JUICIOS PARA LA PROTECCION DE LOS DERECHOS POLITICO-ELECTORALES DEL CIUDADANO

EXPEDIENTES: SUP-JDC-2638/2008 Y SUP-JDC-2639/2008 ACUMULADOS

ACTORES: LEOPOLDO VAZQUEZ Y OTROS, HERIBERTO BERNAL ALVARADO Y OTROS

RESPONSABLES: COMISION COORDINADORA NACIONAL Y SEPTIMO CONGRESO NACIONAL ORDINARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO

TERCEROS INTERESADOS: GLORIA CUATIANQUIZ ATRIANO Y OTRO, ALBERTO ANAYA GUTIERREZ Y OTROS

MAGISTRADO PONENTE: SALVADOR OLIMPO NAVA GOMAR

SECRETARIO: ENRIQUE AGUIRRE SALDIVAR

México, Distrito Federal, a veintisiete de enero de dos mil diez.

VISTOS para resolver los autos de los expedientes al rubro indicados, integrados con motivo de los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano promovidos, el primero, por Leopoldo Vázquez, Alejandro Arellano Hernández, Juan Carlos Lara y Armando Ochoa Serrano, en contra de los "ACTOS, ACUERDOS Y RESULTADOS DEL SEPTIMO CONGRESO NACIONAL ORDINARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO, CELEBRADO LOS DIAS 26 Y 27 DE JULIO DE 2008, EN LA CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO FEDERAL, SEÑALANDO COMO AUTORIDAD RESPONSABLE A LA COMISION COORDINADORA NACIONAL", y, el segundo de ellos, por Heriberto Bernal Alvarado, Jesús Ricardo Barba Parra, Carolina Araceli Sánchez Esparza, Juan Manuel Romo Peláez, Martha Evelia Gaytán Escobedo, Imelda Rodríguez Llamas, Luis Raymundo Gutiérrez Peralta, Carlos Armando Armas, Jorge Humberto Pérez Flores, Antonio Gallardo Góngora, Oscar Guillermo Montoya Contreras, Perla Ivonne García Sánchez, Ma. de Lourdes Puentes González, José Luis Montoya Contreras, Miguel Bess-Oberto Díaz, Gabriela Martín Morones y Ma. Teresa de Jesús Rodríguez Espinoza, en contra de "la legalidad y acuerdos tomados durante el Séptimo Congreso Nacional ordinario del Partido del Trabajo, de fechas 26 y 27 de julio del año 2008, celebrado en la ciudad de México Distrito Federal, mediante la cual entre otras cosas nombran a los dirigentes de los órganos de dirección nacional del Partido del Trabajo", y

R E S U L T A N D O

Primero. Antecedentes. De lo expuesto por los ocursantes y de las constancias de autos, se desprende lo siguiente:

El veintiséis y ventisiete de julio de dos mil ocho se realizó en la Ciudad de México, Distrito Federal, con carácter electivo, el Séptimo Congreso Nacional Ordinario del Partido del Trabajo.

Segundo. Juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano

El treinta y uno de julio de dos mil ocho, Leopoldo Vázquez, Alejandro Arellano Hernández, Juan Carlos Lara y Armando Ochoa Serrano, ostentándose como militantes afiliados y delegados por el Estado de Durango al Congreso Nacional del Partido del Trabajo, promovieron, per saltum, el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano precisado en primer término, a efecto de impugnar los "ACTOS, ACUERDOS Y RESULTADOS DEL SEPTIMO CONGRESO NACIONAL ORDINARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO, CELEBRADO LOS DIAS 26 Y 27 DE JULIO DE 2008, EN LA CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO FEDERAL, SEÑALANDO COMO AUTORIDAD RESPONSABLE A LA COMISION COORDINADORA NACIONAL".

Por su parte, en la misma fecha, Heriberto Bernal Alvarado, Jesús Ricardo Barba Parra, Carolina Araceli Sánchez Esparza, Juan Manuel Romo Peláez, Martha Evelia Gaytán Escobedo, Imelda Rodríguez Llamas, Luis Raymundo Gutiérrez Peralta, Carlos Armando Armas, Jorge Humberto Pérez Flores, Antonio Gallardo Góngora, Oscar Guillermo Montoya Contreras, Perla Ivonne García Sánchez, Ma. de Lourdes Puentes González, José Luis Montoya Contreras, Miguel Bess-Oberto Díaz, Gabriela Martín Morones y Ma. Teresa de Jesús Rodríguez Espinoza, ostentándose como militantes del Partido del Trabajo en Aguascalientes y delegados electos al Séptimo Congreso Nacional Ordinario de dicho partido político, promovieron, per saltum, el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano precisado en segundo lugar, a efecto de controvertir "la legalidad y acuerdos tomados durante el Séptimo Congreso Nacional ordinario del Partido del Trabajo, de fechas 26 y 27 de julio del año 2008, celebrado en la ciudad de México Distrito Federal, mediante la cual entre otras cosas nombran a los dirigentes de los órganos de dirección nacional del Partido del Trabajo".

Tercero. Trámite y sustanciación

I. El treinta y uno de julio de dos mil ocho se recibieron en la Oficialía de Partes de esta Sala Superior los respectivos escritos de demanda de los presentes juicios.

Cabe precisar que los promoventes en ambos juicios acompañaron, respectivamente, Segundo y Primer Testimonios de la escritura número 204125, de treinta y uno de julio de dos mil ocho, en la cual el Notario Público número 35 del Distrito Federal, Licenciado Eutiquio López Hernández, hizo constar la fe de hechos de ese mismo día, consistente en que, habiéndose constituido en compañía de algunos militantes del Partido del Trabajo en instalaciones de la Comisión Ejecutiva Nacional de ese instituto político, no fue posible entregar diversos documentos, entre ellos, de manera respectiva:

Escrito de fecha treinta y uno de julio del año dos mil ocho, dirigido al Honorable Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, suscrito por los señores LEOPOLDO VAZQUEZ, ALEJANDRO ARELLANO HERNANDEZ, ARMANDO OCHOA SERRANO y JUAN CARLOS LARA, mediante el cual interponen juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano, contra los actos, acuerdos y resultados del Séptimo Congreso Nacional Ordinario del Partido del Trabajo, celebrado los días veintiséis y veintisiete de julio del año dos mil ocho, en esta Ciudad de México, Distrito Federal, y en cuyo escrito se señala como autoridad responsable a la Comisión Coordinadora Nacional del Partido del Trabajo; y documentos anexos.

(y)

Escrito fechado en la Ciudad de Aguascalientes, el día treinta y uno de julio del año dos mil ocho, dirigido a la Honorable Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, suscrito por el señor HERIBERTO BERNAL ALVARADO y dieciséis personas más, mediante el cual interponen juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano, en contra de la legalidad y acuerdos tomados durante el Séptimo Congreso Nacional Ordinario del Partido del Trabajo, celebrado los días veintiséis y veintisiete de julio del año dos mil ocho, en esta Ciudad de México, Distrito Federal; junto con los documentos anexos a dicho escrito.

II. El primero de agosto de dos mil ocho, la Magistrada Presidenta de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación acordó, en sendas resoluciones, integrar los expedientes SUP-JDC-2638/2008 y SUP-JDC-2639/2008, y turnarlos al Magistrado Salvador Olimpo Nava Gomar para los efectos establecidos en el artículo 19 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; acuerdos cumplimentados, en su orden, mediante oficios TEPJF-SGA-4337/08 y TEPJF-SGA-4338/08, de la misma fecha, emitidos por el Secretario General de Acuerdos de esta Sala Superior.

III. El siete de agosto de dos mil ocho, el indicado Magistrado instructor emitió sendos requerimientos a la Comisión Coordinadora Nacional del Partido del Trabajo, a efecto de que realizara las actuaciones relacionadas con el debido cumplimiento del trámite previsto en los artículos 17 y 18 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

IV. El siete, trece y veinticinco de agosto de dos mil ocho, se recibieron en la Oficialía de Partes de esta Sala Superior ocursos presentados, según el caso, por Juan Carlos Lara, Leopoldo Vázquez y Armando Ochoa Serrano, a través de los cuales externaron diversas consideraciones relacionadas con el expediente SUP-JDC-2638/2008.

V. El ocho de agosto de dos mil ocho, integrantes de la Comisión Coordinadora Nacional del Partido del Trabajo presentaron ante la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Federal Electoral, escrito por el cual hicieron del conocimiento de esa autoridad electoral, para los efectos legales conducentes, la realización del mencionado Séptimo Congreso Nacional Ordinario y los acuerdos aprobados en el mismo, sobre la elección de integrantes de órganos de dirección nacional y la modificación de documentos básicos.

VI. El doce de agosto de dos mil ocho se recibieron en la Oficialía de Partes de esta Sala Superior los documentos atinentes al desahogo de los requerimientos precisados en el punto III anterior. Asimismo, en alcance al informe circunstanciado rendido dentro del expediente SUP-JDC-2638/2008, la Comisión Coordinadora Nacional del Partido del Trabajo presentó diversa documentación el quince de agosto siguiente.

VII. El dieciocho de agosto de dos mil ocho, el Magistrado instructor dictó sendos acuerdos de admisión en los expedientes de mérito.

VIII. El veinte de agosto y diez de septiembre de dos mil ocho, se recibieron en la Oficialía de Partes de esta Sala Superior ocursos presentados, el primero, por Miguel Bess-Oberto Díaz y Jorge Humberto Pérez Flores, y, el segundo, por Jesús Ricardo Barba Parra, a través de los cuales externaron diversas consideraciones relacionadas con el expediente SUP-JDC-2639/2008.

IX. El veintidós de agosto de dos mil ocho, el mencionado Magistrado encargado de la sustanciación de los presentes asuntos requirió, en ambos expedientes, tanto al Consejero Presidente del Instituto Federal Electoral como a la Comisión Coordinadora Nacional del Partido del Trabajo, información relacionada con la notificación que dicho partido político efectuó en su oportunidad a esa autoridad electoral sobre los acuerdos tomados en el referido Séptimo Congreso Nacional Ordinario. Dichos requerimientos fueron desahogados en la misma fecha.

X. El veinticinco de agosto, once y quince de septiembre, y nueve de octubre de dos mil ocho, se recibieron en la Oficialía de Partes de esta Sala Superior diversas promociones relacionadas con el expediente SUP-JDC-2638/2008, suscritas, según cada caso, por Armando Ochoa Serrano, Leopoldo Vázquez, Alberto Anaya Gutiérrez, Alejandro González Yáñez, Ricardo Cantú Garza y Rubén Aguilar Jiménez.

XI. El diez de septiembre de dos mil ocho se recibió en la Oficialía de Partes de esta Sala Superior ocurso suscrito por Jesús Ricardo Barba Parra, a través del cual expuso consideraciones relacionadas con el expediente SUP-JDC-2639/2008.

XII. El veintinueve de septiembre de dos mil ocho, el Consejo General del Instituto Federal Electoral aprobó en sesión extraordinaria el Acuerdo CG409/2008, concerniente a la "RESOLUCION DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL SOBRE LA PROCEDENCIA CONSTITUCIONAL Y LEGAL DE LAS MODIFICACIONES A LOS DOCUMENTOS BASICOS DEL PARTIDO DEL TRABAJO", el cual fue publicado en el Diario Oficial de la Federación de diecisiete de octubre de ese mismo año.

XIII. El tres de octubre de dos mil ocho, con la celebración de la primera sesión del Consejo General del Instituto Federal Electoral y en términos de lo previsto en el artículo 210, párrafos 1 y 3, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, dio inicio el proceso electoral federal 2008-2009, relativo a la elección de diputados integrantes del Congreso de la Unión.

XIV. El diecinueve de marzo de dos mil nueve, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación emitió sendos acuerdos en cada uno de los expedientes bajo estudio, ordenando diferir la resolución de los presentes juicios ciudadanos una vez concluido el indicado proceso electoral federal 2008-2009.

XV. El veintiocho de agosto de dos mil nueve, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió el último medio de impugnación interpuesto en relación con el proceso electoral federal referido en los puntos XIII y XIV precedentes, actualizándose por tanto la conclusión del mismo en términos de lo previsto en el artículo 210, párrafos 1 y 5, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

XVI. El dieciséis de diciembre de dos mil nueve, el Magistrado instructor formuló en el expediente SUP-JDC-2638/2009, tanto a la Comisión Coordinadora Nacional del Partido del Trabajo como a los actores, sendos requerimientos relacionados con información sobre la militancia de estos últimos. Dichos requerimientos fueron desahogados por el indicado órgano partidario y por Leopoldo Vázquez, el dieciséis y diecisiete de diciembre de dos mil nueve, respectivamente.

XVII. El veintiséis de enero de dos mil diez, en virtud de que no existía trámite alguno pendiente de realizar, el mencionado Magistrado Electoral acordó, en ambos juicios, declarar cerrada la instrucción, quedando los asuntos en estado de dictar sentencia, y

C O N S I D E R A N D O

PRIMERO. Competencia

Esta Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es competente para conocer y resolver los presentes medios de impugnación, con fundamento en los artículos 99, párrafo cuarto, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 189, fracción I, inciso e), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como 4°; 79; 80, párrafo 1, inciso g), y 83, párrafo 1, inciso a), fracción III, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, por tratarse de juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, donde los actores aducen presuntas violaciones a derechos de esa índole, con motivo de determinaciones emitidas por un partido político en la elección e integración de dirigentes de sus órganos nacionales.

SEGUNDO. Acumulación

En atención a que en los presentes juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano existe similitud tanto en los actos impugnados (actos, acuerdos y resultados del Séptimo Congreso Nacional Ordinario del Partido del Trabajo celebrado en la Ciudad de México, Distrito Federal, los días veintiséis y veintisiete de julio de dos mil ocho) como en el órgano partidario responsable (Comisión Coordinadora Nacional del Partido del Trabajo), con fundamento en los artículos 31 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; 199, fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y 86 y 87 del Reglamento Interno del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, para efectos de evitar posibles contradicciones y ser resueltos de manera conjunta, pronta y expedita, procede decretar la acumulación del expediente SUP-JDC-2639/2008 al diverso SUP-JDC-2638/2008, por ser aquél posterior a éste.

Al efecto, se deberá agregar copia certificada de los puntos resolutivos de esta sentencia a los autos del juicio acumulado.

TERCERO. Identificación del órgano responsable

En el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano SUP-JDC-2638/2008 los actores identifican como órgano responsable a la Comisión Coordinadora Nacional del Partido del Trabajo, en tanto que, en el diverso juicio ciudadano SUP-JDC-2639/2008, los impetrantes señalan como responsable al Séptimo Congreso Nacional Ordinario del Partido del Trabajo.

Esta Sala Superior considera que en los referidos medios de impugnación deben tenerse como órganos partidarios responsables a ambas instancias de dirección nacional del Partido del Trabajo.

Lo anterior, en virtud de que, en términos de lo previsto en los artículos 23, fracción I, inciso a); 43, y 44, incisos a), d) y g), de los Estatutos del Partido del Trabajo, a dicha Comisión Coordinadora Nacional corresponde la representación política y legal del citado partido político y de todas sus instancias de dirección nacional (incluido el Congreso Nacional) en todo tipo de asuntos de carácter judicial, político, electoral, administrativo y patrimonial, además de tener las atribuciones y facultades para, entre otros aspectos, promover los juicios previstos en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral e instrumentar todos los acuerdos y resoluciones que emanen de diversos órganos de dirección nacional (entre ellos, evidentemente, los del Congreso Nacional).

Por tanto, esta Sala Superior estima que se debe tener como responsable a la indicada Comisión Coordinadora Nacional de ese instituto político, pues de conformidad con lo establecido en los preceptos invocados, es a dicha comisión a la que corresponde la representación jurídica del Partido del Trabajo y de todas sus instancias de dirección nacional (incluido el Congreso Nacional) en asuntos como los presentes, aunado al hecho de que es precisamente a la Comisión Coordinadora Nacional a quien correspondería instrumentar todos los acuerdos y resoluciones emanados de otros órganos partidistas, entre ellos, los derivados del Congreso Nacional.

Asimismo, cabe precisar que en términos de los artículos 24 y 26 de los citados Estatutos, si bien el Congreso Nacional es el órgano máximo de dirección y decisión del Partido del Trabajo, éste reviste carácter temporal y no permanente, pues sus reuniones solo ocurren cada tres años en forma ordinaria (como sucede en la especie, donde los actos impugnados se vinculan con el Séptimo Congreso Nacional Ordinario, celebrado en la Ciudad de México, Distrito Federal, los días veintiséis y veintisiete de julio de dos mil ocho), o de manera extraordinaria, en caso necesario.

Sin embargo, en adición a lo anterior, no escapa a este resolutor que fue con motivo y durante la celebración del citado Séptimo Congreso Nacional Ordinario del Partido del Trabajo que se emitieron por éste, instalado y en ejercicio de sus atribuciones, actos, acuerdos y decisiones ahora cuestionados por los impetrantes, razón por la cual se debe concluir que formal y materialmente dicha instancia partidista también debe ser considerada órgano responsable para efectos del presente medio de impugnación.

En consecuencia, en los presentes juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano se tienen como órganos responsables tanto a la Comisión Coordinadora Nacional como al Séptimo Congreso Nacional Ordinario, ambos, del Partido del Trabajo.

CUARTO. Sobreseimiento

En relación con Carolina Araceli Sánchez Esparza, quien presuntamente promovió el juicio ciudadano SUP-JDC-2639/2008, esta Sala Superior advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 9, párrafos 1, inciso g), y 3, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, en virtud de que, tanto en el escrito inicial de demanda de dicho juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, como en el ocurso de presentación, se incumple con el requisito de hacer constar la firma autógrafa del promovente.

De acuerdo con lo dispuesto en el mencionado artículo 9, párrafo 1, inciso g), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, los medios de impugnación (incluido, evidentemente, el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano) deberán presentarse por escrito y cumplir, entre otros requisitos, con el de hacer constar el nombre y la firma autógrafa del promovente.

A su vez, en el párrafo 3 del mismo precepto legal se ordena que, cuando el medio de impugnación incumpla cualquiera de los requisitos previstos en el citado inciso g) del párrafo 1 de tal artículo, se desechará de plano.

En el caso bajo estudio, como se observa de las constancias de autos (consultables, en lo atinente, a fojas 3 y 45 del expediente SUP-JDC-2639/2008), el escrito inicial de demanda y el respectivo ocurso de presentación no están firmados en el apartado correspondiente a la persona indicada, advirtiéndose únicamente, al calce de los mismos, sendos espacios en blanco con las respectivas leyendas "PROTESTAMOS NUESTROS RESPETOS. AGUASCALIENTES, AGS., A 31 DE JULIO DE 2008. CAROLINA ARACELI SANCHEZ ESPARZA", y "PROTESTAMOS LO NECESARIO. MEXICO D.F., A 31 DE JULIO DE 2008. CAROLINA ARACELI SANCHEZ ESPARZA".

En consecuencia, esta Sala Superior considera que en el citado asunto, únicamente por lo que hace a la persona indicada, se actualiza la inobservancia del invocado requisito legal de procedencia que deben reunir los medios de impugnación, consistente, como se precisó en líneas anteriores, en que en los escritos a través de los cuales se promuevan o interpongan los mismos se debe hacer constar la firma autógrafa del promovente.

Como lo ha resuelto este órgano jurisdiccional federal, un presupuesto procesal de los medios de impugnación consiste en la prueba del acto jurídico unilateral con el cual se acredita el ejercicio del derecho de acción.

La firma autógrafa del actor en la demanda es, por regla general, la forma para acreditar este requisito, porque el objeto de dicha firma consiste en identificar a quien emite o suscribe un documento y en vincular al autor con su contenido.

Por tanto, la falta de firma autógrafa en un escrito inicial de impugnación no es apta para acreditar el acto jurídico unilateral a través del cual se ejerce el derecho de acción, y esto determina la ausencia de un presupuesto necesario para la constitución de la relación jurídica procesal.

Cuando en el citado artículo 9, párrafos 1, inciso g), y 3, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral se establece como causa de desechamiento de un medio de impugnación el incumplimiento de hacer constar la firma autógrafa del promovente, debe estimarse que en tal hipótesis normativa se alude al estado de incertidumbre existente sobre la voluntad auténtica del presunto interesado en accionar, actualizándose así una evidente causa de improcedencia.

En tal sentido, si el indicado precepto legal alude al requisito de hacer constar la firma autógrafa del promovente, debe entenderse que por firma autógrafa alude a aquella que genere en la autoridad electoral, administrativa o jurisdiccional, la convicción de certeza en la identidad de la persona que suscribe el correspondiente medio de impugnación, de tal manera que no exista duda sobre la voluntad de ejercer el derecho de acción.

Conforme con lo anterior, es evidente a esta Sala Superior que en el caso se concreta la causa de desechamiento prevista en el artículo 9, párrafos 1, inciso g), y 3, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, en virtud de que, como se ha analizado, no se hizo constar la firma autógrafa de la indicada promovente.

En consecuencia, única y exclusivamente por lo que hace a Carolina Araceli Sánchez Esparza, se debe sobreseer el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano SUP-JDC-2639/2008, toda vez que, en su oportunidad procesal, se emitió auto de admisión de dicho medio de impugnación.

QUINTO. Procedencia

Los presentes medios de impugnación reúnen los requisitos de procedencia previstos en los artículos 7, párrafo 2; 8, párrafo 1; 9, párrafo 1; 13, párrafo 1, inciso b; 79, párrafo 1, y 80, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

a) Oportunidad. Los juicios fueron promovidos oportunamente, toda vez que el Séptimo Congreso Nacional Ordinario del Partido del Trabajo, en el cual se actualizaron los actos impugnados, concluyó el veintisiete de julio de dos mil ocho, en tanto que las respectivas demandas de juicio para la protección de los derechos político electorales se presentaron el treinta y uno de julio siguiente, es decir, dentro del plazo legal de cuatro días establecido para tal efecto.

b) Forma. Esta Sala Superior considera que el presente requisito se colma en los medios de impugnación bajo estudio.

No obsta a lo anterior que, como se precisó en el punto I del apartado tercero de los resultandos de esta sentencia, los escritos de demanda correspondientes a los presentes medios de impugnación se hubiesen presentado directamente ante esta Sala Superior y no ante el órgano partidario responsable, toda vez que los promoventes en ambos juicios acompañaron, respectivamente, Segundo y Primer Testimonios de la escritura número 204125, de treinta y uno de julio de dos mil ocho, en la cual el Notario Público número 35 del Distrito Federal, Licenciado Eutiquio López Hernández, hizo constar la fe de hechos de ese mismo día, consistente en que, habiéndose constituido en compañía de algunos militantes del Partido del Trabajo en instalaciones de la Comisión Ejecutiva Nacional de ese partido político, no fue posible entregar diversos documentos, entre ellos, las demandas de mérito.

Al respecto, atendiendo a las reglas de la lógica, de la sana crítica y de la experiencia, con fundamento en lo establecido en los artículos 14, párrafos 1, inciso a), y 4, inciso d), y 16, párrafos 1 y 2, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, este órgano jurisdiccional federal concede valor probatorio pleno a las referidas documentales públicas, pues de la ponderación de las mismas en su relación con las demás constancias de autos, no se advierte prueba en contrario respecto de su autenticidad o de la veracidad de los hechos a que se refieren, llevando a la convicción de que, efectivamente, habiéndose constituido los actores el treinta y uno de julio de dos mil ocho en instalaciones que ocupa el Partido del Trabajo con el propósito de presentar los escritos de demanda de los presentes juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, no pudieron llevar a cabo tal cometido, en virtud de que la puerta de entrada al inmueble estaba cerrada y la persona que se ostentó como vigilante en ese lugar se negó a recibir tales documentos, manifestando al fedatario público y demás comparecientes que no se encontraba persona del partido, funcionario o empleado, que pudiera recibirlos.

En consecuencia, ante la referida imposibilidad fáctica de presentar los escritos de demanda ante el órgano partidista responsable, por causas ajenas a la voluntad de los actores e imputables al partido político, esta Sala Superior concluye que, para efectos de la procedencia de los presentes medios de impugnación, se encuentra suficientemente justificada la omisión de los promoventes de cumplir con la obligación prevista en el artículo 9, párrafo 1, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, admitiendo por excepción la presentación directa de las referidas demandas de juicios ciudadanos ante esta Sala Superior.

Sobre el particular, es pertinente añadir que en los presentes medios de impugnación se dio cabal cumplimiento al propósito de que las demandas llegaran al órgano señalado como responsable para que éste les diera el trámite legal correspondiente, pues tal y como se indicó en el punto III del apartado tercero de los resultandos de esta ejecutoria, el siete de agosto de dos mil ocho, el Magistrado instructor emitió sendos requerimientos a la Comisión Coordinadora Nacional del Partido del Trabajo a efecto de que realizara las actuaciones relacionadas con el debido cumplimiento del trámite previsto en los artículos 17 y 18 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, lo cual se cumplimentó debidamente en términos de la documentación remitida a esta Sala Superior por el referido órgano partidario el doce de agosto siguiente (apartado tercero, punto VI, de resultandos).

Respecto a la necesidad de cumplimiento del indicado trámite legal por parte de la autoridad u órgano responsable, resulta aplicable, en lo conducente, la ratio essendi de la tesis de jurisprudencia de rubro "MEDIO DE IMPUGNACION PRESENTADO ANTE AUTORIDAD DISTINTA DE LA SEÑALADA COMO RESPONSABLE, PROCEDE EL DESECHAMIENTO".1

1 Consultable en Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005. Compilación Oficial. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Volumen Jurisprudencia, páginas 176 a 178.

Asimismo, por lo que hace a los demás requisitos de forma, se observa que en los respectivos escritos de demanda se hacen constar los nombres de los actores, su domicilio para oír y recibir notificaciones y las personas autorizadas para ello.

En los referidos ocursos también se identifican los actos impugnados y el órgano responsable; se mencionan los hechos en que se basan las impugnaciones y los agravios que causan perjuicio a los impetrantes; se ofrecen pruebas y se hacen constar tanto los nombres como las firmas autógrafas de los respectivos promoventes (con la única excepción de Carolina Araceli Sánchez Esparza en el expediente SUP-JDC-2639/2008, por las razones expuestas en el considerando anterior).

c) Legitimación. Los presentes juicios son promovidos por ciudadanos, por sí mismos y en forma individual, invocando presuntas violaciones a sus derechos político-electorales.

En particular, respecto al expediente SUP-JDC-2638/2008, el juicio es promovido por ciudadanos que invocan, en su calidad de militantes del Partido del Trabajo y delegados electos por el Estado de Durango al Séptimo Congreso Nacional Ordinario de ese partido político, presuntas violaciones a sus derechos político-electorales de votar, ser votados, de asociación y afiliación, pues los actores se duelen, entre otros puntos, de que las insuficiencias de los Estatutos del Partido del Trabajo les impidieron participar en condiciones de certeza, seguridad jurídica e igualdad en el referido congreso nacional, donde se tomaron acuerdos y decisiones concernientes a distintos aspectos, como la elección de integrantes de los órganos partidistas de dirección nacional.

En ese tenor cabe señalar que, según se desprende de la copia certificada del primer testimonio de la escritura trece mil cuatrocientos setenta y dos, volumen ciento noventa y dos (consultable de fojas 51 a 61 del presente expediente), correspondiente al acta levantada el veinte de julio de dos mil ocho por el Notario Público número 20 de la ciudad de Durango, Durango, Licenciado Manuel Castañón Carrasco, con motivo de la celebración del VII Congreso Estatal Ordinario 2008 del Partido del Trabajo en el Estado de Durango, entre otros puntos del orden del día, en ese evento fue aprobado el nombramiento de veinticuatro militantes del propio instituto político para que asistieran como delegados estatales al Séptimo Congreso Nacional Ordinario del Partido del Trabajo, entre ellos, los promoventes del presente medio de impugnación: Leopoldo Vázquez, Alejandro Arellano Hernández, Armando Ochoa Serrano y Juan Carlos Lara.

Asimismo, los actores acompañaron a su escrito de demanda sendos gafetes de acreditación en cuyo anverso consta el emblema del Partido del Trabajo, con la leyenda "PARTIDO DEL TRABAJO. SEPTIMO CONGRESO NACIONAL ORDINARIO. Ciudad de México, 26 y 27 de julio de 2008", y los siguientes datos específicos, correspondientes a cada uno de los gafetes de los promoventes: "LEOPOLDO VAZQUEZ. 04. DURANGO. DELEGADO"; "ALEJANDRO ARELLANO HERNANDEZ. 11. DURANGO. DELEGADO"; "ARMANDO OCHOA SERRANO. 19. DURANGO. DELEGADO"; "JUAN CARLOS LARA. 24. DURANGO. DELEGADO". Al reverso de cada una de las citadas identificaciones obra sello con el emblema del Partido del Trabajo y las frases: "PARTIDO DEL TRABAJO. UNIDAD NACIONAL. ¡TODO EL PODER AL PUEBLO!. COMISION EJECUTIVA NACIONAL".

De igual manera, según se desprende de las copias certificadas emitidas por el Secretario Ejecutivo del Instituto Federal Electoral concernientes a la celebración del citado Séptimo Congreso Nacional Ordinario del Partido del Trabajo (cuya parte atinente es consultable de fojas 447 a 451 del anexo 2 del presente expediente) obran bajo el rubro "PARTIDO DEL TRABAJO. 7° CONGRESO NACIONAL ORDINARIO. DURANGO. DELEGADOS CON DERECHO A VOZ Y VOTO. LISTA DE ASISTENCIA. Ciudad de México, julio de 2008", los nombres y firmas respectivas de los ahora enjuiciantes: Leopoldo Vázquez (con número 4 de la lista), Alejandro Arellano Hernández (con número 11 de la lista), Armando Ochoa Serrano (con número 18 de la lista) y Juan Carlos Lara (con número 24 de la lista).

En adición a lo anterior, esta Sala Superior considera que no obra en autos constancia suficiente alguna que acredite jurídicamente y en forma plena que los actores han dejado de ser militantes del Partido del Trabajo.

En efecto, según se precisó en el punto XVI del apartado tercero de los resultandos de esta sentencia, el dieciséis de diciembre de dos mil nueve el Magistrado instructor requirió, tanto a la Comisión Coordinadora Nacional del Partido del Trabajo como a los actores, que informaran y acreditaran la condición actual que ostentaban estos últimos al interior de ese instituto político (militantes, afiliados, simpatizantes, delegados, directivos o alguna otra u otras), a efecto de reunir los elementos necesarios para la debida integración del expediente y estar en condiciones de resolver sobre el particular lo que en derecho procediera.

Del desahogo de tales requerimientos se obtuvo lo siguiente:

i) La Comisión Coordinadora Nacional del Partido del Trabajo (Alberto Anaya Gutiérrez, Alejandro González Yáñez, Ricardo Cantú Garza, Rubén Aguilar Jiménez y Pedro Vázquez González) expresó, en lo conducente, lo siguiente:

Por medio del presente ocurso, comparecemos en atención al requerimiento realizado mediante auto de esta misma fecha dictado dentro de las actuaciones del expediente SUP-JDC-2638/2008, a hacer de su conocimiento que respecto a la calidad actual que tienen los ciudadanos Leopoldo Vázquez, Alejandro Arellano Hernández, Juan Carlos Lara y Armando Ochoa Serrano al interior del instituto político que representamos, informamos que dejaron de militar en el Partido del Trabajo en el momento mismo que realizaron su manifestación expresa de renunciar al Partido del Trabajo y afiliarse al Partido de la Revolución Democrática, lo anterior se puede corroborar ante la Comisión de Afiliación de dicho partido político.

Aunado a que atendiendo a lo establecido por los artículos 114 inciso n) de los estatutos del Partido del Trabajo y 5 numeral 2 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales del Partido del Trabajo, disposiciones que no permiten la doble militancia o afiliación, es por ello que los ciudadanos en comento, perdieron tal calidad ante nuestro instituto político.

Para acreditar nuestro dicho, es pertinente hacer la mención que por lo que hace primeramente al ciudadano Armando Ochoa Serrano, fue postulado por el Partido de la Revolución Democrática como candidato propietario a Diputado Federal por el Principio de Mayoría Relativa en el Distrito 4 del Estado de Durango, para acreditar lo anterior anexamos a la presente copia simple de la lista de mención (anexo 1), misma está a disposición del público en la página web (sic) del Instituto Federal Electoral, en el siguiente link (sic)… ; por otra parte, respecto al ciudadano Alejandro Arellano Hernández de igual manera fue postulado por el citado partido político candidato a Diputado Federal por el Principio de Representación Proporcional en el número 20 de la lista de la Primera Circunscripción Plurinominal; lo cual se demuestra con la copia del acuerdo CG284/2009 del Consejo General del Instituto Federal Electoral, relativo a las solicitudes de sustitución de candidatos a Diputados por ambos principios presentadas por los partidos políticos de la Revolución Democrática y Socialdemócrata, aprobado en sesión extraordinaria celebrada el 12 de junio de dos mil nueve (anexo 2), el cual se encuentra a disposición del público en la página web (sic) del instituto aludido, específicamente en el siguiente link (sic)

Por lo que corresponde al ciudadano Leopoldo Vázquez, se encontraron algunas notas periodísticas de las que se advierte la renuncia del mismo al Partido del Trabajo (anexo 3).

Además, con la finalidad de demostrar los argumentos expresados en el presente documento, solicitamos a la unidad de enlace de Transparencia del Instituto Federal Electoral, que nos informara si en los archivos correspondientes al Padrón de afiliados del Partido de la Revolución Democrática, se encuentran como afiliados los ciudadanos Leopoldo Vázquez, Alejandro Arellano Hernández, Juan Carlos Lara y Armando Ochoa Serrano; sin embargo, por el tiempo tan limitado que se nos otorgó para cumplir con la encomienda por parte de este tribunal remitimos copia del oficio donde se solicitó lo anterior, y desde este momento nos comprometemos que en el momento legal oportuno en que contemos con dicha información se le haremos llegar a la brevedad posible (anexo 4).

ii) Por su parte, el actor Leopoldo Vázquez manifestó, en lo atinente, que es miembro fundador del Partido del Trabajo, que fue electo delegado al Séptimo Congreso Nacional de ese instituto político en el Estado de Durango, que sigue siendo militante afiliado al Partido del Trabajo toda vez que no se ha afiliado a otro partido o agrupación política nacional y que desconocía si se le hubiese suspendido en sus derechos partidarios o expulsado con posterioridad a la promoción del presente juicio ciudadano.

