RECURSO DE APELACIÓN

EXPEDIENTE: SUP-RAP-300/2009.

ACTOR: PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.

AUTORIDAD RESPONSABLE: CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL.

MAGISTRADO PONENTE: MANUEL GONZÁLEZ OROPEZA.

SECRETARIO: CARLOS ORTIZ MARTÍNEZ.

México, Distrito Federal, a veinticinco de noviembre de dos mil nueve.

V I S T O S para resolver los autos que integran el recurso de apelación identificado con la clave SUP-RAP-300/2009, interpuesto por el Partido Acción Nacional, en contra del Acuerdo CG469/2009, del Consejo General del Instituto Federal Electoral, aprobado en la sesión extraordinaria del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, mediante el que aprobó la “RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL RESPECTO DE LAS IRREGULARIDADES ENCONTRADAS EN LA REVISIÓN DE LOS INFORMES ANUALES DE INGRESOS Y EGRESOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS NACIONALES, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO DOS MIL OCHO”, y

R E S U L T A N D O

PRIMERO. Acto Impugnado. En sesión extraordinaria del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, el Consejo General del Instituto Federal Electoral, dictó el acuerdo CG469/2009, respecto de las irregularidades encontradas en la revisión de los informes anuales de ingresos y gastos de los partidos políticos nacionales, entre ellos el Partido Acción Nacional, correspondientes a los informes de ingresos y gastos relativos al ejercicio dos mil ocho. En dicha resolución, la autoridad responsable determinó en los puntos resolutivos  lo siguiente:

[…]

RESUELVE

PRIMERO. Por las razones y fundamentos expuestos en el considerando 5.1 de la presente Resolución, se imponen al Partido Acción Nacional, las siguientes sanciones:

a) La reducción del 2% (dos por ciento) de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto de financiamiento público para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes, hasta alcanzar un monto líquido de $5,777,686.64 (cinco millones setecientos setenta y siete mil seiscientos ochenta y seis pesos 64/100 M.N.).

Asimismo, se ordena el inicio de un procedimiento oficioso respecto de las irregularidades previstas en la conclusión 22 del dictamen.

b) Una multa consistente en 200 (doscientos) días de salario mínimo diario general vigente para el Distrito Federal  en el dos mil ocho, equivalente a $10,518.00 (diez mil quinientos dieciocho pesos 00/100).

c) Una multa consistente en 400 (cuatrocientos) días de salario mínimo diario general vigente para el Distrito Federal en el dos mil ocho, equivalente a $21,036.00 (veintiún mil treinta y seis pesos 00/100).

d) La reducción del 0.5 % (cero punto cinco por ciento) de la ministración que corresponda al partido mensualmente por concepto de financiamiento público para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes, hasta alcanzar la cantidad de $2,564,434.99 (dos millones quinientos sesenta y cuatro mil cuatrocientos treinta y cuatro pesos 99/100).

e) La reducción del 2 % (dos por ciento) de la ministración que corresponda al partido mensualmente por concepto de financiamiento público para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes, hasta alcanzar la cantidad de $9,156,167.53 (nueve millones ciento cincuenta y seis mil ciento sesenta y siete pesos 53/100).

f) Se ordena dar seguimiento en el ejercicio 2009 anual de fiscalización en cuanto a las irregularidades detectadas en la conclusión 13 del Dictamen.

g) Se ordena dar vista a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores respecto de las irregularidades previstas en la conclusión 20 del Dictamen.

Asimismo, se ordena el inicio de un procedimiento oficioso respecto de las irregularidades previstas en la conclusión 20 del dictamen.

h) Se ordena dar vista a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores respecto de las irregularidades previstas en la conclusión 21 del Dictamen.

i) Se ordena dar vista a la Procuraduría General de la República y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público respecto de las irregularidades previstas en la conclusión 55 del Dictamen.

j) Se ordena dar vista a la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, al Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores y al Instituto del Seguro Social respecto de las irregularidades previstas en la conclusión 107 del Dictamen.

[…]

[…]

NOVENO. Todas las multas determinadas en los resolutivos anteriores, deberán ser pagadas ante la Dirección Ejecutiva de Administración del Instituto Federal Electoral en términos del artículo 355, numeral 7 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, salvo por lo que hace a la multa relativa al otrora Partido Socialdemócrata, ya que ésta debe ser registrada por el interventor como una de las obligaciones contraídas por el citado instituto político durante su vigencia y en el momento procesal oportuno, establecer el pago de la sanción en el orden de prelación señalado en el artículo 103, numeral 1, inciso d), fracción IV del ordenamiento legal citado, para lo cual se ordena notificar personalmente al interventor designado para la liquidación de los recursos del mismo.

DÉCIMO. Todas las sanciones consistentes en la reducción de un porcentaje de las ministraciones del financiamiento público que les correspondan a los partidos políticos por concepto de gasto ordinario permanente, se harán efectivas a partir del mes siguiente a aquél en el que la presente Resolución sea notificada a los partidos políticos o, si son recurridas, a partir del mes siguiente a aquél en el que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación notifique la sentencia que las confirme.

DÉCIMO PRIMERO. Este Consejo General del Instituto Federal Electoral ordena a la Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, para que en el ámbito de sus atribuciones, inicie los procedimientos oficiosos señalados en los considerandos respectivos.

DÉCIMO SEGUNDO. Notifíquese personalmente el Dictamen Consolidado y la presente Resolución, a los Partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática, del Trabajo, Verde Ecologista de México, Convergencia, Nueva Alianza y al otrora partido Socialdemócrata.

DÉCIMO TERCERO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Federal Electoral para que dé vista a las autoridades citadas en el Dictamen Consolidado así como en los incisos respectivos para los efectos señalados en los considerandos de la presente Resolución.

DÉCIMO CUARTO. Se instruye a la Secretaría Ejecutiva del Instituto Federal Electoral para que ordene la publicación de los Informes Anuales de los Partidos Políticos en la Gaceta del Instituto Federal Electoral, dentro de los treinta días siguientes a la aprobación de la presente Resolución.

Asimismo, se ordena se publique en el Diario Oficial de la Federación el Dictamen Consolidado y la presente Resolución relativos a los Informes Anuales de ingresos y gastos de los partidos políticos nacionales, correspondientes al ejercicio de 2008 dentro de los quince días siguientes a aquél en el que concluya el plazo para la interposición del recurso correspondiente o, en su caso, dentro de los quince días siguientes a aquél en el que sea notificada la sentencia que resuelva dicho recurso junto con la sentencia recaída a dicho recurso.

La presente Resolución fue aprobada en sesión extraordinaria del Consejo General celebrada el 28 de septiembre de dos mil nueve, por votación unánime de los Consejeros Electorales Maestro Virgilio Andrade Martínez, Maestro Marco Antonio Baños Martínez, Doctora María Macarita Elizondo Gasperín, Maestro Alfredo Figueroa Fernández, Licenciado Marco Antonio Gómez Alcántar, Doctor Francisco Javier Guerrero Aguirre, Doctor Benito Nacif Hernández, Maestro Arturo Sánchez Gutiérrez y el Consejero Presidente, Doctor Leonardo Valdés Zurita.

[…]

SEGUNDO. Recurso de apelación. En desacuerdo con la anterior resolución, José Guillermo Bustamante Ruisánchez quien se ostentó con el carácter de representante propietario del Partido Acción Nacional ante el máximo órgano electoral, interpuso ante el Secretario Ejecutivo y del Consejo General del Instituto Federal Electoral, el nueve de octubre de dos mil nueve, el recurso que se estudia.

TERCERO. Trámite y substanciación.

I. Durante la tramitación del recurso de apelación no compareció tercero interesado alguno.

II. El dieciséis de octubre de dos mil nueve, en la Oficialía de Partes de la Sala Superior se recibió el oficio número SCG/3387/2009, de la misma fecha, por el cual el Secretario del Consejo General del Instituto Federal Electoral remitió, entre otros documentos, el expediente número ATG-283/2009, el escrito inicial del recurso de apelación, las pruebas aportadas y el informe circunstanciado de ley.

III. Mediante auto de la misma fecha, la Magistrada Presidenta de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenó el registro del expediente SUP-RAP-300/2009, así como el turno del mismo al Magistrado Manuel González Oropeza para los efectos previstos en el artículo 19 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral. Asimismo, por oficio TEPJF-SGA-11006/09 de la propia fecha, el Secretario General de Acuerdos de la Sala Superior, en cumplimiento al acuerdo señalado, puso a disposición del Magistrado instructor el expediente referido.

IV. Por acuerdo de veintiséis de octubre de dos mil nueve, el Magistrado instructor admitió la demanda y en su oportunidad declaró cerrada la instrucción, con lo cual el asunto quedó en estado de dictar sentencia, y

C O N S I D E R A N D O

PRIMERO. Jurisdicción y competencia. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ejerce jurisdicción y la Sala Superior es competente para conocer y resolver el presente asunto, con fundamento en los artículos 41, párrafo segundo, Base VI; 99, párrafo cuarto, fracción III y VIII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 186, fracción III, inciso a), y V, y 189, fracción I, inciso c) y II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y 40, 42 y 44 párrafo 1, inciso a), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, por tratarse de un acuerdo emitido por el Consejo General del Instituto Federal Electoral, en el cual resolvió sancionar a un partido político nacional, con motivo de la revisión de sus informes de ingresos y gastos correspondientes al ejercicio de dos mil ocho y durante el tiempo que transcurre entre dos procesos electorales federales.

