JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES DEL CIUDADANO.

EXPEDIENTE: SUP-JDC-2899/2008.

ACTOR: ADALBERTO ARTURO MADERO QUIROGA.

RESPONSABLE: PLENO DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN.

MAGISTRADO: PEDRO ESTEBAN PENAGOS LÓPEZ.

SECRETARIO: JOSÉ ARQUÍMEDES GREGORIO LORANCA LUNA.

México, Distrito Federal, a diez de diciembre de dos mil ocho.

VISTOS para resolver los autos del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano SUP-JDC-2899/2008, promovido por Adalberto Arturo Madero Quiroga en contra de la resolución de veintidós de noviembre de dos mil ocho, dictada por el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Nuevo León en el Recurso de Reclamación resuelto en el juicio de inconformidad JI-003/2008, y,

R E S U L T A N D O:

PRIMERO. Antecedentes. De lo narrado en la demanda y de las constancias que obran en autos se advierte lo siguiente:

1. Procedimiento de fincamiento de responsabilidad. El diez de noviembre de dos mil ocho se emitió resolución en los procedimientos PFR-005/2008 y su acumulado PFR-007/2008, seguidos en contra de Adalberto Arturo Madero Quiroga, en su carácter de Presidente Municipal de Monterrey, Nuevo León.

En esa resolución, entre otras determinaciones, se estableció que el denunciado Adalberto Arturo Madero Quiroga era responsable de la infracción denunciada, y por tanto, era procedente remitir copia certificada de la resolución al ayuntamiento de Monterrey, para que impusiera al infractor la sanción a que hubiere lugar. El enjuiciante manifiesta que dicha resolución le fue notificada el doce de noviembre siguiente.

2. Juicio de inconformidad. El diecisiete de noviembre de dos mil ocho, Adalberto Arturo Madero Quiroga promovió juicio de inconformidad en contra de la resolución descrita en el punto anterior. El día diecinueve posterior, el Presidente del Tribunal Electoral del Estado de Nuevo León emitió proveído, en el que resolvió desechar de plano la demanda de juicio de inconformidad.

3. Recurso de reclamación. El veinte de noviembre siguiente, el promovente interpuso recurso de reclamación contra el auto que resolvió desechar la demanda de juicio de inconformidad. El Pleno del Tribunal Electoral conoció de dicho recurso de reclamación y emitió sentencia el veintidós de noviembre de dos mil ocho, en la que confirmó el auto impugnado.

SEGUNDO. Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. Inconforme con la resolución anterior, mediante escrito presentado ante la responsable, el veinticinco de noviembre de dos mil ocho, Adalberto Arturo Madero Quiroga promovió el presente juicio constitucional.

TERCERO. Trámite y remisión de expediente. La autoridad señalada como responsable tramitó la demanda y a través del escrito recibido el primero de diciembre de dos mil ocho en la Oficialía de Partes de esta Sala Superior, el Secretario General de Acuerdos del Tribunal Electoral del Estado de Nuevo León rindió informe circunstanciado y remitió, entre otros documentos, el original del escrito de demanda y sus respectivos anexos, suscrito por Adalberto Arturo Madero Quiroga, así como las constancias de publicitación del juicio que nos ocupa.

CUARTO. Turno de expediente a Ponencia. En su oportunidad, el Magistrado José Alejandro Luna Ramos Presidente por ministerio de ley del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tuvo por recibida la documentación precisada en el resultando anterior, ordenó la integración del expediente SUP-JDC-2899/2008, formado con motivo del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano en que se actúa, y ordenó remitir los autos a la Ponencia del Magistrado Pedro Esteban Penagos López, para los efectos previstos en el artículo 19 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, turno que se cumplió mediante el oficio TEPJF-SGA-5805/08, suscrito por el Secretario General de Acuerdos de este órgano jurisdiccional electoral federal.

En su oportunidad el Magistrado Instructor admitió a trámite la demanda presentada y, una vez agotada la instrucción, declaró cerrada la misma, quedando los autos en estado de resolución.

C O N S I D E R A N D O:

PRIMERO. Jurisdicción y competencia. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ejerce jurisdicción y esta Sala Superior es competente para conocer y resolver el presente juicio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 99, párrafo cuarto, fracción V de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 186, fracción III, inciso c) y 189, fracción I, inciso e) de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como 4 y 83 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

Para respaldar lo anterior se debe tener en cuenta que conforme al artículo 99, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se establece, en lo conducente, que el Tribunal Electoral funcionará en forma permanente con una Sala Superior y Salas Regionales, y en el párrafo cuarto del mismo artículo, se define un catalogo general enunciativo de los asuntos que pueden ser materia de su conocimiento.