De lo expuesto por la indicada Comisión Coordinadora Nacional y de las copias simples aportadas por la misma a efecto de acreditar su dicho, se obtiene que ese órgano partidista desprende que los cuatro actores dejaron de militar en el Partido del Trabajo a virtud de que, dos de ellos, Armando Ochoa Serrano y Alejandro Arellano Hernández, presuntamente fueron postulados por el Partido de la Revolución Democrática como candidatos a diputados federales; un tercero, Leopoldo Vázquez, presuntamente renunció al Partido del Trabajo según se podía desprender del contenido de dos notas periodísticas locales, y respecto del último, Juan Carlos Lara, la compareciente no expone razón ni medio probatorio alguno tendentes a acreditar la referida aseveración, aduciendo exclusivamente que solicitó a la unidad de enlace de Transparencia (sic) del Instituto Federal Electoral le informara si en los archivos correspondientes al padrón de afiliados del Partido de la Revolución Democrática se encontraban como afiliadas las personas indicadas, incluido Juan Carlos Lara.

Este órgano resolutor considera que las pruebas ofrecidas por la Comisión Coordinadora Nacional del Partido del Trabajo para demostrar que los actores ya no son militantes de ese instituto político resultan insuficientes e ineficaces para acreditar la referida aseveración, máxime que en términos de los artículos 14, párrafos 1, inciso a) y b), 4, incisos c) y d), y 5, y 16, párrafos 1, 2 y 3, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, es dable concluir que los actores acreditaron su legitimación para promover el presente juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano.

Esto es, la Comisión Coordinadora Nacional del Partido del Trabajo sostiene que los actores dejaron de ser militantes de ese instituto político, sin embargo, no aporta elemento probatorio en que obre fehacientemente la voluntad de los impetrantes de renunciar a dicha militancia, ni exhibe determinación alguna, precisa, concreta y definitiva, emitida por el órgano partidario competente, donde conste con certeza y seguridad jurídica que los impetrantes fueron destituidos, suspendidos, separados, inhabilitados o expulsados del citado partido, incumpliendo en consecuencia con la carga probatoria consistente en que, el que afirma, está obligado a probar, así como también lo está el que niega, cuando su negación envuelve la afirmación expresa de un hecho, en términos de lo establecido en el artículo 15, párrafo 2, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

Con independencia de que las probanzas aportadas por el citado órgano responsable, consultables de fojas 280 a 288 del expediente SUP-JDC-2638/2008, sólo constituyen copias simples de documentos privados (según se indica, listado de candidatos a diputados federales por Durango, dos notas periodísticas de medios locales -"El Siglo de Durango" y "Vertebración"- y acuse de recibo de solicitud de información dirigida a la Titular de la Unidad de Enlace (sic) del Instituto Federal Electoral), con la única excepción de la copia simple del Diario Oficial de la Federación de veintinueve de junio de dos mil nueve (donde se publica la candidatura sustituta de Alejandro Arellano Hernández por parte del Partido de la Revolución Democrática), se debe destacar que, en lo que interesa, ninguna aporta información veraz y suficiente para acreditar plenamente que los enjuiciantes ya no son militantes del Partido del Trabajo.

Lejos de lo anterior, a partir de la simple invocación de los artículos 114, inciso n), de sus estatutos, y 5, párrafo 2, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como de presuntos hechos aislados, la mencionada Comisión Coordinadora Nacional pretende desprender que los actores han dejado de ser militantes del Partido del Trabajo.

En efecto, aun en el supuesto de que el mencionado artículo estatutario tuviera aplicación en el caso concreto (toda vez que dicho precepto no estaba previsto en los estatutos vigentes antes del Séptimo Congreso Nacional Ordinario ahora impugnado), en el mismo se establece únicamente lo siguiente:

Artículo 114.- Son motivo de sanción las siguientes acciones:

n) Queda automáticamente fuera del Partido del Trabajo, quien se afilie a otro partido político distinto.

A su vez, en el precepto del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales invocado se prevé:

Artículo 5

2. Ningún ciudadano podrá estar afiliado a más de un partido político.

En consecuencia, de lo establecido en los ordenamientos transcritos se advierte que, lo que en un primer momento debería demostrarse para tener por actualizadas las citadas hipótesis (con la reserva, incluso, de que con tales elementos tuviera que sobrevenir la resolución definitiva del partido político en que determinara con certeza la situación de separación o expulsión de los militantes sancionados, o la manifestación expresa del ciudadano de optar por una de las dos o más afiliaciones que indebidamente pudiera llegar a ostentar), es que los actores se hubiesen afiliado a otro partido político, aspecto específico e indispensable que no se acredita en el caso.

Como se expuso en párrafos precedentes, el órgano responsable finca su objeción a la militancia de los actores aduciendo distintas circunstancias:

i) En relación con Armando Ochoa Serrano y Alejandro Arellano Hernández, la comisión coordinadora aduce que dichas personas fueron postuladas como candidatos a diputados federales por el Partido de la Revolución Democrática, sin embargo, aún en el supuesto de que ello hubiese ocurrido así, es evidente que la simple postulación como candidato de un partido político no implica necesariamente que la persona postulada hubiese adquirido la afiliación al partido que la propone, como ocurre, por ejemplo, con las candidaturas de partidos coaligados, o respecto de la figura de candidaturas externas, en alianza o convergencia, como se prevé, precisamente, en los artículos 46, párrafos 7, 8, 9 y 10, y 49 de los Estatutos, así como 26, inciso i) y 31, último párrafo, del Reglamento General de Elecciones y Consultas, ambos, del Partido de la Revolución Democrática.

ii) Respecto a Leopoldo Vázquez, el órgano responsable aduce que tal ciudadano dejó de ser militante del Partido del Trabajo porque de algunas notas periodísticas se advierte la respectiva renuncia.

Sin embargo, de las copias simples de las dos notas ofrecidas, obtenidas aparentemente por vía electrónica, no se acredita tal hecho. En la nota de "El Siglo de Durango", fechada el primero de enero de dos mil nueve bajo el título "Marcos y Juan abandonan el PT", se dice que Marcos y Juan Cruz Martínez, fundadores del Partido del Trabajo, salieron de ese partido político para incorporarse al Partido de la Revolución Democrática, llevándose consigo a otros cuadros políticos (sic), como "…Leopoldo Vázquez -uno de los principales líderes sociales-,"; en tanto que, en la nota del diario "Vertebración", al parecer, de dieciséis de diciembre de dos mil nueve, bajo el título "Descuentos en predial… Por fin accede ayuntamiento a solicitudes del PRD: Vázquez", se describe que, según manifestación de "Leopoldo Vázquez", se instalarán mesas de trabajo para atender a solicitantes de descuento por concepto de predial.

Con independencia de que en ninguno de los referidos instrumentos se menciona en forma expresa, directa e indubitable que el actor en el presente juicio, Leopoldo Vázquez, hubiese renunciado a su militancia en el Partido del Trabajo, cabe destacar que en el caso tampoco se actualiza la hipótesis de doble afiliación prevista en los preceptos transcritos con antelación, pues no consta en tales notas que Leopoldo Vázquez se hubiese afiliado al Partido de la Revolución Democrática.

Asimismo, es importante señalar la mínima calidad indiciaria de las copias simples de las notas periodísticas que se comentan,2 si en contraste con la imprecisión y ambigüedad de su contenido se tiene presente que el mencionado actor, al desahogar el requerimiento que se le formuló al respecto, expresó, entre otros aspectos, que sigue siendo militante afiliado al Partido del Trabajo, que no se ha afiliado a otro partido político o agrupación política nacional y que desconoce si se le han suspendido sus derechos partidarios o se le ha expulsado con posterioridad a la promoción del presente juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano.

2 Sobre el particular, resulta aplicable la tesis de jurisprudencia S3ELJ38/2002, de rubro "NOTAS PERIODISTICAS. ELEMENTOS PARA DETERMINAR SU FUERZA INDICIARIA", consultable en Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005. Compilación oficial. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Volumen Jurisprudencia, páginas 192 y 193.

iii) Finalmente, por lo que hace al actor Juan Carlos Lara, el órgano responsable se limita a externar que, junto con los tres ciudadanos antes indicados, dejó de militar en el Partido del Trabajo en el momento mismo que realizó su manifestación expresa de renunciar a dicho instituto político y afiliarse al Partido de la Revolución Democrática, si bien no aduce razonamientos que sustenten tal aseveración y menos aporta elemento de convicción al respecto.

Al respecto, aun en el supuesto de que bastara la afiliación del militante de un partido político a otro distinto para tener por terminada automáticamente dicha militancia, no escapa que en su ocurso de desahogo de requerimiento de dieciséis de diciembre de dos mil nueve, la Comisión Coordinadora Nacional del Partido del Trabajo se comprometió a hacer llegar a esta Sala Superior la información obtenida de su consulta a la unidad de enlace y transparencia del Instituto Federal Electoral sobre si, en el padrón de afiliados del Partido de la Revolución Democrática se encontraban los ahora actores, sin que a la fecha se hubiese presentado ante este resolutor documentación o constancia alguna sobre el particular.

Ahora bien, este órgano jurisdiccional federal considera que la terminación de la militancia de un ciudadano en un partido político incide directamente en la plena observancia al libre ejercicio de los derechos político-electorales de asociación y afiliación, razón por la cual, dadas las consecuencias jurídicas que ello implica, dicha conclusión no puede desprenderse indirectamente y de manera exclusiva a partir de presuntos hechos aislados (como presume en la especie el órgano responsable, quien deduce la culminación de tal militancia con base en la supuesta afiliación de los actores a un partido político distinto), sino que debe constar de manera fehaciente, expresa y definitiva, ya sea a través de la renuncia o manifestación de la voluntad del propio militante, o bien como consecuencia de una resolución de separación, inhabilitación, suspensión o expulsión dictada por el órgano competente del partido político, una vez agotados el procedimiento sancionatorio previsto al efecto y los posibles medios de defensa que el militante afectado pudiese interponer para impugnar, de estimarlo necesario, tan trascendente medida.

Asimismo, se estima que la condición de permanencia o expulsión de militantes en un determinado partido político debe ser, en primer término, del conocimiento y resolución de las instancias competentes internas del propio partido, en observancia al principio de definitividad y con respeto absoluto a su libertad de decisión política y derecho de autoorganización, razón por la cual, en los términos y para los efectos señalados en el presente apartado, se tiene por acreditada la legitimación de los actores en el caso bajo estudio.

No es óbice a lo anterior el hecho de que Alejandro Arellano Hernández, Armando Ochoa Serrano y Juan Carlos Lara, no hubiesen expresado consideración alguna sobre la calidad que ostentaban dentro del Partido del Trabajo al momento de formularse el requerimiento de mérito, pues el apercibimiento respectivo se hizo consistir en que, en su caso, esta Sala Superior resolvería el particular conforme con las constancias que obraran en autos, siendo que, como se ha analizado con antelación, los referidos actores acreditaron su legitimación para promover el presente juicio ciudadano, en tanto que, por el contrario, no consta en el expediente prueba alguna que demuestre fehacientemente que dichos ciudadanos han dejado de ser militantes afiliados al Partido del Trabajo, ya sea por renuncia de los propios interesados, por determinación definitiva emitida por órgano competente del partido político o por algún otro medio idóneo, cierto e indubitable.

A su vez, respecto a los actores en el expediente SUP-JDC-2639/2008, tampoco obra en autos elemento probatorio que contravenga en los términos expuestos su legitimación para promover el correspondiente juicio ciudadano.

Es por ello que se surte el presente requisito de procedencia.

d) Definitividad. Por los motivos y fundamentos que se exponen en el subapartado siguiente ("Causas de improcedencia") se considera que en los presentes medios de impugnación se surte el presente requisito de procedencia, por lo cual, no habiendo algún otro medio de defensa o impugnación eficaz que debiera agotarse antes de acudir a los presentes juicios, los actores se encuentran en aptitud jurídica de promoverlos.

Causas de improcedencia

Al rendir, en cada caso, su informe circunstanciado, así como en los correspondientes escritos de comparecencia, la Comisión Coordinadora Nacional del Partido del Trabajo y los terceros interesados manifiestan lo siguiente:

A) Tanto el referido órgano partidario responsable como los terceros interesados aducen que en los presentes asuntos se actualiza la causa de improcedencia prevista en los artículos 99, párrafo cuarto, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 10, párrafo 1, inciso d), y 80, párrafo 2, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, en virtud de que, desde su punto de vista, los actores no agotaron previamente las instancias establecidas en la normativa partidaria para combatir los actos de que se duelen, y

B) La Comisión Coordinadora Nacional manifiesta, además, que en términos de lo previsto en el artículo 47, párrafos 5, 6 y 7, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, el ocho de agosto de dos mil ocho el Partido del Trabajo notificó al Instituto Federal Electoral los acuerdos adoptados en el multicitado Séptimo Congreso Nacional Ordinario, a efecto de que dicha autoridad electoral verificara si se cumplieron los estatutos del propio partido político.

Por tanto, según dicho órgano responsable, en observancia a las disposiciones legales que regulan el procedimiento de renovación de dirigencias de los partidos políticos, antes de promover los presentes juicios ciudadanos se debió esperar que el Instituto Federal Electoral concluyera la revisión de mérito y emitiera de manera fundada y motivada la resolución que estimara pertinente, en la cual, incluso, podía llegar a ordenar la reposición del procedimiento de elección de dirigentes.

Es decir, previa la promoción de los presentes juicios, el Instituto Federal Electoral debía pronunciarse sobre los actos que se sometieron a su conocimiento, constituyendo la resolución que éste emitiera en su oportunidad el acto definitivo susceptible de ser combatido a través de los presentes medios de impugnación.

Esta Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación considera infundados los alegatos señalados, con base en las razones que se exponen a continuación.

1. En relación con la causa de improcedencia sintetizada bajo el precedente inciso A), no pasa inadvertido que, en efecto, tanto en el capítulo alusivo a las reglas comunes aplicables a todos los medios de impugnación [artículo 10, párrafo 1, inciso d), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral], como en el capítulo referente a las reglas particulares del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano (artículo 80, párrafos 2 y 3, de la citada ley general), se prevé como requisito de procedencia que, antes de acudir al mismo, se deberán agotar las instancias previas establecidas en las respectivas normas legales e internas de los partidos políticos para combatir los actos cuestionados.

Lo anterior, en cumplimiento a lo ordenado en el artículo 99, párrafo cuarto, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde se establece que, para que un ciudadano pueda acudir a la jurisdicción del Tribunal por violaciones a sus derechos por el partido político al que se encuentre afiliado, deberá haber agotado previamente las instancias de solución de conflictos previstas en sus normas internas, en tanto que la ley establecerá las reglas y plazos aplicables.

No obstante, también se tiene presente que en el criterio sostenido en la tesis de jurisprudencia de rubro: "MEDIOS DE DEFENSA INTERNOS DE LOS PARTIDOS POLITICOS. SE DEBEN AGOTAR PARA CUMPLIR EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD"3, se condiciona dicho gravamen procesal a la coexistencia de los siguientes requisitos: 1) Los órganos partidistas competentes estén establecidos, integrados e instalados con antelación a los hechos litigiosos; 2) Se garantice suficientemente la independencia e imparcialidad de sus integrantes; 3) Se respeten todas las formalidades esenciales del procedimiento exigidas constitucionalmente, y 4) Que formal y materialmente resulten eficaces para restituir a los promoventes en el goce de sus derechos político-electorales transgredidos.

3 Tesis S3ELJ04/2003, consultable en Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005. Compilación Oficial, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Volumen Jurisprudencia, páginas 178 a 181.

De tal manera que, cuando falte alguna de esas exigencias o se presenten inconvenientes a que su inexistencia de lugar, no existe para los justiciables dicha obligación, sino que tales instancias internas quedan como optativas, por lo que el afectado podrá acudir directamente ante las autoridades jurisdiccionales.

Sobre el particular, este órgano resolutor advierte que en la especie se actualiza sin lugar a duda y de manera preponderante la ausencia del requisito mencionado bajo el inciso 4) precedente, toda vez que los impetrantes en el expediente SUP-JDC-2638/2008 formulan agravios sobre la presunta inconstitucionalidad de los Estatutos del Partido del Trabajo, por lo cual, dada la naturaleza y entidad de dichos motivos de inconformidad, su estudio escapa notoriamente del ámbito cognitivo de los medios de defensa intrapartidarios que, por tanto y de asistir la razón a los enjuiciantes, devendrían ineficaces para restituir a estos últimos en el goce de sus derechos transgredidos.

En el correspondiente escrito de demanda los actores plantean cuestiones de inconstitucionalidad de los Estatutos del Partido del Trabajo, razón por la cual la materia de dichos conceptos de violación rebasaría notoriamente la esfera de conocimiento y resolución de las instancias de justicia partidaria que, a decir del órgano responsable y los comparecientes, se debieron agotar antes de acudir a este Tribunal Electoral.

Toda vez que los actores plantean la presunta inconstitucionalidad de los Estatutos del Partido del Trabajo, pretendiendo que, en su caso, se decrete la misma y se ordene al referido instituto político su modificación y adaptación al régimen constitucional y legal en materia electoral, es inconcuso que los medios de defensa previstos en la normativa partidista (cuestionados también y de manera intrínseca por inconstitucionales), resultan formal y materialmente ineficaces para obsequiar la pretensión de los actores y restituirles en el uso y goce de los derechos político-electorales que estiman transgredidos, siendo en consecuencia innecesario exigirles el previo agotamiento de tales instancias, pues aún en el supuesto de que asistiera razón a los impetrantes, esos medios de defensa resultarían no aptos ni idóneos para modificar, revocar o nulificar las presuntas deficiencias estatutarias de que se duelen los actores y con ello restituirles en sus derechos violados, actualizándose en el caso concreto la ausencia del requisito identificado bajo el inciso 4) de las condiciones indispensables para estar en posibilidad de exigir el previo agotamiento de las instancias internas de solución.

Es decir, en la aplicación de las referidas excepciones al principio de definitividad se debe tener presente el criterio contenido en la citada tesis de jurisprudencia, en cuanto a que, para poder exigir el agotamiento de los medios de defensa intrapartidarios, éstos deben satisfacer, entre otros requisitos, que resulten formal y materialmente eficaces para restituir a los promoventes en el goce de sus derechos político-electorales presuntamente transgredidos.

Asimismo, también resultan aplicables las tesis de jurisprudencia "JUICIO DE REVISION CONSTITUCIONAL ELECTORAL. OBSERVANCIA DEL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD" y "MEDIO DE IMPUGNACION INTRAPARTIDARIO. DEBE AGOTARSE ANTES DE ACUDIR A LA INSTANCIA JURISDICCIONAL, AUN CUANDO EL PLAZO PARA SU RESOLUCION NO ESTE PREVISTO EN LA REGLAMENTACION DEL PARTIDO POLITICO"4, donde se establece, en lo atinente, que las instancias previas sólo se deberán agotar cuando sean idóneas para impugnar el acto de que se trate y, en consecuencia, resulten aptas para modificarlo, revocarlo o anularlo.

4 Tesis S3ELJ18/2003 y S3ELJ05/2005, respectivamente, consultables en Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005. Compilación oficial. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Volumen Jurisprudencia, páginas 157-158 y 172-173.

2. Por otra parte, esta Sala Superior considera que tampoco asiste razón al indicado órgano responsable cuando aduce que, de conformidad con lo previsto en el artículo 47, párrafos 5, 6 y 7, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, al encontrarse en revisión del Instituto Federal Electoral los acuerdos tomados en el mencionado Séptimo Congreso Nacional Ordinario, antes de promover el presente juicio ciudadano, los actores debieron esperar a que dicha autoridad administrativa electoral emitiera resolución sobre la procedencia o no procedencia de tales acuerdos, constituyendo dicho fallo, hasta entonces, el acto definitivo susceptible de ser combatido a través del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano.

En lo atinente, en el indicado precepto legal se establece lo siguiente:

Artículo 47

5. En el caso del registro de integrantes de los órganos directivos, el Instituto deberá verificar, en un plazo de diez días contados a partir de la notificación, que el partido acompañe a la misma los documentos que comprueben el cumplimiento de los procedimientos previstos en los respectivos estatutos.

6. En caso de que el Instituto determine que no se cumplió con el procedimiento interno, deberá emitir resolución, debidamente fundada y motivada, estableciendo un plazo para que el partido reponga la elección o designación de sus dirigentes.

7. Si de la verificación de los procedimientos internos de los partidos el Instituto advierte errores u omisiones, éstas deberán notificarse por escrito al representante acreditado ante el mismo, otorgándole un plazo de cinco días para que manifieste lo que a su derecho convenga.

(Subrayado de la sentencia)

A su vez, en el artículo 38, párrafo 1, inciso m), del mismo ordenamiento legal, se prevé lo siguiente:

Artículo 38

1. Son obligaciones de los partidos políticos nacionales:

m) Comunicar al Instituto, dentro de los diez días siguientes a que ocurran, los cambios de los integrantes de sus órganos directivos, o de su domicilio social;

(Subrayado de la sentencia)

De lo transcrito con antelación se desprende, esencialmente, lo siguiente:

- Los partidos políticos están obligados a comunicar al Instituto Federal Electoral, dentro de los diez días siguientes a que ocurran, los cambios de los integrantes de sus órganos directivos;

- El Instituto Federal Electoral deberá verificar, en un plazo de diez días contados a partir de la notificación, que el partido político acompañe los documentos que comprueben el cumplimiento de los procedimientos estatutarios previstos al efecto, y

- En caso de que el Instituto determine que no se cumplió con el procedimiento interno, deberá emitir resolución estableciendo un plazo para que el partido político reponga la elección o designación de sus dirigentes.

Con base en lo anterior, la Comisión Coordinadora Nacional del Partido del Trabajo manifiesta que en cumplimiento a lo ordenado en tal normativa, y tomando en consideración que en su oportunidad hizo del conocimiento del Instituto Federal Electoral la integración de los órganos de dirección nacional electos en el Séptimo Congreso Nacional Ordinario, los actores debieron esperar a que dicha autoridad electoral emitiera la resolución correspondiente (que incluso podría ordenar la reposición del proceso de elección interna), y hasta entonces, en su caso, impugnar dicho fallo como acto definitivo de autoridad.

En relación con esta causa de improcedencia es importante reiterar lo expuesto en párrafos precedentes en cuanto a que los enjuiciantes, además de aducir irregularidades ocurridas con motivo del Séptimo Congreso Nacional Ordinario del Partido del Trabajo, incluída, desde luego, la elección de integrantes de sus órganos de dirección nacional, también formularon agravios dirigidos a combatir la presunta inconstitucionalidad de los estatutos que dieron sustento normativo al evento.

En consecuencia, es evidente que el caso no se circunscribe exclusivamente a la elección de dirigentes nacionales (donde podría aplicar la hipótesis normativa invocada por el mencionado órgano responsable), sino que involucra, de manera sustancial y prioritaria, la impugnación de la presunta inconstitucionalidad de las normas estatutarias que sirvieron de base al indicado congreso nacional y al propio proceso de elección de dirigentes, lo cual rebasa la esfera de conocimiento y resolución del Instituto Federal Electoral prevista en el artículo 47, párrafos 5, 6 y 7, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Esta Sala Superior considera que al actualizarse la impugnación directa y expresa sobre la constitucionalidad de los estatutos de un partido político, es dable admitir el medio de impugnación y analizar en sus méritos la cuestión planteada.

De la interpretación del nuevo marco jurídico vigente en la materia,5 se estima que en casos como el presente, donde se combate preferentemente la inconstitucionalidad de los estatutos que sirvieron de base tanto a la celebración del indicado congreso partidario como a los acuerdos tomados en el mismo y a la propia elección de dirigentes, es dable admitir su impugnación directa ante este órgano jurisdiccional federal, a través de la promoción del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, pues el objeto central de impugnación, en los términos planteados por los ocursantes, no podría ser atendido por el Instituto Federal Electoral.

5 Marco jurídico derivado de las reformas constitucionales y legales publicadas en el Diario Oficial de la Federación de fechas trece de noviembre de dos mil siete y catorce de enero de dos mil ocho, respectivamente. De manera específica, a través de la aludida reforma jurídico-electoral se adicionó al Título Segundo del Libro Segundo del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (relativo a los partidos políticos, constitución, registro, derechos y obligaciones), un Capítulo Sexto ("De los asuntos internos de los partidos políticos"), donde se ubica el citado artículo 47 en vigor, relacionado con la regulación de la declaratoria de procedencia constitucional y legal de los documentos básicos.

Si bien los actores formulan agravios tendentes a impugnar la referida elección de dirigentes nacionales del Partido del Trabajo, planteando cuestiones de legalidad relacionadas con posibles irregularidades ocurridas con motivo de dicho proceso electivo interno, no menos importante es que sus alegatos descansan, en esencia, sobre la presunta inconstitucionalidad de los estatutos del mencionado instituto político cuyas normas sirvieron de base a todo ello, es decir, a la celebración de dicho congreso, a la elección de sus dirigentes nacionales y a la toma de diversos acuerdos.

Ahora bien, para exigir el cumplimiento del principio de definitividad previsto en los artículos 99, párrafo cuarto, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 10, párrafo 1, inciso d), y 80, párrafos 2 y 3, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, es decir, para imponer al justiciable la carga de agotar previamente medios ordinarios de defensa e impugnación antes de acceder al presente juicio ciudadano, tal exigencia no debe consistir en un simple e inocuo requisito formal de procedencia que pudiera obstruir o dificultar el acceso a la impartición de justicia y a la subsecuente tutela efectiva de derechos, sino que, por el contrario, se debe tratar de instrumentos de justicia aptos, suficientes y eficaces para reparar las violaciones impugnadas, de manera plena y oportuna.

Por tanto, cuando ese propósito no se satisface en algún caso concreto plenamente justificado, se extingue la referida carga procesal de agotarlos, pudiendo el interesado acudir directamente a la vía extraordinaria, pues las condiciones del caso imposibilitan el fin restitutorio de la norma.

Sobre el particular, además de los criterios invocados al responder la anterior causa de improcedencia, resulta aplicable en su ratio essendi, la tesis de jurisprudencia de rubro "DEFINITIVIDAD Y FIRMEZA. SI EL AGOTAMIENTO DE LOS MEDIOS IMPUGNATIVOS ORDINARIOS IMPLICAN LA MERMA O EXTINCION DE LA PRETENSION DEL ACTOR, DEBE TENERSE POR CUMPLIDO EL REQUISITO".6

6 Tesis S3ELJ09/2001, consultable en Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005. Compilación oficial. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Volumen Jurisprudencia, páginas 80 y 81.

En la especie, resulta evidente que a través de la facultad que se confiere al Instituto Federal Electoral en el citado artículo 47, párrafos 5, 6 y 7, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (precepto novedoso, señalado por el referido órgano responsable como fundamento de su pretensión de desechamiento), consistente en revisar que el procedimiento de elección de dirigentes partidistas se ajuste a los estatutos de los partidos políticos y, de no ser así, ordenar la reposición del mismo, no es una instancia apta, suficiente ni eficaz para restituir a los enjuiciantes en el pleno goce de sus derechos presuntamente violados, pues como se ha explicado en párrafos precedentes, los actores aducen en forma destacada una cuestión de inconstitucionalidad de los estatutos aplicados, entre otros aspectos, en el procedimiento de elección de sus dirigentes nacionales, resultando inconcuso que si el Instituto Federal Electoral carece de atribuciones para volver a revisar la constitucionalidad de las disposiciones estatutarias que sirvieron de base a dicha elección interna, entonces, la pretensión de los actores no podría ser estudiada, y menos aún acogida, de asistirles la razón, por la mencionada autoridad electoral administrativa.

Sobre el particular, es importante destacar que, según lo previsto en los artículos 30, 31 y 38, párrafo 1, inciso l), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, además de la hipótesis de impugnación descartada en párrafos precedentes (relativa al primer acto de aplicación de los estatutos por parte de la autoridad electoral), el Instituto Federal Electoral puede pronunciarse sobre la constitucionalidad y legalidad de los estatutos de un partido político en dos situaciones: a) cuando se le presenta por primera vez el texto original para su aprobación y registro, y b) respecto de modificaciones a los mismos.

En el caso a estudio, bajo ninguna de estas dos hipótesis el Instituto Federal Electoral podría ocuparse de estudiar y sancionar, en sus propios méritos, la constitucionalidad y legalidad de los Estatutos del Partido del Trabajo.

Respecto a la primera de dichas opciones es evidente que ante el Instituto Federal Electoral no se presentó por primera vez, para su aprobación y registro, el texto original de los Estatutos del Partido del Trabajo, pues únicamente se le comunicó la elección de los integrantes de sus órganos directivos nacionales, limitándose dicha autoridad electoral a verificar si los dirigentes partidistas fueron elegidos conforme a los estatutos vigentes (sin analizar la constitucionalidad y legalidad de estos últimos, lo cual, en el caso, es precisamente la pretensión central de los actores).

En tanto, por lo que hace a la segunda hipótesis, si bien hubo algunas modificaciones estatutarias que el partido político también comunicó al Instituto Federal Electoral para su aprobación (modificaciones identificadas en el pie de página número 14 de esta ejecutoria, que, como se expone posteriormente, no son objeto central de controversia en el presente medio de impugnación), dicha autoridad electoral se acota a determinar, exclusivamente, la procedencia constitucional y legal de tales modificaciones, mas no de otras disposiciones estatutarias vigentes con antelación, aun y cuando éstas pudieran ser objetadas en los términos que ahora plantean los actores.

En ese tenor, en el supuesto de que el Instituto Federal Electoral concluyera que el procedimiento de elección de dirigentes nacionales del Partido del Trabajo debiera reponerse por no ajustarse a sus estatutos o que las modificaciones que se sometieron a su conocimiento no fueron declaradas constitucionales y legales, es notorio que tal resolución no alcanzaría a satisfacer la pretensión de los actores, consistente en que se estudie y resuelva, precisamente, sobre la presunta inconstitucionalidad e ilegalidad de diversas porciones normativas de los estatutos cuestionados, los cuales permanecerían intocados.

También es evidente que la realización de un nuevo procedimiento electivo (ordenada hipotéticamente por dicha autoridad administrativa electoral) tendría que efectuarse con base en los multicitados estatutos tildados de inconstitucionales, denotando, en consecuencia, la insuficiencia del referido mecanismo de revisión administrativa encomendado al Instituto Federal Electoral en el precepto legal invocado, pues a través de dicha revisión no podría atenderse ni dar solución al planteamiento sustancial y originario de los actores, es decir, al reclamo sobre la inconstitucionalidad de los estatutos que sirvieron como sustento normativo al procedimiento de elección, cuya reposición, aún en la hipótesis de ordenarse por parte del instituto electoral, resultaría inocua, pues en nada respondería al referido agravio central de los impetrantes.

Como se ha argumentado con antelación, la exigencia de agotar las instancias previas tiene como presupuesto que éstas sean idóneas, aptas, suficientes y eficaces para restituir a los justiciables en el pleno uso y goce del derecho presuntamente violado, haciendo realidad la máxima constitucional de justicia pronta, completa y expedita, además de otorgar racionalidad a la cadena impugnativa, en tanto que, para estar en aptitud de acudir a un órgano de jurisdicción excepcional y extraordinaria, los justiciables debieron acudir previamente a medios de defensa e impugnación viables.

Por tanto, si en determinada instancia la autoridad competente se encuentra imposibilitada jurídica y materialmente para analizar y resolver una cuestión de carácter fundamental en la demanda planteada, es inconcuso que debe tenerse por satisfecho el requisito procesal de definitividad, al ser manifiesto, como ocurre en la especie con la instancia administrativa prevista ante el Instituto Federal Electoral, que en lo tocante a tal vulneración ningún pronunciamiento podría realizar esa autoridad.

Estimar lo contrario, daría lugar al absurdo de obligar a los justiciables a agotar instancias ante órganos o autoridades carentes de facultades para resolver sobre la cuestión planteada (como acontece en la especie, puesto que, como se ha precisado en líneas precedentes, el Instituto Federal Electoral no podría examinar el planteamiento central sobre inconstitucionalidad de unos estatutos que esa misma autoridad electoral aprobó en otro tiempo), o bien, a esperar el dictado de una decisión que en modo alguno podría restituirles cabalmente en el pleno uso y goce del derecho vulnerado.

En consecuencia, aún cuando en apariencia pudiera plantearse la existencia de una instancia previa, no agotada por los actores, se debe concluir que la misma resulta insuficiente para restituirles en los derechos vulnerados, pues aún en el supuesto de que les asistiera la razón, la autoridad administrativa electoral no podría estudiar ni pronunciarse sobre el punto fundamental de la controversia, semejando tal situación la hipótesis de inexistencia de un medio de impugnación eficaz, apto e idóneo, por lo que en la especie se justifica plenamente la excepción al multicitado principio de definitividad.

Por otra parte, toda vez que el examen de las causas de improcedencia es de carácter preferente y orden público, y en observancia al principio de exhaustividad, esta Sala Superior procede a analizar si los enjuiciantes, antes de acudir a esta instancia excepcional y extraordinaria, debieron impugnar ante el propio Instituto Federal Electoral en términos de lo previsto en el nuevo artículo 47, párrafos 1 y 2, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Es necesario tener presente, en lo conducente, el contenido del citado precepto legal:

Artículo 47

1. Para la declaratoria de procedencia constitucional y legal de los documentos básicos de los partidos políticos, a que se refiere el inciso l) del párrafo 1, del artículo 38 de este Código, el Consejo General atenderá el derecho de los partidos para dictar las normas y procedimientos de organización que les permitan funcionar de acuerdo con sus fines.

2. Los Estatutos de un partido político podrán ser impugnados exclusivamente por sus afiliados, dentro de los catorce días naturales siguientes a la fecha en que sean presentados ante el Consejo General para la declaratoria respectiva. Dicho órgano, al emitir la resolución que corresponda, resolverá simultáneamente las impugnaciones que haya recibido. Emitida la declaratoria que corresponda y transcurrido el plazo legal para impugnaciones sin que se haya interpuesto alguna, los Estatutos quedarán firmes.

(Subrayado de la sentencia)

A su vez, en el artículo 38, párrafo 1, incisos l), del mismo ordenamiento legal, se prevé lo siguiente:

Artículo 38

1. Son obligaciones de los partidos políticos nacionales:

l) Comunicar al Instituto cualquier modificación a sus documentos básicos, dentro de los diez días siguientes a la fecha en que se tome el acuerdo correspondiente por el partido. Las modificaciones no surtirán efectos hasta que el Consejo General del Instituto declare la procedencia constitucional y legal de las mismas. La resolución deberá dictarse en un plazo que no exceda de 30 días naturales contados a partir de la presentación de la documentación correspondiente;

(Subrayado de la sentencia)

De los transcritos preceptos legales se desprende, esencialmente, lo siguiente:

- Los partidos políticos están obligados a comunicar al Instituto Federal Electoral cualquier modificación a sus documentos básicos, dentro de los diez días siguientes a la fecha en que se tome el respectivo acuerdo;

- El Consejo General del Instituto Federal Electoral deberá dictar resolución sobre la procedencia constitucional y legal de tales modificaciones en un plazo que no exceda de treinta días naturales contados a partir de que se le hubiese presentado la documentación atinente;

- Exclusivamente los afiliados de un partido político podrán impugnar los estatutos, y sus modificaciones, dentro de los catorce días naturales siguientes a la fecha en que fueron presentados ante el Consejo General para efectos de la declaratoria indicada;

- El Consejo General del Instituto Federal Electoral, al emitir la declaración atinente, resolverá simultáneamente las impugnaciones que hubiese recibido sobre el particular, y

- Una vez emitida la declaratoria de mérito y transcurrido el citado plazo legal para impugnaciones sin que se hubiese interpuesto alguna, los estatutos quedarán firmes.