SEGUNDO. Estudio de Procedencia. El presente recurso de apelación cumple con los requisitos de procedencia que señalan los artículos 8, párrafo 1; 9, párrafo 1; 13 párrafo1, inciso b); 40, párrafo 1, inciso b) y 45,  párrafo 1, inciso b), fracción II de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, por no existir obstáculo que impida la válida integración de la relación procesal y por cumplir con lo siguiente:

Forma. El medio de impugnación se presentó por escrito ante la autoridad considerada como responsable, haciéndose constar el nombre del partido actor, su domicilio para oír notificaciones, así como las personas autorizadas para tal efecto. En el referido escrito también se identifica el acto impugnado; se mencionan los hechos en los que se basa la impugnación, los agravios que causa el acto impugnado y los preceptos presuntamente violados, se aportan pruebas y se hacen constar tanto el nombre, como la firma autógrafa del apelante.

Oportunidad. La demanda recursal se presentó oportunamente, toda vez que la resolución impugnada fue notificada por la responsable al partido político, el primero de octubre del presente año, misma notificación que fue repuesta el siguiente día cinco, en tanto que la demanda se presentó el nueve siguiente, esto es, dentro del plazo legal de cuatro días previsto en el artículo 8 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

Lo anterior es así, en virtud de que mediante oficio DS/1673/09 de primero de octubre de dos mil nueve, el Director del Secretariado Técnico del Instituto Federal Electoral, remitió por medio magnético al representante del Partido Acción Nacional, ante dicho órgano, la resolución aprobada en la sesión extraordinaria del Consejo General, el veintiocho de septiembre anterior. No obstante, mediante oficio DS/1688/09 de cinco de octubre siguiente, se notificó nuevamente al partido Acción Nacional y se envió por medio magnético la resolución que arriba se indicó, toda vez que por un error, el archivo inicialmente remitido, correspondía a una versión anterior y diferente a la aprobada en dicha sesión.  La anterior notificación se realizó en cumplimiento a la solicitud del Director General de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, el cual mediante oficio UF/DRNC/4519/09 de cinco de octubre de dos mil nueve, dirigido a la Secretaría Ejecutiva del Consejo General, solicita se reponga la notificación anterior, efectuada al partido político, en virtud de que la versión remitida correspondía a un archivo erróneo que contiene la versión anterior y diferente a la aprobada en la sesión del veintiocho de septiembre pasado.

En consecuencia, al haberse repuesto la notificación realizada el primero de octubre, por la efectuada el cinco de octubre siguiente, se considera que el plazo para impugnar dicho acuerdo, transcurrió de los días seis al nueve de octubre y al haberse presentado la demanda ese último día nueve, por ende, el presente recurso de apelación fue interpuesto  dentro del plazo legal de cuatro días a que se refiere el artículo 8 de la Ley General del Sistema de Impugnación en Materia Electoral.

Legitimación y personería. El presente recurso fue promovido por un partido político nacional, a través de su representante debidamente acreditado ante el Consejo General del Instituto Federal Electoral, haciendo valer los agravios que consideraron pertinentes en contra del acuerdo del órgano responsable, por lo que se colman los extremos de legitimación y personería previstos en el artículo 45, párrafo 1, inciso b) numeral II de la Ley Procesal Electoral.

Interés Jurídico. Dicho requisito de encuentra satisfecho, ya que el partido  actor impugna una determinación del Consejo General del Instituto Federal Electoral, en virtud de la cual se le consideró administrativamente responsable y se le sancionó conforme al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. En consecuencia, el medio de impugnación interpuesto resulta idóneo, para el caso de asistirle la razón, este órgano jurisdiccional ordene la modificación o revocación de la determinación de mérito.

Definitividad. El artículo 99, párrafo cuarto, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que el principio de definitividad es requisito de procedibilidad de todos los medios de impugnación electorales, cuyo conocimiento corresponde al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, incluido el recurso de apelación.

En este sentido, el término definitividad admite ser considerado desde dos perspectivas concurrentes, a saber:

Definitividad formal, la cual consiste en que el contenido del acto o resolución que se impugne no pueda sufrir variación alguna mediante la emisión de un nuevo acto o resolución que lo modifique, revoque o nulifique.

Definitividad sustancial o material, que se refiere a los actos jurídicos o materiales que pueda sufrir el acto o resolución de que se trate en el acervo sustantivo de quién promueva el medio de impugnación electoral.

En base a lo anterior, puede válidamente concluirse que toda vez que del análisis de la legislación federal electoral aplicable se constata que en contra de los actos que reclama el partido actor no procede algún medio de impugnación que debiera agotarse antes de acudir ante éste órgano jurisdiccional, el presente medio cumple con el requisito relativo a la definitividad en su aspecto formal.

TERCERO. Agravios. En la demanda del recurso de apelación, el Partido Acción Nacional, expone diversos hechos y hace valer los motivos de disconformidad que a continuación se trascriben:

[…]

Agravios:

PRIMERO

Fuente del agravio.- Lo constituye la resolución de fecha veintiocho de septiembre del dos mil nueve, emitida por el Consejo General del Instituto Federal Electoral en su sesión extraordinaria, identificada con el número de acuerdo CG469/2009, en su considerando 5.1, mediante la que resolvió las irregularidades encontradas en la revisión de los informes anuales de ingresos y egresos de los partidos políticos nacionales correspondientes al ejercicio dos mil ocho.

En concreto y para los efectos de este agravio lo constituyen lo esgrimido por la ahora responsable en lo determinado por la conclusión identificada con el número 64 misma que consistió:

■ De la verificación a las subcuentas "Sueldos", "Honorarios Asimilables" y "Honorarios Profesionales", se observaron remuneraciones a varias personas que integraron los órganos directivos a nivel nacional del partido; sin embargo, de varios de ellos no se localizaron los pagos efectuados por los meses marcados con (X). Los casos en comento se detallaron en el Anexo 3 del oficio UF/DAPPAPO/2751/09.

Es importante mencionar que en los dirigentes referenciados con (1) en el Anexo 3 del oficio UF/DAPPAPO/2751/09, se observó que no coincidía el importe pasado con el importe que estipula el contrato.

En el caso de los referenciados con (2) en el Anexo 3 del oficio UF/DAPPAPO/2751/09, se encontró que no coincidían los cargos de acuerdo a la Integración presentada por el partido y el contrato.

Con respecto a los referenciados con (3) en el Anexo 3 del oficio UF/DAPPAPO/2751/09, el contrato no estipulaba sueldo.

Los referenciados con (4) en el Anexo 3 del oficio UF/DAPPAPO/2751/09, presentó contratos con vigencia vencida.

Asimismo, los referenciados con (5) en el Anexo 3 del oficio UF/DAPPAPO/2751/09, presentaban diferencia en el cargo, según los archivos de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos y el contrato presentado.

Artículos Constitucionales y Legales violados.- Los artículos 14, 16; 41, base I, párrafo último y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 22 párrafos 4 y 5; 42 párrafo 2 inciso e); 46 y demás aplicables del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, 11.10 inciso a), del Reglamento que establece los Lineamientos para la Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos Nacionales, así como en los artículos 63, último párrafo, de los Estatutos Generales del Pan, aprobados por la XVI Asamblea Nacional Extraordinaria, en relación con el numeral 18 y 20 del Reglamento del Comité Ejecutivo Nacional, conculcado además los principios de Legalidad, Certeza, Objetividad, Exhaustividad.

Concepto del agravio.- Lo constituye la indebida motivación y fundamentación de la resolución de fecha veintiocho de septiembre del dos mil nueve, emitida por el Consejo General del Instituto Federal Electoral, en su sesión extraordinaria, identificada con el número de acuerdo CG469/2009, en su considerando 5.1, así como el hecho de que la autoridad hoy señalada como responsable sobrepone el Reglamento que establece los Lincamientos para la Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos Nacionales, a las Garantías Constitucionales establecidas por el artículo 123 de nuestra Carta Magna, así como la intromisión de la autoridad en los asuntos internos de mi representado, respecto a las relaciones laborales, en términos de los Estatutos y Reglamentos del Partido Acción Nacional.

Esto es así, ya que la autoridad hoy señalada como responsable dentro de la resolución que es materia de la impugnación que hoy se propone, establece cuestiones que no se encuentran fundadas en ley y que a decir de la misma constituyen a su juicio un incumplimiento a lo establecido por los artículos 11.1, 14.1 y 14.16 del Reglamento que establece los Lineamientos para la Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos Nacionales, para una mayor claridad se procede a transcribir los artículos mencionados:

“(…)

ARTÍCULO 11

Registro de los Egresos, Requisitos de la Documentación Comprobatoria y Generalidades

11.1. Los egresos deberán registrarse contablemente y estar soportados con los documentos original que expida a nombre del partido la persona a quien se efectuó el pago. Dicha documentación deberá cumplir con todos los requisitos que exigen las disposiciones fiscales aplicables, con excepción de lo señalado en los artículos 11.2 a 11.6 del presente Reglamento.

ARTÍCULO 14

Servicios Personales

14.1. Las erogaciones por concepto de gastos en servicios personales deberán clasificarse a nivel de subcuenta por área que los origino, verificando que la documentación de soporte esté autorizada por el funcionario del área de que se trate. Dichas erogaciones deberán estar soportadas de conformidad con lo que establece el articulo 11.1, con excepción de lo establecido en los siguientes párrafos.

…

14.16. Los gastos efectuados por el partido por concepto de honorarios profesionales y honorarios asimilables a sueldos deberán formalizarse con el contrato correspondiente, en el cual se establezcan claramente las obligaciones y derechos de ambas partes, el objeto del contrato, tiempo, tipo y condiciones del mismo, importe contratado, formas de pago, penalizaciones y todas las demás condiciones a las que se hubieren comprometido.

