JUICIO DE REVISIÓN CONSTITUCIONAL ELECTORAL

EXPEDIENTE: SUP-JRC-130/2008

ACTOR: PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL

AUTORIDAD RESPONSABLE: TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE PUEBLA

TERCERO INTERESADO: PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

MAGISTRADO PONENTE: MANUEL GONZÁLEZ OROPEZA

SECRETARIO: HÉCTOR RIVERA ESTRADA

México, Distrito Federal, a seis de agosto de dos mil ocho.

V I S T O S, para resolver los autos del expediente citado a rubro, integrado con motivo de la demanda de juicio de revisión constitucional electoral presentada por el Partido Revolucionario Institucional, con el objeto de impugnar la resolución dictada por el Tribunal Electoral del Estado de Puebla el dieciocho de julio del presente año, dentro del incidente de previo y especial pronunciamiento abierto dentro del recurso de inconformidad TEEP-I-003/2008, relacionado con la pretensión de nuevo escrutinio y cómputo por razones específicas.

R E S U L T A N D O:

PRIMERO. Antecedentes. Del análisis de la demanda que da origen al presente juicio y demás constancias que integran el expediente respectivo, se obtienen los siguientes hechos:

1. El once de noviembre de dos mil siete, en el Estado de Puebla se llevaron a cabo elecciones con el objeto de integrar, entre otros órganos, el ayuntamiento del Municipio de General Felipe Ángeles.

2. El veintiocho de enero de dos mil ocho, el Tribunal Electoral del Estado de Puebla dictó sentencia en el expediente TEEP-I-120/2007, correspondiente al recurso de inconformidad interpuesto por el Partido Acción Nacional en contra del cómputo final de la elección municipal arriba precisada; en dicha sentencia se declaró inválida la constancia de mayoría expedida a favor de los candidatos del citado partido político, en razón de haberse verificado un empate entre el Partido Acción Nacional y la Coalición "Unidos para Ganar", conformada por los partidos Revolucionario Institucional y Verde Ecologista de México.

3. El doce de febrero de dos mil ocho, el Congreso del Estado de Puebla aprobó el decreto por virtud del cual se convocó a elecciones extraordinarias para integrar el ayuntamiento del Municipio de General Felipe Ángeles.

4. El uno de junio del presente año se celebraron las referidas elecciones extraordinarias.

5. El siete de junio siguiente, el representante del Partido Revolucionario Institucional interpuso un recurso de inconformidad en contra del cómputo municipal de la referida elección; en la demanda de este recurso el partido actor solicitó, entre otras cosas, la realización de un nuevo cómputo y escrutinio de todos y cada uno de los paquetes electorales "en virtud de no existir la certeza en el resultado de la elección, por [sic] mayor el número de votos nulos a los que existen el entre el primer lugar, y la planilla que postula" el Partido Revolucionario Institucional.

6. El quince de julio del presente año, el Tribunal Electoral del Estado de Puebla decidió, al respecto, formar un incidente de previo y especial pronunciamiento para resolver sobre la petición de nuevo escrutinio y cómputo de la votación recibida en casillas.

7. El dieciocho de julio siguiente, el referido tribunal resolvió no conceder "conforme a la solicitud del ciudadano Carlos Rojas Medina, representante propietario del Partido Revolucionario Institucional por no actualizarce los supuestos legales y fácticos que justifiquen la realización de un nuevo escrutinio y cómputo en base a las razones esgrimidas en el cuerpo del presente resolutivo incidental". Esta determinación le fue notificada al partido actor al día siguiente de su dictado.

SEGUNDO. Juicio de revisión constitucional electoral. El veintitrés de julio de dos mil ocho, el Partido Revolucionario Institucional, presentó la demanda de juicio de revisión constitucional electoral que dio origen al presente expediente.

TERCERO. Turno a ponencia. El veinticuatro de julio del presente año, la Oficialía de Partes de la Sala Superior recibió el oficio TEEP/PRE-371/2008, mediante el cual el Magistrado Presidente del Tribunal Electoral del Estado de Puebla remitió la demanda presentada por el Partido Revolucionario Institucional y el correspondiente informe circunstanciado con sus anexos. En la misma fecha, la Magistrada Presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación acordó integrar el expediente SUP-JRC-130/2008 y turnarlo a la ponencia del Magistrado Manuel González Oropeza, para los efectos del artículo 19 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

CUARTO. Tercero interesado. Mediante oficio TEEP-PRE/372/2008, de veintiséis de julio del presente año, recibido en la Oficialía de Partes de esta Sala Superior el inmediato veintinueve, el Magistrado Presidente del Tribunal Electoral del Estado de Puebla, remitió el escrito mediante el cual comparece como tercero interesado en el presente juicio, el Partido Acción Nacional, por conducto de Rafael Guzmán Hernández, quien se ostenta como representante de dicho partido ante el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Puebla.

QUINTO. Admisión de demanda. Mediante acuerdo de cuatro de agosto del presente año, el Magistrado Instructor admitió a trámite la demanda y declaró cerrada la instrucción, ordenando elaborar el respectivo proyecto de sentencia, y

C O N S I D E R A N D O:

PRIMERO. Normativa orgánica y procesal aplicable. Previo al estudio del presente juicio, cabe formular la precisión respecto de la normativa orgánica y procesal aplicable para dictar resolución, toda vez que, el primero de julio del año que transcurre, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el cual "se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral", que entró en vigor al día siguiente de su publicación.

Por otra parte, se debe tener presente el texto del artículo segundo de las "Disposiciones Transitorias de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación" y de las "Disposiciones Transitorias de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral" que, en su orden, son al tenor siguiente:

Artículo segundo.- En tanto se realizan los actos y, en su caso, se producen las autorizaciones que señala el Artículo Transitorio inmediato anterior, las facultades y atribuciones que las leyes materia del presente Decreto confieren a las Salas Regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación serán ejercidas por la Sala Superior.

Artículo Segundo.- Los casos radicados en la Sala Superior antes de la entrada en vigor de este Decreto serán sustanciados y resueltos por la misma conforme a las normas vigentes al momento de su interposición.

Ahora bien, como la demanda fue presentada ante la responsable con fecha veintitrés de julio del año en curso, y recibida en la Oficialía de Partes de esta Sala Superior el siguiente veinticuatro, lo procedente es resolver conforme al texto de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral vigente. Asimismo, como en los transitorios de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación donde se advierte que las facultades conferidas a las Salas Regionales serán ejercidas por la Sala Superior, hasta en tanto aquéllas no se instalen, lo cual no había ocurrido al momento de integrar y registrar el expediente al rubro indicado, esta Sala Superior tiene competencia para resolver el presente asunto.

SEGUNDO. Jurisdicción y competencia. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ejerce jurisdicción y esta Sala Superior es competente para conocer y resolver el presente juicio de revisión constitucional electoral, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 41, párrafo segundo, base VI, y 99, párrafo cuarto, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 184, 186, fracción III, inciso b), y 189, fracción I, inciso e), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 3, apartado 2, inciso d), 4 y 87, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, porque se trata de un juicio de revisión constitucional electoral, promovido por un partido político, para impugnar la sentencia dictada por un tribunal local, en una controversia de carácter electoral, no impugnable a través de un medio ordinario de defensa, en términos de la legislación del Estado de Puebla.

TERCERO. Improcedencia. Por ser su estudio preferente se analizan las causales de improcedencia alegadas por el Partido Acción Nacional, tercero interesado en el presente juicio, pues de estimarse procedente, jurídicamente daría lugar a la imposibilidad para estudiar el tema de fondo.

El Partido Acción Nacional, señala que en el caso se debe desechar de plano el medio de impugnación interpuesto ya que se actualiza la causal señalada en el artículo 9, párrafo 3, relacionado con el similar 10, párrafo 1, inciso b) de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, toda vez que en su concepto el medio de impugnación interpuesto por el Partido Revolucionario Institucional, resulta frívolo al ser idéntico a lo argumentado en el recurso de inconformidad que promovió, en el que se solicita la apertura total de los paquetes electorales; además de que los argumentos expresados son totalmente vagos e imprecisos y no acreditan ninguna irregularidad dentro del desarrollo del proceso electoral en la elección respectiva.

Al respecto, debe señalarse que debido a que dicha problemática se encuentra estrechamente vinculada con el fondo del asunto planteado, su determinación se hará al momento de resolver el mismo.

CUARTO. Litis. Del escrito de demanda del presente juicio así como de las constancias que obran en autos, esta Sala Superior desprende que la litis en este asunto, se constriñe a determinar si la resolución dictada en el incidente de previo y especial pronunciamiento sobre la pretensión de nuevo escrutinio y cómputo por razones específicas dentro del recurso de inconformidad interpuesto por el partido actor, en el expediente TEEP-I-003/2008, de fecha dieciocho de julio de dos mil ocho, por medio de la cual el Tribunal Electoral del Estado de Puebla decide no realizar un nuevo escrutinio y cómputo de la totalidad de las casillas instaladas en el municipio de General Felipe Reyes, con motivo de la realización de elecciones extraordinarias del uno de julio del presente año, se encuentra o no ajustada a Derecho.

QUINTO. Requisitos de procedencia. Se procede a determinar si en el presente asunto, se encuentran satisfechos los requisitos de procedencia contemplados en los artículos 8, 9 párrafo 1, y 86 párrafo 1, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, en los términos que a continuación se exponen.

a).- Oportunidad. El juicio de revisión constitucional electoral se promovió oportunamente, ya que la demanda se presentó dentro del término de cuatro días establecido por el artículo 8, del ordenamiento legal antes invocado, contado a partir del día siguiente, al de aquél en que el demandante tuvo conocimiento de la resolución impugnada.

Como se advierte de las constancias que integran al juicio que se resuelve, la sentencia reclamada se notificó a los actores el diecinueve de julio del año que transcurre, en tanto que la demanda fue promovida el veintitrés de julio siguiente, es decir, al cuarto día de su notificación, tal y como lo prevé el artículo 8 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

b).- Requisitos de forma del escrito de demanda. El escrito de demanda reúne los requerimientos generales que establece el artículo 9 de la ley adjetiva en cita, ya que en él se hacen constar el nombre del enjuiciante; se identifica la resolución cuestionada y la autoridad responsable; se mencionan de manera expresa y clara los hechos en que se basa la impugnación, los agravios que a juicio del promovente causa el acto combatido, así como los preceptos presuntamente violados, además de que consignan el nombre y firma autógrafa del promovente.

c).- Legitimación y personería. En términos de lo dispuesto por el artículo 88, párrafo 1, inciso b) de la ley procesal citada, se tiene por acreditada la legitimación y la personería del actor, debido a que él mismo fue quien a nombre del Partido Revolucionario Institucional, interpuso el recurso de revisión cuya resolución es materia del presente juicio.

d).- Definitividad y firmeza. En el caso, se satisface dicha hipótesis de procedencia, dado que contra la resolución impugnada, la legislación adjetiva electoral del Estado de Puebla, no prevé medio de impugnación alguno, a través del cual se pueda obtener su modificación o revocación.

