y tres presentes y durante la sesión el quórum varió en diversas ocasiones y en la curva más alta llegó a constituirse con doscientos ochenta y seis integrantes al aprobar la designación de escrutadores y en la más baja con ciento cincuenta y siete al aprobar la modificación de estatutos.

2) Por el Distrito Federal acudieron veintisiete representantes elegidos en la Asamblea aquí anulada, los cuales equivalen al diez por ciento, aproximadamente, del total del quórum con el que se instaló la Asamblea Nacional (273).

3) Los representantes del Distrito Federal, elegidos en la Asamblea aquí anulada, fueron elegidos en la Asamblea Nacional, con diversos cargos como los de Consejeros Políticos del Consejo Político Nacional, miembros integrantes de Comisiones y del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Alternativa Socialdemócrata y Campesina.

De lo narrado se advierte que la participación de los veintisiete representantes del Distrito Federal, fue cualitativamente determinante para la celebración de la Asamblea Nacional de treinta de marzo del dos mil ocho, por lo cual, también debe anularse, al derivar de una asamblea estatal viciada.

En efecto, en primer lugar, la participación de los delegados electos en la asamblea del distrito federal fue trascendente en la asamblea nacional, pues de los veintisiete delegados participantes, dieciséis fueron electos para ocupar un cargo partidista, como se advierte de la relación siguiente:

Nombre del delegado

Cargo otorgado en la asamblea nacional

1.Carla Alejandra Sánchez García

Secretaria de la Mesa Directiva

2. Eduardo Pérez Haro

Secretario de Relación Institucional

3. Elia Sánchez Cerda

Secretaria de Movimiento

4. Enrique Ojeda Rojas

Comisionado de la Comisión Nacional Autónoma de Vigilancia y Rendición de Cuentas.

5. Jorge Carlos Díaz Cuervo

Presidente de la Mesa Directiva de la Asamblea Nacional y Presidente del Consejo Político Nacional.

6. Luciano Pascoe Rippey

Vicepresidente del Comité Ejecutivo Nacional.

7. Ileana María Colonia Lizama

Comisionada de la Comisión Nacional Autónoma de Conciliación y Justicia Partidaria.

De igual forma, fueron electos como integrantes del Consejo Político Nacional los delegados siguientes:

1. Carla Alejandra Sánchez García

2. Carmen Piedad Hinojosa Díaz

3. Cristina Vela Márquez

4. Daniel Emiliano Rosales Morales

5. David Razu Aznar

6. Eduardo Pérez Haro

7. Elia Sánchez Cerda

8. Guadalupe Villaseñor Villalobos

9. Gustavo Alberto Ramírez Pedroza

10. Jorge Carlos Díaz Cuervo

11. Luciano Pascoe Rippey

12. Luis Eradio Soto Loya

13. Miguel Medardo González Compean

14. Primo Salvador Ibarra Herrera

15. Raymundo Gayosso Pineda

16. Vanesa Storh Linowski

Algunos de estos ciudadanos obtuvieron doble designación, pues forman parte del Consejo Político Nacional y, a su vez, fueron electos para desempeñar distintos cargos en los órganos directivos del partido, lo cual permite advertir que la participación de los delegados electos en la Asamblea del Distrito Federal, pues trascendió a la designación de funcionarios nacionales, de ahí que las consecuencias de la nulidad decretada respecto de dicha asamblea estatal deban influir, necesariamente y de manera cualitativa, en la asamblea nacional.

Lo anterior, porque algunos cargos directivos del partido recayeron en representantes del Distrito Federal, quienes han perdido tal carácter con motivo de la anulación de la Asamblea en la que fueron electos, lo cual, se insiste, repercute en los cargos que adquirieron en la Asamblea Nacional, en la cual no debieron participar, pues tales designaciones derivan de un acto viciado de origen y, por tanto, los actos subsecuentes también están afectados de nulidad.