(…)”

En base a los anteriores artículos la autoridad dentro de la conclusión identificada con el número 64 observa a decir de la misma, que existían diferencias en 115 contratos en cuanto a cargos , sueldos pagados y la vigencia del contrato con el periodo de pago, lo cual es alejado de la realidad y de las normas protectoras y garantías sociales establecidas en el artículo 123 de nuestra Constitución, esto es así, ya que no hay que olvidar que el contrato individual de trabajo, es un acto absolutamente consensual, para cuya validez la ley no exige formalidad alguna, esto encuentra sustento legal en lo establecido por los artículos 18 y 31 de la Ley Federal del Trabajo; en consecuencia, todo acto o convenio relacionado con la contratación del trabajo, tiene también el carácter de consensual, en virtud del principio general del derecho que establece que lo accesorio sigue la suerte de lo principal, en otras palabras, se está a la voluntad de las partes.

Independientemente de lo anterior y con la finalidad de cumplir con las disposiciones establecidas en el Reglamento que establece los Lineamientos para la Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos Nacionales, mi representado formalizo contratos en los cuales se estableció lo que consensualmente así quisieron en su momento las partes, no violentando disposición legal alguna en cumplimiento a las garantías al trabajo y lo establecido por la Ley reglamentaria, ya que no podría anteponerse el reglamento a una Garantía Constitucional y a una Ley Reglamentaria de un precepto de la Constitución.

En este orden de ideas mi representado cumplió con el del Reglamento que establece los Lineamientos para la Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos Nacionales, ya que los sueldos y salarios contenidos en las nominas fueron debidamente registrados y aun cuando el multicitado reglamento establece en el artículo 14.16 una serie de requisitos que deben contener los contratos, hay que decir que los mismos se contraponen a un derecho consensual y a la voluntad de las partes que es la suprema ley de los contratos, así como a un derecho Constitucional, independientemente de esto, podría decirse que existe una contradicción dentro del Reglamento que establece los Lineamientos para la Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos Nacionales; ya que mientra el artículo 11.1 establece que los egresos deben registrarse contablemente y estar soportados con documentación original, lo cual cumplió mi representado, ya que de no ser así, la autoridad hoy señalada como responsable, no hubiera podido identificar el pago de los sueldos, categoría y con ello establecer las diferencia; por su parte el artículo 14.16 establece que los gastos efectuados por conceptos de honorarios profesionales y honorarios asimilables a sueldos deberán formalizarse con el contrato y establece este dispositivo una serie de supuesto, pero el artículo 11.10 inciso a), establece que se exceptúan los pagos correspondientes a sueldos y salarios contenidos en nóminas, de una interpretación funcional de lo anterior se podría arribar a una conclusión muy clara, que lo que establece el artículo 14.16 es el supuesto de un contrato de carácter Civil, denominado Prestación de Servicios Profesionales y que el supuesto contenido en el artículo 11.10 inciso a), se refiere a los trabajadores bajo el régimen constitucional del artículo 123.

Aunado a lo anterior, ha sido resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el hecho de que el contrato individual de trabajo, no es apto para acreditar la categoría, ya que este solo demuestra las condiciones de trabajo que se pactaron al inicio de la prestación del servicio, pero que por esto, el trabajador haya seguido desempeñando las mismas funciones, lo cual clarifica todo lo anteriormente expuesto ya que si bien existió un contrato primigenio el mismo se puede ir adecuando consensualmente, para confirmar lo expuesto se transcriben los siguientes criterios:

No. Registro: 191,553

Tesis aislada

Materia(s): Laboral

Novena Época

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

XII, Julio de 2000

Tesis: I.11o.T.3 L

Página: 758

CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO. NO ES APTO PARA ACREDITAR LA CATEGORÍA.

El contrato individual de trabajo no es prueba apta para acreditar la categoría de un trabajador, pues lo único que demuestra, en todo caso, son las condiciones de trabajo que se pactaron al inicio de la prestación del servicio, pero no que efectivamente bajo éstas se hayan seguido desempeñando por el trabajador, lo que pone en evidencia que continuara materialmente con la misma categoría durante toda la duración de la relación de trabajo, pues para ello es necesario que dicho medio de convicción estuviera adminiculado con otras pruebas; luego, dicho contrato de trabajo por sí solo es insuficiente para justificar la categoría del trabajador.

DÉCIMO PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo directo 197/2000. Compañía Hermanos Vázquez, S.A. de C.V. 12 de mayo de 2000. Unanimidad de votos. Ponente: José Manuel Rodríguez Puerto. Secretario: Juan Miguel de Jesús Bautista Vázquez.

No. Registro: 197,564

Tesis aislada

Materia(s): Laboral

Novena Época

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

VI, Octubre de 1997

Tesis: I.5o.T 117 L

Página: 729

CATEGORÍA, PLAZA O PUESTO. EL CONTRATO DE TRABAJO NO SIEMPRE ES IDÓNEO PARA COMPROBARLA.

El consenso individual de trabajo sólo evidencia la categoría con que fue contratado el demandante, mas no siempre resulta idóneo para demostrar con la que se ha venido laborando, ya que en aquél únicamente se convienen las condiciones en que en un principio debían llevarse a cabo los servicios, por lo que si existe controversia al respecto la carga probatoria corresponde al patrón.

QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo directo 5935/97. Roberto González. 4 de junio de 1997. Unanimidad de votos. Ponente: Constantino Martínez Espinoza. Secretaria: Rosa María López Rodríguez.

Por todo lo anterior es inconcuso lo que sostiene la autoridad en la conclusión identificada con el número 64 al establecer:

“(…)

Es preciso señalar que el partido debió realizar la actualización de los contratos, expresando claramente lo pactado, el servicio prestado, forma de pago, monto y vigencia; asimismo, como es del conocimiento del partido, la documentación proporcionada a esta Autoridad es información requerida para efectos de la transparencia y acceso a la información, razón por la cual debió actualizar las remuneraciones y los contratos en los términos de la legislación aplicable.

Por lo antes expuesto, se desprende que al realizar un cambio de sueldo o cargo, se debió elaborar un nuevo contrato individual de trabajo, con objeto de que especifiquen claramente y con toda precisión el servicio prestado, vigencia, la retribución pactada tiempo y servicio acorde con las normas de trabajo.

(…)”

Esta aseveración que hace la autoridad hoy señalada como responsable, carente de sustento legal, causa un agravio a mi representado, ya que es de explorado derecho, que en cumplimiento al primer párrafo del artículo 16 de la Constitución, toda autoridad debe fundar y motivar sus actos en ley vigente o la que sea aplicable en el momento de la supuesta infracción, lo cual en lo que se transcribe anteriormente no acontece, ya que la propia autoridad dejando de lado lo aquí manifestado,   pretende   en   contravención   a   las   garantías   individuales   y consensuales de los trabajadores y de un derecho del patrón, en este caso mi representado, obligarlo a suscribir un contrato individual de trabajo cuando cambie el servicio prestado, el sueldo y la categoría, lo cual no establece el propio Reglamento en comento, por lo que la autoridad hoy señalada como responsable se extralimita en sus atribuciones legales, en perjuicio de mi representado.

Por otra parte la autoridad violentando lo establecido por los artículos 22 párrafos 4 y 5; 42 párrafo 2 inciso e); 46 y demás aplicables del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en relación con los artículos 63 último párrafo de los Estatutos Generales del Pan, aprobados por la XVI Asamblea Nacional Extraordinaria, y 18, 20 y demás relativos y aplicables del Reglamento del Comité Ejecutivo Nacional, pretende establecer a mi representado, obligaciones que no tienen el sustento legal, en especifico, el hecho de querer que cada uno de los trabajadores de mi representado por el sólo hecho de cambio de categoría, sueldo, puesto funcional, deba de suscribir por esa sola circunstancia un nuevo contrato individual de trabajo, lo que sería en detrimento de sus derechos laborales adquiridos, ya que se pondrían en riesgo derechos adquiridos por el solo transcurso del tiempo como es la antigüedad, además de que se violentaría su estabilidad laboral al estarlo obligando a que cada que ocurriera uno de los supuestos mencionados, se tuviera que suscribir un nuevo contrato, ya que no hay que olvidar que dentro de los institutos políticos como es el caso de mi representado, los dirigentes son electos y algunos reciben una remuneración en términos de los estatutos del partido y la duración de su cargo es de hasta 3 años, por otra parte existe la base administrativa del partido, integrada por miembros activos con diversas profesiones u oficios y que pueden ir ascendiendo de acuerdo a sus capacidades, ya que dentro del partido no existe un servicio civil de carrera, circunstancias que están claramente establecidas dentro de los artículos a que se a hecho referencia al inicio del presente y que la autoridad señalada como responsable deja de observar en detrimento de la vida interna de mi representado.

La resolución que hoy es materia de impugnación, causa un agravio a mi representado ya que en la misma no existe congruencia con lo que se dice y lo que se sustenta legalmente, ya que mientras en la foja 483 de la resolución, se presenta un cuadro en el que se identifica la conclusión 64, la irregularidad cometida y el monto involucrado, en este último se establece "NO CUANTIFICABLE" y contrariamente a lo anterior a fojas 470 de la multicitada resolución establece "... No presentó los contrato de prestación de servicios y las muestras de propaganda utilitaria de 6 facturas por $1,850,190.60; ..." lo cual deja en un estado de incertidumbre y completa indefensión a mi representado y pone de manifiesto la falta de congruencia de la autoridad en el dictado de la resolución, para acreditar esto me permito transcribir lo establecido en la foja 455:

"(…)

Respecto a la conclusión 64, es una omisión por parte del partido ya que proporcionó contratos de prestación de servicios, respecto a 115 dirigentes, donde se observó la existencia de diferencias por lo que respecta a cargos, sueldos pagados y vigencia de los mismos.