En ese tenor, esta Sala Superior estima que los actores no estaban obligados a impugnar previamente, ante el Instituto Federal Electoral, los actos concernientes al Séptimo Congreso Nacional Ordinario del Partido del Trabajo, y menos aún esperar a que dicha autoridad administrativa electoral emitiera resolución al respecto, toda vez que los actores no se limitaron a impugnar las modificaciones efectuadas en dicho congreso a los estatutos de ese partido político (hipótesis de impugnación prevista en el citado artículo 47 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, junto con la concerniente a impugnar el texto original de los estatutos que se presente por primera vez para su aprobación y registro), pues además de tales modificaciones y la elección irregular de los dirigentes nacionales del Partido del Trabajo, en forma preponderante combatieron la inconstitucionalidad de los estatutos vigentes que dieron sustento a dicho proceso electivo, lo cual difiere, notoria y sustancialmente, de los actos susceptibles de ser controvertidos en términos del citado artículo 47 de la ley electoral federal, producto de la última reforma en la materia.

En efecto, de lo previsto en el artículo 47 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (cuyo texto, en su totalidad, fue integrado al referido ordenamiento legal con motivo de las mencionadas reformas publicadas en el Diario Oficial de la Federación de catorce de enero de dos mil ocho), se desprende que la hipótesis de impugnación ante el Consejo General del Instituto Federal Electoral por parte de los afiliados de un partido político versa sobre la posibilidad de combatir el texto original de los estatutos que se presenten por primera vez para su aprobación y registro (supuesto no aplicable en la especie) o, en su caso, las modificaciones a los estatutos del partido, dentro de los catorce días naturales siguientes a la fecha en que se hubiesen presentado para su aprobación ante el referido Consejo General.7

7 Tal hipótesis de impugnación contra modificaciones o reformas a documentos básicos de un partido político se encuentra recogida en la tesis relevante XXVIII/2007, de rubro "DOCUMENTOS BASICOS DE LOS PARTIDOS POLITICOS. SUS MODIFICACIONES SOLO ADQUIEREN DEFINITIVIDAD CUANDO SE DECLARA SU PROCEDENCIA CONSTITUCIONAL Y LEGAL", consultable en Gaceta Jurisprudencia y Tesis en materia electoral. Organo de difusión de los criterios emitidos por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Año 1. Número 1. 2008. Páginas 73 y 74.

Sin embargo, los actores no limitan sus pretensiones a combatir las modificaciones a los Estatutos del Partido del Trabajo acordadas en el mencionado Séptimo Congreso Nacional Ordinario (de hecho, tales modificaciones menores no constituyen el objeto central de impugnación), en tanto que formulan agravios tendentes a controvertir diversas irregularidades ocurridas con motivo del citado congreso y, preponderantemente, a cuestionar la constitucionalidad de los estatutos del mencionado partido (que los enjuiciantes tildan de antidemocráticos) y su aplicación en el referido proceso interno de elección de integrantes de sus órganos de dirección nacional, lo cual escapa a la hipótesis de impugnación prevista en el precepto legal señalado.

En consecuencia, toda vez que los actos controvertidos no encuadran en la hipótesis impugnativa prevista en el citado artículo 47 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, es inconcuso que dicho precepto legal no aplica a los ahora enjuiciantes y, por tanto, éstos no estaban obligados a impugnar previamente ante el Instituto Federal Electoral, pues esa instancia administrativa no resultaba eficaz, apta ni idónea para resarcir a los promoventes, en caso de asistirles la razón, en el pleno uso y goce de los derechos presuntamente violados.

Al respecto se invocan, en lo conducente, los criterios establecidos en las tesis de jurisprudencia precisadas en párrafos anteriores.

No escapa que el veinte de noviembre de dos mil ocho esta Sala Superior resolvió desechar de plano las demandas relativas a los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano SUP-JDC-2867/2008 y SUP-JDC-2869/2008 acumulados, con base, precisamente, en que los actores no agotaron previamente la instancia prevista en el mencionado artículo 47, párrafo 2, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Sin embargo, lo resuelto en dichos medios de impugnación es totalmente congruente con las presentes consideraciones, al confirmar que el agotamiento de la mencionada instancia administrativa, ante el Instituto Federal Electoral, aplica cuando el acto de impugnación consiste en reformas o modificaciones a los documentos básicos (estatutos) de un partido político.

En la ejecutoria de mérito se consideró que si bien los actores señalaban formalmente como acto impugnado el acuerdo CG409/2008 de veintinueve de septiembre de dos mil ocho (por el cual el Consejo General del Instituto Federal Electoral declaró la procedencia constitucional y legal de las modificaciones a documentos básicos del Partido del Trabajo acordadas en su Séptimo Congreso Nacional Ordinario), lo cierto era que los argumentos de los impetrantes se dirigían a controvertir, en sí mismas, ni siquiera a través de actos de aplicación, dichas reformas a documentos básicos (estatutos), por lo que siendo el objeto de impugnación tales modificaciones, los actores debieron observar, en su oportunidad, la hipótesis de impugnación prevista en el multicitado precepto legal (artículo 47, párrafo 2, del código electoral federal).8

8 Si bien no fue la razón fundamental en que descansó el fallo, igual criterio se precisó en la ejecutoria dictada en el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano SUP-JDC-2627/2008, de catorce de agosto de dos mil ocho.

(Subrayado de la sentencia)

Lo que en la especie no ocurre, pues como se ha externado reiteradamente, los actores impugnan preponderantemente actos diversos a la modificación de documentos básicos (estatutos) del Partido del Trabajo.

Finalmente, no es óbice a lo anterior el hecho de que en el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano SUP-JDC-2639/2008 los actores dirijan sus planteamientos a cuestionar básicamente aspectos de legalidad derivados del posible incumplimiento de las normas estatutarias del partido político e irregularidades ocurridas en el desarrollo del mencionado congreso nacional y la elección de dirigentes nacionales, sin controvertir destacadamente la inconstitucionalidad de los Estatutos del Partido del Trabajo, lo cual, en principio, podría marcar una diferencia entre ambos asuntos y justificar un tratamiento distinto.

Sin embargo, como se mencionó en el considerando tercero de esta ejecutoria (relativo a la acumulación de los presentes medios de impugnación), en ambos casos existe identidad tanto de los actos reclamados como del órgano responsable, por lo cual, en la hipótesis de que se llegara a declarar la inconstitucionalidad de los Estatutos del Partido del Trabajo planteada en el expediente SUP-JDC-2638/2008, es inconcuso que lo resuelto sobre el particular tendría repercusión directa en el diverso juicio SUP-JDC-2639/2008, pues además de hacer innecesario el estudio de los aspectos planteados sobre legalidad, tal declaración llevaría como una de sus consecuencias dejar sin efectos el proceso de elección de dirigentes nacionales del citado partido político, impactando indiscutiblemente en ambos juicios.

Lo anterior, sin perjuicio del propósito de evitar el posible dictado de resoluciones contradictorias, el cual no se podría alcanzar con un tratamiento distinto de los presentes casos.

Por todo lo expuesto, en virtud de que no se advierte la actualización de causa de improcedencia alguna, procede realizar el estudio de fondo del asunto planteado.

SEXTO. Oportunidad de la resolución

Como se precisó en los puntos XIII, XIV y XV del apartado tercero de los resultandos de esta ejecutoria, es importante destacar que el diecinueve de marzo de dos mil nueve, esta Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación emitió acuerdo en el expediente bajo estudio, ordenando diferir la resolución del presente juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano una vez concluido el proceso electoral federal 2008-2009, relativo a la elección de diputados integrantes del Congreso de la Unión.

SEPTIMO. Estudio de fondo

Síntesis de agravios

En la lectura de los escritos de demanda de los presentes medios de impugnación y, consecuentemente, en la correspondiente identificación de agravios, esta Sala Superior invoca los criterios sostenidos en las tesis de jurisprudencia de rubros "AGRAVIOS. PARA TENERLOS POR DEBIDAMENTE CONFIGURADOS ES SUFICIENTE CON EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR" y "AGRAVIOS. PUEDEN ENCONTRARSE EN CUALQUIER PARTE DEL ESCRITO INICIAL"9, por lo cual, en este apartado se recogen todos los razonamientos o expresiones que con tal proyección o contenido aparecen en los respectivos escritos iniciales de demanda, con independencia de su ubicación en cierto capítulo o sección de los mismos, así como de su presentación, formulación o construcción lógica, pues basta que los actores expresen con claridad la causa de pedir, precisando la lesión o agravio que les ocasiona el acto o resolución impugnado y los motivos que originaron esa molestia, para que, con base en los preceptos jurídicos aplicables al asunto de mérito, la Sala Superior se ocupe de su estudio.

9 Tesis S3ELJ03/2000 y S3ELJ02/98, respectivamente, consultables en Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005. Compilación oficial. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Volumen Jurisprudencia, páginas 21 a 23.

Con base en lo anterior, del contenido integral de los respectivos ocursos de demanda de los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano que se resuelven, se advierte lo siguiente:

I. Agravios formulados por Leopoldo Vázquez y otros, en la demanda del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano SUP-JDC-2638/2008:

a. Los actores se duelen de la inconstitucionalidad de los Estatutos del Partido del Trabajo, en virtud de que, según los promoventes, dicha normativa partidaria no reúne los elementos mínimos necesarios para ser considerada democrática, solicitando de manera expresa a este órgano jurisdiccional federal que se determine y realice declaratoria sobre las normas y omisiones estatutarias que contravienen los principios constitucionales y legales, ordenando su modificación y adaptación al nuevo régimen constitucional electoral.

De manera concreta, los enjuiciantes aducen sobre el particular lo siguiente:

i) Como miembros del Partido del Trabajo, les agravia en sus derechos partidarios de asociación, afiliación, votar y ser votados, la carencia de normas precisas que garanticen el desarrollo interno de las actividades del partido en un marco de legalidad y seguridad jurídica, de tal manera que puedan participar como candidatos dentro del proceso de renovación de los órganos de dirección de dicho instituto político.

A decir de los actores, de la revisión integral de los Estatutos del Partido del Trabajo se desprende la falta evidente de mecanismos para que los militantes (incluidos los ocursantes) participen con certeza en los procesos de renovación de las instancias de dirección, por lo que tales omisiones estatutarias generan dudas e incertidumbre que impiden conocer con anticipación las reglas relativas a la elección de dirigentes en procesos que garanticen la democracia interna del partido político y, en consecuencia, se les niega la posibilidad de intervenir como candidatos a puestos internos de dirección, como ocurrió en el congreso nacional electivo de mérito.

Según los actores, el apartado estatutario del Partido del Trabajo atinente a las elecciones, sólo está diseñado para la selección de candidatos a cargos de representación popular, mas no para la elección de las instancias de dirección partidaria, lo cual propicia falta de reglas que promuevan la renovación periódica y progresiva de tales órganos de dirección, en defensa de intereses de dirigentes vitalicios.

Los enjuiciantes aducen que la normativa del Partido del Trabajo no prevé requisitos mínimos que garanticen procesos electorales internos democráticos y en plena libertad, donde prevalezca, lejos de la coacción, el libre albedrío de los afiliados en la toma de decisiones y en la definición y orientación de su voto.

A decir de los impetrantes, tal situación genera un clima antidemocrático en la vida interna del partido político, en contravención con lo ordenado en el artículo 32 (sic) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, relativo, entre otros aspectos, a que en los estatutos de los partidos políticos se deberán establecer los derechos de los miembros a participar en las asambleas y convenciones del partido y a poder ser integrante de sus órganos directivos, así como la previsión de procedimientos democráticos para la integración y renovación de los órganos directivos, funciones, facultades y obligaciones de los mismos, y las normas para la postulación democrática de sus candidatos.

ii) Los actores se duelen de la carencia de un órgano estatutario interno que regule, conduzca y garantice el desarrollo de los procesos electorales intrapartidarios con carácter democrático y apego a los principios rectores de la materia, en los que los enjuiciantes, como militantes del partido, tengan derecho a participar como candidatos.

Según los impetrantes, existe carencia de un árbitro electoral imparcial que garantice la constitucionalidad, legalidad e independencia de los procesos electorales internos y sus resultados, con objetividad y certeza, lo cual afecta sus aspiraciones como militantes afiliados de conformar las instancias internas de dirección del partido político.

iii) En otro aspecto, los actores se duelen de los vacíos normativos que permiten la elegibilidad y constante reelección de la dirigencia nacional del Partido del Trabajo, lo cual impide, según los ocursantes, la renovación periódica de sus instancias de dirección, en contravención con el proceso democratizador nacional.

A decir de los promoventes, los partidos políticos, como entidades de interés público, deben estar sujetos al marco constitucional de la Nación, donde prevalece el principio de sufragio efectivo y no reelección.

Por tanto, los actores aducen que les causa agravio el vacío normativo que propicia la continua reelección de determinadas personas en los puestos de dirección del citado instituto político, reduciendo las oportunidades y espacios de participación en el uso y ejercicio de sus derechos de asociación, de votar, de ser votados y de ocupar cargos en el partido político en que militan.

Sobre el particular, los actores impugnan la existencia del "voto por aclamación", previsto en el artículo 29, inciso f), de los Estatutos del Partido del Trabajo, al que califican de antidemocrático, inconstitucional e ilegal, pues además de no ser cuantificable y propiciar la manipulación, imposición y coerción, se aleja del acto consciente, personal y secreto de emisión del voto.

Según los actores, tal precepto estatutario se aleja de las características constitucional y legalmente establecidas respecto del sufragio, consistentes en que éste sea universal, libre, secreto, directo, personal e intransferible.

iv) Los actores aducen omisión normativa en materia de medios de defensa intrapartidarios, toda vez que, según los impetrantes, existe falta de regulación y control de tipo jurisdiccional de los asuntos internos, así como de los plazos y términos para resolver y las características de las resoluciones, de tal manera que sean aptas y oportunas para defender sus derechos, aunado a que al establecer de manera inmediata la toma de posesión, no existe una etapa de calificación de las elecciones en la que se funde y motive la procedencia constitucional y legal de las mismas, privando al ciudadano afiliado del derecho a inconformarse sobre la conducción o el resultado del proceso electoral.

En tal sentido, los impetrantes manifiestan que tal omisión normativa vulnera su derecho de acceso a una justicia pronta y expedita, con reglas y fines claros que bajo el principio de legalidad garanticen la conducción democrática de los procesos electorales internos del partido político.

Los actores sostienen que en los estatutos del Partido del Trabajo se establecen procedimientos donde no se señalan los efectos de las resoluciones, con la intromisión de instancias de control político en la solución de conflictos electorales de carácter jurisdiccional.

v) Los actores manifiestan que en el Partido del Trabajo, en un intento del grupo vitalicio tendente a promover su reelección ante vacíos normativos, no se han adaptado sus estatutos a las nuevas disposiciones constitucionales en materia electoral.

A la luz del criterio establecido en la tesis de jurisprudencia de rubro "ESTATUTOS DE LOS PARTIDOS POLITICOS. ELEMENTOS MINIMOS PARA CONSIDERARLOS DEMOCRATICOS", los enjuiciantes aducen que: la normativa del Partido del Trabajo incumple con el principio de igualdad, para que cada ciudadano participe con igual peso respecto de otro; no existe protección de los derechos fundamentales de los afiliados garantes del mayor grado de participación posible, como son el voto activo y pasivo en condiciones de igualdad; no existen procedimientos de elección donde se garanticen la igualdad en el derecho a elegir dirigentes y candidatos, así como la posibilidad de ser elegidos como tales, que puedan realizarse mediante el voto directo de los afiliados, o indirecto, pudiendo ser secreto o abierto, siempre que el procedimiento garantice el valor de la libertad en la emisión del sufragio; asimismo, la ausencia de mecanismos de control de poder, como la posibilidad de revocar el mandato de los dirigentes del partido, prever las causas de incompatibilidad entre los distintos cargos dentro del partido o públicos y el establecimiento de periodos cortos de mandato.

En consecuencia, los ocursantes piden ordenar al Partido del Trabajo que modifique y adapte sus estatutos a lo preceptuado en la normativa constitucional.

b. Los actores manifiestan que la falta de reglas precisas y de organismos encargados de conducir democráticamente los procesos electorales internos del mencionado partido político, les impidió ser registrados como candidatos en el multicitado congreso nacional electivo y, en su caso, tener la oportunidad de formar parte de las instancias estatutarias de dirección, vulnerando sus derechos de asociación, votar y ser votados.

Por tanto, con el fin de ser restituidos en sus derechos, los enjuiciantes solicitan la revocación de los acuerdos y resolutivos tomados en dicho congreso electivo y la nueva realización de este último.

c. Según los actores, en la realización del Séptimo Congreso Nacional Ordinario del Partido del Trabajo se vulneraron los principios de legalidad y seguridad jurídica al inobservarse los requisitos y formalidades garantes de su debida instalación y de la existencia de quórum legal para sesionar.

Lo anterior, según los enjuiciantes, porque no obstante que sólo los delegados y congresistas podían tomar las decisiones fundamentales del partido político, en el referido congreso se permitió la entrada y el voto a personas ajenas al partido político, o que, en todo caso, carecían de tal derecho estatutario, habiéndose creado indebidamente la figura del "delegado fraterno", a grado tal que se utilizaron dos gafetes distintos de acreditación.

Asimismo, ante el incumplimiento del quórum legal para sesionar, los actores impugnan la escasa representatividad del evento, en el cual, desde su perspectiva, se violentó el proceso de toma de decisiones con una minoría electiva que resultaba incapaz de decidir por todos los demás afiliados, en contravención a su derecho de asociación político-electoral.

d. Los actores se duelen de la contravención a las características constitucionales del voto y la ausencia de condiciones de libertad para sufragar durante el Séptimo Congreso Nacional Ordinario del Partido del Trabajo, toda vez que, según los impetrantes, se alteró la conformación del cuerpo electoral, no se contó con una autoridad electoral imparcial e independiente, no se abrió el registro de candidaturas y, además, los integrantes de la Comisión Coordinadora Nacional que se han reelecto para configurar una dirigencia vitalicia, se encontraban en el presidium revisando y supervisando el sentido del voto de delegaciones y asistentes en la toma de decisiones y en la elección de candidatos a través del voto abierto.

Según los enjuiciantes, el mencionado voto abierto sólo podría ser aceptado bajo condiciones que garantizaran un clima de libertad para sufragar, que en la especie no existió, pues en la realización del indicado congreso nacional el proceso electivo estuvo sujeto a presiones y coacción.

Por tanto, los actores sostienen que a efecto de conocer la verdadera intención de la militancia, se debió aplicar el voto universal, libre, secreto, directo, personal e intransferible, garantizando con ello la renovación periódica de las dirigencias.

e. Los enjuciantes aducen que les causa agravio la modificación de sus normas electorales internas una vez iniciado el proceso de mérito y la aplicación de las mismas sin sustento jurídico, sin haber dado inicio su vigencia y sin existir la previa declaración de procedencia constitucional y legal por parte de la autoridad administrativa electoral.

A decir de los actores, la modificación de sus documentos básicos bajo esas condiciones trastocó la legalidad, generando incertidumbre y vulnerando los principios rectores de la materia electoral, además de afectar el sistema democrático.

Los impetrantes sostienen que no existe igualdad al interior del Partido del Trabajo, pues las modificaciones estatutarias consistentes en ampliar el número de escaños (sic) en la Comisión Coordinadora Nacional y la Comisión Ejecutiva Nacional, sirvieron para integrar a quienes, con derechos especiales, aparecieron en la lista presentada por la Mesa Directiva del Congreso, como fue el caso de la Presidenta de tal mesa, quien resultó electa integrante del máximo órgano de dirección ejecutiva de dicho partido político.

II. Agravios formulados por Heriberto Bernal Alvarado y otros, en la demanda del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano SUP-JDC-2639/2008:

a. Los actores manifiestan que es ilegal el Séptimo Congreso Nacional Ordinario del Partido del Trabajo y nulos de pleno derecho su celebración y los acuerdos tomados en el mismo, al haberse vulnerado tanto la garantía de legalidad como el derecho de asociación de los impetrantes.

Según los enjuiciantes, contraviniendo lo establecido en el artículo 26 de los Estatutos del Partido del Trabajo, la convocatoria al mencionado congreso nacional no fue aprobada, por lo menos, por el 66% (sesenta y seis por ciento) de los miembros de la Comisión Ejecutiva Nacional, pues en la sesión de siete de mayo de dos mil ocho en la que se emitió tal convocatoria, aún en el supuesto de considerar que todos los presentes votaron afirmativamente, sólo acudieron 61 (sesenta y un) miembros de dicha comisión y no los 63 (sesenta y tres) que se necesitaban para integrar el porcentaje mínimo de aprobación antes indicado.

Los actores aducen que se incumplió con los principios de legalidad, objetividad y certeza jurídica que permitieran competir, con apego a los mismos, a los cargos de dirección nacional partidista, y obtener con ello órganos legítimos de dirección.

Los promoventes agregan que la citada Comisión Ejecutiva Nacional tampoco cumplió con lo ordenado en el citado artículo 26 de los Estatutos vigentes del Partido del Trabajo, consistente en haber difundido la convocatoria al Séptimo Congreso Nacional Ordinario en forma amplia a todas las instancias estatales cuando menos con dos meses de anticipación, pues en el caso del Estado de Aguascalientes, contrariamente a lo resuelto por instancias nacionales en un diverso recurso de queja intrapartidario, dicha convocatoria no fue remitida a la Comisión Ejecutiva Estatal, dejando a ésta en indefensión.

Según los ocursantes, las irregularidades en la aprobación, expedición y publicitación de la convocatoria al citado congreso nacional no pueden ser convalidadas porque carecen de sustento estatutario y jurídico, debiéndose ordenar que las instancias estatales del Partido del Trabajo convoquen a un Consejo Político Nacional que elija un órgano de dirección nacional provisional, en tanto se realizan los preparativos para la celebración legal del correspondiente Séptimo Congreso Nacional Ordinario.

b. Los actores sostienen que en la mesa de acreditación y registro al Séptimo Congreso Nacional Ordinario el Partido del Trabajo no se registró ni acreditó como delegados a dicho evento a Oscar Guillermo Montoya Contreras, Heriberto Bernal Alvarado, Luis Raymundo Gutiérrez Peralta, Ma. Teresa de Jesús Rodríguez Espinoza, Antonio Gallardo Góngora, José Enrique López Segura, Carlos Armando Armas, Perla Ivonne García Sánchez, Ma. de Lourdes Puentes González y José Luis Montoya Contreras, no obstante que, de conformidad con la base segunda de la Convocatoria que se califica de ilegal, fueron electos para tal fin como delegados con voz y voto en el Congreso Estatal Ordinario en Aguascalientes, celebrado el veinte de julio de dos mil ocho.

Con ello, los actores aducen que sin motivación ni fundamentación se violentó su derecho de asociación, a efecto de participar en la discusión, proposición y votación de los acuerdos tomados en el referido congreso, así como de contender a un cargo de dirección partidaria, transgrediendo en su perjuicio lo establecido en los artículos 14, 16 y 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 15, incisos a) y c), de sus Estatutos, pues, entre otros aspectos, ni siquiera se les dio oportunidad de acreditar la legalidad de sus nombramientos como delegados.

c. Los actores manifiestan que no existió un mecanismo o procedimiento previo democrático para la elección de los órganos de dirección nacionales del referido partido político, en virtud de que no existió una convocatoria previa, con bases y requisitos para acceder a ocupar tales cargos de dirección, existiendo únicamente la propuesta de la saliente Comisión Ejecutiva Nacional que se sometió inmediatamente a votación de los congresistas presentes, sin que se diera oportunidad de objetar tal propuesta y sin que se abriera un proceso de registro de candidatos.

Según los actores, no existió un real proceso democrático, pues no es posible que quienes realizan la propuesta de integración a dicha comisión sean a su vez los candidatos a ocupar la nueva dirección nacional, volviendo la Comisión Ejecutiva Nacional al Congreso Nacional en un órgano dictatorial y de simulación, haciendo nugatoria la rotación de los militantes en los cargos de dirección nacional y transgrediendo sus derechos partidarios para acceder a tales cargos.

Asimismo, los enjuiciantes se duelen de que no existió autonomía, independencia, legalidad e imparcialidad en el órgano encargado de la selección de los candidatos a ocupar los cargos nacionales de responsabilidad partidista, toda vez que los presidentes de debates, secretarios de actas y escrutadores, fueron miembros integrantes de la Comisión Ejecutiva Nacional saliente, los cuales quedaron electos para integrar la propia comisión, por lo que fueron juez y parte en el referido proceso de selección de dirigentes.

Los actores manifiestan que se debe anular el proceso de selección de los órganos de dirección nacional del Partido del Trabajo por no haberse garantizado que fuera democrático, equitativo e imparcial, pues ha sido criterio del Tribunal Electoral que los órganos electorales deben gozar de autonomía, independencia, legalidad e imparcialidad en sus decisiones, y que los mismos no pueden ser integrados por personas que tienen interés directo en participar como candidatos a los cargos de responsabilidad partidista, ya que, en todo caso, debieron renunciar con anticipación o no haber aceptado el cargo.

d. A decir de los enjuiciantes, en el citado congreso nacional se violaron los artículos 14, 16, 35 y 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al haberse aprobado la reelección de los integrantes de la Comisión Ejecutiva Nacional y de la Coordinadora Nacional, pues la mayoría de sus integrantes han sido electos para ocupar dichos órganos nacionales durante cada uno de los Congresos Nacionales Ordinarios realizados por el Partido del Trabajo (primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto congresos nacionales).

Según los actores, existen personas integrantes de dichos órganos de dirección nacional que tienen 18, 15, 12, 9 y 6 (sic) años ocupando continuamente los cargos de dirección nacional del Partido del Trabajo, como es el caso, a decir de los ocursantes, de Alberto Anaya Gutiérrez, Rubén Aguilar Jiménez, Alejandro González Yáñez, Ricardo Cantú Garza y José Narro Céspedes, así como María Guadalupe Rodríguez Martínez y Jaime Moreno Berry, motivo por el cual, agregan los actores, pareciera ser un partido familiar.

En consecuencia, los actores sostienen que en vez de procesos de renovación democráticos únicamente se trata de actos de simulación, en contravención con los criterios establecidos por el Tribunal Electoral sobre la necesidad de que los estatutos de los partidos políticos deben garantizar períodos cortos de mandato y la rotación de la militancia en los cargos de dirección partidista.

Los enjuiciantes aducen que, de conformidad con lo previsto en el artículo 10, inciso g), de los Estatutos del Partido del Trabajo, deberá haber rotación de militantes en los cargos de responsabilidad, sin que sea obstáculo para ello ni justificación para perpetuarse en el cargo, que en tal precepto se recomiende que dicha rotación nunca sea del cien por ciento, a efecto de aprovechar la experiencia y continuación de los trabajos de dirección.

Además, los actores esgrimen que es ilegal que se hayan aprobado como miembros de la Comisión Ejecutiva Nacional y de la Coordinadora Nacional a personas inelegibles para ocupar dichos cargos de representación partidista, como son los casos, según los enjuiciantes, de Alberto Anaya Gutiérrez y Alejandro González Yáñez, quienes son Senadores de la República; Ricardo Cantú Garza, Jaime Cervantes Rivera, Abundio Peregrino García, Anuario Luis Herrera Solís, Joaquín Humberto Vela González, Ma. Mercedes Maciel Ortiz, Pablo Leopoldo Arriola Ortega, Rodolfo Solís Parga, Rosa Elia Romero Guzmán, Rubén Aguilar Jiménez y Silvano Garay Ulloa, así como de diversos diputados locales y presidentes municipales, como es el caso de Oscar González Yáñez, quien es presidente municipal de Metepec, Estado de México.

Lo anterior, según los actores, pues si bien en sus estatutos no se contempla tal situación, se debe tener presente que los partidos políticos son entidades de interés público sujetos a las normas constitucionales y legales aplicables, y que ha sido criterio del Tribunal Electoral que son incompatibles los cargos de responsabilidad partidista con los de elección popular, y que, en todo caso, quien se encuentre en dicho supuesto legal debe optar por uno de los dos cargos, pero nunca ostentar ambos a la vez, por lo cual se debe dejar sin efecto la elección de los miembros de la citada dirigencia nacional de ese instituto político.

e. Por otra parte, los actores señalan que en el citado Séptimo Congreso Nacional Ordinario del Partido del Trabajo se transgredió lo previsto en los artículos 14, 16, 35 y 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el artículo 47, párrafo 2, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, al haberse conformado ilegalmente la Comisión Coordinadora Nacional con base en las reformas estatutarias realizadas en el propio congreso y elegir indebidamente a nueve integrantes de la misma, cuando en los estatutos hasta entonces vigentes se establecía que tal comisión se integraba por seis miembros.

Los actores señalan que la integración de la Comisión Coordinadora Nacional se hizo con base en las reformas estatutarias que aún no habían sido declaradas constitucionales por la autoridad competente y mucho menos habían quedado firmes, lo cual demuestra, según los impetrantes, el desaseo e ilegal procedimiento de los acuerdos tomados en el citado congreso nacional, y que, por tanto, deben ser revocados en todos y cada uno de sus términos.

También aducen que se violó en su perjuicio lo previsto en los artículos 13 y 15, incisos c) y k), de los Estatutos vigentes del Partido del Trabajo, al haberse leído la propuesta de integración presentada por la Comisión Ejecutiva Nacional sin permitir intervención de los congresistas y, en especial, de los ocursantes, pues sin fundamento ni motivación alguna, no se dio libertad para hacer propuestas o emitir opiniones, críticas o autocríticas en la designación de los integrantes de los órganos de dirección nacional, por lo que, agregan los ocursantes, una vez declarado nulo el Séptimo Congreso Nacional impugnado, se les debe restablecer en sus derechos constitucionales y estatutarios, a través de la celebración de una próxima elección de dirigentes nacionales.

Análisis de agravios

Para efectos del presente apartado, resultan aplicables, tanto lo ordenado en el artículo 23, párrafo 1, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, en el sentido de que, en los medios de impugnación como los presentes, el tribunal electoral deberá suplir las deficiencias u omisiones en los agravios, cuando los mismos puedan ser deducidos claramente de los hechos expuestos, como el criterio sostenido en la tesis de jurisprudencia de rubro "MEDIOS DE IMPUGNACION EN MATERIA ELECTORAL. EL RESOLUTOR DEBE INTERPRETAR EL OCURSO QUE LOS CONTENGA PARA DETERMINAR LA VERDADERA INTENCION DEL ACTOR"10.

10 Tesis S3ELJ04/99, publicada en Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005. Compilación oficial. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Volumen Jurisprudencia, páginas 182 y 183.

Como se precisó al contestar las causas de improcedencia invocadas y según se corrobora en la precedente síntesis de agravios, los actores en los presentes medios de impugnación (en forma relevante y específica, los promoventes del juicio ciudadano SUP-JDC-2638/2008) no limitan sus conceptos de violación a combatir presuntas irregularidades ocurridas en el proceso interno de elección de dirigentes nacionales ni las modificaciones a documentos básicos del Partido del Trabajo, en tanto que también formulan agravios tendentes a controvertir la inconstitucionalidad, por antidemocráticos, de los Estatutos de dicho instituto político, que dieron sustento normativo a la celebración de su Séptimo Congreso Nacional Ordinario y a los actos ocurridos con motivo del mismo, como la referida elección de integrantes de sus órganos de dirección nacional y el acuerdo de modificaciones a sus documentos básicos.

En consecuencia, toda vez que los actores aducen cuestiones de inconstitucionalidad respecto de los estatutos que sirvieron de fundamento al impugnado Séptimo Congreso Nacional Ordinario del Partido del Trabajo y a los actos derivados del mismo, es inconcuso que atendiendo a la prelación lógica de tales planteamientos respecto de los demás motivos de queja, por razón de método, se deberán analizar en primer término dichos conceptos de violación.11

11 Sobre tal criterio metodológico para efectuar el examen de los agravios planteados, ver las tesis I.3°.C.61K y I.3°.C.60K; números de registro 183,947 y 183,948 aisladas: "AMPARO DIRECTO CONTRA LEYES. ORDEN DEL ESTUDIO DE LOS ASPECTOS CONSTITUCIONALES Y LEGALES" y "AMPARO DIRECTO CONTRA LEYES. EL EXAMEN DE SU INCONSTITUCIONALIDAD NO SIEMPRE DEBE SER PREVIO AL DE LAS CUESTIONES DE LEGALIDAD, SINO QUE DEBE ESTAR DETERMINADO POR LA TRASCENDENCIA QUE LA NORMA GENERAL TENGA EN EL SENTIDO DEL FALLO RECLAMADO Y SU RELACION CON LOS ASPECTOS PRINCIPALES O ACCESORIOS DEL JUICIO NATURAL". Novena Epoca. Tribunales Colegiados de Circuito. Semanario Judicial de la Federación. Tomo: XVIII, páginas 1006 y 1009. Julio 2003.

No es óbice a lo anterior, el hecho de que en el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano SUP-JDC-2639/2008 los actores hubiesen dirigido sus agravios a cuestionar preponderantemente aspectos de legalidad relacionados con el incumplimiento de las normas estatutarias del partido político e irregularidades ocurridas en el desarrollo del mencionado congreso nacional y la elección de dirigentes nacionales, sin controvertir destacadamente la inconstitucionalidad de los Estatutos del Partido del Trabajo, pues como se razonó en el considerando segundo del presente fallo (acumulación), al existir en ambos casos identidad de los actos reclamados y del órgano responsable, en la hipótesis de que se llegara a declarar la inconstitucionalidad de los Estatutos del Partido del Trabajo planteada en el expediente SUP-JDC-2638/2008, es evidente que lo resuelto al respecto tendría repercusión directa en el diverso juicio SUP-JDC-2639/2008, pues además de hacer innecesario el estudio de los aspectos planteados sobre legalidad, tal declaración tendría como una de sus consecuencias dejar sin efectos el proceso de elección de dirigentes nacionales del citado partido político, lo cual impactaría en ambos juicios.

Asimismo, tal determinación sobre la metodología para el análisis de los agravios planteados, es compatible con la acumulación decretada en el citado considerando segundo de esta sentencia, sin que ello implique, en modo alguno, configurar la denominada adquisición procesal de pretensiones.12

12 Véase la tesis de jurisprudencia S3ELJ02/2004, de rubro "ACUMULACION. NO CONFIGURA LA ADQUISICION PROCESAL DE LAS PRETENSIONES", consultable en Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005. Compilación oficial. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Volumen Jurisprudencia, páginas 20 y 21.