En segundo término, si se toma en cuenta que en la Asamblea Nacional, al aprobar la modificación de los estatutos, participaron 157 delegados, y que en ese universo pudieron haber participado los 27 representantes que fueron electos indebidamente en el Distrito Federal, se tiene que el quórum estaría integrado en forma irregular con delegados indebidamente electos y, en consecuencia, afectarían la validez de la modificación estatutaria, pues no hay que perder de vista que el quórum mínimo para sesionar es de 153 delegados.

Lo anterior, máxime que de los 27 delegados del Distrito Federal, 16 fueron electos para ocupar distintos cargos partidistas, lo cual permite inferir que éstos sí integraron quórum para la aprobación de la modificación estatutaria, lo cual sería suficiente para afectar la validez del quórum citado.

En resumen, con independencia del quórum con que se instaló y sesionó la Asamblea Nacional, debe anularse porque se integró con la participación de delegados del Distrito Federal electos indebidamente, y que influyeron en la toma de decisiones de la Asamblea Nacional e, incluso, obtuvieron cargos partidistas de dirección.

En razón de lo anterior, debe preservarse el derecho a participar en la Asamblea Nacional, de quienes sean designados como nuevos representantes del Distrito Federal, como cualquier representante de otra entidad federativa y en igualdad de circunstancias.

El criterio de anulación de una elección por infracciones cualitativas a los derechos de participación de los afiliados a un partido, ha sido asumido por la actual integración desde la ejecutoria que recayó al juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano SUP-JDC 952/2007, en el cual se determinó revocar una convención municipal en la que se seleccionó al candidato a Presidente Municipal de Chicontepec, Veracruz, del Partido Acción Nacional e, incluso, el registro de dicho candidato ante el Instituto Electoral Veracruzano, porque en la convención se actualizó una violación cualitativa de una trascendencia tal que afectó el resultado de la elección.

En ese asunto, este tribunal consideró que se impidió el derecho de asociación de uno de los militantes contendientes en la elección, en su vertiente de libre participación en los procedimientos democráticos internos, debido a que se le impidió la lectura de sus propuestas y su discurso, cuando esto constituye la garantía misma de dicho derecho de participación, porque es uno de los actos esenciales para generar la posibilidad de que los miembros tomen una decisión suficientemente informada acerca de quiénes participan en los procesos internos y cuáles son sus propuestas, con la consecuente posibilidad real de condicionar el resultado de la votación y sobre todo de garantizar que la decisión asumida por los votantes sea informada, lo que a su vez, es una de las condiciones de las elecciones libres y auténticas.

Lo anterior pone de relieve que este tribunal ha considerado que una violación cualitativa puede traer como consecuencia la nulidad de una elección partidista, con independencia de que, en principio, la afectación material visible sólo parezca incidir en un número menor, insuficiente para afectar cuantitativamente el resultado global, y esta es, precisamente, la situación que acontece en el caso, en donde si bien la nulidad de la convención del Distrito Federal y, consecuentemente, de la selección de delegados hecha en la misma, representa numéricamente una cantidad que, aun sin su participación, resulta insuficiente para el proceso integro de elección de la dirigencia nacional de dicho partido, en atención a la cualidad de dicha infracción sí pudo haber cambiado el rumbo de la contienda en forma global, ya que pudieron haber resultado electos unos delegados distintos y la participación de éstos en el evento nacional pudo haber influido en el resto de los participantes en la asamblea nacional.

Es más, en el precedente que se comenta, expresamente se desestimó lo alegado por la responsable a favor de la subsistencia del acto, bajo una perspectiva cualitativa, porque se consideró que carecía de la "razón la responsable cuando pretende justificar la violación consistente en la falta de notificación, mediante el señalamiento de que la misma no es determinante para el resultado, bajo la idea de que, aun cuando hubieran participado los actores y se sumaran los dieciocho votos a favor de su planilla, de cualquier manera no alcanzarían el triunfo, porque únicamente obtendrían diecinueve votos frente a los treinta y cuatro votos de la vencedora. Esto, porque, como se indicó, con la falta de comunicación no sólo se afectó el derecho de sufragio activo de los actores, sino que se lesionó la garantía de participación del aspirante a presidente municipal, en la difusión de sus propuestas y mensaje proselitista, ante lo cual, se eliminó la garantía de que la decisión tomada por el resto de los asistentes fuera informada y con ello libre, lo cual sí es trascendente para el resultado de la convención".