El requisito de definitividad y firmeza se encuentra previsto en el artículo 99, párrafo cuarto, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y su alcance se encuentra en la interpretación del artículo 86, apartado 1, inciso a), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, que establecen como requisitos de procedencia del juicio de revisión constitucional electoral, que los actos o resoluciones sean definitivos y firmes, así como que se hayan agotado en tiempo y forma todas las instancias previas establecidas por las leyes, para combatir los actos o resoluciones electorales, en virtud de los cuales se pudieran haber modificado, revocado o anulado.

Por lo que se refiere a las características de definitivo y firme que debe tener el acto combatido a través de un juicio de revisión constitucional electoral, se advierte la existencia de dos ópticas concurrentes:

a) la primera, relativa a una definitividad formal, consiste en que el contenido del acto o resolución que se impugne no pueda sufrir variación alguna a través de la emisión de un nuevo acto o resolución que lo modifique, revoque o nulifique, y

b) la segunda, enfocada hacia una definitividad sustancial o material, dada con referencia a los efectos jurídicos o materiales que pueda surtir el acto o resolución de que se trate en el acervo sustantivo de quien haga valer el juicio de revisión constitucional electoral.

Esta distinción cobra singular importancia, si se toma en cuenta que en los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, y en los procesos jurisdiccionales, se pueden distinguir dos tipos de actos: a) los de carácter preparatorio, cuya única misión consiste en proporcionar elementos para tomar y apoyar la decisión que en su momento se emita, y b) el acto decisorio, donde se asume la determinación que corresponda, es decir, el pronunciamiento sobre el objeto de la controversia o posiciones en litigio.

Los actos preparatorios adquieren la definitividad formal desde el momento en que ya no exista posibilidad de su modificación, anulación o reforma, a través de un medio de defensa legal o del ejercicio de una facultad oficiosa por alguna autoridad prevista jurídicamente; empero, si bien se pueden considerar definitivos y firmes desde el punto de vista formal, sus efectos se limitan a ser intraprocesales, pues no producen de una manera directa e inmediata una afectación a derechos sustantivos.

La producción de los efectos definitivos de los actos preparatorios, desde la óptica sustancial, opera hasta que son empleados por la autoridad resolutora o dejan de serlo, en la emisión de la resolución final correspondiente, sea ésta sobre el fondo del asunto, o que le ponga fin al juicio sin proveer sobre ese fondo sustancial; por lo tanto, es con este tipo de resoluciones que los actos preparatorios alcanzan su definitividad tanto formal como material, pues son estas resoluciones las que realmente vienen a incidir sobre la esfera jurídica del gobernado, al decidirse en ellas el fondo de la materia litigiosa.

En las condiciones apuntadas, si la sola emisión de actos preparatorios, únicamente surte efectos inmediatos al interior del procedimiento al que pertenecen, y estos efectos no producen afectación en el acervo sustancial del inconforme con ellos, no reúnen el requisito de definitividad en sus dos aspectos, sino hasta que adquieren influencia decisiva en la resolución final que se dicte; pero como tal definitividad se actualiza en el contenido de la última determinación del proceso, entonces no resulta admisible reclamar la actuación procesal como acto destacado en el juicio de revisión constitucional electoral, sino exclusivamente cabe la alegación de sus irregularidades en concepto de agravio, con la finalidad de que se revoque, modifique o nulifique el acto de voluntad principal conclusivo de la secuencia procedimental, que es el único reclamable directamente.

Por lo tanto, los actos que conforman los procedimientos contencioso-electorales, sólo pueden ser combatidos como violaciones procesales, a través de las impugnaciones a la sentencia definitiva o la última resolución que, según sea el caso, se emita en el medio impugnativo de que se trate, pues de otra forma, no puede considerarse que el acto de referencia reúna el requisito de procedencia del juicio de revisión constitucional electoral, referente a que haya adquirido definitividad y firmeza.

Lo anterior se sustenta en la jurisprudencia de rubro "ACTOS PROCEDIMENTALES EN EL CONTENCIOSO ELECTORAL. SÓLO PUEDEN SER COMBATIDOS EN EL JUICIO DE REVISIÓN CONSTITUCIONAL ELECTORAL, A TRAVÉS DE LA IMPUGNACIÓN A LA SENTENCIA DEFINITIVA O RESOLUCIÓN QUE PONGA FIN AL PROCEDIMIENTO"1.

1 Jurisprudencia S3ELJ 01/2004, consultable en las páginas 18 y 19 de la Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005

El acto reclamado en el presente juicio satisface los dos elementos de la definitividad.

El elemento formal, porque el Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla no prevé ningún recurso o medio de defensa para combatir las sentencias interlocutorias que recaen a los incidentes de previo y especial pronunciamiento sobre aspectos relacionados con la realización de nuevos escrutinios y cómputos electorales, ni tampoco éstas se encuentran comprendidas en una fórmula más general de procedencia de alguno de los medios de impugnación establecidos.

El elemento material se satisface, porque de no llevarse a cabo la apertura de los paquetes solicitada, se podría declarar ganador a un partido que no hubiera obtenido el triunfo y con ello dejar inalterados de forma inmediata los resultados de la votación que consta en cada una de las actas de las casillas en las que se llevó a cabo la elección, máxime cuando estos documentos públicos representan la única prueba legal preexistente para hacer constar los resultados de la votación en la casilla y el plazo que transcurre entre la interposición del recurso, la realización de las diligencias, la resolución definitiva y la toma de posesión de los candidatos triunfadores, podría resultar un acto irreparable ante la negativa de realizar un nuevo escrutinio y cómputo.

Adicionalmente, la definitividad de las sentencias interlocutorias de los incidentes señalados, debe atender al principio contenido en el artículo 17 de la Constitución General de los Estados Unidos Mexicanos, en el sentido de que, de no considerarse definitivas, se atentaría contra la administración de la justicia pronta, completa e imparcial al quedar incólumes dichas resolutorias.

Lo anterior es así, en atención a que, en el caso concreto, la responsable, mediante resolución de fecha quince de julio del presente año, misma que obra a fojas 10 a 18 del cuaderno accesorio que se integra como parte del presente juicio, determinó formar incidente de previo y especial pronunciamiento para resolver sobre la petición de un nuevo escrutinio y cómputo, de conformidad con el siguiente resolutivo:

PRIMERO. Se forma incidente de previo y especial pronunciamiento para resolver sobre la petición de nuevo escrutinio y cómputo de la votación recibida en casillas en el municipio General Felipe Ángeles, pertenecientes al Distrito Uninominal 17, con cabecera en Tecamachalco, Puebla.

SEGUNDO. Procédase a la formulación del proyecto de resolución interlocutoria, por parte del Magistrado Instructor en el término fijado en el cuerpo del presente.

De esta manera, al ordenar la formación de dicho incidente, la responsable generó un impedimento para que el recurso de inconformidad interpuesto por el Partido Revolucionario Institucional continuara con su curso, en tanto no se resolviera el incidente mencionado, ya que el mismo constituye un presupuesto procesal sin el cual el proceso principal no puede ser validado.

El carácter incidental de una cuestión resuelta por el juzgador, no puede depender de la tramitación que se haya seguido para decidirla, ya que constituye un aspecto sometido a la consideración del juzgador, que guardando relación con el proceso seguido, no tienen la misma materia por definir en el mismo juicio principal, ni conduce a la tramitación formal del propio asunto.

Así las cosas, los incidentes de previo y especial pronunciamiento, deben considerarse procesos independientes y resolverse mediante una sentencia interlocutoria que debe considerarse definitiva sobre el fondo del asunto que se dilucida, en el caso particular, el ordenar o no la realización de un nuevo escrutinio y cómputo electoral.

Situación diferente, se presenta en aquellas diligencias que para mejor proveer se realizan dentro del proceso como actos de instrucción que se llevan a cabo por iniciativa del órgano jurisdiccional, con la finalidad de que obtenga elementos que le permitan arribar a una convicción más completa sobre el asunto a resolver.

En el presente caso, la responsable no llevó a cabo diligencias para mejor proveer sino la integración, de manera separada, de un incidente cuyas consecuencias resultaron en una sentencia interlocutoria definitiva y firme, por lo que el requisito de definitividad y firmeza necesario para la sustanciación del presente juicio se colma plenamente.

e).- Violación a un precepto constitucional. Se cumple también con el requisito exigido por el artículo 86, párrafo 1, inciso b), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, consistente en que se aduzca violación a algún precepto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la especie el promovente alega la violación del artículo 116 de la Constitución señalada.

f).- La violación aducida puede ser determinante. También se encuentra colmado el requisito previsto en el artículo 86, párrafo 1, inciso c), del ordenamiento legal en comento, concerniente a que la violación reclamada pueda resultar determinante para el desarrollo del proceso electoral respectivo o el resultado final de las elecciones.

La violación reclamada es determinante, entre otros casos, cuando su comisión genera la posibilidad racional de causar o producir una alteración sustancial o decisiva en el desarrollo del proceso electoral, como podría ser que uno de los contendientes obtuviera una ventaja indebida, o bien, que se obstaculizara o impidiera la realización de alguna de las fases que lo conforman.

Apoya lo anterior la jurisprudencia S3ELJ.15/2002, de rubro: "VIOLACIÓN DETERMINANTE EN EL JUICIO DE REVISIÓN CONSTITUCIONAL ELECTORAL. SURTIMIENTO DE TAL REQUISITO"2.

2 Consultable en la página 311, de la Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005.

El concepto determinante para el resultado de la elección, se cumple en el caso a estudio, toda vez que de ser fundada la pretensión del promovente y se ordenara la realización de un nuevo escrutinio y cómputo electoral, del mismo podría resultar una modificación en los resultados que podría cambiar el resultado final de los ganadores en la elección municipal.

Lo anterior, pone de manifiesto que en el presente juicio la violación reclamada es determinante para el resultado de la elección, por lo que en ese sentido, el requisito de mérito debe tenerse por satisfecho.

g).- Posibilidad material y jurídica de reparación del perjuicio causado con la violación impugnada. En la demanda de juicio de revisión constitucional electoral, el partido actor impugna la resolución dictada por el Tribunal Electoral del Estado de Puebla, en la que la responsable resolvió no llevar a cabo la realización de un nuevo escrutinio y cómputo de la votación recibida en casillas en el municipio General Felipe Ángeles, pertenecientes al Distrito Uninominal 17, con cabecera en Tecamachalco, Puebla.

El acto impugnado colma los requisitos de procedencia en cuestión, contenidos en los incisos d) y e) del indicado artículo 86 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, consistentes en que la reparación solicitada sea material y jurídicamente posible dentro de los plazos electorales y antes de la fecha constitucional o legalmente fijada para la instalación de los órganos o la toma de posesión de los funcionarios electos se encuentran colmados, en atención a que ni en el Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral del Estado, por el que convoca a elecciones extraordinarias para renovar a los miembros del ayuntamiento del municipio de general felipe ángeles, perteneciente al distrito electoral uninominal 17, con cabecera en tecamachalco, puebla y aprueba el calendario respectivo; ni tampoco CONVOCATORIA A ELECCIONES EXTRAORDINARIAS para el mismo Municipio, se establece la fecha en la cual, quienes resulten vencedores en la contienda electoral extraordinaria, deban tomar posesión del encargo para el que fueron electos; luego, existe plena factibilidad de que la violación alegada a través de este medio constitucional de defensa, pueda ser reparada.