Análisis de agravios sobre inconstitucionalidad de Estatutos

Los puntos centrales que se controvierten al respecto son los siguientes:13

13 Los conceptos de violación formulados sobre la inconstitucionalidad de los Estatutos del Partido del Trabajo fueron abreviados en el subapartado precedente -"Síntesis de agravios"- del presente considerando séptimo, bajo la letra "a." del subtítulo "I. Agravios formulados por Leopoldo Vázquez y otros, en la demanda del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano SUP-JDC-2638/2008", por lo que en esta ocasión, a efecto de evitar su reiteración, únicamente se enlistan los aspectos medulares sobre los que versa cada uno de ellos.

i) Deficiencias normativas que no garantizan el desarrollo democrático de los procesos internos de renovación de los órganos de dirección de dicho instituto político en condiciones de legalidad, igualdad, libertad, transparencia y seguridad jurídica;

ii) Imprevisión de un órgano estatutario interno que regule, conduzca y garantice el desarrollo de los procesos de elección de dirigentes con carácter democrático y apego a los principios rectores de la materia, en los que los militantes tengan derecho a participar como candidatos;

iii) Insuficiente regulación que permite la elegibilidad y constante reelección de la dirigencia nacional del partido, lo cual impide la renovación periódica de sus instancias de dirección en contravención con el proceso democratizador nacional, asimismo, la existencia del voto por aclamación de carácter antidemocrático, inconstitucional e ilegal, y la incompatibilidad entre cargos de dirección partidista y puestos públicos de elección popular;

iv) Deficiente regulación en materia de medios de defensa intrapartidarios, con la intromisión de instancias de control político en la solución de conflictos electorales de carácter jurisdiccional, y

v) No adaptación de los estatutos partidarios a la luz del criterio establecido en la tesis de jurisprudencia de rubro "ESTATUTOS DE LOS PARTIDOS POLITICOS. ELEMENTOS MINIMOS PARA CONSIDERARLOS DEMOCRATICOS".

En consecuencia, los ocursantes piden ordenar al Partido del Trabajo que modifique y adapte sus estatutos a lo preceptuado en la normativa constitucional.

Esta Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación considera sustancialmente fundados los agravios precisados, con base en las razones y puntos de derecho que se exponen a continuación.

Los actores formulan sus agravios sobre la inconstitucionalidad de los Estatutos del Partido del Trabajo aduciendo omisiones o vacíos normativos respecto de dos aspectos centrales, la elección de dirigentes y la impartición de justicia intrapartidaria.

Lo anterior, según los enjuiciantes, porque no obstante las reformas constitucionales y legales ocurridas en el ámbito democrático-electoral, en dicha normativa partidista no se han desarrollado mecanismos que permitan a los militantes participar con certidumbre en la elección de dirigentes; no se ha previsto la existencia de un órgano interno que conduzca dichos procesos electivos con imparcialidad, objetividad y certeza; no se han fijado causas de inelegibilidad para ser dirigente, no se han suprimido figuras antidemocráticas como el "voto por aclamación" ni se han establecido límites a la reelección; asimismo, aducen los actores, no se ha desarrollado la debida regulación de los medios de defensa intrapartidaria ni se prevén mecanismos garantes de los elementos mínimos para considerar que dichos Estatutos son democráticos.

Es importante destacar al respecto que así como el marco jurídico electoral ha evolucionado en el Estado mexicano (constitucional, democrático y de derecho), también la normativa interna de los partidos políticos debe ajustarse a los cambios ocurridos en ese ámbito jurídico en que se encuentra inserta, por lo que la revisión continua de los documentos básicos de los institutos políticos a la luz de la Constitución y de la ley, no solo constituye un deber permanente y necesario de actualización que los partidos políticos están obligados a realizar en pleno ejercicio de su libertad de decisión política y derecho a la autoorganización, sino la oportunidad de fortalecer y consolidar tanto su vida democrática interna como los propios principios rectores de la materia electoral (legalidad, certeza, independencia, imparcialidad, igualdad y objetividad), a través de estatutos vanguardistas acordes con la Constitución, con la ley y con los criterios aportados a través de las resoluciones jurisdiccionales.

Por tanto, en el caso, esta Sala Superior analizará los agravios formulados por los actores respecto de las indicadas deficiencias normativas de los Estatutos del Partido del Trabajo, a efecto de dilucidar si en los mismos se regulan eficazmente los elementos que, como mínimo, se han establecido constitucional y legalmente para poder ser considerados democráticos.

A efecto de llevar a cabo el estudio de los referidos conceptos de violación, es pertinente tener presentes:

A) El texto de los Estatutos del Partido del Trabajo, y

B) Los actos concretos donde, con motivo de la celebración del indicado Séptimo Congreso Nacional Ordinario, tuvieron aplicación diversos preceptos de los referidos estatutos (convocatoria, acuerdos y elecciones de dirigentes nacionales).

Sobre el particular [específicamente, respecto al texto mencionado bajo el inciso A) anterior], este órgano jurisdiccional federal estima relevante acentuar de manera expresa y destacada que, no obstante que en el citado Séptimo Congreso Nacional Ordinario del Partido del Trabajo se aprobaron ciertas modificaciones a sus documentos básicos (incluídos sus estatutos), las insuficiencias normativas que aquí esgrimen los actores para sustentar el carácter antidemocrático e inconstitucional de dicho ordenamiento interno permanecen incólumes, pues no fueron objeto de cambio ni fueron subsanadas en los acuerdos tomados durante el aludido congreso.

Por tanto, no importa para efectos del presente estudio que en el referido Séptimo Congreso se hubiesen aprobado determinadas reformas estatutarias, pues las modificaciones acordadas en esa asamblea no afectan, influyen ni trascienden a la litis planteada en el presente asunto, consistente, según se ha señalado, en la presunta inconstitucionalidad de los estatutos del citado partido político en los aspectos ya identificados.

Precisado lo anterior, se transcribe a continuación, en lo atinente, el contenido del referido ordenamiento interno:14

14 Los Estatutos que se transcriben son los vigentes hasta antes de la emisión de la RESOLUCION DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL SOBRE LA PROCEDENCIA CONSTITUCIONAL Y LEGAL DE LAS MODIFICACIONES A LOS DOCUMENTOS BASICOS DEL PARTIDO DEL TRABAJO, de veintinueve de septiembre de dos mil ocho, identificada con el número CG409/2008, por la cual, la mencionada autoridad administrativa electoral federal aprobó las modificaciones a la Declaración de Principios, Programa de Acción y Estatutos del Partido del Trabajo, acordadas en el Séptimo Congreso Nacional Ordinario del propio partido político. Son esos los Estatutos bajo estudio (y no los modificados), porque son los que se tildan de inconstitucionales por parte de los actores y, además, son los que en su oportunidad sirvieron de fundamento al indicado congreso nacional y sus acuerdos (incluida la elección de dirigentes nacionales). Sin embargo, con independencia de lo anterior, cabe destacar que en la parte conducente que se transcribe, dichos Estatutos no sufrieron modificación sustancial alguna y, por tanto, no se afectan los aspectos centrales planteados en la litis. Las modificaciones aprobadas por el Instituto Federal Electoral en el citado acuerdo CG409/2008 son en su mayoría de redacción; otras, en síntesis, consisten en lo siguiente: a) Se eleva el número de integrantes de la Comisión Coordinadora Nacional, de seis a nueve miembros; b) Se aumenta la periodicidad para que tengan verificativo las reuniones ordinarias del Consejo Político Nacional, de cuatro a seis meses; c) Se disminuyen los días de anticipación para convocar a las sesiones ordinarias del Consejo Político Nacional, de siete a cinco días naturales; d) Se disminuye el quórum para las sesiones del Consejo Político Nacional, de 66% a 50% más uno; e) Se concede garantía de audiencia; f) Se fija plazo de cuatro días naturales para promover queja; g) Se reduce el plazo para que la comisión de garantías emita su dictamen, de sesenta a treinta días naturales; h) En los casos de conflictos de candidaturas, se establece que resolverá la Comisión Ejecutiva Nacional antes de que terminen los plazos legales de registro o sustitución; i) Se prevé la notificación de resoluciones, y j) Se precisan casos de designación de comisionados políticos nacionales y sus tareas.

PARTIDO DEL TRABAJO

ESTATUTOS

CAPITULO II

DEL CARACTER DEL PARTIDO DEL TRABAJO

Artículo 5.- El Partido del Trabajo es un Partido Político Nacional del pueblo y para el pueblo. Es democrático, popular, independiente y antiimperialista. Lucha por una sociedad autogestionaria, justa, socialista, ecológicamente sustentable, con igualdad social de condiciones y oportunidades, en un ambiente de libertades.

CAPITULO III

PRINCIPIOS ORGANIZATIVOS Y DE FUNCIONAMIENTO

Artículo 10.- El Partido del Trabajo norma su funcionamiento a través de los siguientes principios:

a) Nuestro modelo de funcionamiento es la democracia centralizada, por esto entendemos la aplicación de la línea de masas en materia de funcionamiento partidario y que implica la combinación equilibrada de la democracia directa y la democracia representativa.

Por democracia centralizada también entendemos las tareas por parte de la dirección de centralizar la democracia es decir, las discusiones, críticas, planteamientos, propuestas, e iniciativas de los militantes y de las distintas instancias organizativas del Partido. Este funcionamiento permite la socialización de las decisiones, de la información, de las experiencias, los conocimientos y las tareas.

Los órganos de dirección retoman los acuerdos y adoptando las medidas necesarias, para que se instrumenten en forma ejecutiva y eficiente.

Esta forma de funcionamiento, nos permite superar la verticalidad autoritaria y burocrática que caracteriza a otras organizaciones.

b) EI funcionamiento de la Dirección será colegiado, combinará la dirección colectiva con la responsabilidad personal.

c) Las decisiones de trascendencia se tomarán por consenso y si no es posible, se tomarán por mayoría calificada de 66% de los votos de los individuos presentes. Las decisiones secundarias y operativas se tomarán por mayoría simple. Se respetará a las minorías porque la historia demuestra que ellas pueden tener la razón.

g) Habrá rotación de militantes en los cargos de responsabilidad, recomendándose nunca hacerlo al 100%, para aprovechar la experiencia y dar continuidad a los trabajos de dirección.

h) Todos los integrantes de los órganos de dirección son responsables ante los miembros del Partido del Trabajo y la sociedad, de cumplir y hacer cumplir los Documentos Básicos, las políticas, acuerdos y resoluciones del Partido. Los miembros de los órganos de dirección podrán ser removidos y sustituidos en cualquier momento por causa justificada, por la instancia que corresponda, conforme a los procedimientos señalados en los Estatutos.

Artículo 12.- La integración y la participación en las instancias del Partido del Trabajo será democrática y equitativa conforme al nivel de desarrollo, el peso específico, la representación política, electoral y social que tengan las Estatales, las Distritales, las Municipales, las Delegacionales o las Comunitarias y las corrientes de opinión del Partido del Trabajo.

CAPITULO IV

DE LOS MILITANTES, AFILIADOS Y SIMPATIZANTES

DE LOS MILITANTES

Artículo 14.- Son militantes del Partido del Trabajo, los mexicanos, mujeres y hombres, que acepten y suscriban los Documentos Básicos y sus políticas específicas. Deberán participar activa y permanentemente en una instancia del Partido del Trabajo y en una organización social y sus luchas. Deberán aplicar las líneas políticas del Partido, actuar con honestidad y disciplina y pugnar por conservar su unidad. Por tratarse de un Instituto Político Nacional, en el cual sus militantes, afiliados y simpatizantes participan en forma personal y voluntaria, además que el ejercicio de sus actividades políticas se encuentran consideradas en el Artículo 35 Constitucional, como prerrogativas de los ciudadanos; en consecuencia, en ningún momento la militancia de los mismos en el Partido del Trabajo, generará derechos laborales.

Artículo 15.- Son derechos de los militantes del Partido del Trabajo:

a) Votar y ser votados para los órganos de dirección del Partido en todos los niveles y para todas las Comisiones que integran su estructura orgánica, cuando cumplan los requisitos estatutarios para ello.

c) Discutir, proponer y votar libremente en torno a las líneas generales del trabajo de masas, ideológico, teórico, político y organizativo del partido, en las instancias respectivas.

CAPITULO VI

DE LAS INSTANCIAS DE DIRECCION Y OTROS ORGANOS DEL PARTIDO

Artículo 23.- Las instancias de dirección del Partido del Trabajo son:

l.- Nacionales:

a) Congreso Nacional.

b) Consejo Político Nacional.

c) Comisión Ejecutiva Nacional.

d) Comisión Coordinadora Nacional.

e) Comisionado Político Nacional.

Otros órganos Nacionales:

b) Comisión Nacional de Garantías, Justicia y Controversias.

II.- Organos de dirección Estatal:

a) Congreso Estatal o del Distrito Federal.

b) Consejo Político Estatal o del Distrito Federal.

c) Comisión Ejecutiva Estatal o del Distrito Federal.

d) Comisión Coordinadora Estatal o del Distrito Federal.

e) Comisionado Político Nacional, en su caso.

Otros órganos de dirección Estatal o del Distrito Federal:

b) Comisión de Garantías, Justicia y Controversias. Estatal o del Distrito Federal.

III.- Órganos de dirección Municipal y Delegacional:

a) Congreso Municipal o Delegacional.

b) Consejo Político Municipal o Delegacional.

c) Comisión Ejecutiva Municipal o Delegacional.

d) Comisión Coordinadora Municipal o Delegacional.

e) Organismos del Partido del Trabajo en las comunidades y en las organizaciones sociales.

f) Comisionados Políticos Nacionales, en su caso.

Donde se requiera se establecerán órganos de dirección e instancias Distritales.

CAPITULO VII

DEL CONGRESO NACIONAL

Artículo 24.- El Congreso Nacional es el órgano máximo de dirección y decisión del Partido del Trabajo. Sus acuerdos y resoluciones serán obligatorios para todas sus instancias de dirección, militantes y afiliados.

Artículo 25.- El Congreso Nacional se integra por:

a) La Comisión Ejecutiva Nacional, La Comisión Coordinadora Nacional, La Comisión Nacional De Contraloría y Fiscalización y La Comisión Nacional de Garantías, Justicia y Controversias.

b) Legisladores Federales del Partido del Trabajo acreditados conforme a la convocatoria respectiva.

c) Legisladores Locales del Partido del Trabajo acreditados conforme a la convocatoria respectiva.

d) Comisionados Políticos Nacionales.

e) Presidentes Municipales del Partido del Trabajo, acreditados conforme a la convocatoria respectiva.

f) Representantes Nacionales ante los órganos electorales federales.

g) Delegados en el número y proporción que se establezca en la convocatoria respectiva, que emita la instancia convocante, tomando en cuenta:

- Crecimiento y consolidación de las organizaciones sociales.

- El desarrollo político e ideológico del Partido del Trabajo.

- Compromiso con el proyecto Nacional del Partido del Trabajo.

- El último resultado electoral. Cuando sean procesos concurrentes se tomará el resultado mayor en la votación de diputados federales o locales.

- Peso específico de cada Estatal.

h) Los delegados nombrados por la Comisión Ejecutiva Nacional, con base en el artículo 40 párrafo segundo, de los presentes Estatutos.

Artículo 26.- El Congreso Nacional se reunirá cada tres años en forma ordinaria y se le dará validez al contar con el quórum legal establecido y al estar presente la mayoría de los miembros de la Comisión Coordinadora Nacional o el 50% más uno de los integrantes de la Comisión Ejecutiva Nacional quienes presidirán el evento. Se deberá aprobar la convocatoria por el 66% de los miembros, cuando menos, de la Comisión Ejecutiva Nacional, o el Consejo Político Nacional en el mismo porcentaje y a negativa u omisión de estas instancias se podrá aprobar con el 50% más uno de las Comisiones Ejecutivas Estatales del país incluyendo el Distrito Federal. La convocatoria deberá ser firmada y ordenar su publicación por la Comisión Coordinadora Nacional o por el 50% más uno de los integrantes de la Comisión Ejecutiva Nacional, al menos con dos meses de anticipación a su celebración y difundirse en forma amplia a todas las instancias Estatales y publicarse en un periódico de circulación Nacional, al menos quince días naturales antes de la celebración del Congreso.

Artículo 27.- El Congreso Nacional podrá ser convocado en forma extraordinaria, cuando sea necesario por las mismas instancias, con los requisitos y proporciones señaladas en el artículo anterior. La convocatoria la acuerda la Comisión Ejecutiva Nacional y la realiza, firma y ordena su publicación la Comisión Coordinadora Nacional o el 50% más uno de los integrantes de la Comisión Ejecutiva Nacional.

El Congreso Nacional extraordinario deberá ser convocado, al menos, con un mes de anticipación a su celebración y sólo tratará el o los puntos para los que expresamente fue convocado. Deberá publicarse la convocatoria en un periódico de circulación Nacional, al menos quince días naturales antes de la celebración del Congreso.

Artículo 28.- El quórum del Congreso Nacional ordinario y extraordinario será del 66% de sus integrantes. Los acuerdos, resoluciones, elecciones, nombramientos y mandatos serán válidos con el voto del 50% más uno de los integrantes presentes.

Artículo 29.- Son atribuciones del Congreso Nacional ordinario y extraordinario:

e) Elegir en el número que lo acuerde el propio Congreso a los integrantes de la Comisión Ejecutiva Nacional. De entre sus miembros se elegirán a seis militantes propietarios para integrar la Comisión Coordinadora Nacional.

f) La elección de los integrantes de dirección se realizará a través del voto directo, secreto o por aclamación del 50% más uno de los congresistas presentes.

Artículo 30.- Los documentos objeto de análisis del Congreso Nacional deberán ser conocidos y discutidos por los militantes. Es responsabilidad de los organismos convocantes, que el debate sea democrático y que las diversas opiniones sean conocidas por el conjunto de los miembros del Partido del Trabajo, antes del Congreso.

CAPITULO VIII

DEL CONSEJO POLITICO NACIONAL

Artículo 31.- El Consejo Político Nacional es el órgano máximo de dirección y decisión del Partido del Trabajo entre Congreso y Congreso.

Artículo 32.- El Consejo Político Nacional se reunirá ordinariamente cada cuatro meses; y de manera extraordinaria cada vez que se considere necesario.

Artículo 33.- La fecha de realización del Consejo Político Nacional ordinario o extraordinario será acordada por la Comisión Ejecutiva Nacional y la convocatoria la instrumentará y firmará la Comisión Coordinadora Nacional o el 50% más uno de los integrantes de la Comisión Ejecutiva Nacional, y a negativa u omisión de éstas, podrá convocar al menos con la aprobación por el 50% más uno de las Comisiones Ejecutivas Estatales del país incluyendo el Distrito Federal. El ordinario deberá convocarse con siete días naturales de anticipación a la realización del mismo y el extraordinario con un mínimo de tres días naturales de anticipación.

Artículo 34.- El Consejo Político Nacional se integra por:

a) La Comisión Ejecutiva Nacional.

b) La Comisión Coordinadora Nacional

c) Los Comisionados Políticos Nacionales.

d) Los Senadores de la República acreditados.

e) Los Diputados Federales acreditados.

f) Los Diputados Locales acreditados.

g) Los Presidentes Municipales o Jefes Delegacionales acreditados.

h) Los representantes del Partido del Trabajo ante los órganos electorales Nacionales.

i) La Comisión Nacional de Contraloría y Fiscalización.

j) La Comisión Nacional de Garantías, Justicia y Controversias.

Los delegados de cada entidad federativa en el número siguiente: cinco delegados en el caso de los Estados con desarrollo político consolidado del Partido; tres delegados en el caso de los Estados con desarrollo político medio; dos delegados en el caso de Estados con desarrollo político incipiente. La anterior clasificación de conformidad con el dictamen que para tal efecto apruebe la Comisión Ejecutiva Nacional y emita la Comisión Coordinadora Nacional o el 50% más uno de los integrantes de la Comisión Ejecutiva Nacional.

Artículo 35.- El quórum del Consejo Político Nacional será del 66% de sus integrantes. Los acuerdos y resoluciones serán válidos con el voto del 50% más uno de sus integrantes presentes.

Artículo 36.- Son atribuciones del Consejo Político Nacional las siguientes:

a) Instrumentar la ejecución de los acuerdos y resoluciones del Congreso Nacional.

b) Convocar cuando así se requiera, a la celebración del Congreso Nacional ordinario o extraordinario, de manera supletoria.

g) Decidir y aprobar sobre la elección de nuevos integrantes de la Comisión Ejecutiva Nacional por ampliación, sustitución en caso de muerte, impedimento físico, mental o por incumplimiento de sus funciones, así como renuncia o expulsión del Partido del Trabajo.

h) Elegir a los sustitutos de la Comisión Nacional de Contraloría y Fiscalización y de la Comisión Nacional de Garantías Justicia y Controversias en caso de renuncia, expulsión, suspensión o muerte, incumplimiento sistemático e incapacidad física o mental que le impida el cumplimiento de sus funciones.

m) Confirmar, modificar o revocar las resoluciones derivadas de la aplicación del inciso m) del Artículo 39 de los presentes Estatutos, la resolución que adopte será definitiva e inatacable. El proyecto de resolución deberá ser sometido al pleno del Consejo Político Nacional y será elaborado por una comisión de tres o cinco miembros de la Comisión Ejecutiva Nacional nombrados por esa misma instancia.

CAPITULO IX

DE LA COMISION EJECUTIVA NACIONAL

Artículo 37.- La Comisión Ejecutiva Nacional es el órgano ejecutivo, con carácter colectivo y permanente del Partido del Trabajo, entre sesión y sesión del Consejo Político Nacional. Su funcionamiento es colegiado y combinará la dirección colectiva con la responsabilidad individual. Sesionará ordinariamente una vez a la semana y en forma extraordinaria cuando se considere necesario. Será convocada en forma ordinaria por la Comisión Coordinadora Nacional por lo menos con tres días de anticipación y en forma extraordinaria por lo menos con un día de anticipación. El quórum de la Comisión Ejecutiva Nacional será del 50% más uno de sus integrantes. Los acuerdos y resoluciones serán válidos con el voto del 50% más uno de sus integrantes presentes.

Artículo 38.- La Comisión Ejecutiva Nacional será elegida en cada Congreso Nacional Ordinario, en el número que este acuerde, teniendo el Congreso Nacional Extraordinario la facultad para modificar su integración cuando así lo considere.

Artículo 39.- Son atribuciones y facultades de la Comisión Ejecutiva Nacional:

c) Aprobar la convocatoria al Congreso Nacional ordinario y extraordinario y a las asambleas del Consejo Político Nacional. La Comisión Ejecutiva Nacional podrá prorrogar o anticipar hasta por cuatro meses la realización del Congreso Nacional ordinario cuando así se requiera.

h) La convocatoria a los Congresos Estatales ordinarios y extraordinarios será aprobada supletoriamente, cuando así se considere necesario, por la Comisión Ejecutiva Nacional y emitida por medio de la Comisión Coordinadora Nacional o por el 50% más uno de los integrantes de la Comisión Ejecutiva Nacional. Esta convocatoria prevalecerá por encima de cualquier otra.

j) Resolver sobre las controversias que resulten de la aplicación de estos Estatutos y sus reglamentos.

k) En caso de corrupción, estancamiento, conflictos, situaciones políticas graves, indisciplina a la línea general del Partido o de desacuerdos sistemáticos en los órganos de dirección local que impidan su buen funcionamiento, nombrará un Comisionado Político Nacional para reorganizar, depurar e impulsar el desarrollo del Partido. El Comisionado Político Nacional asumirá la representación política, administrativa, patrimonial y legal del Partido en la Entidad Federativa. La Comisión Coordinadora Nacional deberá convocar, una vez superados los conflictos, a un Congreso Estatal para nombrar a la Comisión Ejecutiva Estatal definitiva. En los lugares donde el Partido tenga necesidad de fortalecerse en el terreno político, electoral o de cualquier otra índole o realizar alguna actividad de importancia partidaria nombrará a Comisionados Políticos Nacionales para impulsar su crecimiento y desarrollo. La Comisión Ejecutiva Nacional aprobará el nombramiento y remoción de los Comisionados Políticos Nacionales y facultará a la Comisión Coordinadora Nacional para expedir y revocar los nombramientos correspondientes.

m) En los casos de urgente y obvia resolución de manera directa o a petición de alguna instancia del Partido del Trabajo, aprobará y aplicará las sanciones previstas en los incisos c) y d) del Artículo 115, las cuales deberán ser ratificadas por el Consejo Político Nacional, debiendo ser notificadas al acreedor o los acreedores de la sanción de conformidad con lo previsto por el Artículo 83 de los presentes Estatutos. El término para recurrir la sanción emitida por la Comisión Ejecutiva Nacional será de diez días naturales y deberá de presentarse ante la Comisión de Garantías, Justicia y Controversias para que ésta lo remita al Consejo Político Nacional más inmediato a celebrarse, para ratificar o rectificar las sanciones.

n) La Comisión Ejecutiva Nacional nombrará una representación que asistirá a los Congresos y Consejos Políticos Estatales ordinarios y extraordinarios, a fin de instalarlos, presidirlos y sancionar la validez, de sus acuerdos, elecciones, mandatos, resoluciones y otras actividades que determine.

De no cumplirse los requisitos anteriores, no tendrán validez jurídica ni política los acuerdos elecciones, mandatos, resoluciones y otras actividades que se hayan adoptado.

Artículo 40.- La Comisión Ejecutiva Nacional, por conducto de la Comisión Coordinadora Nacional, convocará a los órganos de dirección Estatal o del Distrito Federal con el fin de que elijan a sus representantes y delegados a las instancias de dirección Nacional que correspondan, así como a los eventos Nacionales y Estatales que el Partido del Trabajo organice.

En las Estatales o del Distrito Federal donde atraviesen por conflictos, y a juicio de la Comisión Ejecutiva Nacional, no existan condiciones para nombrar sus representantes y delegados al Congreso Nacional, Consejo Político Nacional, Convenciones Electorales, y demás eventos convocados por el Partido del Trabajo, la propia Comisión Ejecutiva Nacional los nombrará directamente, en el número y composición que considere conveniente.

En las Estatales o el Distrito Federal y en las Municipales o Delegacionales donde atraviesan por conflictos o no cumplen con el marco legal y estatutario, la Comisión Ejecutiva Nacional tendrá facultad para anular, suspender, posponer o declarar inexistente los Congresos y Consejos Políticos Estatales o del Distrito Federal y Municipales o Delegacionales, y en su caso, las Convenciones Electorales correspondientes.

También tendrá facultades para suspender, destituir y nombrar o reestructurar parcial o totalmente a las Comisiones Ejecutivas Estatales o del Distrito Federal y Municipales o Delegacionales y Comisiones Coordinadoras Estatales o del Distrito Federal y Municipales o Delegacionales. En su caso, la Representación legal, política, patrimonial y administrativa recaerá sobre el Comisionado Político Nacional, que para tal efecto designe la Comisión Ejecutiva Nacional.

Los acuerdos y facultades anteriores de la Comisión Ejecutiva Nacional, se instrumentarán a través de la Comisión Coordinadora Nacional o con la firma del 50% más uno de los integrantes de la Comisión Ejecutiva Nacional.

La Comisión Coordinadora Nacional cuando así se requiera extenderá y certificará los oficios, nombramientos y documentos de acreditación correspondiente de los distintos órganos de dirección Nacional, Estatal, del Distrito Federal, Municipal, Delegacional, Distrital y de cualquier otra índole.

Artículo 41.- Una representación de la Comisión Ejecutiva Nacional acreditará a los delegados en los Congresos Estatales o del Distrito Federal en donde existan conflictos y también instalará, presidirá y sancionará los acuerdos del Congreso Estatal o del Distrito Federal. En estos casos sólo asistirán los delegados acreditados al Congreso Estatal o del Distrito Federal.

CAPITULO X

DE LA COMISION COORDINADORA NACIONAL

Artículo 43.- La Comisión Coordinadora Nacional se integrará con seis miembros que se elegirán en cada Congreso Nacional ordinario y será la representación política y legal del Partido del Trabajo y de su dirección Nacional. Deberá ser convocada por lo menos con tres días de anticipación de manera ordinaria una vez a la semana y de manera extraordinaria por lo menos con un día de anticipación, cuando así se requiera por cualquiera de sus miembros. El quórum legal para sesionar se integrará con la asistencia de la mayoría de sus integrantes. Todos los acuerdos, resoluciones y actos de la Comisión Coordinadora Nacional tendrán plena validez en su caso, con la aprobación y firma de la mayoría de sus integrantes.

Artículo 44.- Son atribuciones y facultades de la Comisión Coordinadora Nacional:

g) La Comisión Coordinadora Nacional deberá instrumentar todos los acuerdos y resoluciones que emanen de la Comisión Ejecutiva Nacional, del Consejo Político Nacional o del Congreso Nacional y tendrá además, la representación legal y política del Partido del Trabajo y de todas las instancias de Dirección Nacional del Partido del Trabajo.

CAPITULO XII

DE LOS COMISIONADOS POLITICOS NACIONALES

Artículo 47.- Los Comisionados Políticos Nacionales son representantes de la Comisión Ejecutiva Nacional para las diferentes tareas que se les asigne. En consecuencia, ejercerán las atribuciones que en su favor se establecen en los artículos 39 inciso k) y 40 párrafo cuarto; de los presentes Estatutos. Sus actividades estarán subordinadas a la Comisión Coordinadora Nacional, la Comisión Ejecutiva Nacional y el Consejo Político Nacional.

CAPITULO XIV

DE LA COMISION NACIONAL DE GARANTIAS, JUSTICIA Y CONTROVERSIAS

Artículo 51.- La Comisión Nacional de Garantías, Justicia y Controversias es de carácter permanente y estará integrada por siete miembros y sus respectivos suplentes, los cuales no deberán ser integrantes de la Comisión Ejecutiva Nacional o de la Comisión Nacional de Contraloría y Fiscalización. Serán nombrados por el Congreso Nacional y durarán en su encargo hasta el próximo Congreso Nacional.

Artículo 52.- Los integrantes de la Comisión Nacional de Garantías, Justicia y Controversias así como los integrantes de cualquier otra instancia del Partido del Trabajo son recusables y también podrán declararse impedidos para conocer alguna queja en los siguientes casos:

a) Si tienen interés personal en el asunto que haya motivado la queja o bien cuando exista conflicto de intereses.

b) Si tuvieran parentesco, amistad, enemistad o relaciones personales manifiesta con alguna de las partes en conflicto.

Artículo 53.- La Comisión Nacional de Garantías, Justicia y Controversias tendrá las siguientes facultades:

a) Proteger los derechos de los militantes y afiliados consignados en los artículos 15 y 17 y demás relativos de los presentes Estatutos.

b) Garantizar el cumplimiento de estos Estatutos.

c) Atender los conflictos cotidianos en las Estatales y el Distrito Federal. Los conflictos políticos graves y urgentes que surjan en las Estatales o el Distrito Federal deberán ser atendidos por la Comisión Ejecutiva Nacional, la Comisión Coordinadora Nacional y/o el Consejo Político Nacional.

d) La Comisión Ejecutiva Nacional podrá turnar los conflictos graves y urgentes que considere pertinentes a la Comisión Nacional de Garantías, Justicia y Controversias a fin de que conozca del caso y proceda conforme a derecho.

e) Dictaminar sobre las controversias que resulten de la aplicación de estos Estatutos y sus Reglamentos.

f) Los integrantes de esta Comisión tendrán derecho a ser oídos en todos los órganos e instancias del Partido del Trabajo.

Artículo 54.- La Comisión Nacional de Garantías, Justicia y Controversias será competente para conocer:

a) De las quejas por actos u omisiones de los órganos Nacionales.

b) De las quejas por actos u omisiones de los órganos Estatales o del Distrito Federal, Municipales, Delegacionales o Distritales en segunda instancia después del dictamen correspondiente de la Comisión de Garantías, Justicia y Controversias Estatal o del Distrito Federal, o cuando ésta no haya sido integrada o no dictase resolución en sesenta días a partir de la presentación del escrito de queja en única instancia.

c) De las quejas, conflictos o controversias de significado Nacional en primera instancia, y de las de significado Estatal o del Distrito Federal y Municipal y Delegacional en segunda instancia, de conformidad con los requisitos y excepciones establecidos en el inciso anterior.

Artículo 55.- La Comisión Nacional de Garantías, Justicia y Controversias deberá emitir dictamen sobre las quejas, conflictos y controversias en un plazo máximo de sesenta días naturales, contados a partir de la fecha de presentación del recurso correspondiente. El dictamen será presentado ante la Comisión Ejecutiva Nacional, que resolverá el caso en primera instancia. Si el interesado se inconformara mediante Recurso de Apelación ante esta instancia, en un plazo no mayor de diez días naturales contados a partir de que le sea notificada la resolución, corresponderá al Consejo Político Nacional confirmar, modificar o revocar, en su caso, la resolución correspondiente, en una asamblea en cuyo orden del día se incluya en tiempo y forma el asunto.

CAPITULO XV

DEL CONGRESO ESTATAL O DEL DISTRITO FEDERAL

Artículo 56.- El Congreso Estatal o del Distrito Federal es la máxima autoridad en una entidad federativa, subordinado a los órganos de dirección Nacional.

Artículo 57.- El Congreso Estatal o del Distrito Federal se integra por:

a) La Comisión Ejecutiva Estatal o del Distrito Federal, la Comisión Coordinadora Estatal o del Distrito Federal, la Comisión de Contraloría y Fiscalización Estatal o del Distrito Federal, la Comisión de Garantías, Justicia y Controversias Estatal o del Distrito Federal.

b) Los Comisionados Políticos Nacionales adscritos.

c) Los legisladores federales y locales, presidentes Municipales, Jefes Delegacionales del Partido del Trabajo en los Estados.

d) Representantes Estatales ante los órganos electorales.

e) Delegados electos en los Congresos Municipales y en su caso Delegacionales o delegados electos en la Comisión Ejecutiva Municipal o en su caso, en la Comisión Ejecutiva Delegacional; o Comisión Ejecutiva Estatal o del Distrito Federal, en el número y en la proporción que se establezca para tal efecto en la convocatoria respectiva, que emita la instancia convocante, tomando en cuenta:

- Crecimiento y consolidación de las organizaciones sociales.

- El desarrollo político e ideológico del Partido del Trabajo.

- Compromiso con el proyecto Nacional del Partido del Trabajo.

- El último resultado electoral. Cuando sean procesos concurrentes se tomará el resultado mayor en la votación de diputados federales o locales.

- Peso específico de cada Municipal o Delegacional.

f) Los delegados nombrados por la Comisión Ejecutiva Estatal o del Distrito Federal, con base en el artículo 71 inciso g), de los presentes Estatutos.

