RECURSOS DE APELACIÓN

EXPEDIENTES: SUP-RAP-242/2009 Y SUS ACUMULADOS

ACTORES: PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO, TELEVIMEX, S.A. DE C.V. Y EDITORIAL TELEVISA, S.A. DE C.V.

AUTORIDAD RESPONSABLE: CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

MAGISTRADA PONENTE: MARÍA DEL CARMEN ALANIS FIGUEROA

SECRETARIOS: JOSÉ ALFREDO GARCÍA SOLÍS, MAURICIO HUESCA RODRÍGUEZ Y ROBERTO JIMÉNEZ REYES

México, Distrito Federal, a dos de septiembre de dos mil nueve.

VISTOS los autos de los expedientes SUP-RAP-242/2009, SUP-RAP-244/2009 y SUP-RAP-252/2009, respecto a los recursos de apelación interpuestos por el Partido Verde Ecologista de México, Televimex, S.A. de C.V. y Editorial Televisa, S.A. de C.V., respectivamente, a fin de impugnar la resolución CG362/2009, dictada por el Consejo General del Instituto Federal Electoral, el veintiuno de junio de dos mil nueve, en el procedimiento especial sancionador identificado con la clave de expediente SCG/PE/PRD/CG/237/2009, y

R E S U L T A N D O

I. Antecedentes. De los hechos narrados en las demandas y de las constancias que obran en autos, se tiene que:

a. El treinta de junio de dos mil nueve, el representante propietario del Partido de la Revolución Democrática ante el Consejo General del Instituto Federal Electoral hizo del conocimiento de esa autoridad hechos que consideró podrían constituir infracciones a la normatividad electoral federal, atribuidos al Partido Verde Ecologista de México, Televimex, S.A. de C.V. y Editorial Televisa, S.A. de C.V.

b. Mediante proveído de primero de julio del presente año, el Secretario Ejecutivo del Instituto Federal Electoral determinó formar el expediente SCG/PE/PAN/CG/237/2009.

c. El quince de julio siguiente, el funcionario electoral citado, determinó iniciar procedimiento especial sancionador en contra del Partido Verde Ecologista de México, Televimex, S.A. de C.V. y Editorial Televisa, S.A. de C.V.

d. Seguido en procedimiento en cuestión, el veintiuno de julio del año en curso, el Consejo General del Instituto Federal Electoral dictó la resolución CG362/2009, en el sentido siguiente:

R E S O L U C I Ó N

PRIMERO.- Se declara fundado el procedimiento administrativo sancionador incoado en contra de la persona moral denominada Editorial Televisa, S.A. de C.V., Televimex, S.A. de C.V., y el Partido Verde Ecologista de México en términos de lo expuesto en el considerando SÉPTIMO de la presente Resolución.

SEGUNDO.- Se impone a la persona moral denominada Editorial Televisa, S.A. de C.V., una sanción consistente en una multa de veintiún mil quinientos veintiocho días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal, equivalentes a la cantidad $1’179,734.4 (un millón ciento setenta y nueve mil setecientos treinta y cuatro pesos 4/100 M.N.), en términos de lo establecido en el considerando DÉCIMO PRIMERO de este fallo.

TERCERO.- Se impone a la persona moral denominada Televimex, S.A. de C.V., una sanción consistente en una multa de siete mil quinientos noventa y un días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal, equivalentes a la cantidad $415,986.8 (cuatrocientos quince mil novecientos ochenta y seis pesos 8/100 M.N.), en términos de lo establecido en el considerando DÉCIMO SEGUNDO de este fallo.

CUARTO. En términos del artículo 355, párrafo 7 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales vigente a partir del quince de enero de dos mil ocho, el monto de las multas antes referidas deberá ser pagado en la Dirección Ejecutiva de Administración del Instituto Federal Electoral (sita en Periférico Sur 4124, primer piso, Colonia Exhacienda de Anzaldo, Código Postal 01090, en esta ciudad capital), a partir del día siguiente a aquel en que esta Resolución cause estado.

QUINTO. En caso de que las personas morales Editorial Televisa, S.A. de C.V. y Televimex, S.A. de C.V., sean omisas en el pago de la multa a que se refiere el resolutivo anterior, dese vista a la Administración General de Recaudación del Servicio de Administración Tributaria, para los efectos legales de su competencia, tal y como lo prevé el artículo 355, párrafo 7, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

SEXTO.- Se impone al Partido Verde Ecologista de México una sanción consistente en la reducción de sus ministraciones por la cantidad de $1’179,734.4 (un millón ciento setenta y nueve mil setecientos treinta y cuatro pesos 4/100 M.N.), en términos del considerando DÉCIMO TERCERO del presente fallo.

SÉPTIMO.- En términos del artículo 355, párrafo 7 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales vigente a partir del quince de enero de dos mil ocho, el monto de la multa será deducida de las siguientes seis ministraciones mensuales del financiamiento público que por concepto de actividades ordinarias permanentes reciba el Partido Verde Ecologista de México, durante el presente año, una vez que esta Resolución haya quedado firme.

II. Recursos de apelación. En fechas treinta y uno de julio, dos y siete de agosto, todas del año dos mil nueve, el Partido Verde Ecologista de México, por conducto de su representante propietaria ante el Consejo General del Instituto Federal Electoral, Televimex, S.A. de C.V y Editorial Televisa, S.A. de C.V., a través de su representante legal, promovieron sendos recursos de apelación ante la citada Secretaría, a fin de combatir la mencionada determinación administrativa.

III. Trámite. La autoridad responsable tramitó las demandas en cuestión, remitiéndolas a esta Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con las constancias atinentes y sus informes circunstanciados.

IV. Recepción y turno a Ponencia. Por acuerdos de cinco, siete y doce de agosto de dos mil nueve, respectivamente, signados por la Magistrada Presidenta de esta Sala Superior, se determinó integrar los expediente identificados con las claves SUP-RAP-242/2009, SUP-RAP-244/2009 y SUP-RAP-252/2009 y ordenó turnarlos a la Ponencia a su cargo para los efectos previstos en el artículo 19, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

V. Admisión y cierre de Instrucción. Por acuerdos de diecisiete, dieciocho y veintiuno de agosto de dos mil nueve, respectivamente, se admitieron los recursos de apelación, y por proveídos de treinta y uno de agosto y primero de septiembre del mismo año se declaró cerrada la instrucción, con lo cual quedaron en estado de dictar sentencia y,

C O N S I D E R A N D O

PRIMERO. Competencia. Esta Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es competente para conocer y resolver los presentes asuntos, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 99, párrafo cuarto, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 186 fracción III, inciso g) y 189, fracción I, inciso c), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como 44, párrafo 1, inciso a), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, por tratarse de recursos de apelación mediante los cuales se combate una determinación del Consejo General del Instituto Federal Electoral.

SEGUNDO. Acumulación. De la lectura integral de las demandas se advierte que los actores cuestionan la resolución CG362/2009, dictada el veintiuno de julio de dos mil nueve; asimismo, que señalan como autoridad responsable al Consejo General del Instituto Federal Electoral.

En ese sentido, al existir identidad de resolución reclamada y de autoridad señalada como responsable, así como de las pretensiones de los accionantes, según se desprende de las demandas, se surte la conexidad de la causa; por lo que con fundamento en los artículos 199, fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 31, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; y, 73, fracción I, del Reglamento Interno del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, se decreta la acumulación de los expedientes SUP-RAP-244/2009 y SUP-RAP-252/2009 al SUP-RAP-242/2009, por ser éste el primero que se recibió en la Oficialía de Partes de esta Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, según se advierte de los autos de turno.

Consecuentemente, glósese copia certificada de los puntos resolutivos de la presente sentencia a los expedientes SUP-RAP-244/2009 y SUP-RAP-252/2009.

TERCERO. Procedencia. Los presentes recursos de apelación reúnen los requisitos establecidos en los artículos 8, párrafo 1; 9, párrafo 1; 13, párrafo 1, inciso a); 40, párrafo 1, inciso b); 42, párrafo 1; y, 45, párrafo 1, inciso b), fracciones I y IV, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, por lo siguiente:

1. Oportunidad.- Los medios de impugnación que se resuelven se presentaron dentro del plazo de cuatro días previsto en el artículo 8, párrafo 1, de la citada Ley General.

Lo anterior, ya que la resolución impugnada se le notificó al Partido Verde Ecologista de México el veintisiete de julio de dos mil nueve, y su escrito de demanda se presentó el treinta y uno de julio del mismo año, lo cual evidencia que la interposición del respectivo recurso de apelación se realizó oportunamente.

A Televimex, S.A de C.V se le notificó el veintinueve de julio de dos mil nueve, y su demanda la presentó el dos de agosto del año en curso.

Por su parte, a Editorial Televisa, S.A de C.V se le enteró el cinco de agosto del año mencionado, y su medio impugnativo lo presentó ante la responsable el siete de agosto siguiente.

2. Forma.- Las demandas se presentaron por escrito ante la autoridad señalada como responsable; en ellas se hicieron constar los nombres de los apelantes y sus domicilios para recibir notificaciones; se acompañaron los documentos que se estimaron necesarios para acreditar la personería de los promoventes; se identificó la resolución combatida y la responsable de la misma; se mencionaron los hechos base de las impugnaciones, los agravios o motivos de perjuicio y los preceptos presuntamente violados; y, se asentaron las firmas autógrafas de los promoventes, de conformidad con lo previsto en el artículo 9, párrafo 1, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

3. Legitimación y personería.- Estos requisitos se encuentran satisfechos en términos de lo dispuesto en el artículo 45, párrafo 1, inciso b), fracciones I y IV, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, pues los promoventes son un partido político con registro y dos personas morales, a través de su representante legítimo.

En efecto, la demanda del Partido Verde Ecologista de México es suscrita por la ciudadana Sara Isabel Castellanos Cortés, en su carácter de representante propietaria de dicho partido ante el Consejo General del Instituto Federal Electoral, cuya personería es reconocida por la autoridad responsable en su informe circunstanciado.

Asimismo, las demandas de Editorial Televisa, S.A. de C.V. y de Televimex, S.A. de C.V. son firmadas por el ciudadano Ángel Israel Crespo Rueda, en su carácter de representante legal de dichas personas morales; personería que acredita en términos de las copias certificadas que anexa del primer testimonio de las escrituras número quince mil cuatrocientos sesenta y uno; y, diecisiete mil setecientos quince, respectivamente, pasadas ante la fe del Notario Público número cien del Distrito Federal, de cuya lectura se desprende que cuenta con las facultades que ostenta.

4. Interés jurídico.- Dicho requisito se encuentra satisfecho, ya que los actores impugnan una determinación del Consejo General del Instituto Federal Electoral, en virtud de la cual se les consideró administrativamente responsables y se les sancionó conforme al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

5. Definitividad.- También se satisface este requisito, ya que a través de los presentes recursos de apelación se controvierte una resolución del Consejo General del Instituto Federal Electoral, respecto de la cual no procede otro medio de defensa por el que pudiera ser confirmada, modificada o revocada.

CUARTO. De la lectura integral de los escritos de demanda formulados por los apelantes, se desprende que sus agravios se hacen consistir medularmente en que:

a) La audiencia de pruebas y alegatos no se celebró de conformidad con lo señalado por el artículo 368, párrafo 7, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

b) Se viola en principio non bis in idem pues el hecho que se le imputa fue sancionado con antelación en diverso procedimiento especial sancionador.

c) Se viola el principio de presunción de inocencia.

d) Hubo una incongruencia en la resolución emitida, dado que si la infracción cometida era de carácter continuado, no era dable que se iniciara un nuevo procedimiento que culminara con otra sanción.

e) Hubo una indebida fundamentación y motivación de la resolución, así como una deficiente valoración de pruebas.

f) Se hizo una incorrecta individualización de las sanciones impuestas.

QUINTO. El análisis de los motivos de disenso se hará en el orden en que son presentados, al tenor de lo siguiente:

VIOLACIÓN FORMAL

El representante de Televimex, S.A. de C.V y Editorial Televisa, S.A. de C.V., hace valer que la autoridad administrativa electoral notificó a sus representadas en fechas dieciséis y diecisiete de julio de dos mil nueve, respectivamente, el contenido de los oficios SCG/2243/2009 y SCG/2244/2009, signados por el Secretario Ejecutivo en su carácter de Secretario del Consejo General del Instituto Federal Electoral, en relación con el emplazamiento a la audiencia de pruebas y alegatos respecto al procedimiento seguido en su contra, misma que tuvo verificativo el diecinueve de julio de dos mil nueve.

En ese orden, apunta que si la denuncia fue admitida desde el quince de julio de dos mil nueve, y la audiencia de pruebas y alegatos tuvo verificativo hasta el diecinueve del mismo mes y año, ello implicó que excedió el plazo de 48 horas que previene el artículo 368, párrafo 7, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

En tal virtud, considera que la violación cometida por la autoridad electoral al no celebrar la audiencia de pruebas y alegatos dentro del término señalado, atenta contra su garantía individual de seguridad jurídica y debido proceso legal del que todo gobernado goza, por lo cual deberá declararse la ilegalidad de la resolución reclamada.

El agravio resulta infundado.

Conviene tener presente que el procedimiento especial sancionador, previsto por el artículo 367 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, se instruirá cuando: se denuncie la comisión de conductas específicas relacionadas con la violación a lo establecido en la Base III del artículo 41, o en el párrafo octavo del artículo 134, ambos de la Constitución; se contravengan las normas sobre propaganda política o electoral establecidas en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; o se trate de actos anticipados de precampaña o de campaña.

Dicho procedimiento en materia de prueba, se rige predominantemente por el principio dispositivo, pues desde el momento de la presentación de la denuncia se impone al quejoso la carga de presentar las pruebas en las que respalde el motivo de su denuncia, o bien, el deber de identificar las que el órgano habrá de requerir, pero sólo para el supuesto de que no haya tenido posibilidad de recabarlas, sin que la autoridad tenga la obligación de allegarse de esos elementos de prueba, aun cuando no le está vedada esa posibilidad, a diferencia de lo que ocurre en el procedimiento ordinario, en el cual, la responsable sí tiene el deber de impulsar la etapa de investigación y de ordenar el desahogo de las pruebas necesarias para cumplir con el principio de exhaustividad.

En el procedimiento especial sancionador, la carga de la prueba para el otorgamiento de las medidas precautorias y para la imposición de una sanción al sujeto activo es del denunciante o sujeto que inicie el procedimiento, porque el artículo 368, apartado 3, inciso e), del código citado, establece que en la denuncia deberán ofrecerse y exhibirse las pruebas con que cuente el quejoso o denunciante; o en su caso, mencionar las que habrán de requerirse, por no tener posibilidad de recabarlas.

El apartado 5, inciso c), del mismo precepto señala que la denuncia será desechada cuando el quejoso no aporte ni ofrezca prueba alguna de su dicho.

Luego, en los numerales 368 y 369, del citado ordenamiento, se prevé que cuando se admita la queja se emplazará a las partes a una audiencia de pruebas y alegatos, que tendrá verificativo dentro del plazo de cuarenta y ocho horas posteriores a su admisión, en la cual, el denunciante podrá resumir el hecho que motivó la denuncia y hacer una relación de las pruebas que a su juicio la corroboran, en tanto que el denunciado podrá responder la denuncia y ofrecer las pruebas que a su juicio desvirtúen la imputación, debiendo tener en cuenta que no serán admitidas más pruebas que la documental y la técnica.

La audiencia en cuestión, se desarrollará de la siguiente forma:

a) Abierta la audiencia, se dará el uso de la voz al denunciante a fin de que, en una intervención no mayor de quince minutos, resuma el hecho que motivó la denuncia y haga una relación de las pruebas que a su juicio la corroboran. En caso de que el procedimiento se haya iniciado en forma oficiosa la Secretaría actuará como denunciante;

b) Acto seguido, se dará el uso de la voz al denunciado, a fin de que en un tiempo no mayor a treinta minutos, responda a la denuncia, ofreciendo las pruebas que a su juicio desvirtúen la imputación que se realiza;

c) La Secretaría resolverá sobre la admisión de pruebas y acto seguido procederá a su desahogo, y

d) Concluido el desahogo de las pruebas, la Secretaría concederá en forma sucesiva el uso de la voz al denunciante y al denunciado, o a sus representantes, quienes podrán alegar en forma escrita o verbal, por una sola vez y en tiempo no mayor a quince minutos cada uno.

Hecho lo anterior, la Secretaría deberá formular un proyecto de resolución el cual lo presentará ante el Consejero Presidente, para que éste convoque a los miembros del Consejo General e imponga, en su caso, la sanción que en derecho proceda, debiendo en su decisión, tener en cuenta tanto los principios como las técnicas garantistas desarrolladas por el derecho penal aplicables al derecho administrativo sancionador, en virtud de que ambos son manifestaciones del ius puniendi del Estado, es decir, al aplicar la sanción administrativa, se encuentra constreñida a ponderar tanto aspectos objetivos (circunstancias de ejecución y gravedad del hecho ilícito) como subjetivos (condiciones personales del agente, peligrosidad, móviles, atenuantes, agravantes, etcétera), pues de lo contrario, la falta de razones suficientes impedirá al sujeto sancionado conocer los criterios fundamentales de la decisión, lo que trascenderá en una indebida motivación en el aspecto material.

Como puede advertirse de lo anterior, la referida audiencia es la única oportunidad que tiene un denunciado, dentro de un procedimiento especial sancionador, para defenderse respecto de los hechos que se le imputan como irregularidades, presentando los alegatos y las pruebas que estime pertinentes para tal efecto.

Precisado lo que antecede, se estima que no le asiste la razón al representante de las apelantes en su planteamiento, dado que esta Sala Superior al resolver los medios de impugnación identificados con las claves SUP-RAP-66/2009 y SUP-RAP-80/2009, ha definido que la disposición contenida en el artículo 368, párrafo 7, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, no debe interpretarse en el sentido de que la audiencia de pruebas y alegatos debe tener lugar en un término menor a las cuarenta y ocho horas, toda vez que, de hacerlo así, se podría ir en detrimento de una adecuada defensa por parte del denunciado, particularmente en lo que se refiere a la preparación de los alegatos que considere pertinente expresar, así como el de conocer los hechos que se le imputan, y recabar los medios de prueba que estime necesarios para sostener su defensa.

En ese sentido, se ha definido que la "citación" debe entenderse que debe verificarse en un plazo razonable e idóneo que es el más cercano o próximo al de las de cuarenta y ocho horas posteriores al emplazamiento respectivo, siguiendo criterios de razonabilidad, oportunidad, eficacia, lógica y sentido común, ya que sólo así se logra que la diligencia cumpla su cometido, el cual consiste en hacer del conocimiento efectivo al sujeto denunciado la celebración de la referida audiencia, como parte de un procedimiento especial sancionador instaurado en su contra, a fin de tener una oportunidad real de defenderse.

Tal interpretación permite, de mejor manera, el respeto puntual a la garantía de audiencia, que se persigue con el emplazamiento, pues así se evita la indefensión del afectado, ya que de otra forma no se garantizaría que el demandado tuviera conocimiento de la cita, y por ende, tuviera posibilidad de atenderla lo que a la postre implicaría el desconocimiento del inicio de un procedimiento especial sancionador en su contra, produciendo su indefensión, que, se insiste, es precisamente lo que pretende evitarse con el emplazamiento a la audiencia de pruebas y alegatos.

Como apoyo en la premisa apuntada, resulta inexacto que el hecho de que la responsable no hubiese realizado la audiencia de pruebas y alegatos dentro de las cuarenta y ocho horas después de admitida la denuncia (quince de julio de dos mil nueve) sino hasta el diecinueve siguiente del año de referencia, ello no redundó en un perjuicio a intereses de los apelantes, puesto que lo cierto es que bajo la interpretación realizada por la autoridad administrativa electoral, misma que resulta acorde con lo que con antelación ha sido sostenido por este tribunal jurisdiccional federal, se permitió a las partes denunciadas tener una mayor oportunidad de preparar su defensa respecto a los hechos que les fueron imputados, lo cual se hubiese visto mermado si en un lapso inferior a las cuarenta y ocho horas de que les hubiese emplazado, que fue el dieciséis y diecisiete de julio del año en curso, respectivamente, tuvieran que haber comparecido a la audiencia en cuestión.

En ese estado de cosas, el proceder de la autoridad no puede considerarse como una afectación a la garantía de seguridad jurídica y debido proceso legal de los apelantes, puesto que no se actualiza la violación procesal aducida, sino por el contrario, constituyó la adopción de una postura garantista que abonó a que tuvieran mayor tiempo para preparar una defensa adecuada.

VULNERACIÓN AL PRINCIPIO NON BIS IN IDEM

Sostienen los apelantes que les irroga perjuicio la resolución del Consejo General del Instituto Federal Electoral respecto del procedimiento especial sancionador incoado por el Partido de la Revolución Democrática, en contra del Partido Verde Ecologista de México, Televimex, S.A. de C.V., y Editorial Televisa, S.A. de C.V., identificado con el número de expediente SCG/PE/PRD/CG/237/2009, mediante la cual se les impuso, respectivamente, sanción consistente en reducción de las ministraciones del financiamiento público por un importe de $1’179,734.4 (un millón ciento setenta y nueve mil setecientos treinta y cuatro pesos 4/100 M.N.), así como sanciones consistentes en multas por las cantidades de $415,986.8 (cuatrocientos quince mil novecientos ochenta y seis pesos 8/100 M.N.) y $1’179,734.4 (un millón ciento setenta y nueve mil setecientos treinta y cuatro pesos 4/100 M.N.).

En su concepto, se vulnera el principio non bis in idem, al sancionar la transmisión en televisión del spot relacionado con la promoción de la edición 22 de la revista TVyNovelas, en el que se hace mención a la entrevista hecha al C. Raúl Araiza donde expresa las razones por las que apoya las propuestas del Partido Verde Ecologista de México, y en el cual aparecen inserciones propagandísticas en las que se aprecia el logotipo del referido instituto político y frases relacionadas con sus propuestas de campaña.

A su consideración se trata del mismo spot pero transmitido en distinta fecha a la sancionada en la resolución identificada con la clave CG321/2009, dictada por el Consejo General del Instituto Federal Electoral, el veintiséis de junio de dos mil nueve; por tanto, precisan que la autoridad agotó en su totalidad la facultad de investigación, por lo que no puede volver a sancionarlos.

Agregan que la autoridad no contaba con los elementos necesarios para determinar el número de spots sancionados, pues al contabilizarlos existen inconsistencias.

Señalan que indebidamente la autoridad electoral omitió el estudio de la causal de improcedencia consistente en que los hechos denunciados por el Partido de la Revolución Democrática ya habían sido sancionadas mediante procedimiento sancionatorio SCG/PE/PAN/CG/148/2009 y acumulados SCG/PE/CONV/JL/COAH/171/2009, CG/PE/PAN/CG/178/2009 y SCG/PE/CG/179/2009.

Luego, cuestionan que si la autoridad no sancionó la totalidad de las transmisiones del spot denunciado en un primer momento, eso debió ser objeto de un recurso de apelación para controvertir la anterior resolución y no, indebidamente como lo hizo, abrir un nuevo procedimiento administrativo sancionador en contra de los apelantes.

Los planteamientos devienen en infundados e inoperante según se expone a continuación.

De manera introductoria, conveniente contextualizar el carácter doctrinal y las normas que precisan el alcance de la prohibición conforme a la cual nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito.

La locución non bis in idem o ne bis in idem es un término de origen latino que significa "no dos veces sobre lo mismo", en la cual descansa el principio que prohíbe imponer una pluralidad de sanciones sobre la propia infracción.

