RECURSO DE APELACIÓN

EXPEDIENTE: SUP-RAP-246/2008

RECURRENTE: PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.

AUTORIDAD RESPONSABLE: SECRETARIO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ ALEJANDRO LUNA RAMOS

SECRETARIO: FERNANDO RAMÍREZ BARRIOS

México, Distrito Federal, a ocho de enero de dos mil nueve.

VISTOS, para resolver, los autos del expediente SUP-RAP-246/2008, formado con motivo del recurso de apelación interpuesto por el Partido Revolucionario Institucional, por conducto de Martín Darío Cázarez Vázquez, en contra del Acuerdo de tres de diciembre de dos mil ocho, dictado por el Secretario del Consejo General del Instituto Federal Electoral en el expediente SCG/PE/PRI/JL/TAB/035/2008, en virtud del cual se determinó desechar la denuncia en cuestión, y

R E S U L T A N D O

I. Antecedentes. De lo narrado en la demanda y las constancias que obran en autos se advierte:

a) Denuncia. El veintisiete de noviembre de dos mil ocho, Martín Darío Cázarez Vázquez, en su carácter de representante propietario del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo Local del _Instituto Federal Electoral en el Estado de Tabasco, presentó denuncia, ante el citado, consejo, en contra del Presidente Municipal del Ayuntamiento de Cárdenas, de la mencionada entidad federativa, por la supuesta promoción indebida de su imagen como servidor público.

b) Remisión a autoridad central. Mediante acuerdo JLE/VS/0681/2008 de veintisiete de noviembre de dos mil ocho, el Vocal Secretario de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Federal Electoral en el Estado de Tabasco remitió el escrito original de denuncia a la Secretaría Ejecutiva del propio instituto.

c) Acuerdo impugnado. El tres de diciembre de dos mil ocho el Secretario Ejecutivo en su carácter de Secretario del Consejo General del Instituto Federal Electoral emitió acuerdo en el expediente SCG/PE/PRI/JL/TAB/035/2008, en virtud del cual determinó ejercer la facultad de atracción y acordó desechar la denuncia en cuestión.

Tal acuerdo fue notificado a la representación del multicitado partido ante el consejo general del instituto referido, el nueve de diciembre de dos mil ocho.

II. Medio de impugnación. Inconforme con dicha determinación, el doce de diciembre de dos mil ocho, el Partido Revolucionario Institucional, por conducto de Martín Darío Cázarez Vázquez, en su carácter de representante propietario del citado partido ante el Consejo Local del _Instituto Federal Electoral en el Estado de Tabasco, promovió el presente recurso de apelación.

III. Recepción. Mediante oficio SCG/3366/2008 de diecinueve de diciembre de dos mil ocho, recibido en la Oficialía de Partes de esta Sala Superior en la propia fecha, el Secretario del Consejo General del Instituto Federal Electoral remitió la demanda de mérito y sus anexos, así como las constancias atinentes.

IV. Turno. Por acuerdo de diecinueve de noviembre del año en curso, la Magistrada Presidenta de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación acordó integrar y turnar el presente expediente a su ponencia, para los efectos establecidos en el artículo 19 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

V. Admisión. En su oportunidad, el Magistrado Instructor admitió a trámite el presente recurso y, agotada la instrucción, la declaró cerrada, con lo cual quedaron los autos en estado de resolución, y

C O N S I D E R A N D O

PRIMERO. Jurisdicción y competencia. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ejerce jurisdicción y esta Sala Superior es competente para conocer y resolver el presente asunto, con fundamento en los artículos 41, párrafo segundo, base VI y 99, párrafo cuarto, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 108, apartado 1, inciso d) con relación al 124, apartado 1, inciso b), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; 186, fracción III, incisos a) y g) y 189, fracción I, inciso c), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como 40, apartado 1, inciso b) y 44, apartado 1, inciso a), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, por tratarse de un recurso de apelación en el que un partido político nacional combate un acuerdo dictado por un órgano central del Instituto Federal Electoral, como es el Secretario Ejecutivo.

SEGUNDO. Causa de improcedencia. La responsable al rendir su informe circunstanciado hace valer la causa de improcedencia consistente en la falta de legitimación del actor, en virtud de que el representante del partido político no está legitimado para impugnar un acto del Secretario Ejecutivo del Instituto Federal Electoral, por tratarse de un órgano central de citado instituto.

La causa de improcedencia es infundado, conforme a lo siguiente.

Al respecto, cabe precisar que, originalmente la denuncia fue presentada ante el Consejo Local del Instituto Federal Electoral en el Estado de Tabasco, por el representante del Partido Revolucionario Institucional en términos de lo dispuesto en el artículo 362, párrafo 1, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y, posteriormente, la citada queja fue atraída por el Secretario del Consejo General del Instituto Federal.

Ahora bien, se considera que el representante del instituto político actor sí tiene legitimación para interponer el recurso de apelación, porque si el representante del partido político recurrente tiene la capacidad suficiente para promover quejas o denuncias a nombre de su representado, de conformidad a la normativa interna del Partido Revolucionario Institucional, resulta incuestionable que está legitimado para promover los medios de Impugnación en contra de las resoluciones que dicten las autoridades competentes y que afecten el interés jurídico de su representado, porque la sola circunstancia de presentar la denuncia o queja no satisface la finalidad perseguida, sino que tal representación lo obliga a vigilar la adecuada tramitación del procedimiento administrativo sancionador electoral correspondiente e, incluso, impugnar la determinación final que la autoridad electoral adopte si estima que ésta viola los principios de constitucionalidad y legalidad.

Aunado a la anterior, considerar lo contrario, traería como consecuencia que no existiría medio de defensa alguno que pudiera interponer el representante propietario del Partido Revolucionario Institucional acreditado ante el Consejo Local del Instituto Federal Electoral en el Estado de Tabasco, que fue precisamente quien presentó la queja primigenia, razón por la cual se desestima la causa de improcedencia hecha valer por la autoridad responsable.