Artículo 60.- La Comisión Ejecutiva Nacional, por conducto de la Comisión Coordinadora Nacional o el 50% más uno de los integrantes de la Comisión Ejecutiva Nacional convocará en forma supletoria al Congreso Estatal o del Distrito Federal, al Congreso Municipal o Delegacional ordinario o extraordinario, cuando a juicio de la Comisión Ejecutiva Nacional lo estime necesario.

CAPITULO XVI

DEL CONSEJO POLITICO ESTATAL O DEL DISTRITO FEDERAL

Artículo 63.- El Consejo Político Estatal o del Distrito Federal, es el órgano máximo de dirección y decisión Estatal o del Distrito Federal del Partido del Trabajo entre Congreso y Congreso Estatal o del Distrito Federal.

Artículo 65.- La fecha de realización del Consejo Político Estatal o del Distrito Federal, ordinario o extraordinario será acordada por la Comisión Ejecutiva Estatal o del Distrito Federal y la convocatoria la instrumentará y firmará la Comisión Coordinadora Estatal o del Distrito Federal y a negativa u omisión de éstas, podrá convocar la Comisión Coordinadora Nacional o por el 50% más uno de los integrantes de la Comisión Ejecutiva Nacional, o con la aprobación y acuerdo del 50% más uno de las Comisiones Ejecutivas Municipales o Delegacionales.

Artículo 66.- El Consejo Político Estatal o del Distrito Federal, se integra por:

a) La Comisión Ejecutiva Estatal o del Distrito Federal, la Comisión Coordinadora Estatal o del Distrito Federal, la Comisión de Contraloría y Fiscalización Estatal o del Distrito Federal y la Comisión de Garantías, Justicia y Controversias Estatal o del Distrito Federal.

b) Los Comisionados Políticos Nacionales designados.

c) Los legisladores federales y locales de las entidades federativas o del Distrito Federal, presidentes Municipales y Jefes Delegacionales, todos ellos militantes activos del Partido del Trabajo.

d) Los representantes del Partido del Trabajo ante los órganos electorales locales.

e) Los delegados de cada Municipio o Delegación, en el número que se determine en la convocatoria respectiva, de conformidad con el dictamen que para tal efecto apruebe la Comisión Ejecutiva Estatal o del Distrito Federal y emita la Comisión Coordinadora Estatal o del Distrito Federal.

CAPITULO XVII

DE LA COMISION EJECUTIVA ESTATAL O DEL DISTRITO FEDERAL

Artículo 69.- La Comisión Ejecutiva Estatal o del Distrito Federal es el órgano ejecutivo, con carácter colectivo y permanente del Partido del Trabajo, entre sesión y sesión del Consejo Político Estatal o del Distrito Federal. Su funcionamiento es colegiado, sus acuerdos, resoluciones y actos tendrán plena validez, con la aprobación de la mayoría simple de sus integrantes, con excepción de lo establecido por el Artículo 58 de estos Estatutos. Sesionará ordinariamente una vez a la semana y en forma extraordinaria cuando se considere necesario. Será convocada en forma ordinaria por la Comisión Coordinadora Estatal o del Distrito Federal por lo menos con tres días de anticipación y en forma extraordinaria por lo menos con un día de anticipación. El quórum de la Comisión Ejecutiva Estatal o del Distrito Federal será del 50% más uno de sus integrantes. Los acuerdos y resoluciones serán válidos con el voto del 50% más uno de sus integrantes presentes.

Artículo 70.- La Comisión Ejecutiva Estatal o del Distrito Federal será electa en cada Congreso Estatal o del Distrito Federal ordinario, con el número de militantes que éste acuerde, teniendo el Congreso Estatal o del Distrito Federal extraordinario la facultad para modificar su integración cuando así lo considere necesario.

Artículo 71.- Son atribuciones y facultades de la Comisión Ejecutiva Estatal o del Distrito Federal:

f) Aprobar la convocatoria por lo menos con el 66% de sus miembros para la celebración de los Congresos Municipales o Delegacionales. La convocatoria la emitirá la Comisión Coordinadora Estatal o del Distrito Federal. La Comisión Ejecutiva Estatal o del Distrito Federal, nombrará una representación que asistirá al Congreso Municipal o Delegacional a fin de instalar, presidir, y sancionar la validez de los acuerdos y resoluciones. Si existen desacuerdos en las instancias Estatales o del Distrito Federal, la convocatoria la realizará la Comisión Coordinadora Nacional o el 50% de los integrantes de la Comisión Ejecutiva Nacional y dicho Congreso será instalado, presidido y sancionado por una representanción de la Comisión Ejecutiva Nacional, debiendo asistir únicamente los delegados electos, al Congreso Municipal o Delegacional de acuerdo a la convocatoria.

g) Nombrar a los delegados que asistirán al Congreso Estatal o del Distrito Federal ordinario o extraordinario, en el caso que no se realice el Congreso Municipal o Delegacional correspondiente. En su caso, la Comisión Ejecutiva Nacional por conducto de la Comisión Coordinadora Nacional o por el 50 % más uno de sus integrantes, nombrara a los delegados Municipales o Delegacionales al Congreso Estatal o del Distrito Federal correspondiente.

k) En los casos de urgente y obvia resolución, aprobará y aplicará las sanciones previstas en los incisos c) y d) del Artículo 115, las cuales deberán ser ratificadas o modificadas por la Comisión Ejecutiva Nacional, debiendo ser notificadas al acreedor o los acreedores de la sanción de conformidad con lo previsto por el Artículo 83 de los presentes Estatutos. En caso de que hubiese inconformidad con la resolución emitida por la Comisión Ejecutiva Estatal o del Distrito Federal, la instancia que conocerá de dicha inconformidad será la Comisión Ejecutiva Nacional. El término para la interposición del recurso será de diez días naturales y este deberá presentarse por escrito ante la Comisión de Garantías Justicia y Controversias, la cual la presentará a consideración de la Comisión Ejecutiva Nacional en la reunión inmediata a realizarse.

Artículo 72.- La Comisión Ejecutiva Estatal o del Distrito Federal convocará a los órganos de dirección Municipal o Delegacional con el fin de que nombren a sus representantes y delegados a las instancias de dirección Estatal o del Distrito Federal que correspondan, así como a los eventos Estatales o del Distrito Federal o Municipales y Delegacionales que el Partido del Trabajo organice.

En caso de que existan conflictos en los Municipales o Delegacionales y a juicio de la Comisión Ejecutiva Estatal o del Distrito Federal, no se garanticen las condiciones para nombrar sus representantes y delegados al Congreso Estatal o del Distrito Federal, Consejo Político Estatal o del Distrito Federal, Convenciones Electorales Estatales o del Distrito Federal y demás eventos convocados por el Partido del Trabajo, la propia Comisión Ejecutiva Estatal o del Distrito Federal los nombrará directamente o en su caso, serán nombrados por la Comisión Ejecutiva Nacional.

CAPITULO XX

DE LA COMISION DE GARANTIAS, JUSTICIA Y CONTROVERSIAS ESTATAL O DEL DISTRITO FEDERAL

Artículo 79.- La Comisión de Garantías, Justicia y Controversias Estatal o del Distrito Federal es de carácter permanente y estará integrada por siete miembros y sus respectivos suplentes, los cuales no deberán ser integrantes de la Comisión Ejecutiva Estatal o del Distrito Federal o de la Comisión de Contraloría y Fiscalización Estatal o del Distrito Federal. Serán nombrados por el Congreso Estatal o del Distrito Federal y durarán en su encargo hasta el próximo Congreso, salvo las excepciones previstas en los presentes Estatutos.

Artículo 80.- Los integrantes de la Comisión de Garantías, Justicia y Controversias Estatal o del Distrito Federal así como los integrantes de cualquier otra instancia del Partido del Trabajo son recusables y también podrán declararse impedidos para conocer alguna queja en los siguientes casos:

a) Si tienen interés personal en el asunto que haya motivado la queja o bien cuando exista conflicto de intereses.

b) Si tuvieran parentesco, amistad, relación personal o enemistad manifiesta con alguna de las partes.

Artículo 81.- La Comisión de Garantías, Justicia y Controversias Estatal o del Distrito Federal tendrá las siguientes facultades:

a) Proteger los derechos de los afiliados y militantes consignados los artículos 15 y 17 y demás relativos de los presentes Estatutos.

b) Garantizar el cumplimiento de estos Estatutos.

c) Atender los conflictos cotidianos del Partido en el estado. Los conflictos políticos graves y urgentes deberán ser atendidos por la Comisión Ejecutiva Estatal o del Distrito Federal y el Consejo Político Estatal o del Distrito Federal.

d) La Comisión Ejecutiva Estatal o del Distrito Federal podrá turnar los conflictos graves y urgentes que considere pertinentes, a fin de que la Comisión de Garantías, Justicia y Controversias Estatal o del Distrito Federal conozca del caso y proceda conforme a derecho.

e) Dictaminar sobre las controversias que resulten de la aplicación de estos Estatutos y sus reglamentos.

f) Los integrantes de esta Comisión tendrán derecho a ser oídos en todos los órganos e instancias del Partido del Trabajo.

Artículo 82.- La Comisión de Garantías, Justicia y Controversias Estatal o del Distrito Federal será competente para conocer:

a) De las quejas por actos u omisiones de los órganos Estatales en primera instancia.

b) De las quejas por actos u omisiones de los órganos Estatales o del Distrito Federal, consultas o controversias de significado Estatal o del Distrito Federal, Municipal, Delegacional y Distrital en primera instancia.

c) De las quejas, conflictos o controversias de significado Estatal o del Distrito Federal en primera instancia, y de las de significado Municipal, Delegacional o Distrital en segunda instancia, de conformidad con los requisitos y excepciones establecidos en el inciso anterior.

Artículo 83.- La Comisión de Garantías, Justicia y Controversias Estatal o del Distrito Federal deberá presentar dictamen ante la Comisión Ejecutiva Estatal o del Distrito Federal sobre las quejas, conflictos y controversias. La Comisión Ejecutiva Estatal o del Distrito Federal resolverá en primera instancia sobre el caso y en segunda instancia por la Comisión Ejecutiva Nacional, en caso de inconformidad el interesado podrá interponer recurso de apelación ante el Consejo Político Nacional en un plazo no mayor de diez días naturales a partir del día siguiente de que le sea notificada la resolución. La inconformidad se hará llegar a la Comisión Nacional de Garantías, Justicia y Controversias a fin de que se presente a consideración del próximo Consejo Político Nacional. La resolución o cita se notificará personalmente al inconformado o inconformados y en caso de no ser localizados, se hará mediante la publicación del acuerdo en el periódico Nacional del Partido del Trabajo y en la tabla de avisos de las sedes Estatales y Nacional del Partido del Trabajo o correo certificado, surtiendo dicha notificación sus efectos legales a partir de la entrega o publicación realizada por la instancia responsable.

CAPITULO XXI

DE LOS ORGANOS MUNICIPALES O DELEGACIONALES DE DIRECCION

Artículo 84.- El Congreso Municipal o Delegacional es la máxima autoridad de un Municipio o Delegación en donde el Partido del Trabajo tenga representación, subordinada a los órganos de dirección Estatal o del Distrito Federal y Nacional.

Artículo 85.- El Congreso Municipal o Delegacional se integra por:

a) La Comisión Ejecutiva Municipal o Delegacional y Comisionados Políticos Nacionales y Estatales o del Distrito Federal adscritos.

b) Los miembros del Partido del Trabajo con cargos de representación popular en el Municipio o Delegación.

c) Representantes Estatales ante los órganos electorales.

d) Los delegados en el número y en la proporción establecido por la convocatoria respectiva, que emita la instancia convocante, tomando en cuenta:

- Crecimiento y consolidación de las organizaciones sociales.

- El desarrollo político e ideológico del Partido del Trabajo.

- Compromiso con el proyecto Nacional del Partido del Trabajo.

- El último resultado electoral. Cuando sean procesos concurrentes se tomará el resultado mayor en la votación de ayuntamientos.

- Peso específico de cada Municipal o Delegacional.

Artículo 89.- El Consejo Político Nacional o la Comisión Ejecutiva Nacional, acordarán en forma supletoria la realización del Congreso Municipal o Delegacional ordinario y extraordinario cuando así lo consideren necesario. La Comisión Coordinadora Nacional o el 50 % más uno de sus integrantes emitirá la convocatoria respectiva.

CAPITULO XXII

DEL CONSEJO POLITICO MUNICIPAL O DELEGACIONAL

Artículo 91.- El Consejo Político Municipal o Delegacional es el órgano máximo de dirección y decisión Municipal o Delegacional del Partido del Trabajo entre Congreso y Congreso Municipal o Delegacional.

Artículo 95.- El Consejo Político Municipal o Delegacional se integra por:

a) La Comisión Ejecutiva Municipal o Delegacional, y en su caso por los Comisionados Políticos Nacionales designados.

b) Delegados de cada comunidad u organismo de base que se determine en la convocatoria respectiva.

c) Los militantes del Partido del Trabajo con cargo de elección popular.

CAPITULO XXIII

DE LA COMISION EJECUTIVA MUNICIPAL O DELEGACIONAL

Artículo 98.- La Comisión Ejecutiva Municipal o Delegacional es el órgano ejecutivo, con carácter colectivo y permanente del Partido del Trabajo, entre sesión y sesión del Consejo Político Municipal o Delegacional. Su funcionamiento es colegiado. Sesionará ordinariamente una vez a la semana y en forma extraordinaria cuando se considere necesario. Será convocada por la Comisión Coordinadora Municipal o Delegacional por lo menos con tres días de anticipación y en forma extraordinaria por lo menos con un día de anticipación. El quórum de la Comisión Ejecutiva Municipal o Delegacional será del 50% más uno
de sus integrantes. Los acuerdos y resoluciones serán válidos con el voto del 50% más uno de sus integrantes presentes.

Artículo 99.- La Comisión Ejecutiva Municipal o Delegacional será electa por el Congreso Municipal o Delegacional ordinario, en el número que éste acuerde, teniendo el Congreso Municipal o Delegacional extraordinario, la facultad para modificar su integración cuando así lo considere.

Artículo 101.- La Comisión Ejecutiva Municipal o Delegacional convocará a los organismos de base en las comunidades y organizaciones sociales con el fin de que nombren a sus representantes y delegados a las instancias de dirección Municipal o Delegacional que correspondan y a los eventos Municipales que el Partido del Trabajo organice.

De presentarse conflictos para cumplir con las convocatorias, la Comisión Ejecutiva Estatal o del Distrito Federal, y en su caso el Comisionado Político Nacional, nombrará directamente a los delegados o representantes a los eventos que el Partido del Trabajo organice.

CAPITULO XXV

DE LOS ORGANOS DISTRITALES DE DIRECCION DEL PARTIDO

Artículo 105.- Estas instancias de dirección del Partido del Trabajo, estarán homologadas a su nivel con las instancias Municipales o Delegacionales en su estructura, funciones, obligaciones y facultades y en sus términos.

CAPITULO XXVIII

DE LAS SANCIONES

Artículo 114.- Son motivo de sanción las siguientes acciones:

h) Practicar el nepotismo. Se entiende por nepotismo el aprovecharse del cargo de dirección partidista, de representación legislativa, de representación electoral y en la administración pública para designar personalmente a familiares en cargos de dirección partidaria y de responsabilidad.

Artículo 115.- El militante o afiliado que incurra en las causales previstas en el artículo anterior o contravenga la disciplina del Partido del Trabajo será sancionado indistintamente, según la gravedad de la falta, de la siguiente manera:

a) Advertencia formal.

b) Destitución del puesto de responsabilidad partidaria.

c) Separación temporal del Partido del Trabajo.

d) Expulsión definitiva, cancelación de membresía, y en su caso, promover la acción judicial que corresponda.

Artículo 116.- Las propuestas de dictamen serán acordadas por la Comisión de Garantías, Justicia y Controversia Estatal o del Distrito Federal o Nacional competente y en caso de no cumplir éstas con su obligación, deberán ser acordadas o bien, ratificadas o rectificadas por la instancia inmediata que corresponda. Deberán ser aprobadas por la Comisión Ejecutiva Nacional en primera instancia y ratificadas en segunda instancia por el Consejo Político Nacional. En caso de que los resolutivos del dictamen elaborado por la Comisión de Garantías, Justicia y Controversias Estatal o del Distrito Federal o Nacional sea el de imponer al militante la sanción prevista en los incisos c) y d) del Artículo 115, el dictamen será remitido a la Comisión Ejecutiva Nacional para que ésta acuerde lo procedente. Si se aprobara la expulsión definitiva, cancelación de membresía, se tendrá derecho a interponer recurso de apelación ante el Consejo Político Nacional en un plazo no mayor de diez días naturales, a partir del siguiente de la notificación que le haga la Comisión Ejecutiva Nacional, en términos del Artículo 85. El recurso de apelación se presentará ante la Comisión Nacional de Garantías, Justicia y Controversias, que lo turnará a la próxima sesión de la instancia correspondiente de resolución, para que la Comisión Ejecutiva Nacional lo agende en tiempo y forma en el orden del día correspondiente.

La resolución que adopte el Consejo Político Nacional será definitiva e inatacable.

Artículo 117.- Todo sancionado tendrá derecho a apelar ante los órganos de dirección establecidos para estos casos cuando así lo solicite, en un plazo no mayor de diez días a partir de la notificación de la sanción, este recurso se presentará ante la Comisión Nacional de Garantías, Justicia y Controversias quien lo hará llegar a la instancia que corresponda. Se le otorgará el derecho de audiencia ante la instancia que corresponda en su sesión más próxima, para que la Comisión Ejecutiva Nacional lo agende en tiempo y forma en el orden del día correspondiente.

La interposición de la apelación en ningún caso suspende la resolución sobre la sanción aplicada, la cual será efectiva desde el momento de dictarse.

CAPITULO XXIX

DE LAS ELECCIONES

Artículo 118.- La política electoral del Partido del Trabajo y la elección de sus candidatos a cargos de elección popular será realizada por:

I. Convención Electoral Nacional.

II. Convención Electoral Estatal o del Distrito Federal.

III. La Comisión Ejecutiva Nacional, Estatal o del Distrito Federal; Distrital, Municipal o Delegacional, según sea el caso, podrá erigirse en Convención Electoral correspondiente, constituyéndose como máximo órgano electoral equivalente al Congreso Nacional, Estatal o del Distrito Federal; Distrital, Municipal o Delegacional, para que se erija y constituya en Convención Electoral Nacional, Estatal o del Distrito Federal; Distrital, Municipal o Delegacional, donde se apruebe por mayoría simple del 50% más uno de sus miembros presentes, la postulación, registro y/o sustitución de los candidatos a Presidente de la República; candidatos a Senadores y Diputados Federales por ambos principios; de Gobernadores y Jefe de Gobierno del Distrito Federal; de Diputados Locales por ambos Principios; de Ayuntamientos y Jefes Delegacionales del Distrito Federal.

IV. De manera supletoria, se faculta y autoriza a la Comisión Ejecutiva Nacional como máximo órgano electoral equivalente a Congreso Nacional, para que se erija y se constituya en Convención Electoral Nacional, en el momento en que por si misma lo considere conveniente, donde se apruebe por mayoría simple de por lo menos el 50 por ciento más uno de sus miembros presentes, la postulación, registro y sustitución de los candidatos del Partido del Trabajo en las distintas entidades federativas o del Distrito Federal para la elección de Gobernador, Jefe de Gobierno, Diputados Locales por ambos principios, Jefes Delegacionales y Ayuntamientos. Para instrumentar lo anterior se faculta a la Comisión Coordinadora Nacional o al 50% más uno de los integrantes de la Comisión Ejecutiva Nacional. En caso de que existan dos o más postulaciones, registros y sustituciones prevalecerá el realizado por la instancia nacional.

En dichas convenciones según sea el caso, se aprobará la Plataforma Electoral del Partido del Trabajo, misma que será presentada ante las autoridades electorales competentes y será sostenida y difundida por los candidatos en las campañas electorales.

Aprobar el programa de gobierno a que se sujetarán los candidatos del Partido del Trabajo en caso de resultar electos, conforme a la plataforma electoral.

Aprobar el Programa Legislativo que impulsarán los candidatos del Partido del Trabajo, cuando sean electos como Senadores, Diputados federales, Diputados locales en las Entidades Federativas o del Distrito Federal.

Aprobar todos los demás aspectos que se requieran por la ley de la materia en el ámbito Federal, Estatal o del Distrito Federal.

Artículo 119.- La elección de los candidatos se podrá realizar por sus respectivas instancias a través del voto directo, secreto o por aclamación. Los candidatos habrán de reunir las siguientes características:

a) Lealtad al proyecto y a los postulados del Partido del Trabajo.

b) Congruencia con los principios del Partido del Trabajo y su práctica política.

c) No tener antecedentes de corrupción.

d) Compromiso con las luchas sociales y desarrollo del Partido del Trabajo.

Artículo 119 bis.- Las candidaturas por ambos principios a diputados y senadores no deberán exceder del 70% para un mismo género.

Artículo 120.- La Comisión Ejecutiva Nacional, se reserva el derecho de vetar, en cualquier momento, a todos los niveles, a candidatos de dudosa honorabilidad que no reúnan el perfil político adecuado.

Nadie podrá ser postulado nuevamente a puesto de representación proporcional, sin que haya transcurrido un período de cuando menos tres años.

La Comisión Ejecutiva Nacional analizará, resolverá y autorizará los casos que por estrategia de desarrollo y consolidación del Partido y que por así convenir al interés y necesidades del mismo, no deberán ser considerados de acuerdo al párrafo anterior.

En los casos donde las legislaciones locales posibiliten la vía de representación proporcional derivada de la competencia por mayoría relativa, las listas se harán del conocimiento de la Comisión Ejecutiva Nacional al menos cinco días antes de su registro.

Artículo 121.- En aquellos lugares donde se presenten desacuerdos graves en materia de selección de candidatos Nacional, Estatal, Municipal, Delegacional o del Distrito Federal, se faculta a la Comisión Ejecutiva Nacional a través de la Comisión Coordinadora Nacional para que resuelva las diferencias y seleccione, postule, registre y sustituya a los candidatos correspondientes directamente o a través de la representación del partido ante el Instituto Federal Electoral o los Institutos Electorales Locales.

Ahora bien, en observancia a lo previsto en el artículo 99, párrafo cuarto, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde se prevé la procedencia del juicio ciudadano para impugnar actos y resoluciones que violen los derechos político electorales de votar, ser votado y de afiliación libre y pacífica para tomar parte en los asuntos políticos del país, se transcriben a continuación, en lo atinente, diversos actos concretos relacionados con el Séptimo Congreso Nacional Ordinario del Partido del Trabajo -desde la convocatoria hasta los acuerdos, decisiones y elecciones de dirigentes nacionales ocurridas en el desarrollo y culminación del mismo- donde tuvieron aplicación preceptos estatutarios que, a decir de los impetrantes, les generaron perjuicio y detrimento, precisamente, en la esfera de sus derechos político-electorales de votar, ser votados, asociación y afiliación (documentos cuyas copias certificadas obran, según cada caso, de fojas 1 a 7, y 19 del anexo número 1, así como 545 a 551 del anexo número 2, ambos del presente expediente).

En tal sentido, como se razonó en el considerando quinto, inciso a), de esta sentencia ("Oportunidad"), es importante destacar que si bien desde la expedición de la convocatoria a la celebración del Séptimo Congreso Nacional Ordinario del Partido del Trabajo de siete de mayo de dos mil ocho fueron aplicados diversos preceptos estatutarios del mencionado instituto político, debe tenerse en consideración que, además de que en dicho acto primigenio solo se aprecian consideraciones generales donde los actores no podían advertir una afectación específica a su esfera jurídica, es el caso que con posterioridad ocurrieron, de manera preponderante durante la celebración del propio congreso, otros actos, acuerdos, decisiones y resoluciones (incluida la elección misma de dirigentes nacionales) que tuvieron también como sustento normativo los multicitados estatutos, razón por la cual esta Sala Superior estima que el posible perjuicio del que se duelen los actores se actualizó, incluso, hasta la conclusión del multicitado evento asambleísta, pues hasta ese momento se concretaron en su integridad las diversas irregularidades objeto de la presente litis, aunado al hecho relevante de que, como se expuso en párrafos precedentes, los actores combaten determinadas deficiencias normativas que dieron base regulatoria o fundamento a dichos actos, acuerdos, decisiones y elecciones partidistas, por lo que la referida naturaleza omisiva que los actores atribuyen, en los aspectos cuestionados, al referido ordenamiento interno, mantiene vigente la posible afectación de los indicados derechos político-electorales.

Hecha la precisión anterior, se presentan a continuación las transcripciones anunciadas:

i) Primero:

PARTIDO DEL TRABAJO

7° Congreso Nacional Ordinario

CONVOCATORIA

Con fundamento en los artículos 24, 25, 26, 28, 29, 30, 37, 38, 39 inciso c); 40 párrafo segundo; 43, 44 inciso g); 48, 51, y demás relativos y aplicables de los Estatutos vigentes del Partido del Trabajo, así como las disposiciones legales de los artículos 22 párrafo 5; 23 párrafo 2; 38 inciso f); 118 párrafo 1, inciso h); y demás relativos y aplicables del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, por Acuerdo de la Comisión Ejecutiva Nacional, el Partido del Trabajo convoca al:

7° CONGRESO NACIONAL ORDINARIO

Que se llevará a cabo en Expo Reforma CANACO, Ciudad de México, conocido como el Centro de Negocios y Comercio de la Ciudad de México, ubicado en Avenida Morelos Número 67, colonia Juárez, C.P. 06600, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México; a partir del día 26 de julio de 2008, a las 11:00 horas, de acuerdo con la Convocatoria emitida, aprobada y dada a conocer por esta Comisión Ejecutiva Nacional en fecha 07 de mayo de 2008, bajo el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1. Honores a la Bandera.

2. Presentación y mensaje de los invitados.

3. Declaración del Quórum e Inauguración del 7° Congreso Nacional Ordinario.

4. Nombramiento del Presidente de Debates, Secretario de Actas y Escrutadores.

5. Informe de la Comisión Ejecutiva Nacional y demás Comisiones Nacionales, en su caso.

6. Análisis, discusión y en su caso, aprobación de la Estrategia Político-Electoral y Plan de Trabajo.

7. Revisión, discusión y aprobación, en su caso, de las modificaciones a los Documentos Básicos del Partido del Trabajo.

8. Elección de la Comisión Ejecutiva Nacional, Comisión Coordinadora Nacional, Comisión de Constitucionalidad y Legalidad y demás Comisiones Nacionales del Partido del Trabajo. Toma de protesta de sus integrantes.

9. Clausura de los Trabajos.

BASES

TERCERA.- Podrán participar los Delegados que para tal efecto se hayan acreditado previamente ante la Comisión de Revisión y Acreditación, designada por la Comisión Ejecutiva Nacional, con base en el artículo 40 párrafo segundo del marco estatutario vigente, mediante acta original del Congreso Estatal respectivo y/o escrito de acreditación debidamente requisitazo por la instancia partidaria correspondiente.

Los casos no previstos en la presente Convocatoria serán resueltos por la Comisión Ejecutiva Nacional.

ii) Segundo:

DICTAMEN QUE EMITE LA COMISION DE REVISION, ACREDITACION Y REGISTRO DEL 7° CONGRESO NACIONAL ORDINARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO, RELATIVO A LA DECLARACION DE LA EXISTENCIA DEL QUORUM LEGAL PARA SESIONAR DE MANERA ORDINARIA EMITIDO EL 26 DE JULIO DE 2008, EN EL INMUEBLE DE LA EXPO - REFORMA CANACO, CIUDAD DE MEXICO, CONOCIDO COMO EL CENTRO DE NEGOCIOS Y COMERCIO DE LA CIUDAD DE MEXICO, UBICADO EN AVENIDA MORELOS NUMERO 67, COLONIA JUAREZ, C.P. 06600, DELEGACION CUAUHTEMOC, D.F.

A N T E C E D E N T E S

1. En sesión ordinaria de la Comisión Ejecutiva Nacional celebrada el pasado 07 de mayo de 2008, se acordó aprobar la convocatoria para la celebración del 7° Congreso Nacional Ordinario del Partido del Trabajo, de conformidad con lo establecido por los artículos 24, 25, 26, 28, 29, 30, 37, 38, 39 inciso c); 40 párrafo segundo; 43, 44 inciso g); 48, 51, y demás relativos y aplicables de los Estatutos vigentes del Partido del Trabajo, así como las disposiciones legales de los artículos 22 párrafo 5; 23 párrafo 2; 38 inciso f); 118 párrafo 1, inciso h); y demás relativos y aplicables del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

2. En fecha 07 de mayo del año en curso, la Comisión Coordinadora Nacional, con las facultades que le confieren y con base en los artículos 24, 25, 26, 28, 29, 37, 39, 43, 44 inciso g); y demás relativos y aplicables de los Estatutos aludidos, emitió previo acuerdo de la Comisión Ejecutiva Nacional, la Convocatoria para celebrar el 7° Congreso Nacional Ordinario, que se desarrolla en el inmueble de la Expo-Reforma Canaco, Ciudad de México, conocido como el Centro de Negocios y Comercio de la Ciudad de México, ubicado en Avenida Morelos número 67, Colonia Juárez, C.P. 06600, Delegación Cuauhtémoc, Distrito Federal.

3. En fecha 10 de julio de 2008, la Convocatoria para el 7° Congreso Nacional Ordinario del Partido del Trabajo fue publicada en tiempo y forma, en los periódicos de circulación nacional "La Jornada" y "El Sol de México".

4. En la Convocatoria referida se nombró como integrantes de la Comisión de Revisión, Acreditación y Registro a los CC. Ricardo Cantú Garza, Pedro Vázquez González y Silvano Garay Ulloa.

Por lo expuesto se:

RESUELVE

PRIMERO: de 784 (sic) integrantes del 7° Congreso Nacional Ordinario que se han convocado legal y formalmente en tiempo y forma, se han registrado 677 asistentes, con lo que se declara que existe el quórum legal para sesionar.

SEGUNDO: Todos los Acuerdos y Resoluciones que emita el 7° Congreso Nacional Ordinario, tendrán plena validez jurídica y legal, toda vez que se han cumplido a cabalidad los requisitos establecidos por el marco estatutario de este Instituto Político Nacional.

iii) Tercero:

REGLAMENTO DE DEBATES, PARTICIPACIONES Y VOTACIONES DEL 7° CONGRESO NACIONAL ORDINARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO, APROBADO POR LA COMISION EJECUTIVA NACIONAL EL DIA 24 DE JULIO DE 2008.

Capítulo Primero

Disposiciones Generales

ARTICULO PRIMERO: El presente Reglamento tiene como propósito regular lo relativo a las discusiones, participaciones y votaciones del Congreso Nacional. Es obligación de todos los integrantes del Congreso, mantener el orden, la compostura debida y escuchar con respeto a los oradores. También es obligación de los oradores, conducirse en sus intervenciones, de manera respetuosa hacia los Delegados y demás participantes que integran el Congreso.

Capítulo Segundo

De las Discusiones

ARTICULO SEGUNDO: Tendrán derecho a hacer uso de la palabra en las deliberaciones los Delegados al Congreso Nacional que se hayan registrado y acreditado previamente en la Mesa.

ARTICULO TERCERO: Por cada tema a deliberar se abrirá una ronda de cinco oradores a favor y cinco en contra, quienes podrán hacer uso de la palabra hasta por 3 minutos.

Se dará la palabra de manera alternada a un orador en contra y otro a favor, llamados por el Presidente de Debates con el orden en el que se inscribieron, comenzando por el inscrito en contra.

ARTICULO CUARTO: Una vez agotada la lista de oradores, el Congreso, mediante votación económica, podrá determinar abrir tantas rondas de discusión como se consideren necesarias.

ARTICULO QUINTO: Una vez que hubieran hablado los oradores inscritos en las distintas rondas aprobadas, el Presidente de Debates preguntará a la Asamblea si el asunto está suficientemente discutido. De ser así, se procederá inmediatamente a la votación. No se dará el uso de la palabra cuando esté en proceso la votación.

Capítulo Tercero

De las votaciones

ARTICULO SEXTO: De conformidad con el Artículo 29 inciso f) de los Estatutos del Partido del Trabajo, habrá tres tipos de votación: voto directo, secreto o por aclamación.

Capítulo Cuarto

De la Mesa de Debates

ARTICULO SEPTIMO: Es facultad del Presidente de la Mesa de Debates, conducir los trabajos del Congreso Nacional, decretar los recesos que se consideren pertinentes, para el mejor desarrollo de la discusión, precisando su tiempo de duración.

ARTICULO OCTAVO: Se establecen las siguientes mociones, que estarán reguladas de la manera siguiente:

1. Moción de orden. Es facultad del Presidente de la Mesa de Debates ejercerla para el mejor desempeño de la asamblea. Podrá ser solicitada y argumentada por los Congresistas.

2. Moción suspensiva. Es facultad de los Congresistas solicitar la suspensión de la discusión de un asunto particular o determinado, debiendo fundar y motivar tal solicitud, la cual deberá ser sometida a la consideración de la asamblea para su aprobación o rechazo. De aprobarse, se definirá en la instancia partidaria correspondiente, el tiempo que se posponga su discusión.

3. Moción de aclaración. Podrá realizarla cualquiera de los participantes acreditados en el Congreso y deberá dar su anuencia el orador en turno.

4. Moción de procedimiento. Podrá realizarla cualquiera de los participantes acreditados en el Congreso y el Presidente de la Mesa de Debates, deberá resolver lo conducente.