En torno a ello, cabe señalar que la doctrina y la jurisprudencia han reconocido en forma generalizada, como un presupuesto del principio en mención, que exista identidad del sujeto, hecho y fundamento; esto es, para que se pueda considerar violentado, es menester la actualización de los tres elementos que lo identifican, a saber: que se trate de la misma persona (eadem personae), el mismo objeto (eadem res o petitium), y la misma causa (eadem causa petendi).

Dicho principio jurídico está recogido en el artículo 23 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al establecer que "nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito, ya sea que en el juicio se le absuelva o se le condene", encontrándose igualmente contemplado en los artículos 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

El principio jurídico consagrado en los ordenamientos citados, es aplicable a cualquier caso en el cual se pretenda limitar el ejercicio de los derechos de la persona humana o colectiva, como consecuencia de su actuar ilícito, tal como lo ha considerado la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Primera Sala, Tomo XVI, julio 2002, página 56, del tenor literal siguiente:

"CONTRIBUCIONES OMITIDAS. EL TERCER PÁRRAFO DE LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 64 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, VIGENTE EN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS, AL ESTABLECER QUE AQUÉLLAS SE PODRÁN VOLVER A DETERMINAR CUANDO SE COMPRUEBEN HECHOS DIFERENTES, NO ES CONTRARIO AL PRINCIPIO NON BIS IN IDEM CONSAGRADO EN EL ARTÍCULO 23 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. El principio de non bis in idem contenido en el artículo 23 constitucional como una garantía de seguridad jurídica, tiene como propósito proteger al gobernado que ha sido juzgado por un delito de ser sujeto de juicio nuevamente por el mismo delito. Dicha garantía no es exclusiva de la materia penal, tomando en cuenta que conforme al artículo 14 constitucional, la garantía de seguridad jurídica debe regir en todas las ramas jurídicas, y tiene como propósito proteger al gobernado que ha sido juzgado por un delito, de ser sujeto de juicio nuevamente por el mismo delito; en otras palabras, el citado principio consistente en que nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito, presupone la existencia de un juicio originado en la comisión de un delito, por el cual el gobernado no puede ser objeto de otro juicio, es decir, lo que el principio non bis in idem prohíbe es que una misma consecuencia de una conducta se castigue doblemente con la misma sanción, o bien, que la propia conducta sea sometida a dos procedimientos diferentes y que en cada uno de ellos se imponga idéntica sanción. Atento lo anterior, al margen de que la determinación de contribuciones omitidas por parte de la autoridad fiscal pueda o no considerarse un juicio, se concluye que el tercer párrafo de la fracción II del artículo 64 del Código Fiscal de la Federación vigente en mil novecientos noventa y dos, no contraviene el principio constitucional de referencia, pues si bien es cierto que aquel dispositivo permite a la autoridad fiscal volver a determinar contribuciones omitidas correspondientes a un mismo ejercicio, también lo es que esta nueva revisión la constriñe a hechos distintos."

La prohibición de una doble imputación y un doble juzgamiento o investigación por los idénticos hechos, supone una limitación al ius puniendi del Estado que tiene por objeto garantizar cierta seguridad jurídica para toda persona, a fin de que no se le someta a dos o más procedimientos por igual causa (cierta conducta ilícita de la cual sea responsable el sujeto), con independencia de que se le sancione o absuelva por esa razón.

Este derecho fundamental, como se precisó, comprende la imposibilidad jurídica de estar sujeto más de una vez a un procedimiento por una idéntica causa y la de ser sancionado más de una vez por idénticos hechos. En ese sentido, el principio jurídico non bis in idem tiene dos vertientes, una de carácter procesal que impide llevar a cabo un nuevo enjuiciamiento, asociada al efecto negativo de la cosa juzgada y la litispendencia, y otra que corresponde a la material o sustantiva que proscribe imponer más de una sanción; de esa suerte, en ambos supuestos prevalece la prohibición de volver a juzgar o sancionar con base en un único e idéntico suceso histórico.

Este principio también está justificado por un principio de proporcionalidad, puesto que la sanción debe guardar correlación con las propiedades relevantes y singulares de la infracción cometida, considerando, al propio tiempo, la lesión o puesta en peligro del bien jurídico vulnerado con dicho actuar. Es decir, habría desproporción entre la sanción y la conducta ilícita y, en consecuencia, un exceso en el ejercicio del poder coactivo estatal, por lo que devendría en arbitrario, si se sancionan más de una vez idénticos hechos y al mismo sujeto responsable.1

1 García Albero, Ramón, Non bis in idem material y concurso de leyes penales, op. cit., pp. 87-89

Una vez que el sujeto ha recibido el reproche estatal sobre su conducta ilícita no existe necesidad de una nueva valoración de ese preciso comportamiento pretérito, para efectos de una prevención específica que sea acorde con una política criminal propia de un Estado democrático de Derecho (prohibición de exceso). En suma, se extingue la pretensión punitiva estatal.

Existen otros supuestos que también comprende el principio non bis in idem, los cuales proscriben: a) La doble valoración de los elementos del hecho, para efectos de la individualización de la sanción y b) La previsión de un mismo supuesto jurídico en dos diversas disposiciones jurídicas con idénticas o distintas sanciones, lo cual acontece cuando la idéntica conducta se tipifica por dos o más ordenamientos jurídicos, incluso, cuando correspondan a órdenes distintos, como son, verbigracia, el derecho penal y el derecho administrativo sancionador.

Como puede observarse, en el principio non bis in idem subsiste la prohibición de un ejercicio reiterado del ius puniendi del Estado, lo cual impide sancionar doblemente tanto en el ámbito de las sanciones penales como en el de las administrativas o de cualquier otro orden, y proscribe la compatibilidad entre penas y sanciones administrativas en aquellos casos en los cuales se constate que concurre identidad de sujeto, de hecho y fundamento.

Con relación a la trilogía de elementos que se señalan para la aplicación del principio de mérito, cabe hacer los señalamientos siguientes:2

2 Cfr: Francisco Victorino Castillo Vera, "VULNERACIÓN DEL PRINCIPIO NON BIS IN IDEMEN EL SISTEMA DE SANCIONES ESTATALES (PENALES Y ADMINISTRATIVAS): INAPLICABILIDAD POR INCONSTITUCIONALIDAD" en: Microjuris. Boletín Nº MJD321. Doctrina. 07-01-2009. Santiago de Chile.

a) Identidad subjetiva (del sujeto o persona). Para el caso, es menester que el ente (físico o moral) sancionado, sea el mismo (identidad) que ya fue sancionado por la misma falta. Este requisito es operativo individualmente y no posee efecto extensivo.

b) Identidad objetiva (en el hecho). Respecto a la identidad del objeto, en el principio del doble juzgamiento, se mira al hecho como acontecimiento real, acaecido en un lugar y en un momento o período determinado. Debe tratarse así, de la misma acción y omisión humanas punibles en la ley, imputadas dos o más veces, de manera que el respeto a la cosa juzgada, determina la privación de la duplicidad de sanciones respecto de unos mismos hechos, es decir lo declarado por sentencia firme constituye la verdad jurídica.

c) Identidad de pretensión (por la misma causa o fundamento). Con esto se hace referencia a los bienes jurídicos tutelados por las respectivas normas, y se encamina a proteger que una misma pretensión, no sea objeto de doble decisión definitiva en armonía con la cosa juzgada y la litispendencia.

En la especie, de la lectura de las resoluciones identificadas con las claves CG321/2009 y CG362/2009, esta Sala Superior advierte lo siguiente:

 La empresa Editorial Televisa, S.A. de C.V. (en su calidad de prestataria) y el Partido Verde Ecologista de México (en su calidad de cliente) celebraron contratos de prestación de servicios publicitarios, respecto del "Plan Revista 2009", con vigencia del uno de marzo al uno de julio de la presente anualidad, por la cantidad de $527,147.05 (Quinientos veintisiete mil ciento cuarenta y siete pesos 05/100 M.N.) y de $12,972,852.99 (Doce millones novecientos setenta y dos mil ochocientos cincuenta y dos 99/100 M.N.).

- La propaganda electoral publicada en las ediciones 22 y 24 de la revista TVyNovelas, derivó precisamente de los términos establecidos entre el contrato celebrado entre la empresa editorial y el partido político señalados.

- La propaganda electoral del Partido Verde Ecologista de México, aparecida en las ediciones 22 (Raúl Araiza) y 24 (Maite Perroni) de la revista TVyNovelas, fue transmitida en televisión mediante una permuta celebrada entre las personas morales Editorial Televisa, S.A. de C.V. y Televimex, S.A. de C.V., consistente en una serie de intercambios de servicios de publicidad para el uso de los tiempos vacantes o disponibles para tales efectos, en virtud de que ambas personas morales son integrantes del mismo grupo empresarial; en razón de lo cual Editorial Televisa, S.A. de C.V. hace uso de un derecho para publicitar sus productos en televisión recayéndole la obligación de publicitar en sus revistas diversos productos de otras filiales integrantes del grupo empresarial Televisa.

- La empresa Televimex S.A. de C.V., transmitió en canales de los que es concesionaria, con motivo de la permuta que tiene con Editorial Televisa, S.A. de C.V., la propaganda electoral del Partido Verde Ecologista de México, inserta en las ediciones 22 y 24 de la revista TVyNovelas, en los canales y fechas que a continuación se precisan:

SPOT

FECHA

IMPACTOS

TOTAL

CANAL 2

XEW-TV

CANAL 5

XHGC-TV

CANAL 9

XEQ-TV

RAÚL ARAIZA 3-JUNIO-2009

19

8

- - -

27

4-JUNIO-2009

25

9

- - -

34

5-JUNIO-2009

26

9

- - -

35

6-JUNIO-2009

2

- - -

- - -

2

8-JUNIO-2009

24

6

- - -

30

9-JUNIO-2009

23

6

- - -

29

10-JUNIO-2009

20

4

- - -

24

11-JUNIO-2009

18

2

- - -

20

12-JUNIO-2009

24

9

- - -

33

13-JUNIO-2009

18

18

- - -

36

14-JUNIO-2009

21

11

2

34

15-JUNIO-2009

30

9

- - -

39

MAITE PERRONI

16-JUNIO-2009

28

2

- - -

30

17-JUNIO-2009

30

2

- - -

32

18-JUNIO-2009

37

4

- - -

41

19-JUNIO-2009

37

8

- - -

45

20-JUNIO-2009

26

20

- - -

46

21-JUNIO-2009

2

- - -

- - -

2

TOTAL

410

127

2

539

- En las resoluciones CG321/2009 y CG362/2009, los sujetos sancionados por la difusión de los spots fueron: Editorial Televisa, S.A. de C.V., Televimex, S.A. de C.V. y el Partido Verde Ecologista de México.

- En las resoluciones CG321/2009 y CG362/2009, se señala que las infracciones cometidas por dichos sujetos son:

I) Editorial Televisa, S.A. de C.V., artículo 345, párrafo 1, inciso b), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, por haber contratado y difundido en televisión propaganda electoral a favor de un partido político;

II) Televimex, S.A. de C.V., artículo 350, párrafo 1, inciso b), del mismo ordenamiento, por difundir propaganda electoral no ordenada por el Instituto Federal Electoral; y

III) El Partido Verde Ecologista de México, las hipótesis normativas previstas en los artículos 41, Base III, apartado A, inciso g), párrafo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con lo dispuesto en los artículos 38, párrafo 1, incisos a) y u); 49, párrafo 3; 341, párrafo 1, inciso a) y 342, párrafo 1, incisos a) e i), del código electoral en consulta, al haber incumplido su deber de garante.

Establecido lo anterior, en la especie no se actualiza la prohibición contenida en el artículo 23 de la Constitución Federal, conforme a la cual nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito.

Lo anterior porque, en las resoluciones CG321/2009 de veintiséis de junio y CG362/2009 de veintiuno de julio, ambas de dos mil nueve, no existe identidad en los hechos sancionados.

Si bien en ambas resoluciones el objeto de reproche fue un spot transmitido en canales de televisión relacionado con la promoción de la edición 22 de la revista TVyNovelas, en el que se hace mención a la entrevista hecha al C. Raúl Araiza donde expresa las razones por las que apoya las propuestas del Partido Verde Ecologista de México y, en el cual, aparecen inserciones propagandísticas en las que se aprecia el logotipo del referido instituto político y frases relacionadas con sus propuestas de campaña; lo cierto es que se sanciona por periodos de difusión autónomos y distintos que causaron nuevos y diferentes impactos en televisión.

En efecto, la primera conducta por la cual fueron sancionados el Partido Verde Ecologista de México, Editorial Televisa, S.A. de C.V. y Televimex S.A. de C.V, consistió en la ilegal difusión de spots durante el periodo comprendido del tres al once de junio de dos mil nueve, con ciento cincuenta y siete impactos (157) en el canal 2 y cuarenta y cuatro impactos (44) en el canal 5; así como los difundidos del dieciséis al veintiuno de junio del mismo año, con ciento sesenta y nueve impactos (169) en el canal 2 y treinta y seis impactos (36) en el canal 5.

Tales conductas fueron constitutivas de infracción porque quebrantaban el desarrollo de los comicios en igualdad de condiciones para todos los actores políticos, en específico, el derecho de acceder en forma permanente y equitativa a los medios de comunicación, por conducto de la autoridad autorizada para otorgarlo, como lo era el Instituto Federal Electoral.

Los hechos materia de la resolución que ahora se combate, se hacen consistir en la ilegal difusión de un promocional de televisión, del doce al quince de junio del año en curso, el cual fue transmitido en ciento cuarenta y dos (142) ocasiones, en las emisoras identificadas con las siglas XEW-TV canal 2, XHGC-TV canal 5 y XEQ-TV canal 9, en el que aparece el actor Raúl Araiza, emitiendo expresiones a favor del Partido Verde Ecologista de México.

Para ilustrar lo anterior, a continuación se inserta la siguiente tabla:

 

 

Resolución del CG del IFE

CG321/2009, 26 de junio

Resolución del CG del IFE

CG362/2009 21de julio

Nombre del spot

Promocional (Araiza)

Promocional (Perroni)

Promocional (Araiza)

Periodos sancionados

3-11 de junio

16-21 de junio

12-15 de junio

No. de impactos

397

142

Las consideraciones que anteceden, ponen en evidencia que las conductas desplegadas por el Partido Verde Ecologista de México, Editorial Televisa, S.A. de C.V. y Televimex S.A. de C.V, relacionadas con la contratación y difusión de un promocional en televisión, el cual fue transmitido del doce al quince de junio, a través de las emisoras XEW-TV canal 2, XHGC-TV canal 5 y XEQ-TV canal 9, constituyen conductas realizadas en distinto tiempo, con un nuevo y diferente número de impactos en televisión y transmitidas en una nueva emisora, todo lo cual, quebranta la norma Constitucional que prevé el derecho de acceder en forma permanente y equitativa a los medios de comunicación, por conducto del Instituto Federal Electoral. De ahí que, no se actualiza el non bis in idem en tanto que se está sancionando por diferentes periodos, con nuevos impactos de transmisión, e incluso, en una distinta emisora, respecto de aquéllos que fueron sancionados en la resolución CG321/2009.

Lo anterior evidencia que, cada periodo de transmisión, al ocasionar nuevos impactos en su difusión, constituyen hechos distintos y autónomos, que actualizan de nueva cuenta la prohibición constitucional en materia de acceso a radio y televisión. Por tanto, la autoridad estaba en condiciones de sancionar la transmisión en las fechas denunciadas por el Partido de la Revolución Democrática, en tanto que, ese periodo e impactos en televisión no fueron sancionados en el procedimiento especial sancionador anterior.

En esa virtud, se estima ajustado a derecho que se haya procedido sancionar al Partido Verde Ecologista de México, Editorial Televisa, S.A. de C.V. y Televimex S.A. de C.V, por las transmisiones difundidas del doce al quince de junio de dos mil nueve, puesto que, la anterior determinación sólo se sancionó por la contratación y difusión de la propaganda de referencia durante el periodo que abarcó del tres al once y del dieciséis al veintiuno de junio de dos mil nueve.

Dicho de otro modo, la conducta ilegal se presentó en forma aislada y diferente en distintos días, lo cual se puede corroborar en forma más clara, con la siguiente inserción.

Resolución del CG del IFE

CG321/2009, 26 de junio

Resolución del CG del IFE

CG362/2009 21de julio

(RESOLUCIÓN IMPUGNADA)

Resolución del CG del IFE

CG321/2009, 26 de junio

Promocional (Araiza)

3-11 de junio

157 impactos en el canal 2

44 impactos en el canal 5

Promocional (Araiza)

12-15 de junio

140 impactos en los canales 2 y 5

2 impactos en el canal 9

Promocional (Perroni)

16-21 de junio

169 impactos en el canal 2

36 impactos en el canal 5

La inserción demuestra que se trató de distintos hechos, todos ellos, diferentes y autónomos, que se presentaron del tres al veintiuno de junio de dos mil nueve.

Es decir los hechos consistentes en difusión de propaganda electoral en televisión durante periodo prohibido, se presentó durante diecinueve días consecutivos con un total de quinientos treinta y nueve impactos en televisión, según se desprende de las resoluciones CG321/2009 y CG362/2009 emitidas por el Consejo General del Instituto Federal Electoral.

Estimar que existe violación al principio de non bis in idem llevaría a concluir que la difusión en periodo prohibido de ciento cuarenta y dos spots, del doce al quince de junio, quedara al margen de la legalidad, tolerando así conductas que vulneran el sistema constitucional de acceso equitativo de los partidos políticos en medios electrónicos y la consecuente contratación exclusiva por parte del Instituto Federal Electoral.

Consecuentemente, no le asiste la razón a los impetrantes, pues no existe violación a los principios de seguridad jurídica y non bis in idem pues, como se razonó, en la especie se está frente a hechos distintos y autónomos consistentes en ciento cuarenta y dos nuevos impactos del spot, transmitidos en tres emisoras de televisión, durante periodo distinto al sancionado en el procedimiento especial sancionador SCG/PE/PAN/CG/148/2009 y acumulados SCG/PE/CONV/JL/COAH/171/2009, CG/PE/PAN/CG/178/2009 y SCG/PE/CG/179/2009.

Por las razones que anteceden, tampoco les asiste la razón a los apelantes cuando sostienen que la autoridad agotó en su totalidad la facultad de investigación, por lo que, en concepto de los actores, no puede volver a sancionar por la difusión en un periodo distinto. Lo anterior porque, como ha quedado precisado, los hechos por los cuales se impuso las sanciones que ahora se impugnan corresponden al conjunto de infracciones en que incurrieron los recurrentes derivadas del incumplimiento a diversas obligaciones relativas a la contratación y difusión de promocionales en radio y televisión.

Atendiendo a lo anterior, es importante distinguir que los hechos por los cuales la responsable ordenó abrir el procedimiento especial cuya sanción se controvierte, es diferente de aquellos por los cuales la responsable impuso la sanción recaída al procedimiento anterior, dado que se refiere a la difusión de spots transmitidos en periodos distintos y que ocasionaron impactos diferentes a los previamente sancionados. Esto es, los hechos por los cuales la responsable ordenó el procedimiento en cada caso en particular derivan de diversas denuncias en contra de posibles irregularidades acontecidas en diversos momentos con distintos impactos en televisión.

Por tanto, esta Sala Superior considera que la simple apertura de procedimientos sancionatorios no supone la actualización de la prohibición a que se refiere el principio non bis in idem, en tanto que no implica un doble enjuiciamiento o un riesgo de sancionar la misma conducta dos veces, tal como lo refieren los impetrantes.

Tampoco tienen razón los apelantes cuando señalan que indebidamente la autoridad omitió el estudio de la causal de improcedencia consistente en que los hechos denunciados por el Partido de la Revolución Democrática ya habían sido sancionadas en un diverso procedimiento sancionador; y, que por esa razón, si la autoridad no sancionó la totalidad de las transmisiones del spot denunciado en un primer momento, eso debió ser objeto de un recurso de apelación para controvertir la anterior resolución y no, indebidamente como lo hizo, abrir un nuevo procedimiento administrativo sancionador en contra de los apelantes.

Lo anterior porque, en las páginas 78 a 84 de la resolución impugnada, la responsable examinó el tema relativo a la causal de improcedencia prevista en la hipótesis normativa del artículo 30, punto 2, inciso d) del Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Federal Electoral, invocada por la Editorial y la Televisora.

Al respecto, formuló consideraciones en torno al principio de non bis in idem, mismas que sirvieron de base para analizar la procedencia o no de la excepción hecha valer por los entonces denunciados.

Sobre el particular, la autoridad concluyó que los spots materia del procedimiento sancionador se difundieron en fechas posteriores y en una emisora más a las que originalmente se realizó su transmisión, esto es, fueron difundidos del doce al quince de junio de dos mil nueve y además en la emisora identificada con las siglas XEQ-TV, canal 9.

En tal virtud, concluyó que los hechos materia de ambos expedientes eran distintos, y en consecuencia, estimó que no se actualizaba la prohibición al principio non bis in idem.

Por tanto, dado que la autoridad sí examinó la causal de improcedencia consistente en los hechos denunciados han sido materia de otra denuncia, resulta infundado su agravio.

Finalmente, se estima que resulta inoperante la afirmación relativa a que la autoridad no contaba con los elementos necesarios para determinar el número de spots sancionados, en tanto que, según los actores, al contabilizarlos existen inconsistencias. La calificación del agravio obedece a que tal señalamiento resulta genérico y dogmático pues los actores no precisan a qué spots se refieren, si los identificados con el nombre de Araiza o los identificados con el nombre de Perroni, tampoco señala en qué canales, en qué horarios, ni en qué fechas, fueron difundidos los promocionales que presentan inconsistencias. Por tanto, la ineficacia de su planteamiento origina la inoperancia del mismo.

VIOLACIÓN AL PRINCIPIO DE PRESUNCIÓN DE INOCENCIA

En forma similar, la Televisora y la Editorial señalan que la resolución impugnada deviene en ilegal, en tanto que los sanciona con multas por las cantidades de $415,986.8 (cuatrocientos quince mil novecientos ochenta y seis pesos 8/100 M.N.) y $1’179,734.4 (un millón ciento setenta y nueve mil setecientos treinta y cuatro pesos 4/100 M.N.), respectivamente, en contravención del principio de presunción de inocencia previsto en los artículos 16, en relación con el 20, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como, 14, apartado 2, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 8, apartado 2, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Al respecto, señalan los apelantes que la conclusión a la que llegó la autoridad sobre la existencia de spots irregulares, se sustentó en las consideraciones y razonamientos vertidos en la resolución del Consejo General del Instituto Federal Electoral CG321/2009, recaída al procedimiento especial sancionador SCG/PE/PAN/CG/148/2009 y acumulados SCG/PE/CONV/JL/COAH/171/2009, CG/PE/PAN/CG/178/2009 y SCG/PE/CG/179/2009; sin tomar en consideración que la resolución recaída a ese procedimiento fue impugnada por los actores ante este órgano jurisdiccional mediante los recursos de apelación identificados con los números de expediente SUP-RAP-212/2009 y SUP-RAP-213/2009, los cuales se encuentran pendientes de resolución. Todo lo cual, en concepto de los impetrantes, vulnera el principio de presunción de inocencia al ser sancionados sobre hechos no acreditados.

El agravio deviene en infundado.

Como cuestión preliminar, se precisa que el principio de presunción de inocencia es una garantía del acusado de una acción u omisión considerada por la ley como delito o infracción administrativa, y tiene por objeto evitar que las autoridades jurisdiccionales o administrativas, con el poder que detentan, involucren fácilmente a los gobernados en procedimientos sancionatorios, con elementos simples que no lleguen a fundar un juicio razonable sobre su autoría o participación en los hechos ilícitos, exigiéndose, al efecto, que las autoridades sancionadoras reciban o recaben pruebas idóneas, aptas y suficientes, con respeto irrestricto de todas las formalidades y exigencias del debido proceso legal, en el que se respeten las garantías procesales, sin afectación de los derechos fundamentales, y mediante investigaciones exhaustivas y serias, dirigidas a conocer la verdad objetiva de los hechos denunciados y de los relacionados con ellos respecto al objeto de la investigación, mientras no se cuente con los elementos que proporcionen el grado suficiente de convicción sobre la autoría o participación en los mismos del indiciado.