El presente criterio fue sostenido por éste órgano jurisdiccional al dictar sentencia en sesión pública de veinticuatro de diciembre de dos mil ocho, en el expediente identificado con la clave SUP-RAP-228/2008.

TERCERO. Acuerdo impugnado. Las consideraciones en las que sustenta la resolución impugnada son del tenor siguiente:

"Se tiene por recibido en la Secretaría del Consejo General del Instituto Federal Electoral el oficio número JLENS/0681/2008, suscrito por el Lic. Miguel Ángel Patiño Arroyo, Vocal Secretario de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Federal Electoral en el estado de Tabasco, mediante el cual remite original del escrito presentado ante el Consejo Local del Instituto Federal Electoral en el estado de Tabasco, por el C. Martín Daría Vázquez Cázarez, Representante Propietario del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo Local mencionado, por el cual presenta queja o denuncia en contra del C. Salvador Aquino Almeida, Presidente Municipal de Cárdenas, Tabasco, por la indebida promoción de imagen, violentando con ello la normatividad electoral.

VISTO el escrito de cuenta, con fundamento en los artículos 14, 16 Y 41, base 111, apartado C de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 371, párrafo 2; 368, párrafo 5, inciso b); 363, párrafo 1, inciso d), este último aplicado supletoriamente, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, vigente a partir del quince de enero de dos milocha; 72, párrafo 1, inciso d) del Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Federal Electoral aprobado por el Consejo General del Instituto Federal Electoral en sesión extraordinaria el día diez de julio de dos mil ocho y publicado en el Diario Oficial de la Federación el día dieciocho de ese mismo mes y, SE ACUERDA: 1) Fórmese el expediente respectivo, el cual quedó registrado con el número SCG/PE/PRI/JL/TAB/035/2008; 2) Toda vez que los hechos denunciados consisten en la supuesta difusión del nombre e imagen en un portal de Internet, del ciudadano denunciado, lo cual impide determinar la competencia de alguna Junta Distrital para conocer del presente asunto, en términos de los artículos 371, párrafo 2 del Código Comicial Federal; y 75, párrafo 3, inciso e), del citado Reglamento de Quejas, se ejerce la facultad de atracción respecto del mismo; y 3) Se desecha de plano la queja de cuenta, toda vez que los hechos denunciados no constituyen, de manera evidente, una violación en materia de propaganda político-electoral, dentro de un proceso electivo, en conformidad con lo dispuesto por el artículo 368, párrafo 5, inciso b) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en relación con los artículos 2, incisos b) al h) y 4 del Reglamento del Instituto Federal Electoral en materia de Propaganda Institucional y Político Electoral de Servidores Públicos, que a la letra disponen: ‘Artículo 368 ... 5. La denuncia será desechada de plano, sin prevención alguna cuando: ... b) Los hechos denunciados no constituyan, de manera evidente, una violación en materia de propaganda político-electoral dentro de un proceso electivo ... ': ‘Artículo 2.- Se considerará propaganda político-electoral contraria a la ley, aquella contratada con recursos públicos, difundida por instituciones y poderes públicos federales, locales, municipales o del Distrito Federal, órganos autónomos, cualquier ente público de los tres órdenes de gobierno o sus servidores públicos; a través de radio, televisión, prensa, mantas, bardas, anuncios espectaculares, volantes u otros medios similares, que contengan alguno de los elementos siguientes: ... b) Las expresiones ‘voto': ‘vota’, ‘votar’, ‘sufragio': ‘sufragar': ‘comicios': ‘elección': ‘elegir': ‘proceso electoral’ y cualquier otra similar vinculada con las distintas etapas del proceso electoral; c) La difusión de mensajes tendientes a la obtención del voto a favor de algún servidor público, de algún tercero o de algún partido político, aspirante, precandidato o candidato; d) La mención de que un servidor público aspira a ser precandidato; e) La mención de que algún servidor público aspira a algún cargo de elección popular o al que aspira un tercero; f) La mención de cualquier fecha de proceso electoral, sea de organización, precampaña, campaña, jornadas de elección o de cómputo y calificación, u otras similares; g) Otro tipo de contenidos que tiendan a promover la imagen personal de algún servidor público; y h) Cualquier otro mensaje similar destinado a influir en las preferencias electorales de los ciudadanos, a favor o en contra de aspirantes, precandidatos, candidatos o partidos políticos'; ‘Artículo 4.- Tendrá carácter institucional el uso que entes públicos, partidos políticos y servidores públicos hagan de los portales de Internet, con la fotografía y nombre de dichos servidores para fines informativos, de comunicación con ciudadanos o de rendición de cuentas, siempre y cuando en su uso no se incurra en alguno de los supuestos a que se refieren los incisos b) al h) del artículo 2 del presente Reglamento.’ Lo anterior, en virtud de que, si bien se trata de propaganda difundida a través de portales de Internet que contiene la fotografía y nombre de un servidor público con fines informativos, no se actualiza ninguna de las hipótesis previstas en los incisos b) al h) del artículo 2 del Reglamento en cita y en consecuencia dicha propaganda tiene carácter institucional, de modo que al ser así la denuncia debe desecharse de plano."