(…)”

De lo anterior se puede arribar claramente a la conclusión de que no existió congruencia en el dictado de la resolución, dado que en una parte de la misma se establece que si se proporcionaron los contratos en otra se dice que no se proporcionaron, así como de que no es cuantificable y en otra parte de la resolución si saber de dónde, la autoridad establece un monto de $1,850,190.60, por 6 facturas por propaganda utilitaria que nada tienen que ver con la conclusión en comento, lo grave aquí, es que se tomo en consideración este monto, para la imposición de la multa, por las Conclusiones formales, de acuerdo al siguiente cuadro:

En efecto, claramente se arriba a concluir que fue ilegal que se haya tomado en consideración la cantidad de $1,850,190.60 (UN MILLÓN OCHOSIENTOS CINCUENTA MIL CIENTO NOVENTA PESOS 60/100 M.N.) para la imposición de la multa, cuando el referido monto no tiene nada que ver con la conclusión 64, ya que esta versó específicamente con "Sueldos", "Honorarios Asimilables" y "Honorarios Profesionales", por tanto resulta ilegal e injusto se toma el monto anteriormente señalado y se cuantifica la multa impuesta por la autoridad señalada como responsable en agravio de mi representado, al quedar establecida la misma, en el resolutivo primero de la resolución que hoy es materia de este recurso y que se transcribe para mayor entendimiento:

“(…)

PRIMERO. Por las razones y fundamentos expuestos en el considerando 5.1 de la presente Resolución, se imponen al Partido Acción Nacional, las siguientes sanciones:

a) La reducción del 2% (dos por ciento) de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto de fmanciamiento público para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes, hasta alcanzar un monto líquido de $5,777,686.64 (cinco millones setecientos setenta y siete mil seiscientos ochenta y seis pesos 64/100 M.N.).

(…)"

SEGUNDO

Fuente del agravio.- Lo constituye la resolución emitida por el Consejo General del Instituto Federal Electoral en su sesión de veintiocho de septiembre de dos mil nueve en su sesión extraordinaria, identificada con el rubro CG469/2009, titulada "RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL RESPECTO DE LAS IRREGULARIDADES ENCONTRADAS EN LA REVISIÓN DE LOS INFORMES ANUALES DE INGRESOS Y EGRESOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS NACIONALES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO DOS MIL OCHO”.

En el acto que se impugna entre otras cosas se resolvió lo siguiente:

"RESUELVE

PRIMERO. Por las razones y fundamentos expuestos en el considerando 5.1 de la presente Resolución, se imponen al Partido Acción Nacional, las siguientes sanciones:

a) La reducción del 2% (dos por ciento) de la ministración mensual que corresponda al partido, por concepto de financiamiento público para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes, hasta alcanzar un monto líquido de $5,777,686.64 (cinco millones setecientos setenta y siete mil seiscientos ochenta y seis pesos 64/100 M.N.).

Asimismo, se ordena el inicio de un procedimiento oficioso respecto de las irregularidades previstas en la conclusión 22 del dictamen.

b) Una multa consistente en 200 (doscientos) días de salario mínimo diario general vigente para el Distrito Federal   en el dos mil ocho, equivalente a $10,518.00 (diez mil quinientos dieciocho pesos 00/100).

c) Una multa consistente en 400 (cuatrocientos) días de salario mínimo diario general vigente para el Distrito Federal en el dos mil ocho, equivalente a $21,036.00 (veintiún mil treinta y seis pesos 00/100).

d) La reducción del  0.5 %  (cero punto  cinco por ciento)  de  la ministración que corresponda al partido mensualmente por concepto de financiamiento público para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes, hasta alcanzar la cantidad de $2,564,434.99 (dos millones quinientos sesenta y cuatro mil cuatrocientos treinta y cuatro pesos 99/100).

e) La reducción del 2 % (dos por ciento) de la ministración que corresponda al partido mensualmente por concepto de fmanciamiento público para el sostenimiento de actividades ordinarias permanentes, hasta alcanzar la cantidad de $9,156,167.53 (nueve millones ciento cincuenta y seis mil ciento sesenta y siete pesos 53/100).

f) Se ordena dar seguimiento en el ejercicio 2009 anual de fiscalización en cuanto a las irregularidades detectadas en la conclusión 13 del Dictamen.

g) Se ordena dar vista a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores respecto de las irregularidades previstas en la conclusión 20 del Dictamen.

Asimismo, se ordena el inicio de un procedimiento oficioso respecto de las irregularidades previstas en la conclusión 20 del dictamen.

h) Se ordena dar vista a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores respecto de las irregularidades previstas en la conclusión 21 del Dictamen.

i) Se ordena dar vista a la Procuraduría General de la República y la Secretaria de Hacienda y Crédito Público respecto de las irregularidades previstas en la conclusión 55 del Dictamen.

j) Se ordena dar vista a la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, al Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores y al Instituto del Seguro Social respecto de las irregularidades previstas en la conclusión 107 del Dictamen.

Para los efectos de presente agravio se impugna el resolutivo PRIMERO inciso a) en relación con la conclusión 70 del dictamen que ha emitido la Unidad de Fiscalización del Instituto Federal Electoral.

Artículos Constitucionales y Legales violentados.- 14, 16, 17, 41, y demás aplicables de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de igual manera los artículos del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, también con la resolución que se impugna se conculcan los artículos 11.7, 11.8, 11.9, 11.10 del Reglamento que establecen los Lineamientos para la Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos.

Conceptos del agravio.- Causa agravio al Partido Político que represento lo sostenido por la ahora responsable en la resolución que se combate, al resolver imponer la sanción consistente en la reducción de 2% (dos por ciento) de la reducción de la ministración mensual hasta alcanzar la cantidad de $5,777,686.64 (cinco millones setecientos setenta y siete mil seiscientos ochenta y seis pesos 64/100 M.N.). Lo anterior con motivo a la conclusión 70 contenida en el dictamen consolidado presentado por la Unidad de Fiscalización.

Para una mejor intelección me permito insertar lo razonado por al responsable al tenor siguiente:

"Conclusión 70

■ De la revisión a la cuenta "Servicios Personales", subcuenta "Remuneraciones a Dirigentes", varias subsubcuentas, se localizó el registro de pólizas que presentaban como soporte documental recibos de honorarios asimilables a salarios y facturas, los cuales rebasaron el tope de 100 días de Salario Mínimo General Vigente para el Distrito Federal, que para el año 2008 equivalía a $5,259.00; sin embargo, carecían de la copia del cheque. Los casos en comento se detallan a continuación:

En consecuencia, se solicitó al partido que presentara lo siguiente:

       Las copias fotostáticas de los cheques correspondientes a los pagos detallados en el cuadro anterior, los cuales debían contener la leyenda "para abono en cuenta del beneficiario", anexas a sus respectivas pólizas.

       Las aclaraciones que a su derecho conviniera.

Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 38, párrafo 1, inciso k) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; así como 11.7, 11.8, 11.9 y 19.2 del Reglamento que establece los Lineamientos para la Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos Nacionales.

La solicitud antes citada fue notificada mediante oficio UF/DAPPAPO/2751/09 del 29 de junio de 2009, recibido por el partido el mismo día.

Al respecto, con escrito Teso/106/09 del 13 de julio de 2009, el partido manifestó lo que a la letra se transcribe:

"... procede hacer mención que las pólizas antes señaladas fueron presentadas en su momento a los auditores encargados de la revisión por el ejercicio 2008, con las copias de los cheques correspondientes anexas a dichas pólizas, sin embargo, se presenta nuevamente las copias de los cheques anexa a su respectiva póliza.

Ahora bien, referente a la leyenda 'Para abono en cuenta del beneficiario' no aplica en los casos de pagos por concepto de asimilables a salarios en los términos del artículo 11.10 inciso a) del Reglamento que Establece los Lineamientos para la Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos Nacionales, ya que en este caso de los asimilable a salarios es como un sueldo con sus excepciones legales. "

De la revisión a la documentación presentada por el partido se determinó lo siguiente:

Respecto a los importes señalados con (1) en la columna "REFERENCIA " del cuadro anterior, se localizó la copia del cheque con la leyenda "para abono en cuenta del beneficiario" por un importe de $32,083.86, por tal razón, la observación quedó subsanada por dicho importe.

En relación a los importes señalados con (2) en la columna "REFERENCIA " del cuadro anterior por un importe de $29,067.99, no se localizó la documentación; por tal razón, la observación no quedó subsanada por dicho importe.

Referente a los importes señalados con (3) en la columna "REFERENCIA" del cuadro anterior por un importe de $65,322.69, el partido proporcionó las copias de los cheques, los cuales no contienen la leyenda "para abono en cuenta del beneficiario" y fueron expedidos a favor de Efectivale, S.A. de C.V. y Ondacell, S.A. de C.V., respectivamente; sin embargo, el partido no manifestó aclaración alguna respecto a la omisión de consignar dicha leyenda y cumplir con la normatividad, por tal razón, la observación no quedó subsanada por dicho importe.

Ahora bien, respecto a los importes señalados con (4) en la columna "REFERENCIA " del cuadro anterior por un importe de $1,694,530.67, el partido proporcionó la copia de los cheques en los que se observó que carecen de la leyenda "para abono en cuenta del beneficiario", manifestando que considera a "los honorarios asimilables a salarios como sueldo", por lo que es conveniente aclarar que su respuesta es insatisfactoria, toda vez que la normatividad es clara en cuanto a que un honorario asimilable a sueldo invariablemente debió apegarse a lo que indican los artículos 11.7, 11.8 y 11.9, en concordancia con el 14.17 del Reglamento que establece los Lineamientos para la Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos Nacionales.

