Resumen
Flujograma
 
SUP-JRC-0210-2010
 
ÍNDICE
I. Resultandos.
II. Considerandos.
III. Competencia.
IV. Estudio de fondo.
V. Consideraciones Previas.
VI. Síntesis de la Resolución Impugnada.
VII. Síntesis de Agravios.
VIII. Análisis de los Agravios frente a la resolución impugnada.
IX. Efectos de la Sentencia.
X. Puntos resolutivos.
 
RESUMEN

Actor: Coalición "Hidalgo Nos Une"

Acto impugnado: Resolución de 24 de junio de 2010, dictada por el Tribunal Electoral de Hidalgo, mediante la cual declaró infundados los agravios y, en consecuencia, confirmó la resolución de la autoridad administrativa electoral estatal.

Antecedentes

I. 29 de marzo de 2010. La Coalición "Hidalgo nos Une" presentó escrito de denuncia ante el Instituto Electoral local, a fin de solicitar la suspensión, cese y retiro de todos los medios de comunicación, de la propaganda que el Gobernador de Hidalgo ordenó difundir con motivo de su Quinto Informe de Gobierno, así como el inicio de un procedimiento administrativo sancionador en su contra.

II. 31 de marzo de 2010. El Consejo General del Instituto Electoral local se declaró incompetente para conocer de la denuncia presentada.

III. 12 de abril de 2010. Esta Sala Superior resolvió el juicio SUP-JRC-58/2010 promovido por la coalición denunciante, en el sentido de ordenar la sustanciación y resolución del asunto como recurso de apelación local.

IV. 22 de abril de 2010. El Tribunal Electoral local dictó sentencia, por la cual modificó la resolución de la autoridad administrativa electoral y declaró inatendibles e inoperantes los agravios de la entonces actora.

V. 19 de mayo de 2010. Esta Sala Superior resolvió el juicio SUP-JRC-107/2010 promovido en contra de la sentencia referida por la coalición actora, en el sentido de modificar la resolución impugnada y de vincular al Consejo General del Instituto Electoral local para que, de no advertir la existencia de causa de improcedencia alguna, iniciara el procedimiento administrativo sancionador electoral, en contra del Gobernador de esa entidad federativa.

VI. 9 de junio de 2010. El Consejo General del Instituto Electoral local emitió resolución dentro del procedimiento administrativo sancionador electoral IEE/P.A.S.E./04/2010.

VII. 24 de junio de 2010. El Tribunal Electoral local resolvió el recurso de apelación RAP-CHNU-011/2010 interpuesto por la misma coalición en contra de la resolución precisada en el numeral anterior, en el sentido de declarar infundados los agravios y, en consecuencia, confirmar la resolución de la autoridad administrativa electoral estatal.

Estudio de Fondo

El tema central del presente asunto es determinar si la difusión del V informe de gobierno del Gobernador de Hidalgo, a través de medios de comunicación distintos a televisión y radio, durante la etapa de precampaña, es o no apegado a derecho.

Para el estudio de los agravios hechos valer por la actora se agruparon y dividieron en:

Tipo de propaganda y marco jurídico local aplicable.

Por lo que hace al tipo de propaganda, se considera que le asiste la razón a la actora, porque no existe base legal alguna para estimar que la difusión del informe de gobierno es "institucional" y no "gubernamental", y que ello sirva de base para encuadrarlas en supuestos jurídicos distintos, como equivocadamente lo sostiene la responsable.

Como se observa, las citadas disposiciones contienen normas que llevan a concluir que el legislador local englobó dentro de un mismo tipo (el gubernamental), a toda la propaganda difundida por cualquier autoridad estatal, municipal o ente público (incluyendo, desde luego, al gobernador).

El uso de la palabra "institucional" no significa que se trate de propaganda distinta a la gubernamental (entendida como aquella proveniente de autoridades y titulares de órgano públicos del Estado), sino que esa disposición está dirigida a prohibir que la propaganda del gobierno se aparte de los fines propios y consustanciales a las instituciones, órganos o dependencias públicas.

Esto es, la supuesta diferencia entre el tipo de propagandas realizada por la responsable, le sirvió de apoyo para fundar y motivar parte de su resolución, en particular, para determinar la inaplicación del citado artículo 157 de la Constitución hidalguense al caso.

Lo anterior da pauta para considera fundado el agravio de la actora, dirigido a demostrar que, opuestamente a lo sostenido por la responsable, sí era aplicable al caso lo dispuesto en el artículo 157 de la Constitución de Hidalgo, ya que no se justifica la distinción entre propaganda gubernamental e institucional.

Por otro lado, se considera inoperante el agravio relativo a que la responsable no debió apoyar su resolución en el artículo 47, fracción XXV, inciso b), de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de Hidalgo. Lo anterior, porque en nada afectó a la actora la referencia a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos de Hidalgo, puesto que ello se hizo con el fin de destacar dos elementos normativos que, a su vez, son coincidentes con los artículos locales que regulan el contenido del artículo 134 de la Constitución General.