CUARTO. Agravios. En su escrito inicial, el representante legal de la recurrente hace valer los siguientes agravios:

"…

PRIMERO.- Me causa agravio el acuerdo de desechamiento emitido por ese órgano electoral, por la incorrecta fundamentación y motivación, en vista de que no entró al estudio de la denuncia, realizada por la indebida promoción de imagen del C. SALVADOR AQUINO ALMEIDA, Presidente Municipal de Cárdenas, Tabasco, causando un daño irreparable por la indebida promoción de su imagen como servidor público, en la página oficial del H. Ayuntamiento de Cárdenas, Tabasco, puesto que en las nuevas atribuciones que da el legislador al Instituto Federal Electoral, lo hace responsable de vigilar que los servidores públicos se abstengan de utilizar recursos oficiales para realizar una promoción personalizada, cuidando que la difusión de los programas sociales y la propaganda institucional no contenga elementos como nombre, imagen, voces o símbolos que indiquen promoción de servidor público alguno, por lo que me permito entrar al estudio de las consideraciones realizadas por la autoridad responsable, con base en lo siguiente:

a). El Secretario Ejecutivo en Funciones de Secretario del Consejo General del Instituto Federal Electoral, carece de facultades para realizar el acuerdo de desechamiento, puesto que el articulo 67 párrafo 1 deI Reglamento de Quejas y denuncias del Instituto federal Electoral, expresamente establece que la Secretaría elaborara el acuerdo de admisión o la propuesta de desechamiento, de lo que se debe colegir que la propuesta de desechamiento debe pasar a la comisión de Quejas y Denuncias y finalmente ser votada por el Consejo General, ya que al no haber facultades del Secretario para decretar el desechamiento, estará a proponerlo al pleno del Consejo para que éste a su vez entre al estudio de la propuesta planteada; de lo que se desprende que el Secretario Ejecutivo en funciones de Secretario del Consejo se extralimita en sus funciones.

b). Suponiendo sin conceder, que el Secretario Ejecutivo en Funciones de Secretario del Consejo General del Instituto Federal Electoral, tuviere facultades para realizar el acuerdo de desechamiento, es de destacarse que al fundamentar su acción en el artículo 368 Párrafo 5, inciso b) 1 Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, está motivando indebidamente el desechamiento, en vista de que ese numeral es aplicable en el Procedimiento Especial Sancionador, y en el escrito primigenio se promovió el Procedimiento Sancionador Ordinario, por tanto es notable la falta de estudio que tiene la responsable, en vista de que ni si quiera se preocupó por analizar la vía por la cual, se había presentado la denuncia en contra del edil de Cárdenas, Tabasco. Por tanto es evidente la incorrecta fundamentación y motivación que realiza la autoridad responsable así como la extralimitación en sus funciones, al desechar sin tener la facultad de hacerlo.

c) Entra al estudio de manera correcta al dilucidar sobre la facultad de atracción que tiene por la imposibilidad de determinar la competencia de alguna Junta Distrital, sin embargo en el inciso 3) dice que se desecha de plano la queja de cuenta, toda vez que los hechos denunciados no constituyen, de manera evidente, una violación en materia de propaganda político-electoral, dentro de un proceso electivo y toma como fundamento legal, el artículo 368 Párrafo 5, inciso b) del Código comicial, así como el artículo 2 incisos b) al h) y 4 del Reglamento del Instituto Federal Electoral en materia de Propaganda Institucional y Político- Electoral de los Servidores Públicos, ya que el órgano electoral dentro de sus atribuciones puede iniciar de oficio las indagatorias sobre cualquier violación a los preceptos legales, más aún, puede encauzar a un ciudadano cuando se presente a realizar su denuncia de manera oral, por lo que se considera nugatorio de justicia el desechar sin siquiera estudiar el reencauzamiento del medio interpuesto, máxime que cumple con las formalidades que marca la ley, en este mismo orden de ideas, es criterio de esa Sala Superior, que no sólo se cometen violaciones dentro de los procesos electivos, sino también en periodo diverso, tan es así que las violaciones presentadas pueden ser en cualquier tiempo, máxime que en el Internet se promocionan permanentemente los programas y obras que realizan los Ayuntamientos, sin embargo no es óbice para entrar al estudio el que se esté o no dentro de los procesos electorales ya que la manera de acceder a una justicia rápida y oportuna no se circunscribe a acceder a un medio de impugnación que proporcione y garantice la reparabilidad del daño causado y no sea nugatorio de justicia pronta y expedita.

d). Hace referencia al artículo 4 del Reglamento en el que se establece que ‘tendrá carácter institucional el uso que entes públicos, partidos políticos y servidores públicos hagan de los portales de Internet, con la fotografía y nombres de dichos servidores para fines informativos, de comunicación con ciudadanos o de rendición de cuentas, siempre y cuando en su uso no se incurra en alguno de los supuestos a que se refieren los incisos b) al h) del artículo 2 del reglamento’, lo que a todas luces resulta por demás frívolo, ya que la violación alegada en el escrito primigenio es respecto del párrafo 8 del artículo 134 de la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, Puesto que el reglamento no puede estar sobre la ley electoral, mucho menos sobre un ordenamiento Constitucional, pues es de explorado derecho que la norma secundaria no puede estar por encima de la Ley Suprema, y en un incorrecto razonamiento por parte de la autoridad resolutora, deduce que tiene carácter institucional la propaganda difundida a través de portales de Internet, siendo que el articulo 134 párrafo 8 parte in fine, dice: Artículo 134… (Hace trascripción).