En similares términos se resolvió el SUP-JDC 2439/2007, de veintitrés de diciembre del dos mil siete, en el que se determinó anular una Asamblea Municipal de Partido Acción Nacional, que a su vez provocó la anulación de la Asamblea Estatal, por derivar de un acto viciado de origen.

En esas circunstancias, como consecuencia de la nulidad de la Asamblea Nacional, es necesario precisar lo siguiente.

El artículo 38, apartado 1, inciso f), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, establece que es obligación de los partidos políticos mantener en funcionamiento efectivo sus órganos directivos.

Para dar eficacia a esta ejecutoria, continuarán en sus funciones los integrantes de los órganos directivos designados en la Asamblea Nacional de treinta de marzo del dos mil ocho, que ahora se anula, quienes seguirán en su cargo hasta en tanto se celebra la nueva Asamblea y solamente para efectos de mantener en funcionamiento efectivo la dirigencia nacional de Alternativa Socialdemócrata.

Sin que resulte dable restituir a los funcionarios de la directiva que ejercían los cargos antes de la celebración de la Asamblea anulada, en el entendido que dichas autoridades podrán ejercer sus atribuciones establecidas en la normatividad partidista, en la medida que no contravengan la presente ejecutoria.

Esto es acorde con la naturaleza especial de los partidos políticos como entidades de interés público, en términos de lo que establece el artículo 41, base I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dado que la continuidad en el desempeño de sus funciones tiende a cumplir el mandato que la Constitución y las leyes encomiendan a dichos institutos políticos.

Sin que esté de más señalar que la nueva Asamblea Nacional deberá celebrarse en forma pacífica y con respeto a los principios democráticos y de derecho establecidos en la normatividad partidista.

En el entendido que los actos emitidos por los funcionarios partidistas, elegidos en la asamblea nacional anulada, prevalecen en sus términos, a fin de salvaguardar derechos de terceros, a excepción de los acuerdos adoptados en la Asamblea Nacional del treinta de marzo del dos mil ocho, que son los siguientes:

1. Elección de Mesa Directiva.

2. Verificación de quórum e instalación de la Primera Asamblea Nacional

3. Designación de escrutadores.

4. Elección de la Mesa Directiva de la Asamblea Nacional.

5. Lectura y aprobación del orden del día.

6. Ratificación de estatutos aprobados por la Primera Asamblea Federada Extraordinaria de 12 y 13 de mayo de 2007; en cumplimiento a las resoluciones del Instituto Federal Electoral CG222/07 y CG251/07.

7. Ratificación de reformas estatutarias y fe de erratas de los estatutos, aprobadas por el Comité Ejecutivo Federado el veintidós de junio de dos mil siete.

8. Elección y toma de protesta de integrantes de la Comisión Nacional Autónoma de Justicia Partidaria.

9. Elección y toma de protesta de Comisión Nacional Autónoma De Vigilancia Y Rendición De Cuentas.

10. Elección y toma de protesta de la Comisión Nacional Autónoma para La Elección De Órganos De Dirección.

11. Elección y toma de protesta de integrantes del Consejo Político-Nacional.

12. Presentación, discusión y aprobación del acuerdo por el cual La Primer Asamblea Nacional Ordinaria ordenó que al termino de la sesión se celebrara La Primer Sesión Ordinaria Del Consejo Político Nacional.

13. Los asuntos Generales consistentes en:

A. Moción y aprobación de incorporar al orden del día la propuesta y adición de un pronunciamiento en contra de la discriminación sufrida por un grupo de jóvenes identificados como "Los Emos".