El principio de presunción de inocencia es aplicable al Derecho Administrativo Sancionador, por lo que despliega sus efectos protectores, con igual intensidad, como presunción iuris tantum, al conferir al sujeto pasivo del procedimiento la garantía de ser tenido y tratado como inocente, mientras no se investigue exhaustivamente la autoría o participación en los hechos ilícitos imputados, por el órgano del Estado al que le competa.

Establecido lo anterior, en la especie, no le asiste la razón a los impetrantes cuando sostienen que los hechos sancionados se tuvieron por acreditados con base en una resolución que se encuentra sub iudice. Ello porque, como ya se ha señalado en anteriores razonamientos, el hecho sancionado lo constituyó el spot de televisión, transmitido del doce al quince de junio del año en curso, el cual tuvo ciento cuarenta y dos impactos (142), en las emisoras identificadas con las siglas XEW-TV canal 2, XHGC-TV canal 5 y XEQ-TV canal 9, en el que aparece el actor Raúl Araiza, emitiendo expresiones a favor del Partido Verde Ecologista de México.

Para acreditar la existencia de esos ciento cuarenta y dos impactos en televisión correspondientes a la difusión del spot (Promocional Araiza) transmitido del doce al quince de junio, la autoridad responsable se basó en las pruebas aportadas por el entonces quejoso, el Partido de la Revolución Democrática, así como por las recabadas por la propia autoridad.

En efecto, el Partido de la Revolución Democrática anexó a su escrito de queja el oficio número DEPPP/STCRT/7996/20009 de fecha veintitrés de junio de dos mil nueve, signado por el Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos, del que se advierte el monitoreo realizado por dicha autoridad y en el que se detectó el número de impactos del promocional identificado con el nombre del actor Raúl Araiza el cual fue transmitido durante el periodo comprendido del tres al quince de junio de dos mil nueve, en los canales XEW-TV, canal 2; XHGC-TV, canal 5 y XEQ-TV, canal 9, cuya totalidad asciende a la cantidad de trescientos cincuenta y cinco impactos.

Por su parte, la autoridad responsable, en ejercicio de su facultad de investigación requirió al Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos a efecto de que informara respecto a la transmisión del promocional de mérito, requerimiento al que recayeron los oficios número DEPPP/STCRT/8449/2009 y DEPPP/STCRT/8488/2009, de diez y catorce de julio pasado, de los que se observa que la cantidad de impactos que tuvo el multicitado spot en el que aparece el actor Raúl Araiza, lo fue de trescientos cincuenta y cinco impactos en las emisoras XEW-TV, canal 2, XHGC-TV, canal 5 y XEQ-TV, canal 9, durante el periodo comprendido del tres al quince de junio de dos mil nueve.

Luego, si por virtud de un anterior procedimiento administrativo, la Televisora y la Editorial ya habían sido sancionadas por la difusión del spot denominado "Promocional Raúl Araiza" (sólo por el periodo correspondiente del tres al once de junio anterior), la denuncia presentada por el Partido de la Revolución Democrática únicamente se debía circunscribir al periodo que va del doce al quince de junio de dos mil nueve.

En ese estado de cosas, la autoridad responsable, con base en los monitoreos que tuvo a la vista, acreditó la difusión de los ciento cuarenta y dos impactos televisivos (142) del spot denominado "Promocional Raúl Araiza" durante el periodo del doce al quince de junio de dos mil nueve en las emisoras XEW-TV, canal 2, XHGC-TV, canal 5 y XEQ-TV, canal 9.

FECHA

IMPACTOS

FECHA

CANAL 2

XEW-TV

CANAL 5

XHGC-TV

CANAL 9

XEQ-TV

12-JUNIO-2009

24

9

- - -

33

13-JUNIO-2009

18

18

- - -

36

14-JUNIO-2009

21

11

2

34

15-JUNIO-2009

30

9

- - -

39

TOTAL

93

47

2

142

Por tanto, contrario a lo afirmado por los impetrantes, la autoridad no acreditó los hechos denunciados a partir de las consideraciones y razonamientos plasmados en la resolución CG321/2009 dictada por el Consejo General del Instituto Federal Electoral, el veintiséis de junio de dos mil nueve; sino que, lo hizo con base en el monitoreo de medios electrónicos que se allegó de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos.

Cosa distinta resulta que en la resolución impugnada, para determinar la ilegalidad del spot denunciado, así como para demostrar la participación de los infractores en la comisión de la falta, la responsable haya traído a cuenta aquellas premisas que quedaron acreditadas en el expediente del procedimiento administrativo sancionador SCG/PE/PAN/CG/148/2009 y acumulados SCG/PE/CONV/JL/COAH/171/2009, CG/PE/PAN/CG/178/2009 y SCG/PE/CG/179/2009.

En efecto, dado que la valoración del spot y su consecuente calificación como propaganda electoral quedó determinada en el diverso procedimiento sancionador, la responsable retomó las conclusiones que derivaron de aquélla investigación.

Asimismo, retomó los elementos probados en aquél procedimiento administrativo, mediante los cuales, se demostró la participación en la contratación y difusión del spot transmitido en los canales de televisión concesionados a Televimex S.A. de C.V., relacionados con la promoción de la revista TVyNovelas año XXXI, edición 22, publicada el primero de junio, en el que se hace mención a la entrevista hecha a Raúl Araiza, mediante la cual expresa las razones por las que apoyará las propuestas del Partido Verde Ecologista de México, y aparecen inserciones propagandísticas en las que se aprecia el logotipo del referido instituto político y frases relacionadas con sus propuestas de campaña.

Luego, en virtud de que al momento de la interposición de los medios de impugnación que se resuelven, los recurso de apelaciones SUP-RAP-212/2009 y SUP-RAP-213/2009 (por los que se impugnó la resolución CG321/2009) se encontraban en sustanciación, ello provocó que los enjuiciantes formularan sus planteamientos a partir de que la responsable determinó sanciones con base en una resolución que se encontraban sub iudice.

Empero, esos medios de impugnación fueron resueltos por esta Sala Superior mediante ejecutoria aprobada en sesión pública de cinco de agosto de dos mil nueve, en la que se determinó que el spot denominado "Promocional Araiza" constituía propaganda electoral, así como confirmar la responsabilidad atribuida a los sujetos infractores.

Por las consideraciones relatadas, se concluye que, contrario a lo esgrimido por los impetrantes, no se violó en su perjuicio el principio de presunción de inocencia.

DELITO CONTINUADO

Los apelantes refieren que la responsable incurrió en una incongruencia y falta de motivación en el dictado de su resolución, dado que si la infracción cometida era de carácter continuado, no era dable que se le iniciara un nuevo procedimiento que culminara con otra sanción a la que con antelación se le impuso, dado que se trababa de una sola infracción con pluralidad de conductas con una sola intención o propósito y una identidad de lesión.

Apuntan que de la resolución recurrida no se desprende razón o motivo que dejara claro el por qué no se le estaba sancionado dos veces por los hechos consistentes en la transmisión de promocionales de televisión que contenían propaganda con fines electorales.

Hace notar que si la conducta sancionada fue continuada, ésta implica una serie de actos de tracto sucesivo, inseparables e indivisibles, los cuales no pueden analizarse aisladamente en dos procedimientos.

Consideran que lo vertido por la autoridad administrativa electoral, en el sentido de clasificar la infracción como continuada, al actualizarse una pluralidad de conductas, unidad de intención y propósitos, unidad de sujetos pasivos e identidad en el bien jurídico tutelado, permite colegir que estamos en presencia de la misma conducta y los mismos hechos que ya fueron previamente sancionados.

Mencionan que siguiendo el propio criterio invocado por la autoridad para sustentar su determinación, se concluye que en los delitos continuados no se sanciona imponiendo dos veces la misma pena, sino solamente se aumenta la pena fungiendo como agravante la conducta delictuosa.

El agravio resulta infundado.

Sobre el tema en cuestión, cabe precisar que la autoridad electoral administrativa después de que estimó que se acreditaba la comisión de la conducta denunciada, al haberse difundido de manera ilegal un promocional durante el periodo comprendido del doce al quince de junio de dos mil nueve, con la finalidad de determinar si las conductas imputadas a los sujetos denunciados, configuraban la comisión de una nueva infracción a la ley electoral, o bien, si se trataba de una pluralidad de conductas que constituyeran una infracción, precisó que concurrían los elementos establecidos en la legislación y la doctrina para los delitos continuados, puesto que:

- Pluralidad de conductas. Se acreditó que los tres sujetos denunciados contrataron y transmitieron diversos promocionales en los que se difundió propaganda de la revista TVyNovelas (número 22), a través de un promocional en el que aparece el emblema de dicho instituto político, durante los días doce al quince de junio del presente año, los cuales no habían sido tomados en cuenta al resolver otra queja.

- Unidad de intención o propósito. Se comprobó que la conducta desplegada, tenía como objeto influir en las preferencias electorales de los ciudadanos a favor del Partido Verde Ecologista de México.

- Unidad de sujeto pasivo. Los sujetos pasivos fueron los partidos políticos distintos al instituto político contraventor de la normativa electoral, al haberse acreditado que la finalidad principal de la propaganda contratada y transmitida fue con el propósito de influir en las preferencias electorales.

Identidad de lesión al bien jurídico. Se evidenció que la propaganda difundida contravino lo dispuesto por el artículo 41, Base III, Apartado A, inciso g), párrafos 2 y 3, de la Carta Magna, en relación con lo previsto en los artículos 38, párrafo 1, inciso a), 49, párrafos 3 y 4; 341, párrafo 1, incisos a), d) e i) y 342, párrafo 1, incisos a) e i); 345, párrafo 1, inciso b) y 350, párrafo 1, inciso b), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

No obstante, consideró que lo conducente era sancionar al Partido Verde Ecologista de México, Editorial Televisa, S.A. de C.V. y Televimex S.A. de C.V, únicamente respecto a los hechos acontecidos del doce al quince de junio de dos mil nueve, puesto que por anterior determinación se les sancionó por la contratación y difusión de la propaganda de referencia durante el periodo que abarcó del tres al once y del dieciséis al veintiuno de junio de dos mil nueve.

Sobre el tema en cuestión, la doctrina ha sido uniforme en señalar que el delito es continuado cuando se ejecuta con pluralidad de conductas o hechos, unidad de propósito delictuoso, identidad de disposición legal y sujeto pasivo, por lo que en casos así, todos los actos cometidos tendrían que considerarse en conjunto como un solo delito ejecutado durante determinado tiempo.

En ese sentido, podemos decir que los requisitos que componen a dicha figura son: a) la reiteración de conductas ilícitas; b) la ejecución de hechos de idéntica naturaleza que afecten al mismo ofendido e idéntico bien jurídico tutelado; y c) que desde la realización de la primera conducta haya unidad de propósito delictivo, es decir, que al iniciarse el primero de los actos ilícitos exista intención de llevar adelante actos futuros, hasta llegar a la unidad, alcanzando el propósito final.

Así las cosas, si a través de actos concatenados y sucesivos, el sujeto activo desde la realización de la primera conducta, tiene la intención de llevar adelante actos futuros hasta llegar a la unidad, alcanzando su propósito final, en donde el sujeto pasivo fue el mismo, resulta inconcuso que todos los actos cometidos deben estimarse en conjunto como un solo delito ejecutado durante determinado tiempo, puesto que constituyen una reiteración de actividades antijurídicas con un solo propósito delictivo y resultado.

Lo que antecede, pone en evidencia que la autoridad administrativa electoral incurrió en una incongruencia en su resolución, puesto que aun cuando precisó que en la especie concurrían los elementos del delito continuado, finalmente sancionó de manera autónoma la última falta cometida, sin tomar en cuenta la primera conducta por la cual habían sido sancionados los apelantes.

Dicho de otro modo, sí mencionó que se trataba de una infracción continuada, la conducta ilegal que a través del presente procedimiento siguió, debió considerarla en su conjunto con la que impuso con antelación en la queja SCG/PE/PAN/CG/148/2009 y sus acumuladas, a efecto de imponer la sanción que correspondiera; sin embargo, esto no aconteció puesto que optó por penar, de manera particularizada, la difusión de la propaganda difundida del doce al quince de junio de dos mil nueve, en el entendido de que por la transmitida del tres al once y del dieciséis al veintiuno, ambas de junio de mismo año, ya habían sido sancionadas.

No obstante el equívoco cometido por la responsable en su determinación, resulta inexacto que estemos en presencia de una infracción continuada, puesto que no es el caso que los sujetos involucrados hayan ejecutado diversos actos parciales, concatenados entre sí, por una relación de dependencia (nexo de continuación), del tal manera que pudieran englobarse en una acción de unidad final común, encaminada a lesionar bienes jurídicos pertenecientes al mismo titular.

En efecto, la primera conducta por la cual fueron sancionados el Partido Verde Ecologista de México, Editorial Televisa, S.A. de C.V. y Televimex S.A. de C.V, descansó en que la propaganda que fue transmitida del tres al once de junio de dos mil nueve, relacionada con un promocional de la publicación número 22 de la revista TVyNovelas, en el que aparece el actor Raúl Araiza, mismo que tuvo ciento cincuenta y siete impactos (157) en el canal 2 y cuarenta y cuatro (44) impactos en el canal 5, y la difundida del dieciséis al veintiuno de junio del mismo año, concerniente a un promocional de la publicación número 24 de la revista TVyNovelas, en el que aparece la actriz Maite Perroni haciendo referencia a su preferencia electoral a favor del Partido Verde Ecologista de México, el cual tuvo ciento sesenta y nueve impactos (169) en el canal 2 y treinta y seis (36) impactos en el canal 5, conculcaba lo establecido en los artículos 41, Base III, apartado A, inciso g), párrafos 2 y 3, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en relación con lo dispuesto por los artículos 38, párrafo 1, incisos a) y u); 49, párrafos 3 y 4; 341, párrafo 1, incisos a), d), e i); 342, párrafo 1, incisos a) e i); 345, párrafo 1, inciso b) y 350, párrafo 1, inciso b), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en virtud de que la propaganda en cuestión, no sólo contenía apreciaciones relacionadas con las entrevistas otorgadas por los actores referidos, sino que además, se encaminó a resaltar las propuestas de campaña del Partido Verde Ecologista de México, en el ánimo de posicionarlo en las preferencias electorales.

Situación que resultaba ilegal, al quebrantar el desarrollo de los comicios en igualdad de condiciones para todos los actores políticos, en específico, el derecho de acceder en forma permanente y equitativa a los medios de comunicación, por conducto de la autoridad autorizada para otorgarlo, como lo era el Instituto Federal Electoral.

Por su parte, los hechos materia de la resolución que ahora se combate, se hacen consistir en la presunta ilegal difusión de un promocional de televisión, del doce al quince de junio del año en curso, el cual fue transmitido en ciento cuarenta y dos (142) ocasiones, en las emisoras que anteceden, así como en la identificada con la sigla XEQ-TV-Canal 9, en el que aparece el aludido actor Raúl Araiza, emitiendo expresiones a favor del Partido Verde Ecologista de México.

Las consideraciones que anteceden, ponen en evidencia que las conductas desplegadas por el Partido Verde Ecologista de México, Editorial Televisa, S.A. de C.V. y Televimex S.A. de C.V, relacionadas con la contratación y difusión de un promocional en televisión (Raúl Araiza), el cual fue transmitido del doce al quince de junio de dos mil nueve, a través de las emisoras XEW-TV canal 2, XHGC-TV canal 5 y XEQ-TV canal 9, constituyen actos realizados en distinto tiempo, de manera independiente, con una finalidad distinta, a lo acontecido con otras conductas de similar naturaleza, que fueron con antelación sancionadas, de ahí que no podría hablarse de una infracción continuada.

En efecto, queda evidenciado que las conductas que ahora se analizan, confrontadas con las que fueron objeto de pronunciamiento en la queja SCG/PE/PAN/CG/148/2009 y sus acumuladas SCG/PE/CONV/JL/COAH/171/2009, CG/PE/PAN/CG/178/2009 y SCG/PE/CG/179/2009, mismas que luego dieron lugar al recurso de apelación SUP-RAP-201/2009 y sus acumulados SUP-RAP-212/2009 y SUP-RAP-213/2009, poseen características que las hacen distintas, en virtud de que: no se trata de actos dependientes, que no pueda entenderse uno sin el otro; no se encuentran concatenados; no hay intención de realizar actos futuros de idéntica naturaleza en un periodo más o menos prolongado encaminados a un único fin; ni tampoco, se advierte que se hayan encaminado a cometer una sola conducta delictiva.

En tal estado de cosas apuntado, al no actualizarse los elementos constitutivos para considerar que la conducta que ahora se objeta sea de carácter continuada, ello conduce a que no pueda acogerse el planteamiento de los apelantes, en el sentido de que la conducta relacionada con difusión de un promocional que contrataron y difundieron del doce al quince de junio de dos mil nueve, fue con antelación sancionada al dictarse la resolución CG321/2009.

INCORRECTA FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN, E INDEBIDA VALORACIÓN DE PRUEBAS

De la lectura íntegra del agravio TERCERO contenido en sus respectivos escritos de apelación, esta Sala Superior advierte que Televimex, S.A. de C.V. y Editorial Televisa, S.A. de C.V. aducen una violación directa al artículo 16 Constitucional por parte del Consejo General del Instituto Federal Electoral, pues en su opinión, la resolución que impugnan carece de una debida fundamentación y motivación, toda vez que:

A) Se pretende fundamentar en la diversa resolución CG321/2009, la cual concluye dogmáticamente que la publicidad contratada por Editorial Televisa constituyó propaganda política o electoral, y derivado de ello, la resolución ahora combatida, se constriñe solamente al análisis de la existencia de los spots de fecha doce al quince de junio del año en curso, pues los mismos no fueron materia del conocimiento y sanción de la primera resolución;

B) Nunca se contrató propaganda con fines políticos o electorales para influir en las preferencias electorales de los ciudadanos; y la definición prevista en los artículos 233, párrafo 3, del código electoral; 2°, del Reglamento del Instituto Federal Electoral en materia de Propaganda Institucional y Político Electoral de Servidores Públicos; 7, inciso b), fracción VII, del Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Federal Electoral, al igual que la tesis "PROPAGANDA ELECTORAL. COMPRENDE LA DIFUSIÓN COMERCIAL QUE SE REALIZA EN EL CONTEXTO DE UNA CAMPAÑA COMICIAL CUANDO CONTIENE ELEMENTOS QUE REVELAN LA INTENCIÓN DE PROMOVER UNA CANDIDATURA ANTE LA CIUDADANÍA", no coincide con lo que la autoridad concluye, pues la "propaganda electoral" debe ser producida y difundida por: (i) (los partidos políticos; (ii) los candidatos registrados, y; (iii) sus simpatizantes; por lo que al no ser las empresas alguno de estos sujetos, y al no haberse acreditado dicha participación, no existe motivo alguno de sanción;

C) La autoridad omitió acreditar los elementos de la propaganda electoral: sujeto, objeto y finalidad, y que se carece de razonamientos jurídicos que sustenten el dicho de la autoridad, por lo cual, las manifestaciones que se esgrimen resultan unilaterales;

D) No existe un razonamiento suficiente, ni elementos, que acrediten que la finalidad de la propaganda comercial tuviera por "propósito", objeto o INTENCION presentar ante la ciudadanía las candidaturas registradas;

E) La autoridad deja de considerar que las personas morales carecen de voluntad propia, por lo que al no tener consciencia, no puede predeterminar un elemento cognoscitivo que evidencie su voluntad; por lo tanto –señalan las accionantes– no puede actualizarse el presupuesto de intencionalidad que refiere la autoridad, pues en todo caso, la intención de toda persona moral es el llevar a cabo el cumplimiento de su objeto social, y que el único fin que perseguían era el de realizar un acto de comercio, en cumplimiento con sus objetos sociales y en ejercicio del derecho de la libre contratación en materia mercantil;

F) La autoridad fue omisa en acreditar el segundo elemento de la propaganda electoral (objeto), es decir, que se tratara de expresiones producidas y difundidas hechas por algún partido político, candidatos registrados y/o simpatizantes del mismo;

G) La propaganda comercial del producto se limitó a difundir y publicitar la existencia de un producto, es decir, la revista TvyNovelas, lo cual evidencia que la propaganda materia del procedimiento no reúne aquellos elementos para que la misma deba considerarse como electoral; y

H) En el supuesto sin conceder, que la propaganda comercial en estudio se tratara de aquella denominada electoral, no se acreditó que la misma hubiera sido ordenada por personas distintas al Instituto Federal Electoral, por lo que esta omisión hace evidente la ilegalidad de la resolución, al estar basada en afirmaciones que no encuentran sustento en elementos de hecho ni de derecho.

Por otro lado, en el correspondiente agravio CUARTO de los escritos de apelación, las citadas empresas comerciales señalan como motivos de queja que:

I) La resolución recurrida pretende fundamentarse en documento diverso (resolución CG321/2009), y no adminicula prueba alguna para acreditar la infracción que se imputa;

J) En ninguno de los dos expedientes se aprecia la existencia de pruebas que lleven a concluir válidamente que la propaganda del producto en comento constituyó propaganda electoral, y mucho menos, que la difusión hubiera sido contratada por persona física o moral; y

K) Se contravienen las reglas de la lógica y sana crítica en materia probatoria, toda vez que la resolución apelada está basada en simples conjeturas y se sustenta en simples presunciones.

Esta Sala Superior estima infundados los agravios antes señalados, en razón de lo siguiente:

La reforma constitucional en la materia electoral, contenida en el Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el trece de noviembre de dos mil siete, implementó en el Apartado A, de la Base III, del artículo 41, del ordenamiento constitucional, los lineamientos sobre el derecho de los partidos políticos de hacer uso de manera permanente de los medios de comunicación social, entre los que destaca, que el Instituto Federal Electoral será autoridad única para la administración del tiempo que corresponda al Estado en radio y televisión destinado a sus propios fines y al ejercicio del derecho de los partidos políticos nacionales, razón por la cual, los partidos políticos en ningún momento podrán contratar o adquirir, por sí o por terceras personas, tiempos en cualquier modalidad de radio y televisión; así como que ninguna otra persona física o moral, sea a título propio o por cuenta de terceros, podrá contratar propaganda en radio y televisión dirigida a influir en las preferencias electorales de los ciudadanos, ni a favor o en contra de partidos políticos o de candidatos a cargos de elección popular.

El propósito de este mandato constitucional, por un lado, asegura a los partidos políticos el acceso a tiempos en radio y televisión, por vía de la administración exclusiva que sobre los mismos realiza el Instituto Federal Electoral; y por otro lado, proscribe que cualquier persona física o moral contrate propaganda en dichos medios de comunicación, dirigida a influir en las preferencias electorales de los ciudadanos, ni a favorecer o contrariar a partidos políticos o candidatos a cargos de elección popular.

El concepto de propaganda aludido en la norma constitucional debe entenderse en sentido lato, porque el texto legal no la adjetiva con las locuciones "política", "electoral", "comercial" o cualquier otra; es decir, la prohibición alude a la propaganda desde la perspectiva del género, para comprender a cualquier especie. Por ende, la noción de propaganda que se emplea en el mandato constitucional, guarda relación con la transmisión de cualquier imagen auditiva o visual que, en su caso, favorezca a algún partido político, pues en sí misma, toda propaganda tiene como acción y efecto el dar a conocer algo, derivado de que la palabra propaganda proviene del latín propagare, que significa reproducir, plantar, lo que, en sentido más general quiere decir expandir, diseminar o, como su nombre lo indica, propagar.