Y dado que la prohibición expresa de la norma establece, que en ningún caso la propaganda incluirá, nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público, de lo que se colige que tal prohibición tiene alcances sobre todos los servidores públicos incluyendo al Presidente Municipal de Cárdenas, Tabasco, y que ésta debe de ser en todos los casos, puesto que la norma no distingue la temporalidad que indica el resolutor, y máxime si es pagada con recursos públicos, puesto que el área de comunicación social de los Ayuntamientos, se maneja con recursos provenientes del erario público, los equipos que son utilizados para estas tareas son propiedad del Estado, así también, el mantenimiento y actualización de la página en cita se realiza con dineros públicos, por lo que se configura una flagrante violación al multicitado articulo 134 al ser incluidos en esta página el nombre, las fotografías, imágenes, en las que dicen cumplir compromisos además de estar inaugurando obras, por lo que se considera que al no entrar al estudio de lo vertido en el escrito primigenio, ni haber fundado ni motivado razonablemente su dicho, nos deja en evidente estado de indefensión, conculcando el derecho acceder a la justicia pronta y expedita, establecida en el artículo 17 constitucional, por lo que solicito a esta Sala Superior, entre al estudio de fondo de lo planteado en el escrito primigenio, y en su caso ordene las indagatorias pertinentes para desahogar las probanzas presentadas, toda vez que, de inicio solicitar acceder al procedimiento sancionador ordinario, fue para que se realicen las actuaciones a que tiene facultad de ordenar el resolutor, para que no se extingan las pruebas y además se ordenen las medidas cautelares pertinentes, ya que lo que se busca, es la cesación del acto impugnado.

e). La autoridad resolutora, se circunscribe a señalar el articulo 363 párrafo 1 inciso d), sin especificar cuál es el supuesto normativo, que lo lleva a declararse incompetente para conocer el asunto planteado, por lo que se considera carente de fundamentación, y por ende, falto de certeza jurídica.

f). Por lo que se colige que incluso la responsable desconoce que tiene la facultad de realizar las investigaciones necesarias que lleven a buen fin el ocurso primigenio y se determine el grado de responsabilidad en que incurre el denunciado toda vez que la obligación de la autoridad electoral es ejercer su facultad investigadora debido a que la tesis 1/2007 de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación bajo el rubro:

‘FACULTADES INVESTIGADORAS DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL. UNA DENUNCIA ANÓNIMA PUEDE SER SUFICIENTE PARA QUE SE EJERZAN’. (Hace transcripción).

SEGUNDO.- Causa agravio cuando ese Órgano Electoral manifiesta, que: ‘lo anterior, en virtud de que, si bien se trata de propaganda difundida a través de portales de Internet que contiene la fotografía y nombre de un servidor público con fines informativos, no se actualiza ninguna de las hipótesis previstas en los incisos b) al h) del artículo 2 del Reglamento en cita y en consecuencia dicha propaganda tiene carácter institucional, de modo que al ser así la denuncia debe desecharse de plano;’ bien el Órgano electoral que emite el acuerdo de desechamiento, se encuentra lejos de utilizar la lógica jurídica, pese a todo, no quiere observar, que tan solo el hecho de utilizar el nombre e imagen en la página web del H: Ayuntamiento, es una promoción personalizada, y resulta una violación a los preceptos legales ya que es muy claro, su desmedido interés de promocionarse toda vez, que no es necesario, el incluir en el portal de Internet propiedad del H. Ayuntamiento, su nombre e imagen, pues basta con la sola mención de las obras realizadas son realizadas por el Gobierno del Municipio de Cárdenas, Tabasco, por lo que se considera está ocasionando un daño irreparable por el impacto que tiene ante la ciudadanía la multicitada propaganda. La responsable, no entra al estudio de la Denuncia mas sin embargo, dicta un acuerdo de desechamiento argumentando como motivación, que los hechos no constituyen una violación en materia de propaganda político-electoral; cuando en realidad, ni si quiera entró al estudio de la denuncia presentada, ya que de haber realizado las indagatorias y obtenido los elementos para la realización de un análisis exhaustivo, hubiese llegado a la conclusión que en efecto se trata de promoción personalizada de imagen, suponiendo sin conceder que si el objetivo del denunciado es promocionar los actos realizados por el H. Ayuntamiento de Cárdenas, Tabasco, no habría necesidad entonces de que fuera su imagen, su nombre, o el lema: ‘SIEMPRE CONTIGO’, puesto que, con ese tipo de acciones el C. SALVADOR AQUINO ALMEIDA, busca obtener la simpatía por parte del electorado, debido a que la imagen en su momento, es difundida con el interés de impactar y simpatizar a la ciudadanía, ya que inclusión (sic) la figura o imagen, tiene el objeto de resaltar su personalidad individual, sus atributos personales, sus aptitudes, sus hábitos y costumbres e incluso algunas cuestiones más individualizadas, que llegan a comprender hasta la forma de vestir, arreglo personal, etcétera, convirtiéndolos así, cada vez más, en figuras centrales o preponderantes de sus pretensiones, lo que en su momento ejercerá influencia, necesariamente, en alguna medida, en la formación de la convicción de los ciudadanos del Municipio de Cárdenas, Tabasco; y traería eficacia por la calidad de sus destinatarios para la obtención de su simpatía.

Si el objetivo principal fuera de informar, a los cardenenses, sobre los logros realizados por ese, H. Ayuntamiento, no habría la necesidad, de incluir el nombre, la imagen en repetidas ocasiones del C. Salvador Aquino Almeida, por lo tanto al tener este contenido en la página de Internet, simplemente busca, la manera de posicionar su imagen de servidor público, por medio del multicitado portal web propiedad del H. Ayuntamiento del Municipio de Cárdenas, Tabasco, utilizando una técnica de publicidad impecable, introduciendo de esta forma los elementos concernientes a la promoción personalizada.

De ahí debe arribarse a la conclusión que, desecharon el escrito primigenio, toda vez que no entraron de manera exhaustiva al estudio de la demanda, sin considerar que se encuentran los elementos de nombre e imágenes del servidor Público a lo Largo del Portal de Internet propiedad del H. Ayuntamiento de Cárdenas, Tabasco, a pesar de todo, si la mencionada propaganda era para la difusión y conocimiento de obras públicas, a la ciudadanía, quedaría la interrogante de ¿por qué no sólo poner las imágenes de las obras realizadas?, Además remitiéndonos a lo referente a la propaganda Institucional y Político-Electoral de servidores públicos, el Reglamento en Materia de propaganda Institucional y Político-Electoral de Servidores Públicos, establece en el artículo 2 lo siguiente: Artículo 2. (Hace trascripción).