La distribución de la competencia entre las Salas del Tribunal para conocer de los asuntos correspondientes se determina en la propia Constitución y en las leyes secundarias.

El contenido de los artículos 189, fracción I, inciso e) y 195 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como 83 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, permiten establecer que la distribución competencial entre la Sala Superior y las Salas Regionales, a fin de conocer del juicio para la protección de los derechos político-electorales, está definida, en los términos generales siguientes:

La Sala Superior tiene competencia para conocer de los asuntos relacionados con las elecciones de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, de Gobernadores, de Jefe de Gobierno del Distrito Federal, de Diputados y Senadores (en el ámbito federal) por el principio de representación proporcional.

Las Salas Regionales son competentes para conocer de los asuntos vinculados con las elecciones federales de Diputados y Senadores por el principio de mayoría relativa, de Autoridades Municipales, de Diputados Locales, así como de candidatos a ocupar un cargo en la Asamblea Legislativa y titulares de los Órganos Político-Administrativos en las demarcaciones del Distrito Federal, y Servidores Públicos Municipales diversos a los electos para integrar ayuntamiento.

Debe tenerse en cuenta, que originariamente la competencia para conocer del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano correspondía a la Sala Superior, y que ésta fue delegada por el legislador a las Salas Regionales, a efecto de que conocieran exclusivamente de los asuntos expresamente determinados en la ley; en consecuencia, se obtiene, que aquellos asuntos no previstos para el conocimiento específico de dichas Salas Regionales, deberán ser materia de estudio por parte de la Sala Superior.

En la especie, el actor destaca como acto reclamado la resolución emitida en un recurso de reclamación, por parte del Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Nuevo León, que tiene como origen la resolución emitida en un procedimiento de fincamiento de responsabilidad en contra del Presidente Municipal de Monterrey, Nuevo León, porque en propaganda en medios de comunicación social se promocionó a la persona del Presidente Municipal.

Es evidente que la determinación dictada en ese procedimiento de fincamiento de responsabilidad, no es de la naturaleza que actualiza la competencia de las Salas Regionales, al no estar vinculada con alguno de los actos atinentes a las elecciones, respecto de las cuales puede tener conocimiento; en consecuencia, el acto impugnado debe ser del conocimiento de esta Sala Superior.

SEGUNDO. Causales de improcedencia. El tribunal responsable alega, que el medio de impugnación es improcedente, porque a su criterio no se atendió lo dispuesto en el artículo 8, párrafo 1, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, dado que la demanda fue presentada fuera del plazo de cuatro días previsto en dicha disposición.

El tribunal responsable manifiesta, que en virtud de que Adalberto Arturo Madero Quiroga no puede combatir el acto reclamado de la Comisión Estatal Electoral de Nuevo León, a través de alguno de los medios previstos en la Ley Electoral Local, dicho acto adquirió el carácter de definitivo y firme.

En consecuencia, dice el Tribunal responsable, que si el demandante no está legitimado para promover el juicio de inconformidad, por lo cual procedió a su desechamiento, no había lugar tampoco a la reconducción de la vía, dado que el medio de impugnación se presentó al quinto día de que le fue notificada la resolución emitida en el procedimiento de fincamiento de responsabilidad.

Esto es así, porque se dice, que en el juicio de inconformidad, el demandante manifiesta que le fue notificado el acto reclamado el doce de noviembre de dos mil ocho, en tanto que la demanda fue presentada el día diecisiete siguiente, es decir un día después del plazo de cuatro que concede la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

Los argumentos mencionados son infundados.

En términos del artículo 8, párrafo 1, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, los medios de impugnación deben presentarse dentro de los cuatro días contados a partir del día siguiente a aquel en que se tenga conocimiento del acto o resolución impugnado, o se hubiera notificado de conformidad con la ley aplicable, salvo las excepciones previstas expresamente en la propia ley.

En el presente caso, lo que da materia a la controversia planteada es el contenido de la resolución emitida el veintidós de noviembre de dos mil ocho, por el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Nuevo León; la cual fue notificada en la misma fecha a Adalberto Arturo Madero Quiroga.

La demanda de juicio constitucional para impugnar esa resolución, según informe de la propia autoridad responsable, fue presentada el veinticinco de noviembre de dos mil ocho.

En consecuencia, es evidente que la demanda para impugnar la resolución del Pleno del Tribunal Electoral de Nuevo León, fue presentada dentro del plazo de cuatro días que concede el artículo 8 ya invocado.

Dado que en el Estado de Nuevo León se desarrolla proceso electoral actualmente, en términos del artículo 7, párrafo 2, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, en el cómputo de los plazos todos los días y horas son hábiles.