Es de mencionar que de acuerdo con la doctrina, la propaganda política pretende crear, transformar o confirmar opiniones a favor de ideas y creencias, así como estimular determinadas conductas políticas; en tanto que la propaganda electoral no es otra cosa que publicidad política, que busca colocar en las preferencias electorales a un partido (candidato), un programa o unas ideas. Es decir, en términos generales, la propaganda política es la que se transmite con el objeto de divulgar contenidos de carácter ideológico, en tanto que la propaganda electoral es la que se encuentra íntimamente ligada a la campaña política de los respectivos partidos y candidatos que compiten en el proceso para aspirar al poder.

Por lo tanto, la disposición del artículo 228, párrafo 3, del código electoral en consulta, que precisa lo que debe entenderse por propaganda electoral3, admite una interpretación de mayor amplitud, a fin de comprender cualquier otra hipótesis de las aceptadas por la doctrina, pues los supuestos que prevé no abarcan por sí mismos un concepto de propaganda íntimamente ligada a la campaña política de los respectivos partidos, ni tampoco, a la propaganda que no provenga de los contendientes políticos de una elección. Lo anterior, máxime que una interpretación restrictiva de tal disposición haría ineficaces las prohibiciones expresamente previstas en el artículo 41, Base III, inciso g), párrafos segundo y tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

3 "El conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que durante la campaña electoral producen y difunden los partidos políticos, los candidatos registrados y sus simpatizantes, con el propósito de presentar ante la ciudadanía las candidaturas registradas"

Expuesto lo anterior, se estima menester dejar asentado que la resolución identificada con la clave CG321/2009, dictada por el Consejo General el pasado veintiséis de junio del año que transcurre, sólo se limitó a sancionar los spots difundidos del tres al once y del dieciséis al veintiuno, todos de junio de dos mil nueve, en los canales de televisión XEW-TV canal 2 y XHGC-TV canal 5, relacionada con la promoción de la revista TVyNovelas ediciones 22 y 24 del mismo mes.

Lo anterior constituye un hecho notorio para esta Sala Superior, que se cita de conformidad con el artículo 15, párrafo 1, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, por haberse pronunciado sobre este tema, en la sentencia dictada el cinco de agosto del año que transcurre, al resolver los expedientes SUP-RAP-201/2009, SUP-RAP-212/2009 y SUP-RAP-213/2009, acumulados.

En las páginas 92 a la 96 de la resolución CG362/2009, se observa que el Consejo General del Instituto Federal Electoral constriñó su análisis a los spots difundidos en el periodo comprendido del doce al quince de junio de dos mil nueve, los cuales no fueron materia de conocimiento y sanción en la diversa resolución CG321/2009. Tales spots se difundieron en las fechas y canales de televisión que enseguida se precisan:

FECHA

IMPACTOS

TOTAL

CANAL 2

XEW-TV

CANAL 5

XHGC-TV

CANAL 9

XEQ-TV

12-JUNIO-2009

24

9

33

13-JUNIO-2009

18

18

36

14-JUNIO-2009

21

11

2

34

15-JUNIO-2009

30

9

39

TOTAL

93

47

2

142

Para tener por acreditada la difusión de estos spots, la autoridad señalada como responsable examinó y valoró las pruebas siguientes:

"[…]

PRUEBAS APORTADAS POR EL QUEJOSO

-El Partido de la Revolución Democrática anexó a su escrito de queja el oficio número DEPPP/STCRT/7996/20009 de fecha veintitrés de junio de dos mil nueve, signado por el Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos, del que se advierte el monitoreo realizado por dicha autoridad y en el que se detectó el número de impactos del promocional identificado con el nombre del actor "Raúl Araiza" el cual fue transmitido durante el periodo comprendido del tres al quince de junio de dos mil nueve, en los canales XEW-TV, canal 2; XHGC-TV, canal 5 y XEQ-TV, canal 9, cuya totalidad asciende a la cantidad de trescientos cincuenta y cinco impactos.

PRUEBAS RECABADAS POR LA AUTORIDAD

-Esta autoridad en ejercicio de su facultad de investigación y a efecto de encontrarse en posibilidad de contar con mayores elementos para la resolución del presente procedimiento requirió al Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos a efecto de que informara lo conducente, respecto a la transmisión del promocional de marras, requerimiento al que recayeron los oficios número DEPPP/STCRT/8449/2009 y DEPPP/STCRT/8488/2009, de fechas diez y catorce de julio de la presente anualidad, de los que se observa que la cantidad de impactos que tuvo el multicitado spot en el que aparece el conocido actor Raúl Araiza, lo fue de trescientos cincuenta y cinco impactos en las emisoras XEW-TV, canal 2; XHGC-TV, canal 5 y XEQ-TV, canal 9, durante el periodo comprendido del tres al quince de junio de dos mil nueve.

Documentales públicas que poseen valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 35, párrafo 1, inciso b) del Reglamento de Quejas y Denuncias, en virtud de haber sido emitidas por parte de una autoridad federal en ejercicio de sus funciones, en el caso concreto, por el Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos y Secretario Técnico del Comité de Radio y Televisión del Instituto Federal Electoral, toda vez que el funcionario designado para expedir tal documento contó con los elementos técnicos y científicos para otorgarlo.

Lo que encuentra su fundamento además, con lo dispuesto en los artículos 358, párrafo 3, inciso a) y 359, párrafo 2 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; y 34, párrafo 1, inciso a) y 45 del Reglamento de Quejas y Denuncias.

-Disco compacto, que el Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos anexó al oficio número DEPPP/STCRT/8449/2009 con los datos de monitoreo que realizó, respecto del spot en comento, del que se advierte que el promocional a que hemos hecho referencia en el cuerpo de la presente resolución, fue difundido en los canales de televisión identificados con las siglas XEW-TV canal 2, XHGC-TV canal 5 y XEQ-TV, canal 9, concesionados a la persona moral denominada Televimex, S.A. de C.V., y que el periodo de transmisión transcurrió del doce al quince de junio de dos mil nueve, teniendo ciento cuarenta y dos impactos en dichos canales, con lo que se acredita la existencia y transmisión del spot materia del actual procedimiento.

[…]

En este contexto, debe decirse que los monitoreos de mérito constituyen una documental pública, en términos de lo previsto en los artículos 358, párrafos 1 y 3, inciso a) y 359, párrafo 2 del código federal electoral, razón por la cual la misma tiene valor probatorio pleno respecto a los hechos en ella consignados.

[…]"

Así, del análisis y valoración de los medios de prueba que han sido enunciados, la autoridad administrativa electoral tuvo por acreditado que:

-Durante el periodo comprendido del doce al quince de junio de dos mil nueve, fue difundido el promocional en el que aparece el actor Raúl Araiza;

-El número de impactos que tuvo el promocional denunciado en el periodo ubicado entre los días doce a quince de junio de dos mil nueve, lo fue de ciento cuarenta y dos impactos; y

-La difusión del spot en comento se realizó a través de las emisoras identificadas con las siglas XEW-TV, canal 2, XHGC-TV, canal 5 y XEQ-TV, canal 9, concesionadas a Televimex, S.A. de C.V.

En este orden de ideas, no asiste la razón a las empresas impetrantes, cuando en sus conceptos de agravio listados como I), hacen valer que la resolución impugnada no adminicula prueba alguna para acreditar la infracción que se les imputa, pues como ha quedado evidenciado, para tener por acreditados los 142 impactos de la difusión en tres canales de televisión del spot de la edición 22 de la revista TVyNovelas, valoró de manera conjunta los oficios DEPPP/STCRT/7996/20009, DEPPP/STCRT/8449/2009 y DEPPP/STCRT/8488/2009, del veintitrés de junio, y diez y catorce de julio, de dos mil nueve, respectivamente, signados por el Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos; así como el disco compacto (exhibido por el citado Director Ejecutivo) con los datos de un monitoreo realizado, y del que se concluyó que el promocional de referencia fue difundido en los canales de televisión identificados con las siglas XEW-TV (canal 2), XHGC-TV (canal 5) y XEQ-TV (canal 9,) concesionados a la persona moral denominada Televimex, S.A. de C.V., y que el periodo de transmisión transcurrió del doce al quince de junio de dos mil nueve, con ciento cuarenta y dos impactos en dichos canales.

Por otro lado, cabe señalar que en las páginas 89, 90 y 92 de la resolución CG362/2009, el Consejo General señaló:

"[…]

EXISTENCIA DE LOS HECHOS

En este apartado, es preciso señalar que se tiene por acreditada la existencia de los promocionales que dieron origen a la resolución CG321/2009, emitida en sesión extraordinaria de fecha veintiséis de junio de dos mil nueve por el Consejo General de este Instituto, en el expediente identificado con el número SCG/PE/PAN/CG/148/2009 y sus acumulados SCG/PE/CONV/JL/COAH/171/2009, SCG/PE/PAN/CG/178/2009 y SCG/PE/CG/179/2009, así como el contenido de los mismos, en virtud de que en el citado sumario, se acreditó lo siguiente:

-Que en los promocionales en los que aparecían los actores Raúl Araiza (materia del presente procedimiento) y Mayte Perroni, en los que se anunciaron las ediciones 22 y 42 de la Revista TVyNovelas, aparecían los siguientes elementos: el emblema del partido político denunciado y algunas de sus inserciones propagandística contenidas en las ediciones semanales números 22 y 24 de la revista TvyNovelas, bajo los rubros: "Bono educativo", "Vales para medicina", "Pena de muerte a secuestradores", "Preservar especies en peligro de extensión", "Para que vivas tranquilo", "Protegiendo nuestros recursos naturales" y "Si no te dan los servicios médicos que te los paguen".

-Que por su contenido, los promocionales insertos en las ediciones 22 y 24 de la revista TvyNovelas al incluir el emblema del Partido Verde Ecologista de México y las palabras: "VOTA", "VOTA POR UN MÉXICO VERDE", "VOTA POR EL BONO EDUCATIVO", "VOTA POR TU SEGURIDAD" y "VOTA POR TU SALUD", hacían referencia a las propuestas de campaña del instituto político denunciado, tales como: "Protegiendo Nuestros Recursos Naturales", "El Gobierno te debe dar clases de computación e Inglés", "Si no te da las clases que te las pague a través de un bono educativo para que lo hagas efectivo en las escuelas registradas", "Pena de muerte para asesinos y secuestradores", "Para que vivas tranquilo", "El Gobierno te debe dar servicios médicos de calidad", "Si no te da los servicios médicos, que te los pague, a través de un vale para que lo hagas efectivo en farmacias y laboratorios registrados", "Preservar especies en peligro de extinción", "Cuidemos nuestro planeta", constituyendo de esta forma propaganda electoral en términos del artículo 228, párrafo 3 del Código de la Materia.

[…]"

Motivo por el cual en el presente apartado, el estudio se constreñirá al análisis de la existencia de los spots a que se ha hecho referencia en el periodo comprendido del doce al quince de junio de dos mil nueve, lapso que como se obtiene de los razonamientos antes expuestos, no fue materia de conocimiento y sanción en la referida resolución.

[…]"

De la transcripción anterior, se advierte que la autoridad señalada como responsable tuvo por acreditada la existencia y el contenido de los promocionales que dieron origen a la diversa resolución CG321/2009 (del veintiséis de junio de dos mil nueve), en razón de que los spots en los que aparecían los actores Raúl Araiza (de los cuales, 142 no fueron examinados en esa resolución) y Mayte Perroni, insertos en las ediciones 22 y 24 de la Revista TVyNovelas, aparecían los elementos siguientes: el emblema del partido político denunciado y algunas de sus inserciones propagandística contenidas en las ediciones semanales números 22 y 24 de la revista TvyNovelas, bajo los rubros: "Bono educativo", "Vales para medicina", "Pena de muerte a secuestradores", "Preservar especies en peligro de extensión", "Para que vivas tranquilo", "Protegiendo nuestros recursos naturales" y "Si no te dan los servicios médicos que te los paguen"; y asimismo, por su contenido, los promocionales aparecidos en las ediciones 22 y 24 de la revista TvyNovelas, al incluir el emblema del Partido Verde Ecologista de México y las palabras: "VOTA", "VOTA POR UN MÉXICO VERDE", "VOTA POR EL BONO EDUCATIVO", "VOTA POR TU SEGURIDAD" y "VOTA POR TU SALUD", hacían referencia a las propuestas de campaña del instituto político denunciado, tales como: "Protegiendo Nuestros Recursos Naturales", "El Gobierno te debe dar clases de computación e Inglés", "Si no te da las clases que te las pague a través de un bono educativo para que lo hagas efectivo en las escuelas registradas", "Pena de muerte para asesinos y secuestradores", "Para que vivas tranquilo", "El Gobierno te debe dar servicios médicos de calidad", "Si no te da los servicios médicos, que te los pague, a través de un vale para que lo hagas efectivo en farmacias y laboratorios registrados", "Preservar especies en peligro de extinción", "Cuidemos nuestro planeta", constituyendo de esta forma propaganda electoral en términos del artículo 228, párrafo 3, del Código de la Materia.

Así, queda en relieve que la propaganda difundida en los comerciales de televisión no tan sólo contenía las apreciaciones sobre la entrevista dada por los CC. Raúl Araiza y Maite Perroni, pues de manera específica y directa, los spots transmitidos hicieron referencia a la propaganda contratada por el Partido Verde Ecologista de México para difundir las propuestas de campaña, el emblema, así como, signos distintivos de ese instituto político.

Por consecuencia, contrario a lo afirmado por las apelantes en su concepto de agravio listado como G), la propaganda de las ediciones 22 y 24 de la revista de espectáculos TVyNovelas, no sólo se limitó a difundir y publicitar la existencia de un producto, sino que de manera directa, según quedó demostrado, mediante la emisión de los spots se transmitió la propaganda electoral del Partido Verde Ecologista de México, contratada con la empresa Editorial Televisa, S.A. de C.V.

Asimismo, tampoco asiste la razón a las apelantes, en el motivo de queja listado como inciso K), en el que aducen que la resolución impugnada se basa en conjeturas y presunciones, pues contrario a su afirmación, esta autoridad advierte que la autoridad responsable no realizó inferencia alguna para tener por demostrada la irregularidad, ya que su determinación se basó en la demostración directa, obtenida del examen de los medios probatorios que examinó. Por lo tanto, al apoyarse el agravio en una premisa falsa, igual suerte corre la aseveración de las accionantes, tocante a la existencia de contravención a las reglas de la lógica y la sana crítica en materia probatoria, ya que para la demostración de los hechos, el Consejo General no tuvo que realizar inferencia, a partir de hechos conocidos, dado que el material probatorio, por sí mismo, sirvió de basamento para la acreditación de los hechos denunciados.

Además, no asiste la razón a las partes apelantes, al sostener en su concepto de agravio identificado como D), refieren que no existen elementos que acrediten que la finalidad de la propaganda comercial tuviera por "propósito" o "intención" presentar ante la ciudadanía las candidaturas registradas; pues como ya se examinó, la "propaganda comercial" de las ediciones 22 y 24 de la revista TVyNovelas, promocionó indebidamente al Partido Verde Ecologista de México, y dicha conducta, se reitera, se adecua al concepto de propaganda que en general se refiere en la norma constitucional, por tratarse de un tipo de promoción indebida destinada a favorecer a un partido político.

Por otro lado, si bien es cierto que asiste la razón a las empresas accionantes, cuando sostienen que la propaganda electoral debe ser producida y difundida por los partidos políticos, los candidatos registrados y sus simpatizantes; también muy cierto resulta, que la irregularidad examinada por la autoridad administrativa electoral lo fue la ilegal difusión en canales de televisión de propaganda a favor del Partido Verde Ecologista de México, y en cuyo despliegue de actos, las empresas enjuiciantes sí tuvieron una participación directa, como se desprende de los enunciados que se listan a continuación:

-La propaganda pagada por el Partido Verde Ecologista de México, aparecida en las ediciones 22 y 24 de la Revista TVyNovelas, constituye propaganda electoral, de acuerdo con las razones expuestas por el Consejo General, las cuales, no se encuentran controvertidas;

-Editorial Televisa, S.A. de C.V., es la encargada de la elaboración y producción de la revista de espectáculos TVyNovelas, y asimismo, se encarga de promoverla comercialmente para su venta, entre otros medios, en los canales de televisión;

-En el caso concreto, la propaganda electoral del Partido Verde Ecologista de México aparecida en las ediciones 22 y 24 de la Revista TVyNovelas fue difundida, del doce al quince de junio de dos mil nueve, en las emisoras de televisión XEW-TV, canal 2; XHGC-TV, canal 5; y XEQ-TV, canal 9; y

-Televimex, S.A. de C.V., es concesionaria de las emisoras de televisión XEW-TV, canal 2; XHGC-TV, canal 5; y XEQ-TV, canal 9.

En consecuencia, queda en relieve que en los sucesos de mérito, las empresas de que se trata sí tuvieron una participación directa en la comisión de la irregularidad que se examina, ya que aun cuando el Partido Verde Ecologista de México hubiera sido el sujeto encargado de contratar y producir la mencionada propaganda, no debe perderse de vista que el Consejo General tuvo por acreditado tanto el objeto (difusión de un spot en tres canales de televisión, del doce al quince de junio de dos mil nueve) y la finalidad (promoción del citado instituto político) de la propaganda electoral.

Por lo tanto, no asiste la razón a las empresas demandantes, cuando en los conceptos de agravio listados como B), C) y F), alegan que nunca contrataron propaganda con fines políticos o para influir en las preferencias electorales de los ciudadanos, que no tuvieron participación en los actos que se sancionan, y que no se acreditó que se tratara de expresiones producidas y difundidas hechas por algún partido político, candidatos registrados y/o simpatizantes del mismo. Lo anterior, se insiste, debido a que la razón por la cual se sanciona a las empresas apelantes deriva de la indebida difusión de propaganda a favor del Partido Verde Ecologista de México, a través de la transmisión de un spot en espacios televisivos (emisoras: XEW-TV, canal 2; XHGC-TV, canal 5; y XEQ-TV, canal 9), durante el período del doce al quince de junio de dos mil nueve, ya que esta conducta pasó por alto el mandato constitucional y legal, impuesto a los partidos políticos de acceder en forma permanente a las estaciones de radio y canales de televisión, por conducto de la administración única que detenta el Instituto Federal Electoral.

Es de hacer la observación de que en el caso concreto (al igual que en la resolución CG321/2009), no se sanciona el contenido de la propaganda contratada por el Partido Verde Ecologista de México, aparecida en las ediciones 22 y 24 de la revista TVyNovelas; sino la indebida difusión de dicha propaganda, mediante la transmisión de spots en espacios televisivos (emisoras: XEW-TV, canal 2; XHGC-TV, canal 5; y XEQ-TV, canal 9), durante el período del doce al quince de junio de dos mil nueve, lo cual se hizo al margen del conocimiento y autorización por parte del Instituto Federal Electoral.

Debe recordarse que la contratación de propaganda político-electoral en radio y televisión está reservada para el Instituto Federal Electoral, quien es la única instancia administradora de los tiempos del Estado en medios de comunicación social destinados a tales fines. Ello implica que las personas físicas o morales solamente pueden contratar propaganda en radio y televisión cuando su contenido no esté dirigido a influir en las preferencias electorales de los ciudadanos, o a favor o en contra de partidos políticos.

Sobre este tópico, las empresas enjuiciantes señalan en los agravios listados como incisos H) y J), que no quedó acreditado que la propaganda difundida hubiera sido contratada por persona física o moral, o por persona distinta al Instituto Federal Electoral.

Con relación a lo anterior, es de resaltar que en las páginas 90, 128, 129, 134, 135 y 136 de la resolución CG362/2009, el máximo órgano de dirección del Instituto Federal Electoral, deja asentado que la propaganda electoral de que se trata, no fue ordenada por ella para su transmisión en televisión. Estos señalamientos necesariamente implican que fue otra persona, ajena a la institución, la que ordenó su difusión.

Por tanto, para sostener sus argumentos, las apelantes debían demostrar ante esta autoridad jurisdiccional, que la transmisión en televisión de la propaganda del Partido Verde Ecologista de México aparecida en las ediciones 22 y 24 de revista TVyNovelas fue ordenada por el Instituto Federal Electoral; sin embargo, al no haberlo hecho, se incumplió con la carga probatoria prevista en el artículo 15, párrafo 2, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

Con apoyo en lo anteriormente expuesto, esta autoridad estima que no le asiste la razón a las empresas recurrentes en los agravios identificados como A) y C), en los cuales sostienen que la resolución combatida concluye "dogmáticamente" y de manera "unilateral", que la publicidad contratada por Editorial Televisa constituyó propaganda política o electoral, pues como ha podido advertirse, la autoridad electoral administrativa expuso los elementos que, desde su punto de vista, le llevaron a sostener que los promocionales contenidos en las ediciones 22 y 24 de la revista TVyNovelas, sí constituían propaganda electoral. De ahí, que resulta acertado que el Consejo General del Instituto Federal Electoral hiciera efectivas los razones expuestas en la resolución CG321/2009, para fundar y motivar la resolución CG362/2009, pues los hechos que se examinan en la segunda, tienen basamento en las pruebas y, por lo mismo, les son aplicables las consideraciones que al respecto, se abordaron en la primera, y las cuales, esta autoridad confirmó en la sentencia dictada al resolver los expedientes SUP-RAP-201/2009, SUP-RAP-212/2009 y SUP-RAP-213/2009, acumulados, aprobada en la sesión pública celebrada el cinco de agosto del presente año.

Finalmente, respecto de los argumentos de las apelantes que se resumieron en el inciso E), relativos a que a una persona moral no puede atribuírsele intencionalidad pues carece de conciencia, cabe precisar que los mismos serán atendidos en el apartado correspondiente al estudio de los agravios que se enderezan para controvertir la individualización de la sanción.

LA DIFUSIÓN DE SPOTS EN EJERCICIO DE DERECHOS FUNDAMENTALES Y LA INCONGRUENCIA DE LA RESOLUCIÓN

El Partido Verde Ecologista de México, en el agravio que identifica como 3, se queja de que:

1. En forma incorrecta, la autoridad responsable estima que la difusión de entrevistas de dos actores constituyen propaganda electoral difundida en televisión. Al respecto, aduce que el contenido del spot, sólo atiende a dos personajes públicos que en uso de su libertad de expresión, manifiestan ideas de carácter personal, sin que en ninguna parte, aun en forma de indicio, se deduzcan frases que inviten a votar. Señala que en logo del partido no está en un primer plano, como lo reconoce la responsable, pues las imágenes destacadas en el promocional lo son los actores. Así, refiere que si la sanción se aplica por la publicitación de una revista de espectáculos, ello es violatorio de los derechos fundamentales expuestos, así como del derecho a la información, y que la publicación de una revista de espectáculos publicitada en televisión, no es violatoria de la normatividad electoral, pues no tiene la finalidad de influir en las elecciones; y

2. La incongruencia de la resolución, pues el Consejo General sostuvo que a través del contrato celebrado entre el partido político accionante y Editorial Televisa, se contrató a través de terceros la publicidad en radio y televisión, sin que se pruebe lo anterior, ya que el objeto del contrato "Plan Revista 2009" le permitía publicar dentro de las revistas de Editorial Televisa inserciones pagadas, pero de ello, no se desprende la intención de contratar propaganda en televisión, razón por la cual, la autoridad responsable debió allegarse mayores elementos para establecer si de este contrato era factible derivar una contratación indirecta.