B. Moción y aprobación de incorporar al Orden De Día la propuesta para dar oportunidad a las bases del partido y a la sociedad en general la discusión de programática, estatutaria e ideológica del tipo de partido que se quiere, por lo que se facultó al Consejo Político Nacional para que en un termino no mayor de noventa días expida la convocatoria a la primer conferencia nacional, ideológica, programática y estatutaria.

C. Modificación y aprobación de los 3, 4, 51, 80, 91 y adición del 89 bis, así como 4 artículos transitorios de los estatutos.

D. Modificación y aprobación de los artículos 12, 16, 33, 37, 47, 69 y 78, de los estatutos.

E. Aprobación de la creación de una Comisión Nacional con el objeto de realizar los estudios y trabajos necesarios, dentro de un plazo de cuarenta y cinco días, al Consejo Político Nacional de una propuesta de reforma estatutaria, que contenga las opciones mas adecuadas para la incorporación de las Presidencias y en su caso, como Suplentes a las Vicepresidencias de los Comités Ejecutivos Estatales, como integrantes del Consejo Político Nacional, así como que se considere por el Consejo Político Nacional el aprobar un acuerdo para establecer la conferencia política previa a los Consejos Políticos Nacionales con las y los Presidentes de los Comités Ejecutivos Estatales.

Se precisa que actualmente rige la normatividad partidista vigente al momento de la emisión de la convocatoria de las Asambleas que aquí se anulan.

Lo anterior con independencia de que en la Nueva Asamblea Nacional se deberán ratificar los estatutos aprobados por la Primera Asamblea Federada Extraordinaria de doce y trece de mayo de dos mil siete, en cumplimiento a las resoluciones del Instituto Federal Electoral CG222/07 y CG251/07, y las reformas estatutarias y fe de erratas de los estatutos aprobadas en junio por el Comité Ejecutivo Federado.

En razón de lo anterior, deberá realizarse una nueva asamblea nacional dentro del plazo de cuarenta y cinco días, contados a partir de la notificación de la presente ejecutoria, en términos de las bases establecidas en la convocatoria de veintinueve de enero de dos mil ocho, emitida para la celebración de la asamblea nacional ahora anulada y la normatividad vigente al momento de su emisión, en la cual podrán participar los delegados que ya fueron electos en las diversas entidades federativas, así como los que resulten electos en la nueva asamblea del Distrito Federal cuya celebración se ordena en este fallo.

La nueva convocatoria deberá emitirse por el órgano competente dentro del plazo de setenta y dos horas, contadas a partir de la notificación de este fallo.

En vía de consecuencia, también se revoca la resolución impugnada por el actor en el recurso de origen, de veinticinco de marzo de dos mil ocho, emitida por la Comisión Nacional Autónoma para la Elección de Órganos de Dirección, de Alternativa Socialdemócrata, recaída al recurso de revisión RR/CNAEOD/ST/0537/08, en la parte relativa a la Asamblea del Distrito Federal, así como el acuerdo de la citada Comisión, sobre el informe de las asambleas estatales celebradas en diversas entidades federativas y en el Distrito Federal.

Los efectos de este fallo hacen innecesario el análisis del resto de los agravios planteados por los actores, entre los cuales se encuentran los relativos a las medidas que debió adoptar la mesa directiva, a fin de reiniciar la sesión, para convocar formalmente a los integrantes de la Asamblea y el quórum existente al momento de realizar las votaciones respectivas.

Finalmente, de todo lo anterior se ordena dar vista al Instituto Electoral del Distrito Federal y al Consejo General del Instituto Federal Electoral, para que en el ámbito de sus atribuciones determinen lo que en derecho proceda.

Por lo anteriormente expuesto, se

R E S U E L V E:

PRIMERO. Se revoca la resolución emitida el treinta de abril del dos mil ocho, por el Tribunal Electoral del Distrito Federal, en el juicio para la protección de los derechos político electorales de los ciudadanos TEDF-JLDC-006/2008 de su índice.