De acuerdo con la normatividad, un "Sueldo" es aquella percepción contenida en una nómina que cuenta con derechos y obligaciones de seguridad social, y la documentación que ampara el gasto realizado corresponde a honorarios asimilados conforme al soporte documental, el cual consta de recibos foliados con nombre, Registro Federal de Contribuyentes, monto del pago, la firma del prestador de servicio, copia de su credencial de elector y únicamente retención del Impuesto sobre la Renta, así como en los contratos de prestación de servicios estipula el concepto de “HONORARIOS ASIMILABLES".

En razón de lo anterior, la norma es clara al señalar en el articulo 14.17 del Reglamento que establece los Lineamientos para la Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos Nacionales, que los pagos que realicen los partidos políticos por concepto de honorarios asimilables, deben cumplir con lo dispuesto en los artículos 11.7, 11.8 y 11.9 del Reglamento que establece los Lineamientos para la Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos Nacionales; por lo tanto, al no contener la leyenda "para abono en cuenta del beneficiario", se solicitó al partido que presentara las aclaraciones que a su derecho conviniera, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 11.7, 11.8, 11.9 y 19.2 del Reglamento antes citado.

La solicitud antes citada se derivó de la documentación presentada como respuesta y atendiendo el derecho de audiencia otorgado en el plazo improrrogable, le fue notificada mediante oficio UF/DAPPAPO/3611/09 del 3 de agosto de 2009, recibido por el partido el mismo día.

Al respecto, con escrito Teso/126/09 del 10 de agosto de 2009, el partido presentó una serie de aclaraciones y documentación referente al oficio en comento; sin embargo, respecto a este punto no presentó aclaración alguna.

En consecuencia, al no presentar copia de los cheques con la leyenda "para abono en cuenta del beneficiario" por un importe de $1,788,921.35, el partido incumplió con lo dispuesto en los artículos 38, párrafo 1, inciso k) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como 11.7, 11.8, 11.9, 14.17 y 19.2 del Reglamento que establece los Lineamientos para la Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos Nacionales; por lo anterior la observación quedó no subsanada."

En efecto, la ahora responsable indebidamente aduce que el Partido Político que represento no justificó que se no haya colocado la leyenda "para abono en cuenta del beneficiario" en un monto de $1, 694.530.67, lo anterior lo describe en el siguiente texto:

"Ahora bien, respecto a los importes señalados con (4) en la columna "REFERENCIA " del cuadro anterior por un importe de $1,694,530.67, el partido proporcionó la copia de los cheques en los que se observó que carecen de la leyenda "para abono en cuenta del beneficiario", manifestando que considera a "los honorarios asimilables a salarios como sueldo", por lo que es conveniente aclarar que su respuesta es insatisfactoria, toda vez que la normatividad es clara en cuanto a que un honorario asimilable a sueldo invariablemente debió apegarse a lo que indican los artículos 11.7, 11.8 y 11.9, en concordancia con el 14.17 del Reglamento que establece los Lineamientos para la Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos Nacionales. "

La conclusión de la responsable es errónea pues como se desprende del texto anterior que obra en el expediente, mi partido justificó tal situación, sin embargo, a juicio unilateral e indebidamente motivada, la responsable no consideró subsanada tal observación, lo que deja en evidencia que no funda ni motiva su determinación y por ello deviene de ilegal la sanción impuesta.

Ahora bien, en la relación de cheques a que se refiere tal cantidad que han quedado establecida en el cuadro que para tal efecto la responsable ha insertado en el texto de su argumentación, es evidente de que se trata de pagos realizados en función de la cobertura de un servicio laboral subordinado, por tanto no es dable aplicar la regla general establecida en los artículos 11.7, 11.8, 11.9 y por tanto opera la excepción conferida a favor de mi representado en el numeral 11.10, todos ellos del Reglamento que establecen los lineamientos para al fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos Nacionales, En efecto, tales cheques, contrario a lo dicho por la responsable no debe llevar la leyenda aludida porque la autoridad fiscalizadora no realiza la correcta interpretación de la norma electoral, de igual manera indebidamente funda y motiva su resolución, dejando a un lado disposiciones legales en materia fiscal a que está sujeto el Partido Político que  represento  y  la  excepción  impuesta  por el  artículo   11.10  de  referido reglamento en el sentido del pago de remuneraciones en términos de una relación laboral subordinada.

En efecto, la responsable aduce la violación a los artículos 11.7, 11.8, y 11.9, en concordancia con el 14.17 del Reglamento que establece los Lineamientos para la Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos Nacionales. Falso, pues la responsable deja a un lado las excepciones legales hechas por en el propio reglamento, a decir de las contenidas en el artículo 11.10 del citado ordenamiento, mismo que establece lo siguiente:

"11.10. Se exceptúan de lo dispuesto en los artículos 11.7 a 11.9:

a) Los pagos  correspondientes a sueldos y salarios contenidos en nómina;

b)   Los pagos realizados a través de transferencias...

c)   …

Es preciso decir que los cheques que se han descrito en la conclusión 70 señalados en la columna de "referencia" y con (4) del cuadro insertado en la argumentación de la responsable mediante el cual aduce que no pueden ser considerados dentro de ese régimen, pues no son sueldos como tal, sino que dichos honorarios deben entrara en el régimen fuera de las relaciones laborales, lo que es a todas luces es equivocado, lo anterior por dos consideraciones jurídicas ulteriores:

1.- El partido político que represento está sujeto al régimen fiscal de persona moral con la obligación de regirse de conformidad con la normatividad electoral y también con las leyes en materia tributaria o hacendaría, tales como la Ley de Impuesto sobre la Renta, normas generales y particulares a que está sujeto el manejo en materia de derechos y obligaciones que deben ser acatados a cabalidad ante la  autoridad  fiscal  por  las responsabilidades fiscales en  materia de la relaciones laborales sujetas de deducciones, ya sea por la prestación de un servicio profesional, sueldos, honorarios, etc., ahora bien, en el caso particular que nos ocupa, el Partido Político que represento debe observar en forma tajante lo que dicha norma federal impone en cuanto la forma de pago bajo cualquier régimen de relaciones laborales y en lo que interesa estamos ante la relación subordinada y es por ello la omisión que aduce la responsable y en consecuencia la imposición de una sanción pecuniaria, sin embargo derivado estamos ante un excepción de carácter legal, a que a todas luces se justifica no insertar tal leyenda.

Bajo esa misma tesitura, es importante destacar que el régimen de excepciones en cuanto a los pagos por los cheques sin la leyenda que se ha citado, lo anterior bajo cualquier modalidad de relación laborar o de prestaciones de servicios subordinados, tal y como lo incluye la propia Ley del Impuesto sobre la Renta en sus artículos 110 en concordancia con el similar 31 de la citada Ley.

En efecto, tal circunstancia pasó por alto para la responsable, dado que el Partido Político que represento está obligado a vigilar la normas fiscales, tal y como lo obliga el artículo 38 inciso a) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Bajo esa tesitura tenemos que la citada Ley del Impuesto sobre la Renta establece con meridiana claridad el régimen de excepción por el que no se insertó la leyenda a los cheques, lo anterior se desprende de lo siguiente:

"CAPÍTULO I

DE LOS INGRESOS POR SALARIOS Y EN GENERAL POR LA PRESTACIÓN DE UN SERVICIO PERSONAL SUBORDINADO

Articulo 110. Se consideran ingresos por la prestación de un servicio personal subordinado, los salarios y demás prestaciones que deriven de una relación laboral, incluyendo la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas y las prestaciones percibidas como consecuencia de la terminación de la relación laboral. Para los efectos de este impuesto, se asimilan a estos ingresos los siguientes:

I. Las remuneraciones y demás prestaciones, obtenidas por los funcionarios y trabajadores de la Federación, de las Entidades Federativas y de los Municipios, aun cuando sean por concepto de gastos no sujetos a comprobación, así como los obtenidos por los miembros de las fuerzas armadas.

II. Los rendimientos y anticipos,  que obtengan los miembros de las sociedades cooperativas de producción, así como los anticipos que reciban los miembros de sociedades y asociaciones civiles.

III. Los honorarios a miembros de consejos directivos, de vigilancia, consultivos o de cualquier otra índole,  así como los honorarios a administradores,  comisarios y gerentes generales.

IV. Los honorarios a personas que presten servicios preponderantemente a un prestatario, siempre que los mismos se lleven a cabo en las instalaciones de este último.

Para los efectos del párrafo anterior, se entiende que una persona presta servicios preponderantemente a un prestatario, cuando los ingresos que hubiera percibido de dicho prestatario en el año de calendario inmediato anterior, representen más del 50% del total de los ingresos obtenidos por los conceptos a que se refiere la fracción II del artículo 120 de esta Ley.

Antes de que se efectúe el primer pago de honorarios en el año de calendario de que se trate, las personas a que se refiere esta fracción deberán comunicar por escrito al prestatario en cuyas instalaciones se realice la prestación del servicio, si los ingresos que obtuvieron de dicho prestatario en el año inmediato anterior excedieron del 50% del total de los percibidos en dicho año de calendario por los conceptos a que se refiere la fracción II del artículo 120 de esta Ley. En el caso de que se omita dicha comunicación, el prestatario estará obligado a efectuar las retenciones correspondientes.