TRANSITORIO

UNICO. El presente Reglamento estará en vigor al inicio de los trabajos del 7° Congreso Nacional Ordinario del Partido del Trabajo y hasta su clausura correspondiente, una vez aprobado por la Comisión Ejecutiva Nacional.

iv) Cuarto:

Lic. Ranulfo Enrique Tovilla Saénz

Notario 124 del Distrito Federal

---INSTRUMENTO: CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS DIECISEIS.---------------------------------------------------------------------

---LIBRO: OCHOCIENTOS TREINTA Y UNO.------------------------

---EN LA CIUDAD DE MEXICO, DISTRITO FEDERAL, a los veintiocho (sic) días del mes de julio del año dos mil ocho, YO, RANULFO ENRIQUE TOVILLA SAENZ, Titular de la Notaría Ciento Veinticuatro del Distrito Federal, hago constar: LA FE DE HECHOS, que realizo a solicitud del Licenciado SILVANO GARAY ULLOA, quien comparece en su carácter de representante del "PARTIDO DEL TRABAJO", PARTIDO POLITICO NACIONAL, quien bajo protesta de decir verdad y advertido por mi de las penas en que incurren quienes declaran falsamente, por sus generales declaró ser: …-------------------------

---El señor LICENCIADO SILVANO GARAY ULLOA, me manifiesta que el "PARTIDO DEL TRABAJO", celebrará en esta capital los días veintiséis y veintisiete de julio de dos mil ocho, su SEPTIMO CONGRESO NACIONAL ORDINARIO.--------------

---Al efecto, el compareciente me exhibe los siguientes documentos:--------------------------------------------------------------------

---B).- Un ejemplar del Diario Oficial de la Federación, correspondiente a su edición del día veintiocho de octubre de dos mil cinco, en la que se encuentra inserta la resolución adoptada por el Consejo General del Instituto Federal Electoral en la sesión extraordinaria celebrada por dicho organismo el día veintiuno de septiembre de dos mil cinco, por la cual aprobó las modificaciones a la Declaración de Principios, Programa de Acción y Estatutos del Partido del Trabajo.- De dicho documento transcribo lo siguiente: "…ANEXO TRES.- ESTATUTOS.- CAPITULO I.- E S T A T U T O S: ARTICULO 1.- Su nombre es PARTIDO DEL TRABAJO Y SUS SIGLAS SON PT.- ARTICULO 2.- Su emblema es un recuadro negro con fondo rojo; con una estrella de cinco picos de color amarillo oro en la parte superior, y ocupando un mayor espacio, situadas en la parte inferior de la estrella, las siglas PARTIDO DEL TRABAJO, PT en color amarillo oro. Los colores que caracterizan al Partido del Trabajo son rojo y amarillo oro.- ARTICULO 3.- Su lema es UNIDAD NACIONAL, ¡TODO EL PODER AL PUEBLO!.- ARTICULO 4.- El domicilio de la sede nacional del Partido del Trabajo estará ubicado en la Ciudad de México, Distrito Federal. Sus estatales, municipales, delegacionales y en su caso distritales tendrán su domicilio en el lugar de su residencia…- CAPITULO VI.- DE LAS INSTANCIAS DE DIRECCION Y OTROS ORGANOS DEL PARTIDO.- ARTICULO 23.- Las instancias de Dirección del Partido del Trabajo son: l.- Nacionales: a) Congreso Nacional. b) Consejo Político Nacional. c) Comisión Ejecutiva Nacional. d) Comisión Coordinadora Nacional. e) Comisionado Político Nacional.- Otros órganos Nacionales: a) Comisión Nacional de Contraloría y Fiscalización. b) Comisión Nacional de Garantías, Justicia y Controversias. II.- Organos de Dirección Estatal: a) Congreso Estatal o del Distrito Federal. b) Consejo Político Estatal o del Distrito Federal. c) Comisión Ejecutiva Estatal o del Distrito Federal. d) Comisión Coordinadora Estatal o del Distrito Federal. e) Comisionado Político Nacional, en su caso.- Otros Organos de Dirección Estatal o del Distrito Federal: a) Comisión de Contraloría y Fiscalización Estatal o del Distrito Federal. b) Comisión de Garantías, Justicia y Controversias Estatal o del Distrito Federal. III.- Órganos de Dirección Municipal y Delegacional: a) Congreso Municipal o Delegacional. b) Consejo Político Municipal o Delegacional. c) Comisión Ejecutiva Municipal o Delegacional. d) Comisión Coordinadora Municipal o Delegacional. e) Organismos del Partido del Trabajo en las comunidades y en las organizaciones sociales. f) Comisionados Políticos Nacionales, en su caso. Donde se requiera se establecerán órganos de dirección e instancias Distritales. CAPITULO VII.- DEL CONGRESO NACIONAL.- ARTICULO 24.- El Congreso Nacional es el órgano máximo de dirección y decisión del Partido. Sus acuerdos y resoluciones serán obligatorios para todas sus instancias de dirección, militantes y afiliados.- ARTICULO 25.- El Congreso Nacional se integra por: a) La Comisión Ejecutiva Nacional, La Comisión Coordinadora Nacional, La Comisión Nacional De Contraloría y Fiscalización y La Comisión Nacional de Garantías, Justicia y Controversias. b) Legisladores Federales del Partido del Trabajo, acreditados conforme a la convocatoria respectiva. c) Legisladores Locales del Partido del Trabajo, acreditados conforme a la convocatoria respectiva. d) Comisionados Políticos Nacionales. e) Presidentes Municipales del Partido del Trabajo, acreditados conforme a la convocatoria respectiva. f) Representantes Nacionales ante los órganos electorales federales. g) Delegados en el número y proporción que se establezca en la convocatoria respectiva, que emita la instancia convocante, tomando en cuenta: Crecimiento y consolidación de las organizaciones sociales. El desarrollo político e ideológico del Partido del Trabajo. Compromiso con el proyecto Nacional del Partido del Trabajo. El último resultado electoral. Cuando sean procesos concurrentes se tomará el resultado mayor en la votación de diputados federales o locales. Peso específico de cada Estatal. h) Los delegados nombrados por la Comisión Ejecutiva Nacional, con base en el artículo 40 párrafo segundo, de los presentes Estatutos. ARTICULO 26.- El Congreso Nacional se reunirá cada tres años en forma ordinaria y se le dará validez al contar con el quórum legal establecido y al estar presente la mayoría de los miembros de la Comisión Coordinadora Nacional o el 50% más uno de los integrantes de la Comisión Ejecutiva Nacional quienes presidirán el evento. Se deberá aprobar la convocatoria por el 66% de sus miembros, cuando menos, de la Comisión Ejecutiva Nacional, o el Consejo Político Nacional en el mismo porcentaje y a negativa u omisión de estas instancias se podrá aprobar con el 50% más uno de las Comisiones Ejecutivas Estatales del país incluyendo el Distrito Federal. La convocatoria deberá ser firmada y ordenar su publicación por la Comisión Coordinadora o por el 50% más uno de los integrantes de la Comisión Ejecutiva Nacional, al menos con dos meses de anticipación a su celebración y difundirse en forma amplia a todas las instancias estatales y publicarse en un periódico de circulación nacional, al menos quince días naturales antes de la celebración del Congreso… ARTICULO 28.- El quórum del Congreso Nacional ordinario y extraordinario será del 66% de sus integrantes. Los acuerdos, resoluciones, elecciones, nombramientos y mandatos serán válidos con el voto del 50% más uno de los integrantes presentes. Se requerirá al menos el voto de dos terceras partes de los integrantes presentes para acordar el cambio de nombre, emblema, lema, fusión, disolución del Partido del Trabajo y la venta de bienes inmuebles. ARTICULO 29.- Son atribuciones del Congreso Nacional ordinario y extraordinario: A) Conocer y resolver sobre el informe de la Comisión Ejecutiva Nacional. B) Determinar la línea teórico-ideológica. C) Fijar la línea política estratégica y táctica. D) Realizar las reformas y los cambios que se consideren convenientes en la Declaración de Principios, el Programa de Acción y los Estatutos del Partido. E) Elegir en el número que lo acuerde el propio Congreso a los integrantes de la Comisión Ejecutiva Nacional. De entre sus miembros se elegirán a seis militantes propietarios para integrar la Comisión Coordinadora Nacional. F) La elección de los integrantes de dirección se realizará a través del voto directo, secreto o por aclamación del 50% más uno de los congresistas presentes. G) Analizar y en su caso aprobar el informe de actividades del Partido del Trabajo que presente la Comisión Ejecutiva Nacional, la Comisión Nacional de Finanzas y Patrimonio, el informe sobre los dictámenes de la Comisión de Contraloría y Fiscalización y fijar la política financiera del Partido. H) Además resolverá sobre los asuntos que él mismo determine".--------------

---Después de mostrar al suscrito Notario, la documentación antes relacionada, el compareciente señor LICENCIADO SILVANO GARAY ULLOA, me solicita de FE, como la doy, de los siguientes:------------------------------------------------------------------

-------------------------------H E C H O S-------------------------------------

---PRIMERO.- En compañía del solicitante, siendo las diez horas del día veintiséis de julio de dos mil ocho, me constituí en la Planta Baja o de Acceso del local que ocupa el Centro de Negocios y Comercio de la Ciudad de México, con domicilio en la calle de Morelos número sesenta y siete, colonia Juárez, Delegación Cuauhtémoc, en donde se encuentran diversos módulos de acreditación para los Delegados efectivos al precitado SEPTIMO CONGRESO NACIONAL ORDINARIO del "PARTIDO DEL TRABAJO", provenientes de todos los Estados de la República Mexicana y del Distrito Federal, que proceden a registrarse a fin de estar en aptitud de participar en los trabajos del mismo, de lo que da fe el suscrito notario, registro que se lleva a cabo sin incidente alguno.-----------------------------------------

---CUARTO.- A continuación, en desahogo del punto tres del Orden del Día el compareciente Diputado Federal Licenciado SILVANO GARAY ULLOA, en representación de la COMISION DE ACREDITACION Y REGISTRO, informa que se contaba con la asistencia de seiscientos setenta y siete Delegados efectivos de los setecientos setenta y uno (sic) que fueron convocados, por lo que con apoyo en el artículo veinticinco de los Estatutos vigentes que rigen a ese Instituto Político Nacional en concordancia con el artículo veintiocho de los mismos, que previene que para que exista quórum se requiere la asistencia del sesenta y seis por ciento de los Delegados efectivos convocados, certifica la existencia de quórum legal y por ende todos los acuerdos y resoluciones que emanen de dicho Congreso tendrán plena validez jurídica. El Diputado Federal Licenciado SILVANO GARAY ULLOA, hizo entrega al suscrito notario del dictamen respectivo y de las listas de asistencia de los Delegados efectivos registrados por cada entidad federativa. Se hace constar que los documentos antes relacionados estuvieron a disposición de los Congresistas asistentes para los efectos de su revisión.-------------------------------------------------------

---SEXTO.- A continuación, en cumplimiento al punto cuatro del Orden del Día se procedió a nombrar a los integrantes de la Mesa de Debates, previa aprobación mediante el voto de la mayoría de los Congresistas asistentes, lo que certifica el suscrito notario, quedando conformada por las siguientes personas: …--------------------------------------------------------------------

---DECIMO.- Acto continuo, se procedió al desahogo del punto siete del Orden del Día, consistentes en la revisión, discusión y aprobación, en su caso, de las modificaciones a los documentos básicos del "PARTIDO DEL TRABAJO", consistentes en la Declaración de Principios, Programa de Acción y Estatutos.------------------------------------------------------------

---Una vez analizados y discutidos por el Pleno del SEPTIMO CONGRESO NACIONAL ORDINARIO, la Mesa de Debates, sometió a consideración la aprobación de los documentos básicos en lo general, dando fe el suscrito notario, que se aprobaron por mayoría de votos de los Congresistas asistentes.

---Después de haber sido aprobado en lo general los documentos básicos del "PARTIDO DEL TRABAJO", los Congresistas reservaron para su discusión y aprobación en lo particular, los siguientes artículos de los Estatutos del Partido del Trabajo: Veintitrés, fracción primera, inciso e); Veinticinco; Veintinueve; Cuarenta y Tres; Cuarenta y Siete; Ciento Dieciocho; y Ciento Veinte.-------------------------------------------------

---DECIMO QUINTO.- A continuación, se procedió a desahogar el punto ocho del Orden del Día, consistente en la elección de los integrantes: de la Comisión Ejecutiva Nacional; Comisión Coordinadora Nacional; Comisión Nacional de Garantías, Justicia y Controversias; y Comisión Nacional de Contraloría y Fiscalización. La Mesa de Debates, propuso una planilla de unidad para la integración de los diversos órganos de Dirección Nacional, proponiendo que la elección de la misma se realice bajo el método de votación por aclamación.---------------------------

---Dicha propuesta fue sometida a votación, de lo que da fe el suscrito notario, siendo aprobada por la mayoría de votos de los Congresistas asistentes.----------------------------------------------------

---DECIMO SEXTO.- A continuación, se procedió a la lectura de los nombres de los militantes propuestos para ocupar las diversas instancias de Dirección Nacional, conforme a la planilla de unidad y que son los siguientes: …----------------------------------

---Enseguida se realizó la votación respectiva, aprobándose y designándose por el voto de la mayoría de los Congresistas asistentes, de lo que da fe el suscrito notario, la integración de las Comisiones antes citadas, de acuerdo a la planilla de unidad, mismas que cumple con todos y cada uno de los requisitos estatutarios.-------------------------------------------------------

---A continuación la Profesora María Guadalupe Rodríguez Martínez, Presidente de la Mesa de Debates, procedió a tomar protesta a los integrantes de las mencionadas Comisiones, con lo cual se da por concluido el punto ocho del Orden del Día.------

---DECIMO SEPTIMO.- Que siendo las quince horas y treinta y cinco minutos del día veintisiete de julio de dos mil ocho, el Profesor FRANCISCO AMADEO ESPINOSA RAMOS, integrante de la Comisión Coordinadora Nacional, procede a clausurar los trabajos del SEPTIMO CONGRESO NACIONAL ORDINARO del "PARTIDO DEL TRABAJO".--------------------------

---Con lo anterior, se da por terminada la presente acta.-----------

(Subrayado de la sentencia)

Con base en lo anterior, esta Sala Superior observa que, en efecto, tanto el Séptimo Congreso Nacional Ordinario del Partido del Trabajo como los acuerdos y elección de dirigentes nacionales celebrados en el mismo, tuvieron como sustento normativo diversos preceptos estatutarios ahora impugnados por inconstitucionales, pues según los impetrantes, los mismos resultan insuficientes para garantizar elecciones de dirigentes apegadas a los principios de legalidad, igualdad, libertad, certeza, objetividad e imparcialidad, aunado a que no establece límites a la reelección, admiten explícitamente el denominado voto por aclamación y no prevén un sistema de justicia intrapartidaria eficaz para controvertir las irregularidades ocurridas con motivo de tales actos.

De las porciones atinentes transcritas, se advierte sin lugar a duda que los diversos actos torales ocurridos con motivo de la realización del citado Séptimo Congreso Nacional Ordinario del Partido del Trabajo se fundaron en la aplicación de sus estatutos vigentes, cuya constitucionalidad es cuestionada por los ahora enjuiciantes, junto con la validez del propio congreso y de los acuerdos y elecciones ocurridos en el mismo.

Las omisiones y deficiencias de los preceptos estatutarios que dieron sustento normativo al congreso y a todos los acuerdos y decisiones relacionados, ahora impugnados, se tradujeron sin lugar a duda en actos concretos de aplicación que afectaron la esfera jurídica de los enjuiciantes en sus derechos de votar, ser votados, asociación y afiliación, pues tales vacíos regulatorios propiciaron, a decir de los impetrantes, entre otros agravios, la imposibilidad de participar en condiciones de igualdad en el procedimiento de elección de dirigentes nacionales, permitiendo, por otra parte, que determinadas personas fueran reelectas nuevamente para ocupar dichos cargos.

En ese tenor, se desprende lo siguiente:

a. La convocatoria al multicitado congreso nacional, emitida el siete de mayo de dos mil ocho por la Comisión Coordinadora Nacional del Partido del Trabajo (Alberto Anaya Gutiérrez, Ricardo Cantú Garza, Alejandro González Yáñez, Rubén Aguilar Jiménez y José Narro Céspedes), se fundó en los artículos estatutarios 24; 25; 26; 28; 29; 30; 37; 38; 39 inciso c); 40, párrafo segundo; 43; 44, inciso g); 48, y 51 (si bien el párrafo fundatorio del citado documento resulta enunciativo y no taxativo, pues en dicha convocatoria se añade la frase "…y demás relativos y aplicables del los Estatutos vigentes del Partido del Trabajo, …").

De la revisión de tales preceptos se desprende que únicamente aluden al Congreso Nacional como órgano máximo de dirección y decisión, su integración, periodicidad en su celebración, quórum legal para su debida instalación, porcentaje mínimo de votos y demás formalidades para la emisión de su convocatoria, validez de sus resoluciones y atribuciones.

Por otra parte, los demás preceptos estatutarios regulan genéricamente diversos aspectos de otros órganos de dirección nacional, a saber, la Comisión Ejecutiva Nacional, la Comisión Coordinadora Nacional y la Comisión Nacional de Garantías, Justicia y Controversias.

b. El dictamen emitido el veintiséis de julio de dos mil ocho por la Comisión de Revisión, Acreditación y Registro del Séptimo Congreso Nacional Ordinario del Partido del Trabajo (Ricardo Cantú Garza, Pedro Vázquez González y Silvano Garay Ulloa) sobre la existencia del quórum legal para sesionar, se limitó a reiterar los preceptos estatutarios invocados en la supracitada convocatoria, resolviendo en forma expresa, en lo conducente, "SEGUNDO: Todos los Acuerdos y Resoluciones que emita el 7° Congreso Nacional Ordinario, tendrán plena validez jurídica y legal, toda vez que se han cumplido a cabalidad los requisitos establecidos por el marco estatutario de este Instituto Político Nacional" (sic).

c. En el Reglamento de Debates, Participaciones y Votaciones del Séptimo Congreso Nacional Ordinario del Partido del Trabajo, aprobado por la Comisión Ejecutiva Nacional el veinticuatro de julio de dos mil ocho, se reconoció expresamente como mecanismo de votación, con fundamento en el artículo 29, inciso f), de los estatutos del referido partido político, el llamado voto por aclamación, cuya inconstitucionalidad alegan expresamente los actores, y

d. Finalmente, en el instrumento notarial cincuenta y seis mil setecientos dieciséis, libro ochocientos treinta y uno, correspondiente a la fe de hechos levantada por el Notario Público número 124 del Distrito Federal con motivo de la celebración del multicitado Séptimo Congreso Nacional Ordinario del Partido del Trabajo, se reproducen textualmente, como sustento normativo del citado evento, diversos preceptos de los estatutos tildados de inconstitucionales (artículos 1, 2, 3, 4, 23, 24, 25, 26, 28 y 29).

Dichos preceptos estatutarios, concernientes al nombre, emblema, colores, lema y domicilio del Partido del Trabajo, así como al enunciado de sus órganos de dirección y algunos aspectos genéricos de su Congreso Nacional, sirvieron de fundamento en el multicitado congreso nacional para emitir, entre otros actos y acuerdos, los siguientes: la acreditación de delegados, la existencia de quórum legal, la discusión y aprobación de modificaciones a documentos básicos (entre ellos los propios estatutos) y la elección, a través del método de votación por aclamación respecto de la propuesta de una planilla de unidad, de los integrantes de diversos órganos de dirección nacional.

Con base en lo expuesto, es decir, acreditado que los actos y acuerdos impugnados en el presente juicio ciudadano fueron emitidos en aplicación de preceptos estatutarios tildados de omisos e insuficientes, se procede a contestar, en su orden, cada uno de los agravios relacionados, precisamente, con la inconstitucionalidad de dichos Estatutos del Partido del Trabajo.

En atención a la estrecha relación existente entre ambos, se analizan conjuntamente los primeros dos puntos de agravio planteados por los enjuiciantes:

i) y ii) Deficiente regulación de mecanismos que garanticen la participación de los militantes en los procesos de elección interna de dirigentes partidistas, tanto en carácter de candidatos como de electores, de manera democrática, cierta, libre y periódica, así como imprevisión de un órgano interno imparcial e independiente que conduzca los procesos de elección de dirigentes en forma democrática y con apego a los principios de legalidad, objetividad y certeza.

En el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales se establece lo siguiente:

Artículo 27

1. Los estatutos establecerán:

...

b) Los procedimientos para la afiliación individual, libre y pacífica de sus miembros, así como sus derechos y obligaciones. Dentro de los derechos se incluirán el de participar personalmente o por medio de delegados en asambleas y convenciones, y el poder ser integrante de los órganos directivos;

c) Los procedimientos democráticos para la integración y renovación de los órganos directivos así como las funciones, facultades y obligaciones de los mismos. Entre sus órganos deberá contar, cuando menos, con los siguientes:

I. Una asamblea nacional o equivalente;

II. Un comité nacional o equivalente, que sea el representante nacional del partido;

III. Comités o equivalentes en las entidades federativas, y

IV. Un órgano responsable de la administración de su patrimonio y recursos financieros y de la presentación de los informes de ingresos y egresos anuales y de campaña a que se refiere el párrafo 1 del artículo 49-A de este código.

(Subrayado de la sentencia)

Como se corrobora con la transcripción anterior, en el citado precepto legal se impone a los partidos políticos, tanto reconocer el derecho de sus miembros a participar en las asambleas y convenciones, y ser integrante de los órganos directivos, como la obligación de prever en sus estatutos procedimientos democráticos para la integración y renovación de estos últimos.

Sobre el particular, es necesario tener presente el criterio establecido en la tesis de jurisprudencia S3ELJ03/2005,15 del tenor siguiente:

15 Consultable en Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005. Compilación oficial. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Volumen Jurisprudencia, páginas 120 a 122).

ESTATUTOS DE LOS PARTIDOS POLITICOS. ELEMENTOS MINIMOS PARA CONSIDERARLOS DEMOCRATICOS.- El artículo 27, apartado 1, incisos c) y g), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, impone a los partidos políticos la obligación de establecer en sus estatutos, procedimientos democráticos para la integración y renovación de los órganos directivos; sin embargo, no define este concepto, ni proporciona elementos suficientes para integrarlo jurídicamente, por lo que es necesario acudir a otras fuentes para precisar los elementos mínimos que deben concurrir en la democracia; los que no se pueden obtener de su uso lingüistico, que comúnmente se refiere a la democracia como un sistema o forma de gobierno o doctrina política favorable a la intervención del pueblo en el gobierno, por lo que es necesario acudir a la doctrina de mayor aceptación, conforme a la cual, es posible desprender, como elementos comunes característicos de la democracia a los siguientes: 1. La deliberación y participación de los ciudadanos, en el mayor grado posible, en los procesos de toma de decisiones, para que respondan lo más fielmente posible a la voluntad popular; 2. Igualdad, para que cada ciudadano participe con igual peso respecto de otro; 3. Garantía de ciertos derechos fundamentales, principalmente, de libertades de expresión, información y asociación, y 4. Control de órganos electos, que implica la posibilidad real y efectiva de que los ciudadanos puedan elegir a los titulares del gobierno, y de removerlos en los casos que la gravedad de sus acciones lo amerite. Estos elementos coinciden con los rasgos y características establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que recoge la decisión de la voluntad soberana del pueblo de adoptar para el Estado mexicano, la forma de gobierno democrática, pues contempla la participación de los ciudadanos en las decisiones fundamentales, la igualdad de éstos en el ejercicio de sus derechos, los instrumentos para garantizar el respeto de los derechos fundamentales y, finalmente, la posibilidad de controlar a los órganos electos con motivo de sus funciones. Ahora bien, los elementos esenciales de referencia no deben llevarse, sin más, al interior de los partidos políticos, sino que es necesario adaptarlos a su naturaleza, a fin de que no les impidan cumplir sus finalidades constitucionales. De lo anterior, se tiene que los elementos mínimos de democracia que deben estar presentes en los partidos políticos son, conforme al artículo 27, apartado 1, incisos b), c) y g) del código electoral federal, los siguientes: 1. La asamblea u órgano equivalente, como principal centro decidor del partido, que deberá conformarse con todos los afiliados, o cuando no sea posible, de un gran número de delegados o representantes, debiéndose establecer las formalidades para convocarla, tanto ordinariamente por los órganos de dirección, como extraordinariamente por un número razonable de miembros, la periodicidad con la que se reunirá ordinariamente, así como el quórum necesario para que sesione válidamente; 2. La protección de los derechos fundamentales de los afiliados, que garanticen el mayor grado de participación posible, como son el voto activo y pasivo en condiciones de igualdad, el derecho a la información, libertad de expresión, libre acceso y salida de los afiliados del partido; 3. El establecimiento de procedimientos disciplinarios, con las garantías procesales mínimas, como un procedimiento previamente establecido, derecho de audiencia y defensa, la tipificación de las irregularidades así como la proporcionalidad en las sanciones, motivación en la determinación o resolución respectiva y competencia a órganos sancionadores, a quienes se asegure independencia e imparcialidad; 4. La existencia de procedimientos de elección donde se garanticen la igualdad en el derecho a elegir dirigentes y candidatos, así como la posibilidad de ser elegidos como tales, que pueden realizarse mediante el voto directo de los afiliados, o indirecto, pudiendo ser secreto o abierto, siempre que el procedimiento garantice el valor de la libertad en la emisión del sufragio; 5. Adopción de la regla de mayoría como criterio básico para la toma de decisiones dentro del partido, a fin de que, con la participación de un número importante o considerable de miembros, puedan tomarse decisiones con efectos vinculantes, sin que se exija la aprobación por mayorías muy elevadas, excepto las de especial trascendencia, y 6. Mecanismos de control de poder, como por ejemplo: la posibilidad de revocar a los dirigentes del partido, el endurecimiento de causas de incompatibilidad entre los distintos cargos dentro del partido o públicos y establecimiento de períodos cortos de mandato.

(Subrayado de la sentencia)

De lo expuesto con antelación, resulta inconcuso que para estimar que los estatutos de un partido político puedan ser calificados de democráticos y constitucionales, se debe prever expresamente en ellos, en lo atinente a los presentes agravios, los derechos de los militantes para participar en igualdad de condiciones en la elección de dirigentes (tanto para votar como para ser votado) y, además, de manera fundamental e imprescindible, la existencia de los procedimientos que se deberán observar para llevar a cabo tal elección de dirigencias.

De la revisión exhaustiva de los estatutos del mencionado partido político, se advierte que en los mismos únicamente se prevé, en lo conducente, lo siguiente:

a. El Partido del Trabajo se atribuye el carácter de democrático y adopta como modelo de funcionamiento la democracia "centralizada";

b. El funcionamiento de los órganos de dirección es colegiado;

c. Las decisiones de trascendencia se tomarán por consenso y, si no es posible, por mayoría calificada de votos de los individuos presentes, asimismo, las decisiones secundarias y operativas se tomarán por mayoría simple;

d. Habrá rotación de militantes en los cargos de responsabilidad, recomendándose nunca hacerlo al 100%, para aprovechar la experiencia y dar continuidad a los trabajos de dirección;

e. Los miembros de los órganos de dirección podrán ser removidos y sustituidos en cualquier momento por causa justificada, por la instancia que corresponda, conforme a los procedimientos señalados en los estatutos;

f. Son derechos de los militantes del Partido del Trabajo, entre otros: votar y ser votados para los órganos de dirección del partido en todos los niveles, cuando cumplan los requisitos estatutarios para ello;

g. Los órganos nacionales de dirección del Partido del Trabajo son: Congreso Nacional, Consejo Político Nacional, Comisión Ejecutiva Nacional y Comisión Coordinadora Nacional (estos órganos de dirección se reproducen, según el caso, a nivel estatal, del Distrito Federal, municipal y delegacional, además de preverse la posibilidad de órganos de dirección distrital y la existencia de organismos en comunidades y organizaciones sociales), además, se prevé la figura del Comisionado Político Nacional;

h. El Congreso Nacional es el órgano máximo de dirección y decisión; se integra por: la Comisión Ejecutiva Nacional, la Comisión Coordinadora Nacional, la Comisión Nacional de Contraloría y Fiscalización, la Comisión Nacional de Garantías, Justicia y Controversias, legisladores federales, legisladores locales, comisionados políticos nacionales, presidentes municipales, representantes nacionales ante órganos electorales federales, delegados en términos de la convocatoria emitida al efecto y delegados nombrados directamente por la Comisión Ejecutiva Nacional; se reunirá ordinariamente cada tres años, previa convocatoria aprobada por la Comisión Ejecutiva Nacional, el Consejo Político Nacional o las Comisiones Ejecutivas Estatales y del Distrito Federal, y firmada y publicada por la Comisión Coordinadora Nacional o la Comisión Ejecutiva Nacional, por lo menos con dos meses de anticipación a su celebración, además de difundirse en las instancias estatales y publicarse en un periódico de circulación nacional al menos quince días naturales antes del Congreso, para su validez, deberá contar con quórum de 66% de sus integrantes y estar presente la mayoría de la Comisión Coordinadora Nacional o de la Comisión Ejecutiva Nacional, quienes presidirán el evento; cuando sea necesario, se podrá reunir en forma extraordinaria, previa convocatoria acordada por la Comisión Ejecutiva Nacional, firmada y publicada por la Comisión Coordinadora Nacional o la Comisión Ejecutiva Nacional, por lo menos con un mes de anticipación a su celebración, además de publicarse en un periódico de circulación nacional al menos quince días naturales antes del Congreso, para su validez deberá contar con quórum de 66% de sus integrantes y estar presente la mayoría de la Comisión Coordinadora Nacional o de la Comisión Ejecutiva Nacional, quienes presidirán el evento; sus acuerdos, resoluciones, elecciones, nombramientos y mandatos serán válidos con el voto del 50% más uno de los integrantes presentes (si bien, tratándose de la elección de integrantes de los órganos de dirección se prevé el "voto por aclamación"); tiene, entre otras, la función de elegir a los integrantes de la Comisión Ejecutiva Nacional y de la Comisión Coordinadora Nacional, y sus debates serán democráticos;

i. El Consejo Político Nacional es el órgano máximo de dirección y decisión entre Congreso y Congreso; se integra por: la Comisión Ejecutiva Nacional, la Comisión Coordinadora Nacional, comisionados políticos nacionales, senadores, diputados federales, diputados locales, presidentes municipales o jefes delegacionales, representantes ante órganos electorales nacionales, la Comisión Nacional de Contraloría y Fiscalización, la Comisión Nacional de Garantías, Justicia y Controversias, delegados de cada entidad federativa en términos del propio precepto y de conformidad con el dictamen que apruebe la Comisión Ejecutiva Nacional y emita esta última, la Comisión Coordinadora Nacional o el 50% más uno de las Comisiones Ejecutivas Estatales y del Distrito Federal; se reunirá ordinariamente cada cuatro meses (seis meses según la reforma) o en forma extraordinaria cuando sea necesario, en la fecha que señale la Comisión Ejecutiva Nacional, previa convocatoria acordada por esta última, la Comisión Coordinadora Nacional o las Comisiones Ejecutivas Estatales y del Distrito Federal, y firmada por la Comisión Coordinadora Nacional o la Comisión Ejecutiva Nacional, por lo menos con cinco (siete, según la modificación) días naturales de anticipación a su celebración (si es ordinaria), o tres días naturales (si es extraordinaria), para su validez deberá contar con quórum de 66% (50% según la reforma) de sus integrantes; sus acuerdos y resoluciones serán válidos con el voto del 50% más uno de los integrantes presentes; tiene, entre otras, las atribuciones de convocar a la celebración del Congreso Nacional ordinario o extraordinario, elegir a los integrantes de la Comisión Ejecutiva Nacional (con la reforma, también a los integrantes de la Comisión Coordinadora Nacional) por ampliación, sustitución en caso de muerte, impedimento físico, mental, incumplimiento de funciones, renuncia o expulsión del partido; elegir a los sustitutos de la Comisión Nacional de Contraloría y Fiscalización y de la Comisión Nacional de Garantías, Justicia y Controversias, por renuncia, expulsión, suspensión, muerte, incumplimiento sistemático e incapacidad física o mental;

j. La Comisión Ejecutiva Nacional es el órgano ejecutivo, colectivo y permanente, entre sesión y sesión del Consejo Político Nacional; será elegida en cada Congreso Nacional Ordinario en el número que éste acuerde, si bien el Congreso Nacional Extraordinario podrá modificar dicha integración; se reunirá ordinariamente una vez a la semana o en forma extraordinaria cuando sea necesario, previa convocatoria de la Comisión Coordinadora Nacional, por lo menos con tres o un día de anticipación, respectivamente; para su validez deberá contar con quórum de 50% más uno de sus integrantes; sus acuerdos y resoluciones serán válidos con el voto del 50% más uno de los integrantes presentes; tiene, entre otras, las siguientes atribuciones: aprobar la convocatoria al Congreso Nacional ordinario (respecto del cual podrá prorrogar o anticipar hasta por cuatro meses su realización) y extraordinario y a las asambleas del Consejo Político Nacional, aprobar supletoriamente (cuando lo considere necesario) la convocatoria a los Congresos Estatales ordinarios y extraordinarios, resolver las controversias que resulten de la aplicación de los estatutos y sus reglamentos, nombrar a los comisionados políticos nacionales, aprobar y aplicar sanciones de separación temporal y expulsión definitiva de militantes o afiliados, nombrar representantes que asistan a los congresos y consejos políticos estatales y sancionen la validez de sus elecciones y acuerdos, convocar a los órganos de dirección estatal o del Distrito Federal para que elijan representantes y delegados a los eventos nacionales y estatales que organice el partido (en caso de conflicto o inexistencia de condiciones para ello, la propia comisión los nombrará directamente), anular, suspender, posponer o declarar inexistente los congresos y consejos políticos estatales, del Distrito Federal, municipales, delegacionales y las correspondientes convenciones electorales; suspender, destituir, nombrar y reestructurar parcial o totalmente a las comisiones ejecutivas o coordinadoras estatales, del Distrito Federal, municipales y delegacionales, así como extender y certificar los oficios, nombramientos y documentos de acreditación de los órganos de dirección nacional, estatal, del Distrito Federal, municipal, delegacional y distrital;

k. La Comisión Coordinadora Nacional es la representación política y legal del Partido del Trabajo y de todas las instancias de dirección nacional; se integra por seis miembros (nueve, después de las modificaciones acordadas en el congreso impugnado) elegidos en cada Congreso Nacional ordinario; se reunirá ordinariamente una vez a la semana o en forma extraordinaria cuando así requiera cualquiera de sus miembros, previa convocatoria acordada con tres días o un día de anticipación, respectivamente, el quórum legal para sesionar se integrará con la asistencia de la mayoría de sus integrantes y sus acuerdos y resoluciones tendrán validez con la aprobación y firma de la mayoría de sus integrantes; tiene, entre otras, la atribución de instrumentar todos los acuerdos y resoluciones de la Comisión Ejecutiva Nacional, del Consejo Político Nacional y del Congreso Nacional;

l. Los comisionados políticos nacionales son representantes de la Comisión Ejecutiva Nacional, cuyas actividades estarán subordinadas a la Comisión Coordinadora Nacional, a la propia Comisión Ejecutiva Nacional y al Consejo Político Nacional, contando con las atribuciones previstas para los casos de conflicto en las entidades federativas;

ll. La práctica de nepotismo es motivo de sanción (desde advertencia formal hasta expulsión definitiva), entendiéndose por aquél, aprovechar un cargo de dirección partidista, de representación o en la administración pública para designar personalmente a familiares a cargos, entre otros, de dirección partidaria, y

m. Las reglas electorales previstas en los Estatutos del Partido del Trabajo (capítulo XXIX, de las elecciones) únicamente se refieren a los procesos internos de elección de candidatos a cargos de representación popular.

De lo expuesto, esta Sala Superior concluye que los Estatutos del Partido del Trabajo no reúnen el requisito democrático de prever procedimientos para la elección de dirigentes y, en consecuencia, en ese aspecto resultan inconstitucionales.