No pasa por desapercibido para esta Sala Superior, que obra en autos que integran el expediente del presente juicio, acuerdo de fecha uno de agosto del año en curso, por medio del cual el Magistrado Marco Antonio Gabriel González Alegría, declara cerrada la instrucción del recurso de inconformidad TEEP-I-003/2008, interpuesto por el partido actor.

SEXTO. Resolución impugnada. Las consideraciones del Tribunal Electoral del Estado de Puebla, son del tenor siguiente:

"CONSIDERANDO {5}*

* Los números entre corchetes indican la página que corresponde en el original, misma que inicia después de la marca.

PRIMERO. Este Tribunal Electoral del Estado tiene competencia para conocer y resolver el presente asunto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 14, 17 y 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8 del Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla y 11, fracciones I y XX, 17, fracciones I, II, V, X y XII y 178 del Reglamento Interior del Tribunal Electoral del Estado de Puebla, conforme al criterio sistemático que deriva de las jurisprudencias S3COJ 01/99, S3ELJ 014/2004 y S3EL 025/2005, emitidas por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ya que se trata de una cuestión previa necesaria para emitir la resolución de fondo en el juicio principal, lo cual forma parte del sistema procesal electoral, aunque no se disponga expresamente; además, los preceptos citados sirven de fundamento de la competencia delegada a este Tribunal para resolver recursos de inconformidad electoral que impugnan actos o resoluciones de las autoridades competentes de los municipios de la entidad federativa para organizar y calificar los comicios locales o resolver las controversias que surjan durante los mismos y también sirven de sustento para resolver cualquier incidente planteado en relación con tales juicios, en aplicación al principio general de derecho relativo a que lo accesorio en un proceso sigue la suerte de lo principal.

SEGUNDO. Como se estableció en el Acuerdo de Pleno pronunciado en fecha quince de julio de dos mil ocho, esta sentencia interlocutoria se ocupara, exclusivamente, de la pretensión de un nuevo escrutinio y cómputo de votos, que fue solicitado {6} como parte de las pretensiones del actor al interponer el juicio de origen.

Ahora bien, inicialmente hay que señalar que la base fundamental de las elecciones libres y democráticas es el sufragio universal, libre, secreto y directo, por lo que resulta importante tener certeza sobre la totalidad de los votos depositados en las urnas y uno de los instrumentos diseñados por la ley para garantizar dicha certeza es el procedimiento previsto para realizar escrutinio y computo de la votación recibida en las casillas a través del asentamiento de diversos datos que, correlacionados, permitan corroborar el sentido del voto en cada casilla.

En efecto, de acuerdo con el articulo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la renovación de los Poderes Legislativo y Ejecutivo se realizara mediante elecciones libres, autenticas y periódicas, a través del sufragio universal, libre, secreto y directo a que tienen derecho los ciudadanos mexicanos. También, como garantía de la realización de elecciones libres, autenticas y periódicas, la Carta Magna establece el principio de certeza como rector de la función estatal de la organización de las elecciones.

Tener certeza sobre la totalidad de los votos emitidos y la voluntad expresada en ellos adquiere relevancia en las elecciones democráticas para determinar al candidato electo, porque tanto los partidos contendientes como la sociedad en su conjunto, tienen el mayor interés en constatar que el cómputo de los votos se llevó a cabo adecuadamente y que en verdad la decisión mayoritaria es la que se advierte desde un primer momento, o si las posibilidades de error en el cómputo de varias {7} casillas pudieran llevar, luego de una verificación o recuento en los términos previstos en la ley, a un resultado diferente.

En este sentido, y de acuerdo con el principio en mención, el Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla establece un procedimiento compuesto por diversas etapas sucesivas, con la previsión de diversos controles que aseguren, lo mejor posible, la certeza en los resultados de las elecciones: se trata del escrutinio y cómputo de la votación recibida en las casillas que, de acuerdo con el articulo 289 de tal ordenamiento, es el procedimiento por el cual los integrantes de cada una de las mesas directivas de casilla determinan: a) el número de electores que votó en la casilla; b) el número de votos emitidos en favor de cada uno de los partidos políticos o candidatos; c) el número de votos anulados, y d) el número de boletas sobrantes.

Ahora bien, conforme con el artículo 292 del código citado, el escrutinio y cómputo se llevará a cabo de la manera siguiente: I. El secretario de la mesa directiva de casilla contara las boletas sobrantes y las inutilizará por medio de dos rayas AI diagonales con tinta a todo lo largo de ellas, anotando el número de boletas inutilizadas en el acta final de escrutinio y cómputo; II. El primer escrutador contará el número de ciudadanos que aparezca que votaron en la lista nominal de electores de la casilla; III. El Presidente abrirá la urna, sacara las boletas electorales y mostrara a los representantes que la urna quedó vacía; IV. El segundo escrutador contará las boletas extraídas de la urna; V. Los dos escrutadores, bajo la supervisión del Presidente, clasificaran las boletas electorales para determinar {8} el número de votos emitidos a favor de cada uno de los candidatos y el número de votos que sean nulos; VI. En hojas por separado, el Secretario procederá a anotar los resultados de cada una de las operaciones señaladas en las fracciones anteriores, las que, una vez verificados los escrutinios y cómputos de las elecciones realizadas, las transcribirá en las respectivas actas de escrutinio y computo de cada elección.

La comparación de todos esos elementos sirve de control para verificar la correspondencia del número de votos. Como se ve, el procedimiento esta compuesto por etapas sucesivas, que se desarrollan de manera continua y ordenada, sin intervalos entre una y otra, con el objetivo común de lograr el cómputo exacto de los votos; en cada una de esas etapas intervienen destacadamente uno o varios de los funcionarios de la casilla para obtener y constatar el resultado, lo que establece una forma de control de la actividad de cada uno por los demás, así como por los representantes de los partidos políticos que se encuentran presentes, y un sistema de evaluación sobre la certeza, eficacia y transparencia de sus actos, que se ve acreditado con la concordancia de los datos obtenidos en cada fase una vez hechas las operaciones aritméticas necesarias.

Por esta razón, la concordancia de los resultados anotados en los diversos espacios contenidos en el acta de escrutinio y cómputo sirven como prueba de que esa actuación electoral se llevó a cabo correctamente. Dicha concordancia, en el sistema concreto, se presenta si coinciden el número de ciudadanos que acudieron a votar conforme a la lista y el resultado de la votación obtenida, es decir, la suma de los votos clasificados para cada uno de los partidos, los candidatos no registrados y los votos {9} nulos.

El principio de certeza que rige en la jornada electoral, el procedimiento de escrutinio y cómputo de los votos emitidos en las casillas también rige durante el cómputo que cada Consejo Municipal hace de la votación que se reporta en las actas levantadas en tales casillas.

En ese punto es importante tener en cuenta que a pesar de los instrumentos de control establecidos en la ley, que han sido descritos en relación con el escrutinio y cómputo de la votación recibida en cada casilla, puede suceder que en el momento en que el Consejo Municipal efectúe el cómputo mencionado se encuentre con algunas situaciones que pongan en duda la certeza de la votación recibida en tales casillas y que, en consecuencia, deba tomar las medidas necesarias para asegurarse de que dicho elemento de certeza no se pierda.

Al respecto, el artículo 312 del Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla, establece específicamente, una serie de pasos a seguir, los cuales funcionan nuevamente como instrumentos de control que permiten evitar, en la mayor medida posible, que la certeza en el resultado de la votación emitida en casilla se vea afectada. Dicha disposición legal prescribe que:

Artículo 312.- [SE TRANSCRIBE] {10}

Del {11} anterior numeral podemos advertir que las hipótesis previstas en las fracciones I a IV explican, por sí solas, la necesidad de realizar un nuevo escrutinio y computo, cuando se presenten los supuestos ahí descritos.

Además de tales medidas, para garantizar la observancia del principio de certeza, este Tribunal Electoral cuenta con facultades para ordenar una diligencia de apertura de los paquetes electorales, como parte de sus atribuciones para decretar la realización de alguna diligencia judicial, con fundamento en lo previsto en los artículos 11 fracciones I y XX; 12, 13 fracciones II, III, X, XI, XII; 178 y del Reglamento Interior del Tribunal Electoral del Estado de Puebla; la jurisprudencia 14/2004 y la tesis 25/2005 emitidas por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Esta medida está estrechamente vinculada con la finalidad concreta y por tanto, para su acogimiento debe prestarse particular atención al caso en estudio.

En atención a esto, para decretar la realización de diligencias para mejor proveer también hay que tomar en cuenta que deben acreditarse los requisitos siguientes: 1. La existencia de inconsistencias en el acta de escrutinio y cómputo; y 2. El agotamiento de los medios posibles para dilucidar la situación y superar las inconsistencias, sin conseguir subsanarlas.

1. Existencia de inconsistencias en el acta de escrutinio y cómputo.

Para tener por satisfecho este requisito se debe partir de que los resultados electorales son el resultado de un procedimiento de verificación integrado por varios actos y por ende {12}, la coincidencia de los resultados no se refiere al simple hecho de que los números consignados en las actas sean los mismos, sino a que esos resultados sean verificables de manera inmediata, sin necesidad de hacer mayores operaciones intelectuales, pues de lo contrario se podría dar el absurdo del hecho de consignar los mismos números en los distintos rubros de las actas, aún cuando sean incongruentes entre sí, de lugar a considerar coincidentes los resultados de una votación.

En ese sentido, la primera condición se actualiza, en principio, con cualquier inconsistencia que se advierta de la simple comparación entre los rubros de ciudadanos que votaron incluidos en la lista nominal y los resultados de la votación, por ejemplo, que alguno de los rubros se encuentre en blanco, la discrepancia numérica de los que deben coincidir, etcétera, por ser los datos que toma en cuenta el órgano electoral para realizar el computo y, en segundo lugar, cuando existe petición de los partidos políticos y se advierten inconsistencias en los rubros de boletas entregadas y boletas sobrantes en la casilla.

2. Agotar los medios posibles para dilucidar la situación y superar las inconsistencias, sin conseguirlo.

Para esto debe verificarse la documentación auxiliar, a efecto de tratar de corregir o subsanar la inconsistencia encontrada, a través de algunos elementos oficiales a su alcance, sin necesidad de recontar todavía los votos, como la lista nominal de electores usada el día de la jornada electoral, donde se marque a los ciudadanos que acudieron a votar, o bien, el acta de la jornada electoral para verificar cuántas boletas fueron recibidas y en último caso recurrir a toda aquella {13} documentación que integre el expediente y la oficial que de muestras del desarrollo de la jornada electoral y del cómputo y asentamiento de resultados.