Por lo que se puede inferir en el desechamiento de merito, que esta indebida promoción personalizada de un Servidor Público, se realiza con recursos que son del H. Ayuntamiento, nos encontramos, ante una aberración jurídica al desentenderse del mandato del legislador, puesto que el espíritu de la regulación de promoción personalizada de imagen, es el de prevenir conductas que pudiesen llevar a no tener control sobre el origen, monto y destino de los recursos utilizados para la indebida promoción de imagen de un Servidor Publico, sino también el de tutelar el bien jurídico de la equidad pues estaríamos a que quien cuenta con mas recursos podría suponer que estaría en la posibilidad de gastarlos y promocionarse fuera de los plazos establecidos para ello, además de aprovechar cualquier oportunidad para promocionarse y posicionarse en el ánimo de la ciudadanía, sin tener que rendir cuentas del monto del recurso erogado, así como su origen.

A este caso es aplicable la siguiente jurisprudencia:

‘PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO. REQUISITOS PARA SU INICIO Y EMPLAZAMIENTO TRATÁNDOSE DE PROPAGANDA POLÍTICA O ELECTORAL QUE IMPLIQUE A PROMOCIÓN DE UN SERVIDOR PÚBLICO.’ (Hace transcripción).

Ya que como Servidor Público, aprovecha el cargo que desempeña, para promover indebidamente su imagen, se han aportado las pruebas de ello, pero la responsable no tiene el interés de aplicar las sanciones correspondientes al caso que nos ocupa; Teniendo las facultades para hacerlo puesto que la norma Electoral se las otorga, sin embargo inexplicablemente, omite actuar en la presente denuncia, ahora bien, se solicita a la Autoridad Jurisdiccional, entre en plenitud de jurisdicción al fondo del asunto y prevenga que el daño que está causando la indebida promoción personalizada del Servidor Público, que hasta la fecha se encuentra en el Portal de Internet del H. Ayuntamiento del Municipio de Cárdenas, Tabasco, dicho en otras palabras, que el daño que está causando sea irreparable e incite, a que aspirantes a cargos de elección popular, actuar (sic) de la misma forma, al ver, que esta conducta no fue sancionada a causa de, haber sido, tolerada por la Autoridad Responsable, y a pesar de todo, el Secretario Ejecutivo, realiza una interpretación errónea de sus atribuciones, pues si bien, tiene facultades para admitir la denuncia presentada, por otra parte, no cuenta, con la facultad, para desechar el escrito primigenio pues en realidad de acuerdo con el artículo 362, párrafo noveno, del Código Comicial Federal, sólo puede emitir una propuesta de desechamiento, en consecuencia, se necesita, entrar al estudio de lo planteado por la parte actora, pues al no tomar en cuenta, su facultad investigadora, hace una frívola interpretación de la justicia solicitada, puesto que el legislador no previó que se entrara al estudio, por consiguiente, se sigue promocionando, de manera desmedida la imagen de Servidor Público del C. Salvador Aquino Almeida, sin que exista Autoridad sancionadora de tales conductas, de ello resulta necesario, solicitar a esa H. Autoridad Jurisdiccional entre al estudio del caso planteado de manera primigenia y con ello prevenga que persista la indebida promoción personalizada del Servidor Público.

PRECEPTOS VIOLADOS

Que para efectos de este recurso son los arábigos 134 párrafo primero, párrafo séptimo y octavo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los artículos 228 párrafo tercero y quinto, 356, párrafo segundo, 358 párrafo segundo, 361, 362, 365 párrafos primero y segundo, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, los artículos 4, párrafo segundo, articulo 6, 13, párrafo cuarto, fracción 1, articulo 20, 30, 46, del Reglamento del Instituto Federal Electoral en materia de Quejas y Denuncias; artículo 2, párrafo primero, inciso a), g) y h), articulo 4, articulo 7, del Reglamento en Materia de propaganda Institucional y Político-Electoral de Servidores Públicos; así como la falta de exhaustividad de la denuncia, en la cual dictaron acuerdo de desechamiento mismo que es el acto impugnado.

En lo que atañe al artículo 134 párrafo primero, séptimo y octavo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece: Artículo 134… (Hace trascripción).

Como se ha demostrado con el artículo anterior, se denota como el C. SALVADOR AQUINO ALMEIDA, incurrió en un delito, el cual es legitimado por el artículo 134 Constitucional, al realizar la indebida promoción personalizada de su imagen como Servidor Público, toda vez que viola los principios de imparcialidad, al difundir indiscriminadamente, los programas sociales que se llevan a cabo en el Municipio de Cárdenas, Tabasco, para hacer ilegal promoción personalizada como Servidor Público, y atribuirlos como logros propios, tal y como se aprecia en el portal web, oficial del H. Ayuntamiento, de Cárdenas, Tabasco toda vez, que indiscriminadamente ha puesto su imagen, en puntos estratégicos, de la página antes mencionada.

Es dable hacer notar la indebida propaganda Político-Electoral, del C. Salvador Aquino Almeida, al venir utilizando la página oficial del H. Ayuntamiento de Cárdenas, Tabasco, con el pretexto de informar a la ciudadanía, las obras realizadas en el municipio en comento, lo que en el Portal de Internet del ayuntamiento aparecen imágenes del denunciado, realizando diversas actividades de obra pública, las cuales bien pudieran presentarse u hacer mención en el informe anual de actividades, lo cual apunta hacia la conclusión de que, a pesar de no encontrarse, en los plazos previstos por el Artículo 228, que hace mención en su párrafo quinto de que el informe anual de labores o gestión de los servidores públicos, así como los mensajes que para darlos a conocer se difundan en los medios de comunicación social, no serán considerados como propaganda, siempre que la difusión se limite a una vez al año en estaciones y canales con cobertura regional correspondiente al ámbito geográfico de responsabilidad del servidor público. Ello autoriza a concluir que, el Código Comicial Federal, faculta a los servidores públicos a dar a conocer su informe de actividades, que podrían presentar imágenes o nombres de este servidor, sólo les permite promoverla 1 vez al año con este punto hacemos hincapié en que el C. Salvador Aquino Almeida, no se encuentra en el tiempo previsto para ello, ni forma, para andar ostentándose de las obras públicas realizadas en el H. Ayuntamiento.