Con relación al concepto de agravio sintetizado en el numeral 1, cabe señalar lo siguiente:

En la sentencia aprobada por unanimidad el pasado cinco de agosto de dos mil nueve, al resolver los expedientes de apelación SUP-RAP-201/2009 y ACUMULADOS, esta Sala Superior sostuvo que el ejercicio de la libertad de expresión de los partidos políticos y sus candidatos se encuentra sujeto a ciertos condicionamientos que aseguran la coexistencia de otros principios constitucionales y su correlativa instrumentalización o desarrollo legal. Entre tales condicionamientos están: la equidad en materia de financiamiento y recursos para la realización de sus actividades y en el acceso a medios de comunicación social; el respeto a las reglas en materia de precampañas y campañas, así como el respeto a los principios rectores de certeza e imparcialidad que deben imperar en la actividad electoral, y al principio de imparcialidad en la aplicación de los recursos públicos.

El ejercicio de la libertad de expresión en las campañas electorales, a través de la propaganda electoral, en términos de lo dispuesto en los artículos 41, Base III de la Constitución, 38, párrafo 1, inciso p), y 49, párrafos 3 y 4, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, da certeza a las reglas que aseguran la coexistencia armónica de dicho derecho fundamental.

Para los partidos políticos, la expresión y difusión de ideas son parte de sus prerrogativas como personas jurídicas y se relaciona con las razones que justifican su existencia misma; sin embargo, los derechos con que cuentan los partidos políticos, así como cualquier individuo, en relación a la libertad de expresión, no deben llevar a concluir que se trata de derechos ilimitados, ya que existen reglas sobre límites plasmados en el primer párrafo del artículo 7 constitucional y el párrafo 2 del artículo 13, de la Convención Americana. Las libertades de expresión e imprenta contempladas en la Constitución y tratados, tienen límites, y el legislador puede dar especificidad a los mismos en el despliegue ordinario de su función normativa.

El impedimento a los partidos políticos, dirigentes partidistas, candidatos y personas físicas y morales para que, a título propio o por cuenta de terceros, contraten propaganda en radio y televisión dirigida a influir en las preferencias electorales de los ciudadanos, a favor o en contra de partidos políticos o de candidatos a cargos de elección popular, también está previsto por la propia Constitución, por lo que es evidente que esta restricción no podría ir en detrimento de las libertades de expresión, información e imprenta, por encontrarse inmersas dentro del mismo contexto constitucional.

El párrafo tercero del Apartado A, de la fracción III del párrafo segundo del artículo 41 constitucional establece la prohibición de contratar o adquirir tiempos en cualquier modalidad de radio o televisión, cuando esté dirigida a influir en las preferencias electorales de los ciudadanos, o a favor o en contra de partidos políticos o de candidatos a cargos de elección popular.

La restricción constitucional establecida en el artículo 41 constitucional incide directamente en la libertad de comercio establecida en el artículo 5o. constitucional, sin que se actualice una violación al mismo, ni a los diversos artículos 6o. y 7o. constitucionales, toda vez que, en todo caso, constituye una restricción establecida directamente por el propio Poder Constituyente Permanente y, por ende, una restricción debida, en términos de lo dispuesto en el artículo 1o. de la Constitución Federal, conforme con el cual, todo individuo gozará de los derechos fundamentales que otorga la Constitución, los cuales sólo podrán restringirse o suspenderse en los casos que la propia Constitución prevé.

Al establecer la Constitución dichas limitantes a las prerrogativas de los partidos políticos y de las personas, no puede alegarse violación a otros preceptos constitucionales, pues éstos constituyen excepciones a esos otros principios resguardados por la propia Carta Magna.

El ejercicio responsable de las libertades fundamentales de expresión, información y prensa escrita, durante el desarrollo de los procesos comiciales, por parte de los partidos políticos, precandidatos, candidatos, ciudadanos y cualquier otra persona física o moral, no tan sólo implica respetar los límites que la propia Constitución Federal les establece en los artículos 6 y 7, sino además, conlleva a evitar que a través de su uso y disfrute, se colisionen otros valores contenidos en el propio Pacto Federal, como lo podría ser, la equidad en el acceso de los partidos políticos a los medios de comunicación, como lo es la televisión.

Por ello, no sería válido pretextar el ejercicio de una libertad de expresión o imprenta, o el derecho a la información, cuando a través de su práctica durante los procesos electorales, se infrinjan las reglas que garantizan el debido acceso a las frecuencias de radio y canales de televisión por parte de los partidos políticos.

En efecto, el ejercicio de ciertas garantías fundamentales no puede servir de base para promocionar indebidamente en los canales de televisión, en su caso, a un partido político, porque no sería válido extender el ámbito protector de las normas de cobertura previstas en los artículos 6 y 7, de la Constitución, hasta el grado de quebrantar las prohibiciones previstas en la propia constitución, en su artículo 41, aplicables a los partidos políticos respecto de su derecho a promocionarse en los espacios televisivos, dado que la administración única de estos tiempos corresponde al Instituto Federal Electoral.

El presupuesto aludido en la norma constitucional respecto a la contratación de propaganda, guarda relación con la existencia de un acto bilateral de voluntades, empero, tal situación no erradica la posibilidad de que la difusión de los mensajes provenga de algún acto unilateral, ni releva de responsabilidad a los concesionarios o permisionarios de radio y televisión.

En efecto, la existencia de un contrato o convenio, sea cual fuere su naturaleza, vinculará la responsabilidad de los entes involucrados contractualmente, cuando derivado de la realización de un contrato, se difunda propaganda que, en su caso, favorezca a un partido político, como se aprecia de lo previsto en el artículo 345, párrafo 1, inciso b), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, que establece:

"Artículo 345

1. Constituyen infracciones de los ciudadanos, de los dirigentes y afiliados a partidos políticos, o en su caso de cualquier persona física o moral, al presente Código:

[…]

b) Contratar propaganda en radio y televisión, tanto en territorio nacional como en el extranjero, dirigida a la promoción personal con fines políticos o electorales, a influir en las preferencias electorales de los ciudadanos, o a favor o en contra de partidos políticos o de candidatos a cargos de elección popular;

[…]"

Por tanto, la ratio esendi del precepto se relaciona con el hecho de que la propaganda contratada, en forma indebida favorezca a un partido político, resultando por ende accidental que se haya difundido en el territorio nacional o extranjero, o la naturaleza, objeto o finalidad del producto que se haya promocionado.

Por otro lado, la infracción a la norma constitucional por parte de los concesionarios o permisionarios de radio y televisión se surte, desde el momento en que la propaganda difundida en los medios de comunicación, en su caso, favorezca a un partido político, sin importar la naturaleza del objeto de promoción (basta con que se difunda en la televisión propaganda política o electoral), o que medie algún contrato, como se advierte de lo previsto en el artículo 350, párrafo 1, inciso b), del código en consulta, que al efecto establece:

"Artículo 350

1. Constituyen infracciones al presente Código de los concesionarios o permisionarios de radio y televisión:

[…]

b) La difusión de propaganda política o electoral, pagada o gratuita, ordenada por personas distintas al Instituto Federal Electoral;

[…]"

El valor que tutela el artículo 350, párrafo 1, inciso b), del código aplicable, lo constituye la facultad conferida por el constituyente al Instituto Federal Electoral, de fungir como la autoridad única para la administración del tiempo que corresponda al Estado destinado para sus propios fines y el ejercicio del derecho de los partidos políticos nacionales, lo cual conlleva a estimar que constituirá una infracción, cuando la propaganda política o electoral no haya sido ordenada o autorizada por la autoridad administrativa electoral, con independencia de si el concesionario o permisionario del canal de televisión, recibió un pago por ello o procedió de manera gratuita.

Con apoyo en lo anterior, cabe señalar que de la interpretación funcional de lo previsto en los artículos 41, Base III, Apartado A, de la Constitución Política Federal; 228, párrafo 3, 345, párrafo 1, inciso b), y 350, párrafo 1, inciso b), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, se colige que los medios de comunicación, como es el caso de la radio y la televisión, se encuentran impedidos para difundir imágenes auditivas o visuales en los promocionales comerciales que, en su caso, favorezcan a un partido, mediante la divulgación de su emblema, propuestas e ideología. Lo anterior, porque este tipo de propaganda deviene ilícita, ya que transgrede los principios de equidad en el acceso de los partidos políticos a este medio de comunicación y el de igualdad de la participación de los actores electorales en la contienda electoral, provocando el desequilibrio en la competencia electoral a favor de un instituto político, y asimismo, se realiza al margen de la facultad conferida por el constituyente al Instituto Federal Electoral, de fungir como la autoridad única para la administración del tiempo que corresponda al Estado destinado para sus propios fines y el ejercicio del derecho de los partidos políticos nacionales.

Los concesionarios de radio y televisión, tienen una obligación especial de no vulnerar el orden constitucional y legal. En ese sentido, el ejercicio de las libertades comercial, de expresión y de información, se debe sujetar a la limitante constitucional de no contratar, difundir o transmitir propaganda de contenido político-electoral que favorezca (o sea adversa) a un partido político.

De este modo, es dable estimar que el correcto ejercicio de las libertades de comercio, expresión e información conlleva la sujeción de cualquier otra prohibición o limitación contenida en la propia norma constitucional, como lo sería, por ejemplo, la establecida en el artículo 41, Base III, Apartado A, párrafo tercero, de la Constitución Federal.

Expuesto lo anterior, cabe señalar que las frases que aparecen en la propaganda en televisión, difundida del doce al quince de junio de dos mil nueve, tuvieron su origen en unas inserciones pagadas por el Partido Verde Ecologista de México, para que estas aparecieran en la revista de espectáculos TVyNovelas.

En efecto, las inserciones pagadas por el partido fueron difundidas en televisión en el marco de la entrevista del actor Raúl Araiza, mediante la cual manifiesta sus preferencias hacia el Partido Verde Ecologista de México; sin embargo, tal anuncio publicitario incluyó el emblema de dicho instituto político, incluso, el promocional en comento no hizo alusión a otro tipo de notas, reportajes o noticias que la edición 22 haya cubierto.

Con apoyo en las anteriores premisas, esta Sala Superior considera que la propaganda difundida en los comerciales de televisión no sólo contenía las apreciaciones sobre la entrevista dada por Raúl Araiza, sino que, además, transmitió la propaganda contratada por el Partido Verde Ecologista de México para difundir las propuestas de campaña, el emblema, así como, signos distintivos de ese instituto político.

Respecto a la transmisión en televisión del emblema del Partido Verde Ecologista de México, si bien, bajo ciertas circunstancias (como mecanismo de identificación) resulta legal su utilización, como puede ser en los spots que se transmiten en los espacios pautados por el Instituto Federal Electoral a dichos institutos políticos o como identificación de alguna fracción parlamentaria en la identificación de su labor; en la especie, resulta contrario a derecho su uso, dado que, esa difusión se hace en el contexto de la promoción de una revista que contiene, entre otras cosas, una entrevista en la que un actor sustenta las razones por las que apoya las propuestas de campaña de ese instituto político, además de que, el propio spot incluye imágenes y frases que identifican las propias propuestas de campaña del partido político infractor.

Por tanto, la difusión del logotipo del partido político, dadas las condiciones en que se presentó, resulta contrario a la Ley, porque forma parte de la campaña de un partido político contratado para un medio impreso y no para difundirse en televisión.

Es de hacer hincapié en que la propaganda contratada por el Partido Verde Ecologista de México para aparecer en la edición 22 de la revista TVyNovelas, y que fue difundida en tres canales de televisión del doce al quince de junio de este año, se encontraba encaminada a generar opiniones a favor de ideas y creencias del partido, así como estimular el apoyo a esa opción política; en tanto que buscaba colocar en las preferencias electorales las propuestas e ideas de ese instituto político. Es decir, la propaganda divulgada era de naturaleza político-electoral y se imprimió en la revista de espectáculos. Luego entonces, si éstas se difundieron por televisión, dichas transmisiones tenían el objeto de divulgar ideas de contenido ideológico íntimamente ligada a la campaña política de ese partido político.

En la especie, el spot transmitido del doce al quince de junio en las emisoras identificadas con las siglas XEW-TV, canal 2, XHGC-TV, canal 5 y XEQ-TV, canal 9, concesionadas a Televimex, S.A. de C.V., difundió la entrevista del actor Raúl Araiza, contenida en la edición 22 de la revista TVyNovelas, y dicho spot, además incluyó las inserciones pagadas por el Partido Verde Ecologista de México; resulta indudable que tales promocionales constituyen propaganda electoral, la cual fue difundida de manera ilegal; pues las menciones de "Bono educativo" y "Vales para medicina", insertas en la revista, sí constituyen una propaganda electoral que identifica a las propuestas de campaña del Partido Verde Ecologista de México, las cuales, de manera indebida, fueron difundidas en tres canales de televisión del doce al quince de junio del año que transcurre.

En esas condiciones, es inexacto como lo afirma el partido político recurrente, que la difusión de los promocionales se encuentre amparada por el ejercicio de la garantía de libertad de expresión y de derecho a la información.

Por tanto, la sanción impuesta por la autoridad responsable, en modo alguno, podría ir en detrimento de las libertades de expresión e información, pues la prohibición está inmersa dentro del mismo contexto constitucional. Además, si por mandato Constitucional la difusión de propaganda de tipo político-electoral sólo puede darse a través del Instituto Federal Electoral, resulta incuestionable que no se violan las libertades apuntadas cuando se sanciona la difusión de propaganda electoral no administrada por la autoridad facultada.

En ese estado de cosas, la difusión del spot que incluye propaganda de campaña, el emblema y demás signos distintivos del Partido Verde Ecologista de México, excede las restricciones de las libertades alegadas por el impetrante, lo cual, quebranta el desarrollo de comicios en igualdad de condiciones para todos los contendientes políticos, en específico, el derecho de acceder en forma permanente y equitativa a las estaciones de radio y canales de televisión, por conducto de la administración única del Instituto Federal Electoral.

Con apoyo en lo anterior, es que el agravio identificado como 1, deviene infundado.

En otro tema, el partido político apelante, en el agravio identificado como 2, sostiene la incongruencia de la resolución, pues señala que la misma es categórica al afirmar que el instituto político contrató a través de un tercero (Editorial Televisa) propaganda en televisión, sin que en ningún momento se pruebe lo anterior, toda vez que el objeto del contrato "Plan Revista 2009", le permitió publicar dentro de las revistas de Editorial Televisa inserciones pagadas, pero de ello, no se desprende la intención de contratar propaganda en televisión, por lo cual, la autoridad responsable debió allegarse mayores elementos para establecer si de este contrato era factible derivar una contratación indirecta.

No le asiste la razón a la parte actora, por las razones que enseguida se exponen:

En el caso particular no fueron combatidas y, por tanto, no son motivo de análisis por esta Sala Superior, las premisas siguientes:

-Que la persona moral Editorial Televisa, S.A. de C.V. y el Partido Verde Ecologista de México celebraron contratos de prestación de servicios publicitarios respecto a inserciones publicitarias en la revista TVyNovelas, denominado Plan Revista 2009, con vigencia del primero de marzo al primero de julio de la presente anualidad.

-Que con motivo de los contratos antes precisados, se difundió en la edición 22 de la revista denominada TVyNovelas, inserciones publicitarias que constituyen propaganda electoral del Partido Verde Ecologista de México.

-Que diversas publicitarias ("Bono educativo" y "Vales para medicina"), que constituyen propaganda electoral, fueron difundidas del doce al quince de junio de dos mil nueve, en los canales XEW-TV Canal 2, XHGC-TV Canal 5 y XEQ-TV canal 9, concesionarios de la empresa Televimex, S.A. de C.V., a través de un promocional de la revista TVyNovelas, en el cual se hace referencia a la entrevista del actor Raúl Araiza.

-Que la propaganda electoral fue transmitida en televisión mediante una permuta (convenio consensual de publicidad recíproca) celebrada entre las personas morales Editorial Televisa, S.A. de C.V. y Televimex, S.A. de C.V., consistente en una serie de intercambios de servicios de publicidad para el uso de los tiempos vacantes o disponibles para tales efectos, en virtud de que ambas personas morales son integrantes del mismo grupo empresarial; y derivado de lo anterior, Editorial Televisa, S.A. de C.V. hace uso de un derecho para publicitar sus productos en televisión recayéndole la obligación de publicitar en sus revistas diversos productos de otras filiales integrantes del grupo empresarial Televisa.

Una vez expuesto lo anterior, se estima pertinente referir que el orden administrativo sancionador electoral ha retomado lo que en la doctrina jurídica se conoce como culpa in vigilando, la cual encuentra su origen en la posición de garante del sujeto, que en la dogmática punitiva se refiere a una vertiente de participación en la comisión de una infracción, cuando sin mediar una acción concreta, existe un deber legal, contractual o de facto para impedir la acción vulneradora de la hipótesis legal, en la que se destaca el deber de vigilancia que tiene una persona jurídica o moral sobre las personas que actúan en su ámbito de actividades.

Esta Sala Superior, en asuntos como los identificados con las claves SUP-RAP-18/2003, SUP-RAP-47/2007, SUP-RAP-43/2008, así como el SUP-RAP-70/2008 y su acumulado, ha sostenido la posición de que no sólo los partidos políticos pueden ser sancionados por las conductas ilícitas que por sí mismos cometan en contravención a la normatividad electoral, ya que son vigilantes del actuar de sus dirigentes, militantes, miembros, simpatizantes o incluso de terceros, siempre y cuando la conducta de éstos sea en interés de esa entidad o dentro del ámbito de actividad del instituto político en cumplimiento a sus funciones y en la consecución a sus fines; por ende, también pueden responder de la conducta de tales sujetos, con independencia de la responsabilidad que le resulte a cada individuo en lo particular, en tanto que como institutos políticos detentan una posición de garantes respecto de la conducta de aquellos, con el fin de que ajusten su proceder a los cauces de la legalidad. Este criterio que se recoge en la tesis relevante con clave S3EL034/2004, publicada en las páginas 754 a 756 de la Compilación Oficial de Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005, que lleva por título: "PARTIDOS POLÍTICOS. SON IMPUTABLES POR LA CONDUCTA DE SUS MIEMBROS Y PERSONAS RELACIONADAS CON SUS ACTIVIDADES."

En tal contexto, es posible establecer que los partidos políticos son responsables de la conducta de sus miembros y demás personas, cuando desplieguen conductas relacionadas con sus actividades que puedan redituarles un beneficio en la consecución propia de sus fines, o simplemente provoquen una desmejora en perjuicio de terceros, al no emitir los actos necesarios tendentes a evitar eficazmente, la transgresión de las normas cuyo especial cuidado legalmente se le encomienda en su carácter de garante. De ahí, que se puede dar tanto una responsabilidad individual (de la persona física integrante del partido), como una responsabilidad del partido por las infracciones por ellos cometidas, al implicar el correlativo incumplimiento de su obligación de garante, al haber aceptado, tolerado u omitido verificar, las conductas realizadas dentro de las actividades propias del instituto político, lo que implica, en último caso, la aceptación de sus consecuencias y posibilita su sanción, sin perjuicio de la responsabilidad individual del infractor material.

Entonces, la culpa in vigilando, coloca a los partidos políticos en una posición de garante, cuando sin mediar una acción concreta de su parte, existe un deber legal, contractual o de facto para impedir una acción infractora del orden normativo.

Por lo que hace al carácter de garante de los partidos políticos, se debe precisar que estos institutos tienen el deber legal de velar por el estricto cumplimiento del orden jurídico.

Por otra parte, con relación al deber contractual y legal que tienen los partidos políticos respecto de una persona jurídica o moral distinta a éstos, pero vinculadas con aquéllos por algún nexo jurídico, es preciso señalar lo siguiente.

Es un principio general de derecho, el que las partes contratantes de un acuerdo de voluntades, velen por el estricto cumplimiento de las cláusulas pactadas, así como, que el cumplimiento de lo convenido se lleve a cabo verificando que el objeto o fin sea lícito, además de que, derivado de éste no se efectúen actos contrarios a la Ley. Asimismo, las partes están vinculadas a que las obligaciones asumidas en un acuerdo de voluntades se lleven a cabo sin que su cumplimiento involucre la afectación de alguna norma de orden público.

Es por ello, que cuando un partido político contrate un servicio publicitario destinado a difundirse a través de un medio legal, como lo es mediante publicaciones impresas; el propio instituto político está constreñido a vigilar que, por virtud de ese acuerdo comercial lícito, su prestatario no genere un acto posterior que derive en una ilicitud.

Es decir, se debe evitar que, mediante la celebración de contratos lícitos, los obligados a prestar el servicio a favor del contratante lleven a cabo actos que vulneren normas de orden público.

Dado lo cual, tal principio establece que las contrapartes deben, entre otras cosas:

a. Someterse a las obligaciones pactadas;

b. Vigilar que el cumplimiento del contrato no caiga en la ilicitud del objeto o fin; y

c. Garantizar que el prestador de servicio no exceda en el cumplimiento del contrato o lleve a cabo actos que vulneren normas de orden público.

En caso de inobservancia o violación a alguno de los puntos antes precisados, tal situación puede ser demandada a través de instancias eficaces, eficientes y oportunas, que inhiban o disuadan esa ilicitud y se cumpla con el propósito acordado.

Luego, como ya quedó precisado, cuando un partido político celebra un contrato de prestación de servicios publicitarios mediante la inserción de propaganda electoral en medios impresos, ese instituto político debe velar, por el estricto cumplimiento de lo pactado, es decir, porque el convenio tenga un fin y objeto legalmente permitido, y asimismo, debe garantizar que su cumplimiento no viole alguna disposición de orden público.

Con relación a las condiciones precisadas se debe señalar que el artículo 41, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece el derecho que tienen los partidos políticos y las autoridades electorales para hacer uso de manera permanente de medios de comunicación social, tales como radio y televisión. En este sentido, también resulta incuestionable el hecho de que es el Instituto Federal Electoral la única autoridad facultada para la administración de los tiempos en radio y televisión que correspondan al Estado, destinado a sus propios fines y al del ejercicio del derecho correspondiente a los institutos políticos.

Asimismo, cabe decir que el artículo en cuestión establece una prohibición absoluta a los sujetos contemplados por la norma constitucional, relativa a contratar o adquirir tiempos, en ningún caso o bajo ninguna circunstancia, en radio o televisión cuando esté dirigida a influir en las preferencias electorales de los ciudadanos, o a favor o en contra de partidos políticos o de candidatos a cargos de elección popular.

En efecto, tomando en consideración tal prohibición se colige que los partidos políticos únicamente pueden acceder a radio y televisión a través del tiempo del que el Estado dispone.

Por tanto, la contratación de propaganda electoral en radio y televisión por parte de una persona distinta al Instituto Federal Electoral, resulta contrario a Derecho.

Así, los partidos políticos, al celebrar convenios de prestación de servicios publicitarios, deben cuidar que el objeto y fin del contrato sea lícito, además, deben velar porque sus prestatarios no violenten las normas de orden público antes precisadas, ya sea, con motivo de la ejecución o actos derivados de dicho contrato o bien, con actos frente a terceros en los que se involucre el objeto del mismo.

Dicho lo cual, en la especie, se tiene que, si bien la resolución impugnada por una parte señala que el Partido Verde Ecologista de México adquirió a través de terceras personas tiempo en televisión para la difusión de sus inserciones propagandísticas, por otra parte, la propia resolución precisa que, del análisis a los elementos probatorios, se desprende que el referido partido político no participó de forma directa en la contratación de los promocionales que dieron origen a la instauración del procedimiento especial sancionador.

En ese estado de cosas, al margen de las consideraciones formuladas por la responsable para determinar la responsabilidad del Partido Verde Ecologista de México, este órgano jurisdiccional determina que dicho instituto político tuvo una responsabilidad por culpa in vigilando derivada de su calidad de garante frente a Editorial Televisa, S.A. de C.V. por las razones que a continuación se exponen.

Como cuestión preliminar, la autoridad afirmó en su resolución (pp. 91, 92 y 139) que el Partido Verde Ecologista de México tenía el carácter de garante en relación con las conductas desplegadas por las personas morales Televimex S.A. de C.V. y Editorial Televisa, S.A de C.V., por tanto, debía garantizar que el actuar de dichos sujetos se ajustara a los principios del estado democrático.