SEGUNDO. Se revoca la resolución de veinticinco de marzo de dos mil ocho, emitida por la Comisión Nacional Autónoma para la Elección de Órganos de Dirección, de Alternativa Socialdemócrata, recaída al recurso de revisión RR/CNAEOD/ST/0537/08, así como el acuerdo de la citada Comisión, en la parte impugnada, sobre el informe de las asambleas estatales celebradas en diversas entidades federativas y en el Distrito Federal.

TERCERO. Se declara nula la Primera Asamblea Ordinaria celebrada el dieciséis de marzo del dos mil ocho, en el Distrito Federal, de Alternativa Socialdemócrata, Partido Político Nacional, para elegir a los representantes a la Asamblea Nacional y a los integrantes del Consejo Político local, en términos del considerando cuarto de este fallo.

CUARTO. Se ordena la realización de una nueva Asamblea del Partido Alternativa Socialdemócrata en el Distrito Federal, dentro del término de quince días, contados a partir de la notificación de esta ejecutoria, conforme a las bases establecidas en la convocatoria emitida para celebrar la asamblea que ahora se anula de cinco de marzo de dos mil ocho y la normatividad partidista vigente en aquél momento, en la cual podrán participar los mismos delegados que fueron convocados a ella. La nueva convocatoria deberá emitirse dentro del plazo de cuarenta y ocho horas contadas a partir de la legal notificación de este fallo por el órgano que estatutariamente resulte competente.

QUINTO. Se anulan los actos aprobados en la Asamblea del Distrito Federal de dieciséis de marzo del dos mil ocho.

SEXTO. Se ordena continuar en sus funciones a los integrantes de los órganos directivos elegidos en la Asamblea aquí anulada, en términos de lo ordenado en el considerando cuarto. En el entendido que dichas autoridades podrán ejercer sus atribuciones establecidas en la normatividad partidista, en la medida que no contravengan la presente ejecutoria.

SÉPTIMO. Prevalecen los actos emitidos por los funcionarios partidistas en el Distrito Federal, elegidos en la asamblea anulada, a fin de salvaguardar derechos de terceros y el principio de seguridad jurídica.

OCTAVO. Se anula la Asamblea Nacional de treinta de marzo del dos mil ocho del Partido Alternativa Socialdemócrata y los acuerdos adoptados en ella; por lo cual se ordena emitir una nueva convocatoria dentro del plazo de setenta y dos horas, contadas a partir de la legal notificación de este fallo, la cual deberá emitirse por el órgano partidista competente, a fin de que se celebre una nueva Asamblea Nacional dentro del plazo de cuarenta y cinco días, contados a partir de la notificación de la sentencia, conforme a las bases establecidas en la convocatoria de veintinueve de enero de dos mil ocho, emitida para celebrar la asamblea que ahora se anula y la normatividad partidista vigente en aquél momento.

NOVENO. Se ordena continuar en sus funciones a los integrantes de los órganos directivos nacionales designados en la Asamblea Nacional anulada, en términos de lo precisado en el considerando cuarto de este fallo.

DÉCIMO. Prevalecen en sus términos los actos emitidos por los funcionarios partidistas, elegidos en la asamblea nacional anulada, a fin de salvaguardar derechos de terceros y el principio de seguridad jurídica.

UNDECIMO. Se ordena dar vista al Instituto Electoral del Distrito Federal y al Consejo General del Instituto Federal Electoral, para que en el ámbito de sus respectivas competencias determinen lo que en derecho proceda.

NOTIFÍQUESE. Por oficio, al tribunal responsable, al Instituto Federal Electoral y al Instituto Electoral del Distrito Federal, con copia certificada de esta sentencia; personalmente, a los actores y a los terceros interesados, en los domicilios señalados al efecto en autos, y por estrados a los demás interesados. Lo anterior, con apoyo en lo dispuesto en los artículos 26, 27 apartado 6, 28 y 84 apartado 2, inciso a), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

En su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido y devuélvanse los documentos correspondientes.

Así lo resolvió, por unanimidad de votos, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en ausencia de los Magistrados Manuel González Oropeza y Salvador Olimpo Nava Gomar, ante el Secretario General de Acuerdos, que autoriza y da fe. Rúbricas