En concordancia con lo establecido en el numeral 356 párrafo segundo del código comicial establece que: Artículo 356… (Hace trascripción).

Cierto es que, se cita el artículo anterior, debido a que la responsable se niega a conocer del escrito de denuncia de fecha 27 de noviembre del año en curso, el argumento de la responsable, al respecto de que no puede determinar competencia alguna debido a que los hechos denunciados consisten en un portal Internet, del ciudadano denunciado y en su caso no son susceptibles para conocerse en alguna Junta Distrital, desechándola de plano la queja de cuenta, toda vez que los hechos denunciados no constituyen, de manera evidente, una violación en materia de propaganda político-electoral, dentro de un proceso electivo de conformidad con el artículo 371, párrafo 2 del Código Comicial Federal, por consiguiente, se encaminó la denuncia a través del procedimiento ordinario sancionador, luego resulta necesario dejar establecido que, la Autoridad que realizó el acuerdo de desechamiento, no entró al estudio exhaustivo, como es el caso que nos ocupa debió de conocer del escrito de denuncia y no desecharlo de plano por declararse incompetente para conocer del asunto de igual forma debió estudiar el fondo de lo planteado en base a los argumentos y medios de pruebas aportados por el oferente, lo cual no sucedió debido a la determinación que hoy se combate.

Lo cual significa, que la Autoridad Responsable, no valoró debidamente los medios de prueba aportados por el demandante, lo cual significa que, contraviene lo normado en el artículo 358 párrafo segundo del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales ya que este numeral señala qué medios de prueba son aceptados para el conocimiento y substanciación del procedimiento sancionador, asimismo, el suscrito contempló en el escrito primigenio medios de prueba que siendo cotejados con los puntos de hechos permitirían a la resolutora en primera instancia allegarse de los elementos de convicción y de los hechos ciertos para determinar la responsabilidad del denunciado.

En ese mismo tenor cabe señalar que el artículo 365 párrafos primero y segundo del código en cita, puesto que hacen inferencia a la labor indagatoria que tiene la Autoridad Electoral, lo cual significa que, en procedimiento sancionador al momento de investigar los hechos, deben conducirse de manera seria, congruente, idónea y eficaz expedita completa y exhaustiva; luego resulta necesario dejar establecido que, en lo que concierne al segundo párrafo éste predispone que una vez que la Autoridad tiene conocimiento de los hechos denunciados, dictará inmediatamente las medidas necesarias para dar fe de los mismos e impedir que se alteren pierdan o destruyan huellas o vestigios, que puedan dificultar la investigación, pero es el caso, que esta labor indagatoria en el presente asunto no se dio debido a que lo vertido en el referido acuerdo, no se prevé que se haya realizado tal actividad o si se inició investigación alguna para el conocimiento de los hechos ciertos. Lo cual deja indefenso al suscrito ya que la Autoridad Electoral debió de corroborar el dicho aportado por el actor, debido a que a la responsable también le concierne la carga de la prueba para que pueda determinar o no, la responsabilidad del indiciado.

Entonces es fuerza concluir que, la Autoridad que desecha la denuncia presentada no entró al estudio de fondo toda vez que no se da cuenta de que el escrito primigenio se formulo a través del procedimiento sancionador ordinario, de ello resulta necesario, hacer mención del artículo 4 párrafo segundo, del Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Federal Electoral señala que el procedimiento Ordinario Sancionador será instrumentado será aplicable en faltas genéricas al Código, distintas de las sustanciadas a través del procedimiento establecido en el Capítulo Quinto del Título Séptimo de este instrumento, así como en las que señalan los artículos 361 a 366 del Código Comicial Federal, en ese contexto, serán sujetos sancionables por faltas a la norma comicial se encuentran establecidos en el artículo 6 inciso g), del Reglamento en Comento los cuales aducen a: Artículo 6… (Hace trascripción).

Motivo por el cual no era óbice para la responsable determinar que era incompetente para conocer del presente asunto debido a que las Normas y Reglamentos Comiciales dan la razón al suscrito, tal y como se puede apreciar en el siguiente artículo del Reglamento en Materia de propaganda Institucional y Político-Electoral de Servidores Públicos: Artículo 7… (Hace trascripción).

De lo anterior se observa que, el acto emanado por la responsable es violatorio del derecho del suscrito, al solicitar las medidas cautelares peticionadas en el escrito primigenio ya que en el acuerdo de desechamiento no se observa alusión alguna a este tipo de medidas que tiene como finalidad la cesación de los actos que constituyen la conducta infractora y afectan directamente al quejoso, infracciones que fueron narradas y probadas en el escrito de denuncia.

Asimismo la responsable debió de declarar procedente la denuncia primigenia debido por los hechos narrados y probados por el oferente debido a que el marco normativo y procedimental instaurado en el numeral, 7 del Reglamento en comento, señala en qué casos es procedente el Procedimiento sancionador ordinario, y que se encuentra en concordancia con lo establecido y salvaguardado en el numeral 361 del Código Comicial federal. Así la responsable contravino la norma, debido a que parte de los fundamentos que constituyeron el escrito de denuncia, no hacían alusión a este arábigo razón por la cual es de hacer notar que la responsable incumplió la obligación de impartir la justicia, olvidando también lo contemplado en el principio de exhaustividad que obliga a la autoridad a entrar al estudio de fondo, de los asuntos planteados por las partes antes de resolverlos en definitiva.