Al respecto, se estima que contrario a lo sostenido por la responsable, el referido instituto político, sólo tenía el carácter de garante en relación con las conductas llevadas a cabo por Editorial Televisa, S.A de C.V.

Lo anterior, porque obra en autos el contrato de prestación de servicios publicitarios suscrito entre el Partido Político y la Editorial, mediante el cual se acordó la inserción de propaganda del partido en la revista de espectáculos TVyNovelas.

Luego, el vínculo jurídico que determinó la calidad de garante del partido político fue, precisamente, derivado de la celebración de ese contrato de prestación de servicios publicitarios impresos y la difusión misma en televisión.

En ese sentido, si el partido político tenía celebrado un contrato de prestación de servicios publicitarios para que se difundieran inserciones impresas con contenido político-electoral en la revista de espectáculos; dicho instituto político debió garantizar lo siguiente:

1. Que la Editorial cumpliera con las cláusulas convenidas en ese contrato de prestación de servicios publicitarios impresos;

2. Que el objeto o fin del convenio (publicar propaganda del partido en el medio impreso referido) no excediera de lo expresamente pactado;

3. Que la Editorial no llevara a cabo actos que vulneraran prohibiciones legales; y

4. Que el cumplimiento del contrato no involucrara actos contrarios a la Ley o al orden público.

Todo lo cual, implicaba que el partido político garantizara que su propaganda política pagada para aparecer única y exclusivamente en la revista de espectáculos, no fuera transmitida en televisión.

En ese sentido, si la Editorial transmitió en televisión la publicidad originalmente pagada para destinarse a la inserción en un medio impreso, tal conducta debió ser reprochada por el partido político, dado que tales actos excedían el objeto del contrato de prestación de servicios publicitarios y, consecuentemente, resultaban vulneradores de prohibiciones constitucionales en materia de radio y televisión.

Por otra parte, no existe en autos elemento alguno que pueda presumir, ni aun de forma indiciaria, un vinculo jurídico entre la Televisora y el partido político con el propósito de transmitir spots con contenido electoral a favor del instituto político; por tanto, no se puede atribuir la calidad de garante al Partido Verde Ecologista de México por las conductas de Televimex S.A. de C.V.

Lo anterior, no exime la responsabilidad directa atribuida a la Televisora, puesto que, como ya se precisó con anterioridad, la responsabilidad de Televimex S.A. de C.V. derivó de la infracción al artículo 41, Base III, apartado A, inciso g), párrafo 3, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual prohíbe la transmisión de propaganda electoral en radio y televisión.

Una vez establecido que el Partido Verde Ecologista de México tuvo una responsabilidad por culpa in vigilando derivada de su calidad de garante únicamente por las conductas realizadas por Editorial Televisa, S.A. de C.V., se tiene que, de la investigación que llevó a cabo la autoridad responsable, no obró algún elemento, siquiera de carácter indiciario, que permitiera desprender que el Partido Verde Ecologista de México hubiese implementado algún tipo de acción, mecanismo preventivo o correctivo tendente a garantizar que el actuar de Editorial Televisa, S.A de C.V., se ajustara a las disposiciones normativas en materia electoral.

En ese sentido señaló la responsable (pp. 85 y 139) que dada la conducta desplegada por Televimex S.A. de C.V. y Editorial Televisa, S.A de C.V., el Partido Verde Ecologista de México, en cumplimiento a su deber especial de cuidado y dadas las expectativas legales que se imponen a un sujeto garante, debió implementar medidas idóneas, eficaces y proporcionales a sus derechos y obligaciones, encaminadas a lograr que Editorial Televisa, S.A de C.V., realizara actos tendentes a la suspensión de los promocionales, el retiro de su divulgación y, en general, evitar que el ilícito se consumara o continuara.

Sobre el particular, si bien el partido político apelante no tenia la calidad de garante frente a Televimex S.A. de C.V., lo cierto es que debió realizar actos encaminados al retiro de los spots que divulgaban las inserciones publicadas en la revista de espectáculos, para lo cual, debió denunciarlos ante el Consejo General del Instituto Federal Electoral y, por otra parte, debió perseguir mediante algún mecanismo jurídico eficaz, que Editorial Televisa S.A de C.V. no violara la licitud del objeto contratado en el acuerdo de publicidad en la revista de espectáculos.

Para ello, el partido político, debió ejercer alguna acción legal eficiente y oportuna tendente a buscar la observancia del contrato de prestación de servicios publicitarios, así como exigir el cumplimiento lícito de su objeto.

Consecuentemente, dadas las condiciones de que el Partido Verde Ecologista de México celebró un contrato de prestación de servicios publicitarios con Editorial Televisa S.A. de C.V., con el propósito de incluir inserciones propagandísticas de ese instituto político en la revista TVyNovelas; aunado al hecho de que dichas inserciones publicitarias fueron transmitidas en televisión y el partido político no realizó ningún acto tendente al retiro o suspensión de tales spots, queda evidenciada su responsabilidad por culpa in vigilando, dada la calidad de garante que tenía respecto de Editorial Televisa S.A de C.V.

A partir de la culpa in vigilando se colocó al Partido Verde Ecologista de México en una posición de garante, puesto que tenía un deber legal y contractual para impedir una acción infractora del orden normativo.

En ese estado de cosas, dada la conducta desplegada por Televimex S.A. de C.V. y Editorial Televisa, S.A de C.V., el Partido Verde Ecologista de México, en cumplimiento a su deber especial de cuidado y dadas las expectativas legales que se imponen a un sujeto garante, debió implementar medidas idóneas, eficaces y proporcionales a sus derechos y obligaciones, encaminadas a lograr la suspensión de los promocionales, el retiro de su divulgación y, en general, evitar que el ilícito se consumara o continuara.

Por tanto, la infracción cometida por Televimex S.A. de C.V. y Editorial Televisa, S.A de C.V., a los artículos 41, Base III, apartado A, inciso g), párrafo 3, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con lo dispuesto en los artículos 49, párrafo 4; 341, párrafo 1, incisos d) e i); 345, párrafo 1, inciso b) y 350, párrafo 1, inciso b), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, constituye el correlativo incumplimiento de la obligación de garante del Partido Verde Ecologista de México, lo cual determina su responsabilidad, toda vez que se encontró en posibilidad de implementar acciones tendentes a corregir dicha conducta y no lo hizo.

La conducta pasiva y tolerante del Partido Verde Ecologista de México en cuestión, al no actuar diligentemente, conduce a sostener que incumplió con su deber de garante, lo cual denota la falta de cuidado, previsión, control y supervisión, incurriendo por tal motivo en responsabilidad.

Cabe señalar que el Partido Verde Ecologista de México aduce que en el contrato de prestación de servicios celebrado con Editorial Televisa, S.A. de C.V., no se estipuló que los promocionales insertos en dos ediciones de la revista TVyNovelas, serían difundidos en canales de televisión.

Al respecto, esta Sala Superior estima que el deslinde de responsabilidad que alega el Partido Verde Ecologista de México, respecto de la difusión en televisión del spot de la edición 22 de la revista TVyNovelas conteniendo propaganda a favor del citado instituto político, no puede producir consecuencia jurídica a su favor al margen de la licitud del contrato, toda vez que el mencionado instituto político, frente a la difusión de la propaganda ilícita que fue denunciada, observó una conducta por demás pasiva y tolerante, sin haber puesto en marcha alguna medida que, válidamente, hiciera notoria su oposición a la transmisión de este tipo de promocionales en televisión. Para el caso, cabe destacar los hechos siguientes:

a. Entre el tres y el once de junio de dos mil nueve, Televimex S.A. de C.V. difundió en XEW-TV Canal 2 (157 ocasiones) y en XHGC-TV Canal 5 (44 ocasiones), un mensaje destinado a promocionar la edición 22 de la revista TVyNovelas, en el cual se difundió propaganda a favor del Partido Verde Ecologista de México, a través de una entrevista realizada al actor Raúl Araiza;

b. Al día siguiente de la primera transmisión, es decir, el cuatro de junio de dos mil nueve, el representante del Partido Acción Nacional ante el Consejo General del Instituto Federal Electoral denunció tales hechos, para lo cual, se formó el expediente identificado con la clave SCG/PE/PAN/CG/148/2009.

c. El doce de junio de dos mil nueve, se recibió en la Secretaría Ejecutiva del Instituto Federal Electoral, el oficio número JLE/VS/365/2009, suscrito por el licenciado Carlos Benito Arriaga Aguilar, Vocal Secretario del Consejo Local de este Instituto Federal Electoral en el estado de Coahuila, mediante el cual remitió escrito signado por los CC. Salvador Ganem Pérez y Oscar Mauro Ramírez Ayala, Presiente y Secretario de la Comisión Ejecutiva Estatal en Coahuila del Partido Convergencia, con el que hace del conocimiento hechos que podrían constituir infracciones a la normatividad electoral federal, atribuidos al Partido Verde Ecologista de México, para lo cual, se formó el expediente identificado con la clave SCG/PE/CONV/JL/COAH/171/2009.

d. Entre el doce y el quince de junio de dos mil nueve, en los espacios televisivos de las emisoras XEW-TV, canal 2; XHGC-TV, canal 5; y XEQ-TV, canal 9, se transmitió (142 impactos) un spot relacionado con la entrevista realizada al actor Raúl Araiza, aparecida en la edición 22 de la revista TVyNovelas;

e. Entre el dieciséis y el veintiuno de junio del año en curso, Televimex S.A. de C.V. difundió en XEW-TV Canal 2 (160 ocasiones), y en XHGC-TV Canal 5 (36 ocasiones), un mensaje destinado a promocionar la edición 24 de la revista TVyNovelas, en el cual se difundió preferentemente propaganda a favor del Partido Verde Ecologista de México, a través de una entrevista realizada a la actriz Maite Perroni;

f. El propio dieciséis de junio de dos mil nueve, el representante propietario del Partido Acción Nacional ante el Consejo General del Instituto Federal Electoral, presentó un escrito denunciando hechos que podrían constituir infracciones a la normatividad electoral federal, atribuidos al Partido Verde Ecologista de México, relacionados con los spots de la edición 24 de la revista TVyNovelas, formándose en el caso el expediente SCG/PE/PAN/CG/178/2009;

g. En mismo dieciséis de junio del año que transcurre, el Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos y Secretario Técnico del Comité de Radio y Televisión, mediante oficio STCRT/7035/2009, hizo del conocimiento hechos que podrían constituir infracciones a la normatividad electoral federal, atribuidos a la persona moral denominada Televimex, S.A. de C.V y al Partido Verde Ecologista de México, para lo cual se formó el expediente SCG/PE/CG/179/2009;

h. El diecinueve de junio del año que transcurre, mediante oficio SCG/1599/2009, se notificó a la ciudadana María Andrea Valero Mathieu, Gerente Jurídico de la Empresa Televimex, S.A. de C.V., el acuerdo de medidas cautelares, para suspender de inmediato la difusión de los spots relacionados con la edición 24 de la revista TVyNovelas; e

i. Dicho oficio de medidas cautelares también fue notificado a Editorial Televisa, S.A. de C.V. y al Partido Verde Ecologista de México, sin que estos sujetos hayan llevado a cabo acto alguno tendente a la suspensión de la transmisión de los promocionales denunciados por el Partido Acción Nacional.

Como se advierte, la difusión de la propaganda ilícita a favor del Partido Verde Ecologista de México, no fue un acto de consumación inmediata, pues esta actividad se llevó a cabo en distintas fechas, que abarcaron del tres al veintiuno de junio de dos mil nueve, sin que en el caso, el citado instituto político haya desplegado alguna acción tendente a cesar o a reprochar la transmisión indebida de propaganda a su favor, en los canales identificados con las siglas XEW-TV, canal 2; XHGC-TV, canal 5; y XEQ-TV, canal 9.

Esta Sala Superior estima que los partidos políticos, como entidades de interés público, se encuentran sujetos a los principios establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por ende, al cumplimiento irrestricto de las prohibiciones establecidas tanto en la carta magna como en la legislación electoral aplicable.

Con esta panorámica, es dable considerar que si el prestatario en un contrato de prestación de servicios celebrado con un partido político, en forma indebida, realiza un acto que escapa al contenido de las cláusulas establecidas mediante el acuerdo de voluntad de los contratantes, el partido político que contrató el servicio tiene, en todo momento, el deber de deslindar su responsabilidad respecto del incumplimiento de las cláusulas del contrato, para lo cual, la efectividad del deslinde de responsabilidad se surtirá cuando las acciones o medidas tomadas al efecto por el partido resulten eficaces, idóneas, jurídicas, oportunas y razonables.

Una medida o acción válida para deslindar de responsabilidad a un partido político, será:

a) Eficaz, cuando su implementación esté dirigida a producir o conlleve al cese o genere la posibilidad de que la autoridad competente conozca del hecho y ejerza sus atribuciones para investigarlo y, en su caso, resolver sobre la licitud o ilicitud de la conducta denunciada;

b) Idónea, en la medida en que resulte adecuada y apropiada para ello;

c) Jurídica, en tanto se utilicen instrumentos o mecanismos previstos en la Ley, para que las autoridades electorales (administrativas, penales o jurisdiccionales) tengan conocimientos de los hechos y ejerzan, en el ámbito de su competencia, las acciones pertinentes. Por ejemplo, mediante la formulación de la petición de las medidas cautelares que procedan;

d) Oportuna, si la medida o actuación implementada es de inmediata realización al desarrollo de los eventos ilícitos o perjudiciales para evitar que continúe; y

e) Razonable, si la acción o medida implementada es la que de manera ordinaria podría exigirse al partido político de que se trate, siempre que esté a su alcance y disponibilidad el ejercicio de las actuaciones o mecanismos a implementar.

Es decir, la forma en que un partido político puede cumplir con su obligación de garante y liberarse de la responsabilidad, tendría que ser mediante la adopción de medidas o la utilización de instrumentos apropiados para lograr, preventivamente, el resarcimiento de los hechos ilícitos o perjudiciales que se realizan o contengan la pretensión de revertir o sancionar las actuaciones contrarias a la Ley.

Por ende, si la acción o medida llevada a cabo por un partido político para deslindarse de responsabilidad no reúne las características antes enunciadas, entonces, no podrían considerarse efectivas en los términos señalados.

En este sentido, cuando algún medio de comunicación electrónico difunde en forma ilícita propaganda electoral a favor de un partido político, no basta para el deslinde de responsabilidad del instituto político, que por algún medio, en forma lisa y llana, se oponga o manifieste su rechazo a la transmisión de determinada propaganda ilícita, pues para el caso, es menester que el instituto político ejerza una acción o medida eficaz, idónea, jurídica, oportuna y razonable, como sería el denunciar ante el Instituto Federal Electoral u otra autoridad competente, que se están transmitiendo promocionales en radio y televisión que no fueron ordenados por la autoridad, ni por el propio partido político, pues de lo contrario, si éste asume una actitud pasiva o tolerante, con ello incurriría en responsabilidad respecto de la difusión de esa propaganda ilícita, sobre todo, cuando su transmisión se realiza durante las campañas electorales.

En consecuencia, es claro que en la especie, el Partido Verde Ecologista de México tiene responsabilidad en la difusión de la propaganda ilícita difundida a su favor en tres canales de televisión, entre el doce y el quince de junio de dos mil nueve, pues su conducta pasiva y tolerante, derivada de la no implementación de alguna medida o acción eficaz, idónea, jurídica, oportuna y razonable, a través de la cual pusiera en evidencia su reproche o rechazo, implica su consecuente aceptación en la difusión de tal propaganda.

Con apoyo en lo anteriormente expuesto, se considera infundado el agravio identificado como 2.

INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN:

A. PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO

Aduce el Partido Verde Ecologista de México que la individualización de la sanción impuesta por la responsable le causa agravio, porque:

a) El Consejo General del Instituto Federal Electoral no valoró que no existió ocultamiento de acción alguna, pues el contrato base de la imputación fue aportado por el apelante.

b) La responsable no valoró los elementos subjetivos de la infracción (negligencia o intencionalidad del recurrente).

c) La calificación de la conducta atribuida al apelante y la consecuente aplicación de la multa es desproporcionada y excesiva, pues no obstante que la responsable reconoce que no existió reincidencia y beneficio alguno, dicha conducta es calificada como grave especial, la cual, en todo caso, tiene el carácter de culposa.

El argumento reseñado en el inciso a) que antecede es inoperante, porque con independencia de que el recurrente haya aportado al procedimiento que culminó con la emisión de la Resolución cuestionada los contratos de prestación de servicios publicitarios que celebró con Editorial Televisa, S.A. de C.V., respecto a inserciones en la Revista TVyNovelas, con vigencia del primero de marzo al primero de julio de dos mil nueve, dicha acción no puede incidir en la individualización de la sanción que se estudia.

Lo anterior porque, para fijar la sanción correspondiente, la responsable sólo estaba constreñida a valorar las condiciones previstas en el párrafo 5 del artículo 355 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como los elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en la comisión de la falta atribuida al Partido Verde Ecologista de México, y no la simple aportación de tales contratos al procedimiento.

Adicionalmente, de la lectura integral de la resolución impugnada se desprende que en la imposición de la sanción al apelante, el Consejo General del Instituto Federal Electoral tomó en cuenta los elementos precisados en el párrafo que antecede, pues analizó:

El tipo de infracción. En donde precisó la norma transgredida por el Partido Verde Ecologista de México, lo cual incluso, ha quedado determinado en las consideraciones de este fallo.

La singularidad o pluralidad de las faltas acreditadas. En donde indicó que las conductas desplegadas por el citado partido, constituyeron una pluralidad de faltas.

El bien jurídico tutelado (trascendencia de las normas transgredidas). En donde señaló las normas constitucionales y legales que establecen la restricción a los partidos políticos de adquirir tiempo en radio o televisión de forma directa o a través de terceros, así como la figura de garante de dichos partidos, en cuanto a que tienen un deber especial de cuidado en garantizar que la conducta de sus militantes y terceros se ajusten a los principios del Estado democrático.

Las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la infracción. En donde señaló en qué consistieron las irregularidades atribuidas al Partido Verde Ecologista de México, los días que duraron esas irregularidades y el lugar en donde se llevaron a cabo.

Intencionalidad. En donde se mencionó que el infractor vulneró el principio de equidad, al tolerar el actuar irregular de las referidas personas morales.

Reiteración de la infracción o vulneración sistemática de las normas. En donde se precisó que la conducta infractora se cometió de manera reiterada y sistemática, dados los elementos existentes en el expediente.

Las condiciones externas (contexto fáctico) y los medios de ejecución. En donde se aludió a que las conductas desplegadas por el Partido Verde Ecologista de México, Televimex S.A. de C.V. y Editorial Televisa, S.A de C.V., se cometieron en el periodo de campañas del presente proceso electoral federal.

Medios de ejecución. Se indicó que la transmisión de los mensajes materia del procedimiento administrativo que culminó con la emisión de la resolución impugnada, tuvo como medio de ejecución la señal televisiva emitida en dos canales.

La calificación de la gravedad de la infracción en que se incurra. En donde la responsable concluyó que la infracción atribuida al citado partido debía calificarse como una gravedad especial.

Reincidencia. En donde se analizó la reincidencia en que pudo haber incurrido el mencionado partido.

Sanción a imponer. En donde el Consejo General del Instituto Federal Electoral concluyó imponer al Partido Verde Ecologista de México, una sanción consistente en una reducción de sus ministraciones que asciende a la cantidad de $1’179,734.4 (un millón ciento setenta y nueve mil setecientos treinta y cuatro pesos 4/100 M.N.).

El monto del beneficio, lucro, daño o perjuicio derivado de la infracción. En donde la autoridad se pronunció sobre el eventual beneficio o lucro que pudo haber obtenido el referido partido político.

Las condiciones económicas del infractor. En donde se analizó si la sanción impuesta al infractor impactaba o no en el financiamiento público para el sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes que recibe durante el presente año.

Impacto en las actividades del sujeto infractor. En cuyo apartado se mencionó que la multa impuesta al Partido Verde Ecologista de México, en modo alguno afecta sustancialmente el desarrollo de sus actividades.

Por otra parte, los argumentos reseñados en los incisos b) y c) que anteceden son infundados, por lo siguiente:

Contrario a lo aseverado por el apelante, de la lectura integral de la resolución cuestionada se desprende que la responsable sí examinó los elementos subjetivos de la infracción que se atribuyó al Partido Verde Ecologista de México.

En efecto, una vez que se demostró plenamente la comisión de la infracción y la responsabilidad del apelante, la responsable procedió a imponer la sanción correspondiente, tomando en cuenta las condiciones previstas en el párrafo 5 del artículo 355 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como los elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en la comisión de la falta atribuida al Partido Verde Ecologista de México.

Así, al examinar las circunstancias subjetivas, la responsable determinó que el Partido Verde Ecologista de México incurrió en una falta de cuidado al no realizar alguna acción tendente a impedir o a interrumpir la transmisión de los promocionales difundidos en televisión que aludían a la propaganda electoral contratada con Editorial Televisa, S.A de C.V., en la que se incluyó el emblema de dicho instituto político.

Por lo anterior, el Consejo General del Instituto Federal Electoral concluyó que el apelante toleró el actuar irregular de la citada persona moral, máxime que no aportó elemento alguno para acreditar cualquier acción eficaz tendente a inhibir el actuar infractor de la empresa en comento.

Consecuentemente, esta Sala Superior considera infundado el agravio respectivo, pues, se reitera, la autoridad responsable sí tomó en cuenta los elementos subjetivos de la conducta infractora, al momento de individualizar la sanción.

Por otra parte, el recurrente afirma que la calificación de la conducta que se le atribuyó y la consecuente aplicación de la multa es desproporcionada y excesiva, pues no obstante que la responsable reconoce que no existió reincidencia y beneficio alguno, dicha conducta es calificada como grave especial, la cual, en su opinión, tiene el carácter de culposa.

No le asiste la razón al recurrente, toda vez que el Partido Verde Ecologista de México parte de la premisa inexacta de que en la calificación de la conducta que se le atribuyó no se tomó en cuenta "la inexistencia de reincidencia y de beneficio alguno", así como el hecho de que tal conducta era culposa.

Al respecto, cabe destacar que en la página 183 de la resolución impugnada, la autoridad responsable, al abordar el tópico del monto del beneficio, lucro, daño o perjuicio derivado de la infracción, precisó que si bien se encuentra acreditada una afectación, no contaba con elementos suficientes "para determinar el eventual beneficio o lucro que pudo haber obtenido el partido infractor con la comisión de las faltas".

Asimismo, de la lectura integral de la resolución impugnada se desprende que el Consejo General del Instituto Federal Electoral concluyó que el comportamiento del apelante violentó el principio de equidad en la contienda previsto en el artículo 41, Base III, Apartado A, inciso g), párrafo segundo de la Constitución Federal (al adquirir tiempo en televisión a través de un tercero para difundir su propaganda electoral, así como al omitir implementar las medidas idóneas, eficaces y proporcionales a sus derechos y obligaciones, tendentes a lograr la suspensión de los aludidos promocionales); lo cual, a criterio de esta Sala Superior, por sí mismo conlleva a que la citada conducta se considere como grave especial.

La génesis del citado principio constitucional, deviene, a su vez, del principio de equidad previsto en el artículo 41, fracción II de la misma Carta Magna, el cual garantiza a los partidos políticos contar de manera equitativa con los elementos necesarios para llevar a cabo sus actividades, dentro de las que se encuentra la difusión de su propaganda electoral en los medios electrónicos.