B) Temporalidad permitida para la difusión del informe de gobierno del Gobernador de Hidalgo.

El punto jurídico a dilucidar es, si la difusión del informe de gobierno durante la etapa de precampañas en el proceso electoral estatal es o no permitida por ley.

El agravio es infundado. Del análisis de las disposiciones locales transcritas, se aprecia con claridad que la difusión de propaganda gubernamental está sujeta a una prohibición de temporalidad cierta y determinada; a saber: del inicio de las campañas electorales a la conclusión de la respectiva jornada electoral.

Por tanto, si la etapa de precampañas es anterior a la etapa de campañas, no hay duda de que la legislación de Hidalgo no establece prohibición alguna para que la difusión de informes de gobierno se realice en la primera de las etapas mencionadas. En consecuencia, no se advierte violación alguna por la difusión del informe de gobierno durante la etapa de precampañas, habida cuenta que dicha etapa no está incluida dentro de la prohibición constitucional estatal y legal apuntada; máxime cuando ello ocurrió a través de un medio distinto de la radio y la televisión.

No se ignora que la enjuiciante invoca como aplicable la tesis de jurisprudencia de esta Sala Superior, cuyo rubro establece: PROPAGANDA GUBERNAMENTAL. LÍMITES A SU DIFUSIÓN EN EL PROCESO ELECTORAL. No obstante, opuestamente a lo afirmado por la actora, la referida jurisprudencia no puede servir de base para conceder la razón a la actora.

De la revisión del contenido de la jurisprudencia y, particularmente de los precedentes que le dieron origen, se advierte que su conformación tuvo como base la interpretación de artículos de ordenamientos federales a la luz de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que significa que su alcance y efectos jurídicos se circunscriben a casos y asuntos similares en los que está a debate la aplicación de las mismas normas federales, mientras que en el presente caso se resuelve la aplicación de la normas estatales. Esto es, se trata de dos ámbitos materiales de aplicación normativa distintos (federal y local), por lo que, en principio, no podría extenderse los efectos jurídicos de una jurisprudencia de uno a otro ámbito.

C) El contenido de la propaganda del informe de gobierno y la carga probatoria.

El actor afirma que el contenido de la propaganda del V Informe de Gobierno del Gobernador de Hidalgo no se ajustó a derecho, porque tenía como finalidad influir en la voluntad del electorado. Afirma también, que aportó los elementos de prueba suficientes para que la autoridad primigeniamente responsable iniciara la investigación conducente y se allegara de los elementos necesarios para resolver, pero que, no obstante ello, la responsable le exigió una carga probatoria que no le correspondía.

El agravio es sustancialmente fundado. Como se aprecia, le asiste la razón a la actora, toda vez que la responsable omitió motivar y fundar su consideración, ya que, de manera lacónica y genérica, aprobó el supuesto estudio y valoración de pruebas realizado por la autoridad administrativa, sin precisar cuáles fueron las pruebas valoradas, ni los datos, elementos y bases jurídicas que la llevaron a esa conclusión, dejando a la actora en un estado de indefensión al desconocer las razones y sustento de ese argumento.

De igual manera, la autoridad responsable indebidamente le exigió a la actora, en la instancia jurisdiccional, la carga probatoria para demostrar las violaciones aducidas por ésta, siendo que el pronunciamiento sobre el análisis, valoración y allegamiento de medios de convicción corresponde a la autoridad administrativa electoral. En este sentido, es fundado el agravio de la actora, porque el tribunal responsable no debió exigirle una carga probatoria en la instancia jurisdiccional para demostrar sus asertos.

Además, la autoridad responsable no expuso argumento alguno para evidenciar alguna situación extraordinaria o excepcional que le permitiera sustituirse en las facultades de la autoridad primigeniamente responsable, ni esta Sala Superior advierte alguna.

Puntos resolutivos

PRIMERO. Se revoca la resolución de veinticuatro de junio de dos mil diez, dictada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Hidalgo, dentro del expediente RAP-CHNU-011/2010.

SEGUNDO. Se deja sin efectos la resolución de nueve de junio de dos mil diez, dictada por el Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, en el expediente IEE/P.A.S.E./04/2010.

TERCERO. Se ordena al Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, que dicte una nueva resolución dentro del procedimiento administrativo sancionador, iniciado con motivo de la queja presentada por la coalición "Hidalgo nos Une", en contra del Gobernador de dicha entidad federativa, por presuntas violaciones a la normativa electoral, derivado de la difusión de su quinto informe de gobierno, para lo cual deberá tomar en consideración los señalado respecto del marco jurídico aplicable (artículo 157 de la Constitución local), la falta de estudio del contenido de la propaganda, así como la autoridad a quien compete pronunciarse sobre la suficiencia e idoneidad de las pruebas.

 
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