Esto es, si inicialmente se advierte alguna incongruencia entre los rubros contenidos en el acta de escrutinio y cómputo de casilla, en principio debe tener en cuenta que están a su alcance, de manera inmediata, ciertos documentos que se encuentran en el expediente de la casilla electoral, además del acta de escrutinio y cómputo en casilla, tales como el acta de jornada de instalación y clausura (también conocida como de jornada electoral) y la lista nominal de electores.

Tales documentos constituyen una fuente de información en la que las autoridades pueden apoyarse para determinar si la falta de concordancia encontrada en el acta de escrutinio y cómputo de la votación recibida en casilla puede ser corregida o no.

El examen de dichos documentos puede conducir a lo siguiente: a) que con la subsanación de algún rubro resulten congruentes todos los datos; o b) que la falta de concordancia subsista después de la verificación. La segunda de las posibilidades señaladas conduce a la actualización del segundo requisito.

Ahora bien, para saber si una autoridad incurrió en un "error" en el cómputo, hay que definir este en términos legales a los que se refiere el artículo 312, fracción V, del Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla, y que deriva en la falta de correspondencia exacta entre los datos destinados de antemano a coincidir, pues sólo {14} de esta manera resulta posible la aplicación en la realidad, del supuesto de la norma, relativo a la existencia de errores evidentes en el contenido del acta.

Es decir, a lo que se refiere la ley es a una operación comparativa de datos en los rubros para verificar su correlación aritmética y lógica la falta de ella, a partir de la documentación con que cuenta el Consejo Municipal, y sólo en caso de que con tal verificación advierta alguna inconsistencia, incongruencia o irregularidad en las cifras o datos relacionados con la votación recibida en la casilla respectiva, deberá considerarse actualizado un error de carácter evidente y por el que procedería la realización de nuevo escrutinio y cómputo.

De esa manera, un error en las actas de escrutinio y cómputo se actualiza cuando existe alguna diferencia en cualquiera de los rubros que en dicha acta deben llenarse con los números correspondientes, que en modo alguno correspondiera con la realidad, por ejemplo, cuando haya diferencia en rubros que, por sus números, al compararlos con otro u otros datos, necesariamente tuvieran que coincidir y no diferir.

Ahora bien, para que el error tenga la calidad de "evidente" además es necesario que las inconsistencias se puedan advertir a primera vista de manera sencilla e inmediata, a través de una simple operación lógica o aritmética, que haga patente que algún dato no armoniza con otros con los cuales debiera corresponder.

En esas condiciones, el error evidente en las actas, como presupuesto para realizar nuevamente el escrutinio y cómputo, {15} se actualiza cuando exista cualquier diferencia o inconsistencia en las cifras que están llamadas a corresponder necesariamente, al margen de la magnitud de la diferencia o de la inconsistencia, pues ante su evidencia debe procederse a la realización de nuevo escrutinio y cómputo.

Lo anterior se sostiene si se toma en cuenta que la realización de nuevo escrutinio y cómputo tiene como finalidad garantizar que los datos utilizados para la realización de los cómputos guarden una correspondencia con los votos realmente emitidos por los ciudadanos el día de la jornada electoral, finalidad que solo alcanza si se realiza el recuento ante la existencia de errores evidentes en las actas, pues en cualquier hipótesis se trata de atender los mecanismos que están encaminados a garantizar la certeza de los resultados, esto es, su coincidencia con la votación emitida por los ciudadanos en la casilla.

Por tanto, la simple advertencia de dicho error, cuando atañe a los datos donde se consignan votos o votantes, justifica que, en ejercicio de esa función depuradora, el Consejo Municipal o incluso esta autoridad jurisdiccional realice nuevamente el escrutinio y cómputo, sin que para ello importe que la diferencia sea grande o pequeña, pues la sola evidencia del error conduce a la consecuencia, que es la realización de nuevo escrutinio y cómputo, pues la función u objetivo que tiene la realización de un nuevo escrutinio y cómputo consiste en depurar las inconsistencias advertidas en relación con la votación obtenida por los protagonistas de la contienda electoral, para efecto de verificar y otorgar a cada uno los exactos y verdaderos sufragios que le corresponden (y respetar de esa manera la voluntad ciudadana) entonces el nuevo escrutinio y cómputo que tendrá que {16} realizarse oficiosamente, sería única y exclusivamente en los casos en que el error, discrepancia o inconsistencia se encuentre en los rubros correspondientes a votos, sean los emitidos, los nulos, los que fueron sacados de la urna, los obtenidos por cada partido o coalición, los obtenidos por candidatos no registrados, etcétera, pues precisamente la función de depuración de la votación (con la realización de nuevo escrutinio y cómputo) tiene como objetivo asegurarse que los votos emitidos por la ciudadanía se han registrado a favor de quien efectivamente fueron destinados por el elector.

Así, solo en el supuesto de que se actualicen los requisitos marcados en las fracciones I a la V del artículo 312 del Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla, se podría decretar extraordinariamente, un nuevo escrutinio y cómputo, como diligencia para mejor proveer, para preservar la certeza de dicho acto, ello siempre y cuando, se haya pedido de tal manera por algún partido político o la autoridad administrativa que tenga elementos para así determinarla.

Ya en el asunto en particular procede examinar los planteamientos del partido actor, en relación con su petición de nuevo cómputo de la votación de las casillas que se instalaron en el Municipio y en particular de la recibida en la casilla 544 Básica por ser esta determinante, según su parecer y de tal manera se podrá establecer si procede ordenar o no que se realice un nuevo escrutinio y cómputo.

Ahora bien, en el escrito recursal interpuesto por el representante del Partido Revolucionario Institucional, se indica específicamente dentro de sus peticiones, concretamente en el punto cuarto lo siguiente: "...a efecto de normar {17} un criterio no solo legal sino además justo, acordar se realice la apertura los paquetes electorales, así como el recuento de votos solicitado en el primer agravio, respecto de la casilla 544 Básica, en los términos señalados en el cuerpo de este escrito...". Más adelante el mismo recurrente indicó que: "HECHO QUE CONSTITUYE LA VIOLACIÓN.- Lo constituye LA NO APERTURA DE TODOS LOS PAQUETES ELECTORALES DE LA ELECCIÓN AL ADVERTIRSE QUE LA CANTIDAD DE VOTOS NULOS ES MAYOR A LA DIFERENCIA . QUE EXISTE ENTRE PRIMERO Y SEGUNDO LUGAR..."; por otro lado señala que: "...el agravio lo constituye la falta de cumplimiento del principio de certeza que constriñe el actuar de las autoridades electorales, respecto de los actos que realizan, para que de ellos no exista duda y esto legitime una elección, ..."; asimismo, se puede leer que: "... es DETERMINANTE para el resultado de la elección en no haber hecho el recuento de los votos nulos de la elección, que representan el 2.0 % del total de los votos recibidos, contra el 1.6 % que resulta de la diferencia entre el primer lugar y mi representada, causándole agravio, situación por la que, desde este momento, SOLICITO LA PAERTURA (sic) DE TODOS Y CADA UNO DE LOS PAUQETES (sic) ELECTORALES QUE CONTIENEN LOS RESULTADOS DE LA ELECCIÓN EXTRAORDINARIA PARA RENOVAR MIEMBROS DE AYUNTAMIENTO, EN EL MUNICIPIO DE GENERAL FELIPE ANGELES, PUEBLA, en uso de las facultades que este órgano Jurisdiccional tiene para mejor proveer y dar mayor certeza a los actos electorales de los que conoce...". Lo anteriormente trascrito es visible a fojas veintinueve, treinta, treinta y dos y treinta y seis, del cuaderno principal del expediente en que se actúa, con valor probatorio pleno en términos del artículo 358 del Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla.

Asimismo, ello sirve para advertir que el actor alegó que debían abrirse las casillas de todo el Municipio sin razón fundada y especifica {18}, tal y como lo marca la ley e incluso la jurisprudencia de la materia, alegando únicamente que era procedente la apertura de los paquetes electorales porque se generaba incertidumbre en el resultado de las votaciones derivado de que a su juicio, se actualizaba el factor determinante de las casillas instaladas en dicho Municipio y concretamente, al existir empate entre los Partidos Acción Nacional y Revolucionario Institucional, en el caso de la casilla 544 Básica, y que existían irregularidades en el conteo de votos nulos sin más especificaciones.

Por tanto, las razones que esgrime medularmente el partido actor para sostener lo anterior consisten en que, la autoridad responsable realizó un indebido cómputo ya que algunos resultados eran determinantes.

Sin embargo, cabe mencionar, que en el acta de la sesión de fecha cuatro de junio del presente año se advierte que, la Consejera Presidente del Consejo Municipal Electoral de General Felipe Ángeles, Puebla, solicitó: "...que en el orden número se acercaran los paquetes electorales que contenían los expedientes de casilla relativos a la votación emitida el día del a jornada electoral, para efectuar el cómputo final de la elección de miembros de Ayuntamiento...", lo que es visible a foja número ochenta del cuaderno principal del expediente en que se actúa y que se valora conforme al artículo 358 del Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla y de lo que se pueda observar que los paquetes electorales se leyeron en el orden progresivo conforme iban llegando y a su vez se iban cantando que estos no habían sido inviolados, por lo que se colige que el desarrollo de la sesión de cómputo final fue normal sin que se advirtiera interrupción alguna debido a la aclaración de votos por actualizarse algún error en las actas o {19} en los cómputos o bien, por la falta de actas.

Aún más, también se advierte del mismo documento, que la Consejera Presidenta del órgano electoral transitorio solicitó que fuera auxiliada en el cotejo de las actas de escrutinio y cómputo por el Secretario de dicho órgano, quien dio fe de que los paquetes, sus actas y en consecuencia, sus resultados estaban en orden. Por último, esta autoridad advierte también que al revisar cada uno cada uno de los paquetes electorales se hacía mención que los mismos no mostraban tachaduras o enmendaduras y que en la narrativa del desarrollo de la sesión no se advierte evidencia de la existencia de que los paquetes electorales, en su totalidad, hubiesen tenido alguna muestra de alteración, o en su caso, prueba de que hubiesen sido erróneamente contados los votos.

Por tanto, si no se actualizó lo previsto en las fracciones I, II y V, del artículo 312 del Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla, o alguna de las referidas hipótesis de excepción, no ha lugar a proceder a la apertura de los paquetes electorales, máxime cuando la ley electoral poblana es clara al señalar que únicamente por cuatro casos y que redunden en error que arriben a la duda o incertidumbre, es procedente tomar la determinación de violar el secreto del voto de los ciudadanos que de buena fe y en ejercicio de su legitimo derecho constitucional acudieron el uno de junio del presente año, a emitir su voto en el Municipio de General Felipe Ángeles, Puebla.