En efecto, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos otorga a los partidos políticos las mismas oportunidades para la difusión de sus propuestas políticas en los medios de comunicación, en aras de garantizar una contienda equitativa, cuyo objetivo principal es permitir a los institutos políticos competir en condiciones de igualdad, procurando evitar actos con los que pudieran obtener una ventaja indebida frente al resto de los participantes en la contienda electoral, como pudiera ser la difusión de propaganda emitida por terceros ajenos a los contendientes electorales a través de la cual se beneficie o perjudique a alguna de las fuerzas políticas.

La equidad es uno de los principios garantes del desarrollo de todo proceso electoral, recogido por la normatividad electoral al limitar la contratación de los espacios televisivos y radiofónicos para la difusión de propaganda a los contendientes electorales, excluyendo a los terceros, ponderando la competencia de los actores políticos en igualdad de circunstancias, garantizando que alguno de ellos obtuviera una ventaja en relación con los demás participantes.

Así, los partidos políticos, como entidades de interés público, están obligados a evitar acciones que demeriten las condiciones de equidad que deben prevalecer en todo proceso electoral, brindándoles la oportunidad de presentar sus propuestas entre el electorado en condiciones de tiempo y forma recíprocas.

En este sentido, los partidos políticos se encuentran obligados a respetar las normas electorales, atendiendo al principio de equidad en la contienda previsto en la Constitución Federal, siempre y ante cualquier circunstancia; en caso contrario, serán sancionados por la violación a esa obligación de respeto a la ley.

Por lo anterior, al margen de que el recurrente haya o no sido reincidente en la conducta que se le atribuyó y obtenido o no algún beneficio, al haberse acreditado que violentó el principio constitucional de equidad en la contienda, la calificación de dicha conducta como grave especial, fue la correcta.

B. TELEVIMEX, S.A DE C.V

En cuanto hace a la individualización de la sanción, el representante de Televimex, S. A. de C.V, hace valer los siguientes aspectos:

Capacidad económica

En este tópico, señala que la autoridad administrativa electoral en ningún momento razona adecuadamente la condición económica de su representada, dado que únicamente se limita a señalar que de conformidad con el oficio 700-06-02-00-00-2009-15340, signado por la Administradora Local de Servicios al Contribuyente del Sur en el Distrito Federal del Servicio de Administración Tributaria su utilidad durante el ejercicio fiscal 2008 fue de $101,579,272.00 (Ciento un millones quinientos setenta y nueve mil doscientos setenta y dos pesos 00/100 M.N), en base a lo cual estimó que la sanción a imponer podía ser cubierta por el sujeto infractor.

Hace mención que la determinación en cuestión, adolece de fundamentación y motivación.

En contexto, apunta que el hecho de que su representada en ningún momento tuvo conocimiento de la información con la cual se pretende motivar su capacidad económica, ello la dejó en estado de inseguridad jurídica e indefensión, pues no tuvo la oportunidad de hacer manifestación alguna sobre el particular.

Menciona no puede ser considerada como una adecuada motivación de su capacidad económica, pues no esgrime ningún razonamiento en el sentido de que en qué se relacionan sus utilidades con su capacidad económica.

Hace mención que la responsable indebidamente utiliza el concepto de utilidad fiscal como parámetro para determinar la capacidad económica de su representada, lo cual constituye una ilegal individualización de la sanción.

Manifiesta que no resulta dable que para fijar su capacidad, haya tomado como referencia el ejercicio fiscal de dos mil ocho, toda vez que sus condiciones pudieron haber cambiado, atendiendo a los acontecimientos internacionales o crisis económicas.

Ahora bien, resulta infundado lo alegado por Televimex, cuando sostiene que en ningún momento tuvo conocimiento de la información con la que la autoridad pretende argumentar y motivar su capacidad económica, sobre la base de que: "nunca se le notificó el oficio 700-06-02-00-00-2009-15340, signado por la Administradora Local de Servicios al Contribuyente del Sur en el Distrito Federal del Servicio de Administración Tributaria" dado que, la autoridad electoral cuenta con la facultad de allegarse de cualquier información que estime adecuada para garantizar el mayor grado de objetividad de la sanción que conforme a derecho debe aplicar, al margen de los medios de prueba aportados en la denuncia o en alguna otra etapa posterior del procedimiento, sin que ello implique, como lo refiere la accionante, que se le hubiera dejado "en estado de inseguridad jurídica e indefensión, porque no tuvo la oportunidad de realizar manifestaciones, en relación a la citada información, o saber en que términos fue dictada o si la misma fue analizada adecuadamente", pues debe tomarse en cuenta que en los procedimientos sancionadores electorales, la garantía de audiencia de la parte denunciada se colma al brindársele la oportunidad de desvirtuar los hechos y las pruebas dirigidas a la acreditación de la conducta o falta contraventora de la normativa electoral, lo cual incluye aportar las pruebas necesarias para determinar la capacidad económica del infractor.

Por otra parte, en lo que hace a que no se puede considerar como una correcta motivación de su capacidad socioeconómica, el señalamiento de las supuestas utilidades correspondientes al ejercicio fiscal 2008, sin realizar un razonamiento en el sentido de cuál es su capacidad económica de la actora y en qué se relaciona el monto de utilidades con su condición socioeconómica; así como que la autoridad es omisa en señalar qué se debe entender por utilidad fiscal del ejercicio, así como el ordenamiento al debe de remitirse Televimex para entender estos conceptos, se estiman inoperantes.

Esto, toda vez que la enjuiciante omite exponer razonamientos tendentes a sostener, desde su perspectiva, la razón por la cual, la exposición de un razonamiento sobre la capacidad económica de Televimex, la relación del monto de sus utilidades con su condición económica, la precisión del concepto de "utilidad fiscal del ejercicio", o bien, la cita de algún ordenamiento para entender este concepto, podría dar lugar, por ejemplo, a estimar que la fijación de la sanción no se ajustó a los parámetros de justicia, equidad, proporcionalidad y legalidad, o bien, de que resulte desproporcionada y gravosa para Televimex. Es decir, el actor omite exponer algún razonamiento que permita a esta autoridad jurisdiccional conocer la razón por la cual, a partir del cumplimiento de las exigencias que se invocan, el resultado de la determinación impugnada hubiera sido otro.

En otro orden, en lo que hace a los argumentos relacionados con que para considerar su condición socioeconómica, la responsable debió tomar en cuenta la situación que tiene en la actualidad, sin que sea válido tomar como referencia la declaración del ejercicio fiscal 2008, toda vez que tales condiciones socioeconómicas pueden haber cambiado, conforme a los acontecimientos internacionales o crisis económicas, además de que se le pretende sancionar basándose en una declaración complementaria de un ejercicio fiscal diferente de aquél en que supuestamente se cometió la

infracción, sin tomar en cuenta que la situación económica mundial no obedece a la misma realidad del año 2008, se estiman inoperantes.

Tal calificación se hace, toda vez que para el acogimiento de los mismos, el apelante podía haber presentado ante esta Sala Superior, cualquier elemento de convicción encaminado a demostrar que, en efecto, su capacidad económica actual se ha visto afectada o ha cambiado derivado de los acontecimientos internacionales o crisis económicas, y a partir de las cuales, esta autoridad jurisdiccional advirtiera el deterioro o merma que ha sufrido la utilidad del ejercicio fiscal 2008, lo que no se hace.

En todo caso, la apelante tenía la obligación de desvirtuar la cantidad que sirvió de referente a la responsable, para fijar la condición socioeconómica, con algún otro medio de convicción, a fin de demostrar que, de acuerdo a sus estados financieros actuales, la sanción impuesta resulta excesiva, por lo que al haber incumplido con esta carga, sus argumentos carecen de todo soporte probatorio que confirme la veracidad de sus afirmaciones. Es decir, en el mejor de los supuestos, la apelante debía acreditar ante esta instancia jurisdiccional sus condiciones económicas actuales, para que de esta forma, esta Sala Superior estuviera en condiciones de determinar si la multa impuesta resulta excesiva y contraria al artículo 22 del Pacto Federal, como lo sostiene.

Por último, no le asiste la razón al impugnante, cuando sostienen que la resolución impugnada, carece de motivación y fundamentación.

Al respecto, cabe señalar que la exigencia que establece el artículo 16, de la Constitución Federal en el sentido de que las autoridades funden y motiven sus actos queda satisfecha desde el punto de vista formal cuando se expresan las normas legales aplicables, así como los razonamientos tendientes a adecuar el caso concreto a esa hipótesis normativa.

Tales exigencias de índole constitucional se surten a lo largo de la resolución impugnada, pues de la lectura de la misma, es posible apreciar que la autoridad responsable señala diversos preceptos, como lo son, entre otros, los artículos: 41, base III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como 104, 105, párrafo 1, incisos a), b), e) y f); 106, párrafo 1; 109, párrafo 1; 118, párrafo 1, incisos h) y w); 341; 345, párrafo 1, inciso b); 350, párrafo 1, inciso b); 356; 358, párrafos 1 y 3, incisos a) y d); 359, párrafos 1, 2 y 3; 366, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; al igual que 34, párrafo 1, incisos a) y b); 36, párrafo 1 y 45, del Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Federal Electoral, para fundar su determinación.

Por otro lado, se observa que la responsable expuso diversas causas o razones fundamentales que sostienen la determinación adoptada, y las cuales, se recogen en los diversos considerandos integradores de la determinación que ha sido controvertida.

Beneficio o lucro

En cuanto hace al beneficio o lucro obtenido, precisa que la responsable en su determinación no cuantifica o describe cuál era la ganancia lícita de la que se privó al haberse actuado de manera ilegal.

A su parecer era necesario que señalara en qué consistió, así como a cuánto ascendió, si es que realmente existió un perjuicio causado.

El agravio resulta infundado.

Al respecto, el artículo 355, párrafo 5, inciso f), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, establece que para la individualización de las sanciones, una vez acreditada la existencia de una infracción y su imputación, la autoridad electoral deberá tomar en cuenta las circunstancias que rodean la contravención de la norma administrativa, como lo es en específico: "f) En su caso, el monto del beneficio, lucro, daño o perjuicio derivado del incumplimiento de obligaciones."

La simple interpretación literal del precepto, permite desprender que en el caso, la irregularidad puede producir dos tipo de afectación: 1. Las que podrían cuantificarse materialmente por encontrarse vinculadas con aspectos patrimoniales (beneficio, lucro, daño o perjuicio derivado del incumplimiento de las obligaciones) y 2. Las relacionadas con la vulneración de valores o principios de índole no patrimonial, cuya cuantificación no podría cuantificarse como las de naturaleza patrimonial.

En la parte conducente de la resolución que se cuestiona, la autoridad responsable señaló:

El monto del beneficio, lucro, daño o perjuicio derivado de la infracción.

Al respecto, se estima que la omisión de Televimex, S.A. de C.V. concesionaria de la emisoras identificadas con las siglas XEW-TV, canal 2, XHGC-TV, canal 5 y XEQ-TV, canal 9, causó un perjuicio a los objetivos buscados por el Legislador, ya que durante el periodo comprendido del doce al quince de junio de dos mil nueve difundido en las señales de las emisoras de las que es concesionaria, propaganda electoral, pagada, ordenada por persona distinta al Instituto Federal Electoral, contraviniendo los fines que constitucional y legalmente les han sido encomendados a efecto de producir equidad en los partidos políticos con el propósito de que sean conocidos.

La anterior consideración es acorde con el derecho que tienen los partidos políticos de usar de manera permanente los medios de comunicación social, prerrogativa que fuera de los periodos de precampaña y campañas electorales federales, los partidos políticos utilizan el tiempo que les corresponde con la transmisión de promocionales de treinta segundos cada uno, esto es así de conformidad con lo dispuesto en el artículo 41, fracción III, apartado B, inciso b) de la Constitución Federal.

En consecuencia, como se ha venido evidenciando a lo largo del presente fallo, Televimex, S.A. de C.V. concesionaria de la emisoras identificadas con las siglas XEW-TV, canal 2, XHGC-TV, canal 5 y XEQ-TV, canal 9, causó un daño a los objetivos buscados por el legislador, por lo siguiente:

a) En principio el actuar de la persona moral denunciada estuvo intencionalmente encaminado a infringir la normativa comicial en detrimento de lo establecido por el párrafo tercero, inciso g), párrafo 1, de la Base III del artículo 41 Constitucional la prerrogativa constitucional, toda vez que difundió en las señales de las emisoras de las que es concesionaria, propaganda electoral, pagada, ordenada por persona distinta al Instituto Federal Electoral, a cambio de una contraprestación.

En ese sentido, dicho comportamiento debe interpretarse como una falta de cooperación con la autoridad administrativa electoral federal, para abstenerse de difundir propaganda pagada por personas distintas a la autoridad electoral, en términos de lo expresado por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Como se advierte de la transcripción anterior, las repercusiones de la infracción no podrían catalogarse desde un punto de vista patrimonial, pues la afectación se produjo sobre los objetivos que tuvo el legislador (principios de equidad e igualdad), cuya afectación no es posible medir con los parámetros de la ganancia ilícita y su monto, como lo refiere la parte actora.

Gravedad de la falta

Sostiene que la responsable es omisa en clasificar la gravedad de la conducta tomando en cuenta los elementos que señala el artículo 355, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, para que con base a ello, determinara precisamente la gravedad de la conducta desplegada.

Estima que únicamente se concretó a decir que la falta era de gravedad especial, al transgredir la normativa electoral vigente; sin embargo, nunca explica a detalle qué aspectos rodearon la conducta del infractor para considerarla como grave especial.

El disenso resulta infundado.

Lo anterior, en virtud de que contrariamente a lo aducido, la autoridad señalada como responsable sí tomo en cuenta al momento de individualizar la sanción a imponer, los elementos objetivos que concurrieron en relación al hecho delictuoso.

En efecto, para calificar la falta precisó que:

El tipo de infracción. Se acreditó que Televimex, S.A de C.V concesionaria de la emisoras identificadas con las siglas XEW-TV- Canal 2, XHGC-TV, Canal 5 y XEQ-TV-Canal 9, transgredió el artículo 350, párrafo 1, inciso b), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, al haber difundido en las señales de las emisoras de las que es concesionaria, propaganda electoral, pagada por persona distinta al Instituto Federal Electoral.

La singularidad o pluralidad de las faltas cometidas. No se estaba en presencia de una pluralidad de infracciones o de faltas administrativas, toda vez que el hecho de que la difusión de los spots materia del procedimiento se realizó en diversos momentos y espacios, ello sólo actualiza una infracción, es decir, sólo se colmaba un supuesto jurídico.

Bien jurídico tutelado. La conducta desplegada, vulneró el principio de equidad en la materia.

Intencionalidad. Si bien Televimex, S.A de C.V, no realizó la contratación en forma directa con el Partido Verde Ecologista de México el promocional cuestionado, constituía un hecho indubitable que lo difundió en cadena nacional.

Reiteración de la infracción. La conducta fue cometida de manera reiterada y sistemática, puesto que obraban elementos suficientes para concluir que la propaganda electoral en cuestión, además de que difundió durante los días doce, trece, catorce y quince de junio del año en curso, también fue transmitida con antelación.

Condiciones externas y medios de ejecución. La conducta desplegada, se cometió en el periodo de campaña electoral.

Medios de ejecución. La difusión de los promocionales, tuvo como medio de ejecución la señal televisiva emitida en los canales 2, 5 y 9, donde la persona moral denunciada proyecta las transmisiones de las emisoras XEW-TV, XHGC-TV y XEQ-TV, a nivel nacional.

En ese estado de cosas, carece de sustento lo alegado por la parte actora, en el sentido de que la autoridad solamente se concretó a decir que se calificó la infracción con una gravedad especial, pues contrariamente a su afirmación, la autoridad sí precisó las circunstancias que giraron en torno a la infracción legal cometida.

Intencionalidad

En lo que hace a que indebidamente se consideró por parte de la responsable, como un elemento para la individualización de la sanción, que hubo intencionalidad por parte de su representada, cuando que su objeto real fue el cumplimiento de su actividad de comercializar publicidad en estricto cumplimiento con su objeto social y en ejercicio del derecho a la libre contratación en materia mercantil, dado que su voluntad sólo se circunscribió a realizar la transmisión de la propaganda comercial de una revista.

El agravio se estima infundado.

En efecto, no le asiste la razón a la parte enjuiciante, ya que la difusión de la publicidad en la revista TVyNovelas, relacionada con la entrevista del actor Raúl Araiza, en la que se promocionó indebidamente al Partido Verde Ecologista de México, es infractora de los artículos 41, Base III, Apartado A, párrafo tercero, de la Constitución Federal, y 350, párrafo 1, inciso b), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, por haberse realizado al margen de la administración única que el Instituto Federal Electoral realiza, en materia de acceso a la televisión, para todos los partidos políticos nacionales, lo que trajo consigo el desequilibrio (a favor del Partido Verde Ecologista de México y en detrimento del resto de los contendientes políticos) en la difusión de propaganda en la televisión.

En el caso concreto, el Consejo General tuvo por acreditada la intencionalidad de Televimex, sobre la base de que " difundió en cadena nacional el promocional de la revista TvyNovelas en la que se hace referencia a la entrevista con un conocido actor y en donde como premisa principal se observa propaganda del Partido Verde Ecologista de México, con imágenes y el emblema del mismo, violentando con ello la equidad electoral a que nos hemos venido haciendo referencia, por no ser tal propaganda de la ordenada por el Instituto Federal Electoral, único ente autorizado para ordenar su transmisión en televisión", aspecto con el cual esta Sala Superior coincide, ya que la acción sancionada por el artículo 350, párrafo 1, inciso b), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, a cargo de los concesionarios y permisionarios de radio y televisión, es precisamente la difusión en estos medios masivos de comunicación de propaganda política o electoral, la cual, en el caso que se examina, dicha propaganda (a favor) benefició al Partido Verde Ecologista de México, durante el período de campañas electorales federal, y que su difusión se hizo sin autorización del Instituto Federal Electoral.

Incluso, de un examen realizado a la revista TvyNovelas del mes de junio, se desprende que el objeto primordial de ese medio impreso es la difusión de noticias relacionadas a la farándula y el espectáculo. Asimismo, se aprecia que sus anunciantes fundamentalmente tienen un fin comercial destinado a la adquisición de productos de belleza, para el hogar, entre otros similares.

Luego, se advierte que en varias páginas de las revistas, se presentan las inserciones propagandísticas del Partido Verde Ecologista de México.

No obstante que el contenido primordial de la revista de espectáculos tiene un fin destinado a la farándula y el espectáculo, los promocionales en televisión se concentraron preponderantemente en la difusión de la propaganda política pagada por el Partido Verde Ecologista de México, con lo cual se acredita el elemento objetivo de promocionar un partido político en campaña electoral y llamar al voto en su favor.

En ese contexto, la acción efectuada por Televimex colmó el supuesto previsto en el artículo 350, párrafo 1, inciso b), del código electoral en consulta.

Por lo tanto, resulta irrelevante lo alegado por el actor, en el sentido de que en ningún momento se tuvo la intención de violentar la equidad en la contienda electoral por no tener interés alguno en la misma; ya que esta Sala Superior considera que al surtirse la hipótesis contenida en el artículo 350, párrafo 1, inciso b), del código electoral aplicable, la procedencia de la sanción sólo se focalizó en las repercusiones que en su caso, haya tenido la conducta infractora a la normativa y los valores (principios) impuestos por el legislador en la legislación electoral aplicable.

C. EDITORIA TELEVISA, S.A DE C.V

Condición económica

La empresa editorial aduce que la autoridad responsable no razona adecuadamente su condición socioeconómica y fija de manera arbitraria la multa por la cantidad total de $1,179,734.40, (un millón ciento setenta y nueve mil setecientos treinta y cuatro pesos 40/100 M.N.) tomando como parámetro los contratos de contraprestación de servicios publicitarios aportados por el Partido Verde Ecologista de México por un total de $13,500,000.04 (trece millones quinientos mil pesos 04/100 M.N,) manifestando que constituye un elemento objetivo para determinar la capacidad económica del infractor.

Señala que no es dable considerar como elemento objetivo para motivar la condición socioeconómica, únicamente una contraprestación recibida, toda vez que pueden existir diversos elementos exógenos a la referida contraprestación (gastos operativos en la publicación de la revista o deudas o créditos con motivo de su edición y publicación) que mermen su patrimonio.

Refiere que la autoridad responsable estaba obligada a allegarse de información financiera de Editorial Televisa, S.A. de C.V. (elementos contables) para conocer su condición socioeconómica y así cumplir cabalmente lo que señala el artículo 355 del Código Electoral.

Alega que la resolución controvertida no indica cómo la autoridad responsable concluyó cuál es la condición socioeconómica de mi representada y que el 8.73% de la contraprestación recibida es sinónimo de condición económica.

Se estima inoperantes, por un lado, e infundados, por otro lado, los agravios de referencia.

Por cuanto hace a la inoperancia de la mayoría de los argumentos, cabe señalar que la enjuiciante no expone razonamiento alguno que demuestre que una valoración de su capacidad económica que tuviera en cuenta los elementos que se invocan daría lugar, por ejemplo, a estimar que la fijación de la sanción no se ajustó a los parámetros de justicia, equidad, proporcionalidad y legalidad, o bien, que la multa impuesta es desproporcionada y gravosa para Editorial Televisa, S.A de C.V. Es decir, la actora omite exponer algún razonamiento que permita a esta autoridad jurisdiccional conocer la razón por la cual, a partir del cumplimiento de las exigencias que se invocan, el resultado de la determinación impugnada hubiera sido otro.

Por otro lado, la apelante señala que la autoridad responsable estaba obligada a allegarse de información financiera de Editorial Televisa, S.A. de C.V., para conocer efectivamente su condición económica. No le asiste la razón a la recurrente, toda vez que a través del recurso de apelación que se resuelve, la actora contaba con la oportunidad de justificar ante esta autoridad jurisdiccional, la condición económica que estimara conducente para el logro de sus pretensiones y, no obstante, no aportó prueba alguna.

Como se advierte, la parte actora incumplió con la carga probatoria establecida en el artículo 15, párrafo 2, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, concerniente a que quien afirma está obligado a probar, de ahí lo infundado de sus argumentos.

Monto del beneficio, lucro o perjuicio

La Editorial accionante aduce que la autoridad responsable señaló que la conducta desplegada causó un perjuicio a los objetivos buscados por el legislador, toda vez que contrató en radio o televisión propaganda electoral dirigida a influir en las preferencias electorales de los ciudadanos en favor del Partido Verde Ecologista de México; sin embargo, señala que no pudo causar el perjuicio aludido, por la simple y sencilla razón que no es concesionaria de Televisión ni radiodifunde señal alguna, y por ende, se encuentra imposibilitada jurídica y materialmente a difundir la propaganda electoral.

Señala que la autoridad electoral refiere un perjuicio a los objetivos buscados por el legislador, pero no cuantifica o describe detalladamente cuál es la ganancia lícita de la que se privó a los citados objetivos a los que hace alusión; es decir, al señalar que hubo un perjuicio, debió haber partido del elemento esencial de esta figura jurídica que es precisamente la privación de una ganancia licita; aunado a que era necesario que se señalara en qué consiste, a cuánto asciende y de dónde se obtiene el dato respecto del mismo, si es que realmente existe el citado perjuicio.

Para el examen de los argumentos hechos valer por la parte apelante, es menester tener en cuenta que en las páginas 124 y 125 de la resolución que se controvierte, la autoridad señalada como responsable señaló:

"[…] Al respecto, se estima que la conducta de Editorial Televisa, S.A. de C.V., causó un perjuicio a los objetivos buscados por el Legislador, ya que durante el periodo comprendido del doce al quince de junio de dos mil nueve se difundió en las señales de las emisoras de las que es concesionaria, propaganda electoral, contratada tales fines, tendiente a influir en las preferencias electorales de los ciudadanos o a favor o en contra de alguna fuerza política.