Si bien en el mencionado ordenamiento partidista se reconocen como derechos de los militantes los de votar y ser votados para los órganos de dirección del partido político en todos los niveles cuando reúnan los requisitos establecidos para ello, es notorio que no se prevén los procedimientos que habrán de observarse en dichos actos de elección y renovación de dirigentes partidarios, tendentes a garantizar el cumplimiento de reglas claras, en condiciones de igualdad, libertad, certeza y seguridad jurídica, para todos los militantes que, en ejercicio de sus derechos político-electorales de votar, ser votados, de asociación y afiliación, aspiren a participar en esos comicios internos.

De los multicitados estatutos partidarios (cuya parte atinente ha sido transcrita) y de los puntos conclusivos que de los mismos se desprendieron en párrafos precedentes, este órgano resolutor advierte que, incumpliendo con la obligación prevista en el citado artículo 27, párrafo 1, inciso c), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en los Estatutos del Partido del Trabajo no se establecen los procedimientos democráticos para la integración y renovación de los órganos directivos.

En todo caso, únicamente se menciona que:

- La dirección del Partido del Trabajo es colegiada;

- Las decisiones se tomarán por consenso o por mayoría;

- Habrá rotación de dirigentes y éstos podrán ser removidos o sustituidos por causa justificada;

- Se enumeran los órganos de dirección y se describe cómo se integran, con qué periodicidad se reúnen y cuáles son sus atribuciones, y

- Se sanciona la práctica del nepotismo, identificada como el aprovechamiento de un cargo de dirección partidista para designar familiares en otros puestos de dirigencia.

Asimismo, en dichos estatutos se alude genéricamente a la elección de dirigentes por parte de los propios órganos de dirección (en los ámbitos nacional, local y municipal o delegacional), ordenándose que:

- El Congreso Nacional elegirá a los integrantes de la Comisión Ejecutiva Nacional y de la Comisión Coordinadora Nacional;

- El Consejo Político Nacional tiene la atribución de elegir a los integrantes de la Comisión Ejecutiva Nacional (con la reforma, también a los miembros de la Comisión Coordinadora Nacional) por ampliación o sustitución, y

- La Comisión Ejecutiva Nacional tiene facultades para aprobar las convocatorias al Congreso Nacional ordinario (pudiendo anticipar o prorrogar su celebración) y extraordinario, así como al Consejo Político Nacional y a los Congresos Estatales ordinarios y extraordinarios, y nombrar a los Comisionados Políticos Nacionales, quienes, cabe destacar, son representantes de la misma Comisión Ejecutiva Nacional en las entidades federativas.

Sin embargo, no se prevén las reglas ni los mecanismos a observar para elegir y renovar a los integrantes de los referidos órganos de dirección.

En los citados estatutos se observa una deficiente regulación de aspectos concernientes a la elección de dirigentes, pues no están previstos elementos como los que, de manera ejemplificativa, se enuncian a continuación, tendentes a garantizar certeza, transparencia, objetividad e igualdad en la celebración de dichos procesos internos:

- Existencia de un órgano partidario imparcial e independiente de los órganos de dirección, encargado de organizar la elección de dirigentes, en forma cierta, objetiva, auténtica, libre y periódica;

- Instrumentos oportunos y eficaces de divulgación a toda la militancia sobre los procesos de elección de dirigentes;

- Requisitos mínimos que deben reunir los militantes que aspiren a participar como candidatos en un proceso de elección de dirigentes;

- Impedimentos, incompatibilidades o causas de inelegibilidad para ser dirigente;

- Plazos e instancias para llevar a cabo el registro de aspirantes a participar en la elección de dirigentes;

- Reglas a que se deberán sujetar, en su caso, las campañas de aspirantes a dirigentes;

- Reglas mínimas a observar el día de la elección: horarios de votación, integración de mesas receptoras del voto, características del sufragio, escrutinio y cómputo, plazos para la entrega de resultados;

- Causas de nulidad del voto, de votación recibida en casilla o mesa receptora, o de la elección,

- Mecanismos de impugnación tendentes a preservar la legalidad en la elección de dirigentes.

Los lineamientos de mérito se enmarcan en el contexto de República representativa y democrática que como forma de gobierno adoptó el Estado mexicano y el papel central que dentro del mismo se otorgó a los partidos políticos, cuya definición está prevista en el artículo 41, base I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Por otra parte, cabe destacar que la referida deficiencia normativa se hace evidente en el contexto de los propios Estatutos del Partido del Trabajo, pues no obstante que en los mismos se asienta que es un partido político de carácter democrático y que asume como modelo de funcionamiento la democracia, tales preceptos no son desarrollados estatutariamente en el ámbito que se analiza, es decir, la elección de dirigentes del propio instituto político, inobservando además lo establecido expresamente sobre el particular en el citado artículo 27, párrafo 1, inciso c), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

No es óbice a lo anterior que en el capítulo XXIX de los Estatutos del Partido del Trabajo ("DE LAS ELECCIONES"), se prevea cierta reglamentación atinente al desarrollo de procesos electivos internos, pues la misma se refiere, en forma expresa y exclusiva, a la elección de candidatos a cargos de elección popular, y no a la elección de dirigentes materia del presente asunto.

Tal situación hace evidente un contraste injustificado, pues ante la existencia del citado capítulo normativo de la elección de candidatos a cargos de representación popular, se advierte la ausencia de regulación de la elección de dirigentes partidarios.

Al respecto, cabe precisar que no sería dable aceptar la hipótesis de la posible aplicación de las normas estatutarias previstas para la elección de candidatos a puestos de representación popular a la elección de dirigentes partidistas, pues aún en el supuesto de que la normativa establecida en el citado capítulo XXIX de los Estatutos del Partido del Trabajo reuniera los requisitos necesarios para ser considerada democrática (lo cual no es materia de impugnación ni de pronunciamiento en el presente juicio), de su simple lectura se hace evidente que tal porción normativa, acotada a los artículos 118, 119, 119 bis, 120 y 121 de los referidos estatutos, además de limitarse expresamente a la elección de "candidatos a cargos de elección popular" (sic) como Presidente de la República, senadores, diputados federales por ambos principios, gobernadores, jefe de gobierno del Distrito Federal, diputados locales por ambos principios, ayuntamientos y jefes delegacionales del Distrito Federal, obedece a la realización de comicios intrapartidarios distintos y ajenos a la selección de dirigencias, bajo condiciones, causas y propósitos diferentes, propios de la definición de candidatos que, a su vez, contenderán en procesos electorales constitucionales y legales tendentes a integrar los órganos del Estado.

Aunado a lo antes expuesto sobre la citada deficiencia normativa de los Estatutos del Partido del Trabajo, no escapa a esta Sala Superior que tampoco a nivel reglamentario el indicado partido político tiene previstos procedimientos ni órganos regulatorios de la elección de dirigentes partidistas.

Por último, cabe advertir que es precisamente en el referido contexto de insuficiencia normativa donde se inscribe la casi totalidad de motivos de inconformidad aducidos por los actores en el plano de falta de legalidad, certeza y seguridad jurídicas imperante, desde su perspectiva, en el citado congreso nacional partidista del mes de julio de dos mil ocho.

Tal hecho hace patente que las deficiencias regulatorias analizadas se traducen en cuestionamientos concretos sobre la previsibilidad, transparencia, imparcialidad e igualdad con que se desarrolló el congreso de mérito y la legitimidad de los acuerdos y resolutivos que se tomaron en el mismo, reclamándose en consecuencia su revocación.

Es en ese orden de ideas que los actores aducen, a virtud de la indicada imprecisión de reglas, que:

a. Se les impidió ser registrados como candidatos en el multicitado congreso nacional electivo y, en su caso, tener la oportunidad de ser votados para integrar los órganos partidarios de dirección;

b. Se creó indebidamente la figura del "delegado fraterno", permitiendo la entrada y el voto a personas ajenas al partido político, o que, en todo caso, carecían de derecho estatutario para hacerlo;

c. Se violentó el proceso de toma de decisiones al dejarlo en una minoría electiva incapaz de decidir por todos los demás afiliados, y

d. Se permitió a los integrantes de la Comisión Coordinadora Nacional, reelectos para configurar una dirigencia vitalicia, que estuvieran en el presidium revisando y supervisando el sentido del voto de delegaciones y asistentes, por lo cual no se contó con una autoridad imparcial e independiente y se generaron presiones y coacción contrarias a la libertad para sufragar.

Al respecto, la Sala Superior considera que las mencionadas deficiencias regulatorias dan pauta a estas últimas inconformidades planteadas por los actores, pues en efecto, de la revisión de otros instrumentos vinculados con el citado Séptimo Congreso Nacional Ordinario del Partido del Trabajo, como las copias certificadas de la convocatoria, del dictamen sobre la declaración de existencia de quórum legal para sesionar, del reglamento de debates y de la escritura pública número cincuenta y seis mil setecientos dieciséis levantada por el Notario Público número 124 del Distrito Federal con motivo de la celebración del citado evento (consultables, según cada caso, de fojas 1 a 7, y 19 del anexo número 1, así como 545 a 551 del anexo número 2, ambos del presente expediente), no se observa precisión normativa sobre los tópicos controvertidos, esto es, respecto a las condiciones para el registro de candidatos a dirigentes, los tipos de delegados que podían concurrir ni los requisitos que se les exigían para ejercer el voto en la asamblea, así como la permisión o negativa a los miembros de órganos de dirección, como la Comisión Coordinadora Nacional, para presidir el congreso o supervisar la votación emitida.

Todo lo cual redunda en demérito de la legalidad, la certeza y la seguridad jurídica que pudieran dar sustento al multicitado congreso nacional, sus acuerdos y resolutivos.

iii) Deficiente regulación de las figuras de reelección e incompatibilidad de cargos, así como la existencia del voto por aclamación, que han impedido la renovación periódica de las instancias de dirección y propiciado prácticas vitalicias en la ocupación de dirigencias, así como la manipulación, imposición y coerción del voto.

iii-a) Reelección

Esta Sala Superior considera que el agravio atinente a la falta de previsión de límites en materia de reelección y, en consecuencia, la permanencia en puestos de dirección partidista resulta sustancialmente fundado.

Los actores aducen que dicha deficiencia normativa reduce oportunidades y espacios de participación en el ejercicio de sus derechos de asociación, de votar y ser votados para ocupar cargos en el partido político en que militan.

Del análisis integral de los Estatutos del Partido del Trabajo se advierte que, efectivamente, no hay disposición que restrinja a los militantes que ocupen un cargo en las instancias de dirección del partido, en cualquier nivel, la posibilidad de ser reelectos para el periodo inmediato posterior o incluso de manera indefinida o permanente.

Cuando más, en el artículo 10, inciso g), de los Estatutos bajo estudio, únicamente se prevé lo siguiente:

…habrá rotación de militantes en los cargos de responsabilidad, recomendándose nunca hacerlo al 100%, para aprovechar la experiencia y dar continuidad a los trabajos de dirección.

Sin embargo, dicho precepto resulta insuficiente para tener por regulada la práctica de reelección de la que se duelen los actores, quienes aducen violación a sus derechos de asociación, de votar y ser votados, en tanto que se les impide tener acceso a cargos partidistas e intervenir en la toma de decisiones mediante un procedimiento democrático y republicano de renovación periódica y auténtica de tales puestos de dirección.

La posibilidad de reelección indefinida en los cargos de dirección incumple la obligación partidista de sujetar sus actividades dentro de los cauces legales y ajustar sus conductas y las de sus militantes a los principios del Estado democrático, pues con ello se quebrantan los principios de igualdad y legalidad en contravención con los fines para los cuales son creados los partidos políticos.

De acuerdo con nuestro régimen constitucional, los partidos políticos constituyen un elemento fundamental del Estado mexicano, pues tienen el encargo de hacer que los ciudadanos puedan acceder a ocupar cargos de representación mediante el voto libre, secreto y directo.

Asimismo se establece la forma republicana de gobierno con la renovación auténtica y periódica de todos los cargos de elección, incluidos los correspondientes a las entidades de interés público como los partidos políticos en su vida interna.

En la especie, los Estatutos del Partido del Trabajo adolecen de una deficiencia normativa consistente en no regular eficazmente límites a la reelección de dirigentes, inobservando así el mencionado principio del Estado constitucional y democrático de derecho de garantizar períodos definidos de mandato que, a su vez, permitan la rotación de la militancia en los cargos de responsabilidad partidista.

La posibilidad de reelección indefinida en los cargos de dirección y, en consecuencia, el riesgo de que los mismos se vuelvan vitalicios o atemporales, violenta aspectos esenciales de la democracia interna de los partidos que deberían estar considerados en sus estatutos y regir su organización.

Los dirigentes partidistas deben ser renovados periódicamente, pues la alternancia es un elemento de la República y la democracia que permite mayor deliberación y participación de los militantes en los procesos de toma de decisiones.

La fórmula política del Estado mexicano se encuentra definida en el artículo 40 de su Ley Fundamental, donde se establece, en lo atinente, que es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República representativa, democrática y federal, por lo que la falta de observancia del referido precepto, a través de la permisión de prácticas de reelección indefinida por una deficiente regulación normativa, atenta contra un principio constitucional que podría sintetizarse bajo las siguientes condiciones:

- Que no se concentren todos los poderes o toma de decisiones relevantes en pocas personas;

- Que se renueven de manera periódica y efectiva los dirigentes, a fin de evitar que se perpetúen en los cargos;

- Que las dirigencias sean realmente representativas y elegidas por amplias mayorías, y

- Que los afiliados tengan derecho a formar parte de los órganos de decisión y responsabilidad partidaria.

En consecuencia, el hecho de que exista una deficiencia normativa en los Estatutos del Partido del Trabajo sobre la regulación de la reelección, es suficiente para declarar la inconstitucionalidad de tal ordenamiento en el aspecto referido, pues en su circunstancia actual deja abierta la posibilidad de que las mismas personas, o parte de un mismo grupo de ellas, sean reelegidas sin restricción alguna en cargos de dirección, en detrimento de oportunidades y espacios de participación democrática en la vida interna de ese instituto político.

Esta Sala Superior ha resuelto que para cumplimentar plenamente el derecho fundamental de libre asociación previsto en el artículo 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los asociados o militantes deben tener acceso a la toma de decisiones de los órganos que marcan las directrices y el rumbo del partido político.16

16 Sentencia dictada en el expediente SUP-JDC-517/2008, en sesión pública de veinte de agosto de dos mil ocho. Sobre la reelección, también pueden citarse las ejecutorias emitidas en los expedientes SUP-RAP-040/2004 y SUP-JDC-355/2005 y acumulados, de diecinueve de agosto de dos mil cuatro y once de agosto de dos mil cinco, respectivamente.

Por tanto, dicha disposición no se observa si en los estatutos de un partido político existe insuficiente control de la reelección, propiciando que los miembros de los órganos de dirección se instalen en éstos de manera permanente o vitalicia, lo cual se traduce en una violación al derecho de los demás afiliados, en tanto que se les impide ejercer su derecho a participar, con carácter representativo, en los órganos directivos del instituto político al que pertenecen, transgrediendo lo previsto en el artículo 27, párrafo 1, incisos b) y c), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, porque se impide a los afiliados el ejercicio del derecho a ser integrante de los órganos de dirección, mediante el desarrollo de un procedimiento democrático, transparente e igualitario en la renovación periódica de los miembros de dichos órganos.

Si los partidos políticos en su carácter de entidades de interés público tienen como uno de sus fines promover la participación del pueblo en la vida democrática del país, es inconcuso que, al no regular en sus estatutos la figura de la reelección y dar pauta con dicha insuficiencia normativa a que ésta ocurra indefinidamente, al grado de que los cargos partidistas se ocupen en forma permanente y vitalicia, tal ordenamiento resulta, en el aspecto bajo análisis, antidemocrático e inconstitucional.

La reelección, en sí misma, puede estar prevista en la normativa interna de los partidos políticos, pero regulada y acotada en los términos que la libertad de decisión política y derecho de autoorganización de los propios partidos políticos lo estime necesario, a efecto de evitar que las dirigencias sean permanentes y vitalicias, y, por el contrario, permitir y hacer realidad la renovación periódica de todos los integrantes de los órganos de dirección, ya sea en forma simultánea o escalonada.

Con la reelección indefinida se podría caer en el riesgo de abuso del poder para intereses particulares y en detrimento de los de la colectividad o impedir la participación de ciudadanos que pudieran aportar nuevas ideas al ocupar algún cargo, haciendo realidad la alternancia en los órganos de dirección de los partidos políticos y ofreciendo distintos estilos de gobierno.17

17 Tesis S3ELJ12/2000 de rubro: "NO REELECCION, ALCANCE DE ESTE PRINCIPIO EN LOS AYUNTAMIENTOS", consultable en la Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, páginas 189-192.

Ha sido criterio de esta Sala Superior,18 que la existencia de procedimientos de elección donde se garantice la igualdad en el derecho a elegir dirigentes y candidatos de los afiliados, así como la posibilidad de ser elegidos como tales, que puedan realizarse mediante voto directo o indirecto, pudiendo ser secreto o abierto (siempre que el procedimiento garantice el valor de la libertad en la emisión del sufragio), es un elemento mínimo de democracia que debe estar presente en los partidos políticos, conforme con el artículo 27, párrafo 1, incisos b), c) y g), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

18 Tesis de jurisprudencia S3ELJ 03/2005, de rubro "ESTATUTOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS. ELEMENTOS MINIMOS PARA CONSIDERARLOS DEMOCRATICOS", consultable en Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005. Compilación Oficial, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Volumen Jurisprudencia, páginas 120 a 122.

Como referente, cabe señalar que en México, respecto a los cargos de elección popular, está prohibida la reelección inmediata en el caso de miembros de los ayuntamientos y legisladores, federales y locales, mientras que, tratándose de los ejecutivos, federal y local, en ningún supuesto se permite, lo anterior, con fundamento en lo establecido en los artículos 59, 83, 115 y 116, en relación con los artículos 35, fracciones I y II, 39, 40, 41, todos, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

De lo anterior se desprende que si bien no existe prohibición constitucional expresa respecto de la reelección de los órganos de dirección partidista, en aras de preservar los derechos político-electorales de los militantes de asociación, de votar y poder ser votados para ocupar cargos de dirigencia, dicha figura debe estar regulada estatutariamente, a efecto de garantizar la renovación periódica y auténtica en los cargos directivos y la participación democrática e igualitaria de todos sus militantes en dichos procesos internos de elección.

En relación con el tópico de análisis del presente apartado, cabe invocar el hecho no cuestionado y plenamente reconocido por las partes, soportado en las certificaciones emitidas por el Secretario Ejecutivo del Instituto Federal Electoral (ofrecidas tanto por los actores como por el órgano responsable, consultables de fojas 220 a 229 del presente expediente), a las cuales se otorga valor probatorio pleno en términos de lo previsto en los artículos 14, párrafos 1, inciso a), y 4, inciso b), y 16, párrafo 2, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, consistente en que, de la documentación que obra en los archivos del citado Instituto, en los órganos directivos nacionales del Partido del Trabajo correspondientes a la Comisión Política Nacional (1990-1993 y 1993-1996), la Comisión Coordinadora de la Comisión Ejecutiva Nacional (1996-1999 y 1999-2002) y la Comisión Coordinadora Nacional (2002-2005 y 2005-2008), del año mil novecientos noventa a agosto de dos mil ocho (fecha en que se celebró el impugnado Séptimo Congreso Nacional Ordinario de dicho partido político) se encuentran registrados en forma ininterrumpida, en los mencionados órganos de dirección nacional: Alberto Anaya Gutiérrez, Alejandro González Yáñez, José Narro Céspedes, Marcos Cruz Martínez y Rubén Aguilar Jiménez, aunado a que, de la copia certificada del instrumento notarial cincuenta y seis mil setecientos dieciséis, levantado por el Notario Público 124 del Distrito Federal con motivo de la celebración del mencionado Séptimo Congreso Nacional Ordinario del Partido del Trabajo, se desprende que esas mismas personas, junto con otras cuatro más, fueron nuevamente elegidas para integrar la referida Comisión Coordinadora Nacional, la cual han venido ocupando permanentemente de dos mil dos a la fecha, junto con Ricardo Cantú Garza (quien también en forma continua ha desempeñado cargos de dirección en ese partido político desde mil novecientos noventa y seis).

En consecuencia, ante lo fundado del agravio planteado por los actores respecto de la inconstitucionalidad de los Estatutos del Partido del Trabajo en el punto estudiado, lo procedente es que dicho instituto político, en ejercicio de su libertad de decisión política y derecho de autoorganización, modifique su normativa interna con el fin de que en el texto del citado documento básico sea regulada la reelección, limitando posibles efectos negativos como el hecho de que los cargos directivos adquieran carácter vitalicio, y, en cambio, se cumpla el propósito de permitir la participación democrática e igualitaria de sus afiliados en la elección e integración de tales órganos directivos.

iii-b) Incompatibilidad de cargos

Los actores aducen que en los Estatutos del Partido del Trabajo no se contempla la incompatibilidad de cargos de dirección partidista y puestos públicos de elección popular, lo cual constituye una irregularidad que se pasó por alto en el Séptimo Congreso Nacional Ordinario del Partido del Trabajo, puesto que en dicho Congreso se eligieron para conformar tanto la Comisión Coordinadora Nacional como la Comisión Ejecutiva Nacional a personas que ocupan cargos de senadores de la República, diputados federales e, incluso, un presidente municipal, según el caso.

Esta Sala Superior considera sustancialmente fundado el presente concepto de violación, por lo siguiente.

La incompatibilidad ha sido identificada como un impedimento para ejercer dos o más cargos a la vez, ya que en cada uno de ellos se ejercen funciones donde, regularmente, una sirve de control respecto de la otra, o donde los intereses perseguidos en ambos casos se oponen entre sí, de manera que, quien se encuentra en esa situación, le está vedado ocupar el cargo incompatible con otro que ostenta en un momento determinado, y como puede desempeñar ambos al mismo tiempo, debe elegir uno de ellos.19

19 Sentencia dictada en el juicio ciudadano SUP-JDC-507/2005, de cuatro de octubre de dos mil cinco.

En el ejercicio de encargos públicos, la previsión de la figura de incompatibilidad tiende a evitar, entre otros aspectos, la posible generación de conflictos de interés en demérito del legal y debido cumplimiento de la función pública.

Así, por ejemplo, en el artículo 125 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se ordena que ningún individuo podrá desempeñar a la vez dos cargos federales de elección popular, ni uno de la Federación y otro de un Estado que sean también de elección; pero el nombrado podrá elegir entre ambos el que quiera desempeñar.

En igual sentido, en el artículo 62 de la propia Ley Fundamental, relativa a la prohibición a diputados federales y senadores propietarios (durante el periodo de su encargo) y suplentes (cuando estuviesen en ejercicio) de desempeñar otra comisión o empleo de la Federación o de los Estados por los cuales se disfrute un sueldo, sin licencia previa de la cámara respectiva.

En el precepto constitucional en comento se prevé la cesación de las funciones representativas mientras dure la nueva ocupación de los funcionarios como providencia para evitar la ocupación simultánea de dos o más encargos públicos.

Asimismo, en caso de infracción a dicha disposición se fija como sanción la pérdida del carácter de diputado o senador.

En el artículo 101 de la misma Constitución General de la República también se prevé que los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, los Magistrados de Circuito, los Jueces de Distrito, los respectivos secretarios, y los Consejeros de la Judicatura Federal, así como los Magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral, no podrán, en ningún caso, aceptar ni desempeñar empleo o encargo de la Federación, de los Estados, del Distrito Federal o de particulares, salvo los cargos no remunerados en asociaciones científicas, docentes, literarias o de beneficencia.

Al efecto se establece que la infracción a tal precepto, será castigada con la pérdida del respectivo cargo dentro del Poder Judicial de la Federación, así como de las prestaciones y beneficios que en lo sucesivo correspondieran por el mismo, independientemente de las demás sanciones que las leyes pudieran prever sobre el particular.

De hecho, en la vida interna de los partidos políticos, la previsión de supuestos de incompatibilidad se justifica destacadamente respecto de cargos en órganos con funciones equivalentes a las de jurisdicción del Estado, porque en esos casos es indispensable garantizar la autonomía, independencia e imparcialidad de los integrantes de dichos organismos, lo que se logra a través de la inexistencia de vínculos o lazos de dependencia con los órganos dirigentes del partido [el presente razonamiento se destaca igualmente en el apartado iv) siguiente, donde se contesta el punto de agravio relativo a la falta de regulación de un sistema de justicia partidaria claro y expedito, donde además de que no se precisan los plazos para resolver ni las características y efectos de las resoluciones, se advierte la intromisión de instancias de control político en la solución de conflictos de carácter jurisdiccional, convirtiéndose aquéllas en juez y parte].

La incompatibilidad de cargos ha sido catalogada como un instrumento de control del poder y resulta contrario al funcionamiento democrático de los institutos políticos la falta de previsión estatutaria de concentración de cargos y poderes en una persona o grupo reducido de ellas, con demérito del control que debe existir respecto, y entre, los propios órganos directivos.

Esto es, se trata de una medida o mecanismo de control cuyo fin es garantizar el desempeño efectivo, integral y responsable de la función y evitar que, por el ejercicio de otro cargo pudiera presentarse un conflicto de intereses o propiciar la concentración en una persona de distintas responsabilidades.

El conflicto de intereses se materializa cuando, en virtud del ejercicio concurrente de diversos encargos, el funcionario pudiera no desempeñar su mandato con probidad e imparcialidad, realizando acciones u omisiones que llegaran a implicar beneficio propio o de terceras personas.

En la especie, si bien no podría afirmarse en principio que se actualiza un posible conflicto en virtud de que los directivos partidistas representan intereses de su partido, mientras que los funcionarios electos para un cargo de elección popular son portavoces de los intereses del electorado que los eligió para representarlos al seno de los órganos correspondientes, basados, entre otros aspectos, en la ideología que sustenta el instituto político en cuestión, no se debe pasar por alto la necesidad de regular estatutariamente el referido aspecto, mediante la previsión de causas de incompatibilidad entre los distintos cargos al interior del partido y también respecto de cargos públicos, a fin de evitar que pudieran materializarse irregularidades derivadas de la concentración de poder por la indicada ocupación simultánea de cargos de dirección partidista y de elección popular.

Al resolver el incidente de inejecución de sentencia en los expedientes SUP-JDC-021/2002 y SUP-JDC-028/2004 acumulados, esta Sala Superior consideró sobre el particular la necesidad de establecer mecanismos de control de los órganos directivos de un partido político, a través, entre otras medidas, de la previsión estatutaria de causas de incompatibilidad entre los distintos cargos al interior del partido y respecto de los cargos públicos.20

Cabe destacar que en la Constitución General de la República y en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales no se prevé prohibición alguna para que un militante que ejerza un cargo de elección popular pueda acceder a los cargos de dirección partidista, o bien, que proscriba a los militantes que detenten cargos partidistas competir y acceder a cargos de elección popular en tanto dure su encargo.

20 Interlocutoria de dieciséis de febrero de dos mil cinco. Sobre la incompatibilidad de cargos como instrumento de control del poder, existen otros precedentes, como las ejecutorias dictadas en los medios de impugnación SUP-JDC-021/2002 (tres de septiembre de dos mil tres); SUP-JDC-781/2002 (veintitrés de agosto de dos mil dos); SUP-JDC-807/2002 (veintiocho de febrero de dos mil tres); SUP-JDC-106/2003 y SUP-JDC-107/2003 acumulados (quince de abril de dos mil tres); SUP-JDC-441/2008 (veintitrés de julio de dos mil ocho); SUP-OP-11/2008 (diecisiete de septiembre de dos mil ocho), y SUP-JDC-545/2005 (cuatro de octubre de dos mil cinco). En este último caso, la Sala Superior resolvió, por unanimidad de votos, que resultaba infundado el agravio en el que se aducía incompatibilidad entre un cargo de elección popular y un cargo partidista, pues a la luz de los Estatutos del partido político de mérito, no se podía desprender la incompatibilidad alegada.

Asimismo, no consta prescripción normativa del partido político en cuestión que vede a los militantes con cargos públicos de representación popular participar en el proceso de selección de dirigentes partidistas.

De ahí que el carácter inconstitucional de los Estatutos del Partido del Trabajo en cuanto a la señalada incompatibilidad de cargos, no deriva del hecho de que ocupar al mismo tiempo un cargo de dirección partidista y otro cargo público de elección popular sea intrínsecamente indebido o inconstitucional, sino de su deficiente regulación, tendente a evitar, en la medida de lo posible, notorias y reiteradas prácticas de incompatibilidad, atentatorias, por tanto, de la vida democrática intrapartidaria y de los derechos de asociación e igualdad de los militantes.

Al respecto, esta Sala Superior ha sustentado en la citada tesis de jurisprudencia S3ELJ 03/2005, de rubro "ESTATUTOS DE LOS PARTIDOS POLITICOS. ELEMENTOS MINIMOS PARA CONSIDERARLOS DEMOCRATICOS", que los partidos políticos deben contar con mecanismos de control de poder, entre los que destaca la previsión de las causas de incompatibilidad entre los distintos cargos dentro del partido o públicos.

La limitación o restricción de los derechos políticos, que pudieran verse vulnerados con una medida que impida la concurrencia de dos cargos en una misma persona, deberá cumplir con tres condiciones, atendiendo al principio de proporcionalidad: a) La restricción debe ser adecuada para alcanzar el fin propuesto; b) La restricción debe ser necesaria, en cuanto a que no quepa una medida alternativa menos gravosa para el interesado, y c) La restricción debe ser proporcional en sentido estricto, en virtud de que no suponga un sacrificio excesivo del derecho o interés sobre el que se produce la intervención pública.21

21 Díez-Picazo, Luis María, Sistema de derechos fundamentales, 2ª ed., Madrid, coed. Thomson-Civitas, 2005, pp. 114 y sigs.

El principio de proporcionalidad no debe significarse porque la satisfacción de los intereses generales o públicos se haga a costa de los derechos e intereses de los particulares, a través de la búsqueda de un punto de equilibrio o de razonabilidad.

En virtud de lo anterior, es menester que el Partido del Trabajo, en aras de democratizar sus bases normativas y funcionamiento interno, regule en sus Estatutos las posibles causas de incompatibilidad entre distintos cargos partidistas, o entre estos últimos y cargos públicos de elección popular, designación o nombramiento.

iii-c) Voto por aclamación

Este órgano jurisdiccional estima que el agravio por el que se impugna el denominado "voto por aclamación" es sustancialmente fundado, en atención a los razonamientos que se exponen a continuación.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 41, no sólo reconoce a los partidos políticos como entidades de interés público, cuyo fin es promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación nacional y, como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo.

(Subrayado de la sentencia)

También les otorga un papel fundamental al convertirlos en instrumentos imprescindibles en el sistema democrático, al ser los vehículos mediante los cuales los ciudadanos tienen la posibilidad de acceder al poder.

De conformidad con el artículo 27, inciso c), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, los partidos políticos deben establecer en sus estatutos los procedimientos democráticos para la integración y renovación de sus órganos directivos internos, esto es, la legislación electoral faculta a los partidos políticos a que determinen los procesos mediante los cuales eligen a sus respectivas dirigencias, siempre y cuando éstos se ajusten a los principios democráticos que señala la Constitución General de la República y la legislación secundaria, de conformidad con lo establecido en la tesis de jurisprudencia S3ELJ 03/2005, de rubro "ESTATUTOS DE LOS PARTIDOS POLITICOS. ELEMENTOS MINIMOS PARA CONSIDERARLOS DEMOCRATICOS".22

22 Consultable en Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005. Compilación Oficial. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Volumen Jurisprudencia, páginas 120 a 122.

En este sentido, en los artículos 9, párrafo primero, 35, fracción III, y 41, párrafo segundo, base I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se reconoce a los ciudadanos mexicanos el derecho de asociación a un partido político para tomar parte en forma pacífica en los asuntos políticos del país y, por medio de ellos, como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo.

Asimismo, se establece el derecho de los afiliados de los partidos políticos a participar en las elecciones de sus dirigencias respetando sus derechos de votar y ser votados, además de la posibilidad de intervenir en los procesos de toma de decisiones.

Esta Sala Superior ha establecido en la tesis de jurisprudencia antes citada, que en el artículo 27, apartado 1, incisos c) y g), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales se impone a los partidos políticos la obligación de establecer en sus estatutos procedimientos democráticos para la integración y renovación de los órganos directivos, a saber:

a. La deliberación y participación de los ciudadanos, en el mayor grado posible, en los procesos de toma de decisiones, para que respondan lo más fielmente posible a la voluntad popular;

b. Igualdad, para que cada ciudadano participe con igual peso respecto de otro;

c. Garantía de ciertos derechos fundamentales, principalmente, de libertades de expresión, información y asociación, y

d. Control de órganos electos, que implica la posibilidad real y efectiva de que los ciudadanos puedan elegir a los titulares del gobierno, y de removerlos en los casos que la gravedad de sus acciones lo amerite.

Estos elementos coinciden con los rasgos y características establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que recoge la decisión de la voluntad soberana del pueblo de adoptar para el Estado mexicano, la forma de gobierno democrática, pues contempla la participación de los ciudadanos en las decisiones fundamentales, la igualdad de éstos en el ejercicio de sus derechos, los instrumentos para garantizar el respeto de los derechos fundamentales y, finalmente, la posibilidad de controlar a los órganos electos con motivo de sus funciones.

De lo anterior se desprende que los elementos mínimos democráticos que deben estar presentes en los partidos políticos son, conforme al citado artículo 27, apartado 1, incisos b), c) y g) del código electoral federal, los siguientes:

1. La asamblea u órgano equivalente, como principal centro decisor del partido, que deberá conformarse con todos los afiliados, o cuando no sea posible, de un gran número de delegados o representantes, debiéndose establecer las formalidades para convocarla, tanto ordinariamente por los órganos de dirección, como extraordinariamente por un número razonable de miembros, la periodicidad con la que se reunirá ordinariamente, así como el quórum necesario para que sesione válidamente;

2. La protección de los derechos fundamentales de los afiliados, que garanticen el mayor grado de participación posible, como son el voto activo y pasivo en condiciones de igualdad, el derecho a la información, libertad de expresión, libre acceso y salida de los afiliados del partido;

3. El establecimiento de procedimientos disciplinarios, con las garantías procesales mínimas, como un procedimiento previamente establecido, derecho de audiencia y defensa, la tipificación de las irregularidades así como la proporcionalidad en las sanciones, motivación en la determinación o resolución respectiva y competencia a órganos sancionadores, a quienes se asegure independencia e imparcialidad;

4. La existencia de procedimientos de elección donde se garanticen la igualdad en el derecho a elegir dirigentes y candidatos, así como la posibilidad de ser elegidos como tales, que pueden realizarse mediante el voto directo de los afiliados, o indirecto, pudiendo ser secreto o abierto, siempre que el procedimiento garantice el valor de la libertad en la emisión del sufragio;

5. Adopción de la regla de mayoría como criterio básico para la toma de decisiones dentro del partido, a fin de que, con la participación de un número importante o considerable de miembros, puedan tomarse decisiones con efectos vinculantes, sin que se exija la aprobación por mayorías muy elevadas, excepto las de especial trascendencia, y

6. Mecanismos de control de poder, como por ejemplo: la posibilidad de revocar a los dirigentes del partido, la previsión de causas de incompatibilidad entre los distintos cargos dentro del partido o públicos y establecimiento de períodos cortos de mandato.