Lo anterior es sustentado en las tesis emitidas por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación {20} identificadas con las claves: S3EL 023/99 y S3EL 035/99, cuyos rubros son los siguientes: "ESCRUTINIO Y CÓMPUTO DE VOTOS. EN PRINCIPIO CORRESPONDE REALIZARLO EXCLUSIVAMENTE A LAS MESAS DIRECTIVAS DE CASILLA (Legislación de Guerrero)" y "PAQUETES ELECTORALES. SÓLO PROCEDE SU APERTURA DURANTE LAS SESIONES DE CÓMPUTO EN LOS SUPUESTOS PREVISTOS LEGALMENTE (Legislación de Tlaxcala)", de las que se desprende en conclusión, que sólo en aquellos casos en que la misma ley así lo autoriza (paquetes que contengan muestras de alteración, o bien, datos no coincidentes) y se encuentre plenamente justificado por la naturaleza de la alteración o la materia del recurso, es a la autoridad electoral administrativa a quien le corresponde, por estar legalmente facultada para ello, para verificar un nuevo escrutinio y cómputo, atendiendo al principio de definitividad de las etapas del proceso electoral, mismo que en nuestro caso, está previsto en el artículo 312 del Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla, de conformidad con el cual, los actos realizados dentro de la etapa de la jornada electoral adquieren definitividad y no pueden ser revocados, modificados o sustituidos en una posterior, salvo en los casos de excepción que para el efecto el legislador poblano ya designó, cuestión que en el caso en particular, como se advierte de autos, no ocurrió, pues no se subsumen claramente en ninguna de las casillas instaladas en el Municipio impugnado los supuestos legales que se prevén para la apertura de paquetes electorales.

Más aún, en el caso sometido a estudio, es de destacarse que no hay evidencia en el expediente en que se actúa, por la {21} cual se pueda comprobar que algún otro partido político tuviese inconformidad de los resultados o alegara error o confusión en los datos finales y que con ello se violara o alterara la certeza de los datos que se consignaron en las actas finales de las casillas impugnadas, aún en la misma 544 Básica en la que el actor alega que se actualiza el factor determinante, cuestión que es distinta e independiente de la que la ley exige para la actualización de la procedencia de un nuevo escrutinio y computo.

Esto es así, pues entendemos a la determinancia como el factor que denota que hay gravedad en la certeza de los resultados de esa casilla por existir error o dolo comprobado en el acta de escrutinio y cómputo de la casilla, lo que noacontece en el presente caso, arribando este Tribunal a esa conclusión luego de estudiar y sumar los datos de las casillas impugnadas. Asimismo, respecto a la pretensión de la demanda, se observa, en lo transcrito anteriormente, que el representante del Partido Revolucionario Institucional solicita también la apertura de todos y cada uno de los paquetes electorales de las casillas instaladas en todo el Municipio, porque a su juicio, el resultado de la votación de las casillas obtenidas en ese Ayuntamiento no incluyó los votos nulos de la elección, que representaron el 2% (dos por ciento) del total de los votos recibidos contra el 1.6% (uno punto seis por ciento) que resulta de la diferencia entre el partido que obtuvo el primer lugar, que en este caso es el Partido Acción Nacional contra el partido que representa. A lo anterior, este organismo jurisdicente sostiene que la concepción del actor al respecto es errónea, pues en primer lugar la actualización del factor determinante, como ya se dijo obedece a otras circunstancias {22} que no traen aparejada como consecuencia la realización forzosa de un nuevo escrutinio y cómputo de los votos, pero más allá de que ese sea el motivo para no conceder conforme a la pretensión recurrida, es de señalarse que la operatividad de la determinancia funciona en materia electoral no solo cuando la magnitud de una específica irregularidad da lugar a un cambio de ganador en una respectiva casilla, sino por mayoría de razón, cuando además ese resultado trascienda en el resultado general, lo que en el caso en particular, no ocurre así, pues como ya se dijo, aun suponiendo sin conceder, que efectivamente se hubiera demostrado que en una casilla se actualizara el factor determinante, ello no trasciende al resultado final y mucho menos a que ello traiga aparejada obligadamente la apertura de paquetes electorales para realizar en ellos un nuevo recuento de votos. Por tanto, no es procedente que esta autoridad jurisdiccional someta a un nuevo escrutinio la legítima voluntad de los votantes que acudieron a emitir sus sufragios el día de la elección.

Por lo expuesto, y fundado se

RESUELVE

PRIMERO. No conceder conforme a la solicitud del ciudadano Carlos Rojas Medina, representante propietario del Partido Revolucionario Institucional por no actualizarse los supuestos legales y fácticos que justifiquen la realización de un nuevo escrutinio y cómputo en base a las razones esgrimidas en el cuerpo del presente resolutivo incidental.

SEGUNDO. Se tiene por concluido el incidente formado con motivo {23} de la pretensión del representante propietario del Partido Revolucionario Institucional consistente en un nuevo escrutinio y cómputo de votos, que fue solicitado como parte de las pretensiones del actor al interponer el juicio de origen.

TERCERO. Una vez notificado el presente fallo, agréguese el mismo a los autos del expediente principal para que en su

[…]

VOTO CONCURRENTE QUE FORMULA EL MAGISTRADO ANTONIO OROPEZA BARBOSA AL INCIDENTE SOBRE LA PRETENSIÓN DE NUEVO PUEBLA ESCRUTINIO Y CÓMPUTO POR RAZONES ESPECÍFICAS RELATIVO AL RECURSO DE INCONFORMIDAD TEEP-I-003/2008.

Aunque estoy de acuerdo con el sentido de la ejecutoria en la que se exponen las razones por las que este Tribunal Electoral del Estado de Puebla estima no conceder la solicitud de nuevo escrutinio y cómputo efectuada por el Partido Revolucionario Institucional, estimo que la petición debe {24} ser negada, además, con base en las siguientes consideraciones jurídicas.

El Partido Revolucionario Institucional, basa su pretensión, sustancialmente, en que el Consejo Municipal Electoral de Felipe Ángeles al advertir que la cantidad de votos nulos era mayor a la diferencia existente entre primero y segundo lugar, debió abrir todos los paquetes electorales, pues al no hacerlo de esa manera aplicó indebidamente la Constitución General de la República, que contiene los lineamientos obligatorios que las autoridades electorales deben seguir para la apertura de los paquetes electorales.

Tal premisa la estimo infundada ya que, en la reforma al artículo 116, fracción IV, inciso L de la Constitución General de la República, publicada en el Diario Oficial de la Federación el trece de noviembre de dos mil siete, se establece, en lo que interesa, que las Constituciones y leyes de los Estados en materia electoral garantizarán que se señalen los supuestos y las reglas para la realización, en los ámbitos administrativo y jurisdiccional, de recuentos totales o parciales de votación. Respecto de la citada reforma, el Artículo Sexto Transitorio, dispone en lo que importa, que las legislaturas de los Estados deberán adecuar su legislación aplicable conforme a lo dispuesto en el Decreto respectivo, a más tardar en un año a partir de su entrada en vigor; agregando que los Estados que a la entrada en vigor del Decreto atinente hayan iniciado procesos electorales o estén por iniciarlos, realizarán sus comicios conforme lo establezcan sus disposiciones constitucionales y legales vigentes.

Es {25} así que, contrariamente a lo argumentado por el actor, no hubo incumplimiento alguno por parte del Consejo Municipal Electoral de Felipe Ángeles a la Constitución General de la República, pues en dicho dispositivo constitucional no se establecen los supuestos en los que debe operar el recuento de votos, pues el Legislador Permanente determinó que tales supuestos y reglas para la realización del recuento deberían ser determinados por las Legislaturas Locales, supuesto que en la especie, aún no ha sido establecido en la legislación electoral en el Estado de Puebla, máxime si se toma en consideración que para el proceso estatal extraordinario del municipio de General Felipe Ángeles, el cual inició el cinco de marzo de este año, las reglas para llevar a cabo el cómputo de la elección del ayuntamiento correspondiente, son como se señala en el proyecto, las previstas en el artículo 312 del Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla, en las cuales no se contempla el supuesto relativo a la obligación de los Consejos Municipales Electorales de abrir todos los paquetes electorales de la elección municipal de que se trate, cuando advierta que la cantidad de votos nulos sea mayor a la diferencia existente entre primero y segundo lugar; de ahí lo infundado de las aseveraciones realizadas por el partido actor en su escrito de inconformidad.

A mayor abundamiento, en la demanda se advierte una pretensión general de nuevo escrutinio y cómputo del total de las casillas instaladas en el municipio de Felipe Ángeles, pero tal pretensión resulta improcedente.

Lo anterior, en virtud de que, si bien es cierto en la demanda se individualizan algunas de las casillas cuyo nuevo escrutinio y cómputo se solicita, también lo es que no se exponen {26} en forma clara los hechos en los cuales se sustenta la pretensión respectiva, pues el actor de manera dogmática señala que: "la diferencia de votos entre el primer lugar y mi representada es menor al contenido en el rubro de votos nulos, situación que a todas luces, es determinante para el resultado de la elección", expresión dogmática que no pone de relieve las cifras numéricas que corresponden al total de las casillas de las que solicita la apertura.

El recurrente tenía la carga procesal, de mencionar en forma expresa y clara los hechos en que sustenta su pretensión, lo que tiene su razón de ser en que la expresión de los hechos constituye un elemento indispensable para el dictado de una sentencia de mérito o fondo, dado que son precisamente los hechos los que, en términos del artículo 356 del Código de Instituciones y Procesos Electorales, son susceptibles de verificación o comprobación a través de los elementos de convicción que al efecto se ofrezcan y aporten, todo ello con la finalidad de que el juzgador esté en aptitud de dilucidar si hay o no lugar a acoger la pretensión, en función de los hechos que estime suficientemente demostrados.

En estas condiciones es evidente, que si no se exponen hechos, el órgano jurisdiccional no tiene materia para analizar si cabe o no acoger la pretensión de la parte actora. Además, es claro igualmente que si no se exponen hechos no hay materia de prueba, y por lo tanto, en caso de que se aporten elementos probatorios, éstos serán inconducentes, al no existir afirmaciones que respaldar.

En íntima vinculación con lo anterior, y dada la particular naturaleza y objeto de los recursos de inconformidad encaminados {27} a cuestionar los resultados asentados en alguna acta de cómputo distrital o municipal, por la supuesta ocurrencia de error aritmético, los hechos en los cuales se sustente la impugnación deben encontrarse también relacionados con las casillas de que se trata, mismas que deben estar plenamente identificadas, pues sólo de esta forma es factible que las afirmaciones en las que se apoya el presunto error aritmético, por tratarse de hechos que acontecieron en el pasado en lugares específicos que dan motivo a la irregularidad alegada, sean susceptibles de demostración histórica y puedan dar lugar a la configuración de la causa de pedir.

Efectivamente, el actor debe exponer los hechos que motivan su petición, pues no basta que se diga de manera vaga, general e imprecisa, que la cantidad de votos nulos supera la diferencia entre el primero y segundo lugar, y citar sólo hechos respecto de cuatro de las diecisiete casillas instaladas en el municipio respectivo, para que pueda estimarse satisfecha tal carga procesal, porque con la satisfacción de estas exigencias da a conocer al juzgador su pretensión concreta, y también permite a quienes figuran como su contraparte (la autoridad responsable y los terceros interesados), que acudan, expongan y prueben lo que a su derecho convenga.

Lo contrario, implicaría a la vez, que se permitiera al resolutor el dictado de una sentencia que en forma abierta infringiera el principio de congruencia, rector del pronunciamiento de todo fallo judicial.