Toda vez que la finalidad perseguida por el Legislador al establecer como infracción de cualquier persona física o moral la contratación en radio o televisión dirigida a la promoción personal con fines políticos o electorales, a influir en las preferencias electorales de los ciudadanos o a favor o en contra de alguna fuerza política, fue preservar los principios de equidad e igualdad que deben regir en la materia electoral, al evitar que terceros ajenos a los actores políticos incorporen elementos distorsionadores del orden electoral.

En consecuencia, como se ha venido evidenciando a lo largo del presente fallo, Editorial Televisa, S.A. de C.V., causó un daño a los objetivos buscados por el legislador, por lo siguiente:

a) En principio el actuar de la persona moral denunciada estuvo intencionalmente encaminado a infringir la normativa comicial en detrimento de lo establecido por el artículo 41 Base III; de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en relación con los artículos 49, párrafo 4 y 345, párrafo 1, inciso b) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, toda vez que contrató en radio o televisión propaganda electoral dirigida a influir en las preferencias electorales de los ciudadanos a favor del Partido Verde Ecologista de México.

En ese sentido, dicho comportamiento debe interpretarse como una falta de cooperación con la autoridad administrativa electoral federal, para abstenerse de contratar la propaganda de referencia, en términos de lo expresado por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. […]"

De lo antes reproducido, queda en relieve que las repercusiones de la infracción cometida por la editorial sancionada no podrían catalogarse desde un punto de vista patrimonial, dado que el perjuicio se produjo sobre los objetivos que tuvo el legislador (principios de equidad e igualdad), para los cuales, como ya se expuso en líneas anteriores, la afectación no es posible medirla con los parámetros de la ganancia ilícita y su monto, como lo refiere la parte actora.

Por lo anterior, es que los conceptos de agravio se juzgan infundados.

Gravedad de la infracción

Con relación a este tema, la parte actora señala que la autoridad demandada realiza un examen subjetivo para valorar la gravedad de la infracción, pues no refiere cuáles son los parámetros para considerar que la conducta que se le atribuye consiste en una gravedad mayor, gravedad especial o sin gravedad alguna, puesto que no se indican las causas o circunstancias de la conducta que ocasionan la infracción a la ley, para clasificarla como gravedad especial o gravedad mayor.

Así, concluye que la autoridad no hace constar de manera correcta los motivos, causas y razones por los cuales la conducta imputada se considera de gravedad especial, como para considerar plenamente procedente la imposición de una multa equivalente al monto en que la impuso y no una multa equivalente al mínimo o a otra cantidad.

Resultan infundados los agravios planteados.

Al respecto, cabe señalar que en la página 121 de la resolución que se controvierte, la autoridad señalada como responsable asentó:

"[…] La calificación de la gravedad de la infracción en que se incurra.

En el presente caso, atendiendo a los elementos objetivos anteriormente precisados, la conducta debe calificarse con una gravedad especial, ya que la misma, como se explicó en el apartado de intencionalidad, tuvo como finalidad infringir de forma directa los objetivos tutelados por la norma relativos a garantizar que los actores políticos cuenten con las mismas oportunidades para difundir su ideología o promover sus propuestas e impedir que terceros ajenos al proceso electoral incidan en su resultado. […]"

De lo anteriormente transcrito, se observa que la autoridad administrativa electoral calificó la conducta de la editorial apelante con una gravedad especial "atendiendo a los elementos objetivos anteriormente precisados", es decir, todos los elementos "objetivos" que previamente valoró para realizar la calificación de la falta, tales como: I. El tipo de infracción (artículo 345, párrafo 1, inciso b), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales); II. La singularidad de la falta acreditada (la difusión de los spots si bien se realizó en diversos momentos y espacios, ello sólo actualizó una infracción, es decir, solo colma un supuesto jurídico); III. El bien jurídico tutelado, es decir, la trascendencia de las normas transgredidas (la equidad que debe prevalecer entre los distintos actores políticos, en aras de garantizar que cuenten con las mismas oportunidades para difundir su ideología o promover sus propuestas e impedir que terceros ajenos al proceso electoral incidan en su resultado); IV. Las circunstancias de modo (haber contratado al menos ciento veintinueve impactos en televisión, espacios en televisión, con propaganda electoral, dirigida a influir en las preferencias electorales de los ciudadanos a favor del Partido Verde Ecologista de México, en los canales XEW-TV, Canal 2, XHGC-TV, Canal 5 y XEQ-TV, canal 9), tiempo (durante el periodo comprendido del doce al quince de junio del año dos mil nueve) y lugar (toda la República Mexicana) de la infracción; V. La intencionalidad (que será motivo de examen en el siguiente apartado); VI. La reiteración de la infracción o vulneración sistemática de las normas (la conducta infractora se cometió de manera reiterada y sistemática); VII. Las condiciones externas (contexto fáctico) y los medios de ejecución (la conducta desplegada se cometió en el periodo de campañas del proceso electoral federal 2008-2009, lo que atentó contra el principio de equidad que debe imperar en toda contienda electoral, cuyo objeto principal es permitir a los partidos políticos competir en condiciones de igualdad, procurando evitar actos con los que algún candidato o fuerza política pudieran obtener una ventaja indebida frente al resto de los participantes en la contienda electoral); y VIII. Los medios de ejecución (señal televisiva emitida en los canales 2, 5 y 9, donde la persona moral denunciada proyecta las transmisiones de las emisoras identificadas con las siglas XEW-TV, XHGC-TV y XEQ-TV, a nivel nacional).

Además, la parte apelante pierde de vista que la responsable calificó la falta como de gravedad especial, por tres razones fundamentales: 1. Difundir promocionales que contenían elementos de propaganda electoral del Partido Verde Ecologista de México; 2. Dicha difusión se realizó sin haber sido ordenados por la autoridad administrativa electoral, lo que transgredió la normatividad electoral vigente; y 3. Se realizó dentro de un proceso electoral.

Estos aspectos no son controvertidos por la parte actora, ya que sólo se limita a exponer argumentos generales, que resultan insuficientes para desvirtuar las conclusiones de la responsable, razón por la cual, los conceptos de queja también resultan inoperantes, y por ello, la calificación que hace el Consejo General demandado, de que la falta reviste una gravedad especial, debe quedar incólume y seguir rigiendo el sentido del fallo.

La intencionalidad

La Editorial apelante se queja de que la intencionalidad con la que la responsable califica la conducta imputable a mi representada se considera equivocadamente como un elemento o agravante para la individualización de la multa, ya que el objeto que tuvo en la contratación fue el de realizar un acto de comercio, en estricto cumplimiento con su objeto social y en ejercicio del derecho de la libre contratación en materia mercantil previsto en el artículo 78, del Código de Comercio.

Asimismo, se duele de que la autoridad recurrida señala que la apelante tiene plena "conciencia" de una cuestión electoral, lo cual es totalmente falso y alejado de cualquier fundamento legal, debido a que las personas morales carecen de voluntad propia, esto es, no tienen sentimientos, razón, pensamientos ni conciencia; y que en ningún momento tuvo la intención de violentar la equidad en la contienda electoral, a que hace referencia la autoridad sancionadora, toda vez que no tenía interés alguno en la misma; por lo que la autoridad responsable es omisa en probar con medios fehacientes que era la voluntad de mi representada realizar el hecho y buscar sus consecuencias.

Aduce que la intencionalidad es un elemento subjetivo cuyos elementos tienen que quedar plenamente acreditados, pues de lo contrario, se contravendría el principio de legalidad y seguridad jurídica.

Esta autoridad jurisdiccional declara infundado el agravio referido debido a que, como ya se señaló, la Editorial conocía de antemano (i) los elementos constitutivos de la propaganda insertada en su publicación; y, (ii) que el promocional difundido hacía referencia expresa a tales elementos. Asimismo, se debe tomar en cuenta que existe la prohibición constitucional y legal expresa de contratar y difundir en radio y televisión propaganda electoral.

En la página 119 de la resolución impugnada, el Consejo General responsable tuvo por acreditada la intencionalidad de la editorial sobre la base de que: "contrató la difusión de propaganda contraria a la normatividad electoral federal, con plena conciencia de la naturaleza electoral de los elementos que incluyó en su propaganda comercial, […] cuando en dichas inserciones se observa el emblema del partido político que contrató dicha publicidad, en la especie, el que sirve para identificar al Partido Verde Ecologista de México".

Como ya ha sido examinado con antelación, es ilegal la propaganda difundida del doce al quince de junio en tres canales de televisión concesionados a Televimex, S.A. de C.V.

Por ello, se estima que la Editorial impugnante tenía pleno conocimiento de que los promocionales que se estaban transmitiendo contenían elementos que incrementaron la presencia del Partido Verde Ecologista de México en los canales de televisión referidos, al margen de la administración única que el Instituto Federal Electoral realiza, en materia de acceso a la televisión, para todos los partidos políticos nacionales, lo que trajo consigo el desequilibrio de la difusión de propaganda en la televisión, a favor del Partido Verde Ecologista de México, y en detrimento del resto de los contendientes políticos. De igual forma, existe la prohibición expresa prevista en los artículos 41, Base III, Apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 49, párrafo 4, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. No obstante lo anterior, solicitó la difusión de los promocionales de mérito, actualizando así el supuesto de infracción previsto en por el artículo 345, párrafo 1, inciso b), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Además, no resulta válido alegar la falta de intencionalidad por parte de la apelante, sobre la premisa de que se trata de una persona moral, que carece de voluntad propia, toda vez que resulta un hecho notorio, que se cita de conformidad con lo previsto en el artículo 15, párrafo 1, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, que la empresa Editorial Televisa, S.A. de C.V., es un ente jurídico legalmente constituido que, como persona moral, está obligada al cumplimiento irrestricto de todas las obligaciones que incidan en el cumplimiento de su objetivo comercial, como lo son las contenidas en los artículos 41, Base III, Apartado A, del Pacto Federal, y 345, párrafo 1, inciso b), del código electoral aplicable.

De ahí, que al haberse transmitido propaganda comercial de una revista, conteniendo propaganda a favor del Partido Verde Ecologista de México, la infracción a las normas constitucionales y legales de mérito se realizó a través de una conducta de hacer (acción), al quedar acreditado que la publicidad de la edición número 22, de la revista TVyNovelas fue difundida en los canales de televisión identificados con las siglas XEW-TV canal 2 (noventa y tres impactos), XHGC-TV canal 5 (cuarenta y siete impactos) y XEQ-TV canal 9 (dos impactos), del doce al quince de junio de dos mil nueve; lo cual, erradica la posibilidad de que la Editorial apelante haya actuado sin intencionalidad.

Por lo tanto, pues es indudable que en el caso, la acción efectuada por Editorial Televisa colmó el supuesto previsto en el artículo 345, párrafo 1, inciso b), del código electoral en consulta.

Multa excesiva

La empresa Editorial Televisa, S.A. de C.V. hace valer que, al no haberse razonado correctamente la gravedad de la conducta, su intencionalidad, el perjuicio ocasionado y su capacidad socioeconómica, la sanción controvertida deviene en excesiva.

En el caso, deviene infundado el agravio, toda vez que el mismo se apoya en la premisa falsa de que en su caso, no se razonó correctamente la gravedad de su conducta, la intencionalidad, el perjuicio ocasionado y su capacidad económica, lo cual, como ha quedado demostrado con anterioridad, en cada uno de estos aspectos, el fallo que se cuestiona se encuentra apegado a derecho.

Monto de la multa

La editorial apelante señala que en la resolución CG362/2009, la autoridad responsable calificó la conducta que se le atribuye como de una gravedad especial y la sanciona con una multa de 21,528 días de salario mínimo por haber contratado tiempo en televisión dirigido a la promoción personal con fines políticos o electorales e influir en las preferencias electorales de los ciudadanos o a favor o en contra de alguna fuerza política; y asimismo, que en la misma resolución, esgrime casi el mismo argumento al individualizar la sanción a imponer a Televimex, S.A. de C.V., pero le imputa una multa de 7,591 días de salario mínimo; esto es, sin que se haya razonado o justificado la diferencia de las multas impuestas, cuando lo justo y procedente sería que se le hubiera impuesto la misma sanción, por haber derivado de la transmisión de un número idéntico de spots. Al respecto, refiere que en la resolución CG321/2009 determinó por una conducta similar imponer una multa igual a ambas empresas, Y en el presente caso, cumpliéndose las mismas condiciones, esto es: las mismas empresas, el mismo número de impactos y las mismas conductas, el Consejo General determinó imponer una multa totalmente mucho mayor a la ahora apelante, que la impuesta a la empresa Televimex.

Esta Sala Superior estima que resulta fundado el agravio expuesto, en razón de lo siguiente:

En la resolución CG362/2009, al momento de fijar la multa aplicada a Editorial Televisa, S.A. de C.V, así como a la empresa Televimex, S.A. de C.V, expuso las consideraciones que enseguida se transcriben:

EDITORIAL TELEVISA

TELEVIMEX

Toda vez que la conducta se ha calificado con una gravedad especial, y si bien, la misma infringe los objetivos buscados por el Legislador al establecer un sistema electoral de equidad que permita a los partidos políticos, difundir en forma proporcional entre la ciudadanía sus mensajes y programas, con el propósito de que la misma conozca los programas y postulados que éstos despliegan en sus documentos básicos, aunado a que con ello, tales institutos políticos alcanzan los fines que constitucional y legalmente les han sido encomendados, se estima que en el caso cobra especial relevancia la acreditación de la difusión de los spots o promocionales materia del actual procedimiento, toda vez que los mismos fueron pagado y no autorizados por la autoridad competente para ello, se estima que tales circunstancias justifican la imposición de la sanción prevista en la fracción II citada, consistente en una multa, pues tal medida permitiría cumplir con la finalidad correctiva de una sanción administrativa, ya que las previstas en las fracciones IV y V, serían de carácter excesivo, y la prevista en la fracción I sería insuficiente para lograr ese cometido.

Como se ha mencionado anteriormente, los impactos que tuvieron los promocionales de marras, fueron ciento veintinueve impactos en las emisoras XEW-TV canal 2, XHGC-TV canal 5 y XEQ-TV, canal 9.

Para efectos de individualización de la sanción, es menester tomar en cuenta el número de impactos, los días que abarcó su difusión, y que en el momento en que se realizó la conducta infractora se encontraba desarrollándose un proceso electoral.

Asimismo, para esta falta, el artículo 354, párrafo 1, inciso d) del código electoral federal señala que puede ser aplicable para efectos de sanción, una multa de hasta cien mil días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal.

Por lo tanto, de conformidad con la Tesis Relevante S3EL 028/2003, emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral de Poder Judicial de la Federación, e identificada con el rubro "SANCIÓN. CON LA DEMOSTRACIÓN DE LA FALTA PROCEDE LA MÍNIMA QUE CORRESPONDA Y PUEDE AUMENTAR SEGÚN LAS CIRCUNSTANCIAS CONCURRENTES", y en concordancia con el artículo 354, párrafo 1, inciso d), fracción III del código comicial federal vigente, cuando las personas morales contraten tiempo en radio o televisión dirigida a la promoción personal con fines políticos o electorales, a influir en las preferencias electorales de los ciudadanos o a favor o en contra de alguna fuerza política, se les sancionará con multa de uno a cien mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal.

En esa tesitura, en principio aunque sería dable sancionar a la denunciada con una multa de un salario mínimo general vigente en el Distrito Federal por haber contratado tiempo en televisión dirigida a la promoción personal con fines políticos o electorales, a influir en las preferencias electorales de los ciudadanos o a favor o en contra de alguna fuerza política, lo cierto es que, considerando los ciento veintinueve impactos en las emisoras XEW-TV canal 2, XHGC-TV canal 5 y XEQ-TV, canal 9, y que la conducta se realizó dentro de un proceso comicial federal, tomando en cuenta el daño que con esta conducta ocasionó a los partidos políticos, de conformidad con el artículo 354, párrafo 1, inciso d), fracción III del ordenamiento legal ya citado, se debe sancionar a Editorial Televisa, S.A. de C.V., con una multa de veintiún mil quinientos veintiocho días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal, equivalentes a la cantidad $1’179,734.40 (un millón ciento setenta y nueve mil setecientos treinta y cuatro pesos 40/100 M.N.).

Debe señalarse que esta autoridad considera que la multa impuesta constituye una medida suficiente para disuadir la posible comisión de infracciones similares en el futuro.

Toda vez que la conducta se ha calificado con una gravedad especial, y si bien, la misma infringe los objetivos buscados por el Legislador al establecer un sistema electoral de equidad que permita a los partidos políticos, difundir en forma proporcional entre la ciudadanía sus mensajes y programas, con el propósito de que la misma conozca los programas y postulados que éstos despliegan en sus documentos básicos, aunado a que con ello, tales institutos políticos alcanzan los fines que constitucional y legalmente les han sido encomendados, se estima que en el caso cobra especial relevancia la acreditación de la difusión de los promocionales materia del actual procedimiento, toda vez que los mismos fueron pagados y no autorizados por la autoridad competente para ello, se estima que tales circunstancias justifican la imposición de la sanción prevista en la fracción II citada, consistente en una multa, pues tal medida permitiría cumplir con la finalidad correctiva de una sanción administrativa, ya que las previstas en las fracciones IV y V, serían de carácter excesivo, y la prevista en la fracción I sería insuficiente para lograr ese cometido.

Como se ha mencionado anteriormente, los impactos que tuvieron los promocionales de marras, fueron ciento veintinueve impactos en las emisoras XEW-TV canal 2, XHGC-TV canal 5 y XEQ-TV, canal 9.

Para efectos de individualización de la sanción, es menester tomar en cuenta el número de impactos, los días que abarcó su difusión, y que en el momento en que se realizó la conducta infractora se encontraba desarrollándose un proceso electoral.

Asimismo, para esta falta, el artículo 354, párrafo 1, inciso f) del código electoral federal señala que puede ser aplicable para efectos de sanción, una multa de hasta cien mil días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal.

Por lo tanto, de conformidad con la Tesis Relevante S3EL 028/2003, emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral de Poder Judicial de la Federación, e identificada con el rubro "SANCIÓN. CON LA DEMOSTRACIÓN DE LA FALTA PROCEDE LA MÍNIMA QUE CORRESPONDA Y PUEDE AUMENTAR SEGÚN LAS CIRCUNSTANCIAS CONCURRENTES", y en concordancia con el artículo 354, párrafo 1, inciso f), fracción II del código comicial federal vigente, cuando los concesionarios difundan en las señales de las emisoras de las que son concesionarias, propaganda electoral, pagada, ordenada por persona distinta al Instituto Federal Electoral, se les sancionará con multa de uno a cien mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal.

En esa tesitura, en principio aunque sería dable sancionar a la denunciada con una multa de un salario mínimo general vigente en el Distrito Federal por haber difundido promocionales en televisión sin estar autorizados por el Instituto Federal Electoral, lo cierto es que, considerando los ciento veintinueve impactos en las emisoras XEW-TV canal 2, XHGC-TV canal 5 y XEQ-TV, canal 9, y que la conducta se realizó dentro de un proceso comicial federal (del doce al quince de junio de dos mil nueve), tomando en cuenta el daño que con esta conducta ocasionó a los partidos políticos, de conformidad con el artículo 354, párrafo 1, inciso f) del ordenamiento legal ya citado, se debe sancionar a Televimex, S.A. de C.V. concesionaria de la emisoras identificadas con las siglas XEW-TV, canal 2 y XHGC-TV, canal 5, con una multa de siete mil quinientos noventa y un días de salario mínimo general vigente para el Distrito Federal, equivalentes a la cantidad $415,986.8 (cuatrocientos quince mil novecientos ochenta y seis pesos 8/100 M.N.).

Debe señalarse que esta autoridad considera que la multa impuesta constituye una medida suficiente para disuadir la posible comisión de infracciones similares en el futuro.

De lo anterior, se advierte que para ambos casos, la autoridad expuso las mismas razones de hecho y derecho, con las salvedades que han sido subrayadas, y las cuales atañen a cada caso en particular. Ciertamente, en el caso de las conductas sancionadas se advierten las coincidencias siguientes:

-Ambas se calificaron como de una gravedad especial;

-Se expone que en ambos casos, la conducta infringe los objetivos buscados por el Legislador al establecer un sistema electoral de equidad que permita a los partidos políticos, difundir en forma proporcional entre la ciudadanía sus mensajes y programas, con el propósito de que la misma conozca los programas y postulados que éstos despliegan en sus documentos básicos; y

-En ambos casos, cobra especial relevancia la acreditación de la difusión de los spots o promocionales materia del actual procedimiento, toda vez que los mismos fueron pagados y no autorizados por la autoridad competente para ello.

Es decir, no existe una diferencia sustancial en los motivos que sirvieron a la responsable de sustento para imponer las multas fijadas para las empresas de que se trata, y tampoco se advierte alguna causa, motivo o razón particular adicional, que en el mejor de los casos, justifique la aplicación de una multa mayor para la editorial.

En la especie, resultan aplicables los principios de "igualdad de todos los ciudadanos ante ley", de "equidad en la imposición de la sanción" y "a igual razón, igual derecho", que se invocan de conformidad con el artículo 2, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, pues se estima que en el presente asunto, al existir igualdad y semejanza en las consideraciones vertidas por la autoridad responsable para imponer la sanción, tal circunstancia implica, por sí misma, que al fijar el monto de la multa impuesta a Editorial Televisa, S.A. de C.V., se debió observar una respuesta jurídica idéntica a la multa que se impuso a la empresa Televimex, S.A. de C.V.

En consecuencia, esta Sala Superior estima conducente modificar la resolución impugnada, únicamente por cuanto atañe al monto de la multa fijada a Editorial Televisa, S.A. de C.V., para el efecto de que el Consejo General del Instituto Federal Electoral le imponga una multa equivalente al monto de los siete mil quinientos noventa y un días de salario mínimo general vigente aplicada a la empresa Televimex, S.A. de C.V.

Para tal efecto se concede a la autoridad responsable el plazo de cinco días hábiles, contados a partir de la notificación de la presente ejecutoria; hecho lo cual, dentro de las veinticuatro horas siguientes a ese plazo, deberá informar a esta Sala Superior sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria.

Por lo anteriormente expuesto, y además, con fundamento en el artículo 22, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, se:

R E S U E L V E

PRIMERO. Se acumulan los recursos de apelación SUP-RAP-244/2009 y SUP-RAP-252/2009 al SUP-RAP-242/2009, por ser éste el primero que se recibió en la Oficialía de Partes de esta Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Consecuentemente, glósese copia certificada de los puntos resolutivos de la presente sentencia a los autos de los recursos acumulados.

SEGUNDO. Se modifica la resolución impugnada, únicamente por cuanto hace al monto de la multa fijada a Editorial Televisa, S.A. de C.V., para el efecto de que el Consejo General del Instituto Federal Electoral le imponga una multa equivalente al monto de los siete mil quinientos noventa y un días de salario mínimo general vigente que aplicó a la empresa Televimex, S.A. de C.V.

TERCERO. Se concede a la autoridad responsable el plazo de cinco días hábiles, contados a partir de la notificación de la presente ejecutoria; hecho lo cual, dentro de las veinticuatro horas siguientes a ese plazo, deberá informar a esta Sala Superior sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria.

NOTIFÍQUESE: personalmente a los actores, en el domicilio señalado en los correspondientes escritos de impugnación; por oficio, acompañado de copia certificada de la presente ejecutoria, al Consejo General del Instituto Federal Electoral; y por estrados a los demás interesados. Lo anterior, con apoyo en los artículos 26, párrafo 3, 27, 28, 29 y 48, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

En su oportunidad, devuélvanse las constancias pertinentes a su lugar de origen y, acto seguido, archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido.

Así, por unanimidad de votos, lo resolvieron los Magistrados que integran la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ante el Secretario General de Acuerdos, quien autoriza y da fe. Rúbricas.