En la especie, los actores se duelen de la existencia del voto por aclamación, previsto en el artículo 29, inciso f), de los Estatutos del Partido del Trabajo, al que califican de antidemocrático, inconstitucional e ilegal, pues además de no ser cuantificable y propiciar la manipulación, imposición y coerción, se aleja del acto consciente, personal y secreto de emisión del voto.

El artículo impugnado es del tenor siguiente:

Artículo 29.- Son atribuciones del Congreso Nacional ordinario y extraordinario:

(…)

f) La elección de los integrantes de los distintos órganos de dirección nacional, se realizará a través del voto directo, secreto o por aclamación por el 50% más uno de los congresistas presentes.

(Subrayado de la sentencia)

De acuerdo con la tesis de jurisprudencia antes aludida, los elementos democráticos que deben estar presentes en los estatutos de los partidos políticos, tratándose de la elección de sus dirigentes, son, en suma, contar con procedimientos de selección donde se garanticen la igualdad en el derecho a elegir dirigentes y candidatos, así como la posibilidad de ser elegidos como tales, mediante el voto directo de los afiliados, o indirecto, pudiendo ser secreto o abierto, siempre que el procedimiento garantice el valor de la libertad en la emisión del sufragio.

En sentido opuesto, un partido político atenta contra el principio democrático cuando la elección de sus miembros haya frustrado la finalidad de que estos sean los auténticos representantes de todos los militantes de un partido, o si, mediante la influencia ejercida sobre los representados, existe manipulación de cualquier tipo para acallar la auténtica voluntad de sus militantes, no sólo en el momento de elegir a sus dirigentes partidistas, sino también en el planteamiento de propuestas para que sean discutidas y aprobadas al seno de sus asambleas deliberativas.

De ahí que si bien el Partido del Trabajo, en ejercicio de su facultad autorregulativa y autoorganizativa, estableció normas para la elección de los integrantes de sus distintos órganos de dirección nacional, en la formulación de sus estatutos debió observar los principios constitucionales que rigen la materia electoral, dentro de los cuales se encuentran los principios de libertad y secrecía del voto.

Lo anterior se ve afectado en la normativa partidista que se analiza, en tanto que en ésta se dispone que la referida elección pueda validarse a través del método de "votación por aclamación" de los congresistas presentes..

El método de votación por aclamación, tratándose de cuestiones electorales, consiste en la aprobación o desaprobación de una propuesta o elección de una persona para un cargo determinado, por parte de una multitud -integrantes de una asamblea- mediante la voz común, exclamaciones o aplausos.

Dicho método implica la aceptación de una propuesta determinada, por una amplia mayoría, o bien, por unanimidad de los presentes.

Sin embargo, dicho mecanismo de elección popular rompe con el principio democrático, en tanto que no es posible determinar con precisión el sentido del voto de la multitud que se congrega a expresar su voluntad, ya que se trata de una masa popular que mediante exclamaciones, en ocasiones incomprensibles, manifiesta su aprobación o desaprobación.

Asimismo, dicho mecanismo se considera inconstitucional en virtud de que su aplicación hace incuantificable la votación emitida.

En las democracias, las decisiones se toman por mayorías, es decir, obtiene el triunfo el candidato o propuesta que obtenga la mayor cantidad de votos, si el sistema es por mayoría relativa; el que obtenga la mitad más uno de los votos, si se trata del sistema de mayoría absoluta, o un porcentaje determinado de votos, si la votación se exige calificada.

En el sistema de votación por aclamación, se hace imposible cuantificar los votos emitidos.

Aun cuando por su naturaleza implica la aprobación por amplias mayorías o inclusive unanimidad, en la práctica el escrutinio y cómputo de votos se torna de imposible realización, por lo que la decisión que se toma mediante dicho método adolece de certeza, seguridad jurídica y, por tanto, de legitimidad.

De igual forma se considera inconstitucional en virtud de que en el sistema de votación por aclamación no se respetan los principios básicos del voto, vulnerando lo establecido en el artículo 41, párrafo segundo, base I, del la Constitución General de la República, así como en el artículo 4, párrafos segundo y tercero, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Tales preceptos, en lo conducente, son del tenor siguiente:

Artículo 41.-

(…)

I. …

Los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación nacional y como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo. Sólo los ciudadanos podrán formar partidos políticos y afiliarse libre e individualmente a ellos; por tanto, quedan prohibidas la intervención de organizaciones gremiales o con objeto social diferente en la creación de partidos y cualquier forma de afiliación corporativa.

(…)"

Artículo 4

1. Votar en las elecciones constituye un derecho y una obligación que se ejerce para integrar órganos del Estado de elección popular. También es derecho de los ciudadanos y obligación para los partidos políticos la igualdad de oportunidades y la equidad entre hombres y mujeres para tener acceso a cargos de elección popular.

2. El voto es universal, libre, secreto, directo, personal e intransferible.

3. Quedan prohibidos los actos que generen presión o coacción a los electores.

(Subrayado de la sentencia)

Como se puede advertir claramente, en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se ordena como método de elección el sufragio universal, libre, secreto y directo.

De la misma manera, en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales se dispone que el voto es universal, libre, secreto, directo, personal e intransferible.

En consecuencia, los partidos políticos no pueden instrumentar disposiciones que contravengan lo previsto en la Constitución General de la República o en la legislación electoral, por lo cual, dentro de los procedimientos democráticos para la integración y renovación de sus órganos directivos, deben observar que el voto de sus militantes sea acorde con las condiciones previstas constitucional y legalmente respecto del sufragio, es decir, que el mismo sea universal, libre, secreto, directo, personal e intransferible.

Esta Sala Superior ha establecido que la noción de sufragio libre o libertad de sufragio implica que la manifestación del voto no debe estar sujeta a presión, intimidación, coacción u obstaculización alguna, en tanto que se trata de un acto personal e íntimo de reflexión.

Ello comprende la prohibición para los dirigentes partidistas de interferir en las elecciones para afianzarse en el poder, porque las elecciones libres tienen como finalidad esencial la legitimación y la limitación del poder.

Es más, el concepto de sufragio libre afirma el carácter subyacente cualitativo de la elección, consistente en ofrecer al elector la posibilidad de elegir libremente entre diferentes ofertas políticas.

Si así no ocurriera, no sería elección libre y, por tanto, no sería elección en su sentido más auténtico y democrático.

El sufragio, asimismo, debe ser secreto.

El carácter público del voto implica un atentado a la libertad del elector al hacerle más vulnerable a las posibles presiones e intimidaciones de grupos o del poder mismo.

En consecuencia, se debe garantizar que la decisión del votante no pueda ser conocida por alguien.

De manera que, si la norma impugnada refiere que dentro del método de selección de dirigentes se encuentra el voto directo, es decir, la inexistencia de intermediarios entre el votante y el elegido, e inclusive, señala que este voto deberá ser secreto, refiriéndose a que no sea posible conocer, respecto de cada votante, en qué sentido ha manifestado su voluntad, la disposición que señala "o por aclamación…..", resulta contraria a lo establecido tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

El principio del voto secreto se opone a la emisión pública o abierta del voto, así como al voto dictado por aclamación o a mano alzada. Por consecuencia, si el secreto del voto constituye un impedimento para establecer un nexo causal entre voto y elector, entonces, solamente podrá considerarse que dicha garantía se infringe en la medida en que pueda hacerse notoria y pública la identidad del elector y el sentido de su voto, como sería el caso.

Asimismo, de la interpretación del artículo impugnado se desprende que existe incongruencia intrínseca y funcional en relación con lo dispuesto en el artículo 28 de los propios Estatutos del Partido del Trabajo, mismo que es del tenor siguiente:

Artículo 28.- El quórum del Congreso Nacional ordinario y extraordinario será del 66% de sus integrantes. Los acuerdos, resoluciones, elecciones, nombramientos y mandatos serán válidos con el voto del 50% más uno de los integrantes presentes.

Se requerirá al menos el voto de dos terceras partes de los integrantes presentes para acordar el cambio de nombre, emblema, lema, fusión, disolución del Partido del Trabajo y la venta de bienes inmuebles.

(Subrayado de la sentencia)

Conforme al texto de esta disposición, se puede desprender que para que los acuerdos, resoluciones, elecciones, nombramientos y mandatos sean válidos, se deberá contar con el voto del cincuenta por ciento más uno de los integrantes presentes. En otras palabras, el método de selección válido para elegir dirigentes en el Partido del Trabajo es mediante el voto directo y secreto del cincuenta por ciento más uno de los congresistas presentes.

Sin embargo, no obstante el texto expreso del citado precepto estatutario, en el mencionado artículo 29, inciso f), si bien se prescribe la elección directa y la secrecía del voto, también se prevé, en forma contradictoria e incongruente, que dicha elección podrá realizarse válidamente "por aclamación", añadiendo una singularidad de elección no estipulada en el método general de elección de dirigentes, lo cual resulta contrario a lo dispuesto tanto en la Constitución General de la República como en el código electoral federal.

Ahora bien, como se ha mencionado en párrafos previos, los partidos políticos tienen una facultad autorregulativa para darse las normas que consideren necesarias a fin de elegir los métodos de selección de candidatos, siempre y cuando observen las bases constitucionales y legales y los principios rectores en materia electoral.

Es decir, los partidos políticos no pueden otorgarse de manera arbitraria normas o reglas que establezcan circunstancias, condiciones o modalidades que impidan o hagan nugatorio (fáctica o jurídicamente) el ejercicio del derecho de elegir a los integrantes de los distintos órganos de dirección nacional, pues los alcances de dicha facultad están circunscritos por criterios de razonabilidad, necesidad, proporcionalidad e igualdad, toda vez que deben existir elementos suficientes que justifiquen su establecimiento y la posterior aplicación de dichas previsiones partidarias.

Por tanto, se concluye que la votación "por aclamación" prevista para elegir a los integrantes de los órganos de dirección del Partido del Trabajo, regulado en el inciso f) del artículo 29 de los estatutos del propio instituto político, es inconstitucional, en virtud de que viola los principios democráticos consagrados en la Norma Fundamental y su desarrollo legislativo.

iv) Deficiente regulación de un sistema de justicia partidaria claro y expedito, donde además de que no se precisan los plazos para resolver ni las características y efectos de las resoluciones, se advierte la intromisión de instancias de control político en la solución de conflictos de carácter jurisdiccional, convirtiéndose aquéllas en juez y parte.

Los actores se duelen de insuficiencia normativa en el ámbito de justicia intrapartidaria, aduciendo intromisión de instancias de control político en la solución de conflictos electorales de carácter jurisdiccional, imprecisión de plazos para resolver e indefinición sobre las características y efectos de las resoluciones, además de establecer de manera inmediata las tomas de posesión sin prever una etapa de calificación de las elecciones, privando al afiliado de inconformarse sobre el desarrollo y el resultado del proceso electoral, todo lo cual, a decir de los impetrantes, vulnera su derecho de acceso a una justicia pronta y expedita, con reglas y fines claros que bajo el principio de legalidad garanticen la conducción democrática de los procesos electorales internos del partido político.

Este órgano resolutor estima sustancialmente fundado el presente punto de agravio, en los términos que se exponen a continuación.

Del contenido de los capítulos XIV y XX de los Estatutos del Partido del Trabajo, titulados, respectivamente, "DE LA COMISION NACIONAL DE GARANTIAS, JUSTICIA Y CONTROVERSIAS" y "DE LA COMISION DE GARANTIAS, JUSTICIA Y CONTROVERSIAS ESTATAL O DEL DISTRITO FDEDERAL" (transcritos al inicio del presente apartado de análisis de agravios sobre inconstitucionalidad de estatutos y correspondientes a los artículos 51, 52, 53, 54, 55, 79, 80, 81, 82 y 83 del propio ordenamiento interno), se desprende lo siguiente:

- La Comisión Nacional de Garantías, Justicia y Controversias es de carácter permanente y está integrada por siete miembros designados por el Congreso Nacional, con duración en el cargo hasta el próximo Congreso Nacional y con derecho a ser oídos en todos los órganos e instancias del partido;

- La Comisión Nacional de Garantías, Justicia y Controversias tiene facultades para proteger los derechos de los militantes y afiliados, garantizar el cumplimiento de sus estatutos y atender los conflictos cotidianos que se presenten en las estatales y del Distrito Federal;

- Los conflictos políticos graves y urgentes que se presenten en las comisiones estatales o del Distrito Federal, deberán ser atendidos por la Comisión Ejecutiva Nacional, la Comisión Coordinadora Nacional y/o el Consejo Político Nacional;

- La Comisión Nacional de Garantías, Justicia y Controversias es competente para conocer: i) en primera instancia, de quejas por actos u omisiones de órganos nacionales, o de conflictos o controversias de significado nacional, y ii) en segunda instancia (después del dictamen que emita la comisión estatal o ésta no esté integrada o no emita resolución en el plazo establecido), de actos u omisiones de órganos estatales, del Distrito Federal, municipales, delegacionales o distritales, o de conflictos o controversias de significado estatal, del Distrito Federal, municipal o delegacional;

- La Comisión Nacional de Garantías, Justicia y Controversias, únicamente emite un dictamen sobre las quejas, conflictos o controversias que se le presenten;

- Del dictamen que emita la citada comisión nacional, conocerán y resolverán: i) en primera instancia, la Comisión Ejecutiva Nacional, y ii) en segunda instancia, si es que se interpone recurso de apelación, el Consejo Político Nacional, quien podrá confirmar, modificar o revocar la resolución impugnada, y

- El mismo esquema se reproduce respecto de las comisiones de garantías, justicia y controversias estatales y del Distrito Federal.

De lo expuesto con antelación, este órgano resolutor concluye que el mecanismo de justicia partidaria previsto en los Estatutos del Partido del Trabajo adolece de inconstitucionalidad, pues con independencia de la vaguedad e imprecisión con que se prescriben los medios de defensa de queja y apelación (lo cual llevaría a concluir que no se respetan todas las formalidades esenciales del procedimiento exigidas constitucionalmente), es inconcuso que no se satisface, por lo menos, uno de los requisitos esenciales destacado para poder estimar que un sistema de justicia partidaria es acorde con los postulados democráticos previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la normativa electoral, sustantiva y procesal, a saber: que se garantice suficientemente la independencia e imparcialidad de los órganos partidistas competentes para conocer y resolver los medios de defensa.23

23 Al respecto, resulta aplicable, en lo conducente, la tesis de jurisprudencia S3ELJ04/2003, de rubro "MEDIOS DE DEFENSA INTERNOS DE LOS PARTIDOS POLITICOS. SE DEBEN AGOTAR PARA CUMPLIR EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD", consultable en Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005. Compilación oficial. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Volumen Jurisprudencia, páginas 178 a 181.

Según se desprende del texto de los estatutos cuestionados, quienes resuelven realmente los medios de defensa previstos estatutariamente, queja y apelación, no son las comisiones de garantías, justicia y controversias (nacional, estatales o del Distrito Federal), quienes sólo formulan un dictamen, sino la Comisión Ejecutiva Nacional, en primera instancia, y el Consejo Político Nacional, en segunda instancia, los cuales, además de tratarse de órganos de dirección de índole política, son órganos cuyos actos y omisiones podrían eventualmente ser objeto, precisamente, de impugnación, constituyéndose en consecuencia en juez y parte de los medios de defensa previstos en su normativa interna.

Es decir, siendo la Comisión Ejecutiva Nacional y el Consejo Político Nacional los órganos de dirección partidaria que, al mismo tiempo, conocen y resuelven los medios de defensa partidarios, es evidente y notorio que no se colma el requisito sine qua non de todo régimen de justicia que se precie de calificar como constitucional y democrático, consistente, según se precisó, en garantizar suficientemente la independencia e imparcialidad de los órganos partidistas competentes para conocer y resolver los medios de defensa.

Por tanto, el hecho de no preverse en los Estatutos del Partido del Trabajo un órgano de administración de justicia partidaria con carácter autónomo e independiente, cuyo diseño orgánico y funcional garantice razonablemente la imparcialidad de sus actos y resoluciones, es motivo suficiente y bastante para estimar fundado el agravio bajo análisis y, en consecuencia, declarar inconstitucionales, en la parte atinente, los citados estatutos.

Con independencia de lo anterior, es oportuno señalar que en observancia a las garantías de legalidad, seguridad jurídica y acceso a la impartición de justicia pronta, completa, imparcial y gratuita, previstas en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los medios de defensa intrapartidarios deben ser regulados en forma expresa, clara y precisa, estableciéndose elementos tendentes a dar certeza en su promoción, tramitación, sustanciación y resolución, como fijar los casos específicos de su procedencia; requisitos mínimos del escrito de demanda; condiciones básicas de procedibilidad (plazos para presentación oportuna, instancia ante la cual se deba presentar, acreditación de personería del promovente); reglas esenciales de tramitación (cómputo de plazos, publicitación, rendición de informes, garantía de comparecencia a responsables y terceros); órganos competentes para conocer y resolver; sustanciación (admisión, prevensiones, requerimientos, garantía de audiencia, pruebas, alegatos); notificaciones, así como plazos para la emisión de resoluciones y efectos de las mismas.

Sin embargo, como se expresó en párrafos precedentes, de la revisión de los preceptos atinentes a los medios de defensa previstos en los estatutos bajo estudio (queja y apelación, si bien se alude igualmente, de manera genérica, a "conflictos o controversias") se observa que los mismos denotan vaguedad e imprecisión derivada de una deficiente regulación, pues no se prevén en su diseño procedimental algunos de los aspectos mencionados, a fin de garantizar mayores condiciones de certeza, transparencia e igualdad en la promoción, trámite, sustanciación y resolución de tales medios de justicia intrapartidaria.

En efecto, respecto de la queja prevista en los artículos 54 y 82 de los citados estatutos, únicamente se desprende que: i) procede contra actos u omisiones (sic) de los órganos nacionales, estatales, del Distrito Federal, municipales, delegacionales o distritales; ii) de la misma conocerán, la Comisión Nacional de Garantías, Justicia y Controversias o la respectiva Comisión de Garantías, Justicia y Controversias Estatal o del Distrito Federal, en primera o segunda instancia, según la índole del órgano a quien se atribuye el acto u omisión o el "significado" (sic) nacional, estatal, del Distrito Federal, municipal, delegacional o distrital del conflicto o controversia planteado, y iii) la Comisión Nacional de Garantías, Justicia y Controversias deberá emitir su dictamen y las comisiones estatales o del Distrito Federal harán lo propio, en un plazo máximo de sesenta días naturales contado a partir de la presentación del respectivo escrito de queja.

Asimismo, en cuanto al recurso de apelación prescrito en los artículos estatutarios 55 y 83, solo se menciona que: i) podrá interponerse contra lo que resuelvan en queja la Comisión Ejecutiva Nacional o las respectivas comisiones ejecutivas estatales o del Distrito Federal en primera instancia; ii) deberá presentarse en un plazo no mayor a diez días naturales a partir del día siguiente de ser notificado el fallo cuestionado; iii) será resuelto por el Consejo Político Nacional en asamblea donde se incluya el asunto en el orden del día, y iv) la resolución o cita (sic) se notificará al inconforme personalmente o mediante publicación del acuerdo en el periódico nacional del Partido del Trabajo y en la tabla de avisos de las sedes nacional y estatales o por correo certificado, surtiendo efectos legales a partir de su entrega o publicación realizada por la instancia responsable.

En consecuencia, ante la evidente ambigüedad de los instrumentos de impugnación analizados, el presente punto de agravio también resulta fundado por lo que hace a la deficiente regulación de los medios de defensa intrapartidarios previstos en los estatutos de mérito, pues tales insuficiencias normativas redundan en perjuicio de un sistema de justicia con reglas y fines claros, precisos y expeditos, donde se observen los requisitos mínimos del debido proceso.

v) No adaptación de los Estatutos del Partido del Trabajo a las disposiciones constitucionales en materia electoral y al criterio establecido en la tesis de jurisprudencia de rubro "ESTATUTOS DE LOS PARTIDOS POLITICOS. ELEMENTOS MINIMOS PARA CONSIDERARLOS DEMOCRATICOS".

Como corolario de los conceptos de violación precedentes, los actores aducen que el Partido del Trabajo no ha actualizado sus estatutos a las disposiciones constitucionales en materia electoral, señalando que en tales estatutos no se observan los criterios contenidos en la citada jurisprudencia de rubro "ESTATUTOS DE LOS PARTIDOS POLITICOS. ELEMENTOS MINIMOS PARA CONSIDERARLOS DEMOCRATICOS".

Esta Sala Superior considera que tal punto de agravio es sustancialmente fundado, pues según se ha analizado con antelación, en los Estatutos del Partido del Trabajo se advierte deficiente regulación de aspectos torales para considerar que los mencionados documentos básicos (estatutos) puedan ser calificados como democráticos.

Si en los Estatutos del Partido del Trabajo no se prevén un procedimiento regulatorio de las elecciones de dirigentes ni un órgano imparcial e independiente que las conduzca con apego a los principios rectores de la materia (legalidad, libertad, certeza y seguridad jurídica); si no se regulan figuras trascendentes como la reelección, cuya falta de control puede llevar a prácticas vitalicias en el ejercicio de los cargos directivos; si no se prevén casos de incompatibilidad; si se prevén métodos de elección como el llamado voto por aclamación, por el cual se hacen nugatorias las características del sufragio establecidas constitucional y legalmente, y si no se prevé un sistema de medios de defensa intrapartidario donde los órganos de impartición de justicia sean de índole jurisdiccional y no política y, sobre todo, donde se garanticen suficientemente su independencia e imparcialidad, resulta inconcuso que dichos estatutos incumplen los elementos mínimos para poder ser considerados democráticos, tal y como se establece en la jurisprudencia de mérito.

Lo anterior es así, porque las deficiencias precisadas no garantizan el respeto al principio de igualdad ni el derecho del mayor grado de participación posible de los militantes del partido político en los procesos de elección de dirigentes, en ejercicio de sus derechos de voto activo y pasivo, ni tampoco ofrecen garantías suficientes sobre un control cierto y efectivo del desempeño de los cargos de dirigencia del instituto político.

Con base en lo expuesto, el partido político debe modificar y adaptar las partes atinentes de sus estatutos, a efecto de hacerlos acordes con los requisitos constitucionales y legales establecidos al respecto, así como a los criterios emitidos sobre el particular por esta Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Finalmente, en atención a las conclusiones expuestas, esta Sala Superior estima innecesario entrar al estudio de los demás conceptos de violación formulados por los recurrentes y al análisis sobre la admisión y valoración de las pruebas (incluso, las que en su caso se hubiesen ofrecido como supervenientes) relacionadas con los mismos, pues en nada variaría el sentido de la presente resolución y, por ende, a ningún efecto práctico conduciría dicho análisis.

En efecto, al estimarse inconstitucionales los Estatutos del Partido del Trabajo respecto a las indicadas deficiencias normativas, se colman y satisfacen las pretensiones planteadas por los actores en los presentes juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, pues es incuestionable que lo resuelto sobre la inconstitucionalidad de los estatutos que dieron sustento al referido Séptimo Congreso Nacional Ordinario y a los acuerdos y resolutivos aprobados en el mismo, como la elección de dirigentes nacionales y las modificaciones a sus documentos básicos, conlleva la consecuencia jurídica de decretar su revocación, haciéndose innecesario el estudio de los demás conceptos de violación, como el consistente en que algunas modificaciones estatutarias fueron aplicadas en el desarrollo del propio congreso, incluso antes de ser avaladas por la autoridad administrativa electoral, como en los casos en que se aumentó y eligió un nuevo número de integrantes de la Comisión Coordinadora Nacional y la Comisión Ejecutiva Nacional del Partido del Trabajo.

OCTAVO. Efectos de la sentencia

Al resultar sustancialmente fundados los agravios relacionados con la inconstitucionalidad de los Estatutos del Partido del Trabajo en los aspectos materia del presente juicio, y toda vez que dichos estatutos dieron sustento normativo tanto al Séptimo Congreso Nacional Ordinario del referido partido político, realizado el veintiséis y veintisiete de julio de dos mil ocho en la Ciudad de México, Distrito Federal, así como a los acuerdos y resolutivos tomados en el mismo, incluidas la elección de dirigentes nacionales y las modificaciones a sus documentos básicos, esta Sala Superior estima procedente decretar su revocación.

No es óbice a lo anterior que el veintinueve de septiembre de dos mil ocho se hubiese emitido el Acuerdo CG409/2008 relativo a la "RESOLUCION DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL SOBRE LA PROCEDENCIA CONSTITUCIONAL Y LEGAL DE LAS MODIFICACIONES A LOS DOCUMENTOS BASICOS DEL PARTIDO DEL TRABAJO" (publicado en el Diario Oficial de la Federación de diecisiete de octubre de ese mismo año), pues tal y como se argumentó al justificar la procedencia del presente medio de impugnación, las cuestiones sobre constitucionalidad de estatutos aquí abordadas no pudieron ser objeto de estudio y resolución por parte de la citada autoridad administrativa electoral, quien únicamente se limitó a analizar los acuerdos y resolutivos adoptados en el multicitado Séptimo Congreso Nacional Ordinario del Partido del Trabajo.

Ante ello, si los acuerdos y resolutivos partidarios aprobados por la autoridad administrativa electoral se encontraban viciados por derivar de la aplicación de estatutos inconstitucionales (tal y como se acreditó en el considerando séptimo de esta sentencia), es inconcuso que, como consecuencia de la presente ejecutoria, tanto la resolución emitida por dicha autoridad como los acuerdos y resolutivos del Partido del Trabajo que fueron materia de tal proveído queden sin efectos.

Al respecto, el Consejo General del Instituto Federal Electoral deberá tomar las medidas que estime pertinentes y realizar los avisos necesarios a que en derecho hubiere lugar.

Asimismo, en virtud de que durante el año dos mil diez tendrán verificativo más de diez elecciones constitucionales locales en las que se renovarán, según cada caso, gobernador, diputados estatales e integrantes de ayuntamientos, y con el fin de preservar los principios de igualdad en la contienda, certeza y seguridad jurídica, esta Sala Superior determina que los plazos para la realización de los actos que se ordenan a continuación (ajustes normativos y elección de nuevos dirigentes nacionales por parte del Partido del Trabajo), empezarán a computarse a partir del quince de julio de dos mil diez, fecha en que se habrá celebrado la casi totalidad de las aludidas jornadas electorales estatales.

Como consecuencia de lo anterior, este órgano jurisdiccional federal determina que el citado partido político, dentro del plazo de sesenta días naturales contados a partir del quince de julio de dos mil diez, deberá modificar sus estatutos para que sean acordes con los puntos señalados en esta ejecutoria y, hecho lo anterior, los presente ante el Consejo General del Instituto Federal Electoral para su aprobación.

Sobre el particular, dicho Consejo General del Instituto Federal Electoral deberá dictar la resolución sobre la procedencia constitucional y legal de tales modificaciones en un plazo que no exceda de treinta días naturales contados a partir de la presentación de la documentación correspondiente, en términos de lo establecido en el artículo 38, inciso l), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Para la realización de todos los actos tendentes a concretar la modificación estatutaria ordenada, el Partido del Trabajo deberá aplicar los estatutos vigentes hasta antes del Séptimo Congreso Nacional Ordinario.

Asimismo, a efecto de subsanar las insuficiencias normativas objeto de estudio, los aspectos que el Partido del Trabajo debe modificar en sus estatutos, en los términos que estime pertinentes conforme a su libertad de decisión política y derecho a la autoorganización, son los siguientes:

1) Establecer el o los mecanismos y procedimientos que considere pertinentes para llevar a cabo la elección de sus dirigentes en todos sus niveles, cuidando garantizar, tanto en el ejercicio del voto activo como pasivo de los militantes, la igualdad, certeza, imparcialidad y renovación efectiva de los integrantes de dichos órganos de dirección;

2) Prever un órgano independiente e imparcial, encargado de conducir los indicados procesos internos de elección de dirigentes;

3) Regular la reelección, evitando incurrir en prácticas de ejercicio indefinido o vitalicio en los cargos de dirección;

4) Prever casos de incompatibilidad;

5) Toda vez que se ha considerado inconstitucional, suprimir el voto por aclamación previsto en el artículo 29, inciso f), de los estatutos de mérito, y, en caso de establecer el voto indirecto y abierto, prever las medidas que estime pertinentes a fin de garantizar el valor de la libertad en la emisión del sufragio;

6) Establecer órganos de impartición de justicia distintos a las instancias de dirección, de índole jurisdiccional y no política y, sobre todo, que garanticen suficientemente su autonomía, independencia e imparcialidad;

7) Regular los medios de defensa intrapartidarios en forma expresa, clara y precisa, estableciendo, respecto de cada uno de ellos, verbigracia: procedencia; requisitos de demanda; condiciones de procedibilidad; órganos competentes; reglas de tramitación; sustanciación; plazos; notificaciones y condiciones de emisión de resoluciones y sus efectos;

8) Establecer procedimientos claros y breves para la imposición de sanciones en que se respete el derecho de defensa y de aportar pruebas, de los supuestos infractores, y

9) Establecer causales expresas para la imposición de sanciones.

Hecho lo anterior, dentro del plazo de noventa días naturales siguientes a que quede firme la resolución del Consejo General del Instituto Federal Electoral en que autorice, en su caso, las modificaciones ordenadas, el Partido del Trabajo deberá elegir, con base en los estatutos aprobados, a los integrantes de sus órganos de dirección nacional.

Sobre el particular, se revoca el registro vigente de los integrantes de los órganos de dirección nacional del Partido del Trabajo.

Al efecto, tales órganos quedarán integrados conforme lo estaban (con las mismas personas) antes de la celebración del Séptimo Congreso Nacional Ordinario, hasta que el Instituto Federal Electoral registre a los nuevos dirigentes electos sobre la base de los estatutos modificados y aprobados por el Consejo General de dicho Instituto, lo que deberá ocurrir, a más tardar, al finalizar el indicado plazo de noventa días naturales.

Esto es, observando los plazos antes indicados:

i) Respecto al marco normativo, el Partido del Trabajo deberá regir sus actos conforme a los documentos básicos (estatutos) vigentes antes del Séptimo Congreso Nacional Ordinario, hasta en tanto sean aprobadas por el Consejo General del Instituto Federal Electoral, y queden firmes, las modificaciones estatutarias aquí ordenadas, y

ii) En relación con los órganos de dirección nacional, deben quedar integrados conforme lo estaban antes de la celebración del Séptimo Congreso Nacional Ordinario, permaneciendo así hasta en tanto sean registrados por la mencionada autoridad administrativa electoral federal los nuevos dirigentes electos conforme a las modificaciones estatutarias ordenadas y, en su caso, aprobadas y firmes, por parte del Instituto Electoral Federal.

La Comisión Coordinadora Nacional del Partido del Trabajo y el Consejo General del Instituto Federal Electoral quedan vinculados a la presente ejecutoria y deberán informar a esta Sala Superior sobre el cumplimiento de la misma, en la medida en que se realicen los actos previstos en los párrafos precedentes.

Por lo expuesto y fundado se

R E S U E L V E

PRIMERO. Se decreta la acumulación del expediente del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano SUP-JDC-2639/2008 al expediente SUP-JDC-2638/2008. Al efecto, glósese copia certificada de los puntos resolutivos de esta sentencia en el expediente del juicio acumulado.

SEGUNDO. Unica y exclusivamente por lo que hace a Carolina Araceli Sánchez Esparza, en términos de lo expuesto en el considerando cuarto de la presente sentencia, se sobresee el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano identificado con el número de expediente SUP-JDC-2639/2008.

TERCERO. Se revocan, tanto el Séptimo Congreso Nacional Ordinario del Partido del Trabajo celebrado el veintiséis y veintisiete de julio de dos mil ocho en la Ciudad de México, Distrito Federal, como todos y cada uno de los actos relacionados, incluidos la convocatoria, los acuerdos y resolutivos adoptados en el mismo.

CUARTO. En términos de lo señalado en los considerandos séptimo y octavo de esta sentencia, en las partes materia de análisis, se declaran inconstitucionales los Estatutos del Partido del Trabajo.

QUINTO. Se ordena al Partido del Trabajo que, conforme a los lineamientos expuestos en esta ejecutoria y en plena observancia a su libertad de decisión política y derecho a la autoorganización, dentro del plazo de sesenta días naturales contados a partir del quince de julio de dos mil diez, modifique sus estatutos, y, hecho lo anterior, los presente ante el Consejo General del Instituto Federal Electoral para su aprobación.

Dicho Consejo General deberá dictar la resolución sobre la procedencia constitucional y legal de tales modificaciones en un plazo que no exceda de treinta días naturales contados a partir de la presentación de la documentación correspondiente, en términos de lo establecido en el artículo 38, inciso l), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

SEXTO. Una vez que el Consejo General del Instituto Federal Electoral apruebe las modificaciones ordenadas, dentro del plazo de noventa días naturales siguientes a que quede firme dicha resolución y con base en los estatutos aprobados, el Partido del Trabajo deberá elegir a los integrantes de sus órganos de dirección nacional.

SEPTIMO. Se revoca el registro vigente de los integrantes de los órganos de dirección nacional del Partido del Trabajo, al efecto, tales órganos quedarán integrados conforme lo estaban antes de la celebración del Séptimo Congreso Nacional Ordinario, hasta que el Instituto Federal Electoral registre a los nuevos dirigentes electos sobre la base de los estatutos modificados y aprobados por el Consejo General de dicho Instituto, lo que deberá ocurrir, a más tardar, al finalizar el plazo indicado en el resolutivo anterior.

OCTAVO. Tanto el Partido del Trabajo, a través de su Comisión Coordinadora Nacional, como el Consejo General del Instituto Federal Electoral, quedan vinculados a la presente ejecutoria y deberán informar a esta Sala Superior sobre el cumplimiento de la misma en la medida en que se realicen los actos previstos en los resolutivos precedentes.

Notifíquese por correo certificado a los actores (en virtud de que los domicilios señalados en sus escritos de demanda no están ubicados en el Distrito Federal); personalmente a los terceros interesados, en los respectivos domicilios señalados en autos; por oficio, con copia certificada anexa de la presente sentencia, a la Comisión Coordinadora Nacional del Partido del Trabajo y al Instituto Federal Electoral; asimismo, por estrados a los demás interesados. Devuélvanse los documentos que correspondan y, en su oportunidad, archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido.

Así, por unanimidad de votos, lo resolvieron los Magistrados Electorales que integran la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ante el Secretario General de Acuerdos que autoriza y da fe. Rúbricas.