V. Los honorarios que perciban las personas físicas de personas morales o de personas físicas con actividades empresariales a las que presten servicios personales independientes, cuando comuniquen por escrito al prestatario que optan por pagar el impuesto en los términos de este Capítulo.

VI. Los ingresos que perciban las personas físicas de personas morales o de personas físicas con actividades empresariales, por las actividades empresariales que realicen, cuando comuniquen por escrito a la persona que efectúe el pago que optan por pagar el impuesto en los términos de este Capítulo.

VII. Los ingresos obtenidos por las personas físicas por ejercer la opción otorgada por el empleador, o una parte relacionada del mismo, para adquirir, incluso mediante suscripción, acciones o títulos valor que representen bienes, sin costo alguno o a un precio menor o igual al de mercado que tengan dichas acciones o títulos valor al momento del ejercicio de la opción, independientemente de que las acciones o títulos valor sean emitidos por el empleador o la parte relacionada del mismo.

Se estima que estos ingresos los obtiene en su totalidad quien realiza el trabajo. Para los efectos de este Capítulo, los ingresos en crédito se declararán y se calculará el impuesto que les corresponda hasta el año de calendario en que sean cobrados.

No se considerarán ingresos en bienes, los servicios de comedor y de comida proporcionados a los trabajadores ni el uso de bienes que el patrón proporcione a los trabajadores para el desempeño de las actividades propias de éstos siempre que, en este último caso, los mismos estén de acuerdo con la naturaleza del trabajo prestado.

Artículo 31. Las deducciones autorizadas en este Título deberán reunir los siguientes requisitos:

I. Ser estrictamente indispensables para los fines de la actividad del contribuyente, salvo que se trate de donativos no onerosos ni remunerativos, que satisfagan...

[…]

III. Estar amparadas con documentación que reúna los requisitos de las disposiciones fiscales y que los pagos cuyo monto exceda de $2,000.00 se efectúen mediante cheque nominativo del contribuyente, tarjeta de crédito, de débito o de servicios, o a través de los monederos electrónicos que al efecto autorice el Servicio de Administración Tributaria, excepto cuando dichos pagos se hagan por la prestación de un servicio personal subordinado.

Tratándose del consumo de combustibles para vehículos marítimos, aéreos y terrestres, el pago deberá efectuarse mediante cheque nominativo del contribuyente, tarjeta de crédito, de débito o de servicios, a través de los monederos electrónicos a que se refiere el párrafo anterior, aun cuando dichos consumos no excedan el monto de $2,000.00.

Los pagos que en los términos de esta fracción deban efectuarse mediante cheque nominativo del contribuyente, también podrán realizarse mediante traspasos de cuentas en instituciones de crédito o casas de bolsa.

Las autoridades fiscales podrán liberar de la obligación de pagar las erogaciones con cheques nominativos, tarjetas de crédito, de débito, de servicios, monederos electrónicos o mediante traspasos de cuentas en instituciones de crédito o casas de bolsa a que se refiere esta fracción, cuando las mismas se efectúen en poblaciones o en zonas rurales, sin servicios bancarios.

Cuando los pagos se efectúen mediante cheque nominativo, éste deberá ser de la cuenta del contribuyente y contener su clave del Registro Federal de Contribuyentes así como, en el anverso del mismo la expresión "para abono en cuenta del beneficiario".

Los contribuyentes podrán optar por considerar como comprobante fiscal para los efectos de las deducciones autorizadas en este Título, los originales de los estados de cuenta de cheques emitidos por las instituciones de crédito, siempre que se cumplan los requisitos que establece el artículo 29-C del Código Fiscal de la Federación.

2. Ahora bien y para efecto de desvirtuar lo poco referido por la responsable en relación con la definición de "sueldo", me permito exponer a esta H. Sala diversas definiciones que nos llevan a colegir que en efecto, los pagos de los servicios subordinados pagados vía cheque sin la leyenda "para abono en cuenta del beneficiario", son dentro de las excepciones 11.10 del referido reglamento.

Diccionario de la real academia de la lengua española:

sueldo.

(Del lat. sofídus).

1. m. Remuneración regular asignada por el desempeño de un cargo o servicio profesional.

2. m. Moneda antigua, de distinto valor según los tiempos y países, igual a la vigésima parte de la libra respectiva.

3. m. sólido (II antigua moneda romana).

honorario, ria.

(Del lat. honorarius).

1. adj. Que sirve para honrar a alguien.

2. adj. Dicho de una persona: Que tiene los honores pero no la propiedad de una dignidad o empleo.

3. m. Estipendio o sueldo que se da a alguien por su trabajo en algún arte liberal. U. m. en pl.

4. m. Gaje o sueldo de honor.

asimilado, da.

(Del part. de asimilar).

1. adj. Dicho de una persona: Que ejerce su profesión dentro del ámbito militar y goza de las prerrogativas del grado que se le atribuye, como los médicos, ingenieros, capellanes, etc. U. t. c. s.

Ahora bien, como es dable afirmar de la lectura de las anteriores definiciones se deduce que los pagos que se realizaron mediante los cheques observados se realizaron bajo el régimen de sueldos de la relación subordinada con la excepción establecida en el artículo 11.10 del Reglamento aplicable, contrario a lo sostenido por la responsable, dado que en ninguna parte de la resolución acredita que efectivamente tales pagos se haya originado de una relación diversa, con lo que no existe elementos para suponer tal consideración y dejar fuera a tales pago del régimen de excepción que ya se ha comentado en el cuerpo del presente agravio.

Por tanto, y de conformidad con lo anteriormente expuesto, es dable afirmar que la ahora responsable indebidamente fundó y aplicó la reglamentación de fiscalización, dejando a un lado las obligaciones en materia de fiscal y tributaria tiene mi representado, por ende debe revocarse la resolución y dejar sin efecto la sanción indebidamente impuesta en lo que fue materia de impugnación.

Aunado a lo anterior, cabe hacer la mención de que la conducta que se imputa a mi representado no violentó los valores jurídicos tutelados en materia de transparencia, rendición de cuentas, y mucho menos de origen, monto y destino de los recursos que mi partido utilizó en el ejercicio a revisión. Pues no hubo una conducta dolosa de encubrir documentación y demás diligencias que se haya requerido. Por tanto no es tanto viable la imposición de la sanción que indebidamente se ha aprobado en detrimento del partido político que represento.

TERCERO

Fuente del agravio.- Lo constituye la resolución emitida por el Consejo General del Instituto Federal Electoral en su sesión extraordinaria de fecha veintiocho de septiembre del dos mil nueve, identificada con el número de acuerdo CG469/2009, en su considerando 5.1, mediante la que resolvió las irregularidades encontradas en la revisión de los informes anuales de ingresos y egresos de los partidos políticos nacionales correspondientes al ejercicio dos mil ocho.

De manera concreta con referencia al presente agravio se combate lo esgrimido por la responsable en las conclusiones número 71 y 72; mismas que se hacen consistir en lo siguiente:

"Por lo que toca a la conclusión 71, El partido omitió presentar siete pólizas con su respectivo soporte documental de los Comités Directivos Estatales de Jalisco, Sonora y Veracruz por un importe de $38,178.12.

Mediante oficio UF/DAPPAPO/275I/09 del 29 de junio de 2009, se solicitó al partido las pólizas con su respectivo soporte documental en original, el cual debía contener la totalidad de los requisitos establecidos en la normatividad aplicable, en su caso, las copias de los cheques correspondientes a los pagos que hubieran excedido el tope de 100 días de Salario Mínimo General Vigente en el Distrito Federal, que en el año de 2008 equivalía a $5,259.00, anexas a su respectiva póliza, así mismo las aclaraciones que a su derecho conviniera.

Al respecto, con escrito Teso/106/09 del 13 de julio de 2009, el partido presentó sólo una parte de la documentación requerida, por lo que se solicitó al partido mediante oficio UF/DAPPAPO/3611/09 del 3 de agosto de 2009 que presentara nuevamente la documentación y aclaraciones señaladas, a efecto de cumplir con todas las etapas del procedimiento de revisión del Informe Anual.

Con escrito Teso/126/09 del 10 de agosto de 2009, el partido presentó una serie de aclaraciones y documentación, sin embargó aun cuando el partido manifestó haber presentado las pólizas con su respectivo soporte documental, la respuesta se consideró insatisfactoria, toda vez que dicha documentación no fue localizada por el personal comisionado para su verificación. En consecuencia al no presentar siete pólizas con su respectivo soporte documental de los Comités Directivos Estatales de Jalisco, Sonora y Veracruz por un importe de $38,178.12, el partido incumplió con lo dispuesto en los artículos 38, párrafo 1, inciso k) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como 11.1, 11.7, 14.1 y 19.2 del Reglamento que establece los Lineamientos para la Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos Nacionales.

En la conclusión 72, el partido omitió presentar el soporte documental de siete pólizas de los Comités Directivos Estatales de Jalisco, Sonora, Tamaulipas y Veracruz por un importe de $24,282.69.

Esta Autoridad Electoral mediante oficio UF/DAPPAPO/2751/09 del 29 de junio de 2009 las pólizas, anexando el soporte documental original (recibos o facturas), con la totalidad de los requisitos establecidos en la normatividad aplicable, en su caso, las copias de los cheques correspondientes a los pagos que hubieran excedido el tope de 100 días de Salario Mínimo General Vigente para el Distrito Federal, que en el año de 2008 equivalía a $5,259.00, anexas a su respectiva póliza, así como las aclaraciones que a su derecho convenga.