Así, en virtud de que la resolución reclamada le fue notificada al actor el veintidós de noviembre de dos mil ocho, el plazo para promover demanda de juicio constitucional le corrió del veintitrés al veintiséis de noviembre de dos mil ocho, por lo que si la demanda fue presentada el día veinticinco de noviembre, entonces es evidente, que fue presentada en tiempo, y no ha lugar a estimar que se actualice la causa de improcedencia que invoca el Tribunal responsable.

Por otro lado debe anotarse, que lo atinente a determinar si Adalberto Arturo Madero Quiroga está legitimado o no para promover juicio de inconformidad en contra de la resolución emitida por la Comisión Estatal Electoral de Nuevo León en el procedimiento de fincamiento de responsabilidad, es el aspecto central del estudio de fondo que se lleva a cabo en la presente ejecutoria.

En consecuencia, no es dable llevar a cabo el estudio de ese aspecto en este apartado de procedencia, sino que deberá estarse a los razonamientos que al efecto se emitan en consideraciones posteriores, pues de lo contrario se estaría prejuzgando sobre la litis planteada en el juicio.

TERCERO. Transcripción de consideraciones de la resolución reclamada y agravios que hace valer el impugnante. Por cuanto hace a este aspecto se anota que además de no existir obligación de realizar las transcripciones correspondientes, se considera innecesario llevarlas a cabo, porque en el expediente principal obra copia certificada de la resolución reclamada, así como el original de la demanda en donde aparecen respectivamente las consideraciones y los agravios de mérito.

CUARTO. Precisión del acto reclamado. Debe anotarse que en la demanda de juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, Adalberto Arturo Madero Quiroga destaca como actos reclamados los siguientes:

"III. Acto o resolución impugnado. Acuerdos de fechas diecinueve y veintidós de noviembre del año en curso mediante los cuales se desechó el juicio de inconformidad por improcedente y mediante el cual se confirmó dicho auto en el recurso de reclamación que promoví en contra del desechamiento"

Al respecto debe precisarse, que el análisis integral de la demanda de juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano presentada por el demandante, permite observar que aunque en el apartado específico que se ha transcrito menciona dos actos reclamados, en el desarrollo de sus alegaciones reclama en realidad sólo la resolución de veintidós de noviembre de dos mil ocho.

Ello es así, porque produce alegaciones tendientes a desvirtuar las consideraciones emitidas por la autoridad responsable, para estimar que la ley no concede legitimación a la parte actora para promover juicio de inconformidad, y por ende, que era de confirmarse el proveído del diecinueve de noviembre de dos mil ocho dictado por el Presidente del Tribunal Electoral de Nuevo León, en el que se desechó la demanda de inconformidad.

Por ello es que en esta ejecutoría será materia de estudio exclusivamente la resolución de veintidós de noviembre ya descrita, sin necesidad de mayor pronunciamiento, respecto de la resolución del día diecinueve anterior.

QUINTO. Los agravios son fundados.

ANTECEDENTES DE LA CONTROVERSIA.

Antes de llevar a cabo el estudio de los agravios, se estima pertinente referir los antecedentes del caso, para realizar algunas precisiones.

El siete de agosto de dos mil ocho, el titular de la Unidad de Comunicación Social de la Comisión Estatal Electoral de Nuevo León giró oficio al Comisionado Secretario de la propia Comisión, mediante el cual hizo del conocimiento el contenido de un spot relativo a la comunicación social del Municipio de Monterrey, transmitido en el canal 34 de la televisora local denominada Cadena Televisora del Norte S. A. de C. V., durante el programa "Las Noticias", y que su contenido podría infringir la Ley Electoral del Estado. El doce de agosto siguiente, el comisionado instructor dictó acuerdo de inicio del procedimiento de fincamiento de responsabilidad en contra de Adalberto Arturo Madero Quiroga, en su carácter de Presidente Municipal de Monterrey, lo cual dio lugar a la implementación del expediente PFR-005/2008.

Por otro lado, con motivo de la denuncia presentada ante la Comisión Estatal Electoral de Nuevo León el trece de agosto de dos mil ocho, por Blanca Rocío Carranza Arriaga en contra de Adalberto Arturo Madero Quiroga, se acordó por el comisionado instructor iniciar el procedimiento de fincamiento de responsabilidad en contra del denunciado, en su carácter de Presidente Municipal del Ayuntamiento de Monterrey, Nuevo León; al igual que en el procedimiento anterior, como presunto infractor de la norma contenida en el párrafo séptimo del artículo 43 de la Constitución Política del Estado, en relación con el 30 de la Ley Electoral de la entidad, con lo que se formó el expediente administrativo PFR-007/2008. Éste último procedimiento fue acumulado al PFR-005/2008.