En el caso, constituyen el acto reclamado, los resultados consignados {28} en el acta de cómputo municipal de la elección de ayuntamiento del municipio de General Felipe Ángeles, y una de las pretensiones se encamina a la modificación de tales resultados, misma que se apoya en la afirmación de que los votos nulos son mayores a la diferencia entre primero y segundo lugar, pero sólo refiere parte de las casillas instaladas en el citado municipio, con lo que el actor no expone de forma clara los hechos concretos ocurridos en cada una de ellas, pues a lo largo de toda la exposición de los agravios omite expresar algún hecho concreto en que sustente la afirmación genérica de la irregularidad, dado que únicamente efectúa alegaciones dogmáticas respecto de la infracción de algunos preceptos jurídicos; de tal manera, que como no se exponen en forma clara los hechos en los cuales se sustenta semejante pretensión, no existe la posibilidad de decretar la apertura solicitada, pues el recurrente es vago, general e impreciso en sus afirmaciones.

De ahí la improcedencia del nuevo recuento de votos que solicita el actor.

Cabe agregar que, es cierto, que en los recursos como el presente, opera la figura de la suplencia de la queja deficiente; sin embargo, no se puede hacer uso de ésta de manera ilimitada, dado que, en términos de lo previsto en el artículo 370 del Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla, para que este Tribunal Electoral pueda suplir las deficiencias u omisiones en los agravios, éstos deben ser claramente deducidos de los hechos expuestos. Si no se reúne este requisito, no se está en el caso de poder realizar, libremente, el examen de las pretensiones perseguidas por los actores y, sucede que, en este {29} asunto, ni de los hechos narrados o de algún otro apartado de la demanda, se advierten las casillas y razones por las que, a juicio del accionante, jurídicamente deba proceder la apertura de paquetes electorales que solicita.

En consecuencia, estimo como se señala en la sentencia, no procede ordenar la realización de nuevo escrutinio y cómputo de la totalidad de las casillas instaladas en el municipio de General Felipe Ángeles."

SÉPTIMO. Agravios.- Los motivos de inconformidad expuestos por los promoventes en su escrito de demanda, son los siguientes:

"AGRAVIOS

1.- En primer lugar causa agravio a mi representada, la falta de cumplimiento al principio de CERTEZA, al que toda autoridad y especial la Electoral se encuentra obligada.

Esto es, debido a que la responsable omite tomar en consideración los argumentos en los que el suscrito se baso para solicitar la apertura de los paquetes electorales y la realización de un nuevo escrutinio y computo, transcribiendo parcialmente en la resolución impugnada, las consideraciones que sustentan tal solicitud, y señalando únicamente "SIN FUNDAMENTAR" las razones por las cuales considera que los mismos carecen de sustento legal o jurisprudencial alguno, como se puede apreciar, en el primer párrafo de la hoja marcada con el número dieciocho de la sentencia impugnada, en donde ||, solamente se limita a mencionar que son contrarias a la ley y a la jurisprudencia, desestimando sin otra razón los agravios sostenidos, por el suscrito.

Como se ha expresado en el párrafo que antecede, la responsable solamente expresa que las razones que el suscrito sustenta para solicitar al apertura de los paquetes electorales y un nuevo escrutinio y computo son contrarias a lo establecido en ley sin especificar la normas a que se refiere causándome un agravio.

En el mismo orden de ideas la responsable, no toma en consideración que la solicitud del suscrito, respecto de la apertura de lo paquetes electorales, se centra en el señalamiento de especifico respecto de la falta de certeza que existe en la Elección Extraordinaria, al existir un número mayor de votos nulos a la diferencia que existe entre el primer y segundo lugar, mismo que resulta determinante, puesto que de existir algún error el cómputo en alguna de las casillas este podría cambiar los resultados contenidos en el cómputo final.

Tal y como se desprende en el considerando segundo de la resolución impugnada, la responsable únicamente realiza un análisis de lo contenido en Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla, respecto de el procedimiento que se debe seguir durante la sesión de computo municipal, y especificando dos premisas que se deben cumplir para la realización de un nuevo cómputo, dejando fuera de este análisis, la premisa para la conservación y el respeto a la voluntad ciudadana, que implica el cumplimiento del PRINCIPIO DE CERTEZA en toda actuación de Autoridad Electoral.

Si bien es cierto el procedimiento solicitado en el Recurso de Inconformidad, no se encuentra regulado específicamente en el Código Comicial vigente, lo es también, que como se expresa, en el escrito del Recurso de Inconformidad que da origen a litis primigenia, es una OBLIGACIÓN de las AUTORIDADES ELECTORALES, dar CERTEZA, a todas sus actuaciones, agotando para ello los medios que tengan a su disposición, y respetando en todo momento los principios de EXHAUSTIVIDAD y LEGALIDAD, respetando en primer lugar lo dispuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y las leyes que de ella deriven así como los distintos ordenamientos, en la Entidad Federativa en la que tengan jurisdicción, lo que en el presente caso, no hace la responsable, puesto que, omite la obligación que le impone el artículo 116 en su fracción IV inciso I), de la propia Constitución, de instrumentar los recuentos TOTALES DE VOTACIÓN, respecto de una elección en especifico para de esta forma eliminar la existencia de dudas en su cómputo, la validez y legitimidad de la misma.

De igual forma, la responsable, omitió tomar en consideración que cuando la certeza de una votación se encuentra afectada por algún vicio, ó los resultados de la misma dejan lugar a duda, es necesario realizar cualquier actuación que permita por dar CERTEZA, a los resultados de la misma, ya la apertura de los paquetes es la única forma mediante la cual, la responsable como un Órgano Jurisdiccional Electoral, puede acabar con las dudas respecto de la Certeza de la votación emitida, en la elección en comento, acatando con esta actuación jurisdiccional, lo que el PRINCIPIO DE CONSERVACIÓN DEL VOTO establece, respetando de esta forma la voluntad ciudadana.

Es aplicable al presente caso el criterio jurisprudencial contenido en la jurisprudencia S3ELJ 14/2004, contenida bajo el rubro:

PAQUETES ELECTORALES. SÓLO EN CASOS EXTRAORDINARIOS SE JUSTIFICA SU APERTURA ANTE EL ÓRGANO JURISDICCIONAL. [SE TRANSCRIBE]

Como se puede apreciar causa agravio al sucrito la falta de EXHAUSTIVIDAD, en el actuar de la responsable puesto que solo se ciñe y dar una explicación basada en argumentos meramente normativos, y omite como ya se ha expresado en primer lugar fundar la base de su resolución en segundo lugar expresar los motivos de su resolución.

2.- En el presente punto señala que, la responsable omite, establecer que el suscrito, como parte de las peticiones hechas a la ahora responsable es la de dar certeza a mi representada, puesto que solamente habla de un solo caso en especifico y no se refiere a los demás casos respecto de la apertura de los paquetes de las restantes dieciséis casillas, generalizando el caso de la única casilla empatada a de las restantes, en la que por cierto, deja más dudas de la certeza de la votación recibida la casilla 554 BÁSICA, puesto que de igual forma omite mencionar que es posible advertir a simple vista que la mesa directiva de esta casilla expresa en la respectiva HOJA DE INCIDENTES, que permitió votar en la misma, a cuatro personas que no se encontraban dentro del listado nominal correspondiente, situación que convierte en determinante la necesidad de aperturar el paquete correspondiente, para verificar en primer lugar que si existe o no tal empate, y en segundo lugar verificar si la actuación de los funcionarios de la casilla fue correcta, puesto que desde el momento en que permiten votar a una persona que se encuentra en el respectivo Listado Nominal, se puede presumir que su actuar contiene errores graves que son determinantes y que de hecho afectan al resultado de la elección.

Lo anterior resulta de suma relevancia si se toma en cuenta que, la responsable se encuentra constreñida a cumplir con su deber de agotar el PRINCIPIO DE EXHAUSTIVIDAD, al realizar DILIGENCIAS PARA MEJOR PROVEER a efecto de DAR CERTEZA a la resolución que emita en la controversia que da origen al presente juicio, sin que esto esté relacionado con la carga de la prueba que sostiene le corresponde al suscrito, puesto que, en el caso presente, corresponde al Órgano Jurisdiccional, perfeccionar esta actuación que se ha solicitado, es decir, es más bien la búsqueda, por parte de la responsable, de los suficientes elementos convictivos para poder dar una resolución imparcial y apegada al marco normativo.

En el mismo orden de ideas, es oportuno manifestar que, la responsable no ha perfeccionado, ni dio cauce a las solicitudes hechas por el suscrito, en lo que respecta a la apertura de los Paquetes Electorales, todo sustentando, con la intención de solamente apegarse escrupulosamente al PRINCIPIO DE LEGALIDAD, para convalidar o revocar el acto combatido a la responsable primigenia, violando con esto la equidad procesal, al no dar vigencia a las facultades que le otorga el Reglamento Interior del Tribunal Electoral del Estado de Puebla, en su artículo 176, ya que otorga la potestad al magistrado ponente a realizar las actuaciones que considere necesarias para la resolución del recurso, y así dotar de certeza la resolución que emita, lo que en caso en concreto no sucede.

3.- En lo que respecta al voto concurrente que se anexa a la resolución combatida, es importante señalar, que se menciona, la obligatoriedad de el cumplimiento la disposición contenida en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 116 fracción IV inciso L), pero exime al Consejo Municipal Electoral, de General Felipe Ángeles, Puebla, de la responsabilidad de cumplir con este mandato, sustentando el Artículo Sexto Transitorio del Decreto de Reforma, obliga a las LEGISLATURAS ESTATALES, a adecuar su marco normativo electoral en el término de un año, pero el propio voto concurrente, omite de igual forma mencionar sobre la INVIOLABILIDAD DE LA CONSTITUCIÓN Y LA SUPREMACÍA DE LA MISMA, sobre los demás ordenamientos legales que de ella se deriven, y que LA ACTUACIÓN DE TODA AUTORIDAD DEBERÁ EN PRIMER LUGAR AJUSTARSE A LO ESTABLECIDO POR LA CONSTITUCIÓN, incluso contraviniendo a lo que algún otro ordenamiento establezca, es decir, la obligatoriedad de dicho precepto, que ya fue aprobado por el Constituyente Permanente y se encuentra vigente, deberá prevalecer incluso sobre lo que establecido por el Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla, violentando de esta forma el PRINCIPIO DE LEGALIDAD, y olvidando así, dar CERTEZA al resultado de la elección que se encuentra controvertida.

En razón de todo lo anteriormente expuesto, y ante la negativa de la Autoridad Responsable, en este caso el Tribunal Electoral del Estado de Puebla, para aperturar todos y cada uno de los Paquetes Electorales de la Elección Extraordinaria, celebrada el día primero de Junio de dos mil ocho, en el Municipio de General Felipe Ángeles, Puebla, es que desde este momento solicito, que, este tribunal, HACIENDO USO DE SUS FACULTADES Y EN PLENITUD JURISDICCIÓN, SE ABRA EL RESPECTIVO INCIDENTE SOBRE LA PRETENCIÓN RESPECTO DE LA SOLICITADA DILIGENCIA DE APERTURA Y NUEVO ESCRUTINIO Y COMPUTO, DE LOS DIECISIETE PAQUETES ELECTORALES, misma que fue negada por la responsable en la resolución que se combate y que da origen a este juicio.