El partido con escrito Teso/106/09 del 13 de julio de 2009 presentó parcialmente documentación solicitada, por lo que esta Unidad de Fiscalización solicitó mediante oficio UF/DAPPAPO/3611/09 del 3 de agosto de 2009 al partido que presentara nuevamente la documentación y aclaraciones señaladas, a efecto de cumplir con todas las etapas del procedimiento de revisión del Informe Anual.

El partido nuevamente presentó documentación parcial mediante escrito Teso/126/09 del 10 de agosto de 2009, de igual forma argumentó que en el Comité de Jalisco arribó un grupo de manifestantes que tomaron las instalaciones; sin embargo, sin embargo, a esta autoridad no le queda claro la razón de la omisión en la presentación del soporte documental de las pólizas observadas en el cuadro que antecede correspondiente a dicho comité, toda vez que la norma es clara al señalar que los registros contables deberán estar soportados con la documentación original; asimismo, conviene señalar que mediante oficio UF/DAPPAPO/1140/09 del 24 de abril de 2009, recibido por el partido el 27 del mismo mes y año, se solicitó la documentación soporte de las Remuneraciones a Dirigentes del Comité Ejecutivo Nacional y Comités Directivos Estatales, por lo que el partido debió realizar la entrega de la documentación correspondiente a esta autoridad en el mes de mayo de 2009 para su revisión, aunado a lo anterior es preciso señalar que la solicitud realizada a esta observación fue notificada, una semana antes de los hechos delictivos expuestos.

En consecuencia, al no presentar siete pólizas con su respectivo soporte documental de los Comités Directivos Estatales de Jalisco, Sonora, Tamaulipas y Veracruz por un importe de $24,282.69, el partido incumplió con lo dispuesto en los artículos 38, párrafo 1, inciso k) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como 11.1, 11.7, 14.1 y 19.2 del Reglamento que establece los Lineamientos para la Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos Nacionales".

Artículos Constitucionales y Legales violados.- Los artículos 14, 16; de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 38, 355 párrafo 5 y aplicables del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, 20.3, 22.1 y demás del Reglamento que establece los Lineamientos para la Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos Nacionales,

Concepto del agravio.- Se hace consistir en la ausencia de certeza jurídica e incongruencia de la resolución combatida, así como la falta de exhaustividad en la misma por cuanto a las consideraciones vertidas en el considerando 5.1 del la misma; que consiste en el acuerdo identificado con el número CG469/2009 aprobado por los miembros del Consejo General del Instituto Federal Electoral en su sesión extraordinaria de fecha veintiocho de septiembre de dos mil nueve contraviniendo con ello los principios Constitucionales de Certeza jurídica, Exhaustividad y Legalidad por cuanto a la falta de congruencia en el documento que la contiene.

Lo anterior es así en virtud de la falta de exhaustividad cometida por la autoridad señalada como responsable al señalar la irregularidad que se observa y califica en cuanto a la omisión de presentar la documentación relacionada con siete pólizas a las que no identifica plenamente limitándose a señalar que éstas corresponden a los Comités Directivos Estatales de Jalisco, Sonora y Veracruz, por cuanto a la conclusión marcada con el número 71 setenta y uno y, respecto de los estados de Jalisco, Sonora, Tamaulipas y Veracruz en cuanto a la conclusión marcada como 72 setenta y dos.

Así al omitir especificar claramente los datos de las pólizas que corresponden a cada Comité Directivo Estatal en particular, el suscrito me encuentro en imposibilidad de combatir con argumentos adecuados la acusación inferida, toda vez que, como es de explorado derecho la autoridad en todos y cada uno de sus actos debe observar irrestrictamente entre otros, el principio de certeza en cuanto al dictado de sus resoluciones como es el caso que nos ocupa, a partir de la correcta aplicación de la norma jurídica a un caso en concreto, partiendo de la necesidad de establecer claramente el hecho al que se está identificando como irregularidad, situación que en el caso que nos ocupa no acontece, pues, como se indica la responsable es omisa en señalar, individualizar y relacionar las pólizas a que hace referencia en ambas conclusiones.

Es carente de exhaustividad la resolución que en este acto se impugna pues, no considera las manifestaciones realizadas en defensa por mi representado, ni los medios de convicción aportados por el mismo a fin de justificar la conducta que se le ha imputado. Ello es así pues, no obstante reconocer que tenía la autoridad electoral conocimiento del impedimento con que se encontró el Partido Acción Nacional, para presentar los soportes documentales de las pólizas señaladas por virtud de una causa de fuerza mayor, ajena a su voluntad como lo fue el cierre arbitrario de sus oficinas en Jalisco, no obstante que quedó plenamente comprobada con la Denuncia Penal que obra en poder de la autoridad hoy señalada como responsable; situación que no fue óbice para manifestarse respecto de la supuesta falta cometida por el Partido Acción Nacional, así considerada por ella, en virtud de que al no haberse podido presentar dicha documentación, no importando los medios de convicción justificantes de la misma procedió a sancionar a mi representado.

De este modo, la responsable es omisa en agotar los requisitos que configuran el pleno cumplimiento del principio de exhaustividad en términos de la ya sostenido en innumerables ocasiones por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, reflejada en la tesis de jurisprudencia identificada con el rubro SELJ-12/2001 misma que señala la ineludible responsabilidad de la autoridad electoral, dentro del dictado de sentencias por cuanto ve a la atención de todos y cada uno de los planteamientos realizados por mi representado en cuanto parte del presente procedimiento.

Por otro lado, resulta incongruente la resolución de mérito toda vez que, por una parte al señalar en lo relacionado con la supuesta falta formal cometida que se aborda en las conclusiones 71 setenta y uno y 72 setenta y dos, refiere que, por cuanto ve a la omisión señalada en el numeral 71, el importe de los documentos asciende a la suma de $38,178.12, mientras que, contrario a ello, el referir dicha situación en lo correspondiente a la individualización de la sanción señala que dicho importe lo es el monto de $628,583.56. Lo anterior además de excluir la especificación e individualización del número de pólizas a que se refiere, así como el monto y concepto que cada una de éstas implica para el efecto.

Ahora bien, en lo tocante a la falta descrita en la conclusión numerada como 72, la autoridad electoral cuantifica al importe de los documentos a que se refiere como faltantes en su entrega por un total de $24,282.69 y sin embargo, en la parte atinente de la individualización de la sanción, al retomar la información en la que debió haberse basado para determinar dicha individualización, refiere ésta que en el caso el valor total de la documentación faltante importa el total de $7,406.19; especificando además, que se trata únicamente de una póliza, en tanto que al confrontar la información ahí vertida con lo manifestado líneas atrás en la porción correspondiente a la conclusión 72, refiere que dicha falta consiste en la omisión realizada por mi partido de entregar 7 siete pólizas de sus estructuras en los estados de Jalisco, Sonora, Tamaulipas y Veracruz, lo cual deja a mi representado en un estado de incertidumbre e indefensión al no conocer claramente los supuestos que la autoridad tomo en consideración para establecer el monto implicado dentro de la conclusión que hoy es fuente del agravio.

En ambos casos, la responsable actúa de manera ilegal al referir datos que, para arribar a la imposición de la sanción que en este acto se combate, se encuentran estrechamente ligados, virtud por la cual es menester que ambos sean concordantes entre sí y no, por el contrario tal cual ocurre en la realidad: discrepantes, pues, al ser así, mi representado se encuentra en imposibilidad desde el punto de vista lógico jurídico para entablar una adecuada defensa de la irregularidad que se imputa y el acto por el cual le es impuesta la sanción en el presente asunto; aspecto éste en que radica la trascendencia de los efectos que produce en mi representado el error y omisión cometidos por la autoridad electoral.

En este orden se arriba que la autoridad señalada como responsable contraviene así el principio de Congruencia que debe observar la autoridad en el dictado de las resoluciones; ello es así pues, al no existir una relación lógica entre las razonamientos vertidos en el cuerpo considerativo de la misa con aquellos que se expresan en la parte en que la misma se dispone a señalar la sanción, viola flagrantemente el citado principio jurídico así como la certeza que debe imperar en toda actuación de las autoridades, provocando con ello una lesión irreparable a mi representado; toda vez que, al no estar en aptitud de combatir de manera certera dicho acto, en virtud de una omisión de la autoridad emisora del mismo, es que sus efectos reparan en él de manera fatal.

Consideración previa de los agravios ulteriores. Solicito que ésta M. Sala analice y resuelva los dos siguientes agravios, dado que las conclusiones que se impugnan son consecuencia una de la otra, por su íntima relación.

CUATRO

Fuente del agravio.- Lo constituye la resolución de fecha veintiocho de septiembre del dos mil nueve, emitida por el Consejo General del Instituto Federal Electoral, identificada con el número de acuerdo CG469/2009, mediante la que resolvió las irregularidades encontradas en la revisión de los informes anuales de ingresos y egresos de los partidos políticos nacionales correspondientes al ejercicio dos mil ocho.

En concreto y para los efectos de este agravio lo constituyen lo esgrimido por la ahora responsable en lo determinado por la conclusión identificada con el número 6 misma que consistió:

"Conclusión 6

• Al verificarla cuenta "Financiamiento Privado Aportaciones Militantes", subcuenta "Aportaciones en Efectivo", se observó el registro contable de pólizas que presentaban como soporte documental recibos de Aportaciones de Militantes y Organizaciones Sociales en Efectivo Operación Ordinaria "RMEF-PAN-CEN", que no contaban con la totalidad de los datos establecidos en la normatividad; los casos en comento se detallan a continuación:

Nota: La x significa que el recibo "RMEF-PAN-CEN" no contiene el dato señalado.

En consecuencia, se solicitó al partido que presentara lo siguiente:

Los recibos detallados en el cuadro anterior con la totalidad de los datos faltantes, anexos a sus respectivas pólizas.