…"

QUINTO. En diversas partes de su demanda el recurrente manifiesta que la autoridad responsable actuó ilegalmente al tramitar su denuncia en el procedimiento especial sancionador sin justificar tal determinación.

Los agravios son sustancialmente fundados, aunque para ello esta Sala supla su deficiencia, con fundamento en el artículo 23, apartado 1, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

En efecto, acorde con lo dispuesto en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos toda determinación emitida por autoridad competente debe encontrarse debidamente justificada, es decir, correctamente fundada y motivada para que pueda producir plenos efectos jurídicos y materiales.

Lo anterior implica que cualquier determinación de la autoridad que carezca de fundamentación o motivación, o bien, cuando ésta resulte insuficiente o sea incorrecta debe considerarse como carente de validez por parte de la autoridad encargada de la revisión de tales determinaciones.

En la especie, al presentar la denuncia correspondiente (foja 2), el ahora recurrente manifestó que la misma la presentaba a efecto de que se tramitará como procedimiento ordinario sancionador en materia administrativa-electoral y, al efecto, citó los preceptos que estimó aplicables, todos los cuales se refieren a dicho procedimiento.

Sin embargo, al dictar el acuerdo impugnado, la responsable determinó ejercer su facultad de atracción conforme a la petición realizada por el órgano desconcentrado del instituto en la entidad federativa correspondiente y tramitarlo como procedimiento especial sancionador, pero sin justificar esta última determinación.

Esto es así, porque el secretario ejecutivo omite expresar laz razones, motivos o argumentos del por qué la queja debe gestionarse dentro del procedimiento especial sancionador, a pesar de que el actor solicitó expresamente que dicha denuncia se tramitará como procedimiento ordinario.

Lo anterior resulta trascendente si se considera que las facultades de la autoridad responsable en materia de improcedencia son distintas en uno y otro procedimiento, pues mientras que en el especial, el Secretario del Consejo General del Instituto Federal Electoral se encuentra facultado para dictar el desechamiento de plano de las denuncias que se tramiten en dicho procedimiento, acorde con lo dispuesto en los artículos, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 368, párrafos quinto, inciso b) y sexto, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; mientras que en el procedimiento ordinario dicho secretario únicamente cuenta con atribuciones para formular un proyecto de acuerdo de desechamiento, el cual debe someterse a la aprobación de la Comisión de Quejas y Denuncias que, en su caso, lo remitirá al Consejo General del propio instituto para su votación, acorde con lo dispuesto en los artículos 363, párrafo tercero y 366, párrafo primero, inciso a), del ordenamiento referido.

Como se puede observar el hecho de que un procedimiento administrativo sancionador en materia electoral sea tramitado como ordinario o especial tiene importantes repercusiones en las facultades del Secretario Ejecutivo del Instituto Federal Electoral, en lo que respecta a la improcedencia.

Por ende, es claro que si el ahora recurrente presentó denuncia y solicitó expresamente que la misma se tramitará como procedimiento ordinario sancionador, entonces la autoridad responsable tenía el deber de justificar y expresar los razonamientos en virtud de los cuales estimó que, a pesar de dicha solicitud, la denuncia debía gestionarse dentro del especial, puesto que en virtud de dicha omisión impidió al promovente combatir los razonamientos en los que se sustentó tal determinación con lo cual se le colocó en estado de indefensión.

Importa aclarar que lo anterior no significa que la autoridad carezca de facultades para establecer cuál es el procedimiento correcto que debe seguir el tramité de las denuncias, o bien, dictar el reencauzamiento correspondiente, pues ello conduciría al absurdo de someter a la autoridad a la voluntad del denunciante y no al cumplimiento de la ley, como debe acontecer en todo Estado Democrático de Derecho.

Por ello, lo establecido en párrafos anterior únicamente implica que la autoridad responsable tiene el deber de fundar y motivar todas las determinaciones dictadas en el acuerdo impugnado, incluyendo la relativa a la tramitación de la denuncia en cuestión en un procedimiento especial, pues sólo de esa manera cumplirá estrictamente con la garantía de legalidad y permitirá al ahora recurrente, en su caso, controvertir los razonamientos correspondientes.

De ahí lo fundado de los agravios en comento.

En otra parte de su demanda, el recurrente manifiesta que el acto impugnado se encuentra indebidamente fundado y motivado, pues el órgano electoral responsable omitió realizar un estudio exhaustivo de la queja presentada e incluso iniciar de oficio las indagatorias sobre cualquier violación a los preceptos legales.

El agravio es sustancialmente fundado y suficiente para acoger la pretensión de la actora, aunque para ello esta Sala supla su deficiencia, con fundamento en el artículo 23, apartado 1, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

La obligación de fundar un acto o determinación de autoridad, establecida en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se traduce en el deber, por parte de la autoridad emisora, de expresar con claridad y precisión, los preceptos legales aplicables al caso concreto, es decir, citar las disposiciones normativas que rigen la medida adoptada.

A su vez, la motivación es la exposición de las causas materiales o de hecho que hayan dado lugar al acto, indicándose las circunstancias especiales, las razones particulares o las causas inmediatas que sirvan de sustento para la emisión de un acto, con lo cual se tiende a demostrar racionalmente que determinada situación de hecho produce la actualización de los supuestos contenidos en los preceptos invocados en ese acto de autoridad. Es necesaria la debida adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables.