A efecto de comprobar lo expresado en los puntos que preceden ofrezco las siguientes:

PRUEBAS

1.- LA DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en la copia del acreditamiento del suscrito como representante del Partido Revolucionario Institucional, ante el Consejo Municipal Electoral del Instituto Electoral del Estado de Puebla, en General Felipe Ángeles, Puebla, mediante el cual justifico la personería del suscrito en el presente juicio.

2.- LA PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA.- Consistente en todas y cada una de las de las actuaciones practicadas, dentro del presente, de las cuales se deduzcan circunstancias lógicas y que sean favorables a mi representada.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, a este Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Puebla, atentamente Pido:

PRIMERO.- Tenerme por presentado en tiempo y forma legales, con el presente ESCRITO, interponiendo JUICIO DE REVISIÓN CONSTITUCIONAL en contra de la RESOLUCIÓN DE FECHA DIECIOCHO DE JULIO DE DOS MIL OCHO, MEDIANTE LA CUAL SE DICTA SENTENCIA AL INCIDENTE DE PREVIO Y ESPECIAL PRONUNCIAMIENTO, RESPECTO DE LA SOLICITUD DE UN NUEVO ESCRUTINIO Y COMPUTO POR RAZONES EXPECIFICAS, emitida por el Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Puebla, relativo al RECURSO DE INCONFORMIDAD dentro de la sustanciación expediente TEEP-I-003/2008, haciendo las manifestaciones contenidas en el presente ocurso.

SEGUNDO.- Admitir el presente en términos de los artículos 8, 9, 12, 13, 14, 17, 86 y demás relativos de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

TERCERO.- Haciendo uso de sus facultades y en plenitud jurisdicción, SE ABRA Y SUSTANCIE EL INCIDENTE SOBRE LA PREENTENCIÓN DEL SUSCRITO.

SE realice, la solicitada diligencia de apertura y nuevo escrutinio y cómputo, de los diecisiete paquetes electorales correspondientes a la elección Extraordinaria que da origen al presente.

CUARTO.- En el momento procesal oportuno resolver FAVORABLEMENTE el presente escrito por ser procedente y estar apegado a derecho.

OCTAVO. Resumen de agravios.

El promovente alega sustancialmente:

A) La responsable señala sin fundamentar las razones por las cuales considera que los argumentos expresados para realizar un nuevo escrutinio y cómputo carecen de sustento legal o jurisprudencial, como se puede apreciar, en el primer párrafo de la hoja marcada con el número dieciocho de la sentencia impugnada, en donde solamente se limita a mencionar que son contrarias a la ley y a la jurisprudencia, desestimando sin otra razón los agravios sostenidos.

B) Causa agravio, la falta de cumplimiento al principio de certeza, debido a que la responsable no considera los argumentos esgrimidos para solicitar la apertura de los paquetes electorales y la realización de un nuevo escrutinio y cómputo, pues transcribe parcialmente las consideraciones que se sustentan en la solicitud y lleva a cabo, en el considerando segundo de la resolución impugnada, un análisis del contenido del Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla, respecto del procedimiento que se debe seguir durante la sesión de computo municipal, dejando fuera la premisa para la conservación y el respeto a la voluntad ciudadana, que implica el cumplimiento del principio de certeza.

De igual forma, causa agravio al partido actor, el hecho de que la responsable omite la obligación que le impone el artículo 116 en su fracción IV inciso I), de la propia Constitución, de instrumentar los recuentos totales de votación, respecto de una elección en especifico para de esta forma eliminar la existencia de dudas en su cómputo, la validez y legitimidad de la misma.

C) La responsable generaliza el caso de la única casilla empatada, en la que por cierto, deja más dudas de la certeza de la votación recibida la casilla 554 BÁSICA, puesto que omite mencionar que es posible advertir en la hoja de incidentes, que la mesa directiva de esta casilla, permitió votar a cuatro personas que no se encontraban dentro del listado nominal, situación que convierte en determinante la necesidad de aperturar el paquete electoral, para verificar si existe o no tal empate, y si la actuación de los funcionarios de la casilla fue correcta, pues se puede presumir que su actuar contiene errores graves que son determinantes y que afectan al resultado de la elección.

D) En lo que respecta al voto concurrente de la resolución combatida, se menciona la obligatoriedad del cumplimiento la disposición contenida en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 116 fracción IV inciso L), pero exime al Consejo Municipal Electoral, de General Felipe Ángeles, Puebla, de la responsabilidad de cumplir con este mandato, sustentando el Artículo Sexto Transitorio del Decreto de Reforma, obliga a las Legislaturas Estatales, a adecuar su marco normativo electoral en el término de un año, pero el propio voto concurrente, omite de igual forma mencionar sobre la inviolabilidad de la Constitución y la supremacía de la misma, sobre los demás ordenamientos legales que de ella se deriven, y que la actuación de toda autoridad deberá ajustarse a lo establecido por ella.

NOVENO. Estudio de los agravios. Previo al análisis de los argumentos planteados en la demanda, es importante destacar que la naturaleza extraordinaria del juicio de revisión constitucional electoral implica el cumplimiento irrestricto de ciertos principios y reglas establecidos, principalmente, en los artículos 41, fracción VI, y 99, párrafo cuarto, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 189, fracción I, inciso e), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y 3, párrafo 2, inciso d), y 86, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

Entre dichos principios destaca el hecho de que, en atención a lo previsto en el artículo 23, párrafo 2, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, en el juicio de revisión constitucional electoral no procede la suplencia de la queja deficiente, en tanto que se está ante un medio de impugnación de estricto derecho que impide a este órgano jurisdiccional electoral suplir las deficiencias u omisiones en el planteamiento de los agravios, cuando los mismos no pueden ser deducidos claramente de los hechos expuestos permitiéndose, únicamente, al tribunal del conocimiento resolver con sujeción a los agravios expuestos por el partido actor, siguiendo las reglas establecidas en el Libro Cuarto, Título Único, de la ley mencionada.

Si bien es cierto que para la expresión de agravios, se ha admitido que ésta puede tenerse por formulada independientemente de su ubicación en cierto capítulo o sección de la demanda, como en el caso en que están ubicados en el apartado relativo a los hechos, así como de su presentación, formulación o construcción lógica, ya sea como silogismo o utilizando cualquier fórmula deductiva o inductiva, puesto que el juicio de revisión constitucional electoral no es un procedimiento formulario o solemne, también lo es que, como requisito indispensable, éstos deben expresar con claridad la causa de pedir, precisando la lesión o agravio que ocasiona el acto o resolución impugnado y los motivos que originaron ese agravio, para que con tal argumento expuesto por el actor, dirigido a demostrar la ilegalidad o inconstitucionalidad en el proceder de la autoridad responsable, este órgano jurisdiccional se ocupe de su estudio con base en los preceptos jurídicos aplicables.

De lo anterior se advierte que, aun cuando dicha expresión de agravios no debe cumplirse en forma sacramental inamovible, los agravios que se hagan valer en el juicio de revisión constitucional electoral sí deben ser, necesariamente, argumentos jurídicos adecuados, encaminados a destruir la validez de las consideraciones o razones que la responsable tomó en cuenta al resolver.

En este sentido, como lo ha sostenido reiteradamente esta Sala Superior, los motivos de disenso deben estar encaminados a destruir la validez de todas y cada una de las consideraciones o razones que la responsable tomó en cuenta al resolver, esto es, se tiene que hacer patente que los argumentos utilizados por la autoridad enjuiciada, conforme con los preceptos normativos aplicables, son contrarios a derecho. Al expresar cada agravio las actoras deben exponer las argumentaciones que consideren convenientes para demostrar la inconstitucionalidad o ilegalidad del acto reclamado; en este sentido, los agravios que dejen de atender tales requisitos resultarían inoperantes, puesto que no atacan en sus puntos esenciales la resolución impugnada, dejándolo en consecuencia intacto.

Por tanto, cuando las impugnantes omitan expresar argumentos debidamente configurados, en los términos anticipados, los agravios deben ser calificados como inoperantes ya porque se trate de:

1. Una simple repetición o abundamiento respecto de los expresados en la instancia anterior;

2. Argumentos genéricos, imprecisos, unilaterales y subjetivos de tal forma que no se pueda advertir la causa de pedir;

3. Cuestiones que no fueron planteadas en los juicios de nulidad electoral cuya resolución motivó el juicio de revisión constitucional electoral que ahora se resuelve; y

4. Alegaciones que no controviertan los razonamientos de la responsable que son el sustento de la sentencia ahora reclamada.

En los mencionados supuestos, la consecuencia directa de la inoperancia de los agravios es que las consideraciones expuestas por la autoridad responsable continúen rigiendo el sentido de la resolución controvertida, porque tales agravios no tendrían eficacia para anularla, revocarla o modificarla.

Por ende, en el juicio que se resuelve, al estudiar los conceptos de agravio, se aplicarán los señalados criterios para concluir si se trata o no de planteamientos que deban ser desestimados por inoperantes.

Precisado lo anterior, se procede a llevar a cabo el análisis de los agravios señalados.

El agravio identificado con la letra A) resulta infundado.

Los argumentos que plantea el actor, están dirigidos a demostrar que la responsable no fundamentó su decisión para desestimar los planteamientos expresados por el partido actor, encaminados a que se realizara un nuevo escrutinio y cómputo, como se puede apreciar, en el primer párrafo de la hoja marcada con el número dieciocho de la sentencia impugnada, en donde solamente se limita a mencionar que son contrarias a la ley y a la jurisprudencia, desestimando sin otra razón los agravios sostenidos.

Lo infundado del motivo de inconformidad en cuestión, radica en que contrario a lo sostenido por el partido actor, el Tribunal responsable si fundamentó su decisión de no llevar a cabo un nuevo escrutinio y cómputo de los paquetes electorales correspondientes a la elección extraordinaria llevada a cabo en el municipio de General Felipe Ángeles, Puebla.

El partido actor únicamente hace referencia en su agravio al primer párrafo de la página dieciocho de la sentencia combatida, sin atender el cuerpo entero de la resolución, situación que resulta inadecuada el momento de identificar como agravio una supuesta falta de fundamentación por parte de la responsable.

Ello es así, toda vez que la sentencia debe considerarse como el acto jurisdiccional en el cual se resuelve las cuestiones principales materia, en el caso particular, del incidente de previo y especial pronunciamiento. De esta forma, la sentencia no es un documento fragmentado o disperso, cuyas partes se deban atender de manera aislada como si se tratara de decisiones o argumentaciones independientes del análisis integral del asunto a resolver, sino que resulta un documento integral, cuyas partes constituyen un todo.

Por lo anterior, es evidente que el Tribunal Electoral del Estado de Puebla, en la resolución que se combate, fundamenta a partir del considerando primero, su competencia para conocer y resolver el asunto de mérito; asimismo, en el considerando segundo, hace alusión al artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para señalar que las elecciones para la renovación de los poderes públicos, se realizan mediante elecciones libres, auténticas y periódicas, a través del sufragio a que tiene derecho los ciudadanos mexicanos.