El diez de noviembre de dos mil ocho la Comisión Estatal Electoral de Nuevo León emitió resolución en dicho procedimiento, y al efecto determinó en lo que interesa, que quedó demostrada la existencia del spot y su transmisión en los canales de televisión con cobertura local y en las fechas y en los horarios precisados en esa resolución; así mismo, que el spot de mérito fue solventado con recursos públicos de la administración del Municipio de Monterrey, y que el spot no tiene carácter institucional, pero sí elementos de naturaleza informativa, el cual además contiene símbolos que implican la promoción personalizada de Adalberto Arturo Madero Quiroga, y que éste fue el responsable de la difusión del spot, en su carácter de Presidente Municipal de Monterrey, Nuevo León.

Lo anterior se consideró transgresor de los artículos 43, párrafo séptimo de la Constitución Política del Estado de Nuevo León, en donde se dispone que la propaganda bajo cualquier modalidad de comunicación social que difundan como tales los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los órganos de gobierno estatal o municipal, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso podrá incluir nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen la promoción personalizada de cualquier servidor público.

Se estimó tal transgresión, porque en el spot transmitido hay promoción personalizada del Presidente Municipal de Monterrey, ya que se menciona la palabra "alcalde" y la frase "ay si te digo, ese hombre…, ¡como trabaja!" y se estimó que tales expresiones representaban una percepción de la realidad que se asocia por una convención socialmente aceptada, es decir, un símbolo, como el líder político y social de un municipio, que en términos legales e históricos representa el titular de la presidencia municipal; además se dice en la resolución de la Comisión Estatal Electoral, que quien ocupa cada tres años ese cargo es un individuo, por lo que se puede determinar quién ostenta esa calidad al momento de observar el spot referido; de ahí que, según la Comisión mencionada, el contenido del spot se relaciona directamente a través de la construcción de un símbolo (la figura del alcalde de Monterrey) con Adalberto Arturo Madero Quiroga, actual Presidente Municipal de esa ciudad, y en consecuencia, el spot implica promoción directa a esa persona.

Por tanto al establecerse que quedó acreditada la infracción y la responsabilidad de Adalberto Arturo Madero Quiroga, se ordenó remitir copia de la resolución emitida al Ayuntamiento de Monterrey, Nuevo León, para el efecto de que imponga el infractor la sanción a que hubiera lugar.

Como ya se apuntó en los resultandos de esta ejecutoria, en contra de esa determinación, Adalberto Arturo Madero Quiroga promovió juicio de inconformidad, que fue desechado por proveído de diecinueve de noviembre de dos mil ocho dictado por el Presidente del Tribunal Electoral de Nuevo León, y contra dicho proveído presentó recurso de reclamación, del que conoció el Pleno de ese tribunal, en el que emitió sentencia el día veintidós siguiente, que confirmó el proveído impugnado, es decir, el desechamiento de la demanda de juicio de inconformidad.

Estos son los antecedentes que se estiman necesarios para llevar a cabo el estudio de fondo en el presente juicio constitucional.

ESTUDIO DE FONDO.

La autoridad responsable consideró que debía confirmarse el desechamiento de la demanda de juicio de inconformidad en atención a las razones torales siguientes:

1. El artículo 256, fracción IV, de la Ley Electoral del Estado de Nuevo León (en lo posterior Ley Local) sólo legitima para promover el juicio de inconformidad a los candidatos y a los partidos políticos; en tanto que el actor no tiene ninguna de esas calidades, entonces no está legitimado para promover dicho medio de impugnación.

2. Aunque en términos del artículo 306 de la Ley Local, el juicio de inconformidad es el medio de impugnación idóneo contra resoluciones como la reclamada de la Comisión Estatal Electoral, tal circunstancia no admite servir de base para considerar, que cualquier persona puede promover su impugnación a través de ese juicio, sino que debe atenderse a la legitimación que concede la disposición especial contenida en el artículo 256, fracción IV, de la Ley citada.

3. En el recurso de reclamación se plantea la inconstitucionalidad del citado artículo 256 fracción IV; al respecto, el tribunal electoral responsable considera que no cuenta con facultades para pronunciarse en cuanto a la inaplicación de dicha disposición.

4. Sobre estas bases, el tribunal responsable determina que su obligación es ajustarse el principio de legalidad, y por tanto, acatar en sus términos lo previsto en el artículo 256 fracción IV, de la Ley Local, la cual sólo concede legitimación a los candidatos y a los partidos políticos, para promover el juicio de inconformidad.

Al respecto, el actor produce argumentos para combatir todas y cada una de las consideraciones torales precitadas, y se consideran suficientes y fundados para desvirtuarlas, como se verá a continuación.

En términos del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial.

Así mismo en términos del artículo 41 fracción VI de ese máximo ordenamiento se establece, que para garantizar los principios de constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones electorales, se establecerá un sistema de medios de impugnación en los términos que señalen esta constitución y la ley.

En concordancia con esta última disposición, por cuanto hace al ámbito de las entidades federativas, el artículo 116, fracción IV, inciso l), de la propia Carta Magna, ordena que la constitución y las leyes de los estados en materia electoral garantizarán que se establezca un sistema de medios de impugnación, para que todos los actos y resoluciones electorales se sujeten invariablemente al principio de legalidad.

Es evidente entonces, que por mandato de nuestra Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, en materia electoral, debe operar un sistema de medios de impugnación (tanto a nivel federal como a nivel local) que garantice a los gobernados el que todos los actos y resoluciones de las autoridades electorales se sujeten al principio de legalidad.

Esto encuentra íntima vinculación con el derecho de acceso a la administración de justicia, que como derecho fundamental le debe asistir a toda persona, y que en el caso se traduce, en que quien sea afectado con una determinación o resolución de una autoridad electoral, tenga la garantía de que pueda impugnarlos y tenga acceso efectivo a la administración de justicia, tanto a nivel federal como a nivel local.

Más aún debe anotarse, que esta Sala Superior ha establecido que los juicios y recursos previstos en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación son de carácter extraordinario; es decir, que lo ordinario es que las controversias que se susciten en el ámbito de las entidades federativas, se solucionen a través del sistema de medios de impugnación que al efecto establezcan sus respectivas constituciones y leyes locales.

Esto último lleva implícito, que los afectados por resoluciones y determinaciones de las autoridades electorales locales, puedan tener la garantía de que con el sistema de medios de impugnación, sea posible que puedan ser resarcidos en los derechos que en su caso hubieran sido afectados con motivo de resoluciones o determinaciones de las autoridades electorales.

De esta manera no hay duda, que la interpretación que se haga de las disposiciones atinentes a ese sistema de medios de impugnación, debe estar dirigida a hacer efectiva la garantía prevista en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consistente en el acceso a la administración de justicia que se haga efectiva a través del sistema de medios de impugnación.

Tales son los principios que deben informar la interpretación de los artículos atinentes a la Ley Electoral del Estado de Nuevo León, para establecer si es correcta o no la sentencia reclamada del Pleno del Tribunal Electoral de esa entidad federativa, en donde sustenta que dicha ley no concede legitimación al ahora actor para promover juicio de inconformidad, porque no se encuentra en alguno de los supuestos específicos que establece el artículo 256, fracción IV, de dicha Ley Local.

Para llevar a cabo el análisis correspondiente es preciso atender no sólo a esa disposición específica que invoca el Tribunal responsable, sino al contenido sistemático de la Ley mencionada, para lo cual es necesario hacer referencia a los artículos siguientes.

En el artículo 1º se establece, que la Ley Electoral del Estado de Nuevo León es reglamentaria en materia electoral, de la Constitución Política del Estado, y que las disposiciones de dicha Ley son de orden público y de observancia general, que tienen por objeto regular entre otros aspectos, el sistema de medios de impugnación para garantizar la legalidad de los actos, resoluciones y resultados electorales.

En la Tercera Parte de esa Ley "de lo contencioso electoral", Título Primero "del Tribunal Electoral", Capítulo Primero "Integración y funcionamiento", dispositivo 226, se determina que el Tribunal Electoral del Estado es un organismo independiente, autónomo y permanente, con autonomía funcional y presupuestaria, que es la máxima autoridad jurisdiccional en materia electoral para el control de la legalidad y con plenitud de jurisdicción en la resolución de los medios de impugnación que se presenten durante el desarrollo de los procesos electorales ordinarios o extraordinarios o los que surjan entre dos procesos electorales, conforme a lo establecido por la Ley Electoral Local.

La tercera parte de esa Ley Local contiene también el Título Segundo "de los medios de impugnación", que en su artículo 239, fracción II, inciso b), punto 3, dispone que para garantizar la legalidad de los actos, resoluciones y resultados electorales, en la vía jurisdiccional se tiene, entre otros, el juicio de inconformidad que será procedente exclusivamente durante el proceso electoral, y que se podrá interponer en contra de los actos, omisiones o resoluciones de la Comisión Estatal Electoral en la etapa de preparación de la elección cuando cause un agravio directo.

El dispositivo 256, fracciones III y IV, dispone que son sujetos legitimados, en el recurso de apelación el ciudadano o el partido político; en tanto que en el juicio de inconformidad, lo serán el candidato o candidatos y el partido político a través del representante acreditado.

Por último debe tenerse en cuenta también lo que dispone el artículo 306 en donde se preceptúa, que en contra de las resoluciones que pongan fin al procedimiento de fincamiento de responsabilidad que lleve a cabo la Comisión Estatal Electoral, procederá el juicio de inconformidad o el recurso de apelación según se hayan pronunciado durante el proceso electoral o entre dos procesos electorales respectivamente.

La interpretación de las disposiciones apuntadas nos lleva a las conclusiones siguientes.

En la Ley Electoral del Estado de Nuevo León se atienden los lineamientos y principios establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por cuanto hace a la implementación de un sistema de medios de impugnación, para garantizar que todos los actos y resoluciones electorales se sujeten al principio de legalidad.

En la Ley Local no se establece como excepción que las resoluciones emitidas por la Comisión Estatal Electoral en los procedimientos de fincamiento de responsabilidad, no sean susceptibles de ser combatidas a través de alguno de los medios de impugnación previstos en dicho cuerpo normativo. Por el contrario existen disposiciones expresas que permiten su impugnación.

En efecto, según que la resolución conducente se emita entre dos procesos electorales o durante el desarrollo de un proceso electoral, ese tipo de resoluciones son susceptibles de impugnarse, en el primer caso mediante el recurso de apelación y en el segundo caso a través del juicio de inconformidad, pues así lo prevén los artículos 239, fracción II, inciso b), punto 3 y 306 de la Ley Local.

En tales condiciones, dado que se permite la impugnación de las resoluciones que emita la Comisión Estatal Electoral en los procedimientos de fincamiento de responsabilidad, entonces la interpretación que de los dispositivos conducentes se haga, debe estar encaminada a que se atiendan los principios y lineamientos establecidos en nuestra Carta Magna, por cuanto a que debe hacerse efectivo el acceso a la administración de justicia mediante un sistema de medios de impugnación, en donde todos los actos y resoluciones de las autoridades electorales se sujeten al principio de legalidad.

En el caso se advierte, que antes de que inicie el proceso electoral (primero de noviembre de dos mil ocho) el tipo de resoluciones como las apuntadas podrían ser impugnables en recurso de apelación, en el cual, el artículo 256, fracción III, de la Ley Local, legitima al ciudadano o al partido político; en tanto que durante el proceso electoral (después del primero de noviembre de dos mil ocho) una interpretación restrictiva y contraria a la garantía de acceso a la administración de justicia, podría dar lugar a establecer que sólo los candidatos o los partidos políticos pueden promover el juicio de inconformidad contra las resoluciones a que se ha hecho referencia.

Esta interpretación iría contra los principios ya apuntados que se encuentran insertos en nuestra Carta Magna, y que de manera particular se desarrollan en la Ley Electoral del Estado de Nuevo León.

Pero además iría contra toda lógica, pues el mero transcurso del tiempo y sin que exista una causa imputable a un posible afectado, podría dar lugar a que antes del proceso electoral, como ciudadano, pudiera impugnar una posible resolución emitida dentro de un procedimiento de fincamiento de responsabilidad; pero para el caso de que la resolución atinente no se emita inmediatamente sino hasta después de que haya iniciado el proceso electoral, dicho ciudadano pierde ese derecho a impugnar cuando no tiene la calidad de candidato o de representante acreditado de un partido político.

Más aún debe tenerse en cuenta, que lo que se aprecia en el sistema ya descrito, es la simplificación de los medios de impugnación de que se puede echar mano en el proceso electoral, ya que a efecto de no tener varios medios de impugnación, se establece que sólo procederá el juicio de inconformidad (con lo cual se excluye el recurso de apelación).

Pero esta simplificación no da pie a estimar, que debe ser en perjuicio de los posibles afectados con una resolución emitida en un procedimiento de fincamiento de responsabilidad, por parte de la Comisión Estatal Electoral, sobre todo cuando por causas ajenas a su voluntad, la resolución conducente, en lugar de emitirse fuera del proceso electoral se emite una vez que éste ha iniciado.

No obsta lo anterior, la supuesta restricción que se hace en el artículo 256, fracción IV, de la Ley Local, en relación a los sujetos legitimados para promover el juicio de inconformidad, porque debe privilegiarse la legitimación amplia que concede el artículo 306 de esa propia ley, en donde no se precisa quiénes están facultados para promover, tanto el recurso de apelación como el juicio de inconformidad en contra de las resoluciones que se emitan en un proceso de fincamiento de responsabilidad (fuera de proceso o una vez iniciado éste respectivamente); en virtud de lo cual es posible determinar, que todo aquel que sea perjudicado con una resolución del tipo apuntado, está legitimado para incoar juicio de inconformidad en el periodo en que se esté llevando a cabo un proceso electoral.

En recapitulación de las consideraciones previas es posible determinar, que en el caso concreto, a efecto de atender los principios de acceso a la administración de justicia y hacer efectivo ese mismo acceso a través de un sistema de medios de impugnación, que dé lugar a que todo acto o resolución de autoridad electoral se ajuste al principio de legalidad, procede estimar que al igual que se preceptúa para el recurso de apelación, los ciudadanos también están legitimados para promover juicio de inconformidad en contra de una resolución que se emita en un procedimiento de fincamiento de responsabilidad, por parte de la Comisión Estatal Electoral.

Sobre todo porque no existe disposición específica que determine que contra ese tipo de resoluciones no procede medio de impugnación alguno, sino que por el contrario, como se ha demostrado, se prevé, según el tiempo en que se emita la resolución, el recurso de apelación o el juicio de inconformidad, e incluso en el artículo 306 de la Ley Local se prevé una legitimación amplia, que debe entenderse a favor de todo aquel agraviado con motivo de una resolución emitida en un procedimiento de fincamiento de responsabilidad.

Al tenor de los razonamientos precedentes es posible considerar desvirtuadas las consideraciones que emite la autoridad responsable para sustentar, que Adalberto Arturo Madero Quiroga no está legitimado para promover juicio de inconformidad.

Como se ha descrito en el apartado de antecedentes de este Considerando Quinto, esa persona impugna la resolución emitida en un procedimiento de fincamiento de responsabilidad, que fue emitida el diez de noviembre de dos mil ocho, es decir, una vez que había iniciado el proceso electoral en el Estado de Nuevo León (primero de noviembre de dos mil ocho).

En esas circunstancias, el promovente ya no podía hacer uso del recurso de apelación, sino que la propia ley (por simplificación como se ha visto) sólo considera procedente el juicio de inconformidad, pero por las razones que se han apuntado en párrafos anteriores, debe considerarse que el actor está legitimado también, en su calidad de ciudadano, para promover ese último juicio.

Por otra parte debe mencionarse, que en el caso concreto no se dilucida un planteamiento de inconstitucionalidad del artículo 256, fracción IV, de la Ley Electoral del Estado de Nuevo León, que pudiera llevar a su inaplicación; sino que se trata de interpretar este artículo a la luz de los principios que rigen la materia en nuestra Carta Magna, y que son desarrollados en el Sistema de Medios de Impugnación previsto en la citada Ley Electoral, que como se ha visto dan pauta a estimar que el ahora actor debe considerarse como legitimado para promover el juicio de inconformidad.

Así mismo debe anotarse, que al arribar a esta conclusión, no se provoca que la autoridad responsable desatienda el principio de legalidad, sino por el contrario, precisamente con base en la interpretación de los artículos que conforman el sistema de medios de impugnación previstos en la Ley Local, es posible concluir que se da debido cumplimiento a dicho principio de legalidad.

Por las razones apuntadas lo procedente es revocar la resolución reclamada, a efecto de que la autoridad responsable considere que el ahora actor sí está legitimado para promover juicio de inconformidad, y para el caso de que no se actualice alguna causa de improcedencia, admita a trámite ese medio de impugnación y emita la resolución que en derecho corresponda.

Respecto a la solicitud del promovente de que esta Sala Superior conozca en plenitud de jurisdicción del juicio de inconformidad, y que además, atraiga el diverso juicio que promovió el Partido Convergencia ante el Tribunal Electoral de Nuevo León; debe decirse que no ha lugar a atender tal petición en atención a lo siguiente.

La plena jurisdicción implica que el tribunal de que se trate, debe resolver el litigio en su totalidad, y no concretarse a anular, revocar o dejar insubsistente de cualquier modo el acto o resolución combatido, para devolverlo a la responsable, a menos que la pretensión principal se concrete y satisfaga totalmente de ese modo.

El concepto se emplea en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, al disponer en el artículo 6, apartado 3, que "El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, conforme a las disposiciones del presente ordenamiento, resolverá los asuntos de su competencia con plena jurisdicción".

Lo que se traduce en que la Sala Regional o la Sala Superior del conocimiento, no se debe concretar a revocar los actos o resoluciones impugnados, cuando esto proceda, sino a decidir lo que corresponda, en los términos en que debió hacerlo la autoridad responsable, sustituyéndose en este punto a la misma, para que los derechos afectados queden restituidos al promovente y garantizada totalmente su tutela y certidumbre.

Lo anterior se basa en un principio básico: la prontitud en la resolución de los asuntos para evitar afectación de derechos de manera irreparable.

Empero, la plena jurisdicción no tiene el efecto de que las Salas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en todos los casos y sin distinción alguna, lleven a cabo los actos y procedimientos que le son propios a las autoridades electorales locales, sino que su intervención consistirá, exclusivamente, en la aplicación del derecho al acto o resolución proveniente de aquellas, que en caso de no realizarse podría dar lugar a que una posible afectación de derechos se tornara de imposible reparación, por los propios tiempos electorales, verbigracia, que a los pocos días tomara posesión los funcionarios elegidos para ejercer un cargo público de elección popular.

Es decir, se debe entrar al fondo de los medios de impugnación en aquellos casos en que sea indispensable la acción rápida, inmediata y eficaz, para dilucidar la materia sustancial del acto cuestionado.

Por otro lado no debe pasar inadvertido, que existirán excepciones a este lineamiento, por ejemplo, cuando por cuestiones técnicas, una autoridad administrativa electoral sea la que cuente con los instrumentos, herramientas, personal, necesarios para valorar alguna situación y emitir una resolución determinada (mapeo para llevar a cabo la implementación de nuevas secciones distritales) pues en dicho supuesto sería necesaria la remisión del caso a la autoridad responsable, en lugar de que las Salas el tribunal se sustituyera a dicha autoridad para emitir la resolución pertinente.

Sentado lo anterior, es claro que en el presente asunto no hay necesidad de que este órgano actúe en plenitud de jurisdicción, sino que lo procedente es reenviar el asunto al órgano jurisdiccional local para que cumpliendo sus obligaciones y en uso de sus facultades, entre al estudio de fondo del asunto.

Ello es así, porque en el análisis integral de la demanda no se advierten manifestaciones que permitan advertir que sea indispensable el que esta Sala Superior se sustituya a la autoridad responsable a fin de evitar la afectación de derechos del actor de manera irreparable.

Pues en su demanda el actor se concreta a decir, que a partir del primero de noviembre del presente año dio inicio el proceso electoral en Nuevo León, sin embargo, no da datos adicionales de cómo puede afectarle esta situación; máxime que tampoco refiere, por ejemplo, que desea competir en la elección de gobernador, o que se esté realizando el procedimiento interno de selección de candidatos en el partido que podría postularlo, como para considerar que ante el desarrollo del proceso electoral, podría haber lugar a que se conculcaran su derecho a participar en dichos procedimientos intrapartidarios.

Finalmente, tampoco es procedente la solicitud de atraer el medio de impugnación promovido por el Partido Convergencia ante el órgano jurisdiccional local, porque en las disposiciones contenidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal y en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, que rigen el actuar de esta Sala Superior, en principio no se advierte artículo alguno que prescriba el ejercicio de tal facultad en tratándose de medios de impugnación locales, pues la ley, en concreto los artículos 99 de la Constitución; 189, fracción XVI y 189 bis de la ley orgánica citada establecen tal posibilidad, por causa fundada y motivada, en asuntos de carácter federal que por su importancia y trascendencia así lo ameriten, y que en principio corresponde conocer a las Salas Regionales del propio tribunal.

Sobre todo, que el juicio de inconformidad cuya atracción se solicita, fue resuelto el dos de diciembre del presente año, por el Tribunal Electoral de Nuevo León, en el sentido de confirmar en sus términos la resolución reclamada de la Comisión Estatal Electoral, por lo cual no hay posibilidad de que este Tribunal se sustituya a la autoridad responsable para emitir resolución en ese juicio.

Lo anterior está acreditado con la copia certificada por el Secretario General de Acuerdos del Tribunal Electoral del Estado de Nuevo León, respecto de la sentencia emitida en el juicio de inconformidad JI-002/2008, que fue remitida a este órgano jurisdiccional en alcance al informe circunstanciado, que rindió la autoridad responsable en el presente juicio constitucional.

Por lo expuesto y fundado, se

R E S U E L V E

PRIMERO. Se revoca la resolución impugnada de veintidós de noviembre de dos mil ocho, dictada por el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Nuevo León en el Recurso de Reclamación resuelto en el juicio de inconformidad JI-003/2008.

SEGUNDO. La autoridad responsable en acatamiento a los lineamientos establecidos en el Considerando Quinto de esta ejecutoria, deberá emitir la resolución que en derecho corresponda.

Notifíquese por correo certificado al actor, en el domicilio señalado en autos; por oficio, acompañando copia certificada de la presente resolución a la Comisión Nacional de Garantías del Partido de la Revolución Democrática y, por estrados a los demás interesados. Lo anterior, con apoyo en lo dispuesto en los artículos 26, 28 y 84, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

Devuélvanse los documentos atinentes y, en su oportunidad, archívese este expediente como asunto concluido.

Así lo resolvieron por unanimidad de votos los Magistrados que integran la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en ausencia de la Magistrada María del Carmen Alanis Figueroa, ante el Secretario General de Acuerdos quien autoriza y da fe. Rúbricas.