En este sentido, podrá estimarse que se violenta la garantía de fundamentación y motivación cuando la autoridad no invoque debidamente los preceptos legales en los que base su criterio, o los razonamientos que sustentan su actuar sean tan imprecisos que no expresen la esencia de los argumentos legales y de hecho en que se apoyó la autoridad, y no se proporcionen elementos al gobernado para defender sus derechos, o bien, impugnar aquéllos.

Por su parte, el párrafo octavo del artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone que en ningún caso la propaganda difundida por cualquier poder, entidad, dependencia u órgano público incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público.

Ahora bien, en el escrito de queja primigenia, el partido quejoso señaló que la propaganda que consta en la página de Internet del Ayuntamiento del Municipio de Cárdenas, Tabasco conculca la citada prohibición constitucional ya que, según su dicho, con dicha propaganda se promociona la imagen y el nombre del presidente municipal en funciones.

Por su parte, el Secretario Ejecutivo del Instituto Federal Electoral al dictar el acuerdo impugnado determinó ejercer su facultad de atracción, tramitarlo como procedimiento especial sancionador, situación que, como se explicó, no se encuentra justificada y, a continuación desecharlo, por considerar que la propaganda en cuestión en forma alguna tenía un carácter político electoral dentro de un proceso electivo.

En el caso, se considera que tal determinación no se encuentra debidamente fundada y motivada, ya que, si bien, la responsable citó los artículos 368, párrafo 5, inciso b) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como en los artículos 2, incisos b) al h) y 4 del Reglamento del Instituto Federal Electoral en Materia de Propaganda Institucional y Político Electoral de Servidores Públicos como sustentó de su determinación, únicamente se circunscribió a trascribir dichos preceptos legales y reglamentarios, para continuación concluir que la propaganda tenía carácter meramente informativo.

Sin embargo, la responsable omite expresar las razones en virtud de las cuales consideraba que los preceptos citados se adecuaban al caso concreto, tampoco manifestó los argumentos para considerar que se actualizaban las hipótesis normativas citadas, y mucho menos realizó un análisis, así fuera somero, de la propaganda en cuestión y, en consecuencia, se limitó a afirmar de manera dogmática que la propaganda no reunía alguna de las características establecidas en el artículo 2 del citado reglamento, con lo cual dejó de establecer las razones particulares o las causas inmediatas que sirvieran de sustento para la emisión del acto impugnado.

Así, por ejemplo, la responsable en forma alguna establece por qué la propaganda materia de denuncia no se adecuaba al inciso a) del artículo 2 del Reglamento en Materia de Propaganda Institucional y Político-Electoral de Servidores Público, conforme al cual se considera propaganda político electoral contraria a la ley cualquiera que contenga el nombre, fotografía, imagen de un servidor, o bien, al inciso g) del mismo precepto, relativa a cualquier otro tipo de contenidos que tiendan a promover la imagen personal de algún servidor público, tal y como lo expresó el apelante desde su escrito primigenio.

Bajo esa perspectiva, si bien el acto que se combate se basó en el supuesto ejercicio de confrontar el contenido de la propaganda contenida en la página de Internet con los supuestos que precisa el artículo 2, incisos b) al h) del Reglamento del Instituto Federal Electoral en Materia de Propaganda Institucional y Político Electoral de Servidores Públicos, lo cierto es que tal ejercicio fue realizado de manera incompleta, porque nunca se expresaron los argumentos tendientes a demostrar que dicha propaganda efectivamente no se adecuaba o actualizaba alguno de los supuestos normativos, pues la responsable únicamente citó los preceptos que consideró aplicables y enseguida concluyó que los hechos en cuestión no se encontraron en alguno de ellos.

En otras palabras, el silogismo utilizado por la autoridad fue incompleto, pues de la premisa normativa obtiene la conclusión sin desarrollar la premisa fáctica, por lo que, en consecuencia, la motivación expresada resulta insuficiente.

Consecuentemente, esta Sala Superior considera que el análisis realizado por el responsable resulta incompleto e insuficiente, en virtud de que al dejar de establecerse de manera pormenorizada las causas o motivos que la llevaron a concluir que la propaganda objeto de la denuncia no se adecuó a lo dispuesto en los incisos del b) al h) del artículo 2 del Reglamento del Instituto Federal electoral en Materia de Propaganda Institucional y Político Electoral de Servidores Públicos, por lo que, el acto materia de impugnación carece de una debida fundamentación y motivación.

Similar criterio fue sostenido por éste órgano jurisdiccional al dictar sentencia en sesión pública de veinticuatro de diciembre de dos mil ocho, en el expediente identificado con la clave SUP-RAP-228/2008.

Por tanto, y a efecto de cumplir lo ordenado por los artículos 16 y 134 constitucional lo procedente es ordenar a la autoridad responsable dictar, con plenitud de atribuciones, un nuevo acuerdo debidamente fundado y motivado en el procedimiento de denuncia en cuestión.

En consecuencia, al haber resultado fundados los agravios precisados, ello es suficiente para revocar la resolución impugnada, por lo que resulta innecesario el análisis de los restantes motivos de inconformidad.

Por lo expuesto y fundado, se

R E S U E L V E

ÚNICO. Se revoca el acuerdo de tres de diciembre de dos mil ocho, dictado por el Secretario del Consejo General del Instituto Federal Electoral en el expediente SCG/PE/PRI/JL/TAB/035/2008.

NOTIFÍQUESE, personalmente, a la recurrente en el domicilio señalado al efecto en autos; por oficio, con copia certificada de la presente resolución a la autoridad responsable y, por estrados, a los demás interesados. Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 26, 27 y 28 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

En su oportunidad, devuélvanse las constancias atinentes, y archívese este expediente como asunto concluido.

Así lo resolvieron, por unanimidad de votos, los magistrados que integran esta Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con la ausencia de los Magistrados Flavio Galván Rivera y Manuel González Oropeza. El Subsecretario General de Acuerdos autoriza y da fe. Rúbricas.