Adicionalmente, a partir de la página siete de la resolución que se combate, la responsable lleva a cabo un estudio de los artículos 289, 292 y 312 del Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla; conjuntamente con el artículo 11, fracciones I y XX; 12, 13, fracciones II, III, X, XI, XII; y 178 del reglamento Interior del Tribunal Electoral del Estado de Puebla, la jurisprudencia 14/2004 y la tesis 25/2005 (sic) de la Sala Superior del tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Posteriormente, a partir de la página once de la resolución impugnada, se lleva a cabo el análisis de los requisitos que deben cubrirse para la realización de diligencias para mejor proveer; así como el correspondiente para determinar si una autoridad incurrió en un error en el cómputo, para finalmente señalar en la página veinte, con base en la jurisprudencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación S3EL 023/99 y S3EL 035/99, de rubros: "ESCRUTINIO Y CÓMPUTO DE VOTOS. EN PRINCPIO CORRESPONDE RALIZARLO EXCLUSIVAMENTE A LAS MESAS DIRECTIVAS DE CASILLAS" ÓMPUTO DE VOTOS. EN PRINCPIO CORRESPONDE RALIZARLO EXCLUSIVAMENTE A LAS MESAS DIRECTIVAS DE CASILLAS"; y "PAQUETES ELECTORALES. SÓLO PROCEDE SU APERTURA DURANTE LAS SESIONES DE CÓMPUTO EN LOS SUPUESTOS PREVISTOS LEGALMENTE" que no se actualiza los previsto en las fracciones I, II y V del artículo 312 del Código Electoral local, por lo que no ha lugar a proceder a la apertura de los paquetes electorales.

Por lo anterior es que resulta infundado el agravio señalado.

Respecto del agravio señalado en el inciso resulta inoperante en atención a lo siguiente.

El partido actor señala que le causa agravio, la falta de cumplimiento al principio de certeza, debido a que la responsable no considera los argumentos esgrimidos para solicitar la apertura de los paquetes electorales y la realización de un nuevo escrutinio y cómputo; así como el hecho de que la responsable omite la obligación que le impone el artículo 116 en su fracción IV inciso I), de la Constitución, de instrumentar los recuentos totales de votación, respecto de una elección en especifico para de esta forma eliminar la existencia de dudas en su cómputo, la validez y legitimidad de la misma.

Lo inoperante del agravio radica en que, con tal aseveración el partido actor no desvirtúa lo considerado por la responsable, en el sentido de que, de conformidad con los preceptos establecidos en la normatividad electoral estatal y del contenido de las tesis de jurisprudencia invocadas, no era viable llevar a cabo el nuevo escrutinio y cómputo solicitado, sino que se limita a asegurar que no se observó el principio de certeza que debe regir las actuaciones electorales; mucho menos expresó argumento alguno sobre el agravio que señala, de que la responsable omite la obligación que le impone el artículo 116 en su fracción IV inciso I), de la propia Constitución, de instrumentar los recuentos totales de votación, respecto de una elección en especifico para de esta forma eliminar la existencia de dudas en su cómputo, la validez y legitimidad de la misma.

Respecto de la aplicación del artículo 116 de la Constitución federal, el actor parte de una premisa falsa, en virtud de que la responsable no es la autoridad que debe aplicarlo, ya que la facultad de legislar es competencia exclusiva del poder legislativo estatal.

En relación al agravio señalado con el inciso C, resulta de igual forma inoperante, en atención a lo siguiente.

El partido actor menciona que la responsable generaliza el caso de la única casilla empatada, 554 BÁSICA puesto que omite mencionar que la mesa directiva de casilla permitió votar a cuatro personas que no se encontraban dentro del listado nominal, situación que es determinante para aperturar el paquete electoral y verificar si existe o no tal empate, y si la actuación de los funcionarios fue correcta, pues se puede presumir que su actuar contiene errores graves que afectan al resultado de la elección.

Lo inoperante del agravio radica en que el partido actor, omite expresar argumentos debidamente configurados, pues se limita a expresar razonamientos genéricos e imprecisos, que no permiten identificar, por una parte, de manera precisa las circunstancias de tiempo, lugar y modo que permitan señalar la existencia de anomalías graves como para declarar la nulidad de la votación de esa casilla, elementos como, por ejemplo, el nombre de las personas que dice votaron sin que se encontraran en la lista nominal de electores correspondiente. Tampoco funda ni motiva su argumento ni ofrece elementos de convicción que permitan esgrimir los manifestados por el Tribunal responsable.

La responsable por su parte señaló, respecto de la impugnación de la casilla en comento que:

"…es de destacarse que no hay evidencia en el expediente en que se actúa, por la cual se pueda comprobar que algún otro partido político tuviese inconformidad de los resultados o alegara error o confusión en los datos finales y que con ello se violara o alterara la certeza de los datos que se consignaron en las actas finales de las casillas impugnadas, aún en la misma 544 Básica en la que el actor alega que se actualiza el factor determinante, cuestión que es distinta e independiente de la que la ley exige para la actualización de la procedencia de un nuevo escrutinio y computo.

Esto es así, pues entendemos a la determinancia como el factor que denota que hay gravedad en la certeza de los resultados de esa casilla por existir error o dolo comprobado en el acta de escrutinio y cómputo de la casilla, lo que noacontece en el presente caso, arribando este Tribunal a esa conclusión luego de estudiar y sumar los datos de las casillas impugnadas. Asimismo, respecto a la pretensión de la demanda, se observa, en lo transcrito anteriormente, que el representante del Partido Revolucionario Institucional solicita también la apertura de todos y cada uno de los paquetes electorales de las casillas instaladas en todo el Municipio, porque a su juicio, el resultado de la votación de las casillas obtenidas en ese Ayuntamiento no incluyó los votos nulos de la elección, que representaron el 2% (dos por ciento) del total de los votos recibidos contra el 1.6% (uno punto seis por ciento) que resulta de la diferencia entre el partido que obtuvo el primer lugar, que en este caso es el Partido Acción Nacional contra el partido que representa. A lo anterior, este organismo jurisdicente sostiene que la concepción del actor al respecto es errónea, pues en primer lugar la actualización del factor determinante, como ya se dijo obedece a otras circunstancias que no traen aparejada como consecuencia la realización forzosa de un nuevo escrutinio y cómputo de los votos…"

Así las cosas, es evidente que el partido actor no esgrime argumento alguno que permita combatir los razonamientos de la responsable, por lo que su agravio resulta inoperante.

Finalmente, el agravio marcado con el inciso D, también deviene inoperante toda vez que el partido actor, no señala cuál es el perjuicio o lesión que le causa el voto concurrente emitido por el Magistrado Antonio Oropeza Barbosa, cuando en el mismo se omite mencionar sobre la inviolabilidad de la Constitución y la supremacía de la misma, sobre los demás ordenamientos legales que de ella se deriven, y que la actuación de toda autoridad deberá ajustarse a lo establecido por ella.

En la elaboración del agravio de mérito, el partido actor realiza expresiones genéricas, imprecisas, unilaterales y subjetivas de tal forma que no se advierte la causa de pedir, así como tampoco menciona alegaciones que controviertan los razonamientos de la responsable que son el sustento de la sentencia ahora reclamada.

Como se puede observar en la transcripción que obra en la presente resolución, el Magistrado Antonio Oropeza Barbosa, en el voto concurrente mencionado, expresa su acuerdo con el sentido de la ejecutoria en la que se exponen las razones por las que el Tribunal responsable estima no conceder la solicitud de nuevo escrutinio y cómputo, y reitera que dicha petición debe ser negada.

El voto concurrente, añade razones jurídicas que fortalecen la decisión del Tribunal, además, estima que el partido actor, al basar su pretensión en que el Consejo Municipal Electoral de Felipe Ángeles al advertir que la cantidad de votos nulos era mayor a la diferencia existente entre primero y segundo lugar, debió abrir todos los paquetes electorales, pues al no hacerlo aplicó indebidamente la Constitución General de la República, tal premisa debe estimarse infundada ya que, no hubo incumplimiento por parte del Consejo Municipal Electoral de Felipe Ángeles a la Constitución General de la República, pues en el dispositivo constitucional no se establecen los supuestos en los que debe operar el recuento de votos.

Es claro para esta Sala Superior, que el voto concurrente debe entenderse como la opinión personal que emite el miembro de algún tribunal, mediante el cual se exponen razones propias respecto de un asunto particular cuya resolución ha sido adoptada por los demás integrantes del órgano jurisdiccional. De esta forma, tratándose de una sentencia, el voto concurrente es razonado a favor de la decisión colegiada, pero de ninguna forma es contrario o tendente a identificarlo como una manera de abstención.

De lo anterior, se desprende que si un Magistrado de un órgano jurisdiccional electoral puede disentir totalmente del criterio mayoritario de los demás Magistrados que integran el tribunal y emitir un voto particular, que se engrosa, por mayoría de razón, puede emitir un voto concurrente, en el que, sin disentir totalmente del criterio mayoritario, exprese distintas o adicionales razones para resolver en el mismo sentido. Sin embargo, en uno y otro caso, dicho voto no tiene efectos vinculatorios, lo que significa que, con el voto o sin él, lo que constituye la ejecutoria es la decisión mayoritaria que se plasma en la parte considerativa de la sentencia y en el punto resolutivo regido por aquélla3.

3 Sirve de criterio orientador, la tesis 1ª. XIX/2003, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Primera Sala, tomo XVII, mayo de 2003, página 246 de rubro: VOTO ACLARATORIO DE UN MAGISTRADO DE UN TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO. NO TIENE EFECTOS VINCULATORIOS, PUES NO RIGE EL SENTIDO DEL FALLO.

Así las cosas, al no existir mayores argumentos de convicción que permitan identificar el aspecto que causa agravio o lesión al partido actor, es que el motivo de inconformidad resulta inoperante.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se

RESUELVE:

ÚNICO. Se confirma la sentencia interlocutoria de dieciocho de julio de dos mil ocho, dictada por el Tribunal Electoral del Estado de Puebla, en el incidente de previo y especial pronunciamiento del recurso de inconformidad TEEP-I-003/2008.

NOTIFÍQUESE personalmente al Partido Revolucionario Institucional, así como al tercero interesado, en los domicilios señalados en autos; por oficio, con copia certificada de la presente sentencia, al Tribunal Electoral del Estado de Puebla, a quien también deberá notificarse por fax el único punto resolutivo; y, por estrados a los demás interesados.

Devuélvase la documentación atinente al Tribunal responsable y, en su oportunidad, remítase el expediente al archivo jurisdiccional, como asunto definitivamente concluido.

Así, por UNANIMIDAD de votos, con la ausencia de los Magistrados Flavio Galván Rivera y Constancio Carrasco Daza, lo resolvieron y firmaron los Magistrados que integran la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ante el Secretario General de Acuerdos que autoriza y da fe. Rúbricas.