Artículos Constitucionales y Legales violados.- Los artículos 14, 16; de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 81 párrafo 2; 83; 355 párrafos 5 y demás aplicables del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, 1.3, 3.10, 20.1, 20.3 ,22.1 del Reglamento que establece los Lineamientos para la Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos Nacionales.

Concepto del agravio.- Lo constituye la indebida motivación y fundamentación, llevada a cabo por la autoridad hoy señalada como responsable en contra de mi representado el Partido Acción Nacional, además de que en la resolución materia de la presente apelación la autoridad responsable dejo de observar principios fundamentales por cuanto hace a la revisión de las cuestiones relativas a los informes anuales dentro de los cuales se pueden mencionar la congruencia, la idoneidad, la eficacia, la exhaustividad y la buena fe, esto es así ya que dentro de la conclusión materia del recurso la autoridad deja de tomar en consideración las manifestaciones que realiza mi representado respecto a las aclaraciones que se solicitaron y que consistieron en:

“(…)

En consecuencia, se solicitó al partido que presentara lo siguiente:

Los recibos detallados en el cuadro anterior con la totalidad de los datos faltantes, anexos a sus respectivas pólizas.

(…)"

Circunstancia que aconteció mediante el oficio Teso/074/09 de fecha 12 de junio de 2009 y en el cual se expreso:

"..., se señala y se presenta lo siguiente...

Procede indicar, que referente a los recibos detallados con 2, en la columna denomina (sic) 'Respuesta /Referencia" en el cuadro anterior, que corresponden a legisladores del Partido Acción Nacional los cuales no son militantes, por lo que dichos recibos carecen del Número de Registro en el Padrón de Militantes, sin embargo, en apego en el 'Reglamento de las relaciones entre el Partido Acción Nacional y los Funcionarios Públicos de elecciones postulados por el PAN', artículo 31, que a la letra se transcribe:

'Los  funcionarios   públicos   de   elección   popular   contribuirán   al sostenimiento del partido con una cuota mensual (...)'

De  lo  manifestado  por  mi   representado,   la  autoridad  hoy  señalada  como responsable determino lo siguiente:

"(…)

Los recibos señalados con (2) en el cuadro que antecede, con la totalidad de los requisitos que establece el Reglamento que establece los Lineamientos para la Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos Nacionales, anexos a sus respectivas pólizas.

En su caso, las correcciones que procedieran a su contabilidad, si las aportaciones señaladas en el cuadro que antecede correspondieran a aportaciones de simpatizantes.

En su caso, los auxiliares contables y las balanzas de comprobación a último nivel, en los cuales se reflejaran las correcciones realizadas.

En su caso, las pólizas con sus respectivos recibos "RSEF-PAN-CEN", con la totalidad de los datos señalados en la normatividad y debidamente firmados.

En su caso, el Control de Folios "CF-RSEF-PAN-CEN" y el registro centralizado correspondiente, en los que se reflejaran las aportaciones respectivas, deforma impresa y en medio magnético.

En su caso, los formatos "IA " Informe Anual e "IA-2 " Detalle de Aportaciones de Simpatizantes debidamente corregidos, de forma impresa y en medio magnético.

Las aclaraciones que a su derecho conviniera.

(…)”

Es el hecho de que mi representado dio cabal cumplimiento a lo solicitado por la autoridad mediante oficio Teso/097/09 de fecha 6 de julio de 2009 en donde le manifestó lo siguiente:

“(…)

"En atención a la solicitud de esa autoridad electoral las aportaciones amparadas con los recibos señalados con (2) en el cuadro que antecede, se procedió a reclasificarlas a la cuenta 'Aportaciones de Simpatizantes', subcuenta 'En efectivo', amparados con sus respectivos recibos de simpatizantes 'RESF-CEN-PAN' (sic).

..., se presenta lo siguiente...:

       Los auxiliares contables y las balanzas de comprobación a último nivel, en los cuales se reflejan las correcciones realizadas.

       Las pólizas con sus respectivos recibos 'RSEF-PAN-CEN', con la totalidad de los dalos señalados en la normatividad, procede indicar que respecto a la firmar (sic) del aportante, esta fue plasmada en los recibos de militantes observados, por lo cual el aportante está confirmando su aportación, en este sentido se solicita a esa autoridad electoral que se considere que los recibos como debidamente firmados.

       El Control de Folios 'CF-RSEF-PAN-CEN' y el registro centralizado.

       Los formatos 'IA' Informe Anual e 'IA-2' Detalle de Aportaciones de Simpatizantes debidamente corregidos, de forma impresa y en medio magnético,"

Como se puede observar de lo anteriormente transcrito mi representado en todo momento atendió las indicaciones y solicitudes de aclaraciones y de información que le fueron formuladas por la autoridad, pero es el caso de que la autoridad de la revisión que hace llega al siguiente razonamiento:

“(…)

"No proporcionó los 55 recibos de Aportaciones de Militantes y Organizaciones Sociales en Efectivo Operación Ordinaria, en juego completo, en tres tantos debidamente cancelados. "

Posteriormente, respecto a lo anterior mediante escrito Teso/122/09 del 10 de agosto de 2009, correspondiente a los Ingresos y Egresos de los Comités Directivos Estatales, el partido presentó los 55 recibos de Aportaciones de Militantes y Organizaciones Sociales en Efectivo Operación Ordinaria únicamente en dos tantos (copia azul y rosa) debidamente cancelados, omitiendo presentar los originales cancelados, por lo tanto al no presentar los 55 recibos en juego completo debidamente cancelados, el partido incumplió con lo dispuesto en los artículos 38, párrafo 1, inciso k) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales; así como 1.3, 3.10 y 19.2 del Reglamento que establece los Lineamentos para la Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos Nacionales.

(…)"

Lo anterior causa agravio a mi representado en virtud de que contrariamente a lo que refiere la autoridad hoy señalada como responsable mi representado se encontraba imposibilitado para poder entregar en tres tantos los recibos de Aportaciones de Militantes y Organizaciones Sociales en Efectivo Operación Ordinaria, ya que como se desprende de los propios fundamentos que utiliza, el artículo 3.10 del Reglamento que establece los Lineamientos para la Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos Nacionales, este establece:

"3.10. Los recibos se deberán expedir en forma consecutiva. El original deberá entregarse a la persona u organización que efectúa la aportación; una copia será remitida al órgano de finanzas del partido, que deberá anexar dicha copia a la póliza de ingresos correspondiente; y otra copia permanecerá en poder del comité estatal, distrital o municipal u órgano equivalente del partido que haya recibido la aportación, en su caso. Los recibos deberán contener todos y cada uno de los datos señalados en el formato correspondiente y deberán ser llenados de manera que los datos resulten legibles en todas las copias. "

De este precepto se desprende claramente que el recibo original se entregara a la persona u organización que efectúa la aportación v que una copia será remitida al órgano de finanzas del partido, que se deberá anexar dicha copia a la póliza de ingresos correspondientes v otra copia permanecerá en poder del comité estatal, distrital o municipal u órgano equivalente del partido, lo cual en la especie aconteció ya que por ello mi representado únicamente pudo presentar dos tantos de los tres que conforman ei recibo, por que el original en cumplimiento al artículo en comento, fue entregado a ia persona que efectuó la aportación circunstancia que debió de tener en consideración la autoridad hoy señalada como responsable y tener por solventada la observación. En abono de lo anterior, la fundamentación que utiliza la autoridad hoy señalada como responsable nos es la aplicable, como quedo acreditado en el párrafo que antecede y en el cual se daría la razón a mi representado, en este orden de ideas la autoridad responsable funda el supuesto incumplimiento por parte de mi representado en lo que dispone el artículo 38, párrafo 1, inciso k) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, mismo que no es razonado por la autoridad hoy señalada como responsable y el cual no tiene aplicación en el presente caso, ya que contrariamente a lo que establece este artículo mi representado siempre cumplió con lo que estaba a su alcance tal y como se desprende de los diversos oficios que se hicieron a la autoridad, aunado a lo anterior hay que recordar que existe un principio general del derecho que establece que a lo imposible nadie está obligado, principio que tiene relevancia en el presente caso, ya que mi representado entrego lo que tenía en su poder que eran las copias que se anexan a la póliza de ingresos y la copia que se tenía en el archivo, siendo imposible entregar un original que fue entregado en su momento a la persona u organización que efectuó la aportación, por lo cual se considera que la autoridad hoy responsable se aparto de los principios de congruencia, idoneidad, eficacia, exhaustividad y de buena fe, además de que incumplió con su obligación legal de fundar y motivar su determinación.

CINCO

Fuente del agravio.- Lo constituye la resolución de fecha veintiocho de septiembre del dos mil nueve, emitida por el Consejo General del Instituto Federal Electoral, identificada con el número de acuerdo CG469/2009, mediante la que resolvió las irregularidades encontradas en la revisión de los informes anuales de ingresos y egresos de los partidos políticos nacionales correspondientes al ejercicio dos mil ocho.

En concreto y para los efectos de este agravio lo constituyen lo esgrimido por la ahora responsable en lo determinado por la conclusión identificada con el número 7 misma que consistió:

“(…)

Conclusión 7

       Al verificar la cuenta "Financiamiento Privado Aportaciones Militantes", subcuenta "Aportaciones en Efectivo", se observó el registro contable de pólizas que presentaban como soporte documental recibos de Aportaciones de Militantes y Organizaciones Sociales en Efectivo Operación Ordinaria "RMEF-PAN-CEN", que no contaban con la totalidad de los datos establecidos en la normatividad; los casos en comento se detallan a continuación: