RECURSOS DE APELACIÓN.

EXPEDIENTE: SUP-RAP-6/2008.

RECURRENTE: AGRUPACIÓN POLÍTICA NACIONAL "UNIDAD NACIONAL PROGRESISTA".

AUTORIDAD RESPONSABLE: CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL.

MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ ALEJANDRO LUNA RAMOS.

SECRETARIO: RUBÉN JESÚS LARA PATRÓN Y FERNANDO RAMÍREZ BARRIOS.

México, Distrito Federal, a veintiséis de marzo de dos mil ocho.

VISTOS, para resolver, los autos del expediente SUP-RAP-6/2008, formado con motivo del recurso de apelación interpuesto por la Agrupación Política Nacional "Unidad Nacional Progresista", contra la omisión del Consejo General del Instituto Federal Electoral de aprobar, en el plazo de ley, el financiamiento público que le correspondía para el año dos mil ocho, y

R E S U L T A N D O

I. Antecedentes. De lo expuesto por el partido actor en su demanda, así como de las constancias de autos, es posible desprender lo siguiente:

a) En opinión de la actora, el primero día de enero de dos mil ocho, comenzó el periodo anual para la ministración y ejercicio del financiamiento público para los partidos y agrupaciones políticas nacionales, correspondiente a este año.

b) El catorce de enero siguiente, se publicó el nuevo Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales en el Diario Oficial de la Federación.

c) El veintiuno de enero del año en curso, la agrupación política actora solicitó al consejo señalado como responsable, la entrega del financiamiento público correspondiente para el ejercicio dos mil ocho.

d) En sesión celebrada el veintiocho de enero siguiente, el Consejo General del Instituto Federal Electoral aprobó el financiamiento público de los partidos políticos nacionales para el año que transcurre, pero omitió aprobar el fondo correspondiente a las agrupaciones políticas nacionales.

II. Recurso de Apelación. Inconforme con lo anterior, el primero de febrero del presente año, la Agrupación Política Nacional "Unidad Nacional Progresista", por conducto de su representante legal, interpuso la demanda del presente recurso de apelación ante la Secretaría Ejecutiva de dicho instituto, que previa tramitación del mismo, lo remitió a esta instancia jurisdiccional, donde se recibió el once de febrero siguiente.

III. Turno. Recibidas las constancias atinentes, el mismo día, la Magistrada Presidenta de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación acordó integrar y turnar el presente expediente al Magistrado José Alejandro Luna Ramos, para los efectos establecidos en el artículo 19 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

Dicho turno se cumplió mediante oficio TEPJF-SGA-465/08, suscrito por el Secretario General de Acuerdos de esta instancia jurisdiccional.

VI. Admisión. En su oportunidad, el Magistrado Instructor admitió a trámite el presente recurso y, agotada la instrucción, la declaró cerrada, con lo cual quedaron los autos en estado de resolución.

C O N S I D E R A N D O

PRIMERO. Jurisdicción y Competencia. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ejerce jurisdicción, y esta Sala Superior es competente para conocer y resolver el presente asunto, con fundamento en los artículos 186, fracción III, inciso a), y 189, fracción I, inciso c) de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como 40, apartado 1, inciso b), y 44, apartado 1 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, por tratarse de un recurso de apelación en el que la Agrupación Política Nacional "Unidad Nacional Progresista", combate una omisión del Consejo General del Instituto Federal Electoral.

SEGUNDO. En su escrito inicial de demanda, el representante legal de la agrupación recurrente hace valer los siguientes agravios:

"…AGRAVIOS

PRIMERO. Incumplimiento de la responsable de una obligación legal. La autoridad responsable violentó las disposiciones normativas que le indicaban cómo actuar ante la entrada en vigor del nuevo Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe).

Ello es así, porque el nuevo Cofipe, en vigor a partir del día 15 de enero de 2008, establece en su artículo Cuarto transitorio que "Los asuntos que se encuentren en trámite a la entrada en vigor del presente Decreto, serán resueltos conforme a las normas vigentes al momento de su inicio’.

De conformidad con lo anterior, todo aquello que estuviera en trámite antes de la entrada en vigor del nuevo Cofipe, se resolverá con base en las normas vigentes en la fecha que hubiere iniciado el asunto en cuestión.

Cabe aquí señalar el significado de la palabra ‘trámite’. De acuerdo con el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española, la palabra ‘Trámite’ (del latín trames, -itis, camino, medio) significa ‘Cada uno de los estados y diligencias que hay que recorrer en un negocio hasta su conclusión’.

Tal es precisamente el caso de la ministración anual de financiamiento público para el año 2008 que se debe otorgar a las agrupaciones políticas nacionales, cuyo trámite inició desde agosto del año 2007, es decir, mucho antes de la entrada en vigor del nuevo Cofipe, razón por la cual, con fundamento en el citado artículo Cuarto transitorio, debe regirse de conformidad con lo dispuesto en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales vigente en agosto de 2007.

Es indiscutible que el financiamiento anual a que se refiere la ley comprende del 1 de enero al 31 de diciembre de cada año, por lo que se encuentra en trámite a partir de que se realiza el primer acto tendiente a lograr su conclusión, es decir, desde el día que se aprobó por el Consejo General del Instituto Federal Electoral (IFE) el anteproyecto de presupuesto para ser asignado a las agrupaciones políticas nacionales.

El trámite para asignar financiamiento público a partidos políticos y agrupaciones políticas nacionales consta de varias etapas para llegar a su conclusión, ellas son:

1.- El 29 de agosto de 2007, el Consejo General del IFE aprobó el Anteproyecto de Presupuesto del Instituto Federal Electoral para el ejercicio fiscal del año 2008. Aquí inició el trámite. Este Anteproyecto, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 de octubre de 2007.

2.- El 12 de noviembre de 2007, la Cámara de Diputados aprobó el Presupuesto de Egresos de la Federación para el año 2008, que incluye el presupuesto para el IFE, y dentro de éste el correspondiente a los partidos políticos y las agrupaciones políticas nacionales.

3.- El 13 de diciembre de 2008 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio 2008.

4.- El 28 de enero de 2008 el Consejo General del IFE aprobó el acuerdo por el que se determinan las cifras del financiamiento público para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes y por actividades específicas de los Partidos Políticos Nacionales para el año 2008. También debió haber aprobado el correspondiente a las agrupaciones políticas nacionales, pero omitió hacerlo.

5.- En febrero de 2008 el IFE entrega a cada partido o agrupación política el monto asignado de financiamiento público que le corresponde. Aquí concluye el trámite.

Estos pasos son parte del trámite que se le da a todo presupuesto de conformidad con lo establecido en la ley y la Constitución.

El Consejo General del IFE tiene la obligación, como órgano autónomo, de presentar su proyecto de presupuesto, para ser integrado al proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, como se establece en el artículo 30 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría, el cual ordena que ‘Los Poderes Legislativo y Judicial y los entes autónomos enviarán a la Secretaría sus proyectos de presupuesto, a efecto de integrarlos al proyecto de Presupuesto de Egresos, a más tardar 10 días naturales antes de la fecha de presentación del mismo.’

Por ello, el Consejo General del IFE aprobó el citado ‘Anteproyecto de Presupuesto del Instituto Federal Electoral para el ejercicio fiscal del año 2008’, en cuyo artículo segundo claramente se aprecia que estaba contemplado el financiamiento de las Agrupaciones Políticas Nacionales:

Segundo.- Del monto total del proyecto de presupuesto del Instituto Federal Electoral, 5,550.8 millones de pesos, el 64.4%, corresponden a gastos de operación y 3,062.2 millones de pesos, el 35.6%, al financiamiento público de los partidos políticos y agrupaciones políticas nacionales, y la previsión correspondiente a cuatro Partidos Políticos nuevos en caso de que obtengan su registro ante el Instituto Federal Electoral.

Por si fuera poco, en el artículo tercero del mismo acuerdo se estableció (¡desde el 29 de agosto de 2007!) el compromiso del IFE de cumplir con la meta de otorgar oportunamente el financiamiento a las Agrupaciones Políticas Nacionales, lo que evidencia que ya estaba en trámite:

Tercero.- Con estos recursos, las áreas del Instituto Federal Electoral se comprometen a cumplir con las siguientes metas, cuyo seguimiento se realizará a través de los indicadores institucionales estratégicos que se presentan:

• Otorgar oportunamente los recursos que por ley deben recibir los partidos políticos y Agrupaciones Políticas Nacionales, que en su conjunto ascenderá a 3,062.2 millones de pesos.

Asimismo, en las Bases Generales del propio anteproyecto de presupuesto (Diario Oficial de la Federación de fecha 5 de octubre de 2007) se puede apreciar lo siguiente:

El programa ‘Administrar las prerrogativas electorales y fiscalizar el gasto de los partidos, tiene como objetivo general para 2008:

‘Coadyuvar al fortalecimiento y debido funcionamiento del sistema de partidos, así como al desarrollo de las Agrupaciones Políticas Nacionales, con especial énfasis en hacer patente la transparencia de los procedimientos, el cuidado en la rendición de cuentas como principio general y la certeza en los procedimientos; garantizar el oportuno otorgamiento de las prerrogativas de los Partidos y Agrupaciones Políticas Nacionales, a través de perfeccionar el método y la forma de entrega de las ministraciones del financiamiento público, agilizar los trámites para obtener las franquicias postales y telegráficas a que tienen derecho, y mejorar los procedimientos para la apertura de los medios masivos de comunicación.

Ante la contundencia legal de lo anterior, es evidente que el trámite comenzó mucho antes de la entrada en vigor del nuevo Cofipe, por lo que es aplicable la fórmula que estableció el legislador en el artículo Cuarto transitorio del Cofipe, precisamente para evitar conflicto de aplicación de las normas en los asuntos en trámite entre la vigencia de una norma y otra.

Por lo tanto, la responsable debió ceñirse a lo dispuesto por el citado artículo Cuarto transitorio, toda vez que a la fecha de entrada en vigor del nuevo Cofipe (15 de enero), ya se encontraba en trámite la asignación de financiamiento anual 2008 para mi representada, por lo que, en consecuencia, es aplicable lo dispuesto por el Cofipe vigente hasta el 14 de enero de 2008, el cual establece en su artículo 35, numerales 7, 8 y 9, lo siguiente:

Articulo 35.

7.- De igual manera, las agrupaciones políticas nacionales con registro, gozarán de financiamiento público para apoyo de sus actividades editoriales, educación y capacitación política, e investigación socioeconómica y política.

8.- Para los efectos del párrafo anterior, se constituirá un fondo consistente en una cantidad equivalente al 2% del monto que anualmente reciben los partidos políticos para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanente.

9.- Este fondo se entregará anualmente a las agrupaciones políticas, en términos de lo previsto en el reglamento que al efecto emita el Consejo General.

Ahora bien, el Reglamento para el Financiamiento Público que se otorgue a las Agrupaciones Políticas Nacionales (en lo sucesivo ‘Reglamento’), publicado en el Diario Oficial de la Federación el 3 de enero de 2005, establece en su artículo 2.1 la obligación de la responsable al respecto:

2.1 Una vez que el Consejo General del Instituto determine el financiamiento público de los Partidos Políticos Nacionales por actividades permanentes ordinarias para cada año, el propio Consejo ordenará la constitución de un fondo equivalente al dos por ciento del total aprobado por actividades ordinarias permanentes para todos los Partidos Políticos Nacionales, de conformidad con el párrafo 8 del artículo 35 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Asimismo, el artículo 3.1 del mismo reglamento establece la forma y los plazos en que debe entregarse el financiamiento público anual para el apoyo de las actividades de las agrupaciones políticas nacionales:

3.1 El fondo constituido conforme a lo establecido en el artículo 2.1 del presente reglamento, será determinado por la Comisión de Prerrogativas, Partidos Políticos y Radiodifusión, para someterlo a la aprobación del Consejo General, conforme a las siguientes bases:

a) El sesenta por ciento del fondo será distribuido en forma igualitaria entre todas las Agrupaciones Políticas Nacionales que cuenten con registro, lo que deberá ser aprobado por el Consejo General en el mes de enero, y será ministrado en el mes de febrero.

b) El cuarenta por ciento del fondo será distribuido entre las Agrupaciones Políticas Nacionales con registro que acrediten los gastos realizados mediante la evaluación de la calidad de las actividades llevadas a cabo y la transparencia de sus erogaciones.

Entonces, al inicio del trámite de asignación anual del financiamiento público para el año 2008, estas disposiciones eran las vigentes, por lo que debieron ser aplicadas por la responsable, la cual omitió seguirlas, con lo que violó la ley y causó severo agravio a mi representada.

Es así como queda plenamente demostrado que la responsable violó en perjuicio de mi representada lo dispuesto por el artículo cuarto transitorio del Cofipe, incumpliendo con su obligación de ordenar la constitución del fondo equivalente al 2% como lo dispone el mencionado artículo 2.1 del reglamento, y también violentó lo dispuesto en el artículo 3.1 inciso a), al no aprobar (omisión de un deber jurídico de hacer) durante el mes de enero el monto de financiamiento que debe entregarse a mi representada.

Es por estas razones que nos vemos en la necesidad de recurrir ante este Tribunal, para efecto de que restituyan a mi representada de los derechos violados y se ordene a la responsable que cumpla de inmediato con su obligación legal en los términos manifestados.

Sobra señalar que esta omisión es impugnable, como claramente lo determina la jurisprudencia de este máximo Tribunal en materia Electoral (el subrayado es nuestro):

Tesis S3ELJ 09/2000:

OMISIONES EN MATERIA ELECTORAL. SON IMPUGNABLES.— (Se transcribe.)

SEGUNDO. Inconstitucionalidad y Violación al principio de Legalidad. Con esta irresponsable e ilegal omisión, la responsable niega completamente la prerrogativa de mi representada consistente en el financiamiento público que tiene derecho a recibir como agrupación política nacional, lo que nos causa severo agravio, pues viola lo dispuesto por el artículo 41, fracción V, párrafo noveno, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual establece que el Instituto Federal Electoral (IFE) tendrá a su cargo lo relativo a los derechos y prerrogativas de las Agrupaciones (políticas nacionales) y de los Partidos Políticos (nacionales).

Se acredita así el agravio causado, porque es evidente que el constituyente permanente quiso que las Agrupaciones Políticas Nacionales tuvieran derechos y prerrogativas (de no ser así, no se facultaría al IFE al respecto), sin embargo, la responsable atenta contra esa disposición constitucional, al omitir el otorgamiento del financiamiento público que como prerrogativa se debe otorgar a mi representada durante el año 2008.

Además de la violación constitucional que implica el omitir la asignación de financiamiento público, le causa severísimo agravio a mi representada en virtud de que impide y obstaculiza gravemente que pueda realizar con éxito las funciones que tiene asignadas por ley, en el sentido de coadyuvar al desarrollo de la vida democrática y de la cultura política, así como a la creación de una opinión pública mejor informada.

El artículo 35 numeral 7 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales vigente hasta el 14 de enero del presente año, pero aplicable de conformidad con el artículo cuarto transitorio del nuevo Cofipe vigente a partir del pasado 15 de enero, establece claramente que las Agrupaciones Políticas Nacionales gozarán de financiamiento público para el apoyo de sus actividades, por lo que al omitir la constitución del fondo y en consecuencia su entrega, se está impidiendo a mi representada cumplir con sus funciones de ley, pues el financiamiento público es esencial para la realización del conjunto de actividades que debe y necesita llevar a cabo mi representada durante este año.

Ello queda respaldado contundentemente por la jurisprudencia de este máximo Tribunal (el subrayado es nuestro) que a la letra dice:

Tesis S3ELJ 09/2000:

FINANCIAMIENTO PÚBLICO. TODA AFECTACIÓN A ESTE DERECHO ES DETERMINANTE PARA LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE REVISIÓN CONSTITUCIONAL ELECTORAL.— (Se transcribe.)

No es una ocurrencia que desde su creación en 1996, se haya otorgado la prerrogativa de financiamiento público a las agrupaciones políticas nacionales, lo que constituye un derecho adquirido cuya omisión en la entrega agravia severamente a mi representada y conculca el avance democrático del país, pues las agrupaciones políticas son organizaciones ciudadanas previstas la Constitución como entidades de interés para el Estado, la sociedad y la democracia mexicana.

Es una realidad que la responsable dejó de aprobar la asignación del financiamiento público con base en que se eliminó del artículo 35 del Cofipe la obligación expresa de proporcionarse a las Agrupaciones Políticas Nacionales, derivado de la perversa intención de los partidos políticos mayoritarios del Congreso de la Unión de eliminar a toda organización ciudadana independiente que les compita los votos y el financiamiento que reciben.

Sin embargo, dicha disposición es inconstitucional, pues conculca las garantías de mi representada, por lo que solicitamos a este alto Tribunal que, en uso de su facultad constitucional, determine la no aplicación de este artículo a favor de mi representada, por ser contrario a lo dispuesto por el citado artículo 41 constitucional y a las garantías y principios que consagra la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Ello es así, por que ante un esquema que garantiza el fortalecimiento de la pluralidad nacional, se debe promover el desarrollo democrático del país, pues se trata de un asunto que le compete al Estado, ya que la vida de las Agrupaciones Políticas Nacionales se desarrolla dentro del marco del sistema de Gobierno Democrático, razón por la cual el Ente Estatal no puede dejar a su suerte solamente con la imposición de obligaciones a las organizaciones de ciudadanos, sino que debe garantizar y proporcionar incentivos o apoyos mínimos para que dichas organizaciones puedan llevar a cabo sus actividades, pues ello perfecciona paulatinamente el régimen democrático de Gobierno.

Por estas razones, es que al eliminar el financiamiento público en el artículo 35 del nuevo Cofipe se atenta contra la obligación estatal de velar por los intereses del elemento humano del Estado, dentro del cual sin duda alguna se encuentra la preservación de todas las formas en las cuales se desarrolla y se manifiesta el sistema de Gobierno Democrático, como son las Agrupaciones Políticas Nacionales: agentes difusores de la cultura democrática. Por tanto, se les debe proporcionar financiamiento público justamente con el propósito de apoyar y fortalecer la difusión y la cultura que en materia de democracia debe atenderse como función prioritaria del Estado.

Cabe señalar que mi representada, Unidad Nacional Progresista, es una Agrupación Política Nacional que obtuvo su registro en agosto de 2005, y desde entonces ha cumplido a cabalidad con sus obligaciones y objetivos, lo que se traduce en que nunca ha sido sancionada por el IFE al no haber cometido falta alguna en la fiscalización anual, es decir, los recursos se han destinado íntegra y transparentemente a los fines que tiene como organización ciudadana; logramos en dos años consecutivos (2006 y 2007) el primero y quinto lugar respectivamente (en revisión este último por sentencia SUP-RAP-72/2007) en la evaluación de la calidad de tareas editoriales; editamos oportunamente nuestras publicaciones mensuales y trimestrales; hemos realizado decenas de talleres masivos sobre derechos de los migrantes en diversos estados del país, entre otras muchas actividades, todo lo cual esta a la vista de la ciudadanía en nuestro actualizado sitio en Internet www.unp.org.mx, con lo que demostramos que nuestro interés no es el de una vil ambición económica.

Por ello recurrimos a este máximo Tribunal Electoral, para que con el criterio garantista que le ha caracterizado, detenga los agravios que se han cometido contra mi representada, ordenando a la responsable que cumpla con la ley y constituya y entregue a la brevedad el fondo de financiamiento público a que tiene derecho mi representada, para poder seguir cumpliendo adecuadamente con nuestra función de coadyuvar al desarrollo de la vida democrática de nuestro país.

TERCERO. Violación al derecho de petición. El día 21 de enero de 2008 presentamos una petición (anexo 2) al Consejo General del Instituto Federal Electoral, a través de su presidente provisional, en la que solicitamos que se nos entregara el financiamiento público correspondiente al año 2008.

Sin embargo, a la fecha no hemos recibido respuesta alguna, con lo que la responsable está conculcando el derecho de petición de mi representada consagrado en el artículo 8 constitucional.

Este Tribunal es competente para conocer de las violaciones constitucionales que establece este agravio, pues existe jurisprudencia que así lo determina:

Tesis S3ELJ 22/2002:

COMPETENCIA DE LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. LA TIENE PARA CONOCER DE POSIBLES VIOLACIONES A NORMAS CONSTITUCIONALES NO ELECTORALES.— (Se transcribe.)

Con todo lo anterior queda de manifiesto la violación constitucional y a las garantías de legalidad y petición de mi representada, por lo que recurrimos a este Tribunal para que se nos proteja.

Sabemos que nos asiste la razón legal, moral, política y democrática en este asunto, por eso pedimos que este Tribunal entre al fondo y resuelva este asunto, deteniendo con la fuerza de la verdad legal las veladas pretensiones antidemocráticas de los sectores más reaccionarios del país que pretenden pasar por encima de los ciudadanos organizados que seguimos las vías institucionales de participación política…"

TERCERO. Estudio de fondo. En su escrito inicial de demanda, la agrupación política promovente esgrime tres agravios en los que hace valer, medularmente, lo siguiente:

1) Incumplimiento de una obligación legal por parte de la responsable;

2) Inconstitucionalidad y violación al principio de legalidad, y

3) Violación al derecho de petición.

Por cuestión de método, en el presente medio impugnativo será analizado, en primer lugar, el planteamiento relativo a la inconstitucionalidad y violación al principio de legalidad.

Lo anterior, debido a que, en caso de que resultara fundado lo alegado por la agrupación accionante, a ningún efecto práctico llevaría realizar el estudio de los otros motivos de disenso, pues la pretensión de la incoante habría quedado colmada.

Así las cosas, en relación con este tema, la agrupación actora sostiene que la responsable niega su prerrogativa de recibir financiamiento público y, con ello, lo dispuesto en el artículo 41, fracción V, párrafo noveno de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, conforme al cual el Instituto Federal Electoral tendrá a su cargo lo relativo a los derechos y obligaciones de las agrupaciones políticas nacionales.

En opinión de la recurrente, la responsable atenta contra esa disposición al omitir otorgarle el financiamiento público que le corresponde.

Con ello, considera, la responsable impide y obstaculiza que la actora pueda realizar exitosamente las funciones que tiene asignadas por ley pues, estima, el financiamiento público que, sostiene, es un derecho adquirido, es esencial para la realización del conjunto de actividades que debe llevar a cabo durante el presente año y, por tanto, omitir su entrega, conculca el avance democrático del país.

En concepto de la apelante, la responsable dejó de aprobar la asignación de financiamiento a las agrupaciones políticas nacionales, con base en que se eliminó del artículo 35 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales la obligación expresa de proporcionárselo.

Sin embargo, a su juicio, dicha disposición es inconstitucional y conculca las garantías de la accionante, por lo que solicita a esta instancia jurisdiccional determinar su inaplicación, por ser contrario a lo dispuesto por el precepto constitucional invocado con antelación, así como a las garantías y principios consagrados en la Norma Fundamental.

La apelante sostiene que el Estado no puede dejar a su suerte a las organizaciones de ciudadanos, sólo imponiéndoles obligaciones, pues debe garantizar y proporcionar incentivos o apoyos mínimos para que puedan llevar a cabo sus actividades.

En su opinión, al eliminar el financiamiento público en el artículo 35 del nuevo Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, se atenta contra la obligación estatal de velar, entre otros intereses, contra la preservación de las formas en las cuales se desarrolla y manifiesta el sistema de gobierno democrático, específicamente, las agrupaciones políticas nacionales, en tanto son agentes difusores de la cultura democrática.

Los agravios son infundados.

Ello es así, porque la agrupación apelante parte de la premisa incorrecta de considerar que la inconstitucionalidad del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales consiste en la omisión del legislador ordinario federal al no establecer el financiamiento público a que tienen derecho las agrupaciones políticas nacionales, en términos del artículo 41, párrafo segundo, base V, párrafo noveno, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La inexactitud de la premisa de la recurrente deriva del análisis del texto constitucional invocado, que no establece el derecho de las agrupaciones políticas a recibir financiamiento público, lo cual tampoco está previsto en alguna otra disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Al respecto cabe señalar que el citado artículo 41, párrafo segundo, base V, párrafo noveno, de la Constitución General de la República dispone:

El Instituto Federal Electoral tendrá a su cargo en forma integral y directa, además de las que le determine la ley, las actividades relativas a la capacitación y educación cívica, geografía electoral, los derechos y prerrogativas de las agrupaciones y de los partidos políticos, al padrón y lista de electores, impresión de materiales electorales, preparación de la jornada electoral, los cómputos en los términos que señale la ley, declaración de validez y otorgamiento de constancias en las elecciones de diputados y senadores, cómputo de la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos en cada uno de los distritos electorales uninominales, así como la regulación de la observación electoral y de las encuestas o sondeos de opinión con fines electorales. Las sesiones de todos los órganos colegiados de dirección serán públicas en los términos que señale la ley.

En conformidad con lo dispuesto en el precepto constitucional trascrito, es válido afirmar que el Instituto Federal Electoral es el órgano del Estado mexicano encargado, de manera integral y directa de los derechos y prerrogativas de los partidos y agrupaciones políticas nacionales.

Sin embargo, tal disposición no puede llevar a la conclusión de que las agrupaciones políticas nacionales tienen reconocido, constitucionalmente, el derecho a recibir financiamiento público, pues ello implicaría, como incorrectamente pretende la recurrente, identificar a las prerrogativas con el financiamiento público, como si ambas expresiones fueran sinónimas o equivalentes, lo cual no es acertado, como se explica a continuación.

Entre ambos conceptos existe una relación de género a especie, no de equivalencia, pues el financiamiento público constituye sólo una especie de las prerrogativas que el legislador puede establecer a favor de las agrupaciones políticas. En otras palabras, el contenido del término "prerrogativas" es más amplio y engloba al concepto "financiamiento público"; el financiamiento es sólo un tipo o especie de las prerrogativas.

De acuerdo con la vigésima segunda edición del Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua la voz "prerrogativa", del latín praerogativa, tiene tres acepciones:

1. f. Privilegio, gracia o exención que se concede a alguien para que goce de ello, anejo regularmente a una dignidad, empleo o cargo.

2. f. Facultad importante de alguno de los poderes supremos del Estado, en orden a su ejercicio o a las relaciones con los demás poderes de clase semejante.

3. f. Atributo de excelencia o dignidad muy honrosa en algo inmaterial.

La primera acepción es la que corresponde con el sentido que se contiene en el texto del precepto constitucional.

Ello en virtud de que, la segunda acepción se refiere a una facultad de los poderes estatales, lo cual no ocurre en el caso; mientras que el tercer significado es útil para definir la prerrogativa como un atributo de excelencia en algo inmaterial, lo cual tampoco es aplicable en la especie.

Ahora bien, acorde con la primera acepción, el término "prerrogativa" se refiere a un privilegio, gracia o exención concedida a alguien para que goce de ello, que acompaña o se anexa regularmente a una dignidad, empleo o cargo.

Un privilegio, conforme al Diccionario mencionado, es la exención de una obligación o ventaja exclusiva o especial que goza alguien, por concesión de un superior o por determinada circunstancia propia.

Por su parte, en lo que interesa, el Diccionario en consulta define el vocablo gracia como un don o favor que se hace sin merecimiento particular, es una concesión gratuita.

Por último, exención en el multicitado Diccionario es, además del efecto de eximir, la franqueza y libertad de que alguien goza, para eximirse de algún cargo u obligación.

Como se puede observar, el término "prerrogativas", a que se refiere el texto constitucional, implica el otorgamiento de un beneficio o ventaja o bien la exención de un deber, concedida a alguien, en virtud de determinadas circunstancias.

Bajo esta perspectiva, el establecimiento de franquicias postales y telegráficas, el goce de financiamiento público, así como, el acceso a radio y televisión son, sin duda alguna, prerrogativas por constituir el otorgamiento de un beneficio o de una ventaja concedida en virtud de determinada situación o circunstancia, como es el hecho de tener la naturaleza jurídica de agrupación política nacional o de partido político nacional.

De igual forma, la existencia de un régimen fiscal especial, implica tanto el otorgamiento de una ventaja como la exención de determinadas obligaciones a las que se encuentran sujetas otras personas físicas y morales en el Estado mexicano, razón por la cual también se puede conceptuar como una prerrogativa.

En virtud de lo anterior, es claro que el significado de la voz "prerrogativas", utilizada en el texto constitucional en estudio, abarca una serie de ventajas, beneficios o exenciones, que en modo alguno se pueden identificar exclusivamente con el otorgamiento de financiamiento público, puesto que, en todo caso, tal financiamiento sólo se puede considerar como un tipo o especie de prerrogativa. Además, como se expone a continuación, el establecimiento de las prerrogativas es de configuración legal, lo cual significa que corresponde al legislador ordinario determinar las especies y alcance de las prerrogativas de que pueden gozar las agrupaciones políticas nacionales.

Igualmente conviene advertir que en el propio texto constitucional se establece que los sujetos beneficiarios de las prerrogativas en cuestión son tipos especiales de asociación de ciudadanos, denominados partidos políticos y agrupaciones políticas, los cuales deben gozar de prerrogativas, sin que en precepto alguno se establezca que deban ser iguales, lo cual es comprensible, dada la diferente naturaleza que tiene cada forma de asociación, así como las funciones diversas que se les encomienda, por disposición constitucional o legal.

Al respecto cabe señalar que la agrupación política impugnante considera que el texto constitucional, al utilizar el término "prerrogativas", se refiere necesariamente al otorgamiento de un privilegio específico, denominado financiamiento público; sin embargo, ello no es acertado, toda vez que la expresión "prerrogativas", empleada en el artículo 41, párrafo segundo, base V, párrafo noveno, de la Constitución federal, no necesariamente se refiere al financiamiento público, sino a una serie de privilegios, beneficios, ventajas o exenciones, que el texto constitucional omite especificar o determinar individualmente en cuanto a las agrupaciones políticas nacionales.

De ahí que la disposición contenida en el citado párrafo noveno, de la base V, del párrafo segundo, del artículo 41 de la Ley Suprema de la Federación, sea una norma constitucional de configuración legal, de tal suerte que corresponde al legislador ordinario darle contenido al momento de dictar la ley que desarrolle ese mandato constitucional.

Resulta pertinente mencionar que se entiende que la Constitución contiene un mandato de configuración legal cuando, entre otros supuestos, su texto expresamente remite a las disposiciones secundarias que dicte el legislador ordinario.

En el caso, en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no se establece, en forma específica, qué derechos y prerrogativas corresponden a las agrupaciones políticas nacionales, sino que remite a las disposiciones legales para ese efecto, por ello es válido concluir que tal disposición constituye un mandato de configuración legal.

Ante tal circunstancia, resulta evidente que el legislador ordinario se encuentra facultado y, simultáneamente, en la necesidad jurídica de dictar las normas que den contenido específico a ese mandato constitucional.

Corresponde al legislador ordinario dar este contenido específico al precepto constitucional porque, en términos del artículo 73, fracción XXX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el numeral 41 de la propia Carta Magna, el Congreso de la Unión tiene la facultad de expedir las leyes necesarias para hacer efectivas las facultades establecidas en la propia Constitución, en la especie, para reglamentar a nivel federal, entre otras cuestiones, los derechos y obligaciones político-electorales de los ciudadanos; la organización, función y prerrogativas de los partidos políticos y el régimen aplicable a las agrupaciones políticas, así como la función estatal de organizar las elecciones de los integrantes de los Poderes Legislativo y Ejecutivo de la Unión.

En esas circunstancias, si la Ley Fundamental no define las especies y alcance de las prerrogativas de las agrupaciones políticas nacionales y si tal situación constitucional trae como consecuencia que corresponda al legislador ordinario federal realizar esta determinación, entonces la cuestión a dilucidar consiste en determinar si en la legislación secundaria se otorga o no, a esta forma de asociación política, la prerrogativa de recibir financiamiento público.

El Congreso de la Unión, en cuanto ente facultado para desarrollar, en la legislación correspondiente, las disposiciones relativas a las prerrogativas de las agrupaciones políticas nacionales, lejos de dictar una norma que otorgara financiamiento público a estas formas de asociación política, al expedir el nuevo Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, modificó el régimen aplicable a tales agrupaciones y, entre otras cuestiones, determinó tácitamente suprimirles el otorgamiento de financiamiento público, al no expedir precepto jurídico alguno que establezca esta prerrogativa a favor de esas agrupaciones de ciudadanos.

Esta determinación, contrariamente a lo que afirma la recurrente, no contraviene lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque el mandato constitucional invocado por la apelante no impone al legislador la obligación de otorgar una ventaja o exención en particular a las agrupaciones políticas nacionales, sino que remite a la legislación secundaria.

Por disposición constitucional, el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, como legislación de orden público, de observancia general en los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación de catorce de enero de dos mil ocho, vigente a partir del día siguiente de su publicación, es el ordenamiento legal que reglamenta los derechos y obligaciones político-electorales de los ciudadanos; la organización, función y prerrogativas de los partidos políticos y las agrupaciones políticas, así como la función estatal de organizar las elecciones de los integrantes de los Poderes Legislativo y Ejecutivo de la Unión, en conformidad con lo previsto por el artículo 1 del Código en cita.

El mencionado ordenamiento legal, en su Libro Segundo, denominado "De los Partidos Políticos", Título Segundo, intitulado "De la Constitución, Registro, Derechos y Obligaciones", contiene un capítulo específico "Segundo", intitulado "De las Agrupaciones Políticas Nacionales", en cuyos artículos 33 a 35, se contienen las normas que de manera expresa se ocupan de este tipo de organización de ciudadanos, esto es, las define, señala la forma de participación en procedimientos electorales federales, los requisitos para obtener el registro correspondiente, las normas atinentes a sus prerrogativas, rendición de cuentas y causas de pérdida de registro.

Las agrupaciones políticas nacionales se encuentran sujetas tanto a las disposiciones legales que específicamente se ocupan de esas formas de asociación de ciudadanos, como a su normativa interna.

Los aludidos artículos del código electoral establecen:

Capítulo Segundo

De las agrupaciones políticas nacionales

Artículo 33. 1. Las agrupaciones políticas nacionales son formas de asociación ciudadana que coadyuvan al desarrollo de la vida democrática y de la cultura política, así como a la creación de una opinión pública mejor informada.

2. Las agrupaciones políticas nacionales no podrán utilizar bajo ninguna circunstancia las denominaciones de "partido" o "partido político".

Artículo 34. 1. Las agrupaciones políticas nacionales sólo podrán participar en procesos electorales federales mediante acuerdos de participación con un partido político o coalición. Las candidaturas surgidas de los acuerdos de participación serán registradas por un partido político y serán votadas con la denominación, emblema, color o colores de éste.

2. El acuerdo de participación a que se refiere el párrafo anterior deberá presentarse para su registro ante el presidente del Consejo General del Instituto en los plazos previstos en el párrafo 1 del artículo 99, de este Código, según corresponda.

3. En la propaganda y campaña electoral, se podrá mencionar a la agrupación participante.

4. Las agrupaciones políticas nacionales estarán sujetas a las obligaciones y procedimientos de fiscalización de sus recursos conforme a lo establecido en este Código y en el reglamento correspondiente.

Artículo 35.1. Para obtener el registro como agrupación política nacional, quien lo solicite deberá acreditar ante el Instituto los siguientes requisitos:

a) Contar con un mínimo de 5,000 asociados en el país y con un órgano directivo de carácter nacional; además, tener delegaciones en cuando menos 7 entidades federativas.

b) Contar con documentos básicos, así como una denominación distinta a cualquier otra agrupación o partido.

2. Los interesados presentarán durante el mes de enero del año anterior al de la elección, junto con su solicitud de registro, la documentación con la que acrediten los requisitos anteriores y los que, en su caso, señale el Consejo General del Instituto.

3. El Consejo General, dentro del plazo máximo de 60 días naturales contados a partir de la fecha en que conozca de las solicitudes de registro, resolverá lo conducente.

4. Cuando proceda el registro, el Consejo expedirá el certificado respectivo. En caso de negativa, expresará las causas que la motivan y lo comunicará a la asociación interesada.

5. El registro de las agrupaciones políticas cuando hubiese procedido, surtirá efectos a partir del 1o. de agosto del año anterior al de la elección.

6. Las agrupaciones políticas con registro, gozarán del régimen fiscal previsto para los partidos políticos en este Código.

7. Las agrupaciones políticas con registro, deberán presentar al Instituto un informe anual del ejercicio anterior sobre el origen y destino de los recursos que reciban por cualquier modalidad.

8. El informe a que se refiere el párrafo anterior deberá presentarse a más tardar dentro de los 90 días siguientes al último día de diciembre del año del ejercicio que se reporte.

9. La agrupación política nacional perderá su registro por las siguientes causas:

a) Cuando se haya acordado su disolución por la mayoría de sus miembros;

b) Haberse dado las causas de disolución conforme a sus documentos básicos;

c) Omitir rendir el informe anual del origen y aplicación de sus recursos;

d) No acreditar actividad alguna durante un año calendario, en los términos que establezca el reglamento;

e) Por incumplir de manera grave con las disposiciones contenidas en este Código;

f) Haber dejado de cumplir con los requisitos necesarios para obtener el registro; y

g) Las demás que establezca este Código.

Así pues, dichas agrupaciones cuentan con derechos y prerrogativas, establecidas en los artículos 34, párrafos 1 y 3 y 35, párrafo 6, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, entre los primeros, tales como: a) La posibilidad de participar en los procedimientos electorales federales mediante la suscripción de acuerdos de participación política con partidos políticos y coaliciones; b) Ser mencionada en la propaganda y campaña electoral de la elección en que participe la agrupación, y entre las segundas el tener un régimen especial igual al previsto para los partidos políticos.

Estos derechos y prerrogativas sólo se justifican por la naturaleza jurídica y fines legales que, constitucional y legalmente se atribuyen a las agrupaciones políticas nacionales, consideradas como formas de asociación ciudadana, que coadyuvan en el desarrollo de la vida democrática y la cultura política, así como en la creación de una opinión pública mejor informada.

También se advierte que la legislación secundaria no dispone el otorgamiento de financiamiento público a las agrupaciones políticas nacionales, lo cual no significa que se haya omitido establecer prerrogativas a favor de esas formas de asociación de ciudadanos.

En este orden de ideas, es necesario resaltar que, en el actual sistema normativo electoral federal ordinario, no se advierte la existencia de una norma en virtud de la cual se otorgue, a las agrupaciones políticas nacionales, la prerrogativa consistente en el pago de financiamiento público.

Por lo que hace a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en párrafos anteriores se arribó a la conclusión de que el precepto constitucional relativo a las prerrogativas de las agrupaciones políticas nacionales es de configuración legal, porque la Carta Magna no establece en forma alguna los tipos o especies y alcance de esas prerrogativas, sino que remite para ello a la legislación reglamentaria.

En la legislación secundaria vigente se tiene que la única referencia que existe, al financiamiento público de las agrupaciones políticas nacionales, lo constituye el inciso d), del párrafo 1, del artículo 129, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, conforme al cual la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Federal Electoral tiene la atribución de ministrar, a los partidos políticos y agrupaciones políticas, el financiamiento público, de acuerdo con lo establecido en el propio código electoral federal sustantivo.

La disposición jurídica es clara al prever que la atribución otorgada a la Dirección Ejecutiva se debe ejercer conforme a lo establecido en el citado código, lo que significa que la actualización de la hipótesis normativa depende de lo previsto en otras reglas del sistema normativo electoral federal ordinario.

Cabe insistir que, en la especie, el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales no contiene disposición alguna que considere, entre las prerrogativas establecidas a favor de las agrupaciones políticas nacionales, la de otorgar financiamiento público o bien la atribución del Consejo General del Instituto Federal Electoral de determinar el pago de ese financiamiento. Menos aun se establece el procedimiento o mecanismo a través del cual el órgano administrativo electoral debe fijar el monto de tal financiamiento público y tampoco se advierte que el nuevo código electoral federal contenga un apartado para regular el origen y destino del financiamiento público, a las agrupaciones políticas nacionales.

Del análisis integral al citado código actual se concluye que se modificó, de manera sustancial, el régimen jurídico aplicable a las agrupaciones políticas nacionales.

En esa modificación se determinó la supresión del otorgamiento de financiamiento público a las agrupaciones políticas nacionales, lo cual se desprende del análisis comparativo realizado entre el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales de mil novecientos noventa y el actualmente en vigor y, de manera especial, entre lo previsto en los párrafos 7 a 10 del artículo 35 del código electoral abrogado, con lo establecido en el artículo 35 del código actualmente en vigor.

El artículo 35, párrafo 7, del código electoral abrogado establecía que las agrupaciones políticas con registro gozarían de financiamiento público, para apoyo de sus actividades editoriales, educación y capacitación política e investigación socioeconómica y política y en los tres apartados siguientes, determinaba las reglas para la determinación y entrega de ese financiamiento.

Sin embargo, tal prerrogativa ya no está prevista en el texto del nuevo Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el catorce de enero de dos mil ocho, en vigor a partir del día siguiente, lo cual significa que fue derogada tácitamente.

Al respecto, importa considerar que en el Dictamen con Proyecto de Decreto que expide el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, publicado en la Gaceta Parlamentaria, número 2401-V, del martes once de diciembre de dos mil siete y presentado por la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos y que fue aprobado por la Cámara de Diputados en la sesión celebrada ese mismo día, se expresa:

"Respecto de las agrupaciones políticas nacionales, en el capítulo relativo se propone flexibilizar sus obligaciones y suprimir el financiamiento público que venían recibiendo por parte del IFE. Lo anterior obedece a la experiencia que se ha vivido desde 1996, cuando la figura de las agrupaciones fue reintroducida en el Cofipe. Hoy en día más de 150 organizaciones disponen de registro ante el IFE, el financiamiento público que se les otorga a cada una de ellas ha decrecido en forma sustancial, pero subsisten problemas generalizados para su asignación con criterios de igualdad y sobre todo para su fiscalización y control. Lo cierto es que no puede ser el financiamiento público la causa que motive la existencia o desaparición de esas agrupaciones".

Como se puede observar, la intención expresa del legislador, en términos del documento en consulta, que forma parte importante del procedimiento de creación de la norma, fue suprimir el financiamiento público que las agrupaciones políticas nacionales recibían, conforme a la normativa electoral ahora abrogado, por considerar que ese financiamiento público no podía ser la causa de la cual dependiera la existencia o extinción de esa forma de organización política de los ciudadanos; con independencia de los problemas prácticos apuntados en el mismo Dictamen de la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.

Derivado de lo anterior, se advierte que, en la discusión del nuevo ordenamiento federal en materia electoral sustantiva, la postura que prevaleció y que fue adoptada por la mayoría de los integrantes del órgano legislativo, consistió en suprimir el financiamiento público previsto a favor de las agrupaciones políticas nacionales, en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos electorales de mil novecientos noventa, lo cual se vio reflejado en las modificaciones introducidas al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales actualmente en vigor.

Por tanto, en la aplicación de los métodos de interpretación sistemática y funcional, resulta incuestionable concluir que uno de los objetivos de la reforma electoral, en términos del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales publicado en el Diario Oficial de la Federación el catorce de enero de dos mil ocho, en vigor a partir del día siguiente, fue precisamente eliminar el financiamiento público que anteriormente se otorgaba a las agrupaciones políticas nacionales.

Bajo esa perspectiva, es conforme a Derecho concluir que la normativa electoral vigente no otorga a las agrupaciones políticas nacionales la prerrogativa consistente en recibir financiamiento público, toda vez que no existe disposición expresa en virtud de la cual se ordene destinar este tipo de financiamiento a favor de esas agrupaciones de ciudadanos.

No es obstáculo a esta conclusión, lo afirmado por la recurrente, en el sentido de que el artículo 129, párrafo 1, inciso d), del multicitado código electoral federal atribuye a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Federal Electoral, la facultad de ministrar financiamiento público a las agrupaciones políticas nacionales, porque tal facultad se debe ejercer conforme a lo establecido en la normativa aplicable y, como se mencionó, no existe disposición expresa en la que se otorgue el derecho a las agrupaciones políticas nacionales, de recibir financiamiento público y tampoco existe disposición legal o constitucional alguna que ordene al Instituto Federal Electoral a cuantificar y distribuir ese tipo de financiamiento a las agrupaciones políticas.

Tampoco es óbice, para arribar a la conclusión precedente, lo alegado por la enjuiciante, en el sentido de que el legislador incurrió en una omisión al dejar de establecer las reglas para fijar el financiamiento público para las agrupaciones políticas nacionales.

Esto es así, porque la supuesta simple omisión legislativa alegada es inexistente, ya que, como se ha visto, del análisis de las anteriores disposiciones así como de las vigentes, relacionado con los trabajos legislativos, se advierte que en la expedición del nuevo código electoral federal se determinó suprimir el financiamiento público a las agrupaciones políticas nacionales, como objetivo específico.

En ese orden de ideas, es claro que el legislador tomó la decisión de eliminar dicha prerrogativa de las agrupaciones políticas nacionales. Tal intención se advierte tanto en el dictamen de reforma del mencionado código electoral, como en la discusión que se llevó a cabo para la aprobación del nuevo Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Esto es así, porque, como ya se mencionó, las prerrogativas de las agrupaciones políticas nacionales son de configuración legal, sin que exista norma constitucional que obligue al legislador ordinario federal a establecer, entre dichas prerrogativas, el otorgamiento de financiamiento público.

Por ello, al ser el mandato constitucional de configuración legal, el legislador cumplió con ella al establecer prerrogativas a favor de las agrupaciones políticas nacionales, en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, consistentes en la aplicación de un régimen fiscal especial y la posibilidad de participar en las elecciones federales mediante convenios suscritos con partidos o coaliciones políticas, sin que estuviera obligado a legislar sobre determinadas prerrogativas, pues debe entenderse que en sede constituyente se consideró pertinente dejar la determinación y decisión de cuáles eran las prerrogativas que debían otorgarse a estas agrupaciones políticas.

Por todo lo anterior, se considera infundado lo alegado por la apelante respecto de la inconstitucionalidad del artículo 35 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, del cual solicita su inaplicación.

También es infundado lo afirmado por la agrupación política demandante, en el sentido de que se le tiene que otorgar financiamiento público, en virtud de que la ley le exige el cumplimiento de obligaciones y la realización de funciones similares a las de los partidos políticos, porque la apelante parte de la premisa inexacta de realizar una pretendida equiparación con los partidos políticos, la cual no es pertinente.

Esto es así, porque los partidos y las agrupaciones políticas nacionales constituyen entes jurídicamente diferentes, de tal forma que la naturaleza y funciones de los partidos políticos y de las agrupaciones son distintas.

Los partidos políticos son considerados por la base I del párrafo segundo del artículo 41 constitucional como entidades de interés público, las cuales tienen como finalidad promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación nacional y como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público.

En cambio, las agrupaciones políticas nacionales, definidas por el numeral 33 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, como formas de asociación ciudadana, tienen como finalidad coadyuvar al desarrollo de la vida democrática y de la cultura política, así como a la creación de una opinión pública mejor informada.

Como se puede observar, las diferencias entre ambos tipos de asociaciones son de tal naturaleza que no existe punto de equiparación entre unas y otras, en cuanto a que los partidos políticos constituyen entidades de interés público, mientras que las agrupaciones políticas conforman una asociación ciudadana.

La misma situación se presenta en cuanto a los fines, pues los partidos son un medio constitucionalmente definido para integrar la representación nacional y hacer posible el acceso de los ciudadanos al ejercicio del poder; en cambio, la función de las agrupaciones políticas nacionales se centra en coadyuvar en el desarrollo de la vida democrática y fomentar la cultura democrática del país.

Sirve de criterio orientador a lo expuesto, la tesis jurisprudencial emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo X, agosto de mil novecientos noventa y nueve, página quinientos sesenta y cinco, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente:

PARTIDOS POLÍTICOS NACIONALES Y AGRUPACIONES POLÍTICAS LOCALES. SU NATURALEZA Y FINES (CÓDIGO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL). Una interpretación armónica de los preceptos relativos del Código Electoral del Distrito Federal, que regulan lo relativo a las asociaciones políticas en dicha entidad, permite concluir que los partidos políticos nacionales y las agrupaciones políticas locales, como especies de aquéllas, poseen características y fines diversos. A esta afirmación se llega si se toma en cuenta, en principio, que en el artículo 19 de aquel cuerpo de normas se reserva la denominación de partido político a las asociaciones políticas que tienen su registro como tal ante las autoridades federales y, respecto de las agrupaciones políticas locales, al disponer que serán formas de asociación ciudadana que coadyuven al desarrollo de la vida democrática, cultura política, a la creación de una opinión pública mejor informada y que serán un medio para la participación, el análisis, discusión y resolución de los asuntos políticos de la ciudad. De igual manera, en cuanto a la actividad primordial de cada una de esas especies se deduce que mientras para los primeros se identifica necesariamente con los procesos tendientes a la renovación de los titulares de los órganos públicos sujetos a elección popular, los segundos la desarrollan en ámbitos distintos de los propiamente electorales, pues se les excluye de toda injerencia, directa o indirecta, en dichos procesos, esto es, sólo pueden promover la participación colectiva de la ciudadanía en torno a la discusión, análisis, investigación y elaboración de propuestas de interés público y para el intercambio de opiniones sobre los asuntos públicos de la Ciudad de México.

En ese orden de ideas, es claro que al ser distinta la naturaleza y diversos los objetivos perseguidos por unos y otras formas de asociación, distintos deben ser, consecuentemente, los derechos y prerrogativas atribuidas, los cuales si bien pueden ser coincidentes como en el caso del régimen fiscal, ese simple hecho no implica que las agrupaciones políticas nacionales deban gozar de las mismas prerrogativas que los partidos políticos, pues la naturaleza y fines de cada forma de asociación es distinta.

Bajo esa perspectiva, el derecho a recibir financiamiento público, conforme a las reglas vigentes, corresponde en exclusiva a los partidos políticos.

En consecuencia, no es factible asignar a los dispositivos legales en que se apoyó la pretensión de la recurrente, mayor alcance del que legalmente tienen y menos aún, al extremo de estimar que tales agrupaciones tienen los mismos derechos y prerrogativas legalmente reservadas para los partidos políticos, en especial lo relacionado con el financiamiento público, pues, como se precisó, existen disposiciones de orden constitucional como legal, que ubican en planos distintos a cada una de esas instituciones políticas.

Finalmente, es infundado lo alegado por la agrupación demandante de que, a pesar de que la ley les exige el cumplimiento de diversas obligaciones y la realización de determinados fines, la responsable dejó de otorgarles financiamiento público.

En efecto, en primer término, es necesario considerar que las agrupaciones políticas tienen la posibilidad de financiar sus actividades mediante recursos privados a través de las donaciones recibidas de afiliados y simpatizantes, a través de lo recaudado en rifas, sorteos, etcétera.

Asimismo, precisamente en virtud de esas funciones y obligaciones, la ley les otorga determinadas prerrogativas, como son la de de gozar de un régimen fiscal diferenciado que comprende la exención en el pago de determinados derechos e impuestos, etcétera.

Por todo lo expuesto, ha lugar a declarar infundados los motivos de inconformidad en examen.

Por su parte, en cuanto a lo relacionado con el incumplimiento de una obligación legal por parte de la responsable, en opinión de la actora, el consejo señalado como responsable violentó las disposiciones normativas que le indicaban cómo actuar a la entrada en vigor del nuevo Código Federal de Instituciones y procedimientos Electorales.

Esto, porque el artículo cuarto transitorio del ordenamiento legal en cita establece que los asuntos que se encuentren en trámite a la entrada en vigor del mismo, serán resueltos conforme a las normas vigentes al momento de su inicio.

Así las cosas, a juicio de la recurrente, en el caso de la ministración anual de financiamiento público que, sostiene, debe otorgarse a las agrupaciones políticas nacionales en el dos mil ocho, comenzó en el mes de agosto del año anterior.

En este orden de ideas, según dicho de la recurrente, en el caso es aplicable la fórmula que estableció el legislador en el artículo transitorio citado y, por tanto, la responsable debió ceñirse a lo dispuesto en él.

Por lo anterior, en opinión de la apelante, en el caso resulta aplicable lo dispuesto en los numerales 7, 8 y 9 del artículo 35 del código electoral federal que estuvo vigente hasta el catorce de enero de dos mil ocho, además de los artículos 2.1 y 3.1 del Reglamento para el Financiamiento Público que se otorgue a las Agrupaciones Políticas Nacionales y, su incumplimiento, dio lugar a que se violara la ley y se causara un serio agravio a la recurrente pues, a su juicio, la responsable incumplió con su obligación de constituir el fondo correspondiente y, dejó de aprobar el monto que debía entregarse a la apelante.

Los agravios son infundados.

Ene efecto, conforme al postulado consagrado en el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, norma fundamental que debe imperar sobre todo el orden jurídico, atento al principio de supremacía constitucional, estatuido en el numeral 133 de la propia Carta Magna, los principios rectores a los que debe sujetarse el Instituto Federal Electoral, son la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad.

El principio de legalidad entraña la obligación de las autoridades electorales de apegarse estrictamente a los límites que constitucional y legalmente les son impuestos, motivo por el cual, si la constitución y la ley, no conceden de manera expresa a las agrupaciones políticas nacionales la prerrogativa de recibir financiamiento público, entonces la autoridad electoral no debe otorgársela.

En efecto, como se ha demostrado, en el actual sistema normativo electoral federal no se advierte la existencia de una norma en virtud de la cual se otorgue a las agrupaciones políticas nacionales la prerrogativa de gozar de financiamiento público.

Además, acorde con lo establecido en el código electoral vigente, las agrupaciones políticas nacionales cuentan únicamente con dos tipos de prerrogativas: la posibilidad de suscribir acuerdos de participación con partidos y coaliciones políticos a efecto de participar en un proceso electoral y la de gozar de un régimen fiscal especial.

En esas condiciones, es válido concluir que la normatividad electoral vigente no impone un deber de actuación al Consejo General del Instituto Federal Electoral consistente en establecer el financiamiento público a las agrupaciones políticas nacionales, toda vez que no existe disposición expresa en la que se ordene a dicho órgano emitir o aprobar un acuerdo, por el cual se destine este tipo de financiamiento a favor de dichas agrupaciones.

Ahora bien, sobre la posible aplicación retroactiva de lo dispuesto en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales vigente a partir de su publicación en el Diario Oficial de la Federación el catorce de enero de dos mil ocho, en perjuicio de la agrupación política recurrente, y la consecuencia vulneración del principio consagrado en el artículo 14 de la Constitución general de la República, esta Sala Superior considera que, en el caso, no existen las condiciones que permitan afirmar que los actos impugnados suponen una aplicación retroactiva de la nueva legislación en perjuicio de la promovente, en atención a lo siguiente.

En el presente asunto, la cuestión medular es verificar si los actos impugnados o sus efectos suponen una aplicación retroactiva de la nueva legislación en perjuicio de la agrupación recurrente.

Al respecto, es preciso señalar que, en principio, los actos de la autoridad administrativa electoral se rigen por la normativa vigente al momento de su emisión, siendo un principio general del Derecho, que se invoca en términos del artículo 2 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, que todo hecho o acto jurídico se regula por la ley vigente al momento de su verificación o realización, principio expresado en la fórmula latina tempus regit factum. Tal principio opera también como una regla de solución de conflicto de validez normativa, en razón del tiempo.

En este sentido, como se ha expuesto, la legislación vigente no establece el derecho de las agrupaciones políticas nacionales de recibir financiamiento público; por tanto, tampoco existe la obligación de la autoridad administrativa electoral de establecer el fondo conducente y, menos aún el deber de entregar el financiamiento público en términos de la normativa electoral abrogada.

Ahora bien, para el análisis de la posible afectación de derechos o situaciones concretas definidas con anterioridad a la entrada en vigor del nuevo código electoral federal, es preciso determinar si, en efecto, existía tal derecho o situación al momento de la entrada en vigor de dicha legislación, que impidiera la aplicación de la nueva normativa, en tanto que tal aplicación implicara desconocer derechos adquiridos o situaciones concretas en perjuicio de la demandante.

Esta Sala Superior ya ha considerado que el artículo 14 de la Constitución garantiza el respeto de las situaciones legalmente establecidas, impidiendo que la ley modifique el pasado en perjuicio de persona alguna, es decir, prohíbe que la ley sea aplicada retroactivamente. Sin embargo, el concepto jurídico de la retroactividad tiene una connotación estricta; no basta que una ley se aplique sobre situaciones del pasado, si no que, además, debe producir efectos perjudiciales concretos, sobre un sujeto de derecho determinado, para que se considere tal aplicación como infractora de la prohibición contenida en la citada disposición constitucional.

1 SUP-JDC-2471/2007, sentencia de veintitrés de enero de dos mil ocho.

Las teorías acerca de la retroactividad de las normas jurídicas tratan de establecer la prohibición de tal aplicación retroactiva de la ley, cuando ésta es en perjuicio de alguna persona.

Una forma de analizar la aplicación retroactiva de la norma jurídica es a partir de la teoría de los derechos adquiridos; esta teoría sostiene que la ley es aplicada retroactivamente cuando modifica o desconoce los derechos adquiridos, de acuerdo con una ley anterior, y que no lo es, aún cuando obre sobre el pasado, si sólo rige lo que conforme a la ley derogada constituía una simple expectativa de derecho. En esta tesitura se debe entender que los derechos adquiridos son los que han entrado al patrimonio de la persona, que forman parte de su haber jurídico; por tanto, no se le pueden quitar. La expectativa de derecho es, en cambio, tan sólo una esperanza, fundada en un hecho pasado o en un estado presente de cosas, para poder gozar de un derecho, cuando éste surja a la vida jurídica.

Otra perspectiva de la retroactividad se basa en la distinción entre las situaciones jurídicas abstractas y concretas. Cuando la ley se expide, crea situaciones abstractas, que se transforman en concretas cuando se realiza determinado hecho previsto por la misma ley, en virtud del cual se concretan los derechos y obligaciones para la persona interesada; en este sentido, se puede considerar que la aplicación de una ley es retroactiva, cuando no respeta las situaciones jurídicas concretas nacidas u originadas bajo la vigencia de la ley anterior, ya sea por desconocer esas situaciones o bien por modificarlas, imponiendo nuevas cargas u obligaciones; consecuentemente, una nueva ley puede modificar situaciones jurídicas abstractas, provenientes de leyes vigentes con anterioridad, siempre y cuando no se han actualizado los supuestos normativos.

En tal virtud, la cuestión a dilucidar es, si la agrupación política recurrente, al momento de entrar en vigor el nuevo Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales se encontraba en el contexto de una situación jurídica concreta de la cual derivara un derecho efectivo a exigir el cumplimiento de la obligación correlativa, en términos del artículo 35 del código electoral abrogado.

Para estar en posibilidad de determinar si existía, al momento de la entrada en vigor del nuevo código electoral una situación jurídica concreta, que pudiera verse afectada por la aplicación inmediata de la nueva normativa, es preciso atender a lo dispuesto por la normativa vigente hasta el catorce de enero de dos mil ocho.

Al respecto, cabe señalar que el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales, vigente hasta el catorce de enero de dos mil ocho, establecía:

"Artículo 35.

[…]

7. De igual manera, las agrupaciones políticas con registro, gozarán de financiamiento público para apoyo de sus actividades editoriales, educación y capacitación política, e investigación socioeconómica y política.

8. Para los efectos del párrafo anterior, se constituirá un fondo consistente en una cantidad equivalente al 2% del monto que anualmente reciben los partidos políticos para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes.

9. Este fondo se entregará anualmente a las agrupaciones políticas, en términos de lo previsto en el reglamento que al efecto emita el Consejo General.

10. Las agrupaciones políticas con registro, a fin de acreditar los gastos realizados, deberán presentar a más tardar en el mes de diciembre de cada año los comprobantes de los mismos. Ninguna agrupación política podrá recibir más del 20% del total del fondo constituido para este financiamiento".

Por su parte, en el Reglamento para el financiamiento público que se otorgue a las Agrupaciones Políticas Nacionales2 se dispuso:

2 Acuerdo del Consejo General del Instituto Federal Electoral por el que se abroga el Reglamento para el financiamiento público para las agrupaciones políticas nacionales publicado el 6 de marzo de 2002, y se emite el Reglamento para el financiamiento público que se otorgue a las agrupaciones políticas nacionales. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 3 de enero de 2005.

Artículo 1

1.1. Este Reglamento establece las normas, requisitos y procedimientos conforme a los cuales se otorgará el financiamiento público a las Agrupaciones Políticas Nacionales para sus actividades editoriales, de educación y capacitación política y de investigación socioeconómica y política, en los términos del artículo 35 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Artículo 2

2.1. Una vez que el Consejo General del Instituto determine el financiamiento público de los Partidos Políticos Nacionales por actividades ordinarias permanentes para cada año, el propio Consejo ordenará la constitución de un fondo equivalente al dos por ciento del total aprobado por actividades ordinarias permanentes para todos los Partidos Políticos Nacionales, de conformidad con el párrafo 8 del artículo 35 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

2.2. Las actividades de las Agrupaciones Políticas Nacionales que podrán ser objeto del financiamiento a que se refiere este Reglamento deberán tener como objetivo coadyuvar al desarrollo de la vida democrática y de la cultura política, así como a la creación de una opinión pública mejor informada.

2.3. Las actividades que podrán ser susceptibles de financiamiento público serán exclusivamente las previstas en el párrafo 7 del artículo 35 del Código de la materia.

2.4. Por la actividad de Educación y Capacitación Política se entenderá la realización de cursos, talleres, congresos, diplomados y seminarios, organizados preponderantemente por la Agrupación Política, encaminados a inculcar en la población los valores democráticos e instruir a los ciudadanos en sus derechos y obligaciones políticas; formar ideológica y políticamente a sus asociados, infundir en ellos el respeto a las disposiciones constitucionales y legales que rigen las actividades político-electorales en los Estados Unidos Mexicanos.

2.5. Por la actividad de Investigación Socioeconómica y Política se entenderá la realización de estudios, análisis, encuestas y diagnósticos—todos ellos originales—sobre los problemas nacionales y/o regionales que contribuyan, directa o indirectamente, a la elaboración de propuestas para su solución. Tales estudios deberán elaborarse conforme a una metodología científica consistente con las normas y prácticas comúnmente aceptadas en la comunidad científica y profesional especializada de que se trate, siempre respetando el pluralismo metodológico propio de toda práctica científica y profesional. En esta actividad no serán susceptibles de financiamiento aquellas que incluyan encuestas o reactivos relativos a preferencias electorales.

2.6. Por la actividad de Tareas Editoriales se entenderá la edición y producción de impresos, video grabaciones, medios ópticos y medios magnéticos de las actividades relacionadas con los objetivos de coadyuvar al desarrollo de la vida democrática y de la cultura política, o bien de las publicaciones que las Agrupaciones Políticas Nacionales están obligadas a realizar en términos del inciso h) del párrafo 1 del artículo 38 del Código de la materia. Todas estas actividades deberán ser originales.

2.7. Las actividades a que se refiere este artículo deberán desarrollarse dentro del territorio nacional y llevarse a cabo de conformidad con lo establecido en el presente Reglamento.

2.8. La totalidad de los ingresos y egresos relacionados con las actividades referidas en el presente artículo deberán reportarse dentro del informe anual correspondiente, conforme a lo establecido en el artículo 49-A, párrafo 1, inciso a) del Código electoral.

Artículo 3

3.1. El fondo constituido conforme a lo establecido en el artículo 2.1 del presente Reglamento, será determinado por la Comisión de Prerrogativas, Partidos Políticos y Radiodifusión, para someterlo a la aprobación del Consejo General, conforme a las siguientes bases:

a) El sesenta por ciento del fondo será distribuido en forma igualitaria entre todas las Agrupaciones Políticas Nacionales que cuenten con registro, lo que deberá ser aprobado por el Consejo General en el mes de enero, y será ministrado en el mes de febrero.

b) El cuarenta por ciento del fondo será distribuido entre las Agrupaciones Políticas Nacionales con registro que acrediten los gastos realizados mediante la evaluación de la calidad de las actividades llevadas a cabo y la transparencia de sus erogaciones.

3.2. Para recibir sus ministraciones, las Agrupaciones Políticas Nacionales deberán acreditar ante la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos a un representante con facultades de administración o de dominio, en términos de sus estatutos o de poder notarial otorgado para el efecto.

3.3. La Comisión de Fiscalización de los Recursos de los Partidos y Agrupaciones Políticas del Consejo General, en uso de sus facultades y conforme a la normatividad vigente, verificará la correcta aplicación de los recursos.

3.4. No serán consideradas dentro de las actividades previstas en el artículo 2 de este Reglamento las siguientes:

a) Las actividades ordinarias permanentes de las Agrupaciones Políticas;

b) Las actividades de propaganda electoral y los gastos operativos de campaña que realicen las Agrupaciones Políticas para las campañas electorales en las que participen conforme a los acuerdos de participación que celebren con los partidos políticos.

c) Los gastos para la celebración de un acuerdo de participación política electoral;

d) Los gastos para la celebración de las reuniones por aniversarios o por congresos y reuniones internas que tengan fines administrativos, de organización interna o para definir la posición política de las Agrupaciones Políticas;

e) Los gastos para la celebración de asambleas orientadas a la obtención del registro como Partido Político Nacional;

f) Las erogaciones por concepto de hipotecas.

g) Las actividades que incluyan encuestas o reactivos relativos a preferencias electorales.

h) Tareas editoriales o de investigación socioeconómica y política que no sean de producción original.

Como se ha razonado en párrafos precedentes, de acuerdo a la teoría de las situaciones jurídicas abstractas y concretas, cuando se expide una ley, se genera una serie de derechos para los gobernados (situaciones jurídicas abstractas), los cuales se concretan, incorporándose a su patrimonio (situaciones jurídicas concretas), cuando se lleva a cabo un determinado hecho previsto en la propia ley, es decir, cuando se realiza el supuesto normativo, el cual, a su vez, hace surgir derechos y obligaciones para los interesados. En este sentido, la transformación de la situación jurídica abstracta en situación jurídica concreta no está siempre al alcance y poder de los interesados.

En este particular, el Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Federal Electora, al haber emitido la determinación impugnada, contenida en el oficio DEPPP/DPPF/0267/2008, no aplicó retroactivamente el artículo 35 del Código Federal del Instituciones y Procedimientos Electorales, en perjuicio de la agrupación ahora actora.

Conforme a la legislación vigente hasta el catorce de enero del año que transcurre, las agrupaciones políticas con registro gozaban del derecho de recibir financiamiento público, para apoyo de sus actividades editoriales, educación y capacitación política, e investigación socioeconómica y política, para lo cual se constituía un fondo con una cantidad equivalente al dos por ciento del monto que anualmente recibían los partidos políticos, para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes.

Ese fondo, conforme a la normativa entonces vigente, se entregaba anualmente a las agrupaciones políticas, en términos de lo previsto en el Reglamento emitido por el Consejo General del Instituto Federal Electoral. En este sentido, la ley anterior creaba una situación jurídica abstracta a favor de las agrupaciones políticas nacionales, consistente el derecho de recibir financiamiento público, además de establecer que la autoridad electoral administrativa debía constituir un determinado fondo el cual, en su oportunidad, se debía repartir entre las mencionadas organizaciones de ciudadanos.

Para poder exigir el pago de ese financiamiento público era necesario estar a lo previsto en el Reglamento expedido por el Consejo General, el cual estableció que el derecho exigir el pago respectivo se actualizaba hasta que era aprobado el fondo que la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Federal Electoral, debía someter a consideración del mencionado Consejo General.

En este orden de ideas, es claro que el Consejo General debía aprobar el monto para el financiamiento público para las agrupaciones políticas nacionales, en el mes de enero del año correspondiente, sin que se encontrara compelido a sesionar en un determinado día ya que el artículo 3, párrafo 1, inciso a), del Reglamento para el financiamiento público que se otorgue a las agrupaciones políticas nacionales, establece el plazo de un mes, correspondiente a enero de cada año y no una fecha determinada o término fatal para tal efecto.

Ahora bien, para la concreción del derecho a recibir financiamiento público, se requería necesariamente que las consecuencias nacidas bajo la norma anterior, se hubieran generado al cumplirse el hecho previsto en la propia ley, como en la aprobación del fondo y fijación el monto respectivo; es decir, que se hubiera perfeccionado el derecho, pues de no ser así, éste quedaba sujeto a las posibles regulaciones que la ley introdujera, al ser evidente que la abrogación o derogación de una norma y la vigencia de la nueva norma, surte efectos hacia futuro.

En el contexto apuntado, las agrupaciones políticas tenían a su favor el derecho en abstracto a recibir financiamiento público, al otorgarles tal prerrogativa la ley sustantiva de la materia; sin embargo, es hasta que se fija el monto del fondo y se aprueba por el Consejo General, cuando este se concretiza, por ser el momento en que se especifica la cantidad a repartir, así como lo que a cada agrupación debía corresponder.

Además, otro elemento que permite establecer que el derecho se encontraba en abstracto, es el relativo a que la autoridad electoral administrativa tenía obligación de entregar las cantidades atinentes, a partir del mes de febrero, pues, en el mes de enero, lo único que tenía que realizar era su cuantificación o concreción, de ahí que mientras no se aprobara y el pago del financiamiento público no fuera exigible, dada la fecha en que el propio Reglamento establece su entrega, menos aún se puede pensar que ese derecho hubiera entrado al patrimonio de la agrupación política recurrente.

En este orden de ideas, si con motivo de la entrada en vigor de una nueva legislación, se priva a las agrupaciones políticas nacionales del derecho a recibir financiamiento público, lo que sucedió el día quince de enero de dos mil ocho, es evidente que no existe aplicación retroactiva de la legislación actualmente en vigor, ya que el nuevo ordenamiento sólo modificó, con efecto hacia el futuro, una situación jurídica abstracta derivada de la legislación abrogada, sin afectar el derecho de las agrupaciones políticas nacionales, en cuanto al financiamiento público recibido por actividades realizadas en años anteriores a dos mil ocho.

Resulta pertinente reiterar que, en este particular, previamente a cualquier acto de concreción o a la conclusión del plazo respectivo, se modificó el régimen de financiamiento de las agrupaciones políticas con la entrada en vigor del nuevo código electoral, el quince de enero del año en curso, con lo cual, al no estar previsto en la legislación aplicable, el derecho correspondiente, no existía la obligación correlativa de la autoridad electoral administrativa de establecer el fondo aludido y de fijar el monto respectivo, pues no podía exigir a esa autoridad que ejerciera una facultad no prevista en la normativa vigente, al momento de emitir el acto mediante el cual determinó el financiamiento público para los partidos políticos.

Es preciso señalar que tratándose de las materias que se rigen por el derecho público, como acontece en la especie, se ha considerado que generalmente no es aplicable la noción del derecho adquirido, en el sentido de que los individuos pueden seguir rigiéndose de manera indefinida conforme a las reglas vigentes en un momento dado, en tanto que dicho sistema responde a las necesidades de una constante adecuación de los fines estatales que se pretenden conseguir, aun cuando ello no puede implicar que ese tipo de normas queden excluidas de la observancia del derecho fundamental consistente en la irretroactividad de la ley3.

3 Así lo ha sostenido esta Sala Superior en las sentencias recaídas a los expedientes SUP-RAP-50/2005 y SUP-RAP-51/2005, emitidas, respectivamente, el diecisiete de noviembre de dos mil cinco y el veintiséis de mayo de dos mil seis.

En este sentido, se debe señalar que tampoco se puede alegar la afectación de un supuesto derecho o situación anterior, cuando al momento de la aplicación de la ley la situación jurídica del interesado se ha modificado de tal forma que no goza ya del derecho invocado; considerar lo contrario supondría colocar un interés particular sobre el interés público, lo cual no encuentra explicación razonable. En este particular, no es factible que prevalezca el interés de la recurrente, porque ello involucra la disposición o afectación de recursos públicos, cuyo estricto control y fiscalización responden a un interés general determinado en la Constitución y en la ley.

La modificación del régimen de financiamiento de las agrupaciones políticas nacionales supone la modificación de una institución jurídica, por razones de orden público, en tanto que se expresan en una reforma legislativa, siendo potestad del legislador modificar las situaciones jurídicas que estime pertinentes, así como establecer los cambios, en el ordenamiento jurídico, que respondan al proceso de evolución de la vida social dentro de los límites impuestos por la propia Constitución.

De ahí lo infundado de los agravios.

Por otro lado, es infundado el disenso consistente en que al haber iniciado el procedimiento de asignación de financiamiento a las agrupaciones políticas nacionales en el dos mil siete, con la emisión de diversos acuerdos relacionados con el Presupuesto de Egresos de la Federación, debieron considerarse como de trámite; y por tanto, aplicarse el contenido del artículo cuarto transitorio del nuevo Código Federal del Instituciones y Procedimientos Electorales.

Si bien diversos procedimientos relacionados con el financiamiento de las agrupaciones políticas se iniciaron desde finales del año dos mil siete, con la emisión del acuerdo CG239/2007 relacionado con la aprobación del anteproyecto de presupuesto del Instituto Federal Electoral para el ejercicio del dos mil ocho, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de octubre de dos mil siete, el cual con ciertos ajustes se contempló en el Presupuesto de Egresos de la Federación, tal cuestión no puede servir de justificación para estimar que el financiamiento de las agrupaciones políticas nacionales representaba un "asunto que se encontraba en trámite" a la entrada en vigor del nuevo Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en atención a que la serie de acciones que el Instituto Federal Electoral realizó en el último trimestre del año próximo pasado con el objeto de calcular el presupuesto que debería asignársele contemplando todas aquellas erogaciones con que potencialmente tendría que afrontar la institución durante el ejercicio fiscal dos mil ocho, constituyen solo parte de las acciones programáticas que de conformidad con lo dispuesto en el derogado artículo 82, párrafo 1, inciso v), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, tenía obligadamente que realizar, para luego, remitirlo al titular del Poder Ejecutivo Federal para su inclusión en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, y posterior presentación a la Cámara de Diputados para su aprobación final, según lo dispone el artículo 74, fracción IV, párrafo 2, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En tal sentido, el hecho de que en el aludido acuerdo se haya determinado que del proyecto de presupuesto del Instituto Federal Electoral estipulado en $ 8,613.0 millones de pesos, el 35.6% equivalente a $ 3,062.2 millones de pesos, correspondía al financiamiento público de los partidos políticos y agrupaciones políticas nacionales, y la previsión de la constitución de cuatro partidos políticos nacionales, el cual finalmente quedó aprobado por la Cámara de Diputados en un monto de $ 7´967´033,480, no puede estimarse como un trámite tendiente a la asignación, propiamente de financiamiento de las agrupaciones políticas y que pueda servir de base para ahora reclamar el nacimiento de prerrogativas a favor de la apelante al amparo de la anterior legislación y, que como tal, deba de serle reconocida aún con la vigencia de las nuevas disposiciones del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, ya que las acciones en cuestión, tal y como se manifestó, sólo representan la realización de actividades operativas al interior del organismo electoral, que se reitera, no tuvieron como objeto determinar financiamiento para las agrupaciones políticas sino el presupuesto a ejercer por el Instituto Federal Electoral lo que tiene que realizarse en los términos y condiciones que se establezca en la ley de la materia.

Aunado a lo anterior, es necesario considera que el Decreto de Presupuesto de Egresos solamente autoriza el ejercicio de los recursos públicos, el cual debe realizarse conforme a las normas que regulan las competencias, atribuciones y deberes de cada ente público establecidas en la legislación aplicable, por ello, dicho acto no puede generar derechos u obligaciones distintos a los que ya se encuentran previstos en tal legislación.

De ahí, lo infundado del agravio.

Finalmente, respecto a la violación al derecho de petición, en opinión de la agrupación actora, a la fecha en que se interpuso el presente medio impugnativo, la responsable no había dado contestación al oficio que presentó el veintiuno de enero pasado, en el que solicitó le fuera entregado el financiamiento público correspondiente.

Lo alegado sobre el particular por la agrupación política incoante deviene infundado.

Esto, pues si bien a la fecha en que se interpuso el presente medio impugnativo no se había otorgado resuesta al escrito presentado por la actora, lo cierto es que en autos existe constancia, en copia certificada, del oficio número DEPPP/DEPPF/0267/2008 de seis de febrero del presente año, con el que se da contestación a su solicitud.

En este sentido, a ningún efecto práctico llevaría acoger lo señalado por la impetrante, pues su pretensión ha quedado colmada con el oficio de señalado.

En efecto, el documento de mérito se encuentra dirigido a Gustavo García Arias, en su calidad de Presidente de la Agrupación Política Nacional "Unidad Nacional Progresista", siendo él mismo quien comparece en esta instancia, en la que se ostenta con el mismo carácter.

El oficio de mérito se encuentra suscrito por el Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Federal Electoral y, de su contenido, es posible desprender lo siguiente:

"Por instrucciones del Mtro. Andrés Albo Márquez, Presidente Provisional del Consejo General del Instituto Federal Electoral y con fundamento en el artículo 129, párrafo 1, incisos d) y m) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales me permito dar respuesta a su escrito sin número de fecha 21 de enero del año en curso, mediante el cual solicita se haga entrega del financiamiento público que correspondería a la Agrupación Política Nacional que representa".

Esto es, de conformidad con lo anterior, es posible afirmar que el oficio de mérito se encuentra dirigido a atender la solicitud que, en esta instancia, considera la recurrente que no ha sido respondida.

En la parte superior de la primera hoja del oficio en cuestión, se aprecia que, como acuse de recibo, se asentó manualmente la leyenda "Recibí original", y el nombre "Mao A. Sáenz Culebro", una rúbrica, así como la fecha y hora (07/febrero/08 13:21 hrs.).

De los elementos descritos, es posible presumir que el oficio de mérito fue recibido por la interesada, en virtud de que el nombre de quien lo recibió, se encuentra entre las personas que fueron autorizadas en esta instancia jurisdiccional para oír y recibir notificaciones.

En este orden de ideas, es dable sostener que la responsable dio contestación al escrito de veintiuno de enero de dos mil siete, con la emisión del oficio de referencia y que éste fue recibido por la agrupación actora el siete de febrero siguiente.

En tales condiciones, contrariamente a lo afirmado por la apelante, a juicio de esta Sala Superior, en la especie no se ha violentado su derecho de petición, pues la responsable ya dio respuesta al escrito correspondiente, con lo que la pretensión de la recurrente ha quedado colmada.

Por lo anterior, como se adelantó, el agravio de mérito es infundado.

Por lo expuesto y fundado, se

R E S U E L V E

ÚNICO. Son infundados los agravios relativos a la omisión de otorgar financiamiento público, atribuida al Consejo General del Instituto Federal Electoral.

NOTIFÍQUESE. Personalmente, a la Agrupación Política Nacional "Unidad Nacional Progresista", en el domicilio señalado al efecto en autos; por oficio, con copia certificada de la presente resolución, al Consejo General del Instituto Federal Electoral y, por estrados, a los demás interesados.

Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 26, 27 y 28 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

En su oportunidad, devuélvanse las constancias atinentes, y archívese este expediente como asunto concluido.

Así lo resolvieron, por unanimidad de votos, los magistrados que integran esta Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con la ausencia del Magistrado Constancio Carrasco Daza. El Secretario General de Acuerdos autoriza y da fe. Rúbricas.